Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas, la FGR y la homóloga de ésta en esa entidad a garantizar en todo momento los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia en la investigación de los hechos violentos contra el diputado local Armando Zertuche Zuani, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 4 de enero de 2022, alrededor de las 15:30 horas, hombres armados y vestidos con ropa táctica intentaron ingresar violentamente al Comité del Partido Morena en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con las primeras indagatorias, se observaron 2 camionetas blancas con diversos hombres armados intentando forzar las puertas del lugar con el objetivo de ingresar a la oficina que es utilizada por el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal de Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani. Al no lograr su cometido, desistieron de su acción y decidieron retirarse del lugar.

Con base a los hechos ocurridos, el legislador local acudió en compañía de diversos integrantes del Partido Morena a presentar la formal denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, informando la autoridad judicial que la carpeta de investigación se inició por hechos posiblemente constitutivos de delitos relacionados con servidores públicos.

Ante tales circunstancias, las autoridades tamaulipecas informaron que el mismo día del intento de irrupción ilegal en las oficinas del diputado local, un grupo de policías adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) fue agredido con detonaciones de arma de fuego. Resultado de la acción inmediata de los agentes, cuatro personas fueron detenidas asegurándoles bolsas de plástico que contenían hierba verde con características propias de la marihuana.

Al entrevistar a uno de los detenidos, éste informó a los cuerpos de seguridad que en un domicilio cercano, propiedad de su jefe, a quien identificó como José “N”, tenía más marihuana y cocaína. Con base a esta información, personal uniformado se trasladó al lugar a verificar la información proporcionada; sin embargo, al llegar y percatarse de que eran oficinas del partido, decidieron retirarse.

No obstante los dichos de las autoridades, la oficina del diputado Zertuche Zuani se encuentra plenamente identificada con logos del partido Movimiento Regeneración Nacional, y aun así, el personal de seguridad pública decidió tratar de ingresar al lugar de manera violenta e intimidatoria. Situación que pone en tela de juicio la versión oficial emitida por las autoridades tamaulipecas y que, desgraciadamente, evidencia una serie de irregularidades que se presentan en la impartición de justicia durante la presente administración.

Las acciones en contra de la ciudadanía por parte de quienes juraron servir y proteger a las y los tamaulipecos son violatorias de los derechos humanos y atentan contra la dignidad humana. Estos hechos ponen en evidencia la falta de capacitación y profesionalización por parte de sus elementos. Por eso es que, los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de garantizar los derechos de las y los ciudadanos tamaulipecos mediante la implementación de medidas razonables, eficientes y eficaces, que permitan asegurar el respeto a los derechos humanos.

Cabe destacar que:

-De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el primer trimestre de 2021, 1 de cada 4 personas mayores de 18 años se sintió insegura en la ciudad de Tampico; 3 de cada 4 en la ciudad de Reynosa y casi 7 de cada 10 encuestados se sintieron inseguros en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.1

-Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 ubicó a Tamaulipas en el lugar catorce de los estados con mayor percepción de inseguridad a escala nacional; de tal modo que Tamaulipas tiene un índice de percepción de inseguridad de 79.8 por ciento, ubicándose por encima del promedio nacional de 78.6 por ciento.2

La inseguridad en el estado fronterizo es una problemática que se ha incrementado en algunos rubros y enfrenta rezagos acumulados; por ello, las autoridades deben unir esfuerzos para implementar políticas públicas de gran calado que atiendan a la realidad social y permitan alcanzar el tan anhelado bienestar de las y los tamaulipecos.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo noveno, señala lo siguiente:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Es de vital importancia que las autoridades mexicanas asuman el papel de garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo de México a través de investigaciones rápidas, eficientes y transparentes que permitan acciones coordinadas y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales a efecto de promover el cambio verdadero.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar a diversas autoridades encargadas de la procuración de la justicia, para que, en el ámbito de sus competencias, investiguen los hechos violentos de los que fue sujeto el diputado local Armando Zertuche Zuani e implementen acciones urgentes con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos ante los hechos reiterados que se han registrado en la entidad.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al titular de la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad, para que garanticen celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia durante la investigación de los hechos violentos acontecidos el pasado 4 de enero de 2022, donde hombres armados y vestidos con ropa táctica intentaron ingresar violentamente al Comité del Partido Morena en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a garantizar la seguridad de las y los legisladores estatales y federales de la entidad, así como la de las y los ciudadanos que simpatizan e integran los distintos partidos políticos presente en la entidad.

Tercero. Se solicita respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República que, en uso de su facultad de atracción, investigue los hechos ocurridos en contra del diputado local Armando Zertuche Zuani.

Notas

1 file:///C:/Users/sans_/Downloads/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pd f

2 https://www.tamaulipas.gob.mx/sesesp/wp-content/uploads/sites/25/2020/1 2/infografia_envipe-2020.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a informar y actuar sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé ingresado de manera irregular en un penal poblano, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Paulina Rubio Fernández, Carolina Beauregard Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Ana María Esquivel Arrona, Leticia Zepeda Martínez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Diana María Teresa Lara Carreón, Wendy Maricela Cordero González, María Josefina Gamboa Torales, Carmen Rocío González Alonso, Marcia Solórzano Gallego, Ana Laura Sánchez Velázquez, Sonia Murillo Manríquez, Lilia Caritina Olvera Coronel, Kathia María Solio Pinelo, Ana Laura Valenzuela Sánchez, Noemí Berenice Luna Ayala, Yesenia Galarza Castro, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Anabey García Velasco, Esther Mandujano Tinajero, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Teresa Castell de Oro Palacios, Mariana Gómez del Campo Gurza, Claudia Gabriela Olvera Higuera, Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Saraí Núñez Cerón, Gina Gerardina Campuzano González, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Karen Michel González Márquez, diputadas integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

El lunes 10 de enero un interno recolectaba botellas de plástico al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso), ubicado en la colonia Lomas de San Miguel de la capital de Puebla, encontró el cadáver de un bebé en uno de los contenedores de basura de la prisión. “Según los reportes de autoridades ministeriales de Puebla, el menor habría ingresado de manera irregular a la prisión, ya que no aparece en los registros, además de que por la pandemia de Covid-19 no se permite el ingreso de menores. Luego de que la asociación civil Reinserta denunciara el caso y revelara que el menor tenía una incisión en el abdomen, por lo que se especula que fue usado para ingresar droga a la cárcel, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos local iniciaron las investigaciones.”1

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se abstuviera de atraer el caso.

En primera instancia, la CNDH dio a conocer que respetaría la atribución del organismo estatal y no investigará al respecto. Sin embargo, el 15 de enero, la CNDH emitió un comunicado en el que dio a conocer que ejercería su facultad de atracción para investigar ese caso, y el 17 de enero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla le reiteró se inhibiera de conocer de esos hechos al indicar son competencia local que ya había en curso una investigación iniciada por el organismo local.

El mismo 17 de enero, el gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó que haya ocultado este caso y que si no había hablado de la muerte del bebé es porque no le habían preguntado, declarando: “Eso se va aclarar muy pronto y vamos a fincar responsabilidades contra todos, los que permitieron la entrada del bebé, en qué condiciones y antes, quienes son los papás, todo lo que pasó alrededor de este bebé inocente y que fue objeto de un abuso satánico de quienes lo rodearon”.

Posteriormente, el Periódico Central dio a conocer que “la Fiscalía General de Puebla (FGP) identificó al bebé que fue encontrado en un contenedor de basura del penal, pues aún traía la banda del hospital con los apellidos “Ayala Peralta” y que se presume había nacido en la Ciudad de México. De acuerdo con esto, el menor de tres meses de edad había muerto desde el 5 de enero, pero fue encontrado el lunes 10. Sin embargo, en las fotos que se han divulgado en medios locales, no se aprecia un alto grado de descomposición. “...lo que creen que salió directo de una morgue”, señala ese medio.”2

Lo grave y atroz del caso, requiere de medidas urgentes que permitan esclarecerlo, y este Congreso no puede ser indiferente ante una probable violación de derechos humanos de un menor, y en su caso, de sus padres, además de la probable responsabilidad de funcionarios del Centro de Reinserción Social en hechos de corrupción y la comisión de delitos.

Por lo anterior, es imperativo conocer la información derivada de las investigaciones hechas por las autoridades locales, y la necesidad de que la CNDH conozca del caso, para que este en posibilidad de hacer las recomendaciones que correspondan.

Proposición con

Puntos de Acuerdo

Para exhortar a diversas autoridades, por un probable delito y violación a derechos humanos en Puebla

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Puebla a investigar de manera pronta y expedita los acontecimientos en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, a esclarecer los hechos y, en particular, que se inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes y la aplicación de sanciones que en su caso se deriven sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé en el referido Centro de Reinserción Social.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a proporcionar a la opinión pública la información con que cuenta su gobierno, derivada de las investigaciones del hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, a proporcionar a la opinión pública la información con que cuenta, derivada de sus investigaciones sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que, en uso de sus facultades, atraiga el caso sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la Ciudad de México informe a la opinión pública, si existe alguna investigación en curso respecto del hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, quien se presume nació en la Ciudad de México, y en caso de no existir, se exhorta la apertura de una carpeta de investigación, que permita esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Sexto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Estatal y Municipal de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Puebla, para que, en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Puebla, vigile y coadyuve al esclarecimiento del hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Séptimo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para que en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, vigile y coadyuve en el esclarecimiento del hallazgo del cuerpo de un bebé en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, quien probablemente nació en la Ciudad de México.

Notas

1 Véase: https://www.milenio.com/estados/bebe-hallado-muerto-en-penal-de-puebla- esto-sabemos Consultado el 20 de enero de 2022.

2 Véase: https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/19/cndh-recula-para-atraer-e l-caso-del-nino-muerto-hallado-en-penal-de-puebla-279440.html Consultado el 20 de enero de 2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2022.

Diputadas: Paulina Rubio Fernández (rúbrica), Carolina Beauregard Martínez (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Ana María Esquivel Arrona, Leticia Zepeda Martínez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Diana María Teresa Lara Carreón, Wendy Maricela Cordero González, María Josefina Gamboa Torales, Carmen Rocío González Alonso, Marcia Solórzano Gallego, Ana Laura Sánchez Velázquez, Sonia Murillo Manríquez, Lilia Caritina Olvera Coronel, Kathia María Solio Pinelo, Ana Laura Valenzuela Sánchez, Noemí Berenice Luna Ayala, Yesenia Galarza Castro, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Anabey García Velasco, Esther Mandujano Tinajero, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Teresa Castell de Oro Palacios, Mariana Gómez del Campo Gurza, Claudia Gabriela Olvera Higuera, Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Saraí Núñez Cerón, Gina Gerardina Campuzano González, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Karen Michel González Márquez.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT a reconsiderar el incremento de la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey para 2022, suscrita por el diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, el que suscribe, Yericó Abramo Masso, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes reconsidere el incremento a la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey para el año 2022, en virtud de no estar acorde con la inflación registrada en el año anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A finales del año anterior, cuando se estaba superando la tercera ola del Covid-19 en nuestro país y se iniciaba la reactivación económica, llegó la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, que a la fecha ha superado todos los récords de la anterior, convirtiéndose en una nueva amenaza para la salud y la economía de todos los mexicanos. Los efectos de dicha variante se podrán vislumbrar hasta concluido el primer trimestre del año en curso.

En pleno periodo de recuperación económica, de forma por demás insensible, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) da a conocer el incremento a la tarifa de la autopista Saltillo a Monterrey, por lo que ahora en lugar de 106 pesos, que fue la tarifa durante 2021, será de 121 pesos para 2022.

Dicho incremento en pesos, representa en un aumento de 14.15 por ciento en términos porcentuales, es decir, el doble de la inflación registrada en nuestro país durante 2021, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se ubicó en 7.36 por ciento.1

Cabe destacar que durante el tiempo que lleva en operación, la tarifa de esta vía se ha incrementado en 210.25 por ciento, al pasar de 39 a 121 pesos, en tanto que la inflación acumulada en este periodo se ubica apenas cerca de 68 por ciento.2

Esta vía fue inaugurada en 2009 con la intención de reducir los tiempos de traslado entre las capitales de las dos entidades, por lo que se convirtió en una de las más transitadas por habitantes de estos dos estados y en una vía muy utilizada por el autotransporte de carga. Esta autopista se concesionó a la empresa Roadis, que es la encargada de las actividades de la operación, explotación, conservación y mantenimiento.

En temporada invernal suelen presentarse condiciones climáticas adversas, como son las densas neblinas, que han provocado diversos accidentes que ha cobrado pérdida de vidas humanas y daños materiales diversos.

Como ejemplo de lo anterior, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en su anuario estadístico correspondiente a 2018, los cuales señalan que tan sólo en ese año ocurrieron 58 colisiones, dejando un saldo de 29 lesionados y 9 muertos, así como daños materiales por el orden de más de 10 millones de pesos.

En consideración de lo anteriormente expuesto, creemos que no es de justificarse el incremento autorizado para esta vía, por lo que, en representación de la población afectada por dichos incrementos, acudo a esta tribuna para solicitar el respaldo a la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reconsidere el incremento a la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey para el año 2022, en virtud de no estar acorde con la inflación registrada en el año anterior.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/

2 https://vanguardia.com.mx/amp/coahuila/recetan-aumento-de-14-a-la-autop ista-sal-mty-BA1561883

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a fortalecer los operativos de verificación y vigilancia en los comercios o puntos de venta del país para identificar prácticas abusivas en la venta de mascarillas de protección contra Covid-19, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y de la senadora Cara Cecilia Pineda Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezca los operativos de verificación y vigilancia en los comercios o puntos de venta de nuestro país con el objetivo de identificar prácticas abusivas en la venta de mascarillas de protección ante la enfermedad Covid-19, así como de otros productos de higiene y protección personal, ello ante el aumento de la demanda como consecuencia del aumento de contagios registrados durante el mes de enero de 2022, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado miércoles, nuestro país rompió el desafortunado récord de 60 mil 552 casos positivos de Covid-19. Al 21 de enero del 2022 las cifras son contundentes1 se estiman más de 321 mil 812 casos y 624 mil 417 sospechosos, dando un total de 4 millones 545 mil 683 casos positivos y 302 mil 390 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Así, los datos demuestran que nos encontramos en una nueva ola de contagios, protagonizada por la variante ómicron, cuya característica principal es ser de mayor propagación a diferencia de las otras cepas de virus. Sin embargo, hoy existe una diferencia fundamental, ya que la gran mayoría de las y los mexicanos se encuentran vacunados, e inclusive algunos ya cuentan con refuerzos de vacuna.

Gracias al titánico esfuerzo del Gobierno Federal, hasta el 19 de enero2 de este año, en nuestro país se han suministrado 157 millones 875 mil 271 dosis contra Covid-19 en las 32 entidades federativas desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación el 24 de diciembre de 2020. De esta cifra, 83 millones 049 mil 588 personas han sido vacunadas. De ese total, 76 millones 179 mil 149, que equivale a 93 por ciento, tienen esquema completo, y seis millones 870 mil 439, es decir, siete por ciento, recibieron su primer biológico.

Así, la problemática no ha sido la falta de espacios en los centros hospitalarios, sino el incremento en la demanda de material de salud relacionado con la protección del virus. De acuerdo con una nota del periodico El Financiero 3 publicada el 21 de enero de este año, el alza de contagios por la variante de Covid ómicron y el encarecimiento de materias primas han provocado que los cubrebocas desechables se encarezcan en al menos 60%.

El reportaje relata como firmas gigantescas de comercio electrónico como Amazon y Mercadolibre padecen problemas de disponibilidad para brindar el servicio de entrega al día siguiente de la compra y comparte el testimonio de Alejandro Caballero, director de marketplace de Mercado Libre, quien menciona que se ha observado una disminución en la disponibilidad de los cubrebocas o que no tienen cubrebocas disponibles en los centros de almacenamiento y distribución.

Además, la plataforma Mercado Libre observó crecimientos importantes tanto en búsquedas como en ventas de cubrebocas, que se pueden atribuir al aumento de casos por ómicron. De acuerdo con el ejecutivo de la plataforma Mercado Libre, durante la primera semana del 2022 se observó un crecimiento de 120 por ciento respecto a la última semana de diciembre de 2021. En la segunda semana de enero las ventas de cubrebocas incrementaron 104 por ciento respecto a la primera semana del mes .

Esta tendencia de compra se ve también en los locales del centro de la Ciudad de México, pues en este inicio de año se observan de nuevo algunas compras de pánico por parte de los consumidores.

De acuerdo con El Financiero, este incremento de precios está relacionado con el aumento de la demanda con motivo de la llegada de la variante ómicron a nuestro país, que agravó la presión que ya se tenía por el encarecimiento que enfrentan los productores de materias primas y logística.

Por su parte el periodico El País, 4 publicó una nota el 20 de enero de este año, donde denuncia que la nueva ola de contagios por coronavirus ha resultado en una oportunidad de negocio para el mercado ilegal de pruebas, medicamentos y certificados falsos.

La nota del medio informativo relata como en el barrio de Tepito, conocido por su comercio informal, en el centro de la Ciudad de México, al menos una docena de locales oferta a precios mínimos desde pruebas de sangre para detección de casos positivos, hasta fármacos como la ivermectina, un medicamento veterinario que no cuenta con aprobación de las autoridades sanitarias y que es utilizado por la ciudadanía para combatir los síntomas de la enfermedad de Covid-19.

De acuerdo con testimonios de personas y comerciantes de este barrio, el aumento de contagios ha hecho cada vez más difícil encontrar estas pruebas y ha multiplicado su precio pasando de 70 pesos en 2021 a 180 pesos en este inicio del año, de acuerdo con el testimonio de un consumidor. Asimismo, la nota denuncia la venta clandestina de antibióticos, analgésicos, anticonceptivos y remedios antiCovid.

El País también recaba el testimonio de Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), quién advierte que proliferan casos de falsificación, donde los empaques son exactamente iguales al original, pero solo son placebos, pastillas con azúcar o medicamentos caducos que ponen en riesgo la vida de las personas.

Es por ello fundamental que las dependencia del gobierno federal encargadas del sector salud, así como sus homólogas en las entidades federativas, coordinen acciones con las autoridades de seguridad pública con el objetivo de combatir el mercado negro de medicamentos y pruebas para el Covid-19 que se venden de manera ilegal y sin la aprobación que asegure su seguridad y la certeza de sus resultados.

Asimismo, en diversas ciudades de nuestro país se han observado que en los lugares en donde se oferta al público el servicio de pruebas de laboratorio para identificar si una persona está o no contagiada con Covid-19, se pueden observar largas filas de personas, en donde, lamentablemente, no se toman las medidas de prevención necesarias para evitar contagios, ya que no se cuida la sana distancia, ni se aplica ninguna medida de protección sanitaria, lo cual pone en riesgo la salud de las personas. Tal es el caso de farmacias y de diversos laboratorios.5

Desafortunadamente, el incremento en los precios de medicamentos y enseres de higiene y cuidado no es el único problema que se afronta en este inicio de año, pues con el incremento de contagios entre la población trabajadora, se tuvo la necesidad de solicitar incapacidad así como días de recuperación debido a los síntomas y consecuencias de la enfermedad.

Las personas trabajadoras se encontraron con dos grandes problemáticas, el escaseo de pruebas para detectar la enfermedad, y el poco apoyo de los patrones, que pese a que se contaba con el caso positivo o síntomas, seguían pidiendo trabajo a las y los enfermos.

En este sentido, donde la ola de contagios ha proliferado en toda la sociedad mexicana, es importante redoblar esfuerzos para que las personas trabajadoras no queden desamparadas debido a la enfermedad, son tiempos de empatía y solidaridad. Privilegiemos la salud sin que ello menoscabe los derechos fundamentales del trabajo.

Por ello, el pasado jueves 13 de enero, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa Alcalde Luján y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo hicieron un llamado a los empleadores a reconocer el Permiso Covid para que las y los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral. Celebramos este esfuerzo conjunto, es fundamental continuar con las acciones que promuevan el pleno respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Desde el inicio de la pandemia en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo buscamos que se garantice uno por uno los derechos de las personas, así como se privilegie el cuidado y protección de los aspectos de la vida, ya sea a nivel salud, familiar, laboral y por supuesto, económico.

No existe mejor medicina para contrarrestar los efectos de la pandemia que una sociedad respetuosa y garante de los derechos de las personas. Por ello, creemos conveniente que se vigilen los aspectos relativos a los costos de los insumas básicos de higiene y salud. Y hacemos también un llamado a la fuerza patronal de este país de respetar y sobre todo, tomar la bandera de la empalia, la solidaridad y el apoyo hacia con su fuerza laboral.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezca los operativos de verificación y vigilancia en los comercios o puntos de venta de nuestro país con el objetivo de identificar prácticas abusivas en la venta de mascarillas de protección ante la enfermedad Covid-19, así como de otros productos de higiene y protección personal, ello ante el aumento de la demanda como consecuencia del aumento de contagios registrados durante el mes de enero de 2022.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para que en el ejercicio de sus atribuciones continúe fortaleciendo las acciones de verificación y vigilancia en la provisión de servicios de laboratorio con el objetivo de garantizar que cumplan con la normatividad en la materia y para que lleve a cabo las acciones para combatir el mercado ilegal de medicamentos y pruebas para el Covid-19, en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad pública.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como a la Secretaría de Salud para que generen un protocolo de sensibilización para los patrones con el objetivo de buscar su solidaridad y empatía con su personal enfermo, así como vigilar que se respeten los derechos de las personas trabajadoras.

Notas

1 Covid-19 México, Información general, disponible en: https://datos.Covid-19.conacyt.mx, fecha de consulta: 21 de enero de 2022.

2 Con esquema completo contra Covid-19, mas de 76 millones de personas, disponible en:https://www.gob.mx/salud/prensa/027-con-esquema-completo-contra-Covi d-19-mas-de-76-millones-de-personas?idiom=es , fecha de consulta: 21 enero de 2022.

3 “Mi reino por un cubrebocas”: Ahora son más caros, pero más buscados y más vendidos, disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/21/crece-demanda-de-cu brebocas-por-aumento-de-casos-de-Covid-19/ , fecha de consulta: 21 de enero de 2022

4 Pruebas, medicamentos y certificados falsos: la escalada de contagios de Covid reactiva el mercado negro de la pandemia, disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-01-20/pruebas-medicamentos-y-certificado s-falsos-la-escalada-de-contagios-de-Covid-reactiva-el-mercado-negro-de -la-pandemia.html fecha de consulta: 21 de enero de 2022.

5 Se desborda demanda de pruebas Covid-19 en farmacias de la CDMX. Forbes México. 4 de enero de 2022. (Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-se-desborda-demanda-de-pruebas-Covid -19-en-farmacias-de-la-cdmx) (Fecha de consulta: 21/01/22)

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pineda Alonso

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el IMSS, el Insabi, el ISSSTE y los sistemas de salud estatales a realizar acciones para garantizar que sus hospitales y clínicas de salud pública cuenten con todos los medicamentos, suscrita por el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Marcelino Castañeda Navarrete, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución, en su artículo 4, garantiza el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. El párrafo cuarto a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

La concepción de la salud como un derecho fundamental, se ha visto vulnerado en los últimos años con el estallido de la pandemia de la Covid-19. Ésta ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta de los estados frente a la garantía de protección de salud y también ha exhibido las dificultades de la presente administración frente a los retos que representa un fenómeno como el que vive nuestro país desde principios de 2020.

Los datos oficiales sobre la pandemia hasta el 15 de enero de 2022, indican que hay 4 millones 349 mil 182 casos confirmados, con 301 mil 334 defunciones, situación que está lejana de los máximos pronosticados por el gobierno, que auguraban un máximo de 60 mil muertos.

La crisis sanitaria ha evidenciado y profundizado una serie de problemáticas en materia de salud, como lo es el desabasto de medicamentos. A tres años de esta administración es necesario reconocer que un conjunto de decisiones administrativas durante los procesos de entrega recepción del gobierno federal en 2018, la decisión de establecer que las compras consolidadas pasaran a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que incluía la compra de medicamentos ha terminado por ser un fracaso, a más de tres años cientos de familias siguen protestando por la falta de medicamentos y la ausencia de prestación de servicios médicos producto del desabasto de insumos médicos.

El Colectivo Cero Desabasto informó que desde febrero de 2019 hasta el 30 de agosto de 2021, recolectaron 6 mil 413 reportes1 , dicho informe que reúne a más de 60 organizaciones dedicadas a lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos, se detalla que en este lapso se documentó la mayor cifra de reportes, mil 823, desde que comenzaron los registros.

La problemática ha ido en aumento en lo que va del sexenio, en los primeros cuatro meses de 2020 se observó un aumento significativo en el número de denuncias registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el incremento en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue aún más pronunciado en los últimos cuatro meses. Esto se debe en parte a los cambios en los atributos de la compra de medicamentos, el impacto repentino en el territorio mexicano en los primeros meses de la pandemia y la acumulación de insumos médicos provocada por el pánico.

Las instituciones estatales de salud, los hospitales regionales de alta especialidad, los institutos nacionales de salud, entre otros servicios del Estado, comprenden 7 por ciento restante de los reportes de desabasto, resaltando los casos referentes a enfermedades oncológicas.

En cuanto a la falta de acceso de medicamentos en 2020, el ISSSTE presentó la mayor escasez de medicamentos para enfermedades cardíacas (atorvastatina), oncológicas (fulvestrant, ciclofosfamida y letrozol), y de manejo para la diabetes (insulina, sitagliptina, linagliptina), el IMSS encabezó las listas en la omisión de quimioterapias y en la falta de medicamentos para enfermedades oncológicas (ciclofosfamidas inmunosupresoras (biktarvy, stribild) y trastornos mentales (metilfenidato y valproato de magnesio), además de falta de insulina y clopidogrel para pacientes hipertensos y con diabetes. Cabe resaltar que el INSABI tuvo índices elevados de no surtimiento en pacientes con enfermedades oncológicas (vinicristina y ciclofosfamida).2

La situación no ha mejorado, pues datos de la plataforma antes citada indican que, entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre del año 2021, se tuvo un incremento de más del 150 por ciento de reportes recibidos por el IMSS. En el primer periodo –enero a abril– hubo 383 casos, y en el segundo periodo –mayo a agosto– recabaron 987 reportes. Desafortunadamente al igual que el IMSS, el ISSSTE, el Insabi, los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y los servicios médicos estatales presentaron su máximo histórico de reportes en el último cuatrimestre. En el cuatrimestre correspondiente de mayo a agosto de 2021, se recabaron mil 823 reportes, la cifra más alta de casos registrados en un cuatrimestre.

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casos reportados, que representan 27 por ciento de la totalidad de los reportes; seguida por el Estado de México con 10 por ciento; Jalisco con 9 por ciento y Michoacán con 4 por ciento. Estos cuatro estados concentran 50 por ciento de todos los reportes recabados en este cuatrimestre.

El gobierno ha tenido múltiples problemas de abasto de medicina. De nada han servido los regaños del Presidente como el sucedido en octubre pasado en el que dijo expresamente al secretario de Salud que “Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto, de las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, ya no hay excusas”, dijo esto para Juan Ferrer (director del Insabi), y el doctor Alcocer (secretario de Salud), ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”.3

De poco han servido los regaños, que no van acompañados de estrategias y planeación, pues la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) informó que en los primeros días de este año se incrementó 30 por ciento la demanda de medicamentos e insumos para atender a pacientes con síntomas de Covid.4

Lo anterior es resultado de lo que pasó en el mes de diciembre de 2021 y se hizo público, pues un análisis realizado por el Instituto Farmacéutico de México (Inefam), sobre el fallo que realizó el Insabi sobre las licitaciones de las compras consolidadas de medicamentos, arrojó que el 22 del pasado mes de diciembre sólo se pudo adjudicar 317 de las 583 claves convocadas, dejando fuera 216 claves, lo que representa 45.6 por ciento de las claves.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los sistemas estatales de salud, para que, en la medida de sus facultades realicen las acciones necesarias para asegurar que en todos sus hospitales y clínicas de salud pública se cuente con todos los medicamentos.

Notas

1 Mapeo del desabasto de medicamentos en México. Reporte de la plataforma Cero Desabasto, segundo cuatrimestre, octubre de 2021, Colectivo Cero Desabasto, Impulsado por Nosotrxs.

2 Mapeo del desabasto de medicamentos en México. Reporte de la plataforma Cero Desabasto, segundo cuatrimestre, febrero de 2021, Colectivo Cero Desabasto, Impulsado por Nosotrxs.

3 El Financiero “Ya no hay excusa : AMLO regaña a Salud por desabasto de medicamentos” noviembre 10, 2021, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/10/ya-no-hay-excusa-am lo-regana-a-salud-por-desabasto-de-medicamentos/

4 Iván Rodríguez, Alertan alza en reportes por desabasto de medicinas, El Economista, Política 11 de octubre de 2021 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alertan-alza-en-reportes-por-d esabasto-de-medicinas-20211011-0153.html

5 Mathieu Tourliere, Falla licitación del Insabi para adquirir medicamentos que le faltan para 2022. Proceso, Nacional Enero 2022, https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/4/falla-licitacion-del-insab i-para-adquirir-medicamentos-que-le-faltan-para-2022-278547.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Diputado Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena y lamenta el terrible acto criminal ocurrido en Colombia donde perdió la vida el joven activista ambiental Breiner David Cucuñame, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Una parte esencial de la humanidad es la necesidad actual de proteger al medio ambiente como consecuencia de la contaminación y el deterioro de nuestros recursos naturales por las actividades industriales, comerciales y sociales. Por ello, hubo la necesidad de adecuar en los últimos años normas y legislaciones en aras de reconocer el respeto, conservación y protección del medio ambiente en cada una de las actividades que realizamos frecuentemente como seres humanos a fin de garantizar un equilibrio para el desarrollo y protección de la salud de la población.

Asimismo, la justicia ambiental se ha convertido en una de las luchas que ha cobrado mayor relevancia dentro del activismo y los movimientos ambientales en México y a nivel global, sin embargo, la violencia en contra de aquellas personas defensoras del medio ambiente ha incrementado en los últimos años.

Las defensoras y defensores de los derechos humanos ambientales son personas que alzan la voz ante los atentados que sufre la naturaleza por culpa de la actividad humana. Muchas de ellas son dirigentes o integrantes de comunidades indígenas que buscan defender el aire, el agua, el territorio y los bosques de la destrucción o de la contaminación.

Si bien, muchas personas defensoras buscan el bienestar a nivel local, tratando de defender a su familia y seres queridos, el trabajo que desarrollan nos debe incumbir a todos ya que la protección de un bosque o de un río permea a nivel global.

A pesar de la importancia que tiene la defensa de los derechos ambientales, este resulta ser uno de los activismos más peligrosos a nivel mundial. Tan sólo en 2020, de acuerdo al reporte Last Line of Defense, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders, publicado por la organización de derechos ambientales Global Witness, 227 ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados en todo el mundo, siendo Colombia el país con mayor número de homicidios por esta causa.1

De igual manera, en el reporte en comento, de los 227 asesinatos registrados en 2020, los países con mayor número de homicidios fueron Colombia con 65, México con 30 y Filipinas con 29 asesinatos.2

Sin embargo, estas cifras podrían estar alejadas de la realidad y no representar la verdadera dimensión del problema, esto debido a las restricciones que tienen algunos países a la libertad de prensa, así como la falta de información por la ausencia de registros enfocados específicamente a estos homicidios, además de que el activismo ambiental es uno de los más difíciles de monitorear en zonas donde existen conflictos. Asimismo, otro dato importante a considerar es que los defensores del medio ambiente no sólo llegan a temer por su vida, sino que sufren agresiones sexuales, intimidaciones, vigilancia e inclusive arrestos por parte de autoridades.3

En el caso de México, de acuerdo al Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 2020 fue el peor año para los defensores ambientales, ya que se registraron 18 asesinatos y se presentaron 65 ataques, superando el número de ataques registrados en años anteriores, por lo que es urgente que el Estado mexicano cumpla con su obligación de protección, respeto y garantía de los derechos humanos.4

Es así que resulta evidente el incremento en los índices de violencia, así como la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano frente a los derechos humanos de las personas defensoras ambientales.

El mismo reporte asegura que se ha registrado un aumento de casos en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. Lamentablemente, en muchos de los casos no se imparte la justicia correspondiente por parte de las autoridades debido a la falta de cumplimiento de las mismas y a la falta de identificación de los agresores que cometen los actos violentos contra la defensa ambiental.

Cabe destacar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú señala lo siguiente:

“Artículo 9

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

1. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo ”. 5

II. Por su parte, en Colombia, el país con más muertes de activistas ambientalistas, surgió un caso atroz pues en fechas recientes ocurrió el asesinato del joven defensor Breiner David Cucuñame, de tan sólo 14 años, el cual es el primer ecologista al que le quitan la vida en este 2022.6

Lo anterior se suscitó el viernes 14 de enero del presente año, cuando Breiner David acompañaba a la guardia indígena estudiantil, la cual es un organismo de unidad y defensa de los pueblos originarios locales, donde fue privado de su vida a tiros por un grupo armado en el departamento de Cauca.7

Este hecho ha causado gran indignación en la comunidad ambientalista, llegando a dependencias como el Consejo Regional Indígena del Cauca, mismo que se despidió de David como un “cuidador de la Madre Tierra”. Asimismo, el presidente Iván Duque condenó estos actos a través de sus redes sociales y pidió celeridad a la Fiscalía para encontrar a los culpables.8

No sólo en Colombia o México, sino también en toda América Latina, la lucha y el sueño de un futuro mejor se ha convertido en una sentencia de muerte. Resulta frustrante y desolador que un adolescente sufra las inclemencias de la violencia excesiva que se da en contra de los defensores de la naturaleza.

En este sentido, la Bancada Naranja se ha pronunciado con anterioridad respecto a la protección de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente y hemos sido solidarios frente a los diversos actos de violencia que se viven de manera constante, es por eso que en congruencia con nuestro compromiso en materia ambiental, pero así también en materia de garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes; y, dejando de lado las fronteras territoriales, presentamos este punto de acuerdo para condenar el asesinato del joven activista Breiner David Cucuñame ocurrido en Colombia en pasados días.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena y lamenta el terrible acto criminal ocurrido en Colombia en el que perdió la vida el joven activista ambiental Breiner David Cucuñame, al tiempo que ofrecemos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo colombiano y refrendamos nuestro compromiso con la protección y defensa de las personas activistas defensoras de los derechos ambientales.

Notas

1 Ruiz, E. (2021). Registran 227 activistas ambientales asesinados en 2020; 30 en México. El Economista. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Registran-227-activistas-ambientales-asesinados-en-2020-30-en-Mexico-20210914-0004.html

2 Ibídem.

3 “Más de 220 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2020”, France24, 2021. Recuperado de: https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20210913-defensores-medio-am biente-asesinados-global-witness

4 Encino, Angélica. “Con 18 asesinados, 2020 fue el peor año para defensores ambientales: Cemda” La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/13/sociedad/
con-18-asesinados-2020-fue-el-peor-ano-para-defensores-ambientales-cemda/

5 Acuerdo de Escazú, 2019. Publicación:

https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_ Escazu.pdf

6 Niño ambientalista es asesinado a tiros en Colombia en ataque a la guardia indígena. Publimetro, 2022 Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2022-01-17/un-nino-ambientalista-es-as esinado-a-tiros-en-un-ataque-a-la-guardia-indigena-en-colombia.html

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y la CNDH a implantar acciones y mecanismos de protección en materia de derechos humanos, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Inés Parra Juárez , del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura del honorale Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En diciembre de 2021, el honorable Congreso del estado libre y soberano de Puebla, con total opacidad, aprobó 143 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2022. Entre ellas, la Ley de Ingresos de los municipios de Zinacantepec, Coxcatlan, Ajalpan y Vicente Guerrero, que se ubican en la región de la Sierra Negra de Puebla.

En mi calidad de diputada federal y como representante popular, informé a través de los medios de comunicación, los alcances negativos y contradicciones de este cobro por el derecho de alumbrado público municipal (DAP), ya que este sería un gravamen al artículo 115, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establecen las obligaciones de los municipios a garantizar el derecho de alumbrado público, dado que este impuesto establecido en las diversas leyes de ingresos municipales, estaría cobrando a los consumidores de electricidad un monto adicional a su consumo regular, lo que se vería reflejado en conceptos de cobro de hasta 400 pesos adicionales en sus recibos de pago. Por lo que afectaría la economía de las familias del estado de Puebla.

Hechos contradictorios al contexto macroeconómico derivado de la contingencia sanitaria vivida por la pandemia del Covid-19. Estos hechos han generado el obvio descontento de amplios sectores de la región, que ejerciendo los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la libre asociación, reunión, libre manifestación y el derecho de petición, salieron a manifestarse en las plazas públicas de diferente municipios, con la demanda de derogar los artículos relativos al cobro por el derecho del alumbrado público (DAP), de las leyes de ingresos de sus receptivos municipios.

Ante los citados hechos, se ha solicitado respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga a través de la vía de la acción de inconstitucionalidad, conforme a lo facultado por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo suscitado en los 140 municipios del estado de Puebla, mediante los diversos decretos emitidos por el honorable Congreso del estado de Puebla, respecto a las diversas leyes de ingresos, para el Ejercicio Fiscal 2022 de 143 municipios, se ha realizado un cobro abusivo por el concepto de derecho de alumbrado público (DAP), caso similar al que con Acción de Inconstitucionalidad 87/2020 Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH se pronunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo una sentencia favorable para abolir estos abusos que se traban de imponer a la ciudadanía.

La argumentación referida esclarece que el cobro por el consumo de energía eléctrica solamente puede establecerse en función del costo que genera la prestación del servicio, no así de manera diferenciada respecto del consumo personal de los habitantes del municipio, ya que se trata de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares:

Los principios de seguridad jurídica y de legalidad constituyen un límite en el actuar de todo el Estado mexicano, pues su protección no se acota a la aplicación de la norma y a las autoridades encargadas de llevar a cabo el empleo normativo, por lo que tales principios se hacen extensivos al legislador como creador de la norma para no dar pauta a una aplicación de la ley arbitraria, y para garantizar los derechos fundamentales de las personas, las autoridades deben actuar conforme a lo establecido en un ley adoptada por el poder conforme a lo establecido por la Constitución federal y así los gobernados tengan una plena certeza a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento

Los preceptos controvertidos establecen una contribución por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de los municipios que esta otorgada como derecho, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el consumo total de energía eléctrica por parte de los sujetos del derecho por el servicio de alumbrado público; por ello se considera que las normas impugnadas trasgreden el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, al establecer que la base para el cálculo de tal derecho es el consumo de energía, advirtiéndose que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base gravable está relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por el conceptos del servicio de alumbrado público, sino a un hecho diverso como lo es un acto, situación o actividad denotativo de capacidad contributiva ajenos a la actividad municipal que en el caso consiste en dicho consumo de energía.

De una interpretación armónica de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), y 115 de la Constitución federal, se estima que la habilitación de conformar la base de la contribución consistente en la prestación del servicio de alumbrado público de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, trastocando el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad, porque no se está pagando por la prestación del servicio otorgado que el municipio en sus funciones de servicio público, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y viceversa; es por ello que no se está cobrando un derecho, sino una contribución al consumo del fluido eléctrico.

Los argumentos esgrimidos sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, se corroboran con el criterio jurisprudencial de este alto tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2006, 22/2012 y 9/2013 en donde el pleno declaró la invalidez de diversos artículos que establecían una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, ya que los artículos impugnados en tales acciones contenían el mismo vicio de inconstitucionalidad que los artículos cuya invalidez se demanda en el presente asunto, esto es la falta de congruencia entre el hecho y la base imponible, ya que se fijaba como base para la cuantificación del derecho por concepto de alumbrado público el consumo de energía eléctrica, cuestión que motivó que se declara su inconstitucionalidad, por lo tanto se trata de una actuación arbitral de autoridad, carente de respaldo constitucional, que implica una transgresión a la certidumbre jurídica del gobernado, vulnerando los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución federal.1

Derivado del párrafo segundo de estas Consideraciones, los municipios de Chapulco, Coxcatlan, Ajalpan y Zinacantepec, haciendo valer sus derechos constitucionales de libre manifestación y petición, se manifestaron pacíficamente los días 10 al 14 de enero del presente año, hecho por el cual el gobernador del estado libre y soberano de Puebla, Miguel Barbosa Huerta,2 manifestó el día 14 de enero, a través de diversos medios de comunicación locales, que no toleraría la manifestación de los ciudadanos y que todo aquel ciudadano que se manifestara, se le imputarían denuncias de tipo penal. En la población de Zinacantepec, un comando de patrullas de la Policía Estatal, con las características de los llamados “granaderos”, reprimió violentamente a los manifestantes que se encontraban en la plaza central del citado municipio, suscitándose agresiones por parte de la Policía Estatal hacia 8 personas, las cuales fueron heridas por golpes de parte de los uniformados. Derivado de lo anterior, el licenciado Ricardo Galván Matías, director del Área 7, en la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al estado de Puebla, acudió al lugar de los hechos, en donde logró registrar el nombre de 5 ciudadanos agredidos: Tomasa Robertina Cortez Jiménez, Nicolás Valdés Domínguez, Leandro Hernan Maldonado, Elodia Maldonado y Braulio Castañeda Domínguez.

El gobierno del estado de Puebla ha utilizado a la Policía Estatal como instrumento de represión y agresión a los ciudadanos a causa de ejercer sus derechos constitucionales de reunión, manifestación y petición, ha criminalizando la protesta social utilizando a la Fiscalía del estado de Puebla acción contraria a los principios de legalidad y constitucionalidad, ya que la Fiscalía ha “fabricado delitos” e integrado una carpeta tendenciosa y perniciosa contra ciudadanos del estado de Puebla, como se hizo por parte de la delegación de la Fiscalía del estado de Puebla del distrito judicial de Ajalpan, Puebla, la cual integró e hizo del dominio público la carpeta con número CDIFGCD/CDI7FIA/ARCOALTEPEXI-2/000568/2022 y FGCD/CDI/FIA/ARCOALTEPEXI-/000567/22 en la cual acusa por delitos de motín, contra servidores públicos, privación de la libertad, en contra de ciudadanos que ejercieron el derecho de manifestación y reunión pacífica los cuales son: por el municipio de Zinacantepec: Jorge Cortés González, Saraí Aguilar Granados, Guadalupe Hernández Ventura, Martín Domínguez Apolinar, Rebeca Estrada Matías y Laura Cecilia Hernández Ventura. Por el municipio de Ajalpan, los ciudadanos Lorena Vargas Cabrera y Ana María Castro Hernández; por el municipio de Chapulco, el ciudadano Juan Carlos Vázquez Betanzos, por el municipio de Coxcatlán: Liliana Tlaquis Lechuga, Lucía León López y Teresa Rodríguez Castillo, y por el municipio de Vicente Guerrero, la ciudadana Angélica Díaz Hernández.

Al tenor de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 6o., que: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, el articulo artículo 7o. de nuestra Carta Magna manifiesta que: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Ante la criminalización de la protesta social por parte del gobierno del estado de Puebla, en contubernio con la Fiscalía General del estado de Puebla, bajo la titularidad de Gilberto Higuera Bernal, y ante las agresiones físicas perpetradas por parte de agentes de la Policía Estatal, que encabeza el secretario Rogelio López Maya, se solicita la intervención de la CNDH y de la Subsecretaria de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal para intervengan y atiendan esta situación e implementen las medidas de protección necesarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal a que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, teniendo a su cargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos y la de dictar las medidas necesarias para tal efecto, bajo mecanismos de participación y coordinación de las autoridades, tanto de las entidades federativas como de los municipios a que ejerza todos los protocolos y/o acciones a su disposición para ser garante de los derechos establecidos en los artículos 6,7,8 y 9 de la CPEM.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su actuación institucional, conforme a la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a respetar los artículos 6, 7, 8 y 9 de la CPEM, relativos a la libertad de expresión, difusión petición y asociación, así como a conducirse con estricto apego a la constitucionalidad y a no criminalizar la protesta social.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, a que conforme al artículo 5, párrafo segundo, y al artículo 13, fracción VI, de la Ley de la Fiscalía General de ña República, ejerza la facultad de atracción de la carpeta con número CDIFGCD/CDI7FIA/ARCOALTEPEXI-2/000568/2022 y FGCD/CDI/FIA/ARCOALTEPEXI-/000567/22.

Notas

1 [1]Acción de Inconstitucionalidad 87/2020

2 [1]https://www.facebook.com/ImagenesyNoticiasRegionales/videos/86778998 4057415/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C ; https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/38491-se-prese ntaran-denuncias-vs-las-personas-que-inciten-a-por-el-cobro-del-dap-bar bosa

Notas Periodísticas

-https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/denunciara-gobierno-de-puebla-a-personal-de-bienestar
-en-tehuacan-por-protestas-contra-el-dap-7731138.html

-https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/
38491-se-presentaran-denuncias-vs-las-personas-que-inciten-a-por-el-cobro-del-dap-barbosa

-https://www.e-consulta.com/nota/2022-01-14/municipios/tehuacaneros-van-por-amparo-colectivo-contra-el-cobro-del-dap

-https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/01/14/
habra-denuncia-contra-quienes-incitan-a-la-violencia-en-la-region-de-tehuacan-mbh/

-https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/
emprenden-linchamiento-mediatico-contra-la-diputada-ines-parra-por-el-dap-7738363.html

Elementos videográficos de las agresiones

-https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=102278860 59036751&id=1229315146

-https://www.diariocambio.com.mx/2021/codigo-rojo/item/3 8485-video-se-arma-el-zafarrancho-en-zinacatepec-granaderos-se-enfrenta n-a-pobladores-por-el-cobro-del-dap

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CEAV y la CNDH a determinar si se reconoce la calidad de víctima a los afectados por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, suscrita por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita senadora Xóchitl Gálvez Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se determine si se otorga el reconocimiento de la calidad de víctima a las personas afectadas por la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y en caso afirmativo, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinde la atención que mandata la Ley General de Víctimas , conforme a los siguientes:

Antecedentes

La explosión en Tlahuelilpan

El viernes 18 de enero de 2019 ocurrió una lamentable explosión en una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas,1 además de otras tantas heridas.

En consecuencia, las autoridades ministeriales abrieron carpetas de investigación tanto del fuero federal como del común y, en paralelo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un procedimiento de queja de oficio,2 por las posibles violaciones a derechos humanos que pudieran ser atribuibles a autoridades federales, estatales y municipales.

Adicionalmente y toda vez que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no había ejercido acción alguna para atender a las víctimas de esa lamentable explosión, por oficio de fecha 28 de enero de 2019, comuniqué formal y directamente a la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas (Dgrenavi), dependiente de dicha CEAV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 106 y 109 de la Ley General de Víctimas, la noticia de hechos correspondiente.

Es importante resaltar que los artículos 106 y 109, primer párrafo, de la Ley General de Víctimas establecen que cualquier persona que conozca de una posible violación a derechos humanos o delito, deberá comunicar los hechos al Renavi para que se inscriba a la víctima y con ello se garanticen sus derechos, tal y como se aprecia a continuación:

“Artículo 106. El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 109. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga.

...

...”

En consecuencia, solicité respetuosamente que esa Dgrenavi, de conformidad con lo establecido en los artículos 101, párrafos primero a tercero, en relación con el artículo 110, fracciones IV, VII y VIII, de la propia Ley General de Víctimas, analizara la información pública que existe disponible y se ordenara, en caso de ser jurídicamente procedente, la inscripción de las víctimas directas e indirectas en el Registro Federal de Víctimas (Refevi) y en el propio Registro Nacional de Víctimas (Renavi), o bien, realizara las gestiones necesarias para ello, es decir, solicité formalmente que se valoraran los hechos con fines de que esa institución les otorgara el reconocimiento de la calidad de víctima y procediera a su inscripción.

La atención con celeridad de esa noticia de hechos y petición de inscripción era prioritaria toda vez que la Ley General de Víctimas, su reglamento, así como los lineamientos y normativa aplicable, establecen que un requisito para que las víctimas accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, es la previa inscripción en dicho Registro Nacional, por lo que los apoyos económicos para pago de gastos funerarios, de traslados para reconocimiento de cadáveres, de atención médica especializada, etcétera, que pudieran ser solicitados a esa Comisión, no serían autorizados sin la previa inscripción de las víctimas en el Registro.

La situación de vulnerabilidad de las víctimas directas heridas, así como de las indirectas cuyos familiares fallecieron era enorme en esos momentos y requerían urgentemente el apoyo de la CEAV, la cual es la entidad del gobierno federal creada ex profeso para la atención y soporte de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

Adicionalmente, el 7 de febrero de 2019, presenté ante el pleno del Senado de la República, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión en Tlahuelilpan; a la Fiscalía General de la República (FGR) para que agote las líneas de investigación por la explosión y entre ellas contemple el desabasto de combustible que afectó la región desde el 7 de enero y había generado psicosis entre los habitantes; a la CEAV y a la CNDH para que se otorgue calidad de víctima a las personas que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión del ducto, y asimismo sean integradas al Renavi; a los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de Protección Civil del estado de Hidalgo y de Protección Civil del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que informen por qué no ejecutaron las medidas, acciones y protocolos de seguridad que les competen, a fin de haber protegido cabalmente la integridad de las personas que se encontraban en la fuga del ducto dañado, ante el inminente peligro que representaba la zona; a Pemex para que informe por qué no actuó de manera rápida ante la magnitud y peligro que representaba la fuga de combustible del ducto, así como de su omisión en el cierre de válvulas y para que, diera a conocer las acciones que implementaría para cumplir con el abasto de combustible en el estado de Hidalgo.

El 8 de enero de 2020, nuevamente presenté una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la CEAV y a la CNDH para que brindaran atención a las víctimas de esta tragedia, así como para que les resolviera si tienen la calidad de víctima, para que con ello pudieran acceder a los derechos que la Ley General de Víctimas les reconoce.

La indolencia de la CEAV y de la CNDH

A pesar de estas gestiones y de las protestas de las víctimas, a tres años de la tragedia, ninguna víctima ha sido inscrita en el Registro Federal de Víctimas (Refevi) o en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), ambos dependientes de la CEAV y, en consecuencia, ninguna ha sido atendida por dicha Comisión, con lo que permanecen en un estado de indefensión y de permanente violación a sus derechos consagrados en la Ley General de Víctimas.

La CNDH tampoco ha concluido el expediente de queja que abrió de oficio y tampoco les ha reconocido la calidad de víctima.

Toda vez que la CEAV no ha cumplido con su obligación legal primigenia, consistente en valorar los hechos para otorgar el reconocimiento de la calidad de víctima e inscribir a las víctimas en el Renavi –esto ante la falta de pronunciamiento de la CNDH-, se ha generado un vacío institucional que ha dejado en total estado de indefensión a las víctimas, lo que constituye una seria vulneración de sus derechos.

Y hay que ser enfáticos en este punto, pues la CEAV, a través de la Dgrenavi, no puede omitir cumplir con las obligaciones que la ley le impone, en este caso, valorar los hechos y determinar si se les otorga el reconocimiento de la calidad de víctima, tal y como lo establece el artículo 101, párrafos primero a tercero, de la Ley General de Víctimas, que, a la letra, preceptúa:

“Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.”

En esa tesitura, toda vez que en el caso no existe declaración de otra autoridad, es claro que la Dgrenavi tiene la atribución y, más que nada, la obligación de llevar a cabo la valoración de hechos para determinar el reconocimiento de la calidad de víctima, su inscripción en el Registro y el otorgamiento de todos los servicios que establece la ley, pero, a tres años de la tragedia, la CEAV se niega a responder siquiera las solicitudes de reconocimiento de calidad de víctima que le ha presentado. ¿Tres años sin que pueda responder una petición por escrito? Esto demuestra claramente las falencias de esa Comisión.

Esto es un ejemplo claro del viacrucis que sufren las víctimas para lograr su inscripción en el Registro, como primer gran obstáculo, y para obtener medidas de ayuda, de emergencia o una reparación integral. En este caso la omisión es grave en grado superlativo porque estamos ante un caso probado de naturaleza pública, en el que la CEAV, en cumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 101 antes transcrito, debería haber aplicado el principio de buena fe contenido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas y haber provisto las medidas de ayuda inmediata que se requirieran, pero nada de ello sucedió.

A tres años de la tragedia en la que murieron 137 personas, la indolencia, burocracia e ineficacia de la CEAV, ha dejado a cientos de víctimas directas e indirectas en un estado de total indefensión y continúa siendo un factor de violación a sus derechos, consagrados en la Ley General de Víctimas, lo que podría constituir, además, una violación grave de derechos humanos atribuible a personal adscrito a esa Comisión Ejecutiva.

Por otro lado, la CNDH no ha concluido el expediente de queja, por lo que no ha determinado la existencia de posibles violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos federales. Esto contribuye a que todas las personas relacionadas con la tragedia continúen en una situación en la que no pueden ejercer sus derechos como posibles víctimas de violaciones a derechos humanos, contribuyendo y fortaleciendo la inacción de la CEAV.

La conjunción de la inacción de la CEAV –la cual ha tratado de eludir su responsabilidad solicitando a otras autoridades que extiendan el reconocimiento de la calidad de víctima, a pesar de contar con las atribuciones para hacer la valoración de hechos y emitirla por sí misma–, con la falta de avances en los procedimientos instaurados por la CNDH, ha provocado que, a tres años de la tragedia de Tlahuelilpan, 137 víctimas mortales no estén ni siquiera cerca de acceder a la justicia, a la verdad y al derecho a la memoria y, mucho menos a una reparación integral del daño y a medidas de no repetición.

Por ello, en el tercer aniversario de la trágica explosión en Tlahuelilpan, es indispensable que esta Comisión Permanente exhorte a las autoridades responsables antes citadas para que, en cumplimiento del mandato legal que les constriñe, resuelvan los procedimientos necesarios para determinar si las 137 personas fallecidas en esa tragedia, y las personas heridas, tienen calidad de víctima en términos de la Ley General de Víctimas y, de ser así, que se inscriban de inmediato en el Registro Federal de Víctimas y en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinden todas las medidas, beneficios y derechos que establece la ley, incluida la reparación integral del daño.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno, con los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, a la brevedad posible, remita un informe detallado a esta soberanía, que incluya al menos, las acciones que esa institución ha realizado para determinar si reconoce a las personas fallecidas o heridas en la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, la calidad de víctima y para inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, así como los obstáculos legales que, en su caso, hayan detenido u obstaculizado dichas acciones.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, de manera urgente, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 101, párrafos primero, segundo y tercero, 106, 109 y 110, fracción VII, de la Ley General de Víctimas, valore los hechos y determine si otorga el reconocimiento de la calidad de víctima a las personas fallecidas o heridas en la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y, en consecuencia, las inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como les garantice todas las medidas de ayuda y atención que establece dicha ley, incluida la reparación integral del daño.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, a la brevedad posible y sin poner en riesgo la integridad y confidencialidad de la investigación, informe a esta soberanía los avances en la integración del expediente de queja que inició de oficio, con motivo de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y, para que, en caso de así desprenderse del expediente, emita el reconocimiento de la calidad de víctima que corresponda, comunicándolo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Notas

1 Se eleva a 137 la cifra de muertos por explosión en Tlahuelilpan. Excelsior Online. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-eleva-a-137-la-cifra-de-muertos-por-explosion-en-tlahuelilpan/1311950

2 Expresa CNDH condolencias a los familiares de las personas fallecidas en las explosiones registradas en Tlahuelilpan, Hidalgo, así como su apoyo y solidaridad a quienes resultaron heridas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comunicado de prensa DGC/024/19, de fecha 20 de enero de 2019, disponible en
https://www.cndh.org.mx/documento/expresa-cndh-condolencias-los-familiares-de-las-personas-fallecidas-en-las-explosiones

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero del 2022.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a implantar mecanismos de apoyo a los productores de caña, mediante programas de capacitación, dirigido a quienes deberán migrar del régimen fiscal de actividades agrícolas al nuevo simplificado de confianza, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ángel García Yáñez, senador de la República por el estado de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de manera urgente, implemente mecanismos de apoyo a los productores de caña, mediante programas de capacitación, dirigido a quienes deberán migrar del Régimen Fiscal de Actividades Agrícolas al nuevo Régimen Simplificado de Confianza, en virtud de los múltiples requisitos que deben solventar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para poder obtener sus ingresos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2022, el que fundamentalmente lo conforman la Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica. Asimismo, se presentaron reformas la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios; la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Derechos, entre otros ordenamientos.

Desde su presentación, el paquete económico para 2022 fue objeto de cuestionamientos, pues aunque el gobierno federal ha tratado de hacer creer a la ciudadanía que no se crean ni se aumentan los impuestos, la realidad es otra, toda vez que se afecta a la población, a los pequeños productores, a la industria, entre otros sectores. Por ejemplo, en su momento el Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, advertimos nuestras preocupaciones conforme a lo siguiente:

Ahora bien, particularmente por lo que se refiere a la Miscelánea Fiscal, el gobierno federal planteó la creación de un Nuevo Régimen simplificado de confianza, el cual tiene las características siguientes:

• Es la apuesta del gobierno federal para ampliar la base de contribuyentes hasta 30 por ciento, así como para incluir al sector informal laboral en la formalidad.

• Se sustituye el Régimen de Incorporación Fiscal por un nuevo Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales de menores ingresos.

• El Régimen Simplificado de Confianza está dirigido a todos los emprendedores o pequeños negocios cuyos ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos anuales.

• Si una empresa estaba en un régimen anterior, no puede entrar en este nuevo régimen de confianza, debido a que está diseñado para aquellas que pagan por primera vez.

• Se establece para que los pequeños productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta (ISR) por los ingresos provenientes de dichas actividades.

• Actualmente no pagan ISR aquellos contribuyentes que sus ingresos no rebasen 40 UMAS anuales, aproximadamente 1 millón 300 mil; se castiga severamente al campo con el nuevo régimen de confianza.

• En 2022 se pagará desde 1 por ciento hasta 2.5 por ciento de ISR según los ingresos mensuales.

Sin duda, el paquete económico para 2022 tiene características particulares, pues si bien para su aprobación únicamente se requiere el voto de la mayoría simple, debemos señalar que no contó con un respaldo de por lo menos la tercera parte de las y los legisladores. Al respecto, es preciso mencionar que en el Senado de la República, el Grupo Parlamentario del PRI, votó en contra de la miscelánea fiscal y demás reformas legales que la conforman.

Por citar otro dato, la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación se prolongó por cuatro días, en la que se presentaron casi dos mil reservas, principalmente impulsadas por los grupos parlamentarios de oposición al gobierno, además de que se trata del presupuesto que, aún y cuando fue aprobado por la mayoría simple, es el que ha tenido más votos en contra, toda vez que fue aprobado conforme a lo siguiente:

La anterior gráfica nos permite identificar claramente la división que generó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues se advierte que los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM y PT votaron a favor, al igual que las demás iniciativas que conforman el paquete económico y consecuentemente generando el incremento en los impuestos y ampliar la base contributiva.

Bajo ese contexto, uno de los principales afectados fue el sector primario de la economía, en el que pequeños productores acabarán pagando más impuestos, cuando estamos en un momento en el que la constante es la falta de oportunidades y de ingreso, tomando como base el contexto internacional en el que nos encontramos a causa de la pandemia de Covid-19.

Existe una gran preocupación por parte de los productores cañeros del estado de Morelos, en virtud de que a partir de esta zafra deberán pagar 1.25 por ciento de impuesto por la venta de su caña tras los cambios en la miscelánea fiscal implementados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los productores cañeros que estaban afiliados al régimen fiscal de actividades agrícolas (Agapes) deberán darse de alta en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para poder cobrar sus preliquidaciones y liquidaciones.

Con las nuevas obligaciones tributarias se lacera la economía de muchas mexicanas y mexicanos, y en el caso que se expone en el presente exhorto, se deja constancia de la afectación que tiene el sector primario en su economía, generando múltiples preocupaciones, pues aseguran que se afecta su economía al ser el campo uno de los sectores más golpeados por caída de precios en los mercados, baja producción, además de que no todos los campesinos reciben programas federales, y como resultado se tendrá que abandonar las tierras, nuevamente como hace algunos años.

En ese sentido, los afectados, personas productoras de caña de estado de Morelos, consideran que debe aplicarse la anterior legislación, toda vez que este sector representa un pilar de la agricultura mexicana y que ha sido símbolo de la lucha histórica desde la Revolución Mexicana.

Sin embargo, el estado de Morelos es uno más de los afectados, sin perder de vista que por lo menos se encuentran en la misma situación, 15 estados cañeros del país: Campeche, Colima, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Para el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, es fundamental apoyar a las y los productores de caña, pues no hay que dejar de lado los resultados históricos, resultado del trabajo y esfuerzo de los productores de caña, industria, se debe continuar fortaleciéndose como una de las actividades primarias de la cadena productiva y que contribuye de manera significativa al desarrollo territorial de las diferentes regiones cañeras de país y al bienestar de sus poblaciones.

Bajo ese contexto, y toda vez que el paquete económico ha sido aprobado y se encuentra en vigor a partir del 1 de enero del presente año, consideramos de suma trascendencia que el Servicio de Administración Tributaria, de manera urgente, implemente mecanismos de apoyo a las productores de caña, mediante un programa de capacitación, ya sea presencial y/o semipresencial, dirigido a quienes deberán migrar del régimen fiscal de actividades agrícolas (Agapes) al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico). Lo anterior toda vez que existen múltiples trámites que realizar, entre ellos, obtener su firma electrónica avanzada e inscripción al Resico; el pago del impuesto de 1.25 por ciento por venta de caña, en el que la principal preocupación es el sentido de cómo será liquidado; cuál será el procedimiento para darse de alta en el Resico; la activación de su buzón tributario; la obtención y expedición de CDFI; la presentación de pagos provisionales mensuales y su declaración anual, entre otros.

Por lo anterior, para el Grupo Parlamentario del PRI es de vital importancia continuar trabajando de manera estrecha y coordinada con los productores e industria azucarera, ya que se estima que dicho sector aporta 2.6 por ciento del producto interno bruto del país. Por ello, de manera conjunta, los diversos actores de la cadena productiva de la caña de azúcar, legisladores y autoridades, de los tres niveles de gobierno, debemos generar las condiciones necesarias, urgentes y pertinentes en beneficio de un sector tan importante de la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria, de manera urgente, implemente mecanismos de apoyo a los productores de caña, mediante programas de capacitación, dirigido a quienes deberán migrar del Régimen Fiscal de Actividades Agrícolas al nuevo Régimen Simplificado de Confianza, en virtud de los múltiples requisitos que deben realizar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para el poder obtener sus ingresos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a entrar en contacto con los familiares de Vanessa Guillén y apoyarlos hasta la culminación del juicio de Cecily Salazar, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por su conducto se entre en contacto con los familiares de Vanessa Guillen y les brinde el apoyo que ellos requieran hasta la culminación del juicio de Cecily Ann Salazar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Vanessa Guillén, una joven México-estadounidense nacida el 30 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, soñaba desde muy pequeña convertirse en un elemento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América (EEUU). Como cientos de mexicanas y mexicanos, la joven nació en territorio norteamericano; sin embargo, sus raíces la llevan a uno de los estados con mayor expulsión de migrantes: Zacatecas, entidad de donde son oriundos sus familiares.

Las mujeres de la familia de Vanessa se caracterizan por ser fuertes e independientes; de luchar siempre –en su ámbito personal– para que sus derechos humanos sean efectivamente respetados y garantizados, ante una sociedad, en donde el patriarcado es la norma.

La joven logró cumplir con sus sueños para enrolarse en el Ejército de Estados Unidos, en donde fue asignada a la base militar de Fort Hood ubicada en el estado de Texas perteneciente al país vecino del norte. Dicho campo militar es el más grande de aquel país, al poder llegar a albergar hasta a noventa mil personas.

De acuerdo con información oficial, Fort Hood es una instalación de excelencia para el adiestramiento y pruebas de dos divisiones armadas del Ejército estadounidense. Para el desarrollo de sus actividades, la base militar cuenta con una extensión de 869 kilómetros cuadrados.1

El conjunto tiene una población de 37 mil 160 elementos en activo, así como 10 mil 980 civiles y contratistas. Cabe destacar que en el lugar habitan unos 13 mil 696 miembros de familias del personal que labora en el sitio. Por lo que Vanessa logró ingresar a la mejor instalación de adiestramiento militar de EEUU.

Su hermana Guadalupe Guillén relata que ella misma deseaba seguir los pasos de Vanessa; sin embargo, éstos fueron truncados cuando la joven militar de ascendencia zacatecana desapareció en la base militar el 22 de abril de 2020, tras ser víctima de acoso sexual en las regaderas, situación que solo reveló a su familia por temor a represalias dentro de la institución.

La familia Guillén está muy unida. De hecho, días antes de su desaparición habló con su madre, en donde valientemente le contó los hechos de violencia sexual de los que había sido víctima.2

Ante la gran desesperación y angustia de su familia, decidieron abrir la página de Facebook Find Vanessa Guillén, el 26 de abril de 2020. El objetivo del sitio era que el caso se hiciera de conocimiento público y de trascendencia nacional para solicitar firmas para que el Ejecutivo federal de EEUU y el Congreso intervinieran en la investigación.3

Los esfuerzos de la familia Guillén lograron que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y los US Marshals contribuyeran de manera significativa en la investigación del caso.

Lamentablemente, la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció rápidamente, cuando el 30 de junio del multicitado año fueron localizados los restos de un cuerpo humano en el río León, localizado en Killeen, Texas. Días más tarde, la representante legal de la familia dio a conocer la devastadora noticia de que, en efecto, se trataba de los restos de la joven de 20 años, Vanessa Guillén.

Al enterarse de la noticia, su homicida, Aaron David Robinson, se suicidó cobardemente para evadir a la justicia, mientras que Cecily Ann Aguilar, su novia, cómplice del ocultamiento, fue detenida. Se trata de un claro feminicidio. Fue asesinada a martillazos y posteriormente desmembrada y ocultada.

Al término de la investigación del Congreso de Estados Unidos de América y por el Ejército, el martes 9 de diciembre de 2020 fueron separados o suspendidos de sus cargos 14 mandos militares, incluidos dos generales de alto rango.4

De acuerdo con el diario The Independent en Español, el asesino huyó impunemente con la complicidad de elementos de Fort Hood, antes de quitarse la vida. Ante la situación tan grave, el 30 de abril de 2021, fueron relevados de sus cargos otros cinco militares. Asimismo, en dicha fecha, el Ejército reconoció que Vanessa Guillén fue víctima de acoso sexual, situación no reportada por su superior jerárquico inmediato.

La justicia alcanzó a Cecily Ann Aguilar, y enfrenta 11 cargos por su presunta participación en la desaparición del cuerpo de Vanessa. El juicio en su contra se encuentra en proceso para brindar justicia a la familia Guillén.

Sin importar su lugar de origen o de residencia, Vanessa es mexicana por nacimiento, al ser hija de padre y madre mexicanos. Por lo que las autoridades del Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deben brindar toda la asistencia y apoyo consular hasta que se le otorgue justicia plena a su familia.

Las protestas sociales por el asesinato no se hicieron esperar, y entre las diversas consecuencias de su homicidio fue aprobar un proyecto de ley para que nunca más suceda el trágico desenlace similar al de Vanessa. Así, el periódico La Nota Zacatecas, publicó que el proyecto de ley que lleva su nombre se aprobó como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2022 en Estados Unidos.5

El diario relata que la propuesta de ley en el país vecino incluye una medida que convierte el acoso sexual en un delito por primera vez en el Código Uniforme de Justicia Militar; también cambia el modo en que los miembros del servicio pueden denunciar incidentes de mala conducta sexual, reduciendo los conflictos de intereses y añadiendo capas adicionales de protección para las víctimas de acoso y agresión. Fue el 15 diciembre de 2021 cuando la propuesta se presentó en el senado y semanas después fue firmada por el presidente Joe Biden, para su entrada en vigor.

La violencia ejercida contra las mujeres no es un problema local, es una problemática global que no conoce de fronteras. El caso de Vanessa Guillén nos recuerda que el sistema patriarcal tiene que abolirse. Alcemos la voz por las mujeres mexicanas sin importar su lugar de residencia.

Como mujer y zacatecana lamento que el sueño de Vanessa fuese arrebatado de esa manera, no podemos permitir que la voz de las mujeres sea silenciada, repudio cualquier forma de violencia contra nosotras y lamento profundamente que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Ni una Más.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena los terribles hechos en los que fue asesinada la joven mexicoamericana Vanessa Guillén en los Estados Unidos de América y se solidariza con sus familiares y seres queridos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por su conducto se entre en contacto con los familiares de Vanessa Guillen y les brinde el apoyo que ellos requieran hasta la culminación del juicio de Cecily Ann Salazar.

Notas

1 (Disponible en: https //home.army.mil/hood/index.php) (Fecha de consulta: 21 de enero de 2022)

2 García, Imelda. Vanessa Guillén: la historia completa de su desaparición. Aldiadallas. 2 de julio de 2020. (Disponible en: https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2020/07/02/
vanessa-guillen-la-historia-completa-de-su-desaparicion/) (Fecha de consulta:

21/01/22)

3 Ibíd.

4 Vanessa Guillén: la investigación por la muerte de la soldado lleva al despido de 14 mandos del Ejército de EE.UU. (Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55167560)

5 Castigarán el acoso sexual dentro del ejército estadounidense, 20 de enero de 2022. (Disponible en: https //lanotazacatecas. com/castigaran-e1-acoso-sexual-dentro-del-ejercito-estadounidense/) (Fecha de consulta: 21/01/22)

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a la CNDH como autoridades federales, poblanas y de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso del menor encontrado sin vida en el Cereso de San Miguel, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 10 de enero en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en el estado de Puebla, fue encontrado el cuerpo sin vida de un bebé de pocos meses en un contenedor de basura.

Según los reportes de autoridades ministeriales de Puebla, el menor habría ingresado de manera irregular a la prisión, ya que no aparece en los registros del penal, en adición a que el ingreso se realizó fuera del protocolo, ya que derivado de la pandemia de Covid-19 no se permite el ingreso de menores al penal.1 Incluso suponiendo que ésta fuera permitida, no se cuenta con los documentos requeridos para el registro de ingreso de menores al mismo.

Aun cuando se supo que el menor había sido robado de la Ciudad de México, fue hasta el pasado viernes 21 de enero del presente año, que la fiscal Ernestina Godoy, fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, se pronunció al respecto, señalando de manera irresponsable que no se contaba con denuncia o reporte sobre la desaparición o sustracción de una persona menor de edad, con características del cuerpo hallado en Puebla.2

El pasado sábado 22 de enero, la Fiscalía General de Puebla informó que ya se identificó a la persona que dejó el cuerpo de un bebé en un contenedor de basura en el penal de San Miguel de dicha entidad.3 Asimismo, señaló que existe “una posible relación entre la exhumación del cuerpo de un menor en un cementerio ubicado en la Ciudad de México, y el cuerpo localizado en el Centro Penitenciario de Puebla”.4

En consecuencia de la tragedia relatada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer los hechos y reforzar los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el Cereso.5 Asimismo, con base en las irregularidades y a falta de una investigación amplia, integral y exhaustiva, la CNDH había determinado ejercer su facultad de atracción e iniciar la investigación correspondiente del caso.

No obstante lo anterior, el pasado 18 de enero la Comisión de Derechos Humanos de Puebla pidió a la CNDH no intervenir en las investigaciones sobre el menor, pues consideró que es la única “instancia competente para conocer los hechos materia de queja”.6

En este sentido, organizaciones como Reinserta han solicitado a la CNDH reconsiderar la atracción del caso dado que “la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla inició de forma tardía la revisión del expediente, poniendo en riesgo la imparcialidad y transparencia de este terrible hecho”.7

Derivado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla reveló que el menor habría sido localizado un día antes, es decir, el lunes 10 de enero; mientras que la información del gobierno estatal y organizaciones no gubernamentales indicaron que el bebé fue hallado el martes 11 de enero. Al respecto, José Félix Cerezo Vélez, titular de la CDH estatal, explicó que en el reclusorio se implementa un sistema de recolección de basura a través de contenedores y, a su vez, de separación de residuos que pueden ser reciclados, lo que permitió que se encontrara el cuerpo del bebé sin vida en estos.8

Ante la falta de diligencia de las autoridades estatales competentes para explicar las circunstancias en las cuales el menor ingresó al penal y las causas de su muerte, existen versiones que señalan que éste fue abandonado e ingresó en los contenedores de basura referidos. Dicha versión no sólo implica el descontrol sobre algo tan grave como el ingreso de un cuerpo, sino que nada garantiza que por esos mismos contenedores pueden también entrar armas, drogas, mujeres o incluso pueden salir internos.9

En adición a la tragedia referida, estos hechos ocurrieron en una prisión con condiciones de cogobierno y hacinamiento, donde se ejerce un encierro masivo de 4 mil 864 personas que excede al 103 por ciento de la capacidad del penal que cuenta con alrededor de 2 mil 397 espacios.10 Tan sólo recientemente se han encontrado cadáveres embolsados de perros que se utilizan para peleas clandestinas; el pasado 6 de diciembre un interno fue golpeado hasta causar su defunción, lo cual sucedió una semana después de un motín en el dormitorio L.11 Asimismo, en 2021 la CNDH señaló que durante 2019, en dicho Cereso se organizaban reuniones con la autorización de autoridades penitenciarias donde se prostituían internas, además de casos de narcomenudeo y cobro de cuotas.12

Es alarmante que las autoridades competentes no cuenten con datos certeros e investigaciones serias sobre un hecho tan grave como el ocurrido. A ocho días del hallazgo del cuerpo del menor, no existe una explicación concreta por parte de las autoridades. Asimismo, resulta inverosímil que las autoridades penitenciarias no tengan corresponsabilidad en dichos hechos.

Aunado a esto, recientemente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a través de un video publicado en redes sociales, pidió públicamente a los activistas y periodistas dejen de darle difusión al tema, que no busquen ser protagonistas de algo que no está esclarecido; aseguró que la verdad se hará saber pronto, y una vez que se revelara esto, los activistas y periodistas se volverán a silenciar, por último llamó a tener cuidado en el desempeño que tienen los periodistas en su profesión y que no buscaran destruir escenarios.13

Después de estas declaraciones queda claro que el gobierno estatal de Puebla no está preocupado por la seguridad que hay dentro de los penales, pero tampoco le interesa garantizar los derechos a todos y cada uno de sus ciudadanos.

Resulta indignante ver cómo en pleno 2022 se piensa que los centros de reinserción social son el mejor lugar para cumplir con una cadena justa, pero la realidad es que éstos operan fuera de la ley y muy lejos de la justicia.14

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lamentamos y condenamos los hechos ocurridos en el estado de Puebla, estamos convencidos que se necesita un México donde no exista impunidad a los hechos de violencia, donde se garanticen nuestros derechos y donde las personas se encuentren al centro y sus causas al frente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con base en sus respectivas facultades y atribuciones legales, ejerza su facultad de atracción a fin de que se realice una investigación profunda e independiente que permita el esclarecimiento de los hechos sobre el caso del menor encontrado sin vida al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que con base en sus atribuciones, instruya a la Fiscalía General del Estado de Puebla a garantizar que la investigación que se está llevando a cabo sobre el caso del menor encontrado sin vida al interior del Cereso de San Miguel, Puebla, se realice de manera integral, con transparencia y en pleno apego al marco jurídico.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado, para que con base en sus atribuciones, colaboren con la investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos sobre el caso del menor encontrado sin vida al interior del Cereso de San Miguel, Puebla, así como reforzar y actualizar los protocolos de ingreso y controles de vigilancia al Cereso.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Ernestina Godoy, fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, para que con base en sus atribuciones, se realice una investigación integral que permita el esclarecimiento de los hechos sobre el caso del menor que fue exhumado en la Ciudad de México, para después ser trasladado al estado de Puebla donde fue encontrado en un contenedor de basura al interior del Cereso de San Miguel.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las alcaldías y municipios de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se implementen protocolos de vigilancia en los panteones y garantizar las condiciones de no repetición de exhumación de cadáveres o de actos ilícitos dentro de los mismos.

Notas

1 Esto sabemos del caso del bebé hallado muerto en el penal de Puebla. Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/estados/bebe-hallado-muerto-en-penal-de-puebla- esto-sabemos

2 No hay reporte de robo por bebé muerto hallado en Puebla: FGJCDMX. ADN 40. Recuperado de: https://www.adn40.mx/seguridad/reporte-robo-bebe-puebla-cdmx-erv

3 Redacción Aristegui Noticias. (2022). Identifican a persona que dejó cuerpo de bebé en penal de Puebla. Aristegui Noticias.
Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2201/mexico/identifican-a-persona-que-dejo-cuerpo-de-bebe-en-penal-de-puebla/

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Xantomila, J. (2021). La CNDH no investigará el hallazgo de bebé muerto en Puebla. La Jornada. Recuperado de: <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/20/estados/la-cndh-no-inve stigara-el-hallazgo-de-bebe-muerto-en-puebla/>

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Cal en vez de flores. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/opinion/2022-01-17/cal-en-vez-de-flores.html? ssm=TW_CC&event=go&event_log=go&prod=REGCRARTMEX&o=cerr mex

11 Bebé muerto en contenedor de basura, ejemplo de problemas en Cereso de Puebla; Milenio; 20 de enero de 2021; disponible en https://www.milenio.com/estados/bebe-muerto-contenedor-basura-problema- cereso

12 Ídem.

13 Paola Zavala Saeb. Publicación Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/PaolaSaeb/status/1484583781717712897?s=20

14 Bebé muerto en contenedor de basura, ejemplo de problemas en Cereso de Puebla; Milenio; 20 de enero de 2021; disponible en https://www.milenio.com/estados/bebe-muerto-contenedor-basura-problema- cereso

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a revisar y actualizar verazmente los datos de la Red IRAG para tener información estadística y certera sobre los casos de hospitalización por Covid en las unidades médicas de todo el país, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pandemia que hoy azota a México, así como a todo el mundo, ha sido protagonista ya durante más de un año, hoy nos vemos envueltos en una situación en donde no solo se ve afectada la economía nacional y familiar, sino también la pérdida de un sinfín de personas a causa de la Covid-19 y sus diferentes cepas.

Queda claro que una de nuestras principales herramientas como humanidad para implementar métodos de actuación ha sido la estrategia de estadística e información en los distintos canales para que la gente tenga conocimiento de la magnitud del problema, esta crisis también ha resaltado la importancia de generar cifras y estadísticas oficiales oportunas, certeras y confiables para monitorear el avance de la enfermedad, detectar grupos vulnerables, medir el impacto de las políticas de aislamiento en la vida de las personas y en la economía, así como proyectar las necesidades que como país se vayan a generar a futuro.

Una de las cosas que esta pandemia también ha sacado a la luz es la crisis con la que las oficinas y los centros de estadísticas han tenido que lidiar respecto a la obtención de información precisa en un tema tan delicado como la salud.

Esta transición provocada por la pandemia ha tenido fuertes repercusiones en la generación de estadísticas oficiales pues durante mucho tiempo los datos han sido recabados durante entrevistas cara a cara, método por demás peligroso hoy en día, sin embargo, y aunque más difícil, hoy en día es posible continuar produciendo cifras estadísticas de manera remota.

El problema principal que este punto de acuerdo busca atacar es precisamente este, ya que la implementación de métodos para generar estadística provoca incertidumbre a la hora de demostrar qué tan fidedigna resulta ser la información, misma información que al llegar a la ciudadanía llega a ser alentadora o preocupante dependiendo el caso.

La pandemia y sus estragos obligan a esta administración, así como a las distintas dependencias de gobiernos en materia de salud, a implementar modelos que, si bien fueron apresurados, han servido para tener idea del impacto que la Covid.19 ha tenido sobre las y los mexicanos.

En abril del año pasado, la Secretaría de Salud presentó la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave),1 una plataforma digital que mostrará en tiempo real la ocupación de camas disponibles para pacientes Covid-19 en 610 hospitales de todo México, hoy en día el número de hospitales que se han agregado a la lista se ha incrementado debido a que esta es la mejor forma de estar al tanto respecto al número de contagios.

“La Secretaría de Salud pone a disposición del público este Sistema, con la finalidad de transparentar y comunicar la información de ocupación hospitalaria de las instituciones de Salud, en el contexto actual de la pandemia de Covid-19. El Sistema es un esfuerzo por facilitar el acceso y la consulta de los datos, mediante una plataforma que ofrece un panorama estadístico, geográfico y temporal del estado y la evolución de la ocupación hospitalaria a escala nacional, estatal, municipal, jurisdiccional y por unidad médica”2

Este enorme esfuerzo de la actual administración nos ha dado un panorama de cómo avanza la pandemia en el país como las estrategias del gobierno han servido para mitigar día con día los estragos de la Covid-19, no obstante las unidades médicas de todo el país deben poner de su parte y aportar datos a Red IRAG, en donde hoy por hoy el número de hospitales que diariamente faltan de aportar los datos necesarios ronda los 200, preocupante.

Es necesario instruir mediante los canales necesarios a estas unidades para que aporten datos y nutran el sistema de información al mismo tiempo que estarán ayudando a generar una estrategia eficiente contra la pandemia.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para revisar la veracidad de los datos de la Red IRAG con el fin de tener información certera sobre los casos de hospitalización por Covid dentro de las unidades médicas de todo el país, la cual ha generado incertidumbre en la población respecto a la ocupación hospitalaria.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los hospitales de todo el país sin excepción para reportar diariamente sus cifras estadísticas sobre la ocupación de camas y pacientes positivos a Covid con el fin de elaborar una correcta estrategia ante el combate de la pandemia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 31 entidades federativas para instruir a todas las unidades médicas dentro de sus demarcaciones territoriales para que reporten a diario y obligatoriamente ante la Secretaría de Salud el número de casos Covid y su ocupación hospitalaria, con el fin de mantener actualizada la Red IRAG, esto debido a que el número de unidades médicas que no lo hacen es preocupantemente elevado.

Notas

1 [1]Excelsior.com “Ssa lanza Red IRAG para mostrar ocupación; hay 8 mil camas para pacientes “ Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ssa-lanza-red-irag-para-mostrar-ocupacion-hay-8-mil-camas-para-pacientes/1378321

2 [1] Secretaría de Salud. “Sistema de Información de la Red IRAG” Disponible en: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario de Salud, a cargo de la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN

Patricia Terrazas Baca, diputada integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

En la ciudad de Wuhan, China se dio el primer caso del virus SARS-CoV2 (Covid-19) durante diciembre de 2019. Debido a la gravedad de esta enfermedad, los altos niveles de propagación y el gran número de muertos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), determino que se trataba de una pandemia.

Si bien, el 30 de marzo de 2020 fue publicado un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), el titular del Ejecutivo federal y las autoridades de Salud, restaron importancia a esta pandemia.

Prueba de ello, es que el presidente en más de una ocasión declaró que no había de que alarmarse y afirmó que su mejor protección contra el virus era el amuleto llamado “Detente”. Además de que en múltiples ocasiones recomendó abrazarse pese a la recomendación en el mundo de distanciamiento físico.

Sumado a lo anterior, durante el inicio de la pandemia el presidente rechazó el uso de cubrebocas, manteniendo sus giras y en más de una ocasión señaló que “No mentir y no robar” ayuda a no contraer Covid.

Resulta evidente que mientras nuestro país se encontraba en una verdadera crisis sanitaria y económica, con hospitales saturados y nuestra economía terriblemente afectada, el presidente se limitaba a declarar que no era grave, que no había que alarmarse y que ya habíamos domado la pandemia.

Lo anterior sin dejar de mencionar que mientras el sector salud, entidades federativas y municipios reclamaban recursos para atender la pandemia, el presidente siempre priorizó sus obras faraónicas, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, sin aumentar los presupuestos para esta emergencia.

Ahora con la llegada de esta cuarta ola y con cifras record en el número de contagios insiste en minimizar la variante “omicron”, señalando que es como una gripa.

Lo anterior, aun y cuando el 26 de noviembre de 2021, la OMS reconoció a variante omicron como de preocupación, recomendando la actualización de protocolos de vigilancia genómica.1

Sin embargo, resulta grave que ni el Ejecutivo federal, ni los encargados de atender esta crisis de salud preparen nuevas estrategias de prevención y control de la pandemia, lo que es verdaderamente necesario pues desde el inicio de este año diversos medios han anunciado un record de contagios, que ha aumentado de manera exponencial cada día que pasa. Por lo que se vienen semanas muy complicadas, pues evidentemente aumentará el número de contagios y hospitalizaciones.

No hay manera de ocultar que los contagios y los fallecimientos siguen aumentando, claro ejemplo de ello es que al 16 de enero de 2022, la Secretaría de Salud reportó 4 millones 368 mil 314 casos y 301 mil 410 muertes acumuladas.

A pesar de estas alarmantes cifras seguimos sin contar con una estrategia para atender la pandemia y estamos lejos de salir de esta crisis, por lo que lamentablemente, esta cuarta ola tendrá consecuencias desastrosas para millones de mexicanos, sobre todo si el secretario de Salud sigue recomendando pomadas y té para quienes presentan síntomas.

Necesitamos citar a comparecer al doctor Jorge Alcocer Varela, para que explique la falta de acciones gubernamentales ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19, generada por la variante omicron.

Además de que resulta fundamental que el señor secretario, dé cuenta de la dotación de insumos, equipos, materiales e instrumentos para que el personal del sector salud pueda desempeñar su trabajo de forma segura; ya que, recordemos que durante septiembre de 2020, Amnistía Internacional dio a conocer que México era el país con más fallecimientos por Covid en profesionales de la salud.

Al respecto, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que “El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia”. Señalando que, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”.2

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, para que explique la falta de acciones gubernamental ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19, generada por la variante omicron; además de solicitarle dar cuenta de la dotación de insumos, equipos, materiales e instrumentos para que el personal del sector salud pueda desempeñar su trabajo de forma segura.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las instituciones del sector Salud, coordinen una campaña relativa a los síntomas y efectos de Covid-19, generados por la variante omicron.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud, consultada el 16 de enero 2021: https://www.paho.org/es/noticias/
1-12-2021-oms-situacion-actual-relativa-variante-omicron#:~:text=El%2026%20de%20noviembre%20de,
con%20la%20letra%20griega%20%C3%B3micron.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultada 16 de enero de 2022: en https://www.corteidh.or.cr/tablas/centro-covid/docs/INFOGRAF%C3%8DA_cov id_REV_6_mayo-V2.pdf

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputada Patricia Terrazas Baca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y los gobiernos de la Ciudad de México y de Puebla a realizar una investigación exhaustiva e informar y tomar medidas sobre lo sucedido en el panteón de San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, y el Cereso de San Miguel, suscrita por Sylvana Beltrones Sánchez y senadores del Grupo Parlamentario del PRI, así como por las senadoras Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, del PAN

Sylvana Beltrones Sánchez, en nombre propio y los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Aceves Del Olmo, Verónica Martínez García, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Eruviel Ávila Villegas, Manuel Añorve Baños, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora Gastélum, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y las senadoras Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Puebla, a que dentro de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación exhaustiva, se informe y se tomen las medidas necesarias en relación con lo sucedido en el panteón San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, así como en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, respectivamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 10 de enero fue encontrado un bebé sin vida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla. El hallazgo sucedió en el área de los talacheros, como se conoce a los presos que ayudan a los custodios a vaciar los desechos. El menor —de unos días de nacido— portaba un gorro y tenía sangre. Además, en el abdomen presentaba una cirugía de apéndice.1

Conforme se fue proporcionando más información respecto del hallazgo del bebé en el penal de San Miguel, los papás sospecharon que se trataba de su hijo. Por ello, fueron al panteón para pedir una explicación, pero ahí los amenazaron al ver que el cadáver del bebé ya no estaba.2

Después de dos semanas, se supo que el cadáver del bebé que fue encontrado en un bote de basura al interior del penal corresponde a un bebé llamado Tadeo, que nació el 4 de octubre del 2021 y murió 3 meses después por problemas intestinales, en la Ciudad de México; el bebé fue enterrado el 6 de enero en el panteón civil San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa.3

El pasado viernes 21 de enero, la familia de Tadeo denunció la exhumación y robo del cuerpo de su hijo en un panteón de Iztapalapa, por lo que se considera que fue el mismo que ingresó al penal de Puebla.4 Tadeo tenía una incisión en el abdomen y llevaba puesto un brazalete del hospital que advertía que había fallecido solo unos días antes de su hallazgo en el Cereso.

Antes de la pandemia, los menores de edad necesitaban un pase para visita familiar de las personas privadas de la libertad. Este, podía ser tramitado a partir del acta de nacimiento (original y copia) y una constancia de la escuela, en caso de tenerla. Asimismo, era obligatorio una responsiva de un familiar de línea directa.5 Por lo que, resulta importante saber qué pasó en esta ocasión o qué es lo que está pasando dentro de ese Cereso.

Ante la denuncia y declaraciones de la familia, así como el seguimiento por parte de activistas, las autoridades de la Ciudad de México y de Puebla dicen estar trabajando en el caso, respecto a sus correspondientes responsabilidades.

Es de extrañar la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, el 15 de enero anunció que atraería el caso y la investigación de los hechos, pero mediante comunicado del 19 de enero expresó su respeto a los organismos estatales de derechos humanos y sólo reiteró su llamado para que se realice una investigación integral del caso del menor.

a) Panteón San Nicolás Tolentino, Iztapalapa

Los panteones y cementerios constituyen un servicio público a cargo de los municipios conforme a lo establecido en el inciso e) fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de la Ciudad de México, se reconoce a los cementerios como el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres conforme lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 156 de la Ley de Salud de la Ciudad de México.

Los cementerios de la Ciudad de México, conforme lo establece el artículo 7 del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, se clasifican en oficiales y concesionados, en el primer caso, serán civiles generales, delegacionales o vecinales, esto es, para la inhumación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados.

Al día de hoy, se considera que la información sobre los mismos es escasa y en la mayoría de los casos nula, la importancia de su funcionamiento, disponibilidad, trámites, se ven sumergidas en una gran opacidad que impera en la información respecto al estatus que guardan los panteones y cementerios de la ciudad, toda vez que, en el portal electrónico de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, lo único que se encuentra publicado son dos trámites:1. Regularización y cambio de titulares de títulos de fosas a perpetuidad en cementerios de la Ciudad de México; 2. Solicitud de constancia de antecedentes y alineamiento de fosa en los panteones, los cuales ni siquiera se encuentran vinculados correctamente.

No se encuentran datos, que deberían de ser públicos, como son el número de cementerios que hay en la ciudad, el estado que guardan, capacidad, disponibilidad, registros, así como, los programas de rescate y mantenimiento de los mismos.

Además, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la exhumación sin el trámite correspondiente del cuerpo de un bebé, en el que claramente hay un ilícito que requiere una investigación a fondo sobre lo que sucedió y demuestra la falta de control, ineficiencia y corrupción que hay en la operación de este servicio público.

Cuando en el artículo 170 de la Ley de Salud de la Ciudad de México está expresamente prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios, crematorios y funerarias, de realizar cualquier manejo de cadáveres, fuera de lo estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes.

Por su parte, la fracción XXI del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales responsable de coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de panteones, entre otros. Y el artículo 6 del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal también reconoce a las delegaciones, actualmente alcaldías, como encargadas de prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación y reinhumación de cadáveres, restos humanos, y restos humanos áridos o cremados en los panteones civiles generales, delegacionales y vecinales.

Por tanto, resulta urgente y necesario que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México investiguen lo sucedido y ofrezcan una explicación a los padres de Tadeo, así como transparenten y rindan cuentas y se ocupen del estado que guardan los cementerios oficiales de la Ciudad de México.

b) Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla

El sistema penitenciario es un elemento primario de la seguridad pública y se compone por un conjunto de instituciones que procuran la reinserción social de la población privada de la libertad. Dadas las condiciones actuales de seguridad y justicia en México, se requiere de información precisa que permita visualizar el estado que guarda dicho sistema.

Resultando de gran ayuda el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en el 2020 reveló que del 1 de enero al 31 de octubre de 2019 hubo mil 29 incidentes como homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en las prisiones mexicanas.

De los cuales, 902 ocurrieron en Centros de Readaptación Social (Ceresos) y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Respecto al Cereso de San Miguel, Puebla, la CNDH alertó que durante las visitas de supervisión penitenciaria, ha representado importantes irregularidades en el rubro de gobernabilidad, respecto a las deficiencias en el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno); insuficiencia de personal de seguridad y custodia, entre otras, lo que ha generado que durante los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria emitidos de los años 2015 al 2020, haya obtenido calificaciones por debajo o mínimas de 7.6

Sin embargo, conociendo todos los problemas y la situación en que se encuentra este Cereso, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 no se incluyó ni llevó a cabo una visita al penal por parte de la Tercera Visitaduría, en el que se pudiera dar seguimiento y revisar un cambio en la situación en que se encuentra. De hecho, en un contraste del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019 y 2020, las diferencias son más que notorias y abismales. En el diagnóstico de 2019 se visitaron 12 centros de reclusión en el estado de Puebla. En tanto, que en el diagnóstico de 2020 sólo se visitaron seis centros de detención y el Cereso de San Miguel no fue evaluado.7

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla es una olla de presión sin válvula de escape. Tiene una sobrepoblación de 102.9 por ciento, según información del gobierno federal, es decir viven ahí hacinados más del doble de reos que debería contener, y el 62 por ciento no tiene aún sentencia dictadas.8

Organizaciones que trabajan con población en estado de reclusión, como Reinserta, AC, hablan incluso de autogobierno al interior del penal. En comunicado que difundieron en redes sociales el pasado 13 de enero aseguran que dentro de su perímetro se organizan desde servicios de prostitución, con la entrada de trabajadoras sexuales; manufactura y consumo de estupefacientes; y hasta un sistema de apuestas, en el que ingresan perros de pelea a la cárcel y salen como cuerpos inertes desechados en bolsas de basura.9

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió en 2019 (el de 2020, el más reciente, no incluye información del penal de San Miguel) califica al penal con 6.6 sobre 10 puntos posibles y con tendencia a la baja. Aún dentro del semáforo amarillo, pero a punto de pasar al rojo. Una calificación que ha venido a la baja en los últimos diez años.10 Además, se establecieron puntos en que debía de prestar atención, como se muestra a continuación:

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH. Página 310.

En el caso que nos ocupa, resulta preocupante e indignante que, se haya permitido la entrada de un bebé sin el registro correspondiente y que en ningún momento se haya manifestado que el mismo no había salido, ni donde se encontraba, además de muchas interrogantes que ya se han hecho.

Al respecto, en virtud de que es un penal mixto, el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, dentro de los cuales se establece en su último párrafo: Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el centro penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los centros.

Derivado de lo anterior, es claro que, en el Cereso de San Miguel el régimen específico de visitas para niños menores de edad tiene deficiencias y está lleno de irregularidades, ya que se ingresó en el mismo un bebé fallecido sin que nadie lo reportara y tampoco se verificó la salida del mismo. Lo cual, resulta preocupante ante todas las irregularidades que hay en ese Cereso, dadas a conocer a través de diversas organizaciones.

Por último, es importante que la CNDH ejerza su facultad de atracción conforme lo establece el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación con el Reglamento Interno de la CNDH, que en su artículo 14, marca que la misma “podrá ejercerse cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulta de especial gravedad”; así como la investigación ante estos hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos humanos, en este caso en específico los derechos de un bebé. Además de que conforme a sus facultades y competencias debe de emprender las acciones que considere necesarias para la protección y la defensa de los derechos humanos de la población penitenciaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza la facultad de atracción e inicie investigación por posibles violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional, a fin de coadyuvar al esclarecimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, el pasado lunes 10 de enero. Así como, por la exhumación sin el trámite correspondiente del cuerpo de un bebé del panteón civil San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa. De igual forma, se solicita que conforme a sus facultades y competencias emprenda las acciones que considere necesarias para la protección y la defensa de los derechos humanos de la población penitenciaria, así como atienda las denuncias que han sido presentadas en torno a las graves violaciones de derechos humanos que se viven en el del Cereso de San Miguel Puebla.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al Gobierno de la Ciudad de México que realice una investigación exhaustiva, se informe a esta soberanía y se tomen las medidas necesarias en relación con lo sucedido en el panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa. De igual forma que envíe un informe detallado del estado que guardan los panteones y cementerios civiles en la Ciudad de México, el cual deberá contener cuantitativa y cualitativamente las medidas y programas de seguridad, conservación y mantenimiento instrumentados para brindar este servicio público a la población.

Tercero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al gobierno del estado de Puebla que realice una investigación exhaustiva, se informe a esta soberanía y se tomen las medidas necesarias en relación con lo sucedido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, el pasado lunes 10 de enero. De igual forma, se informe a esta soberanía, conforme lo establece el artículo 10, último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años que rija en el Cereso de San Miguel Puebla, respecto a las medidas de seguridad, procesos de internación y salida de los menores de edad.

Notas

1 Paso a paso: el hallazgo de un bebé muerto en el penal de San Miguel que indignó a México. Infobae. 20 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/20/paso-a-paso-el-hallaz go-de-un-bebe-muerto-en-el-penal-de-san-miguel-que-indigno-a-mexico/

2 Tadeo es el bebé del penal de San Miguel, fue robado de un panteón de Iztapalapa, aseguran. El Universal Puebla. 21 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en:

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/
tadeo-es-el-bebe-del-penal-de-san-miguel-fue-robado-de-un-panteon-de-iztapalapa-aseguran

3 Más de una semana sin saber cómo llegó el cuerpo de un bebé a un penal de Puebla. Expansión Política. 21 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en:

https://politica.expansion.mx/estados/2022/01/21/caso-ca daver-bebe-en-penal-de-puebla

4 Bebé ingresado al penal de Puebla habría sido robado de panteón en Iztapalapa. MSN Noticias. 22 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/
beb%C3%A9-ingresado-al-penal-de-puebla-habr%C3%ADa-sido-robado-de-pante%C3%B3n-en-iztapalapa/ar-AAT2tvC

5 Padres identificaron a bebé hallado en un penal de Puebla: fue robado de panteón de Iztapalapa. Infobae. 22 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/22/
quien-era-y-como-murio-las-incognitas-del-bebe-hallado-en-un-penal-de-puebla/

6 Comunicado DGDDH/011/2022. Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos. CNDH. 15 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-01/COM_2022 _011.pdf

7 La tercera es la vencida. Capital. 21 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en:
https://www.capitalmexico.com.mx/opinioncapital/la-terce ra-es-la-vencida/

8 El Cereso de San Miguel, el desgobierno estatal evidenciado por un bebé. Lado B. 22 de enero de 2022. Consultado el 22 de enero de 2022 en: https://www.ladobe.com.mx/2022/01/penal-de-san-miguel-el-desgobierno-es tatal-evidenciado-por-un-bebe/

9 Ídem.

10 Ídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Senadores: Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Verónica Martínez García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carlos Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Mario Zamora Gastélum (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Manuel Añorve Baños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y la Semar a iniciar la aplicación del Plan DN-III-E en Aguascalientes, suscrita por la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora de la República a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento Interior para el Congreso Interior de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de la Covid-19, coronavirus conocido como SARS-CoV-2, el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China).

Desde que hizo aparición, el virus SARS-CoV-2 no ha dejado de evolucionar. Hasta la fecha, la OMS ha catalogado de preocupantes cinco de sus variantes, a saber, alfa, beta, gamma, delta y ómicron, atendiendo a su impacto en la transmisión, la gravedad de la enfermedad o su capacidad para eludir la protección inmunitaria. A la vez que la variante ómicron se extiende rápidamente por todo el mundo, es de prever que el SARS-CoV-2 siga evolucionando, por lo que es improbable que ómicron sea la última variante preocupante.

El TAG-CO-VAC (Grupo Consultivo Técnico sobre la Composición de las Vacunas contra la Covid-19) está elaborando un marco de referencia con el que analizar los datos científicos sobre las variantes preocupantes emergentes, pensando esencialmente en los criterios que llevarían a recomendar un cambio en las cepas que forman las vacunas anticovídicas. Llegado el caso, el TAG-CO-VAC aconsejaría a la OMS fórmulas actualizadas de composición de las vacunas. Dicho marco tiene en cuenta la transmisibilidad y propagación mundial de la variante en cuestión, la gravedad del cuadro clínico que causa y sus características genéticas, antigénicas y fenotípicas, incluida su capacidad de eludir la protección inmunitaria, así como las evaluaciones de la eficacia de las vacunas.

Desde que el 26 de noviembre de 2021 la OMS clasificó como preocupante la variante ómicron, el TAG-CO-VAC se ha reunido periódicamente para examinar los datos científicos sobre las características de esta variante. En la presente declaración se recoge lo que hasta ahora se conoce de los efectos de la aparición de la variante ómicron en las actuales vacunas anticovídicas y se expone la visión actual del TAG-CO-VAC sobre las posibilidades de vacuna para el futuro.1

Entre tanto, la propagación de la Covid-19, en específico, con la variante OMICRON,el cual ha sido calificado por Roby Bhattacharyya, experto en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts (EE UU) como el virus con propagación más rápida de la historia2 ha puesto a todo el país en una situación sobre la que se tienen que tomar medidas de manera oportuna para que no se pierdan vidas a causa de un rebase de elementos básicos como lo es la atención hospitalaria.

Los señalamientos anteriores sirven de base para la proposición que nos ocupa pues, según datos del sistema de información de la Red Irag, al 17 de enero de 2021, Aguascalientes es el cuarto estado con mayor porcentaje de ocupación de camas con ventilador UCI, ya que a esa fecha, teníamos un 60 por ciento de saturación, dejándonos sólo por debajo de Zacatecas, Coahuila de Zaragoza y Michoacán de Ocampo, los cuales tienen un 83.33 %, 80 % y 64.28 % respectivamente.

Para una mejor visualización, me permito replicar los datos referidos:

4

De manera específica, el porcentaje de ocupación en los distintos hospitales del estado de Aguascalientes, se pude ver reflejada en el sistema de información de la Red Irag, de acuerdo a tres clasificaciones:

1. Ocupación de camas por hospitalización general.

2. Ocupación de camas con ventilador.

3. Ocupación de camas con ventilador UCI.

Los datos previamente referidos, se desagregan a continuación:

5

6

7

Partiendo de los datos expuestos, es menester actuar de forma inmediata sobre la saturación de los hospitales. Considerando que, la necesidad más próxima es contar con infraestructura para la atención de los casos de Covid-19 en el estado, se realizaron las indagatorias pertinentes, concluyendo que la Sedena cuenta con los inmuebles requeridos y, adicionalmente, se cuenta con el PLAN-DN-III-E, que permite activar hospitales militares bajo distintas premisas, entre las cuales se encuentra la contingencia por Covid-19. Actualmente, hay 7 hospitales activados en 5 puntos del país, por lo que es viable invocar la aplicación de los lineamientos del PLAN-DN-III-E que permitirían la apertura de la infraestructura militar para la atención de pacientes Covid-19 en el estado de Aguascalientes.

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al general Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, iniciar la aplicación del Plan DN-III-E en el estado de Aguascalientes a la brevedad posible.

Notas

1 https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid- 19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2 -variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-comp osition. Organización Mundial de la Salud. 17 de enero 2021. 13:00 horas.

2 https://elpais.com/ciencia/2022-01-02/omicron-es-el-virus-con-la-propag acion-mas-rapida-de-la-historia.html

3 https://www.tecnomedicina.mx/vtwo/wp-content/uploads/2020/08/INSTALACIO NES_MILITARES.pdf

4 https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome . Sistema de información de la Red Irag. Secretaría de Salud. Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 15:15 horas.

5 https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome. Sistema de información de la Red Irag. Secretaría de Salud. Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 15:30 horas.

6 https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome. Sistema de información de la Red Irag. Secretaría de Salud. Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 15:33 horas.

7 https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome. Sistema de información de la Red Irag. Secretaría de Salud. Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 15:38 horas.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar a rendir un informe sobre la colaboración de personal suyo en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Mérida, Tapachula, Cozumel, Tuxtla Gutiérrez y Chichén-Itzá, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado martes 18 de enero de 2022, mandos de la Secretaría de Marina sustituyeron a los comandantes y todos los elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad de al menos siete aeropuertos mexicanos, entre estos se encuentran: El Aeropuerto de la Ciudad de México, Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Mérida y Chichén Itzá, Yucatán y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En cuanto al Aeropuerto de la Ciudad de México, los cambios de los mandos responsables de la seguridad se realizaron este día en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto, arribando alrededor de 250 marinos, quienes estarán a cargo de la seguridad de usuarios y trabajadores.1 Hasta el momento la Secretaría de Marina no ha revelado el motivo ni ha emitido un comunicado oficial sobre estos cambios.

Cabe destacar que esto no es la primera vez que ocurre, recordemos que en otras áreas del gobierno federal, como puertos, aduanas, estaciones migratorias, incluso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), han sido tomadas por las Fuerzas Armadas y particularmente de la Marina; en este último caso, recordemos que dio cuenta el propio almirante secretario José Ojeda Durán el pasado 20 de diciembre, cuando confirmó que el personal naval logró desmantelar una red de corrupción que implicó el despido de al menos 19 funcionarios y la toma de control de cinco áreas estratégicas al interior de la institución.2

Al día siguiente del anuncio del titular de la Secretaría de Marina (Semar), un decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, dio cuenta de las modificaciones en los reglamentos internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de dotar a estas dos últimas instituciones con la facultad de administrar las aduanas fronterizas y marítimas en el caso de Semar y la administración del aeropuerto de Chetumal, a través de la constitución de fideicomisos públicos para recibir y administrar los recursos aduaneros.3

Ahora bien, según el Acuerdo por el que se aprueban el Programa Institucional de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2020-2024, y el Programa Institucional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV 2020-2024, sólo uno de los 77 aeropuertos de nuestro país es administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido dicho acuerdo señala lo siguiente:

“México cuenta con 77 aeropuertos, de los cuales 35 se encuentran concesionados a cuatro grupos aeroportuarios (Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario Centro Norte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México); 19 son operados por ASA, quien también participa en otros cuatro en sociedad con gobiernos estatales y en uno, además, con inversión privada. De los 18 aeropuertos restantes, tres son administrados por particulares, uno por la Secretaría de la Defensa Nacional y 14 por gobiernos estatales y municipales”.4

II. Si bien el actual gobierno federal, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, abanderó como promesa de campaña la desmilitarización del país, insistiendo que las fuerzas armadas debían regresar a los cuarteles en un plazo no mayor a 6 meses, cada día se le atribuyen más tareas que en principio son facultades de civiles; entre éstas, la construcción de escuelas y hospitales; remodelación de aeropuertos y tramos carreteros; mantenimiento de vías férreas; edificación de sucursales del Banco del Bienestar y bases de la Guardia Nacional; combate al robo de combustibles, mejor conocido como “huachicol”; resguardo, distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19; vigilar aduanas; distribución de libros de texto gratuitos para las escuelas públicas; y entrega de fertilizantes a los campesinos.

El titular del Poder Ejecutivo federal ha tratado de justificar el uso de las Fuerzas Armadas en la mayor parte de las áreas de desarrollo del país, asegurando que la presencia de dicha institución debe coadyuvar al progreso de la nación y que el Ejército en realidad se trata de “pueblo uniformado”; no obstante lo anterior, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado reiteradamente su preocupación por la creciente militarización en la región.

Inclusive, la OEA ha publicado comunicados de prensa en los que específicamente ha reiterado a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, relacionados con el orden público y seguridad ciudadana, particularmente por lo que hace al “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.

Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que, por regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana están primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles. No obstante, las fuerzas armadas podrán intervenir excepcionalmente en tareas de seguridad, siempre que su participación se realice de modo extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales.5

En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2016 , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, situación agravada por la impunidad que prevalece en estos casos respecto de los agentes militares involucrados. La CIDH recomendó a México desarrollar un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, fortalecer a las fuerzas policiales, adoptar una ley general sobre uso de la fuerza y crear un mecanismo de rendición de cuentas ante el uso de la fuerza letal.6

De igual manera, de acuerdo con la organización internacional Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra, resulta preocupante que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador continúe profundizando la militarización de la seguridad pública que comenzó en los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Lo anterior, en virtud de que el número de quejas por violaciones graves a los derechos humanos ha aumentado de manera notoria debido a la militarización.7

En este contexto, continuar otorgando a las fuerzas militares atribuciones en materias ajenas a su competencia, sin justificación alguna, lejos de que realicen actividades extraordinarias bajo los criterios interamericanos, acerca al país al incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

III. En tanto al marco jurídico, la Ley de Aeropuertos establece en su artículo 71 que las autoridades federales podrán prestar de forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de aeronaves, pasajeros e instalaciones en las situaciones en que se considere que exista una situación de emergencia o se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestara? conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.

En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo ”.8

En este sentido, de la interpretación lógica del artículo anteriormente citado, resulta evidente que la vigilancia interna de los aeropuertos civiles es responsabilidad del concesionario o permisionario y sólo en los casos en los que se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales prestarán vigilancia para preservar la seguridad.

Por tal razón es que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante este punto de acuerdo, solicitamos que se dé claridad y sobre todo transparencia al proceso en el cual la Secretaría de Marina está tomando el control de las labores de vigilancia y seguridad de los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Mérida, Tapachula, Cozumel, Tuxtla Gutiérrez y Chichén-Itzá, a fin de no continuar militarizando las labores civiles.

Por lo anteriormente expuesto sometemos su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Marina para que con base en sus atribuciones haga público un informe con respecto de la colaboración que su personal se encuentra realizando en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Mérida, Tapachula, Cozumel, Tuxtla Gutiérrez y Chichén-Itzá, con el objeto de que se dé a conocer el plan de acción a tomar por parte de sus elementos, las labores que éstos realizarán y la finalidad de las mismas, así como también la temporalidad en que se encontrarán realizando dichas labores y cuántos elementos de la Secretaría de Marina estarán realizando dichas acciones.

Notas

1 Marina toma control de la seguridad de 7 aeropuertos mexicanos. TV Azteca Noticias. Recuperado de: www.tvaztecanoticias.com

2 Marina toma control de siete aeropuertos. Eje Central . Recuperado de: https://www.ejecentral.com.mx/marina-toma-control-de-siete-aeropuertos/

3 Ídem

4 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2020). ACUERDO por el que se aprueban el Programa Institucional de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2020-2024, y el Programa Institucional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 2020-2024. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605600&fecha=24 /11/2020>

5 La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en materia de seguridad ciudadana; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 25 de julio de 2020; disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/178.asp

6 Ídem

7 Amnistía Internacional. (2021). Es urgente que el gobierno mexicano detenga la participación de militares en tareas de seguridad pública: OSCs. Amnistía Internacional. Recuperado de: <https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/es-urgente-que-el-gobie rno-mexicano-detenga-la-participacion-de-militares-en-tareas-de-segurid ad-publica-oscs/>

8 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1995). Ley de Aeropuertos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/15_200521.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas instancias de seguridad pública municipales, estatales y federales a implantar acciones para restablecer el orden, la paz y la seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN

Patricia Terrazas Baca, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con diversos medios locales, el 12 de enero de 2022, presuntos miembros del crimen organizado realizaron diversos disturbios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un lapso de tres horas, prendieron fuego a cinco vehículos, una tienda de conveniencia y un local que funcionaba como módulo de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La agresión en contra de los camiones ocurrió en los cruces de las calles Nahualtecos y Quetzales en la colonia Los Aztecas, Talamas Camandari y Monte Blanco en la colonia Finca Bonita.

También en el cruce de las calles Puerto Tarento y Soneto de la colonia Castillo Peraza, en un parque industrial situado al sur oriente de la ciudad en el cruce del bulevar Independencia y Santiago Troncoso.

Así también en la colonia Rincones de Salvarcar en el cruce de las calles Hacienda del Refugio y Jesús Valdez.

Al lugar de los hechos acudieron diferentes corporaciones como la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigaciones y se contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional.

En rueda prensa el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya, informó que se está trabajando, para esclarecer los hechos, sin dar a conocer el grupo delictivo al cual es atribuyen estos actos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ciudad Juárez es la segunda ciudad más violenta de la República. Es evidente que el gobierno municipal no ha podido garantizar la seguridad de sus habitantes, aun con la presencia y apoyo de la Guardia Nacional.

Al respecto, quisiera retomar los comentarios del especialista y columnista Alejandro Hope, que al cuestionarse del significado de la impunidad, señala que esto se explica ya que el costo marginal de la violencia es Cero, el riesgo para un delincuente de ser capturado no cambia si se mata a una, a 8, a 14 personas. La sanción es incierta y salvo una respuesta extraordinaria de la autoridad, -que difícilmente se da- los delincuentes saben que lo más probable es que no suceda nada.

Existe una enorme deuda en materia de procuración de justicia. Necesitamos que las instituciones de impartición de justicia, hagan eso, impartir justicia.

Necesitamos garantizar la seguridad de la población y ello solo se podrá lograr con apego a derecho, sin simulaciones y sin complacencias.

Necesitamos restituir en la sociedad no solo la paz y la tranquilidad, sino también la confianza en las instituciones.

La sociedad esta harta de vivir en la corrupción y la impunidad, debemos dar respuesta a la exigencia social de que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno actúen de manera inmediata, contundente y transparente, pero sobre todo efectiva.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instancias de seguridad pública municipal, estatal y federal para qué, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones necesarias para reestablecer el orden, la paz y la seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instancias de seguridad pública municipal, estatal y federal a efecto de que realicen las investigaciones correspondientes y sancionen a los responsables de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez Chihuahua, para que estos actos no queden impunes.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputada Patricia Terrazas Baca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y diversas autoridades ambientales a garantizar y proteger la biodiversidad nacional, reforzar la protección de especies en peligro de extinción y hábitat amenazados y fortalecer los programas de conservación y toma de conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar la biodiversidad, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones y en colaboración, garanticen y protejan la biodiversidad nacional, reforzar las medidas de protección a especies en peligro de extinción y habitad que se encuentren amenazadas, y fortalecer los programas de conservación y concientización a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La biodiversidad o diversidad biológica, es la forma de vida en el planeta, todos los ecosistemas, especies y complejos de organismos ecológicos.

La importancia de la biodiversidad en el planeta juega un papel importante, ya que es la encargada de garantizar un equilibrio en todos los ecosistemas, soporte de los procesos esenciales para que nuestro planeta sea adecuado para albergar vida, por ende, los humanos dependemos de ella para sobrevivir.

La biodiversidad abarca todo tipo de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que se encuentran en un ecosistema determinado y van de la mano con otros para un equilibrio ecológico necesario, los animales y todo ser vivo que comprende cada ecosistema, dependemos de diversidad biológica.

En el planeta se tiene un registro de más de 7.7 millones de especies de animales y más del 20 por ciento se encuentra en peligro de extinción, animales especiales y raros pero indispensables en el planeta, ya se encuentran extintos o bien están por desaparecer de faz de la tierra.

Al igual que la flora y fauna silvestres de nuestros ecosistemas están desapareciendo, algo preocupante para el mundo.

Segunda. La importancia de cuidar la biodiversidad es porque es aquella que nos brinda los recursos necesarios para sobrevivir, de ella obtenemos los alimentos, el agua y recursos que nos permiten producir y fabricar todo lo que se conoce hoy en día, en definitiva, nuestra vida depende del buen cuidado y sostenimiento de hábitats, ecosistemas vivos y sanos.

Tercera. México es considerado un país “megadiverso”, esto ya que forma parte de un grupo selecto de diversas naciones poseedoras de una diversidad de animales y plantas, así como diversidad de ecosistemas y litorales en sus costas.

Gracias a su posición geográfica, México cuenta con 10 por ciento de las que existen en el planeta se encuentran en su territorio, lo que lo convierte en uno de los países llamados “megadiversos”. Conservadoramente se ha estimado que 200 mil especies podrían habitar en el país. En lo que a ecosistemas se refiere, México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica y la región del Caribe, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. Sin embargo, si se toma en cuenta el número de ecorregiones, México es el país más diverso de la zona. A nivel mundial, tan sólo China e India rivalizan con México en la diversidad de su cubierta vegetal. Además del alto número de especies y ecosistemas.

Cuarta. Desgraciadamente, las actividades que impulsan el desarrollo de la sociedad ejercen una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, afectando a las especies que los integran, su estructura y la persistencia y calidad de los servicios ambientales que brindan.

Los principales factores que amenazan la biodiversidad son el cambio de uso del suelo (impulsado principalmente por las actividades agropecuarias), el crecimiento demográfico y de infraestructura (construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), la sobreexplotación y uso ilegal de los recursos naturales, los incendios forestales, la introducción de especies invasoras y el cambio climático global.

Como resultado de éstas y otras presiones, la NOM-059-SEMARNAT-2001 reconoce actualmente 2 mil 583 especies mexicanas en alguna condición de riesgo, siendo las plantas el grupo más afectado (939 especies, entre angiospermas y gimnospermas), seguido por los mamíferos (126 especies) y las aves (108 especies).

Derivado de los anteriores factores, en específico, México, experimenta una ola imparable de extinciones en ecosistemas, la alármate pérdida de hábitats, especies, organismos y el acelerado cambio climático hace que la diversidad se esté extinguiendo a pasos acelerados.

Por su parte, el aparato gubernamental a través de sus instituciones encargadas en la materia ambiental, establecen políticas públicas, proyectos, acciones y estrategias para contrarrestar esta problemática en el país, pero son débiles al no contar con los mecanismos necesarios y presupuesto monetario mínimo para asegurar la conservación, restauración y manejo sustentable de la biodiversidad.

México necesita una planeación y combate contra los actores depredadores de la biodiversidad y campañas de protección a la ciudadanía de diversidad bilógica ya que es fundamental para la existencia de la humanidad.

Reducir el impacto y frenar las tendencias del deterioro ambiental en los ecosistemas y recursos naturales con una base firme de proceso de restauración y recuperación ecológica en colaboración con las entidades mexicanas y el gobierno federal a través de sus instituciones encargadas en la materia es de vital importancia y urgencia, con altos criterios de sustentabilidad que se deben tomar y aplicar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones y en colaboración, garanticen y protejan la biodiversidad nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones y en colaboración, reforzar las medidas de protección a especies en peligro de extinción y habitad que se encuentren amenazadas.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones y en colaboración, fortalecer los programas de conservación y concientización a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a emprender acciones que mitiguen los efectos de la inflación para crear un plan contra las alzas en favor de la economía familiar, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emprender acciones que mitiguen los efectos de la inflación, con el fin de crear un plan contra la alza de precios, en favor de la economía familiar, lo anterior de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Primera. Con la pandemia de coronavirus que vivimos actualmente, no sólo enfrentamos a un grave problema de salud, sino también a graves problemas económicos que repercuten en gran medida en la economía nacional y en la economía de miles de familias mexicanas. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 se cerró con una tasa de inflación anual en 7.36 por ciento, lo cual significa que es la más alta en México en los últimos 21 años.

Debemos recalcar que los efectos de la inflación en una economía son numerosos, y sin una buena educación financiera o conocimientos básicos de finanzas, puede resultar complejo sobrellevar esta grave situación económica, lo que en gran medida es el caso de miles de familias mexicanas, que al contar con un continuo incremento de los precios, esto afecta gravemente su economía. También es importante contemplar que aun cuando se luche por un salario mínimo más alto para la sociedad mexicana, este no alcanza para cubrir las necesidades elementales de alimentación, siempre y cuando los precios de la canasta básica sigan siendo tan altos, ya que estos se ven en gran medida afectados por los efectos provocados en la inflación nacional. En pocas palabras, el dinero no le alcanza a las familias mexicanas y millones de ellas no pueden acceder a la canasta básica debido a la inflación histórica en la que actualmente estamos sumergidos.

Adicionalmente, desde 2018 la cantidad de pobres no ha cesado en aumentar, y una inflación tan descontrolada no solo dificulta, sino propicia que las cifras de pobreza en México se mantengan en crecimiento. Asimismo, se perjudica el poder adquisitivo, lo cual genera un impacto negativo en el intercambio monetario de bienes y servicios necesarios para el sostenimiento individual o familiar en el hogar.

Sumado a lo anterior, la inflación puede llegar a provocar incertidumbre en los inversores y la fuga de capitales, por lo que los desalentados flujos de inversión cierran oportunidades a diversos sectores económicos, generando una cadena de personas y entes afectados que ven reducidos sus ingresos, pues es así como el crecimiento económico se verá seriamente afectado, con ello el estancamiento provocará efectos perjudiciales a las empresas y su facultad de contratación, por lo que la tasa de desempleo también podría aumentar de forma crítica y sin precedentes.

Se debe contemplar que desde noviembre del año pasado la moneda nacional ha atravesado momentos difíciles, pues en este mes se comenzó a registrar una caída en la moneda de 1.69 por ciento así como una depreciación de 4.43 por ciento, lo que ha provocado que la nación se mantenga en alerta, pues de acuerdo con analistas, el peso es una de las monedas más líquidas de América Latina, una de las que más se intercambian en los mercados financieros, lo que la vuelve más vulnerable a variaciones bruscas en el tipo de cambio.

Además de lo anterior, la moneda mexicana puede sufrir estragos al ver su valor depreciado, lo que dará lugar a que tanto los ahorradores como los inversores resientan la devaluación de sus recursos. En adición, las importaciones también se verán afligidas, por el hecho de que la adquisición de productos extranjeros con una moneda depreciada provocará un sobrecoste en ellos.

Es así como los efectos mencionados anteriormente son sólo algunos de los efectos negativos provocados por una inflación descontrolada como la que vivimos hoy en día, que a saber, son bastante semejantes a las ocasionadas por la pandemia del Covid-19, ya que ha dejado a muchas familias mexicanas seriamente afectadas, ya sea por la pérdida de familiares, el cierre de negocios, disminución de sueldo, y que además conlleva gastos extraordinarios para sobrellevar la enfermedad, entre muchas otras que persistirán en caso de no tomar las acciones necesarias para mitigar los efectos de la inflación.

No es posible fomentar una recuperación económica efectiva si no se resuelve el problema planteado, por lo tanto, es urgente actuar al respecto para que en el largo plazo no se padezcan mayores infortunios, pues en 2022, la previsión de consenso es que el crecimiento continúe la fase de desaceleración que se inició hace un semestre, pero que se mantenga a unas tasas todavía por encima de las obtenidas en los años previos a la Covid. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sitúa la subida del producto interno bruto mundial en 4.9 por ciento. Las economías tendrán que acostumbrarse poco a poco a funcionar sin tanta liquidez en el sistema.

La inflación es el factor de riesgo que más temen los expertos para 2022, pues el consenso de los analistas considera que las presiones continuarán, y no descartan que las previsiones de inflación haya que corregirlas al alza en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. De los factores que están haciendo crecer los precios, el que es visto como más coyuntural es el relativo a las disfunciones en las cadenas de aprovisionamiento globales, de acuerdo con estos analistas los cuellos de botella deberían estar solucionados entre primavera y verano de este año.

Como medida de acción frente a los efectos negativos de la inflación, se pueden llevar a cabo diversas maniobras para mitigar sus efectos en la medida de lo posible; una estrategia sería la de apoyar a las micro y pequeñas empresas, ya que estas son las más afectadas, y las que concentran la mayor cantidad de negocios del país.

Segunda. Millones de mexicanos dependen de las micro y pequeñas empresas para el mantenimiento de su hogar, en este sentido, el progreso, desarrollo y crecimiento de estos negocios favorece a contrarrestar los efectos negativos provocados por la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo, la pobreza, el ahorro y la inversión, dando paso a la vez al crecimiento económico.

En sustento de lo anteriormente mencionado, el hecho de apoyar a las micro y pequeñas empresas favorece la supervivencia de negocios de cuyos ingresos dependen tanto los propietarios como sus empleados, y con su éxito se empeñan en la inversión para su crecimiento, dando paso a que se generen mayores ingresos, competitividad en precios y oportunidades laborales.

Sin embargo en las cadenas productivas, las Pyme (pequeñas y medianas empresas) dependen de empresas grandes que pueden ser potenciales compradoras o con las cuales compran sus insumos. Por ello, las pequeñas y medianas empresas son susceptibles a las fluctuaciones de los principales indicadores de la macroeconomía, y esto desprende la vital importancia de entender cómo la inflación afecta a las Pyme.

En los casos de inflación, estos negocios sufren un mayor riesgo a desaparecer, y con ello propiciar las consecuencias negativas de mayor pobreza, desempleo, menoscabo al ahorro, inversión y decrecimiento económico, mientras que su existencia garantiza el mantenimiento de quienes los integren, y hasta de percibir la pérdida del poder adquisitivo de manera menos perjudicial.

Los incentivos fiscales para micro y pequeñas empresas pueden representar una forma de mitigar los efectos de la inflación para millones de mexicanos, no obstante una de las cuestiones que más afecta producto de la inflación es el acceso a nuevo capital. Así que, para las Pyme es también de suma importancia vigilar las tasas de interés y su influencia dentro del sector financiero.

Tercera. El panorama económico luce incierto, por la convergencia de eventos de diversa índole en los ámbitos internacional y doméstico, que son aderezados por la circunstancia de las nuevas cepas de Covid, sin embargo, el fenómeno económico que más llama la atención en esta coyuntura es el brote inflacionario, que se vive por igual en economías desarrolladas y periféricas, con pocas excepciones. Las razones son diversas y tienen que ver con la afectación de las cadenas de suministro, el encarecimiento de la energía, el impulso al gasto público de las principales economías y la escasez en determinados sectores. En los últimos años, los mexicanos hemos realizado grandes esfuerzos en la lucha contra la inflación, en este empeño hemos tenido claros nuestros propósitos, sin embargo la estabilidad de precios no se ha perseguido aunque sea hoy en día primordial dada la actual emergencia sanitaria por la que todo el mundo atraviesa.

Es claro el objetivo de la estabilidad monetaria, y hay que señalar lo fundamental que esto es para la economía del país. Esto no implica que deba ser el único fin último de la política monetaria, esto debe ser con el fin de contribuir al logro de los objetivos macroeconómicos, estos incluyen el pleno empleo o el crecimiento económico equilibrado, puesto que la existencia de otros fines junto a la estabilidad de precios permite a la autoridad monetaria actuar discrecionalmente contribuyendo a la consecución a corto plazo de otros objetivos y a largo plazo con la estabilidad de precios.

En cuanto a esta jerarquía, se debe asignar una importancia primordial a la estabilidad de precios, algo esencial para su contribución en el logro de un entorno económico favorable y un alto nivel de empleo. El mantenimiento de la estabilidad de precios de una forma sostenida a largo plazo, es una condición fundamental para aumentar el bienestar económico y el potencial de crecimiento de la economía, es de destacar que ambos son necesarios para la consecución del otro, es decir, la estabilidad de precios contribuye a favorecer un clima financiero equilibrado, y a su vez este permite la consecución de la estabilidad monetaria.

Dicha estabilidad, puede contribuir al logro del resto de los objetivos comunitarios al propiciar un marco de estabilidad que genera inversión, como el crecimiento económico y del empleo. La existencia de esta estabilidad facilita las decisiones de los agentes privados que tienen expectativas favorables respecto al comportamiento de precios, fomentando la competencia y la eficiencia económica.

Esto implica evitar tanto la inflación como la deflación prolongada, ya que son fenómenos económicos que tienen repercusiones negativas para la economía, ya que el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios a lo largo de un largo periodo produce como consecuencia un descenso del valor del dinero, y por tanto, del poder adquisitivo. La estabilidad de precios contribuye al logro de altos niveles de actividad económica y empleo por la mejora de la transparencia del mecanismo de precios.

Dicho lo anterior es vital un plan que permita mitigar los efectos negativos que provoca la inflación actual pues ante la andanada de incrementos de precios, han surgido declaraciones sobre la necesidad de que las autoridades intervengan para frenar dichos aumentos. Del mismo modo es indispensable para la economía del país alcanzar una posición fiscal sostenible, el esquema de objetivos de inflación puede ser utilizado como un mecanismo eficiente para imponer disciplina en la política monetaria y de esta forma reducir la inflación de manera sostenible.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para prevenir los efectos negativos que se pudiesen presentar por la actual inflación que se presentó en incremento desde noviembre del año pasado, de la cual esta sigue repercutiendo en las miles de familias del territorio nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito público Rogelio Ramírez de la O para que emprenda acciones que mitiguen los efectos de la inflación, con el fin de crear un plan contra la alza de precios, en favor de la economía familiar de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2022.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la FGJ de Morelos a atender con celeridad el caso del niño Ricardo Martínez acaecido el 16 de enero de 2022 en Tlayehualco, Tlalquiltenango, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador de la república en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al gobierno del estado, y a la Fiscalía General de Justicia en el estado de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias, atiendan con celeridad el caso del niño Ricardo Martínez acaecido el día 16 de enero del año en curso, en la comunidad de Tlayehualco, Tlalquiltenango, en el estado de Morelos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El domingo 16 de enero del presente, el niño Ricardo Martínez de 6 años salió de su domicilio para jugar con sus amigos, siendo la última vez que se le viera con vida.

Pese a la búsqueda realizada por su familia y vecinos en los alrededores, el pequeño fue encontrado sin vida con múltiples golpes en todo su cuerpo en el poblado de Palo Grande, en el mismo municipio de Tlaquiltenango.

Ricardo apenas el día 12 de enero cumplió 6 años, al salir de la misa de cuerpo presente la banda de música que lo escoltó al panteón tocaba las tradicionales “mañanitas” por lo que su deceso ha consternado a la sociedad morelense, pues resulta inconcebible que alguna persona cometa un hecho tan atroz en contra de un menor de edad.

Habían transcurrido apenas 16 días del año que comienza y el día 11 fue privado de la vida el ingeniero Benjamín López Palacios, alcalde de Xoxocotla, en Morelos, por lo que el día 12 solicité en esta misma tribuna un minuto de silencio en su memoria y de igual forma presente una proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Morelos a implementar acciones contundentes en la prevención del delito y en el combate a la delincuencia garantizando la seguridad de la ciudadanía ante el incremento de las conductas delictivas en el estado.

Pero el día de hoy no solo vengo a pedir un minuto de silencio en memoria del pequeño Ricardo, vengo a levantar la voz en su nombre y sin el ánimo de revictimizarlo hoy me sumo a la voz de la sociedad morelense que exige justicia para Ricardo.

Considero que no es necesario repetir las cifras que lamentablemente dan cuenta de la violencia e inseguridad que se vive en mi estado, los hechos demuestran que es urgente que esta comisión permanente exhorte a las autoridades competentes para que se esclarezca el homicidio del niño, se castigue a los responsables, que no se convierta en un caso más que con el pasar de los días la carpeta de investigación quede en el olvido; la familia de Ricardo es de condición humilde y para ellos la justicia es aún más lenta.

Compañeras y compañeros legisladores, ya le fallamos a Ricardo como sociedad, no le brindamos un espacio seguro para crecer, hemos sido indiferentes ante el dolor de los que menos tienen, de nuestros niños y niñas que lo único que anhelan a esa edad es jugar y vivir en paz.

No le fallemos a Ricardo dejando su homicidio impune, no le fallemos a los niños de nuestro país. ¡Justicia para Ricardo! ¡Justicia para todos los niños y todas las niñas!

Por ello, es que someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . - Por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias, atiendan con celeridad el caso del niño Ricardo Martínez acaecido el día 16 de enero del año en curso, en la comunidad de Tlayehualco, Tlalquiltenango, en el estado de Morelos.

Fuentes

https://www.tribuna.com.mx/seguridad/2022/1/18/salio-jug ar-no-volvio-hallan-muerto-ricardo-nino-de-anos-desaparecido-en-morelos -282989.html

https://www.diariodemorelos.com/noticias/
matan-golpes-ni-o-de-6-os-en-tlaquiltenango-estaba-reportado-como-desaparecido

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar de manera escalonada un programa nacional de “médico en casa” para atender casos de Ómicron, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorarios Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo y de la Secretaría de Salud para implementar de manera escalonada un programa de “médico en casa” a nivel nacional, para atender casos de ómicron, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., establece que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

También esta misma ley fundamental, en su artículo 73 establece que “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.”

Por lo tanto, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud son elementos que se establecen en el artículo 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desafortunadamente, el gobierno actual sigue llevando un mal manejo de la pandemia, negándole a las familias mexicanas su derecho constitucional y humano a la protección de la salud, de tal manera que no están activando mecanismos para la prevención de enfermedades, entre ellas la nueva variante del Covid, Omicrón.

Segunda. El Covid ha obligado a adoptar medidas con una incidencia directa en los derechos fundamentales de las personas y que han afectado al bienestar social de los ciudadanos.

La capacidad de la población al protegerse del contagio de Covid-19 depende en gran medida de la disponibilidad de ciertos bienes y servicios. Específicamente aquellos que están ligados a la higiene así mismo como contar con un espacio habitacional lo suficientemente amplio para permitir realizar las actividades diarias sin entrar en contacto con miembros ajenos al hogar. Estos bienes se encuentran distribuidos de forma muy desigual en todo el mundo, y México no es la excepción en este patrón.

En los últimos días se ha registrado un incremento mayor de 100 por ciento de los contagios de covid-19 en al menos 24 entidades del país. Donde se destacan los casos de Colima, Yucatán y Campeche con alzas mayores a 900 por ciento. Las estadísticas de la Secretaría de Salud señalan que en Colima, las infecciones en los últimos 14 días suman 658 casos, una cifra mayor en mil 96 por ciento respecto a los 55 contagios reportados entre el 10 y 23 de diciembre de 2021.

A escala nacional, la mayor transmisión de la variante ómicron ha provocado un alza de 153 por ciento en los casos positivos, pues tan sólo en los últimos 14 días se registraron 78 mil 984 infecciones, de acuerdo con los reportes oficiales. A escala mundial se han reportado cifras récord de contagios; por ejemplo, en Estados Unidos se rebasó la cifra del millón de transmisiones diarias y en países europeos como Gran Bretaña, Alemania y Francia también se registran niveles superiores a las olas pasadas de Covid-19.

La actual crisis sanitaria está teniendo un efecto pro-desigualdad en el caso de la economía mexicana. Ello, pues los segmentos poblacionales más afectados por la contracción de ingresos son aquellos ubicados en la parte más baja de la distribución, mientras que los ubicados en la parte alta han sido menos afectados. Según el reporte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el porcentaje de personas que transitó de ser no pobre a ser pobre se incrementó en términos netos, al ser mayor el flujo de entrantes a la situación de pobreza al número de personas que salían de dicha situación, sin registrarse cambios sustanciales en las poblaciones persistentemente pobres o no pobres. Es decir, el choque de la pandemia implicó que quienes se encontraban en el límite entre ser pobre y no pobre terminaran entrando a la situación de pobreza. Y hasta ahora, la recuperación no ha bastado para permitirles abandonarla.

Dada la focalización del impacto de la crisis en una serie específica de sectores, esto también ha implicado una diferenciación de impactos en términos geográficos. En particular, la Ciudad de México ha sido la entidad federativa más afectada. Esto trajo consigo una reducción en la desigualdad entre estados. Esta reducción en la desigualdad es difícil que se mantenga en el mediano plazo, en tanto que los estados del norte del país recibieron un menor impacto de la crisis y son los que principalmente se beneficiarán de los efectos de la política de rescate implementada en los Estados Unidos. Lo preocupante en realidad es la magnitud del desplome en el ingreso laboral de los habitantes de la Ciudad de México, pues este ocurrió de forma generalizada y en una magnitud considerable.

El patrón de recuperación de empleo no pinta un buen escenario para el mercado laboral mexicano en el mediano plazo. Ya que es un patrón en donde la recuperación de empleo está ocurriendo primordialmente en la cola inferior de la distribución, mientras los segmentos intermedios permanecen por debajo de lo observado a inicio de 2020. De igual forma, los empleos ubicados en la parte alta de la distribución ya se recuperaron, lo que apunta a una combinación de polarización en términos salariales acompañada de una precarización de las condiciones mayoritarias de la población ocupada.

La variante ómicron se está convirtiendo en la preponderante en México, al igual que en otras partes del mundo. Tiene una característica importante a diferencia de la variante delta. Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales, pero afortunadamente, tiene menor probabilidad de daño en los pulmones.

Sin embargo, esto no garantiza la salud a toda la población, se necesita ser más humilde y solidario para poder controlar la pandemia y salvar más vidas. Una referencia precisa de cómo poder generar una acción para mejorar el estado de salud de nuestro país es implementando mecanismos y programas como médico en casa, pero en esta ocasión a nivel nacional, el cual consistirá en brigadas de salud integradas por profesionales como médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, entre otros, que recorrerán casa por casa las diversas colonias en los 32 estados del país. Los servicios deberán ser totalmente gratuitos, incluyendo medicamentos y estudios de laboratorio.

Las brigadas de médico en tu casa podían realizar 4 actividades: consulta, referencia de pacientes, promoción de la salud y visita domiciliaria, la cual podía llevar diagnóstico, atención médica inicial y seguimiento. Uno de los objetivos del programa será la prevención de contagios entre los ciudadanos, así como el poder localizar e identificar a personas que por su condición de salud no pueden trasladarse a la unidad médica para su atención. No obstante, si es el caso que necesitará alguien de atención médica podrá asistir a las unidades médicas móviles de la Secretaría de Salud para recibir también atención de especialistas.

Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal y al de la Secretaría de Salud para implementar de manera escalonada un programa de “médico en tu casa” a nivel nacional, para atender casos de ómicron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 enero de 2021.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a convocar a diversas instancias para formar una mesa de diálogo y atención interinstitucional de la crisis cíclica del agua en la entidad, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, diputado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la última década Nuevo León ha enfrentado una crisis cíclica de desabasto de agua, que se ha agudizado entre otras causas por factores asociados a altas temperaturas, fugas constantes, escasa lluvia e incremento desproporcionado en su consumo y debido la ausencia de una política de Estado efectiva que reconozca al agua como un asunto de seguridad nacional con una visión garantista y de coordinación con los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado.

Sin embargo, la problemática persistente de sequías cada vez más prolongadas que enfrenta Nuevo León, es por demás conocida, incluso considerada como histórica, tal y como se confirma en la investigación Historia de las crisis del agua en el área metropolitana de Monterrey (AMM) en el que se sostiene que es conocido que después de cada inundación del AMM, por las lluvias y las avenidas del río Santa Catarina, ocurre una prolongada sequía, pero se ignora si en las crisis que se avecinan emergerán nuevos actores y procesos que se configuraron debido a las características de las crisis pasadas. Se sabe poco del manejo del agua que se da entre crisis, y las nuevas generaciones desconocen la dolorosa y catastrófica transición hacia una crisis nueva.1

De manera sistemática en octubre y noviembre de cada año, la crisis de agua y los bajos niveles captación en las tres principales presas: La Boca y Cerro Prieto, localizadas en el municipio de Linares y El Cuchillo-Solidaridad, en el municipio de China, agudizan la problemática.

Adicionalmente, la contaminación del arroyo Topo Chico, en San Nicolás de los Garza, del río Santa Catarina que atraviesa parte de los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Santiago y Cadereyta y el río pesquería, en los municipios de García, Monterrey, Escobedo, Apodaca, se encuentran en una situación crítica, en materia de contaminación y de daño a los ecosistemas.

De manera específica, el arroyo Topo Chico, enfrenta problemas de contaminación debido a las aguas negras, malos olores y el tiradero de basura en que se ha convertido. Tratándose del río Pesquería, es un basurero de escombros, quema de desperdicios orgánicos y desechos sólidos incluyendo de hospitales y de Covid-19, expuesto al aire libre.

Por lo tanto, la situación de riesgo que comprometen la salud y la vida de la población en Nuevo León, nos confirma no sólo la omisión prevaleciente en la que ha incurrido la Comisión Nacional del Agua, sino la falta de voluntad política de los titulares de los ejecutivos locales para enfrentar de manera preventiva la crisis que por más de una década continúa agudizándose y que a partir de enero de 2022, se tiene previsto cortes al suministro ante la escasez del vital líquido.

En este marco, estoy convencido que si bien diversas fuerzas políticas han alzado la voz para manifestar la solución al desabasto de agua, la contaminación de arroyos y ríos y la falta de una política pública en estas materias, como en el caso de los diputados de Acción Nacional quienes, desde 2018 han exhortado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que revise la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo, en el marco del acuerdo de coordinación con fecha noviembre de 1996 y emita opinión de factibilidad y viabilidad técnica a partir de la reducción del área de riego del distrito 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas y del crecimiento demográfico del Área Metropolitana de Monterrey2 . En el mismo sentido, el Congreso de Nuevo León, ha exhortado al Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, para que informe de manera precisa, detallada y objetiva sobre la situación que enfrenta el estado con la escasez de agua potable en la entidad3 entre otras acciones.

Por su parte, los medios de comunicación han jugado un papel trascendental respecto del tema, dando una cobertura puntual y detallada desde hace una década sobre la necesidad de atención en materia de desabasto de agua, la sequía, la contaminación de ríos y arroyos y el estado estructural en que se encuentran las presas en la entidad. Por ejemplo, el reportaje de Miguel Ángel Vargas, La crisis del agua en NL , en el que destaca que han transcurrido 10 años de esa grave crisis hídrica, y parece que no aprendimos la lección... Ante una situación tan apremiante como ésta, los ciudadanos debemos aprender a cuidar el agua porque la temporada de calor será intensa, de acuerdo con las proyecciones de los expertos de la Comisión Nacional del Agua. No estamos tan lejos de volver a los llamados “tandeos” o cortes de agua, o del uso obligatorio de los tinacos para optimizar. Lo mínimo que esperamos es ver campañas como la del niño simpático que decía: “no la riegues, ciérrale”.4

Ahora bien, como parte de las acciones implementadas por el titular del Poder Ejecutivo del estado, el 14 de enero de 2022, suscribió un convenio de coordinación para establecer lineamientos, conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento. En ese evento, el gobernador Samuel García, alertó por los bajos niveles de almacenamiento de las tres presas de Nuevo León: El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto. “No voy a decir en una crisis, pero sí en una alerta. El año pasado llovió 50 por ciento por debajo del promedio histórico y eso, por obvias razones, tiene a las tres presas por debajo de la mitad. El Sistema Meteorológico Mexicano dice que de aquí a mayo va a haber 40 o 50 por ciento menos de precipitación de lluvias promedio...”5

Pese a los esfuerzos mencionados que hoy resultan insuficientes, es urgente que el titular del Poder Ejecutivo, lleve a cabo la integración de una mesa de diálogo y de atención interinstitucional a partir del reconocimiento de la crisis cíclica de agua en Nuevo león, misma que deberá conformarse por diversas instancias como la Conagua, legisladoras y legisladores federales y locales de Nuevo León; alcaldes, iniciativa privada, sociedad civil organizada, universidades e institutos de investigación en la materia, con el objeto de garantizar de manera efectiva, la atención prioritaria e inmediata de la problemática prevaleciente así como el diseño un plan hídrico estatal con enfoque preventivo de largo plazo.

En este orden de ideas, considero oportuno no perder de vista el Plan Hídrico Nuevo León 2050, del Fondo Metropolitano de Monterrey. Mecanismo de planeación hídrica oficial que cuenta con elementos objetivos para evitar que cada nueva administración parta de cero, para fomentar la planeación de largo plazo y esfuerzos continuos para aumentar la eficiencia y resiliencia del operador de agua; y ser una guía que en el corto y largo plazo que ayude a SADM, y al gobierno del estado en la toma de decisiones robustas y a alcanzar la seguridad hídrica de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer notar que este plan está alineado al Plan Estratégico para Nuevo León 2030, en el apartado de desarrollo sustentable.6

En concordancia con el citado ejercicio de planeación, que continúa vigente para el plan hídrico que Nuevo León necesita, es indispensable la incorporación de los siguientes temas: Agua en la agricultura; toma de decisiones robustas (abasto de agua para el AMM); agua subterránea; análisis de la demanda; conservación de cuencas; eventos extremos; calidad de agua; agua no contabilizada; conservación de agua; caudal ambiental y gobernanza.7 Adicionalmente, no deben quedar fuera de este diseño, la cultura del cuidado del agua, el tratamiento de aguas residuales y el desarrollo de sistemas de captación pluvial en el sector gubernamental, empresarial, industrial y educativo.

Como diputado federal por el distrito 1 de San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León; considero urgente emplazar a las fuerzas políticas representadas en los congresos federal y estatal, así como a las autoridades responsables en los tres órdenes de gobierno, para unir esfuerzos sin distinción de colores partidistas para afrontar la crisis agudizada que vive nuestra entidad en materia de agua.

Finalmente, desde la visión que el agua es un derecho de todas y todos y, su cuidado, es responsabilidad de cada uno. 2022, debe asumirse como el año de la oportunidad histórica de quienes habitamos en el lugar más próspero del país: Nuevo León, para garantizar la sostenibilidad de su acceso a las presentes y futuras generaciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones, convoque a la brevedad, al titular de la Comisión Nacional del Agua, legisladoras y legisladores federales y locales del estado de Nuevo León, alcaldes, cámaras empresariales, sociedad civil organizada, universidades e institutos de investigación en materia de agua, para conformar una mesa de diálogo y atención interinstitucional a la crisis cíclica prevaleciente del agua en la entidad y el diseño un plan hídrico estatal con enfoque preventivo de largo plazo.

Notas

1 “Historia de las crisis del agua en el área metropolitana de Monterrey” (AMM), Luis G. Esparza Hernández, entre otros; Revista Ciencia UANL, Año 17, número 17, mayo-junio 2014, Universidad Autónoma de Nuevo León, IINSO, México, página 1.

2 Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5155-V, martes 13 de noviembre de 2018.

3 http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2021/09/solicitan_informacion_sob re_la_escasez_de_agua_en_la_entidad.php

4 https://www.milenio.com/opinion/miguel-angel-vargas/en-pocas-palabras/l a-crisis-del-agua-en-nl

5 https://www.reporteindigo.com/reporte/samuel-firma-convenio-con-conagua -ante-crisis-de-agua/

6 Plan Hídrico Nuevo León 2050; Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Nuevo León. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (PDF); Coordinadores Rodrigo Crespo Elizondo y Aldo Iván Ramírez Orozco, entre otros; Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey; Nuevo León, México; página 9.

7 Ibídem; páginas 134-137.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a cumplir la resolución del TEPJF respecto al presupuesto requerido por el INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en uso de sus facultades y atribuciones dé cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al presupuesto que requiere el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados realizaron un recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) de 4 mil 913 millones de pesos , por lo que su Consejo General determinó por mayoría –seis votos a favor y cinco en contra– como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la cámara baja.

En razón de lo anterior, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó en diciembre pasado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se hace valer la posible contradicción entre la Constitución y la resolución que tomó el Consejo General del INE, por posponer de manera temporal la consulta de revocación de mandato presidencial.

Es importante señalar que el Presidente de la Mesa Directiva, presentó este recurso sin consultar a las demás fuerzas políticas que conforman la cámara.

Además de la presentación de esta controversia, el presidente de Mesa Directiva presentó también una denuncia en contra de 6 consejeros y el secretario ejecutivo del INE por coaligarse para incumplir la ley. A juicio del denunciante, se incumple con diversas disposiciones constitucionales que obligan al INE a realizar todas las funciones necesarias para implementar el proceso de revocación de mandato. Cabe mencionar, que el presidente de la mesa ya se desistió, sin embargo al seguirse de oficio este delito se encuentra pendiente la determinación de la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, por tratarse de un asunto en materia electoral y a solicitud del INE sobre la insuficiencia presupuestal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una resolución.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral una demanda de aclaración y otra de regularización de procedimiento, acusando que es oscura, ambigua e incongruente la sentencia con la que les ordenan atender la solicitud presupuestal del INE para la revocación de mandato; denuncias que a su vez fueron declaradas improcedentes por el Tribunal Electoral dejándoles claro que sus sentencias son cosa juzgada y la única acción frente a ellas es acatarlas.

Al respecto en una de las conferencias mañaneras se anunció por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, un plan de austeridad elaborado por el gobierno federal para el INE, con el propósito de ahorrar dos mil 972 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato.

El documento denominado “Ejercicio de austeridad”, elaborado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública, coordinado por la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas Aragón, plantea la reducción de sueldos de los funcionarios de primer nivel del órgano electoral, así como ahorrar en gastos “superfluos” y utilizar recursos de dos fideicomisos laborales.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Víctor Manuel Mójica Vilchis, encargado de presentar la primera parte del documento elaborado por el gobierno federal, recordó que la Cámara de Diputados autorizó al INE un presupuesto de 19 mil 736.6 millones de pesos para 2022.

Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo federal han permitido liberar fondos y propuso tres rubros para que el INE, ahorre:

“Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y de enlace; así como suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, y finalmente realizar ajustes en su gasto de operación”, refirió el funcionario federal”.

Sobre el tema de sueldos y salarios, el ejercicio del gobierno federal plantea un ahorro de 718.8 millones de pesos y señaló que esta medida no afecta al personal operativo, ni sindicalizado , y tampoco implica reducir plazas de ningún tipo.

Por su parte, la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas Aragón informó que el INE cuenta con dos fideicomisos cuyo saldo al 30 de septiembre de 2021, ascendió a mil 360.4 millones de pesos.

Por ello, dijo que se estima que al cierre del ejercicio se tengan disponibilidades por 868.7 millones para utilizarlos en el proceso de revocación de mandato.

Se trata del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral y del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, señaló la funcionaria federal.

De conformidad con lo anterior, es importante analizar en primera instancia que con respecto a lo que señala el artículo 41 fracción V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 , el Instituto Federal Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene la función estatal de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 292 , establece respecto a la autonomía del INE, su relación del instituto con el poder legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.

“Artículo 29. 1. El instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.”

En consecuencia el gobierno federal violenta con su propuesta de plan de austeridad, la autonomía del órgano electoral al proponer “respetuosamente” medidas de recortes a su presupuesto o decisiones presupuestales que a todas luces le corresponde únicamente al INE.

Desde el recorte presupuestal al INE y su solicitud de mayores recursos para llevar a cabo la revocación de mandato presidencial, lo único que ha sucedido son acciones para amedrentar al Instituto a través de recursos legales y diversos medios para que se realice este instrumento de participación ciudadana, sin embargo, es importante señalar que tanto su plan de austeridad como las últimas acciones que ha llevado a cabo son un chaleco de fuerza en donde el INE no está obligado a hacer lo imposible, si no hay presupuesto.

Además, como se mencionó el “Plan de Austeridad” elaborado sin tener conocimiento de la operatividad del INE, vulnera derechos laborales ya adquiridos, los cuales no deberían de ser objeto de análisis y reducción.

Ya lo refirieron los consejeros del INE respecto a que se habla de reducir mil 336 plazas directivas, pero en el Instituto sólo hay 121 dentro de esas categorías.

Lo más grave es que plantean tomar recursos del Fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores. Esto de entrada traería consigo el afectar derechos de terceros para llevar a cabo la revocación.

Aunado a ello, el Consejero Presidente señala que la propuesta carece de tal seriedad que promete respetar al personal sindicalizado, cuando en el organismo autónomo no hay un sindicato.

No se debe dejar de lado que existe una resolución judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde ordena a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que procede es el cumplimiento por parte de la Secretaría a este mandato judicial, al ser una sentencia firme.

Al respecto, es importante realizar un análisis respecto al incumplimiento de las sentencias en materia electoral.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 3 prevé los distintos medios de impugnación que integran tal sistema, disponiendo en el artículo 4, que corresponde a los órganos del Instituto Nacional Electoral conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral, el de apelación, así como el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral.

En su siguiente numeral, establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales que, con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del propio ordenamiento.

Al efecto, en los artículos 32 y 33, la Ley de Medios señala:

Artículo 32

1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

a) Apercibimiento;

b) Amonestación;

c) Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

d) Auxilio de la fuerza pública, y

e) Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 33

1. Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, serán aplicados por el Presidente de la Sala respectiva, por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con las reglas que al efecto establezca el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

El Reglamento Interno, en el capítulo correspondiente a los medios de apremio y correcciones disciplinarias, además de definir cada uno de ellos, establece, en el segundo párrafo del artículo 89, que las medidas de apremio a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Medios, podrán ser aplicadas a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, actuando de manera colegiada o unitaria.

Por lo anterior, lo ideal sería que la ejecutoria se cumpliera sin necesidad de abrir incidente alguno o de aplicar medidas coercitivas a quien o quienes, se encuentren obligados a su observancia; sin embargo, como ello no siempre sucede así, por regla general en la ley se prevén los procedimientos y mecanismos para tal fin, así como las sanciones que deben imponerse por su no acatamiento, situación que debe ser observada por la SHCP.

Finalmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura que no hay recursos que puedan asignar al INE para cumplir con la revocación, y que se ajusten a las políticas de austeridad de su administración, sin embargo, es falso que haya austeridad, a continuación se señala los despilfarros de esta administración que oscilan en 1.6 billones de pesos.

Conjuntamente, de que estas acciones la mayoría de ellas están inconclusas, presentan actos de corrupción y no se han visto reflejadas en beneficio de la ciudadanía y en la protección de sus derechos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a que en uso de sus facultades y atribuciones dé cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al presupuesto que requiere el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial.

Notas

1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/41.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de los estudiantes del CIDE y transparentar y respetar la legalidad en el nombramiento de su director general, suscrita por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Romero Hicks , y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea General de Asociados y al Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a: garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); transparentar y respetar la legalidad en el nombramiento del director general del CIDE; así como a garantizar la autonomía técnica, operativa y administrativa de la asociación , conforme a los siguientes:

Consideraciones

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue fundado el 25 de noviembre de 1974, con el objetivo de lograr una oferta educativa competitiva con posgrados de calidad. El diseño de la institución nace y se desarrolla de la mano de la maestra Trinidad Martínez Tarragó, bajo la concepción de un proyecto que se adecuara a la realidad y necesidades de México, con el fin de lograr desde la educación el entendimiento a los problemas del país, así como aportar soluciones a través del diseño de políticas públicas y del desarrollo de investigación aplicada y social, con la participación de estudiantes, docentes y académicos comprometidos, “no hay que perder de vista que las instituciones son producto del momento histórico que les toca vivir”(Martínez, 1974).

En este sentido, el Congreso debe hacer valer su posición como poder público y de representación de las y los mexicanos para exhortar a las autoridades educativas en materia de ciencia y tecnología a garantizar y salvaguardar la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, del CIDE, AC, fundamentada en el Estatuto General de la institución y en la propia Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

México ha logrado una evolución institucional educativa fundamentada en la libertad educativa, de gestión y gobernanza, que no podemos permitir que se pierda. Las instituciones de educación superior han forjado su prestigio en los programas académicos de excelencia, por lo que se debe defender la educación sin sesgos de partidos o ideologías, hoy debemos corregir que en las instituciones educativas existan puestos políticos, pues ello puede coartar la libertad académica y estudiantil.

Estamos construyendo un México más transparente en el cual no caben la incertidumbre ni opacidad, el 13 de enero de 2022 se publicaba en medios de comunicación la intención de realizar una Asamblea General de Asociados para reformar el Estatuto en los artículos 29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V,1 con la intención de modificar la operación técnica y administrativa de dicha institución, sin que los miembros de la Asamblea precisen o confirmen estas modificaciones. Adicional a ello, de acuerdo al artículo 42, fracción V, del Estatuto General, es el Consejo Académico del CIDE el que debe conocer y aprobar toda modificación a los estatutos previo a que sea sometido por el director general al Consejo Directivo y a la Asamblea General.

A partir de la eliminación de los fondos y fideicomisos relacionados con la ciencia y la tecnología, la inversión en el desarrollo de la investigación ha ido en detrimento, celebramos el acceso a becas pero también debemos exigir el financiamiento suficiente en el que el Estado pueda cumplir con la obligación constitucional de “apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica (...), para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes” según lo establece el artículo 3o., fracción V.

En cuanto a la libertad académica, debemos recordar que esta implica el derecho de toda comunidad organizada de participar en la gestión institucional, administrativa y académica de la institución de educación superior, la libertad es el primer eje de la autonomía, la cual permite que el desarrollo académico y de investigación se funde en el conocimiento y no en la ideología gubernamental.

Al respecto, es de destacar que, en diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó los Principios Interamericanos sobre la Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Principios que se establecen ante la preocupación de la Comisión “por las denuncias existentes en varios países del hemisferio sobre represión a colectivos estudiantiles y sindicatos universitarios, al igual que acoso, hostigamiento, ataques, recortes presupuestales a instituciones académicas y retaliaciones de distinta índole en contra de integrantes de la comunidad académica por razones arbitrarias o discriminatorias”.2

De lo anterior, la CIDH reconoce que “la libertad académica es un derecho independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección a la libertad de expresión, a la educación, reunión, libertad de conciencia, de asociación, derecho a la igualdad ante la ley, a los beneficios de la cultura y el progreso científico”.3

La CIDH enfatiza que la libertad académica es necesaria para “consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico, el desarrollo humano y de la sociedad” en este sentido el principio I señala que la libertad académica “implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos, a formar parte de las comunidades académicas y a realizar labores autónomas para llevar a cabo actividades educativas de docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas y de acceso a educación de calidad de forma libre y sin temor a represalias”, señalando además que, esta libertad “se protege de igual manera adentro y por fuera de los centros educativos, así como en cualquier lugar donde se ejerza la docencia y la investigación científica”.

En cuanto a la autonomía, el principio II señala que “es un requisito imprescindible para la libertad académica y funciona como garantía para que las instituciones de educación superior cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento. Como pilar democrático y expresión del autogobierno de las instituciones académicas, la autonomía garantiza el ejercicio de la enseñanza, la investigación y los servicios de extensión, al igual que la toma de decisiones financieras, organizacionales, didácticas, científicas y de personal. En virtud de este principio, las regulaciones estatales sobre educación deben estar encaminadas a la garantía del proceso de aprendizaje, enseñanza, investigación y difusión de forma plural, participativa y democrática y garantizar el autogobierno de las instituciones académicas que incluye, entre otros, el libre funcionamiento de los planteles docentes o cuerpos estudiantiles”. Y reafirma que “la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico”.

Asimismo, establece en el principio VIII que es contrario a la libertad académica y a los derechos interdependientes “cualquier medida estatal encaminada a imponer limitaciones discrecionales o fomentar tabúes con respecto a cualquier campo del conocimiento, personas, ideas”.

Por último, la CIDH invita en el principio XV a los Estados parte, como lo es México, a fomentar espacios de diálogo entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad académica, principio que hoy toma forma ante las exigencias de una comunidad académica que ya trasciende las puertas del CIDE, y que se han unido en un solo propósito: la defensa en de la educación en el derecho a la libertad y autonomía.

La maestra Trinidad Martínez Tarragó inició el CIDE con una preocupación, en México existía la tendencia de “mandar a muchos estudiantes fuera del país, a un costo muy alto, a estudiar programas que, muchas veces son lamentables, a cambio de los cuales se entrega un título, sin haber aprendido de la misa la mitad”,4 realidad que hoy se hace evidente en esta etapa del México actual, desmantelando instituciones sólidas en educación y desarrollo científico a cambio de mantener una oferta educativa débil traducida en las universidades Benito Juárez , bajo una política ad hoc para frenar la investigación, sin calidad, fomento a la progresividad y atentando contra todo derecho educativo universal que se basa en el libre desarrollo.

En este punto de acuerdo es necesario argumentar con la historia y el propósito que nace el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y si bien la garantía de derecho depende del orden federal, como Congreso debemos hacer valer nuestro propósito legislativo fundado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho a la educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Congreso de la Unión la proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reestablecer un proceso transparente que incluya la participación de la comunidad académica y docente, en el nombramiento del titular de la Dirección General del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que informe a esta soberanía la situación legal, administrativa y académica que guarda el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como las acciones que el Conacyt ha implementado para garantizar la libertad de cátedra y el ejercicio de derecho a la educación superior de las y los estudiantes con apego al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C y Estatuto Personal Académico del CIDE.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los miembros de la Asamblea General de Asociados y al Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los estudiantes del CIDE; respetar los derechos académicos y laborales del personal del Centro; transparentar y respetar la legalidad en el nombramiento del director general del CIDE; garantizar la autonomía técnica, operativa y administrativa de la asociación; así como a incluir dentro de cualquier proceso que se relacione con la vida institucional a Consejo Académico del CIDE, en términos del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus facultades, garantice el libre tránsito y protección de las y los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sin que esto implique el aseguramiento policial de las instalaciones del Centro en contra de estudiantes, académicos e investigadores.

Notas

1 Nota. Conacyt impulsa modificación de estatutos en el CIDE para desactivar al Consejo Académico. Publicada en el medio electrónico “El Economista”, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Conacyt-impulsa-modificacio n-de-estatutos-en-el-CIDE-para-desactivar-al-Consejo-Academico-20220113 -0013.html

2 CIDH Principios Interamericanos sobre la Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Disponible en:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/cuestionarios/2021_ principiosinteramericanos_libertadacademica_autonomiauniversitaria_spa. pdf

3 CIDH Principios Interamericanos sobre la Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Disponible en:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/cuestionarios/2021_ principiosinteramericanos_libertadacademica_autonomiauniversitaria_spa. pdf

4 Redalyc. Orígenes y creación del CIDE: testimonio de la Maestra Trinidad Martínez Tarragó. Disponible en:

https://www.redalyc.org/pdf/413/41304315.pdf , documento consultado el 17 de enero de 2022.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2022.

Diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer a los titulares del Fonatur, la Sedatu y la Semarnat para que informen a esta soberanía acerca del Tren Maya, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña , diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al ciudadano Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al ciudadano Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a la ciudadana María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que informen a esta soberanía, lo relativo al tren Maya, respecto de la modificación de su tramo 5, así como de la tala innecesaria de más veinte mil árboles en la zona , al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que el 23 de julio de 2018, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunció los diversos proyectos de infraestructura que serían prioritarios para su gobierno, entre ellos el denominado tren Maya.

Que, dicho proyecto consiste en conectar las principales ciudades de la península de Yucatán mediante una ruta ferroviaria de 1 mil 525 kilómetros en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, considerándose un proyecto de infraestructura importante para el desarrollo del sureste de México por sus implicaciones económicas y el desarrollo de la región.

La ruta del tren Maya impacta al menos en ocho áreas naturales protegidas por México, como son: el Parque Nacional Palenque, en Chiapas; el Área de Protección Cañón Usumacinta, en Tabasco; la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche; el Área de Protección Yum Balam, el Área de Protección Manglares de Nichupté, la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y el Área de Protección Uaymil, todas ellas en el estado de Quintana Roo... áreas naturales protegidas que sufrirán alteraciones (degradación, fragmentación y deforestación) asociadas con la construcción, circulación y desarrollo del proyecto.

Si bien el tren Maya ya se encuentra en proceso de construcción y contaba con una “planeación” de trabajo; en fechas recientes, el 19 de enero del año en curso, se dio a conocer en medios de comunicación que el tramo 5 del tren Maya fue modificado.

El tren tenía planeado el tramo 5 norte Playa del Carmen-Cancún, en el cual se planeaba construir un tramo elevado al llegar a la altura de Xcaret, para así poder atravesar Playa del Carmen, paralelo a los pasos a desnivel.

No obstante, a que ya se habían talado más de 20 mil árboles, para la construcción de dicho tramo, el director de Fonatur y el secretario de Sedatu mencionaron que se modificaría la planeación, pues el tren ya no tendrá una elevación, esto sin importar que las construcciones ya se estaban trabajando y se derribaron miles de árboles, lo cual representa un ecocidio para nuestro planeta.

Por tal motivo, dado el impacto ambiental generado en esa región y la afectación de las áreas naturales protegidas ocasionados, es imperante que el ciudadano Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el ciudadano Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la ciudadana María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), comparezcan ante esta soberanía para informar lo relativo al tren Maya, respecto de la modificación del tramo 5, así como de la tala innecesaria de más veinte mil árboles en la zona.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su LXV Legislatura, cita a comparecer al ciudadano Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al ciudadano Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a la ciuddana María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que informen a esta soberanía, lo relativo al tren Maya, respecto de la modificación del tramo 5 del tren Maya, así como de la tala innecesaria de más veinte mil árboles en la zona.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que remita a esta soberanía el proyecto ejecutivo del tren Maya.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que envié a esta soberanía el dictamen de impacto ambiental para la construcción y operación del tren Maya.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que realice las investigaciones necesarias sobre el uso de recursos públicos federales en la construcción del tren Maya, así como de un posible daño patrimonial.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero del 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual desde su establecimiento tiene el objetivo de crear conciencia en la población mediante la educación en temas como el cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.

La celebración de este día tiene sus antecedentes en el año de 1975, en donde se llevó a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en Belgrado, este evento marcó los principios sobre la educación ambiental en el marco de los programas de la Organización de Naciones Unidas, dando lugar así a la creación de la Carta de Belgrado.1

Dicho instrumento plantea seis puntos, de los cuales podemos resaltar la problemática ambiental debido al crecimiento y el progreso tecnológico que si bien han aportado numerosos beneficios a la sociedad, también visualizó el creciente deterioro sobre explotación de los recursos naturales de nuestro planeta.

Otro punto que resalta dicha carta son las directrices básicas de los programas de educación ambiental, desglosándose en

• Considerar al ambiente dentro y fuera de las escuelas.

• Enfatizar en la activa prevención y solución a los problemas ambientales.

• Promover valores que impulsen el cuidado del entorno ambiental.

Ahora bien, la situación actual con respecto a temas de educación ambiental ha cobrado fuerza y relevancia a nivel mundial, debido a los fenómenos que se han presentado como cambio climático, el deterioro ambiental y la pandemia ocasionada por el Covid-19, causado por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), el cual ha repercutido en cada rincón de nuestro planeta.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los mapeos sobre riesgos zoonóticos reducirán los riesgos de futuras pandemias como la del coronavirus, aunado a esto, se emitió la recomendación a nivel mundial en la cual se plantea que la humanidad tiene que reivindicar su relación con el medio ambiente.2

Para que este propósito se lleve a cabo es imperante la educación ambiental, ésta permitirá impulsar los valores en las sociedades dando como resultado el cuidado, el equilibrio y la preservación del medio ambiente.

En México la educación ambiental se ha fijado a través de diversos programas y actividades, el objetivo clave de éstos, es el fomento a través del conocimiento sobre la riqueza natural y cultural de nuestro país, este objetivo propone infundir valores, habilidades y prácticas en todos los niveles educativos para prevenir y solucionar los problemas ambientales.

Asimismo se han impulsado programas y proyectos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyos objetivos están orientados a la generación e implementación del conocimiento en diferentes grupos sociales, a efecto de que éstos puedan generar procesos de aprendizaje en educación ambiental a través de la sustentabilidad y den frente a la problemática ambiental.3

En el Partido Verde estamos conscientes del gran problema que enfrenta hoy día el mundo con respecto a temas de medio ambiente por ello, desde 2006, hemos impulsado diversas iniciativas y puntos de acuerdo que buscan atender esta problemática de manera integral, para que se incluya la educación ambiental a través de diversas medidas como:

• Reconocer desde la Constitución política la educación ambiental.

• Promover que en los planes de estudio de todos los niveles educativos se integre la materia de educación ambiental.

• Impulsar los principales conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente.

• Apoyar a que la educación ambiental contribuya al desarrollo sustentable por medio de procesos de información, comunicación, capacitación y la participación organizada de las personas, para llevar a cabo las acciones relativas a la protección del ambiente, la conservación y restauración de los recursos naturales, así como en la prevención y combate contra la contaminación, en forma individual o colectiva.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, las y los senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar trabajando para mejorar las acciones de concientización, participación, cuidado y preservación del medio ambiente a través de la educación ambiental en el sector político, económico y social.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, [En Línea], Carta de Belgrado, Fecha de consulta: 20 de enero de 2022, Disponible en:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000017772_spa

2 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, [En Línea], El coronavirus, la advertencia del planeta de que la humanidad debe cambiar, Fecha de consulta: 20 de enero de 2022, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/05/1474302

3 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, [En Línea], La educación ambiental, Fecha de consulta: 20 de enero de 2021, Disponible en:

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?I BIF_ex=D1_R_EAMBIENT01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_m ce

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2022.

(Rúbrica)