Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5719, lunes 15 de febrero de 2021
De la Comisión de Puntos Constitucionales, tocante a la vigésima reunión plenaria, efectuada el viernes 4 de diciembre de 2020
A las 10:00 horas del viernes 4 de diciembre de 2020, de manera semipresencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, se reunieron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación, la presidenta solicitó a la secretaría que diera cuenta del resultado del cómputo del registro previo de asistencia.
La secretaría, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, informó de un registro previo de firmas de 17 diputados.
En virtud de que se contó con quórum, la presidenta, Aleida Alavez Ruiz (Morena), dio por iniciada la reunión y solicitó a la secretaría que leyera el orden del día y lo pusiese a discusión.
La secretaría leyó el orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima reunión plenaria, del 28 de octubre de 2020.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales,
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada,
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen sobre la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del inciso a) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad,
7. Asuntos generales,
8. Clausura y cita para la próxima reunión.
La presidenta, Aleida Alavez Ruiz, precisó que en el orden del día estaba considerado el dictamen sobre el artículo 19 constitucional, pero diferentes diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios solicitaron discutir dicho tema en parlamento abierto.
Por lo que, la discusión de la reforma al artículo 19 en materia de extorsión y el catálogo que amerita los delitos de prisión preventiva, tanto extorsión, contra el ambiente y protección ambiental, se realizaría en enero de 2021.
Dicho lo anterior, la secretaría consultó en votación económica si era de aprobarse el orden del día con la modificación propuesta.
Se aprobó por mayoría el orden del día.
Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consultó en votación económica si se dispensaba la lectura del proyecto de acta de la décima reunión plenaria del 28 de octubre de 2020. Se dispensó la lectura por mayoría.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, se consultó en votación económica, si era de aprobarse el acta. Se aprobó, el acta de la decimonovena reunión ordinaria del 28 de octubre de 2020, por 18 votos.
El siguiente punto del orden del día correspondió a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se adiciona un último párrafo al artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales.
Al respecto, la presidenta expuso que este dictamen busca blindar los recursos de los programas sociales de embargos bancarios sin previo juicio. La reforma busca evitar que se vulneren los derechos de los beneficiarios y de los fines de combate a la desigualdad y pobreza que persiguen estos programas sociales.
Por instrucciones de la presidencia se consultó en votación económica si se dispensaba la lectura del proyecto de dictamen, dado que fue distribuido con anterioridad. Se dispensó la lectura por mayoría.
En consecuencia, se puso a discusión el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados que abrió la ronda de intervenciones de hasta seis oradores a favor y seis oradores en contra.
A continuación se dio el uso de la palabra para hablar en abstención al diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, quien expuso que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no se ha definido la postura que asumirán en el tema, ya que si bien es de vital importancia poder fortalecer y garantizar a los beneficiarios este apoyo, en diversas ocasiones y arbitrariamente la autoridad judicial embarga las cuentas de los propios ayuntamientos o de los gobiernos estatales y es imposible que este recurso llegue al beneficiario. Por lo que estaban realizando consultas a nivel local.
Expresó que en el Grupo Parlamentario del PAN votarían en abstención y harían aportaciones para poder presentar un documento más sólido.
Acto seguido, se dio el uso de la palabra al diputado Héctor Jiménez, quien expresó que este tema es muy positivo, dado que no se podrían embargar los bienes de los programas sociales, los recursos que la gente necesitada recibe, salvo -como lo dice en el texto propuesto- que fuera mediante juicio.
Consideró que el texto propuesto es correcto, pero se tiene que precisar que será mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables y una vez que se haya dictado sentencia ejecutoriada.
Posteriormente se dio el uso de la voz al diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, quien expresó que de la redacción del proyecto de dictamen que señala “no serán susceptibles de retenciones, descuentos o deducciones.” Las retenciones, descuentos y deducciones generalmente son cuando se otorgan en garantía de determinadas cuentas y esto llevaría a que no se podrían dar en garantía esos recursos para la compra de los productos que ellos destinen o lo que ellos consideren conforme a sus necesidades.
En este sentido, no se trata solo de la embargabilidad de las cuentas, sino que se impide además que éstas no puedan darse en ganaría y con ello, se va a limitar la capacidad económica para poder adquirir bienes. Por lo que su voto será en abstención.
Posteriormente, se dio la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, quien señaló que desde Movimiento Ciudadano coinciden en la necesidad de poder generar mecanismos para que los apoyos sociales sean inembargables e incluso, reconocer que la Suprema Corte de Justicia haya tenido determinaciones con respecto a los sueldos y pensiones y establecer que los apoyos sociales no caen dentro de esas posibilidades.
Sin embargo, en Movimiento Ciudadano, consideran que no necesariamente se trata de un asunto de orden constitucional, porque incluso, ya la Corte ha tenido pronunciamiento al respecto del tema de los sueldo y pensiones.
Y, por otra parte, se debe revisar el tema muy afondo, porque puede en lugar de generar un beneficio, terminar contraproducente para los beneficiarios de los programas sociales. En este sentido, votarán en abstención.
A continuación se dio el uso de la voz al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien expresó que sí debe ir a la Constitución, ya que no se puede estar expuesto a lo que digan los jueces porque también ellos cambian de criterio.
Dijo que de lo que se trata es de fortalecer un sistema en el cual todo lo que son estos subsidios tengan una protección extraordinaria y nadie pueda deducirlos: posibles intermediarios, organizaciones, personas que cobran deudas, no necesariamente dejando en garantía el subsidio que se recibe, por ejemplo, una pensión alimentaria de un adulto mayor.
Dijo que se necesita una coraza constitucional para dejar el asunto saldado, acabar con la discusión. Mencionó no estar seguro que haga falta agregarle “hasta que no haya una sentencia ejecutoriada” porque se supone que la resolución judicial ya aplicable es aquella que ya está firme en todos los casos, que no se puede aplicar algo en donde haya un recurso pendiente de resolver.
Expresó que se trata de hacer una protección especial de cierto tipo de emolumentos o ingresos que reciben los sectores populares del país, dejando a salvo la estructura jurídica en donde todo mundo tiene el derecho y acceso a los tribunales, a la justicia, etcétera.
Posteriormente se dio el uso de la palabra a la diputada Lidia García Anaya, dijo que si lo que se quiere es que los programas sociales sean inembargables, por un lado se está cerrando la puerta, pero por otro la están abriendo mediante un juicio.
Expresó que es muy importante modificar las leyes secundarias en materia mercantil, en materia familiar, por cuestiones de deudas o de compromisos, pero también de obligaciones por pensiones alimenticias. Entonces, su propuesta es que solamente se quede hasta que “son inembargables”.
Acto seguido se dio el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, quien expresó que no puede haber embargo si no hay una resolución judicial. Entonces, ser redundantes en eso no tiene sentido. Dijo que esto va a ser letra muerta porque para que exista un embargo debe existir una deuda, un acreedor y un deudor. Si no pueden dar en garantía sus recursos, que es lo que se está legislando, no va a tener sentido, nunca va a haber un embargo porque nunca se generó una relación contractual porque el acreedor no va a tener nada con qué cobrar.
Expuso que lo que se está haciendo es prohibir la posibilidad de que esos recursos de millones de ciudadanos puedan ser dados en garantías.
Acto seguido, se dio la palabra al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien aclaró que estas subvenciones de los programas sociales no se dan en garantía ni se pueden dar en garantía, sino que hay otra serie de deudas y que el embargo se realiza de manera anticipada a la resolución judicial final, por resolución judicial pero durante el juicio, incidentalmente.
Por tanto, eso es lo que se está tratando de impedir. No son deudas, en donde se da en garantía la beca o la pensión, sino que se tienen simplemente sin garantía específica. Son deudas comerciales, deudas de la vida real. No son deudas documentadas en una institución bancaria.
Enseguida se dio la palabra al diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, quien expuso que no hay embargos entre particulares, todos los embargos que hay son embargos judiciales, lo demás es un delito, es despojo o puede ser cualquier otro, pero no embargo.
Dijo que, el diputado Pablo Gómez, afirma que los más pobres no dan en garantía nada. En consecuencia, si no dan nada en garantía entonces no va a haber embargo. Entonces, mientras no quede claro realmente si ese patrimonio del ciudadano puede o no puede darse en garantía y si efectivamente lo utilizan en tiendas para comprar bienes o servicios, entonces se están excediendo en la reforma que se está proponiendo.
Por alusiones se dio el uso de la palabra al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien dijo no haber afirmado que hay embargos entre privados o de un privado a otro, sino que puede haber un embargo, una retención o algún otro instrumento a través de una resolución judicial que no se toma al final de juicio, sino que se toma precautoriamente a través de un determinado incidente del proceso.
Precisó que tampoco afirmó que puede haber un embargo si no existe una obligación contraída por la persona a la que se le embarga. Lo que se está subrayando es que tampoco, por ejemplo, una pensión alimentaria en adulto mayor, no se da en garantía, sino que puede ser afectado a través de un procedimiento comercial, simplemente corriente, en donde no consta una determinada garantía, una tarjeta bancaria, de crédito, no está dando una determinada específica garantía para poder operar. Pero, el banco puede embargar un adeudo por una tarjeta de crédito, evidentemente.
Hay que dejar establecido desde un principio que los programas sociales no se pueden tocar para ser afectados por cualquier causa.
Posteriormente, se dio la palabra al diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, quien dijo que lo que se está haciendo es dejar establecidos ciertos derechos, nuevos derechos dentro de la campaña de derechos sociales. Nada más que estos derechos para que puedan ser efectivos dentro del esquema actual se cruzan con el sistema financiero, con el esquema de bancarización.
Mencionó que vale la pena que esté en la Constitución, aunque sea un procedimiento en el ámbito jurisdiccional, local, comercial, etcétera.
Posteriormente se dio el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, quien expuso que lo único que hay que agregar en la propuesta es la palabra sentencia ejecutoria o la expresión sentencia ejecutoria.
Los bancos se cobran haya o no haya razón, no necesariamente esa prestación tiene que haber sido dada en garantía para que la embarguen.
Dijo que es una protección necesaria, adecuada, ya que ese dinero se está depositando en las cuentas de personas que realmente lo necesitan y debe tomarse como algo parecido al patrimonio familiar casi inembargable. Entonces, no está de más agregar la palabra ejecutoria, refiriéndonos a la sentencia.
A continuación se dio el uso de la voz al secretario Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, quien aclaró que su propuesta es que sea mediante juicio, para que el embargo sea hasta el final, hasta que se declare ejecutoria.
Expresó que como es una reforma a la Constitución, al artículo 4o valdría la pena señalar, que no hay embargos precautorios, sino que el embargo procederá una vez que se dicte la sentencia y que se haya declarado ejecutorio.
Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consultó si el asunto se consideraba suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se consideró suficientemente discutido por la mayoría.
A continuación se procedió a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, a través de la plataforma digital.
A favor: Aleida Alavez Ruiz (Morena), Alejandro Viedma Velázquez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Erasmo González Robledo (Morena), Esteban Barajas Barajas (Morena), Gustavo Contreras Montes (Morena), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena), Javier Salinas Narváez (Morena), Jesús de los Ángeles Pool Moo (PRD), Karen Ivette Audiffred Fernández (Morena), Lidia García Anaya (Morena), Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), Pablo Gómez Álvarez (Morena), Paola Tenorio Adame (Morena), Rosalba Valencia Cruz (Morena).
Abstenciones: Adriana Gabriela Medina Ortiz (Movimiento Ciudadano), Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), Martha Angélica Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano).
Se emitieron a favor 17 votos, en contra 0 votos, abstención 5 votos.
Se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales. Se informó que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.
El siguiente punto del orden del día correspondió a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.
La presidenta, Aleida Alavez Ruiz, expuso que se hizo un esfuerzo importante con los integrantes de la comisión para lograr un texto que atienda las preocupaciones y la mejor redacción sobre este tema, en virtud de ello, solo se modifica el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de seguridad privada y homologar los requisitos y procedimientos para las empresas que se dediquen a esta actividad.
También establece que la seguridad privada en momentos de emergencia sea parte auxiliar de la seguridad pública. En la parte de las consideraciones se establecen una serie de medidas que debe contener la ley secundaria, como es el caso de
1. Establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional;
2. Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública;
3. Determinar las reglas de coordinación entre la Federación y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas;
4. Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa, el o los municipios respectivos y de las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada cuando los servicios se presten en el territorio de una entidad...
5. Establecer reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de desastres;
6. Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de los policías complementarios en el país;
7. Fijar las reglas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para supervisar a los prestadores de seguridad privada;
8. Establecer la separación entre prestadores de servicio de seguridad privada, centros de capacitación y centros de evaluación.
Precisó que la facultad conferida al Congreso de la Unión de ninguna manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a particulares que prestan asistencia y asesoramiento de carácter militar y otros servicios militares preocupación también del Grupo Parlamentario del PRD.
Posteriormente, la secretaría consultó en votación económica si se dispensaba la lectura del proyecto de dictamen. Se dispensó la lectura por mayoría.
Se puso a discusión el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que abre la ronda de intervenciones de hasta seis oradores a favor y seis oradores en contra.
Acto seguido se dio la palabra al diputado José Elías Lixa Abimerhi, para hablar en contra. Dijo que es un tema de suma relevancia. Sobre todo porque, si bien hay una legítima preocupación de homologar una regulación, hay entidades federativas en donde existe ciertamente un descontrol. No se puede dejar de lado que hay entidades federativas en donde la regulación para la seguridad privada sí funciona.
Expuso ser diputado por el estado de Yucatán y que en el año 2017 se dieron a la tarea de hacer una regulación de vanguardia, que ha permitido que las cosas funcionen bien en el estado. Esto ha sido reconocido tanto por la Secretaría de Seguridad Pública, como los organismos empresariales y en ese sentido, el hacer una reforma constitucional que atribuya todas las facultades de regulación al Congreso de la Unión, vulnera la capacidad que tienen las entidades federativas y particularmente la de su estado.
Mencionó que no se puede utilizar una regla basada en lo que no funciona, sin tomar en cuenta, lo que sí funciona y la soberanía que tienen las entidades federativas. Precisó que sería un grave error no ponerle límites claros a lo que puede regular el Congreso de la Unión, para no vulnerar esta capacidad y esta facultad que tienen las entidades federativas.
Destacó que en Yucatán lo más preciado y lo más importante que tienen es la seguridad y es a partir, de esa seguridad que pueden vivir en paz, que tienen un tejido social fuerte y una sociedad que se desdobla en armonía a partir de esa capacidad que han conquistado con buena regulación, con políticas de seguridad serias y con una sociedad que participa.
Expresó que hay unos mínimos indispensables, que la reforma constitucional tiene que garantizar como facultades, para las entidades federativas.
1. Que mantengan las entidades federativas el control sobre el registro de las empresas, independientemente a que este registro pueda homologarse como nacional y generar un solo número de registro, pero que sean las entidades federativas quienes tengan ese control.
2. Es indispensable que se establezca que las entidades federativas mantienen autonomía para realizar las verificaciones e inspecciones sobre estas empresas.
3. Que sean las entidades federativas que puedan determinar los centros de capacitación, así como, las unidades de verificación médica, química, psicológica y de integridad del personal de las empresas en su ámbito territorial. Es decir, de los laboratorios.
4. Que se garantice la regulación local que puedan dar las entidades federativas, sobre todo, cuando las empresas solo operan en esa entidad.
5. Salvaguardar la posibilidad de emitir las obligaciones de contribución que generan estas empresas en el ámbito de lo estatal.
Dijo que, si tienen que generar una regulación que homologue, pero, respetando límites a la soberanía. Por lo tanto, en el estado en el que se encuentra el dictamen, el Grupo Parlamentario del PAN, votará en contra y mantendrían el canal de diálogo abierto para de ser posible transitar por la vía de las reservas juntas, una modificación a este dictamen que atienda a estas preocupaciones.
La presidenta, Aleida Alavez Ruiz, expuso que el texto del artículo 73 constitucional faculta al Congreso para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, fije las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública, así como la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre y prevea los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
A continuación, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero mencionó que lo que se está tratando de hacer desde el inicio de esta legislatura es establecer una política de Estado para la atención de ese tema.
Recordó que en esta misma legislatura aprobaron la reforma al artículo 4o. para facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia del Sistema Nacional de Cuidados y dijo que en su momento discutirán en el marco de una política de Estado qué les corresponde a las entidades federativas, a los municipios y por supuesto a la federación, respetando totalmente sus atribuciones.
A continuación se dio el uso de la voz al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien expresó que el texto es confuso. Externó que sí se requiere un ordenamiento básico nacional, con mucha urgencia y que podría buscarse una mejor redacción para atender lo señalado por el diputado Lixha.
Posteriormente se dio la palabra a la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, quien agradeció de parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la apertura que tuvo la presidencia para escucharlos y poder trabajar en consenso. Dijo estar de acuerdo con lo que dice el diputado Lixa, en perfeccionar el artículo 73 y hacer las modificaciones pertinentes.
La presidenta, Aleida Alavez Ruiz, comentó que siempre se solventó un texto comunitario, una vez que se encontró había sido lo suficientemente revisado, discutido, analizado, no solamente por la presidencia, sino por todos los que participaron en la integración del proyecto llámese diputada, diputado, particulares que hicieron un planteamiento en parlamento abierto, así como la autoridad del Ejecutivo federal en la materia.
De ahí que, el avance es significativo, pues se llegó a coincidir en varias de las preocupaciones que se externaron vía Movimiento Ciudadano, vía PAN, vía PRD y dijo estar en condiciones de alcanzar siempre los acuerdos necesarios para seguir en la mejora de este texto, pero que se estaba en el momento en el que la Comisión debía emitir un dictamen al respecto.
Dicho lo anterior, la secretaría consultó si el asunto se encontraba suficientemente discutido. Por mayoría, se consideró suficientemente discutido.
Por instrucciones de la presidencia se procedió a recoger la votación nominal del proyecto de dictamen con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.
A favor: Adriana Gabriela Medina Ortiz (Movimiento Ciudadano), Aleida Alavez Ruiz (Morena), Alejandro Viedma Velázquez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Edgar Guzmán Valdez (PES), Erasmo González Robledo (Morena), Esteban Barajas Barajas (Morena), Gustavo Contreras Montes (Morena), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena), Javier Salinas Narváez (Morena), Jesús de los Ángeles Pool Moo (PRD), Karen Ivette Audiffred Fernández (Morena), Lidia García Anaya (Morena), Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano), Pablo Gómez Álvarez (Morena), Paola Tenorio Adame (Morena), Rosalba Valencia Cruz (Morena).
En contra: Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), José Elías Lixa Abimerhi (PAN).
Abstenciones: Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM).
Se emitieron 20 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. De éstas se recibieron 15 en la plataforma a favor, 2 votos en contra y1 abstención. Y de viva voz 5 a favor.
Se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada. Se informó que el dictamen se remitiría a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.
El siguiente punto del orden del día fue la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.
Al respecto, la presidenta expuso que es una minuta que viene de consenso del Senado de la República, en ésta se plantea reformar la fracción II, del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obtención de la nacionalidad mexicana por nacimiento de hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano que nazcan en el extranjero sin ser necesario que éstos hayan nacido en territorio extranjero para que puedan ejercer su derecho a la identidad.
La reforma constitucional ampliará los derechos de quienes nacidos en el extranjero se reconocen como mexicanos por sus raíces, costumbres y cultura. Esta disposición constitucional evitará que cualquier descendiente de mexicanos se vean, en algún momento, privados del derecho humano a la identidad y a la nacionalidad.
Por instrucciones de la presidencia se consultó en votación económica, si se dispensaba la lectura al proyecto de dictamen. Se dispensó por mayoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abrió la ronda de intervenciones de hasta seis oradores a favor y seis en contra.
Sin que nadie hiciera uso de la palabra, se procedió a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del inciso a) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.
A favor: Adriana Gabriela Medina Ortiz (Movimiento Ciudadano), Aleida Alavez Ruiz (Morena), Alejandro Viedma Velázquez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Edgar Guzmán Valdez (PES), Erasmo González Robledo (Morena), Esteban Barajas Barajas (Morena), Gustavo Contreras Montes (Morena), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena), Javier Salinas Narváez (Morena), Jesús de los Ángeles Pool Moo (PRD), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Karen Ivette Audiffred Fernández (Morena), Lidia García Anaya (Morena), Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano), Pablo Gómez Álvarez (Morena), Paola Tenorio Adame (Morena), Rosalba Valencia Cruz (Morena).
Se emitieron 22 votos a favor, 18 en la plataforma y 4 de viva voz.
Se aprobó en lo general y en lo particular por unanimidad de los presentes el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del inciso a) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. Se informó que el dictamen se remitiría a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.
El siguiente punto del orden del día correspondió a asuntos generales.
Sin que nadie hiciera uso de la palabra se solicitó a las diputadas y diputados registrar su asistencia final a la sesión a través de la plataforma digital.
Finalmente, la presidenta, Aleida Alavez Ruiz, notificó que posteriormente se realizaría un parlamento abierto con respecto a la reforma judicial que se trabajaba en conjunto con la Comisión de Justicia.
Asimismo, el lunes 14 de diciembre se revisarían en pleno los dictámenes aprobados en la sesión.
Sin otro tema por tratar, se levantó la reunión.
Atentamente
Diputada Aleida Alavez Ruiz
Presidenta
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, referente a la reunión efectuada el martes 8 de diciembre de 2020
A las diecisiete horas del día ocho de diciembre de dos mil veinte, de manera semipresencial en el Palacio Legislativo ubicado en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron las legisladoras y los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.
A continuación la diputada presidenta solicitó dar cuenta del resultado del cómputo del registro previo de asistencia a la reunión.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez informó de un registro previo de firmas de 20 diputadas y diputados.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz informó que había un registro previo de 18 diputadas y diputados.
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la Presidenta de la Comisión, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), dio por iniciada la reunión y solicitó a la secretaría, a cargo de la Diputada Pilar Ortega Martínez, dar lectura y poner a discusión el orden del día.
La secretaría dio lectura al orden del día, siendo el siguiente:
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al poder judicial de la federación.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Se puso a discusión el orden del día y no habiendo quién hiciera uso de la palabra, se aprobó por mayoría.
El siguiente punto del orden del día fue, la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al poder judicial de la federación.
Al respecto la diputada presidenta, Aleida Alavez Ruiz expuso lo siguiente: “El sentido democrático de la justicia constitucional puede verse en aspectos como la vigencia plena de los derechos fundamentales y su interpretación. En relación con la vigencia plena de los derechos fundamentales, no cabe duda de que estos, son la piedra angular del sistema constitucional, sin duda, podemos afirmar que la misma democracia carecería de todo sentido si no tuviera como finalidad en última instancia, lograr una vida en dignidad para todas las personas.
No puede concebirse la vida digna sin equidad, sin nuestras libertades. En este sentido, la materia de trabajo diaria de los jueces constitucionales, son los conflictos más ostensibles de la sociedad, que se relacionan con esos aspectos más fundamentales de la vida de las y los ciudadanos. La solución de esos conflictos requiere, además, de un amplio conocimiento jurídico de mucha sensibilidad por parte de los jueces constitucionales hacia los justiciables. Quienes acuden a ellos, en busca de justicia en última instancia.
Es por ello, que todo juicio constitucional y su respectiva decisión no debe de batirme únicamente la situación especial de las partes especializadas en ese caso específico, debe ir más allá, permitir, configurar y votar de contenido los derechos fundamentales.
Ejemplo de lo anterior, son los efectos que tienen las sentencias que se pronuncian en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad los cuales, inciden en aspectos sociales, económicos y no en pocas veces políticos, poco a poco esa misma relevancia está siendo propia de los juicios de amparo.
Es por ello, que la interpretación de la Constitución no debe de provenir únicamente de una correcta argumentación racional, el juzgador constitucional debe buscar que sus decisiones sean persuasivas para los justiciables y por extensión de la sociedad en general.
Si bien es cierto que la argumentación racional implica tener un alto rigor técnico, también, es cierto que debe acercarse el derecho constitucional a los justiciables y en general, a todas las personas. Así, la labor de los órganos que integran el Poder Judicial de la federación debe darse dentro de un espacio de discusión pública, mucho más amplia que el estudio de un expediente abierto con motivo de un caso concreto al que se le ha asignado un número y del cual, después se dará cuenta en la estadística.
En la actualidad, nuestro derecho procesal constitucional, ofrece vías formales y legitimas para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciba la influencia de los más diversos actores sociales y los considere al resolver. Así, a la luz de 25 años de experiencia desde que las reformas que en 1994 tuvieron como objetivo, transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional, se hace necesaria esta reforma.
La minuta que envío el Senado de la República a esta Cámara revisora propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas al Poder Judicial de la federación son de gran calado, son y representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.
Su finalidad, es acercar tal y como lo dispone el artículo 17 constitucional la justicia todas y todos los mexicanos, ello, porque hablar de justicia en nuestro país, todavía es una asignatura pendiente con el pueblo del México.
Hoy en día, nuestro país se encuentra en el lugar 60 de 69 países que mide el Índice Global de Impunidad, según la opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que se observan. Así mismo, el Índice Global de Impunidad 2020, advierte que existe una necesidad estructural para mejorar las capacidades de impartición de justicia en nuestro país.
En ese sentido, la reforma que ahora se dictamina, debe ser congruente en esa lucha contra la injusticia y la impunidad. Esta reforma es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la federación judicial, ejecutivo y legislativo. Para atender el reclamo de justicia de la sociedad mexicana. Esta reforma es sustentada por cinco ejes temáticos para transformar el Poder Judicial Federal.
1. Fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, con la finalidad de contar con un Tribunal Constitucional que asegure la supremacía de la ley fundamental, impida que los poderes constituidos rebasen al competencia y atribuciones que expresamente le señala la propia constitución y se materialice la protección real de los derechos humanos.
2. Combatir la corrupción y el nepotismo y el acoso. Dotando al Consejo de la Judicatura Federal de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra todos los integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones.
3. Impulsar la carrera judicial. A través de una escuela de formación para todos los integrantes del Poder Judicial de la federación como lo son jueces, magistrados, secretarios, defensores públicos, asesores jurídicos. Con la finalidad de que cuenten con una preparación basada en los métodos más modernos de impartición de justicia con sensibilidad social y humana, además, que estos cargos estén sujetos a concurso con transparencia.
4. Contar con una defensoría pública, en que la población pueda seguir accediendo con la confianza y certeza de que se defenderán sus derechos de manera profesional.
5. Garantizar la paridad de género, principio ineludible para que nuestra sociedad avance con plenitud de derechos. Se requiere corregir el desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres que integran el Poder Judicial federal, ya que en la actualidad alrededor del 80 por ciento de los jueces y magistrados federales son hombres. Por ello, es necesario romper estereotipos y barreras para que la participación de las mujeres en la carrera judicial sea paritaria.
Así, entre las medidas que contiene la reforma se pueden señalar las siguientes: se fortalece el papel del tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se crea un sistema novedoso para los mexicanos, adoptando el sistema de precedentes judiciales.
Se depura la materia de las controversias constitucionales, eliminando las cuestiones de legalidad al tiempo que se amplía como hipótesis de procedencia a las omisiones, las cuales pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas constitucionales.
Se amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales; se fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; se restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determine desechar un recurso de esta clase.
Se eliminan los tribunales unitarios de circuito y son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación; se eliminan los plenos de circuito y son sustituidos por los plenos regionales; se cambia la denominación de contradicción de tesis por la de contradicción de criterios.
Se elimina el recurso de revisión administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal; se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que se conoce como facultad autorreguladora.
Se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial; se amplía la aplicación de la carrera judicial; se adopta la paridad de género como principio de la carrera judicial; se sustituye la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de la Escuela Federal de Formación Judicial; se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
Se eleva a rango constitucional el Instituto Federal de Defensoría Pública dependiente del Consejo de la Judicatura Federal por lo que tanto los defensores públicos como los asesores jurídicos pasarían a formar parte de la carrera judicial con todas las implicaciones que ello conlleva.
Se faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales previamente establecidos para que conozcan de los asuntos vinculados con los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos y en cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se encarga al órgano que concedió el amparo.
Es un momento de transformación. Debemos responder con diligencia el reclamo de la sociedad para construir un México con justicia. Esperamos que esta reforma no solo transforme al Poder Judicial federal, sino a todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos.
Así, veremos una Corte más vigorosa cuyas resoluciones irradiarán con mayor prontitud en la vida de las personas, la jurisprudencia por precedentes será un cambio que obligará a tener servidores públicos más atentos y preparados acordes a una sociedad que aspira a tener una vida con ejercicio pleno de sus derechos.”
Una vez realizada la anterior exposición, la diputada presidenta, solicitó a la secretaría consultar si se dispensaba la lectura del proyecto de dictamen tomando en consideración que fue previamente distribuido. Se dispensó la lectura por mayoría.
En consecuencia, se puso a discusión el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abrió la ronda de intervenciones hasta de seis oradores a favor y seis en contra.
A continuación, se dio el uso de la palabra a la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, quien expuso que se trata de una reforma muy relevante para la vida institucional, de este país porque sin duda alguna el tema de la impunidad es uno de los grandes males que lamentablemente vivimos junto con la corrupción.
Dijo que lo que se está buscando con la reforma es una mejor forma de organización para garantizar el acceso a este derecho fundamental y que no se entendería el funcionamiento del Estado, sin un sistema de justicia que realmente esté funcionando debidamente.
Expuso que en términos generales, los ejes de la reforma son muy positivos, porque están mejorando la organización interna, por el tema del combate a la corrupción y el nepotismo, por establecer la carrera judicial como un elemento central para la profesionalización de los propios operadores del sistema yal reconocer la paridad.
La diputada precisó que en el foro realizado en la materia, destacaron algunos puntos centrales. El primer punto es sobre el tema del Consejo de la Judicatura, respecto de lo cual, comentó que el hecho de que se concentre este cargo en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no es la mejor fórmula porque se le están dando demasiadas atribuciones a una sola persona.
Un segundo tema, es respecto dela paridad. Al respecto, señaló que hay una propuesta específica que hicieron quienes participan directamente en el Poder Judicial, para perfeccionar esta reforma constitucional y de esta manera garantizar que se aplique estrictamente el principio de paridad también en este órgano del Estado.
De igual forma, la diputada destacó que el tema del artículo 100, donde se hace referencia a que el Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, no es la más afortunada y desde su punto de vista debería de desaparecer.
En el tema de los precedentes dijo que valdría la pena hacer una valoración, ya que pensar en un solo precedente podría no ser lo más adecuado y quizás también tendrían que valorar esa posibilidad de poner, por lo menos, dos precedentes para que sean obligatorios para las autoridades competentes.
Finalmente, expresó que es muy importante que se establezca la defensoría pública como un tema principal, y que se tendría que acompañar esta reforma con el respectivo presupuesto, porque si no, podría verse limitado su impacto.
Posteriormente se dio el uso de la voz al diputado Juan Carlos Villareal Salazar, quien expresó que en Movimiento Ciudadano están a favor de combatir la corrupción, el Poder Judicial y de poder democratizar la vida interna de este poder.
Sin embargo, aunque hubo algunos avances que pudieran observarse en la reforma, hay aspectos fundamentales que dejan mucho que desear y contravienen el espíritu de una reforma democrática para el Poder Judicial. De este modo, el diputado señaló 3 puntos:
1. Se trata de una reforma que aunque pudiera haber avances en temas como la paridad y algunos otros aspectos, es una reforma difederalista en el sentido de que, debilita al pacto federal al acotar las condiciones y las posibilidades que van a tener los estados y los municipios para presentar las controversias constitucionales.
2. Esta reforma, digo, va en contra del espíritu democrático de lo que podría plantearse al principio del espíritu de la reforma y además sin equilibrio. Se le da un empoderamiento irracional al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero, además, preocupante es que las observaciones que se hicieron en el parlamento abierto y del Instituto de investigaciones jurídicas y otros especialistas en el Senado, fueron desechadas totalmente donde claramente la recomendación fue el separar el poder la figura que tiene el presidente para mantener equilibrios dentro del Poder Judicial.
3. En el tema de la reforma que tiene que ver con la jurisprudencia por precedentes, esto significa una concentración excesiva también.
A continuación, se dio la palabra a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, quien expresó que el dictamen de la minuta que se discute tiene como finalidad modificar aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación relacionados con su quehacer jurisdiccional y de la carrera judicial, generando con ello un nuevo paradigma en cuanto a la modernidad, cercanía con la gente, independencia y mayor preparación para el personal con el fin de brindar un mejor servicio de impartición de justicia de calidad para la ciudadanía, garantizando con ello que esta sea eficaz y eficiente, tal como lo consagra el artículo 17 constitucional, que la letra indica que la justicia impartida por los tribunales debe de ser pronta y expedita.
Precisó que las modificaciones realizadas por el Senado a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 a la Constitución propuestas a iniciativa del propio Poder Judicial, contemplan la creación de los plenos regionales en lugar de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados de apelación, en lugar de los unitarios de circuito. Asimismo, establece la obligación de que las sentencias emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, por 8 votos y por sus salas por 4, sean de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales.
En el mismo sentido, con el objeto de evitar el nepotismo y la corrupción se crea el sistema de carrera judicial y de formación judicial para capacitación y actualización de los funcionarios judiciales y se determina la inatacabilidad de los resultados de los concursos de oposición, se fortalece la defensoría pública con la creación constitucional de su instituto y, por último, se determina que el Consejo de la Judicatura Federal podrá determinar la concentración de asuntos en algún juzgado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo, se establece la posibilidad de que un criterio del Tribunal Electoral sea denunciado por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia facilitando el proceso, ya que al ser denunciadas por contradicción de tesis resulta más complicado establecer criterios homogéneos.
En el tema de las controversias constitucionales contenida en el artículo 105, se amplían los conceptos por los que puedan presentarse para la contravención de normas generales, actos y omisiones y, particularmente, se establece que podrán presentarse para las contradicciones entre los órganos autónomos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades.
La diputada señaló que el incumplimiento de la sentencia de amparo podrá ser solicitado, además de la Suprema Corte de Justicia, ante el órgano jurisdiccional que haya emitido la sentencia. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD considera que se ha hecho un dictamen de manera integral toda vez que se reconoce al Poder Judicial Federación como institución democrática y plural interesada en establecer acciones afirmativas en favor de las personas, erradicar los vicios de corruptelas dentro de este órgano jurisdiccional y, algo muy importante, que se garantiza la paridad entre los géneros y establece la profesionalización de las y los impartidores de justicia.
Finalmente, destacó que con independencia de esta posición que tiene el Partido de la Revolución Democrática, en el sentido a favor, estarán presentando una reserva que tiene que ver con una propuesta que se hizo en el parlamento abierto, y que tiene por objeto que la jurisprudencia emitida por el pleno de la Corte, aprobada por 8 votos y las que se aprueben en sus salas por 4, sean obligatorias no solo para los órganos jurisdiccionales, sino también para las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de que independientemente de que se realicen las reformas legales o no, ésta sea de aplicación obligatoria para la administración pública. Es cuanto y gracias por su tolerancia.
Posteriormente, se dio la palabra a la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, quien externó que la transformación del sistema de justicia es uno de los temas que más preocupan y ocupan a Movimiento Ciudadano y comparten con prácticamente todas las fuerzas políticas de la Cámara el interés de generar un diseño más eficiente del aparato judicial, que permita a la ciudadanía acceder a la justicia oportunidad y expedita.
Por tal motivo, coincidieron en la sesión a distancia del parlamento abierto, en el que escucharon a varias voces de la academia y de la judicatura federal, que hablaron ampliamente sobre sus expectativas en torno al trabajo desarrollado. Destacó 3 temas de dicho foro:
1. El primer tema es que aunque prácticamente todos los ponentes consideraron positivas las intenciones generales de la iniciativa, también prácticamente todos los ponentes señalaron que habría que poner mucha atención sobre las leyes secundarias que complementarán a la eventual reforma.
2. El segundo tema, es que existen algunos puntos de la reforma sobre los que habría que considerar si se les mete mano por impresiones o si se les está metiendo por realidades comprobadas.
3. El tercer tema es que aunque existen algunos aspectos que son susceptibles a impactar a entidades federativas, municipios y poderes judiciales locales, lamentablemente, en el interesante, pero fugaz ejercicio del parlamento abierto no se consideró ni la opinión de las asociaciones de juzgadores ni las asociaciones de presidentes municipales, tampoco de ni uno solo de los 10 gobernadores que han mostrado diferencias con el gobierno federal.
En este sentido, la diputada expuso que surgen dudas serias sobre la ambigüedad del texto, en algunas partes de la reforma sugeridas. Por ello, invitó a llamar respetuosamente al Ejecutivo federal a mostrar a las comisiones unidas proyectos de reforma a leyes secundarias que se presentarán para darle la certidumbre, la seriedad y la responsabilidad al voto de quienes habrán de apoyar esta reforma.
Posteriormente, se dio el uso de la palabra al diputado Enrique Ochoa Reza, quien expuso que en el Grupo Parlamentario del PRI están a favor de esta reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. Dijo que hay que rescatar que esta iniciativa vino de una propuesta presentada ante el Senado de la República del presidente de la Corte y que aglutina una serie de reflexiones de mucho tiempo sobre cuáles son los mecanismos para mejorar el actuar del Poder Judicial de la Federación.
Precisó que esta reforma tiene elementos potentes que ayudarán a mejorar el sistema de justicia. Destacó puntos específicos que le parecen muy favorables: se eleva a nivel constitucional el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Por primera vez se incorpora al texto constitucional dentro de la carrera judicial el principio de paridad de género, aspecto que nos parece de primordial importancia.
Pero, además, precisamente se eleva a rango constitucional el que el Poder Judicial cuente con una Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización tanto del personal jurisdiccional como del personal administrativo, también encargada de establecer los concursos de oposición que le den el acceso a las mujeres y a los hombres que estén mejor preparadas o preparados para ocupar los cargos dentro del poder judicial de la federación.
Además, se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a través de un nuevo Instituto Federal de la Defensoría Pública, que también será beneficiario de la formación que habrá en la Escuela Federal de Formación Judicial de los nuevos integrantes de este instituto para mejorar las condiciones de la defensoría pública, que ha sido un talón de Aquiles dentro del Poder Judicial de la Federación.
También reconoció que la reforma propone que a nivel constitucional los Tribunales Unitarios cambien y sean Tribunales Colegiados de Apelación, con lo cual se establece una justicia de tres personas en lugar de una.
Aspecto en lo cual no coincide en esta reforma está en el cuarto transitorio, donde se establece que a pesar del largo alcance que tiene esta reforma constitucional no se le están otorgando recursos económicos adicionales al Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo tan importantes modificaciones.
Expresó que se le ha recortado el presupuesto al Poder Judicial de la Federación cuando se le debería de dotar de recursos suficientes sobre todo, para llegar a estas grandes transformaciones que propone esta reforma constitucional.
A continuación, se dio la palabra al diputado Silvano Garay Ulloa, quien expresó que este dictamen ayuda mucho al sistema jurídico mexicano. Es una ampliación de derechos. Anteriormente la Corte requería de cinco sentidos para construir una jurisprudencia. Hoy nada más va a ser un solo sentido y con el voto de ocho ministros.
Destacó que también se avanza mucho en materia electoral. Anteriormente la Sala Superior emitía tres sentidos y era jurisprudencia, ahora con el voto de cuatro magistrados ya establece un criterio.
En el tema de la defensoría de oficio, ahora los ciudadanos, las ciudadanas van a tener acceso rápido a justicia. Dijo que la Corte en los últimos seis meses ha corregido la plana a más de 10 estados, casi por lo general en materia electoral.
Y, finalmente destacó el principio de paridad de género en el Poder Judicial federal.
Por todo ello, expresó que en el Partido del Trabajo, las y los diputados votarán a favor.
Acto seguido, se dio el uso de la voz al diputado Alejandro Viedma, quien precisó que desde su punto de vista uno de los aspectos más importantes de esta reforma, entre otros, es precisamente la regulación de la carrera judicial. Si bien es cierto que ya se cuenta con una carrera judicial, ésta se vería fortalecida y actualizada por cuanto hace al ingreso, formación, permanencia y remoción del personal.
No solamente de los jueces y los magistrados, sino que también se contaría con una serie de disposiciones basadas en el mérito y la igualdad de oportunidades, sin dejar espacios para la discrecionalidad de nombramientos. Porque, en este sentido, en la cuarta transformación se ha trabajado contra la corrupción y el nepotismo.
También dijo que se busca reformar lo concerniente a la inamovilidad de juzgadores, estableciendo como requisito indispensable para que los juzgadores federales sigan en su puesto la ratificación, sin que la promoción a un cargo superior exima al juzgador de pasar por dicho procedimiento. Así mismo, se sigue trabajando para que la paridad sea una realidad en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso esta reforma busca el cumplimiento del principio y la regla de paridad.
Finalmente, reconoció el trabajo que tanto el Poder Judicial de la Federación como el Ejecutivo federal han venido realizando en coordinación para este tema, sin dejar de lado la disposición que ha tenido el Congreso de la Unión, particularmente el Senado de la República, para el estudio y análisis del fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional.
Así como la transformación de la Defensoría Pública para la debida defensa de los más desamparados y lo concerniente a la creación de plenos regionales, encargados de resolver las contradicciones de tesis en su respectivo ámbito jurisdiccional.
Posteriormente, se dio la palabra al diputado Héctor Guillermo de Jiménez y Meneses, quien expuso que esta reforma al Poder Judicial de la Federación es en realidad una reforma que va a servir mucho tanto para los funcionarios judiciales de la federación como para las personas que acuden a solicitar licencia, como son los litigantes que representan a muchos particulares.
Esta reforma, en donde se crean los plenos regionales, los tribunales colegiados, de circuito y de apelación, se da para que tengan mejor opción tanto los funcionarios como aquellas personas que litigan y que están asistiendo para poder llevar a cabo los juicios respectivos. Importantes son las reformas a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución. Como temas complementarios a esta reforma destacó lo concerniente a la paridad de género y la Defensoría Pública Federal.
En el tema de paridad de género expuso que estamos en la Legislatura de la paridad de género y que en esto es una importante visión feminista en la carrera judicial.
En cuanto a la Defensoría Pública Federal dijo que esta defensoría ha estado olvidada y que hoy se fortalece la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, como un ente de relevancia.
A continuación, se dio la palabra al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien señaló que esta iniciativa que presentó el Ejecutivo –provocado o incitado por el presidente de la Corte– tiene un contenido singular, que es acabar con los tribunales unitarios. Es una anomalía que un tribunal de apelación esté integrado por una sola persona y durante muchísimos años esa fue la costumbre mexicana, favoreciendo así la corrupción.
Dijo que no consideraba que las controversias constitucionales –así llamadas, no por el método, sino por el contenido también– originalmente que se restrinjan asuntos de constitucionalidad, sea algo que afecte al federalismo. Sino que esto es para evitar que los poderes de un mismo estado o los municipios y los poderes locales vayan a la corte en controversias sobre cuestiones de legalidad.
Por último, precisó que el cuarto transitorio del proyecto está hecho también a propuesta del poder judicial, si el poder judicial considera que su presupuesto es suficiente, para poder hacer frente a esta reforma, se le debe creer.
Acto seguido se dio la palabra a la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, quien dijo que se ha dejado en claro el avance histórico que representa esta reforma, pero sin duda, también lo que falta para continuar perfeccionando el sistema judicial hacia los más altos estándares del derecho, pero también haciéndolo accesible para todas las y los mexicanos.
Destacó que a 25 años de que se intentara transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Constitucional, finalmente en este año se podrá ver consumada la intensión y será un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en materia de fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un Tribunal Constitucional que asegure la supremacía de la ley, combatir la corrupción y el nepotismo, impulsar la carrera judicial, contar con una defensoría pública, garantizar la paridad de género en la integración del poder judicial.
Precisó que, será necesario transitar a que el artículo 94 establezca que las razones dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la salas sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, pero también para los niveles de administración pública.
Posteriormente, se dio el uso de la voz a la diputada Ana Ruth García Grande, quien destacó que la minuta que remite el Senado con respecto con la reforma judicial, es de gran calado por cuanto establece cinco ejes temáticos bien definidos donde se reconocen los temas que ya se han expresado.
Consideró que tienen la inmejorable posibilidad de aportarle a la minuta que se discute y contribuir a dar más precisión y esquema a temas finos que en ella se contienen, dado que del propio Parlamento Abierto celebrado se les ofreció una visión de los especialistas y un semillero amplio, una veta inacabada de ideas para perfeccionar el proyecto de dictamen, precisando temas que en algunos casos que no es ocioso considerar para incluirlos en el proyecto.
Insistió en el tema de que la opinión de servidores y servidoras judiciales robustece las líneas finas de esta iniciativa. Mencionó también que la minuta contiene medidas incompletas. Por ejemplo, el hecho de evitar que se concentre más poder en la copula del poder judicial, el hecho de que sí se incluyan en el artículo 94 expresamente la vinculación de las resoluciones y sus razones con las autoridades administrativas. Asimismo, la importancia de fortalecer este nivel de vinculación para que finalmente los gobernados o la gente de calle, pueda ver un efecto de las resoluciones.
Destacó la importancia de que sí se desvincule el nombramiento del personal de un juzgado de su titular, que todos los puestos concursen, para ayudar a democratizar todos los niveles de las designaciones.
Finalmente, manifestó que en términos generales sí hay avance, y de no permitirse la incorporación de las propuestas que enumeró, formulará las reservas correspondientes.
Posteriormente se dio la palabra a la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, quien hizo un reconocimiento a las comisiones unidas de justicia, puntos constitucionales por el proceso llevado a cabo, en el que tuvieron la oportunidad de generar un intercambio de ideas en un ejercicio de parlamento abierto donde se expresaron las posturas plurales y diversas en torno a esta reforma.
Manifestó que el dictamen tendrá una gran relevancia sin duda en los años venideros porque la transformación de cualquiera de los poderes que integran la soberanía de una nación siempre supone la posibilidad de ajustar los equilibrios y límites que definen su actuación, pero también el peligro de que los otros poderes puedan tener un margen de acción más amplio, incurriendo en un desequilibrio, lo cual por sí mismo implica un peligro para el sistema de pesos y contrapesos en el que se fundamenta cualquier sistema auténticamente republicano.
Por eso, cualquier reforma legislativa que tenga como propósito el ajuste de alguno de los poderes debe revisarse con mayor exhaustividad, con mayor cuidado, pues no es menor lo que se encuentra en riesgo. En el caso particular, destacó tres puntos que abren posibilidad de que la reforma pudiera tener algunos riesgos y debilitar justamente el sistema de pesos y contrapesos.
1. En primer lugar habló del debilitamiento de la figura de la controversia constitucional. Este mecanismo de control constitucional que es relativamente nuevo en el sistema de justicia constitucional de nuestro país ha sido el espacio donde se dirimen las contiendas entre distintos poderes y órdenes de gobierno.
Dijo que las controversias constitucionales se vuelven el medio idóneo para frenar los posibles abusos del poder por parte de la federación o los gobiernos de las entidades federativas en contra de los municipios.
La reforma plantea la eliminación de la posibilidad de que la Suprema Corte pueda conocer de las controversias interpuestas por temas de competencia y a pesar de que en primera instancia parece no tener relación con asuntos de derechos, en una gran cantidad de casos son la puerta para analizar diversas transgresiones a la Constitución en el análisis de fondo del asunto.
Por ello, consideró que esta reforma deja en desprotección o podría dejarlo al menos a los municipios.
2. Otro aspecto que destacó como preocupante es la eliminación de cualquier recurso frente al auto que dicta el desechamiento de los amparos directos en revisión. Pues en el ejercicio de parlamento abierto, se comentaba que había al menos 98 casos en los cuales dichos recursos sirvieron efectivamente para analizar lo que luego resultaron violaciones a la Constitución o a los derechos humanos.
3. Y, finalmente, la introducción del sistema de precedentes que consideró un retroceso para el federalismo en que se funda esta república, pues la imposición de un criterio desde el centro sin la clara posibilidad de contar con momentos y contextos distintos para un pronunciamiento constitucional hace que el tribunal constitucional pierda la oportunidad de someter su criterio al tamiz de tiempos distintos que muchas veces pueden resultar determinantes para la transformación de un criterio jurisdiccional.
Reconoció también los aciertos de la reforma: la necesidad de tener un sistema de carrera judicial, la necesidad de combatir actos nocivos dentro de la misma carrera judicial como el nepotismo o la corrupción de los que se ha hablado mucho, la necesidad de contar con una escuela judicial con soporte constitucional y que esta a su vez pueda tener convenios con las entidades federativas. Celebró también el lenguaje incluyente y el tema de paridad.
Por todo lo expuesto, dijo que en el Grupo Parlamentario del PAN votarían en abstención.
En virtud de que se agotó la lista de intervenciones, de conformidad con el artículo 189, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consultó en votación económica si el asunto estaba suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se consideró suficientemente discutido por mayoría.
Se procedió a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación.
Comisión de Puntos Constitucionales
A favor
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (Morena), Esteban Barajas Barajas (Morena), Gustavo Contreras Montes (Morena), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), Javier Salinas Narváez (Morena), Silvano Garay Ulloa (PT), Alejandro Viedma Velázquez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), David Orihuela Nava (Morena), Edgar Guzmán Valdez (PES), Erasmo González Robledo (Morena), Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena), Jesús de los Ángeles Pool Moo (PRD), Karen Ivette Audiffred Fernández (Morena), Lidia García Anaya (Morena), Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), María Alemán Muñoz Castillo (PRI), Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), Pablo Gómez Álvarez (Morena), Paola Tenorio Adame (Morena), Rosalba Valencia Cruz (Morena).
En contra
Diputadas Adriana Gabriela Medina Ortiz (Movimiento Ciudadano), Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano)
Comisión de Justicia
A favor
Diputados: Adriana M. Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena), Ana Ruth García Grande (PT), Claudia Pérez Rodríguez (Morena), David Orihuela Nava (Morena), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), Edgar Guzmán Valdez (PES), Enrique Ochoa Reza (PRI), Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), Gustavo Callejas Romero (Morena), Marco Antonio Medina Pérez (Morena), María Elizabeth Díaz García (Morena), María Luisa Veloz Silva (Morena), María Roselia Jiménez Pérez (PT), María Teresa López Pérez (Morena), Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES), Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), Ximena Puente de la Mora (PRI).
En contra
Diputados: Juan Carlos Villarreal Salazar (SP), Rubén Cayetano García (Morena).
Abstenciones
Diputadas: María del Pilar Ortega Martínez (PAN), María del Rosario Guzmán Avilés (PAN), Mariana Dunyaska García Rojas (PAN).
En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 22 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones.
En la Comisión de Justicia se manifestaron: 19 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones.
Se aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Se informó que el dictamen se remitirá a Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.
El siguiente punto del orden del día correspondió a asuntos generales. No habiendo quien hiciera el uso de la palabra se solicitó a las diputadas y diputados de ambas comisiones registrar su asistencia final en la plataforma digital.
No habiendo otro tema a tratar, se levantó la reunión.
Comisión de Puntos Constitucionales
Diputados: Aleida Alavez Ruiz, presidenta; Esteban Barajas Barajas, Gustavo Contreras Montes, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Javier Salinas Narváez, María Alemán Muñoz Castillo, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, secretarios; Karen Ivette Audiffred Fernández, Lidia García Anaya, Erasmo González Robledo, Édgar Guzmán Valdez, Pablo Gómez Álvarez, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Martha Patricia Ramírez Lucero, Ana Karina Rojo Pimentel, Martha Tagle Martínez, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez.
La Comisión de Justicia
Diputados: María del Pilar Ortega Martínez, presidenta; Rubén Cayetano García, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, David Orihuela Nava, Claudia Pérez Rodríguez, Martha Patricia Ramírez Lucero, Mariana Dunyaska García Rojas, María del Rosario Guzmán Avilés, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ana Ruth García Grande, Juan Carlos Villarreal Salazar, secretarios; Gustavo Callejas Romero, María Elizabeth Díaz García, Édgar Guzmán Valdez, María Roselia Jiménez Pérez, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Teresa López Pérez, Marco Antonio Medina Pérez, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Enrique Ochoa Reza, Ximena Puente de la Mora, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, María Luisa Veloz Silva, Silvia Lorena Villavicencio Ayala.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, anual de trabajo correspondiente al tercer año legislativo, que comprende de septiembre de 2020 a agosto de 2021
I. Fundamento jurídico
En cumplimiento a los artículos 45, numeral 6, incisos a), d), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 149, numeral 2, fracciones I, IV, VI y numeral 3; 150, numeral 1, fracción X; 158, numeral 1, fracción II y 161, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión presenta la propuesta de su programa anual de trabajo, correspondiente al Tercer año legislativo.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.
II. Misión
Encontrar las coincidencias entre las fuerzas políticas representadas en la Comisión para lograr la transformación del marco constitucional en beneficio de la colectividad y del Estado.
III. Visión
Ser una comisión de conciliación, de pluralidad que ofrezca alternativas al desarrollo y cumplimiento de las funciones y obligaciones de la Cámara de Diputados y del Congreso.
IV. Aspectos preliminares
La Comisión de Puntos Constitucionales ha sido un elemento relevante para el proceso de cambio de régimen y de las instituciones del Estado.
A través del análisis, discusión y debate se han aprobado en el seno de esta comisión legislativa reformas trascendentales que propician el ensanchamiento de derechos y sus garantías que consagran nuestra Carta Magna.
El mayor consenso posible ha sido el motor de nuestro quehacer legislativo, aporía de nuestra responsabilidad.
A pesar de que nos encontramos en las postrimerías de la legislatura, existen temas que no podemos pasar por alto ni que impliquen la claudicación de nuestros esfuerzos.
En virtud ello, proponemos las siguientes acciones contenidas en este programa de trabajo.
V. Objetivos generales
- Estudiar, analizar, dictaminar y aprobar, con base en la normatividad reglamentaria y constitucional, las adiciones y modificaciones de los artículos constitucionales que generen el mayor consenso, en beneficio de los mexicanos, propiciando la convivencia pacífica y la solución de los principales problemas sociales.
- Fortalecer los temas de una agenda ciudadana, que implique beneficios directos a la mayoría y sean atendibles por las instituciones del Estado.
VI. Objetivos particulares
- Impulsar consensos necesarios para llevar a cabo el dictamen de las minutas, iniciativas y puntos de acuerdo, que en el ámbito de su competencia se encuentran turnados a esta Comisión.
- Reflexionar y estudiar las propuestas legislativas de reforma y actualización del texto constitucional con objetividad y profesionalismo.
- Tomar como parámetro para el análisis y dictaminación los más altos estándares de los derechos humanos.
- Consultar a la sociedad a través de la figura del Parlamento Abierto para tener las mejores herramientas en la toma de decisiones.
- Difundir e informar el trabajo legislativo a los ciudadanos sobre el desarrollo de las actividades de la Comisión, como una herramienta complementaria y cotidiana en la rendición de cuentas.
VII. Acciones
a) Programación del calendario de reuniones ordinarias del pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su Junta Directiva.
b) Establecer rutas de trabajo para los temas que la comisión ha de abordar bajo la premisa del mayor consenso posible.
c)) Trabajo en subcomisiones para la elaboración de predictámenes, proyectos de resolución y para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias del Poder Ejecutivo Federal.
VIII. Método de trabajo
Para dar cumplimiento a las tareas legislativas, se desahogarán los asuntos turnados a la Presidencia y a las subcomisiones, debido a su competencia, bajo lo siguiente:
a) Las reuniones plenarias de la Comisión, estarán basadas en las convocatorias, resoluciones que deriven de la Presidencia de la Comisión y de su Junta Directiva, así como las que determine el pleno de la Comisión.
b) La Junta Directiva, discutirá y, en su caso, aprobará los temas para su dictamen, bajo lo siguiente:
• Prioritarios de acuerdo con los consensos mayoritarios de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios.
c) El Pleno de la Comisión y su Junta Directiva se reunirán, en el marco del Reglamento de la Cámara de Diputados.
IX. Actividades de orientación de la Presidencia
La Presidencia propondrá los criterios generales, para el procedimiento de elaboración de dictámenes con el consenso de su Junta Directiva.
1. En ese sentido, proponemos se aborde el tema de igualdad sustantiva como sello característico de esta legislatura, denominada “la legislatura de la Paridad de Género”.
En ese sentido, a la fecha, la Comisión tiene registradas 48 iniciativas sobre la materia, por lo que, para la elaboración de su dictamen se propone trabajar todas estas iniciativas en un bloque en los siguientes términos:
Referencia. Elaboración de Dictamen de género e igualdad sustantiva durante el mes de febrero.
Ruta de trabajo propuesta:
a. Mesas de las Subcomisiones que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, para determinar los ejes temáticos.
Del 2 al 5 de febrero.
b. Elaboración del anteproyecto de dictamen.
Del 8 al 12 de febrero
c. Foros de discusión y análisis, tomando como base el Proyecto de dictamen.
Si se cuenta con posibles ponentes, se ruega proporcionar sus datos para contacto.
Del 15 al 19 de febrero.
d. Elaboración del Proyecto de dictamen, en el que se incorporarán las exposiciones de los foros.
Del 19 al 22 de febrero
e. Cita a sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, y distribución a sus integrantes del Proyecto de Dictamen.
Del 22 al 26 de febrero
El tema de igualdad sustantiva es solo uno de los múltiples que se han puesto en análisis de la Comisión, por lo que en caso de que existan las condiciones para generar consensos, habrá la flexibilidad necesaria para lograr el cometido.
2. Por otro lado, y con la finalidad de depurar los registros de la Comisión se avanzará en la dictaminación negativa de las iniciativas que, por la temática, la falta de consenso, de inviabilidad jurídica o por haber quedado sin materia sean susceptible de esta consideración parlamentaria.
3. Asimismo, tenemos otros temas pendientes en la comisión para los cuales me gustaría pedir de su apoyo para que avanzáramos en su análisis, y en su caso, eventual aprobación.
Me refiero a los dictámenes que tenemos presentados ante esta Junta Directiva pero pendientes de revisar tal es el caso de la modificación al artículo 19 de la constitución para incluir en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a los de extorsión y delitos ambientales, así como el del financiamiento de partidos políticos.
Para el primero como se abordó en la sesión del 4 de diciembre de 2020, este tema sea materia de un parlamento abierto sobre el dictamen, para lo cual pido a todos ustedes nos ayuden con propuestas para integrar la lista de panelistas, la idea sería que este parlamento abierto se realice tentativamente el día 5 de marzo del presente.
4. Como parte de las actividades de la comisión se considera oportuno un diálogo con doctrinarios de vanguardia, para ello, habremos de celebrar una conferencia magistral con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, platicaremos con él sobre su visión de garantismo y derechos humanos a través de una Constitución para la Tierra en estos tiempos de pandemia, tentativamente para el día 3 de marzo de 2021.
5. Se propone incluir un Parlamento Abierto para el análisis de la reforma al artículo 115 en materia de residuos sólidos, con fecha tentativa el día 12 de marzo del presente.
X. Forma de organización para el trabajo
La Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de lograr sus objetivos y llevar a cabo su alta misión dictaminadora, trabajará en Pleno, en reuniones de Junta Directiva, en subcomisiones, en Comisiones Unidas y en Conferencia, conforme a lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados, los acuerdos parlamentarios correspondientes y la demás normatividad aplicable.
XI. Base de la planeación de la actividad legislativa.
- Aportar los trabajos legislativos necesarios para hacer vigente el Estado de derecho y promover la cultura de los Derechos Humanos.
- Se podrán organizar conferencias, seminarios y talleres, mesas de trabajo, ruedas de prensa, publicaciones y campañas, entre otras, a efecto de realizar consultas y difundir el trabajo de la Comisión.
XII. Calendarización
Las reuniones del Pleno y la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, se realizarán de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados y se ajustarán al calendario aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Otro tipo de reuniones, como extraordinarias, de trabajo, de comisiones unidas, entre otras, serán calendarizadas por la Presidencia de la Comisión y su Junta Directiva de acuerdo con el marco jurídico reglamentario.
Atentamente
Diputada Aleida Alavez Ruiz
Presidenta
De la Comisión de Radio y Televisión
A la reunión de junta directiva –vía zoom– que se llevará a cabo el martes 16 de febrero, a las 10:00 horas.
ID y vínculo serán enviados con antelación.
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaración de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura de los siguientes asuntos:
1) Dictamen en sentido negativo de proyecto de decreto que adiciona un artículo 255 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputado Armando Contreras Castillo.
2) Dictamen en sentido positivo de proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 226 y la fracción II del artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade.
3) Dictamen en sentido positivo de proyecto de decreto por el que deroga la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández.
4) Punto de acuerdo a fin de exhortar a diversas autoridades a coordinarse con el SPR para reforzar y promover en los medios de comunicación masiva públicos y privados una campaña orientada a prevenir y atender la violencia doméstica por la pandemia del Covid-19. Diputado Adolfo Torres Ramírez.
5) Dictamen de opinión en sentido positivo de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Minuta del Senado.
6) Aprobación del plan anual de trabajo correspondiente al tercer año legislativo.
IV. Asuntos generales.
Atentamente
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal
Presidenta
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
A la reunión semipresencial de junta directiva, a celebrarse el martes 16 de febrero, a las 10:00 horas, en el mezzanine sur del edificio A.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta del orden del día de la décimo quinta reunión ordinaria.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez
Presidente
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
A la décimo quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo de manera semipresencial el martes 16 de febrero, a las 10:30 horas, en el mezzanine sur del edificio A.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décimo cuarta reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes:
a) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sobre diversas iniciativas que reforman artículos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de conceptos de corrupción y principios.
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sobre diversas iniciativas en materia de rendición de cuentas de los órganos internos de control.
c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que reforma las fracciones III y VIII y adiciona un último párrafo del artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se reforma el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y se adiciona la fracción VI con los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
e) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo y tercer párrafo de la fracción V del artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
f) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 59 bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
g) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y corrige el encabezado de la iniciativa en lugar del artículo 47 de la misma Ley.
h) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
i) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sobre diversas iniciativas que reforman la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
j) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia de programas de integridad de los servidores públicos.
k) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sobre la iniciativa que adiciona el artículo 122 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en materia de rescisión de contratos por actos de corrupción.
5. Asuntos generales.
a) Informe sobre los asuntos turnados para dictamen como Comisión única, para dictamen en Comisiones Unidas y para emitir opinión.
6. Clausura y cita para la próxima reunión.
Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez
Presidente
De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad
A la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 17 de febrero, a las 13:00 horas, en el mezzanine sur del edificio A.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Novena Reunión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y aprobación Plan de Trabajo Anual 20202021.
5. Lectura, discusión y aprobación del dictamen –en sentido positivo– correspondiente al proyecto de decreto que reforma el artículo 1138 del Código de Comercio.
6. Lectura, discusión y aprobación del dictamen –en sentido positivo– correspondiente al proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana.
7. Lectura, discusión y aprobación del dictamen –en sentido positivo– correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley General de Salud.
8. Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
9. Asuntos generales.
10. Clausura y cita para la siguiente sesión ordinaria.
Atentamente
Diputado Fernando Galindo Favela
Presidente
De la Comisión de Seguridad Social
A la decimoséptima reunión ordinaria semipresencial, por llevarse a cabo el martes 16 de febrero, a las 13:00 horas, en el mezanine norte, situado en el edificio A.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimoquinta y decimosexta reuniones.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de siguientes dictámenes:
a) Expediente número 5541
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de posibilitar que las cuotas y aportaciones complementarias sean voluntarias, temporales, periódicas a plazo fijo y por los porcentajes que elijan los trabajadores.
b) Expediente número 10088
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, para incluir en el Seguro Social a los hermanos del asegurado, los nietos del asegurado que vivan en el hogar de éste y los hijos de madres solteras que vivan en el hogar del asegurado.
c) Expediente número 9143/a
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 141 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que los trabajadores que hubieren cotizado al instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban en el IMSS, puedan transferir a éste los derechos de los años de cotización en el instituto.
d) Expediente número 9731
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 198 de la Ley del Seguro Social y 82 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para establecer una aceptación expresa con firma autógrafa del trabajador donde éste reconozca las consecuencias de efectuar el retiro parcial de su cuenta individual por concepto del retiro en caso de situación de desempleo.
e) Expediente número 9293
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 200 y 201 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de establecer para el instituto la obligación de notificar personalmente, en el domicilio del trabajador y dentro de los 30 días siguientes de haber causado baja, los requisitos para la continuación voluntaria en el régimen obligatorio y ampliar el término para solicitar la continuación voluntaria a 12 meses, luego de la baja del empleo.
f) Expediente números 6631, 7067, 7901 y 8660
Predictamen negativo sobre las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de establecer un mecanismo de excepción respecto a los adultos mayores que hayan alcanzado la edad para el retiro pero que hayan dejado de pertenecer al régimen obligatorio y sean obligados, a su vez, a pertenecer a éste durante 12 meses para poder hacerse acreedores a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.
g) Expediente número 9513
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de incrementar en 2 puntos porcentuales el ahorro solidario para los trabajadores que coticen en el instituto para que puedan ahorrar hasta 4 por ciento del sueldo base de cotización.
h) Expedientes números 5908 y 8882/3a
Predictamen negativo sobre las iniciativas con proyecto de decreto expiden la Ley General de Pensiones, a fin de crear un ordenamiento donde se establezcan los criterios que regirán los sistemas de pensiones por retiro y garantizadas por vejez.
i) Expediente número 5779
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para obtener la pensión a los 55 años de edad en el ISSSTE.
j) Expedientes números 7252, 7497, 7705, 7896, 7946, 8246 y 9734/3a
Predictamen negativo sobre las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de establecer que los trabajadores que cuentan con una Afore puedan disponer de parte de sus ahorros cuando el país se encuentre en una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, declarada por el gobierno federal.
k) Expediente número 5780
Predictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un inciso d) al artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de prever que los recursos afectos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en las subcuentas del Fondo de la Vivienda de las cuentas individuales puedan destinarse también al pago de los gastos de escrituración de un bien inmueble.
5. Informe de actividades correspondiente al primer semestre del tercer año de la LXIV Legislatura, 1 de septiembre de 2020-28 de febrero de 2021.
6. Asuntos generales y clausura.
Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez
Presidenta
De la Comisión de Radio y Televisión
A la duodécima reunión ordinaria, en modalidad virtual, que se llevará a cabo el miércoles 17 de febrero, a las 10:00 horas, bajo el siguiente
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaración de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura de los siguientes asuntos:
1) Dictamen en sentido negativo de proyecto de decreto que adiciona un artículo 255 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputado Armando Contreras Castillo.
2) Dictamen en sentido positivo de proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 226, y la fracción II del artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade.
3) Dictamen en sentido positivo de proyecto de decreto por el que deroga la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández.
4) Punto de acuerdo a fin de exhortar a diversas autoridades a coordinarse con el SPR para reforzar y promover en los medios de comunicación masiva públicos y privados una campaña orientada a prevenir y atender la violencia doméstica por la pandemia del Covid-19. Diputado Adolfo Torres Ramírez.
5) Dictamen de opinión en sentido positivo de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Minuta del Senado.
6) Aprobación del plan anual de trabajo correspondiente al tercer año legislativo.
IV. Asuntos generales.
Atentamente
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal
Presidenta
De la Comisión de Defensa Nacional
A la decimoquinta reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el jueves 18 de febrero, a las 10:00 horas, en la modalidad virtual, a través de la herramienta Zoom.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, presentación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
5. Lectura, discusión y, en su caso, presentación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
6. Lectura, discusión y, en su caso, presentación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera
Presidente
De la Comisión de Defensa Nacional
A la duodécima reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 18 de febrero, a las 10:30 horas, en la modalidad virtual, a través de la herramienta Zoom.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera
Presidente
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social
A la decimoséptima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo de manera semipresencial el miércoles 17 de febrero, a las 10:30 horas, en la sala de juntas del órgano convocante, ubicada en el cuarto piso de edificio F.
Orden del Día
1. Orden del día.
2. Registro de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la decimosexta reunión de junta directiva, celebrada el 10 de diciembre de 2020.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.
6. Aprobación del orden del día correspondiente a la decimosexta reunión ordinaria de la comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
Presidente
De la Mesa Directiva
A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el Reglamento de la Medalla de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”
Convoca
Al público en general a proponer candidatas con méritos suficientes para recibir la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.
La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y premiar a las mujeres ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, mediante acuerdo que tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen que al efecto presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con la opinión de idoneidad de la Comisión de Igualdad de Género conforme a las siguientes
Bases
l. Este año, en atención a las restricciones sanitarias, las propuestas de candidaturas deberán ser inscritas en el micrositio de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, mismo que se habilitará en las fechas establecidas en la presente convocatoria, dentro del portal oficial de Cámara de Diputados.
2. Las propuestas de candidaturas podrán ser enviadas por correo certificado o mensajería con acuse de recibo, dirigido a la diputada Martha Garay cadena, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300, extensiones 53059 y 8268.
3. Si la inscripción se realiza a través del micrositio, los documentos que sustentan la propuesta deberán ser adjuntados en formato PDF, por separado, con un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por el envío mediante correo certificado o mensajería dicha misiva deberá estar acompañada de los documentos respectivos de manera física o por medio óptico de grabación magnética.
4. Los documentos que sustentan la propuesta de la candidatura son los siguientes:
A. Escrito o carta de presentación que deberá estar firmado por la o el proponente o titular o titulares de las instituciones públicas o privadas que propongan la candidatura, además de contener los siguientes datos:
a. Datos generales de la institución promovente:
i. Designación o nombre completo de identificación de la institución;
ii. Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
iii. Números telefónicos;
iv. Portal o página electrónica, en caso de contar con ellos.
b. Datos generales de la candidata:
i. Nombre completo;
ii. Edad;
iii. Profesión o actividad que desempeña;
iv. Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
v. Números de teléfono y celular;
vi. Portal o página electrónica, en caso de contar con la misma.
B. Exposición de motivos breve, por la cual se promueva la candidatura.
C. Copia certificada del acta de nacimiento;
D. Documento que contenga síntesis ejecutiva del currículum vitae de la candidata;
E. Copia de los comprobantes de estudios realizados por la candidata. y
F. Documentos probatorios o medios fehacientes que avalen la calidad de la candidata.
5. La recepción de candidaturas se realizará del 4 enero al 15 de febrero del 2021.
6. una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva reúna y valide los expedientes de los proponentes, los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar, y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión, con el objeto de seleccionar a la ganadora de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.
7. La información relativa a los datos personales de la presente convocatoria se protegerá y resguardará en términos de la legislación aplicable con el apoyo de la Unidad de Transparencia.
8. Será el Pleno de la Cámara el órgano colegiado que aprobará el decreto por el que se otorgará la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer el trabajo de quien resulte condecorada.
9. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” será entregada en sesión solemne de la Cámara de Diputados en el mes de marzo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de su Reglamento.
10. A todas las candidatas que pasen a la etapa de análisis y resolución se les reconocerá su participación a través de un documento por escrito de conformidad con el artículo 27 de su Reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.
Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vicepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica); secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rúbrica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica).
De la Mesa Directiva
A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2021, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el Reglamento de la Medalla al Mérito Deportivo 2020.
Convoca
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y a las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a los organismos autónomos, a las universidades nacionales públicas y privadas, a las asociaciones civiles de connotación deportiva, técnica, científica y cultural, además de instituciones representativas de la sociedad y personas físicas, siempre y cuando éstas sean por lo menos tres las que propongan alguna candidatura, a presentar las candidaturas de las personas susceptibles de ser reconocidas con la Medalla al Mérito Deportivo 2021 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La Medalla se otorgará anualmente a personas ciudadanas mexicanas, destacadas por su actuación y trayectoria en el deporte, así como a aquellas que se hayan destacado en el fomento, la protección o el impulso del deporte social; o cuyos actos deportivos en favor de éste, hayan distinguido al deporte nacional al interior del país o ante la comunidad internacional conforme a las siguientes:
Bases
1. Este año, en atención a las restricciones sanitarias, las propuestas de candidaturas deberán ser inscritas en el micrositio de la Medalla al Mérito Deportivo, mismo que se habilitará en las fechas establecidas en la presente convocatoria, dentro del portal oficial de Cámara de Diputados.
Adicionalmente, las propuestas de candidaturas podrán ser enviadas por correo certificado o mensajería con acuse de recibo, dirigido a la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300, extensiones 5080 y 59630.
2. Si la inscripción se realiza a través del micrositio, los documentos que sustentan la propuesta deberán ser adjuntados en formato PDF, por separado, con un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por el envío mediante correo certificado o mensajería dicha misiva deberá estar acompañada de los documentos respectivos de manera física o por medio óptico de grabación magnética.
3. Los documentos que sustentan la propuesta de candidatura son los siguientes:
A. Escrito o carta de presentación que deberá estar firmado por la o el proponente o titular o titulares de las instituciones que propongan la candidatura, además de contener los siguientes datos:
a. Datos generales de la institución promovente:
i. Designación o nombre completo de identificación de la institución;
ii. Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
iii. Números telefónicos;
iv. Portal o página electrónica en caso de contar con ellos.
b. Datos generales de la persona candidata:
i. Nombre completo;
ii. Edad;
iii. Profesión o actividad que desempeña;
iv. Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
v. Número telefónico y celular;
vi. Portal o página de electrónica, en caso de contar con la misma.
B. Exposición de motivos, breve, por la cual se promueve la candidatura.
C. Copia certificada del acta de nacimiento;
D. Documento que contenga síntesis ejecutiva del currículum vitae de la persona candidata;
E. Copia de los comprobantes de estudios realizados por la persona candidata, y
F. Documentos probatorios o medios fehacientes que avalen la calidad del mérito deportivo.
Sólo podrán registrar candidatura las instituciones convocadas o las personas físicas, siempre y cuando sean por lo menos tres las que propongan a alguna ciudadana o ciudadano.
4. La recepción de candidaturas se realizará en los meses de enero y febrero de 2021.
5. Una vez que la Secretaria de la Mesa Directiva reúna y valide los expedientes de los proponentes, los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar; y a la Comisión de Deporte para opinión, a efecto de seleccionar la candidatura ganadora de la Medalla al Mérito Deportivo 2021.
6. La información relativa a los datos personales de la presente convocatoria se protegerá y resguardará en términos de la legislación aplicable con el apoyo de la Unidad de Transparencia.
7. Será el Pleno de la Cámara, el órgano colegiado que aprobará el decreto por el que se otorgará el reconocimiento al Mérito Deportivo 2021 para reconocer el trabajo de quien resulte condecorada o condecorado.
8. La Medalla al Mérito Deportivo 2021 será entregada en sesión solemne preferentemente en el mes de abril de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de su Reglamento.
9. Las candidaturas que pasen a la etapa de análisis y resolución se les reconocerá su participación a través de un documento por escrito de conformidad con el artículo 27 de su Reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.
Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vicepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica); secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rúbrica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica).
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
A la presentación del libro El parlamento en tiempos críticos, nuevos y viejos temas del parlamento, del doctor José Tudela Aranda, que se llevará a cabo el lunes 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas, a través de la plataforma zoom.
Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez
Responsable de la Dirección General
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
A la presentación de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública número 27, que se llevará a cabo el miércoles 17 de febrero, a las 12:00 horas.
Evento virtual:
f Live CAMARADEDIPUTADOS cesop 01.
Mayor información www.diputados.gob.mx/cesop
Atentamente
Arquitecto Netzahualcóyotl Vázquez Vargas
Encargado del Despacho de Dirección General