Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a los desastres naturales en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Carol Antonio Altamirano, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Este 7 de septiembre se cumplen tres años del sismo de 2017, de 8.2 grados en la escala de Richter que dejó casi un centenar de muertos en Oaxaca y a miles de familias del Istmo de Tehuantepec sin hogar.

Desde el primer momento el gobierno federal, entonces encabezado por Peña Nieto, demostró su indiferencia e ineptitud no sólo durante la contingencia sino en las labores de reconstrucción.

Desde el principio quedó claro que el censo de afectados estaba mal hecho, por personal de la Sedatu sin capacidad para reconocer y cuantificar los daños en las viviendas. Los damnificados lo denunciaron, pero fueron ignorados y hoy ni siquiera tienen un folio que los reconozca.

En aquel momento se repartieron recursos por parte de Sedesol y Bansefi con absoluta discrecionalidad. No sólo los montos fueron inferiores al valor de una vivienda pues oscilaron entre los 15 mil y 120 mil pesos, sino que además hubo depósitos incompletos, tarjetas clonadas o entregas a personas sin identificar

2. El saldo de la ineficiencia y la confusión se puede resumir en que existen personas que siendo damnificados nunca fueron registrados ni tienen el folio correspondiente, por otra parte hay familias que fueron registradas pero a pesar de ello no recibieron ningun apoyo, y finalmente hay un sector de damnificados, que estando registrados recibieron apoyos de manera incompleta.

Este desorden se extendió al Programa de Empleo Temporal aplicado por la entonces existente Sedesol conjuntamente con los gobiernos municipales tuvo sesgos partidistas y miles de damnificados, por no presentar un folio, no recibieron ningún beneficio, circunstancia que se repitió con el programa para la reconstrucción de hornos domésticos.

3. Por lo que hace a las investigaciones correspondientes a Bansefi, aun no queda claro cual ha sido su resultado. La ciudadanía espera saber quiénes fueron los responsables del mal manejo de las tarjetas y la dispersión de recursos. Es una ofensa que se hayan gastado cantidades millonarias de recursos públicos pero que estos no hayan llegado a quienes lo necesitaban o que llegaran incompletos.

Este tema no puede quedar en el olvido y las autoridades del ahora Banco del Bienestar deben explicar la situación.

4. Aunque es cierto que la administración federal ha cambiado, es un hecho que todavía hay gente sin haber sido atendida y la economía de la región está colapsada porque el turismo ha disminuido por la epidemia de coronavirus.

Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec necesitan solidaridad, pero sobre todo acciones concretas para atender a la población y transparentar el uso de los recursos públicos. Esta soberanía no puede ni debe ser indiferente

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Sedatu a reabrir el censo de población afectada por los sismos de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec, con la debida publicidad previa y directa en las comunidades, con el objeto de garantizar que todos los damnificados sean registrados y reciban los apoyos correspondientes de manera íntegra.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a generar y hacer público un reporte de los recursos entregados a Sedatu, a las entonces existentes Sedesol, Bansefi y CDI, con motivo de desastres naturales en el Istmo de Tehuantepec y que se ministraron durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, así como lo correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020, desglosado por capítulo de gasto, fecha y en su caso, población objetivo.

Tercero .- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del Banco del Bienestar a generar y hacer público un reporte de las acciones iniciadas para determinar y sancionar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el mal manejo de los recursos que debieron dispersarse entre la población damnificada por los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)



Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a investigar los presuntos casos de corrupción y extorsión en el programa Sembrando Vida; a la Secretaría de Bienestar, a hacer pública la información sobre él; y a la ASF, a incluirlo en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 2019 y 2020, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Con el programa Sembrando Vida, uno de los ejes de la política social de esta administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar tierras dañadas, recomponer el tejido social en el campo y combatir la mala nutrición infantil.

Dicho programa inició en 2019 con un presupuesto de 15 mil millones de pesos, es uno de los programas sociales a cargo de la Secretaría del Bienestar, a través de los cuales entrega apoyos a la población vulnerable del país.

Según la información proporcionada por la titular de esa dependencia, María Luisa Albores, a inicios del 2019, el programa para sembrar árboles frutales en todo el país, ofrecido en la campaña presidencial por López Obrador, consiste en rehabilitar terrenos deforestados o dañados por procesos agrícolas, sembrando alimentos en una primera etapa y árboles maderables después.

De acuerdo a la secretaria, para incentivar a los productores del campo a recuperar sus tierras y no abandonarlas, la dependencia a su cargo les entrega un pago de cinco mil pesos mensuales, por trabajar en su propio ejido de lunes a sábado. De esos cinco mil pesos, cuatro mil 500 se depositan en las tarjetas del Bienestar y los otros 500 son para una caja de ahorro, que en principio se puede usar con ese fin, pero cuando crezca podría convertirse en un fondo de créditos para proyectos productivos de la misma comunidad, según lo mencionado por la secretaria.

En enero de 2019 la funcionaria anunció que la primera etapa del programa se desarrollaría durante ese año y 2020 en 19 estados del país, empezando con Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y Durango. Además, dio a conocer que ese programa dividiría al país en territorios de 50 mil hectáreas, en las que 20 mil productores recibirían cinco mil pesos mensuales por sembrar y cuidar de 2.5 hectáreas.

También especificó que las hectáreas a recuperar debían ser deforestadas, como un potrero o llanos quemados, para evitar que fuera deforestado un terreno para recibir el apoyo, y la recuperación ocurriría en tres plazos: al corto plazo con el MIAF (Milpa integrada con árboles frutales) y alimentos como maíz, frijol, calabaza y otras verduras para autoconsumo. Posteriormente se sembrarían frutales que servirían a nivel local, regional, estatal, nacional y de exportación.

¿Qué ha pasado hasta la fecha con el programa Sembrando Vida? Según la estrategia programática del Ramo 20 Bienestar, prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019: “El Programa Sembrando Vida ayudará a mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en los ejidos y comunidades con mayor pobreza, rezago social y degradación ambiental, para que fortaleciendo la participación social y el desarrollo comunitario perciban niveles de ingreso iguales o superiores a la línea de bienestar mínima, mediante el establecimiento de Sistemas Agroforestales, acompañados de estrategias de inclusión social, integración productiva y finanzas populares.” ¿Después de un año de su ejercicio esto se ha cumplido?

Para el presente ejercicio fiscal fueron aprobados 28 mil 504 millones de pesos para este programa. A julio de 2020 hay muchas dudas sobre su implementación, empezando porque inició su operación sin reglas de operación, únicamente se publicaron unos lineamientos generales el 24 de enero de 2019, y a la fecha no se conoce el padrón completo de beneficiarios, ni dónde están las hectáreas ni el avance de reforestación.

En la página de internet de la Secretaría de Bienestar están disponibles las reglas de operación 2020 del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del mismo año. También hay una lista de campesinos beneficiarios, municipios y pagos hechos hasta diciembre de 2019. Sin embargo, existe mucha discrecionalidad en la aplicación de los recursos y al mes de julio del presente año no han hecho público el padrón completo de beneficiarios.

En enero de 2020, la titular de la dependencia a cargo del programa reconoció que no alcanzaron la meta de colocar en tierra 575 millones de plantas, debido a que, por la sequía, la SEDENA les entregó apenas 37 millones de los 80 millones de plantas convenidas. Y que, sumadas a las adquiridas en otros viveros, plantaron 78 millones, de las cuales apenas la mitad iban a sobrevivir.

A pesar de que no se llegó a la meta, el presupuesto del programa se duplicó con el objetivo de pasar de 575 mil hectáreas a un millón 75 mil, y de 230 mil a 430 mil campesinos beneficiados ahora en 20 estados. Frente a este escenario, especialistas forestales han cuestionado la mala planeación de un programa que opera con miles de millones de presupuesto y falta de evidencias sobre el avance de la reforestación.

Aunado a lo anterior, de acuerdo a un investigador de la División de Ciencias Forestales de la Universidad de Chapingo, “México nunca ha tenido la capacidad para producir los millones de plantas que promete el programa. Con toda su capacidad instalada, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por ejemplo, produce 160 millones de plantas al año. Para este ejercicio fiscal a la Conafor le asignaron 2 mil 986 millones de pesos, y según el investigador, impactará en 750 mil productores y casi 3 millones de personas.”

De acuerdo al mencionado especialista, “Conafor invierte 540 pesos por hectárea o 3 mil 981 pesos por cada productor al año. Sembrando Vida, por su parte, pagará 28 mil 500 pesos por hectárea o 71 mil 71 mil 250 por cada sembrador y sin pruebas del avance en recuperación del terreno.”1

En materia ambiental, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Medio Ambiente, publicó un análisis de varios expertos que solicitan un inventario nacional de terrenos degradados para medir la efectividad real del programa Sembrando Vida, que hasta la fecha no se ha publicado.

Por otro lado, llaman la atención los hallazgos encontrados por el CONEVAL en la “Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Sembrando Vida 2019- 2020.”1 En 2019, el apoyo económico mensual de 5,000 pesos se distribuyó de la siguiente manera: 4,500 pesos se depositaron en tarjetas de débito a nombre del sujeto del derecho, 450 pesos se destinaron a una cuenta de ahorro del sujeto de derecho y 50 pesos se destinaron al Fondo de Bienestar. Para la vigencia 2020, la distribución del monto del ahorro se modifica: de los 5,000 pesos mensuales se descuentan 500 pesos que se destinan como ahorro del sujeto de derecho, de esta cantidad 250 pesos se asignan a una cuenta de inversión de ahorro y 250 pesos se destinan al Fondo de Bienestar (DOF, 2020).

Para el caso del ahorro se establece que éste podrá quedar depositado en cuentas del Bansefi o bien, en cuentas de las Cajas o Sociedades pertenecientes a la Red de Distribución asociadas, así como con otras instituciones financieras públicas o privadas.

En el caso del Fondo es un ente independiente del programa, bajo la figura jurídica de fideicomiso privado, el cual contará con un contrato y Reglas de Operación propias, y podrá conformar un sistema de fondos que permita recibir inversiones de otras instituciones nacionales o extranjeras que brinden a las/los sujetos de derecho beneficios adicionales relacionados con el programa; sin embargo, en el ejercicio de evaluación no se encontraron documentos en los que se describan los mecanismos de operación del Fondo del Bienestar y los avances en su administración tampoco se encuentran documentados.

En el caso de la entrega de apoyos, el hecho de únicamente trabajar con Bansefi y no con una serie de instituciones de la red, como se establece en las Reglas de Operación afecta el acceso a los recursos financieros de los beneficiarios, ya que Bansefi se caracteriza por no tener suficientes sucursales ni cajeros, por lo que genera dificultades a los beneficiarios para retirar el apoyo.

Además, existen testimonios de extorsiones a campesinos beneficiarios del programa. Campesinos de Campeche han denunciado la entrega de entre 100 y 200 pesos cada determinado tiempo a los operadores del programa. Un caso similar es en Tabasco, en donde los técnicos han amenazado a beneficiarios con sacarlos de Sembrando Vida si no les da el dinero que les piden.

Por si todas estas irregularidades fueran pocas, Sembrando Vida sigue un patrón de improvisación. Los problemas más alarmantes son la falta de plantas de árboles maderables y frutales, de insumos, materiales y herramientas para viveros. Eso sumado a otro gran obstáculo: técnicos y beneficiarios que no siguen las directrices, y para los que no existe un mecanismo de expulsión, y un padrón poco transparente de quienes son las personas apoyadas.

La información disponible, la evidencia diaria en relación a la instrumentación, el presupuesto que ha sido aprobado en dos años y su ejercicio, y la evaluación del programa Sembrando Vida son elementos que han mostrado diversas irregularidades que, si no son atendidas y subsanadas, pueden derivar en efectos contrarios a los que se buscan. Y lejos de conseguir los objetivos trazados, se provocarán daños al ambiente, al erario público, y empeorarán las condiciones de vida de los mexicanos a los que se pretendía beneficiar. De ahí que las autoridades y dependencias correspondientes actúen en consecuencia, ese es el principal objetivo del presente punto de acuerdo.

Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una investigación en relación a los presuntos casos de corrupción y extorsión durante la implementación del Programa Sembrando Vida y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, para que haga pública en su página de internet toda la información actualizada sobre el estado que guardan los recursos de los beneficiarios del Programa Sembrando Vida que han sido destinados a la cuenta de inversión de ahorro, y al Fondo de Bienestar; así como el padrón de beneficiarios de dicho programa actualizado a la fecha.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que incluya al Programa Sembrando Vida en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 y 2020.

Notas

1 Recuperado de:

https://hemeroteca.elsiglodedurango.com.mx/noticia/12354 33.siembra-dudas-programa-forestal.html

2 Toda la información relacionada a la evaluación que se cita, fue recuperada de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2020. Avances y retos del Programa Sembrando Vida. Comunicado número 11; 12 de julio de 2020, págs. 4-5.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a garantizar la sanción legal máxima al ex funcionario municipal responsable de los delitos flagrantes cometidos contra una niña de 10 años el pasado 26 de julio en Puerto Vallarta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortensia Garay Cadena, Cynthia Iliana López Castro, Ximena Puente de la Mora, y los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a garantizar ejemplarmente la sanción máxima que por ley corresponde al ex funcionario municipal responsable de los reprobables delitos flagrantes cometidos contra una niña de 10 años de edad el 26 de julio de 2020 en Puerto Vallarta, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país, de manera muy triste y desafortunada hemos visto cómo la delincuencia ha rebasado a las instituciones de seguridad pública y también preocupantemente, a las instituciones de procuración de justicia.

Con pesadumbre vemos que a nivel federal no hay una estrategia clara ni definida para combatir la delincuencia de ningún tipo, ni erradicar o prevenir la violencia, en ninguna de sus formas.

Así como tampoco hemos visto cumplidas las promesas de erradicación de los delitos en todo el país, hechas por del Presidente en la materia.

La primera a inicios de sexenio de acabar con la delincuencia en los primeros seis meses; ni tampoco la segunda promesa de cumplir el cometido en materia de seguridad pública en todo el país, en el año adicional que solicitó como plazo, después de cumplirse aquellos primeros seis meses.

Dado lo anterior, los ejemplos del fracaso en materia de seguridad pública a nivel federal son enormes.

Por ejemplo, la flamante y creada a inicios del sexenio Guardia Nacional, presentada y asumida como pilar fundamental del gobierno federal actual en materia de seguridad pública para la erradicación, prevención y castigo del delito; para desgracia de las mexicanas y mexicanos, pero para beneplácito y aquiescencia del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha convertido en una suerte de patrulla fronteriza norteamericana dentro de nuestro territorio.

Dándonos como resultado que cada día amanezcamos con nuevos históricos en materia delictiva en todo el país.

Basta señalar al respecto que de acuerdo con cifras oficiales, 2019, el primer año del actual gobierno, fue el más violento de toda la historia, con un total de 34 mil 588 homicidios dolosos y mil 10 feminicidios.1

Y la tendencia, preocupantemente, sigue al alza; tan sólo en enero de 2020, de acuerdo nuevamente con cifras oficiales, se cometieron 2 mil 892 asesinatos; de los cuales 2 mil 819 fueron dolosos y 73 feminicidios.2

Es decir, apuntamos ya desde el primer mes del año, a un nuevo record histórico anual.

Pero, además de lo anterior; de estas cifras crecientes y fuera de control, podemos desprender un hecho todavía más preocupante, el delito en nuestro país se está volviendo aún más violento, es decir, los delincuentes están actuando cada vez con más saña en contra de la población.

De acuerdo con fuentes oficiales, al menos en los homicidios dolosos registrados en enero de 2020, 2 mil 97 fueron cometidos con arma de fuego, 191 con arma blanca y 531 con otros elementos no especificados.3

En otras palabras, no se corrigió en lo mínimo el problema de seguridad pública a nivel federal; sino por el contrario, el problema se agravo, este gobierno federal lo empeoro.

Ése es tristemente el panorama en materia de inseguridad pública.

Hoy en día ninguna persona en México de ninguna edad, está segura en la calle o en su misma casa; nadie es libre de salir, sin el temor de sufrir un delito u acto de violencia, o con la zozobra de saber si regresara a casa o bien, volverá a ver a los suyos.

Desafortunadamente tenemos que si ese es el panorama, a nivel federal; a nivel estatal tampoco encontramos excepciones rescatables.

Las autoridades estatales en materia de seguridad pública, están igualmente rebasadas, las autoridades municipales también se encuentran rebasadas por mucho, y hasta quizás, muchas de ellas están incluso penetradas en sus filas o coludidas, por los criminales.

Ejemplos de ello sobran y todos son desafortunados y sumamente dolorosos; pero para efectos del presente punto de acuerdo nos basaremos en un hecho lamentable y reflejo de lo grave que se encuentra la delincuencia en el país.

El sucedido de manera flagrante en días recientes en Jalisco contra una niña de 10 años de edad a manos de un funcionario municipal del área de seguridad pública de Puerto Vallarta.

Jalisco desafortunadamente es a nivel nacional una muestra manifiesta del descontrol total prevaleciente en la inseguridad pública por parte del gobierno estatal, tanto en sus instituciones de seguridad pública como también de procuración de justicia.

Basta señalar para sustentar lo anterior, que en poco menos de dos años de la actual administración estatal, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el estado se disparó desproporcionadamente, al grado de pasar del lugar número 17 a escala nacional en 2017, a ocupar a finales de 2019 la posición nacional número 11.4

Ello explica por qué se registra de acuerdo con fuentes oficiales que en Jalisco, en 2019, el promedio mensual de víctimas de asesinato fue de 222 al mes, para dar un total a finales de ese año de 2 mil 672 muertes.5

Si la cifra anterior de homicidios la relacionamos por la cantidad de habitantes que el último censo de población arrojo para Jalisco de 7.8 millones de personas, tenemos un índice muy elevado de incidencia de asesinatos que rebasa por mucho la media a nivel nacional, 34 homicidios por cada 100 mil habitantes para el año 2019.6

La comparación de la cifra anterior con 2018 no es nada alentadora y refleja por el contrario el indiscutible fracaso institucional del actual gobierno estatal en el combate a la inseguridad, ya que en 2018 se registró una tasa de 30 asesinatos por cada 100 habitantes.7

Por lo anterior es sumamente preocupante y condenable lo que sucedió, como se dijo, el pasado 26 de julio, cuando policías municipales pertenecientes a Puerto Vallarta, Jalisco, durante un recorrido de vigilancia detuvieron a Luis Alonso “N”, quien en un intento de evadir la justicia se identificó como jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, por encontrarlo de manera flagrante intentando abusar de una niña de 10 años, a quien tenía sometida y desnuda en un automóvil.

Inmediatamente a la detención de ese delincuente contra menores, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con el proceso conveniente; pero lo grave del asunto no paró ahí, al contrario, lo que pasaría después desenmascaró y evidenció el elevado grado de descomposición que priva institucionalmente en el estado de Jalisco, en lo que a la procuración de justicia respecta.

Porque desafortunadamente la impunidad y la corrupción de la justicia se hizo nuevamente presente para re-victimizar a la menor, ya que Jorge Luis Solís Arana, un Juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia para las Mujeres del Ayuntamiento de Vallarta, en otras palabras, un miembro de la instancia encargada de procurar justicia en el Estado; sospechosamente actuó con inconsistencias graves durante el proceso, situación que de no haber sido denunciada públicamente y difundida de manera masiva; pudo haber dejado libre al delincuente detenido a pesar de la gravedad probada y mostrada de su delito.

Ya que este juez determinó no vincular a proceso al delincuente Luis Alonso “N” por el delito de corrupción de menores, sino sólo por el delito de abuso sexual infantil, debido a que la víctima, la niña de 10 años de edad de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el juzgador, “no sintió placer”.

Dejando abierta la posibilidad, para que el inculpado y flagrante delincuente, pudiera salir de la cárcel y seguir su proceso en completa libertas y disfrute de absoluta impunidad.

Dando pauta al advenimiento de la malquista puerta giratoria, al permanente y exclusivo servicio de los delincuentes, en el país.

Esa situación es inaceptable, en cualquier parte de nuestro territorio y para cualquier delito.

Es un hecho condenable que no podemos permitir, ignorar o dejar impune; mucho menos al tratarse de un municipio como Puerto Vallarta, Jalisco, que es considerado a nivel nacional como el principal foco rojo en materia de delitos graves como la trata de personas, muertes violentas de mujeres y la explotación sexual infantil.

No podemos tolerar por un lado, que se sigan cometiendo este tipo de actos y delitos en contra de ningún menor de edad, o de ningún hombre o mujer mayor; por parte de nadie y mucho menos de una autoridad en funciones.

Tampoco podemos consentir actuaciones dudosas o alejadas de la ley por los encargados de procurar y salvaguardar la justicia para toda la población.

Como se aprecia, estamos ante un ejemplo por un lado de la inseguridad prevaleciente en todo nuestro país debido a la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales en todos los niveles de gobierno.

Ejemplo de lo cada vez más repugnante que son y actúan muchos delincuentes como Luis Alonso “N” contra los niños, o de toda la población; y de lo reprobable, dudoso y sospechoso del ejercicio de su encomienda de muchos jueces como Jorge Luis Solís Arana que, ante total impunidad y desfachatez, mancillan las leyes en favor del delincuente y en contra y estropicio de sus desafortunadas víctimas.

Ante ello, quienes formamos esta soberanía, debemos ser vigilantes y garantes que coadyuven a que todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en el país, cumplan con su función y garanticen que delincuentes como Luis Alonso “N” que violentó a una menor de 10 años, reciban su merecido y se hagan acreedores a las penas máximas que de acuerdo a nuestras leyes, les corresponden.

No hacerlo así, no exigir lo anterior; sería inaceptable y estaríamos trasgrediendo los derechos elementales que a nuestra niñez le corresponden.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a garantizar ejemplarmente la sanción máxima que por ley corresponde al ex funcionario municipal responsable de los reprobables delitos flagrantes cometidos contra una niña de 10 años de edad el 26 de julio de 2020 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

7Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Congreso de Puebla a reformar la Ley de Coordinación Hacendaria local y establecer la obligación de los ayuntamientos de destinar anualmente a sus juntas auxiliares un monto equivalente de las participaciones recibidas, a fin de garantizarles recursos mínimos para el cumplimiento de sus funciones, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El estado de Puebla tiene más de 600 juntas auxiliares que forman parte de sus 217 municipios.1

El antecedente de las juntas auxiliares lo encontramos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1861, la cual en su artículo 74 las reconocía como juntas municipales.”2

Sin embargo, fue hasta la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla expedida el 5 de julio de 1880 que por primera vez los gobiernos de los pueblos son denominados como juntas auxiliares, reflejándose en su contenido el interés de encontrar en ellas una forma de colaboración con el ayuntamiento que les supervisaba.1 Dicho ordenamiento disponía:

Artículo 33. En cada cabecera de municipalidad habrá una asamblea que se denominará ayuntamiento y en los demás pueblos que de dicha municipalidad se forme, habrá juntas auxiliares . Una ley determinará el número de los miembros de los ayuntamientos y juntas auxiliares, no pudiendo formarse aquéllos de menos de siete individuos, y éstas menos de tres. La misma ley fijará la manera con que unos y otras deben ejercer sus funciones.

En la Constitución del Estado de Puebla expedida el 30 de septiembre de 1883, subsisten las juntas auxiliares como el gobierno de los pueblos con funciones que desarrollan bajo la supervisión y para el auxilio de las funciones del ayuntamiento.

Las juntas auxiliares subsistieron al paso de la Constitución federal de 1917 y su consecuente reforma a la Constitución local de Puebla y hasta nuestros días en la legislación secundaria.

Si bien la Constitución Política del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla el 2 de octubre de 1917, reiteró la existencia de las juntas auxiliares en la jurisdicción municipal en poblaciones distintas de la cabecera municipal, remitiendo sus funciones a la ley orgánica, según se desprende de su artículo 104 que a continuación se transcribe:

“Artículo 104. La Ley Reglamentaria Municipal se sujetará a las bases siguientes:

X. En las poblaciones de la jurisdicción municipal distintas de la cabecera, la autoridad local se ejercerá por medio de concejos municipales o juntas auxiliares elegidas como lo determina la ley orgánica.

Es importante precisar que la Constitución Política del Estado de Puebla mediante reforma de 28 de octubre de 2011, dejó de hacer mención de las juntas auxiliares en su artículo 106.

Por lo que se refiere a la legislación secundaria, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla expedida el 31 de octubre de 1916, destaca la existencia de las juntas auxiliares en los pueblos que no sean cabecera municipal, la dependencia de su nombramiento por el ayuntamiento, y su responsabilidad de auxiliarlo en el ejercicio de sus funciones.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla expedida el 23 de marzo de 2001 y vigente a la fecha, sigue reconociendo a las juntas auxiliares y dispone en su artículo 224 que:

Las Juntas Auxiliares son órganos desconcentrados de la administración pública municipal y estarán supeditadas al ayuntamiento del municipio del que formen parte, sujetos a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. El vínculo de información e interacción será la Secretaría de Gobernación municipal o su equivalente en la estructura administrativa.

Las juntas auxiliares estarán integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes.

De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla vigente, se desprende que las funciones que desempeñan las juntas auxiliares son relevantes para el ayuntamiento, pues entre sus facultades tienen las siguientes:

• Ayudar al ayuntamiento en el desempeño de las funciones que le encomiende;

• Dar las facilidades y coadyuvar, en su caso, con el ayuntamiento para que este procure la seguridad y el orden público del pueblo;

• Gestionar ante el ayuntamiento de su jurisdicción, la construcción de las obras de interés público que considere necesarias;

• Fomentar las actividades deportivas, culturales y educativas, sugiriendo las acciones necesarias al ayuntamiento para su incorporación dentro de los programas municipales respectivos, estando, en todo caso, obligados a seguir la normatividad que en esta materia establezcan las autoridades competentes;

• Impulsar los programas y las acciones implementadas por el ayuntamiento en favor de las personas con discapacidad, niñas y niños, mujeres y personas adultas mayores, las que promuevan organismos nacionales e internacionales, así como llevar a cabo campañas de sensibilización y cultura de la denuncia de la población para fomentar el respeto hacia los mismos;

Asimismo, de la Ley Orgánica Municipal se desprende que las Juntas Auxiliares:

a) Son órganos desconcentrados de la administración pública municipal y estarán supeditadas al ayuntamiento del municipio del que formen parte (artículo 224).

b) Deben remitir al ayuntamiento el proyecto de presupuesto de gastos del año siguiente (artículo 230)

c) En el anteproyecto de presupuesto de egresos en lo referente a su ramo, deberán indicar las necesidades a satisfacer para el año siguiente, así como los tabuladores desglosados en los que se señale la remuneración que percibirán los servidores públicos de los Municipios (artículo 146)

d) Se coordinarán con los ayuntamientos, a efecto de coadyuvar en las funciones que realicen en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión.

e) Para cumplir con estos fines, recibirán de los Ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por ley les correspondan (artículo 196).

Conforme a lo anterior, la Ley Orgánica Municipal establece con toda claridad que el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos del Municipio, en cada ejercicio deberá incluir los recursos que se destinarán a las Juntas Auxiliares para el desempeño de sus funciones y que en el mismo Presupuesto se deberán incluir los tabuladores desglosados en los que se señale la remuneración que percibirán los servidores públicos de los Municipios, en los que necesariamente deben incluirse los sueldos del Presidente y los cuatro miembros propietarios de las Juntas Auxiliares.

Cabe destacar, que a pesar de las importantes funciones que desempeñan las Juntas Auxiliares en los Municipios, aquéllas se ven indefensas y siempre a expensas de la voluntad de los ayuntamientos en cuanto al manejo de los recursos públicos, debido que actualmente no existe una fórmula para el otorgamiento de participaciones económicas para su desempeño y funcionamiento como auxiliares en la administración pública y muchas veces el pago de la nómina de sus integrantes queda a expensas de los pocos recursos que reciben.

Fórmula para el otorgamiento de participaciones a las Juntas Auxiliares

La Ley Orgánica Municipal remite “a la ley que corresponda” para que las Juntas Auxiliares reciban el monto de los recursos que deberán recibir para cumplir con sus fines. Dispone en su artículo 78 que son atribuciones de los Ayuntamientos: LVII. Entregar a sus Juntas Auxiliares los recursos que por ley les corresponda.

Por su parte, el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal establece con toda claridad que:

Las Juntas Auxiliares se coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar en las funciones que realicen en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión. Para cumplir con estos fines, recibirán de los Ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por ley les correspondan.

En este caso, la Ley aplicable es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. Con la expedición de esta Ley, el 20 de marzo de 2009, se incorporó la obligación de los Ayuntamientos para destinar anualmente a sus Juntas Auxiliares, para obras, servicios públicos y gasto corriente, un monto equivalente de las participaciones que reciban, de conformidad con los porcentajes establecidos.

Para tal efecto, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios estableció en el Título Cuarto de las Participaciones y Demás Fondos y Recursos Participables, un Capítulo IV De la Distribución de Participaciones a Juntas Auxiliares.

Desafortunadamente este Capítulo IV fue derogado el 19 de marzo de 2014, el cual en su artículo 63 establecía la fórmula para el otorgamiento de participaciones económicas a las Juntas Auxiliares, señalando:

Artículo 63. (derogado)

Los Ayuntamientos destinarán anualmente en sus Juntas Auxiliares, para obras, servicios públicos y gasto corriente, un monto equivalente de las participaciones que reciban, de conformidad con los porcentajes siguientes:

I. El 5 por ciento cuando el Municipio cuente con 1 y hasta 5 Juntas Auxiliares;

II. El 10 por ciento cuando el Municipio cuente con 6 y hasta 10 Juntas Auxiliares; y

III. El 15 por ciento cuando el Municipio cuente con 11 o más Juntas Auxiliares.

Al desaparecer de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, la parte relativa a la distribución de las participaciones a las Juntas Auxiliares, se dio lugar a que los Ayuntamientos sean los que determinen el monto de los recursos que se les otorgarán a las Juntas Auxiliares para el cumplimiento de sus funciones, dejándolas sujetas a la voluntad de los Ayuntamientos.

Remuneraciones de los servidores públicos de las Juntas Auxiliares

Con relación a las remuneraciones que deberán percibir el Presidente y los cuatro miembros propietarios de las Juntas Auxiliares, se precisa que éstas deben estar previstas en el Presupuesto de Egresos de cada Municipio, como lo prevé el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal, conforme al cual, a más tardar el treinta de septiembre de cada año, se elaborará el anteproyecto de presupuesto de egresos del Municipio, en el que se indiquen los tabuladores desglosados en los que se señale la remuneración que percibirán los servidores públicos del mismo.

Los integrantes de las Juntas Auxiliares son servidores públicos de los Municipios, pues en términos de los artículos 118 y 224 de la Ley Orgánica Municipal, forman parte de la Administración Pública Municipal Centralizada, la cual se integra con las dependencias que forman parte del Ayuntamiento, así como con órganos desconcentrados, vinculados jerárquicamente a las dependencias municipales, con las facultades y obligaciones específicas que fije el Acuerdo de su creación. Quedando claro que las Juntas Auxiliares son órganos desconcentrados de la administración pública municipal que están supeditadas al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte.

No obstante las obligaciones legales señaladas, de una revisión del Presupuesto de Egresos de diversos municipios del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020 se observa que no vienen especificados los sueldos del Presidente y los 4 integrantes de las Juntas Auxiliares.

Lo anterior, implica un claro incumplimiento al artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal, lo que da lugar a que el pago del sueldo del Presidente e integrantes de las Juntas Auxiliares quede al arbitrio de los Ayuntamientos.

El otorgamiento de recursos a las Juntas Auxiliares por parte de los Ayuntamientos es fundamental, pues son órganos que existen en la legislación del Estado de Puebla desde el siglo XIX consignándose, atento al espíritu constitucional, que en los pueblos que no alcanzan la categoría de municipio gobernara una junta auxiliar, caracterizada como una forma de organización de la administración pública municipal que participa de la personalidad jurídica de ese gobierno Municipal, y en la que se depositan determinadas competencias para la prestación de servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y en la jurisdicción de los Ayuntamientos, lo que propicia el descongestionamiento de la administración central, la que aprueba sus decisiones y de la que reciben recursos.

Los Ayuntamientos no pueden dejar de reconocer que las Juntas Auxiliares son órganos auxiliares inmersos en la administración pública municipal y que las funciones que realizan están supeditadas a ellos, pues es a los Ayuntamientos a quienes deben solicitar los recursos que deberán aplicarse para la satisfacción de los gastos públicos del pueblo.

Las Juntas Auxiliares desempeñan funciones de gran importancia para los Municipios, pues impulsan los programas sociales, promueven las tradiciones de la región, informan y gestionan obras y servicios requeridos en los pueblos, por lo que lo socialmente correcto es que los Ayuntamientos les proporcionen los recursos necesarios para atender las funciones que tienen encomendadas, pues las mismas representan beneficios directos para la población.

Además, los integrantes de las Juntas Auxiliares son elegidos por los habitantes de su demarcación para que les den solución de forma inmediata a sus necesidades y así evitar trasladarse a la cabecera municipal, lo cual implica tiempo y dinero.

Al ser los Presidentes e integrantes de las Juntas auxiliares el contacto cercano con la población, es indispensable proveerles de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Con el propósito de que se dé cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y se garantice un mínimo de recursos anuales a las Juntas Auxiliares para sueldos, obras y servicios públicos de su circunscripción, se estima urgente, exhortar al Congreso del Estado de Puebla para que:

- Modifique la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de se reconozca constitucionalmente a las Juntas Auxiliares de los Municipios, por ser órganos auxiliares de la administración pública municipal cuyas funciones están supeditadas a los Ayuntamientos y que desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla expedida el 5 de julio de 1880 se les reconoció.

- Reforme, a la brevedad, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y establezca la obligación de los Ayuntamientos para destinar anualmente a sus Juntas Auxiliares, para obras, servicios públicos y gasto corriente, un monto equivalente de las participaciones que reciban, a fin de garantizarles recursos mínimos para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, se estima necesario exhortar a los presidentes de los 217 municipios del estado de Puebla, para que cumplan con lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal e incluyan en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, los tabuladores desglosados en los que se señale la remuneración que percibirán el presidente y miembros de las Juntas Auxiliares, debido a que forman parte de la administración pública centralizada municipal en términos de los artículos 118 y 224 de la Ley Orgánica Municipal.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que:

a) Modifique la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de que se reconozca constitucionalmente a las Juntas Auxiliares de los Municipios, por ser órganos auxiliares de la administración pública municipal cuyas funciones están supeditadas a los Ayuntamientos y que se les reconoció desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla expedida el 5 de julio de 1880.

b) Reforme, a la brevedad, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y establezca la obligación de los Ayuntamientos para destinar anualmente a sus Juntas Auxiliares, para obras, servicios públicos y gasto corriente, un monto equivalente al 5, 10 y 15 por ciento de las participaciones que reciban, a fin de garantizarles recursos mínimos para el cumplimiento de sus funciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a las y los presidentes de los 217 municipios del estado de Puebla, para que cumplan con lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal e incluyan en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, los tabuladores desglosados en los que se señale la remuneración que percibirán quién preside sus Juntas Auxiliares y la de sus integrantes, debido a que las Juntas Auxiliares forman parte de la administración pública centralizada municipal en términos de los artículos 118 y 224 de la Ley Orgánica Municipal.

Notas

1 http://148.228.173.140/OUMpuebla/docs/Municipios_de_Puebla.pdf

2 file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/
el%20pueblo%20libre%20y%20soberano%20del%20estado%20de%20puebla%20representado%20por%20su%20congreso_constitucin%20de%201861_03_sept.pdf

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2052361&fecha=31/12/1969

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SEP y los 32 gobiernos locales a fortalecer las acciones de atención y combate del sobrepeso y la obesidad infantiles, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Leticia Mariana Gómez Ordaz e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Leticia Mariana Gómez Ordaz y Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sobrepeso y la obesidad infantilson dos de los problemas de salud pública más alarmantes que enfrentan en la actualidad los países en el mundo por las consecuencias que generan a corto, mediano y largo plazos en la población que la padece.

El incremento de la población con sobrepeso y obesidad ha ocasionadoa nivel mundial en las últimas décadasla presencia de un mayor número de casos de padecimientos crónico-degenerativos relacionados con enfermedades no contagiosas, presentándose de forma alarmante en la población infantil y como consecuencia en su etapa adulta.

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos.1

De acuerdo con lo que señala la Organización Mundial de la Salud, las personas que padecen sobrepeso u obesidad durante su niñez tienen mayor propensión a ser obesos durante su edad adulta y, en consecuencia, a desarrollar diversos padecimientos ligados a esta condición.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.2

En este sentido, es pertinente hacer mención que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad se incrementó a nivel mundial de forma alarmante en los periodos comprendidos entre 1980 y 2013, como señala la Organización Panamericana de la Salud, la cual menciona que se incrementó en 27.5 en adultos y 47.1 en niños, poniendo en evidencia lo preocupante de este tema por los efectos negativos que tiene en la población mundial y por el necesario incremento del gasto público para atender estos problemas, así como por las características de los países donde se presentan con mayor frecuencia.

La prevalencia a nivel mundial de la combinación de sobrepeso y obesidad aumentó 27.5 por ciento en adultos y 47.1 en niños entre 1980 y 2013. La epidemia de obesidad tiene el potencial para alterar muchos de los beneficios de salud que han contribuido a incrementar la longevidad observada en el mundo desarrollado;las tasas de obesidad infantil son tan elevadas en los países de ingresos altos como en los países de ingresos medios y bajos, sin embargo, en números absolutos, hay más sobrepeso y obesidad en los países de ingresos medios y bajos y su incremento es particularmente preocupante. En algunos ámbitos, la obesidad infantil no es reconocida todavía como un problema de salud pública, ya que es una compleja situación multifactorial que aumenta el riesgo de los niños de padecer efectos psicológicos, complicaciones gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como comorbilidades de estas dos enfermedades crónicas no transmisibles.3

En el caso de nuestro país, de acuerdo a lo que señala la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, llamada en México “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 5 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años de edad tenían obesidad, lo cual representa un problema de salud pública en nuestro país por la cantidad de recursos económicos que deben de ser invertidos para la atención de las enfermedades y las secuelas físicas que genera, así como la pérdida en la calidad de vida de las personas que la padecen.

Al menos uno de cada ocho de los niños y niñas menores de cinco años en México tiene baja talla moderada o severa para su edad (12 por ciento) y 2.7 está clasificado con baja talla severa para su edad. El 4 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años tiene bajo peso moderado o severo, y 1 por ciento tiene emaciación moderada o está demasiado delgado para su talla. El 5 por ciento de los niños y las niñas son obesos o pesan demasiado para su talla.4

Los datos anteriormente vertidos, nos hacen ver que nuestro país enfrenta un problema muy grave a causa del sobrepeso y la obesidad infantil, toda vez que, tal y como lo señalan datos de la UNICEF, “1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas”.5

Las principales causas que generan el sobrepeso y la obesidad están relacionadas con un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, por el cambio en los hábitos alimenticios y en la actividad física de las personas, así como por los siguientes factores:

• Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

• Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación.6

El riesgo de contraer enfermedades no transmisibles en la vida adulta se incrementa como consecuencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia, por lo que se deben de emprender acciones para generar mejores condiciones de vida que le permitan a la infancia de nuestro país tener un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida en su etapa adulta.

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.7

De acuerdo con lo que señala la Organización Mundial de la Salud, las principales enfermedades no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y a la obesidad son las siguientes:

• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012;

• La diabetes;

• Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante); y

• Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).8

En razón de lo anterior, el Estado mexicano debe fortalecer las políticas en materia de salud pública para este sector de la población, por lo que es primordial que, de la mano de la política educativa en nuestro país, se desarrollen acciones para incrementar la actividad física en los planteles de educación básica, así como prácticas que conlleven al desarrollo de una vida más saludable a través de la actividad física y la ingesta de alimentos sanos.

La Carta Magna establece en el artículo 4o., en materia de niñez, que el Estado deberá guiar su actuación bajo el principio del interés superior de la infancia, por lo que toda acción dirigida a la atención del sobrepeso y la obesidad infantil repercute de forma directa en el cumplimiento de éste.

Artículo 4o. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.9

En adición a lo anterior, es de mencionar que la propia Carta Magna garantiza el derecho a la educación de las y los mexicanos, por lo que el Estado es responsable de implementar acciones holísticas que permitan su cumplimiento, bajo criterios y principios que garanticen el desarrollo integral de las personas considerando entre otros supuestos el interés superior de la infancia. Derivado de lo anterior, se destacan algunos elementos que permiten englobar dichos principios, así como los elementos relacionados con el desarrollo de la política educativa de nuestro país, con elementos y principios relacionados con el cuidado de la salud y el desarrollo físico.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

[...]

[...]

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...] el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que consideren las realidades y contextos, regionales y locales.

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

I. [...]

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) a g) [...]

h)Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar; e

i) [...]

III. a X. [...]10

Con estos supuestos, podemos darnos cuenta de que la política educativa de nuestro país debe contar con principios que permitan el desarrollo pleno de la personalidad del menor y el cuidado de su salud como elementobásico para la consecución de su máximo potencial, por lo que los planes de estudios que se impartan en nuestro país deben ir orientados al cumplimiento de dichos objetivos.

En razón de lo anterior, es pertinente decir que con sustento en lo establecido por nuestra Carta Magna, por la Ley General de Educación y demás normatividad aplicable en la materia, se establecieron dentro del acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral los criterios generales y específicos en los que deberá de estar basada la educación básica en nuestro país, por lo que podemos encontrar los siguientes elementos.

Esta concepción de los mexicanos que queremos formar se traduce en la definición de rasgos que los estudiantes han de lograr progresivamente, a lo largo de los quince grados de su trayectoria escolar. En el entendido de que los aprendizajes que logre un alumno en un nivel educativo serán el fundamento de los aprendizajes que logre en el siguiente, esta progresión de aprendizajes estructura el perfil de egreso de la educación obligatoria, el cual se presenta a continuación.

El perfil de egreso de la educación obligatoria está organizado en once ámbitos:

1. Lenguaje y comunicación;

2. Pensamiento matemático;

3. Exploración y comprensión del mundo natural y social;

4. Pensamiento crítico y solución de problemas;

5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida;

6. Colaboración y trabajo en equipo;

7. Convivencia y ciudadanía;

8. Apreciación y expresión artísticas;

9. Atención al cuerpo y la salud ;

10. Cuidado del medioambiente; y

11. Habilidades digitales.11

En este sentido, el cuidado de la salud a través de un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicascomo parte de las actividades curriculares son elementos clave para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, sin embargo es necesario que a través de las secretarías de Salud y Educación Pública federales y de las entidades federativas se lleven a cabo acciones coordinadas para dar continuidad y fortalecer las estrategias en materia de políticas públicas integrales yacciones específicas para atender los problemas de sobrepeso y obesidad entre la niñez del país.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública federales y de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones en materia de atención y combate al sobrepeso y la obesidad infantil, con carácter preventivo y reactivo, haciendo énfasis en el fomento y promoción de una alimentación saludable y en el desarrollo de actividad física como mecanismo de atención de la problemática.

Notas

1 Véase OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Obtenido de

https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

2 Véase OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Obtenido de

https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

3 Véase OPS. Los niños obesos o con sobrepeso tienen más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles a edades más tempranas. Obtenido de

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=999:los-ninos-obesos-o-con-sobrepeso-tienen-mas-p robabilidades-de-padecer-enfermedades-no-transmisibles-a-edades-mas-tem pranas&Itemid=499

4 Véase Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015-Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, informe final, 2016. Obtenido de

https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENI M2015.pdf

5 Véase UNICEF. Salud y nutrición. Obtenido de

https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n

6 Véase OMS. Obesidad y sobrepeso, 16 de febrero de 2018. Obtenido de

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obes ity-and-overweight

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Obtenida de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf

10 Ibídem.

11 Véase Diario Oficial de la Federación (11 de octubre de 2017). Acuerdo número 12/10/17, por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral. Obtenido de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500966&fecha=11/10/2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, diversas secretarías de Estado y los 32 gobiernos locales a implantar un programa urgente orientado a proporcionar materiales tecnológicos como tabletas, computadoras o televisiones digitales e internet para el ciclo escolar 2020-2021 a la población carente de esos insumos en el hogar; y a garantizar que los contenidos de los programas educativos por transmitir mediante televisión abierta se ajusten a los principios de inclusión y accesibilidad, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Bienestar; así como a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia implanten un programa urgente, con el cual se otorguen materiales tecnológicos tales como: tablet, computadora o televisión digital, e internet, para el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021, a la población mexicana que no cuente con estos insumos en sus hogares. Además, garanticen que los contenidos de los programas educativos que serán transmitidos por televisión abierta, observen los principios de inclusión y accesibilidad, lo anterior con la finalidad de garantizar el derecho humano a la educación de los niños, niñas y adolescentes del nivel básico, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

I. Por medio de este punto de acuerdo se tiene por objeto que se garanticen los derechos humanos a la educación, consagrado en el artículo tercero constitucional, que se respete por parte del Estado el principio del interés superior de la niñez, contemplado en el artículo cuarto párrafo noveno constitucional y se garantice el derecho al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación contemplado en el artículo sexto párrafo tercero de la Constitución, de los niños, niñas y adolescentes del nivel educativo básico. La presente propuesta busca que el Estado mexicano en su conjunto, garantice estos derechos humanos, otorgando materiales tecnológicos tales como: tablet, computadora o televisión digital, e internet; a la población mexicana que no cuente con estos insumos en sus hogares. Además, garanticen que los contenidos de los programas educativos que serán transmitidos por televisión abierta, observen los principios de inclusión y accesibilidad.

Lo anterior en razón de la puesta en marcha del nuevo ciclo escolar 2020-2021 en su modalidad a distancia, derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, de la pandemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

II. La pandemia que vivimos por brote infeccioso de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), se ha propagado de manera rápida y exponencial en nuestro país, que hoy día vive un gran número de personas contagiadas. Al respecto la Secretaría de Salud da a conocer un corte diario mediante un informe técnico diario Covid-19 México1 , el cual a seis meses de decretarse el confinamiento por el Covid-19, lamentablemente hasta el 5 de septiembre de 2020, en México se han reportado 67 mil 326 personas fallecidas y 629 mil 409 casos confirmados de coronavirus.

III. Derivado de los altos niveles de propagación y la gravedad de la enfermedad del Covid-19, el Consejo de Salubridad General, en su carácter de autoridad sanitaria constitucional, determino implantar diversas medidas, entre ellas: declarar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el virus SARS-CoV2. De tal forma se decreto la suspensión de actividades no esenciales, entre ellas el servicio público educativo.

IV. En razón de lo anterior, el 14 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las Escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, el cual fue una medida preventiva y sancionada por el Consejo de Salubridad General, que a su vez fue modificado por el diverso número 06/03/20 publicado en el DOF el 1 de abril de 2020, por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del Covid-19, en el territorio nacional y, posteriormente, mediante Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF el 30 de abril de 2020, para ampliar por tercera ocasión la suspensión hasta el 30 de mayo 20202 .

V. Una vez que concluyo la vigencia del Acuerdo citado con anterioridad, la Secretaría de Salud en coordinación con diversas dependencias, emitió diversos lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales del país. En este sentido se estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, a través de un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada Entidad Federativa. Dicho sistema inicio el pasado 1 de junio de 2020, estableciéndose que las actividades escolares, se reiniciarían solo si el semáforo epidemiológico se mostraba en color verde

VI. Establecida la estrategia del regreso escalonado a las diferentes actividades sociales, educativas y laborales, y toda vez que ningún Estado de la Republica tiene una semaforización en color verde, ya que lamentablemente la emergencia sanitaria a causa del covid-19 aún está presente en México de una manera intensa, la Secretaría de Educación Pública determinó que el inicio del nuevo ciclo escolar 2020-2021 para toda la población, se realice a distancia, derivado que no existen condiciones sanitarias para establecer los servicios educativos presenciales.

Se fijo como fecha de inicio del ciclo escolar 2020-2021 el día 24 de agosto de 2020, a través del programa de aprendizaje a distancia "Aprende en Casa II", el cual será difundido esencialmente por televisoras privadas como Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios, así como 36 televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por el Canal 11, Ingenio TV y Canal 14. El programa tiene como finalidad dar clases por medio de la señal de las televisoras, así como por estaciones de radio. Los contenidos educativos que se transmitan por televisión son responsabilidad de la SEP, y estarán diseñados con base en los planes y programas de estudio vigentes, así como en los libros de texto, de tal forma tendrán validez oficial. De igual forma se estableció que las actividades presenciales en las aulas del sistema educativo nacional, se reanudarán sólo cuando la Secretaría de Salud, considere en el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde.

VII. Trazada la ruta para el regreso a las actividades escolares, es de reconocerse el esfuerzo que estableció el gobierno federal, sin embargo, este no es suficiente para cubrir el 100 por ciento de la demanda educativa, ya que, al basarse el nuevo ciclo escolar en clases a distancia a través de la utilización de diversos métodos tecnológicos, existe aún en México una brecha importante de personas que no cuentan con estos mecanismos tecnológicos para poder realizar su curso en el presente ciclo escolar. Esta situación es reconocida por el propio gobierno federal, a través del secretario de Educación, quien en conferencia de prensa el 3 de agosto de 2020, reconoció que existe un 94 por ciento de familias mexicanas que tienen acceso a la televisión, de igual forma reconoció que existe un 6 por ciento de habitantes que no podrán acceder a estos medios educativos4 ; por lo cual existe una brecha importante de desigualdad en cuanto a las oportunidades que el Estado tiene la obligación de generar, en un estricto respeto de los derechos humanos y la garantía del mínimo vital.

VIII. La brecha de desigualdad mostrada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, esta aún más agravada de lo que se reconoce por el propio Gobierno, por lo cual el regreso a clases en la modalidad de transmisión de contenidos por medio de la señal de la televisión digital, esta en riesgo en algunas regiones del país, afectando principalmente en las poblaciones que padecen pobreza en alguna de sus magnitudes. Lo anterior tiene sustento al revisar los datos que emite la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019)1 , 5ublicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual reveló que 33.1 millones de hogares en México cuenta con al menos un televisor (puede ser digital, o análogo teniendo recepción de la señal por medio de un decodificador), lo que representa el 92.5 por ciento. Respecto al tipo de televisor disponible en los hogares, la ENDUTIH revela que el 76.5 por ciento de ellos cuenta con al menos un tipo digital. Sin embargo, el dato más alarmante que reporta fue que existen al menos 2.7 millones de hogares en el país, que no cuentan con algún televisor, lo que representa 7.5 por ciento que no tienen televisor digital ni análogo.


Por otro lado, en cuanto a los usuarios de una computadora, la ENDUTIH reveló que el 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora, es decir 49.4 millones de personas en este rango de edad. Asimismo, se destaca que este numero de usuarios de computadora observado es menor en 2 puntos porcentuales respecto al registrado en el año 2018. También, se muestra un descenso marginal en la proporción de hogares que disponían de una computadora, al pasar de un valor de 44.9% en 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales.

En lo referente a los servicios de Internet la ENDUTIH, muestra que en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan 70.1 por ciento de la población de seis años o más. Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet 56.4 por ciento, ya sea mediante una conexión fija o móvil. Sin embargo, la encuesta también muestra que por zona urbana o rural se mantiene una brecha en la conectividad, pues se estima que 76.6 por ciento de los usuarios de Internet respecto de la población total de seis años o más, está concentrada en la zona urbana y 47.7 por ciento en la rural. Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (smartphone) con 95.3 por ciento, computadora portátil con 33.2 por ciento y computadora de escritorio con 28.9 por ciento.

IX. Los datos presentados en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva6 , enfatizan las desigualdades existentes en la cobertura educativa, los cuales pueden agravarse al centrarse el modelo educativo para este inicio de ciclo escolar en clases a distancia por medios. Los siguientes datos reflejan las condiciones de desigualdad que persisten en el Sistema Educativo Nacional:

En el ciclo escolar 2018-2019, la educación básica ofreció formación académica a 25.5 millones de alumnos, con el apoyo de 1.2 millones de docentes en 233 mil 163 escuelas. La tasa de cobertura fue de 94.6 por ciento, lo que indica que existen al menos 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la educación básica.

- Más de 2.8 millones de estudiantes de 3 a 17 años se encuentran en rezago educativo.

- Más de 19.5 millones de estudiantes se encuentran en situación de pobreza y mas de 3.9 millones en condición de pobreza extrema.

- Más de 841 mil personas en edad escolar, trabajan y no asisten a la escuela.

- Más de 270 mil niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas no van a la escuela.

- El 21.3 por ciento de la población de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena no asisten a la escuela.

- El 24.7 por ciento de la población de 3 a 17 años con discapacidad no asiste a la escuela.

- El 2.6 por ciento de la población nacida en otros países residente en México, no tienen ninguna escolaridad o sólo primaria incompleta.

Los datos anteriormente mencionados y documentados por el gobierno federal a través de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI), sustentan la urgencia de que la educación a distancia tenga un enfoque de inclusión social, con lo cual se garanticen el derecho al mínimo vital de niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación geográfica, pertenencia a población indígena, discapacidad o migrante, por lo cual es fundamental acompañar en esta estrategia de "Aprende en Casa II", de una redirección de recursos económicos en las diferentes secretarías de la administración pública federal, toda vez que la misma se sustenta en el uso de medios digitales y tecnológicos.

X. La disponibilidad de equipamiento impacta en la permanencia de los estudiantes en las escuelas, así como en el logro del aprendizaje, por tal motivo se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que reoriente recursos financieros, materiales y humanos que resulten necesarios, para la adquisición de equipos audiovisuales tales como tablet, computadora o televisión digital u otros que sean compatibles con las modalidades de enseñanza implantadas por la Secretaría de Educación Pública para el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021.

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) y los datos presentados en la Estrategia Nacional de Educación inclusiva; se tiene identificado un universo aproximado de al menos 2.7 millones de hogares en el país, que no cuentan con algún televisor digital ni análogo y presentan un rezago educativo, ante ello, el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos de estas familias, tal y como lo mandata el artículo primero de la Constitución federal, para cumplir con esta obligación, el titular del Ejecutivo federal, así como los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Bienestar requerirían una bolsa de aproximadamente 13 mil 500 millones de pesos, considerando un costo de 5 mil pesos para la adquisición de equipos audiovisuales por familia, para generar estos recursos económicos se pueden realizar diversas reasignaciones presupuestales en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020).

Estas reasignaciones pueden generarse de programas presupuestados para el ejercicio fiscal 2020, que por la contingencia de salud causada por el Covid-19 pudieran rescindirse, pues algunos de ellos se basan en la presencialidad de los estudiantes en los centros educativos, o en otros casos, son programas destinados para la educación de los niños, niñas y adolescentes. Entre los programas que pueden dar sustento a este proyecto por la educación se encuentran, por ejemplo: "La escuela es nuestra" que tiene presupuestado 7 mil 280 millones 250 mil pesos; "Jóvenes Escribiendo el Futuro", que cuenta con un presupuesto de 7 mil 776 millones 353 mil 400 pesos; o el "Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez" con un presupuesto de 30 mil 475 millones 80 mil 180 pesos7 . Como se aprecia los recursos que se señalan no cambiarían su objetivo principal, que es la educación pública, por lo cual se propone un beneficio a la población mexicana que no cuente con estos insumos en sus hogares, en los siguientes términos

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Bienestar, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia implementen un programa urgente, con el cual se otorguen materiales tecnológicos tales como: tablet, computadora o televisión digital, para el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021, a la población mexicana que no cuente con estos insumos en sus hogares, lo anterior con la finalidad de garantizar el derecho humano a la educación de los niños, niñas y adolescentes, del nivel de educación inicial o básica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública para que dentro de los programas educativos que serán transmitidos por televisión abierta, se observen los principios de inclusión y accesibilidad, en el diseño de los contenidos durante del ciclo escolar a distancia 2020-2021.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al director general de "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", para que en el ámbito de su competencia agilicen la conectividad, que garantice el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, de manera gratuita a todos los estudiantes, maestros y personal administrativo para el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021, que no cuente con estos insumos en sus hogares, lo anterior con la finalidad de garantizar el derecho humano a la educación de los niños, niñas y adolescentes, del nivel de educación inicial o básica.

Notas

1 Gobierno de México. Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Informe Técnico Diario Covid-19 México. Consultado el 5 de septiembre de 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576359/Co municado_Tecnico_Diario_Covid-19_2020.09.05.pdf

2 Secretaría de Educación Pública. Acuerdos secretariales publicados en el DOF 2020. Disponible en:

http://sep.gob.mx/es/sep1/Acuerdos_publicados_en_el_DOF_ 2020

3 Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 2020. Disponible en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&f echa=14/05/2020

4 Gobierno de México. Secretaria de Educación. Boletín Informativo No. 205. "Iniciará el Ciclo Escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II: Esteban Moctezuma." Disponible en: https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-es colar-2020-21-con-el-modelo-de-aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa- ii-esteban-moctezuma?idiom=es

5 Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (Inegi). Comunicado de prensa número 103/2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/ENDUTIH_2019.pdf

6 SEP, Estrategia Nacional de educación inclusiva (México, 2019). Disponible en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-1 4-1/assets/documentos/Estrategia_Educacion_Inclusiva.pdf

7 Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Disponible en:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/11/r11_ppcer.pdf

Ciudad de México, Palacio Legislativo
de San Lázaro, a 9 septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a establecer un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de fertilizante a los beneficiarios del Programa Fertilizantes para el Bienestar, con objeto de garantizar que éste llegue sólo a los productores del campo que sí siembran y evitar el desvío de recursos hacia quienes no realizan la actividad; y a la ASF, a practicar una auditoría de cumplimiento sobre dicho programa en la que se constaten aspectos como la veracidad del padrón de beneficiarios, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En las últimas décadas la preocupación por la producción de alimentos ha evolucionado de ser un asunto de carácter local o nacional y se ha convertido en una inquietud a nivel mundial o internacional. Es una problemática que no sólo abarca la producción, sino que se extiende al abasto y a la calidad de los alimentos, esto tiene como consecuencia que exista una gran preocupación en todo el mundo y por supuesto en México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho a la alimentación en distintos artículos, mismos que a la letra rezan:

“Artículo 2o. 1

B.

I... a II...

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación , en especial para la población infantil.

...

C...”

“Artículo 4o .- ....

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad . El Estado lo garantizará.2

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.3

...

...

...

...”

“Artículo 27 ...

I. a XIX ....

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca .”4

Por otra parte, cabe mencionar que a nivel internacional la inquietud por la producción alimentaria ha generado que en diversos foros y convenciones los países participantes se comprometan a realizar las acciones necesarias para abatir las deficiencias alimenticias.

En dichos foros y convenciones, México ha tenido una participación activa, suscribiendo conjuntamente con otros países diversos instrumentos jurídicos internacionales de la siguiente magnitud:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, artículo 25, numeral 1,5 que a la letra señala:

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.”

2. La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país;

3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, punto 2, precisa que los Estados adoptarán las medidas o los métodos necesarios para mejorar la producción, conservación, distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos;

4. En La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, se pidió que se estableciera el derecho a la alimentación, con un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas de los asistentes;

5. En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó una Observación General (Observación General número 12) “Sobre el derecho a la alimentación”;

6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció, en su resolución 2000/10, el mandato del relator especial sobre el derecho a la alimentación;

7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año de 2002, solicitó crear un grupo de trabajo intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación;

8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados miembros del Consejo General de la FAO adoptaron un “conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”; los Estados miembros han aprobado estas directrices y recomendaciones, a fin de contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, ofreciendo orientaciones sobre el mejor modo de cumplir la obligación contraída, en razón de respetar el derecho a una alimentación y, asimismo, asegurar que las personas no padezcan hambre.

Los citados instrumentos, ilustran la problemática alimenticia, en el contenido de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición,6 que a la letra dice:

“La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los países en desarrollo, en los que vive la mayoría de las personas hambrientas y malnutridas del mundo y donde más de dos tercios de la población mundial producen alrededor de un tercio de los alimentos del mundo –desequilibrio que amenaza aumentar en los diez próximos años– no sólo tiene graves repercusiones económicas y sociales, sino que compromete gravemente la realización de los principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos...”

En este sentido, la comunidad internacional, ha asumido compromisos ineludibles para adoptar medidas que logren abatir la crisis, esto es, a través de mecanismos que redunden en la producción de una autosuficiencia alimentaria y de calidad, cuyo objeto no tenga mayor propósito que satisfacer las necesidades de su población.

En este orden de ideas, el Estado mexicano preocupado por la problemática de la crisis alimentaria, suscribió además la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que quedó puntualmente establecido el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.

Segunda . La soberanía alimentaria es el derecho y la capacidad de los pueblos, de sus países o uniones de Estados para definir su política agraria y alimentaria, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentes que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción o dumping de países terceros.

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por la organización denominada “La Vía Campesina” (LVC) y llevado al debate público con ocasión de la celebración del Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, evento paralelo a la oficial Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 organizada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingles).7

Desde ese momento ha ido evolucionando a través de los distintos encuentros internacionales y las distintas declaraciones de La Vía Campesina. Una declaración de gran relevancia es la que resultó del Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria celebrado en Mali en 2007, la ,8 en la que se acuña la definición de soberanía alimentaria más ampliamente utilizada, la cual, a la letra señala:

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

Tercera. El Plan Nacional de Desarrollo, 2019- 2024,9 en el apartado referido a los programas regionales señala, entre otros puntos, lo relativo a autosuficiencia alimentaria y rescate al campo , y dice:

“Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

El sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales. A partir de 1988 se destruyeron mecanismos que resultaban fundamentales para el desarrollo agrario, se orientó el apoyo público a la manipulación electoral y se propició el vaciamiento poblacional del agro. Las comunidades indígenas, que han vivido desde hace siglos la opresión, el saqueo y la discriminación, padecieron con particular intensidad esta ofensiva. Las políticas oficiales han favorecido la implantación de las agroindustrias y los megaproyectos y han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no sólo ha resultado desastroso para los propios campesinos sino para el resto del país: actualmente México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura.

El gobierno federal se ha propuesto como uno de sus objetivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria. Para ello ha emprendido los siguientes programas:

1. Programa Producción para el Bienestar . Está orientado a los productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 millones de pequeños y medianos productores (hasta 20 hectáreas), que conforman el 85 por ciento de las unidades productivas del país, con prioridad para 657 mil pequeños productores indígenas. Canaliza apoyos productivos por hectárea con anticipación a las siembras e impulsa entre los productores prácticas agroecológicas y sustentables, la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad; alienta la autosuficiencia en la producción de semillas y otros insumos, así como en maquinaria y equipo apropiado a la agricultura de pequeña escala, y la implantación de sistemas de energía renovable. Se entrega un apoyo de mil 600 pesos por hectárea para parcelas de hasta 5 hectáreas, y de mil pesos para parcelas de entre 5 y 20 hectáreas.

2. Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país. Se establecerán dos programas emergentes orientados a apoyar a los pequeños productores de café y de caña de azúcar, mediante el cual estaremos beneficiando 420 mil productores. Doscientos cincuenta mil pequeños productores de café y 170 mil de caña de azúcar.

Nuestro programa de café está orientado a canalizar apoyos productivos por un monto de 5 mil pesos por productor de hasta una hectárea, mientras que el programa de caña de azúcar está orientado a apoyar a productores de hasta cuatro hectáreas que recibirán un apoyo directo de 7 mil 300 pesos por productor.

Los apoyos que estamos otorgando se orientan a impulsar la renovación de cafetales, el uso de mejores materiales genéticos, la implementación de prácticas de producción sustentables, a la agregación de valor y diferenciación de sus productos y a la conservación y mejor uso del suelo y del agua y a la conservación de la biodiversidad.

3. Programa de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche. Se establecieron precios de garantía para alimentos básicos en beneficio de 2 millones de pequeños productores, a quienes se les pagará durante la cosecha 5 mil 610 pesos la tonelada de maíz, 6 mil 120 pesos el arroz, 14 mil 500 el frijol; 5 mil 790 el trigo; y a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche; lo cual significa, con relación al año pasado, un aumento promedio de más de 30 por ciento.

4. Crédito ganadero a la palabra. El programa de crédito ganadero a la palabra, que consiste en entregar de una a 10 novillonas y hasta un toro por productor, lo cual representa adquirir 200 mil reses, con un presupuesto autorizado de 4 mil millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios.

5. Distribución de fertilizantes químicos y biológicos. Implementar un programa de entrega de fertilizantes, donde éstos no dañen los suelos y sean en beneficio de productores agrícolas empezando por el estado de Guerrero . También se iniciará la operación de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz.

6. Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Tiene como funciones coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía; vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo; promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país; promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios; apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y distribuir la canasta básica en regiones de alta marginación económica.”

Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado por la Cámara de Diputados, conforme lo estable el artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le otorga especial importancia a las actividades del campo, tanto la soberanía alimentaria como al impulso de mercado doméstico, con el objetivo de “romper ese círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria”.

Cobra especial atención lo relacionado con “5. Distribución de fertilizantes químicos y biológicos. Para implementar un programa de entrega de fertilizantes”, ya que no solamente está relacionado con el campo, sino que además estará directamente vinculado al sector energético, razón por la cual se anunció el inicio de “la operación de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz” lo que generará una cadena productiva, desde los insumos para su fabricación, hasta su transportación y distribución a cientos de kilómetros, para su uso en actividades agrícolas.

Cuarta. El 24 de marzo de 2020, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2020,10 que establecen la atención estratégica para incrementar la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala del estado de Guerrero y zonas de atención prioritaria.

Ahí se menciona que este programa tiene como objetivo entregar fertilizantes en zonas de atención estratégicas para incrementar la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala del estado de Guerrero y en Morelos, Puebla, Tlaxcala y estado de México.

Las reglas establecen la entrega de paquetes de fertilizantes de hasta 600 kilogramos por productor, de acuerdo con el cultivo registrado y a disponibilidad presupuestaria, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

La Secretaría de Agricultura publicará las convocatorias para cada entidad participante, en la página https: //www.gob.mx/agricultura, en las representaciones estatales, Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Caders) y Distritos de Desarrollo Rural (DDRS) de la dependencia y Centros Integradores del Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

Además, menciona que las convocatorias para la implementación del programa deberán contener los cultivos y zonas específicas a atender; las cantidades de fertilizantes por beneficiario por cultivo; los requisitos y documentación que deberán cumplir las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, y la ubicación, los días y los horarios de atención de las ventanillas para recibir la documentación.

En el documento informan los requisitos para acceder al apoyo del programa: ser productor de pequeña escala de cultivos prioritarios, conforme a la zona de atención estratégica que se publique en la convocatoria; estar registrado en el padrón de productores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; completar la solicitud de apoyo; presentar identificación oficial vigente (Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o cédula profesional); Clave Única de Registro de Población, CURP; comprobante de domicilio y acreditar la legal posesión del predio.

La Unidad Responsable es la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico y el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es la instancia que será la encargada de habilitar los Centros de Distribución Sader-Segalmex para la recepción y almacenamiento del fertilizante, verificación de la identidad del productor y entregar el fertilizante al productor.

Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos, se instrumentarán las siguientes acciones: difusión del programa a nivel estatal y se promoverán acciones similares por parte de las autoridades municipales y de comunidades o localidades, y la información del Programa se dará a conocer en la página de internet de la Secretaría y a través de las representaciones estatales (Caders o DDR de la Secretaría), y los Centros Integradores del Desarrollo.

El Programa de Fertilizantes es uno de los principales programas del Ramo 08, con un presupuesto asignado de mil 310 millones de pesos , orientado a la adquisición de fertilizantes nitrogenados y fosfatados para entregar a productoras y productores agrícolas de pequeña escala.

Con esto, se avanza en los objetivos estratégicos para lograr la autosuficiencia alimentaria, vía el aumento de la producción y productividad del sector, así como contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de las productoras y productores históricamente excluidos en las actividades productivas rurales , aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como uno de sus objetivos corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago y mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

Quinto. En el primer informe de gobierno, entregado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, en el rubro “2.1.2. Programa de Fertilizantes” 11 señala que:

“El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece entre las acciones prioritarias para la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo el Programa de Fertilizantes en beneficio de los productores agrícolas. En concordancia con lo señalado en este plan, se implementó el programa mencionado, que opera de manera piloto en el estado de Guerrero y está orientado a apoyar a los pequeños productores rurales de maíz, frijol y arroz que tienen predios de hasta 3 hectáreas, para contribuir a la seguridad y autosuficiencia alimentarias , principalmente en localidades de alta y muy alta marginación.

A la fecha se abrió la ventanilla receptora de solicitudes, se han recibido en la página electrónica de la Sader, 401 mil peticiones de apoyo, de las cuales fueron dictaminadas positivamente 233 mil 235 en beneficio de igual número de pequeños productores que acreditaron la propiedad o arrendamiento de 381 mil 240 hectáreas de los distintos cultivos.

Para abastecer el fertilizante a los productores rurales que resultaron apoyados, con base en un estudio de suelos del estado de Guerrero, al mes de julio (de 2019), se entregaron 73 mil 711 toneladas de sulfato de amonio, equivalente a 97 por ciento, 36 mil 808 toneladas de fosfato diamónico (DAP) que corresponde al 97 por ciento del total a entregar, y 200 mil 232 dosis de biofertilizante, igual al 78 por ciento. También se distribuyeron 181 mil 718 bultos de semilla mejorada e híbrida, proteica y de alto rendimiento, un 86 por ciento del total a entregar.

A julio de 2019, el 93.5 por ciento (218 mil 264) de los productores que resultaron beneficiados por el programa recogieron su fertilizante en los centros de distribución establecidos. Con estos apoyos se incide directamente en 357 mil 68 hectáreas, igual al 94 por ciento de las consideradas para la aplicación de los fertilizantes y de las semillas mejoradas.

Al cierre del mes de julio, en la región Centro el 98 por ciento (52 mil 282) de los pequeños productores recogió su fertilizante; en Costa Chica el 90 por ciento (45 mil 581); Costa Grande 87 por ciento (13 mil 918); Montaña 66 por ciento (43 mil 373); Norte 131 por ciento (34 mil 530) y Tierra Caliente 112 por ciento (23 mil 245).

En los casos en que se presentan cifras de entrega superiores a las solicitadas, la razón atiende a cubrir casos especiales conforme a la suficiencia presupuestaria.

Los fertilizantes se han hecho llegar a los pequeños productores de maíz, frijol y arroz en el estado de Guerrero a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que se los ha entregado en los 133 centros de distribución que se abrieron en las regiones Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra Caliente.

Como estrategia de distribución, para asegurar y garantizar una entrega eficiente y oportuna, se establecieron 2 etapas: la primera se integró por las regiones Montaña, Centro y Tierra Caliente; la segunda se integró por la Costa Chica, Costa Grande y Norte. Es importante señalar que a pesar de que en algunas regiones los productores no recogieron su fertilizante, el programa continuará operando para cubrir al 100 por ciento las solicitudes recibidas y que ningún productor se quede sin el apoyo.”

Sexta. A partir de los datos oficiales, se puede observar que no fue posible cumplir al 100 por ciento con la entrega del fertilizante a los campesinos y productores del campo, y que la zona más afectada es la más pobre, como lo es la región de la Montaña en Guerrero.

Así lo reconoció el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina del 20 de enero de 2020,12 en la que, a pregunta expresa, contesto:

“A pesar de que hubo dificultades para entregar los fertilizantes, tanto por ineficiencias del gobierno federal como por bloqueos que se padecieron, se enfrentaron, debido a que había un sistema de entrega de fertilizante en donde nosotros consideramos se presentaban muchas irregularidades, para decirlo eufemísticamente, irregularidades, o amablemente.

Los que manejaban el sistema anterior bloquearon porque no les gustó que se entregaran de manera directa los fertilizantes; sin embargo, como en efecto se entregaron fertilizantes de manera directa, yo tengo la información -que voy a constatar a partir de tu pregunta- de que aumentó la producción aun no entregando todos los fertilizantes.

Me dolió mucho que en la zona donde hubo más bloqueo es en la zona más pobre de Guerrero, en otras regiones se entregó hasta el 100 por ciento y donde se entregó menos fue en la Montaña de Guerrero, que es la zona más necesitada, pero ahí se expresaron más los opositores a este plan.

Fui para allá y ya me reuní en Tlapa con los campesinos, con las autoridades e hicimos el compromiso de que este año tiene que funcionar muy bien, al 100 por ciento.

Y también aprovecho para comentarles que ya va a hacerse cargo de la producción de fertilizante la planta de Coatzacoalcos, de Pajaritos.

Vamos a iniciar la elaboración de fertilizantes en esas plantas que se compraron, que tienen una historia de corrupción, pero que teníamos que tomar una decisión, si las vendíamos o las terminábamos de rehabilitar para operarlas y producir el fertilizante.

Ya tomamos la decisión de que van a funcionar las plantas y van a producir el fertilizante que necesitamos para Guerrero, para Puebla, para Tlaxcala; y en una segunda etapa para productores de frijol de Zacatecas y Durango, pero ya vamos a iniciar.

Les vamos a informar sobre este plan para entregar el fertilizante a los campesinos, como ellos le llaman, el abono para la tierra. Vamos a buscar también que sea un fertilizante que no afecte el suelo, lo más orgánico que se pueda.”

Séptima . Este reconocimiento oficial, sin duda abre la puerta para que se corrijan fallas de diseño del programa, el número de empadronados y beneficiarios, tiempos de entrega y oportunidad para la siembra.

Asimismo debe hacerse notar que los productores han levantado la voz para denunciar las irregularidades que presenta el “Programa de Fertilizantes”

Existe una legítima preocupación ante la inminencia de las lluvias, en el contexto de la pandemia, La contingencia tiene dos grandes vertientes, la sanitaria y la económica: La parte relativa a salubridad, está siendo atendida por los campesinos, jornaleros, productores, transportistas y miembros de toda la cadena de producción de fertilizantes; La parte económica, ha tenido un impacto inmediato en los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran precisamente ellos, los destinatarios del “Programa de Fertilizantes”, toda vez que en las comunidades rurales ya no hay liquidez y escasean los productos, situación que podría agravarse ante un retraso en la entrega del multicitado programa.

Es por ello que la siembra de maíz cobra hoy una mayor relevancia, sin maíz, la mesa campesina y urbana no tienen razón de ser, o como dicen algunos “sin maíz no hay país”. El objetivo común de todos los actores involucrados debe ser el de garantizar que el Programa de Fertilizantes llegue a buen término a pesar de las inercias heredadas y la contingencia.

Para ello los aspectos elementales son dos:

A) Que el apoyo llegue realmente a quien lo necesita mediante un padrón transparente; y

B) Que el abasto anticipado a las bodegas de Segalmex también esté garantizado.

Actualmente, el listado de beneficiarios que presenta la Sader en su página electrónica, adolece de diversos inconvenientes:

1) De los 278 mil 854 beneficiarios al menos el 30 por ciento no siembra, y otros más fueron subidos al sistema por presiones o favoritismo y tampoco siembran. Es decir, hay 83 mil 656 productores que reciben los beneficios del programa, pero no siembran, incluso recientemente la Sader reconoció que son 60 mil;

2) La superficie reportada como beneficiada (476 mil 688 Has) es irreal. Históricamente la frontera agrícola para el maíz nunca hay llegado a 450 mil Has y más bien ha disminuido debido al deterioro de los suelos, el abandono de parcelas, el envejecimiento de los productores y la irregularidad de las lluvias;

3) A pesar de que se contrataron a 350 extensionistas para monitorear las parcelas y verificar si el beneficiario sembró, no se conocen los reportes y deben tomarse en cuenta en la depuración. Por cierto, deben de contratarse desde el inicio de las siembras.

4) Las reglas de operación ponen como requisito que se presente documento que ampare la propiedad de la parcela, pero alrededor del 40 por ciento no cuenta con dicho documento. Ante ello, el Registro Nacional Agrario (RAN) dispuso el año pasado que se pueden avalar a estos productores sin documento mediante actas de asamblea;

La Coordinadora de Comisariados de Guerrero ha tomado la iniciativa de levantar dichas actas con la asesoría de la Procuraduría Agraria y el apoyo expedito del RAN para su inscripción. En dichas actas se enlista a todos los sembradores de maíz, cuenten con documentos o no y una primera observación es que el número de productores y superficie está muy por debajo de los listados. Esta es la mejor manera de elaborar un padrón transparente;

5) El abastecimiento del fertilizante va muy lento además de que se redujo el número de bodegas de 142 a 88. Considerando las toneladas manejadas el año pasado y reduciendo a la mitad el peso del sulfato de amonio sustituido por la urea (137 mil 528 Ton) se requieren 4 mil 584 que ingresen al estado, pero como los que vienen de Veracruz tardan 2 días en ir venir y regresar, se necesitan 6 mil 97 camiones en operación. Y si la meta es que las bodegas estén abastecidas al 15 de mayo, necesitan fluir diariamente 135 tráiler por las carreteras de Guerrero, considerando que ya se lleva un avance de surtimiento de casi el 33 por ciento.

Todo ello obliga a que los actores regionales construyan esquemas de coordinación en el ámbito territorial a fin de enfrentar y solucionar los diversos problemas de diseño y la correcta implementación del Programa de Fertilizantes.

Diversas organizaciones como la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero se han acercado a las autoridades, entre ellas al propio titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para entregarle una serie de propuestas y con ello contribuir al objetivo común de distribuir, al ciento por ciento de los beneficiarios, los insumos del Programa de Fertilizantes.

Dichas propuestas versan, sobre todo en los siguientes temas:

• Instalación de una biofábrica en cada municipio para ir contrarrestando el efecto de los abonos que han intoxicado los suelos;

• Poner en marcha un programa de capacitación campesina que permita dinamizar el uso del fertilizante en un contexto de manejo sustentable del suelo y el agua, asociación y rotación de cultivos, control manual de malezas, y control biológico de plagas y enfermedades;

• Bajo el modelo de escuela campesina, y la metodología “De Campesino a Campesino”, establecer mil 250 parcelas demostrativas (una en cada ejido y comunidad), para validar los paquetes tecnológicos del Programa. Esto, con la coparticipación de un productor cooperante, las autoridades agrarias locales, y el técnico adscrito del programa.

• Informar de los avances de la auditoría a la operación del Programa 2019.

• Que se instrumente un esquema de estadística confiable.

Con base en estos elementos, organizaciones de campesinos consideran que la distribución de fertilizante, se debe y se puede empezar ya, aún con la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-coV2, causante de la enfermedad de Civid-19, con lo que sería posible aminorar los efectos negativos de esta epidemia en el campo Guerrerense y en las regiones donde se implemente el multimencionado Programa de Fertilizantes.

Por las razones y argumentos antes expuestos, es que presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta, al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para que establezca un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de fertilizante para los beneficiarios del “Programa” a fin de garantizar que éste llegue exclusivamente a los productores del campo que efectivamente siembran y se evite el desvío de recursos hacia a personas que no realizan esta actividad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta, a la Auditoría Superior de la Federación, para que dentro de su calendario de actividades realice una auditoría de cumplimiento sobre el “Programa de Fertilizantes” en la que se constate, entre otros puntos, la veracidad de su padrón de beneficiarios.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta, al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puedan validar la pertinencia de las nuevas solitudes de ingreso al padrón de beneficiarios del Programa de Fertilizantes en aquellos casos en los que el solicitante, por razones de pobreza, incapacidad, falta de traductores o cualquier otra circunstancia discriminatoria o discapacitante, le impidan ejercer a plenitud sus derechos de propiedad, y por ello carezca de la documentación pertinente que lo acredite como titular de su parcela.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades ponga en marcha un programa de capacitación campesina que permita dinamizar el uso del fertilizante en un contexto de manejo sustentable del suelo y el agua, asociación y rotación de cultivos, control manual de malezas, y control biológico de plagas y enfermedades, y se establezcan 1250 parcelas demostrativas, para validar los paquetes tecnológicos del Programa de Fertilizantes.

Notas

1 DOF 14 de agosto de 2001. Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/20 01

2 DOF 13 de octubre de 2011. Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o., recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fe cha=13/10/2011

3 DOF 12 de octubre de 2011. Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011

4 DOF 13 de octubre de 2011. Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fe cha=13/10/2011

5 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translation s/spn.pdf

6 Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición. Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la Asamblea General en su resolución 3180 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973; y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974.

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Erad icationOfHungerAndMalnutrition.aspx

7 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO, por sus siglas en ingles). Soberanía alimentaria y agroecología.

http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/1253 726/

8 Declaración de Nyéléni, Selingue, Malí. 27 de febrero de 2007. https://nyeleni.org/spip.php?article291

9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/P LAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

10 DOF 24/03/2020. Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2020.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590178&fecha=24/03/2020

11 Primer Informe de Labores. Agricultura. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 2018-2019. 1 de septiembre de 2019.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490156/in forme_version_final__1_-comprimido.pdf

12 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Enero 20, 2020.

https://lopezobrador.org.mx/2020/01/20/version-estenogra fica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel- lopez-obrador-238/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales a gestionar infraestructura y vialidades de movilidad sustentable incluyente y segura para automotores, bicicletas y peatones, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas, y a las autoridades municipales a que, dentro del marco de sus respectivas competencias, gestionen infraestructura y vialidades de movilidad sustentable incluyente y segura para automotores, bicicletas y peatones tendiente a mejorar la calidad climática y de vida de los ciudadanos.

Antecedentes

• Varios estudios han señalado que la humanidad se encuentra cerca de la sexta gran extinción,1 datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, señalan que 5,200 especies se encuentran en peligro de extinción.

• En un artículo publicado en el Breakthrough - National Centre for Climate Restoration, un centro privado independiente fundado en 2014 señala que la crisis climática nos arrastrará a una situación del inicio del colapso, por la situación medio ambiental.2

• Conforme datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las ciudades mexicanas padecen de grandes problemas ambientales y el sector de transporte contribuye al 20.4% de la emisión de GEI, y de estos 16.2%3 proviene del subsector automotor, en la mayoría por el transporte individual motorizado.

• En un artículo publicado en el Breakthrough - National Centre for Climate Restoration, un centro privado independiente fundado en 2014 señala que la crisis climática nos arrastrará a una situación del inicio del colapso, por la situación medio ambiental.4

• En respuesta a la necesidad del cuidado del medio ambiente se han suscrito diversos instrumentos internacionales, como la agenda 2030, suscribiendo tareas relativas a la protección y cuidado del medio ambiente.

• Pero a pesar de ello los esquemas de los desarrollos urbanos, en el crecimiento de las ciudades no se planean opciones de viabilidad compartibles con el medio ambiente y con el traslado diario de las personas, lo que ocasiona el aumento de tránsito vehicular en decrecimiento de la calidad de vida de las personas y de la calidad medioambiental de estas ciudades.

Consideraciones

La definición de lo que se debe conocer como medio ambiente se encuentra en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) lo define como:

“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I, LGEEPA).

Es por la definición de medio ambiente que se desprende la necesidad de cuidar el ambiente al que todas las personas tienen derecho, como lo dispone nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, que a la letra señala:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. (artículo 4 CPEUM)

En la actualidad, como se vio en los antecedentes, existe una condición climática que es imperante atender, por lo que se requieren de acciones gubernamentales actuales y puntuales para mejorar la calidad atmosférica, climática y de la vida de los ciudadanos, ya que hay una conexión directa entre el deterioro ambiental con el deterioro en la salud.

El desarrollo de nuestras ciudades, en pocas ocasiones se ha realizado de manera adecuada y planificada, lo que ocasiona problemas en la vialidad y aumento de transito lo que es demerito de la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente.

En nuestras ciudades, vemos que en gran parte han sido desarrolladas, para ser recorridas por medios automotores, creciendo en cierto punto su uso, sin incluir al peatón y al ciclista, que conforman los medios de transporte y de afluencia diaria de las ciudades.

Las bicicletas se han marcado como la opción de movilidad de varias personas, esto entre otras razones:

• Ser alternativa al transporte público en tiempo de pandemia.

• Eficacia al recorrer de 7 a 15 km, y evitar el tránsito vehicular de las ciudades.

• Autonomía de los servicios, por ser un medio disponible las 24 horas del día a diferencia del transporte público.

• Eficiencia, al ser un objeto pequeño da la oportunidad de ocupar menos espacio que un vehículo automotor y da la posibilidad de hacer viajes de puerta a puerta.

• Economía, pues ahorra el gasto hecho en combustible, peajes y costos del transporte público.

Aunado a los beneficios personales, los ciclistas y peatones no generan contaminación atmosférica señalada dentro de los antecedentes. Ciclistas y peatones tienen derecho a trasladarse de manera eficaz, por lo que los gobiernos deben trabajar en temas de movilidad.

La creación de infraestructuras incluyente supone, una de las actuaciones necesarias y claves a emprender a fin de garantizar unas condiciones seguras y cómodas para los desplazamientos de ciclistas y peatones de manera segura.

Es por lo anterior que en el presente acto se deberá exhortar al Gobierno Federal, autoridades de las entidades federativas y municipales para que dentro el marco de sus competencias adapte, sus sistemas de vialidad de forma incluyente entre vehículos automotores, motocicletas, bicicletas y peatones, de forma que se puedan desplazar de manera eficiente y segura.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas, y a las autoridades municipales a que, dentro del marco de sus respectivas competencias, gestionen infraestructura y vialidades de movilidad sustentable incluyente y segura para automotores, bicicletas y peatones tendiente a mejorar la calidad climática y de vida de los ciudadanos.

Notas

1 https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/ani males-peligro-extincion_12536 consultado el 3 de septiembre de 2020

2 3 Cfr. https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190607/46271527 7350/informebreakthrough-catastrofe-mundial-crisis-climatica-polemica-c ientifica.html consultado el 3 de septiembre de 2020

3 https://onuhabitat.org.mx/index.php/contaminacion-automoviles-y-calidad -del-aire consultado el 3 de septiembre de 2020

4 Cfr. https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190607/46271527 7350/informebreakthrough-catastrofe-mundial-crisis-climatica-polemica-c ientifica.html consultado el 3 de septiembre de 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el CSG a dictar medidas y su aplicación inmediata para salvaguardar la integridad física, mental y operativa del personal de la salud en contacto directo con el SARS-Cov2, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ricardo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 y 73, fracción XVI, incisos 1, 2 y 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, fracciones 1, inciso II, y 2, inciso III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a dictar medidas urgentes a fin de reforzar acciones para salvaguardar la integridad física, emocional y operativa del personal de la salud que tiene contacto directo e indirecto con el virus SARS-Cov2, causante del Covid-19, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La batalla contra el Covid-19 será larga y compleja, se abrirán diversos frentes, pero sólo se tendrá una línea de defensa, el personal de médico, quien día tras día enfrenta la pandemia, sin ambigüedades o pretextos y, en muchas ocasiones, con francas desventajas. Por eso es indispensable cuidarlos y procurarlos en exceso; sin ellos, la batalla estará perdida.

Al 30 de agosto de 2020, la Secretaría de Salud reportó 595 mil 841 casos confirmados y 64 mil 158 defunciones por Covid-19, colocando el índice de letalidad en México en 10.76 por ciento, mientras que en el mundo es de 4.5; es decir, en el país la infección es casi 3 veces más letal. Estos datos colocan a México como el tercer país con más muertes por Covid- 19, según la Universidad de Johns Hopkins.1

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que, de conformidad con sus criterios, la propagación del virus que provoca el Covid-19 a lo largo de cinco continentes, representaban un criterio suficiente para que dicho brote pudiera ser considerado una pandemia, constituyendo un llamado a las autoridades sanitarias del mundo a adoptar todas las medidas necesarias para la contención de la propagación del virus dentro de sus poblaciones, ante la amenaza que dicha enfermedad representa para la salud pública.

El 24 de marzo , la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase dos de la propagación del Covid-19 en México, con 367 casos confirmados, de los cuales 292 son casos importados y 5, es decir, 1 por ciento no tienen antecedentes identificables de importación, de modo que, al haberse perdido la trazabilidad del origen de los contagios, se puede sostener que existe contagio comunitario en el país.

El 30 de marzo, México declara emergencia sanitaria, por causas de fuerza de mayor, mediante acuerdo del Consejo de Salubridad, con el que se formalizan y dan impulso jurídico a las medidas adoptadas por el Ejecutivo federal.

Han transcurrido 166 días de la cuarentena en México, desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, hasta la Nueva Normalidad. Días en los que el común denominador es la constante alza en el número de infectados y muertos en nuestro país, según versiones de la propia autoridad sanitaria e investigaciones periodísticas y académicas, las cifras reportadas son menos de las que en realidad, son, no son datos falsos, solo incompletos. En estos datos hay uno que resulta importante y a la vez alarmante, las infecciones y defunciones que se están presentando en nuestra principal línea de defensa; el personal de salud.

Por personal de salud entendemos es toda persona que interviene en la prestación de servicios de salud y asistencia social sea cual sea su cometido, incluidos, entre otros, los y las profesionales de la medicina, de la enfermería, de la asistencia social, y de la limpieza; los conductores y conductoras de ambulancias y el personal de los centros de salud.

Amnistía Internacional ha recopilado y analizado una serie de datos que muestran más de 3 mil profesionales muertos por Covid-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real, la información recopilada demuestra que no existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud que han fallecido por Covid-19.2

De acuerdo con datos de Amnistía, los países con mayor número de muertes de personal médico hasta el 6 de julio son Estados Unidos con 507, Rusia 545, Reino Unido 540, Brasil 351, México 248, Italia 188, Egipto 111, Irán 91, Ecuador 82 y España 62, cifras cuya comprobación es compleja, dada la contabilización que cada nación utiliza según las prioridades de sus gobiernos. El estudio muestra que el personal de la salud denuncia la escasez de equipos de protección individual en casi la totalidad de los 63 países, de igual forma destaca que al menos en 31 países se han registrado acciones para exponer sus carencias y exigir condiciones laborales conforme al nivel de riesgo que se presenta al enfrentar el Covid.

En México, más de 16 por ciento de los contagios por Covid-19, se han presentado entre trabajadores de la salud, un reflejo de la enorme vulnerabilidad con la que labora este gremio.

Como resultado de ese porcentaje, desde hace meses, han sido constantes las quejas de los trabajadores de la salud, quienes incluso han salido a las calles para protestar, por la falta de protocolos y materiales suficientes y adecuados para hacerle frente a la pandemia, la cual los expone principalmente a un mayor riesgo de contagio y a un desgaste físico y mental producto de jornadas extenuantes de trabajo en el periodo de la urgencia.

Según cifras de la Dirección de Epidemiología de la secretaría, hasta el 26 de agosto de 2020, 97 mil 632 trabajadores del sector salud se han confirmado como infectados; de ellos, mil 320 lamentablemente perdieron la vida por Covid- 19. Para ese día, la cifra nacional de casos confirmados llegaba a 573 mil 888, con 62 mil 76 muertes, manteniendo 17 por ciento de contagios en el personal médico, tendencia constante desde el 12 de julio que informaron 299 mil 750 casos confirmados de contagios, con 39 mil 6 defunciones, se hablaba de 63 mil 576 trabajadores de salud contagiados.3

La gran mayoría de los contagios y defunciones reportados, se dividen entre la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En la capital del país, las cifras de trabajadores de la salud infectados de Covid-19 oscilan entre 5 mil 500 y 7 mil casos, lo mismo que en el estado de México, Tabasco reporta 2 mil 500, Baja California, Veracruz y Puebla reportan 2 mil casos, respectivamente, 13 mil 570 contagios se mantienen como sospechosos en 26 estados.

Del total de los contagios entre médicos, enfermeras y demás personal de salud, una importante proporción se dio entre adultos jóvenes de 25 a 49 años, prevaleciendo los contagios entre las mujeres.

Las cifras del 28 de junio muestran que, de los contagios entre el personal de salud del país, 41 por ciento forma parte del personal de enfermería, 29 de médicos; 27 de otros trabajadores de la salud, 2 de laboratoristas y 1 de dentistas, con 92 por ciento de ellos tratados de forma ambulatoria, mientras que en mil 834 casos se requirió hospitalización; en mil 693 fue de gravedad y en 234 fueron entubados.

Pese a que la mayoría de los contagios en el sector salud se da entre las mujeres, en el caso de las 683 defunciones la tendencia se invierte, pues la mayoría de los fallecidos por Covid 19 en este gremio fueron hombres de entre 45 y 69 años de edad, con una proporción de 2.8 hombres muertos por cada mujer fallecida.

Las entidades con mayor número de muertes de su personal de salud son la Ciudad de México con 200 decesos; el estado de México con cerca de 80 muertes; Puebla con poco más de 40; Veracruz con 40 y tabasco con aproximadamente 38 fallecidos, 23 muertes que se mantienen como sospechosas por el virus.4

Los contagios por Covid-19 entre el personal de hospitales públicos han abierto un nuevo frente para las autoridades sanitarias de México en medio de la pandemia.

Desde hace semanas, el personal médico de muchas clínicas y hospitales ha pedido insumos, materiales básicos y un protocolo actualizado para atender a los contagiados. La respuesta que les han dado es que se están consiguiendo los materiales y que no faltarán, pero los médicos, infectólogos, enfermeras, enfermeros, epidemiólogos y técnicos, han tenido que improvisar al atender a los pacientes, pues no pueden negar la atención.

Es inobjetable que, dadas las características de propagación y la exposición al Covid-19, el personal médico es el más propenso a contagiarse, por tal motivo, es indispensable la adopción de medidas idóneas para su protección. Sin embargo, en México se han reportado situaciones que delatan la especial circunstancia de desamparo de estos trabajadores al desempeñar sus funciones. Por tal motivo, médicos, enfermeros, enfermeras y personal administrativo del sector salud en distintos puntos de la república solicitan al gobierno que implementen las medidas urgentes para garantizar su seguridad ante el Covid-19, y así estar en condiciones de seguir atendiendo a la población.

Los reclamos no son exigencia para lujos y no evidencia soberbia o poca solidaridad social, responde a una duda razonable, Sin personal de salud, ¿quién atenderá a la población? La respuesta profesional e idónea ya se ha dado, tanto la Organización Mundial de la Salud, como México, han emitido guías provisionales para la respuesta a la pandemia de coronavirus SARS-Cov2, entre las que se incluyen lineamientos para que los centros médicos y su personal puedan atender de forma correcta la crisis sanitaria. La guía Uso racional de equipo de protección personal para la enfermedad de coronavirus 2019 (Covid-19), del 27 de febrero de 2020, insta a las instituciones médicas a adoptar medidas preventivas para evitar la transmisión de la enfermedad.

En el mismo documento, recomienda para la optimización de la creación y adopción de protocolos adecuados para prevenir que el personal médico tenga contacto directo con los pacientes infectados o sospechosos; asegurarse del uso racional y apropiado de los insumos de equipo de protección personal destinándolos prioritariamente al personal médico y sanitario y no a personas que no tienen como función primordial la atención de personas infectadas o sospechosas; coordinar los mecanismos de administración de las cadenas de suministro de equipo de protección personal; pero sobre todo, hacer un uso máximo de los recursos disponibles para garantizar la integridad y seguridad de su personal médico. En particular, recomienda guardar una distancia espacial de al menos un metro, utilizar máscaras médicas con una capacidad suficiente para evitar la transmisión de agentes aéreos, el uso de batas quirúrgicas, guantes y equipo de protección ocular, así como garantizar la provisión suficiente de jabones y líquidos antibacteriales hechos a base de alcohol.

En México mediante los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad General, se han adoptado las medidas recomendadas por la OMS, sumado al protocolo existente, que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los equipos de protección personal para preservar la salud en el ambiente laboral, plasmado y regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA1-1993, denominada “Requisitos sanitarios del equipo de protección personal”, misma que también debe observarse por parte de las autoridades sanitarias al momento de proveer a su personal dichos recursos.

El reto bajo este contexto, es cambiar la visión que el Ejecutivo federal tiene para enfrentar la pandemia generada por el SARS-Cov2, los recursos, estrategias o atención extra que se pueda brindar al personal de salud, no es un gasto, es una inversión, cuyas ganancias se reflejarán en mexicanos vivos y sanos después de enfrentar el Covid-19.

Hasta el momento los hallazgos científicos informados por la Organización Mundial de la salud, presentan un virus más complejo de lo que suponían, genera más síntomas de los reportados, puede transmitirse también de forma aérea y las secuelas que deja en los pacientes recuperados aun no son determinadas en su totalidad, la enfermedad no respeta credo, clase social, sexo, edad o profesión, pero la autoridad mexicana, debe y esta mandatado a velar por el derecho a la salud de los mexicanos sean pacientes o trabajadores de la salud.

Ante la incertidumbre que genera este nuevo virus y con la certeza de que la especie humana deberá enfrentarlo por un periodo aún indefinido, el objetivo del presente punto de acuerdo es de exhortar al Consejo de Salubridad en su carácter de autoridad sanitaria, genere medidas urgentes para mantener sanos y vigorosos a los trabajadores de los servicios de salud, dentro de los cuales se consideren coberturas médicas especiales, espacios para descanso, esparcimiento, atención psicológica integral y garantía de insumos de calidad que garanticen su integridad física.

En este tenor considerando que el Consejo de Salubridad General en cumplimiento del artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra el derecho a la protección de la salud, dentro del ámbito de su competencia, es un órgano colegiado dependiente directamente del presidente de la República con carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de ninguna secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., fracción II y 15 de la Ley General de Salud y 1o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, así como el acuerdo de la misma instancia de fecha 19 de marzo, que en sesión extraordinaria, dio a conocer acciones avaladas por el pleno del Consejo de Salubridad General, en donde; 1) Reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov2 (Covid) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria;2) Sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de Covid diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implantadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado; 3) Indica que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia Covid. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial; 4) Exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de Covid que requieran hospitalización; 5) Se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, para que en la próxima reunión de la sesión permanente del Consejo de Salubridad General, se someta a consideración la adopción de medidas urgentes para que el personal de salud que enfrenta directamente al Covid-19, vigorice su hacer profesional y humanitario mediante; 1) Diseño de estrategias de diagnóstico y atención constante de calidad, mediante evaluación y seguimiento periódico de su salud física y emocional, con la certeza de no infección por Covid-19, con la aplicación de pruebas de detección, durante la pandemia y posterior a ella por un lapso de 2 meses; 2) Buscar espacios hospitalarios exclusivos para el personal médico, de enfermería y otros que atiendan pacientes con Covid-19, en donde puedan asearse, comer, descansar, relajarse y activarse para dar un servicio de mayor calidad; 3) Coberturas médicas para ellos y sus familias en caso de contraer el virus y legal en caso de defunción; 4) Entrega de estímulos extraordinarios por su importante labor en la atención de pacientes con Covid-19, acorde con la duración de la pandemia, los estímulos pueden ser económicos, en especie, becas para estudios complementarios del servidor de la salud o su familia o de reconocimiento público;5) Gestionar que estas medidas sean de aplicación general, tanto en los servicios de salud federal, estatal o sectorizado en IMSS, ISSSTE, Sedena, etcétera, y enviando el exhorto al sistema de salud privado.

Notas

1 https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta

2 https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020SPANISH.PDF

3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2020/08/31/
a-la-salud-de-los-trabajadores-de-la-salud-hermann-bellinghausen-4343.html

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Mas-de-46000-trabajadores-de-la-salud-en-Mexico-se-han-contagiado-de-Covid-19-20200702-0133.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputado Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la SE a continuar la redefinición de los trámites para exportación de los 63 tipos de acero, considerando los permisos y las licencias a fin de incentivar la inversión en México, y conservar y proteger así la industria nacional, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Ricardo de la Peña Marshall, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I del numeral 1 del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de su competencia continúe la redefinición de los trámites para la exportación de los 63 tipos de acero, considerando los permisos y licencias para incentivar la inversión a México, con la finalidad de conservar y proteger la industria nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el segundo Informe de Gobierno uno de los sectores en los que se mencionan avances estratégicos es la industria del acero, misma que se ha visto afectada por la producción de China con una economía subsidiada, aunado a la imposición de aranceles bajo la sección 232 en la que se aplicó un 25 por ciento de arancel al acero proveniente de cualquier país que quisiera ingresar a los Estados Unidos de América (EUA), lo que significó alrededor de 400 millones de dólares en aranceles para México.

Uno de los resultados de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fue un compromiso para eliminar los aranceles, siempre y cuando se desarrolle un sistema sólido y de vigilancia, además de combatir el ingreso de acero en condiciones desleales. Por ello la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) colaboró con la Secretaría de Economía y autoridades correspondientes para considerar los siguientes puntos:

• Profundizar el cumplimiento y verificación aduanero, para combatir el comercio desleal o fraudes en la industria del acero.

• Generar un mecanismo de monitoreo en las exportaciones de acero desde México a EUA.

• Vigilar y monitorear las importaciones, particularmente la de los países que están sujetos a la aplicación de la medida 232 de EUA.

Cabe insistir que estos puntos son considerados en el segundo informe del actual gobierno.

Como se observa, la estructura de la industria del acero se ha mantenido estable, siendo el 2010 y 2012, los años con el arancel más bajo en 18 años.

Desde el pasado 1 de junio de 2018 el gobierno del presidente Donald Trump había aplicado un arancel de 10 por ciento a las importaciones de los productos de aluminio, en los cuales se incluyen las importaciones de México y Canadá. Para mayo de 2019 se anunciaron los acuerdos bilaterales de México y Canadá con EUA, estas reuniones derivaron en la exclusión de ambos países para la aplicación de los aranceles.

Actualmente la demanda de aluminio y acero se ha visto reducida como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y en varios países se optó por almacenar, con el objetivo de mantener la producción hasta que el mercado volviera a repuntar la demanda de la fundición de aluminio y acero. La misma dinámica del mercado se presentó en la crisis financiera de 2008, como una forma de corregir las situaciones de mercado.

El pasado 31 de agosto informó la Representación Comercial de la Casa Blanca, que EUA excluye a México de aplicar aranceles a las importaciones de acero, después de haber establecido un mecanismo de monitoreo para evitar adquisiciones trianguladas de terceros países. Además, anunció restricciones a importaciones de acero de México y Brasil . El representante comercial estadounidense (USTR), Robert Lighthizer, comunicó que “va a reducir la cuota remanente para 2020 de 350 mil toneladas métricas a 60 mil toneladas para los productos de acero semiacabados.”1

Aunado a que EUA va a establecer “un estricto régimen de vigilancia para estos productos hasta el 1 de junio de 2021”.

Todas estas medidas que toma el actual gobierno de EUA tienen como justificación las difíciles condiciones que enfrenta el mercado local debido a la pandemia de Covid 19.

Si bien, México y EUA han venido entablando negociaciones y consultas bilaterales sobre el mercado de acero, tras firmar la declaración conjunta del 17 de mayo de 2019 y ratificados en el T-MEC, estas negociaciones continuarán hasta el próximo mes de diciembre de 2020.

La Secretaría de Economía, con el objetivo de cumplir con el acuerdo, el pasado 31 de agosto redefinió la tramitología para la exportación de 63 de tipos de acero, exigiendo a los productores contar con los permisos pertinentes. Lo óptimo es crear las condiciones adecuadas para atraer las inversiones a México y, con ello, hacer crecer la industria del acero para promover una derrama económica y el bienestar al país.

Durante 2019, las exportaciones de productos siderúrgicos de México sumaron 9 mil 896 millones de dólares, lo que representó 2 por ciento del valor de las exportaciones totales del país, lo cual perfila a la industria del acero como un motor de crecimiento y de generación de empleos, mismos que para el 2019 de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), fueron aproximadamente de 672 mil empleos de manera directa e indirecta en el sector de la siderurgia de acero.

Dentro de los datos relevantes de la Canacero, se encuentran;

• Caída de 22.6 por ciento en la producción de acero en México, para el mes de julio de 2020 en comparación con el de 2019, esto debido a la reducción que se tuvo en las actividades económicas.

• Para 2019 México ocupada el decimoquinto lugar a nivel mundial como productor de acero.

Como se observa, la producción se ha mantenido estable en los últimos 10 años y para julio de 2020 la producción apenas alcanza los 9 millones de toneladas. Si bien la demanda del acero se ha visto afectada por el Covid-19, ahora representa para México un gran reto y oportunidad ante la sustitución de productos chinos.

Como se observa el crecimiento nominal de la producción del acero no ha repuntado, pero sí podemos observar que se ha pronunciado su tendencia en números negativos, llegando a un -49.57 por ciento.

Por otro lado, en el caso de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, la siderurgia del acero está comprometida con el desarrollo sustentable y se refleja en los datos de la Canacero:

• 41 por ciento de la producción de acero en México está basada en el reciclaje.

• México genera 1.34tCO2,2 por cada tonelada de acero que se produce, es decir 29 por ciento menos que el promedio mundial el cual es de 1.88tCO2 por tonelada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a continuar las negociaciones y consultas bilaterales, considerando las condiciones óptimas en los trámites de permisos para incentivar las inversiones a México, con el fin de garantizar una comercialización leal, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de su competencia continúe la redefinición de los trámites para la exportación de los 63 tipos de acero, considerando los permisos y licencias para incentivar la inversión a México, con la finalidad de conservar y proteger la industria nacional.

Notas

1 México esquiva aranceles al acero de EUA, El Economista , 31 de agosto de 2020.

2 Total de dióxido de carbono.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputado Ricardo de la Peña Marshall (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar gestiones y acuerdos con los gobiernos locales y los ayuntamientos para garantizar que las instituciones educativas tengan acceso a los servicios de agua potable, saneamiento e higiene ante la amenaza que aún representa el SARS-Cov2, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y José Ricardo Gallardo Cardona e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, José Ricardo Gallardo Cardona y Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el inicio del nuevo año escolar es necesario resolver muchos desafíos para que los estudiantes puedan aprender y prosperar sin el riesgo de ser afectados por el Covid-19.

Lograr la meta de que los niños asistan a la escuela en persona, que es la forma como aprenden mejor, solo será posible cuando la comunidad tenga bajo control la propagación del virus; y entonces, cuando sea posible la reapertura de la escuela para el aprendizaje presencial, se deberá aplicar un enfoque escalonado para mantener seguros a los estudiantes, profesores y personal de la escuela.

El reto más importante que debe ser superado previo al regreso a clases es el de garantizar que todas las escuelas cuenten con los servicios de agua potable, saneamiento e higiene y cumplir esta meta solo será posible si los tres órdenes de gobierno priorizan este tema y emprenden acciones coordinadas.

El artículo 105 de la recién aprobada Ley General de Educación señala que le corresponde al gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales el mantenimiento y los servicios de las escuelas,1 éste fue un logro que pudimos consumar durante la discusión de la reforma educativa a fin de evitar lesionar la economía de los mexicanos, en especial los que se encuentran en los sectores más vulnerables.

Para tener un panorama más claro de lo que representa el problema de la falta de servicios en las instituciones educativas se deben tomar en cuenta los siguientes datos:

• Cuatro de cada diez escuelas en México no tienen drenaje. Del total de escuelas en el país, 42.27 por ciento no tiene drenaje disponible, lo que significa que en cuatro de cada diez centros educativos el Estado ha fallado para conectar a los inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que permita el control adecuado de desechos y, por lo tanto, reducir riesgos a la salud.

• Además del drenaje, la Secretaría de Educación Pública considera como infraestructura básica en las escuelas la conexión a agua corriente, así como tener baños y luz eléctrica. En 27.72 por ciento de los planteles, es decir, 57 mil 567, no hay acceso al agua de la red pública del Estado, por lo que estas escuelas se abastecen acarreándola por pipas o por alguna otra fuente.3

• Asimismo, todavía hay 23 mil 283 escuelas sin baños o sanitarios y 20 mil 111 sin luz eléctrica; es decir, 11.21 y 9.68 por ciento de los planteles en el país, respectivamente.4

La evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)5 arrojó que hay importantes carencias de infraestructura en las escuelas de todo tipo, desde falta de servicios básicos como agua y sanitario hasta espacios como aulas o áreas de juegos. Estas carencias son más agudas en las escuelas públicas y acumulan mayores rezagos las indígenas y comunitarias.

En preescolar los datos se presentan a partir de la carencia: “2 de cada 10 escuelas no cuentan con el servicio de agua corriente (18.9 por ciento), lo cual pone en riesgo la salud e higiene de niños y docentes” (INEE, 2010, página 54). Cualquier cifra que muestre carencia es un foco rojo que hay que atender para garantizarles condiciones apropiadas de seguridad e higiene a los niños.6

De acuerdo con el informe, la evaluación que se realizó a 2 mil 141 escuelas en 32 entidades federativas en octubre y noviembre de 2017, 64 por ciento de las escuelas comunitarias y de las indígenas no tienen agua entubada todos los días; 19 por ciento de las escuelas comunitarias y 14 de las indígenas no tienen sanitarios; 65 de las comunitarias y 14 de las indígenas no tienen sanitarios; 37 está en mal estado. En indígenas, los porcentajes son de 62 y 35, respectivamente.7

Volver a la escuela durante la pandemia del Covid-19 podría no sentirse normal, por lo menos por algún tiempo. Pero tener planes establecidos para la seguridad y cerciorarse de que las escuelas cuentan con los recursos necesarios puede ayudar a mantener seguros a los estudiantes, el personal de la escuela y las familias.

Resulta de suma importancia agregar que La Organización Mundial de la Salud considera a la resistencia antimicrobiana y el esparcimiento desmedido de virus como un grave problema de salud pública global.

La prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la reducción de su impacto evitable en los sistemas de salud es fundamental para hacer las instalaciones escolares más seguras para todos.

De entre las acciones que se pueden implementar en las instituciones públicas de una manera sencilla, al mismo tiempo de ser insistentes para no relajar las medidas que ayuden a conservar la salud de los estudiantes se recomienda:8

- Realizar en cada institución educativa eventos de intensificación de acciones de higiene de manos dirigida principalmente a los responsables de la salud de las escuelas para contribuir a la reducción de la resistencia antimicrobiana.

- Capacitar a profesores en materia de salud en los siguientes temas: 1) Importancia de la higiene de manos; 2) Resistencia antimicrobiana; 3) Técnicas de higiene de manos; 4) Momentos de higiene de manos; y 5) Cumplimiento de higiene de manos en los estudiantes.

- Crear carteles y videos alusivos a la promoción de higiene de manos entre estudiantes de todas las edades, con el objetivo de reducir infecciones y resistencia antimicrobiana, así como fomentar la cultura del lavado de manos.

La higiene de manos debe ser una prioridad en todo el país para garantizar que una enfermedad como el Covid-19 no se continúe propagando de una persona a otra, para esto es necesario tomar líneas de acción entre las dependencias encargadas de dicha tarea.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones y los acuerdos necesarios con las entidades federativas y los municipios a efecto de garantizar que las instituciones educativas del país tengan acceso a los servicios de agua potable, saneamiento e higiene ante la amenaza que sigue representando la existencia del SARS-Cov2 para el bienestar y la salud de los estudiantes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, continúe con las campañas de promoción del lavado constante de manos en todos los centros educativos del país aún y cuando el semáforo se encuentre en verde y sea posible un eventual regreso a clases presenciales.

Notas

1 Véase Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

2 Véase Consejo Consultivo del Agua. "'42 por ciento de las escuelas de México no cuenta con drenaje', alerta la CNDH", 22 de noviembre de 2018. Disponible en

https://www.aguas.org.mx/sitio/blog/noticias/item/1560-e l-42-de-las-escuelas-de-mexico-no-cuentan-con-drenaje-alerta-la-cndh.ht ml

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Véase Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en los preescolares de México, 2017. Disponible en

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P1D25 7.pdf

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Véase Secretaria de Salud de Jalisco. Campaña Mundial de Higiene de Manos. Disponible en

https://ssj.jalisco.gob.mx/formacion-de-profesionales/69 07

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a acondicionar con las autoridades municipales áreas con computadoras y acceso a internet para que alumnos y docentes faltos de ellos puedan continuar sus actividades, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del grupo parlamentario morena de la LXIV Legislatura Del Congreso De La Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de agosto, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que alrededor de 30 millones de estudiantes del Sistema Educativo Nacional, retomaron sus clases de manera virtual, ya que la emergencia que se vive por la presencia del COVID 19 no ha permitido que regresen a clases de manera física.

El secretario de Educación Pública explicó que los horarios de este nivel educativo en las distintas opciones están distribuidos de tal forma que cada familia, independientemente del número de niñas y niños que tengan, si tuvieran un solo televisor, puedan ver los seis años de primaria en distintos horarios.

En el caso del estado de Puebla, 1.4 millones de estudiantes de educación básica y media superior iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad a distancia.

“En Puebla, el programa “Aprende en casa II” que la SEP federal utilizará para iniciar formalmente con las clases del ciclo escolar 2020-2021 de educación básica el 24 de agosto, será trasmitido tanto en canales de televisión abierta como privada.”1

Antes esta nueva realidad la SEP en Puebla mencionó que registró, que 95 por ciento del total de las y los alumnos se incorporaron a la modalidad a distancia.

Al concluir las dos primeras semanas de la fase compensatoria educativa del ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla registró que 95 por ciento de los más de un millón 400 mil estudiantes de educación básica se incorporaron a la modalidad a distancia, es decir, más de un millón 330 mil; mientras que falta porque ingrese cinco por ciento, es decir, más de 70 mil alumnos, aseguro el portal web de milenio.

Asimismo, la SEP Puebla informó que la comunidad educativa ha utilizado herramientas tecnológicas como whatsapp, teléfono, correo electrónico, google classroom y otras plataformas para interactuar en el proceso educativo, sin embargo no toda la comunidad estudiantil tiene acceso a esas herramientas tecnológicas, lo que los pondría en grave situación de vulnerabilidad y limitaría su acceso al derecho a la educación.

La dependencia encargada de las políticas educativas en la entidad destacó que, durante la reunión de evaluación con los diferentes niveles educativos, el titular de la SEP en Puebla, Melitón Lozano Pérez, reconoció el trabajo de los docentes, quienes identifican las estrategias para recuperar los aprendizajes esperados en las diferentes asignaturas.

La nueva realidad no solo afecta a la comunidad estudiantil, ya que hay docentes que encuentran dificultades para realizar sus actividades mediante plataformas digitales, por citar tan solo un ejemplo en el municipio de Tehuacán, Puebla, un profesor fue captado en un ciber impartiendo sus clases, diversos medios le dieron difusión:

“La foto de un maestro de Tehuacán, Puebla, se ha vuelto viral, pues uno de los retos para los profesores es la modalidad a distancia y la conexión a internet. El caso de este profesor ha conmovido a los usuarios de redes sociales porque, a pesar de no tener conexión a internet en casa, visitó un cibercafé para poder realizar sus clases virtuales.”2

Así mismo el portal de internet e-consulta, mencionó que “En este regreso a clases, tanto maestros como alumnos se han visto en dificultades para cumplir con sus labores, ya que algunos de ellos no cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo las clases virtuales. En Puebla y todo México se han dado a conocer situaciones en que los alumnos acuden a plazas públicas para acceder a internet, así como varios docentes arreglan su “salón de clases” para impartir las materias.”3

La nueva realidad enfrenta muchos obstáculos para poder garantizar el acceso a la educación de manera eficaz, y las autoridades no pueden ser omisas ante esta realidad, por ello es necesario que se implementen acciones emergentes que atiendan esta gran problemática que atentan contra la educación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta para que, en el ámbito de las atribuciones, funciones y responsabilidades el gobierno del estado de Puebla, en coordinación con las autoridades municipales, habiliten áreas con computadoras y acceso a internet para que puedan ser utilizadas por alumnos, alumnas y docentes que no cuentan con esas herramientas y puedan continuar con sus actividades.

Notas

1 Milenio Web "El regreso a clases en nueva normalidad", disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/regreso-a-cla ses-en-puebla-todo-lo-que-necesitas-saber

2 Tv Azrteca noticias web, Maestro sin internet acude a cibercafé para dar sus clases en línea, disponible en;

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/
maestro-sin-conexion-internet-cibercafe-clases-linea-virtuales-tehuacan-puebla-especiales

3 E. consulta "Maestro poblano da clases desde un ciber; no tiene internet", disponible en:
https://www.e-consulta.com/nota/2020-09-07/virales/maestro-poblano-da-clases-desde-un-ciber-no-tiene-internet

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SEP a garantizar la inclusión educativa para todos los niños y los adolescentes, con especial atención a alumnos con discapacidad; e implantar una estrategia de salud mental en favor de la niñez, padres, cuidadores y docentes durante la impartición de clases a distancia, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como consecuencia de la pandemia derivada del Covid–19, desde el lunes 24 de agosto del año en curso, 30 millones de estudiantes han comenzado el ciclo escolar 2020-2021 de manera remota utilizando medios públicos y privados para la trasmisión de contenidos educativos.

Pese a que se sumaron medios privados, estatales, locales y radios indígenas a los 36 medios públicos, no es suficiente para una cobertura total del territorio mexicano y garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Sumado a las condiciones de pobreza, marginación y violencia que ya vivían millones de niñas y niños previos a la pandemia, esta situación ha acrecentado la brecha de desigualdad favoreciendo la falta de oportunidades y acceso al derecho a la educación que debe gozar la niñez mexicana.

Lo anterior, puede visibilizarse en el alto número de notas periodísticas que vemos diariamente con casos y experiencias de madres, padres y niñas o niños que han sufrido las duras consecuencias de no poder tener acceso a una televisión, una computadora y mucho menos, internet.

En el caso de Chilpancingo, Guerrero, cientos de niños de la Montaña, la Sierra y la zona Norte, no reciben educación debido a que carecen de servicios de energía eléctrica, señal televisiva e internet.1

Por otra parte, en el estado de Puebla, de acuerdo con el último índice de progreso social en México, el 34.64% de los hogares cuentan con acceso a internet y solo el 36.93% con computadora o laptop.2

Un caso que ha conmocionado a la Ciudad de México es el de una mujer franelera en la alcaldía de Iztacalco, que ha sido captada enseñándole a sus hijos en las calles mientras trabaja debido a que no pueden estar en un sistema presencial y tampoco cuenta con internet en casa, optando por tener a sus niños en la calle junto a un poste de internet gratuito.3

Lo anterior, es un mínimo ejemplo del reto que enfrenta el Estado Mexicano para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes toda vez que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que 1.4 millones de estudiantes desertaran en el ámbito educativo para el siguiente ciclo escolar, además, de saber que los avances obtenidos en temas de escolaridad durante los últimos seis años podrían perderse a consecuencia del coronavirus.4

Sin embargo, ante estos estudios desalentadores, existe otra problemática en el mismo entorno que no ha sido visibilizada, la educación especial.

Debemos recordar que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la inclusión para todas las personas sin importar si cuentan con alguna discapacidad y, en el caso de la educación, resulta fundamental el acceso para todas y todos los niños sin importar condiciones. Desafortunadamente, a consecuencia de la pandemia tanto la niñez como adolescencia mexicana se ven severamente afectadas debido a que no les es posible acceder a clases virtuales aún, contando con todo lo necesario como un teléfono, computadora e internet.

Como ejemplo tenemos el testimonio de Joselín Guzmán Guillén de Mazatlán, Sinaloa, quien para poder estudiar ha recibido instrucción presencial toda su vida por la ceguera que padece.

Ante esta situación, su madre quien lidera la “Red de Padres con Hijos con Discapacidad en Mazatlán”, ha recibido quejas y preocupaciones por parte de los padres de la red debido a que desconocen que ocurrirá con el aprendizaje de sus hijos.

“‘Sí hay mucha incertidumbre en todos los chicos que tienen discapacidad, cómo se va a trabajar con ellos, porque lo veo complicado, porque los padres de familia no hemos tenido una capacitación, cada padre de familia hace todo lo posible por prepararse, pero hasta qué punto nosotros podemos apoyar a nuestros hijos, obviamente no todos los niños tienen la misma retención, no todos aprenden a la par que todos los demás estudiantes, pero sí está complicado, muy complicado’, expresó.”5

Como Joselín, existen innumerables jóvenes y niños que sufrirán graves afectaciones en su vida, lo cual, atenta de manera directa contra sus derechos que no podemos permitir.

Sabemos que la pandemia del Covid–19 es algo que no podemos controlar, sin embargo, debemos buscar los caminos más alentadores en beneficio de los mexicanos, aún más, al tratarse de niñas, niños y adolescentes recordando lo que nos mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

I. ...

II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

...

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

...

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

Tenemos una gran deuda con nuestras niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente a consecuencia de esta pandemia va en aumento, sin embargo, debemos luchar por agotar todos los recursos necesarios para minimizar los daños colaterales que está dejando en ellos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, garanticen una inclusión educativa para todas las niñas, niños y adolescentes contemplando a aquellos que padecen alguna discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, permita la presentación de exámenes de conocimiento a niñas, niños y adolescentes que por falta de oportunidades tecnológicas no hayan podido concluir el ciclo escolar anterior y continuar con sus estudios este ciclo escolar 2020 - 2021.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Salud, implementen una estrategia de atención a la salud mental que sirva de acompañamiento a madres, padres, cuidadores, profesores, niñas, niños y adolescentes durante las clases remotas en casa.

Notas

1 https://www.proceso.com.mx/645054/aprende-en-casa-en-la-montana-de-guer rero-entre-la-violencia-y-la-pobreza

2 https://www.poblanerias.com/2020/08/el-desigual-regreso-a-clases-en-pue bla/

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/29/
primero-la-educación-mama-hace-la-tarea-con-sus-hijos-en-la-calle-mientras-cuida-coches/

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/04/
un-estudio-estima-que-14-millones-de-estudiantes-en-mexico-dejaran-la-escuela-tras-la-pandemia/

5 https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/clases-virtuales-un-reto-mas-p ara-los-discapacitados-5687228.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre del 2020.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a esclarecer el asesinato del joven Jonathan Alberto Santos –ocurrido el pasado 11 de agosto en Zapopan–, explorando y agotando todas las líneas posibles de investigación, a fin de dar con los responsables y garantizar la aplicación de la justicia y el castigo correspondiente, suscrita por los diputados Hortensia María Luisa Noroña Quezada y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Hortensia María Luisa Noroña Quezada y Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a esclarecer el asesinato del joven Jonathan Alberto Santos, explorando y agotando todas las posibles líneas de investigación a fin de dar con los responsables y garantizar la aplicación de la justicia y el castigo correspondiente a los culpables del lamentable delito, ocurrido el 11 de agosto del presente año en Zapopan, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, de manera impotente hemos visto como la delincuencia ha rebasado a nuestras instituciones de seguridad pública y también preocupantemente, a las instituciones de procuración de justicia.

Con pesadumbre advertimos que a escala federal no hay una real estrategia, para el combate de la delincuencia de ningún tipo, ni la erradicación o prevención de la violencia, en ninguna de sus formas.

Así como tampoco hemos visto barrer las escaleras ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba; ni cumplidas las dos especificas promesas de erradicación total y definitiva de los delitos en todo nuestro país, hechas por del presidente cuando de delincuencia hablaba.

La primera a inicios de sexenio de acabar con la delincuencia en los primeros seis meses; ni tampoco la segunda promesa de cumplir el cometido en materia de seguridad pública en todo el país, en el año adicional que solicitó como plazo, después de cumplirse aquellos primeros seis meses.

Ya rebasamos ese año y medio, fijado por el Ejecutivo federal y día con día, amanecemos peor.

Dado lo anterior, los ejemplos del fracaso en materia de seguridad pública a nivel federal son enormes.

Por ejemplo; la flamante y creada a inicios del sexenio Guardia Nacional, presentada y asumida como pilar fundamental del gobierno federal actual en materia de seguridad pública para la erradicación, prevención y castigo del delito; para desgracia de las mexicanas y mexicanos, pero para beneplácito y aquiescencia del Presidente Estadounidense Trump, se ha convertido en una suerte de patrulla fronteriza norteamericana dentro de nuestro propio territorio.

Dándonos como resultado que, cada día amanecemos con nuevos históricos en materia delictiva, en todo el país.

Basta señalar al respecto que de acuerdo con cifras oficiales, 2019, el primer año del actual gobierno, fue el más violento de toda nuestra historia, con 34 mil 588 homicidios dolosos y mil 10 feminicidios.1

Y la tendencia preocupantemente, sigue al alza; tan solo en enero de este año 2020, de acuerdo nuevamente a cifras oficiales; en enero se cometieron 2,892 asesinatos; de los cuales 2,819 fueron homicidios dolosos y 73 feminicidios.2

Es decir, apuntamos ya desde el primer mes del año, a un nuevo récord histórico anual.

Pero, además de lo anterior; de estas cifras crecientes y fuera de control, podemos desprender un hecho todavía más preocupante, el delito en nuestro país se está volviendo aún más violento, es decir, los delincuentes están actuando cada vez con más saña en contra de la población.

De acuerdo con fuentes oficiales, al menos en los homicidios dolosos registrados en enero de 2020, 2 mil 97 fueron cometidos con arma de fuego, 191 con arma blanca y 531 con otros elementos no especificados.3

En otras palabras, no se corrigió en lo mínimo el problema de seguridad pública a nivel federal; sino por el contrario, el problema se agravo, este gobierno federal lo empeoró.

Ése es tristemente nuestro panorama en materia de inseguridad pública.

Hoy, ninguna persona en México de ninguna edad, está segura en la calle o en su misma casa; nadie es libre de salir, sin el temor de sufrir un delito u acto de violencia, o con la zozobra de saber si regresara a casa o bien, volverá a ver a los suyos.

Desafortunadamente tenemos que si ese es el panorama, a nivel federal; a nivel estatal tampoco encontramos excepciones rescatables.

Las autoridades estatales en materia de seguridad pública, están igualmente rebasadas, las autoridades municipales también se encuentran rebasadas por mucho, y hasta quizás, muchas de ellas están incluso penetradas en sus filas o coludidas, por los criminales.

Ejemplos de ello sobran y todos son desafortunados y sumamente dolorosos; pero para efectos del presente punto de acuerdo nos basaremos en un hecho lamentable y reflejo de lo grave que se encuentra la delincuencia en nuestro país y en específico, en Jalisco.

Jalisco desafortunadamente es a nivel nacional una muestra manifiesta del descontrol total prevaleciente en la inseguridad pública por parte del gobierno estatal, tanto en sus instituciones de seguridad pública como también de procuración de justicia.

Basta señalar para sustentar lo anterior, que en poco menos de dos años de la actual administración estatal, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el estado se disparó desproporcionadamente, al grado de pasar del lugar número 17 a nivel nacional en 2017, a ocupar a finales de 2019 la posición número 11 a nivel nacional.4

Ello explica por qué se registra de acuerdo con fuentes oficiales que en Jalisco, en 2019, el promedio mensual de victimas de asesinato fue de 222 al mes; para dar un total a finales de ese año de 2 mil, 672 muertes.5

Si la cifra anterior de homicidios la relacionamos por la cantidad de habitantes que el último censo de población arrojo para Jalisco de 7.8 millones de personas, tenemos un índice muy elevado de incidencia de asesinatos que rebasa por mucho la media a nivel nacional, 34 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2019.6

La comparación de la cifra anterior con 2018 no es nada alentadora y refleja por el contrario, el indiscutible fracaso institucional del actual gobierno estatal en el combate a la inseguridad, ya que en 2018 se registró una tasa de 30 asesinatos por cada 100 habitantes.7

Por lo anterior es sumamente preocupante y condenable lo que sucedió, el pasado 11 de agosto, una muerte más, el asesinato atroz de Jonathan Alberto Santos, un estudiante de la Escuela Politécnica Matute Remus a quien cobardemente le fue arrebatada la vida con una brutalidad cada vez más común y presente, en todo el país.

Porque su asesinato, es reflejo del descontrol e incompetencia que priva actualmente en Jalisco, en materia de seguridad pública, de la impunidad total con la actúa cualquier delincuente para arrebatar una vida y a la vez, del deficiente proceder de las autoridades correspondientes para prevenir, erradicar y castigar hechos tan lamentables, como el asesinato de Jonathan.

Estamos frente a un ejemplo de un delito que está creciendo incontenible y desproporcionadamente en todo un Estado, Jalisco; que no ha podido el gobierno del estado contener y mucho menos perseguir y castigar ejemplarmente, porque de hacerlo así, ya no se estarían cometiendo con esa incansable y persistente regularidad.

Un asesinato más, de los cientos de miles que ya han ocurrido en el estado de Jalisco, y que de seguir así el gobierno estatal sin hacer nada, sin entender que se trata de vidas arrebatadas, de existencias truncadas y de sueños despojados; continuaran sin parar, persistirán sin que esas autoridades obligadas a evitarlos y erradicarlos, a protegernos a todos; asuman verdaderamente las consecuencias de cada vida pérdida por su incompetencia, por su culpa directa.

Consintiendo con ello y deliberadamente que en el corto plazo, solo serán un número más, un punto adicional en la estadística fría y coyuntural del índice delictivo, del cual, las autoridades fácilmente se desligan, sencillamente ni siquiera, la asumen como su responsabilidad.

El asesinato de Jonathan es tristemente otro motivo más para que junto a la impotencia y a la rabia que nos genera este acto, todos levantemos nuevamente la voz en contra de un incremento delictivo, que está arrebatando vidas al por mayor, que está acabando con la paz y la seguridad a la que la población de Jalisco, la población de todo el país, tenemos derecho.

Esta soberanía está obligada a condenar este y cualquier otro delito y asesinato que nos arrebate una existencia más.

Una vida a la cual, las autoridades municipales de Zapopan, estatales de Jalisco y federales, estaban obligadas a cuidar, a proteger y garantizar su integridad.

Autoridades que sin duda han fallado y que ante su incompetencia, una familia, una sociedad y una comunidad más, están de luto.

Por ello nos debemos sumar a las voces que con dolor claman justicia para Jonathan y que a la vez y a la par, exigen para todos, que ni una vida más se pierda, que ni un asesinato más, suceda ni en Jalisco, ni en ninguna parte por más alejada que este, de nuestro querido país.

Tenemos que y estamos obligados como representantes populares a proclamar junto a la sociedad ese ¡ya basta!

Ya no queremos más muertos, ya no deseamos oír más justificaciones que apunten hacia el pasado, imputando a los anteriores; porque desde hace ya casi dos años, estas autoridades en el cargo son el presente obligado.

Y su actuar ya no puede ni debe seguir siendo deplorable.

Por lo expuesto se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a esclarecer el asesinato del joven Jonathan Alberto Santos, explorando y agotando todas las posibles líneas de investigación, a fin de dar con los responsables y garantizar la aplicación de la justicia y el castigo correspondiente a los culpables del lamentable delito, ocurrido el 11 de agosto de 2020 en Zapopan, Jalisco.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SIPINNA y el DIF a fortalecer las políticas para garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de niños y adolescentes en los centros de cuidado y albergues infantiles del territorio nacional; y de presentarse abusos, agresiones u otro probable delito se investiguen y, en su caso, sancionen según corresponda, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Leticia Mariana Gómez Ordaz e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Leticia Mariana Gómez Ordaz y Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desafortunadamente, en el país siguen presentándose casos de abuso y agresiones a menores en centros de cuidado o albergues infantiles, ya sean públicos o privados. En más de una ocasión dichas instituciones y su personal han sido cuestionados o demandados por habérseles sorprendidoincurriendo en hechos violatorios de los derechos de los menores.

Uno de los casos de agresión más sonados recientemente fue el difundido a través de un video grabado por vecinos del albergue para niños con discapacidad “Cien Corazones”, el cual depende del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, en donde se aprecian diversas agresiones en contra de un menor por parte de personal que trabaja en ese sitio, ubicado en el municipio de Zapopan.1

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que desde el pasado miércoles 12 de agosto, día en que se difundieron los hechos, inició una investigación con la finalidad de deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables.2

Es fundamental que este caso se lleve hasta las últimas consecuencias y se sancione de manera contundente y ejemplar conforme a derecho a las personas responsables de las agresiones. Sin embargo, además de actuar de forma reactiva, es también imprescindible la prevención y el fortalecimiento de la normatividad y las políticas públicas encaminadas a profesionalizar a las personas a cargo de los menores, que se vigilen los protocolos y las prácticas dentro de las instituciones y, sobre todo, que el Estado asuma una posición de garante de sus derechos.

Recordemos que los derechos de los menores están garantizados por nuestra Constitución3 y por convenios firmados por México para hacerlos respetar en todo nuestro territorio.

Para tal efecto, la Carta Magna establece lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]

Artículo 4o. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]

De igual manera, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, dice a la letra:4

Artículo 2.

1. [...]

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

3. [...]

Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. y 3. [...]

Las citas que preceden son una muestra clara de cómo el Estado mexicano ha incorporado a su marco jurídico las disposiciones normativas para tutelar los derechos de la niñez, por ello resulta necesario que las autoridades en todo momento sean cuidadosas del cumplimiento de las mismas y en caso de que las conductas se alejen de lo dispuesto en la norma se actúe conforme a derecho para corregir y aplicar, en su caso, las sanciones que correspondan.

Nuestra obligación como sociedad es procurar que la niñez ejerza sus derechos de maneraplena y garantizar el sano desarrollo de quienes serán los adultos del futuro, por ello es de vital importancia que no sea tolerado ningún acto que vulnere los derechos de los menores, en cualquiera de sus vertientes, ya sea física o emocionalmente.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de que se fortalezcan las políticas para garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en todos los centros de cuidado y albergues infantiles dentro del territorio nacional a fin de que prevalezca el interés superior de los menores y de presentarse abusos, agresiones o cualquier otro probable delito se investiguen y, en su caso, se sancionen según corresponda.

Notas

1 Véase Gloria Reza. "Captan agresión contra un menor en albergue de Zapopan", en revista Proceso, 12 de agosto de 2020. Disponible en

https://www.proceso.com.mx/643041/captan-agresion-contra -un-menor-en-albergue-de-zapopan

Véase Elizabeth Ibal. "Detienen a agresor de niño del albergue 100 Corazones", en periódico El Occidental, 13 de agosto de 2020. Disponible en

https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/noticias-detie nen-a-agresor-de-nino-del-albergue-100-corazones-5623837.html

3 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

4 Véase UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. Disponible en

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Nayarit y el ayuntamiento de Bahía de Banderas a difundir entre la población los protocolos preventivos y de acción para casos de urgencia o desastre, en el marco la temporada de ciclones tropicales de 2020, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morenas

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Nayarit y al honorable X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que en el ámbito de sus atribuciones difundan en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco la temporada de ciclones tropicales 2020.

Consideraciones

Desde el pasado 15 de mayo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en conferencia de prensa que la temporada de ciclones tropicales 2020 en la cuenca del Océano Pacífico nororiental, había iniciado misma que concluirá el próximo 30 de noviembre. Pronosticando un total entre 30 y 37 tormentas tropicales y huracanes de diferentes categorías.1

Como fue el caso del huracán Genevieve que pego en Nayarit hace 15 días provocando afectaciones irreparables en la entidad, mismo del cual presentamos un exhorto el pasado 25 de agosto, para poder apoyar a las decenas de familias que se vieron afectadas en ese momento.

Ahora bien, 15 días después de tan lamentables hechos, el servicio meteorológico nacional, hizo público un comunicado de prensa número 717-20 2 el día 6 de septiembre en su página oficial, alertando a la población sobre las lluvias intensas que se esperaban para los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, debido a la tormenta tropical Julio.

Por tal motivo, este fin de semana los nayaritas volvieron a sufrir afectaciones en sus bienes por la tormenta tropical Julio; en esta ocasión, los más afectados fueron los residentes de la localidad de Bahía de Banderas, municipio de Nayarit que es reconocido por ser de los lugares que recibe más afluencia turística, siendo fuertemente afectado, como todo el estado, por la pandemia al no recibir turistas por la situación que atraviesa el mundo.

Ya que, de acuerdo con los habitantes de la región, las lluvias fueron tan fuertes que provocaron afectaciones desde el poblado de Bucerias hasta el de Sayulita, provocando crecientes en los arroyos, arrastre de vehículos, afectando un total de 28 vehículos y acumulación de lodo en las principales vialidades.

En el arroyo El Indio, de Bucerias, se presentaron daños a la infraestructura del nuevo malecón, siendo arrastrado desde la carretera hasta el mar un vehículo. Asimismo, una persona fue arrastrada por la corriente de dicho arroyo cuando ésta intentaba cruzarlo, pero gracias a la ayuda de otras personas lograron rescatarla sin lesiones. Y en el poblado El Guamúchil un vehículo fue arrastrado por el arroyo, así como daños en los hogares de los habitantes en dicha región.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al honorable X Ayuntamiento de Bahía de Banderas para que en el ámbito de sus atribuciones difundan en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco la temporada de ciclones tropicales 2020.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Nayarit para que en coordinación con los 20 municipios que lo integran, implementen en la entidad los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco la temporada de ciclones tropicales 2020.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/15/
inicio-la-temporada-de-huracanes-en-mexico-se-anticipa-mas-intensa-que-otros-anos-en-estos-estados/

2 https://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado7 17-20.pdf

Fuentes de consulta

http://periodicoexpress.com.mx/apoya-gobierno-de-bahia-d e-banderas-a-poblados-de-zona-costa/

https://www.eloccidental.com.mx/local/deslaves-provocan- lluvias-en-sayulita-bahia-de-banderas-5728965.html

http://rmxnoticias.com/puerto-vallarta/solo-lluvias-y-nu blados-dejo-julio-en-las-costas-de-jalisco/

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/15/
inicio-la-temporada-de-huracanes-en-mexico-se-anticipa-mas-intensa-que-otros-anos-en-estos-estados/

https://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-pre nsa/Comunicado717-20.pdf

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP, la Sader y la Conapesca a incrementar el porcentaje de estímulos fiscales aplicables en el territorio nacional a la gasolina menor de 91 octanos y el diésel para uso en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la producción pesquera anual se estima en 2 millones de toneladas que equivalen a un poco más de 41 mil millones de pesos.1 A nivel nacional el sector agropecuario en donde está incluida la pesca y acuacultura aporta el 3.6 por ciento al producto interno bruto del país, generando más de 300 mil empleos directos2 y casi 10 veces más empleos indirectos.

En el país, 17 Estados de la República abarcan los 11,500 kilómetros de litorales y son los principales productores de pescados y mariscos, las capturas pesqueras representan el 85 por ciento del total de la producción mientras que la acuacultura solo el 15 por ciento.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México ocupa el 13º lugar en la producción de pesca de captura a nivel mundial.3

La pesca en México está conformada por dos grandes sectores:

a) La pesca de altura también llamada industrial, y;

b) La pesca ribereña llamada también artesanal o de pequeña escala.

La pesca de altura se realiza generalmente a grandes distancias de la costa, muchas veces en aguas oceánicas, rebasando los mares territoriales e inclusive los límites de la Zona Económica Exclusiva, las embarcaciones y artes de pesca empleadas son aptas para las grandes profundidades que predominan en estos ambientes. Entre las especies propias de las pesquerías de altura se encuentran los túnidos (atún y barrilete, principalmente), varias especies de camarón, las sardinas y los tiburones oceánicos. En la pesca de altura el pescador es empleado de la embarcación, por lo que una sola embarcación genera varios empleos a diferencia de la pesca ribereña.

La pesca ribereña se define como la actividad de captura o extracción de recursos pesqueros que se realiza en bahías, sistemas lagunares, estuarios y en el mar, hasta un límite de tres millas náuticas (5.6 km) de la costa, en la mayoría de los casos se practica con embarcaciones menores (pangas, motores fuera de borda) que no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca, y utilizan el hielo para la conservación del producto , en la pesca ribereña el pescador es su propio patrón a diferencia de las embarcaciones de pesca de altura. Entre las especies propias de las pesquerías ribereñas se encuentran el camarón, peces de escama, langosta y pulpo.

En los últimos años el sector pesquero se ha visto beneficiado con el apoyo del gobierno federal pues se ha subsidiado a los energéticos, diésel pesquero y gasolina. La Ley de Energía para el Campo en su artículo 5o, segundo párrafo, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con diversas Secretarías de Estado, establecerá precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

En atención a lo anterior mediante el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció el mecanismo para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Energía para el Campo, consistente en la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero y agropecuario a través de acuerdos mensuales publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Estos estímulos fiscales consisten en un porcentaje, que se fija mensualmente, y que se aplica a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS, de los combustibles sujetos a este beneficio.

El día 29 de mayo del 2020, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 51/2020 por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, en este acuerdo el gobierno federal decidió quitar el subsidio a la gasolina y al diésel argumentando que “se ha observado que el mecanismo actual de estímulos fiscales a la gasolina ribereña y el diésel pesquero es ineficiente, considerando que los beneficiarios de éstos son las unidades económicas, atendiendo a criterios tales como el tamaño de las embarcaciones o las instalaciones de producción, entre otros, por lo que este apoyo no siempre beneficia directamente a los pescadores o acuicultores de menores recursos.”4

Mediante este acuerdo y los subsecuentes que se han publicado mensualmente, el Gobierno Federal, eliminó el estímulo fiscal quedando en 0 por ciento:

Combustible         Porcentaje de estímulo

                                junio 2020

Gasolina menor a 91 octanos         00.00 por ciento

Diésel para el sector pesquero       00.00 por ciento

Diésel para el sector agropecuario   00.00 por ciento

El Presidente de la República en su conferencia mañanera del 31 de agosto a pregunta expresa del tema dijo: “ se decidió entregar los apoyos de manera directa a los pescadores y que ya no haya subsidio porque sucedía lo que se daba con los agricultores en los gobiernos anteriores, todo el subsidio se quedaba arriba se iba a beneficiar a los grandes agricultores y a funcionarios, mucha corrupción y lo mismo en el caso de subsidios de la pesca a las grandes empresas que se dedicaban a la pesca, les ayudaban muchísimo porque son los que tenían más agarraderas, más influencias...”.

La decisión del Gobierno Federal de eliminar el estímulo fiscal al IEPS de la gasolina ribereña y el diésel marino, está causando una seria afectación al sector pesquero y acuícola del país, sector de por sí, ya fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria del Covid-19, para quienes el uso del combustible representa hasta el 70 por ciento de los costos de operación de las embarcaciones y granjas acuícolas.

El estímulo es un mecanismo fiscal que permite a los productores acceder a los energéticos a precios competitivos con otros países, lo cual genera beneficios económicos y sociales; mientras que, en Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados, el diésel en promedio se vende a $5.96 pesos/litro, en México, a partir de la eliminación del subsidio se vende a 19 pesos lo cual les hace imposible salir a trabajar.

En México, las embarcaciones y granjas acuícolas generan empleo permanente a más de 300 mil pescadores y acuacultores y detonan más de 2 millones de empleos indirectos, al adquirir combustible incosteable se afectará al empleo, el suministro de alimentos y la derrama económica que esta actividad deja a los 263 municipios costeros del país, según lo señaló hace algunos días la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.5

De manera particular, me refiero al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mi Estado, donde el sector pesquero, preocupado por la situación, ha solicitado nuestra intervención ya que, a escasos días del inicio de la temporada de pesca, existe incertidumbre sobre si la totalidad de barcos saldrán a pescar y por lo tanto si tendrán sus empleos, en este puerto la pesca beneficia a más de 1,200 familias directas y 4,800 indirectas.

De no dar marcha atrás a la decisión del Gobierno Federal de eliminar el estímulo fiscal al diésel marino y a la gasolina ribereña, se corre el riesgo de que los barcos no salgan a pescar afectando a los trabajadores directos como también a quienes trabajan en los astilleros reparando las embarcaciones, así como el personal de descarga y maquila, mecánicos, electricistas, pintores, reparadores de equipo de arrastre y transporte, entre otros, afectando la economía de miles de familias en todo el país.

En marzo del año en curso, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitió las reglas de operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura en sus componentes: a) Bienestar para pescadores y acuicultores y b) Recursos Genéticos Acuícolas.

En el programa de bienestar para pescadores y acuicultores se ofrecen apoyos de $ 7,200.00 pesos, este apoyo sustituye como lo dijo el Presidente de la República el subsidio al diésel marino y gasolina ribereña, el problema con este programa es que dejan fuera a un amplio sector de pescadores, a los de mayor grado de necesidad, a los que se dedican a la pesca doméstica.

Derivado de lo anterior, en el mes de abril, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Conapesca anunció la dispersión, bajo el Componente del Programa de Bienestar para pescadores y acuacultores, la cantidad de mil 391.7 millones de pesos en beneficio de 193 mil 200 pescadores y acuicultores, sin embargo a la fecha los pescadores informan que no han recibido el supuesto apoyo sustituto y solicitan sea reincorporado ese apoyo pero en el estímulo fiscal al diésel marino y a la gasolina, para que les sea rentable poder salir a trabajar.

Se hace del conocimiento de esta Soberanía que el siguiente punto de acuerdo será presentado de manera simultánea ante el Senado de la República por parte del Grupo Parlamentario del PAN.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que se restablezca el subsidio energético al sector pesquero consistente en el estímulo fiscal aplicable en todo el territorio nacional, a la gasolina menor a 91 octanos y al diésel para uso en el sector pesquero.

Notas

1 http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

2 https://www.gob.mx/conapesca/prensa/  aumenta-en-2017-la-produccion-pesquera-y-acuicola-nacional-a-1-8-millones-de-toneladas-conapesca#documentos

3 http://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf pág. 13

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/2020

5 http://www.canainpesca.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a generar un programa de acción específico de salud mental dirigido a prevenir el suicidio, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , diputado integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A fin de seguir sumando esfuerzos para ampliar las políticas públicas tendientes a generar acciones para prevenir el suicidio, junto con el Gobierno Federal, así como con los países que integran la Organización de las Naciones Unidas y, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, a celebrarse el próximo 10 de septiembre, presento este punto de acuerdo a fin de solicitar la creación de programas de acción específicos en materia de salud mental, que incluyan la mejor atención posible y el tratamiento integral de padecimientos como la ansiedad o depresión, con el objetivo de prevenir el suicidio.

Antes de la pandemia por el Covid 19, las cifras ya eran alarmantes, pues la Organización Mundial de la Salud, (OMS) reconocía que, más de 800 mil personas se quitan la vida, lo que equivale a que se ejecuta 1 muerte cada 40 segundos.1 Y peor aún, por cada suicidio, aproximadamente hay 20 personas que lo intentan.2

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 se registraron 6 mil 291 por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. Las entidades federativas más recurrentes son Chihuahua y Yucatán, con 11.4 y 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.3

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante su reciente informe de actuación sobre los efectos de la Covid-19 y la salud mental (2020) , ha destacado que: “La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental,”4 ésta es un reflexión enérgica que nos obliga a reaccionar y generar acciones específicas que incluyan medidas contundentes a favor de las personas con problemas de salud mental.

El secretario general de la ONU, refiere que: “Las personas que corren mayor riesgo en la actualidad son los trabajadores sanitarios que trabajan en primera línea, las personas mayores, los adolescentes y los jóvenes, las personas con afecciones de salud mental preexistentes y las que están atrapadas en conflictos y crisis.”5

De igual manera Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la , señaló que, durante las pasadas crisis económicas “aumentó el número de personas con problemas de salud mental, dando lugar a mayores tasas de suicidio.”

El aislamiento social, la incertidumbre, el estrés, la violencia familia, la reducción de la actividad física y la disminución de los estímulos intelectuales que se han incrementado por el Covid-19, pueden afectar a la salud mental y al desarrollo adecuado de los seres humanos, generando padecimientos psicológicos como la depresión y la ansiedad, que de no ser atendidos pueden tener consecuencias fatales.

Según los datos de la ONU, antes de la pandemia de Covid-19 la depresión y la ansiedad ya costaban a la economía mundial más de un billón de dólares al año. Además, señala que la depresión afecta a 264 millones de personas en todo el mundo, que cerca de la mitad de todas las afecciones de salud mental comienzan a manifestarse a los 14 años y que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años.1

En este mismo orden de ideas, con motivo de la pandemia global de SARS COV2 se llevó a cabo el ciclo: “Documentales por la Ciencia”, con la participación de Fundación UNAM y el Colegio Nacional de México, en donde el pasado 06 de agosto fue proyectado el documental “Salud mental y depresión”, de la directora Marusia Estrada, el cual conto además, con la participación de expertos en el tema como la doctora María Elena Medina Mora, el doctor Juan Ramón de la Fuente, así como la psicóloga e Investigadora del Instituto Nacional de Pediatría, Rebeca Robles. Cabe destacar de las participaciones lo siguiente, “una de cada cuatro consultas generales está relacionada con trastornos mentales, siendo la depresión el más común; la gran mayoría de los intentos de suicidio y de suicidios consumados, están relacionados con la depresión; señalan tácitamente que en la depresión profunda hay un alto riesgo de suicidio.”7

Bajo este contexto, destaco que el pasado 17 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, el cual establece la estructura de los Objetivos y estrategias prioritarias en materia de salud. El quinto objetivo tiene como propósito la atención de los problemas predominantes de salud pública, entre los cuales se encuentra la salud mental. Así el objetivo prioritario 5 será mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población, y la estrategia Prioritaria, a través de la acción específica de “(5.3) garantizar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los trastornos mentales y problemas relacionados con adicciones especialmente a grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad.”

Asimismo, podemos ver que la salud mental también ya es contemplada en programas institucionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así el primero tiene como objetivo prioritario 2. Garantizar la calidad y cobertura de los servicios y prestaciones institucionales, privilegiando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Por su parte, el ISSSTE contempla la estrategia prioritaria 1.6 Transitar hacia un modelo de atención de la salud oportuno, seguro, accesible, equitativo e incluyente que privilegie la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación, con la acción puntual: 1.6.5 Hacer más eficaz el programa de salud mental, mediante acciones para la detección temprana e intervención oportuna ante trastornos mentales, depresión y adicciones.

Ahora bien, lo que busca este exhorto es que se generen de manera expedita y con la mayor prontitud programas de acciones específicos en materia de salud mental, que incluyan la mejor atención posible y el tratamiento integral de padecimientos como la ansiedad o depresión, con el objetivo de prevenir ir el suicidio y con ello reducir las alarmantes estadísticas.

Dichos programas de acción específicos tienen por objeto la transformación de la realidad del país, y que se deben fijar para ello objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinación de acciones y evaluación de resultados.

Desde el principio de esta legislatura he estado comprometido con estos temas, ya que como lo señala la OMS “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades,” para lograr este objetivo, es necesario genera acciones específicas que impulsen el tratamiento integral de enfermedades de la salud.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a generar un programa de acción especifico en materia de salud mental, que establezca objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, así como coordinación de acciones y evaluación de resultados; que incluyan la mejor atención posible y el tratamiento integral de padecimientos como la ansiedad o depresión, con el objetivo de prevenir el suicidio.

Notas

1 Cada 40 segundos una persona se suicida. Organización Mundial de la Salud, 9 de septiembre de 2019. Visible en

https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2019-suici de-one-person-dies-every-40-seconds

2 Salud mental, depresión y suicidio en personas adolescentes y jóvenes, 20 de septiembre de 2019. Visible en

https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_ 09_2017.pdf

3 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Inegi, 7 de septiembre de 2018. Visible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2018/suicidios2018_Nal.pdf

4 Ver ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, la ONU pide tomar medidas para cuidar la salud mental. Noticias ONU, 14 de Mayo, 2020. Visible en

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312

5 Ibídem.

6 Ídem.

7 Ciclo de documentales de divulgación científica universidades por la ciencia: "Depresión y Salud Mental". Fundación UNAM. Visible en https://www.youtube.com/watch?v=r6nM4No6fRw

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la STPS a establecer convenios de colaboración encaminados a considerar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como servicio social de los egresados con éxito de él y que tienen pendiente el servicio para concluir su carrera universitaria o técnica, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social de la federación, a realizar convenios de colaboración a fin de que se considere el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como servicio social para las personas que sean egresadas exitosamente del programa y que tienen pendiente de prestar el servicio social para concluir sus carreras universitarias o técnicas, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el Grupo Parlamentario de Morena siempre nos hemos enfocado en la atención de las personas más desprotegidas, entre ellos podemos hablar de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres y los niños. En está ocasión buscamos apoyar a los jóvenes.

Durante toda nuestra vida, desde la niñez, en la adolescencia, e incluso en nuestra juventud escuchamos por parte de nuestros padres y maestros una frase que parece no cambiar a través de las generaciones: “los jóvenes somos el futuro de México”, y digo somos porque soy una diputada federal de 25 años. Pero, ¿qué tanto les apoyamos para que sean más eficientes, para que tengan herramientas a fin de que ayuden a nuestro México a ser una mejor nación?

Por un lado hemos visto en últimas fechas, que se han impulsado cambios importantes en el mundo, a todo nivel (político, social, económico, etcétera), por lo que ponerles atención es más importante hoy en día.

Hoy es un hecho, los jóvenes somos quienes estamos cambiando a México. A lo largo de los años, hemos explorado muchas alternativas en búsqueda de un cambio en nuestro país; ahora sabemos, por ejemplo, que el cambio no se ha logrado a través de la caridad, puesto que es un ejercicio vertical, individual y muchas veces egoísta. Hoy estamos buscando hacer un cambio estructural a partir del ejercicio del estado de derecho.

En otras palabras, el ejercicio pleno de la ciudadanía puede interpretarse como el hecho de cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos, pero también hacer que se ejerzan los derechos de los demás.

Es por esto que actualmente los cambios de nuestro país se están dando desde las y los jóvenes, desde quienes creemos que todos los seres humanos, sin importar sexo, raza, religión y pensamiento, somos sujetos de derechos.

Desde el siglo pasado, el Estado ha realizado grandes esfuerzos por ser garante de los derechos intrínsecos al ser humano como la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en tiempos más recientes decidió que la base de nuestra Carta Magna fueran estos derechos.

Desde ese momento, todos los ciudadanos debemos tener ciertos mínimos garantizados y así tener un verdadero estado de derecho. Sin embargo, sabemos que eso no está pasando.

No obstante, sabemos que somos miles, quizá millones de jóvenes quienes estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Somos miles quienes nos damos cuenta que debemos trabajar por un mejor país, somos miles quienes reflexionamos, alzamos la mano, levantamos la voz y actuamos congruentemente sin modelos verticales, sin querer hacer la buena obra del día, sino quienes queremos que simplemente se respeten los derechos para todos.

Estamos cambiando a México desde el momento en el sentimos indignación al ser testigos de ciertas injusticias. Sin embargo, sabemos que el cambio no radica en el raciocinio de lo justo sino en la decisión de tomar acciones claras.

Enmarcados en un México sumamente desigual y envueltos en un tejido social sumamente dañado, estamos cambiando al país y sabemos que podemos replicarlo.

Debemos ejercer plenamente nuestra ciudadanía desde nuestros derechos y obligaciones, invitando a más personas a sumarse a este cambio, desde nuestra trinchera, desde nuestros temas de interés, desde nuestros temas de desarrollo profesional.

México está cambiando. No somos el futuro, somos el presente y es obligación de todos, ser ciudadanos verdaderos y contribuir a que cada día se vaya construyendo un estado de derecho para todas y todos.

La actual secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján, también es una joven de 32 años que ha puesto sus esfuerzos en los jóvenes, por ello está al frente del programa “Jóvenes Construyendo México”.

Este programa va dirigido a personas de entre 18 y 29 años originarias de las 32 entidades federativas de México y tiene por objetivo lograr una mayor inclusión en el mercado laboral de los jóvenes que actualmente ni trabajan, ni estudian. Esto se logra por medio de la capacitación que reciben los beneficiarios en el centro de trabajo donde son recibidos. De modo que los jóvenes de entre 18 y 29 años obtienen habilidades técnicas y hábitos de trabajo, así como constancias de capacitación emitidas por las propias empresas e instituciones donde laboran. Todo lo anterior contribuye a obtener con mayor facilidad un empleo.

Las constancias de capacitación emitidas por los centros de trabajo serán validadas por el propio programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

De manera que es un programa que apoya y ayuda a los jóvenes para seguir construyendo un mejor futuro. No obstante, mi propuesta es mejorar aún más los beneficios a los jóvenes que participan en este importante programa.

Para ello, propongo que la Secretaría de Educación Pública elabore convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que se considere el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como servicio social para las personas que sean egresadas exitosamente del programa y que tienen pendiente de prestar el servicio social para concluir sus carreras universitarias o técnicas.

El servicio social es una oportunidad que tienen los próximos profesionistas para reconocer las posibilidades de aplicación de su carrera en actividades que apoyan la solución de problemas sociales. Se trata de una actividad formativa y de servicio, requisito académico indispensable para la titulación, lo cual permite que los jóvenes cuenten con experiencia suficiente para iniciar su vida laboralmente profesional.

El servicio social es también el espacio para colaborar profesionalmente con organizaciones e instituciones de la sociedad y gubernamentales. Para cubrirlo se deben realizar 480 horas de trabajo en algún proyecto con base en su carrera.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el servicio social es entendido como el proceso de construcción de saberes científicos, sociales, artísticos y humanísticos que facilitan el desarrollo de la estructura ética/moral de la persona y dan sentido a la integración del perfil profesional, es una actividad temporal-obligatoria que permite al estudiante, en el ámbito formativo:

• Consolidar la formación académica.

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales.

• Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo.

• Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

Por su parte, en el ámbito social esta práctica permite su participación e integración en los diferentes campos de la actividad humana como son salud, educación, cultura, equidad de género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos humanos, ciencia y tecnología; incentivando la formación de talentos y capacidades de creación, en la atención y gestión de sus condiciones y problemas, que serán asumidas con autorresponsabilidad.

Esta actividad permite retribuir a la sociedad el costo de la educación recibida con acciones responsables, privilegiando el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables y los recursos destinados a la educación pública.

Asimismo, permite tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país, extendiendo a la sociedad los beneficios de la ciencia, las técnicas, la cultura, entre otras y poniendo al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.

Dado que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” coincide plenamente con los objetivos del servicio social, por ello propongo exhortar a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, a realizar convenios de colaboración a fin de que se considere el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como servicio social para las personas que sean egresadas exitosamente del programa y que tienen pendiente de prestar el servicio social para concluir sus carreras universitarias o técnicas.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social de la federación, a realizar convenios de colaboración a fin de que se considere el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como servicio social para las personas que sean egresadas exitosamente del programa y que tienen pendiente de prestar el servicio social para concluir sus carreras universitarias o técnicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a ejecutar un programa de acondicionamiento de áreas verdes en sus instalaciones de exploración y producción, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Pemex para que lleve a cabo un Programa de Acondicionamiento de Áreas Verdes en sus instalaciones de Exploración y Producción, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la ciencia, cada vez se reconoce más que la naturaleza urbana desempeña un papel mucho más importante en su funcionamiento que en su embellecimiento, principalmente por sus efectos positivos en el entorno citadino y para sus habitantes.

Desde el punto de vista ambiental, las áreas verdes urbanas brindan diversos servicios ecosistémicos como la captura de carbono, la reducción de la contaminación atmosférica, el mejoramiento de la calidad del aire, una mayor capacidad de infiltración de agua y la preservación de la biodiversidad, los cuales contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades.

Diversos estudios han demostrado que las áreas verdes tienen un efecto positivo en la salud de los habitantes de las ciudades. Un ejemplo clásico de los beneficios del contacto con la naturaleza es el experimento de Roger S. Ulrich, de la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia1 , quien comprobó que la recuperación postoperatoria de los pacientes con acceso a un paisaje natural era más rápida y menos dolorosa que la de los pacientes con vista a una pared de ladrillos.

Otros estudios han documentado que las áreas verdes urbanas contribuyen a mejorar la salud de la gente disminuyendo el estrés y fomentando el aumento en la actividad física, lo que trae consigo la reducción de enfermedades cardiacas, cardiovasculares, respiratorias y mentales.

Además de estos beneficios para la salud individual, desde el punto de vista social, las áreas verdes juegan un papel importante en la formación de relaciones sociales de cooperación y confianza, contribuyendo a la construcción del tejido social de una comunidad.

Al respecto, Peters y sus colaboradores constataron en 2010 que estos espacios permiten la convivencia simultánea de diversos grupos étnicos, de diferentes edades y estratos socioeconómicos, que generalmente no se encontraban en el mismo espacio. La mezcla de estos grupos a su vez se vio reflejada en una mayor confianza entre vecinos, así como mayor sensación de seguridad y apego al lugar.

Dada la creciente evidencia de los beneficios que proveen a las ciudades mediante el servicio ambiental fundamental del bienestar en la calidad de vida de las personas, en las últimas décadas las áreas verdes urbanas han estado en el centro del discurso científico de la sostenibilidad urbana.

Sin embargo, la distribución de la naturaleza dentro de las ciudades suele ser muy desigual, ya que está asociada a variables sociales como el poder adquisitivo, la educación y la etnia de los residentes. Esta disparidad en el acceso a las áreas verdes ha sido internacionalmente reconocida como una problemática de injusticia ambiental que los gobiernos deben atender de forma prioritaria.

Publicado en el 2001 en Chicago por Kuo, FE & Sullivan, las personas que viven en edificios que se encuentran rodeados de árboles y vegetación tienen menos posibilidades de ser víctimas de la delincuencia que quienes viven en edificios de iguales características, pero que están rodeados por sitios sin vegetación.

De hecho, en comparación con los edificios que tenían poca o ninguna vegetación, edificios con altos niveles de verde tenían 48 por ciento menos de delitos contra la propiedad y 56 por ciento menos de crímenes violentos. Incluso pequeñas cantidades de vegetación se asociaron a menores tasas de delincuencia.

El verde reduce la delincuencia a través de varios mecanismos, dice el estudio. En primer lugar, la vegetación ayuda a las personas a relajarse y ser menos agresivas. En segundo lugar, los espacios verdes acercan a las personas al aire libre, por lo que hay más personas en estos espacios y por lo tanto hay más vigilancia.

Los parques y los espacios verdes en los centros de trabajo son importantes áreas públicas en la mayoría de las ciudades. Ofrecen soluciones a la repercusión de la urbanización rápida y poco sostenible en la salud y el bienestar. Los beneficios sociales y económicos de los espacios verdes urbanos son igualmente importantes, y deben estudiarse en el contexto de cuestiones de interés mundial como el cambio climático y de otras prioridades establecidas en los ODS, incluidas las ciudades sostenibles, la salud pública y la conservación de la naturaleza.

La literatura científica describe varios modos en los que el entorno natural puede afectar positivamente a la salud y el bienestar humanos, ya que las zonas naturales ofrecen oportunidades de realizar actividad física, mantener el contacto social y reducir la tensión. Cada vez hay más estudios epidemiológicos que demuestran los diversos efectos positivos que conlleva mantener espacios verdes urbanos, por ejemplo, la mejora de la salud mental y la reducción de la depresión, la mejora de los resultados de los embarazos y la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular, obesidad y diabetes.

Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible, mientras que los estudios muestran que las personas socioeconómicamente desfavorecidas suelen ser las que más se benefician de la mejora del acceso a los espacios verdes urbanos. Por tanto, reducir las desigualdades socioeconómicas en la disponibilidad de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades en la salud vinculadas a los ingresos, la pertenencia a minorías, la discapacidad y otros factores socioeconómicos y demográficos.

Aumentar el número y la calidad de los espacios verdes puede mitigar los contaminantes climáticos de corta vida que producen un fuerte efecto de calentamiento global y contribuyen notablemente a más de 7 millones de muertes prematuras al año relacionadas con la contaminación atmosférica.

Las fuentes, los estanques, los lagos y los jardines en tejados en las zonas urbanas también moderan los extremos de temperatura y reducen el efecto urbano de isla térmica, lo que ahorra energía y mejora la calidad del clima en las ciudades. La contaminación atmosférica contribuye al aumento de las temperaturas y a episodios de olas de calor, que conllevan mayores tasas de mortalidad por infarto de miocardio o derrame cerebral a causa de la fatiga térmica, en particular en personas con enfermedades no transmisibles preexistentes.

Por cada árbol plantado estratégicamente para proporcionar sombra, podrían reducirse directamente alrededor de 10 kg de emisiones de carbono de las centrales eléctricas al reducir la demanda de aire acondicionado. Solo en Europa se producen 400 mil muertes prematuras por año a causa de la contaminación atmosférica, lo que conlleva un costo de entre 330 mil millones y 940 mil millones de eur2s1 .

Además de los beneficios evidentes de la mitigación del cambio climático y la reducción de la contaminación atmosférica, los parques, los espacios verdes y los cursos de agua ayudan a reducir la exposición a un factor de riesgo muy importante vinculado a las enfermedades no transmisibles, la inactividad física, que causa 3,2 millones de muertes al año3 .

Los parques y los espacios verdes brindan a la gente la oportunidad de caminar y desplazarse en bicicleta más a menudo y realizar actividades físicas de ocio. Por tanto, las inversiones en los parques urbanos, en los centros laborales, los espacios verdes y los cursos de agua son un modo eficaz y económico de promover la salud y mitigar el cambio climático.

Ahora bien, Petróleos Mexicanos es, además de la empresa más grande e importante de México, referente internacional en materia de hidrocarburos. Sus actividades involucran toda la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización.

Operan con cuatro empresas productivas subsidiarias: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística, y Pemex Fertilizantes.

Su experiencia y personal capacitado, son dos valores agregados que le han permitido desarrollar proyectos en alianza con otras petroleras en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, así como producir diariamente 1.6 millones de barriles de petróleo (enero a marzo de 2019)4

En materia de transformación industrial cuentan con seis refinerías, dos complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que permiten producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores.

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

Pemex es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Las actividades se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que trabajan, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades.

Pemex Exploración y Producción, es la subsidiaria encargada de la exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos en México y el extranjero. Provee servicios de estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas descubiertas; desarrollo de campos de producción; y, entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes. Tiene a su cargo más de 30 mil pozos, 300 plataformas marinas, cuatro activos de exploración y 15 activos de producción.

Pemex Exploración y Producción es pieza importante del funcionamiento del mismo. Ahí laboran buena parte de los más de 125 mil trabajadores con que cuenta la paraestatal. Por ello la importancia de llevar a cabo un programa de acondicionamiento de áreas verdes en sus instalaciones de Exploración y Producción, a fin de que los trabajadores puedan disfrutar de todos los beneficios que trae consigo las áreas verdes.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Pemex para que lleve a cabo un programa de acondicionamiento de áreas verdes en sus instalaciones de Exploración y Producción.

Notas

1 https://www.inspirulina.com/que-es-la-terapia-de-entornos-naturles.html

2 https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso- indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas

3 Ídem

4 https://www.pemex.com/acerca/Paginas/default.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)