Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a proteger y restaurar los valles Guaymas-Empalme, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada federal, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat a la Protección y Restauración de los Valles Guaymas-Empalme, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el acuífero de los valles de Guaymas-Empalme sufre de extracciones anuales muy superiores a su recarga natural; pérdida de miles de hectáreas por la intrusión salina; erosión de suelos; deforestación; pérdida de pozos agrícolas por el agua salobre; contaminación del aire; sequias; inundaciones catastróficas por ciclones y fenómenos meteorológicos. Todos ellos han sido los factores que se han conjugado para que la región de los valles de Guaymas y Empalme se encuentre en condiciones para que se cometa un auténtico ecocidio.

Segundo. Que el acuífero Guaymas-Empalme, ubicado en la cuenca del Río Mátape, corresponde al Distrito de riego 084, administrado por la Conagua. Es en la actualidad el acuífero más sobreexplotado de Sonora y del país.

Tercero. Que, según datos del último estudio publicado por la Conagua, con información 2002-2015, la extracción y recarga anual del acuífero ascendía a 117 y 100 millones de metros cúbicos anuales, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con datos de expertos investigadores en hidrología de la Universidad de Sonora la extracción actual supera los 125 millones de metros cúbicos anuales y su recarga difícilmente alcanza los 50 millones de metros cúbicos.

Cuarto. Que el acuífero concesionado para la agricultura y otros usos, con un volumen anual de 103 millones de metros cúbicos, de continuar con el ritmo de sobreexplotación actual, difícilmente alcanzará una vida de una década más. El acuífero da vida a los municipios de Guaymas y Empalme y a un sector productivo de 15 ejidos y cerca de un centenar de empresarios agrícolas en el sector de la horticultura.

Quinto. Que el inminente riesgo de convertir el aún productivo valle en un desierto sin opciones de sobrevivencia, acelerará la migración de la población rural, como ya se advierte. La voracidad de algunos empresarios agrícolas cuyo único fin es mantener e incrementar su producción, sin importarles la sustentabilidad del acuífero y el futuro del valle y sus generaciones venideras.

Sexto. Que dentro de los indicadores del daño irreversible al acuífero del valle de Guaymas-Empalme en la cuenca del río Mátape, se encuentran los siguientes:

• Abatimiento del acuífero en aproximadamente 60 metros durante las dos últimas décadas, comprometiendo la calidad del agua, su disponibilidad e incrementando su costo de extracción;

• Avance de la intrusión salina de la costa hacia el continente en aproximadamente 25 km en una franja de otros 25 km, degradando miles de hectáreas y convirtiéndolas en improductivas. En los últimos 40 años se ha reducido la superficie agrícola de cultivo en 70% pasando de 50 mil a 15 mil hectáreas.

• El avance de la salinidad ha dejado igualmente improductivos y fuera de servicio a 35 pozos de riego; el 25 % de la totalidad.

• La sobreexplotación irracional del acuífero ha provocado daños irreversibles, aún no cuantificables, en materia de erosión y perdida de suelos, deforestación y contaminación del aire.

• Finalmente, hace 22 años existían 157 pozos agrícolas. El 80% propiedad de los ejidos del sector social y el 20% del sector privado. Hoy día, 2020, la ecuación se ha revertido.

Séptimo. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 78 que “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.”

Octavo. Que en la misma ley se señala en el artículo 78 Bis lo siguiente:

“Artículo 78 Bis. En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.

Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;

II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;

III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y

V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.”

Noveno. Que la Semarnat ha anunciado la realización del Plan Nacional de Restauración de Cuencas, iniciando con la región de Tula, Hidalgo y que se extenderá el modelo instaurado a las regiones de la cuenca Lerma-Santiago en Jalisco; a las cuencas Independencia, en Guanajuato; al río Zahuapan, en Tlaxcala; al río Atoyac, en Puebla, y a las regiones sur y norte de Veracruz, que tienen zonas muy contaminadas. Por ello, es importante que también se incluya en dicho plan a la región de los valles Guaymas-Empalme, en el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar los estudios para que, con base en las disposiciones de los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, declare como zona de restauración ecológica a los Valles de Guaymas-Empalme e incluya a esta zona dentro del Plan Nacional de Restauración de Cuencas, mediante la elaboración del programa de restauración respectivo para dicha zona.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Veracruz de Ignacio de la Llave a llevar a cabo las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos en torno al secuestro y asesinato de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, a nombre propio y de los diputados Jesús Guzmán Avilés, María de los Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg, Martha Elisa González Estrada, Mario Mata Carrasco, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, María Marcela Torres Peimbert, Absalón García Ochoa, Óscar Martínez Terrazas, Vicente Javier Verástegui Ostos, Annia Gómez Cárdenas, Jorge Arturo Espadas Galván, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Dulce Alejandra García Morlán, Gloria Romero León, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Isabel Margarita Guerra Villareal, Ana Paola López Birlain, María del Pilar Ortega Martínez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Felipe Fernando Macías Olvera, Adriana Dávila Fernández, Éctor Jaime Ramírez Barba, Xavier Azuara Zúñiga, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Saraí Núñez Cerón, Jaquelina Martínez Juárez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Salvador Rosas Quintanilla, Carlos Eliher Cinta Rodríguez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de la Llave, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos en torno al secuestro y asesinato de Florisel Ríos Delfín Alcaldesa de Jamapa, Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En medio de la crisis sanitaria y económica que se padece, continúa creciendo la violencia en el Estado de Veracruz, particularmente en contra de las mujeres. Hoy se trata del asesinato de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz por el PAN-PRD, quien fuere secuestrada por un comando armado, privada de la vida y cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del miércoles 11 de noviembre en un camino del poblado Ixcoalco, en el Municipio de Medellín tras un operativo implementados por elementos de seguridad pública, estatales y federales.

Cabe señalar que se trata de la segunda alcaldesa asesinada durante la administración del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La primera fue en abril de 2019, Maricela Vallejo Orea, Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, quien además se encontraba embarazada.

Ante estos muy lamentables acontecimientos, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, exigió al Gobernador Cuitláhuac García y a su Secretario de Gobierno que “en lugar de estar asediando y amenazando a los alcaldes de oposición cumplan con su función constitucional de brindar seguridad a los habitantes del estado de Veracruz. Hoy pedimos justicia por nuestra presidenta municipal y exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales. En Veracruz el crimen organizado ha rebasado al gobierno Estatal, pedimos que se garantice la seguridad de los alcaldes y alcaldesas de todo el estado, así como de sus ciudadanos”.1 Así mismo, exigió el cese de los crímenes en contra de la oposición.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encabezada por Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que la hoy occisa fue levantada por un comando armado la mañana del 11 de noviembre del año en curso, y asesinada minutos después antes de llegar a la comunidad de El Chicle. A través de un comunicado, se dice que, de manera conjunta con fuerzas de los tres órdenes de gobierno, se han desplegado acciones operativas en el municipio de Jamapa y sus alrededores, por los hechos en los que fue privada de la vida la presidente municipal Florisel Ríos Delfín, realizando trabajos de vigilancia por aire y tierra; bajo estricto apego a los protocolos establecidos, estableciendo filtros de revisión en diversos puntos carreteros, así como de la cabecera municipal.2

En Acción Nacional expresamos nuestra profunda consternación, total desaprobación por el secuestro y asesinato de la Alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, quien al parecer ya había recibido amenazas, y exigimos a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos referidos, identificar, detener y consignar a los responsables de tales delitos, cuya comisión agravia no solamente a la víctima y a sus familiares, sino a todos los mexicanos y, particularmente, a la sociedad Veracruzana.

Resulta urgente y prioritario en estos tiempos y en estas circunstancias garantizar la seguridad, la vida y la tranquilidad de la sociedad veracruzana, y ello solo será posible cuando se acabe la impunidad prevaleciente en la actual administración. Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura condena el secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz, ocurrido el pasado once de noviembre de dos mil veinte.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para que realice las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos en torno al secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz, y se identifique, detenga y consigne ante las autoridades correspondientes a los responsables intelectuales y materiales de tan artero crimen.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para que en el ámbito de sus atribuciones disponga la investigación correspondiente ante la posible responsabilidad, por acción u omisión, de los titulares de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública de ese estado que tuvieron como consecuencia el secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz.

Notas

1 Información consultada el 11 de noviembre de 2020 en: https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130145

2 Información consultada el 11 de noviembre de 2020 en: https://plumaslibres.com.mx/2020/11/11/confirma-ssp-asesinado-de-alcald esa-de-jamapa-por-el-pan-prd-florisel-rios-delfin/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputados: Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Jesús Guzmán Avilés, María de los Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg, Martha Elisa González Estrada, Mario Mata Carrasco, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, María Marcela Torres Peimbert, Absalón García Ochoa, Óscar Martínez Terrazas, Vicente Javier Verástegui Ostos, Annia Gómez Cárdenas, Jorge Arturo Espadas Galván, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Dulce Alejandra García Morlán, Gloria Romero León, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Isabel Margarita Guerra Villareal, Ana Paola López Birlain, María del Pilar Ortega Martínez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Felipe Fernando Macías Olvera, Adriana Dávila Fernández, Éctor Jaime Ramírez Barba, Xavier Azuara Zúñiga, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Saraí Núñez Cerón, Jaquelina Martínez Juárez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Salvador Rosas Quintanilla, Carlos Eliher Cinta Rodríguez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Adame Castillo.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a revisar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco, para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones vinculantes con actos de corrupción en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a revisar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco, para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy, el concepto movilidad en todo el territorio pasó de ser novedad a prioridad.

Ya no se trata de un tema de moda, ni de coyuntura, ni mucho menos de discurso propagandístico; en la actualidad las condiciones y opcionesde transporte, de interconectividad, así como también de tiempos de traslado, saturación de transporte público, seguridad pública en los medios de traslados y las desmedidas emisiones contaminantes del sector, son materia de urgencia.

A tal grado que se han visto obligados los gobiernos en sus tres niveles, a trabajar a marchas forzadas y destinar recursos significativos, para llevar a cabo la práctica y el desarrollo efectivo del traslado sustentable en todas sus vertientes.

Al menos así lo fue, hasta el sexenio pasado, a escala federal.

Privilegiando por supuesto, que la eficiente gestión de movilidad humana urbana y rural, es decir: “el transporte público eficiente” es una responsabilidad compartida entre el Gobierno Federal y las administraciones locales. Así quedó demostrado tanto en la operación como en la gestión durante el sexenio pasado, cuando desde la Presidencia de la República se gestionaron los proyectos de movilidad urbana más importantes para Jalisco y Nuevo León de los últimos 10 años.

Aquello, aunque insuficiente por la gran deuda que se tiene en la materia, fue un gran paso que logramos avanzar como país, no sólo los estados directamente beneficiados; hacia un México menos motorizado, más eficiente y más conectado.

Sin embargo, ahora mismo, esa responsabilidad compartida está rota. Los estados y la federación olvidaron su responsabilidad frente a una sociedad que está en movilidad permanente. Centran sus esfuerzos en discusiones que, en muchos de los casos, son más relevantes para la vida política del país y sus interesados particulares, que para la población en su conjunto y el ciudadano de a pie.

Y nuevamente llegamos al puntode inmovilidad, del que habíamos logrado tomar ventaja.

Sin duda alguna, mal y de malas en este y otros muchos temas, por la incapacidad del actual gobierno federal de advertir que ya agotamos en exceso, el modelo de movilidad por medio del automotor.

Y peor aún, por aferrarse a él, ya sea en su utilización y permanencia o incluso, en el desarrollo de infraestructura que lo motiva o inversión pública que lo alienta como la obstinada construcción de más refinerías que nos suministren gasolina más cara y más, sumamente contaminante.

Todo ello en franca posición de desdén a todos los efectos negativos y graves consecuencias que ya padecemos peligrosamente en nuestro desarrollo, economía e incluso, salud pública.

Se ha exterminado nuestra movilidad y también a la par, nuestra seguridad vial y peatonal; somos el séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoamérica, en número de muertes por siniestros viales y la primera causa de muerte, entre nuestros jóvenes; y tristemente seguimos en la ruta de franco ascenso en la estadística.1

Llegamos a la desproporción de teneren circulación diaria, a más de 31.6 millones de automóviles, 11.3 millones de camiones de carga y 400 mil camiones de pasajeros.2

Un número de automotores inquietante y a la vez, causa y efecto del problema actual que todos sin importar el medio de transporte que sea de nuestra elección, padecemos.

Tenemos infinidad de vehículos circulando diariamente con un solo ocupante o bien, camiones de autotransporte de carga y de pasajeros, atiborrados, inseguros y además obsoletos física y mecánicamente; y, en contraparte, escasa o nula alternativa de movilidad a través de infraestructura para el desplazamiento sustentablepor ejemplo, en bicicleta o peatonal, y peor aún, sin políticas públicas de cultura vial.

Por eso en el país privan ciudades con innumerables muertes por atropellamiento de peatones o ciclistas, con caos vial, nula planeación urbana y un crecimiento desordenado.

Los ejemplos son muchos, pero basta mencionar la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco; catalogadas como unas de las urbes más congestionadas y con el peor tráfico del mundo.

Ante todo esto, el compromiso de quienes integramos esta Soberanía de proponer, impulsar y apoyar todo aquello que ofrezca alternativas de movilidad, eficientes, y sustentables; debe de serdeterminante e incondicional.

Como también debe de ser nuestro compromiso por la revisión y aplicación correcta de todos los recursos que, en cualquier región del país, se destinen a proyectos de movilidad, a fin de evitar actos de corrupción o bien, el desvío de fondos públicos o la malversación de éstos en estos programas de suma importancia para el presente y el futuro de todos.

Y en este propósito, no hay jurisdicciones que se puedan apelar, ya que es de todos, el problema y debe de ser de todos, la solución.

Y más aún, si como hemos visto últimamente con franca razón y derecho, se invoca por parte de algunos gobernadores de diversos Estados de la República, un trato federalista en materia de asignación de recursos, más justo, equitativo, redistributivo y concordante con la realidad nacional.

Desde mi perspectiva personal, son válidos los razonamientos de los gobernadores que así lo piden, porque creo firmemente que no podemos perder en materia de federalismo, nuestra capacidad de ponernos de acuerdo y de trabajar juntos, ni tampoco la de adaptarnos, mejorar y evolucionar, porque a fin de cuentas nos estamos refiriendo al dinero de todos y el beneficio común.

Pero también creo que a la par, que no podemos caer en la posición de querer redistribuir riqueza que todavía no tenemos y peor aún, a que en este llamado de conciencia federalista que diversos gobernadores han aclamado, se omita poner sobre la mesa, la contraparte obligada.

El federalismo no solo implica la exigencia de los derechos invocados, sino también conlleva a la par y bajo la misma importancia, la atención de las obligaciones y la responsabilidad adquirida.

Y en este nuevo pacto federalista que se está llamando a conformar, omitir la parte de las responsabilidades y de las obligaciones propias como la transparencia y la fiscalización de recursos, seria condenara la simulación, el engaño y la demagogia, esa justa demanda.

No podemos permitir que eso suceda, en ninguna de las partes involucradas; tanto en la federal, como en las estatales.

Por ese motivo considero que cualquier recurso público asignado a la movilidad en nuestro país, en nuestros estados y municipios, no es menor ni intrascendente, por el contrario, ante una política a nivel federal de desdén hacia éstos temas, estos recursos que en los estados se destinan, se vuelven imprescindibles y en muchos casos, determinantes.

En este orden de ideas y como jalisciense, comparto con la población de mi estado y la asumo como una demanda propia, la necesidad de tener la plena claridad y certidumbre de que los recursos que hayan sido destinados a programas en materia de movilidad en todo Jalisco, sean aplicados y ejercidos de manera correcta, eficaz, legal y también, transparente.

Para que regiones como la zona metropolitana de Guadalajara, o todo el Estado en sí mismo, esté a la altura de la atención de las necesidades de desarrollo que se requieren y por tanto, siga teniendo la capacidad de continuar aportando substancialmente a la economía local y nacional.

Así debe de ser en Jalisco, así debe de ser en todos los estados de nuestro país.

Por eso considero pertinente hacer una revisión imparcial y apegada a la ley, sobre algunos programas estatales que actualmente y de manera condenable, se encuentran inmiscuidos en la duda social y también en algunos casos, en la duda legalidad, sobre el manejo de sus recursos o bien, en la asignación de sus contratos y licitaciones.

Tal es el caso del programa Mi Bici que, de acuerdo con información oficial que se brinda, es un sistema de transporte público situado en el área metropolitana de Guadalajara, basado en la renta de bicicletas y operado, a su vez, por el Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa.3

Este programa no es menor, está coordinado por la Agencia Metropolitana de Servicios de infraestructura para la Movilidad, creada como parte de la coordinación metropolitana entre los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara y el gobierno de Jalisco en 2019, siendo ésta además un organismo descentralizado intermunicipal.4

Pero a pesar de su importancia y su transcendencia en materia de movilidad en más de 10 municipios altamente habitados de Jalisco, desafortunadamente este programase encuentra suspendido y con ello afectando en primera instancia a más de 86 mil usuarios que se transportaban de manera sustentable y eficiente, a través del servicio de bicicletas que ofrecía.

Todo ello, por enfrentar un recurso jurídico-administrativo interpuesto, ante la presunción de irregularidades, tráfico de influencias y conflicto de intereses en la licitación de renovación de su contrato.

Una situación lamentable, injustificable e inaceptable, que debe de ser investigada y sobre todo castigada sin importar el nivel que tengan los responsables de los actos de corrupción que sean probados.

El siguiente programa que considero se debe fiscalizar y dejar libre de cualquier duda o sombra de corrupción, tráfico de influencias o de intereses, es el denominado, Mi Transporte.

Mi Transporte es un programa coadyuvante junto con Mi Bici, y forma parte central de un nuevo modelo integrado de movilidad que el gobierno de Jalisco lleva a cabo a fin de garantizar el transporte público de calidad en la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios más del estado como parte fundamental y muestra de los alcances de su interconexión.5

Este programa es sumamente ambicioso y sin duda alguna, si logramos que se aplique de manera honesta, fiscalizada y transparente; representará un significativo avance en materia de movilidad para el estado de Jalisco y una gran parte de su población, porque de acuerdo a la informaciónoficial proporcionada, no solo conlleva la recuperación de la rectoría y el ordenamiento del transporte de esa zona del estado, sino también el reordenamiento técnico de rutas de transporte, la actualización de sus sistema de pago, y la renovación de unidades de transporte público con tecnologías limpias.6

Como se aprecia, estamos refiriéndonos a dos programas sumamente importantes en materia de movilidad para todo un estado y por ende a toda su población, programas cuyo reto es grande, la tarea significativa y la urgencia, preferente.

Programas centrados en proveernos las soluciones urgentes que requerimos como la disposición, fomento y el uso de medios alternativos de movilidad como la bicicleta, o transporte público con el uso de tecnologías limpias, y a la vez, empezar a garantizar la infraestructura adecuada que se requiere en el hoy y el mañana.

Programas que desafortunadamente se han visto salpicados de dudas en materia de corrupción, o bien, de asignación de contratos a terceras personas con evidentes problemas como el conflicto de intereses, quizás desde los más altos niveles del gobierno estatal; situación que desde ésta soberanía y quienes la integramos, no podemos permitir y estamos obligados a aclarar por el beneficio de todos, tanto gobierno como sociedad.

Ente este escenario, no podemos omitir la garantía de transparencia y fiscalización de los recursos públicos que las entidades disponen para la atención de sus necesidades, dinero de todos que no debe parar en los bolsillos de solo algunos.

Por ello, mayor vigencia recobra lo anterior, si sobre la mesa tenemos ecuánimes demandas de contribuciones de la federación hacia los estados, más justas y equitativas.

Ante eso, no podemos perder de vista o ignorar, que; el primer argumento y sustento de la exigencia de un mejor, eficiente y generoso federalismo, es demostrar y garantizar que lo poco que han recibido los gobernadores, lo han aprovechado en beneficio común, lo han utilizado de manera legal y trasparente, y lo han protegido de prácticas corruptas, deshonestas y sujetas a conflictos de intereses o tráfico de influencias, para hacersede manera mal habida, de ese dinero para su beneficio personal.

En materia de movilidad, tenemos que recordar el mensaje que las actuales generaciones han exclamado con justa razón; el mismo mensaje, que, sin duda alguna, al no hacer nada en el presente, las futuras generaciones nos reclamaran; es momento de entender y hacer algo contundente para quemar menosgasolina y quemar más calorías.

Por eso, exhorto en este punto de acuerdo a que la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco, para descartar irregularidades tanto financieras como administrativas, así como también anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones.

Porque antes de pedir más, debemos de dar la certidumbre de que lo poco que se tiene actualmente, se cuida al margen de la ley.

No hacerlo así, nos trasmuta en demagogos; no exigirlo así, nos convierte en cómplices.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a revidar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, 2017.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3 mibici.net

4 mibici.net

5 mimovilidad.jalisco.gob.mx

6 mimovilidad.jalisco.gob.mx

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer público el avance en la elaboración e implantación de los programas de atención del cáncer derivados del Programa Sectorial de Salud que incluyan el tratamiento integral de cáncer de mama, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo con el sitio infocancer.org.mx del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) se estima que en el año 2018 la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes.1

2. Dos de los principales factores para el aumento de la incidencia de cánceres son: el crecimiento poblacional y el envejecimiento; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales, pero el organismo internacional también hace énfasis en señalar que esas cifras podrían reducirse significativamente con la implementación de políticas públicas y acciones de los gobiernos, pues se calcula que entre 30 por ciento y 50 por ciento de ellos son prevenibles mediante la promoción en la población de hábitos saludables, vacunación y diagnósticos y tratamientos oportunos.2

3. En México, hasta el año 2019, el cáncer era la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siendo los cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, colon y de pulmón los más recurrentes en la población.3

4. Desafortunadamente, en nuestro país se cuenta con altas tasas de letalidad en la mayoría de los tipos de cáncer, ya que según datos del Incan, la detección se da en etapas avanzadas en 60 por ciento de los casos, cuando las posibilidades de realizar tratamientos conservadores, de bajo costo y mayor efectividad es menos probable. Lo anterior hace al cáncer una enfermedad de alto costo para el Sistema Nacional de Salud y para aquellos que la padecen.

5. Es por lo anterior que resulta fundamental lograr ampliar la cobertura en salud que incluya acciones preventivas para la detección oportuna y tratamiento adecuado de todos los tipos de cáncer presentes en nuestro país, enfatizando las acciones en aquellos que generan más muertes en nuestro país.

6. Durante la presente administración se ha llevado a cabo el planteamiento de políticas públicas y programas nacionales que permitan atender de mejor manera el tema, es por esto que se presentó el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia,4 a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), que señala que:

“...es una estrategia para diagnosticar oportunamente la enfermedad en niñas, niños y adolescentes, con la intención de brindar un tratamiento anticipado, que repercuta en la mortalidad.”

Lo anterior, señala la propuesta, lograría que en un esquema similar a países desarrollados, al menos 80 por ciento de los pacientes diagnosticados lograran curarse.

7. En el caso del cáncer de mama, la OMS afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16 por ciento de todos los cánceres femeninos5 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos.6

8. En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como mortalidad en las últimas tres décadas. Acorde al reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó entre 2000 y 2013 llegando de 10.76 casos por 100 mil habitantes a 26.1 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, estimando 23 mil 873 nuevos casos en 2013.7

9. De acuerdo con la Tarjeta temática: morbilidad y mortalidad, que forma parte del Sistema de Indicadores de Género del Instituto de las Mujeres, en México, en el año 2018 ocurrieron 7 mil 311 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama en México, de los cuales, en 54 casos fueron hombres los que fallecieron.8

10. La propia Secretaría de Salud ha señalado que las acciones de detección oportuna son costo efectivas para lograr mayor sobrevivencia en mujeres diagnosticadas y por ello es importante implementar un Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, como se señaló en el Blog oficial9 :

“En México, en las últimas décadas, el control de esta enfermedad crónico degenerativa tiene grandes avances en la calidad de años que el paciente vive con la enfermedad; en el caso del cáncer de mama, la mastografía resulta una estrategia costo-efectiva en el diagnóstico oportuno en 80 por ciento de los casos detectados en mujeres.

Dado que el cáncer es un padecimiento que tiene un alto impacto psicológico, social y económico entre la población económicamente activa, es preciso que las políticas públicas permitan un adecuado control de los programas como el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, para la detección temprana, el tratamiento, los cuidados paliativos y la rehabilitación del paciente.”

11. En este sentido, el doctor Abelardo Meneses, director general del Incan10 ha señalado que:

“...en México, el acceso a programas de prevención y detección temprana es muy limitado. Los esfuerzos en estas importantes áreas están poco organizados y en general, carecen de presupuesto para lograr su funcionamiento óptimo”.

El doctor señala que el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México (PIPCCM), busca mejorar aspectos preventivos y de detección temprana y los sistemas de atención, para que los pacientes en etapas avanzadas puedan recibir tratamiento paliativo con el fin de mejorar su calidad de vida, es importante señalar que el programa incluye la vertiente del fortalecimiento de infraestructura para el diagnóstico y tratamiento.

12. El 23 de octubre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Salud el desarrollo de un Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México (PIPCCM) que fue implementado por el Incan, para unificar planes de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer en el país. De acuerdo con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad11 :

“El diseño del PIPCCM incluyó el análisis riguroso de la situación epidemiológica en nuestro país, desde los factores de riesgo para este grupo de enfermedades hasta la mortalidad por cáncer. Asimismo, identifica las necesidades que existen entre el personal y la infraestructura con que se cuenta, y la situación ideal de éstos para hacer frente a la enfermedad a nivel nacional”.

13. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 (Prosesa) publicado el 17 de agosto de 2020, se señala como parte de importante de la integración de los objetivos prioritarios la atención a enfermedades crónicas no transmisibles, como es el cáncer, como el principal reto para el sistema de salud tanto por su magnitud como el gran impacto en mortalidad prematura y deterioro de la calidad de vida y los costos de atención de sus complicaciones.12

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. a XXVIII. ...”

Séptimo. Que el capítulo II Educación para la Salud de la Ley en cita señala que:

“Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.”

Noveno. Que la ley citada en el considerando anterior en su artículo 39 fracción VI, manifiesta que corresponde a la Secretaría de Salud:

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciara? y coordinara? la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinara? las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público;

Décimo. Que el presente exhorto se encuentra en correspondencia al apartado dedicado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del PND, donde se señala que se priorizarán las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva, siendo el cáncer de mama parte de las estrategias de las autoridades encargadas de salud sexual y reproductiva.

Undécimo. Que el objetivo del presente documento se encuentra alineado a lo establecido en el Prosesa para la disminución del impacto de las enfermedades no transmisibles (ENT) entre las que se encuentra el cáncer, en el cumplimiento del objetivo prioritario 5. Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población y la Estrategia prioritaria 5.1 Mejorar la cobertura, el acceso equitativo y la calidad en servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las ENT para reducir su incidencia en la población, especialmente en los grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad, ya que en su Acción Específica 5.1.5 señala:

“5.1.5 Instrumentar estrategias y programas nacionales para la prevención y control de las ENT, con mayor impacto en la salud de la población bajo un enfoque de curso de vida y perspectiva de género.”

Duodécimo. Es importante señalar que en materia de cáncer de mama, el Prosesa en el apartado referido en el considerando anterior en la Estrategia prioritaria 5.5 Fortalecer los servicios de salud y asistencia social brindados a mujeres para promover el goce pleno de la salud durante todo el ciclo de vida, bajo un enfoque integral y diferenciado, con perspectiva de género y pertinencia cultural, señala como acciones específicas13 :

...

5.5.3 Mejorar la detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino y de mama, para disminuir los efectos negativos derivados de estos padecimientos.

5.5.4 Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, bajo un enfoque integral más allá de la salud sexual y reproductiva y sensible a las particularidades de su ciclo de vida.

5.5.5 Promover campañas que procuren, estilos de vida saludables y la prevención en padecimientos que predominan y afectan a las mujeres, través de la coordinación interinstitucional y un modelo integral, bajo un enfoque multicultural y territorial.

...

Durante todo mi desempeño legislativo, me he comprometido a trabajar de manera coordinada con el gobierno de México para hacer visibles las necesidades y generar acciones que mejoren las condiciones y calidad de atención de los más vulnerables, por lo que estoy convencida de la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas que atiendan las principales causas de muerte entre los mexicanos. Plasmar en un programa nacional las acciones concretas para atender los cánceres, haciendo énfasis en aquellos que aquejan a las mujeres permite mejorar las condiciones de tratamiento y mejorar el desenlace de los padecimientos.

Miles de familias mexicanas enfrentan año con año la atención para uno de sus miembros por cáncer. En el caso de las mujeres mexicanas, el cáncer de mama la diferencia entre la vida y la muerte se logra a través de protocolos adecuados que permitan el acceso a diagnósticos oportunos, acompañamiento emocional profesional, tratamientos adecuados y reconstrucción mamaria, para que el diagnóstico no signifique que la vida está por terminarse, sino que una nueva etapa de transformación comienza.

El contar con un programa nacional de cáncer, permitirá que todas las mujeres que enfrenten el cáncer de mama hoy día y en el futuro, puedan estar seguras de que existe un plan para su atención, presupuesto asignado, infraestructura, planes de capacitación a personal médico y paramédico, con la finalidad de que accedan a las mejores condiciones de atención posible, que ninguna se quede sin tratamiento o la posibilidad de reconstruirse por personal especializado y recursos financieros públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que haga públicos los avances que han tenido el Centro Nacional de Programas Preventivos y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad en la elaboración e implementación de los programas de atención de cáncer derivados del Programa Sectorial de Salud 2019-2020, del mismo modo solicitar que incluyan estrategias para lograr el tratamiento integral de cáncer de mama desde diagnóstico oportuno, acompañamiento emocional, tratamiento adecuado, reconstrucción mamaria, tratamiento de linfedema y, en caso necesario, cuidados paliativos.

Notas

1 El Cáncer en el Mundo y en México. Instituto Nacional de Cancerología. México. 2020. Fuente:

https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a =estadisticas-mundiales-y-locales Consultado el 20 de noviembre 2020.

2 Prevención y Diagnóstico Oportuno de Cáncer. Sociedad Mexicana de Oncología. 2016. Fuente: https://www.smeo.org.mx/descargables/COPREDOC_GUIA.pdf Consultado el 20 de noviembre 2020.

3 Cáncer en México: cifras, tipos de padecimientos y cómo evitarlos. Blog Informativo. Universidad Tecnológica de México- UNITEC. 2019. Fuente:

https://blogs.unitec.mx/salud-2/tiposcancer Consultado el 20 de noviembre 2020.

4 Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Secretaría de Salud, México. 16 de abril 2019. Fuente: https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-cancer-en -la-infancia-y-la-adolescencia. Consultado 20 de noviembre 2020.

5 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1. html

6 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/

7 Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario 2019. Colima, México. Consulta aquí

8 Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad. Sistema de Indicadores de Género, Instituto de las Mujeres. 2019. Consulte aquí?

9 038. “El cáncer es prevenible en cuatro de cada diez casos”. Blog. Secretaría de Salud. 05 de febrero 2019. Disponible en https://www.gob.mx/salud/articulos/avances-en-la-prevencion-y-control-d el-cancer?idiom=es . Consultado el 13 de oct. de 20 20.

10 “Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer en México”. Revista Líderes Médicos. México. Septiembre 2015. Fuente:

http://www.lideresmedicos.com/wp-content/uploads/2015/02 /REVISTAINCANSEPTIEMBRE-WEB.pdf Consultado 20 de noviembre 202

11 El Incan, encargado de ejecutar el programa integral de prevención y control de cáncer en México. Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Secretaría de Salud. México. 24 de agosto 2016. Fuente:

https://www.gob.mx/insalud/articulos/el-incan-encargado-de-ejecutar-el-programa-integral-de
-prevencion-y-control-de-cancer-en-mexico?idiom=es Consultado 20 de noviembre 2020.

12 Programa Sectorial de Salud 2019-2024, Secretaría de Salud. México 17 de agosto 2020. Fuente: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020 Consultado 20 de noviembre 2020.

13 Programa Sectorial de Salud 2019-2024, Secretaría de Salud. México 17 de agosto 2020. Fuente: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020 Consultado 20 de noviembre 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la CFE a hacer pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios donde se indiquen costo-beneficio, inversión inicial y fechas probables para comenzar la construcción de la planta nuclear en BC, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en el ámbito de sus competencias, haga pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios, en donde se indique el costo-beneficio, la inversión inicial y fechas probables para el inicio de la construcción de la planta nuclear en el estado de Baja California con base en lo siguiente

Planteamiento del problema

México es un país que cuenta abundantes recursos hidráulicos, eólicos y geotérmicos, además de grandes yacimientos de metales y no metales, por ejemplo, el litio. Un factor relevante es que el país cuenta con cerca de cinco regiones que tienen una considerable radiación solar, y con ello las posibilidades de prosperar en este mercado es amplio.

Grafica 1
Consumo de energía para la generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, Nucleoenergía-Combustible.(Petajoules)

Como se observa de acuerdo con el Sistema de Información Energética, en los últimos 18 años no se ha potenciado la energía nuclear, misma que puede tener un impacto positivo para el país, por otro lado, en ese mismo periodo de tiempo la energía eléctrica a base de combustóleo ha tendido a la baja.

En ese tenor, el pasado 26 de octubre del año en curso, dentro de la Cámara de Senadores, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) Rocío Nahle afirmo que “es tiempo de que se hable de energía nuclear, una micro planta en la península de Baja California podría ser una realidad”, en esa ocasión también informo que los estudios y consultas para la construcción de la micro planta en el norte del país están a cargo de la CFE.

Si bien, en México la única planta de energía nucleoeléctrica es la Laguna Verde ubicada en el estado de Veracruz, la cual con su renovación de licencia operara hasta el 2050, desde 2019 el titular de la CFE, Manuel Barlett, indicaron su interés por construir cuatro reactores más en el país.

Sin embargo, la CFE aun no informa sobre los avances de los estudios, ubicación y costos de la micro planta nuclear que se pretende construir en Baja California, así como tampoco se ha informado sobre las consultas a la población del estado.

De acuerdo con la revista Forbes el costo por cada reactor nuclear con una capacidad instalada de 1,400 megawatts (MW) sería de 7,000 millones de dólares (mdd), aproximadamente para una vida de 60 años, considerando que cada megawatt de capacidad instalada cuesta 5 mdd, según estimaciones de la empresa productiva del Estado. 1

Por otro lado, los mini-reactores han tenido un auge en todo el mundo, es decir que por un lado abonan a la generación de energía nuclear y a la vez minimizan los riesgos de malos procedimientos que pueden provocar desastres de seguridad, tal es el caso que al día de hoy Nuscale en Estados Unidos y Rolls-Royce en Reino Unido trabajan en desarrollos pequeños reactores modulares, los cuales trabajan con núcleos de menor tamaño, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.2

Si bien, como toda central nuclear, se generan residuos que necesitan un tratamiento adecuado, así como planes para su administración, pero debido a su naturaleza de estar libres de carbono, cada vez hay más voces que les apoyan.

De acuerdo con el análisis que se realizó el pasado 10 de agosto en la revista Energía a Debate 3 , se sustenta y concluye:

La energía nuclear es la fuente de generación eléctrica con el factor de capacidad más alto, alrededor de 95 por ciento, mientras que el factor de capacidad de plantas convencionales que utilizan gas natural o combustóleo es aproximadamente de 50 por ciento, y el de las plantas de energía eólica y fotovoltaica alcanzan 35 y 20 por ciento, respectivamente.

En meses recientes, se ha presentado un fuerte debate entre el gobierno federal y la industria privada del sector energético, en torno a las nuevas estrategias en la política energética y a los costos indirectos asociados a las energías renovables, en concreto, la fotovoltaica y la eólica por su naturaleza, son energías con alta intermitencia y por lo tanto requieren de capacidades de respaldo capaces de entrar en operación de forma rápida y confiable cuando las intermitentes no sean capaces de producir. Además, por su ubicación en zonas alejadas de los centros de consumo, se requieren inversiones en líneas de transmisión.

Por otra parte, es importante señalar que el beneficio ecológico que se busca con las energías renovables se ve mermado por la inevitable afectación a los ecosistemas es decir que desafortunadamente, la generación de electricidad con energía nuclear ha sido y sigue siendo objeto de grandes controversias, muchas de ellas producto de la desinformación. Pero la industria nuclear ha demostrado claramente sus beneficios tales como:

• Los costos de generación de la energía nuclear son significativamente más bajos que los costos de las energías renovables intermitentes, incluyendo los costos asociados con el manejo y almacenamiento de residuos.

• La energía nuclear es la fuente de generación eléctrica más segura.

• En términos ambientales, la energía nuclear tiene un muy bajo impacto y utiliza significativamente menos materiales para producir la misma cantidad de energía que otras fuentes de generación convencional o renovable.

• En lo referente al manejo de los residuos, la industria nuclear es la única industria del sector que internaliza los costos del manejo de sus residuos y está sujeta a normas internacionales para el manejo de desperdicios. Contradictoriamente, a pesar del creciente número de proyectos fotovoltaicos, en México aún no existe un centro para el manejo de materiales de desecho de las plantas fotovoltaicas (muchos de estos altamente tóxicos como el plomo, cadmio o selenio).

Es importante mencionar que el desarrollo y el crecimiento económico van asociados a un mayor consumo energético. Para el futuro, el hidrógeno se ve como una alternativa sumamente atractiva, pero se requeriría de grandes cantidades de energía para poder obtener este elemento, como lo es la energía nuclear la cual necesita de fuentes complementarias con menores costos de inversión inicial y menor complejidad técnica.

La energía nuclear puede y debe ser un componente importante de nuestra matriz energética, por lo que es importante retomar este tema con seriedad, a la luz de los grandes retos en materia energética y los compromisos para el cuidado del medio ambiente.

Por lo que esta es una creencia que confunde a algunas personas que carecen de información acerca de las centrales nucleares y es la principal causa de temor , “Es imposible que un reactor nuclear explote como una bomba atómica, porque no pueden conjuntarse las distintas condiciones que se requieren para que la explosión tenga lugar. Una explosión en una bomba es el resultado de una reacción en cadena sin control y se produce con uranio altamente enriquecido en un porcentaje superior a 95 por ciento, el uranio del reactor contiene sólo 4 por ciento de dicho material ”,4 esto explica lo que se ha mencionado antes.

Sobre las posibilidades planteadas en México ante la posibilidad de llevar adelante la instalación de otros cuatro reactores nucleares, con una vida útil de 60 años y un costo superior a los 7.000 millones de dólares cada uno de ellos y con una capacidad instalada de 1,400 MegaWatts, donde cada MW de capacidad instalada equivale a 5 millones de dólares, según los anuncios realizados por la CFE.

Aunque siempre se ha hablado que la inversión inicial es alta para este tipo de plantas, el mantenimiento y costos operativos no resultan tan onerosos , por lo que las cifras reflejadas a principios de año establecían una media inferior a un dólar por cada gigajoules generado en una central nucleoeléctrica, mientras que puede alcanzar entre tres y cuatro dólares en una planta de ciclo combinado de gas natural y vapor, y ni hablar del diésel donde llega a 20.5

El crecimiento y la confianza en esta tecnología se lleva adelante a nivel mundial con la construcción de 55 reactores tomando en cuenta que a la fecha 11 por ciento de la electricidad proviene de esta tecnología, la cual cuenta en más de 30 países con unos 450 reactores en funcionamiento, datos suministrados por el Organismos Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas.6

Derivado de lo anterior, es importante que estas dependencias den información clara y precisa de los estudios previos a la construcción de la micro planta nuclear en Baja California, que aún se tiene como un proyecto y que al tratarse de recursos públicos debe informarse a la brevedad sobre el costo de la inversión inicial.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que, en el ámbito de sus competencias, haga pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios, en donde se indique el costo-beneficio, la inversión inicial y fechas probables para el inicio de la construcción de la planta nuclear en el estado de Baja California.

Notas

1 26 octubre; CFE analiza construir una planta nuclear en Baja California,
https://www.forbes.com.mx/negocios-cfe-planta-nuclear-baja-california/

2 27 de octubre; Gobierno Federal va por planta nuclear en Baja California: CFE será la encargada de construirla si se aprueba, https://www.xataka.com.mx/energia/
gobierno-federal-va-planta-nuclear-baja-california-cfe-sera-encargada-construirla-se-aprueba

3 10 de agosto: Energía nuclear en México: un logro poco valorado, https://www.energiaadebate.com/energia-limpia/energia-nuclear-en-mexico -un-logro-poco-valorado/

4 Central Nucleoeléctrica Laguna Verde;

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pere/

5 28 de octubre; México Apuesta Por Una Nueva Planta Nuclear, http://reporteenergia.com/v2/?p=13662

6 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes a establecer acciones para prevenir, combatir y castigar el abuso sexual contra niños y adolescentes en México, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El abuso sexual infantil es considerado un tipo de maltrato, siendo uno de los problemas de salud pública más graves que pueden afrontar las niñas, niños y adolescentes en la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud define al abuso sexual infantil como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”1

Save the Children define que “el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia que conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y niñas que lo sufren,”2 al vulnerar no solo el desarrollo físico, sino psicológico de una manera irreversible en un menor.

Esta aberrante práctica en contra de los menores supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad), realizado en un contexto de desigualdad a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.

Cuando un o una menor de edad es víctima de abuso sexual, no solo se erosiona su salud física y mental, sino que pone en riesgo su bienestar a futuro, al provocarles afecciones irreparables en su vida futura. Las mujeres que sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidad de suicidio que las que no los sufrieron.

Igualmente, las personas que padecieron estos abusos tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres veces más de consumir substancias, en comparación con quienes no los experimentaron (Domínguez, Nelke, Perry 2002). Cabe resaltar que las consecuencias por haber sufrido abuso sexual no solo las sufren las víctimas y a sus familias, sino que también acaban repercutiendo a toda la sociedad en su conjunto.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños es víctima de abuso sexual intrafamiliar (OMS, 2016).

Para el caso de nuestro país, la Asociación Aldeas Digitales SOS afirmó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Aparte de ocupar el primer lugar en este delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef, menciona que nuestro país tiene los presupuestos más bajos para combatir este flagelo , ya que sólo el 1 por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil que se celebra el 19 de noviembre de cada año, el Inegi reporta que es alarmante al decir que “de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor”.3

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México afirma que los principales agresores sexuales de menores de edad son los propios familiares seguido de maestros y sacerdotes.

A pesar de estar regulado en nuestro país como un delito a través del Código Penal Federal, en sus artículos 261o. y 262o., en donde se señala que a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor alcanzaran un máximo de 13 años si no hay violencia, en caso de existir indicios de violencia la pena alcanza un máximo de 20 años en prisión, estos actos persisten.

Es lamentable que frente a la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país, y que, como estrategia de contención las autoridades sanitarias decretaron medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en los hogares, se ha dado un alarmante aumento de casos de abuso sexual en contra de menores. Las fuentes que han documentado, que la mayoría de los incidentes de abuso sexual en contra de menores y suceden en la propia casa de la víctima a manos de los familiares.

Las circunstancias actuales, están obligados a permanecer tiempo completo a víctima y victimario. Resulta paradójico que mientras las autoridades han hecho todo los posible por protegernos del enemigo invisible de Covid-19, se están dejando de lado a otros enemigos que sí son visibles dentro de los propios hogares dejando graves alteraciones en el desarrollo físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

El coordinador nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS México afirma que tras la pandemia, aunque no existen datos exactos, en el aumento de casos de abuso sexual, el parámetro con el que se mide el posible impacto de la problemática son las “más de 115 mil llamadas de emergencia de incidente contra mujeres, niñas, niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja o abuso sexual y violencia familiar”.4

Por su parte, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se refleja que 10 de las 32 entidades federativas concentraron el 86 por ciento de la denuncia de violencia sexual contra menores: estado de México, Puebla, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila y Zacatecas, por su parte, Tlaxcala, Tamaulipas, Jalisco e Hidalgo no reportaron ningún caso de violación equiparada en 2019, sin embargo, esto no quiere decir que en dichas entidades no se haya presentado ningún caso sino que no fueron denunciados o las fiscalías no elaboraron las carpetas de investigación en tiempo y forma, para presentar cifras al respecto.5

Un dato que vale la pena destacar en esta problemática, es que en México los delitos sexuales, que llegan a ser denunciados, no se castigan de la misma forma, la legislación en la materia carece de una homologación en sus códigos penales, por lo que cada entidad federativa define a su criterio en su código penal la sanción a este tipo de delito.

Al realizar una revisión de los códigos penales de las 32 entidades federativas, se encontró que se utilizan términos diferentes para referirse a la figura de abuso sexual infantil resaltando que: en Aguascalientes el delito de abuso sexual infantil se encuentra tipificado como “hostigamiento sexual”, en Nayarit el abuso sexual infantil se tipifica como “atentados al pudor” y al tratarse de términos distintos, las sanciones legales son diferentes.

El abuso sexual infantil es un problema que afecta a toda la sociedad. Hoy en día se requieren medidas urgentes para detener y castigar el abuso sexual en contra las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, a través de la generación del entorno de convivencia seguros, así como normas jurídicas homogéneas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes del país aunado al fomento de la cultura de la denuncia.

Atendido a lo establecido en el capítulo octavo de la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en donde se establece el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de los menores, y frente a esta situación de posible aumento de los casos de abuso sexual de menores en el seno familiar, es importante que tanto autoridades federales, como las autoridades de las entidades federativas actúen bajo las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de abuso sexual. Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que tipifiquen el abuso sexual infantil armonizándolo con el tipo penal previsto en el Código Penal Federal vigente.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, de manera respetuosa, exhorta a las Fiscalías y Procuradurías estatales de las 32 entidades federativas a dar un seguimiento puntal a las carpetas de investigación por el delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, ante el aumento de los casos en este delito.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para que a través de campañas informativas en los medios de comunicación se fortalezca la cultura de la denuncia ante cualquier acto de violencia en contra de la niñez mexicana.

Notas

1 https://www.who.int/topics/child_abuse/es/
#:~:text=El%20maltrato%20infantil%20se%20define,salud%2C%20desarrollo%20o%20dignidad%20del

2 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_ sexual_contra_losninosylasninas.pdf

3 https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/11/19/mexico-primer-lugar-en-pe derastia-99-de-los-casos-son-impunes-reinserta/

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/12/el-confinamiento-por- la-pandemia-de-covid-19-agudizo-el-abuso-sexual-infantil-en-mexico/

5 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-2019-el-ano-con-mas-ataques-se xuales-menores

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer constituye todo acto que resulte en un daño físico, sexual o psicológico, inclusive porlos perjuicios en los que resulta, también las amenazas, coacción y privación de la libertad en la vida pública o privada.1

Para generar sinergias entre los países y mayores acciones para prevenir, sancionar y erradicar este delito, la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1999 aprobó la resolución A/RES/54/1342 con la que se designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se trata de un fenómeno vigente en nuestro paísque diariamente lacera a niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, muestra de ello son los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que arrojó que 66 de cada 100 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia y que 53.1 por ciento de 15 años y más ha presentado al menos un incidente por agresores distintos de su pareja.

El rango de edad con mayor prevalencia oscila entre los 25 y 34 años, con 70.1 por ciento, y con escolaridad de educación superior, con 72.6 de los casos, seguido de media superior, con 70.7 y educación básica, con 67.2; otra característica por tomar en cuenta es que las mujeres separadas, divorciadas o viudas son más propensas, con 72.6.

Hay áreas de oportunidad en la difusión de qué hacer o dónde denunciar, ya que 66.8 por ciento de las mujeres trasgredidas aceptó no saber a dónde acudir. Peor aún, los niveles de denuncia son muy bajos debido a que de cada 100 mujeres que vivieron un episodio, 12 denunciaron o solicitaron apoyo.3

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 acentuó estos actos contrarios a la ley. A decir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de enero a agosto de este año al menos 9 por ciento de los hogares han experimentado violencia familiar, con mayor frecuencia hacia las mujeres.

El monitoreo de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por el Covid-19 en México4 dio a conocer que de enero a junio se dio un promedio de ocurrencia diaria de 8 homicidios dolosos y 155.2 lesiones dolosas, además a través del número de emergencia 911 se recibieron cada día 725 llamadas de violencia contra la mujer, más de mil 947.7 de violencia familiar y 10.2 por violación.

El feminicidio representa la expresión más letal de violencia en razón de género, su incremento deja de manifiesto la ineficacia de las acciones emprendidas durante la presente administración federal. De los meses de este año, junio fue el que tuvo mayor tasa de mortandad, con 94 personas fallecidas, dicho incremento es 44.98 por ciento en relación con el mes anterior y 25.33 con el mismo periodo de 2019.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene identificado hasta el corte del pasado 30 de septiembre 73 mil 7 víctimas. De ellas, 59.05 por ciento fue por lesiones dolosas, 14.62 lesiones culposas, 3.25 delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, 3.10 homicidios culposos y 2.94 homicidios dolosos, principalmente.5

Sirva esta efeméride para reconocer que lejos de erradicar la violencia contra las mujeres estos acontecimientos persisten y se han recrudecido en la población, particularmente en la rural, debido a la carencia de una política integral por el gobierno federal que apoye, acompañe y protejaa las mujeres ante estos hechos que indignan a una sociedad de libertades y derechos.

Hay poca transparencia de la estrategia hasta ahora instrumentada y sus resultados distan a los esperados, ya que no se dispone de políticas específicas de auxilio y apoyo para aminorar los casos de violencia, asegurar condiciones de vida adecuadas y un marco de coordinación entre los órdenes de gobierno a fin de garantizar la protección a la integridad, vida y patrimonio de las mujeres, independientemente de su condición étnica, social o económica.

Las cifras señaladas de agresiones verbales, sexuales y físicas revelan un panorama contrario a las mujeres y un nulo interés para resolverlos, al debilitar los refugios, la cancelación de fondos y fideicomisos para la igualdad sustantiva y recortes presupuestales a institucionesdedicadas al asesoramiento y seguimiento de víctimas de violencia.

La prevención del delito y atención a víctimas carecen de una perspectiva de género que deriva en una revictimización y falta de mecanismos apropiados para el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

La violencia contra la mujer es un obstáculo para el desarrollo y la igualdad sustantiva en un régimen democrático, por tanto, se requiere mayor compromiso para atender sus causas, sancionar a los responsables y asumir una política de respeto y promoción a un trato igualitario.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debe ser un recordatorio para redoblar los esfuerzos para dotar al sistema de servicios esenciales a las sobrevivientes, concentrarnos en la prevención y subsanar las brechas de financiación, ya que una política de austeridad mal entendida hagenerado y ha llevado a México a retroceder en la lucha contra la violencia.

Me uno al llamado de activistas, instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que hacen énfasis en exigir mayores medidas de protección para que las mujeres puedan escapar de la violencia, aseguren la ampliación de las medidas de información y concientización, pero, sobre todo, dotar a la administración federal de mayor sensibilidad hacia los problemas de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.

No podemos ser indiferentes ante un problema que vulnera nuestros derechos. La violencia hacia las mujeres debe ser motivo suficiente para que lejos de colores e ideologías trabajemos por un México más justo y equitativo, en el que la eliminación de la violencia contra la mujer sea una prioridad.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (2020). Violencia contra la mujer, 23 de noviembre de 2020, de OMS. Sitio web:
https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
#:~:text=Las%20Naciones%20Unidas%20definen%20la,producen%20en%20la%20vida%20p%C3%BAblica

2 Organización de las Naciones Unidas (2000). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de noviembre de 2020, de ONU. Sitio web:

https://undocs.org/en/A/RES/54/134

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de noviembre de 2020, de Inegi. Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf

4 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020). Monitoreo de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por el Covid-19 en México, 23 de noviembre de 2020, de UNODC. Sitio web:

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/upload s/2020/08/COVIDVAWJun2020.pdf

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2020). Información sobre violencia contra las mujeres, 23 de noviembre de 2020, de SESNSP. Sitio web:
https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrita por las diputadas Martha Huerta Hernández y Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

Suscriben, Martha Huerta Hernández y Clementina Marta Dekker Gómez, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente efeméride.

Exposición de Motivos

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la resolución A/RES/48/104, proclamó la “Declaración sobre la eliminación de la violencia en contra la mujer” el 20 de diciembre de 1993.

Y el 7 de febrero de 2000, con la resolución A/REES/54/134, para que el 25 de noviembre de cada año sea considerado como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

De acuerdo con la ONU define la violencia contra las mujeres como “todo acto que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Las cifras a nivel internacional y nacional que se presentarán en el presente considerado muestran el camino que aún nos falta por recorrer, para eliminar todo tipo de violencia.

En el mundo “una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años”.

En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su comunicado titulado “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, menciona que de las 19.1 millones de mujeres que han sufrido “violencia por parte del esposo o novio, a lo largo de su relación de pareja, en el 64 por ciento de los casos se trata de violencia severa y muy severa”.

“Se estima que anualmente cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja”.

Nuestro país cuenta con diversas instituciones que buscan erradicar este tipo de violencia.

Como es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargada de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

Y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Cuarta Visitaduría, se implementa el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH).

Se reconoce que es necesario seguir trabajando arduamente en el fortalecimiento del marco jurídico e institucional, con la finalidad de que en nuestro país las niñas y mujeres vivan seguras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.

Diputadas: Martha Huerta Hernández, Clementina Marta Dekker Gómez (rúbricas).