Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y los gobiernos de Chiapas y Ocosingo a rehabilitar el drenaje público en Emiliano Zapata, con la participación de las autoridades ejidales, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear la comisión especial de investigación y seguimiento del robo de medicamentos, la venta ilegal de éstos y la compra de insumos médicos para atender la crisis sanitaria generada por el Covid-19, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex a atender con prontitud, transparencia y de manera integral las observaciones formuladas por la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, donde se identificaron irregularidades en el uso de los recursos públicos y anomalías en los programas de ayuda a pequeños productores y comercialización de leche y granos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a hacer pública la información relativa a la judicialización de las denuncias penales presentadas por la ASF ante ella de 2000 a la fecha, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a establecer e implantar una estrategia nacional de apoyo a los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento en el marco de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se expresan condolencias a familiares de los 14 fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en Nayarit; y se exhorta a la SCT, la ASEA y la CRE a implantar acciones para evitar ese tipo de accidentes, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar un cerco sanitario en Sinaloa, Michoacán, Yucatán y QR y, en coordinación con los respectivos gobiernos, aplicar medidas de prevención en los estados aledaños por los casos de lepra reportados ahí, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a transparentar y hacer público el uso de recursos con que se ha atendido la contingencia generada por las fuertes lluvias en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 31 gobiernos estatales y de la Ciudad de México a instruir a los registros civiles para actualizar y transparentar las defunciones por Covid-19, influenza y neumonía atípica, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implantar medidas que garanticen los derechos de niños y adolescentes en la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar medidas de sanidad preventivas por la posible entrada de nuevos virus, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y los gobiernos de Chiapas y Ocosingo a rehabilitar el drenaje público en Emiliano Zapata, con la participación de las autoridades ejidales, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, al gobernador del estado de Chiapas y al presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, a que realicen las obras necesarias para la rehabilitación del drenaje público de la localidad de Emiliano Zapata, con la participación de las autoridades ejidales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano deben velar en todo momento por la salud de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo de actividades económicas sustentables, con especial énfasis en aquellas regiones y situaciones que involucran a comunidades que padecen altos índices de marginación y pobreza. Es el caso de las comunidades indígenas y rurales del estado de Chiapas, donde diversas acciones y omisiones de las autoridades públicas desembocan en situaciones de graves riesgos a la salud y a la integridad de las personas.

Segunda. Es el caso concreto de la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, que desde hace 11 años sufre los graves daños del colapso del drenaje público que causa crecientes daños a la salud, el hábitat y la economía de la población, sin que en todo este tiempo hayan encontrado respuesta alguna por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

Tercera. El drenaje público de la localidad Emiliano Zapata fue construido en el año 2000, pero desde el mismo diseño y ejecución del proyecto, se detectaron serios errores, de acuerdo con testimonios de expertos y autoridades ejidales de la localidad. Se evidenciaron errores en la estructura del sistema de drenaje, puesto que según expertos no tenía el nivel adecuado para que fluyeran adecuadamente las aguas densas; estas anomalías, ocasionaron que, con el tiempo, se generara un enorme estancamiento de las aguas negras en su interior.

De este modo, la acumulación de aguas negras y otros residuos ocasionó que ese sobre peso deteriora las tuberías de PVC con que estaba construido el sistema de drenaje, lo cual provocó que se empezaran a verter aguas negras a los ríos Perlas y Jataté; además, esos importantes daños alertaban que el drenaje iba a colapsar en poco tiempo. En efecto, el drenaje público de la localidad Emiliano Zapata colapsó en 2009 por completo, contaminando no solo el río Perlas, sino también el río Jataté, y el río Jabalí de Amatitlán.

Cuarta. Además de los evidentes riesgos para la salud y el medio ambiente que esta situación genera para las comunidades de Emiliano Zapata, las autoridades ejidales nos han proporcionado información directa en el sentido de que el colapso del drenaje público también afecta sensiblemente la economía de la localidad. Por ejemplo, se han documentado serios daños al Centro Ecoturístico Emiliano Zapata, cuyas instalaciones corren de forma paralela a los ríos Jataté y Perlas.

Este Centro Ecoturístico es administrado por una sociedad cooperativa de 123 socios de la comunidad, quienes en todo momento han demostrado que están comprometidos con la conservación ambiental del entorno. Esta y otras actividades ecoturísticas, operan sistemáticamente desde 1999, y representan el principal sostén económico para las familias de la comunidad. De esta forma, las comunidades de Emiliano Zapata obtienen ingresos económicos y contribuyen a la preservación y el desarrollo sustentable de la Selva Lacandona. Todo ello, por lo tanto, se pone en serio peligro por el problema del colapso del drenaje público.

Quinta. En todos estos años, las autoridades ejidales de Emiliano Zapata, Ocosingo, han dado aviso del colapso del drenaje público y solicitado el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin lograr hasta la fecha la solución al problema. Prácticamente cada año, dichas autoridades ejidales envían oficios, de los cuales contamos con copias, al presidente municipal en turno de Ocosingo y a autoridades ambientales y de salud del propio ayuntamiento.

De la misma forma, han solicitado la atención y apoyo del gobernador del estado de Chiapas en turno, ante quien plantearon en diversas ocasiones la problemática específica de la contaminación, el daño a la salud, al ecoturismo y, en general, a la imagen del estado, puesto que la localidad Emiliano Zapata está ubicada en el corazón de las bellezas naturales chiapanecas, razón por la cual es impostergable la necesidad de rehabilitar el drenaje público.

En el mismo sentido, las autoridades ejidales de Emiliano Zapata han recurrido a la Comisión Nacional del Agua, para que las instancias federales conozcan la problemática, sin embargo, tampoco han obtenido respuesta.

Cabe señalar que los representantes de Emiliano Zapata han puesto sobre la mesa una serie de propuestas para aminorar el impacto negativo de las malas condiciones del drenaje, como, por ejemplo, la construcción de un tanque de oxidación para el tratamiento de aguas negras, para evitar que los desechos se viertan directamente al río. Pero ninguno de sus intentos de obtener apoyo y solución de los tres órdenes de gobierno ha sido fructífero en todos estos años.

Sexta. En definitiva, es evidente que no se puede postergar por más tiempo una obra tan sencilla como la rehabilitación del drenaje público de la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Ocosingo, Chiapas.

Las comunidades han sido persistentes en más de 10 años de peregrinar para obtener soluciones ante autoridades municipales, estatales y federales. La desesperación de los habitantes de Emiliano Zapata es tanta, que incluso se han dirigido a candidatos a la presidencia municipal de Ocosingo y a la gubernatura de Chiapas, con la expectativa de que, durante la campaña electoral, se comprometan a solucionar la cuestión del drenaje público.

En este contexto, resulta imperativo que el gobierno municipal de Ocosingo, así como el gobierno del estado de Chiapas, en coordinación con autoridades federales como la Comisión Nacional del Agua, se comprometan a solucionar este problema que acumula ya más de diez años.

Por esa razón, además, las autoridades ejidales solicitan que la solución al problema del drenaje público sea integral, y para asegurar esto, proponen que se instale una mesa de trabajo interinstitucional, donde participen ellos con funcionarios del gobierno municipal de Ocosingo, del gobierno estatal de Chiapas y autoridades de las instancias federales correspondientes. A fin de facilitar la instalación y la concurrencia a la mesa interinstitucional, las autoridades ejidales han propuesto que se lleve a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Con base en las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, al gobernador del estado de Chiapas y al presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, a que de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las obras necesarias para la rehabilitación del drenaje público de la localidad de Emiliano Zapata, colapsado desde hace 11 años, situación que causa graves daños al medio ambiente, a la salud y a la economía de la comunidad sustentada en el ecoturismo.

Segundo. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, al gobernador del estado de Chiapas y al presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, a que, para el cumplimiento de lo descrito en el resolutivo anterior, promuevan una mesa de trabajo interinstitucional que incluya a las autoridades ejidales del ejido Emiliano Zapata, con la finalidad de garantizar que la rehabilitación del drenaje público cuente la participación activa de la comunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear la comisión especial de investigación y seguimiento del robo de medicamentos, la venta ilegal de éstos y la compra de insumos médicos para atender la crisis sanitaria generada por el Covid-19, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud está reconocido en la Constitución y diversos tratados internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.1

El Estado tiene la doble responsabilidad de garantizar el derecho a los servicios de salud y el abasto suficiente, accesible y de calidad de medicamentos. En México, la industria farmacéutica representa más de 1 por ciento del PIB, 2.7 del PIB manufacturero y es capaz de producir la amplia mayoría de medicamentos que requiere el país.2

El país ocupa el primer lugar de América Latina en exportaciones de esos productos. Además, el crecimiento del mercado de medicamentos ha sido muy relevante en los últimos años, acumulando sobresalientes tasas interanuales de expansión. Sin embargo, la dinámica inflacionaria de algunos precios en el sector farmacéutico se traduce en el establecimiento de obstáculos de acceso a las medicinas y en el deterioro de la salud de la población.

El robo y la venta ilegal de medicamentos generan de manera ilegal más de 8 mil millones de pesos anuales, alrededor de 4 por ciento de las medicinas que se comercializan en México son irregulares: 1.5 se comercializa por internet y 2.5 en mercados sobre ruedas o establecimientos que no cuentan con los permisos ni la supervisión necesarios.3

Reforzar las acciones de vigilancia hacia el robo de medicamentos, es vital ante la creciente incidencia de este delito, además de que se ha incrementado también el comercio ilegal de tales productos en el ambulantaje e Internet; estos ilícitos van desde la venta a precios muy bajos de la mercancía robada, hasta la comercialización de productos caducados o clonados, todo ello constituye un severo riesgo para la salud de los consumidores, donde se compromete incluso la vida de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y población en general.

El abasto de medicinas es un tema fundamental y estratégico. Por un lado, la salud y el bienestar de la sociedad dependen en buena medida del correcto funcionamiento del sector, por lo que la primacía del interés público y el establecimiento de marcos regulatorios exigentes deberían ser inherentes al mismo. El funcionamiento del mercado de las medicinas tiene un impacto central en indicadores de salud pública como la esperanza de vida o la incidencia de enfermedades tratables, sobre los cuales el estado tiene un mandato elemental de protección.

El sistema de abasto de medicamentos para el sector salud es terriblemente complicado en México. Hasta la administración anterior, los medicamentos eran adquiridos mediante licitaciones organizadas por el IMSS en un evento semestral. El evento era público y las pujas se hacían mediante subastas inversas. El volumen de compra del IMSS era tan grande, y los beneficios en precios tan importantes, que se decidió que otras instituciones se unieran para negociar en paquete en un sistema conocido como “compra consolidada”.

En la compra consolidada podían participar todas las empresas fabricantes de medicamentos (e insumos) legalmente establecidas o con representación en México; sin embargo, una vez ganadas las partidas, los fabricantes debían entregar sus productos a lo largo de cientos de plazas en todos los lugares de la República. Por ello, muchos de estos, si no es que la mayoría, recurrían a operadores logísticos (distribuidores) que los representaban en los concursos y se hacían cargo de la distribución de los medicamentos a cambio de un margen sobre el precio negociado.

El sistema era imperfecto y evidentemente no era infalible. Se conocen casos de colusión de precios o de corrupción con funcionarios; sin embargo, el sistema había logrado mantener el abasto de medicamentos para el sistema de salud en general. Todos hemos escuchado quejas del retraso en el surtimiento de medicamentos en las farmacias de las instituciones, con el ya tradicional “dese una vuelta otro día”; aún así, la norma era el que estos no faltaran más de unos días o un par de semanas. De hecho, la queja principal de los pacientes con enfermedades crónicas de alto costo era realmente la falta de acceso a nuevas terapias, como las biológicas, que no eran compradas por la institución, aunque estuvieran aprobadas en el antiguo cuadro básico. Insisto, era un problema completamente distinto: un medicamento caro, de cientos de miles de pesos por dosis, que el IMSS no compraría por falta de presupuesto. No se hablaba de quimioterapias faltantes por meses.

El 10 de octubre pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un comunicado oficial donde dio a conocer que casi 38 mil piezas de medicamentos oncológicos habían sido robadas del almacén de la empresa Novag Infancia. Las autoridades de salud, al hablar con los familiares de los niños con cáncer, mencionaron que estos medicamentos hubieran sido destinados a sus tratamientos. La desaparición de estos productos no es sólo uno de los eventos más desafortunados para estos pacientes y sus familias, sino también uno de los sucesos más extraños que hayan ocurrido en el campo de la salud en México.

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell el robo de medicamentos sigue pasando en todo el país y desafortunadamente es liderado por funcionarios de gobierno.

Estos robos se han hecho a instituciones como el IMSS y otras dependencias estatales.

“No tenemos alguna denuncia en esta temporada, pero el robo de medicamentos es un vicio social que debemos combatir. Hace unas semanas se dio a conocer el robo de medicamentos oncológicos a un almacén privado, que las tenía que entregar a México a través de un contrato de adquisición. Sí, muy lamentable, que ocurra todavía” tanto el robo hormiga como el organizado, dijo López Gatell.

Un ejemplo de estos robos es la vacuna Vaxigrip la cual está hecha por la empresa Sanofi Pasteur y en internet o redes sociales es posible verla en venta.

Autoridades y representantes de las farmacéuticas firmaron los contratos y dieron a conocer que tres proyectos requerirán aplicar dos dosis por persona, mientras que solo uno necesitará la aplicación de una sola dosis para inmunizar a un paciente.

El gobierno federal anunció este 13 de octubre la firma de contratos por los cuales México adquirirá más de 198 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, así como la realización de ensayos fase 3, con los cuales se pretende proteger a entre 107 y 116 millones de personas en el país.

En conferencia mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que las dosis provendrán del mecanismo de acceso a vacunas contra el Covid-19 liderado por la Organización Mundial de la Salud, denominado Covax, así como de las empresas Astra Zeneca, Pfizer y CanSino Biologics.

El valor total de la compra de las vacunas contra el Covid-19 es de mil 659 millones de dólares, equivalente a 35 mil 153 millones de pesos, informó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

De acuerdo con el funcionario, México ha dado un anticipo de 6 mil millones de pesos, y contempla dar otro en noviembre por 92 millones de dólares, así como de otros 68 millones de dólares en diciembre.

El calendario dado a conocer por autoridades federales considera que las primeras vacunas en aplicarse sean las de Pfizer y CanSino en diciembre de este año, para proteger a 2 mil 625 personas.

Por ello, los diputados federales debemos vigilar los mecanismos de adquisición de medicamentos, material de curación y vacunas, entre otros, en términos que garanticen la eficacia, eficiencia y economía para el gobierno federal, por ello se plantea esta comisión especial para coadyuvar alcanzar la meta indicada de surtimiento de recetas médicas y, con ello, contribuir a garantizar la prestación de servicios preventivos y curativos médicos a la población en el país.

La comisión especial tendrá como objetivos principales

• Atender con imparcialidad, únicamente en base a criterios objetivos y que garanticen la protección más amplia de las personas, los asuntos que le sean encomendados por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

• Elaborar las opiniones y trabajos que la Mesa Directiva turne a la comisión.

• Llevar a cabo las comisiones, funciones y trabajos, que, en su caso, determine la Junta de Coordinación Política.

• Solicitar, informes para conocer las actuaciones así como el estatus que guardan los asuntos a su cargo, a las autoridades competentes que atienden o guardan relación con respecto a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en el robo de medicamentos y la venta ilegal de los mismos, así como celebrar reuniones con las autoridades competentes, agrupaciones relacionadas en el tema, la industria farmacéutica, privilegiando tener reuniones con autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales, comisiones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, familiares y órganos de apoyo, organizaciones internacionales.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión especial de investigación y seguimiento del robo de medicamentos, la venta ilegal de éstos y la compra de insumos médicos para atender la crisis sanitaria generada por el SARS-Cov2 (Covid-19).

Segundo. Para el cumplimiento de su objeto, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto, de conformidad al marco normativo aplicable.

Tercero. La comisión estará integrada por diputados de todos los grupos los grupos parlamentarios, así como de los diputados sin partido e independientes, de conformidad con lo que determine la Junta de Coordinación Política.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y sus respetivos secretarios.

Cuarto. La comisión especial coadyuvará en el ámbito de su competencia a la búsqueda a implantación de estrategias líneas de acción para prever el desabasto de medicamentos, a fin de contar conoportunidad con los insumos necesarios para atender a los derechohabientes.

Notas

1 Artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2 Heredia F. Situación del sector farmacéutico en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, Distrito Federal.

3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/28/robo-venta-ilegal- medicamentos-deja-8-mil-mdp-anuales.html

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex a atender con prontitud, transparencia y de manera integral las observaciones formuladas por la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, donde se identificaron irregularidades en el uso de los recursos públicos y anomalías en los programas de ayuda a pequeños productores y comercialización de leche y granos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está sectorizada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre sus objetivos de creación se tiene promover el desarrollo de los agricultores, apoyar a los productores de leche y buscar la autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz y frijol.1

Para el desarrollo de sus fines, tiene atribuciones para fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico; promover la generación de micro, pequeñas y medianas empresas asociadas a la comercialización de alimentos; y fomentar la industrialización de productos de leche. Asimismo, puede coordinar la adquisición de productos alimentarios a precios de garantía en favor de los productores nacionales.

Con el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos se pretendía mejorar la comercialización de más de 2 millones de pequeños productores a un precio en 2019 de 5 mil 610 pesos la tonelada de maíz, a 6 mil 120 pesos la tonelada de arroz y a 14 mil 500 pesos la tonelada de frijol, también se intentaba comprar a 5 mil 790 pesos la tonelada de trigo panificable cuando el precio de mercado promedio estaba en 4 mil 30 pesos.

Pese a la importancia que tiene para el desarrollo de uno de los sectores más estratégicos, la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019 identificó una serie de anomalías como parte de la auditoría de desempeño 2019-1-08JBP-07-0284-2020,2 entre las que destacan las siguientes:

1. No se cuenta con documentación suficiente que compruebe el uso o destino de más de 3 mil 27 millones de pesos, dato que representa 37 por ciento de lo que se asignó durante el pasado ejercicio fiscal. En particular, Segalmex no brindó seguridad razonable que dicho dinero se empleara bajo los principios de transparencia, economía y honradez.

2. Segalmex entregó apoyos sin el cumplimiento de las reglas de operación, lo cual permite su uso para fines distintos para los que fueron aprobados, entre ellos electorales y de promoción personal de los funcionarios del gobierno federal y de las delegaciones en donde se tuvieron y tendrán procesos de renovación de autoridades.

En este sentido, se tiene identificado que no se ajustó a los criterios de superficie de por lo menos 3 mil 420 apoyos a productores de maíz y 794 de frijol, en todos ellos no hay manera de constatar el criterio de hectárea o superficie, dando la posibilidad de desvíos de recursos públicos.3

3. Se carece de un padrón fiable y actualizado de los productores de arroz y trigo, que especifiquen entre otros aspectos, los volúmenes adquiridos, los precios de compra y venta, y peor aún, se ha dado duplicidades de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar.

4. A pesar de que la presente administración federal en el discurso se ha comprometido a prevenir los actos de corrupción, la realidad es que Segalmex a decir de la propia Auditoría Superior de la Federación, no cuenta con mecanismos para evitar estas prácticas y tampoco para sancionar a los servidores que incurran estos ilícitos.

5. Presenta serias deficiencias en el diagnóstico del problema público y en el diseño normativo, institucional y hasta programático, lo que dificulta que se cumplan las metas de creación. Dicho contexto, se agrava, ya que no opera con políticas formalizadas en los manuales de operación relativas a los trabajos de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización.

Para subsanar estas irregularidades se establecieron una serie de recomendaciones cuya ejecución es prioritaria para asegurar el ejercicio adecuado de los recursos públicos. Entre estas indicaciones está el de fortalecer la gobernanza, modernizar los procedimientos operativos y generar información veraz, confiable y oportuna sobre las operaciones que se realizan, más aún cuando se trata de presupuestos públicos.

No es la primera ocasión en la que Segalmex se ve involucrada en irregularidades. En lo que va del año, productores de entidades como Sinaloa, Sonora, Zacateas y San Luis Potosí, principalmente, se han manifestado por adeudos en los apoyos complementarios, falta de transparencia en los fondos entregados a pequeños productores e inefectividad en el impulso a productos lácteos y de granos.

Ante la carencia de resultados, es necesario que se emprenda una serie de acciones para subsanar las observaciones informadas a través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación con objeto de prevenir los hechos descritos que vulneran el ejercicio de derechos humanos, en particular de los menos favorecidos.

La problemática señalada acentúa los perjuicios provocados por la crisis sanitaria del Covid-19 y deja en total indefensión a los productores nacionales, por el contrario, en estos momentos de incertidumbre se requieren apoyos al campo, mejorar las oportunidades de producción para abrir nuevos espacios para la comercialización que mejoren sus condiciones de vida.

Es necesario que estos delitos sean investigados y sancionados conforme a derecho, ya que generaron afectaciones a las arcas públicas federales e impidieron que los programas de apoyo al campo llegaran íntegramente a los beneficiarios.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Seguridad Alimentaria Mexicana a atender con prontitud, transparencia y de manera integral las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, dadas a conocer en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, donde se identificaron irregularidades en el uso de los recursos públicos y anomalías en los programas de ayuda a pequeños productores y comercialización de leche y granos.

Notas

1 Liconsa, SA de CV (2019). Segalmex: productividad agroalimentaria y distribución de alimentos, 17 de noviembre de 2020, de gobierno de México. Sitio web: https://www.gob.mx/liconsa/articulos/
segalmex-productividad-agroalimentaria-y-distribucion-de-alimentos-188609#:~:text=Seguridad%
20Alimentaria%20Mexicana%20(SEGALMEX)%20es,Agricultura%20y%20Desarrollo%20Rural%20(SADER)

2 Auditoría Superior de la Federación (2020). Seguridad Alimentaria Mexicana, 17 de noviembre de 2020, de ASF.
Sitio web: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0284_a.pdf

3 Grupo Reforma (2020). “Extravía 3mmdp Conasupo de la 4T”, 17 de noviembre de 2020, de L. Sitio web:

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlred irect=/extravia-3-mmdp-conasupo-de-la-4t/ar2071534

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a hacer pública la información relativa a la judicialización de las denuncias penales presentadas por la ASF ante ella de 2000 a la fecha, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República haga pública la información relativa a la judicialización de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante ese órgano de procuración de justicia, desde el año 2000 a la fecha, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir del año 1999, el Constituyente Permanente dotó a la Auditoría Superior de la Federación de diversas facultades que fortalecieron su labor de fiscalización en el uso de los recursos públicos, mismas que no resultaron suficientes en el control del ejercicio del gasto, por lo que, nuevamente, se procedió a la discusión de una nueva reforma constitucional, cuyo objeto fuera

...primero, la homologación de toda la contabilidad gubernamental; segundo, contemplaba la posibilidad de erogaciones multianuales en los presupuestos de egresos de la Federación; incluía disposiciones para mejorar la presentación de la Cuenta Pública; y también tenía funciones relativas a la organización e instauración de órganos de fiscalización superior en las Legislaturas de los estados, incluyendo diversas disposiciones para evaluar el ejercicio de los recursos públicos...1

No obstante, las fuertes discusiones parlamentarias que pretendían dotar a la Auditoría Superior de la Federación de las facultades expresas para presentar denuncias penales ante los órganos de procuración de justicia, éstas no se concretaron sino hasta el 2009, cuando el Congreso de la Unión expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En este sentido, si bien la Auditoría Superior de la Federación ha actuado como coadyuvante de la Procuraduría/Fiscalía General de la República, su intervención dentro del proceso penal derivado del incorrecto ejercicio del gasto público ha sido tangencial.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la Auditoría Superior de la Federación, del año 2000 a la fecha ha presentado 1,035 denuncias penales, derivadas del análisis de las Cuentas Públicas hasta el año 2018, según la información del propio órgano de fiscalización.2 Adicionalmente, cabe señalar que el Auditor Superior de la Federación informó, el pasado 30 de octubre, que existen 117 denuncias que corresponderían a las Cuentas Públicas 2017 y 2018.3

Sin embargo, desde 2018, medios periodísticos han alertado respecto de la falta de efectividad de estas investigaciones:

La Procuraduría General de la República reconoció que ha iniciado casi medio millar de averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de posibles desvíos, presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin embargo, hasta ahora no ha detenido ni procesado a una sola persona por estos casos.

Un balance de la Procuraduría sobre las denuncias presentadas por los auditores... deja en evidencia que la dependencia no ha podido resolver con éxito algún caso, pese a que hay denuncias que ya tienen diez años de haberse presentado...4

Más aún, otros medios han señalado que, en los últimos 20 años, únicamente se han obtenido 22 sentencias, sin aclarar si se trata de sentencias absolutorias o condenatorias. Caso paradigmático es el de Rosario Robles, ex titular de dos secretarías de Estado durante la administración de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra bajo procedimiento judicial debido a las irregularidades del caso Estafa Maestra.

No obstante lo anterior, como legisladoras y legisladores, debemos tomar en consideración que estas desalentadoras cifras pueden derivar de una mala legislación, lo cual es indispensable examinar para generar los mecanismos legales que garanticen la aplicación de sanciones derivado de un ejercicio del gasto eficiente y conforme a derecho.

Es por todo lo anterior que, plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República haga pública la información relativa a la judicialización de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante ese órgano de procuración de justicia, desde el año 2000 a la fecha.

Notas

1 Honorable Cámara de Diputados, Fiscalización Superior en México Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria, p. 113.
https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/185_Aniv.pdf

2 Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2018, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Fecha de corte: 03 de noviembre de 2020, en https://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuentas-publicas-de-2018-y-2019-l as-acreedoras-de-117-denuncias-aclara-la-asf

4 https://www.animalpolitico.com/2018/07/pgr-denuncias-asf-impunidad/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de noviembre de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a establecer e implantar una estrategia nacional de apoyo a los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento en el marco de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los retos más importantes que enfrentan los gobiernos locales en materia de servicios públicos durante la pandemia por Covid-19 es la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Lo anterior cobra mayor importancia al considerar el estado previo de estos servicios en nuestro país ya que en el 2010 se observó que 9.8 millones de mexicanos no contaban con acceso a agua potable y 11.2 millones carecían de servicios de drenaje y alcantarillado, equivalente al 8.8 por ciento y 10.1 por ciento de la población respectivamente.1

Ante esta realidad, es menester hacer hincapié en el mandato constitucional en donde se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, situación que no se cumplía previo a la pandemia y que representa un reto para implementar mecanismos que incidan directamente en la garantía de este derecho en el marco de la coyuntura actual.

En ese sentido, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) es el principal programa de apoyo a los proveedores de agua potable y saneamiento y se creó con la finalidad de ampliar el acceso universal al agua y servicios básicos de agua, alcantarillado, saneamiento y mejorar las condiciones de infraestructura existente en la población vulnerable de localidades urbanas y rurales del país.2 Sin embargo, el programa sido considerado como no esencial ante la coyuntura actual, prueba de ello es que su presupuesto ha sufrido una disminución del 80 por ciento en los últimos 4 años y del 31 por ciento respecto del ejercicio fiscal anterior.3

Los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento se enfrentan a costos cada día más elevados que no son cubiertos en muchas ocasiones por el cobro de tarifas de agua, como lo es el pago de electricidad. Esto es un problema que se ha acentuado con motivo de la crisis sanitaria provocada por el virus del Covid-19, toda vez que desde el inicio del confinamiento se ha observado un aumento en la demanda de agua potable que oscila entre el 30 por ciento y el 40 por ciento, lo cual se traduce en la necesidad de incrementar el volumen de operaciones de los sistemas.4

A pesar de ello, es necesario hacer énfasis en que la recaudación por el cobro de servicios de agua y saneamiento ha presentado tendencias opuestas a las de la producción. En este sentido, se estima que la recaudación ha caído hasta en un 50 por ciento, generando presiones financieras insostenibles sobre los sistemas de agua potable y saneamiento.

El precipitado descenso en la recaudación y la disminución en los pagos de usuarios comerciales e industriales generan importantes afectaciones sobre estos sistemas en un momento en el que son esenciales para el combate de la pandemia que atravesamos y la subsistencia de todos los sectores económicos.

Por estos motivos, consideramos urgente la activación de un programa de rescate a los organismos de agua y saneamiento en el corto plazo, en beneficio de todos los mexicanos, pero especialmente en los sectores más vulnerables de las poblaciones rurales y urbanas.

La provisión de los servicios de agua y saneamiento para toda la población son prioridades ineludibles que debe garantizar el Estado en coordinación con los operadores de dichos sistemas. Al respecto, el artículo 115 de la Constitución establece que es responsabilidad de los municipios garantizar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria y económica actual, las finanzas municipales tienen un margen presupuestal muy restringido para brindar los apoyos necesarios a los sistemas de agua con la finalidad de que no caigan en mayores déficits.

En este mismo sentido, es menester evaluar la perspectiva de derechos humanos sobre la problemática que se plantea, ya que el acceso al agua potable es también materia de justicia, toda vez que afecta el derecho a la vida y a la salud. De esta manera, cuando se falla en la garantía del derecho al agua debidamente potabilizada y accesible para toda la población, nos encontramos frente una situación de violación a los derechos humanos de la población más vulnerable.

Ante esta perspectiva, es imperativo reconocer que la coyuntura actual acentúa la necesidad de garantizar el acceso al agua potable, ya que ninguna de las medidas básicas de higiene para combatir la pandemia sería posibles sin su adecuada disponibilidad en hogares, hospitales y comercios. Es por ello que el acceso a un suministro de agua y saneamiento seguros es esencial para el combate a cualquier enfermedad infecciosa, en particular el Covid-19.

Bajo ese mismo tenor, considerando la complejidad de la situación que atraviesa nuestro país como resultado de la emergencia sanitaria y económica y con la finalidad de apoyar a todos los mexicanos, pero especialmente a los que viven en condiciones más vulnerables, se estima urgente la aplicación de un programa de cobertura nacional para los usuarios tanto domésticos como comerciales que privilegie la subsistencia de los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento.

En el contexto de las consideraciones expuestas, en el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la coyuntura actual nos obliga a llevar a cabo acciones para procurar el acceso universal a los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, y el uso sostenible de los recursos para la satisfacción de las necesidades hídricas de toda la población, de manera que se generen estrategias que permitan apoyar a los usuarios domésticos y comerciales al mismo tiempo que se genera mayor resiliencia para los operadores de los sistemas de agua potable. Por los motivos expuestos anteriormente, ponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca e implemente una estrategia nacional de apoyo a los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento en el marco de la coyuntura actual, a través de medidas de solidarización con los usuarios de agua potable de manera que para los usuarios de uso doméstico se considere: (i) la suspensión de toda acción de restricción o corte de los servicios de agua potable por falta de pago y (ii) la cobertura del costo asociado a los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para las colonias/municipios en situaciones de elevada vulnerabilidad; en cuanto a los usuarios comerciales, estimar la conveniencia de ayudar a mitigar la carga económica que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas a través de: (i) el diferimiento de pagos al primer trimestre de 2021, y (ii) la suspensión del cobro por la prestación de servicios de agua potable a establecimientos que se han visto obligados a suspender total o parcialmente sus actividades ante las medidas de confinamiento adoptadas por cada Entidad, lo anterior en tanto se mantengan las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Notas

1 Véase, “Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento”, Instituto Mexicano para la Competitividad, febrero de 2014. Disponible en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/AguaPotable.pdf

2 Véase, “Manual de operación y procedimientos. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento”, Semarnat-Conagua, marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544463/MANUAL_DE_PROAGUA _2020.PDF

3 Véase, “Agua y Covid”, Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, A. C. Disponible en:
https://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/AyS87fin.pdf

4 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se expresan condolencias a familiares de los 14 fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en Nayarit; y se exhorta a la SCT, la ASEA y la CRE a implantar acciones para evitar ese tipo de accidentes, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo por el que expresa sus más sentidas condolencias a familiares de las 14 personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en Nayarit y exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA) y a la Comisión Reguladora de Energía a implementar acciones a fin de evitar sigan ocurriendo este tipo de accidentes.

Consideraciones

Los accidentes provocados por transportes de doble remolque, o pipas que transportan gas, gasolina, químicos u otros productos de naturaleza inflamable, ocasionan cada año cientos de muertes y heridos, en forma particular, los accidentes ocasionados en México por el transporte de estos productos van desde fugas e incendios de pequeña magnitud, hasta explosiones que pueden dañar la estructura de casas habitación, comercios e industrias.

Por lo que los accidentes que tienen relación con el transporte de productos inflamables afectan tanto zonas industriales como habitacionales, el mismo puede consistir en fuga, incendio, explosión o la combinación de ellos.

Es preciso mencionar el caso mas reciente y lamentable, ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre cuando se registró la explosión de una pipa de doble semirremolque que se descontroló, volcó, explotó sobre la autopista Tepic-Guadalajara , acontecimiento que cobro la vida de 14 personas y dejo una persona lesionada.

Asimismo, el 20 de mayo del presente año, explotó otra unidad a la altura del puente Beltrán, en el kilómetro 119 de la autopista Guadalajara-Colima , dejando un muerto.

Aunado a lo anterior, en 2015 una explosión de una pipa de gas se suscitó en el Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa, dicho acontecimiento dejo 3 muertos de los cuales 2 eran bebes y 73 heridos, entre ello 29 eran recién nacidos.

Es claro que las causas de ocurrencia de los accidentes se pueden deber a diversos factores, por lo que la correcta identificación de ellos permite planear y aplicar las medidas de prevención necesarias para disminuir el número de eventos catastróficos que ocurren año con año.

Ahora bien, entre las causas que han sido identificadas con mayor frecuencia, se encuentran las consecuencias después del choque entre vehículos, el impacto contra un objeto fijo o la salida del camino con motivo del exceso de velocidad con la cual son conducidos los vehículos, así como las fallas mecánicas de los mismos; en este sentido la fuga del material ya sea de los cilindros o de la pipa en la que va contenido provoca el incendio o la explosión.

En tal sentido, es evidente la necesidad de poner especial atención a las medidas de seguridad que se observan en el transporte por carretera y caminos de México, ya que la mayor parte de la distribución de gas LP en zonas urbanas se lleva a cabo en camiones y autotanques, las cuales distribuyen cilindros de distintas capacidades, además de llenar los tanques estacionarios en casas habitación, industrias y comercios, respectivamente, siendo estos prácticamente una bomba de tiempo.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados expresa de manera respetuosa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y ciudadanos de Nayarit por el sensible fallecimiento de las 14 personas que perdieron la vida tras la explosión de una pipa de doble semirremolque sobre la autopista Tepic-Guadalajara.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia, revise y en su caso, modifique los horarios para la circulación de las pipas de doble semirremolque de materiales peligrosos por las carreteras federales y zonas urbanas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA) y a la Comisión Reguladora de Energía, para que dentro de sus atribuciones garanticen la aplicación de la NOM-012- SCT-2-2014, en materia de pesos y medidas de las pipas que transportan combustibles y otros materiales peligrosos en el país.

Fuentes de consulta:

https://www.animalpolitico.com/2015/01/una-pipa-de-gas-e xplota-cerca-de-un-hospital-infantil-en-cuajimalpa/

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/Proteccion Civil/Resource/373/1/images/it_mraeig.pdf

https://www.milenio.com/estados/pipa-gas-embiste-4-vehic ulos-deja-14-calcinados-nayarit

https://www.debate.com.mx/guadalajara/Explota-pipa-en-ca rretera-de-Guadalajara-deja-un-muerto-20200520-0252.html

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar un cerco sanitario en Sinaloa, Michoacán, Yucatán y QR y, en coordinación con los respectivos gobiernos, aplicar medidas de prevención en los estados aledaños por los casos de lepra reportados ahí, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, a implantar un cerco sanitario en Sinaloa, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo, en coordinación con los gobiernos de los estados, y medidas de prevención en los estados aledaños por los casos reportados de lepra ahí.

Consideraciones

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, se han presentado casos de Mycobacterium leprae (lepra) en Sinaloa, Michoacán y Yucatán. La Secretaría de Salud federal indicó que Sinaloa es la entidad donde hay más reportes de esta enfermedad, con 15 hombres y 17 mujeres. En tanto, Michoacán se posiciona como el segundo estado con más casos, pues registra 8 hombres y 7 mujeres; Yucatán ha registrado 3 y Quintana Roo 5, con base en el informe más reciente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.1

Considerando que esta enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos,2 resulta urgente atender y evitar que se propague en los estados colindantes, puesto que podrían agravar los síntomas de coronavirus en caso de presentarse en el mismo paciente.

Por tal motivo, dadas las sugerencias de la Guía de monitoreo contra la lepra, 3 la herramienta principal para el monitoreo es un buen sistema de información, por lo que se requieren importantes cambios para captar la información necesaria en los sistemas. Asimismo, es necesario orientar los programas sobre cómo supervisar los avances e identificar problemas derivados, además de reforzar los sistemas de vigilancia y de información sanitaria (incluidos los sistemas de información geográfica) para contribuir al monitoreo y evaluación de los programas.

Por tanto, es necesario procurar las alianzas con agentes estatales y no estatales, fomentar la colaboración y las alianzas intersectoriales a nivel nacional y alertar a los estados cercanos para prevenirlos de posibles casos; además de apostar a la creación de un protocolo de acción para prever afectaciones a la salud de la población y contar con todos los elementos para la rápida actuación de las autoridades sanitarias.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, a implantar un cerco sanitario en Sinaloa, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo, en coordinacióncon los gobiernos de dichos estados, por los casos reportados de lepra.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, a implantar medidas de prevención en los estados aledaños para evitar un rebrote de lepra en otros estados del país.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, a crear un protocolo de acción para prever afectaciones a la salud de la población y contar con todos los elementos para la rápida actuación de las autoridades sanitarias, por los casos reportados de lepra.

Notas

1 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,

http://sinave.gob.mx/ (consultado el 30 de octubre de 2020).

2 Lepra, World Health Organization,

https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/leprosy#:~:text=La%20lepra%
20es%20una%20enfermedad%20infecciosa%20cr%C3%B3nica%20causada%20por%20Mycobacterium,
lepra%20es%20una%20enfermedad%20curable (consultado el 30 de octubre de 2020).

3 Estrategia Mundial para la Lepra, 2016-2020, Guía de monitoreo y evaluación,

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254907/9789290225874-sp.pdf;
jsessionid=F7618F769EA4927FA8CDB13101C51F00?sequence=11 (consultado el 30 de octubre de 2020).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a transparentar y hacer público el uso de recursos con que se ha atendido la contingencia generada por las fuertes lluvias en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Tabasco se encuentra en una llanura formada por las torrenciales lluvias y los múltiples ríos desbordados a lo largo de 50 años. El agua siempre ha corrido y seguirá corriendo por el Estado. La creciente sobrepoblación de los últimos 40 años ha permitido la deforestación en un 44% de la zona selvática y de bosques en Tabasco por la tala sin control y el cambio de uso de suelo cuando estaba en su apogeo la ganadería, de igual manera la mala planeación urbana de la Ciudad capital y de sus comunidades, tenencias y demás pueblos aledaños que cada año sufren de los embates del cambio climático por una temporada de sequía y por el otro severas inundaciones; también el tema de la corrupción y la falta de planeación e inversión a largo plazo por parte de las autoridades federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), son algunos de los factores que explican los problemas actuales de sus habitantes con el medio ambiente y que hechos como los sucedidos hace unos días ponen en entre dicho las acciones de un gobierno federal que a dos años de conducir la administración y planeación en cuanto a concurrencias federales en los estados de Tabasco y Chiapas, se han visto por mucho rebasados.

A penas hace un mes veíamos a compañeros de otros partidos promover puntos de acuerdo, porque el frente frío número 4 que se presentó a mediado del mes de octubre afecto con severas lluvias a más de 600 mil personas en 405 localidades de los 17 municipios de Tabasco.

Hoy hacemos el recuento un mes después, donde nuevamente otra torrencial lluvia afecto la zona del sur del país, y que el Gobierno Federal a través de sus funcionarios de CFE y de Conagua y a voz del propio Presidente la manejaron como atípica y que no había llovido así en los últimos 50 años, por lo anterior, el titular suspendió su gira por el estado de Nayarit y se trasladó y sobrevoló el sábado 7 al área de inundación por la Presa Peñitas en el estado de Tabasco y otras zonas del estado de Chiapas.

Así tenemos que las recientes inundaciones notablemente en Tabasco y Chiapas, le han quitado la máscara a la hipocresía y el desdén obradorista para con su propia gente. Las justificaciones que hace el Ejecutivo Federal y sus funcionarios son ya ridículas, les recuerdo que ya cumplen dos años de la conducción de esta administración, y los hechos sucedidos en nuestros estados hermanos de Tabasco y Chiapas, no fueron atendidos con prontitud y eficacia, pero sin con mucha ineficiencia, ya que se enfocaron en desazolvar sus ríos, pero no para modernizar sus presas, afectando de manera severa a la gente del sudeste mexicano.

Lo que hoy ocurre especialmente en el estado de Tabasco, que hace apenas unos días se encontraba a tres metros bajo el agua, no es en realidad culpa de las y los tabasqueños. Como hemos dicho, esto tiene causas nacionales, que incluyen destacadamente la falta de planeación adecuada de la CFE y de la Conagua, así como del Comité Nacional de Grandes Presas, ya que su decisión la cual incluía el apoyo presidencial, resulto en una gran tragedia que, a voz del presidente, señalo que si no actuaban sería aún peor. El slogan de la 4T de primero los pobres, no acaparo ni se usó para los oriundos de esas tierras, a ellos sólo se le aviso a que buscara refugios, albergues, o se trasladaran a zonas altas; no obstante, con el desfogue de agua de dicha presa se evitaron los escurrimientos de ésta. Que desafortunado aviso inundar a los más pobres. Se les debió de haber retirado para ponerlos seguros, no que arriesgaron no sólo los escasos bienes muebles e inmuebles sino con tal decisión pusieron en riesgo la vida de las y los habitantes de los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca y Jalpa de Méndez en Tabasco.

Todos los aquí presentes tenemos claro que una de las atribuciones del Señor Presidente de la República es custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a las personas, tanto en su integridad como en su patrimonio, pero en esa toma de decisión no sólo de él, sino de sus asesores de CFE y Conagua, incumplió su deber, lo que a cifras más o menos cercanas y conforme a medios de comunicación locales, se afectaron 899 comunidades, lo que ha impactado a 99 mil 573 viviendas y 302 mil 498 personas. Así la irresponsabilidad con la que se maneja este gobierno es inaudita, no sólo no tienen un plan de contención, tampoco tienen una solución para los miles de familias damnificadas, además con la reciente desaparición del Fonden, de donde se obtendrán y entregarán los recursos que ayuden a los miles de damnificados de ambas entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dentro de esta LXIV Legislatura, es que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que transparente y haga públicos el uso de recursos federales con los que ha atendido la contingencia generada por las fuertes lluvias en los estados de Tabasco y Chiapas; así también, transparente la entrega inmediata de indemnizaciones a las y los afectados que por la decisión de abrir las compuertas de la Presa Peñitas hace unos días, provocó inundaciones severas que afectaron a más de 200 mil habitantes perdiendo sus casas, bienes muebles y en algunos casos la vida por ahogamiento en los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca y Jalpa de Méndez en el Estado Tabasco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de su competencia, realice una investigación penal contra el titular del Ejecutivo federal, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la Directora General de la Comisión Nacional del Agua y a los integrantes del Comité Nacional de Grandes Presas, todos ellos por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, debido a la negligente decisión de inundar a los más pobres en los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca y Jalpa de Méndez en el Estado Tabasco, con la apertura de las compuertas de la Presa Peñitas en los pasados días.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que, en el ámbito de su competencia investiguen la probable violación de derechos humanos a las y los integrantes de las etnias chontales afectadas por la negligente toma de decisión del titular del Ejecutivo Federal, del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, de la Directora General de la Comisión Nacional del Agua y de los integrantes del Comité Nacional de Grandes Presas, de inundar a las comunidades más pobres en los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca y Jalpa de Méndez en el Estado de Tabasco, con la apertura de las compuertas de la Presa Peñitas en los pasados días.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de noviembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 31 gobiernos estatales y de la Ciudad de México a instruir a los registros civiles para actualizar y transparentar las defunciones por Covid-19, influenza y neumonía atípica, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los 31 gobernadores de los estados y la jefa del gobierno de la Ciudad de México a instruir a los registros civiles de los entidades para que actualicen y transparenten las defunciones por Covid-19, influenza, neumonía atípica, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Definitivamente, las discrepancias en las cifras reales y las registradas no son un fenómeno restringido a México. Al igual que en otras latitudes (véanse por ejemplo Ecuador o Brasil), México sólo contabiliza oficialmente las muertes por coronavirus que fueron confirmadas con pruebas de laboratorio.1 Ello que deja fuera del balance a miles de personas que fallecieron antes que se les tomara la muestra, ya sea porque llegaron muy graves al hospital o porque su empeoramiento fue acelerado.

Por tanto, hay la probabilidad de contar con cifras incorrectas o poco representativas de los casos totales de fallecimientos por coronavirus, lo que estaría vulnerando en primer lugar, el derecho a la información, ya que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública;2 y, en segundo, dada la asimetría de información3 repercutiría en la capacidad de acción del gobierno federal, pues podrían tener un diagnóstico poco claro del panorama, ya que al no contar con todos los elementos, ni dimensionar por completo la gravedad del asunto podría estar aplicando un plan de acción insuficiente.

Dado lo anterior, es preciso que los registros civiles de cada entidad federativa logren tener mecanismos eficientes para actualizar y transparentar las actas de defunción emitidas y evitar que las cifras presentadas sean utilizadas con fines políticos. En ese sentido, resulta urgente y necesario encargar la revisión de miles de defunciones sospechosas en los últimos meses para tratar de arrojar datos con basta claridad.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los 31 gobernadores de los estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México a instruir a los registros civiles de las entidades para aclarar y transparenten las defunciones por Covid-19, influenza y neumonía atípica.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal a transparentar el método de contabilización de los casos, de contagios por coronavirus (Covid-19), influenza y neumonía atípica, así como las defunciones totales por cada una de esas enfermedades.

Notas

1 Marcos González Díaz, 6 de julio de 2020, “Coronavirus en México: 5 claves de la confusión sobre cuántos muertos ha dejado el Covid-19”, en BBC News Mundo en México,

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-533034 37

2 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derecho-de-acceso-la-informaci on

3 Market Failure Guide (2017), NSW Government Guide to Cost-Benefit Analysis, TPP 17-03, Policy and Guidelines Paper.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implantar medidas que garanticen los derechos de niños y adolescentes en la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia por coronavirus ha generado un impacto negativo sin precedentes a nivel económico y social, incrementando desigualdades y agudizando carencias y condiciones adversas que ya enfrentaban diversos sectores sociales principalmente los grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes, recordemos que en México de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 30.8 por ciento del total de población, por lo que la situación sanitaria coloca a este sector poblacional como el grupo que enfrentará las condiciones sociales más adversas en los años por venir, durante el periodo de recuperación económica y social.

En este sentido es importante señalar otra problemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes es el desabasto de vacunas que previenen el sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis, tuberculosis, entre otras enfermedades, mismo que ha impactado en la atención de salud de los niños y ha agravado el cumplimiento de metas de vacunación para completar el esquema básico para bebés y niños.

De acuerdo con un estudio en seis estados del país del Observatorio Mexicano de Vacunación indica que en 2020, un millón 659 mil 421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil y no las obtuvieron. En tanto, 2 millones 688 mil 169 sí fueron vacunados. Es decir, 4 de cada 10 niños no recibió la dosis. En la mayoría de esos casos, casi 87 por ciento se debió a que no había el biológico requerido, en el resto de casos, el niño tenía fiebre o no era tiempo de aplicación. Es decir casi 9 de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización.

Otra de las consecuencias del Covid-19 en la infancia y adolescencia en México no serán causadas mayormente por la enfermedad en sí; serán más bien secuelas de las medidas necesarias para prevenir el contagio, como la restricción de movimiento, el estrés, la situación económica de las familias, factores que amenazan la protección ante la violencia y el abuso contra la niñez y adolescencia. Por ello, no cabe duda que la crisis sanitaria, social y económica originada por Covid-19 puede tener un impacto negativo en la vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en términos de incremento de incidencia de violencia doméstica, sobre todo en familias con antecedentes de maltrato o violencia intrafamiliar; sin dejar de mencionar que en casos extremos en donde el fallecimiento del padre, madre o tutor por Covid-19, más niños y niñas podrían encontrarse en situación de orfandad y expuestos a explotación y abusos.

En este sentido es importante mencionar que de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, de enero a noviembre se han registrado alrededor de 4 mil 383 llamadas al 911 por adolecentes de 12 a 17 años de edad, 57 por ciento llamadas fueron por problemas de ansiedad o depresión y 21 por ciento fue por temas de problemas familiares.

Por lo anterior, es importante señalar que datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México muestran que las llamadas de emergencia al servicio 911 por incidentes de violencia, acoso o violación sexual y por violencia de pareja o intrafamiliar sumaron 115 mil 614 desde el inicio de la contingencia en el país, un incremento de 28 en marzo en relación a enero, en donde 6 de cada 10 menores de uno a 14 años sufren violencia en su hogar, situación que se ha agravado por el confinamiento; mientras que las llamadas a refugios reportando violencia han registrado un incremento de 60 a 80 por ciento y las solicitudes de asilo en estos espacios han incrementado un 30 por ciento.

Por ello, la UNICEF difundió la publicación Protección de la niñez ante la violencia. Respuestas durante y después del Covid-19 , en la que se plantean varias medidas que el Estado debe implementar, como garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para la infancia y la adolescencia afectada por la violencia, crear alternativas de alojamiento y mecanismos de alerta y prevenir las agresiones mediante la difusión de información dirigida a cuidadores, niños, niñas y adolescentes, así como tomadores de decisión, para promover comportamientos que reduzcan riesgos y fortalezcan capacidades de prevención y de rechazo a la violencia.

En México hasta el 14 de noviembre se contaba con 98 mil 259 fallecimientos y un millón 3 mil 253 casos confirmados de Covid, de los cuales 329 muertes fueron niñas y niños; mientras que el número de infectados para la población infantil llegó casi a los 30,00 casos. Por ello es que las medidas de mitigación de la propagación de la epidemia, tales como el distanciamiento social, las medidas de higiene como el lavado de manos y la etiqueta respiratoria siguen siendo las medidas más eficaces para combatir esta enfermedad. El personal de salud y cualquier persona que tenga bajo su cuidado a niñas o niños, debe orientar sobre las medidas de higiene necesarias durante el aislamiento social, así como recomendaciones de una adecuada alimentación, desarrollo infantil, el cuidado emocional, la prevención de maltrato y accidentes en el hogar.

Por lo anterior, quien suscribe el presente punto de acuerdo, comprometida con la niñez y adolescencia mexicana, considera de suma importancia la capacitación activa, orientada y asertiva por parte del personal de los padres y/o cuidadores o aquellas personas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de brindar protección física y emocional a sus hijos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a cubrir el desabasto de vacunas e implementar campañas de vacunación entre la población infantil, con el fin de completar el esquema básico para niñas y niños, con especial atención a la primera infancia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a coordinarse con las procuradurías de protección de las 32 entidades federativas y las demás dependencias y organismos de la administración pública, para implementar acciones en favor de la niñez y adolescencia a fin de garantizarles una vida libre de violencia.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que implemente una estrategia que contemple acciones destinadas a garantizar que las niñas, niños y adolescentes no sean víctimas del contagio por el virus SARS-CoV-2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar medidas de sanidad preventivas por la posible entrada de nuevos virus, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, a no escatimar en la implantación de medidas de sanidad preventivas derivadas de la posible entrada de nuevos virus.

Consideraciones

Como demostró el esparcimiento desmedido del SARS-Cov2, el mundo no se encuentra preparado para atender una emergencia sanitaria de tal nivel. A pesar de la infraestructura hospitalaria de las naciones más desarrolladas, únicamente diez países no han presentado casos;1 sin embargo, esto no quiere decir que hayan resultado ilesos de las consecuencias que la pandemia actual ha ocasionado.

Sin duda, la falta de previsión ha derivado en estragos inimaginables. Con base en los datos proporcionados por el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center al comenzar noviembre del presente año, se registraron globalmente 46 millones 818 mil 5122 casos confirmados de SARS-Cov2, mientras que, para el caso de México la cifra registrada fue de 972 mil 785 personas contagiadas, posicionándolo en el tercer lugar de países de Latinoamérica con el mayor número de casos confirmados, después de Argentina y Colombia.3

No estamos exentos de presenciar algo similar en un futuro. Dadas las condiciones y el turbio panorama internacional, es necesario considerar que las medidas preventivas son fundamentales, si pretendemos evitar caer nuevamente en un escenario de esta naturaleza. Desde luego, debemos redoblar esfuerzos para adelantarnos al siguiente brote de una enfermedad zoonótica, pues datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que el peligro de nuevos patógenos es latente.

Los expertos alertan que otros 1.7 millones de virus actualmente “no descubiertos” viven en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850 mil podrían tener la capacidad de infectar a los seres humanos.4 Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para evitar que se propaguen alrededor del país convirtiéndose en una epidemia incontrolable, que potencie los estragos derivados de la poca previsión que se ha tenido para atender el arribo de Covid-19 a México.

Por tanto, es urgente que la Secretaría de Salud cuente con la capacidad anticipatoria y comience la implementación de medidas de sanidad provisorias en la agricultura, el comercio y el consumo de vida silvestre y productos derivados de la vida silvestre (para alimentos, medicamentos, pieles y otros productos), dado que ya han provocado enfermedades emergentes, como el SARS y el Covid-19 y podrán seguirlo haciendo de no ser atendidas con antelación.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a no escatimar en la implantación de medidas de sanidad preventivas derivadas de la posible entrada de nuevos virus en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud a implantar con el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, medidas de sanidad en todas las aduanas del territorio nacional, derivado la posible entrada de nuevos virus.

Notas

1 https://www.nacion.com/el-mundo/
paises-sin-coronavirus-registrado-en-su-territorio/3I2FS6H2HNGABAEIZKXATE4KGM/story/

2 Johns Hopkins, Coronavirus Resource Center, https://coronavirus.jhu.edu/map.html (consultado el 2 noviembre de 2020).

[1]3 Ídem.

[1]4 Laura Gil. “Unos 850 mil virus desconocidos podrían causar pandemias si no dejamos de explotar la naturaleza”, en ONU Noticias, 21 de octubre de 2020,

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483222

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

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Con motivo del 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El abuso sexual de infantes se lleva a cabo cuando una persona, en cualquier circunstancia, efectúa besos, caricias y tocamientos, o bien, los obliga a ver o escuchar cualquier tipo de comportamiento sexual, hechos que vulneran su pleno desarrollo e integridad física, emocional y psicológica.1

Con objeto de hacer conciencia de sus repercusiones, el 6 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaró el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.2

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 50 por ciento de los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes son contra su integridad física directa, sin embargo, al analizar por sexo, son las mujeres quienes en mayor proporción son víctimas de abuso sexual, amenazas y violación.3

Estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que cada año al menos 5.4 millones de menores en México son víctimas de abuso sexual. En 60 por ciento de esos casos, el agresor es un individuo cercano a la familia.4

Hace unos días, organizaciones de la sociedad civil como Aldeas Infantiles SOS5 dieron a conocer que ocupamos el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo por parte de familiares y gente cercana a su entorno, peor aún, que muchos delitos no se denuncian ya que los niños se quedan callados por temor, culpa o miedo.

Lamentablemente este panorama se ha agravado durante la crisis de salud pública por el Covid-19 afectando particularmente a mujeres, niñas y adolescentes, quienes ven violadas sus libertades, sin el apoyo y protección de las autoridades federales.

Para contar con una idea general, el coordinador de Protección Infantil de Aldeas Infantiles informó que desde el mes de marzo se han recibido por lo menos 115 mil llamadas de emergencia, de las cuales, una parte muy importante corresponden a sucesos de violación, acoso sexual y violencia contra niñas y niños.

Estos acontecimientos son clara trasgresión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 47 indica que las autoridades prevendrán, atenderán y sancionarán ilícitos como la trata de personas menores de 18 años, el abuso sexual infantil y la explotación sexual.6

Sirva esta efeméride para hacer un llamado enérgico a fortalecer las acciones que tengan como finalidad visibilizar, prevenir y sancionar toda acción que trasgreda los derechos humanos y libertades de niñas y niños, pero también promueva mayor coordinación de los órdenes de gobierno e iniciativas pública, priva y social para procurar el interés superior de la niñez.

La garantía del derecho a una vida libre de violencia debe ser motivo suficiente para fortalecer los programas encaminados a hacer una realidad los preceptos de la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados internacionales de los que México forma parte, los cuales en su conjunto establecen un marco jurídico integral de atención jurídica e institucional a niñas y niños.

Estos delitos deben ser investigados de manera integral y sancionados ejemplarmente para asegurar a la víctima de cualquier edad y más tratándose de un menor acceso a la justicia, al debido proceso y a la reparación integral del daño, pero también derecho a la verdad para ellos y sus familias.

Promover la cultura de la denuncia es crucial, así como acrecentar las medidas de información para identificar con oportunidad detonantes de violación o señales de alerta para detectarlos y los medios para denunciarlos.

El abuso sexual infantil puede darse en cualquier lugar y momento, por tal motivo tenemos que generar capacidades para inhibirlo, no solo por las consecuencias físicas, psicológicas y sociales en las que deriva, sino también por los riesgos que presenta a padecer enfermedades, embarazos no deseados y trastornos psicológicos, entre otros.

El 19 de noviembre es una fecha importante en nuestro país, ya que, nos recuerda que existen áreas de oportunidad para concretar un clima adecuado para el efectivo ejercicio de los derechos humanos para las niñas y niños, pero particularmente, que el abuso sexual infantil es una realidad el cual nos debe comprometer a trabajar para resarcirlo.

Notas

1 Sistema Nacional DIF (2017). ¿Sabes qué es el abuso sexual a niñas y niños?, 17 de noviembre de 2020, de gobierno de la república. Sitio web: https://www.gob.mx/difnacional/articulos/sabes-que-es-el-abuso-sexual-a -ninas-y-ninos?idiom=es#:~:text=Las%20formas%20m%C3%A1s%20comunes%20en, fotos%20y%20exhibir%20o%20tocar

2 Presidencia de la República (2016). Decreto por el que se declara el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, 17 de noviembre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436163&fecha=06/05/ 2016

3 UNICEF (2019). Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, 17 de noviembre de 2020. Sitio web: https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadist ico.pdf

4 Blanca Valadez (2020). “México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, advierte organización”, 17 de noviembre de 2020, en Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-ocupa-abuso-sexual-in fantil-organizacion

5 El Universal (2020). “México, el primer lugar mundial en abuso sexual infantil”, 17 de noviembre de 2020. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-el-primer-l ugar-mundial-en-abuso-sexual-infantil

6 Congreso de la Unión (última reforma DOF: 17 de octubre de 2019). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 17 de noviembre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_17101 9.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)