Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la escalada de feminicidios en Michoacán en 2020, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada federal de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La primera solicitud para que se declarara la “Alerta de Violencia de Género” por violencia feminicida en el estado de Michoacán la solicitó el grupo Humanas Sin Violencia, A. C., el 17 de diciembre de 2014, debido al aumento de violencia contra las mujeres en varios municipios de este estado.

Después de formarse los debidos grupos de trabajo y hecha la investigación, el dictamen recomendó que se hiciera la declaratoria de procedencia debido a los múltiples casos registrados de violencia en la entidad.

Fue el 27 de junio de 2016 cuando se declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 14 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.

Para noviembre de 2017, se reportaron 140 mujeres asesinadas aun y cuando se implementó la alerta. En esta fecha se dio el primer informe del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género, en donde declararon que la violencia estructural continúa impregnada en las raíces del desarrollo social de la entidad. Informan que el 92%1 de los casos se lleva a cabo en el hogar.

Las agrupaciones civiles exigían al gobierno mayor presupuesto para los mecanismos de prevención y atención. Una alerta de Violencia de Género necesita apoyo económico para funcionar. “Queremos que le pongan número y dinero” señala Circe López Riofrío de Humanas sin Violencia, A. C. Los mismos ediles2 de los 14 ayuntamientos declararon que no se destinaron recursos para ello.

A pesar de haber sido un compromiso del gobierno estatal, hay una obligación de los tres niveles de gobierno para coordinar las acciones para acabar con la violencia de género.

Sabemos que Michoacán es un estado con alto nivel de violencia de género y feminicidios. Solo de 2013 a 2015 se registraron 1,400 asesinatos de mujeres3 de los cuales 750 se tipificaron como feminicidios.

En 2016, cuando 14 municipios emitieron alerta de género por el alto índice de feminicidios, el estado se convirtió en uno de los cinco estados con mayor cantidad de municipios con alerta de género.

En 2017, los delitos principales de víctimas mujeres se distribuyeron de la siguiente manera: lesiones dolosas, 80.1%; lesiones culposas, 8.4%; homicidio culposo, 4.6%, y homicidio doloso, 2.9%. Para el delito de feminicidio se registró el 0.4% de las víctimas.

En 2018 se registraron 184 homicidios dolosos de mujeres. En febrero de 2019 Michoacán registró una tasa acumulada de 10.63 casos de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, un incremento de 143% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que indicó que las estrategias gubernamentales no habían funcionado.

A pesar de las estrategias y programas que se implementaron en diciembre de 2019 encontramos que Michoacán sigue resaltando a nivel nacional e internacional por la constante violencia de la que las mujeres siguen siendo víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán4, contabiliza 150 mujeres asesinadas en la entidad en 2019.

Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que al término del 2019, fueron diez las personas que tuvieron una sentencia condenatoria por feminicidio, y dos personas aceptaron un procedimiento abreviado. La FGE reportó solamente un total de 12 carpetas integradas por el delito de feminicidio.

Para el 25 de octubre de 2020 ya han sido ultimadas 177 mujeres en esta entidad federativa. Solo 14 de estos casos son contabilizados como feminicidios y se han activado 282 Alertas Alba para la localización de mujeres desaparecidas.

En el Poder Judicial (PJ) solo se han emitido 21 sentencias a los responsables según datos de la FGE y del mismo PJ, por lo que estaríamos hablando de una efectividad de la justicia de tan sólo 12,7 por ciento en asesinatos de mujeres, o un porcentaje menor, ya que algunos de los sentenciados eran delitos de años anteriores.

Con estas cifras Michoacán se convierte en el segundo estado con más incremento de feminicidios en comparación al 2019, con una tasa de 131.8 por ciento, según información de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hay que resaltar que durante septiembre y octubre de 2020 se reportó el mayor número de casos que conmovieron y aterraron a la sociedad y a las autoridades michoacanas.

Uno de los casos más sonados es el de la desaparición el 21 de septiembre de la educadora Jessica González de 21 años en Morelia encontrada muerta cinco días después en un fraccionamiento al sur de la capital y que continúa sin ser esclarecido.

El mismo gobierno del estado, el 6 de marzo del 2020, en voz del gobernador Silvano Aureoles Conejo, reconoció que “es una realidad inadmisible el ataque continuo y permanente que viven las mujeres desde todos los ámbitos” por lo que refrendó su compromiso de Cero Tolerancia a la violencia contra las niñas y mujeres,

En resumen, en Michoacán del 2016 al 2019 se registraron 155 homicidios de mujeres anuales en promedio. Hoy, en el 2020 y faltando todavía dos meses para concluir el 2020, llegamos ya casi a 180. Es por lo anterior, que someto a la consideración de este pleno, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, como sigue:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal, Silvano Albores Conejo del estado de Michoacán de Ocampo, a garantizar el Derecho a la Seguridad de las Niñas, Adolescentes y Mujeres de la entidad y a emprender las acciones pertinentes para frenar la escalada de los hechos de violencia contra ellas en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Michoacán de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo para que garantice que el presupuesto asignado a Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incluyendo el de la Alerta de Violencia de Género, sea ejercido debidamente para detener el incremento de feminicidios ocurridos en 2020.

Notas:

[1] Adrián López Solís, secretario de gobierno de Michoacán

2 https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/vigente-la-violencia-contra -las-mujeres-en-michoacan

3 https://www.mimorelia.com/seguimiento-y-solucion-a-la-violencia-de-gene ro-en-michoacan/

4 https://revolucion.news/suman-150-mujeres-asesinadas-michoacan-2019/

Dado en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de noviembre del 2020.

Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, a emitir una disculpa pública por las declaraciones sobre el homicidio de Israel Vázquez Rangel y adoptar con el gremio del periodismo municipal medidas que permitan ejercerlo en condiciones de seguridad, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, emita una disculpa pública por las declaraciones que realizó sobre el homicidio de Israel Vázquez Rangel, así como para que adopte, en conjunto con el gremio periodístico del municipio, medidas que permitan el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, para que inicie la investigación del caso y en su momento emita la recomendación que en derecho proceda; conforme a los siguientes:

Antecedentes

El 9 de noviembre de 2020, en Salamanca, Guanajuato, Israel Vázquez Rangel, reportero del periódico digital El Salmantino, fue atacado a balazos cuando realizaba la cobertura del hallazgo de restos humanos en el boulevard Villa Salamanca, de la colonia Villa Salamanca 400.

De acuerdo con los medios de comunicación que informaron el suceso, Israel fue trasladado de emergencia a un hospital local, en estado crítico, al presentar diversos impactos de arma de fuego.1

Asimismo, los medios informativos reflejaron en sus notas periodísticas que Israel había llegado hasta la escena a bordo de un vehículo con el logotipo de El Salmantino, para difundir a través de las redes sociales, la localización de bolsas negras con restos humanos en la cinta asfáltica del boulevard Villa Salamanca.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron al hospital en estado crítico y fue ingresado a quirófano, pero desgraciadamente falleció durante la cirugía.

Los sujetos que agredieron al periodista de El Salmantino aún no se han identificado y el medio de comunicación digital condenó enérgicamente el homicidio, exigiendo una investigación expedita sobre los hechos.

“La familia de El Salmantino lamenta la sensible pérdida de nuestro amigo y compañero Israel Vázquez. Nos hacemos solidarios al dolor que apena a su familia en este momento tan difícil”, publicó el informativo en sus redes sociales.

Por su parte, mediante comunicado de prensa número FGE/615/2020, de fecha 9 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del comunicador y condenó los hechos y asignó un equipo especial de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional.

La alcaldesa no asume su responsabilidad y viola derechos de la víctima

En conferencia de prensa, María Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal de Salamanca, al día siguiente, atendió diversos reclamos de familiares, amigos y periodistas que le increparon la falta de cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento para proporcionar seguridad a toda la población y a los periodistas que cubren el diario acontecer de Salamanca.

Pero la respuesta de la presidenta municipal sorprendió a propios y a extraños, pues deslizó la responsabilidad del homicidio al propio Israel Vázquez Rangel, revictimizando arteramente al periodista que perdió la vida por estar haciendo su trabajo y garantizando el acceso a la información de toda la población del municipio.

La alcaldesa, ante la demanda de garantías y seguridad para el gremio periodístico, dijo textualmente, lo siguiente: “La verdad es que, miren. Ir a las seis, cinco y media de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos todos que es tan peligroso...”2 .

Evidentemente, las decenas de periodistas que estaban presentes en la conferencia de prensa reclamaron airadamente a la presidenta municipal tal aseveración, pues no solo trató de deslindarse de la responsabilidad que tienen las autoridades municipales encabezadas por ella misma, sino que con el afán de lograr eximirse de culpa o responsabilidad, acusó a la propia víctima de haber actuado de forma que propició que la asesinaran, lo que constituye un caso claro de violación de derechos de las víctimas.

En específico, la presidenta municipal violó los siguientes principios, que se encuentran reconocidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que rigen la aplicación de esa ley y las disposiciones que de ella derivan y que son obligatorias para todas las personas y todos los servidores públicos del país, sin distinguir orden de gobierno o esfera de competencia:

“Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos”

Es evidente que, cuando la presidenta municipal de Salamanca acusa a una víctima de homicidio, de haber propiciado su asesinato por haber acudido a un lugar “peligroso”, está violando flagrantemente estos principios que rigen la atención de las víctimas, lo que constituye, en sí, una violación a sus derechos humanos.

Pero, además, con sus declaraciones, la alcaldesa de Salamanca violó una serie de derechos que tienen las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, reconocidos en el artículo 7, fracciones V y VII, de la Ley General de Víctimas, como los siguientes:

“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. a IV. ...

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

VI. ...

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII a XXI. ...

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XXIII a XXXVII. ...”

Como es fácil apreciar, las declaraciones que se relatan son claras violaciones a los derechos humanos del hoy finado Israel Vázquez Rangel y de sus familiares y amigos, que vulneran el núcleo de los derechos de las víctimas que están reconocidos en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Víctimas.

Estos derechos también se encuentran reconocidos por la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, la cual, en su artículo 7, establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, los tratados y las leyes, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, los derechos señalados en la Ley General, así como los demás señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, los Tratados Internacionales, y esta Ley.”

Hay que subrayar que, al tratar de desviar la responsabilidad del homicidio a la propia víctima, la alcaldesa está también atentando en contra de los derechos a la verdad y a la memoria, que obligan a las autoridades a investigar a fondo los hechos y no desviar la atención a cuestiones circunstanciales, así como a preservar la memoria de la víctima con dignidad.

Lo que la alcaldesa parece haber pretendido fue absolver a su administración de la responsabilidad que le corresponde por fallar en el cumplimiento del derecho a la seguridad en el municipio, pues es claro que las instituciones de seguridad pública en Salamanca han fracasado en su misión, que es proteger del delito a todos los ciudadanos

Propuestas de exhorto

Por tal motivo, esta proposición plantea, en primer término, exhortar a la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, para que, asumiendo su responsabilidad sobre sus dichos y actos, admita las violaciones a derechos de las víctimas que cometió en el caso y emita una disculpa pública a Israel Vázquez Rangel, así como a sus familiares, amigos y periodistas del municipio.

Asimismo, toda vez que, como se ha expresado en la presente proposición, existe evidencia pública, transmitida en redes sociales y páginas de internet, que da cuenta de las declaraciones de la alcaldesa de Salamanca, y que ellas, como se ha argumentado, constituyen posibles violaciones a derechos humanos, es fundamental que el órgano constitucional autónomo encargado de proteger a los derechos humanos en el Estado de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, inicie una queja y, en su momento, de ser jurídicamente procedente, se emita la recomendación a la presidenta municipal, que corresponda, por lo que se propone emitir tal exhorto.

De la misma forma, tal y como lo expresaron los periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa en la que se dieron esas desafortunadas declaraciones por parte de la presidenta municipal de Salamanca, ese ayuntamiento tiene la obligación de proveer medidas de seguridad para toda la población, pero fundamentalmente a los reporteros y periodistas que garantizan el derecho a la información en el municipio, lo que no se ha cumplido por parte de la administración municipal.

Por tal motivo, se propone exhortar a la presidenta municipal de Salamanca, para que, a la brevedad posible, en el ámbito de su competencia, implemente medidas para garantizar el ejercicio del periodismo en el municipio, en condiciones de seguridad, la cuales deberán ser planeadas, acordadas e implementadas con la participación del gremio periodístico en el municipio.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta Soberanía, con los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, para que, asumiendo su responsabilidad sobre sus dichos y actos, admita las violaciones a derechos de las víctimas que cometió al hacer declaraciones en las que culpó a Israel Vázquez Rangel por su asesinato, y emita una disculpa pública a la víctima, así como a sus familiares, amigos y periodistas del municipio.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, para que, inicie la queja e investigue las declaraciones de la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, que motivan este punto de acuerdo y, en su momento, emita la recomendación que en derecho corresponda.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, para que, en el ámbito de su competencia, implemente medidas para garantizar el ejercicio del periodismo en el municipio, en condiciones de seguridad, la cuales deberán ser planeadas, acordadas e implementadas con la participación del gremio periodístico en el municipio.

Notas:

1 Balean a reportero que cubría hallazgo de restos humanos en Salamanca. El Universal. Recuperado el 09 de noviembre de 2020, en https://www.eluniversal.com.mx/estados/balean-reportero-que-cubria-hall azgo-de-restos-humanos-en-salamanca-guanajuato

2 La alcaldesa de Salamanca responsabiliza al periodista asesinado por “ir a ese lugar que sabemos que es tan peligroso”. El País. Recuperado el 13 de noviembre de 2020, en https://elpais.com/mexico/2020-11-11/la-alcaldesa-de-salamanca-responsa biliza-al-periodista-asesinado-por-ir-a-ese-lugar-que-sabemos-que-es-ta n-peligroso.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Oaxaca a actuar conforme a derecho y castigar al titular del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad por irregularidades en las auditorías practicadas, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca actué conforme a derecho y sancione al titular de la OSFE por irregularidades en las auditorías realizadas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2016 que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una necesidad debido al alto impacto social y el gran impacto al erario público de la corrupción, en los antecedentes que manejaron en el dictamen para la creación de este Sistema se mencionan temas como:

- El combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas y los municipios.

- Establecer bases mínimas de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, faltas administrativas, así como de fiscalización y control de recursos públicos.

- Establecer políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.

- Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, el combate a la corrupción, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos.

- Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

- Establecer las bases mínimas de funcionamiento del Registro de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, de intereses y fiscal del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación de responsabilidades en aquellos casos en que se detecten anomalías.

- Distribuir competencias en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos y particulares vinculados en faltas administrativas graves.

- Señala que las faltas administrativas constituirán Hechos de Corrupción cuando el resultado de la conducta o las conductas que generen responsabilidad.

- Constituya violaciones sistemáticas a esta Ley o las disposiciones jurídicas.

- Constituya violaciones a los Derechos Humanos.

- Incumpla con cualquiera de las obligaciones inherentes a su cargo.

- De manera deliberada impida, entorpezca o demore el proceso de formulación y ejecución de los planes y programas correspondientes a su competencia.

- Motive o tolere que los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad, incumplan con las obligaciones inherentes a su función.

- Incluye falta administrativa grave, de servidores públicos y las personas físicas y morales que por sus acciones u omisiones incurran.

- Se reúna, trate o acuerde con representantes de intereses privados, la presentación, desahogo, desechamiento o aprobación de instrumentos legislativos, obteniendo un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o falte a su obligación de reportar dichas reuniones o encuentros.

- También señala que la verificación y la auditoría son los procedimientos mediante los que los órganos Internos de Control ejercen sus facultades de supervisión, control y evaluación de los entes fiscalizados; y ambos procedimientos pueden iniciarse de manera oficiosa o por queja y denuncia.

- Dispone que las resoluciones y acuerdos de la Secretaría o de los órganos internos de control durante el procedimiento constarán por escrito y las sanciones impuestas se asentarán en el Registro Nacional.

- Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, solicitudes y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales.

Estos argumentos solo son algunos de todos argumentos que se plantearon en la LXIII Legislatura en el Senado de la República cuando se emitió el dictamen que conforma el Sistema Nacional Anticorrupción, debido a la situación que se vivió muchos años en torno a gobiernos pasado que se aprovecharon de todos los huecos políticos para enriquecerse a costa del erario público, beneficiando a amigos y familiares con contratos millonarios por parte de las dependencias públicas, o el desvió de recursos para apoyo a campañas electorales del partido de conveniencia de cada servidor público.

México tiene una historia no grata que viene arrastrando a lo largo de su historia de corrupción, principalmente este ambiente fue creado por los gobiernos en curso, nuestro país en el Índice de Percepciones sobre Corrupción en 2015 obtuvo un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, donde cero significa “altamente corrupto” y cien “muy limpio”, además de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) informó que dentro de los países con mayor número de corrupción, México era el país más corrupto dentro de sus países miembro y que ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional.

Para 2017 Transparencia internacional pone a México en el lugar 135 con 29 puntos.

Para 2018 Transparencia Internacional pone a México en el lugar 138 con 28 puntos, que es como termina el país con el Gobierno de Peña Nieto.

Para 2019 Transparencia Internacional informó que México tiene una tendencia a la baja en corrupción al presentar 29 puntos y colocarse en el lugar número 100, que es cuando se cumple el primer año de gobierno de la 4° Trasformación.

En la siguiente imagen se aprecia de mejor manera el avance que ha tenido México con la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, la imagen que da el país a nivel internacional:

Como podemos observar del año 2014 al 2015 hubo una caída de cuatro puntos, lo que implico más corrupción en el lapso de un año, y poco a poco fue bajando perdiendo un punto cada año hasta 2018, con el cambio de gobierno para 2019 se recupera un punto, esta escala presenta a México en el panorama internacional, sin embargo, a nivel nacional entre las Demarcaciones que constituyen nuestro país también existen niveles de corrupción entre los gobiernos Estatales.

Podemos observar en la siguiente imagen, el grado de corrupción de cada uno de ellos, conforme cifras que presentó el Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental para 2017, en donde 0.01 es la peor calificación para la CDMX en corrupción institucional. 1.7 puntos tiene Oaxaca en el ámbito de corrupción de proximidad:

Para el primer trimestre de 2019 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pone a Oaxaca como el estado con menor transparencia en el uso de recursos públicos asignados por la Federación, como podemos observar, Oaxaca se presenta como uno de los estados con mayor corrupción y falta de transparencia por parte del Gobierno Estatal.

Lo anterior se puede observar con el actuar del Gobierno del Estado de Oaxaca en donde se presentan violaciones a la ley por desvío de recursos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, actos de corrupción por parte de las dependencias del Gobierno hechos que se han dado en las Secretarias de salud, Turismo, Economía, Administración, de Caminos y Autopistas de Oaxaca incluso del Registro Civil y de los Colegios de bachilleres de Oaxaca.

Aunque ahora el tema es más delicado ya que ahora quien se encontraron irregularidades en auditorias fiscales en el estado es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la dependencia que está encargada directamente de la fiscalización de los recursos del Estado, y tiene como misión y visión las siguientes:

“Misión

Ser garante de la transparencia y rendición de cuentas, en estricto apego al marco jurídico aplicable, en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

Visión

Crear dentro de un ambiente de control, la adecuada aplicación del gasto público con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el logro de metas y objetivos.”

Además de que este Órgano cuenta con un Código de Ética que tiene por objetivo:

“Orientar y regular la actuación de los servidores públicos del OSFE, los auditores de despachos externos o profesionales independientes, a fin de que asuman los principios éticos que rigen la función pública de la Institución.”

También un Código de Conducta que establece como objetivo:

“El presente Código establece conductas de observancia obligatoria para los servidores públicos del OSFE, los auditores de los despachos externos o profesionales independientes, las cuales tienen como propósito:

I. Promover un ambiente de trabajo armonioso, profesional y basado en el respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad, las preferencias y la igualdad entre géneros.

II. Infundir en los servidores públicos del OSFE, los auditores de los despachos externos o profesionales independientes de que su conducta, dentro y fuera del lugar de trabajo, y aun cuando no se relacione con sus actividades oficiales, incide en la imagen y en el prestigio que la sociedad oaxaqueña tiene del OSFE. III. Resguardar la confianza que la sociedad y los entes gubernamentales han depositado en el OSFE.”

A pesar de lo anterior este órgano presento anomalías dentro del trabajo que hace, dentro de las irregularidades que se encontraron por ejemplo hay procedimientos de auditoria llevados a cabo por el órgano fiscalizador que no son congruentes con los datos presentados en las cédulas de trabajo, esta y otras alteraciones encontraron los miembros de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) de la 64 Legislativa del Congreso Estatal; en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca en el artículo 79 se da a conocer la forma del nombramiento del titular, así como su remoción, a saber:

“Ley de Fiscalización Superior Y Rendición De Cuentas Para El Estado De Oaxaca

Artículo 79.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca durará en el encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez y, en su caso, será removido por el Congreso del Estado por las causas graves a que se refiere esta Ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Si esta situación se presenta estando en receso el Congreso del Estado, la Diputación Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción.”

El titular responsable de la OSFE es Guillermo Megchú Velázquez por lo que es el responsable del mal manejo de la información que crea este Órgano es directamente el, queda claro que el titular actuó mal para alterar los documentos que generan las auditorías a su cargo, por lo que el Congreso del Estado de Oaxaca debe actuar conforme a derecho y no buscar una salida alterna a este conflicto como algunos Diputados locales plantean, esto no debe ocurrir ya que hay que recordar que uno de los ejes centrales del actual Gobierno Federal es el de terminar con cualquier acto de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de Oaxaca a que actué con imparcialidad y bajo las leyes correspondientes a la normatividad que rige al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se sancionado a los involucrados en el mal manejo de la información generada por esta Dependencia de gran importancia para la transparencia e información pública de los recursos del erario público.

Bibliografía

- Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda; que Contiene Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- Índice de Percepción de la Corrupción

- Página Oficial de la OSFE

- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca

- Código de Ética de la OSFE

- Código de Conducta de la OSFE

- México, el más corrupto entra los países de la OCDE: Transparencia Internacional (Infobae, 29 de enero de 2019)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Conavim a establecer acciones conjuntas para evaluar el desempeño de los conductores de programas de Once Tv, del IPN, respecto a sus posturas, acciones, comentarios y conducción con perspectiva de género y pleno respeto de las mujeres, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a establecer acciones conjuntas orientadas a realizar una evaluación sobre el desempeño de los conductores de programas del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional con respecto a sus posturas, acciones, comentarios y conducción con perspectiva de género y pleno respeto a las mujeres. Asimismo, se exhorta a las autoridades del Canal Once y a Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a revisar el contenido de los contratos y su aplicación en cuanto a que se mantengan condiciones que garanticen ambientes laborales libres de violencia contra las mujeres , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La lucha por un México más justo no ha sido fácil y abarca una gran cantidad de temas entre los que destaca la agenda pública por lograr una sociedad más igualitaria en cuanto a las oportunidades y beneficios a que acceden hombres y mujeres. En este sentido, en el sector público, en el sector privado, en la academia, en los distintos ámbitos laborales y en todos los espacios de poder público se han impulsado cambios y acciones orientadas a desarraigar el machismo dentro de nuestra sociedad.

Consecuentemente, se han impulsado diversas modificaciones legales para que las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades para participar en política, trabajar, desarrollarse profesionalmente o simplemente coexistir en un ambiente de respeto que permita al ser humano realizarse, expresarse y contribuir a la sociedad independientemente de si son mujeres u hombres.

En esta tesitura, algunos actores sociales muestran resistencias a los cambios que implican la presencia de mujeres capaces y talentosas en sus espacios laborales o profesionales. Por ello, entre los cambios legales que se han impulsado, se ha definido jurídicamente conceptos como la violencia laboral por motivos de género en textos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 11 establece lo siguiente:

“Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.”

A pesar de estos esfuerzos no se ha podido erradicar de la vida pública las acciones de hombres cuyas reacciones ante percibir amenazada su masculinidad, cuando comparten responsabilidades públicas con mujeres, se orientan a bloquear el desempeño de las mujeres.

En fechas recientes, información publicada en redes sociales planteó la posibilidad de que exista un caso de esta naturaleza en una de las señales de televisión pública del país. Ello, posiblemente sucedió en el Canal Once, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, cuando una de sus conductoras denunció en redes sociales que su compañero de conducción, a pesar de tener el mismo rango y jerarquía contractual para la desarrollar del programa, había adquirido actitudes orientadas a nulificarla.

El caso mencionado fue dado a conocer por la conductora Sabina Berman en la red social Twitter al expresar una serie de circunstancias que venía experimentando por parte de su compañero de conducción. Ello, a raíz de una serie de mensajes intercambiados entre su compañero de programa y un usuario de redes sociales en el que se buscó humillar, intimidar y descalificar el trabajo realizado por la ciudadana Berman, entre otras cosas, acusándola en la red social de pretender sabotear el programa1 y tachándola públicamente como “oportunista”, sugiriendo que no se le contratase en el futuro para participar como coconductora.2

Entre los problemas que denunció la ciudadana Berman está una posible violación de contrato por parte de su compañero con respecto a su rol en el programa; censura y diversas acciones orientadas a desplazarla o limitar su participación en el programa. Ello, posiblemente en contubernio con la producción del programa.

Sin lugar a dudas, la denuncia pública que realizó la ciudadana Berman debería ser del interés de toda la sociedad para corroborar sus dichos y establecer medidas orientadas a su protección. Sin embargo, al ser el Canal Once propiedad del Instituto Politécnico Nacional y consecuentemente una instancia del poder público, la urgencia por establecer esquemas de protección a las mujeres adquiere otra dimensión y la necesidad de acelerar las acciones orientadas a comprobar y, en su caso, resarcir el daño que se hubiese causado a la fama pública de la ciudadana Berman.

Derivado de todo lo anterior, la presente propuesta plantea exhortar al Canal Once y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a llevar a cabo acciones conjuntas para revisar la denuncia pública implícita en las declaraciones de redes sociales de la ciudadana Berman, estableciendo las acciones conducentes a resarcir los derechos que se le hubiesen vulnerado.

Asimismo, se plantea que se revise la situación de los contratos que mantiene el Canal Once con su personal para asegurar que se mantengan condiciones que garanticen ambientes laborales libres de violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a establecer acciones conjuntas orientadas a realizar una evaluación sobre el desempeño de los conductores de programas del Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, con respecto a sus posturas, acciones, comentarios y conducción con perspectiva de género y pleno respeto a las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la dirección del Canal Once y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a revisar y, en su caso, modificar el contenido de los contratos y su aplicación en cuanto a que se mantengan condiciones que garanticen ambientes laborales libres de violencia contra las mujeres.

Notas

1 “La noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa”, John M Ackerman, en tuit del 8 de noviembre de 2020 emitido a las 10:05 am disponible en
https://twitter.com/JohnMAckerman/status/1325469513580687360?s=08

2 https://twitter.com/JohnMAckerman/status/1325588126782402560?s=08

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de noviembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a revisar a profundidad y mejorar por la Conagua el sistema de trámites electrónicos conagu@-digital, liberados sin que estuviese del todo habilitado ni cubrir al menos 80 por ciento de los trámites previstos en los acuerdos administrativos correspondientes, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal por el distrito X del estado de Puebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un país que se considera una democracia representativa es imperante escuchar a todas las voces de la sociedad. Quienes trabajamos día con día en la búsqueda del bien común, sabemos de la necesidad que existe de apoyar no solamente a aquellos sectores de la sociedad que organizados claman sus legítimos intereses y derechos sino además a quienes son más vulnerables y que en la mayoría de los casos no se les brinda la atención que requieren.

Los usuarios de la Comisión Nacional del Agua no son únicamente las empresas grandes que todos conocemos, son también personas de escasos recursos que necesitan instrumentos sencillos para poder tener acceso a los derechos que son consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales, como lo es el derecho humano al agua.

Son usuarios de la Comisión Nacional del Agua, las empresas que solicitan concesiones de agua para poder maquilar productos, son agricultores que necesitan el vital líquido para llevar productos a nuestras mesas, son ganaderos que necesitan de pozos para poder darle agua a sus animales, son mexicanos de a pie que necesitan de pozos domésticos o norias para poder realizar las funciones esenciales del hogar o simplemente para acceder al agua potable.

Por ello, como promovente de los presentes puntos de acuerdo, propongo exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la directora general de la Comisión Nacional del Agua que es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat se analicen las herramientas y se vigile a los funcionarios públicos que atienden los trámites de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes a efecto de que no dejen de atender los asuntos más vitales y trámites con mayor antigüedad, en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Lo anterior, puesto que con esta nueva manera de hacer gobierno por parte de los que conformamos esta Cuarta Transformación, democrática, pacífica y dentro del marco normativo, es que valoro firmemente que es el momento oportuno para que la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua revise e incorporé nuevos métodos o, abandone los que no funcionan, para cuidar y fomentar los beneficios para las y los mexicanos.

Si realmente queremos un cambio y una transformación social, debemos ser conscientes de los nuevos retos y desafíos que tenemos como mexicanos para sacar adelante a nuestro país, por ello, estimo como prioritario una mejora integral, que permita la mejor atención a los mexicanos, facilitándoles las herramientas y sobre todo tomar en cuenta los alcances y recursos de cada población.

El desarrollo del campo, de las industrias y de los mexicanos es también el desarrollo de México.

El 1 de octubre del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5539572&fecha=01/10/2018).

Por lo expuesto, en el Partido Encuentro Social reiteramos nuestro compromiso por el impulso de una mejor actuación de la Comisión General Nacional del Agua, con las siguientes precisiones:

1. La actual situación económica derivada de los efectos de la pandemia ocasionada por el SARS-Cov2 ha afectado profundamente diversos sectores y actividades.

2. En el caso particular de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, estos han manifestado que se han visto afectados por la falta de atención y el rezago en la atención de sus trámites por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo que les impide seguir realizando sus actividades y afectando seriamente su economía.

3. Asimismo, con motivo de la implementación del sistema electrónico Conagu@ Digital o Con@gua en Línea se ha agravado dicha situaciónya que para la mayoría de los usuarios no es posible ingresar sus solicitudes de trámites de manera electrónica, ya que en muchas comunidades no tienen acceso a computadoras o internet y para los que cuentan con recursos y pueden solicitarlo a través de este sistema es en vano ya que el sistema digital no está preparado para operar y ejecutar de forma correcta los tramites.

4. Que a pesar de que dicho sistema tiene más de un año de funcionamiento, presenta diversas fallas.

5. Las transmisiones de títulos de concesión, así como la concesión de aguas nacionales subterráneas para pozos domésticos y otras solicitudes no funcionan en el nuevo sistema porque al final de la carga de toda la información solicitada por la Comisiónpara poder concluir el trámite solicita la firma electrónica del solicitante, etapa en la cual presenta fallas al momento de firmarlo con la FIEL, lo que no permite enviar el trámite a las autoridades encargadas de su seguimiento.

6. No se puede garantizar el acceso al decreto de facilidades administrativas, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos para uso doméstico o público urbano cuya vigencia hubiere expirado a partir del 1 de enero de 2019, así como respecto de dichos títulos vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales, publicado el 1 de Julio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

7. Se cambió el criterio de las prórrogassin la meticulosidad y transparencia de la información, lo que perjudicó a miles de usuarios al no permitirles solicitar la prórroga de sus títulos de concesión, lo que dejó un gran número de títulos vencidos.

8. No hay indicio del funcionario que asignó un expediente al dictaminador por lo tanto no se le puede dar seguimiento y no se tiene el historial de la responsabilidad sobre el expediente, de igual manera, el sistema no permite hacer estadística, por lo que no se sabe que está pendiente de trabajar y cuáles son las tareas ya resueltas.

9. No se crea un expediente único por usuario por lo que no se puede consultar por título, sino que hay que estar generando diferentes expedientes, lo que dificulta el manejo de los trámites y su seguimiento.

10. La contabilidad en la disponibilidad está fallando en el módulo correspondiente, ya que no carga los datos debidamente, se tiene que manipular la información a través de un lay out porque “Conagu@Digital” no lo determina al no contener el total de los volúmenes concesionados o registrados como es el caso de las obras en libre alumbramiento, Distritos de Riego, Aguas salobres, pozos geotérmicos, entre otros.

11. No permite al dictaminador completar datos del título siempre tienen que ser solicitadas las actualizaciones a mesa de ayuda.

12. Si falla el proceso en algún punto no se puede deshacer nada obligando a que se repita el trabajo desde el principio y se vuelvan a capturar, generar y firmar los documentos, haciendo perder tiempo valioso a los dictaminadores y retrasando la atención de los trámites, aunado a que no permite corregir únicamente la parte incorrecta.

13. Se está conectando el sistema a cientos de IP externos comprometiendo la seguridad de la red de Conagua (se desconoce porque se conecta a sitios externos de Conagua).

14. Se ha manifestado que la empresa que diseño el sistema (Indra) no entregó completo el Código, por lo cual Conagua se encuentra imposibilitada para corregir con otros programadores en muchas de las fallas al no tener código fuente.

15. Adicional al no tener el código se desconoce si tiene programación oculta que están utilizando para fines de corrupción o para truquear y obtener información privilegiada para quienes modelaron el sistema.

16. No funciona el mapa para las zonas federales con muchos vértices, los usuarios no pueden poner los vértices exactos.

17. No permite seleccionar puntos en el mar, por lo que las descargas al mar no se pueden resolver dando como resultado conflictos y retrasos con las empresas que requieren un permiso de descarga al mar.

18. Se manifiesta que el área de sistemas ha tenido que arreglar muchos problemas que se presentaron teniendo que haberlo hecho el proveedor indicado.

19. Todo el sistema presenta fallas cuando los títulos tienen varios aprovechamientos afectando en todo sentido los tiempos de resolución.

20. No se preservan los movimientos en las bases de datos, por lo que se dificulta su búsqueda en el sistema, lo que retrasa la atención de los asuntos.

21. El nuevo sistema Conagu@ Digital para la atención de trámites solo sirve para atender lo correspondiente a concesiones de aguas nacionales, dejando fuera el registro de obras en libre alumbramiento, extracción de materiales, unidades de riego, sectores ejidales, a los copropietarios, no permite albaceas, títulos de infraestructura hidráulica, constancias, consultas, aguas salobres, pozos geotérmicos, No obstante se invirtieron más de 90 millones de pesos a la fecha no se encuentra en funcionamiento a 100 por ciento aunque se trate de aparentar que así es, lo cual se podrá corroborar porque no se ha llegado ni siquiera en un mínimo a los indicadores de atención de trámites que se tenían antes de la implementación de dicho sistema, tanto en la etapa de atención del trámite como en la de registro ante el Registro Público de Derechos de Agua.

22. No alerta de aquellos títulos que cuentan con anotaciones preventivas.

23. El sistema Conagu@Digital se liberó al público sin estar habilitado a 100 por ciento ni considerar más de 80 por ciento de los trámites y se pagó al proveedor sin haberlo concluido como es el caso de las transmisiones de derechos, reportes, hojas y sellos de registro, resoluciones y títulos incompletos conforme lo establece la propia Ley de Aguas Nacionales y la normatividad vigente aplicable.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la directora general de la Comisión Nacional del Agua

a) Se revise a profundidad y se mejore elsistema de trámites electrónicos Conagu@-Digital en virtud de que se liberó al público sin estar habilitado al cien por ciento, ni cubrir al menos 80 por ciento de los trámites previstos en los Acuerdos administrativos correspondientes;

b) Se abata el rezago existente en todas las direcciones locales; y

c) Se cree una comisión encargada de atender todas las quejas presentadas por los usuarios con el fin de tener una administración pública gubernamental sana.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación para que,en el uso de sus facultades y como responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, fiscalice el cumplimiento del contrato, ante las fallas que presenta el servicio a los usuarios del sistema electrónico Conagua en línea o conagu@-digital, se verifique el cumplimiento en los productos entregados y garantía por parte del proveedor y, en su caso se inicien los procedimientos administrativos o penales correspondientes a los funcionarios públicos que resulten responsables por las fallas que presenta el sistema electrónico conagu@-digital.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo presidencial para crear el “mecanismo interinstitucional de integración de la biodiversidad”, encargado del seguimiento de la implantación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, el Plan de Acción 2016-2030 y los acuerdos derivados de la Cop-13, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Jorge Francisco Corona Méndez e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Jorge Francisco Corona Méndez y Arturo Escobar y Vega , en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas es lograr el equilibrio entre el desarrollo económico de las naciones y el cuidado de los ecosistemas que aseguren en un futuro la existencia de todas las formas de vida del planeta y los beneficios para el bienestar de las personas.

Para vivir en armonía es necesario implementar y promover acciones, desde todos los ámbitos de gobierno, que promuevan una relación diferente entre la economía y el medio ambiente, debiendo incluir la intensificación de los esfuerzos para conservar y restaurar la diversidad biológica.

La biodiversidad, a través de la variedad de genes, especies y ecosistemas, provee servicios ambientales como el oxígeno o el ciclo hidrológico y apoyos importantes para las actividades económicas como la agricultura, la cual se beneficia de la polinización y el control de plagas, la silvicultura, la pesca o el turismo.

Los ecosistemas nos proporcionan servicios que son esenciales para nuestra sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, nos brindan alimentos, madera, fibras y principios activos para elaborar medicinas. Éstos captan el agua de lluvia que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, ríos, lagos y humedales) y artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan el bióxido de carbono de la atmósfera disminuyendo el potencial del calentamiento global; albergan a los polinizadores imprescindibles para la fertilización de las plantas.

Además, los ecosistemas nos ofrecen beneficios recreativos, culturales y espirituales (Sarukhán et al 2009).1

De conformidad con el Convenio de Diversidad Biológica, estos servicios representan entre el 50 y 90 por ciento de todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales a nivel mundial y cerca de la mitad de la población depende directamente de los recursos naturales para sus necesidades diarias de subsistencia, por lo que las consecuencias ambientales negativas les impactan de manera directa a su supervivencia.

A pesar de algunos éxitos de conservación y el interés del tema en las agendas de los gobiernos y de la sociedad en los últimos años, la biodiversidad sigue disminuyendo. De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, si se mantiene la trayectoria actual de disminución de hábitats, se pone en riesgo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A nivel internacional se han desarrollado diferentes instrumentos para contribuir al cuidado, preservación y restauración de ecosistemas, uno de ellos es el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que tiene como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos.

En 2010 las Partes del CDB adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica que se compone de una visión compartida y 20 metas conocidas como las Metas de Aichi, que promueven una acción a 10 años (2011-2020) para que todos los países trabajen en conjunto para salvar la diversidad biológica, mejorar la situación de la biodiversidad, reducir las presiones sobre ésta y aumentar los beneficios que brinda para las personas.

En este contexto, México no ha sido ajeno a esta lucha y ha firmado y ratificado importantes instrumentos internacionales, como el CDB, con el objetivo de preservar los recursos naturales y su diversidad. Cabe destacar que, por su ubicación geográfica, nuestro país es una de las naciones que concentra un gran número de especies existentes en el planeta. A este grupo se le considera como países megadiversos, ya que en ellos se encuentra alrededor del 70 por ciento de las especies conocidas.

Durante las últimas décadas el gran patrimonio biológico de nuestro país ha sido impactado significativamente por las actividades humanas,2 por lo que ha sido necesario promover cambios en las políticas públicas que ayuden a mantener y mejorar el capital natural de las y los mexicanos.

En el marco normativo de nuestro país se entiende como biodiversidad a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, según lo señala la fracción IV del artículo 3 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.3

En el año 2000, en nuestro país se publicó la primera Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y en 2016 se presentó la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (Enbiomex) con un Plan de Acción 2016-2030, el cual se formuló mediante el trabajo de más de 370 personas expertas de sectores del conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

La Enbiomex es un documento que establece las bases para impulsar, orientar, coordinar y armonizar los esfuerzos del gobierno y sociedad para la conservación, el uso sustentable y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad, la cual está alineada con las Metas de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de 14 principios rectores, 6 ejes estratégicos y 24 líneas de acción, la estrategia busca ser un mecanismo a través del cual se diseñen e implementen acciones en materia de biodiversidad en nuestro país.

Los principios establecen un marco de referencia para los actores involucrados en su implementación y son:

1. Coordinación en la colaboración efectiva entre los actores involucrados en su implementación y seguimiento para facilitar el trabajo conjunto y evitar la duplicidad de esfuerzos.

2. Corresponsabilidad en la gestión de la biodiversidad entre gobierno y sociedad de forma democrática, justa y equitativa.

3. Transversalidad en el diseño e instrumentación de todas las políticas públicas y en la toma de decisiones.

4. Participación abierta y organizada entre los diferentes sectores de la sociedad.

5. El principio precautorio ante amenazas de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica.

6. Reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural en el diseño e implementación de estrategias locales que promuevan la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.

7. Igualdad de derechos, oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres para la toma de decisiones.

8. Inclusión y no discriminación para evitar cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades.

9. Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y actores involucrados en la implementación de la Enbiomex.

10. La sustentabilidad como base para la conservación y el uso de la biodiversidad que contribuya al desarrollo, a la satisfacción de las necesidades básicas y a la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

11. La ética para promover la conciencia, la valoración y la importancia de la biodiversidad.

12. La utilización de la mejor información disponible en la toma de decisiones.

13. La justicia ambiental y social para lograr el bienestar humano en un contexto de sustentabilidad.

14. El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de la biodiversidad y sus componentes.4

La estrategia cuenta para su cumplimiento con diferentes líneas de acción, acciones y especificaciones, a las que se les debe dar seguimiento y evaluación. Como se mencionó, ésta comprende 6 ejes, que son: conocimiento, conservación y restauración, uso y manejo sustentable, atención a factores de presión, educación, comunicación y cultura ambiental e integración y gobernanza.5

Cabe destacar que en el eje estratégico 6 se menciona que se debe crear un mecanismo para el seguimiento y cumplimiento de las acciones implantadas en la Enbiomex, en el cual se debe involucrar a diferentes instancias de la administración pública federal y de los gobiernos locales, los poderes legislativo y judicial, la comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, los pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades locales y la sociedad en general.

Coordinación interinstitucional y mecanismo de seguimiento

La Enbiomex contiene acciones que involucran a diferentes instancias de la administración pública del gobierno federal y de los gobiernos locales, los poderes legislativo y judicial, la comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, así como a la sociedad en general. Esta diversidad de actores hace necesario generar mecanismos que garanticen la coordinación efectiva de las instancias involucradas. Si bien su implementación será gradual, se requiere construir acuerdos que la hagan viable y verificable. Por ser un instrumento que se basa en los compromisos adquiridos por el país como parte del CDB, tiene un carácter vinculante.

Al respecto hay que destacar la importancia de dos procesos fundamentales que facilitarán la implementación de la Enbiomex. En primera instancia está la iniciativa de las Estrategias Estatales de Biodiversidad, que desde 2002 ha impulsado la coordinación entre sectores, órdenes de gobierno, instituciones académicas y sociedad para lograr acuerdos vinculantes a nivel local para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. El segundo proceso se refiere al desarrollo de Estrategias de integración de la biodiversidad en los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico en el marco de los trabajos preparatorios y de seguimiento de la 13 Conferencia de las Partes del CBD. Estas estrategias han sido elaboradas por cada uno de los sectores a partir de la identificación de avances e instrumentos faltantes; la identificación y priorización de oportunidades y la identificación de elementos habilitadores y barreras para integrar la biodiversidad en los objetivos y políticas de cada uno de los sectores mencionados.

Con el fin de asegurar el adecuado seguimiento y coordinación interinstitucional a través del tiempo de la implementación de la Enbiomex, se propone el establecimiento de un Mecanismo Interinstitucional de Integración de la Biodiversidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Enbiomex y a los acuerdos derivados de la Decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13). Esta instancia deberá ser establecida por Acuerdo Presidencial y conformada por las instituciones federales de diversos sectores que tienen un papel central en el Plan de Acción y deberá contar con una secretaría técnica que apoye en el seguimiento y coordinación. Así mismo, deberá definir y establecer los mecanismos para la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y los poderes legislativo y judicial, así como la integración de un consejo consultivo que incluya a los distintos sectores de la sociedad.6

Como se menciona, la pertinencia de crear un mecanismo interinstitucional servirá para dar seguimiento a la agenda nacional en materia de biodiversidad, así como a lo establecido en los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.

No obstante, hasta el momento este mecanismo no ha sido creado, por lo cual se considera necesario que a la brevedad el Ejecutivo Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que permita su creación y así cumplir con lo establecido por la “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030”.

La diversidad biológica y los ecosistemas de nuestro país contribuyen al bienestar de los mexicanos y las mexicanas, por ello debemos seguir implementando esfuerzos para detener las lamentables tendencias de degradación de nuestros ecosistemas, además de seguir desarrollando los marcos normativos, las políticas públicas y mecanismos que sigan fortaleciendo su vigencia para atender la situación de manera adecuada a la realidad política, social, económica y cultural del país y que permita un mejor cuidado de nuestra biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, en ejercicio de sus funciones y facultades, emita un Acuerdo Presidencial para crear el “Mecanismo Interinstitucional de Integración de la Biodiversidad”, responsable de dar seguimiento a la implementación de la “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030” (Enbiomex) y a los acuerdos derivados de la Decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13).

Notas

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030”, primera edición, 2016. Disponible en:
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/12890.pdf

2 De acuerdo con datos de la Conabio, en el país se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales, en gran medida por cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas, industriales, introducción de especies invasoras, sobreexplotación de ecosistemas, contaminación y cambio climático.

3 Véase, “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.p df

4 [1] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030”, op. cit.

5 Ibidem

6 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a SRE, la Ssa, el Conava, el IMSS, el ISSSTE y la SHCP a gestionar la adquisición de las vacunas contra el Covid-19 y realizar el protocolo para distribuirlas y aplicarlas, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Social

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de la Cámara de Diputados los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Igual que muchas otras crisis sanitarias en la historia de la humanidad, los más vulnerables son los que más sufren. Desafortunadamente, una pandemia como la que se actual intensifica las lagunas y desigualdades existentes en los sistemas sanitarios y las carencias sociales, estas carencias no solo golpean la salud de las personas, las familias y las comunidades, también ponen en peligro la seguridad mundial y el desarrollo económico.

Los efectos del SARS-Cov2 (Covid-19) son extensos e implacables: los hospitales están sobrecargados, el desempleo se ha disparado y la vida diaria está en pausa indefinida, por todo ello, esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y puede llegar a revertir los avances que en materia de desarrollo social, se habían logrado.

En el caso de México, esta contingencia agudizó las condiciones de vulnerabilidad previamente registradas, con padecimientos como la diabetes y enfermedades cardiovasculares, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, así como el contraste y la desigualdad en el acceso a los derechos sociales, como son la salud, la alimentación, la educación y desde luego la vivienda.

Por ello y ante la propagación que de manera exponencial se está viviendo en el mundo entero por el Covid-19, México ha desplegado los recursos e instrumentos disponibles procurado no quedarse atrás con la participación de laboratorios mexicanos para la producción de una vacuna, así como la búsqueda de acuerdos bilaterales que ha pactado el gobierno con países como China, Estados Unidos y Francia.

Pese a todo esto, México es uno de los países con mayor índice de mortalidad y contagio, hasta ahora en nuestro país las nuevas cifras oficiales de la Secretaría de Salud que se dieron a conocer el 17 de agosto de 2020, indican 57 mil 203 fallecidos y más de 525 mil 733 casos positivos. Es decir, que México está entre los 10 países con más contagios de Covid-19 a nivel mundial y en el tercer puesto de personas que han fallecido, lo que representa 11.9 por ciento de letalidad.

En este contexto tan desalentador, México ha buscado tener acceso a las posibles vacunas, lo que generó que en abril de este mismo año, México impulsara en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el proyecto de resolución sobre la “Cooperación Internacional para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesario para enfrentar la pandemia de Covid-19”,una propuesta que busca evitar el acaparamiento de insumos y que el beneficio sea para todos los que lo necesiten, con una justa distribución, eficacia, seguridad, equidad y asequibilidad.1

Esta propuesta fue arropada y copatrocinada por más de 179 países, integrantes de la ONU, de tal suerte que la premisa más importante es que los países más pobres y que en consecuencia son los más afectados, son los que deben tener un acceso equitativo a los productos sanitarios y desde luego también a una vacuna, objetivos que para la ONU y los países que la integran, consideran una prioridad mundial. México incluso, aportó 1 millón de euros para contribuir en la investigación de esta vacuna.2

Tanto la cancillería como las autoridades sanitarias en México y desde que apareció el primer caso de coronavirus, el 28 de febrero de 2020, redoblaron esfuerzos por incluir al país en diversos protocolos de investigación con el fin de ser uno de los que tuvieran acceso a una eventual vacuna. Sólo para recapitular, en mayo, el gobierno anunció su participación en un bloque para promover la creación de una vacuna contra el Covid-19. “Estamos investigando con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones para participar en tres protocolos en curso, que van a entrar en la fase 1”, refirió entonces el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.3

En julio, el Secretario de Relaciones Exteriores informó que México participa en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, la Alianza Global de las Vacunas e Inmunización y la Organización Mundial de la Salud. De tal suerte que el país sumó cuatro proyectos para encontrar la vacuna contra el Covid-19. Estos proyectos son los siguientes: “El de la UNAM, del Instituto de Biotecnología; otro de Avimex-IMSS-UNAM; otro de ITESM y Universidad de Baja California, y otro de la Universidad Autónoma de Querétaro-Instituto Politécnico Nacional”, refirió Ebrard.4

La cancillería también informó que se suscribieron Memorandos de Entendimiento con las empresas Janssen Pharmaceuticals, Cansino Biologics y Walvax Biotechnology, las cuales tienen avances importantes en el desarrollo de la vacuna.5 Éstos se suman a la participación anunciada semanas antes, con la compañía francesa Sanofi-Pasteur,6 por lo que es posible que se realicen en territorio nacional ensayos clínicos de fase 3 a finales de 2020.

Afortunadamente para los ciudadanos mexicanos, el jueves 13 de agosto los gobiernos de México y Argentina con la farmacéutica Astra Zeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, informaron la suscripción de un acuerdo para producir la vacuna contra el Covid-19 que desarrolla dicha farmacéutica, la cual se espera reproduciren el primer trimestre de 2021. Esto es, que la sustancia activa se desarrollará en Argentina para después atraerla a México, donde concluirá su manufactura y posterior distribución a Latinoamérica.7

El gobierno de México también ha buscado la cooperación internacional para el acceso a las vacunas y tratamientos contra el coronavirus en América Latina y el Caribe, a través de las alianzas que ha gestionado con países europeos como Reino Unido. Así, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció el 22 julio de 2020, un préstamo a México y Latinoamérica de mil millones de dólares para apoyar el acceso de la región a la vacuna.8

Todo esto acredita que las autoridades mexicanas están en busca de contar con un acceso preferencial a la vacuna, posicionando a México y Argentina como los puntos referenciales para la producción y generar una solución para toda Latinoamérica.

Los especialistas esperan que la vacuna de Astra Zeneca, que actualmente se encuentra en fase 3 de desarrollo, tenga los mejores resultados con respecto a la capacidad de generar inmunidad, así como que esté disponible para el primer semestre de 2021 y distribuida “equitativamente” entre los países latinoamericanos cuyos Gobiernos la demanden. Entre ellos desde luego se encuentra México.

El 30 de agosto de 2020, el Congreso de la Unión aprobó la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El objetivo fue dotar al gobierno federal de instrumentos para comprar medicamentos a organismos intergubernamentales internacionales, sin licitación pública. Esta modificación permitirá enfrentar con mayor oportunidad la pandemia del Covid-19, facilitando la compra de vacunas cuando estén disponibles.

A partir de lo anterior, el siguiente reto es que el Estado mexicano actualice oportunamente los protocolos institucionales necesarios que aseguren una correcta distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, a través de un esquema público que contribuya decididamente a terminar con la pandemia.

La vacuna debe representar una prioridad, ya que su oportuna adquisición, distribución y aplicación reducirá el número de mexicanos contagiados, prevendrá fallecimientos innecesarios y aminorará los índices de ocupación hospitalaria en el sistema nacional de salud.

Ahora bien, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, coincidieron en informar el domingo 16 de agosto de 2020 que la Secretaría de Salud se encargará de definir cómo será la vacunación contra la Covid-19 en México. Hugo López-Gatell dijo: “No se debe entender el potencial acceso universal a que necesariamente se tienen que vacunar todas las personas. Se va a vacunar a personal de salud muy probablemente, personal de alto riesgo de exposición y se va a vacunar a personas mayores de 60 años, muy probablemente, que son personas con alto riesgo de complicarse”.9

En la conferencia de prensa sobre el reporte epidémico, dijo que también serán fuertes candidatos a la vacuna, personas con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión e insuficiencia renal. El funcionario explicó que el esquema de vacunación se basará en cuatro criterios de protección como

1. Contra el virus;

2. Contra la enfermedad grave de coronavirus;

3. Contra la infección; y

4. En lo que respecta a la transmisión.

También se informó que la dosis tendrá un precio estimado de 4 dólares, monto que pagará el gobierno federal con dinero público.

Fortaleciendo lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 16 de agosto de 2020 que “es muy probable que a partir de noviembre se tengan los resultados de la vacuna contra el Covid-19. De ser así, se produciría de inmediato e iniciaría una campaña de vacunación universal y gratuita”.10

Todas estas declaraciones comprometen al gobierno de México a realizar con oportunidad los trámites necesarios para adquirir la vacuna efectiva, de calidad, segura y asequible contra el Covid-19. Este punto de acuerdo exhorta a las instituciones correspondientes a informar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Seguridad Social sobre todos los procedimientos realizados para alcanzar dichos fines.

La vacuna debe representar una prioridad, ya que su oportuna adquisición no solo reducirá los mexicanos infectados y el número de muertos, sino también aminorará los índices de ocupación hospitalaria en el sistema nacional de salud.

Por todo ello y ante la crisis sanitaria que se está experimentando, es que los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, hacen un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Vacunación, el IMSS y el ISSSTE a presentar un informe puntual sobre cuáles serán los protocolos de aplicación una vez que la vacuna se encuentre lista para la distribución; es decir, ¿qué trámites han sido realizados para que México cuente con oportunidad con las vacunas?, ¿con cuántas vacunas contará México?, y ¿quiénes después del personal médico, las personas de la tercera edad, así como los que tienen una comorbilidad serán los siguientes en recibir la vacuna y cuándo?

Esto, en el entendido de que se espera una producción inicial de entre 120 y 150 millones de vacunas, tomando en cuenta que en México la población es de cerca de 130 millones de personas y que la producción de dosis es para ser distribuida en América Latina, a excepción de Brasil.

Por lo expuesto, integrantes de la Comisión de Seguridad Social sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Salud a realizar en el ámbito de sus atribuciones las gestiones y los procedimientos necesarios para que México adquiera oportunamente las vacunas contra el Covid-19 que la comunidad científica internacional o nacional desarrollen.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Vacunación, el IMSS y el ISSSTE a realizar las acciones necesarias para adquirir el número suficiente de vacunas para la población mexicana. Asimismo, se les exhorta a elaborar un protocolo para su distribución y aplicación. Éste deberá prever el orden de vacunación en el que se espera que, como prioridad, se inmunice al personal del sector salud, a los grupos vulnerables, y a toda la población de forma universal y gratuita.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar en el ámbito de sus facultades las acciones conducentes a contar con recursos suficientes que serán destinados para comprar vacunas contra el Covid-19.

Notas

1 México pide en la ONU garantizar acceso a medicinas, vacunas, pruebas e insumos requeridos para enfrentar el Covid-19, gobierno de México, en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545000/REV-_Me_xico_pide_en_la_ONU_
garantizar_acceso_a_medicinas__vacunas__pruebas_e_insumos_requeridos_para_enfrentar_COVID-19_.pdf

2 “México participa en diseño de vacuna contra el Covid-19”, asegura Ebrard, en https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-participa-en-diseno-de-vacuna -contra-covid-19-coronavirus-asegura-ebrard/

3 “México participa en diseño de vacuna contra el Covid-19”, asegura Ebrard, en https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-participa-en-diseno-de-vac una-contra-covid-19-coronavirus-asegura-ebrard/

4 “México llegará a tiempo a la vacuna contra el Covid-19”: Ebrard, en

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/21/
mexico-llegara-a-tiempo-a-la-vacuna-contra-covid-19-ebrard-8825.html

5 “Se une México a otros tres proyectos de vacuna contra el Covid-19”: Ebrard, en
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/11/
se-une-mexico-a-otros-tres-proyectos-de-vacuna-contra-covid-19-ebrard-5545.html

6 “Prevé la SRE que México participe en protocolo de vacuna”, en Reforma,
https://www.reforma.com/preve-sre-que-mexico-participe-en-protocolo-de-vacuna/gr/
ar1999228?md5=a0ec11fb2028ce6bba04a03e5d74d8e6&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=
facebook&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor

7 “Por definir, si se aplicará una o dos dosis de la vacuna contra el Covid”: Elías Ayub, en
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-definir-si-se-aplicara-una-o-dos-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-elias-ayub

8 “China prestará mil mdd a México y países latinoamericanos para vacunas contra el Covid”, en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/china-prestara-mil -mdd-mexico-y-paises-latinoamericanos-para-vacunas-covid

9 “Vacuna contra el Covid-19 será universal, pero no todos deberán recibirla”: López-Gatell, en
https://www.forbes.com.mx/noticias-vacuna-covid-19-universal-gatell/

10 “Vacuna contra el Covid-19 se pondría en 1T2021 en campaña universal y gratuita”, AMLO, en

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vacuna-contra-c ovid-19-se-pondria-en-1t2021-en-campana-universal-y-gratuita-amlo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputados: Mary Carmen Bernal Martínez, Eleuterio Arrieta Sánchez, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martínez Flores, Hildelisa González Morales, José Isabel Trejo Reyes, Carlos Pavón Campos, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Miguel Ángel Márquez González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de México a reconocer el matrimonio igualitario y la identidad de género, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3, numeral 1, fracción XX y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de México con el propósito de reconocer el matrimonio igualitario y reconocer la identidad de género , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el contexto internacional no se cuenta con una Convención Universal o una declaración especifica que proteja y garantice los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales (LGBTTTI), sin embargo, si se cuenta con marcos internacionales en las que se contemplan sus derechos.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):

Artículo 2:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...);

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación;

Artículo 16:

(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos;

• Declaración de Montreal: Derechos Humanos LGBT (2006):

1. Derechos fundamentales. La primera exigencia es salvaguardar y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, derechos que están bien establecidos y que jurídicamente no admiten discusión.

4. Participación en la sociedad

...

El hacer justicia a la cambiante realidad de la vida familiar supone también reconocer y garantizar derechos iguales a las relaciones no maritales y ampliar esa opción a todas las parejas, sin discriminación basada en el sexo, orientación sexual o identidad de género

Por eso exigimos que todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho reformen su jurisdicción familiar a fin de reflejar la creciente diversidad de la vida familiar: * Mediante la extensión del matrimonio legal a las parejas del mismo sexo, * La introducción de derechos similares de vida en común para todas las parejas no casadas. * La garantía de igual acceso a toda opción parental.

• Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2007):

PREÁMBULO

...

CONSCIENTE de que históricamente las personas han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos porque son lesbianas, homosexuales o bisexuales o se les percibe como tales, debido a su conducta sexual de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo o porque son transexuales, transgénero o intersex o se les percibe como tales, o pertenecen a grupos sociales que en algunas sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género;

...

PRINCIPIO 24. Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Es necesario aclarar que los Principios de Yogyakarta son una serie de preceptos orientadores sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Con tales principios los Estados tendrán condiciones de proponer medidas adecuadas a fin de garantizar el desarrollo de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias, para a su vez garantizarles a estos grupos de personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones.

En el caso de México, la unión civil entre parejas del mismo sexo depende de las características que cada legislación local reconoce

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha conminado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, y de esta forma avanzar en la igualdad de derechos y libertades de todas las personas; también para lograr la plena realización de todos los derechos de las personas LGBTI, y trabajar contra cualquier acto de discriminación. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal actualmente en la Ciudad de México y en algunos estados, pero no es reconocido aún a nivel federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país; sin embargo, no es un derecho constitucional, por lo que las personas interesadas deben promover juicios de amparo para poder casarse, lo que limita a las personas en ele ejercicio de sus derechos plenos

El Tribunal Constitucional determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio, no obstante la legislación de los estados no está vinculada automáticamente con este fallo que refuerza el precepto de que la discriminación sustentada en la orientación y preferencia sexual está vinculada al ámbito de la universalidad de los derechos humanos.

Las expresiones discriminatorias y de intolerancia deben impulsar en el trabajo legislativo la prohibición de la discriminación y alentar la igualdad de derechos, en tanto que son dos principios fundamentales del derecho internacional, por lo que hace a los derechos humanos. Entre los pendientes legislativos se encuentra armonizar el derecho mexicano con lo que ya determinó el máximo tribunal: no debe haber discriminación en los principios de igualdad, y que el matrimonio igualitario es un derecho.

Es un deber de las y los legisladores avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBTI en todo el país, atentos al principio de igualdad y de no discriminación establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la construcción de una sociedad más igualitaria y reforzar los derechos a la no discriminación y a la ciudadanía plena.

En el Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas tres destacadas jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, relacionadas al matrimonio entre personas del mismo sexo. En dichas jurisprudencias:

1) Se estableció que las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las heterosexuales, de tal manera que no hay justificación para su exclusión del matrimonio, situación que se ha presentado como un legado de severos prejuicios y por discriminación histórica.

2) Si bien los congresos estatales poseen libertad para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, expresados en la Constitución federal y en los tratados internacionales.

3) Es por ello que resulta inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y que debe celebrarse entre un hombre y una mujer. Más aún, “ninguna norma, decisión o práctica, tanto de autoridades como de particulares, puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”1 .

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que definir el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, vulnera el principio de igualdad, no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo personal, estableciendo lo siguiente:

“Este Alto Tribunal ha señalado que derivado del derecho fundamental a la dignidad humana se encuentran el libre desarrollo de la personalidad; es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal, así como su libre concepción sexual .

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo; ésta, indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversos precedentes que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo. Lo anterior implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas”2 .

A pesar de que distintas autoridades tanto internacionales como nacionales ha manifestado que existen normas que discriminan y violentan el principio de igualdad y no discriminación, aun existen estados que imponen a las personas normas relativas a la orientación sexual y la identidad de género mediante las costumbres.

En el Congreso del Estado de México se han presentado 4 iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario y 2 para el reconocimiento a la identidad de género, sin embargo, su estudio, análisis y votación aun está pendiente.

Aunado a lo ya expuesto, se suma la exigencia de la sociedad civil, distintas organizaciones como la red de defensores de la diversidad sexual del Estado de México, Lucha Consciente LGBTTTI, Diversidad Chalco, Fuera del Closet, entre muchas más, han dado seguimiento a estas iniciativas, han realizado mesas de trabajo, foros, debates, conferencias, recolecta de firmas, etc.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de México para que en el ámbito de sus competencias adecuen su legislación con el propósito de reconocer el matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de México para que en el ámbito de sus competencias adecuen su legislación con el propósito de reconocer la identidad de género, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

Notas

[1] Centro de Estudio Sociales y de Opinión Pública, El matrimonio Igualitario, Una Lucha Jurídico - política, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop:

2 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561626&fecha=31/05/2019 &print=true

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de noviembre de 2020

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar a la opinión pública sobre las acciones llevadas a cabo en el marco del programa Plan Salamanca entre 2019 y 2020, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral primero; 62 numeral segundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la opinión pública sobre las acciones que se han llevado a cabo en el marco del programa “Plan Salamanca” en los años 2019-2020, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La problemática ambiental del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, es compleja y añeja. En este municipio de vocación industrial, se instalaron numerosas fábricas de diferentes ramos, como la química, metal mecánica y además una refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con la llegada de estas industrias, por supuesto se generaron numerosas oportunidades de empleo para los pobladores de la región, pero al mismo tiempo, ante la falta de regulación ambiental (década de los 40’s y 50’s) es que se han llevado a cabo diversos confinamientos de residuos peligrosos en predios particulares, provocado una fuerte contaminación en el suelo y al agua, aunado a la contaminación atmosférica provocada por la combustión de derivados de los hidrocarburos que alimentan la refinería Salamanca y la termoeléctrica.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sensible al riesgo a la salud humana que representa a los habitantes del municipio de Salamanca, el contar con una ciudad en extremo contaminada, echó a andar el plan Salamanca (2016-2018) considerando llevar a cabo 32 acciones programadas, más 26 adicionales de dependencias como Pemex, Conagua, INECC, Profepa, CFE y ASEA.

El plan Salamanca es un programa de trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y municipales a favor del medio ambiente sano y sustentable de la ciudad, cuyo objetivo principal se centra en lograr que los habitantes gocen de una buena calidad del aire y del agua.

Dentro de los objetivos particulares del Plan se encuentran:

1. El Plan Salamanca busca que sus habitantes gocen de una buena calidad del aire y del agua.

2. Está encabezado por la SEMARNAT y en él participan el gobierno de Guanajuato, el Insti-tuto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

3. A través de diversas acciones conjuntas, se ha intensificado el monitoreo de emisiones y de la calidad del agua.

4. Se ha asegurado también el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas, entre ellas la gestión de la refinería de Petróleos Mexicanos.

5. Igualmente se ha avanzado en el saneamiento de predios históricamente contaminados, co-mo es el caso del sitio que ocupaba la empresa Tekchem http://bit.ly/2wChc6C.

6. Gracias al Plan Salamanca se han retirado y confinado de manera segura más de mil quini-entas toneladas de residuos peligrosos y se avanza en la remediación del suelo contaminado.

7. Para mejorar la calidad del aire en el municipio, se ha integrado un padrón de fuentes fijas de jurisdicción federal en materia atmosférica, que incluye una actualización del inventario estatal de emisiones de contaminantes.

8. Todas estas acciones se reportan de manera periódica a fin de dar certeza a los salmantinos sobre el cumplimiento de este compromiso gubernamental.

Existe un reporte de acciones comprometidas y aplicadas, dentro de la página de la SEMARNAT https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/plan-salamanca, por medio del cual se transparentaron las inversiones y algunos indicadores, destacando las actividades de las autoridades involucradas:

ACCIONES

De 32 acciones programadas

- 25 atendidas
- 6 en proceso de atención
- 1 suspendida

26 acciones adicionales

- 13 PEMEX
- 5 CONAGUA
- 2 CFE

- 2 INECC
- 3 PROFEPA
- 1 ASEA

DGCARETC

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Línea de acción: FORTALECER EL PROAIRE

Periodo programado

febrero 2016 - noviembre 2018

Periodo de atención

febrero - diciembre 2016

SITUACIÓN ACTUAL

- Se actualizó el padrón de fuentes fijas de jurisdicción federal.

- Se actualizó el inventario de emisiones.

- La DGGCARETC apoyó en la revisión del informe de resultados 2013 – 2016 que fue in-tegrado por el Instituto de ecología del gobierno de Guanajuato.

- La DGCARETC apoyó en la propuesta de actualización de 12 medidas y 69 acciones.

INECC

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Linea de Acción: IDENTIFICAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES.

Periodo Programado

Marzo 2016 – febrero 2017

Periodo de Atención

Marzo 2016 – agosto 2017

SITUACIÓN ACTUAL

- Todas las acciones están atendidas.

- Inversión del INECC en acciones programadas y acciones adicionales: 2.0 MDP.

PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Linea de Acción: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS

Periodo Programado

Febrero – noviembre 2016

Periodo de Atención

Febrero 2016 – diciembre 2017

SITUACIÓN ACTUAL

- Derivado de la actualización del padrón de fuentes fijas de jurisdicción federal se identificaron 16 empresas adicionales a las 110. La 126 fueron inspeccionadas y verificadas a través de 140 visitas.

- Se impusieron multas por un monto total de 3.0 4 MDP

- Se mantiene la clausura de dos empresas con irregularidades graves.

- Por contaminación atmosférica:Agrosolaris, S.A. de C.V.

Por contaminación por residuos peligrosos:Embobinados Salamanca, S.A. de C.V.

Procedimientos abiertos: sancionadas 26 empresas y 50 emplazadas.

ASEA

Agencia de Seguridad Energía y Ambiente

Línea de Acción: REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RE-FINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR.

Periodo Programado

marzo 2016 – diciembre 2018

Periodo de Atención

Enero – octubre 2018

SITUACIÓN ACTUAL

Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del plan de contingencias.

Atendido

Verificar y dar seguimiento a la aplicación de los programas de mantenimiento preventivo y predictivo.

Al cierre de diciembre 2017 se tuvo un avance del 100% en mantenimiento preventivo y 86% en mantenimiento predictivo.

La verificación inicia de cero cada año.

A octubre de 2018 se tiene un avance de 100% en mantenimiento preventivo y 90.07% en mantenimiento predictivo.

Verificar y dar seguimiento a la remoción de residuos en terrenos dentro de la refinería.

Al cierre de diciembre de 2017 se tuvo un avance del 98%.

Octubre 2018 se tiene un avance de 84.61% de acuerdo con programa.

Verificar el seguimiento al inicio de operaciones del proyecto de cogeneración.

Atendido

A partir del 2017 fue puesta en operación la planta de cogeneración.

Verificar y dar seguimiento al proceso de planeación de la rehabilitación de la planta de azufre TGTU

Suspendido

La unidad de mantenimiento de la refinería informa que se programó el mantenimiento de esta planta hasta septiembre del 2020.

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

Línea de Acción: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Periodo Programado

Marzo -diciembre 2016

Periodo de Atención

Marzo 2016 – octubre 2018

SITUACIÓN ACTUAL

Realizar visitas de inspección y vigilancia a empresas

En el periodo 2013 2018 se han realizado 144 visitas de inspección.

76 procedimientos administrativos resueltos.

Se han impuesto 281 multas cuyo monto total asciende a $40,087,550.00

11 suspensiones de actividades ejecutadas en empresas que no cumplen con los parámetros de descarga.

Clausura de 112 aprovechamientos de aguas nacionales de las cuales se han ejecutado 29 y cinco demoliciones ordenadas por ocupación de zonas federales.

Modificar los permisos de descargas de aguas residuales que lo ameriten.

Se analiza la información que resultó de la medición de calidad de agua de las descargas del Río Lerma para fincar condiciones particulares de descarga.

Obtener datos y evaluaciones de las plantas de tratamiento en operación.

Se caracterizó el influente y fluente de la planta de tratamiento de la refinería de Pemex transformación industrial, obteniendo un diagnóstico de su funcionamiento.

Caracterización de la contaminación.

En proceso

Iniciar el proceso de remediación del acuífero contaminado Tekchem

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Línea de Acción: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A LA SALUD

Periodo Programado

Marzo – junio 2016

Periodo de Atención

Marzo 2016 – abril 2016

SITUACIÓN ACTUAL

Los sistemas de vigilancia epidemiológica indican que han disminuido los ingresos a salas de urgencias de hospitales.

Hay mejora en los procesos y se están disminuyendo las emisiones de contaminantes.

DGGIMAR

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

Línea de Acción: REMEDIACIÓN DE TEKCHEM

Periodo Programado

Enero – diciembre 2017

Periodo de Atención

Marzo 2016 – noviembre 2018

SITUACIÓN ACTUAL

Llevar a cabo estudios de Levantamiento Topográfico

Inversión: 2,275 MDP, proporcionados por el Instituto de Ecología de Guanajuato.

Inventario de inmuebles, residuos y bienes en el sitio.

Proyecto ejecución de la demolición de la estructura no aprovechable del sitio

En proceso de aprobar el programa de remediación entregado en febrero de 2018 al Instituto de Ecología del estado de Guanajuato.

Atendido; carga, transporte y disposición final de los residuos en un confinamiento controlado autorizado: azufre a granel y residuos varios envasados.

Se continúa con el protocolo de pruebas del tratamiento de suelo conjuntamente con el gobierno del Estado desde el 2016.

En proceso la elaboración del proyecto ejecutivo para el tratamiento y disposición final de suelos contaminados y ejecutar la primera etapa.

PEMEX

Petróleos Mexicanos

Línea de Acción: PROYECTO DE COGENERACIÓN PEMEX – CFE EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR

Inversión: 87 millones de dólares.

Disminución de 1,575 toneladas por año en las emisiones de CO2.

28 de abril de 2017 entró en operación el proyecto de cogeneración.

Actualmente se tienen operando dos de 3 U del proyecto externo produciendo vapor para la refinería.

Disminución de consumo de combustóleo en 75%.

Derivado de la entrada del proyecto de cogeneración, la refinería dejó de consumir 2,400 barriles/día de combustóleo (COPE).

Operación de una planta de recuperación de azufre, inversión: 54.8 MDP.

Operación de una Unidad de recuperación de gases residuales, inversión: 54.8. MDP

Remediación, acondicionamiento y reforestación de 9 ha en terrenos dentro de la refinería.

Rehabilitación de la zona de descarga, la limpieza de drenajes aceitosos y pluviales y desasolve de las lagunas de la planta de tratamiento de efluentes, para evitar descargas fortuitas con presencia de hidrocarburos; inversión: 3.5 MDP

Se realizó la video grabación para inspeccionar el interior de la Red de drenajes de la refinería con el propósito de revisar su integridad y detectar en su caso aportaciones de aguas residuales no autorizadas; inversión: 3.0 MDP

Relación de cuatro equipos oilmop para eliminar trozos de hidrocarburo e iridiscencia; in-versión: 0.350 MDP

Puesta en operación del compresor de tornillo IGF para separación de grasas y aceites; in-versión: 0.350 MDP

Plan de acción para la protección, mejora y prevención del medio ambiente derivado del convenio PEMEX-CONAGUA; inversión:7.0 MDP.

Instalación de 10 medidores de flujo de agua de extracción para modernizar los equipos y cumplir con los lineamientos de las autoridades federales CONAGUA; inversión: 1.3 MDP.

Se rehabilitaron cinco pozos de agua de extracción en cumplimiento de la Nom-004-CN a-1996.; inversión: 5.0 MDP.

Muestreo y análisis de agua de aprovechamiento de fuentes subterráneas (pozos) y de aguas residuales; inversión: 1.1 MDP.

CFE

Comisión Federal de Electricidad

Línea de Acción: PROYECTOS DE COGENERACIÓN Y CICLO COMBINADO

Central cogeneración Salamanca.

Cuenta con una capacidad instalada de 393 MW y entró en operación en mayo de 2017, reduce las emisiones contaminantes en CO2 en 212, 325 t y beneficia a 518,000 hogares iluminados.

Inversión: 319.95 MDD

Ciclo combinado Salamanca.

La CFE se encuentra en la búsqueda de asociaciones estratégicas con diversos inversionistas a fin de desarrollar nuevos proyectos de generación de electricidad. Estos deben generar rentabilidad al Estado Mexicano.

Dado que gran parte del parque de generación no es tan rentable en el nuevo mercado eléctrico, la CFE está promoviendo tecnologías de generación más competitivas, eficientes y amigables con el medio ambiente.

Ahora bien, es un hecho que el problema persiste, pero también es un hecho que la 4T al parecer no ha retomado el Plan Salamanca y no está dentro de sus prioridades, pues del plan original marcó como meta inmediata el periodo 2016/2018, pero a dos años de la entrada del actual gobierno federal, pareciera que ya no existen problemas ambientales y de salud pública, pues el Plan está en el olvido.

Por muchos buenos deseos de que en dos años se haya podido invertir tanto presupuesto, trabajo y estudios, no quiere decir que ya de haya resuelto el problema ambiental, por mucho que la 4T crea tener la magia de acabar con los problemas, lo cierto es que existen y de-be por obligación, la SEMARNAT continuar con la implementación del plan, asignando tareas específicas a cada una de las autoridades participantes y también recursos económicos para poder implementarlas.

Ante esto, es necesario cuestionar a la autoridad ambiental el Plan Salamanca fue retomado por la SEMARNAT? o simplemente es un esfuerzo que desechó y no continuó porque no lo hicieron en la actual administración?

De no continuar con el Plan Salamanca, es obligación de esta soberanía, solicitar la justificación que la SEMARNAT tenga de no hacerlo, ya que es una tarea que se encuentra dentro de sus facultades y que de ” congelar “ el programa, comprometerá la salud de muchos mexicanos. El Municipio de Salamanca por si solo tiene una población de 273,169 habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada del Estado de Guanajuato y una Zona Metropolitana, de 847,615 habitantes (Lo que es la Segunda Zona Metropolitana más grande en el estado, según el Censo 2010), además de que se encuentra ubicada en la región conocida como “El Bajío”, donde circula el mismo aire y la misma agua, pues los recursos naturales no tienen fronteras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la opinión pública sobre las acciones que se han llevado a cabo en el marco del programa “Plan Salamanca” en los años 2019-2020, y de no tener acciones a reportar, justifique técnica y legalmente esta omisión.

Dado en el salón de sesiones, a 18 de noviembre de 2020

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a emprender acciones sobre violaciones de los derechos humanos de que están siendo víctimas los chihuahuenses por el regreso a semáforo rojo en el estado, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que, en la Constitución política del Estado de Chihuahua, señala que toda persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, celebrados por el estado mexicano.

Así también, el segundo párrafo del artículo cuarto en el estado menciona; queda prohibida toda discriminación y cualquier tipo de violencia, por acción u omisión, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Que la administración del Gobernador, Javier Corral no demostró, ni tuvo argumentos en sus acciones para detener los contagios por Covid-19, por lo que Chihuahua regreso a rojo el semáforo epidemiológico, ordenando el cierre de negocios de manera unilateral, trasgrediendo las actividades esenciales de los ciudadanos de manera autoritaria y contraria al estado de derecho de las personas.

Lo anterior, por los acontecimientos acaecidos en los últimos días, en donde se han visto vulnerados los derechos humanos de los chihuahuenses, todo esto; derivado de una administración que ha demostrado incapacidad para implementar estrategias que disminuyan el crecimiento de los casos por contagios de Covid-19.

Que, derivado de la orden del Ejecutivo estatal, del cierre de la mayoría de las actividades esenciales, como son los bancos, supermercados y mercados de alimentos el fin de semana, incito una gran desestabilidad con la población, situación que provoco pánico y aglomeraciones que generalizaron la falta de sana distancia entre la población y, con ello un posible incremento de contagios.

Que, otra situación que tomo gran relevancia fue, el abuso cometido por parte de la policía contra ciudadanos que intentaban cobrar su dinero de una sucursal bancaria, y que, sin embargo, por las restricciones a las que han sido sometidos por el gobierno de chihuahua, no lograron cobrar su quincena y que fueron arrojados y detenidos con acciones violentas de las instalaciones del banco, evitando con esto que estas personas no pudieran llevar un sustento a su familia, atentando la autoridad contra el estado de derecho.

Otro episodio acontecido, como consecuencia de las restricciones y medidas impositivas implementada por el gobernador de Chihuahua Javier Corral, dieron como resultado otro acto de abuso policial, en detrimento de los derechos humanos del joven Luis Hernández, que, al interior de su automóvil, y por no llevar puesto el cubrebocas, implicó su detención, y abuso físico, tras sufrir varios golpes en la cara, y ser amenazado por los uniformados.

Relató que tras ponérselo le pidieron que bajara del automóvil para arrestarlo y al tratar de llamar a sus familiares, lo golpearon en la cara y le rompieron los lentes. Tras la golpiza fue llevado a la comandancia donde fue arrestado, pero recibió amenazas de parte de los uniformados. Presento su queja en la Fiscalía y en Asuntos internos para que el hecho no quede impune; al día de hoy la Dirección de Seguridad Pública informó que se abrió una investigación por abuso policial.i

Que, de igual manera, el gobierno del estado restringió el transporte público y prohibió que la gente salga de sus casas después de las 7 de la noche, pero lamentablemente, ni con estas medidas que contravienen a todas luces los derechos humanos de las personas será suficiente, sabemos que Chihuahua no cuenta con un plan para fortalecer el sistema de salud, por la falta de inversión en pruebas rápidas para detección de nuevos contagios, la inversión en camas hospitalarias; solo sabemos que lo que realmente vemos en Chihuahua, la violación a los derechos humanos de sus habitantes.

El mal manejo de dicha administración estatal no solo se ha reflejado ante el brote de Covid-19, puesto que el estado presenta los niveles más altos de percepción de inseguridad y de acuerdo con la Encuesta Púbica de seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mayor de 18 años, consideró que vivir en los municipios de Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, es inseguro.ii

El limitar la libertad y movilidad, así como los abusos físicos de los ciudadanos no es la manera de frenar los contagios de Covid-19, lo único que originan estas decisiones autoritarias, colocan al estado de Chihuahua en una crisis de vulnerabilidad, al no contar con servicios y actividades económicas esenciales para los chihuahuenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente, proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, dentro del ámbito de su competencia, tome cartas en el asunto, sobre los hechos acontecidos por las violaciones a los derechos humanos de que están siendo víctimas los chihuahuenses, originados por el regreso a semáforo rojo en el estado de chihuahua.

Notas

i https://www.adn40.mx/mexico/video/videos/2020-11-11-19-19/
denuncian-abuso-policial-por-no-usar-cubrebocas-en-chihuahua

ii https://www.adn40.mx/mexico/nota/videos/2020-11-10-09-19/
chihuahua-esta-en-maxima-vulnerabilidad-por-el-autoritarismo-del-gobierno-estatal-ante-la-covid-19

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de noviembre 2020.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las instituciones y los partidos políticos con registro nacional y local a abstenerse de respaldar, refrendar, elegir o facilitar la participación en procesos internos o promover candidaturas a gobiernos estatales, diputaciones federales o locales o alcaldías de quienes hubiesen sido sancionados por la SFP o renunciado a un cargo público tras iniciarse investigaciones sobre nepotismo, peculado, desvío de recursos, abuso y acoso sexual o violencia contra las mujeres, cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los órganos directivos de instituciones y partidos políticos con registro nacional y local a que durante el actual proceso electoral se abstengan de respaldar, refrendar, elegir, facilitar la participación en procesos internos o promover candidaturas a gobiernos estatales, diputaciones federales, diputaciones locales o presidencias municipales de personas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o que hubiesen renunciado a un cargo público tras iniciarse investigaciones por la Secretaría de la Función Pública sobre posibles delitos como nepotismo, peculado, desvío de recursos, peculado, abuso sexual, acoso sexual o violencia contra las mujeres , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los problemas más arraigados y persistentes en nuestro sistema político en particular y en la sociedad en general es la impunidad, fenómeno que alienta las actitudes antisociales en las esferas pública y privada de nuestro país que ha abonado a la distorsión de la confianza entre la gente; reafirma comportamientos ligado a la corrupción; desalienta la participación ciudadana; lesiona la funcionalidad de nuestras instituciones, y posiciona actitudes de prepotencia, irresponsabilidad, negligencia y desdén por el espacio público.

Así, la impunidad ha sido uno de los elementos más importantes que posiblemente tomó en cuenta el electorado cuando determinó la integración de gobiernos y poder legislativo en el 2018 y su combate ha sido motivo de varios esfuerzos tanto desde la oposición como desde el discurso del Ejecutivo federal.

En este contexto, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública sostiene que entre 2018 y 2019 se presentaron 20 mil 504 denuncias por corrupción con lo que se incrementaron las denuncias en un 38 por ciento con respecto al periodo de 2017 a 2018;1 se lanzó un portal de denuncia ciudadana sobre la corrupción que arrojó mil 843 denuncias ciudadanas; en 2019 se realizaron mil 839 actos de fiscalización, con lo que se “concluyeron 858 auditorías: 248 de desempeño, 120 de adquisiciones, 150 específicas institucionales, 85 de programas interinstitucionales, 48 de obra pública, 48 presupuestales, 45 de recursos humanos y 114 correspondientes a otros rubros y otros actos de fiscalización. Se concluyeron también 354 auditorías externas, cuyos dictámenes financieros ya se incorporaron a la Cuenta Pública de 2018”, y se llevaron a cabo “mil 736 sanciones administrativas a mil 426 servidores públicos: 502 inhabilitaciones, 103 destituciones, 123 sanciones económicas por un total de 674.4 millones de pesos, 353 suspensiones y 655 amonestaciones públicas y privadas.2 Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos reflejados en los números, persiste el tema de la impunidad en aquellos casos que refrendan una práctica histórica de tras ser señalados o indiciados por actos de corrupción buscar resguardo en puestos de elección popular. En esos casos, los infractores no hacen otra cosa que abrir nuevas posibilidades de seguir violentando la ley y el erario público pero desde ámbitos de representación popular en alguna diputación, presidencia municipal o gubernatura, burlando el fondo de las sanciones y perpetrando la incidencia de la impunidad. Este tipo de casos se han visto en distintos sexenios y parecieran continuar en el presente, tal y como han denunciado organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), quienes han señalado en redes sociales que al menos 10 personas investigadas por distintos probables delitos mientras se desempeñaban como delegados del gobierno federal en las Entidades federativas, están siendo promovidos por distintas fuerzas políticas para lograr candidaturas a diputaciones federales, presidencias municipales, y al menos en ocho casos a gubernaturas.3

Las dinámicas descritas que potencialmente sirven de encubrimiento han sido uno de los mecanismos que históricamente han empleado los criminales que desde la función pública cometen delitos y en la representación popular buscan la impunidad. Por ello, la oposición y el Ejecutivo federal han buscado desaparecer el fuero y acotar la inmunidad constitucional.

Consecuentemente, resulta necesario que las instituciones del poder público articulen esfuerzos con organismos como los partidos políticos para generar acciones concretas de rechazo a la impunidad, alejando a quienes delinquen de nuevas posibilidades de lastimar el presupuesto y protegiendo así los intereses de la ciudadanía.

Derivado de todo lo anterior, la presente propuesta plantea realizar un exhorto a los órganos directivos de instituciones y partidos políticos con registro nacional y local a que durante el actual proceso electoral se abstengan de respaldar, refrendar, elegir, facilitar la participación en procesos internos o promover candidaturas a gobiernos estatales, diputaciones federales, diputaciones locales o presidencias municipales de personas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o que hubiesen renunciado a un cargo público tras iniciarse investigaciones por la Secretaría de la Función Pública sobre posibles delitos como nepotismo, peculado, desvío de recursos, peculado, abuso sexual, acoso sexual o violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los órganos directivos de instituciones y partidos políticos con registro nacional y local a que durante el actual proceso electoral se abstengan de respaldar, refrendar, elegir, facilitar la participación en proceso internos o promover candidaturas a gobiernos estatales, diputaciones federales, diputaciones locales o presidencias municipales de personas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o que hubiesen renunciado a un cargo público tras iniciarse investigaciones por la Secretaría de la Función Pública sobre posibles delitos como nepotismo, peculado, desvío de recursos, peculado, abuso sexual, acoso sexual o violencia contra las mujeres.

Notas

1 Información disponible en el portal de facebook de la Secretaría de la Función Pública, consultable en:

https://heil.facebook.com/sfpmx/videos/754555051640314/

2 Véase “12 logros de la Secretaría de la Función Pública” disponible en https://www.gob.mx/sfp/articulos/12-logros-de-la-secretaria-de-la-funci on-publica

3 Rosa Castañeda, Trampolín perfecto: de superdelegados a gobernadores, Mexicanos Contra la Corrupción, 9 de noviembre de 2020, disponible en https://contralacorrupcion.mx/superdelegados-a-gobernadores-morena-2/

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de noviembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivo federal y de las 32 entidades a fortalecer sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad de defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdés, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Edgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos humanos son esenciales en la vida de cualquier individuo, pues fomentan su amplio desarrollo, brindando así a las personas garantías de justicia, libertad, seguridad, derecho a vivir en un ambiente sano y de forma igualitaria, entre otros.

Desde de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 19481 y de los Pactos internacionales de derechos humanos se promueven éstos como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para suscitar en cualquier Estado su observancia y respeto universal.

Lugar preponderante ocupan en cada país quienes se dedican a su defensa, conocidos como defensor o defensora de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las personas defensoras de derechos humanos se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Señalando que las y los defensores abordan cualesquiera problemas de derechos humanos, que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente.

Las y los defensores de los derechos humanos investigan casos de vulneración de esos derechos, reúnen información sobre ellos y presentan informes al respecto y la actividad de muchos defensores tiene por objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos.

En términos generales, esta labor puede consistir en ejercer presión sobre las autoridades y promover la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído al ratificar tratados internacionales.2

A pesar de su importante labor, mujeres y hombres que defienden los derechos humanos en Latinoamérica, son víctimas de la violencia y la represión que busca sistemáticamente eliminar su legítima, incansable y estimable labor en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

La organización Global Witness indica que al menos 185 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el año 2015 en el mundo, y de estas 122 fueron asesinadas en Latinoamérica. Esta dramática situación continúa.3

En México un total de 21 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el 2019, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, destacando que continúan las agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio y que en ese año se incrementó la criminalización y agresiones contra las personas defensoras de migrantes y de personas desplazadas forzadamente.4

Desafortunadamente nuestro país ocupa el cuarto lugar en asesinatos de defensores de derechos humanos a nivel mundial, con 24 casos; 68% de éstos fue en contra de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio, según muestra el informe mundial de Front Line Defenders (FLD) sobre los riesgos y desafíos de los defensores de derechos humanos.5

Por su parte las Naciones Unidas han documentado 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2019 en el país y al mes de octubre de este año se ha registrado el homicidio de 7 personas defensoras de derechos humanos.6

Por otra parte, de acuerdo con el 9° Informe: “Defender los DH en México, la impunidad que no termina”,7 a lo largo de los 12 meses que abarca el informe se contabilizaron 107 eventos que violaron los derechos humanos de las personas defensoras por medio de 1,659 acciones.

El documento que da cuenta de las cifras de personas, organizaciones y comunidades que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas, detenidas de manera arbitraria, encarceladas, ejecutadas o desaparecidas de manera forzada, agrega que dichos actos violatorios afectaron a 25 comunidades, 17 organizaciones, 47 personas, 34 familiares y a 502 personas pertenecientes a comunidades u organizaciones.

Con relación a los estados donde se cometen más actos violatorios contra personas defensoras de derechos humanos, se destaca que, al igual que los ocho informes anteriores, Guerrero (con 856) y Chiapas (con 403) ocupan los primeros lugares.8

Dada la importante labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos, el 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.9

La Declaración destaca que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado.

También reconoce el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y el conocimiento de estos derechos y libertades en el plano nacional e internacional.

La mencionada Declaración enuncia, entre otros, los siguientes derechos y deberes:10

- El derecho a denunciar las acciones y omisiones que se estimen violatorias de esos derechos.

- El derecho a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los mismos derechos.

- El derecho a presentar críticas y propuestas antes las entidades gubernamentales y estatales, y a llamar la atención sobre cualquier actuación de la autoridad que pueda obstaculizar su labor, o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

- El derecho a la protección del Estado frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria que afecte el ejercicio legítimo de sus derechos.

Destaca el derecho a la protección del Estado frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación o cualquier otra acción arbitraria que afecte el ejercicio legítimo de sus derechos, pues en nuestro país contamos con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este ordenamiento legal tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las autoridades se encuentran obligadas a prevenir las situaciones en las cuales se cometan violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y, en caso de que éstas se actualicen, debe investigarlas, con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

Para Encuentro Social la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es un tema prioritario pues son pieza fundamental para la implementación y protección universal de los derechos humanos en el país.

Por ello, resulta fundamental fortalecer la atención prioritaria de los problemas que enfrentan en la defensa de los derechos humanos en el país, con el fin de que su labor no pueda ser obstruida.

Al Grupo Parlamentario de Encuentro Social le preocupa la integridad de quienes tienen como labor la defensa de los derechos humanos y por ello pedimos a las y los titulares del poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar su vida, seguridad e integridad personal.

Asimismo, con la presente proposición se propone exhortar respetuosamente al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogos en las 32 entidades federativas para que fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, a efecto de evitar un mayor incremento en homicidios, desapariciones y agresiones en su contra.

También se considera necesario exhortar a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios y desapariciones perpetrados contra personas defensoras de derechos humanos, a fin de dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, para que los homicidios y las desapariciones no queden impunes.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y a las y los Gobernadores de las 32 entidades federativas para que fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, pues dichas agresiones ponen en riego la labor que desempeñan.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al Fiscal General de la República y a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas, para que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios y las desapariciones perpetrados contra personas defensoras de derechos humanos, para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban la sanción que en derecho corresponda, para que los homicidios y las desapariciones no queden impunes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta a las y a los Titulares del Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, para que a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogos en las 32 entidades federativas fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, a efecto de evitar un incremento en los homicidios y desapariciones en su contra.

Notas

1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx

3 https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/bn-el-riesgo-de-defende r-251016-es_0.pdf

4 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/mexico-reporta-21-defensores-d e-derechos-humanos-asesinados-en-2019-dice-ong/20000013-4142082

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuarto-lugar-en-homicidios-de- defensores-de-derechos-humanos-20200212-0164.html

6 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-onu-insta-mexico-ref orzar-seguridad-defensores-derechos-humanos-20201020014138.html

7 Estudio realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Registran-1659-agresiones-cont ra-defensores-de-DH-20200826-0115.html

8 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Registran-1659-agresiones-cont ra-defensores-de-DH-20200826-0115.html

9 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaratio n_sp.pdf

10 https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-pr ensa/ano-2003/491-blank-sp-1347

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de noviembre de 2020.

Diputado Edgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a implantar una estrategia de adopción de tecnologías facilitadoras para la integración de las energías renovables en el sistema energético nacional, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Nayeli Arlen Fernández e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz , del Grupo Parlamentario de Morena, y diputados Arturo Escobar y Vega , en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hoy en día, muchas regiones alrededor del mundo están experimentando una transformación energética dirigida hacia un futuro más sostenible, inclusivo y rentable. Con la implementación de medidas de confinamiento ante la pandemia provocada por la Covid-19 se observó una demanda de electricidad más débil acompañada por un aumento en la participación de las energías renovables en los sistemas energéticos en diversos países.1

En México, las energías limpias tienen un enorme potencial para cubrir las necesidades energéticas de la población y para sacar a cientos de miles de mexicanos de la pobreza si consideramos que nuestro país es una de las cinco naciones con mayor potencial en generación de energía solar en el mundo. Para poner esto en perspectiva, la capacidad potencial es 50 veces el total de energía eléctrica que se produce actualmente, suficiente para que el total de la población tenga acceso.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la innovación para la transformación se debe de dar, entre otros factores, a través de la implementación de tecnologías facilitadoras en la red eléctrica nacional.

Las tecnologías facilitadoras son herramientas que permiten dar mayor flexibilidad a los sistemas eléctricos y tienen un papel muy importante en la integración de las energías renovables. En gran medida, la adopción de este tipo de herramientas se da a través del almacenamiento en baterías, la gestión inteligente de la demanda y el uso de tecnologías digitales en el sector eléctrico.

La flexibilidad del almacenamiento a gran escala es esencial para la integración de las energías renovables. El uso de baterías y aplicaciones de conversión de energía renovable pueden aumentar la flexibilidad de las redes eléctricas del lado de la oferta, minimizando la intermitencia relacionada con este tipo de tecnologías generadoras. Sin embargo, también tiene otros beneficios como la electrificación inteligente de los sectores de uso final y la reducción de la congestión de la red.2

Las tecnologías facilitadoras engloban herramientas como baterías a gran escala, baterías detrás del contador, carga inteligente de vehículos eléctricos, conversión de energía renovable a calor, internet de las cosas, inteligencia artificial y Big Data en el sector eléctrico, mini redes renovables y flexibilización de las centrales eléctricas convencionales.

En ese sentido, los programas energéticos que implementan tecnologías facilitadoras en las redes de distribución y almacenamiento tienen un mayor impacto en la integración de las energías renovables. Por ese motivo, la penetración de medios de generación innovadores es más significativo en la medida en que se adoptan este tipo de tecnologías.

De acuerdo con la Hoja de Ruta hasta 2050 elaborada por la Irena, la transición energética solo será posible si la conducción del sector energético está enfocada en la inversión en energías renovables y la eficiencia energética. De manera particular, la economía global deberá implementar programas de descarbonización y energías renovables equivalentes al 2 por ciento del PIB medio anual mundial, principalmente en soluciones de eficiencia energética y adopción de tecnologías facilitadoras a lo largo de toda la cadena de producción y distribución.3

A pesar de ello, es necesario que exista en primer lugar un marco normativo que anticipe los aspectos regulatorios para la adopción de estas herramientas y contemple esquemas de planificación y flexibilización de la infraestructura energética con la que contamos.

Al respecto, la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios contempla que para 2050 el sector energético se basará en tecnologías limpias, energéticamente eficientes y que promuevan la productividad, el desarrollo sustentable y la equidad social en el país.4

Sin embargo, la penetración de tecnologías facilitadoras ha sino limitada o nula en nuestro país por lo que existe una importante área de oportunidad para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, adoptando al mismo tiempo medidas urgentes para combatir el cambio climático en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En el contexto de las consideraciones expuestas, en el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la coyuntura actual nos obliga a llevar a cabo acciones para procurar disminuir la pobreza energética y promover el uso sostenible de los recursos para la satisfacción de las necesidades energéticas de toda la población, de manera que se generen estrategias que privilegien la adopción de tecnologías facilitadoras para la integración de energías renovables en el sistema eléctrico nacional. Por los motivos expuestos anteriormente, ponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, contemple la adopción de tecnologías facilitadoras tales como (i) baterías a gran escala; (ii) baterías detrás del contador; (iii) carga inteligente de vehículos eléctricos; (iv) conversión de energía renovable a calor; (v) internet de las cosas; (vi) inteligencia artificial y Big Data en el sector eléctrico; (vii) mini redes renovables; y (viii) flexibilización de las centrales eléctricas convencionales; como parte fundamental de la planeación estratégica del sector energético para el mediano y largo plazo.

Notas

1 Véase, Nelson Mojarro, “Covid-19 is a game-changer for renewable energy. Here’s why”, World Economic Forum, 16 de junio de 2020. Disponible en:
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid-19-is-a-game-changer-for-renewable-energy/

2 Véase, “Panorama de la innovación para un futuro impulsado por las energías renovables: soluciones para integrar las energías renovables variables”, International Renewable Energy Agency, 2019. Disponible en:
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/
IRENA_Innovation_Landscape_summary_ES.pdf?la=en&hash=8820F8D72B92132153459A58381901D71BD3688E

3 Véase, “Transformación energética mundial. Hoja de ruta hasta 2050”, International Renewable Energy Agency, 2018. Disponible en: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/
IRENA_Global_Energy_Transformation_2018_summary_ES.pdf?la=en&hash=
A5492C2AAC7D8E7A7CBF71A460649A8DEDB48A82

4 Véase, “Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2020. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07/02/2020&print=true

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Michoacán a investigar la posible falta a la legalidad e imparcialidad de las actuaciones procesales que dieron lugar al juicio de amparo que confirmó y avaló el ilegal e inconstitucional procedimiento penal en el desempeño técnico-jurídico de los miembros de la institución y de la Fiscalía Regional de Uruapan involucrados en la investigación e integración del caso penal, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Ana Lilia Guillén Quiroz , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes

Consideraciones

La impartición de la Justicia presenta un ángulo vital para los gobernados que cursan una causa procesal, tanto así, que esta impartición de justicia debe ser protegida y tutelada firmemente no solo por el Poder Judicial, si no por los otros dos poderes del Estado y más aún tratándose de sumarios de índole penal en los que está de por medio la libertad imponiendo condena de prisión, a través de investigaciones y procesos ilegales que no cumplen con los principios rectores del proceso penal, los derechos humanos ni las garantías jurídicas de los procesados.

Por lo que, cuando esta Soberanía tiene conocimiento o le es solicitado su apoyo para preservar el Estado de Derecho y enfrentar la corrupción que pudiese permear en el enjuiciamiento de alguna persona en nuestro territorio, este Poder Legislativo tiene la obligación de aplicar las herramientas con las que legalmente cuenta y ocuparse del asunto, siempre dentro su esfera competencial.

Con el Juicio de Amparo Directo 50/2020 se cerró el proceso judicial de tres mexicanos que fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social de Uruapan Michoacán habiendo sido notorio que existían elementos que influían negativamente en el proceso, menoscabando la imparcialidad del juzgador y que habían sido dejado de lado componentes probatorios sustanciales para la invocada inocencia de los ya sentenciados.

José Gerardo Talavera Pineda, José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez han sido acusados y sentenciados por el delito de sabotaje del cual indican la imposibilidad de su comisión al encontrarse en un lugar distinto al señalado como lugar de los hechos a la hora que establece el denunciante se cometió el ilícito, más aún, pudiendo ser situados por un testigo en un poblado diferente del que se enmarca en autos de dicha causa penal.

En el proceso comentado no solo fue obviada esta prueba testimonial que pudiese resultar definitiva, si no que el juez ha considerado insustancial la existencia de un conflicto político, económico y social entre denunciante y denunciados, a raíz de la confrontación del Ayuntamiento Constitucional de Nahuatzen, Michoacán; del que es Titular el denunciante principal y El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, en el que José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez eran consejeros mayores y José Gerardo Talavera Pineda, integrante y abiertamente afín a los principios e ideas que suscribe el Consejo.

Resulta inconcebible que en una división por el ejercicio del gobierno entre un ayuntamiento y un concejo municipal, el Ayuntamiento de Nahuatzen, se utilicen a los tribunales penales locales para desviar el cumplimiento de una sentencia electoral que daba la razón al Concejo y que los jueces penales se presten para una cuestionable valoración de los elementos tanto contextuales como probatorios, poniendo en tela de juicio la actuación de todos los juzgadores del ámbito local, ante los cuales, los denunciados han agotado todos los recursos legales pertenecientes a esa esfera competencial.

Indigna aún más que los juzgadores involucrados sustentaran para ratificar la sentencia de primer grado en la segunda instancia, y en el medio de control Constitucional a través del juicio de amparo, precedentes y jurisprudencia inaplicables, para ignorar que los acusados no se encontraban en el lugar de los hechos, negándose a estudiar el fondo del asunto de las cuestiones planteadas previas al juicio, aduciendo el Tribunal Colegiado en Materia Penal, que estas cuestiones debieron proponerse en las etapas previas al juicio, lo que efectivamente hicieron los sentenciados, respecto de lo cual, en el mismo sentido se pronunciaron los jueces de control y enjuiciamiento, exponiendo que: “el estudio de estos planteamientos correspondía hacerse en la sentencia” lo cual fue ignorado y evadido en todas las dos instancias del juicio y en el amparo directo 50/2020, sin que hubiera para los procesados y sentenciados el medio efectivo de defensa que tenemos como baluarte de la justicia, el juicio de amparo.

Resolviendo sobre un hecho del que no existen pruebas fehacientes de que así haya sucedido, y en cambio, sí se cuenta con sólidos indicios de ser un caso fabricado, lo que fue señalado en el Amparo Directo en el que se hicieron notar la existencia de conceptos de violación en torno al ejercicio de la valoración de pruebas ilícitas, cuyos efectos no sólo se reflejen en el caso concreto sino en una afectación al interés y trascendencia el sistema jurídico.

Si bien este oprobioso caso se encuentra cerrado en el sistema judicial y tres personas han sido encarceladas por un hecho que nunca sucedió, esta Cámara de Diputados aún cuenta con un recurso con el que puede coadyuvar a que la impartición de la justicia en el Estado Michoacán, retome un cauce honesto y cerrado a la corrupción sin rebasar su contorno competencial y esto es exhortar a la Fiscalía General de Michoacán, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y su Fiscalía de Asuntos Internos, realice una exhaustiva investigación de las actuaciones de los juzgadores del ámbito local que pudiesen verse afectadas por colusiones con particulares y/u otros servidores públicos integrantes de esa Fiscalía.

Por lo expuesto y siendo necesario coadyuvar con la justicia, velando por la erradicación de la corrupción en nuestro país, someto a consideración de esta Soberanía los siguientes.

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán para que a través de su Fiscalía General de Michoacán y su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con total imparcialidad y en un estricto apego a la normatividad reglamentaria y Constitucional, realice una investigación exhaustiva sobre la rectitud y honestidad en las actuaciones procesales de los juzgadores involucrados tanto en el amparo directo 50/2020 y como en los procesos penales precedentes que dieron lugar a esta tercera instancia

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán para que a través de su Fiscalía del Estado de Michoacán, y su Fiscalía de Asuntos Internos y/o la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, con total imparcialidad y en un estricto apego a la normatividad reglamentaria y Constitucional, lleve a cabo una investigación exhaustiva del desempeño técnico jurídico del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas miembros de esa Fiscalía, involucrados en la integración del expediente del caso que derivó en el Amparo Directo 50/2020 .

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán para que a través su Fiscalía del Estado de Michoacán y su Fiscalía de Asuntos Internos y/o la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, haga público, con veracidad y de manera puntual:

a) El resultado de las investigaciones que de los hechos se realicen en torno a la integración de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 182/2018.

b) El resultado de las investigaciones sobre la idoneidad del levantamiento de evidencias y pruebas realizadas en el lugar en que sucedieron los hechos y del análisis sobre el origen del conflicto político social.

c) El resultado de la investigación y revisión sobre la correcta conducción de las diligencias periciales y de la inspección del lugar de los hechos que realizaron los peritos para lo obtención de los datos de pruebas en que sustentaron la denuncia penal la parte ofendida.

d) El resultado de la investigación y revisión sobre la declaratoria de titularidad de los derechos, respecto de los vehículos automotor, a quien corresponden estos derechos, su tenencia y uso, y actualmente en qué son utilizados y en beneficio de quién.

e) El resultado del análisis de la resolución que excluye la valoración de las pruebas de la defensa, particularmente un documento que consiste en el acta de entrega recepción de fecha 6 de octubre de 2015.

f) El resultado del análisis de los planteamientos invocados para dictar el sobreseimiento, nulidad de actuaciones y sobreseimiento propuestos por la defensa previo al juicio, con los cuales fue evadido el estudio del fondo del asunto por el juez de control y enjuiciamiento, y por el Tribunal Colegiado en Materia Penal.

g) El resultado de la investigación y revisión sobre sobre la licitud de la valoración de las pruebas.

h) Las conclusiones de su investigación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales faltantes a discutir y aprobar la reforma de diversos constitucionales en materia de movilidad y en seguridad vial, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 14 de octubre del presente año la comisión de Puntos Constitucionales presentó en el salón del pleno de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos, 4, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y en seguridad vial.

El dictamen fue aprobado por una votación de 351 votos a favor y 149 ausentes y pasó a las legislaturas locales para su debate y eventual aprobación que garanticen los efectos constitucionales.

Segunda. El artículo cuarto, lugar de residencia de los derechos sociales, en su formulación originaria de 1917, establecía únicamente el derecho a ejercer la profesión que la persona así lo decidiera. Desde 1974 al 2020 se han incorporado bases constitucionales para ampliar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

Los derechos que se ha incorporado en las últimas dos décadas del siglo anteriores se encuentran la igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley, los derechos a la salud de los menores. La rectoría del Estado en materia de desarrollo económico e inversión. El derecho a contar con una vivienda digna y decorosa, que permita el disfrute de la familia. El reconocimiento de nuestra Nación pluricultural. Se reconoce el derecho a un medio ambiente óptimo para el desarrollo y bienestar. A los menores, con apego a su interés superior, se les deberá garantizar alimento, salud, educación y esparcimiento para el desarrollo integral.

En el presente siglo, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoce el derecho de toda persona a la cultura, adicionalmente, la práctica del deporte y la cultura física. Adopta como facultad del Estado velar por el interés superior del menor y el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todas las personas. También eleva a rango constitucional el derecho al agua para uso personal y doméstico y a un medio ambiente sano. El derecho a tener una identidad a través del acta de nacimiento.

En esta LXIV legislatura se modificó el texto en materia de igualdad, para entender por varón al hombre y establecer que mujeres y hombres son iguales ante la ley. También se elevaron a rango constitucional el acceso a un sistema de salud para el bienestar y los programas sociales de bienestar, con ello se dotará a personas adultas mayores, personas con discapacidad y sistema de becas para estudiantes de todos los niveles de educación pública.

Tercera. La incorporación del derecho a la movilidad para las y los mexicanos en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En su informe sobre el derecho a la movilidad en la Ciudad de México en el año 2013 de la CNDH,1 define la movilidad como el “derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción”.

En el año 2016, la cartilla de vivienda, movilidad y derechos humanos, de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos,2 establece que desde los derechos humanos existen dos grandes acepciones para el vocablo de movilidad: forzada o voluntaria. “La primera se refiere al asilo y refugio; y en el segundo de los casos a la emigración, inmigración, tránsito y retorno”. La segunda es de nuestro interés dado que el derecho a la movilidad voluntaria se puede comprender como al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”.

De estos casos se desprende que la movilidad permite conexión de actividades, comunicación voluntaria y el disfrute del desarrollo de la infraestructura necesaria para que las demarcaciones territoriales garanticen la movilidad de sus habitantes.

El derecho a la movilidad y al desplazamiento voluntario está estrechamente ligado al goce de otros derechos, como son el garantizar el acceso a la alimentación y procurar el abastecimiento de víveres, poder acudir al médico para recuperar la salud, asistir a la escuela o desplazarse al lugar del trabajo bajo condiciones de transporte particulares o públicos, accesibles. Todo ello, con el derecho a poder elegir un lugar donde habitar y desde el cual desplazarse. Vivienda y movilidad están unidos.

Por otra parte y para acentuar la tesis del derecho a la movilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el objetivo número 11 es el de “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” y en los incisos incluye el acceso al “sistema de transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos” con el afán de “mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.3

Por otra parte, la movilidad está vinculada con el transporte, el IMCO ha establecido que las ciudades de México están diseñadas para los automóviles antes que para las personas, lo mismo que la mayor cantidad de las personas habitan en los perímetros de las ciudades, por lo que sus desplazamientos conllevan un aumento en el gasto para transporte, se ha asociado a las ciudades con peor movilidad a aquellas que tienen ingresos bajos, viviendas con carencia de accesos y población en situación de pobreza.

En el año 2015, 20 de las 32 ciudades más importantes en el país no registraron inversiones en el transporte público.4 Solamente cuatro entidades federativas, Jalisco, Coahuila, Ciudad de México y Estado de México cuentan con leyes específicas en materia de movilidad.

Cuarta. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados adiciona en el artículo 4º constitucional a letra expresa, que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Y en el artículo 73, enfocado desde la reforma del año 2016, que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan concurrencia entre la Federación, las Entidades y los Municipios, incluidas las Alcaldías o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para expedir la ley reglamentaria en materia de movilidad y seguridad vial.

Misma que el diputado Javier Hidalgo del Grupo Parlamentario de Morena, ha ingresado con fecha de septiembre del 2019.5 Al respecto la iniciativa que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se ha discutido en un parlamento abierto6 que ha contado con la presencia del titular de la Sedatu.

En la reforma al artículo 115 V, a) se faculta a los municipios para llevar a cabo planes de urbano municipal y con esta adición, “planes en materia de movilidad y seguridad vial.” Igualmente, en materia de dos centros urbanos o metrópolis, para el desarrollo de la movilidad y seguridad vial, se deberán ceñir a los criterios de las “leyes federales” de la materia. Igualmente, el transitorio tercero establece que, para la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor.

Quinta. Para que entre en vigor la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial, debe ser aprobada por 17 de los 32 congresos locales. Logrado la mitad más uno, pasará al Poder Ejecutivo para la publicación en el Diario Oficial de la Federación con lo cual, la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrá carácter obligatorio.

Con fecha al 17 de noviembre, en breve repaso por los congresos locales, tenemos que el Congreso de la Ciudad de México el día 22 de octubre del presente año, se convirtió en el primer Congreso en aprobar la reforma en materia de movilidad y seguridad vial, le ha seguido de los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán por lo cual la reforma está en condiciones de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Los congresos locales faltantes son los siguientes: Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas.

Esto cobra relevancia toda vez que, en 2019 el Inegi7 reportó la dramática cifra de 362 mil accidentes terrestres, y en materia de fallecimientos ocasionados por la seguridad vial, las fuentes establecen alrededor de 35 mil decesos. La organización Ni una muerte vial, documentó los peatones y ciclistas muertos a lo largo del 20198 por zonas metropolitanas como por entidades; se expone a continuación:

Todas las 32 zonas metropolitanas del país tienen al menos 18 fallecimientos de peatones y ciclistas en el año 2019. Para el año 2020, el acumulado es de 362 peatones y 99 ciclistas. Por los registros de las entidades, Colima, Baja California Sur, Campeche, Zacatecas y Nayarit son quienes tienen el menos número de decesos registran, mientras que Guanajuato, estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas el mayor número.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró de enero a septiembre 309 muertes por accidentes viales en el estado de Tamaulipas, aún con el confinamiento.9 El interés mayor está en poder modificar las leyes y reglamentos para mejorar la cultura vial, así como poder establecer en los planes de desarrollo territorial, urbano y desarrollo de la movilidad con un enfoque de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Es por lo anterior que se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a los Congresos Locales faltantes para que discutan y aprueben la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y en seguridad vial.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para que presenten y debatan leyes específicas en materia de movilidad, con el objetivo de armonizar su marco normativo a los criterios federales e incluir las necesidades y contextos locales para garantizar el derecho a la movilidad y seguridad vial.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Gobierno de México para que publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y en seguridad vial.

Notas

1 https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/201 3_Informe_esp_Movilidad.pdf

2 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-V ivienda-DH.pdf

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

4 https://imco.org.mx/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-mejor-conectad os-ciudades-mas-equitativas/

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-IV.html#Inic iativa11

6 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/24/
3534-Analizan-en-parlamento-abierto-virtual-reformas-constitucionales-en-materia-de-movilidad

7 https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/

8 http://niunamuertevial.mx/

https://twitter.com/niunamuertevial/status/1217148409263 554560/photo/1

https://twitter.com/niunamuertevial/status/1217146441682 034688/photo/1

9 https://www.milenio.com/policia/tamaulipas-mueren-309-personas-accident es-viales

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de noviembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS y el Inmujeres a diseñar, fomentar e implantar previsiones programáticas y regulatorias para adoptar acuerdos laborales que permitan enfrentar el aumento de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres en la coyuntura actual, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Nayeli Arlen Fernández e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz , del Grupo Parlamentario de Morena, y diputados Arturo Escobar y Vega , en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 ha representado grandes retos para la población, que desde el inicio de la emergencia a la fecha ha tenido que adaptarse a los grandes cambios que la pandemia ha representado en su vida.

Es lamentable que las medidas de confinamiento hayan tenido un impacto sobre el bienestar de la mujer alrededor de todo el mundo, se estima que más del 35 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o ex pareja durante la cuarentena.1

En particular, millones de mexicanas han experimentado un fenómeno similar, ya que en los últimos meses se ha podido observar que el 10.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de algún acto de violencia por parte de algún integrante de su familia.2 Esto es especialmente alarmante al considerar que, de acuerdo con el Inegi, 3 de cada 4 actos de violencia cometidos contra mujeres ocurre en el entorno familiar.

Bajo ese mismo tenor, las consecuencias que han tenido las medidas de confinamiento sobre la dinámica familiar han sido mayúsculas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el cierre de escuelas y las medidas de educación a distancia han afectado a cerca de 30 millones de estudiantes entre los 4 y 18 años. Dichos estudiantes requieren de una atención mayor a la normal por parte de sus padres y no podrán volver a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico de su entidad se encuentre en verde.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México levantó una encuesta en la que se observó que el 43 por ciento de las trabajadoras se han visto obligadas a dedicar más de 5 horas al día para el cuidado de otras personas, en contraste con el 28 por ciento de los hombres. Del mismo modo, se encontró que las mujeres tuvieron un aumento del 32 por ciento más que los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, así como una ampliación del 13 por ciento más que los hombres en la jornada laboral.3

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres latinoamericanas, sobre todo las que viven en situaciones más vulnerables, sufren desproporcionadamente el impacto de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la tasa de pobreza entre las mujeres aumente este año 37.4 por ciento, lo que se traduce en 118 millones de mujeres que caerán en situación de pobreza en la región.4

Adicionalmente, el fenómeno de aumento en las responsabilidades domésticas para las mujeres ha sido mayor en México que en otros países comparables. De acuerdo con un estudio de ONU Mujeres, la mayor diferencia de género a estas nuevas cargas de trabajo no remunerado observada fue en nuestro país, con el 53 por ciento de las mujeres contra el 41 por ciento de los hombres.5

En ese mismo sentido, se calcula que el 40 por ciento de las mujeres han resentido el impacto de este fenómeno en su bienestar físico y aseguran que su bienestar mental también ha sido afectado.6

Ante tal perspectiva, es necesario reconocer los esfuerzos en la materia que se han traducido en la publicación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, la cual representa un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer en los centros de trabajo las prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, entre cuyos objetivos se encuentra el de realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras.

En virtud de lo anterior, es menester hacer hincapié que la carga de trabajo no remunerado y cuidados están vinculados con la violencia y representan la expresión más cotidiana de la desigualdad. Es por eso que se estima urgente la implementación de mecanismos que hagan compatible las actividades laborales y las cargas domésticas y de cuidado para las mujeres, buscando garantizar un mejor equilibrio que impulse el desarrollo personal, académico y profesional de millones de mexicanas que se han visto afectadas por la pandemia. Por los motivos expuestos anteriormente, ponemos a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fomenten la adopción de la Norma Mexicana “NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación” e implementen previsiones programáticas y regulatorias necesarias para establecer mecanismos ante la emergencia sanitaria y económica que permitan un equilibrio entre las responsabilidades laborales y domésticas de las millones de mexicanas que han resultado afectadas ante el aumento desproporcional en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Notas

1 Véase, “Nueva agenda posneoliberal pone a las mujeres en el centro del debate público”, Instituto Nacional de las Mujeres, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/nueva-agenda-posneoliberal-pone- a-las-mujeres-en-el-centro-del-debate-publico?idiom=es

2

3 Véase, “Visibiliza semujeres el impacto de la pandemia de Covid-19 en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, 25 de julio de 2020. Disponible en: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-de-la-pande mia-en-trabajo-no-remunerado

4 Véase, “Covid-19: Es imperativo transformar el trabajo de cuidados, las mujeres sufren la mayor carga”, Noticias ONU, 19 de agosto de 2020. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/08/1479192

5 Véase, “Ipsos survey confirms that COVID-19 is intensifying women’s workload at home”, UN Women, 9 de julio de 2020. Disponible en: https://data.unwomen.org/features/ipsos-survey-confirms-covid-19-intens ifying-womens-workload-home

6 Véase, “Mujeres, las más afectadas en su vida y su carrera por la pandemia: Deloitte”, Forbes México, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-mujeres-mas-afectadas-vida-trabajo-p andemia-estudio-deloitte/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la viabilidad de que Talleres Gráficos de México imprima todos los documentos y de seguridad oficiales, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

crita diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión lo que le da la libertad de prestar sus servicios a los sectores público, social y privado, lo que le otorga la posibilidad de cumplir cabalmente su objetivo y garantizar su viabilidad económica y financiera.

Este organismo se especializa en artes gráficas, servicios integrales de impresión, pre-prensa y acabados, su infraestructura, capacidad instalada y la amplia experiencia con la que cuenta le permite brindar un servicio integral y completo a sus usuarios.

Talleres Gráficos de México fue creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1999, el cual establece entre sus principales funciones las siguientes:

• Prestar servicios relacionados con la edición y las artes gráficas a los sectores público, social y privado;

• Imprimir las Gacetas Gubernamentales;

• Imprimir informes y otros documentos oficiales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los órganos de difusión de sus actividades;

• Elaborar, promover y desarrollar sistemas y programas para fortalecer la comercialización de sus servicios, e incorporar conocimientos y tecnología avanzados en materia de artes gráficas y en general de reproducción de cualquier medio;

• Fijar parámetros de eficiencia, productividad y oportunidad para mantener e incrementar la autosuficiencia financiera en la prestación de sus servicios, y

• Participar en la elaboración de los anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia de impresos y relativos a las artes gráficas, así como en los comités consultivos nacionales de normalización y en los demás organismos de colaboración relacionados con éstos.

El Organismo tiene una gran trayectoria al servicio de la Nación, que data de más de 100 años, su primer antecedente de creación en 1883, fue la Imprenta de la entonces Secretaría de Fomento, cuyo propósito fue cubrir la necesidad del Gobierno Mexicano de reproducir y difundir documentos de carácter oficial.

Uno de los objetivos institucionales de Talleres Gráficos de México es apoyar los programas de comunicación social del Gobierno Federal, por lo que representa un instrumento fundamental de vinculación entre el Estado y la sociedad.

De acuerdo con el artículo 4º del Estatuto Orgánico de Talleres Gráficos de México tiene por objeto ofrecer a los sectores público, social y privado, servicios y soluciones integrales en materia editorial y en el campo de las artes gráficas utilizando plataformas tecnológicas acordes a las necesidades del mercado e incorporando medidas de seguridad especializada.

Talleres Gráficos de México cuenta con una línea de producción especializada en la generación de documentos de alta seguridad, que permiten garantizar la autenticidad y confiabilidad de la información en ellos contenida. Para garantizar lo anterior, utiliza tecnología de vanguardia, software exclusivo, respaldos y certificaciones internacionales, cuenta con personal capacitado y estrictos procesos de producción que son monitoreados permanentemente por dispositivos de seguridad físicos e informáticos.

Actualmente, la mayoría de los documentos utilizados regularmente incluyen diversos elementos que permiten garantizar la autenticidad de los mismos, y que se clasifican en tres niveles de acuerdo a la complejidad de lectura y al sistema de reconocimiento o interpretación que requieren, los cuales son los siguientes: 1) Reconocimiento a simple vista, sin uso de herramientas para interpretación; 2) Reconocimiento con herramientas físicas (lupa, luz UV); y 3) Reconocimiento o decodificación con herramientas electrónicas, informáticas o químicas.

Dada la infraestructura física, personal capacitado, estándares de calidad y la capacidad instalada con los que cuenta Talleres Gráficos de México, resulta pertinente que fuese el ente encargado de la impresión de prácticamente todos los documentos oficiales – algunos de los cuales ya imprime actualmente – con el objetivo de garantizar la autenticidad y seguridad de los mismos, en beneficio de toda la población.

Bajo este contexto, el presente Punto de Acuerdo busca exhortar a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad que emitan los mismos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a todas las autoridades, de los tres poderes de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad que emitan los mismos.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de noviembre del año 2020.

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar la CFE y la CRE a detener de inmediato los recortes de luz en Agua Prieta, Nogales y Cananea, así como en los municipios con temperaturas menores de 8 grados Celsius durante la etapa de negociación de tarifas eléctricas en invierno, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para todas y todos los sonorenses el problema de los cobros excesivos en los recibos de luz se ha convertido en una situación insostenible; dichos cobros reportados oscilan entre los diez mil pesos y en muchas ocasiones, alcanzan las cifras totalmente incongruentes de cientos de miles de pesos. Esto es debido al clima extremo, tanto en época de calor como en época de frío en el Estado de Sonora que obliga a la ciudadanía a utilizar aparatos eléctricos incrementando las tarifas en materia del pago de electricidad, hecho que históricamente ha sido reconocido por las autoridades Estatales y Federales, las cuales han hecho un esfuerzo para llegar a importantes acuerdos para que la tarifa 1F funcione durante toda la época de verano periodo que1 comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando en cuenta los acuerdos aprobados para garantizar la tarifa 1F en la Época de verano para los 72 municipios sonorenses, es de vital importancia para toda la ciudadanía que se lleguen a acuerdos similares en la época de invierno debido a las bajas temperaturas alcanzadas en el Estado. Existen diversos estudios que fundamentan y explican por qué las tarifas son injustas para los municipios mencionados en el presente acuerdo como el del Instituto Tecnológico de Nogales que se publicó el día 25 de julio del presente año,2 el “Diagnóstico de las Tarifas Eléctricas en Nogales, Entorno Físico y Consumo”, en dicho documento podemos observar detalladamente la fundamentación en la variedad de climas, en el sentido de la temporada de invierno y de verano y las diferencias sin fundamento que se realizan en ambas épocas en materia de tarifas eléctricas, la dinámica de consumo local basado en la temperatura diaria así como el umbral de Alto Consumo aumentando de manera exponencial los usuarios que están bajo esta tarifa, provocando pagos muy altos por un consumo de mucho menores niveles.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que atravesamos momentos de dificultad debidos a la pandemia ocasionada por el Coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de Covid-19, es de fundamental importancia apoyar a las y los ciudadanos ya que el servicio de luz se ha vuelto algo vital debido al confinamiento para evitar más contagios y al negar el servicio se están vulnerando sus derechos Constitucionales, en materia de igualdad sustantiva, acceso a una vivienda digna, educación de calidad, el interés superior de la niñez, así como el bienestar para todas y todos los mexicanos; a continuación, expongo los textos referentes a los derechos que se ven lastimados debido a los cortes del servicio de luz durante la contingencia sanitaria:

Marco constitucional 3

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

• Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Al existir recortes de luz podemos observar el daño a la vivienda digna y decorosa siendo imposible vivir bajo las condiciones climáticas extremas en el Estado de Sonora sin servicio eléctrico.

• En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

• El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

El interés superior de la niñez es uno de los objetivos principales de la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, al existir recortes de luz injustos, se vulnera su derecho a la educación, sano esparcimiento y desarrollo integral, ya que debido a la contingencia sanitaria, las actividades educativas se realizan de manera telemática, vulnerando sus derechos constitucionales al cortar el servicio de luz, siendo obligación del Estado procurar y facilitar el cumplimiento de dichos derechos.

• Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Al encontrarnos en confinamiento, la manera principal de tener acceso a materiales culturales es por medio del internet y los diferentes medios digitales de información, el servicio eléctrico se ha convertido en materia de primera necesidad para poder desarrollarnos en la medida de lo posible con las medidas de sana distancia y confinamiento, al existir recortes en el servicio se vulnera directamente el derecho al acceso a la cultura.

Marco jurídico

Sumado a lo anteriormente expuesto, existe la Ley de la Industria Eléctrica la cual tiene como objetivo regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Es cierto que en dicha Ley no se contempla el concepto de condonaciones, pero podemos observar que si menciona lo siguiente:4

Artículo 139. La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.

La mencionada ley y este articulado en particular, se encuentra en trámite de modificación en el Senado de la República, precisamente para armonizar sus términos con las necesidades da la ciudadanía. Nuestro deber como representantes populares es escuchar y atender las demandas de la gente, es por eso que realizo este exhorto de manera respetuosa a todas las partes involucradas a realizar mesas de trabajo para avanzar en una legislación más justa para el cobro de luz en Sonora y detener inmediatamente los recortes al servicio de luz durante las mesas de negociación, en la misma ley se fundamenta que es posibilidad de las autoridades federales llegar a un convenio con los gobiernos locales y es importante destacar el artículo 140 de la presente Ley que determina la aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo 139, definiendo distintos objetivos de la distribución y aplicación del servicio.

En la Fracción I del artículo 140, podemos observar que se menciona claramente que se debe promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida , promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales.

Celebro y reconozco el gran esfuerzo de las autoridades municipales, estatales y a nivel federal para llegar a los distintos acuerdos que han ayudado a miles de sonorenses, motivo por el cual exhorto a todos con fundamento en los estudios científicos, marco constitucional y jurídico, así como los acuerdos a los que se llegaron en el pasado para que, en unidad con todas y todos los actores políticos, empresarios, asociaciones y ciudadanía, nos unamos para impulsar los cambios necesarios que sean de ayuda para todos los Sonorenses y evitar los cobros excesivos con un Acuerdo permanente que dé certeza a la gente, sobre todo en estos tiempos donde el servicio eléctrico se ha convertido en una necesidad básica para poder salir adelante. Desde el Partido encuentro Social invito a todos los Grupos Parlamentarios sin importar colores o ideologías a unir esfuerzos por este bien común que es una demanda que nos hacen llegar de manera importante nuestras y nuestros representados.

Ninguna ley está por encima de nuestra Constitución y las garantías que de ella emanan para la ciudadanía; las y los Sonorenses somos gente de trabajo y de esfuerzo, mis representados me han comunicado que no se trata de no pagar, se trata de pagar por lo justo, por el servicio recibido, en igualdad de circunstancias, tomando en cuenta los estudios presentados en materia de tarifas eléctricas, los diferentes estudios en materia climatológica, buscando que se elimine la discriminación con los recortes en época de pandemia y siempre tomando en cuenta el lado humano que nos ha dejado la actual contingencia, así como los derechos fundamentales mencionados en el presente documento.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el titular de la Secretaría de Hacienda, para que, en la medida de sus facultades y atribuciones, abran mesas de diálogo y negociación con los representantes, académicos y empresarios, así como las ciudadanas y ciudadanos afectados por los cobros excesivos en el estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al director general de la Comisión Federal de Electricidad a cancelar de manera inmediata los recortes al servicio de luz para los habitantes de Agua Prieta, Nogales y Cananea, así como la de los municipios sonorenses que registren una temperatura menor a los 8 grados centígrados en la época de invierno y durante el tiempo que transcurran las negociaciones en las mesas de trabajo para encontrar una solución viable para todos los involucrados.

Notas

1 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tar ifa1F.aspx

2 http://www.nogales.tecnm.mx/descargas/DiagTarifasElectricasNogales.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_061120.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a abocarse con el gobierno de la Ciudad de México y el INAH a restaurar el Templo de la Santa Veracruz, y dar prioridad al rescate de los restos póstumos del magistrado Ignacio López Rayón, en grave riesgo de pérdida por los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Ana Lilia Guillén Quiroz , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

La historia y la cultura encuentra en su propio contexto el elemento esencial para lograr claridad de entendimiento respecto del pensamiento, visión y percepción no solo de sus primordiales protagonistas, si no de las sociedades propias y ajenas, además de desentrañar las causas y efectos de los sucesos que de observarse con una mirada puramente actual pudiesen resultar en una interpretación bizarra

En diversas ocasiones, una interpretación aislada de hechos y dichos ha provocado relegar o minimizar actuaciones de algunos personajes de nuestra historia que en realidad resultaron cardinales para la consecución de los objetivos e ideales de los héroes y heroínas de nuestra Patria y que son ampliamente reconocidos.

Este es el caso de Ignacio López Rayón, uno de los personajes injustamente relegado a un discreto segundo plano tras los pasos de los grandes padres de la patria, prohombre fundamental para el movimiento insurgente nacido en Tlalpujahua, Michoacán en 1773 y fallecido, en 1832, mientras se desempeñaba, ya en el México independiente, como magistrado en el Supremo Tribunal de Guerra.

Este inmerecido segundo lugar en el que constantemente se coloca al Magistrado Ignacio López Rayón puede deberse a la interpretación simplista de su pensamiento. Se le acusa de ser monárquico y, por ende, contrario a los ideales libertarios de la mayoría insurgente. Sin embargo, vale la pena desmitificar este asunto. Quizá bastaría con preguntarnos ¿Qué se entendía en el siglo XIX como liberalismo? ¿Existe una postura liberal absoluta? ¿Pueden coexistir diferentes formas de gobierno y de Estado con la idea liberal? 1

Hablar de Ignacio López Rayón es hablar de un visionario del derecho, un hombre adelantado a su época y tal vez por ello muchas veces incomprendido. Distanciándonos del hecho de que en octubre de 1810 se une a la insurrección comandada por el cura de Dolores, siendo nombrado tan solo en dos meses Secretario de Estado y de Despacho en el gobierno provisional que Hidalgo instaló en Guadalajara; difundiendo el pensamiento liberal ocupando por primera vez las imprentas mediante la fundación de el diario El Despertador Americano , es menester rescatar sus aportaciones ideológicas y legales

Habiendo sido fusilados en marzo de 1811, Hidalgo y los demás comandantes el liderazgo oficial de la rebelión recayó en el secretario de Hidalgo, Ignacio López Rayón, nombrado comandante del Ejército Insurgente, gracias a su perseverancia, logró mantener unido al movimiento y continuar los combates en el centro del país. En agosto organizó la Suprema Junta Nacional de América contando con el agrado y anuencia del Generalísimo Morelos, integrándose a esta Junta finalmente llamada Junta de Zitácuaro y disuelta en 1813, José María Liceaga, José Sixto Verduzco, José María Cos, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, habiendo concebido la Junta como instrumento de organización y comunicación para el movimiento independentista.

Rayón fue de los hombres que, al tiempo que conducían ejércitos, maduraban el pensamiento jurídico y participaban en los debates por la independencia. A él se debe uno de los documentos primarios, llamado Elementos Constitucionales cuyos preceptos se encontraban estrechamente vinculados a los ideales de Hidalgo.

En 1814 sus esfuerzos convergieron con los de José María Morelos para redactar la Constitución de Apatzingán, es justamente estos Elementos Constitucionales los que causan la actual polémica al no denotar que al inicio del movimiento independentista, éste se encontraba dividido entre quienes consideraban una independencia total y quienes consideraban debían limitarse a defender a Fernando VII de las incursiones de José Bonaparte y que finalmente, esta última postura fue cambiada por los Independentistas incluido Rayón.

El numeral 4º de los Elementos Constitucionales , hace hincapié que el América (Hoy México) es libre, e independiente de toda nación, su artículo 5º, resulta muy atrayente para la estructura que hoy guarda nuestra nación, toda vez que influido por las ideas de Rousseau y Montesquieu, colocando como pilar la división de poderes y depositando la soberanía en el pueblo,

En el numeral 24 proscribía la esclavitud referencia inmediata de “los Sentimientos de la Nación”, incluyó lo que hoy se conoce ampliamente como el principio de legalidad al prohibir las detenciones no jurisdiccionales, incluidas las ordenadas por la corona, cuando dicha detención no provenía de una autoridad judicial, también dio pie a la libertad de expresión con la protección total al derecho de imprenta que integró a su documento.

Si esto no fuese suficiente para destacar su calidad libertaria y su relevancia histórica, las peripecias de su actividad política y militar lo condujeron a prisión en 1817, de la cual fue liberado en 1820. Se sumó al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide y, consumada la independencia, se distinguió en distintos cargos: en 1823 fue intendente de la provincia de San Luis Potosí; luego, diputado en el Congreso Constituyente; en 1835 fue nombrado comandante militar de Jalisco. Después de ser redactada la nueva Constitución de México, en 1824, fue nombrado Benemérito de la Patria. 2

Actualmente, los restos de Ignacio López Rayón se encuentran en el templo de la Santa Veracruz, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha sido dictaminado por la Secretaría de Gestión de Riegos y Protección Civil con un riesgo de colapso debido a los daños que sufrió el inmueble en el sismo del 19 de septiembre de 2017. El templo presenta desplomos, hundimientos; se detectaron apuntalamientos inadecuados en el arco del acceso principal, por lo que es de alto riesgo y no habitable.

Por lo expuesto es urgente rescatar los restos de López Rayón ante la amenaza de colapso; es urgente darle un espacio digno en nuestra memoria, junto a los hacedores de nuestra historia y a nuestros héroes y someto a consideración de esta Soberanía los siguientes.

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Títular de la Secretaría de Cultura para que conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se aboquen a la restauración del Templo de la Santa Veracruz, brindando prioridad al rescate de los restos póstumos del Magistrado Ignacio López Rayón, ambos en grave riesgo de pérdida por los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a presentar una propuesta digna de la talla histórica del Magistrado Ignacio López Rayón para la colocación, resguardo y conservación de sus restos póstumos.

Notas

1 Elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Primera edición digital en EPUB: 2017 DR © Universidad Nacional Autónoma de México

2 El mes de la bandera, de Natalia Arroyo Tafolla. Relatos e Historias en México, núm. 66.

El Pensamiento Liberal de Ignacio López Rayón, de Rosa María de la Torre Torres. Publicación Electrónica, núm. 10, 2013 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a implantar con la SEP acciones que garanticen educación incluyente centrada en las tecnologías de la información digitales y tecnológicas, donde se integre plenamente a la población indígena, rural y en situación de pobreza según sus necesidades económicas, sociales y culturales y el espacio geográfico en el proceso de aprendizaje a efecto de garantizar la educación para niños y adolescentes de todo el país, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, diputada federal del Grupo Parlamentario Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo humano, se trata de un derecho humano fundamental incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero en donde se especifican los criterios y garantías que debe seguir el Estado para promover y cumplir el derecho a la educación de todas las personas en los niveles de educación básica que en conjunto comprenden: preescolar, primaria y secundaria; así como el nivel medio superior.

Un impulso óptimo en la educación genera la pauta para el desarrollo económico, social y cultural de un país.

El derecho a la educación es una realidad que cumple el Estado mexicano, no obstante, ante la situación de emergencia sanitaria que se vive hoy en día, ha obligado las instituciones educativas a dar un giro radical en la manera de transmitir los conocimientos. Ahora, la escuela ha sido traslada a casa.

Lo cierto es que en este 2020, el virus del Covid-19 puso en jaque a los gobiernos a nivel global, propagación del virus y las altas tasas de contagio y defunciones, obligaron a las autoridades educativas a postergar el regreso a clases afectando a miles y niñas niños y adolescentes, del país en su proceso educativo.

A efecto de no detener dicho proceso educativo, el gobierno mexicano puso en marcha un conjunto de estrategias enfocadas en el uso de las tecnologías de la información para llevar educación a los diferentes lugares del país a través de través de tres estrategias:

• “Aprende en casa I y II”: que consiste en proveer de clases a través de internet y televisión en canales abiertos de televisión nacional por cada grado escolar, para que las y los niños que asisten a educación básica (preescolar, primaria y secundaria) puedan reforzar su aprendizaje y llenar una carpeta de experiencias con los trabajos que se les asignaran. En caso de no poder asistir a la clase en el horario indicado, los y las alumnas pueden revisar las grabaciones y realizar las actividades.

• “Estrategia de educación a distancia: transformación e innovación para México” : que ofrecía herramientas de aprendizaje a través de Google for Education y YouTube durante el periodo de confinamiento. La plataforma permite además de ofrecer contenidos educativos, una estrategia para capacitar y acompañar a docentes y padres y madres de familia en el proceso.

• “Jóvenes en casa” enfocada en ofrecer contenidos de enseñanza cognitiva y emocional dirigida a la educación media superior.

Para las comunidades más alejadas que no cuentan con computadora o servicio de internet se abrió la señal, que dará clases a través de la radio en 22 lenguas indígenas, además, a partir del convenio con las televisoras privadas, para llegar a una audiencia más amplia. En la que participan 36 televisoras estatales y la televisión pública de Canal Once, Ingenio TV y Canal 14.

Como se puede apreciar, las estrategias educativas ofrecidas a los estudiantes mexicanos, para continuar con sus estudios, se encuentran centradas en el uso de las tecnologías de la información digitales y tecnológicas proceso que, desde luego, ha enfrentado un sin fin de retos en su aplicación ya que la falta de herramientas tecnológicas limitó las opciones para muchos estudiantes.

Estas estrategias no consideraron, la posibilidad de que la programación no podría llegar en todos los hogares y contextos geográficos. El primer problema que enfrentaron los estudiantes, fue la conectividad virtual que, en gran parte de los pueblos y comunidades rurales persiste ya que muchos de ellos no cuentan ni siquiera con los servicios básicos como son: una buena señal para sintonizar radio y TV, energía eléctrica; mucho menos servicio de internet.

Los efectos de la pandemia en el ámbito educativo han sido diferentes, de acuerdo con factores como la economía y la ubicación territorial (urbana, rural, urbano-rural).

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología en los hogares en México de Inegi, solo el 44.3% de los hogares cuentan con equipo de computación y únicamente 56.4% cuenta con conexión a Internet. En el ámbito rural, las cifras son considerablemente menores: 20.6% y 23.4% de los hogares cuentan con computadora y con conexión a Internet, respectivamente.1

Otro aspecto a destacar es que, no todos los estudiantes cuentan con una computadora o un celular personal para llevar a cabo sus actividades escolares, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD: casi nueve de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto cuentan con conexión a Internet, sólo dos de cada 10 hogares del estrato bajo cuentan con conexión.2 Como se puede observar en el siguiente gráfico:

Los datos anteriores cobran importancia y preocupación, no solo por la desigualdad de oportunidades, sino también la de resultados que a largo plazo la brecha digital puede tener esta situación para el desarrollo del país

Tania Ramírez Hernández, encargada de despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que en México “se ha construido un sistema educativo que, a pesar de un histórico esfuerzo, todavía excluye a millones de personas de los beneficios de la educación inclusiva, accesible, pertinente y que favorezca la competitividad del país a escala global.3

Aunque se reconoce el enorme esfuerzo que el Gobierno Federal se encuentra realizando, de no detener el proceso educativo en el país, de importante destacar que dichas estrategias no necesariamente son compatibles con todos los hogares ya que muchos estudiantes se encuentran en situación de exclusión por no contar con los medios para acceder a sus estudios.

Lo cierto es que frete a la pandemia uno de los sectores mayormente afectados han sido las niñas, niños y adolescentes habitan en pueblos comunidades indígenas alejados, los cuales encuentran en una situación de desventaja por las brechas tecnológicas de conectividad y falta de un equipo de cómputo.

La brecha digital en la educación es una de las problemáticas que ha dejado ver la pandemia en este 2020, por lo que, en un marco de inclusión, en su segundo informe de gobierno el Presidente de México anunció el programa “Internet para Todos ” prometiendo que para el año 2021 habría señal de Internet en todo México para 2021, una promesa sin igual: 100% de conectividad para todo el país , sin embargo este proyecto se ha retrasado y se prevé que pueda ser una realidad para el año 2022.

De alcanzar el 100% de cobertura, México potencialmente se convertiría en uno de los primeros países de Latinoamérica en lograrlo, con lo cual se generaría un salto hacia un modelo de inclusión educativa en nuestro país.

Resulta apresurado poder dimensionar las consecuencias que traerá consigo confinamiento por el virus de Covid-19 en el aprendizaje las y los estudiantes, no obstante es inevitablemente esta brecha tecnológica traerá consigo un importante porcentaje de abandono escolar teniendo en consideración que: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé que el Covid-19 tendrá impactos importantes en la continuidad de los estudios de los mexicanos y estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-20214

Ante un contexto de “nueva normalidad “caracterizada por la incertidumbre en el regreso a un sistema mixto educativo, resulta urgente el diseño de estrategias educativas, las cuales suponen trabajar con diferentes modalidades y contextos, de tal manera que ningún estudiante se quede fuera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública se valoren implementar acciones que garanticen la educación inclusiva enfocada en las tecnologías de la información digitales y tecnológicas, en donde se integren plenamente a la población indígena, rurales y en situación de pobreza considerando sus necesidades económicas, sociales, culturales y espacio geográfico en el proceso de aprendizaje con el objetivo de garantizar la educación para las niñas niños y adolescentes de todo el país.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para que refuercen los programas educativos para que todas y todos los estudiantes que carecen de un acceso pleno a una computadora, equipo de televisión y disponibilidad de internet puedan continuar sus estudios y evitar la deserción escolar que existe en el país.

Notas

1 Inegi, Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología en los hogares (ENDUTIH 2019). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/default.html#Tabulados (Consultado el 10 de noviembre de 2020)

2 PNUD México, Panorama Socioeconómico, Capítulo 1 Disponible en:
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Desarrollo%2520Humano%2520y%2520COVID19%2520en%2520Mexico.
%2520Final%20(2).pdf (Consultado el 10 de noviembre de 2020)

3 La Jornada , Un reto, combatir la exclusión e inequidad durante la pandemia: SEP, (2020) Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/26/u n-reto-combatir-la-exclusion-e-inequidad-durante-la-pandemia-sep-4350.h tml (consultado el 10 de noviembre de 2020).

4 El Universal , Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes, (2020) Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dejaran-la-escuela -14-millones-de-estudiantes (consultado el 10 de noviembre de 2020).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a brindar por la SRE asistencia humanitaria o financiera para atender las necesidades inmediatas de recuperación de Honduras por las afectaciones del huracán Eta, a cargo de la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Martha Olivia García Vidaña, en nombre del Grupo Parlamentario Morena y Presidenta del Grupo de Amistad México-Honduras, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I y 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por lo que se solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores brinde asistencia humanitaria y/o financiera para atender las necesidades de recuperación a la República de Honduras por las afectaciones que dejo el huracán ETA.

Consideraciones

El pasado 2 de noviembre el Huracán ETA entra al este del Cabo Gracias a Dios entre la frontera de Nicaragua y Honduras.

El 3 de noviembre ETA, ya como huracán tocó tierra en el país de Honduras. De acuerdo con autoridades hondureñas entre los principales daños está el desprendimiento de árboles, techos caídos, inundaciones, carreteras, viviendas, edificios y puentes afectados y destruidos, así como averías en el sistema eléctrico. Dicho fenómeno meteorológico tuvo vientos máximos de 55km/h con racha de 75Km/h.

Los países más afectados por el paso de ETA son Honduras y Nicaragua. De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO) reporta un aproximado de 360, 170 personas afectadas y 2,776 personas evacuadas.

Las autoridades de Honduras en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) elevaron a 58 la cifra de muertos relacionados con las lluvias y las inundaciones que dejó ETA que ha afectado a más de dos millones de personas.

El departamento de Cortés, en el norte del país, la región más afectada por las inundaciones.

El número de desaparecidos, por su parte, se mantiene en ocho y cerca de 45.000 personas están refugiadas en 446 albergues temporales habilitados por el Gobierno de Honduras.

101.312 personas han sido evacuadas y más de 64.141 fueron rescatadas en distintas operaciones lideradas por socorristas de Honduras, El Salvador y Guatemala, con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.

En relación a la infraestructura, la COPECO señalo que 19.968 viviendas han sido afectadas, 665 dañadas y 52 quedaron destruidas, además 125 carreteras reportan daños y 68 comunidades siguen incomunicadas.

La depresión tropical provocó a su paso por el país centroamericano daños por valor de 5.000 millones de dólares, según cifras preliminares del número gubernamental Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.

Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes del Grupo de Amistad México-Honduras en la Cámara de Diputados, por mi conducto, nos permitimos poner a consideración de esta honorable LXIV, el siguiente Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único .- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal solicite a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde asistencia humanitaria y/o financiera para atender las necesidades de recuperación a la República de Honduras por las afectaciones que dejo el huracán ETA.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre 2020

Diputada Martha Olivia García Vidaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a implantar por el Cenatra campañas de difusión sobre la importancia de donar órganos y tejidos para disminuir la cantidad de pacientes en lista de espera, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En México se presenta una problemática, hay un gran déficit de donación de órganos. La falta de una cultura para donar órganos se ha convertido en una situación incierta para los organismos de salud del país. Dando como consecuencia, una lista de espera por un trasplante con más de 23 mil pacientes, de las cuales más de 17 mil están en lista de espera por un riñón y más de 5 mil por una córnea, siendo que el 70% de la lista son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los cuales se dividen de la siguiente manera:1

• Riñón: 17,394 pacientes.

• Cornea: 5,649 pacientes.

• Hígado: 311 pacientes.

• Corazón: 52 pacientes.

• Riñón-Riñón: 9 pacientes.

• Pulmón: 5 pacientes.

• Hígado-Riñón: 3 pacientes.

• Riñón-Páncreas: 2 pacientes.

Como puede observarse, el riñón es el órgano más dañado y el más solicitado debido a que han aumentado, en gran medida, las enfermedades crónicas como lo son la hipertensión y la diabetes; esta última es la principal razón en México de que los pacientes padezcan insuficiencia renal crónica.2 Desde 1963 a al 2016, se han trasplantado más de 46,000 riñones en el país.

Es importante destacar que la Ley General de Salud establece que la donación, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Igualmente, la Ley define a la donación expresa, como la acción de manifestar por escrito o de forma verbal, la voluntad de donar sus órganos en vida o después de su muerte.

Por su parte, la Donación tácita es cuando un posible donador no haya manifestado en un documento la negativa para que después de su muerte, sus órganos sean utilizados para trasplante. Sin embargo, el citado consentimiento también será necesario obtenerlo de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante del fallecido.

Cabe recalcar que algunos órganos para trasplante pueden provenir de donantes vivos o fallecidos; en vida se puede donar un riñón y segmentos de hígado, pulmón, intestino y páncreas. No obstante, algunos de los órganos (los ya mencionados, el corazón, córneas, huesos, tejidos, etc.) sólo pueden utilizarse completos cuando el donador tuvo muerte cerebral, situación que reduce la probabilidad de disponer órganos para trasplante, ya que del total de fallecimientos en el país, menos del 10% ocurre por muerte cerebral, aproximadamente, 3 mil 273 muertes al año, de ahí la importancia de promover desde la juventud una fuerte cultura de la donación de órganos y tejidos.

Por otro lado, aunque las condiciones específicas de tipo médico para recibir un trasplante varían según el tipo de órgano y/o tejido de que se trate, el paciente que espera una donación deberá ajustarse a un procedimiento general para determinar si es candidato o no a trasplante:3

• Diagnóstico de la necesidad de un trasplante . El médico canaliza al paciente a un hospital con licencia para donación y/o trasplante, donde un comité interno de trasplantes avala la intervención.

• Registro del paciente en el Sistema del Registro Nacional de Trasplantes . Una vez que el paciente es calificado como candidato para trasplante, se registra al paciente en la base de datos de Registro Nacional de Trasplantes.

• Evaluación de un donante en vida. Este punto refiere a donantes en vida, los cuales son sometidos a una evaluación integral para saber si se encuentran en condiciones médicas, sociales y psicológicas, firmando un documento informando el consentimiento. Además, deberá de cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 333 de la Ley General de Salud. Por último, la decisión es avalada por el Comité Interno de Trasplantes.

• Asignación de un órgano o tejidos . Este punto refiere a donantes fallecidos que dispusieron, en un acto altruista, donar sus órganos y/o tejidos con fines de trasplante. El criterio para la asignación del órgano o tejido para trasplante es: gravedad del receptor o urgencia determinada ante la inminente pérdida de vida de un paciente, oportunidad del trasplante, beneficios esperados, compatibilidad entre el órgano donado y el receptor, así como a otros criterios de índole médica, por último, la fecha de inscripción en el SIRNT.

Además de tener que cubrir con el perfil, un paciente, en muchos casos, tiene que enfrentar otra problemática; expertos en el tema, señalan que operaciones de estas magnitudes son sumamente costosas, por ejemplo, un trasplante renal puede variar dependiendo del hospital, desde los 300 mil hasta los 800 mil pesos, sumado a esto, los medicamentos tienen costos mensuales entre seis y ocho mil pesos.4

Por otra parte, a pesar de que, actualmente, los trasplantes son muy seguros y altamente efectivos, existen muchos mitos o falsas creencias alrededor del tema, por lo cual, en el país, hay pocos donantes con relación a otras naciones, es decir, creencias como que la donación es pecado y que la muerte cerebral no es una muerte real y que los órganos se obtienen cuando la persona aún tiene posibilidad de sobrevivir.

Sirva de muestra el estudio realizado por la psicóloga María Luisa Marván Garduño, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana (UV), donde se expuso las principales razones del porqué es tan difícil para algunos mexicanos donar sus órganos después de la muerte, siendo la corrupción el motivo más fuerte para no donar, seguido de que iba en contra de su religión. El tercer motivo para no donar es que no sabrían a dónde irían a parar sus órganos y el último y más sorprendente fue que no donarían sus órganos debido a que es doloroso.5

Como resultado, la tasa de donación por muerte encefálica en el país es de 4.6 donantes por millón de habitantes, una cifra muy por debajo de la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 20 por cada millón de habitantes, o frente a los 19 donantes por millón del conjunto de la Unión Europea, y aún más lejos de la cifra en España; país con mayor índice de donantes: 43,4 donantes por millón de habitantes.

En efecto, la lista de donantes expresos en el país es muy reducida, aun cuando hoy en día, las técnicas de trasplante en el país y en todo el mundo han mejorado, además, de que se han desarrollado medicamentos que disminuyen el posible rechazo del paciente hacia el órgano trasplantado, mostrando una notoria mejoría en los procesos de trasplante desde que se empezaron a realizarse en México en 1963.

Ese año se llevó a cabo el primer trasplante en el país, siendo un riñón trasplantado en el hospital Centro Médico Nacional seguido de un trasplante de córnea; luego les siguieron los de hígado y páncreas. El primer trasplante de corazón se dio hasta 1988 en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, y, más recientemente, trasplantes de medula ósea y los de células y tejidos, cuyo potencial ha creado grandes expectativas.

En total, en México se cuenta con programas activos de trasplantes de órganos y tejidos distribuidos en instituciones públicas y privadas, siendo los programas de trasplante renal y córnea los más relevantes en número, con 123 y 117 respectivamente, significando 60% del total de los programas.6

De 1963 a 2016, según el Registro Nacional de Trasplantes, se han realizado más de 102 mil trasplantes; el de córnea ha sido el más frecuente con 53,457 trasplantes, representando el 52.3%, seguido por el de riñón con 46,349 trasplantes y 45.3%, tendencia que se conserva a lo largo de los años. Juntos representan casi 98% de los trasplantes realizados a lo largo de estas seis décadas en nuestro país. El trasplante orgánico que ocupa el tercer lugar es el hepático con 1,847, y le sigue el de corazón con 510.

Es importante resaltar que no hay institución que tenga mayor número de trasplantes que el IMSS, en los últimos 10 años en el Instituto se han incrementado los trasplantes hasta en 85% al pasar de mil 792 en 2009 a tres mil 314 en 2019; mil 528 trasplantes de riñón, mil 381 de córnea, 314 de células progenitoras hematopoyéticas, 71 de hígado y 20 de corazón.

Asimismo, el Seguro Social mantiene una campaña permanente para promover la donación de órganos y a nivel institucional fortalece esta práctica a través de sus 58 programas de trasplante distribuidos en 27 unidades 16 Unidades de Alta Especialidad y 11 Hospitales en 18 delegaciones.7

En conclusión, a pesar de que la donación de órganos en México, en todos los aspectos, ha mejorado; anteriormente, de cada 10 mexicanos, 7 estaban en contra de la donación, en la actualidad la percepción se ha revertido: 7 de cada 10 connacionales están a favor de la donación,8 aún se necesita fomentar y propiciar una cultura de la donación, ya que no existen suficientes órganos para atender la gran demanda de habitantes que necesitan un órgano para trasplante.

Sabemos que existen obstáculos en el ejercicio de la gestión estratégica, por ello, a fin de que aumente la cultura de donación en nuestro país y se mejore la calidad de las actividades relacionadas a la donación de órganos y tejidos, proponemos las siguientes recomendaciones:

• Concientizar a la población, a partir de la educación, sobre la necesidad e importancia de ser donador de órganos y tejidos desde el núcleo familiar.

• Reforzar las políticas públicas enfocadas en las estrategias de propaganda sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

• Implementar campañas de difusión para contrarrestar la desinformación sobre la donación de órganos.

• Dar mayor difusión al trabajo realizado por Instituciones que promueven la donación, por ejemplo: El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

• Divulgar información precisa acerca de la donación de órganos como; el proceso que se debe realizar para ser donador de órganos y tejidos; el proceso que sigue un paciente para la donación de un órgano o tejido; los beneficios que se obtienen, etc.

Es muy importante que se promuevan estas mejoras en la eficiencia de la gestión en actividades relacionadas a la donación, además de fortalecer el marco regulatorio, impulsar la calidad total y las buenas prácticas, e impulsar la generación de información relevante, completa, confiable, oportuna y accesible.

Tal escenario supone una amplia participación entre los diferentes órganos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, y necesariamente la sociedad civil, en interés de información precisa, hacia el bien común y que asegure, por la vía de la solidaridad, un correcto equilibrio entre la cantidad de donantes y pacientes, para así transitar hacia una cultura nacional en favor de la donación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) a implementar campañas de difusión sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para disminuir la cantidad de pacientes en lista de espera.

Notas:

1 CENATRA “Estado actual de receptores, donación y trasplantes en México”, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589093/3erTrimestre2020. pdf

2 MILENIO ‘‘Trasplante de riñón cuesta hasta 800 mil pesos’’, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: https://www.milenio.com/estados/trasplante-rinon-cuesta-800-mil-pesos

3 CENATRA ‘’ ¿Necesito un trasplante?’’, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: http://cenatra.salud.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada_tema .html

4 MILENIO ‘‘Trasplante de riñón cuesta hasta 800 mil pesos’’, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: https://www.milenio.com/estados/trasplante-rinon-cuesta-800-mil-pesos

5 FUNDACIÓN UNAM “¿Qué desalienta la donación de órganos en México?”, (En Línea) (Fecha de Consulta 06 de noviembre de 2020) Disponible en: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/que-desalienta-la-donacion -de-organos-en-mexico/

6 “Trasplantes de órganos y tejidos en México”, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/ric/v57n2/v57n2a9.pdf

7 IMSS ‘’Implementa IMSS mecanismos para incrementar la donación y trasplante de órganos’’, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202002/102

8 SECRETARÍA DE SALUD ‘’Aumenta la donación de órganos en México’’, (En Línea) (Fecha de Consulta 03 de noviembre de 2020) Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-la-donacion-de-organos-en-me xico?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de noviembre de 2020

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Universidad Autónoma de Chiapas a garantizar la permanencia de la licenciatura en caficultura con sede en Ángel Albino Corzo y la continuidad del programa educativo, a cargo del diputado Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Enrique Farrera Esponda, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas Dr. Rutilio Escandón Cadenas, así como al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, a fin de garantizar la permanencia de la Licenciatura en Caficultura con sede en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, Chiapas, y garantizar la continuidad del programa educativo; asimismo de manera respetuosa se solicita al Subsecretario de Educación Superior Dr. Luciano Concheiro Bórquez, dar difusión a nivel nacional al programa educativo que imparte la Universidad Autónoma de Chiapas, Licenciatura en Caficultura, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“La educación es un derecho humano fundamental, indivisible, irrenunciable, progresivo y necesario para garantizar el acceso a otros derechos. El conocimiento, como parte de la educación, es un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo económico del país. El agua es un líquido necesario para la vida, como la educación para hacerla florecer .”

Juan Enrique Farrera Esponda

Como legisladoras y legisladores construimos esperanza. El acceso a la educación es parte de ello, sólo así combatiremos las desigualdades. En un hecho histórico el 15 de mayo de 2019, aprobamos la obligatoriedad de la educación superior en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los principios de universalidad e inclusividad, misma que deberá ser impartida de forma pública, gratuita y laica.

En esta misma reforma aprobamos el tema de infraestructura, ya que los planteles educativos son un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y es el Estado quien debe garantizar su mantenimiento y las condiciones del entorno, con la finalidad de que sean idóneas para los estudiantes y así contribuir a la educación1

Este derecho no debe ser letra muerta en una Constitución de avanzada que representa nuestros más grandes anhelos. Sabemos que son varias las necesidades educativas, sin embargo, jóvenes, padres y ciudadanos, en Chiapas y en cualquier parte del país, harían lo necesario para cambiar la vida de futuras generaciones.

En el Municipio de Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, Chiapas, nació el proyecto de crear la Licenciatura en Caficultura, única en su tipo en México y en el continente americano. Sumamos voluntades entre las autoridades ejidales, productores, asociaciones, ciudadanos y jóvenes, con el único fin de consolidar este proyecto, como a continuación se documenta:

• En 2011, en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, uno de los municipios más importantes en la producción de Café Orgánico (Jaltenango de la Paz, Corazón del Café) en el país, nace la idea y necesidad de formar profesionales multidisciplinarios para atender a los actores de la cadena productiva del Café como un todo.

• Fueron años de trabajo con la finalidad de consolidar este programa educativo . Se iniciaron las primeras reuniones con la suma de voluntades de autoridades ejidales, organizaciones de la cadena productiva de Café, jóvenes, personas que por años han vivido del producto Café, habitantes, que tienen como parte de su identidad este maravilloso grano de oro verde, y ciudadanos que vieron en el proyecto una oportunidad de desarrollo económico, social y de arraigo familiar.

• Esto dio origen a la creación de un documento que fue entregado al entonces Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Mtro. Jaime Valls Esponda, actual Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien aceptó el proyecto, lo adoptó y generó la participación de todas y todos, a fin de iniciar lo que sería la Universidad del Café.

• Se generó motivación y participación en toda la zona productora de Café con la finalidad de consolidar el proyecto que los representaría y les daría identidad como bastión educativo ante otras entidades federativas y Naciones.

• Realizamos talleres de trabajo en: Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, Monte Cristo de Guerrero, Siltepec, Chicomuselo, Villa Corzo, Villaflores y la Concordia, que eran los Municipios vecinos productores de café más cercanos.

• Los talleres de trabajo, tenían como propósito construir la Universidad del Café, se identificaron las necesidades de la cadena productiva, destacando: la deficiencia en la aplicación de procesos especializados y diversificados en la post cosecha del Café, la baja rentabilidad de la caficultura, la necesidad de aplicar controles de sanidad (ante la problemática de la Roya), calidad y buenas prácticas para la comercialización, la necesidad de articular técnicas y conocimiento científico para el proceso de tostado del café, comprender la catación como un proceso especializado para valorar la calidad del café y resignificar al barismo como técnica de preparación y servicio para la apreciación del café.

• Todas y cada una de las aportaciones fueron recopiladas con la finalidad de integrar un plan educativo multidisciplinario, de calidad educativa y así consolidar un proyecto de nivel internacional, con el sello mexicano, al crear la Licenciatura en Caficultura, como un programa educativo de vanguardia y de grandes aportaciones para el desarrollo de la cadena productiva de Café.

• Como es de observarse, el trabajo realizado no es el resultado de una improvisación, se realizó una amplia labor al respecto. Cabe recordar que uno de los principales problemas es la Roya del Caféto, una de las enfermedades de mayor importancia a nivel mundial, causada por el hongo Hemileia vastratrix que es un parásito capaz de desarrollar su ciclo biológico y sobrevivir en tejido vivo, generando que la planta pierda su productividad, lo que da origen a resultados adversos a la cadena productiva, como: la pérdida de empleos.2

• En 2011, Chiapas producía 18 millones de toneladas de café orgánico, con más de 60 mil productores y de este total, una tercera parte eran mujeres indígenas y campesinas, con la Licenciatura en Caficultura se genera la oportunidad de mejorar los ingresos de este grupo de mujeres, así como fortalecer la equidad educativa del nivel superior.3

• El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica para nuestro país. En México se cultiva la planta que pertenece al género Coffea, son dos las especies que tienen un alto nivel comercial:

a) Café robusta: se cultiva en menor medida, por tener un menor precio de venta para el productor y es utilizado principalmente para la elaboración de café soluble.

b) Café arábiga: por su calidad, sabor y cuerpo, posiciona a nuestro país como uno de los más

• En México, el café se cultiva en 960 municipios de 15 estados4 , sin embargo, la mayor producción se concentra en la zona suroeste, Chiapas 41%, seguido de Veracruz, Oaxaca, Puebla, así como en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Querétaro, Michoacán y Zacatecas. De aquí se identificó la obligatoriedad de generar un plan de estudios de calidad atractivo para jóvenes en todo el país.

• En las manos de las y los productores de café se encuentra el revertimiento del calentamiento global, cultivo que tiene efectos positivos de gran relevancia para el medio ambiente al ser 100% amigable con este.

• Fueron varias las Instituciones que propusieron integrar el plan de estudios, sin embargo, la población eligió a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), como hogar de la “Universidad del Café”. Era necesario tener la infraestructura adecuada para la creación del Campus Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, así que se presentó el proyecto arquitectónico de lo que sería “La Universidad del Café”; no obstante, este proyecto nunca se concluyó y en enero de 2017 la primera generación de la Licenciatura en Caficultura inició clases.

• Los antecedentes de infraestructura de la sede “Universidad del Café”, se encuentran documentados. Se realizó el levantamiento topográfico, en la Unidad Deportiva Jaime Sabines (Jaltenango de la Paz, Corazón del Café), espacio que sería destinado a la construcción del nuevo Campus, toda vez que, por sus dimensiones, era el área perfecta para atender las necesidades estudiantiles.

• Actualmente la Unidad Deportiva Jaime Sabines (Municipio Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz), tiene un auditorio con capacidad de reunir a 1,500 personas. Cuenta con tres canchas de Basquetbol, dos canchas para fútbol libre, un campo para fútbol infantil, una pista para carreras y salto de altura, así como vestidores, baños y algunos otros anexos.

• Este espacio se convertiría en el “Campus Ángel Albino Corzo, UNACH” (Jaltenango de la Paz, corazón del Café), la construcción en su primera etapa constaría de:

1. EDIFICIO A . Edificio para 2 aulas, 1 audiovisual, área de gobierno y cubículos para docentes.

2. EDIFICIO B. Edificio para 2 laboratorios, 3 aulas didácticas y un módulo de sanitarios.

3. EDIFICIO C. Edificio para biblioteca, 2 salas de cómputo, 1 aula virtual, 2 salas de usos múltiples y videoconferencias.

4. EDIFICIO D. Edificio para 6 aulas didácticas, 1 laboratorio de recepción y control de muestras.

5. EDIFICIO E. Edificio para 2 laboratorios de investigación y 2 laboratorios de enseñanza.

• La construcción de la Segunda etapa del Campus consideraría:

1. Cinco edificios, para aulas destinadas a impartir diferentes cátedras.

2. Exterior: andadores, obras de protección civil, pórtico de acceso principal con área de control y bodega, fachada principal, cercado perimetral, caseta de control, estacionamientos, construcción de red eléctrica exterior (alimentadores generales, iluminación exterior, transformador y subestación eléctrica), red hidráulica exterior (alimentadores generales, 2 cisternas de 66,000 lts y tanque de almacenamiento), red sanitaria exterior (red de drenaje, registros, planta de tratamiento de aguas negras, tanque de captación de aguas tratadas y campo de oxidación) y jardinería.

• Es de suma importancia señalar, que la falta de infraestructura jamás ha detenido a los estudiantes de cumplir con sus objetivos y metas. Actualmente, la Primera Generación (ingreso 2017) se encuentra cursando el Séptimo Semestre de la “Licenciatura en Caficultura” (UNACH) en la Unidad de Jaltenango de la Paz, Corazón del Café.

• En 2018, el Ing. Víctor Manuel Aguilar Castillo, Coordinador de la Licenciatura en Caficultura, presentó su Primer Informe de Actividades Académicas y Administrativas, destacó que, entre sus estudiantes matriculados en este programa académico, contaba con un alumno procedente de Querétaro y uno más del estado de Guerrero. Refirió que el 86% de los alumnos provenían de la región de la frailesca, de municipios como: La Concordia, Villacorzo, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, así como de la región Centro Metropolitana como Jiquipilas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De manera adicional, comentó que se incentivaría a los docentes pioneros de la Licenciatura en Caficultura; sin embargo, la realidad es otra, hace falta estructura de docentes especialistas en la materia, a ello se suma que la convocatoria de ingreso a esta Licenciatura no es publicada de manera semestral y ahí nace la preocupación de que desaparezca esta licenciatura de talla internacional.

• El plan de estudios se integró de la siguiente manera:

Licenciatura: Caficultura, Modalidad: Presencial, Plan: Semestral, Duración: 08 semestres, Créditos: 320

Agosto 2018. La primera generación de 2017 se encuentra cursando el séptimo semestre de la Licenciatura en Caficultura.

• Lo más cercano a nuestra propuesta (Licenciatura en Caficultura) es la creación de la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café, inició clases en el mes de enero del año en curso en Colombia5 , no obstante, nosotros contamos con la experiencia necesaria desde 2011.

• Las limitantes de la Licenciatura en Caficultura se ven reflejadas ante la falta de apoyo, al no contar con la infraestructura adecuada y digna para los estudiantes, personal docente, investigadores e intercambios estudiantiles, así como la falta de personal administrativo. Por lo tanto, es necesario reconocer a la Unidad Municipio Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz, Corazón del Café), como un Campus de la UNACH.

• Asimismo, es necesario difundir el programa de estudios de esta Licenciatura a nivel Nacional, así como conservar y reforzar la oferta académica de la sede (UNACH) con domicilio en Carretera Jaltenango a Francisco I. Madero Km. 2.6 s/n, Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, México, C.P. 30370, generar nuevas oportunidades de capacitación y actualización, consolidar la competitividad y lograr desarrollo económico basado en el conocimiento.

• Conocemos las dificultades económicas que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiapas, así como los retos que heredó el Rector Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa y el Gobernador del Estado Dr. Rutilio Escandón Cadenas, sin embargo, es necesario garantizar el acceso a este programa educativo, sin dejar a nadie atrás.

• LA UNIVERSIDAD ES UNA REALIDAD, SU CORAZÓN LATE A TRAVÉS DE SUS ESTUDIANTES; ES TAL SU INTERÉS, QUE NO DUDAN EN VIAJAR DESDE SUS COMUNIDADES AL CENTRO DE ESTUDIOS, ASÍ COMO REALIZAR SUS PAGOS DE MANERA PUNTUAL, AÚN Y CUANDO ALGUNOS DE ELLOS SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

Los comprobantes de pago corresponden a algunos alumnos de la Licenciatura en Caficultura de Séptimo semestre, Sexto semestre, Cuarto semestre y Tercer semestre.

Sin duda el tema de infraestructura no ha sido ajeno a la Universidad, ya que en su Plan de Desarrollo Institucional 2030, en el apartado de Diagnóstico, se cita:

“Actualmente la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con nueve Dependencias de Educación Superior (DES), que equivalen a 42 Unidades Académicas (UA), que se dividen en: 17 Facultades, 12 Escuelas, ocho Centros, tres Institutos y dos Coordinaciones, cuyas sedes se encuentran en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula, Huehuetán, Comitán, Arriaga, Tonalá, Pichucalco, Pijijiapan, Ocozocoautla, Simojovel, Emiliano Zapata, Yajalón, Ángel Albino Corzo , Pantepec, Ostuacán, Tuxtla Chico, Copainalá y Catazajá, que equivalen a una matrícula actual de 22 946 alumnos. En ellas hay 212 edificios, de los cuales 158 se dedican a actividades académicas y 54 a actividades administrativas.

La infraestructura de la Universidad aún no logra satisfacer de manera sustancial la demanda y necesidad de espacios, debido a la constante ampliación de oferta y aumento de la matrícula (sólo en aulas tenemos un déficit de 94 espacios, para el año 2018)... ”6

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de la Licenciatura en Caficultura en el Municipio de Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz, Corazón del Café,) y como parte de las facultades de la H. Cámara de Diputados, el día 04 de noviembre del año en curso, entregue a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 18 y 42 fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la siguiente propuesta de modificación a programas presupuestarios 2021, Ramo 11.

Mi petición fue fundamentada en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

El artículo 3 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece que la modalidad educativa superior es la que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización. Asimismo, en el artículo 6 menciona que la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los estados a fin de asegurar que la expansión y el desarrollo de la educación normal respondan a los objetivos de la política educativa nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales de maestros y de otros especialistas en materia educativa. Con base en estos artículos, se crea el programa U006 que tiene sus antecedentes en distintos programas presupuestarios que han sucedido desde 1976. A partir de 2008 se le define con su nombre y clave presupuestaria actuales y se incorpora al proceso de planeación con la matriz del marco lógico.

Los recursos del U006 se transfieren a través de los Convenios de Apoyo Financiero, suscritos con los estados y las universidades. La Secretaría de Educación Pública es representada por el Titular de la Subsecretaría de Educación Superior, que a su vez es asistido por el Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU), se establece que el monto de los recursos se debe asignar con base en la matrícula, plantilla docente y administrativa de cada universidad, con base en el costo de las nóminas y gastos de operación; sin embargo, no se establece una fórmula exacta para la determinación de los recursos.

El fin del programa en su modalidad de Educación Superior es contribuir a ampliar la cobertura de servicios educativos, mediante la asignación de recursos, con el propósito de cubrir la demanda de servicios de educación pública de los estados, financiando únicamente instituciones ya creadas, por lo que complementa otros programas de la SEP destinados a crear nuevas instituciones o ampliar la capacidad de las ya instaladas, lo que permite estabilizar la oferta educativa de los Organismos Descentralizados Estatales (ODE). Además, tiene como objetivo Impulsar un México con Educación de Calidad y promover la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo.

Para el ejercicio 2017 el Gasto Federalizado en Educación fue de 539,796.7 millones de pesos (mdp), de los cuales el 77.5% corresponde a Aportaciones Federales con 418,342.4 mdp y el 22.5% a Convenios de Descentralización con 121,454.3 mdp. El programa U006 representó el 69% de dichos convenios con 84,803.5 mdp. Así mismo, el programa U006 financió 56,076.6 mdp en los gastos totales que fueron destinados a las Instituciones de Educación Superior (IES), lo que representó el 48%, así como 27,039.5 mdp, es decir el 29% en Educación Media Superior (EMS), y 1.1 mdp en posgrado, que representó el 14%. Durante el periodo 2014-2017 se observó una tendencia a la baja en el presupuesto federal, en términos reales del 11% para el presupuesto de las universidades públicas estatales (UPES).

En la tercera entrega de los resultados de la fiscalización a la cuenta Pública 2017 de la Auditoria Superior de la Federación (Marco de Referencia, CP 2017), se realizaron 32 auditorías, 31 a Universidades Públicas Estatales y una a la SEP sobre este rubro, en las que se determinaron un total de 256 observaciones, en el que se debe destacar que la Universidad Autónoma de Chiapas fue auditada en un 94.9% sin generar montos por aclarar y sin observaciones y sólo dos acciones promovidas PEFCF 7

La reducción solicitada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se realizó en congruencia con las medidas de austeridad republicana que ha implementado el Gobierno Federal desde el ejercicio fiscal 2021, con una reducción de recursos sobre servicios personales en lo que respecta a Ramos Administrativos, reordenando las prioridades del ramo y realizando un seguimiento y revisión de la estructura programática, tanto para las nuevas facultades normativas del sector educativo, así como para la eficiencia y la eficacia de la ejecución del gasto público, como: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, Regulación y supervisión, Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional y Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.

Como diputado federal, representante del Distrito Electoral 10, Chiapas, voz de los ciudadanos, externo sus preocupaciones:

1.- El probable cierre de la sede de la Universidad Autónoma de Chiapas con domicilio en Carretera Jaltenango a Francisco I. Madero Km. 2.6 s/n, Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, México C.P. 30370, al ser sede de un proyecto que está por cumplir 10 años de haberse iniciado en el corazón del café e identidad de la población.

2.- La omisión de una Convocatoria semestral para ofertar el plan de estudios de la Licenciatura en Caficultura, lo que pone en riesgo su existencia, va en contra de las políticas públicas federales que ha impulsado nuestro Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y se omite garantizar la reforma educativa aprobada el 15 de mayo de 2019, tiene como objetivo acortar la brecha educativa y reconocer que el conocimiento es parte fundamental del desarrollo económico y social de los municipios, de Chiapas y de todo el País.

3.- La falta de infraestructura necesaria para la creación del Campus Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz, Corazón del Café) de la UNACH, con la finalidad de contar con personal docente y administrativo propio.

4.- La falta de difusión de este programa educativo para que la población estudiantil incremente.

Por lo anterior expuesto, es necesario contar con el apoyo de:

a) Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ya que de conformidad con el Artículo 3º.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación superior es obligatoria y corresponde a las autoridades federales y locales, el establecimiento de políticas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad, de los estudiantes.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, será impartida además de obligatoria, de forma universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

b) Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, reconoce la autonomía universitaria como la facultad constitucional de autogobernarse y es de su competencia exclusiva determinar sus planes, programas de estudio así como los requisitos para la admisión de sus estudiantes; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio, al ser una Institución comprometida con el servicio a la sociedad y el desarrollo sustentable.

Tiene por objeto incidir en el desarrollo de Chiapas y de la Nación, particularmente de la región sur-sureste del país, así como de Centroamérica, a través de la enseñanza de la educación superior, investigación, construcción, extensión, socialización del conocimiento y la cultura, por medio de la formación y actualización de técnicos, profesionistas, profesores e investigadores con compromiso social que permita coadyuvar en el desarrollo social, económico, político y cultural.

c) Subsecretario de Educación Superior Dr. Luciano Concheiro Bórquez, con el objetivo de dar difusión a nivel nacional del programa educativo Licenciatura en Caficultura, que imparte la Universidad Autónoma de Chiapas, con sede en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, con el objetivo de garantizar la permanencia de la sede de la Licenciatura en Caficultura en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, Chiapas, e intervenir en medida de sus facultades que la Licenciatura perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiapas no desaparezca, así como impulsar la creación de un Campus que cuente con infraestructura, personal docente y administrativo que tenga la capacidad de expandir la oferta educativa.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, con la finalidad de garantizar la permanencia de la sede de la Licenciatura en Caficultura en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Corazón del Café, Chiapas, así como a asegurar la permanencia del programa educativo y que sea ofertado de manera semestral.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa al Subsecretario de Educación Superior Dr. Luciano Concheiro Bórquez, a fin de dar difusión a nivel nacional el programa educativo, Licenciatura en Caficultura que imparte la Universidad Autónoma de Chiapas.

Notas:

1. Artículo 3o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf .

2. Memorias del Seminario Científico Internacional, “Manejo Agroecológico de la Roya de Café”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Consultable en: http://www.fao.org/3/a-i5137s.pdf

3. Publicación: martes 25 de enero de 2011, Ángeles Mariscal en https://expansion.mx/nacional/2011/01/25/el-cafe-organico-de-chiapas-cr ece-a-contracorriente-y-sin-incentivos, consultado el día 22 de octubre de 2020, a las 2:07 am.

4. AMECAFE, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2019

5. Maestría en Ciencia y Tecnología del Café, ofertada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. Consultado en: https://www.usco.edu.co/es/estudia-en-la-usco/programas-postgrado/facul tad-de-ingenieria/maestria-en-ciencia-y-tecnologia-del-cafe/

6. Ibidem. Plan de Desarrollo Institucional 2030, publicado por la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, consultado en: https://www.unach.mx/index.php/component/k2/plan-de-desarrollo-instituc ional-2030

7. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de noviembre de 2020.

Diputado Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ISSSTE a dar a las personas de la tercera edad prioridad en invierno en la atención médica en las clínicas de medicina familiar y dispensarlas de formarse para no contagiarse de enfermedades como Covid-19 e influenza, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 , fracción II y 2 fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, a fin de exhortar al Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en esta época invernal del total de fichas que distribuye diariamente en la clínicas de medicina familiar se les otorgue a las personas de la tercera edad sus fichas de atención médica, y se les dispense el formarse para no contagiarse de enfermedades como el Covid 19 e Influenza, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, al tenor de las siguiente

Consideraciones

La salud es un derecho sustancial en el ámbito social y en el laboral, nuestra Carta Magna ordena en su artículo cuarto constitucional que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, es un derecho al que deben tener acceso todos los trabajadores; es una prestación que queda establecido en las relaciones laborales y en los contratos colectivos de trabajo.

En el caso de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados, al Servicio del Estado a nivel Federal y estatal, tienen el servicio médico en las Clínicas de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); siendo un hecho que el servicio médico que se les ofrece cada día es más deficiente, en su atención diaria, en el sistema de citas que otorgan y la dotación de las medicinas que prescriben sus doctores.

Sin duda la problemática financiera, por la que atraviesa el ISSSTE desde hace varios años ha venido colapsando una atención médica eficiente a sus derechohabientes que trabajan o trabajaron al Estado; por ello son recurrentes las quejas contra este servicio y por los procedimientos para apartar las citas diariamente.

Es recurrente que la mayoría de los trabajadores en activo y pensionados, prefieren ir a los servicios médicos privados, ante el tiempo de espera de más de ochos horas desde que se obtienen las fichas, para ser valorados por los galenos y la espera para surtir las recetas médicas.

Por lo anterior, los trabajadores tienen que asistir a sus clínicas desde las primeras horas de la madrugada, para formarse y obtener una de las primeras fichas y salir lo más rápidamente; lo anterior debido a que las citas por vía telefónica y por internet, son altamente ineficientes, debido a que el que quiere obtener su ficha tiene que esperar mucho tiempo, para ser atendidos, si bien les va, dándoles la cita en fechas posteriores; pero en muchos casos no se logra obtener la ficha, después de largas horas de espera, por lo que los derechohabientes se desesperan y desisten de busca la cita médica por estos medios.

Por lo anterior, es que prefieren asistir personalmente a su Clínica de Medicina Familiar a solicitar su cita, aunque tengan que formarse desde la madrugada. Pero como consecuencia de la pandemia del covid 19, las Clínicas de Medicina Familiar han reducido en una tercera parte sus consultas, por lo que tienen que asistir más temprano, para que tengan derecho a una ficha.

La anterior problemática, afecta a las personas jóvenes y menores de sesenta años, pero es más complicada para las personas de la tercera edad, por el tiempo que tienen que pasar formados, para obtener una ficha de atención médica; lo que se les complica más en las épocas de los crudos inviernos como los actuales en el Valle de México y en los Estados del país de Climas gélidos, por estas expuestos a las bajas temperaturas y al riesgo de infectarse del covid 19 y de la influenza, o en el caso de ir enfermos de alguna enfermedad respiratoria, poder agravarse.

Por lo anterior, es que es necesario que el ISSSTE, fundado en lo que establece su REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, en su artículo 26 que a la letra dice:

Artículo 26.- Las Unidades Médicas proporcionarán Atención Médica a discapacitados y grupos vulnerables de manera preferencial.

Les otorgue una atención especial desde la perspectiva de género, y por su estado de vulnerabilidad a las personas de la tercera edad, otorgándoles las fichas de atención médica, SIN NECESIDAD DE FORMARSE POR HORAS, para ello el personal de guardia, deberá regístralos a la hora que dichas personas lleguen.

Varias quejas las he recibido de personas de la tercera edad, que asisten a la Clínica de Medicina Familiar ISSSTE Ecatepec1 , Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ubicada en la calle Isabel La Católica s/n, Colonia El Calvario, Código Postal 55000, en Ecatepec de Morelos, en el que las personas tienen que llegar desde las dos de la madrugada, para formarse, y se les da acceso a las cinco de la mañana, para firmar un listado del número de su ficha que tienen los guardias que dan ingreso; es de aclarar que por la pandemia del Covid 19 sólo se dan 150 fichas, para evitar la aglomeración en las salas, por lo que las personas saben que tiene que llegar más temprano.

Pero es de señalar, que, si las personas llegan a formarse las cinco y media de la mañana, ya no alcancen servicio médico, o tienen que esperar para ver si pueden ser atendidos por la tarde.

El otorgamiento de la ficha por los administrativos, en base a la lista de llegada, comienza a las siete de la mañana; y el servicio médico comienza a las ocho de la mañana. Por ello las personas de la tercera edad, tienen que formarse por largas horas, en esta Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, y esperar la hora de apertura para poder registrase, sin tener ninguna consideración, por ser mayores de sesenta años, por lo que se violenta el artículo 26 del vigente REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Por lo anterior, es que es necesario que las personas de la tercera edad, y en base al fundamento del Reglamento invocado, se les de atención especial en toda la época invernal, registrándolos por el personal de guardia de las Clínicas, sin que tengan que formarse y exponerse a ser contagiados del virus Covid 19, o la influenza, o en caso de venir enfermos agravar sus síntomas.

Sin duda que el asunto de programar las citas en las Clínicas Familiares ISSSTE, es un problema grave que la Institución debe resolver, debido al fracaso de las citas por internet y vía telefónica; no es concebible esperar más de siete horas para recibir el servicio médico, al que se tiene derecho y por el que paga, o a pagado por muchos años. Lo anterior sin duda, violenta los derechos humanos de los trabajadores activos y pensionados del ISSSTE.

Y es más grave en el caso de las personas de la tercera edad, y con enfermedades crónicas degenerativas, que son un sector vulnerable, y que son discriminados porque tienen que esperar largas horas, para ser atendidos medicamente.

El derecho a la salud de los trabajadores en activo y pensionados, al servicio del Estado, y sus familiares, se encuentra fundado en lo que establece el Artículo 3 de la Ley del Instituto y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a la letra dice:

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:

I. De salud, que comprende:

a) Atención médica preventiva;

b) Atención médica curativa y de maternidad, y

c) Rehabilitación física y mental;

II. De riesgos del trabajo;

III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

IV. De invalidez y vida.

Asimismo, en el REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, se establece lo siguiente:

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I...II.

III. Atención Médica. - El conjunto de servicios médicos que se le proporcionan al paciente para proteger, promover y restaurar su salud dicha atención puede apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud;

IV... XLIX.

L. Servicios de Atención Médica. El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo para prevenir, tratar o rehabilitar una enfermedad;

LI...LXI.

LXII. Unidad (es) Médica(s). El Consultorio Médico en Centro de Trabajo, Consultorio de Atención Familiar, unidades y clínicas de medicina familiar. Clínica de Medicina Familiar con especialidades, Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano, Clínica de especialidades, Clínicas de Especialidades con Quirófano, Clínica Hospital, Hospitales Generales, Hospitales Regionales, Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Médico Nacional “20 de noviembre”;

LXIII...LXV.

Artículo 8.- El Instituto otorgará Atención Médica Preventiva y curativa tendientes a proteger la salud de los Derechohabientes, así como brindar atención de Maternidad y de Rehabilitación, tendiente a corregir la invalidez física y mental y comprenderá los siguientes servicios:

I. Medicina familiar;

II. Medicina de especialidad;

III. Gerontológico y geriátrico;

IV. Traumatología y Urgencias;

V. Oncológicos;

VI. Quirúrgicos, y

VII. Extensión hospitalaria.

Artículo 9.- Los Servicios de Atención Médica serán proporcionados en las Unidades Médicas propias y las subrogadas, así como en el domicilio del Paciente, en los términos de este Reglamento y la normatividad aplicable.

Artículo 10.- El Instituto registrará al Paciente en la unidad o clínica de medicina familiar que le corresponda en razón de su domicilio, o en otra unidad de adscripción, cuando éste notifique cambio del mismo.

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

Artículo 26.- Las Unidades Médicas proporcionarán Atención Médica a discapacitados y grupos vulnerables de manera preferencial.

Artículo 53.- Las Unidades Médicas efectuarán la apertura del Expediente Clínico, cuando el Derechohabiente presente la documentación para certificar sus derechos y asista por primera vez a solicitar Servicios de Atención Médica a que se refiere esta sección. Se deberá utilizar el Expediente Clínico Electrónico proporcionado por el Instituto, y en caso de no contar con el sistema, utilizarán medios escritos de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Artículo 56.- Las Unidades Médicas de conformidad con lo dispuesto por la Dirección Médica y una vez que dispongan del Sistema Electrónico de Cita Médica, deberán utilizarlo y cumplir con el estándar de atención que se requiere para agenda dichas citas, por este medio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en esta época invernal del total de fichas que distribuye diariamente en la Clínicas de Medicina Familiar se les otorgue a las personas de la tercera edad sus fichas de atención médica, y se les dispense el formarse para no contagiarse de enfermedades como el Covid 19 e Influenza.

Nota:

1. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423/unidadesmedicas.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre del año 2020.

Diputada Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SCT y el gobierno de Michoacán a considerar como aeropuerto internacional el de Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Agustín García Rubio, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo, para que sea considerado el aeropuerto nacional de Lázaro Cárdenas como aeropuerto Internacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La aviación es una herramienta indispensable para la integración nacional, el turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías; es un factor determinante de la competitividad y el desarrollo. Además, juega un papel vital para facilitar el crecimiento económico, particularmente, en los países en desarrollo. Los aeropuertos son un recurso nacional vital que constituyen un papel clave en el transporte de personas y mercancías.

El transporte aéreo destaca como un elemento esencial de las relaciones económicas y sociales del mundo. Aparte de los beneficios generados por la posibilidad de viajes intercontinentales rápidos, se resalta la función que cumple en el transporte de productos de alto valor, de los perecederos y de los que deben estar oportunamente en el mercado.

Las siguientes son algunas cifras a destacar del modo aéreo en el ámbito mundial durante 2014:

Empleó a 58.1 millones de personas.

Su impacto económico fue de 4 trillones de dólares.

Cada día se transportan alrededor de 5 billones de dólares en carga y 8.6 millones de pasajeros.

Generó el 2.4% del producto interno bruto mundial.

Se realizaron 37.4 millones de vuelos comerciales.

Transportó alrededor de 35% de la carga, en términos de su valor, y el 0.5% en volumen.

Movilizó al 52% de los turistas internacionales (ATAG, 2014).

La cadena logística de la carga aérea

El proceso de gestión de la cadena de suministro de la carga aérea es una combinación de actividades interconectadas y de procedimientos e intercambios de información que permiten su transporte. Todas las partes comparten la responsabilidad de velar por que la carga se traslade en condiciones fiables y seguras a través de ella. La cadena de suministro de la carga aérea es iniciada por un vendedor (consignador o expedidor) y un comprador (importador) que desean intercambiar mercancías por vía aérea.

El expedidor es el ente responsable de la fabricación y/o la venta de mercancías, y puede ser denominado asimismo exportador o comerciante. A menudo, contratará los servicios de un corredor o agente para gestionar el transporte de la carga, lo cual incluye el cumplimiento de las prescripciones establecidas por los organismos de reglamentación fronteriza. En particular, se encargará de la preparación de la declaración de mercancías para las aduanas, pero también de las múltiples licencias, permisos y certificados que pueden solicitar otros organismos de reglamentación transfronteriza En sentido comercial, el expedidor trata con el comprador, o el importador en el caso del comercio internacional, en el otro extremo de la cadena de suministro. La persona que inicia la expedición puede fabricar las mercancías o simplemente adquirirlas para su reventa (OACI y OMA, 2013).

Desde 2014, las aerolíneas nacionales operaron con una flota total de 343 aeronaves. En la siguiente gráfica, se agrupan los distintos modelos utilizados y se indica su porcentaje de participación.

La carga movida por los aviones es parte de un sistema intermodal que generalmente se complementa con el autotransporte para llevar los bienes hacia y desde los aeropuertos. Por lo tanto, los aeropuertos que manejen carga aérea deben asegurar, tanto un acceso eficiente para el autotransporte, así como, unas instalaciones adecuadas en tierra para el manejo de la carga aérea, con el fin de ser competitivos.

Para cumplir con los requerimientos de los clientes, los modernos sistemas de transporte de carga intermodal, deben ser vistos como un sistema y no como un conjunto de distintos modos de transporte, y como un proceso, en lugar de ser considerarlos como una serie de eventos independientes. También, estos sistemas deben considerar que el flujo de información precisa y oportuna a través de ellos, es tan importante como el movimiento mismo de la carga. Dentro de la inversión de capitales para el desarrollo del sistema, deben ser consideradas en primer lugar, las prioridades establecidas para cumplir con los requerimientos de los clientes.

El desarrollo de un sistema intermodal eficiente y capaz es una tarea muy compleja. Existen problemas que involucran a los vehículos, a la infraestructura y a los sistemas de información, además de otros problemas de tipo organizativo y administrativo. Se debe dar prioridad al continuo desarrollo de los sistemas de intercambio electrónico de datos (Electronic Data Interchange, EDI) para asegurar que se efectúe un adecuado intercambio de información entre los transportistas y los usuarios.

El estado de Michoacán es uno de los estados de México más ricos en bellezas naturales, cultura, gastronomía, legado prehispánico y también en exportación de productos agrícolas.

Las fértiles tierras de sus campos cuentan con las condiciones idóneas para crecer frutas y verduras frescas de la más alta calidad. Por esto, los productos agrícolas de Michoacán se exportan a más de 20 países alrededor del mundo, poniendo el nombre de México muy en alto en esta materia.

Principales productos agrícolas de Michoacán que se exportan a todo el mundo:

Aguacate

El aguacate michoacano es probablemente el mejor de todo el mundo. El estado produce más de un millón y medio de toneladas que se exportan a Estados Unidos y Canadá, algunos países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y Honduras, a casi una decena de países europeos y a varios más del continente asiático. En Michoacán es llamado “el oro verde”.

Fresa

Michoacán produce más del 60 por ciento de la fresa nacional con alrededor de 340 mil toneladas al año. Se cultiva en 23 municipios de los cuales Zamora, Jacona, Ixtlán y Tagancícuaro lideran la producción.

Zarzamora

Más del 90% de la zarzamora mexicana se produce en Michoacán con casi 250 mil toneladas al año. Esta enorme producción genera más de 11 mil empleos directos en el estado. Europa, Asia y Estados Unidos son los principales destinos a los que se exporta este delicioso fruto.

Limón

El limón es cultivado en casi 45 mil hectáreas de 30 municipios del estado, siendo Buenavista y Apatzingán algunos de los más importantes. Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Japón son los principales países a los que se exporta.

Mango

Michoacán cuenta con más de 20 mil hectáreas dedicadas a la producción de mango, de las cuáles poco más de 3 mil lo producen de manera orgánica. El mango michoacano tiene presencia en 29 municipios siendo Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Gabriel Zamora unos de sus mayores productores.

Esta fruta es una de las más cotizadas en el mundo por lo que su exportación genera alrededor de 500 mil millones de pesos al año.

El estado de Michoacán se colocó en el primer lugar a nivel nacional en exportación de productos agrícolas, el aguacate, limón y frutillas son los productos agrícolas michoacanos con más demanda en países como Estados Unidos, Canadá y Japón, colocando así a la entidad como un importante abastecedor.

Michoacán se ha colocado en el primer lugar del valor de la producción agrícola en México, seguido por Jalisco y Sinaloa. En lo que va del año las exportaciones se han incrementado un 19% que se traduce en una derrama económica de aproximadamente de 2 mil 500 millones de pesos, se ha incrementado alrededor de un 19 por ciento y de esta manera se va fortaleciendo el sector exportador de la entidad.

Hay que recordar que es un estado líder en producción agrícola y en 2004 han registrado ganancias por más de 46 mil millones de pesos al año, lo que ha significado un crecimiento económico de 7.7% del sector primario, sin embargo, la entidad se ubica en el lugar 17 en la producción agroindustrial por lo cual es necesario fortalecer al aeropuerto nacional Lázaro Cárdenas en Internacional ya que debe de ser una estrategia coordinada entre el gobierno estatal y federal.

Uno de los principales retos que enfrentan los exportadores michoacanos son las certificaciones de los productos, pues existe una dificultad y falta de organización para atender a las normas internacionales de los países destino de las exportaciones.

El Aeropuerto Nacional General Lázaro Cárdenas del Río Código IATA: LZC Código OACI: MMLC - Código DGAC: LZC1?), es un aeropuerto localizado en Lázaro Cárdenas Michoacán y maneja el tráfico nacional del puerto de Lázaro Cárdenas.

Tiene una torre de control de 10 metros de altura la pista de aterrizaje con una longitud de 1,500 metros y ancho de 30 metros, el aeropuerto se ubica a las afueras de la ciudad.

Actualmente, en el aeropuerto, se llevan a cabo vuelos comerciales a través de la aerolínea Aeromar, además de vuelos generales, oficiales y privados, con cumplimiento de la normatividad aeronáutica internacional.

Para el 2018, llegaron 26,177 pasajeros, mientras que en 2019 llegaron 25,313 pasajeros según datos publicados por la Agencia Federal de Aviación Civil.

Los diputados de Morena estamos convencidos que debemos impulsar el crecimiento y el desarrollo de México, ya que el país lo necesita.

Es por ello que se considera que es momento de que tomen cartas en el asunto para garantizar el crecimiento económico de la región y del país.

Así, se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo, para que sea considerado el aeropuerto nacional de Lázaro Cárdenas como aeropuerto Internacional.

Por lo anterior, sirve de argumento para realizar inversiones en el estado de Michoacán y recordar que la riqueza de las tierras michoacanas es indudable y demasiado prospera.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo, para que sea considerado el aeropuerto nacional de Lázaro Cárdenas como aeropuerto Internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputado Agustín García Rubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a supervisar y entregar oportunamente los recursos públicos de programas sociales y vigilar de manera exhaustiva las funciones de los servidores a su cargo y sancionar a quienes realicen acciones ilícitas por malos manejos, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado José Ricardo Delsol Estrada, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someter a la consideración de esta Honorable Asamblea proposición con un punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Derivado de las condiciones ante la emergencia sanitaria de Covid-19 que vive nuestro país, el gobierno Federal ha dado instrucciones para coadyuvar en la incorporación de los Programas del Bienestar a todos los adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades más desprotegidas y de alta marginación como una prioridad del país y, ser visitados por los servidores públicos casa por casa para realizar el censo e inscribir a todos los ciudadanos.

Para que cumplan con los requisitos que establecen las reglas de operación sin distinción alguna, siendo que en muchos estados, existe una gran demanda por la demora de los mismos, por citar algunos en el estado de San Luis Potosí, Durando y el Estado de México y que se destacan las irregularidades en el censo, y en otros casos llegan al nepotismo con que se dirigen algunos servidores públicos (servidores de la nación) y sus delegados con la falta de profesionalismo, ética y sensibilidad a esta noble población, es por ello el presente exhorto que presento a fin de solicitar se lleven a cabo supervisiones, revisiones en base de datos y en su caso las auditoras necesarias a las delegaciones de todo el país, como es el caso de la NÚMERO DGVI/892/2020, que se apertura ante en el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Bienestar el pasado 27 de julio del año en curso, a fin de que se detecte lo antes mencionado, ya que estos programas van dirigidos y se deben otorgar a la población que más lo necesita y en estado de vulnerabilidad.

Es indispensable que se vea involucrado de manera urgente el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Bienestar, la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación e impulsen mecanismos para realizar acciones y se audite de manera constante a las delegaciones y que sea un instrumento normativo para las reglas de operación y, evitar que sea sorprendida la población, con llamadas telefónicas y servidores públicos (servidores de la nación), y delegados pues los auténticos no les piden documentación para llevarse ni que se afilien alguna organización o partido político, es menester mencionar que el actuar de los servidores públicos es muy importante, ya que son los encargados del manejo de los programas sociales, ya que estos están diseñados para apoyar a los más pobres, a las madres solteras, a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, a los campesinos en resumidas cuentas a quienes más lo necesitan y que deben recibir un trato digno y con respeto. El Coneval en sus principales resultados sobre programas relevantes para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad producida por el virus SARS-COV-2 (Covid-19),- indica que se encontraron 47 programas relevantes para atender la crisis sanitaria como 20 de salud, 3 de servicios básico de la vivienda y 26 de ingreso. Es decir de que los 159 programas sociales que operan en 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad producida por el virus SARS-COV-2 (Covid 19).

Los funcionarios públicos de la Secretaria de Bienestar deben dar seguimiento, brindar la atención y apoyar en las dudas de cada uno de los beneficiarios-ciudadanos así como la actualización y corrección constante a los padrones de estos programas federales. Esta Secretaria insisto urgente debe contar con la supervisión, control en la distribución de recursos y subsidios a la población que urgentemente lo necesiten es decir a los más pobres dándoles una atención inmediata ya que es un derecho constitucional.

Puntualizó que lo que se debe ofrecer a las millones de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es que los objetivos de los programas involucrados son claros y de trascendencia asistencialista de las políticas sociales, con el fin de que los beneficiarios de estos subsidios obtengan opciones de desarrollo productivo de largo plazo, de tal manera que se construyan bases sólidas sobre las cuales las mexicanas y los mexicanos que hoy dependen de una transferencia de recursos monetarios esto para mejorar su ingreso y bienestar, puedan ser apoyados sin distinción, todo el territorio nacional requiere ser atendido de manera urgente e integrar a las zonas de mayor marginación, los cita el plan nacional de desarrollo 2020/2024 en sus rubros de bienestar.

Varias regiones del país se caracterizan porque tiene los mayores rezagos sociales, por ello el Poder Legislativo Federal tiene la responsabilidad de encauzar acciones para fomentar la superación de la pobreza extrema, destinando recursos presupuestales para que el Ejecutivo Federal lleve a cabo los programas procedentes, a fin de mejorar y elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno de la Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Bienestar, para que amplié la base de datos y se integren los programas de bienestar urgente a todos los estados de la república mexicana.

Segundo.- Exhortar respetuosamente a la Secretaria de Bienestar a fin de que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación se refuercen supervisiones y Auditorias constantes a las delegaciones y a los servidores públicos, en caso de encontrarse irregularidades se inicien procedimientos administrativos y se presenten las denuncias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de noviembre del 2020.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, y el gobierno y las Secretarías de Salud y de Turismo de Campeche a prevenir un rebrote de contagios de Covid-19, a cargo del diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Enrique Martínez Aké, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los cuales la Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Salud federal, del Poder Ejecutivo de Campeche, de Campeche, y de Turismo de Campeche a prevenir en el ámbito de sus respectivas competencias un rebrote de contagios de la enfermedad grave generada por el SARS-Cov2 (Covid-19) en la entidad, con base en las siguientes

Consideraciones

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el SARS-Cov2, causante de la enfermedad Covid-19, e hizo un llamado a todos los países a tomar medidas urgentes para evitar su propagación, en virtud de su capacidad de su contagio a la población en general.

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de la población en general, sin importar la edad, sexo o género, la cual es de muy fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus, ya sea por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y posteriormente se llevan las manos a la boca, nariz u ojos o simplemente por la cercanía al hablar con una persona infectada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el párrafo cuarto del artículo 4o. el derecho humano a la protección de la salud:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.1

El Estado Mexicano haimplementado diversas acciones regulatoriasextraordinarias a lo largo de todo el territorio nacional en materia de salubridad para combatir la enfermedad grave generada por el SARS-Cov2 (Covid-19), entre las cuales destacan

• “Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el SARS-Cov2 (Covid-19)”, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia;

• Que la Secretaría de Salud mediante el “acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado al 30 de mayo de 2020, mediante similar publicado el 21 de abril de 2020;

• Que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, y acciones extraordinarias”, y el acuerdo modificatorio a éste el 14 y 15 de mayo de 2020, respectivamente.2

Ésta última, dio como resultado la implantación de un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, el cual tiene como principal objetivo transitar hacia una nueva normalidad, mediante el monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de Covid-19, establecidos por estados y está compuesto por cuatro colores que a continuación describo en el siguiente cuadro de acuerdo con información del portal de la Secretaría de Salud:3

Fuente: Elaboración propia con datos del portal coronavirus.gob.mx/semáforo

A la fecha, Campeche es la única entidad federativa que se encuentra en semáforo verde, lo que significa un regreso de sus habitantes a la nueva normalidad permitiendo todas las actividades laborales y de producción económica; la reapertura de todos los espacios públicos de forma regular, pero sobre todo la reintegración al sistema educativo, lo que resulta alarmante, ya que podría ser el escenario ideal para la propagación del virus,lo que podría provocar un rebrote de contagios de Covid-19.

Fuente: coronavirus.gob.mx/semáforo4

Si bien en el desahogo de la conferencia matutina de fecha 8 de octubre del 2020, que encabeza el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se dio a conocer que el gobierno de Campeche en coordinación con el gobierno federal decidióque no habrá regreso a clases presenciales en dicha entidad. Sin embargo, es urgente tomar medidas preventivas, ya que de no hacerse podría cambiar de color de semáforo en un periodo reducido de tiempo, como el claro ejemplo de Chihuahua, al ser el primer estado en retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico al nivel máximo (color rojo) debido a los rebrotes de Covid-19 en la entidad, máxime que no solo se trata de un cambio de color de semáforo, sino,de poner en riesgo la vida de las ciudadanas y ciudadanos.Misma situación que se repitió en Durango al regresar a partir del 9 de noviembre del presente año a color rojo de semáforo epidemiológico.

Las cifras nacionales con corte al 11 de noviembre de 2020 sobre el número de contagios es de 1 millón 135 mil 266 personas, para el número de muertes es de111mil 513defunciones[1]; las cifras del estado de Campeche sobre el numero de contagios es de6 mil 587 personas, para el número de muertes es de 858 defunciones, cifras que ubican a la entidad por debajo de la media de contagios y muertes en comparacióncon las demás entidades federativas, pero ello no significa que las ciudadanas y ciudadanos campechanos no puedan estar en riesgo de elevar dichas cifras, por lo que esmenester establecer medidas de prevenciónclaras y no decisiones discrecionales, que después pasan a ser del dominio público mediante comunicados o conferencias de prensa.

Muchos turistas que llegan a Campeche a vacacionar no siguen los protocolos de sanidad establecidas por las autoridades competentes ya que se les puede observar en las vialidades, restaurantes, centros comerciales y demás áreas públicas sin usar cubrebocas, poniendo en riesgo no solo quien no lo usa, sino también a todos a su alrededor.

Por ese motivo, el suscrito legislador presenta el siguiente punto de acuerdo, con el objetivo de prevenir un rebrote de contagios de la enfermedad grave generada por el SARS-Cov2 (Covid-19) en la entidad federativa de Campeche , que a pensar de encontrase en semáforo verde, se necesitan reforzar las medidas de prevención sanitaria ante la pandemia , al tiempo de exhortar al Gobernador de la entidad en comento, para que emita un Decreto que establezca que el regreso a clases presenciales será cuando al menos las entidades federativas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruzpasen a semáforo verde . Todo ellos con la intención de salvaguardar el artículo 4º. Constitucional que consagra el derecho humano a la protección de la salud.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con estricto respeto del principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los secretarios de Salud del gobierno federal y de Campeche a reforzar en el ámbito de sus respectivas competencias las medidas de prevención sanitaria ante la pandemia generada por el SARS-Cov2 (Covid-19) en esa entidad, a fin de mantenerla entidad en semáforo de riesgo epidemiológico de color verde.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con estricto respeto del principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los secretarios de Turismo, y de Salud de Campeche a garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias que los turistas que visten el estado se ajusten a los protocolos sanitarios establecidos para combatir la enfermedad grave generada por el SARS-Cov2 (Covid-19).

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con estricto respeto del principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Campeche a emitir un decreto que establezca que el regreso a clases presenciales en la entidad será cuando al menos Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz pasen a semáforo de riesgo epidemiológico de color verde.

Notas

1 Recuperado de
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf> Consultado el 28 de octubre de 2020.

2 Recuperado de <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601534&fecha=30 /09/2020> Consultado el 28 de octubre de 2020.

3 Recuperado de <https://coronavirus.gob.mx/semaforo/> Consultado el 12 de octubre de 2020.

4 Recuperado de <https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView> Consultado el 11 de noviembre de 2020.

5 Recuperado de <https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView> Consultado el 29 de octubre de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputado Carlos Enrique Martínez Aké (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a establecer por la Dirección General de la Vida Silvestre medidas encaminadas a convocar anualmente y sin suspensiones a un concurso equitativo para otorgar subsidios sectorizados a las UMA, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, facción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vida silvestre es toda aquella forma de vida natural dentro de bosques, selvas, desiertos, sabanas, océanos, etcétera. Y los grandes sistemas naturales, se refiere a todos los vegetales, animales y otros organismos no domesticados. Es decir, la flora y fauna de toda reserva natural, animales, plantas, hongos y bacterias, incluidos, en algunos casos, grupos humanos pertenecientes a dichas reservas, conforman la vida silvestre.

De ahí que la vida silvestre cumple destacadas funciones en los ecosistemas, entre las que cabe mencionar la de descomponedores de residuos, polinizadores y controladores biológicos, entre muchas otras.

Particularmente, en México, como en el mundo, la vida silvestre es unariqueza de inmenso valor que se preserva. La fauna y flora silvestres componen la enorme biodiversidad de México y le dan al país un sitio privilegiado en el mundo. Ligada al territorio que habita, la vida silvestre entregagrandes beneficios a la nación.

Empero, hay distintas problemáticas que atender con relación a la vida silvestre, por ejemplo, el cuidar de un animal silvestre requiere de mucha dedicación y grandes conocimientos, en la mayoría de los casos es imposible mantener bajo cautiverio a un animal silvestre sin que demuestre estrés o manifieste necesidades que no se pueden cumplir mientras está en encierro.

En efecto, es bastante difícil satisfacer las necesidades alimenticias de un animal silvestre cuando está en cautiverio ya que usualmente su fuente de alimento varía entre una gran cantidad de alimentos que dependen de la época del año y del ciclo reproductivo de la especie, por otra parte, no se sabe con exactitud la cantidad de cuidados sanitarios que requiera éste, de manera que es muy difícil saber en qué momento necesitara asistencia médica, pues generalmente su instinto le impide demostrar manifestaciones de debilidad o algún síntoma hasta que en realidad se encuentran muy enfermos.1

Para atender este tipo de problemáticas ytener un correcto manejo de Vida Silvestre se utilizan las unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMA).

Se trata de predios e instalaciones registrados ante la Semarnat o autoridad estatal con convenio de descentralización, que se agrupan y operan de conformidad con un plan de manejo aprobado en el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y en los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

Es importante destacar que las UMA tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Pero igual podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre. 2

Sin embargo, los objetivos más seleccionados son los de reproducción, exhibición, y recreación, ya que son los que, en su mayoría, generan ingresos a las UMA, y, por el contrario, los objetivos menos desarrollados son los de recuperación, rescate, rehabilitación y reintroducción, porque representan un déficit presupuestario.

Los lineamientos generales están asentados en el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, en el título tercero, “Disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre”, capítulo IV.

Con la autorización, el registro y la supervisión de las UMA, la Semarnat busca lograr los objetivos adecuados para la conservación y protección de la vida silvestre en el país. Estos predios e instalaciones pueden estar sujetos a dos tipos de manejo: en vida libre (UMA extensiva) o bien, en cautiverio o confinamiento (UMA intensiva).

• UMA extensiva. El manejo en vida libre se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.Normalmente son grandes extensiones de terreno.

• UMA intensiva. El manejo intensivo se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento. Regularmente son predios chicos o espacios cerrados.

Las UMA, para la conservación y aprovechamiento sustentable, se clasificarán, de acuerdo con el tipo de aprovechamiento, en

I. Extractivo;

II. No extractivo; y

III. Mixto.

De tal modo, las UMA pueden establecerse en pequeñas o extensas propiedades en cualquier régimen de tenencia de la tierra (ejidal, comunal, federal, estatal, municipal, privada, empresarial y particular), sin tampoco importar el régimen de propiedad de la misma (anuencia, arrendamiento, cesión de derechos, comodato, concesión, contrato de promesa de compra-venta, convenio, copropiedad, donación, por poder, propia, rentada y usufructo).3

Como ejemplo de criaderos intensivos y extensivos,se encuentran zoológicos, viveros, jardines botánicos, espectáculos fijos y espectáculos ambulantes, ya que dentro de estas unidades se reproducen y propagan ejemplares de flora, fauna y hongos silvestres y se generan productos y subproductos destinados a los diversos tipos de aprovechamiento.4

Las UMA surgen de la necesidad de contar con opciones viables de desarrollo socioeconómico en México, promoviendo la diversificación de actividades productivas en el sector rural mediante el binomio “conservación-aprovechamiento sustentable” de la vida silvestre, a través del uso racional, planificado y ordenado de los recursos naturales y revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.5

Específicamente, la Semarnat tiene registro desde que se implantaron las primeras UMA, en 1997, de 13 mil 325 UMA (2 mil 816 de manejo intensivo y 10 mil 509 de manejo en vida libre) y una superficie superior a 38.92 millones de hectáreas, que representan 19.8 por ciento del territorio nacional.6

Fuente: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/Semarnat-20180904.pdf

Los beneficios que se obtienen mediante el establecimiento y fortalecimiento de una UMA son diversos:7

• Beneficios económicos: El aprovechamiento de los recursos naturales, de una manera controlada y supervisada, es una alternativa comprobada para mejorar el nivel de vida y es una fuente importante de ingresos. Se puede desarrollar de diferentes maneras, ya sea directo o indirecto.

- Aprovechamiento directo. Se puede dar en las UMA que reproducen animales silvestres en condiciones controladas, con el objetivo de producir piel y carne para el comercio regional, nacional e incluso internacional, este aprovechamiento tiene sus bases principales en la demanda de productos y subproductos de dicho recurso. Por ejemplo, los criaderos que se dedican a la reproducción, engorda y venta de animales.

- Aprovechamiento indirecto. También se pueden tener beneficios económicos sin tener que extraer animales de su medio o transformarlos. Por ejemplo, el turismo, donde se ofrecen al turista recorridos por las zonas donde habita la fauna; y los participantes en estos recorridos pueden tomar fotografías, y en algunos casos, tener contacto directo con los animales.

• Beneficios ambientales: con las UMA, se originan proyectos alternativos de producción amigables con el cuidado del ambiente, a través del uso justo, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables existentes en la zona. Además, se frenan y revierten los procesos de deterioro ambiental.

Asimismo, se crean oportunidades de aprovechamiento que son actividades complementarias de otras productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Se crea un manejo del hábitat de las especies que se encuentran en áreas naturales extensas, donde se promueve su conservación y aprovechamiento sustentable, evitando así la alteración.

• Beneficios sociales: la creación de las UMA, a escala regional, crea las condiciones para el trabajo comunitario, lo cual genera diversos beneficios como fuentes alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas, y el mantenimiento de los servicios ambientales principales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas.

Igualmente, promueve la convivencia y el desarrollo integral de la comunidad, generando apoyos y recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población como la salud, educación e infraestructura: energía eléctrica, agua potable líneas de comunicación, carreteras, entre otras.

No obstante, y a pesar de los grandes aportes de las UMA al cuidado de la vida silvestre, no existe un presupuesto fijo o subsidio que sea destinado a ellas y, aunque la Semarnat realiza en algunos años un concurso para entregar recursos a diferentes UMA mediante una convocatoria, dicho concurso, es excluyente en ocasiones e inalcanzable para UMA en desarrollo, donde no existe una competencia real, es decir, UMA en crecimiento o de reciente creación se ven imposibilitadas para competir por el recurso contra UMA extensivas o ya formalizadas.

Estos concursos no tienen ninguna medida para determinar su lanzamiento y su programación anual se realiza conforme a los lineamientos y procedimientos determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los instruidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Semarnat; no obstante, la decisión de su operación es determinada en el transcurso del ejercicio fiscal en función de los compromisos y prioridades del sector, así como por la necesidad de solventar los recortes presupuestales de que ha sido objeto la institución.

En consecuencia, diversas UMA no alcanzan a recibir recursos y se ven obligadas a buscar ingresos a partir de la iniciativa privada, con instituciones no gubernamentales o mediante la explotación de objetivos extractivos. Esto provoca, principalmente, que se carezca de presupuesto para contratar especialistas, lo que desemboca en una deficiencia en el resultado de sus labores, poca investigación, nula rehabilitación, deficiente educación técnica, etcétera.

Por esto, y por lo importantes que resultan las UMA, solicitamos de la manera más respetuosa a la Semarnat que fije medidas para convocar de forma anual y sin suspensiones, un concurso para otorgar subsidios, exclusivamente destinados a UMA, donde el presupuesto que se destine se pueda sectorizar, y dicha sectorización refleje una distribución más equitativa con relación a cada UMA, pudiendo categorizar las UMA respecto a sus tamaños, objetivos o resultados.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer por la Dirección General de la Vida Silvestre medidas para convocar anualmente y sin suspensiones, un concurso equitativo para otorgar subsidios sectorizados a las unidades de manejo ambiental.

Notas

1 Animales silvestres [en línea]. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020. Disponible en

https://conceptodefinicion.de/animales-silvestres/

2 Ley General de Vida Silvestre, artículo 39 [en línea]. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.p df

3 Semarnat. Características de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre [en línea]. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020. Disponible en

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008_ing/compendio_2008/
compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServletca40.html

4 Ibídem.

5 Ídem.

6 Semarnat. Sexto informe de labores [en línea]. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020. Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/Semarn at-20180904.pdf

7 Conafor. “Manejo de vida silvestre” [en línea]. Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2020. Disponible en

https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manejo-de-vida-sil vestre.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a hacer públicos los insumos otorgados a cada hospital para enfrentar la contingencia por el Covid-19, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a hacer público el material de protección y el equipo que se envió a los hospitales de cada estado para enfrentar la pandemia por Covid, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A 8 meses del primer deceso por Covid en México, la pandemia ha dejado al menos 933 mil 155 contagios confirmaos y más de 92 mil 100 muertos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Pero más allá de las estadísticas cada hombre y mujer que ha fallecido por el virus tuvo una vida y un rostro y no son números. Entre los mexicanos que han caído ante el coronavirus hay desde los más poderosos hasta los más humildes.

En nuestro país como en todo el mundo, nos encontramos ante una pandemia por una enfermedad que al día de hoy sigue generando información y cambios en los protocolos de actuación y terapéuticos. Conscientes y entendiendo que las autoridades en materia de salud están haciendo su mejor esfuerzo.

Sin embargo, cada día en Michoacán, así como en todo el país, nos enteramos de fallecimientos de personas víctimas del Covid, siendo también parte de esos decesos el personal de la salud como son los médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia, personal de rayos x, personal de farmacia, asistentes, trabajadores sociales, directivos, administrativos y sus familiares.

Sabemos que es muy complejo luchar contra algo desconocido, pero es un hecho y una evidencia que el problema mayor es el de organización y de la información que se difunde, donde no se ha considerado la opinión y el sentir de todo el personal que día con día hacen frente a esta enfermedad, incluso apostando la vida en cumplimiento de su deber.

Las peticiones son simples, y dirigidas sin excepción a las autoridades en materia de salud del país:

1. Que se disponga de las medidas necesarias y de equipos de protección personal para la atención de pacientes contagiados, y que cuenten con las validaciones necesarias para que la calidad del mismo no sea un factor de riesgo de contagio.

2. Que se apliquen los lineamientos generados por las propias instituciones de salud, lamentablemente son ellos los primeros en evadirlos o desconocerlos, estar escritos no es garantía de que sean ejecutados y se han esforzado lo suficiente como para que no se transformen por incumplimiento en acciones fallidas.

3. Que se otorguen los medicamentos necesarios, con base en los protocolos propuestos por los expertos y las propias autoridades de salud.

4. Que no se abandone a los pacientes cuyo manejo por sintomatología no grave se pueda tratar en sus domicilios, para que el tratamiento en casa sea supervisado y ante cualquier signo de alarma atender a tiempo.

5. Que se refuerce la supervisión de medidas de seguridad de las personas que creen estar sanas y circulan por las calles de manera irresponsable sin atender medidas de protección y peor aun retando a la autoridad cuando se les exige.

6. Exigir a todos los negocios activos por su propia seguridad acatar todas las medidas de seguridad necesarias y por la seguridad de sus clientes.

7. Que se refuercen las campañas de publicidad en materia de salud.

8. Que el personal de salud una vez que enferme tenga el seguimiento necesario y suficiente para recuperarse y que no haya pérdida de vidas, cuidar al personal de salud no solo como parte de sus derechos humanos, también siendo conscientes que cada perdida nos deja sin un profesional.

La buena noticia es que, siguiendo los lineamientos ya establecidos, el porcentaje de éxito y disminución de contagio al menos en los hospitales es posible, por lo que las estrategias por implantar para que la totalidad del personal de salud las aplique son urgentes.

Se deben considerar las condiciones internas de cada lugar para hacer flexible la normativa, dado que cada lugar está en diferente fase de la pandemia y en diferentes posibilidades de combatirla.

Requerimos que los expertos generen las evidencias para difundir información confiable que concentre la actividad de todos los sectores, tanto público como privado y así hacer más reales y confiables las decisiones que se tomen.

Como diputada federal preocupada y ocupada por todas las víctimas, y personal médico que está al frente en esta contingencia, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a hacer públicos los insumos otorgados a cada hospital para enfrentar la contingencia por Covid-19.

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar restricciones comunitarias debido a la crisis sanitaria Por Covid-19 en diversos municipios de Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de restricciones comunitarias debido a la crisis sanitaria por Covid-19 en diversos municipios de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La gran crisis que ha dejado la pandemia ocasionada por el coronavirus a nivel mundial ha causado estragos en muchos ámbitos del bienestar social, y la desesperación de las autoridades gubernamentales por querer disminuir el número de contagios en cada una de sus localidades, los ha llevado a tomar medidas incongruentes que van en contra de los derechos de los individuos y que están plasmados en los tratados internacionales y en cada una de las constituciones políticas de cada de uno de los gobiernos.

Por eso, el 22 de abril de 2020 el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, hizo un llamado a todos los gobiernos a ser transparentes, atentos y responsables con este tema, dijo: “Esto es inaceptable” (Guterres, 2020).

En un contexto de etno-nacionalismo creciente, populismo, autoritarismo y arremetida contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede crear un pretexto para adoptar medidas represivas con objetivos, sin relación con la pandemia.

En un informe sobre los derechos humanos y el Covid-19, la ONU recomendó a las autoridades pensar acerca de las consecuencias de sus acciones. Dijo que “la amenaza es el virus, no las personas”.

Además, algunos encargados de velar por los derechos humanos a escala mundial han denunciado a los Estados por aplicar actos de violencia, amenazas a la libertad de prensa, arrestos y vigilancia a través de los dispositivos móviles para intentar frenar la propagación del virus.

El 3 de abril, Amnistía Internacional publicó cinco puntos que preocupan en el continente americano, entre los cuales destaca que en México, los derechos de las personas migrantes solicitantes de asilo y refugiados están amenazados. El 31 de marzo, 15 migrantes solicitaron asilo entre ellos un guatemalteco el cual falleció después de una protesta en Tenosique (Amnistía Internacional, 2020).

La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet, se ha pronunciado al respecto: “Numerosos informes, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado usando un volumen de fuerza excesivo, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las nomas de confinamiento y los toques de queda. A menudo esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población” (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2020).

Derivado de las violaciones a los derechos humanos causados por el Covid-19 a escala global, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha publicado las políticas sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales, ahí se expone: “Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles” (https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf).

En México, otra de las instituciones que se ha pronunciado al respecto a nivel nacional es la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración perteneciente a la Secretaría de Gobernación. El 27 de abril de 2020 publicó un documento donde emitió las “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”.

En dicho documento la subsecretaria expresa su preocupación por las medidas tomadas en diversas comunidades y municipios por el mal llamado “toque de queda”. En documento refirió a diversos municipios de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León en donde gobernadores y alcaldes excedieron sus funciones con toques queda debido al Covid-19.

“En tanto que en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia. Esto equivale a 20 por ciento de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados” (Vega, 2020).

El pasado 22 de abril, el gobierno de Oaxaca decretó diversas para disminuir el contagio y advirtió de algunas sanciones administrativas como amonestaciones con apercibimiento, multas o arrestos hasta por 36 horas para quienes incumplan estas medidas (Zavala, 2020).

En algunos municipios, se decidieron medidas drásticas como el cierre de accesos por tres días a las comunidades. Tal fue el caso de Salina Cruz donde se pidió la comprensión y colaboración de los municipios vecinos y a las personas que van a visitar a su familia o de compras, para que no se les permita el ingreso para frenar el ascenso en el número de contagios por Covid-19 (López, 2020).

Un comunicado del defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, publicado en abril pasado, señaló que ante las restricciones impuestas en comunidades y municipios del Estado, se implanten “acciones para contener la pandemia con sustento legal, objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias y/o discriminatorias” (cónfer Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, boletín número 020, “‘Medidas para contrarrestar Covid-19 deben ser científicas, legales, transitorias y con enfoque de derechos humanos’: DDHPO”, en https://www.derechoshumanosoaxaca.org/noticia.php?idnoticia=1027).

Por esto resulta oportuno un exhorto al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a hacer públicos los resultados sobre recomendaciones, además de conocer cuál fue la implementación de acciones y estrategias relativas a las restricciones impuestas en comunidades para evitar los contagios por Covid-19 con pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes de Oaxaca.

Por lo expuesto se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a hacer públicos en el ámbito de su competencia los resultados de recomendaciones emitidas ante las restricciones impuestas en diversas comunidades y municipios a fin de evitar contagios por Covid-19 en el estado.

Notas

Amnistía Internacional (3 de abril de 2020). Américas: los derechos humanos en la era del Covid-19: Blog #1 . Obtenido de Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/americas-human-rights-in -the-age-of-covid19-entry-1/

dw.com (22 de abril de 2020). Erosión de DDHH por pandemia sería “inaceptable”, dice jefe de la ONU . Obtenido de DW: https://www.dw.com/es/erosi%C3%B3n-de-ddhh-por-pandemia-ser%C3%ADa-inac eptable-dice-jefe-de-la-onu/a-53213698

López, A. (22 de julio de 2020). “Cierra Salina Cruz todos los accesos por tres días para reducir contagios de Covid-19”, en El Universal: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/22-07-2020/cierra-salina-c ruz-todos-sus-accesos-por-tres-dias-para-reducir-contagios-de

Naciones Unidas Derechos Humanos. (27 de abril de 2020). Covid-19: las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet . Obtenido de Oficina del Alto Comisionado: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25828 &LangID=S

Vega, A. (29 de abril de 2020). “‘Gobernadores y alcaldes exceden sus funciones con toques de queda por Covid’: Segob”, en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2020/04/gobernadores-y-alcaldes-exceden- sus-funciones-toques-de-queda-segob/

Zavala, J. C. (26 de abril de 2020). “Arresto de hasta 36 horas a quien no guarde medidas de prevención viola derechos humanos: Código DH”, en El Universal: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/26-04-2020/arresto-de-hasta- 36-horas-quien-no-guarde-medidas-de-prevencion-viola-derechos

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reconformación urgente de programas para prevenir feminicidios en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, relativo a reconformación urgente de programas para prevenir feminicidios en Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con ésta “es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres...”

El feminicidio, no solo se trata de un homicidio de mujeres, sino ante todo es la expresión más brutal del patrón de género que es permisible y poroso ante la violencia contra las mujeres.1

En el país, el concepto se encuentra plasmado en el artículo 325 del Código Penal Federal, título decimonoveno, “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, capítulo V, “Feminicidio”:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En un informe de enero a octubre de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tuxtepec registró mayor incidencia de este delito que municipios como Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Cajeme y Guaymas, Sonora; Zapopan, Jalisco; y Almoloya de Juárez y Tultitlán, México.2

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tuxtepec es uno de los dos municipios de Oaxaca que figuran entre los más violentos del país, con una tasa de mortalidad de 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el otro es Matías Romero.3

Aunado a lo anterior, a mediados de este 2020 se reportó el descubrimiento de una fosa clandestina en Tuxtepec, en donde encontraron el cuerpo sin vida de una joven de 18 años reportada como desaparecida en marzo, además medios de comunicación informaron que en la misma fosa se encontraban los restos de dos mujeres más.4

El aumento de casos de feminicidios en Tuxtepec resulta alarmante. Sin embargo, ésta es una problemática que además de incrementarse en este municipio, se ha acrecentado gravemente en toda Oaxaca.

En días pasados llegó a mi oficina el informe ciudadano Feminicidio la historia no olvida, Violencia feminicida en Oaxaca: Tres años de impunidad e injusticia en el gobierno de Alejandro Murat. 2016-2019. 5 Elaborado por la misma comunidad oaxaqueña en conjunto con diversas organizaciones agrupadas por el Colectivo Huaxyacac, en el cual se registra la violencia feminicida y el feminicidio en Oaxaca, señalando que en 2004 documentaron 46 feminicidios y de enero a septiembre de 2019 documentaron 105.

Quince años en los quehan pasado muchas cosas que han marcado la historia de Oaxaca: elmovimiento social y popular del 2006 en el que las mujeres jugaron un papel destacadoen la toma de los medios de comunicación; la alternancia gubernamental que, aunquesignificó importantes reformas legislativas, no encontró la manera de aterrizarlasen beneficio de una vida libre de violencia para las mujeres y se quedaron en el papel; ahora, testifican y padecenante la manode Alejandro Murat encabezando un gobierno que ha sido negligente, omiso e insensiblefrente al daño y dolor que provoca la violencia.

Justo al inicio de este sexenio, dieron a conocerla plataforma de feminicidio y violencia feminicida (https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx) con la finalidad de que quienes estuvieran interesados en el temapudieran acceder prontamente a información y bases de datos.

A 15 años de que el Colectivo Huaxyacac decidiera iniciar el recuento del feminicidio en Oaxaca, es necesarioaclarar que adoptaron el concepto de Marcela Lagarde en el que señala:

El feminicidio está formado por el conjunto de hechos violentos misóginoscontra las mujeres, que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte de algunas mujeres. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado.

Desde un trabajo colectivo y a partir de la definición anterior se incluyeronen todos los informes ciudadanos de feminicidio, las siguientes categorías: feminicidios, violencia familiar, delitossexuales, desaparecidas y suicidios. Se incluyeron en algunos informes: tratade personas, violencia política, violencia obstétrica, violencia en los mediosde comunicación y violencia institucional, de acuerdo con la preocupacióny el contexto en el que se realizaba cada informe.

En estos 15 años, mil 207 mujeres y niñas han sido asesinadas en Oaxaca. A continuación se presenta un cuadro concentrador de los feminicidios registrados de 2004 –año en que comenzó a documentarse la violencia feminicida desde las organizaciones civilesagrupadas en el Colectivo Huaxyacac– hasta septiembre de 2019:

Desde el inicio del sexenio de Alejandro Murat, el 1 de diciembre de 2016, hasta el 30 de septiembre de 2019 se documentaron mil 660 casos de violencia contra las mujeres.

Estos datos que de por sí muestran una gravedad importante respecto de la violenciacontra las mujeres no representan el total de casos que ocurrieron en Oaxaca puesexiste un subregistro, ya que las bases de datos del colectivo se elaboran a partir de los diarioslocales en Oaxaca, en los que no aparecen todos los casos de violencia que suceden ennuestro estado.

El rango de edad de las mujeres entre 21 y 40 años de edad concentra el mayor número de víctimas de feminicidio y de violencia familiar mientras que quienes tienenentre 11 y 20 años padecen con mayor frecuencia los delitos sexuales. La violación representa 67 por ciento de los delitos sexuales registrados, entre los que también se encuentran el acoso y el abuso sexuales.

En ese rango de edad –11 a 20 años– se encuentra también el mayor número dejóvenes desaparecidas y de suicidios.

Del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2019 fueron asesinadas 351 mujeres en Oaxaca; de ellas, 28 eran menores de edad.

Alejandro Murat inició su sexenio en diciembre de 2016, mes en el que se registraron 11 feminicidios –aunque ese año en total documentamos 113– en 2017 se cometieron 118mientras que en 2018, 117. Hasta el 30 de septiembre de 2019 se reportaron 105 en losprincipales diarios de la ciudad de Oaxaca. Las mujeres que tienen entre 21 y 40 años deedad son mayormente asesinadas en el estado.

El incremento que se muestra es preocupante y podría deberse a diversos factores, sin embargo lo importante a señalar es que debe frenarse esta conducta y sumar todos los esfuerzos necesarios para que así sea.

Por supuesto, no se trata de culpar al gobernador por lo antes señalado, sin embargo, sí es su deber cumplir con la deuda que tiene el Estado con las mujeres y hacer cumplir las leyes que se han establecido, pues no basta con mejorar la normatividad mexicana, la obligación que se tiene es de hacer efectivas esas mismas leyes.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Oaxaca a emprender acciones y rediseñar programas urgentes para prevenir, atender e inhibir la comisión de feminicidios y cualquier otro tipo de violencia hacia las mujeres en el estado.

Segundo. Se exhorta a la fiscal especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a fortalecer las actividades de investigación y persecución del delito de feminicidio e implantar y rediseñar estrategias para inhibir cualquier forma de violencia contra mujeres en el Estado de Oaxaca.

Notas

1 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

2 Consultado en https://www.proceso.com.mx/610090/tuxtepec-concentra-el-15-de-los-casos -de-feminicidio-en-oaxaca-gesmujer

3 Consultado en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/20-06-2020/
desapariciones-y-asesinatos-de-mujeres-tuxtepec-tambien-es-foco-rojo-por

4 Consultado en https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/tuxtepec-fosa-clandestina-fe minicidio-desaparecidas/

5 Informe ciudadano Feminicidio la historia no olvida. Violencia feminicida en Oaxaca: tres años de impunidad e injusticia en el gobierno de Alejandro Murat, 2016-2019, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, noviembre de 2019. Consultado en https://consorciooaxaca.org/wp-content/uploads/2020/01/informe-feminici dio-historianoolvida.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a implantar un programa de vigilancia y verificación en el transporte público local por los altos índices de crímenes, violencia e irregularidades, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El crecimiento del estado de México está vinculado al desarrollo intensivo y expansivo de la Ciudad de México de las décadas de 1930 y 1940. Sin embargo, en la de 1970, la creación de los suburbios asentados en el estado de México estableció lazos concretos de vida con esa ciudad.

Los habitantes de estas periferias establecieron dinámicas de trabajo y desarrollo que involucraban traslados diarios, en varias ocasiones constantes entre las demarcaciones de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses aledaños a ellas. A esta ampliación de las dinámicas socio urbanas se le conoce geopolíticamente como la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En la década 1980, las crisis económicas, el establecimiento de zonas industriales en la periferia de la capital nacional y el terremoto de 1985 originaron una migración interna hacia los municipios mexiquenses situados en las cercanías del perímetro del Ciudad de México. En esos años, conocidos como el “periodo expansivo” de la zona metropolitana, el crecimiento de los municipios mexiquenses se dio a ritmos más acelerados que la ciudad. Esto conllevó a formar con ésta la mayor zona metropolitana del país y el continente.1

II. El transporte público es considerado un servicio estratégico para las sociedades modernas. Debido a la gran afluencia de personas que se trasladan diariamente por estos medios, el transporte público es una variable determinante en la calidad de vida de una comunidad, por lo que éste debe estar circunscrito en términos de un servicio que ofrezca bienestar en términos de seguridad, eficiencia y calidad.

III. Diversas características del transporte público de pasajeros destacan del servicio que se ofrece en el estado de México:

a) Los microbuses, camiones de pasajeros y camionetas de transporte exceden la demanda; a 2016 había en circulación poco más de 161 mil 980 unidades del servicio público de pasajeros.

Las empresas que ofrecen el servicio son concesionarias o permisionarias, y acceden sin controles de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria a nuevas licencias. No hay un control centralizado de la oferta del servicio; esto ha generado que, por ejemplo, un solo concesionario pueda acceder a un sinnúmero de placas para un sin número de unidades ni restricciones si está adscrito a una ruta.

La dinámica refleja el funcionamiento de un negocio, más que de un servicio estratégico, por lo que no se logra satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios, ya que no es administrado por el gobierno del estado, ni ofrece subsidios –solo tabulados con rangos de precios– y, por tanto, tampoco existe seguridad social para los trabajadores del transporte, ni prestaciones para ellos.

b) Los costos de las tarifas responden como se ha señalado, a tabulados de los que no existe certeza sobre la metodología empleada para el cálculo de los precios que pagan los usuarios finales.

La tarifa mínima es de 12 pesos por los primeros cinco kilómetros, y se dice se adicionan 20 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial. Sin embargo, testimonios recabados por diversas investigaciones, relatan que en la práctica, el aumento del cobro se da en función de la distancia, pero en razón de 50 centavos por tramos arbitrarios, y a consideración de los choferes de las unidades. Esto ha sido ampliamente cuestionado por los usuarios toda vez que los precios de los combustibles son los mismos en el estado y la Ciudad de México.

c) No hay conectividad entre rutas ni planeación, lo que se traduce en graves problemas de movilidad para la población. Datos del estudio, elaborado por el Centro de Transporte Sustentable Embarq, Estado de México: movilidad 2025, señalan que 63 por ciento de los mexiquenses ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, mientras que 31 por ciento emplea 5 o más.

Esto, de acuerdo con dicho informe, deja de generar cada día 30 millones de pesos, debido a 1.5 millones horas-hombre desperdiciadas en traslados a la Ciudad de México. Un usuario con un recorrido normal: casa-trabajo-casa, puede tardar en el tráfico aproximadamente 4 hrs de su día.

En razón de lo expuesto, un simple cálculo puede evidenciar que un trabajador de Zumpango, que se traslada al Ciudad de México para ejercer sus labores, gasta entre 70 y 80 pesos diarios para movilizarse. Si consideramos que ese trabajador tiene un ingreso promedio de tres salarios mínimos, estaría empleando la mitad de su sueldo para cubrir el traslado a su trabajo, agravando su situación económica. En el caso de un estudiante, el gasto promedio es de 30 a 40 pesos diarios, sólo para trasladarse entre municipios de la misma entidad.

d) En la zona metropolitana de la Ciudad de México, esta es responsable del 58 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el estado de México es responsable del restante 42 por ciento.

e) De los más de 15 millones de viajes en unidades del transporte público que se realizan diariamente a través de unidades que circulan entre los municipios de la entidad mexiquense y la Ciudad de México, destaca –como un hecho reconocido por la propia Secretaría de Transporte estatal-que al menos 20 mil unidades no están regularizadas, ya sea porqué prestan servicios sin concesión o sin placas. En el caso de las conocidas “combis” que operan en la entidad, se ha reconocido que 1 de cada 4 carecen de placas o permisos.

IV. La zona urbana del estado de México se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las regiones donde confluyen diversos problemas sociales, que van desde la inseguridad, la violencia, los feminicidios, la contaminación, los problemas de desarrollo humano y social, hasta la nula garantía de las autoridades estatales para garantizar la movilidad de las personas.

Estas problemáticas, resultado de una planeación deficiente sobre desarrollo regional y municipal, confluyen en espacios público tan importantes como lo son el transporte de pasajeros del estado de México.

V. Datos estadísticos de Inegi señalan que una de las principales problemáticas de México es la inseguridad.2 Para el caso del estado de México, la proporción supera la media nacional, pues de cada 10 personas, 7 consideran que es la principal problemática en la entidad.

VI. De las problemáticas más graves que se presentan en el transporte público del estado de México destacan

a) Los accidentes o imprudencias cometidos por los choferes, pues generan daños inconmensurables, y han puesto a la entidad como una de las primeras en este rubro. Tan sólo de 2010 a 2016, cifras de Inegi, señalan que en la entidad se han presentado 72 mil 790 accidentes, en los cuales en 17 mil 938 casos han estado involucrados como causantes de los mismos, unidades del transporte público. Dichos siniestros han dejado 28 mil 391 heridos y 3 mil 904 personas muertas a lo largo de los últimos 5 años.

Como dato de contraste, en lugares como Washington, DC, Estados Unidos, hay cerca de 0.2 muertes por accidentes de cada 100 mil vehículos-kilómetro, mientras que en la zona metropolitana del valle de México el índice aumenta las probabilidades de 1.9 a casi 4 veces más.4

A esta situación se suma el maltrato de los conductores hacia los pasajeros, no solo verbal y de actitudes, sino también a la hora de conducir y por supuesto el maltrato en general a los demás automovilistas, lo que se ha traducido en que tan solo en los últimos dos años, se hayan recibido 300 denuncias ciudadanas contra el transporte público a través de la línea telefónica de atención de la Secretaría del Transporte del estado de México.

b) La inseguridad que viven los usuarios del transporte público en el estado de México se ha vuelto intolerable. Aunque las autoridades de la entidad señalan un baja en la incidencia de delitos en el transporte público de pasajeros en la entidad, cifras del Inegi señalan que la cifra negra de delitos no denunciados representó el 93.8 por ciento de los delitos cometidos en 2014, de los que encabezan la lista aquellos cometidos en las unidades del transporte público.

Asaltos a mano armada que han ocasionado muertes, acoso sexual hacia mujeres, violaciones y el maltrato constante de los conductores hacia los pasajeros, son formas de violencia cotidiana que enfrentan los usuarios de transporte mexiquense. En repetidas ocasiones, las notas periodísticas de usuarios que armados han tomado defensa propia, hiriendo o incluso asesinando a los delincuentes que abordan las unidades del transporte público mexiquense, dan cuenta del hartazgo de los y las mexiquenses ante la inacción de las autoridades.

Los programas de atención del delito como la instalación de cámaras de vigilancia, o de botones de pánico, cubren hasta la fecha apenas el 1 por ciento del total de unidades del transporte público que circula diariamente en la entidad.

Datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense y de la agrupación Mova que concentra a poco más de 50 por ciento de las empresas y representantes del transporte en la Ciudad de México, señalan que las rutas más peligrosas del estado de México, se ubican en vialidades como Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Luis Donaldo Colosio, Primero de Mayo, Adolfo López Mateos, Vía Morelos, en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, además de los municipios, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultitlan y Coacalco.

Diversos testimonios vertidos por la ciudadanía, dan cuenta que los asaltos a mano armada a bordo de las unidades, representa el principal temor de los usuarios, ya que cada vez es mayor su frecuencia y cada vez deja mayores pérdidas, materiales y humanas. Es menester señalar que el estado de México ha sido señalado como la entidad con el mayor índice de feminicidios y de acoso sexual hacia mujeres en el transporte público de pasajeros, muestra de ello fue el conocido caso del violador y asesino serial conocido como el “coqueto” hace un par de años.

Sin embargo, ante tal escenario, la administración actual del gobernador Alfredo del Mazo Maza, no ha tomado medidas preventivas con perspectiva de género para prevenir estas situaciones en el sistema de transporte estatal.

VII. Los gobiernos de los últimos sexenios en el estado de México han sido cercanos a las organizaciones de transportistas de la entidad, hecho que ha sido destacado como un impedimento para una verdadera transformación de un servicio que es estratégico para el desarrollo y calidad de vida de los mexiquenses.

VIII. Resulta urgente que las autoridades del estado de México atiendan un problema que continúa agravándose con el tiempo, y que demanda ser abordado de manera transversal e integral, ante las diversas consecuencias que genera. No sólo está en juego la movilidad y calidad de vida de los y las usuarias de los servicios, sino su propia seguridad y vida. Es indispensable crear mecanismos eficientes que garanticen los derechos de los usuarios.

Por lo expuesto y fundado presentamos a esta soberanía proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a implantar un programa de vigilancia y verificación en el transporte público de la entidad ante los altos índices de crímenes, violencia e irregularidades prevalecientes en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Guardia Nacional y el gobierno estatal a trabajar en coordinación con campañas, retenes y endurecimiento de penas, a fin de combatir el índice delictivo, creciente año con año en el transporte público.

Notas

1 CTS México. ITDP, 2012, 10 estrategias de movilidad para un estado de México competitivo, seguro y sustentable: hacia una red integrada de transporte en la zona metropolitana del valle de México, México, Distrito Federal, 2011.

2 Datos de la tercera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014 señalan que para más de 65 por ciento de los estados del país, el principal problema es la inseguridad. El sondeo revela que 6 de cada 10 personas a escala nacional identificaron la inseguridad como su principal preocupación,

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdi recto.aspx?c=33 685&s=est

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 12 de noviembre, natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Juana Ramírez de Asbaje, mujer del siglo XVII. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, México, el 12 de noviembre de 1648.

Su nombre antes de tomar el hábito fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje.

Siendo pequeña, Sor Juana se desarrolló con su abuelo materno Pedro Ramírez, en la hacienda de Panoayan. Su genio se manifestó desde temprana edad: habiendo estudiado apenas las primeras letras en Amecameca.

A los tres años Sor Juana ya sabía leer, a los siete pedía que la mandaran a estudiar a la Universidad y a los ocho escribió una loa para la fiesta de Corpus, pero en 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió Sor Juana a la capital del país a vivir a la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata.

Ya en la capital, Sor Juana estudió latín y lo domino rápidamente. En 1664 Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera. Poco duro su gusto por la vida cortesana y en 1967 entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, lugar en el que solo permaneció tres meses, por la severidad de la regla y el rigor de la orden. Después ingresó a la más flexible orden de las jerónimas, en el convento de Santa Paula, donde por fin profesó el 24 de febrero de 1669.

Mujer adelantada a cualquier época, aun recluida en el convento, era llamada con frecuencia para hacer cargo de diversos encargos literarios. Es considerada la primer gran poeta hispanoamericana y una de las figuras literarias hispánicas más importantes. Sor Juana publicó su trabajo en varias partes de España y fue la primera gran poetisa barroca en la Nueva España.

Hoy, 12 de noviembre, recordamos a El Fénix de América, Sor Juana Inés de la Cruz, como la mujer que brilló con luz propia en un ámbito extremadamente reservado para el género opuesto y que hoy nos sigue inspirando a equilibrar la vida social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 17 de noviembre, Día Internacional del Cáncer de Pulmón, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

A nivel mundial, el cáncer de pulmón es la neoplasia más agresiva y mortal en el mundo, con un incremento en su incidencia del 30 por ciento, y con un registro 1.69 millones de fallecimientos anuales, de los cuales el 80 por ciento ocurre en personas de edad avanzada (65 años o más), de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) con cifras actualizadas a 2018.1 En México, se estima que hay 9 mil nuevos casos de cáncer de pulmón al año, en los que hasta el 86 por ciento de las personas llegan a perder a la vida, mientras que solamente entre el 5 por ciento y el 8 por ciento es detectado a tiempo.2

La presente efeméride constituye no sólo un acto simbólico a través de la cual como Poder Legislativo contribuimos a dar visibilidad a este padecimiento, sino que, reconocemos el esfuerzo de miles de personas, y organizaciones del sector público y privado que trabajan día con día para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer de pulmón; destacamos la importancia de seguir trabajando en sinergia entre el sector público, académico y el de sociedad civil para contribuir a atender las necesidades de quienes padecen esta enfermedad, particularmente para las personas más vulnerables y sobre todo, reconocemos la necesidad de incidir con acciones para su prevención.

La actual contingencia sanitaria de Covid-19 nos ha obligado a realizar una profunda revisión de las estrategias de salud pública, tanto para las enfermedades respiratorias como las enfermedades crónico-degenerativas. Por ello, es imprescindible el fortalecimiento y la realización de acciones interinstitucionales que hagan efectivas las estrategias de prevención, diagnóstico temprano, referencia oportuna y acceso a tratamiento integral que impacten de manera efectiva sobre la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón y la población en general. Por ejemplo:

La promoción de políticas de prevención de riesgo del cáncer de pulmón como campañas antitabaco; el establecimiento de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones para garantizar la protección particularmente de la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestro país; la regulación de la publicidad de estos productos nocivos para la salud; la atención a grupos en mayor condición de vulnerabilidad, con exposición a otros factores de riesgo, como humo de leña, carbón, asbesto, químicos y contaminación ambiental; la promoción de estrategias de diagnóstico oportuno (tamizaje); la capacitación constante a médicos de primer contacto sobre síntomas y signos de alarma del cáncer de pulmón, a fin de agilizar la referencia del paciente a una institución especializada para su tratamiento, y; el impulso al acceso a tratamientos de última generación, para mejorar la calidad y expectativa de vida, para todos los pacientes en todas las instituciones de salud.

Por todo lo anterior, en la Cámara de Diputados reconocemos la lucha que día con día realizan las personas, organizaciones y profesionales de la salud en contra este padecimiento y nos sumamos a los esfuerzos de concientización, sensibilización, así como para crear los compromisos necesarios que atiendan la problemática de una manera integral, en el marco de conmemoración global por del Día Internacional del Cáncer de Pulmón.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), Globocan 2018 México.
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf

2 SSA Federal. (2018). Cada año mueren cerca de ocho mil mexicanos por cáncer de pulmón. Disponible en: https://bit.ly/32uWLri

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con motivo del 14 de noviembre, Día Internacional de la Diabetes, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es un padecimiento crónico-degenerativo que se manifiesta cuando el páncreas es incapaz de producir insulina suficiente para el funcionamiento óptimo del organismo, o bien, cuando no la utilizaeficazmente.

El Día Mundial de la Diabetes, tiene como antecedentes 1991, cuando fue designado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes1 para dar respuesta al incremento de casos en el mundo, sin embargo, no fue hasta 2006 cuando se convirtió en un día oficial gracias a la aprobación de la resolución 61/225 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.2

Se conmemora el 14 de noviembre de cada año, ya que fue la fecha de nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió junto a Charles Best la insulina en 1922.

El tema de este 2020 es “Diabetes: el personal de enfermería marca la diferencia”.3 Se asume este lema como reconocimiento a la labor y entrega que está realizando el personal de salud para enfrentar y superar los estragos generados por el virus SARS-Cov2 a las personas que viven con esta enfermedad y que se encuentran en alta vulnerabilidad.

En el país, conforme a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,4 por lo menos 8.6 millones de personas declararon contar con un diagnóstico médico previo de diabetes, cifra que representa 10.3 de la población total. De ellos, 11.4 corresponde a mujeres y 9.1 a hombres.

La mayor prevalencia entre la población de 20 años y más se encuentra en Campeche, con 14 por ciento; Tamaulipas, 12.8; Hidalgo, con; Ciudad de México, 12.7; y Nuevo León, 12.6. San Luis Potosí arrojó 10.8.

En la presentación de los nuevos tabuladores, el 9 de noviembre de 2020, se dio a conocer que sólo 15 por ciento de las mujeres y 12 por ciento de los hombres mayores de 20 años recibieron atención preventiva, lo cual es muestra de los bajos niveles que aún presenta México.5

Con base en las características de las defunciones registradas en el 2019, es posible identificar que la diabetes mellitus representa una de las tres principales causas de muerte,ya que, de las 747 mil 784 personas que perdieron la vida, 15.7 fue por dicho mal.

Entre las entidades con mayor tasa por cada 10 mil habitantes destacan Tabasco, con 11.2; Veracruz, 10.9; Ciudad de México, 10.2; Puebla, 10.1; y Morelos, 10. San Luis Potosí obtuvo 7.8, dato por debajo de la media nacional, 8.2.6

Por grupo de edad, murieron en mayor número los de 65 años y más, con 34 mil 728 fallecimientos en mujeres y 29 mil 197 hombres, lo cual deja de manifiesto la relevancia de fortalecer el sector salud para su debida atención.

Conforme a estas consideraciones, es necesario fortalecer los programas de salud pública destinados a la detección temprana, ya que recibir tratamiento oportuno, permite controlar sus afectaciones, reducir los riesgos de hospitalización y contar con un plan adecuado de alimentación para mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Se debe disponer de una red hospitalaria donde se dé gratuitamente seguimiento a los signos vitales, en particular de glucosa, cetona y temperatura, y en caso de presentar dolor abdominal, somnolencia excesiva o pérdida de conciencia, recibir los primeros auxilios y ser valorados por especialistas de la salud.

La diabetes es una de las principales causas de complicación en los casos de coronavirus, Covid-19, derivado de estilos inadecuados de alimentación, nula actividad física y consumo irresponsable de alcohol o tabaco. Por tal motivo, apremia la adopción de esquemas de alimentación saludable, ejercicio físico y evitar sustancias dañinas.

Una política integral de largo plazo, debe tomar en cuenta que la diabetes incrementa el riesgo de cardiopatías o accidentes cerebrovasculares y en algún momento de enfermedad derivará en ceguera, insuficiencia renal y amputaciones.

Ante la ineficiencia actual, se debe reorientar la política de salud de la presente administración federal y en lugar de cancelar fondos, programas y recursos específicos para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, debe asegurar servicios hospitalarios, personal capacitado y protección financiera a los enfermos y sus familias para reducir los efectos a la economía familiar.

La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio, destino y origen de los recursos destinados al financiamiento de los servicios de salud en todo el país debe ser una condición básica, que apoye a las iniciativas que ejecutan las entidades federativas y los municipios en beneficio de su población.

Sirva esta efeméride, para generar concienciasobre los impactos que la diabetes provoca a la economía familiar y a la salud de las personas, para que, las autoridades federales realicen mayor esfuerzo en asegurar tratamientos, medicamentos y acceso a los servicios de salud, bajo los principios de universidad, transparencia, accesibilidad y calidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (2020). Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), 9 de noviembre de 2020, de ONU. Sitio web:

https://www.un.org/es/observances/diabetes-day#:~:text=Se%20celebra%20cada%20a%C3%B1o%20el,
de%20personas%20en%20165%20pa%C3%ADses

2 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2007). Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006, 61/225. Día Mundial de la Diabetes, 9 de noviembre de 2020, de ONU.
Sitio web: https://undocs.org/es/A/RES/61/225

3 Organización Panamericana de la Salud (2020). Día Mundial de la Diabetes 2020, 9 de noviembre de 2020, de OPS. Sitio web: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-diabetes-2020

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 9 de noviembre de 2020, de Inegi. Sitio web:

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/inf ormes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

5 Secretaría de Salud (2020). Presentación de Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 9 de noviembre de 2020, de gobierno de México. Sitio web:

https://twitter.com/SSalud_mx/status/1325818301772132352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%
5Etweetembed%7Ctwterm%5E1325818301772132352%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%
2Fsalud%2Fnota%2Fnotas%2F2020-11-09-13-04%2Fse-incrementan-los-enfermos-de-diabetes-e-hipertension-
entre-2018-y-2019-ensanut

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Características de las defunciones registradas en México durante 2019, 9 de noviembre de 2020, de Inegi. Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)