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Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el informe de fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos correspondiente a 2020

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

Presente

Me refiero al oficio número 353.A.-0602, de fecha 5 de noviembre de 2020, remitido por el director general jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del cual remite copia simple del oficio número 307-A.-2189, de fecha 14 de octubre de 2020 y su anexo, por medio del cual el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de esta dependencia solicitó a esa Dirección General Jurídica de Egresos realizar las gestiones necesarias ante las unidades administrativas competentes de la SHCP, con la finalidad de remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Informe en materia de fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos , referido en el transitorio octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como en el transitorio decimoctavo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de noviembre y 11 de diciembre de 2019, respectivamente.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 31, fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 71, fracciones II, XII y XIII, en relación con los diversos 12, fracción VII, y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se remite el informe de referencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el transitorio octavo del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el transitorio decimoctavo del Presupuesto Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Adriel Isaac Bazán Maroto (rúbrica)

Director General


Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Licenciado Gerardo del Rey López

Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta

Procuraduría Fiscal de la Federación

Presente

Hago referencia al oficio número 307-A.-2189, por medio del cual el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de esta Subsecretaría solicita a la Dirección General Jurídica de Egresos se realicen las gestiones necesarias ante las unidades administrativas competentes de esta dependencia, con la finalidad de remitir a la Cámara de Diputados del Congreso General el informe en materia de fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos, referido en transitorio octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como en el transitorio decimoctavo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de noviembre y 11 de diciembre de 2019, respectivamente.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65-A, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los artículos 10 y 70 del mismo ordenamiento jurídico, adjunto al presente encontrará copia simple del oficio de referencia y su anexo en original, con la finalidad de que a través de esa subprocuraduría se lleven a cabo las acciones conducentes para remitir a la Cámara de Diputados el informe antes indicado, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas señaladas en el párrafo anterior.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Roberto Carlos Blum Cassereau (rúbrica)

Director General


Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Licenciado Roberto Carlos Blum Cassereau

Director General Jurídico de Egresos

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de Presupuesto; 3, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62 y 65·A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atentamente le solicita que por su amable conducto, se hagan las gestiones conducentes ante las autoridades administrativas correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el informe de fideicomisos, mandatos o contratos análogos a que se refiere el octavo transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana y el decimoctavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Víctor Manuel Mojica Vilchis (rúbrica)

Titular

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De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 sobre los recursos autorizados, derivados de los ingresos excedentes recaudados por y asignados a los municipios y los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para conocimiento, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 de los recursos autorizados, derivados de los ingresos excedentes recaudados por esta Comisión y asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en este programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero José Mario Esparza Hernández (rúbrica)

Subdirector General

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a SFP a actuar respecto a las situaciones hechas de su conocimiento sobre actos de corrupción tribuidos al doctor Ovidio Noval Nicolau y el licenciado Alejandro Hernández Cervantes, quienes fungían respectivamente como directores generales de la API de Manzanillo, SA de CV, y de Puertos, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.

Ciudadanos Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número110.UAJ/3403/2020 suscrito por el maestro Manuel García Garfias, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sercretaría de la Función Pública, así como sus anexos, mediante los cuales responde al punto de acuerdo contenido en el diverso número DGPL 64-II-6-1996 signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, en su carácter de vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, relativo a actuar respecto de las situaciones que fueron hechas de su conocimiento y que versan sobre actos de corrupción en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV, y la Dirección General de Puertos, dependientes de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante dela Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Emilio de Jesús Saldaña Hernánez (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la unidad de Enlace en la Subsecretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio número SG/UE/230/633/20, recibido en esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, por medio del cual se notifica el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2020, que en lo conducente dispone:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública, doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para que actúe respecto de las situaciones que fueron hechas de su conocimiento y que versan sobre actos de corrupción atribuidos a los ciudadanos doctor Ovidio Noval Nicolau y licenciado Alejandro Hernández Cervantes, quienes fungían respectivamente como director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV, y director general de Puertos, Dependientes de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

Al respecto, con fundamento en el artículo 20 fracción XX III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en concordancia al punto de acuerdo de referencia, se señala lo siguiente:

1. A través del oficio número 110.UAJ/ 2627/ 2020 de 17 de agosto de 2020 (anexo 1) , se solicitó al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento al requerimiento en los términos precisados por la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno.

2. Mediante oficio 09/200/2092/2020, recibido el 14 de septiembre 2020 (anexo 2) , el titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de ese Órgano Interno de Control el 19 de agosto de 2020, emitió Acuerdo de Incompetencia, por lo que hace a los actos de corrupción atribuibles al doctor Ovidio Noval Nicolau, quien fungió como director general de la Administración Portuaria de Manzanillo, SA de CV, remitiéndole copia de los oficios al Órgano Interno de Control en la Administración Portuaría de Manzanillo, SA de CV, para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda. Por lo que respecta a los hechos atribuibles al ciudadano Alejandro Hernández Cervantes, en su calidad de director de Puertos, adscrito a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 8 de febrero de 2019, se emitió acuerdo por el que se determinó: archivo por falta de elementos.

3. A través del oficio OIC 09/179/310/2020 de 7 de octubre de 2020 (anexo 3), el titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria de Manzanillo, SA de CV, informó que el expedient e relacionado con hechos sobre presuntos actos de cor rupción atribuidos al doctor Ovidio Oval Nicolau, se encuentra en trámite en el área de Responsabilidades de ese Órgano Interno de Control. Asimismo, se anexa copia certificada del expediente 0005/2019 (anexo 4).

Resulta necesario destacar que el manejo y resguardo de los documentos e información proporcionada queda bajo la más estricta responsabilidad de esa autoridad, por lo que es preciso que los datos que se le transmiten bajo esta circunstancia sean debidamente protegidos conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Finalmente, se informa respetuosamente que en cuanto se obtenga mayor información, procederá a remitirla a esa subsecretaría, además se reitera la disposición en todo momento de esta secretaría de Estado, para proporcionar cualquier otra información,dato o documentación adicional que se requiera.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

Atentamente

Maestro Manuel García·Garfias (rúbrica)

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a la Ssa, la SHCP, la STPS y la SE a sostener reuniones virtuales y de forma separada para coordinar acciones que permitan enfrentar exitosamente la emergencia sanitaria y la situación económica del país por la pandemia del Covid-19

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número STPS/117/DGAJ/DL/063/2020, suscrito por la maestra Isabel Ramírez Rojas, directora de Legislación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sí como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo contenido en el diverso número D.G.P.L.-64-II-8-3611, signado por la diputada Laura Angélica Hernández Rojas, en su carácter de presidenta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de ese órgano legislativo, relativo a sostener reuniones de trabajo virtuales y de forma separada, para coordinar acciones que permitan enfrentar exitosamente la emergencia sanitaria y la situación económica por la que atraviesa nuestro país, originadas por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020

Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno

Presente

En atención a su oficio número SG/UE/230/702/20, de fecha 31 de marzo de 2020, a través del cual hizo del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que a continuación se transcribe:

“Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la colaboración entre Poderes y con los agentes económicos, solicita respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público; de Trabajo y Previsión Social; y de Economía, sostener reuniones de trabajo virtuales y de forma separada, para coordinar acciones que permitan enfrentar exitosamente la emergencia sanitaria y la situación económica por la que atraviesa nuestro país, originadas por la pandemia del coronavirus (Covid-19).”

Sobre el particular, a fin de dar atención al punto de acuerdo de mérito, la directora general de Políticas Públicas y Órganos de Gobierno de esta Secretaría, Selene Cruz Alcalá, envió vía correo electrónico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la información que le han remitido las áreas del sector laboral.

En virtud de lo anterior, se anexa presentación de Power Point que contiene las medidas implementadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante la emergencia sanitaria, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más atenta consideración.

Atentamente

Maestra Isabel Ramírez Rojas (rúbrica)

Directora de Legislación


Medidas implementadas ante la emergencia sanitaria

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

• Fortalecimiento de mensajes en redes sociales.

• Esquemas flexibles de capacitación.

• Plan de capacitación genérico #JCFenCasa.

• Recursos gratuitos en línea de capacitación.

• Oficinas virtuales.

• La beca y la cobertura médica estuvieron garantizadas durante el periodo de cuarentena.

• Capacitación a distancia.

• Suspensión de las visitas de los mentores de la nación.

• Las evaluaciones se mantuvieron, pero se realizaron desde el lugar donde estuvieran los jóvenes.

• Módulos y talleres en línea.

Nuevo modelo laboral

• Durante el periodo se atendió un total de 71 contratos colectivos de trabajo, así como la recepción de dos reglamentos interiores de trabajo.

• Se realizaron reuniones del Consejo de Coordinación para Reforma Laboral, en el que se aprobó la ampliación de los plazos para realizar la adecuación de estatutos sindicales, así como material de capacitación para conciliadores en materia individual.

• Para continuar con la difusión sobre el nuevo modelo laboral e informar sobre las obligaciones y responsabilidades obrero-patronales, se realizan semanalmente pláticas virtuales de capacitación a través de las redes sociales de la STPS, mismos que han contado con la participación en vivo de más de 10 mil espectadores.

Protocolo sanitario de reinicio seguro de actividades en la JFCA

• El 8 de junio del actual, la JFCA publica el “Protocolo sanitario para el reinicio seguro de actividades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, en el cual establece medidas de higiene, administrativas, de control de ingreso, prevención y otras; que tanto trabajadores como usuarios deben observar dentro de las instalaciones de la JFCA. A partir del 16 de julio de 2020, concluye el periodo de suspensión de labores y la JFCA de manera paulatina y conforme al semáforo epidemiológico estatal, fue dando atención a los usuarios en Oficinas Centrales y Juntas Especiales Foráneas.

Herramientas Tecnológicas

• En el mes de junio, se habilitó el “Buzón de información y citas” mediante la dirección http://buzonjfca.stps.gob.mx, los usuarios pueden solicitar información general del estado procesal en que se encuentran sus juicios. Tan sólo en su primer mes de operación y en lo referente a informes sobre el estado procesal de los expedientes, se recibieron 4 mil 584 solicitudes y se atendieron 3 mil 484.

• Se habilitó en la página de internet un hipervínculo para realizar video conciliaciones comenzando a operar el 21 de julio de 2020 y hasta el 31 de agosto, brindó atención a 87 usuarios. Asimismo, se habilitó un Buzón de Promociones de Asuntos Individuales que de igual forma inicia operaciones el 21 de julio del actual, donde se recibe de manera electrónica promociones de carácter general, con excepción de demandas iniciales y demandas de amparo.

• Con la finalidad de reducir la afluencia y concentración de personas, se está privilegiando el uso de herramientas tecnológicas lo que ha permitido comunicación directa y confiable entre la JFCA y sus usuarios. Los resultados al 31 de agosto de 2020 son los siguientes:

Buzón de Informes y Citas Inicio de operación: 8 de junio de 2020

Operación de la JFCA

• La JFCA y las Juntas Especiales habilitaron la recepción de convenios y demandas de patrones para suspender, terminar o modificar las relaciones colectivas de trabajo. Con ello se logró la recepción de cuatro demandas de suspensión, así como de 444 convenios.

• Durante el periodo de emergencia (datos de marzo a julio) se realizó con el mínimo personal 17 mil 927 convenios fuera de juicio, 2 mil 89 dentro de juicio y 3 mil 994 cumplimientos de laudos (ejecuciones), estos restringidos únicamente a los casos de urgencia, evitando así contagios de los trabajadores de la JFCA y de los propios usuarios.

• Durante el periodo (datos de marzo a julio) se recibieron mil 504 demandas colectivas y 21 mil 171 individuales, por lo cual las oficialías de partes permanecieron abiertas, siguiendo las recomendaciones de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud del gobierno de México, haciendo prevalecer el derecho de la salud del personal, así como de los usuarios, litigantes y público en general.

Salarios mínimos y acceso a financiamiento

• La STPS vigiló que las personas trabajadoras recibieran íntegro el pago por el desempeño de su trabajo y se implementaron medidas precautorias para que la recuperación del salario mínimo no presentara un retroceso en detrimento de las y los trabajadores y sus familias.

• Se estructuraron dos programas de apoyo para los trabajadores, en el marco de la emergencia sanitaria: i) el Plan de Alivio Fonacot, con el que 593 mil 293 personas trabajadoras, que tuvieron disminuciones en su ingreso, difirieron más de 495 millones de pesos, de los saldos de abril a julio, sin perjuicio ante el Buró de Crédito; y ii) el Programa Crédito Apoyo Diez Mil, mediante el cual se proporcionan 300 mil créditos de 10 mil pesos, con un costo anual total (CAT) de 10.1 por ciento que es el más bajo de acuerdo con la Condusef.

• Las y los trabajadores acreditados pueden recibir el beneficio de protección de pagos que incluye la cobertura de hasta seis pagos mensuales, en caso de desempleo por cualquier causa.

Trabajo digno

• El diseño y desarrollo del Operativo de Inspección Covid-19 logró que durante los meses de abril y mayo se desarrollaran 5 mil 176 inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, focalizadas en la vigilancia del cumplimiento, por las empresas y centros de trabajo esenciales y no esenciales, de las medidas emitidas por la Secretaría de Salud, en el marco de la pandemia y durante el mes de junio se realizaron 2 mil 415 inspecciones para vigilar el correcto inicio de la Nueva Normalidad.

• Se fortalecieron los servicios de orientación y asesoría jurídica laboral brindados por la Profedet, mediante el servicio de atención telefónica, el Centro Integral de Servicios de la Profedet y las Procuradurías Estatales, las asesorías digitales tanto por teléfono, como por correo electrónico a través de la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador(a) -Covid-19, para dar seguimiento, a través de internet, a las manifestaciones sobre afectaciones laborales en el marco de la emergencia sanitaria, y brindar asesoría jurídica a las y los trabajadores que se consideren afectados; pero, sobre todo, para facilitar la construcción de acuerdos que ayuden a que todos, trabajadores y empresas, salgan adelante.

• Como apoyo a los centros de trabajo en el cumplimiento de la capacitación obligatoria se promocionaron, a través del portal y redes sociales de la Secretaría, los cursos de capacitación a distancia que ofrece la STPS mediante la plataforma PROCADIST, gracias a lo cual, se logró durante el periodo del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2020, alcanzar a 184 mil 133 usuarios, en los 30 cursos que se tienen disponibles, 47.2 por ciento fueron mujeres (86 mil 897) y 52.8 por ciento, hombres (97 mil 236).

• Los cinco cursos con mayor demanda fueron:

– Introducción a la NOM-035-STPS-2018.

– NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal.

– NOM-002-STPS-2010 (Parte 1) Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

– NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene.

– Comunicación efectiva en el trabajo.

Servicio Nacional de Empleo

• Durante el periodo marzo-septiembre de 2020, el Servicio Nacional de Empleo continuó con la prestación de servicios a la población buscadora de empleo y a empresas, logrando la atención de 673 mil 488 personas y la colocación preliminar de 90 mil 525 de ellas, destaca:

– Los consejeros laborales brindaron atención personalizada y de manera virtual a 204 mil 616 buscadores de empleo, lo anterior mediante el desarrollo de protocolos y uso de diversas aplicaciones para la operación de bolsa de trabajo y ferias de empleo, lo que derivó en la colocación de 64 mil 38 de ellos.

– Adicionalmente, mediante el Portal del Empleo, se posibilitó la atención de 440 mil 998 buscadores de empleo.

– A pesar de la situación sanitaria, el SNE dio continuidad a las acciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), durante este periodo se envió a 18 mil 87 trabajadores.

– Es importante destacar que la estrategia de acercamiento con los empleadores ha permitido que al cierre de septiembre, el SNE promueva a través de sus estrategias más de 45 mil plazas de trabajo vacantes.

• En el marco del proyecto del Tren Maya, el SNE asumió la responsabilidad de promover las plazas de trabajo y vincular a los candidatos idóneos para ocupar dichos espacios laborales; a la fecha, se han registrado las primeras mil vacantes, las cuales pueden ser consultadas en el Portal del Empleo, en la siguiente liga: https://www.empleo.gob.mx/tren-maya.

• A través del Portal del Empleo, se inició la atención a egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del 24 de agosto al cierre de septiembre, se han registrado 8 mil jóvenes, de los cuales, 3 mil 627 se han postulado a una vacante.

• Con el propósito de apoyar en el proceso de reactivación económica del país, el SNE realizará del 27 al 29 de octubre, la Feria Nacional de Empleo en las 32 entidades federativas, en la que se estima promover más de 30 mil plazas de trabajo.

• A finales del mes de octubre, se tiene previsto llevar a cabo el lanzamiento del nuevo Portal del Empleo.

• A partir del mes de octubre, las oficinas del SNE en las entidades federativas se encuentran brindando atención presencial a buscadores de empleo, mediante la programación de citas, que permite garantizar las medidas de prevención sanitarias.

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, relativo a informar sobre el gasto reportado por las entidades federativas del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples de 2015 a 2018; las causas y consecuencias de los subejercicios, en caso de haberlos; y el avance físico-financiero del programa Escuelas al Cien

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presentes

Con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número UR 120 JOS/CSEC/0056/20 suscrito por la ciudadana Maricela Contreras Julián, adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo contenido en el diverso número DGPL 64-II-3-1462 signado por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativo a informar el gasto que reportaron las entidades federativas del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples de los años 2015 al 2018 y las causas y consecuencias de los subejercicios, en caso de existir; así como el avance físico y financiero del Programa Escuelas al Cien .

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones dirigidas a incrementar en todos los niveles educativos el número de matrículas para personas con discapacidad

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, marzo 4 de 2020.

Diputada María Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Palacio Legislativo de San Lázaro

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio D.G.P.L. 64-II-7-1076, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

En seguimiento al oficio número CJGEO/DGSDI/660-11/2019, adjunto copia del oficio CG/UJT/428/2019 y anexos, signado por la licenciada Getsemani Adriana Villanueva Flores, jefa de la Unidad Jurídica de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, en el cual expone: “...remito: A) cuadernillo de copias fotostáticas, que consta cinco fojas útiles por el anverso, son fiel y exacta reproducción, correspondientes a los oficios: CG/DPE/0587/2019, signado por el M.A. Tomás Ramos Jarquín, director de Programación y Evaluación de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología....”, entre otros oficios; por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a las autoridades educativas a incluir en los planes de estudio temáticas relativas a la igualdad de género y no violencia contra las mujeres

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, marzo 4 de 2020.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, México DF, código postal 15960

Distinguida Diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio DGPL 64-11-5- 1188, de fecha 1de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al Titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

En seguimiento al oficio CJGEO/ DGSDl/ 677-11/2019, adjunto copia del oficio CG/ UJT/ 428/ 2019 y anexos, signado por la licenciada Getsemani Adriana Vilfanueva Flores Jefa de la Unidad Jurídica de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología, en el cual expone: “...remito: A) Cuadernillo de copiasfotostáticas que consta de cinco fojas útiles por el anverso que es fiel y exacta reproducción de sus originales de los oficios: VAE 619/11/19, signado por la doctora Ivonne Lilian Martínez Cortés, Vice-rectora Académica de NovaUniversitas Aude Sapere...” entre otras copias; por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del Estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica de Oaxaca

De la Consejería Jurídica de Puebla, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a los Ejecutivos federal y de esa entidad a acordar un plan integral de atención de las obras en carreteras inconclusas de las anteriores administraciones federal y local

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2020.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Poder Legislativo Federal

LXIV Legislatura

Presente

Ricardo Velázquez Cruz, en mi carácter de Consejero Jurídico del gobernador del estado de Puebla y en cuya representación comparezco, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 82 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 22, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5, fracción I y II del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla, ante usted expongo:

Por medio del presente y en atención al oficio número DGPL 64-II-3-1876, Mesa Directiva, LXIV Legislatura, a través del cual, remite acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que exhorta al titular del Ejecutivo del estado a acordar un plan integral de atención a las obras carreteras en proceso de la anterior administración federal y local para concluir con los trabajos programados y que garanticen la conectividad y seguridad para los usuarios; se informa que al día de hoy ha sido atendido requiriendo vía oficio a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal que cuentan con atribuciones para su atención correspondiente en el ámbito de su competencia, siendo las siguientes:

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1072/2020, al secretario de Seguridad Pública;

CJ/SJCAE/DGAL E-DPC/1073/2020, al secretario de Movilidad y Transportes;

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1074/2020, al secretario de Infraestructura, y

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1075/2020, al Organismo Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla.

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Ricardo Velazquez Cruz (rúbrica)

Consejero Jurídico del Gobernador del estado de Puebla

De la Consejería Jurídica de Puebla, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a impulsar campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a niños y adolescentes, y aumentar las acciones preventivas

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2020.

Diputada María Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta

Poder Legislativo Federal

Cámara de Diputados

Mesa Directiva, LXIV Legislatura

Presente

Ricardo Velázquez Cruz, en mi carácter de consejero jurídico del gobernador y en cuya representación comparezco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 22, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla, ante usted expongo:

Por medio del presente y en atención al oficio número DGPL 64-II-3-1874, Mesa Directiva, LXIV Legislatura, a través del cual remite acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para que conforme sus competencias impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y aumentar las acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a dicho problema, privilegiando el interés superior de la niñez; se informa que al día de hoy ha sido atendido requiriendo vía oficio a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal que cuentan con atribuciones para su atención correspondiente en el ámbito de su competencia, siendo las siguientes:

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1076/2020, al secretario de Salud;

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1077/2020, a la secretaria de Planeación y Finanzas; y

CJ/SJCAE/DGALE-DPC/1078/2020, a la directora general del SEDIF.

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Ricardo Velázquez Cruz (rúbrica)

Consejero Jurídico del Gobernador

De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a impulsar campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a niños y adolescentes, y aumentar las acciones preventivas

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta dela Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL-64-II-3-1874, por el que da a conocer la aprobación del punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados, y que en su resolutivo primero, señala:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta o las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y aumentar los acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a este grave problema, privilegiando el interés superior de la niñez. Lo anterior, en el marco del Día Universal del Niño, celebrado el 20 de noviembre.

Segundo. ...”

Al respecto me permito informarle que:

El gobierno del estado de Guanajuato ha establecido un compromiso claro con la niñez guanajuatense para garantizar el ejercicio pleno a sus derechos, así como para brindarles la protección y seguridad jurídica que les permita vivir en un entorno armónico y de respeto.

El Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 Construyendo el futuro 1 en la Dimensión 1. Humana y social, punto l.3.2.2 contempla como retos y desafíos en favor de las niñas, niños y adolescentes al 2040 entre otros, los siguientes:

• Considerar el principio del interés superior de la niñez.;

• Garantizar en niñas, niños y adolescentes el derecho a la salud física, mental y reproductiva; con una educación integral y preventiva, involucrando a los diferentes actores para reducir el sobrepeso y obesidad en edad temprana, así como el embarazo en adolescentes; y

• Generar procesos formativos para certificar al personal que se dedica a la atención mediante acciones y programas, para adquirir y fortalecer conocimientos y herramientas que le permitan brindar respuestas adecuadas a la problemática y cubrir necesidades.

Por su parte, el Programa de Gobierno 2018-2024, Unidos construimos un gran futuro para Guanajuato2 , refiere como principales acciones del objetivo Consolidar un modelo de atención preventivo considerando los determinantes sociales de la salud , las siguientes:

• Promover estilos de vida saludables para fomentar y generar nuevos modelos en cada región, familias y personas; dirigido a disminuir la obesidad, sobrepeso, la diabetes e hipertensión.

• Realizar campañas de prevención en espacios públicos y medios de comunicación, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas con enfoque en estilos de vida saludable.

• Consolidar un programa interinstitucional para el neuro-desarrollo que permita favorecer hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

• Atender el sobrepeso y obesidad en la población adulta e infantil.

• Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo.

• Consolidar la Iniciativa Hospital Amigo del Nino y de la Niña en los hospitales con atención obstétrica, en conjunto con el Banco de Leche Humana.

• Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles.

• Fortalecer la medición integral para la detección oportuna de enfermedades crónicas no trasmisibles.

• Favorecer la atención de los imprevistos en salud por elementos de primera respuesta.

Además, el referido Programa de Gobierno 2018-2024, Unidos construimos un gran futuro para Guanajuato ,3 también establece como principales objetivos de su fin gubernamental impulsar una vida plena y saludable , los siguientes:

• Incrementar la cobertura de los servicios de salud;

• Consolidar un modelo de atención preventivo considerando los determinantes sociales de la salud y

• Otorgar servicios de salud con oportunidad y calidad.

Enlistando como principales acciones para alcanzar dichos objetivos, los siguientes:

• Impulsar mecanismos que favorezcan el acceso a un Sistema de Salud Universal, con la participación de las instituciones del sector.

• Garantizar el acceso a medicamentos e insumos;

• Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo;

• Consolidar la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña en los hospitales con atención obstétrica, en conjunto con el Banco de Leche Humana;

• Priorizar y atender las necesidades epidemiológicas y demográficas:

• Consolidar el sistema estatal de vigilancia epidemiológica para enfermedades transmisibles y no transmisibles;

• Diseñar estrategias de intervención familiar que permitan brindar una respuesta contundente a las problemáticas sociales.

En ese orden de ideas, los instrumentos de planeación citados han permitido que la Administración Pública Estatal 2018-2024, desarrollar acciones concretas tendentes a la prevención, detección y atención de enfermedades cardiacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes, muestra de ello son las actividades que de manera permanente se efectúan a través de las dependencias y entidades competentes que conforman la administración pública estatal.

El gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud ha establecido la estrategia preventiva denominada Código Corazón, misma que forma parte del Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio y que implementa un abordaje integral, abarcando todos los eslabones de la atención; desde la información al público en general, la capacitación continua al personal de salud de atención primaria y atención hospitalaria, tratamiento en los servicios de urgencias prehospitalaria, sala de urgencias de los hospitales y en las terapias intensivas.

Para dar la atención oportuna a la población guanajuatense, el Código Corazón se ha establecido los 365 días del año en todas las unidades hospitalarias. contando con el equipamiento de 46 salas de reanimación en las redes de atención de cada municipio del estado y mediante el abastecimiento de material de curación y medicamentos vasoactivos y trombolíticos de segunda y tercera generación que se encuentran distribuidos en los hospitales con mayor demanda y capacidad resolutiva.

Para este padecimiento, además se cuenta con 8 unidades médicas acreditadas en infarto agudo al miocardio, ante la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que son Acámbaro, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Centro Estatal de Cuidados Críticos y Silao, de igual forma, se cuenta con personal de salud capacitado con los cursos de ACLS y BLS, así como médicos instructores del curso Atención Oportuna del IAM.

El estado de Guanajuato cuenta con el hospital pediátrico de León que es una unidad médica acreditada cuyo personal ha realizado procedimientos de circulación extracorpórea como extra cardiacas.

La primera cirugía a un paciente con cardiopatía congénita en el hospital pediátrico de León se llevó a cabo en el año 2018, extendiendo desde entonces la cobertura de atención a todos los pequeños guanajuatenses con necesidad de este tipo de intervenciones.

En nuestro estado, además del hospital pediátrico de León, dos unidades públicas disponen del servicio para la atención de este tipo de pacientes y es el de Alta Especialidad y la Clínica 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el hospital pediátrico anualmente para conmemorar el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, se realiza una jornada de capacitación sobre el panorama de las cardiopatías.

Conforme a lo expuesto, la Administración Pública Estatal 2018-2024 refrenda su compromiso permanente con la sociedad guanajuatense, al implementar estrategias y acciones para la prevención y control de enfermedades y mejoramiento de la calidad de la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Notas

1 Disponible en el siguiente enlace:
http://plangto2040.iplaneg.net/

2 Disponible en el siguiente enlace:

http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/normalividadn/
descarga_file.php?nombre=Programa%20de%20Gobierno%202018-2024%20(mar%202019).pdf&archivo=
ddd993b2fef3fdffl01872bb03cfded8.pdf

3 Disponible en el siguiente enlace:

http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/normatividadn/
descarga_file.php?nombre=Programa%20de%20Gobierno%202018-2024%20(mar%202019).pdf&archivo=
ddd993b2fef3fdffl01872bb03cfded8.pdf

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de julio de 2020.

Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica)

Secretario de Gobierno

De la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a la SEP a implantar acciones para erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 30 de septiembre de 2020

Diputada María Dolores Padierna Luna,

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En relación con su oficio número DGPL 64-II-5-1196, dirigido al doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, que a su vez fue remitido a esta Secretaría de Educación, y a través del cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus competencias y conforme a la normatividad aplicable, analice emitir lineamientos para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, en los que se establezcan mecanismos de control en el uso de internet, cuando se otorgue dicho servicio al interior de las escuelas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas y de seguridad pública, federales y locales, para que en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, implanten y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético.

Al respecto, por su conducto, me permito informar a esa soberanía las acciones que esta Secretaría a mi cargo ha realizado en atención al punto segundo del exhorto de referencia.

Por principio, y conforme a las facultades reglamentarias que detentan, se realizó la difusión del comunicado a todas las instituciones dependientes de las direcciones de educación básica; de educación media superior y superior y del sistema educativo estatal regular.

En este sentido, previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020, se llevaron a cabo capacitaciones a Supervisores Escolares sobre los protocolos de intervención, actuación y prevención de acoso escolar y de seguridad escolar, así como de las acciones de prevención del uso de redes sociales y el uso del celular para fines didácticos.

Por otra parte, esta dependencia en coordinación con el Inpojuve (Instituto Potosino de la Juventud) y otras dependencias estatales han implantado el Programa “Prevenir esta Chido en tu Escuela”, dentro del cual se consideran 2 conferencias taller por especialistas en la prevención del ciberacoso y ciberdelito. Cabe señalar que, además, este programa incluye la canalización y atención especializada en ciberacoso y uso responsable de las redes sociales.

Adicionalmente se realizó un Foro Metropolitano con estudiantes de Educación Secundaria, donde se dieron respuestas temáticas pertinentes y actualizadas en diversos temas, incluido el Ciberdelito.

Asimismo como capacitación permanente tenemos los talleres de Revisión de los Protocolos de Actuación y los Tipos de Violencia, así como las acciones pedagógicas de prevención y actuación en la escuela a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar y de los Consejos de Participación Social.

Se informa lo anterior en atención al fortalecimiento de la colaboración que existe entre los distintos poderes y órdenes de gobierno, para el bienestar ciudadano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Joel Ramírez Díaz (rúbrica)

Secretario de Educación

Sufragio Efectivo. No Reelección.

De la Dirección de Asuntos Agrarios de Nuevo León, con la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a autoridades del estado a realizar acciones para solucionar la problemática de los habitantes del municipio de Hidalgo respecto a la regularización de sus predios

Monterrey, NL, a 12 de junio de 2020.

Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,

LXIV Legislatura

Presente

Por medio de la presente, me permito informar a ustedes, con respecto del oficio D.G.P.L. 64-II-2/1895, expediente número 3705 -tres mil setecientos cinco- suscrito por la ciudadana María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que fuera turnado a esta Dirección de Asuntos Agrarios a mi cargo, y asignado el folio1824 -mil ochocientos veinticuatro- en donde solicita que dentro del ámbito de nuestra competencia, se realicen las acciones necesarias para la atención y solución de la problemática que vive los habitantes de Hidalgo, Nuevo León, respecto de la regularización de sus predios. Esta Dirección de Asuntos Agrarios a mi cargo, pronunció el siguiente proveído:

Monterrey, Nuevo León, a 11-once- de junio de 2020 -dos mil veinte. Por recibido el correo electrónico en fecha 10 -diez- de junio del presente año, enviado por el ciudadano Ricardo Cortés Camarillo, director de Relaciones con Poderes Legislativos de Instituciones Políticas del Estado, en el que adjunta archivo PDF, que contiene: Boleta de Mex Post Correos de México, recepcionado por el gobierno del estado de Nuevo León, en fecha 3 -tres- de abril del año en curso, oficio 563-A-12020 suscrito por el licenciado Enrique Raúl Alanís Dávila, secretario particular del gobernador, dirigido al licenciado Manuel Florentino González Flores, secretario general de gobierno, en donde adjunta el oficio D.G.P.L. 64-II-2/1895, suscrito por la ciudadana María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como oficio suscrito por la licenciada Claudia Esther García Gutiérrez, secretaria particular del secretario general de gobierno y dirigido al licenciado Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario de gobierno de la Secretaría General del Estado, copia de e mail en la que el licenciado Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario de gobierno de la Secretaría General del Estado, envía al ciudadano Ricardo Cortés Camarillo, director de Relaciones con Poderes Legislativos de Instituciones Políticas del Estado, donde le adjunta el archivo PDF que contiene los documentos antes referidos para su atención, habiéndose asignado el folio 1824 -mil ochocientos veinticuatro- por esta Dirección; correo electrónico en el que solicita que se dé contestación a la petición de la ciudadana María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, quien señala que dentro del ámbito de nuestra competencia, se realicen las acciones necesarias para la atención y solución de la problemática que vive los habitantes de Hidalgo, Nuevo León, respecto de la regularización de sus predios. Esta Dirección de Asuntos Agrarios en el Estado tiene a bien acordar y acuerda: Visto el escrito suscrito por la ciudadana María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la que se solicita que, dentro del ámbito de nuestra competencia, se realicen las acciones necesarias para la atención y solución de la problemática que viven los habitantes del municipio de Hidalgo, Nuevo León, esta Dirección a mi cargo tiene a bien informarle la existencia de múltiples litigios que actualmente se ventilan ante el Tribunal Unitario Agrario número 20 -veinte- respecto diversos predios del ejido Hidalgo, ubicado en el municipio del mismo nombre. Litigios que actualmente son atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, cuyo titular es el licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, razón por la que será hasta que estos se resuelvan se podrá realizar un análisis para determinar la competencia de esta Dirección para la realización de acciones tendentes a la regularización de los predios en conflicto del municipio del Hidalgo, Nuevo León. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., fracción II, 4, 7, 16, 21, 22, 25, 42 y demás relativos de la Ley de Copropiedades Rurales vigente en el estado, así los acuerda y firma la ciudadana Sandra Barajas Rodríguez, directora de Asuntos Agrarios en el Estado. Notifíquese mediante correo Mex Post, Correo de México a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Publíquese. Conste. Rubrica.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

Monterrey, NL, a 12 de junio de 2020

Ciudadana Sandra Barajas Rodríguez (rúbrica)

Directora de Asuntos Agrarios en el Estado de Nuevo León

De la Secretaría de Gobierno de Michoacán, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y en atención al oficio número DGPL 64-II-6-0760 referente al exhorto aprobado en sesión de fecha 25 de abril de 2019, me permito anexar al presente copia del oficio número SEMACCDET/OS/331/2020 signado por el ingeniero Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente , Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado, el cual contiene respuesta de las acciones emprendidas en la entidad sobre el respeto a los ciclistas y la promoción e implementación del uso de mobiliario urbano para su estacionamiento en edificios públicos.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Ingeniero Carlos Herrera Tello (rúbrica)

Secretario de Gobierno

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite siete proposiciones con punto de acuerdo donde se solicita a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF de 2021 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios, a fin de garantizar la educación gratuita en su modalidad a distancia, a través de un programa que permita la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Senadora de la República a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios a fin de garantizar la educación gratuita en su modalidad a distancia, a través de un programa que permita la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes de educación básica, media superior y superior. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como diferentes organismos internacionales, determinaron que México, es el peor país calificado en educación en línea, derivado de un costoso acceso al internet y la falta de herramientas digitales, específicamente computadoras. Esto fue determinado luego de comparar 30 países distintos en un análisis de la propia OCDE.

En el mismo sentido, las herramientas digitales son fundamentales para que la educación a distancia sea de mayor calidad y para conocer la accesibilidad a la educación por internet es necesario evaluar el acceso que los estudiantes tienen a computadoras en sus hogares, mismo en el que México también obtuvo el porcentaje más bajo de los países analizados, situándolo en el último lugar con tan solo un 44.3 por ciento. Estas cifras proporcionadas por la OCDE.

Tenemos claro que las personas que cuenten con una computadora en su casa tienen facilidades para poder acceder a la educación en línea, por lo que las cifras de la falta de computadoras en las casas de los estudiantes en México, deja claro que la modalidad a distancia implementada por la Secretaría de Educación Pública no será igual para todos los alumnos de nuestro país.

Actualmente, existe un programa diseñado por la propia Secretaría de Educación Pública, misma en la que se ha determinado la televisión y el radio como los medios de difusión para los contenidos educativos, así mismo son publicados en la página de internet oficial del programa Aprende en Casa, sin embargo, esto no permite una correcta interacción entre los docentes y el alumnado, dado que la retroalimentación y la vigilancia de los estudios de los alumnos, es casi nula.

Lo anterior podría ser subsanado con la asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación a un programa que tenga como finalidad la entrega de tabletas electrónicas, mismas que servirán como medio para continuar con sus estudios de una manera más eficaz y que garanticen el acceso gratuito a la educación, además de ser un complemento para que en México avancemos en el tema de la educación de calidad y aminorar la brecha digital en la que vivimos.

Hasta ahora la falta de conectividad y la tardanza del Ejecutivo Federal para implementar plataformas digitales eficaces, programas adecuados a la nueva normalidad que deriven en una mayor igualdad entre las y los mexicanos, ha sido la constante más llamativa para el sector educativo; pues es urgente garantizar las mismas oportunidades para todos, pero hasta ahora y con casi 5 meses para desarrollar estas medidas o mecanismos, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública ha sido casi nula ante los retos antes mencionados.

Es de llamar la atención que el propio estudio realizado por la OCDE, destaca a México como un país ubicado a la mitad de la tabla de los países evaluados en cuanto a inversión en educación, pues nuestro país invierte el 29 por ciento en proporción al PIB per cápita; sin embargo, los resultados no han sido óptimos.

La nueva normalidad derivada de la pandemia por Covid-19 nos exige adaptarnos a tiempos distintos, en donde el uso y aprovechamiento de plataformas digitales serán los mecanismos para combatir los problemas de salud y contagios a consecuencia del virus mencionado, pero también abrirá una oportunidad para replantear la forma de educar y nos permite pensar en dotar de herramientas modernas, en materia de educación a los estudiantes, a fin de cumplir con responsabilidad los siguientes ciclos escolares, pero también, cumpliendo con el medio ambiente e incluso, podríamos encontrar una manera austera de proporcionar el mismo contenido, con mejores resultados. Es por eso que, una oportunidad para desarrollar el mecanismo propuesto sería convertir los libros de texto gratuitos a textos digitales, asignando el presupuesto ejercido para la impresión de libros por tabletas con los mismos textos integrados a estos dispositivos, mismo que tendría como beneficio, evitar la impresión anual de libros por alumno ya que su actualización sería automática y así hacer uso de las tabletas como su proveedor de contenido académico oficial.

La modalidad a distancia, aún con herramientas digitales disponibles, no es la modalidad más atractiva para los estudiantes, según un estudio del World Internet Project México. En consecuencia, esto reflejará, inminentemente, una alta deserción escolar, pues al no ser una forma de estudio llamativa para los alumnos será muy difícil concentrar a la misma cantidad de estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021.

La deserción escolar no surgió a partir del Covid-19, la pandemia lo potencializa, pero no nació con ella.

Previo a esto se registró, según datos de la propia SEP, que solo el 35 por ciento de los alumnos obtiene un lugar en las aulas para estudiar la universidad, esto significa que al 65 por ciento de los alumnos de educación media superior el sistema les ha fallado.

Por ejemplo, en el ciclo escolar del 2017-2018 el 14.5 por ciento de estudiantes de educación media superior abandonaron la escuela, el problema más grave antes de la pandemia estaba ahí, en el nivel medio superior y en quienes aspiraban a continuar sus estudios hasta el nivel superior.

El año pasado 800 mil alumnos dejaron los estudios de secundaria y si sumamos la falta de espacios que tenemos disponibles para alumnos que desean estudiar una carrera universitaria, nos damos cuenta que, hemos sido rebasados y que debemos actuar pronto si queremos ver un mejor futuro para México.

La realidad de nuestro país es que en la UNAM rechazan a 9 de cada 10 aspirantes, o que en el Instituto Politécnico Nacional solo hay espacio para 24 mil alumnos de los 92 mil interesados. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para revertir esta situación? Y el problema no termina aquí, ha empeorado y sin duda, crear un programa que incluya herramientas digitales, específicamente tabletas electrónicas, sería una opción viable para ampliar la matrícula de estudiantes en modalidad a distancia y evitar la deserción.

Ya en las últimas semanas de marzo, inició una modalidad a distancia para la educación en México, un factor que dejó ver con claridad la desigualdad en la que transita nuestro país desde hace muchos años.

La falta de herramientas digitales, tecnológicas o el acceso a internet se volvieron factores determinantes para que 2 millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonaran sus estudios, esto significa que el 10 por ciento de la matrícula de educación básica en México dejó de estudiar.

Y en educación superior la problemática también es muy seria, pues el 8 por ciento de la matrícula dejaron las aulas, esto representa, aproximadamente, que 305 mil 89 estudiantes abandonaron sus estudios universitarios.

Para finalizar, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de discutir, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que corresponderá a ficha cámara dar cumplimiento al presente punto de acuerdo.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 a fin de garantizar la educación gratuita en su modalidad a distancia, a través de un programa que permita la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2020.

Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica)


Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, considere asignar un incremento de 20 mil millones de pesos para programas y subsidios agrícolas, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y solicitar que el gobernador del estado de Baja California desarrolle y aplique urgentemente una política integral para los agricultores del Valle de Mexicali.

La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, considere asignar un incremento de 20 mil millones de pesos para Programas y Subsidios Agrícolas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y solicitar que el gobernador del estado de Baja California, desarrolle y aplique urgentemente una política integral para los agricultores del Valle de Mexicali, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presupuesto para el campo desde el inicio de esta administración federal ha ido a la baja, los recursos destinados a programas para la agricultura y el desarrollo rural han sido cada vez menores.

En 2018 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo un presupuesto para programas y proyectos para el campo de 72 mil 125.3 millones de pesos; en 2019 se tuvo una reducción de 10.3 por ciento, es decir de 6 mil 690 millones de pesos menos. Para 2020 se aprobaron recursos por 47 mil 576.9 millones de pesos, es decir, una reducción del 27.3 por ciento respecto de 2019, lo que se tradujo en 17 mil 857.9 millones de pesos menos, cabe señalar que en lo que va de 2020, el presupuesto del sector agropecuario ha sufrido recortes por más de 3 mil 500 millones de pesos, argumentándose que son por causas de austeridad, las cuales no están justificadas ni están basadas en un diagnóstico técnico.

En el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se contempla un presupuesto de 49 mil 291.6 millones de pesos, lo que es un mínimo crecimiento del 0.2 por ciento en términos reales, y no considera en la realidad el incremento en los precios de los insumos que el sector agropecuario está esperando.

En el proyecto de presupuesto 2021, el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria sufre un recorte de más de 800 millones de pesos, ya que en 2020 se aprobó por un monto de 4 mil millones de pesos y para 2021 se presupuestan solo 3 mil 223 millones de pesos.

En tanto que los programas de Diconsa (2 mil 147 millones de pesos) y Linconsa (mil 240.8 millones de pesos) se propone para 2021 el mismo presupuesto que para 2020. Cabe señalar que estos programas, debido a la baja de recursos aprobados desde 2019, han cerrado varias sucursales y expendios de leche y productos básicos populares, que en estos momentos resultan vitales para la población más vulnerable del país

En cuanto al Programa Especial Concurrente (PEC) para 2021 se presupuesta un gasto de 334 mil 875 millones de pesos, esto es 5 mil millones de pesos menos respecto de 2020 (339 mil 870 millones de pesos), asimismo se elimina la vertiente financiera de este programa.

Es decir, de 2019 a 2021 se han eliminado 17 programas y Fondos destinados al sector agropecuario, los cuales son:

1. Crédito Ganadero a la Palabra (desaparece)

2. Fomento a la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios (desaparece)

3. Desarrollo Rural (desaparece)

4. Vinculación Productiva (desaparece)

5. Capitalización Productiva Pecuaria (desaparece)

6. Trazabilidad Individual Ganadera (desaparece)

7. Estrategias para la Cadena Productiva (desaparece)

8. Sustentabilidad Pecuaria (desaparece)

9. Proyectos Estratégicos con Valor Agregado con Ventanilla Federal (desaparece)

10. Repoblamiento de Ganado Infectado con TB (desaparece)

11. Repoblamiento de abeja reina (desaparece)

12. Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola (desaparece)

13. Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Sector Rural (desaparece)

14. Agroasemex (desaparece)

15. Financiero Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (desaparece)

16. Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR) (desaparece)

17. FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) (desaparece)

Por lo que ante la coyuntura de la grave crisis económica es fundamental que, en este Presupuesto de Egresos de 2021, se verifique la eliminación de los principales programas, pero con enfoques más transparentes y que haya menos trabas para acceder a ellos, por lo que además creemos que es razonable que haya un incremento de más de 20 mil millones de pesos.

Se deben retomar tanto el apoyo a la comercialización, mediante la adquisición de coberturas y complemento para el ingreso objetivo, como los programas de Fomento Productivo para los diferentes subsectores (agricultura, ganadería, pesca y acuacultura) y volver a incluir el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, además de rescatar el programa de Concurrencia con las entidades federativas.

En cuanto a mi estado, Baja California, vemos con preocupación la disminución de recursos en este rubro a nivel federal, pero con mayor intranquilidad, el olvido y la poca importancia que mantienen las autoridades hacia el sector agrícola del presupuesto federal para el campo del estado, ya que el proyecto de presupuesto en programas federales 2021 para Baja California, del Ramo 8, Agricultura y Desarrollo Rural, tiene apenas un ligero incremento de 1.1 millón de pesos, ya que para 2020 se aprobaron recursos por 45 .2 millones de pesos y para 2021 se presupuestan solo 46.3 millones de pesos, lo que en términos reales es 1 por ciento negativo.

Aunado a lo anterior, agricultores y productores del Valle de Mexicali afectados por el abandono y la falta de políticas públicas oportunas que permitan el desarrollo del sector primario en nuestra región, está generando un grave perjuicio al campo y sus campesinos, por lo que se debe cambiar el rumbo y promover el avance, desarrollo y prosperidad del campo.

El estado de Baja California en materia agrícola y agroindustrial tiene un gran potencial, que con polítcas correctas de apoyos directos y de programas de desarrollo e incentivos a este sector, harían que nuestro Estado se convirtiera en un centro de producción y procesamiento de alimentos de calidad certificada a nivel mundial, que atendiera la demanda nacional, pero sobre todo, que se aprovechara su posición geográfica respecto a su vecindad con Estados Unidos y principalmente con el Estado de California, la disponibilidad de recursos naturales de los que dispone, pero sobre todo, de la gran calidad de recursos humanos y la experiencia de nuestros productores y empresarios bajacalifornianos.

Hoy más que nunca, se necesitan impulsar proyectos para posicionar los productos en los mercados nacionales y extranjeros; por lo que es importante fortalecer la participación de los productores, organizaciones y la experiencia del sector para fomentar los canales formales de comercialización.

Lamentablemente, el tema se ha dejado de lado. Específicamente, agricultores y productores del Valle de Mexicali están siendo duramente afectados por este abandono de políticas públicas que afecta el desarrollo del sector primario en nuestra región, generado un grave perjuicio al campo y a sus campesinos.

La complicada situación y la grave crisis de la cual es objeto el sector agrícola, esta generado severas afectaciones y perjuicios al sector productivo local. En los últimos años, se han acumulado muchas complicaciones: más de dos mil productores en cartera vencida, se ha reducido la superficie de siembra de trigo por más del 70 por ciento; la superficie de la entidad ha llegado hasta el 30 por ciento en condiciones de improductividad y abandono, lo anterior esto derivado en parte a los altos costos de producción y los bajos precios de las cosechas, lo que sin duda están agravando la crisis general de nuestro valle y la economía de otros sectores.

Quiero reiterar que este tema primordial y de gran urgencia, no es una cuestión de colores ni de partido, es una situación que nos preocupa y evidentemente nos ocupa, ya que el desarrollo del sector agropecuario bajacaliforniano y en especial del valle de Mexicali, es un tema central para la economía estatal y el progreso de los campesinos de nuestro estado.

Un obstáculo, que dentro de los problemas y desafíos a los que se están enfrentado los productores del Valle de Mexicali, es el programa de precios de garantía, el cual está sumando preocupaciones entre los productores de trigo de algunas regiones del país debido a las variaciones del precio de este producto en los mercados internacionales, así como al método con base en el cual el Programa de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) calcula los precios garantizados.

Ante esta crisis que padecemos y en la que se encuentra el Valle de Mexicali, apoyos gubernamentales son insuficientes debido a que los parámetros de referencia que sirvieron para determinarlos no serán los mismos cuando concluya el periodo de comercialización del trigo cosechado en el ciclo agrícola. Por esa razón, es indispensable que, una vez comercializado, Segalmex haga nuevamente los cálculos correspondientes para pagar a los agricultores del Valle de Mexicali el monto faltante para realmente cubrir de manera total el precio de garantía acordado.

También, debe impulsarse desde el gobierno del estado, un convenio modificatorio en el tema de cartera vencida, toda vez que la actual modalidad resulta de imposible acceso para el productor quien se encuentra inmerso en una crisis económica derivada y agravada por la falta de actividad productiva que le permita generar recursos económicos para cubrir el adeudo, por lo que se deben adecuar las reglas de operación mediante la propuesta de que el 34 por ciento del adeudo como aportación del productor sea objeto de financiamiento durante un tiempo razonable, con la finalidad de cubrirlo totalmente, esto derivado de la celebración de dicho convenio en el cual el productor logre acceso créditos que le permitan producir y generar economías con el objetivo de cubrir el porcentaje anteriormente mencionado.

Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, considere asignar un incremento de 20 mil millones de pesos para Programas y Subsidios Agrícolas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la finalidad de rescatar los 17 programas y fondos eliminados por la actual administración.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana a que una vez finalizado el proceso de comercialización de la cosecha de trigo del ciclo otoño inverno 2019-2020, realicen los pagos complementarios necesarios a los productores del Valle de Mexicali, Baja California, para que se dé cumplimiento al precio de garantía fijado en 5,790.00 pesos por tonelada para el ejercicio fiscal 2020, así como llevar acciones conducentes para que se otorgue un incentivo al trigo cristalino destinado a la industria molinera nacional y para semilla del 100 por ciento, como ocurre con el trigo panificable.

Tercero. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Baja California, para desarrollar y aplicar urgentemente una política integral para los agricultores del Valle de Mexicali, mediante acciones y programas en el medio rural que sean considerados prioritarios para el desarrollo del sector agropecuario del estado.

Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica)


Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1,fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 los recursos del anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, particularmente los programas con perspectiva de género, a fin de garantizar y salvaguardar los derechos de mujeres y niñas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En julio 2020, el Senado de la República refrendó su compromiso para acelerar la puesta en marcha de la Agenda 2030. Incluso, Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, expuso en fecha reciente que el país desempeña un papel de liderazgo y avanzar en la consecución de los Objetivos. Asimismo, la Presidencia ha publicado que “promueve la inclusión social, económica y política y el empoderamiento de las mujeres”.

Sin embargo, en la realidad la asignación presupuestal de este gobierno federal demuestra con hechos que nosotras no somos una prioridad: elimina recursos para programas sociales que benefician a las mujeres, sobre todo a las que más lo necesitan.

En el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se propone un presupuesto de 128 092.2 millones de pesos (mdp) para instaurar las políticas públicas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, lo que implicaría 24 mil 574.4 mdp adicionales a lo aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, y que en términos reales significa el 19 .6 por ciento.1

No obstante ese aumento de casi 20 por ciento de los recursos presupuestados, éstos están etiquetados para uno de los programas prioritarios del actual gobierno, el de pensión para personas adultas mayores, en detrimento de las políticas públicas que sí están diseñadas con perspectiva de género y que tienen resultados positivos para las mujeres.

No podemos fingir ceguera ante la crisis de violencia tan aguda que están padeciendo las mujeres. Cada día escuchamos noticias de desapariciones, violaciones, feminicidios, agresiones, desigualdad, etcétera, y ante estos lastimosos y aberrantes actos de violencia contra el sexo femenino nos encontramos con un titular del Poder Ejecutivo federal indolente, que no nos ve ni nos escucha.

La llamada “cuarta transformación”, encabezada por el presidente de México está empeñada en ejercer una sistemática violencia institucional contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto al concepto de violencia institucional, dispone lo siguiente:

Artículo 18. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Desde el inicio de la presente administración pública federal se han eliminado programas que garantizaban a las mujeres el acceso a prestaciones que eran indispensables para hacer efectivos sus derechos más elementales como la salud, por ejemplo, con la disminución de recursos para la detección del cáncer cervicouterino, o su pleno derecho a incorporarse al mercado laboral, al eliminar los recursos para las estancias infantiles, condenándolas a quedarse en casa para cuidar a sus hijos.

Ahora también se reducen los recursos para las políticas públicas que garantizan derechos a las mujeres indígenas, que afecta en los recursos que se destinan a las casas de mujeres indígenas y afromexicanas. Con estas acciones podemos afirmar que las mujeres no somos una prioridad para el gobierno encabezado por el presidente López Obrador.

Es lamentable que el Ejecutivo federal incumpla los compromisos internacionales que México ha signado. Ni siquiera puede argumentar que desconoce las cifras, menos aún salir con la declaración de que tiene “otros datos”, pues la información es pública.

Las mujeres somos numéricamente la mayoría de la población: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al último censo de 2015, 51.4 por ciento de la población total es del sexo femenino. Por esa simple razón numérica las políticas que favorecen el empoderamiento de las mujeres, su desarrollo, la igualdad, la protección a su salud, las que garantizan sus derechos debieran ser las que guíen la construcción del proyecto de Presupuesto de Egresos; en este sentido, el Ejecutivo federal tendría la responsabilidad de enviar un presupuesto con perspectiva de género y, por el contrario, lo que ha hecho es demostrar que las mujeres no somos una prioridad para su gobierno.

ONU Mujeres, al referirse a los presupuestos públicos con perspectiva de género, ha destacado que los presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades de los Estados en relación con el bienestar de la población y el desarrollo del país, así como su compromiso con los derechos humanos de hombres y mujeres, haciendo énfasis en que la forma en que se distribuyen los recursos presupuestales desempeña un importante papel para crear condiciones favorables para remediar y compensar la desigualdad de género en el trabajo no remunerado y el remunerado, en acceso a la propiedad de recursos materiales, en el acceso a créditos y también para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. 2

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los presupuestos públicos con perspectiva de género son los que promueven un gasto encaminado a crear condiciones favorables para remediar y compensar las desigualdades de género, en todos los ámbitos públicos y privados. Por ello, un presupuesto con perspectiva de género debería contribuir al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres.3

El Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, señala que, aunque el monto proyectado para el anexo 13 es mayor, hay dos preocupaciones: la primera en cuanto a que el presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha decrecido desde 2016, no obstante que es una instancia clave para articular las políticas públicas transversales a fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Preocupa, pues el Inmujeres debe tener recursos y capacidades suficientes para lograr que el presupuesto contribuya a cerrar brechas.4

La segunda preocupación del Imco es que 71 por ciento del monto del anexo 13 corresponde a 8 de los 9 programas prioritarios del gobierno federal, que no tienen reglas de operación diferenciadas para hombres y mujeres ni están diseñados para cerrar brechas de género. 5

Respecto a la reducción de recursos al Inmujeres, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados ha señalado que esta reducción va en detrimento de las actividades sustantivas de la institución que tiene como objetivo específico la promoción y difusión de los derechos de las mujeres y las niñas. Esta disminución afecta más de la mitad de la población del país y en especial a las más vulnerables. 6

En el documento Paquete económico de 2021, análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señala que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Inmujeres, la Secretaría del Bienestar y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, son las instancias encargadas de generar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, con igualdad de condiciones y sin discriminación.

Estas instancias necesitan recursos para lograr sus objetivos. No obstante, con excepción de la Secretaría de Bienestar, el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 prevé una disminución para todas ellas, pese a las exigencias públicas de diversas organizaciones de la sociedad civil frente al incremento de la violencia hacia las mujeres y las niñas en los hogares, un problema asociado al confinamiento.7

De acuerdo con Fundar, las alertas de violencia de género que son un mecanismo para la aplicación de acciones preventivas de seguridad para las mujeres en un territorio determinado y que son parte del Programa para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en la acción identificada con el número 445, “Coadyuvancia para las alertas de género”, en el proyecto de Presupuesto para el siguiente año se contempla una disminución de 65 por ciento de sus recursos en relación con el PEF de 2020, al pasar de 6 millones de pesos a 2 millones, y para la acción 454, “Recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con una declaratoria de alerta de violencia de género”, la reducción sería de 12 por ciento, pasando de 139 millones a los millones.

Resulta inverosímil que ante la creciente ola de violencia contra mujeres y niñas, el Ejecutivo federal envíe un proyecto de Presupuesto de Egresos con recortes en áreas tan sensibles como la prevención de la violencia, a través de las alertas de género.

¿Por qué el Ejecutivo sólo está preocupado en hacer críticas a la prensa que lo cuestiona y se burla, por ejemplo, de las masacres en el país?, no se entera por ejemplo de los hechos que conmocionan diario a todo el país, como la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de sólo 20 años de edad, madre de una niña de 4 años. ¿No supo el presidente de la muerte de Jessica González, de 21 años, localizada sin vida en Morelia?

¿Qué está haciendo el presidente para contener la violencia contra mujeres y niñas? Un presupuesto reducido, definitivamente no coadyuva para terminar con este gran problema.

Respecto a los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, que son acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 prevé una reducción de 10 millones de pesos en relación con el PEF de 2020.

Otro programa afectado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2021 es el relativo a la salud materna sexual y reproductiva, en el que se prevé una disminución de 26 por ciento, pues pasa de 2 mil 449 millones de pesos en 2020 a mil 822 millones para el ejercicio fiscal de 2021.

No negamos que los recursos del anexo 13 se han incrementado año con año, ello se debe a que así lo mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al señalar que las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que se hayan definido (artículo 41).

Sin embargo, este incremento en la actual administración está amañado: se direcciona mayormente a los programas sociales prioritarios del Ejecutivo federal, como Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa de Becas Elisa Acuña, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.8

En razón de lo anterior, no podemos perder de vista la reducción tan importante que se ha propuesto para programas en favor de las mujeres, mismos que son sensibles al tratarse de prevenir y atender la violencia, programas tendientes a proteger su salud, a proporcionarles un lugar seguro en el que se puedan resguardar, la disminución importante de recursos a las instancias que ejecutan acciones en beneficio de mujeres y niñas, atándolas de manos para que no puedan realizar eficazmente sus objetivos de velar por los derechos de todas las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se aumenten de forma considerable y de valor real los recursos del anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, particularmente los programas con perspectiva de género, a fin de garantizar y salvaguardar los derechos de mujeres y niñas, por lo menos a los montos económicos que guardaban en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Notas

1 Aspectos relevantes de finanzas públicas en el paquete económico de 2021. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados,

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cef p0342020.pdf (28 de septiembre de 2020)

2 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/presupuestos-publicos-con -perspectiva-de-genero (4 de marzo de 2020)

3 Presupuesto público con perspectiva de género vs. recursos federales etiquetados en México para la igualdad entre mujeres y hombres 2008-2019. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0312019.pdf (28 de septiembre de 2020)

4 Presupuesto para cerrar brechas de género, https://imco.org.rnx/ presupuesto-para-cerrar-brechas-de-genero/ (28 de septiembre de 2020)

5 Ídem.

6 fíle:///C:/Users/familia/Downloads/Avance%20Presupuesto%20Anexo13.pdf

7 https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Analisis_Paquete_Econo mico_2021_Fundar.pdf (28 de septiembre de 2020)

8 Disponible en https://cuestione.com/detalle/mexico/reasignan-71-del-presupuesto-de-ge nero-a­programas-sociales-de-amlo (6 de marzo de 2020)

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica)


Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 los recursos del programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a fin de garantizar el acceso a internet a los alumnos y docentes de menores ingresos, así como para que se les entreguen medios electrónicos que les permitan su acceso a la educación a distancia.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 los recursos del programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a fin de garantizar el acceso a internet a los alumnos y docentes de menores ingresos, así como para que se les entreguen medios electrónicos que les permitan su acceso a la educación a distancia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia del Covid-19 ha obligado a los países y a las personas a renovarse y reinventarse, a buscar nuevas formas de trabajar y de estudiar. Quedarnos en casa para disminuir los contagios nos ha cambiado la forma de vida, y nunca volverá a ser igual.

Sin embargo, las realidades de las naciones son diferentes y ello se debe principalmente al grado de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que va ligado al desarrollo y a los niveles de pobreza que cada uno tiene.

El caso de México y particularmente en el tema de la educación, es especialmente complejo por los rezagos educativos y económicos que venimos arrastrando desde hace décadas. Para el ciclo escolar 2020-2021 se ha implantado el programa Aprende en Casa II, para lo cual el gobierno federal anunció un convenio con algunas televisoras y radiodifusoras para que los cursos sean trasmitidos en diversos horarios y canales de radio y televisión, con el propósito de llegar a más audiencia.

Trasladar la escuela a los hogares implica mucho más que transmitir por radio, televisión o por internet los contenidos educativos de todos los grados. Se debe considerar que es primordial que exista una retroalimentación mínima para que los alumnos puedan aclarar sus dudas, hacer preguntas, cuestionar, y conocer si las personas están aprendiendo realmente, por lo que se debe contar con algún esquema de interacción y evaluación.

Se implantó también una línea telefónica, en la que de acuerdo a la página de internet se ofrece apoyo académico para hacer las tareas de preescolar, primaria o secundaria, asesoría personalizada en tiempo real de maestros de la Secretaría de Educación Pública en toda las materias, uso de los libros de texto gratuitos, orientación para papás y maestros, el servicio es gratis y se da atención en un horario de las 10:00 a las 18:00.1

Sin embargo, al tratar de comunicarnos en varias ocasiones, ni una sola vez fue atendida nuestra llamada, tampoco encontramos alguna liga que nos pusiera en contacto con algún docente “para que en tiempo real” nos asistiera en alguna duda generada por el contenido transmitido por radio y televisión, para lo cual también es necesario contar con internet y algún dispositivo (computadora, tableta, o teléfono inteligente).

Igualmente, según el programa Aprende en Casa II, hay la posibilidad de registrar asesorías . Para este efecto es necesario que los alumnos tengan acceso a internet y que cuenten con algún dispositivo que les permita enviar un correo electrónico para solicitar el apoyo de resolución de dudas; algunas escuelas públicas también han implementado el uso de plataformas para brindar el servicio de clases en línea y los maestros y alumnos han convertido sus hogares en un salón de clases.

Reconocemos los esfuerzos que se han realizado por parte de las autoridades educativas, los docentes, los alumnos y los padres de familia para que el efecto de las nuevas condiciones sociales y económicas en la educación sea menor. No podemos pasar inadvertido cuál es nuestra realidad y saber en dónde estamos parados para poder actuar en consecuencia. Y esa realidad es que aún y cuando se han hecho esfuerzos inconmensurables, no ha sido suficiente para evitar el rezago educativo y la deserción escolar.

Debido a lo anterior, nos enfrentamos a un desafío muy grande, necesitamos que converja la voluntad de diversos sectores para poder hacer que el rezago educativo y la deserción escolar que se avecinan no sean devastadores para todos como sociedad.

Tenemos que buscar juntos las soluciones para garantizar realmente la educación de calidad que es derecho humano de todas las personas, de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3o.:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior (...)

La forma de impartir educación cambió y en esta nueva época cobrarán mayor auge las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que señalar que no todas las personas tienen acceso a ellas, por lo que resulta de primera necesidad saber de qué manera el Estado garantizará que todos los alumnos, independientemente de su situación, tengan acceso a una educación de calidad, de lo contario las brechas entre unos y otros se intensificarán; quedan rezagados los que se enfrentan a alguna barrera económica o tecnológica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019, 76.6 por ciento de la población es usuario de internet; en la zona rural, la población usuaria se ubica en 47.7. De los hogares del país, 44.3 dispone de computadora y 92.5 cuenta con al menos un televisor. Los 3 principales medios para conexión de usuarios a internet en 2019 fueron celular inteligente, con 95.3; computadora portátil, 33.2; y computadora de escritorio, 28.9.

Como se observa en los datos estadísticos citados y la gráfica que antecede, en el medio rural no todas las personas tienen acceso a internet, lo que representa una barrera tecnológica para que los estudiantes de esas zonas puedan ser receptores de la educación a distancia por esa vía.

Respecto a la televisión digital, la misma encuesta señala que 92.5 por ciento de los hogares cuenta al menos con un televisor. Respecto a 2018, se presenta una reducción de casi medio punto porcentual. En cuanto al tipo de televisor disponible en los hogares, 76.5 de ellos cuenta con al menos uno de tipo digital, lo que representó un aumento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2018. El 96.0 de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador.2

Además de la problemática señalada de la falta de interacción entre docentes y alumnos al usar los televisores o la radio para las clases, en algunas familias que cuentan con dos o más hijos en edad escolar, no tienen suficientes dispositivos para que estos puedan acceder al contenido programático de Aprende en Casa II, sobre todo cuando se presenta la situación de que cursan diferentes grados, o bien, no tienen espacio suficiente en sus hogares para que cada alumno cuente con un lugar óptimo para ser receptor de la educación a distancia.

Ya mencionamos la obligación constitucional del Estado de garantizar la educación a todas las personas. Ahora hay que señalar también lo que menciona sobre las tecnologías de la información y la comunicación, la banda ancha y el internet, que también es un derecho humano; para tal efecto el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo tercero dispone lo siguiente:

Artículo 6o. (...)

(...)

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

(...)

Ahora más que nunca es necesario hacer efectivo ese derecho de todas las personas. Las circunstancias provocadas por la pandemia nos han cambiado la forma de interactuar y de comunicarnos, por lo que es necesario que todas las personas puedan tener la forma de realizar sus actividades sociales, laborales y en este caso, especialmente las educativas.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en la presentación del informe La educación en tiempos de Covid-19 y más allá que la pandemia ha causado el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes. Señaló textualmente: “Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas”. 3

Lamentablemente, la desigualdad se vuelve a hacer presente. Pues los sectores menos favorecidos, los hogares que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, se ven mayormente afectados al no contar con algún medio para poder acceder al contenido de Aprende en Casa II. Esto, sin duda, se traducirá en hacer aún más amplia esa desigualdad y en profundizar su situación de vulnerabilidad y pobreza, por eso debemos actuar, es momento de que el Estado Mexicano garantice su acceso a la educación, acercándoles todas las facilidades y herramientas tecnológicas para ese fin.

En el proyecto de Presupuesto de la Federación de 2021, en la estrategia programática está contenido el programa del gobierno federal Internet para Todos, a cargo de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo objeto es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro para garantizar el derecho de acceso a la información y la comunicación, incluido el de banda ancha e internet, prioritariamente en las localidades de alta y muy alta marginación, como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social que fomenten la formación de las capacidades digitales de las personas.4

Se señala también que Internet para Todos consiste en utilizar la infraestructura propia del Estado para hacer, con la mayor eficiencia económica posible, la integración de la población a la tecnología de internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional, extendiendo la inclusión financiera y asegurando la posibilidad de llevar los programas de bienestar social directamente a los beneficiarios.5

Esta empresa productiva subsidiaria de la CFE tiene como propósito instalar internet inalámbrico en todo el país, en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios para contribuir al combate de la marginación, la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas y el cierre de la brecha digital respecto a las oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por todos los ciudadanos y en particular de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Dicho programa trae presupuestados recursos por el orden de mil 936 millones 237 mil 252 pesos.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en ámbito de sus competencias provean puntos de acceso a internet gratuito para uso de las personas con menores ingresos y que además se les brinde algún dispositivo para tal efecto.

Asimismo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 recursos a fin de contar con un programa de entrega de dispositivos (computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes), con acceso a internet a los alumnos de menores ingresos del país.

Resulta indispensable también que la Secretaría de Educación Pública cuente con algún programa para fomentar la retroalimentación entre los docentes y los alumnos, a fin de que si estos últimos tienen alguna inquietud o dudas tengan el apoyo especializado de sus maestros para que puedan realmente adquirir los conocimientos necesarios y evitar el rezago educativo.

Debemos tener claro que la pandemia del Covid-19 estará entre nosotros durante más tiempo, y entonces es necesario que nos preparemos para darle a nuestra niñez y juventud las herramientas necesarias para asegurarles una educación de calidad. No podemos llevar al fracaso la educación de tantas personas, especialmente la de los más necesitados.

Si no lo hacemos así, estamos condenando a millones de niñas, niños y jóvenes a enfrentar un grave rezago educativo, de lo cual será imposible que nuestro país se recupere.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aumentar de forma considerable en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 los recursos del programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a fin de garantizar el acceso a internet a los alumnos y docentes de menores ingresos.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a autoridades de los tres órdenes de gobierno a implantar en el ejercicio de sus atribuciones y competencias puntos de acceso a internet gratuito para las personas con menores ingresos; asimismo, para que se les entregue a estos alumnos una tableta, computadora o teléfono inteligente para que puedan tener acceso a la educación a distancia.

Tercero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implantar en ejercicio de sus atribuciones un programa de retroalimentación entre los docentes y los alumnos, que surja del contenido del programa Aprende en Casa II.

Notas

1https://www2.aefcm.gob.mx/tu_maestro_linea/indexl.html (10 de septiembre de 2020)

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/ENDUTIH_2019.pdf (11 de septiembre de 2020)

3 https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte- que-se-avecina-catastrofe­educacion-y-cita (12 de septiembre de 2020)

4 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/53/r53_uit_e p.pdf (11 de septiembre de 2020)

5 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Antonio García Conejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, se asigne y etiquete el recurso de un monto total de 4 mil 715.13 millones de pesos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, con el propósito de reactivar la economía de esas localidades.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


Antonio García Conejo , senador de la república e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con su aval, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 109, 110, 276, numerales 1, fracción I, y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición de con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad ha conservado, valorado y defendido su herencia histórica, cultural y natural, y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible, debe considerarse un pueblo mágico, cuyas riquezas y potencial turístico lo diferencian de otras localidades.

En ese sentido, desde el año 2001, la Secretaría de Turismo federal puso en marcha una política pública en materia turística que tuvo como propósito inicial, actuar directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México. Dicha política se materializó a través del Programa Pueblos Mágicos, sujeto a reglas de operación y con objetivos de desarrollo para elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo,fomentar y hacer rentable la inversión.

Localidades que a través de este programa han logrado fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, mejorar su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación; en suma, acciones que han contribuido en detonar el crecimiento del mercado turístico en México.

Dentro de los objetivos específicos de los pueblos mágicos destacan:

-Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hada el mercado, basada fundamentalmente en los atributos histórico-culturales y naturales de las localidades.

-Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los productos turísticos para diversos segmentos.

-Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora.

-Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades.

-Profesionalizar el factor humano de las localidades.

-Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del sector privado.

-Fortalecer la propuesta turística de México.

-Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento.

-Apoyar la reconversión de las localidades maduras.

-Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al Programa

Lo anterior refleja atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros.

Bajo este parámetro, cuando un lugar era incluido dentro del listado de pueblos mágicos recibía, conforme a las reglas de operación y el presupuesto de egresos del año que correspondía, un recurso que se utilizaba preferentemente en la atención de los proyectos y/o acciones recomendadas a través de los diagnósticos de competitividad y de sustentabilidad, en los programas de Desarrollo Turístico Municipal y de los programas de trabajo de Comités de Pueblos Mágicos. Para ello, se definía y consensuaba anualmente las propuestas de trabajo y proyectos de inversión a realizarse en el polígono turístico o delimitación territorial zonificada del casco urbano, definiendo la zona que se consideraba susceptible de recibir recursos presupuestarios.

Por ello, la asignación de recursos públicos hoy resulta de vital importancia, por todos los beneficios que ha generado en las localidades que actualmente cuentan con el distintivo de pueblo mágico.

Segunda. Dentro de los beneficios destacables que ha generado este programa a las localidades y municipios reconocidos como Pueblos Mágicos, están, tanto económicos, sociales como materiales:

-Factibilidad de mayores recursos, destinados a proyectos definidos y con mayor rentabilidad;

-Reconversión de la actividad económica de la comunidad y áreas de influencia: al dotar de infraestructura, servicios, equipamiento y cambiar o mejorar la imagen de las localidades;

-Crea empleos y atrae mano de obra especializada, generando riqueza y bienestar en la comunidad;

-Mejora la infraestructura urbana y calidad de los servicios;

-Genera mayor plusvalía de las zonas turísticas;

-Provoca un sentimiento de pertenencia y orgullo: crea una sensación de bienestar y cohesión social en las comunidades;

-Se incrementa el valor, cuidado y reconocimiento del patrimonio cultural: monumentos, museos y sitios turístico-culturales tradiciones, artesanías, danzas folclóricas y gastronomía, entre otras.

Lo anterior muestra que ha sido una política pública exitosa, en donde el desarrollo turístico ha beneficiado a las localidades económico, social y culturalmente.

Independientemente de partidos políticos o administraciones, pues como señalé anteriormente, este programa existe desde 2001 y a finales de 2018 ya se contaba con 121 pueblos mágicos, que benefician a no menos de 7 millones de personas de las localidades y comunidades, que en muchos casos el turismo, es su única fuente de empleo.

Tercera. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el recurso asignado al Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico) fue de 1 mil 571.71 millones de pesos.1 Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 20172 sufrió un descenso del casi 68.3 por ciento, pues se asignaron únicamente 568 milllones 918 mil 886 pesos, repitiéndose casi dicho presupuesto para el ejercicio 2018, con un presupuesto de 585 millones 986 mil 452 pesos.3

Desafortunadamente, para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, el programa de mérito fue borrado desde el punto de vista formal, al no asignársele recursos presupuestales ni establecerse reglas de operación para su desarrollo y apoyo. Solo reglas de operación para la obtención y mantenimiento del signo distintivo.

A pesar de ello, como señale en párrafos anteriores, en la práctica, los pueblos mágicos existen y generan un alto índice de desarrollo económico a las localidades y empleo entre jóvenes y mujeres, principalmente, ya que sus características y esencia no desaparecen, o se obtiene por administraciones o políticas públicas, sino que son innatas a las localidades, pero también requieren del apoyo presupuestal para reactivar su economía, desarrollar su potencial turístico y llegar a todas y todos los mexicanos.

Desafortunadamente las afectaciones al turismo,que ha dejado la actual pandemia de salud por el virus Covid-19 han sido catastróficas; algunos datos muestran que la industria turística ha sido uno de los sectores más afectados al limitarse la movilidad de las personas como medida de contención del virus.

Y quienes han resentido a nivel local esta afectación,han sido los pueblos mágicos y en ellos, las micro y medianas empresas, así como, jóvenes y mujeres principalmente.

En ese sentido, y ante la importancia que refleja este programa para las localidades y municipios reconocidos como pueblos mágicos, he presentado iniciativas en favor de estas localidades, con el propósito de no dejar de lado la importancia que representan para la economía, el empleo,el combate a la pobreza y el desarrollo social de las comunidades que cuentan con atributos turísticamente reconocidos.

Lo anterior, y la sensibilidad del secretario de Turismo federal y del presidente de la república, lograron que el pasado 5 de octubre se decretara como Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Si bien es un paso importante, resulta necesario no solo reconocerlos en papel, sino materialmente, por ello presenté una iniciativa para adicionar una nueva fracción VI al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para que el día 5 de octubre se establezca como día inhábil, con el propósito de hacer efectivo el apoyo y materialice el disfrute y conocimiento de estos pueblos mágicos.

Considerando que, en 2017 se le asignó un monto de 1 mil 571.71 millones de pesos, creo conveniente sumar esa cantidad por los 3 años en los que se dejó de asignar presupuesto al programa, teniendo un monto total de 4 mil 715.13 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia contar con los recursos presupuestales necesarios que coadyuven a reactivarla economía local de estos bellos lugares, como un medio para la recuperación del sector afectado por la pandemia de Covid-19, permitiendo que el apoyo se vea materializado a través de su desarrollo; creando los medios para su fomento y promoción, infraestructura, acceso, y conocimiento por todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se asigne y etiquete el recurso de un monto total de 4 mil 715.13 millones de pesos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, con el propósito de reactivar la economía de esas localidades.

Notas

1 Cfr. Anexo 3, Formato de Aspectos Relevantes, Secretaría de Turismo, 2016, consultado el 6 de octubre en www.sectur.gob.mx/gobmx/wp/09/29_07_16_PAE_2016_Anexo_3_F005.docx

2 Cfr. Presu puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, consultado el 6 de octubre de 2020 en https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/docs/21/r21_afpe. pdf

3 Cfr. Libro Blanco, “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”.

Secretaría de Turismo. octubre 2018, consultado el 06 de octubre de 2020 en http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Libro-Blanco-PRODER MAGICO.pdf

Senado de la República, a 3 de noviembre de 2020.

Senador Antonio García Conejo (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda , del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se garantice la inclusión de una partida presupuestaria para el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo, a fin de salvaguardar el derecho a la educación y evitar la afectación de más de 3.6 millones de niñas y niños que se benefician a través de éste en zonas de alta marginación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


El suscrito senador, Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se garantice la inclusión de una partida presupuestaria para el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo, a fin de salvaguardar el derecho a la educación y evitar la afectación de más de 3.6 millones de niñas y niños que se benefician a través de éste en zonas de alta marginación, lo cual se expresa en la siguiente:

Exposición de Motivos

El programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública cuyo objetivo, enmarcado en las reglas de operación, es: “promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico, y desarrollo integral de los educandos”.1

EL PETC está orientado al fortalecimiento de la educación básica con una jornada de 6 y 8 horas diarias. Inició en 2006 con 500 escuelas y tras 14 años de operación suman 27 mil planteles en todo el país hasta 2020, de las cuales 19 mil son indígenas y rurales, lo que representa 70.5 por ciento del total, de acuerdo con el segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Este programa incluye, entre 1.5. y 3.5 horas extra de aprendizaje dedicadas al reforzamiento de materias clave como español y matemáticas y la incorporación de disciplinas complementarias como inglés, artes, computación y deporte; una compensación adicional al personal directivo, docente y de apoyo; y, equipamiento y materiales escolares.

El programa mejora año con año, lo más destacable es la priorización de escuelas en zonas de alta y muy alta marginación; en un inicio, tan sólo el 9 por ciento de las escuelas participantes se encontraba en esa categoría; en 2012 aumentó a 27 por ciento y en 2016 alcanzó 51 por ciento.

Todas las escuelas primarias y secundarias que participan en este programa reciben aproximadamente 90 mil pesos cada año para pagar los salarios de maestros que imparten clases en el horario extendido, los materiales para las actividades y lo necesario para la provisión de los alimentos para estudiantes.

Además, representa aliento para que padres, madres o tutores puedan cumplir con sus jornadas laborales. Recordemos que la escuela tiene una función social y, como tal, es propicio que respondan a las necesidades más apremiantes de las familias.

Otro elemento importante del programa es su componente de alimentación: 54 por ciento de las escuelas que reciben el apoyo del programa ofrecen alimentos calientes a 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes que, en su mayoría, se encuentran en condición de pobreza extrema, con carencia de acceso a la alimentación.2

En este sentido, el estudio Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) señaló que: “La evidencia sugiere que el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.

Por su parte, un estudio del Banco Mundial (2018) señaló que las escuelas participantes en el PETC redujeron la proporción de estudiantes en rezago escolar grave (estudiantes con 3 años o más de edad que los correspondientes para cursar la educación primaria) y confirmado por el Coneval en su estudio exploratorio.3

Ahora bien, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) ya no contempla recursos para el PETC, por lo que ya no podrán contar con dinero para la compra de material didáctico, papelería, equipo de audio, ni mejorar la infraestructura, así como los alimentos que se les daba a las niñas y niños ni tampoco con la capacitación y la compensación que se les ofrecía a los maestros.

Ante esta situación, la organización Mexicanos Primero se han pronunciado al respecto, haciendo llamados a padres de familia y mexicanos a protestar virtualmente a favor de la defensa del programa, también se hace notar, que vulnera el desarrollo de las madres y padres que trabajan, ya que sin este apoyo no podrán salir a trabajar a empleos de tiempo completo.

En este punto, es preciso subrayar que este programa cumplimenta lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 33 de la Ley General de Educación, respecto a que: “Toda persona tiene derecho a la educación siendo el Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios-, quienes impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar , primaria, secundaria, media superior y superior”.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que la educación de calidad forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible, suscritos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en la que México debe colaborar con el propósito de asegurar enseñanza de calidad y reducir el rezago escolar:

“4. 1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.”

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de nuestro país. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, por ello es importante su impartición de calidad a través de los programas que brinda la Secretaría de Educación Pública en los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, es una irresponsabilidad muy grande que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se deje sin recursos al programa Escuelas de Tiempo Completo, que además de promover el derecho a la educación; proporciona servicio de alimentación; produce mejoras en el aprendizaje ; atiende y corrige el rezago escolar grave;garantiza derechos profesionales docentes y fomenta la participación plena de las mujeres en trabajos remunerados .

En ese sentido, instamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se garantice la inclusión de una partida presupuestaria para el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo a fin de salvaguardar el derecho a la educación y evitar la afectación de más de 3.6 millones de niñas y niños que se benefician a través de éste en zonas de alta marginación.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se garantice la inclusión de una partida presupuestaria para el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo, a fin de salvaguardar el derecho a la educación y evitar la afectación de más de 3.6 millones de niñas y niños que se benefician a través de éste en zonas de alta marginación

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se garantice la inclusión de una partida presupuestaria para el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo, a fin de salvaguardar el derecho a la educación y evitar la afectación de más de 3.6 millones de niñas y niños que se benefician a través de éste en zonas de alta marginación.

Notas

1 Disponible para su consulta en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_php?codigo-5583043&fecha-29%2F12%2F2019

2 Disponible para consulta en https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P1B117.pdf

3 Disponible para su consulta en
https://www.coneval.orq.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ExploratorioImpactoPETC.pdf

Senado de la República, a 4 de noviembre de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, se incluyan los recursos necesarios para fortalecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en un monto similar al aprobado en los años recientes, a fin cubrir los requerimientos de la población objetivo de este programa.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, se incluyan los recursos necesarios para fortalecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en un monto similar al aprobado en los años recientes, a fin cubrir los requerimientos de la población objetivo de este programa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación debe representar una de las prioridades fundamentales del Estado mexicano, sobre todo en un momento tan crucial para el desarrollo nacional.

No obstante, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (PEF 2021) los recursos destinados a la educación se incrementan apenas 0.2 por ciento, monto decepcionante cuando el país está enfrentando un reto enorme para adaptarse a la nueva educación a distancia.

La organización civil Mexicanos Primero calificó el PEF 2021 como un “verdadero atraco” a la educación y podría hacerla retroceder hasta 40 años en programas y logros ganados. Este nuevo presupuesto pretende eliminar o debilitar programas estructurales necesarios para el aprendizaje, el apoyo a población vulnerable y a maestros,sobre todo durante esta pandemia.

Con este PEF será muy complicado que se logren los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y, sobre todo, con uno de los seis objetivos estratégicos que pretende: la inclusión educativa. En 2019, 15 mil millones de pesos fueron destinados a la inclusión educativa, y para 2021 se pretende llegar a 3 mil millones, lo que implica un recorte a tres cuartas partes del presupuesto asignado hace apenas un año.

Otro de los aspectos más negativos de esta propuesta presupuestal es que fueron suprimidos 13 programas prioritarios en materia educativa. Se propone la desaparición de programas educativos sensibles, de los cuales nueve son considerados relevantes, que atendían a población vulnerable o de ampliación de la jornada escolar como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Sin ningún argumento o justificación, en el PEF para 2021 se está eliminando el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, no obstante que en el segundo informe de gobierno el presidente López Obrador destacó los logros alcanzados por este programa en poblaciones de más alto grado de vulnerabilidad.

Preocupa la eliminación del Programa porque se afectaría la ampliación del horario a 27 mil escuelas y 3.6 millones de niños, sobre todo menores en situación vulnerable o en contextos de riesgo social, del cual 70.5 por ciento de las escuelas atendidas son indígenas y rurales; mientras 53.8 por ciento de los centros educativos ofrecen servicios de alimentación a 1.4 millones de niños y jóvenes, los cuales en su mayoría viven en carencias sociales.

Debemos considerar que uno de los propósitos de este programa es terminar con las desigualdades, por lo que se priorizó la cobertura de las escuelas de tiempo completo en las zonas con alta marginación y muy alta marginación, convirtiéndose en un apoyo invaluable para detonar el aprendizaje de los menores que cursan la educación básica, además de que se les proporcionaba una sana alimentación que, sin duda, abonaba a mejorar notablemente su desempeño académico.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.1

Por ello, cancelarlo implica una violación al derecho humano a la educación establecido en el artículo 3o. de nuestra Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales de los que México es Parte, y al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1o. de nuestra ley fundamental, que se refiere a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de garantizar cada vez más y mejor dichos derechos.

El propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha reconocido que el Programa Escuelas de Tiempo Completo, que atiende a 14 por ciento de las escuelas públicas del país, es decir, a 27 mil, de la cuales siete de cada diez son escuelas indígenas y rurales, mejora el desempeño educativo en nuestros niños más vulnerables y los beneficios del programa trascienden lo educativo, pues ha mejorado la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, sin conocer los efectos de la pandemia del Covid 19, se redujeron a la mitad los recursos destinados a las escuelas de tiempo completo. Con esto se ratifica que la política educativa no es una prioridad para el gobierno federal que a través de su mayoría en la Cámara de Diputados aprobó esta drástica reducción, como se observa en la siguiente gráfica:

En la comparecencia en el Senado de la República el pasado 14 de octubre, el titular de la SEP reconoció la importancia de las Escuelas de Tiempo Completo, señalando que “son escuelas que conjugan gran parte del esfuerzo educativo que estamos realizando. Estamos hablando de 27 mil escuelas, la mayor parte de ellas, 70 por ciento, en zonas indígenas, atendiendo a la población más marginada de nuestro país con una población de alrededor de tres y medio millones de alumnas y alumnos; de 160 mil maestras y maestros que tienen, además, un programa de alimentación, que es algo muy importante, sobre todo, ahora que queremos introducir una alimentación saludable en las escuelas”.

Es por ello que, la Secretaría de Educación Pública ha venido gestionando de manera permanente, sin descanso, reiterada, necia ante todas las autoridades competentes y en múltiples reuniones con todos los niveles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la importancia de que las Escuelas de Tiempo Completo permanezcan, de que las Escuelas de Tiempo Completo sigan dando a nuestra educación lo que le está dando, que es un modelo muy importante de calidad y de equidad.

Gracias a todo ese esfuerzo hoy les puedo decir que las Escuelas de Tiempo Completo tendrán presupuesto en 2021.

Asimismo señaló que alrededor de 5 mil millones de pesos provendrán del programa La Escuela es Nuestra, además de que se asignarán los recursos que sean necesarios para su continuidad, lo cual significa que se reducirán recursos de otros programas educativos para resarcir la pérdida de recursos del programa de escuelas de tiempo completo.

Es decir, nuevamente hay una promesa de otorgarle recursos a este Programa, pero no hay un acuerdo en la Cámara de Diputados para asignarle recursos. Hasta hoy este problema se ha reconocido en el Senado, mediante un acuerdo aprobado por la Comisión de Educación para exhortar a la Cámara de Diputados para que en el PEF de 2021 considere y, en su caso, destine los recursos suficientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a efecto de garantizar su funcionamiento y continúe brindando el servicio educativo a las Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes que viven en las zonas más marginadas de nuestro país.

El académico David Calderón señala que esta desaparición del programa, con lo cual coincidimos, “debe llenarnos de indignación. No hay forma de dulcificar, minimizar o relativizar una decisión tan profundamente injusta y equivocada... Eliminar presupuestalmente el programa es romper el marco aspiracional para, literalmente, cientos de miles de escuelas públicas, que esperaban ampliar ese 14 por ciento que en este 2020 el PETC cubre nominalmente”.

Sería un fracaso educativo, social y cívico que el programa desaparezca para inflar la bolsa de becas no focalizadas y universidades sin transparencia, o peor, para obra pública de concreto y asfalto que no tiene desarrollo progresivo, como sí lo tienen las capacidades de niñas y niños cuando son reforzadas e impulsadas... ¿Qué les van a decir a maestras y maestros de una de cada tres escuelas de educación básica en Baja California Sur, a quienes les despojarán de sus derechos adquiridos para la compensación que recibían?

¿Complementarán su ingreso vendiendo zapatos por catálogo, plata, manejando un taxi, porque su país no los supo conservar unas horas más en su vocación de educadores, con una paga magra –y con frecuente pago tardío– pero que los arraigaba en una escuela?

El propio Coneval ha señalado que es necesario incrementar el recurso a este programa, entonces ¿por qué el gobierno federal, pretende desaparecerlo? De cancelarse la clave del programa, 3.5 millones de estudiantes se pueden quedar sin escuela de tiempo completo.

La Cámara de Diputados está obligada a replantear el proyecto de PEF de 2021 que recibió del Ejecutivo federal y asignarle los recursos suficientes, que no deben ser menores de los que le fueron aprobados en el 2019, para que en el retorno a clases este programa continúe aportando sus innumerables beneficios a la educación nacional, así como para que se mantenga la clave presupuestal. Este relevante programa no puede quedar supeditado a una transferencia que dependa de la decisión de la Secretaría de Educación Pública.

Son múltiples las razones por las cuales se debe dotar de recursos, para el beneficio de más de 3.7 millones de estudiantes; la alimentación que brinda a muchos de estas niñas, niños y jóvenes que se encuentran en pobreza extrema; su ayuda para combatir los índices de abandono escolar; cerrar las brechas de desigualdad; promover la inclusión de las mujeres en el mercado laboral; garantizar un mejor derecho a docentes, por citar algunos de los beneficios que promueve este programa.

La situación que vive el país exige el replanteamiento de las acciones de gobierno, pero en materia educativa no se deben afectar los programas que atienden a nuestras niñas, niños y jóvenes, sobre todo cuando se dirigen a atender a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Por lo expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 los recursos necesarios para fortalecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en cuando menos un monto similar al aprobado en los años recientes, a fin cubrir los requerimientos de la población objetivo de este programa, las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en pobreza extrema.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2020.

Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite acuerdo aprobado para que en el análisis, el examen y la discusión del proyecto de PEF de 2021 se consideren y, en su caso, destinen recursos suficientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Educación, con el siguiente punto de acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis, examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2021, considere y, en su caso, destine los recursos suficientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a efecto de garantizar su funcionamiento y continúe brindando el servicio educativo a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que viven en las zonas más marginadas de nuestro país

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2021, considere y, en su caso, destine los recursos suficientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a efecto de garantizar su funcionamiento y continúe brindando el servicio educativo a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que viven en las zonas más marginadas de nuestro país.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite expediente con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, devuelta para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, remitida el 3 de octubre de 2019.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIV-III-1P-006

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE OCTUBRE DE 2020.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular.

Segundo. a Tercero. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)

Presidente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


Iniciativa de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversos artículos a las Leyes General de Salud, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1,inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, la parte relativa a las reformas a la Ley General de Salud; y se remitirá a la Cámara de Diputados la parte que propone reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de prevención, atención, control y tratamiento del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud y el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y por diversos tratados internacionales de los que México es parte, como derechos humanos universales, indivisibles, interrelacionados y progresivos que el Estado mexicano tiene el deber de promocionar, fomentar, garantizar, proteger y defender.

El sobrepeso y la obesidad atañen a estos dos derechos, de manera concomitante y vinculada, y de igual forma, como fenómenos complejos, los atacan y comprometen. Estamos obligados a actuar en consecuencia, para abatir tan graves enfermedades que son causantes de decrementos profundos en la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos.

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades no transmisibles (ENT), y representan un grave problema de salud pública en todo el mundo y, principalmente, en México. En un mundo globalizado y altamente consumidor, el sobrepeso y la obesidad son uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud pública de los países del planeta, que durará gran parte del siglo XXI.

Se calcula que en 2008, alrededor de 36 millones de muertes, esto es, más de 50 por ciento de las registradas en el mundo, tuvieron como causa ENT, principalmente cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.1

En ese año 80 por ciento del total de las defunciones por ENT, equivalente a 29 millones de personas, se produjeron en países de ingresos bajos y medios, en los cuales la proporción de muertes prematuras (antes de los 70 años) es mayor (48 por ciento) que en los países de ingresos altos (26 por ciento). Estas importantes enfermedades comparten cuatro factores conductuales de riesgo: consumo de tabaco, dieta incorrecta, inactividad física y uso nocivo del alcohol.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa. El indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso es el índice de masa corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad cuando este es igual o superior a 30. Según consideraciones de la OMS, el 44 por ciento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. También relacionadas a esta problemática se encuentran la hipertensión arterial, las dislipidemias, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular cerebral, la osteoartritis y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, a nivel nacional, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2 por ciento (39.1 por ciento sobrepeso y 36.1 por ciento obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por ciento. Las cinco entidades federativas con porcentajes más altos de sobrepeso y obesidad son Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco.

Según la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, las causas del incremento de estas ENT se basan en una occidentalización de la dieta, en la cual:

1) Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal.

2) Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población.

3) Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos.

4) Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto energético.

5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general.

6) Disminuye de forma importante la actividad física de la población.

7) Incremento en la densidad energética y del sodio en la dieta, el consumo de bebidas calóricas ha aumentado de forma radical en los últimos años.

8) Cambios importantes en la compra de algunos alimentos. Comparando el gasto de 1984 y 1998, se observó una disminución de la adquisición de frutas y verduras en 29.3 por ciento, de leche 26.7 por ciento y de carnes en 18.8 por ciento y un aumento en la compra de hidratos de carbono refinados que ascendió en 6.3 por ciento, así como el gasto en bebidas azucaradas, el cual aumentó en 37.2 por ciento.

9) La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ocurridos en el país en las últimas décadas ha implicado modificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento3

El Programa Sectorial de Salud 2020-2024 (Prosalud), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 17 de agosto de 2020, proporciona un diagnóstico sobre la obesidad en México, la cual es considerada por el gobierno federal actual como enfermedad crónica no transmisible (ECNT). En este sentido, el Prosalud nos brinda los siguientes datos y cifras:

• La obesidad es un problema predominante de salud pública.

• México se encuentra ante un grave problema de salud pública, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas son ya una pandemia que afecta tanto a la salud individual y poblacional afectando directamente la productividad, economía y bienestar del país.

• Las ECNT, en particular el cáncer y las cardio-metabólicas como enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, son sin duda el principal reto para el sistema de salud de nuestro país, tanto por su magnitud como el gran impacto en mortalidad prematura y deterioro de la calidad de vida y los costos de atención de sus complicaciones. Uno de los principales factores de riesgo que explica el aumento de estas enfermedades crónicas es el incremento acelerado que México ha presentado en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

• De acuerdo con la OCDE, México ocupa el segundo lugar con la mayor tasa de obesidad con 33 por ciento y la proporción más alta de sobrepeso u obesidad asciende a 73 por ciento en población adulta, comprometiendo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

• El incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad son factores detonantes de otro tipo de problemas de salud como lo son la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico y otras crónicas como cáncer. Esto es un foco de alerta para el sistema de salud, por lo que es necesario intensificar las acciones de promoción y prevención de la salud; así como el fortalecimiento de los distintos niveles de atención para la detección, control efecto y reducción de las complicaciones.

Para combatir este problema tan·delicado, la Secretaría de Salud del gobierno federal propone los siguientes objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales:

Objetivo prioritario 1. Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Estrategia prioritaria 1.5. Fomentar la participación de comunidades en la implementación de programas y acciones, bajo un enfoque de salud comunitaria para salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afromexicanas.

1.5.1. Promover la organización y participación directa de las comunidades en los procesos de prevención y promoción en salud para determinar y atender sus prioridades como obesidad, diabetes, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo prioritario 5. Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.

Estrategia prioritaria 5.1 Mejorar la cobertura, el acceso equitativo y la calidad en servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las ENT para reducir su incidencia en la población, especialmente en los grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad.

5.1.7 Impulsar iniciativas y fomentar la vinculación interinstitucional e intersectorial, para articular intervenciones dirigidas a la reducción del sobrepeso y obesidad, con énfasis en niñas y niños.

Estrategia prioritaria 5.4 Mejorar los servicios de salud y asistencia social para procurar el desarrollo bajo un enfoque integral y diferenciado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos e igualdad de género.

5.4.3 Fortalecer la prevención y atención a todas las formas de mal nutrición infantil, incluida la desnutrición la deficiencia de micronutrientes, la obesidad y el sobrepeso, con el fin de salvaguardar un desarrollo sano.

¿Cómo se van a lograr, de forma concreta, esos objetivos, estrategias y acciones? ¿Cuáles son las metas, también concretas, sobre las cuales se medirán los resultados de esos objetivos, estrategias y acciones? El Prosalud es completamente omiso al respecto.

Por otra parte, esta problemática sanitaria, desde que fue identificada por gobiernos anteriores y el actual, ha generado diversas reformas a la Ley General de Salud (LGS), siendo la más reciente la hecha en materia de etiquetado. El pasado 8 de noviembre de 2019 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Asimismo, la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable a las bebidas saborizadas como los refrescos, fue modificada mediante decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2019, siendo la hoy aplicable de $1.2616 pesos por litro, y se mantiene la tasa del 8 por ciento aplicable a las botanas, consideradas como alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.

Y aquí comienza lo verdaderamente importante. Según diversos periódicos de circulación nacional, en lo que va de este año 2020 el gobierno federal ha recaudado 23 mil 400 millones de pesos por la recaudación del EPS a alimentos y bebidas con alta densidad calórica. De esta cantidad, sólo 221 millones de pesos han sido destinados al Programa de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la Secretaría de Salud (SSA), es decir 0.9 por ciento de lo obtenido. Este porcentaje crece si se incluye el programa presupuestario Prevención y Control de Enfermedades que ejercen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (Ssa), que, en conjunto, erogaron 4 mil 428 millones de pesos en el periodo referido. Con esto, la proporción sube a 19.9 por ciento de lo recaudado por el EPS.

En este sentido, el gobierno federal, históricamente ha destinado poco presupuesto a la prevención de la obesidad, la diabetes y ECNT desde 2014, año en que se creó el llamado “impuesto a la comida chatarra”, y en el último semestre el actual gobierno federal sólo dio un peso de cada cinco que obtiene de este IEPS a programas de salud, y el resto (4 pesos) a gastos de gobierno en general.

Lamentablemente podemos concluir que desde 2014 a la fecha, las administraciones públicas federales no han destinado la totalidad de los recursos recaudados a la prevención de la salud, especialmente al cambio de hábitos de consumo, alimenticios, de actividad física y otros importantes y necesarios para combatir de manera preventiva el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos y enfermedades asociados.

Véase la siguiente gráfica que refleja claramente la importancia que en realidad el gobierno federal le ha dado al combate de estos trastornos alimenticios, causantes de graves y mortales enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer4 :

Como se advierte, y con las reservas necesarias, al no ser una gráfica de índole oficial, para·2020 el gasto de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes ni siquiera figura, en relación con el gasto para la prevención y control de enfermedades en general. La velocidad con la que el sobrepeso y la obesidad se están difundiendo en nuestro país no aguanta que sigamos con la misma “disciplina fiscal” de darle tan pocos recursos económicos públicos a la atención de un problema tan serio que, de seguir así, terminará por colapsar: no habrá sistema de salud pública, austero o no, que soporte la presión de brindar atención médica (consultas, medicamentos, hospitalización y tratamientos) a tantas personas enfermas de diabetes, hipertensión arterial, coronarias y cáncer, entre otros padecimientos graves.

En tal sentido, la presente iniciativa propone reformar las Leyes General de Salud y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a efecto de elevar a nivel de ley los siguientes aspectos que resultan torales para la prevención, atención, control y tratamiento del sobrepeso y la obesidad:

Primero. Establecer el Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, como un elemento de tal importancia que se considere parte de la salubridad general del país, a que se refieren los artículos 4o., párrafo cuarto, y 73, fracción XVI, ambos de la CPEUM, y receptáculo de los recursos tributarios provenientes del “impuesto a la comida chatarra”.

Segundo. Prever como facultad de la Ssa en materia de Promoción de la Salud y Nutrición, la formulación y expedición del Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como su ejecución de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas.

Tercero. Disponer acciones mínimas a realizar coordinadamente entre la SSA y los gobiernos de las entidades federativas como parte de la ejecución del Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso.

Cuarto. Establecer de forma vinculada y correspondiente en las Leyes General de Salud y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que la totalidad de los recursos recaudados por concepto del IEPS aplicable a bebidas saborizadas y botanas, se destinarán a las estrategias y acciones específicas que se establezcan en el Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Esto complementará las diversas disposiciones contenidas en la LGS referentes al sobrepeso y la obesidad, pero que aún se hallan incompletas por falta de elementos operativos que hagan posible que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine recursos económicos recaudados por el EPS a la comida “chatarra”, etiquetados para el combate a trastornos de la conducta alimentaria.

Lo anterior también resulta relevante para mi estado, Baja California Sur. De acuerdo con la Federación Mexicana contra la Diabetes, Baja California Sur ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos a nivel nacional, lo que ha provocado un aumento de casos de diabetes con los problemas económicos que esto implica para las familias y las instituciones públicas de salud. Según esta federación, en el país hay 13 millones de pacientes con esta enfermedad, de los cuales 67 mil corresponden a Baja California Sur, cifra alta para el estado por su baja densidad de población5

Debemos detener este problema sanitario antes de que sea demasiado tarde. Ningún gobernante podrá enfrentar con éxito una pandemia como esta, silenciosa y de proporciones catastróficas para el desarrollo integral de la población y para los sistemas financieros y de salud públicos de México. La iniciativa pretende contribuir a una solución de fondo, involucrando a las Secretarías de Salud y la de Hacienda y Crédito Público.

Por las razones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en mater a de prevención, atención, control y tratamiento del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria

Artículo Primero. Se adicionan una nueva fracción XII Bis al artículo 3o.; una nueva fracción I Bis al artículo 115, y un nuevo artículo 115 Bis al capítulo II, Nutrición del título séptimo, Promoción de la Salud, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

XII Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria;

...

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. ...

I Bis. La formulación y expedición del Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como su ejecución de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas;

Artículo 115 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. El diseño, desarrollo e implantación de un sistema de información que lleve a cabo el monitoreo del comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles tales como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemias, así como el sobrepeso y la obesidad;

II. El establecimiento de mecanismos de difusión oportuna de la información epidemiológica sobre las enfermedades no transmisibles indicadas en la fracción anterior, en todos los niveles, para la toma de decisiones;

III. La promoción de la alimentación correcta a nivel individual y colectivo en la familia, escuela, sitio de trabajo y comunidad;

IV. La promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo en la familia, escuela, sitio de trabajo y comunidad;

V. La realización de campañas masivas en contra de la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria mediante mensajes positivos;

VI. La generación de procesos de participación social con énfasis en la participación comunitaria;

VII. El establecimiento de estrategias de prevención de enfermedades que consideren el autocuidado;

VIII. El establecimiento de una. Semana Nacional de Detección de Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión;

IX. La implementación de esquemas proactivos de prevención y detección oportuna; ·

X. La capacitación del personal de salud de primer contacto alrededor de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, y

XI. El uso de tecnologías de información y comunicación (líneas telefónicas móviles, internet, redes sociales) para ofrecer soluciones que permitan a las personas a cambiar sus estilos de vida de forma sostenida.

Los ingresos que recaude la federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a bebidas saborizadas y botanas, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos G) y J) numeral 1, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se destinarán a las estrategias y acciones específicas que se establezcan en el Programa Nacional de Prevención, Atención, Control y Tratamiento del Sobrepeso, la Obesidad y Otros Trastornos dela Conducta Alimentaria.

Artículo Segundo. Se adiciona un nuevo último párrafo a la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

E) ...

F) ...

G) ...

H) ...

I) ...

J) ...

Los ingresos que obtenga la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a bebidas saborizadas y botanas, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos G) y J) numeral 1 de la presente fracción, se destinarán a las estrategias y acciones específicas que establezca la Secretaría de Salud para la prevención, atención, control y tratamiento del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, en los términos que establezca la Ley General de Salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 OMS. Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010.

Resumen de orientación. Ginebra, Suiza, 2011, página 10.

2 OPS-OMS. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las américas 2013-2019. Washington, D.C., EE.UU., 2014, páginas 2-3.

3 Rivera Dommarco, Juan Ángel, Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado, México, UNAM, 2012, visible en Estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, páginas 21-22.

4 Visible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/
a-salud-20-del-impuesto-a-la-chatarra-el-reto-se-va-a­gasto-general/1401320

5 Visible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/10/09/bcs-primer-lugar -en-obesidad­infantil-y-segundo-en-adultos-en-el-pais-7237.html

Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2020.

Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica)

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario de Morena

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1; 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria


La suscrita, Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora de la República en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Poder ejercer un trabajo, siempre y cuando sea lícito, es un derecho reconocido en diversos tratados internacionales y en nuestra Constitución, que en el artículo quinto señala:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. (...)1

Sin embargo, en los últimos años, como consecuencia del aumento en las cifras de criminalidad que generaron desconfianza en los empleadores, se ha vuelto una práctica normal que muchas organizaciones soliciten una “Carta de antecedentes penales” para poder considerar a un candidato como idóneo a un puesto de trabajo. Esto, además de contravenir la Constitución, ha generado que muchas personas que salen de prisión no puedan encontrar una fuente de empleo y vuelvan a delinquir.

Esta política se ve reflejada en los últimos datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con respecto al desempleo: México cerró 2018 con la cuarta tasa de desempleo más baja entre los países que componen la OCDE, pero en números brutos es el quinto país con el mayor número de personas sin trabajo.

Esta situación afecta principalmente a jóvenes y mujeres. Entre quienes tienen de 15 a 24 años el desempleo se dispara a una tasa de 6.9 por ciento, mientras que, en la gente mayor de 25 años, queda en 2.6 por ciento. La tasa de desempleo se colocó en 3.2 por ciento para los hombres, para el caso de las mujeres se ubicó en 3.5 por ciento.2

Con base en estadísticas similares, que señalan las desigualdades persistentes en el país, se formularon diversos ejes en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202433 . Uno de estos ejes transversales se refiere a la igualdad de género, no discriminación e inclusión.

El plan señala que la erradicación o reducción de las desigualdades requiere “un proceso articulado en la planeación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, programas y acciones en todos los sectores, ámbitos y territorios”. Asimismo, señala que, atendiendo los nuevos enfoques de política pública de la presente administración, el gobierno de México se ajustará a cinco criterios, entre los que destacan las medidas especiales para transformar las desigualdades relacionadas con injusticias de índole socioeconómica, de género, de origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad o etapa de ciclo de vida.

Otro de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo es “No puede haber paz sin justicia”, y en él se detalla que es necesaria la recuperación del principio de reinserción social, con el fin de restarle base social a la criminalidad y detener la violencia que hay en el país.

La reinserción social tiene el objetivo de incorporar a la sociedad a aquellas personas que fueron recluidas en algún centro penitenciario. Esta tarea es muy compleja, pues cada situación es diferente entre sí, ya sea por el tipo de delito que se cometió, el tiempo que se estuvo preso y el centro en que se estuvo. Lo único que tienen en común los expresidiarios y aquellos quienes cuentan con una medida cautelar diferente a la prisión, es la dificultad que tienen para integrarse en su comunidad, empezando por conseguir un empleo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que el desistimiento de conductas delictivas está sujeto a los programas de reinserción en relación al logro de motivación para deja de delinquir, así como, el capital humano (capacidad individual) y capital social (redes de apoyo) que presenta la persona al momento de salir de prisión.

Los programas de reintegración se desarrollan típicamente sobre la base del entendimiento actual de los factores de riesgo dinámicos relacionados con la reincidencia, las necesidades de los delincuentes y los desafíos que ellos encuentran al salir de la prisión.4

Existen y se han probado en México distintas estrategias para que cuando los presos vuelvan a las calles, les sea más sencillo adaptarse. Algunas de ellas son la enseñanza en los centros penitenciarios, desde educación básica hasta superior; la impartición de talleres para que puedan aprender un oficio; la oportunidad de tener un empleo remunerado dentro de la cárcel y la capacitación para el empleo. También se les ofrece acompañamiento institucional para que, una vez obtenida su libertad, puedan tener acceso a bolsas de trabajo.

El nuevo gobierno es consciente de que en los últimos años se adoptó una política de persecución y detención, que dejó como responsable a los centros penitenciarios de la eliminación de acciones delictivas bajo un objetivo de reinserción social, propósito que ante las limitantes del sistema no se logró establecer, situación vinculada con la reincidencia delictiva, es decir, con la reiteración de actividades delictivas, mismas que pueden llegar a configurarse en un modo de vida.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 centros penitenciarios federales, estatales y municipales de todo el país, es reincidente.5

Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fueron: robo (60 por ciento), posesión ilegal de drogas (12.9 por ciento), portación ilegal de armas (9.7 por ciento), lesiones (8.8 por ciento) y homicidio (5.4 por ciento).

El robo de vehículo (27 por ciento) fue el que más cometieron, seguido del de transeúnte (26.6 por ciento) y el de casa habitación (22.2 por ciento). 44 por ciento declaró haber pasado más de dos años fuera de la cárcel tras cumplir su sentencia y quedar en libertad.

Para evitar esta reincidencia, la reinserción social es fundamental. Esta es multifactorial y depende del trabajo que se realice dentro del centro de reclusión, con la familia de la persona y con el propio recluido, pero también de las condiciones del entorno que reciba al antiguo recluido. Esta iniciativa tiene por objeto mejorar este entorno, a través del otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas que contraten a personas que tengan antecedentes penales.

Actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla estímulos fiscales para los patrones que contraten a personas pertenecientes a grupos vulnerables: las personas discapacitadas y los adultos mayores. En el primer caso la ley especifica que debe tratarse de personas que padezcan una discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en 80 por ciento o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen invidentes.

Esta iniciativa busca generar un estímulo para que las empresas, de cualquier tamaño, puedan darle una nueva oportunidad a aquellos que tienen antecedentes por haber estado involucrados en algún proceso penal, pues de lo contrario su reinserción a la actividad económica formal es casi imposible.

Hablamos no solamente de personas que hayan estado recluidas en algún centro penitenciario, sino aquellas que estuvieron sujetas a algún proceso penal y compurgaron su pena de alguna otra manera (como con trabajo comunitario).

Los resultados esperados son que estas personas, en primer lugar, no vuelvan a cometer un nuevo delito que los lleve de vuelta a la prisión. En segundo lugar, que se les incorpore a un régimen formal de empleo, pues en muchas ocasiones, al no encontrar ninguna organización a la cual integrarse, terminan en el comercio informal.

Esta segunda actividad también es fundamental para reactivar la economía del país, pues de acuerdo con el reporte Medición de la economía informal , 43 por ciento de las personas que trabajan en el país, lo hacen en un empleo formal, mientras 57 por ciento están ocupados en actividades no reguladas. Este sector concentra a los ocupados que trabajan bajo condiciones vulnerables que no le garantizan sus derechos laborales (vacaciones, aguinaldo o acceso a instituciones de salud) y es en este mismo donde se produjeron 23 de cada 100 pesos del producto interno bruto (PIB) de México.6

Para lograr los objetivos señalados, se presenta esta iniciativa, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir a las personas que estén cumpliendo o hayan cumplido con una pena por la comisión de algún delito, entre aquellas que podrán ser contratadas y por lo que el patrón recibirá un estímulo fiscal de 25 por ciento del salario efectivamente pagado.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. ...

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores o a personas que estén cumpliendo o hayan cumplido con una pena por la comisión de algún delito , consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más, y a los condenados por algún hecho ilícito . Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Segundo. Háganse las adecuaciones correspondientes en la normatividad aplicable al presente decreto.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 06-06-2019.

2 OCDE. El futuro del trabajo 2019. ¿Cómo se sitúa México? Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/ Employment-Outlook-Mexico-ES.pdf

3 Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE -DESARROLL0-2019-2024.pdf

4 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013).Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes. New York: Oficina de la Naciones Unidas.

5 Inegi. Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/

6 Medición de la Economía Informal. Base 2013. Última actualización: 17 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/pibmed/2013/

Senado de la República, a 4 de noviembre de 2020.

Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti (rúbrica)


Iniciativas de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso de la Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario

Recinto Legislativo, a 20 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

Presente

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la propuesta de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia se matrimonio igualitario

Único. Se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia se matrimonio igualitario, para quedar en los siguientes términos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad de género, características sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias.

(...)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firmas de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia se matrimonio igualitario.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinte.

Por la Mesa Directiva


Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica)

Presidenta

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes (rúbrica)

Secretaria

Diputado Héctor Barrera Marmolejo

Secretario

Del Congreso de la Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una facción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Recinto Legislativo, a 13 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

Presente

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la propuesta de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

Único. Se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a la VII. ...

VIII . Grado de cohesión social;

IX. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada; y

X. Contexto espacial.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística deberán, en un plazo que no exceda los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, realizar los ajustes necesarios a la metodología empleada para la definición, identificación y medición de la pobreza, a efecto de incorporar el contexto espacial entre los lineamientos y criterios creados para tal efecto.

Firmas de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 36, de la Ley General de Desarrollo Social.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte.

Por la Mesa Directiva


Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica)

Presidenta

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes (rúbrica)

Secretaria

Diputado Héctor Barrera Marmolejo

Secretario

Del Congreso de la Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de internet gratuito

Recinto Legislativo, a 13 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

Presente

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados los Estados Unidos Mexicanos, en materia de internet gratuito

Único. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el acceso gratuito de banda ancha e internet en todo el territorio nacional. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

...

A. ...

B. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinte.

Por la Mesa Directiva


Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica)

Presidenta

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes (rúbrica)

Secretaria

Diputado Héctor Barrera Marmolejo

Secretario

Del Congreso de Jalisco, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Guadalajara, Jalisco a 29 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día 29 de octubre de 2020, aprobó el acuerdo legislativo número 1676-LXII-20, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes (rúbrica)

Secretario general del honorable Congreso de Jaliscco

Del Congreso de Jalisco, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77Bis 17 y 77 Bis 19 de la Ley General de Salud

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar

Presidente del Senado de la República

Presente

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el 29 de octubre de 2020, aprobó el acuerdo legislativo número 1677-LXII-20 del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 2020.

Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes (rúbrica)

Secretario General del Honorable Congreso