Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a iniciar los trabajos de puesta en servicio, operación y contratación de personal, y ofrecer a la población los servicios de salud en el hospital integral Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar y transparentar el mecanismo de entrega de los apoyos establecidos de los extintos fideicomisos, pues ahora se hará de forma directa, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por la Ssa la distribución y disposición de la vacuna contra la influenza estacional en clínicas y hospitales públicos del país, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina,del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a fortalecer la capacitación y el entrenamiento de las policías estatales y municipales, a cargo de la diputada Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a implantar políticas en favor de las familias indígenas; y a la CNDH y la Conapred, a diseñar y ejecutar con la mayor brevedad campañas de información para prevenir la discriminación contra niños indígenas, de zonas rurales y de grupos económicamente desfavorecidos, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a considerar la posibilidad de ampliar el programa Sembrando Vida e incluir en el padrón de beneficiarios a los habitantes de la Sierra de Guerrero, de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan y Atoyac de Álvarez, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a modificar por la Conagua la NOM-009-CONAGUA-2001 para reducir a 4.5 litros el volumen de descarga de los inodoros, con la separación del mercado de muebles que superen esa medida, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de los 31 estados y de la Ciudad de México a intensificar las campañas de integración a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para generar mayor incidencia y compromiso de la población en el combate de la pandemia del Covid-19 y otras posibles urgencias, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y el SAT a fortalecer la vigilancia de la correcta retención de los impuestos generados por la prestación de servicios mediante plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, con objeto de cesar la evasión a la autoridad fiscal y beneficiar una competencia equitativa para el sector turístico, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las dependencias de la APF y los tres niveles de gobierno a diseñar e implantar campañas de comunicación sobre medidas sanitarias de contención en torno de la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a formular un plan nacional para el café, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, la SCT y el IFT a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un canal o canales propios a la impartición de esos contenidos en el espectro radioeléctrico para ampliar las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier nivel, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE a garantizar el acceso a la vacuna contra la influenza a través de una campaña de vacunación a fin de lograr evitar una sindemia de Covid-19 e influenza estacional, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, la SHCP y demás autoridades competentes a analizar la viabilidad de actualizar la Ley de Comercio Exterior, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a formular un plan nacional de cacao, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de los 31 estados y de la Ciudad de México a evitar la prohibición de las peleas de gallos en todo el país ante los efectos adversos de ello para la población y la subsistencia de las especies implicadas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de BC, la SSPC, la Semar y la Sader, a través de la Conapesca a implantar acciones que garanticen la seguridad pública y solucionen los conflictos acontecidos en los últimos meses entre las cooperativas pesqueras que han recibido amenazas por grupos de la delincuencia organizada, causantes de la muerte de Diego Jiménez, a cargo de la diputada María del Carmen Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las alcaldías de la Ciudad de México a fortalecer las acciones favorables al acceso de medios digitales para garantizar la educación libre y gratuita en tiempos de pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Guadalupe Ramos Sotelo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la FGR y la SSPC a reforzar la prevención, vigilancia, investigación y sanción de actividades relacionadas con el tráfico ilegal de especies animales derivadas de la continuación y expansión del crimen organizado en aquéllas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y la Segob a crear el observatorio nacional de la violencia contra la mujer y la familia, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar seguimiento puntual a la salud física, mental y emocional de las personas que se han contagiado de Covid-19, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a iniciar los trabajos de puesta en servicio, operación y contratación de personal, y ofrecer a la población los servicios de salud en el hospital integral Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar para que a la brevedad se inicien los trabajos de puesta en servicio, operación y contratación de personal, y se empiece a ofrecer a la población los servicios de salud en el Hospital Integral Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Que el derecho a la salud de los mexicanos se fundamenta en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, señalando que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Que el Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley.

Que la Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Su misión es establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud.

Que en año 2003 se crea el Seguro Popular con el fin de otorgar servicios de salud a las personas que no estén afiliadas a los servicios de seguridad social.

Que octubre de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que desaparecería el Seguro Popular y este sería reemplazado por un nuevo organismo llamado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entró en funciones el 1 de enero de 2020.

La reforma a la Ley General de Salud (LGS) en al Capítulo VIII, artículo 77 bis 35, aprobada por el Congreso en noviembre de 2019, se propuso para asegurar la gratuidad en los servicios de salud para atender a 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad, lo que dio lugar a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) .

Que en el Decreto citado en el párrafo que antecede, señala en su artículo Tercero Transitorio que, los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables.

Que el Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. Que tiene por objeto brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Que con la entrada en vigor del Insabi se busca un nuevo esquema de coordinación con las entidades que, entre otras cosas, evitará la duplicidad o dispersión de plazas médicas, permitirá lograr ahorros y combatir la corrupción en la compra de medicamentos, lo cual se hará de manera consolidada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además que dará oportunidad a una mejor planeación y ejecución de recursos para la infraestructura médica.

El derecho a la salud en México

En América Latina, la medicina mexicana mantiene un alto prestigio basado en la producción científica y en el desarrollo de recursos humanos para la salud. Los resultados alcanzados por los Institutos, son sin lugar a dudas uno de los pilares que sustentan ese prestigio.

El derecho a la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos.

A partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.

La protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales en términos políticos y económicos de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado de bienestar. El derecho a la salud como derecho fundamental deriva que el sistema de prestaciones que se establece para para hacerlo realidad.

El Sistema de Salud mexicano cuenta con dos rubros de atención: a derechohabientes que se atienden en el IMSS o el ISSSTE, y los que no tienen seguridad social.

Por ello, con la creación del NSABI se busca proveer la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, garantizando el derecho a la protección social en salud de toda persona que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como contar con un Sistema Nacional de Salud universal, equitativo y gratuito donde se dan respuestas oportunas y de calidad a las necesidades de salud y demandas de atención de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, con servicios de salud integrales que forman parte de un sistema de bienestar para las personas sin seguridad social.

El Insabi tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

El nuevo instituto se creó a iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando la rectoría de la Secretaría de Salud con criterios de universalidad, igualdad e inclusión:

1. Universalidad ; es el de derecho fundamental de la protección a la salud como derecho a “toda persona”.

2. Igualdad; implica que los servicios sanitarios públicos sean financiados principalmente por impuestos y no por el pago de cuotas de sus usuarios, salvo de aquellos que tengan capacidad económica suficiente. Con ello se buscan evitar las discriminaciones en el acceso.

3. Inclusión: es un requisito no solamente de la existencia misma del sistema comprendido globalmente, sino que también es un elemento para alcanzar un mínimo de igualdad entre quienes acceden a servicios públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados.

Uno de los programas cumbre del gobierno de nuestro Presidente es el referente a la salud, el cual al momento está pasando por varias etapas, y con la creación del Insabi, se busca acercar los servicios médicos a toda la población.

Para ello, se tienen los Instituciones Nacionales de Saludi cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional y tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad. En estas tres áreas los Institutos han destacado y han marcado la pauta de la atención a la salud, de la producción científica y de la calidad académica, no sólo en México sino en toda América Latina.

Con la fundación de cada uno los Institutos es el resultado del esfuerzo de muy distinguidos médicos mexicanos, cada uno en su campo de especialidad, quienes promovieron la formación de grupos de trabajo que fueron creciendo hasta alcanzar eventualmente la posibilidad de institucionalizar su esfuerzo.

Las personas sin seguridad social ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos, pues solo deben contar con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) o presentar acta de nacimiento para tener acceso a sus derechos en materia de salud.ii

Por ello, con la finalidad de acercar los servicios a los habitantes de comunidades aledañas a la localidad de Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), el Insabi, cuenta con un Módulo de Operación en el nuevo Hospital Integral Valle del Carrizo, el cual podría brindar el servicio a más de 19 mil beneficiarios que viven a los alrededores de la unidad médica.

A través de este Módulo en el Hospital Integral Valle del Carrizo, se suma a los 30 módulos ya existentes en todo el estado de Sinaloa que están para atender a la población que requiere de algún trámite cambio de domicilio o incorporar a algún familiar al servicio de salud; sin embargo, a la fecha el Hospital Integral Valle del Carrizo no se encuentra en operación debido a la deficiencia de infraestructura hospitalaria que sigue pendiente, por eso el hospital no puede estar sin utilizarse y no puede servir nada más como una unidad de consulta externa; es un hospital y tiene que funcionar como tal.

Así mismo es necesario que para la operación y funcionamiento de este Hospital se inicie la contratación del personal que requerirá porque a la fecha permanece inactivo por la falta de trabajadores.

Por los argumentos expuestos, es que se exhorta la Titular de la Secretaría de Salud y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar, para que a la brevedad se inicien los trabajos de puesta en servicio, operación y contratación de personal, así como contar con los especialistas necesarios para la operación de ese nuevo hospital, ya que para la gente de esa región o en esa comunidad su desplazamiento a otro hospital les genera gastos y falta de atención médica, más en estos tiempos der pandemia en que la gente necesita ser atendida.

Se hace énfasis también que el pasado 14 de febrero del año 2020, en visita al hospital del ciudadano Juan Antonio Ferrer, el titular del Insabi, acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y del secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Dr. Efrén Encinas Torres, estos recibieron una carpeta conteniendo los currículum vites de personal residente de ese valle y que cuenta con aptitudes y conocimientos para ser tomado en cuenta a la hora de contratar al personal necesario para la operación de dicho hospital, solicitud que queda refrendada en este punto de acuerdo.

Resulta relevante destacar que, el presente Punto de Acuerdo no tiene afectación al presupuesto de egresos, pues se trata de un documento en el que una postura y propuesta referente a un tema de interés público y social, para que el Congreso de las Unión asuma una postura institucional al respecto.

Asimismo, se trata de una sugerencia de los parlamentos para que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la presente propuesta, ya que este no se modifica ni se crea ninguna ley.

La normatividad interna de la Cámara de Diputados permite que las proposiciones con Punto de Acuerdo, representan la posición de la Cámara en relación con algún asunto especifico de interés nacional o sus relaciones con otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades y municipios.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar para que a la brevedad se inicien los trabajos de puesta en servicio, operación y contratación de personal, y se empiece a ofrecer a la población los servicios de salud en el Hospital Integral Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa.

Notas

i https://www.gob.mx/insalud/acciones-y-programas/institutos-nacionales-d e-salud-27376

ii https://news.culturacolectiva.com/mexico/insabi-que-es-como-funciona-re quisitos-para-afiliarse-medicina-doctores/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de noviembre de 2020.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar y transparentar el mecanismo de entrega de los apoyos establecidos de los extintos fideicomisos, pues ahora se hará de forma directa, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, a garantizar y transparentar el mecanismo de entrega de los apoyos establecidos de los extintos fideicomisos, ya que ahora se harán de forma directa.

Consideraciones

Los tiempos de emergencia que atravesamos han condicionado la planeación a futuro de una innumerable cantidad de industrias. Con el detenimiento de las actividades, la reconfiguración de las normas de convivencia y la necesidad de continuar con la rutina para garantizar el mantenimiento de algo cercano a la vida cotidiana, los reajustes presupuestales no se han hecho esperar en los sectores público y privado.

Ya sea mediante recortes de personal, redistribución de los presupuestos o la simple desaparición de la inversión en ramos específicos, las principales organizaciones e instituciones del país han tenido que tomar decisiones difíciles para garantizar la subsistencia de la economía en un periodo tan difícil para estas actividades.

En este sentido, la reciente propuesta de desaparición de alrededor de 109 fideicomisos y fondos aprobada el 29 de septiembre de 20191 por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual fue remitido a pleno para su votación al 1 de octubre de 2020,2 busca ser justificado a partir de la necesidad de medidas como éstas para hacer frente a la crisis.

Por desgracia, desincentivar el desarrollo de diversos sectores, tener un completo control de los presupuestos haciendo caso omiso a los mecanismos de vigilancia o transparencia que los regulaban respecto al cumplimiento de sus objetivos y la falta de claridad sobre el uso exclusivo de esos fondos para hacer frente a la pandemia,3 son motivos suficientes para contraponerse a una medida que atenta en contra de la creación de oportunidades generales para los actores afectados por ésta decisión.

Labores científicas, artísticas, de protección a personas vulnerables por temas de violencia o desastres naturales, entre otros trabajos facilitados por fideicomisos y fondos,4 financian actividades vitales que no pueden sufrir recortes al poner en entredicho la capacidad de respuesta del Estado mexicano.

En un periodo de estancamiento, retraso de proyectos de corto o mediano plazo y la puesta en escena de una lenta recuperación económica para el retorno de un desarrollo integral de las múltiples regiones que componen a nuestro país, la redirección de fondos hacia intereses opacos y la necesidad de un mayor gasto público en un periodo de ahorros obligados y, en consecuencia, una reconfiguración de éste, no pueden renunciar a una perspectiva de carácter sustentable en los aspectos sociales, económicos y políticos que componen la vida diaria.5

Por ello, una postura cortoplacista –como la que caracteriza este intento de redistribución– va en detrimento del futuro pospandémico.6 En un momento cuando el Estado será clave para la recuperación, los caprichos de la administración en turno no pueden ir en contra de hechos que van más allá de un posicionamiento ideológico, donde la relevancia de mantener el financiamiento de prácticas con resultados comprobables es trascendental para evitar una mayor reducción de las capacidades del Estado y dejar a la ciudadanía a merced de los efectos de la desigualdad social, la dependencia económica o tecnológica, el autoritarismo político de cualquier nivel o de cualquier organización política y los estragos propiciados por desastres naturales, donde cada una de las facetas de nuestra vida diaria esta entrelazada y verá el detrimento de una medida como ésta al interior de los espacios más íntimos de los mexicanos.

Por ello presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, a garantizar y transparentar el mecanismo de entrega de los apoyos establecidos de los extintos fideicomisos, ya que ahora se harán de forma directa.

Notas

1 https://www.youtube.com/watch?v=0mqEb_CxOPU

2 Ídem.

3 https://www.animalpolitico.com/2020/09/diputados-recursos-desaparicion- fideicomisos/

4 https://twitter.com/ProCienciaMx/status/1311126476851355648

5 https://www.unops.org/news-and-stories/news/covid-19-and-the-future-of- public-spending

6 https://unops.economist.com/digital-essay-the-future-of-public-spending /

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por la Ssa la distribución y disposición de la vacuna contra la influenza estacional en clínicas y hospitales públicos del país, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina,del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el invierno se incrementan los factores de riesgo para adquirir infecciones respiratorias, entre ellas una de las más comunes es la influenza estacional. Dicha enfermedad afecta las vías respiratorias, la garganta y los bronquios, sin embargo, en cuadros graves puede comprometer la integridad y vida de las personas.

Ante fiebre, dolor muscular, escurrimiento nasal, tos o dolor de garganta,1 se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir asistencia e iniciar el tratamiento médico, ya que de no hacerlo puede derivar en pulmonía e incluso la muerte.

De acuerdo con el último boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en este año se han acumulado 4 mil 799 casos de influenza en el territorio nacional. La Ciudad de México ha presentado el mayor número con 474 hechos, seguido de San Luis Potosí con 241 enfermos y Coahuila con 368 infectados.2

La vacunación constituye una de las acciones preventivas más importantes, debido primordialmente a que permite reducir los índices de mortalidad y disminuir las complicaciones respiratorias, en particular a sectores que por su edad o padecimientos se consideran como vulnerables, entre ellas niñas y niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

El pasado 31 de agosto, se dio a conocer que durante la temporada de influenza 2020-2021 se tiene una meta de vacunación de 35 millones 359 mil 172 personas, de las cuales más de 18 millones serán tratadas por la Secretaría de Salud (SSA), 12 millones por el Instituto Mexicano del Seguro Social Ordinario (IMSS-0) y alrededor de un millón por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).3

En relación con el abastecimiento, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que durante el mes de agosto se recibieron 4 millones 431 mil 360 dosis, en septiembre 7 millones 371 mil 360, en octubre 14 millones 620 mil y en noviembre 8 millones 772 mil, no obstante, existe opacidad sobre la llegada de las demás cantidades para cubrir la meta nacional, así como los procesos de licitación y adjudicación en las compras.

A pesar de que San Luis Potosí es una de las entidades que presenta mayor prevalencia, dispondrá de solo 767 mil 316 dosis. Las cuales serán distribuidas en una primera etapa al personal de salud, después a los grupos de riesgo y terminar con la población abierta.

Existe una deficiente distribución, prueba de ello es que la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que hasta mediados del mes pasado habían recibido de la federación solo el 16.5 por ciento de las dosis comprometidas, lo cual impide una rápida aplicación.4

Aunado a ello, es importante mencionar que durante toda la campaña de vacunación se han documentado problemáticas, entre ellas, solo se ha cumplido con el 26 por ciento de la meta nacional establecida, por lo que es necesario fortalecer las acciones para vacunar al 75 por ciento de los adultos mayores restantes, al 72 por ciento de las mujeres embarazadas que aún carecen de la vacuna y al 70 por ciento de la población consideradas como vulnerable.

En algunas entidades federativas como la Ciudad de México se denunció la escasez de la vacuna, por lo que hospitales públicos y centros de salud de las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan,5 principalmente, se van visto impedidos para dar el servicio, provocando incertidumbre entre la población, ya que estas demarcaciones también presentan altos niveles de contagio del virus SARS-CoV2.

Esta falta de certeza ha sido aprovechada para la comercialización y falsificación la vacuna, la cual al no cumplir con los estándares de calidad e investigación ponen en peligro a las personas que se les administre. Ante estas acusaciones la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), debe emprender las investigaciones necesarias, identificar los lotes alterados y sancionar a los responsables.

Durante las últimas semanas también se han elevado los reportes de robos de vacunas al interior de almacenes, lo cual deja de manifiesto áreas de oportunidad para mejorar los inventarios, la seguridad y los sistemas de administración para evitar estos ilícitos.

Particularmente en este año, ha sido notoria la falta de voluntad y coordinación de la federación con las autoridades estatales y municipales, siendo ellos quienes son poseedores de experiencia y capacidades probadas en el territorio y conocimiento de las poblaciones con más carencias.

Ante este panorama poco alentador, es relevante que las instituciones de la red de salud pública y el gobierno federal, fortalezcan a la brevedad las campañas de información y concientización para que el mayor número de mexicanos se vacunen, de no ser así prevalecerán casos de Coronavirus, Covid-19 e influenza estacional.

Bajo un enfoque de derechos humanos esta administración debe asegurar la vacunación universal para que, cualquier persona sin distinción económica, de género o por situación geográfica esté impedido a recibirla, ya que, con ello, un mayor número estarán protegidos y en caso de enfermarse se reducirán los casos graves y la pérdida de vidas humanas.

Se debe reconducir la política de vacunación nacional contra la influenza estacional, atender sus deficiencias y llevar a cabo las modificaciones pertinentes para erradicar las problemáticas descritas bajo los principios de transparencia, coordinación institucional y efectividad.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, garantice la distribución y disposición de la vacuna contra la influenza estacional en las clínicas y hospitales públicos del país, asimismo, amplié las campañas de información y concientización hacia sectores vulnerables y bajo un enfoque de derechos, asegure la aplicación a la población en general.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una revisión integral a los recursos ejercidos para la adquisición de vacunas contra la influenza estacional, en particular las licitaciones realizadas, los contratos pactados y el origen de los recursos, para descartar y en su caso sancionar la comisión de delitos que generan afectaciones a las públicas.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que incremente sus medidas de vigilancia, control y programas de prevención de riesgos, ante la comercialización de vacunas falsas contra la influenza estacional, cuya aplicación pone en peligro la salud de las familias mexicanas.

Notas

1 Secretaría de Salud. (2020). Infografía, Vacuna contra la Influenza Estacional. Noviembre 3 de 2020, de gobierno de México Sitio web: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/vacunacion-influenza- estacional

2 Secretaría de Salud. (2020). Boletín Epidemiológico. Noviembre 3 de 2020, de gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589892/se m43.pdf

3 Secretaría de Salud. (2020). Conferencia de prensa del 31 de agosto de 2020. Noviembre 3 de 2020, de gobierno de México Sitio web: https://coronavirus.gob.mx/2020/08/31/conferencia-31-de-agosto/

4 El Heraldo de México. (2020). Salud Federal ha enviado a SLP sólo 16.5 por ciento de vacunas contra influenza. 03/11/2020. Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/13/salud-federal-ha-env iado-slp-solo-165-por-ciento-de-vacunas-contra-influenza-214647.html

5 Emmanuel Camacho y Elizabeth Ramírez. (2020). Centros de Salud de CDMX, sin vacunas contra la influenza. Noviembre 3 de 2020, de El Universal Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/centros-de-salu d-de-cdmx-sin-vacunas-contra-influenza

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a fortalecer la capacitación y el entrenamiento de las policías estatales y municipales, a cargo de la diputada Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Huerta Hernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía en todo el país es la seguridad pública. Y esa es una tarea que empieza con las acciones en los municipios. De acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, 67.8 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro1 . Y preocupa que, si bien la tendencia es a la baja (ya que el valor en marzo fue de 73 por ciento), el valor es aún alto. La misma fuente señala que, a nivel nacional, 21.8 por ciento de los hogares contó con al menos una víctima de robo y extorsión o ambos durante el primer semestre de 2020. La información estadística recopilada sobre víctimas de violencia en el entorno familiar, permite estimar que 9 por ciento de los hogares experimentó alguna situación de violencia familiar entre enero y septiembre de 2020. Eso es, sin duda, una tarea del ámbito local.

La inseguridad que perciben los ciudadanos se puede revertir mejorando el desempeño de las policías, particularmente a nivel municipal. Existen innumerables casos del actuar policiaco, que muestran con urgencia, que se debe capacitar al personal, para que su actuar sea más profesional.

Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre, en la colonia Tlapacoya de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, ocurrió un homicidio, presuntamente por riña entre pandillas. El saldo fue un muerto. El cuerpo estaba en la vía pública y las autoridades que intentaron el levantamiento no pudieron lograrlo, ya que los familiares les arrebataron el cuerpo y se lo llevaron, por lo que no se sabe a ciencia cierta ni la identidad ni las causas de la muerte, ni siquiera si se realizó la inhumanción conforme a la ley. Simplemente, a unos policías municipales les robaron un cadáver2 . La policía local no pudo ni siquiera evitar la fuga de un cadáver.

En Oaxaca ocurrió también la muerte de un joven qué era campeón de Ju Jitsu y que representaría a México en Brasil en un torneo de esa especialidad el próximo año. Quedó herido por un intento de robo y falleció posteriormente, pero la policía local de Oaxaca dijo que en realidad se trataba “de una riña familiar” y que por lo tanto la investigación no era necesaria. La falta de claridad en los hechos dejó el tema sin solución, porque la autoridad se negó a investigar el homicidio3 .

En Morelia, Michoacán, en agosto de este año, un policía municipal disparó y mató a un joven dañado de sus facultades mentales, que presuntamente atacó a un agente de la policía municipal con un cuchillo. El problema es que la reacción policiaca fue desmedida, ya que el policía le disparó a quemarropa matando al joven4 .

En agosto de este año, en Puebla, una reina de belleza trans fue embestida mientras circulaba en una moto; el responsable se dio a la fuga y su acompañante también. Se reportó que la policía municipal no permitió a la familia acercarse, y tampoco acudieron los peritos al levantamiento del cuerpo, sino que fue la empresa funeraria la responsable de hacerlo. Otro caso de fallas a la labor de policías municipales y de autoridades locales de impartición de justicia4 .

También en Puebla, durante el mes de septiembre, otra riña acabó con una pelea campal a la cual llegó la policía municipal, para encontrar a un muerto por atropellamiento: uno de los peleoneros utilizó su vehículo para atropellar al joven, que había estado previamente herido. Las autoridades no actuaron en el tema para encontrar al responsable, aduciendo que “fue un incidente vial nada más”6 .

Cabe destacar que, con el nuevo modelo de sistema penal acusatorio es muy relevante que la policía no sólo cumpla sus funciones de vigilancia y protección de los ciudadanos, sino que pueda integrar adecuadamente las primeras investigaciones y reportes, que posteriormente serán llevadas a juicio. Un mal reporte policiaco, un informe inadecuadamente elaborado, causará una mayor impunidad y menos delitos castigados.

Es importante mencionar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, se considera la desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), en el ejercicio fiscal de 2020 se le presupuesto 4 mil millones de pesos.

Este subsidio tenía la peculiaridad de que 80 por ciento de los fondos eran federales y el 20 por ciento eran fondos municipales, que se utilizaban para mejorar el desempeño policiaco la capacitación el adiestramiento y el equipamiento; los recursos iban etiquetados y sólo podían utilizarse para temas de seguridad pública municipal. A su vez, debían reportarse a la Federación los usos de los recursos7 .

A manera de ejemplo, solo en el Estado de Veracruz, en 23 municipios se han detectado desvíos por 253 millones de pesos del Fortaseg este año8 .

De acuerdo con lo que ha informado la Secretaría de Hacienda, el recurso del Fortaseg se pasara a la Guardia Nacional, con el argumento de que esta cubrira la seguridad pública en todo el país9 .

En el ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, tuvo un aumento en comparación del ejercicio fiscal de 2020, de más de 18 mil millones de pesos.

Dicho ramo cuenta con dos fondos importantes en materia de seguridad pública para estados y municipios. El primero es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun). El segundo es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP), el cual tuvo un incremento de más de 250 millones de pesos, respecto al 2020.

Ante este escenario es importante que se optimice el ejercicio de los recursos, ya que los gobiernos estatales y municipales tienen la labor importante de reforzar la labor de sus policías locales.

La Guardia Nacional cumple un importante papel en apoyarlos desde el nivel federal, pero esta labor no basta si no va acompañado de importantes acciones locales. Y estas incluyen tanto la asiganción de presupuestos locales, como su adecuado manejo, y la supervisión de las instancias que legalmente dan un marco legal para estas tareas y hacen la revisión de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.

Por ello consideramos de urgente y obvia resolución la propuesta para exhortar a los congresos estatales de que, en el Presupuesto de Egresos de 2021, se aseguren de que las policías estatales y municipales cuenten con recursos suficientes para la capacitación de sus elementos, dado que el cumplimiento de tales responsabilidades a nivel local es fundamental. Pero también a que hagan la adecuada supervisión de los Ejecutivos estatales y municipales, para que utilicen los recursos disponibles de manera adecuada.

Sabemos que hay muchas carencias y necesidades, sin embargo los gobiernos tienen como principal función el cuidado y protección de la población. Esta responsabilidad toca, ante todo, a los gobiernos que están más cerca de la población. Esto es, los gobiernos municipales. Por ello pedimos que se trabaje mejor este tema en ese nivel de gobierno, dentro del respeto a la autonomía y gestión local.

Por ello, sin menoscabo de que hagamos la labor adecuada en esta Cámara de Diputados, nos parece prudente hacer un llamado para que a nivel estatal y municipal se atienda está apremiante necesidad de capacitación de los elementos de seguridad pública disponibles.

Tener mejores policías es una tarea impostergable.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas a que consideren realizar a la brevedad las acciones presupuestales y la adecuación de sus respectivos marcos legales, las labores necesarias para fortalecer la capacitación y entrenamiento a las policías estatales y para que procuren que los municipios hagan lo propio en lo que compete a las policías municipales.

Notas

1 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (septiembre 2020), Inegi, México, octubre 2020. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/en su2020_10.pdf

2 Matan a joven en Canoa y familia le arrebata el cuerpo a policía. https://municipiospuebla.mx/nota/2020-09-28/puebla/matan-joven-en-canoa -y-familia-le-arrebata-el-cuerpo-polic%C3%ADa

3 Matan en Oaxaca a joven que representaría a México en torneo de Jiu Jitsu. https://www.milenio.com/estados/matan-oaxaca-rodrigo-abed-macias-campeo n-jiu-jitsu

4 Investigan a policías de Morelia por matar a balazos a joven con enfermedad mental. https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/investigan-a-policias- de-morelia-por-matar-a-balazos-a-joven-con-enfermedad-mental/

5 Samantha, reina de belleza trans en Puebla, fue asesinada con dolo; FGE evade hablar con la familia.

https://www.animalpolitico.com/2020/08/samantha-reina-be lleza-trans-puebla-asesinada-fiscalia-evade-familia/

6 Muere joven tras ser golpeado y atropellado durante riña en Castillotla. https://www.milenio.com/policia/muere-joven-golpeado-atropellado-rina-c astillotla

7 Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial, 23 de enero de 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584605&fecha=23/01/ 2020

8 Investigan como 22 alcaldes se gastaron 253.2 millones. https://www.vanguardiaveracruz.mx/investigan-como-22-alcaldes-gastaron- 253-2-millones/

9 Quitan a entidades dinero contra crimen; recursos para 2021. https://www.excelsior.com.mx/nacional/quitan-a-entidades-dinero-contra- crimen-recursos-para-2021/1404897

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada Martha Huerta Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a implantar políticas en favor de las familias indígenas; y a la CNDH y la Conapred, a diseñar y ejecutar con la mayor brevedad campañas de información para prevenir la discriminación contra niños indígenas, de zonas rurales y de grupos económicamente desfavorecidos, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Segob para que implemente políticas en favor de las familias indígenas, así como a la CNDH y Conapred para que diseñen y ejecuten a la brevedad campañas de información para prevenir la discriminación contra los niños indígenas, niños en zonas rurales y niños que pertenezcan a grupos económicamente desfavorecidos, con base en las siguientes

Consideraciones

Los principios de igualdad y no discriminación están consagrados tanto en los fundamentos del derecho internacional moderno, como en los fundamentos del derecho mexicano; los cuales reconocen la importancia de la diversidad cultural para el desarrollo social y humano de cualquier comunidad.

Los siguientes ordenamientos jurídicos internacionales de los que nuestro país forma parte, velan por los derechos humanos y constitucionales de las y los ciudadanos, apegándose a un total Estado de Derecho, estipulando dichos principios:

Declaración Universal de Derechos Humanos: 1

Artículo 7. ...

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 2

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual u efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 3

Artículo 2. ...

2. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social.

E incluso, en nuestra Carta Magna, este principio se encuentra estipulado en su artículo 1o.: 4

Artículo 1. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Pero, ¿qué es discriminación? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Raciales la define como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional, que tenga el propósito o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio, en situaciones iguales, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área”.5

Por su parte, Oxfam México estipula que la discriminación es “el conjunto de prácticas, informales o institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencia la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social”.6

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, define este término como “toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades.”7

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) la entiende como “cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. Por ello, debe quedar claro que, para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.”8

El concepto de raza que consciente o inconscientemente tenemos en México proviene de Europa siglos atrás. Dicho concepto parte del aspecto físico, englobando la historia, el origen, la lengua y la moral para justificar una falsa superioridad y la dominación de un grupo de personas sobre otras; así pues, es de suma importancia hacer visible la discriminación en México, hablando de ella y nombrándola con la finalidad de visibilizarla y así, poder erradicarla.

El racismo, ya como un discurso y una ideología, funciona en México desde el siglo XVIII dándole todos los atributos negativos a las personas negroides o indígenas de América, señala María Elisa Velázquez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).9 Y es que, en México, la discriminación se extiende en todos los sectores de la población, creando un sistema sutil casi imperceptible de abusos y privilegios, haciendo la línea entre racismo y clasismo sumamente difusa puesto que ambos coexisten y sus efectos son acumulativo-simultáneos ya que, el racismo va más allá de ser indígena, basta con solo parecerlo o tener rasgos racializados para sufrirlo.

La discriminación étnico-racial es estructural, pues se fundamenta en las relaciones históricas de poder y dominación sobre los pueblos indígenas, así como en una legitimación subjetiva del racismo, que tiene antecedentes históricos en el país desde hace varios siglos y se reproduce de manera permanente en la sociedad, creando efectos estructurales. Es decir, la discriminación del pasado repercute aún en el presente, por lo que, “no es necesario (...)que las prácticas de discriminación pervivan en el presente para que la discriminación siga teniendo consecuencias; basta con no revertir los efectos de las discriminaciones del pasado para que las desventajas acumuladas operen en el presente contra los grupos discriminados” (Solís, 2017a: 35).10

En ese sentido, es de suma importancia entender que el racismo no son actitudes, es una serie de estructuras políticas, sociales y económicas que niegan sistemáticamente derechos a una persona por el simple hecho de su aspecto físico.

En México no se habla de racismo porque el mestizaje es concebido como un proceso histórico inclusivo donde hubo una mezcolanza del europeo caucásico con el indígena mexicano. Sin embargo, es de suma importancia hablarlo pues es una realidad que daña y limita a millones de personas; asimismo, visibilizamos que aceptamos vivir en un sistema que nos da o nos quita valor según nuestra apariencia, facciones, vestimenta y habla.

Y es que, en México mediante la discriminación, se puede explicar la desigualdad de oportunidades la cual es el resultado de un proceso multisecular de dominación política, social y cultural de las élites blancas y mestizas hacia los pueblos indígenas, donde ser de piel más oscura implica tener en promedio dos años menos de escolaridad, menor ingreso, menor acceso a puestos directivos y menores probabilidades de mejorar la posición socioeconómica, así como provenir de familias con mayores carencias sociales y de territorios con menores niveles de desarrollo socioeconómico, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) del Inegi11 y el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad” del Oxfam México.12

Las niñas, niños y adolescentes, constituyen la tercera parte de la población nacional y no se encuentran exentos de sufrir algún tipo de discriminación, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), 22.5 por ciento de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que 36 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada.13

Es indispensable dar a la niñez, las herramientas necesarias para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos, alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía, lo cual contribuye a su sano crecimiento físico y mental, posibilitando que se apropien de valores, así como que se formen en una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a la violencia deviniendo en conciencia ciudadana y responsabilidad social, lo cual es de suma importancia puesto que ayuda a la eliminación progresiva de la discriminación.

El argumento anterior se justifica en el Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CNDH, en el cual se estipula que, los menores de edad indígenas alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para las y los adolescentes) reflejando las desventajas que enfrenta la población indígena, en particular los menores de edad, para el ejercicio de sus derechos.

La población indígena enfrenta brechas en todos los casos en los que se compara con población no indígena, por ejemplo, 78.5 por ciento de menores indígenas (0-17 años) se encuentran en situación de pobreza frente al 47.8 por ciento de la población de menores de edad no indígenas. Aunado a ello, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, refleja que 700 mil niñas, niños y adolescentes, no asisten a la escuela por motivos económicos.14

La protección y garantía de los derechos de la niñez, es tarea del Estado a través de las autoridades competentes que deben implementar políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para las familias indígenas y sus integrantes menores de edad que migran a las zonas urbanas, para evitar que se enfrenten a cualquier forma exclusión y discriminación, cerrando las brechas laborales, educativas o de acceso a vivienda.

Pues si bien desde 2014 se cuenta con “derechos humanos de los pueblos indígenas en México” publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el artículo 2o. constitucional abarca una serie de derechos y obligaciones con los que cuentan los pueblos indígenas, ninguno estipula la necesidad de implementar políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para las familias indígenas y sus integrantes menores de edad que vean a los indígenas como personas independientes separadas de sus pueblos, quienes, tanto conjunta como individualmente, deben tener la certeza que están protegidos por leyes que los comprenden y velan por sus derechos e intereses con fundamento. Escritas por ellos, para ellos y desde ellos, con la finalidad de protegerlos adecuadamente plasmados en nuestra carta magna, la cual es de los y para los y las mexicanas.

Cabe mencionar que, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estipula la garantía de sus derechos bajo protección del Estado:15

Artículo 13. ...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Así también se señala en la Convención de los Derechos del Niño, Convención de la que nuestro país es parte:16

Artículo 2.

1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Es por todo lo anterior, es importante promover políticas en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también de su divulgación bajo el principio de no diseminación, pues las niñas y niños indígenas y todos aquellos que pertenecen a grupos económicamente desfavorecidos, son los más discriminados.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la CNDH es el organismo encargado de la divulgación de sus derechos:17

Artículo 140. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, el Conapred es “la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad”,18 de acuerdo con sus atribuciones, está encargado de la difusión y divulgación en la materia, según la Ley General Federal para prevenir y eliminar la Discriminación:

Artículo 20. Son atribuciones del Consejo:

...

XX. Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;

...

XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación. Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil;

....

Por lo motivos anteriores y con el fin de prevenir y erradicar la discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes, es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a implementar políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para las familias indígenas y sus integrantes menores de edad que migran a las zonas urbanas, para evitar que se enfrenten a cualquier forma exclusión y discriminación, cerrando las brechas laborales, educativas o de acceso a vivienda

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñen y ejecuten a la brevedad campañas de información que sean llamativas visualmente y sonoramente, cortas y directas para impactar a las audiencias más jóvenes con la finalidad de prevenir la discriminación contra las niñas y niños indígenas, niñas y niños en zonas rurales y niñas y niños que pertenezcan a grupos económicamente desfavorecidos.

Notas

1 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7, disponible en
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

2 ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26, disponible en
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

3 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, disponible en
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo 5, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

5 El Racismo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, United Nations Human Rights, disponible en
https://www.un.org/es/durbanreview2009/pdf/InfoNote2_Racism_IHRL_SP.pdf

6 Oxfam México, Por mi raza hablará la desigualdad, disponible en
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf

7 Inegi, Encuesta Nacional sobre Discriminación, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

8 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿Qué es la discriminación?, disponible en
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142%20)

9 El racismo que México no quiere ver, El País, disponible en:
https://elpais.com/sociedad/2019/11/27/actualidad/1574891024_828971.html

10 Por mi raza hablará la desigualdad, Oxfam México, disponible en
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf

11 Encuesta Nacional sobre Discriminación, Inegi, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

12 Por mi raza hablará la desigualdad, Oxfam México, disponible en
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf

13 Análisis situacional de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, CNDH, disponible en:
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40071

14 Análisis situacional de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, CNDH, disponible en:
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40071

15 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf

16 Convención de los Derechos del Niño, artículo 2, disponible en
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

17 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 140º, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf

18 Conapred, ¿Quiénes somos?, disponible en
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a considerar la posibilidad de ampliar el programa Sembrando Vida e incluir en el padrón de beneficiarios a los habitantes de la Sierra de Guerrero, de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan y Atoyac de Álvarez, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el programa Sembrando Vida se busca incentivar a las y los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, con los cuales se pretende combinar la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se pretende contribuir a generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores y recuperar la cobertura forestal de un millón setenta y cinco mil hectáreas en el país.

Con este programa se pretende promover la organización social y productiva de las y los sujetos agrarios, como una forma de recuperar el tejido social en las comunidades, lograr la autosuficiencia alimentaria, mejorar la calidad de vida de las localidades en donde opere el programa y, en un mediano plazo, generar procesos de valor agregado y comercialización.

Para ello, el programa Sembrando Vida atiende a las y los sujetos agrarios que se encuentran en localidades rurales, priorizando aquellos con población indígena y afromexicanos, con rezago social ubicados en territorios con alto potencial ambiental, forestal y de producción de alimentos, a fin de lograr una mejoría de ingresos mediante el establecimiento de sistemas agroforestales en sus parcelas.

Para desarrollar los proyectos agroforestales (Sistemas Agroforestales y de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales) en las unidades de producción, los sembradores reciben plantas de acuerdo a la vocación de cultivos de la región y recursos para establecer un vivero comunitario y una biofábrica, donde se produzcan insumos para sus propias parcelas, trabajando con un enfoque de agricultura orgánica.

Como Sembrando Vida busca convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el desarrollo del campo, trabajando juntos, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven las y los campesinos de estas regiones, se estima necesario que la Secretaría de Bienestar considere incluir a comunidades que se encuentran en un grado de rezago social muy alto como las que se ubican en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan y Atoyac de Álvarez que se encuentran en lo más alto de la Sierra Madre del Sur, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

En esos poblados, ubicados a unos 400 kilómetros de Chilpancingo, campesinos de localidades de estos municipios demandaron ser incluidos en el padrón del programa federal Sembrando Vida, para dejar de cultivar amapola. No pasa desapercibido para quien suscribe el presente punto de acuerdo que el cultivo de amapola constituye un delito, lo cual se reprueba de manera contundente. Sin embargo, es importante considerar que por falta de dinero hay quienes se unen a la delincuencia, lo cual si bien no se justifica de ninguna manera, se estima que para evitarlo es necesario destinar recursos para apoyar a los más pobres mediante proyectos, a fin de que alcancen la línea de bienestar mínimo que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.

Lo que en este caso resulta necesario pues de las 114 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan que solicitaron ingresar al programa Sembrando Vida, apenas 43 ciudadanos de los poblados La Mozimba y Lomillas, resultaron beneficiados con dicho apoyo.

La propuesta que se expone en la presente proposición resulta necesaria, si consideramos que Guerrero, con respecto de las 32 entidades federativas, ocupa el lugar dos tanto en porcentaje de población en pobreza como en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las cinco entidades con mayor pobreza en el país.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Guerrero 38.6 por ciento de personas se encuentran en pobreza extrema y el número de personas en situación de pobreza en Guerrero pasó de 2.3 millones de personas a 2.4 millones de personas entre 2016-2018. El porcentaje de la población en situación de pobreza en Guerrero pasó de 64.4 por ciento a 66.5 por ciento entre 2016-2018. El número de personas en situación de pobreza extrema en Guerrero pasó de 825 mil 214 personas a 971 mil 439 personas entre 2016-2018.

De acuerdo con el segundo Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar al cierre del padrón, 17 de junio de 2020, están incorporados 424 mil 550 sembradoras y sembradores, lo que representa 99 por ciento de la meta total del programa. Esto incluye a los sembradores de los territorios nuevos en 2020 y los que iniciaron en 2019.

En 2020 se incluyó a este programa como nuevo territorio al estado de Guerrero operando Sembrando Vida en la entidad en una superficie de 25 mil hectáreas y beneficiando a 10 mil familias campesinas.

En Guerrero el programa opera con 10 facilitadores y 100 técnicos sociales y productivos que apoyan a las comunidades y tienen a su cargo a mil 200 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En esta entidad, al igual que en el resto del país, las zonas forestales y rurales padecen una fuerte degradación ambiental ya que se deforestan 115 mil hectáreas por año en todo el país. Quienes habitan en dichas regiones también sufren rezago social, pobreza y marginación, pues 61 por ciento de la población rural vive en pobreza y 21 por ciento en pobreza extrema, situación que está muy relacionada a la baja productividad, por lo que con Sembrando Vida se busca dar una solución integral.

Ante la importancia de apoyar a quienes se encuentran en alto grado de marginación social como son los habitantes de las localidades ubicadas en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan y Atoyac de Álvarez de Guerrero, con esta proposición se propone exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Bienestar para que considere la posibilidad de ampliar el programa Sembrando Vida y permitir que se incorporen al padrón de beneficiarios los habitantes de estos municipios, pues se tenía previsto incorporar a 20 mil sembradores de este estado al programa y a la fecha ya se cumplió con esta meta.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 se le destinaron 21,198,734,306 de pesos al programa Sembrando Vida, y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se prevé un aumento al destinarle 24,536,982,591 de pesos.

Con este aumento se estima que existen los recursos necesarios para incluir a los habitantes de la Sierra de Guerrero que cumplan con los requisitos que se prevén para acceder a Sembrando Vida.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Bienestar para que considere la posibilidad de ampliar el programa Sembrando Vida e incluir en el padrón de beneficiarios a los habitantes de la Sierra de Guerrero de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan y Atoyac de Álvarez por ser comunidades con un grado de rezago social muy alto y toda vez que apenas 43 ciudadanos de los poblados La Mozimba y Lomillas de la Sierra resultaron beneficiarios en la implementación del programa en el estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a modificar por la Conagua la NOM-009-CONAGUA-2001 para reducir a 4.5 litros el volumen de descarga de los inodoros, con la separación del mercado de muebles que superen esa medida, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 6, fracción I, y 79, numeral 2, facción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La escasez de agua es uno de los grandes problemas que sufre nuestro planeta, incrementado por el aumento de la demanda y la ausencia de líquido vital. Hoy el 95 por ciento de la población mundial tiene menos agua que hace 20 años, una de cada nueve personas no tiene acceso a agua potable y una de cada tres personas no cuenta con el saneamiento necesario para su consumo. Se cree que para 2050, 4 mil millones de personas vivirán bajo estrés hídrico.

Acorde a la tendencia mundial, México se encuentra en una situación crítica en cuanto al uso de sus recursos hídricos a causa de la sobreexplotación, contaminación y mal uso de las fuentes de agua. En el país existe una problemática hídrica que abarca la distribución desigual y el indebido saneamiento del recurso vital, la pobre innovación en el sistema hídrico y su precario mantenimiento, la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, los altos subsidios al agua, el despilfarro y fugas cotidianas, entre otras.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el país una de cada tres casas registradas no recibe agua todos los días. Y es que el 25 por ciento de la población la obtienen cada tercer día, una o dos veces por semana o de vez en cuando, mientras que el 7 por ciento no la tienen y deben conseguirla de otras casas, llaves, pozos, ríos, lagos o pipas.1

Además, existen casos de extrema gravedad, como el de Guerrero, en donde actualmente solo el 5.7 por ciento habitantes tienen acceso diario al agua en sus viviendas, cuando en 2010 era del 7.1 por ciento. Mientras que los estados vecinos como Chiapas y Oaxaca, la disposición del líquido alcanza a menos del 20 por ciento de la población.2

Del mismo modo, un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), midió el porcentaje de agua potable que pierden 42 ciudades del país. La capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, lidera este listado, donde las pérdidas rozan 70 por ciento; le siguen San Luís Potosí, con el 50 por ciento; Ciudad de México, con más de 40 por ciento, y en menor porcentaje lo concentran Chihuahua; Toluca; Querétaro; Culiacán; Acapulco y Hermosillo.3

Estos datos nos reflejan una crisis hídrica que se vive en el país, la cual se ve agravada con las fugas que existen, las cuales son responsables entre el 30 por ciento y 50 por ciento de las pérdidas del líquido vital.

De modo que estas cifras elevan el promedio de consumo de agua en México, es decir, según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita consumir 100 litros de agua al día para mantener una higiene e hidratación adecuada, sin embargo, en el país, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, una persona consume en promedio 307 litros de agua al día.

Es importante destacar que, en México, el agua es empleada de diversas formas en las actividades humanas. Clasificándose en cuatro usos diferentes:

• Uso agrícola, 76.6 por ciento

• Abastecimiento público, 14.5 por ciento

• Generación de energía eléctrica 4.9 por ciento

• Industria autoabastecida, 4 por ciento

Del 14.5 por ciento que está destinado al abastecimiento público, el 65 por ciento se va al cuarto de baño, lugar de la casa con mayor consumo de agua, y dentro del cuarto de baño hay dos grandes consumidores de agua: la ducha y la cisterna del WC. Se utilizan, aproximadamente, 29.5 litros de agua al día, únicamente para el uso de inodoro, lo que equivale a 10.800 litros por año por persona.

Conviene subrayar que los inodoros antiguos consumían una media de más 12 litros por uso, ahora, la norma (NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba) que regula la comercialización de los muebles sanitarios permite máximo 6 litros de agua por uso, de modo que se ha registrado un ahorro del 50 por ciento. Sin embargo, aún se destina mucho líquido vital para la eliminación de desechos orgánicos.

Actualmente, se han creado diferentes sistemas que ayudan a disminuir el desperdicio de agua en los inodoros, los nuevos diseños de inodoros buscan aprovechar la tecnología para cuidar del medio ambiente, para los diseños de W.C se están empleando varias tecnologías que buscan ahorrar agua y brindar mayor higiene. Algunos son:

• Los sistemas de descarga que están compuestos por un pulsador con dos botones. Este sistema inteligente, está diseñado para eliminar desechos líquidos y sólidos. Al presionar un botón se descargan tres litros de agua y, al apretar el otro, la cantidad máxima que se libera es de seis litros, que ya supone de por sí ahorro respecto a los viejos inodoros (12 litros), dando un promedio de descarga de 4.5 litros.

• Igualmente, los sistemas que son asistidos por presión que, a diferencia de los sistemas tradicionales de descarga por gravedad, tienen menos probabilidades de atascar, porque la presión suministrada empuja los desechos fuera del tazón y hacia la línea de drenaje mucho más rápido, utilizando solo un galón de agua por descarga.

• Además, las tecnologías que combinan agua y aire comprimido, que reemplaza el agua como fuerza de desplazamiento pueden ahorrar hasta un 84 por ciento del consumo de agua, ya que para su funcionamiento solo gastan 1.35 litros por descarga.

• O las descargas turbo diseñadas para descargar hasta 1,000 gramos de sólidos con sólo 3.5 litros de agua.

Estos son algunos de los ejemplos de tecnologías avanzadas que no requieren de cantidades exageradas de agua para poder descargar el contenido del inodoro; 4.5 litros de agua como máximo y se obtiene la limpieza requerida. Además de que se obtienen diferentes beneficios como:4

• Bajos en consumo de agua, por lo tanto, baja los costos de este servicio, además de ayudar al medio ambiente.

• Son más higiénicos, sobre todo evita los malos olores por agua estancada.

• Son ergonómicos y modernos.

• No quedan residuos en el contenido del inodoro.

En conclusión, la creciente demanda del recurso hidráulico ha provocado el deterioro de las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la disponibilidad de agua, agravado esto por fugas, deficiencias de operación y mantenimiento, así como por el uso indiscriminado del recurso que se hace en hogares, oficinas, comercios e industrias en general.

A pesar de que se estipuló una reducción del gasto en inodoros a 6 litros por descarga y se logró eficientar en cierto grado el uso del agua, es necesario actualizar dichos instrumentos con el fin de poner en uso el avance tecnológico en lo concerniente a diseños, funcionamiento hidráulico y materiales, de modo que puedan salir del mercado las tecnologías obsoletas.

Sirva de ejemplo California, que durante la peor sequía que tuvo el Estado, se estipuló que solo los inodoros de “alta eficiencia” que usaran 5 litros por descarga podrían venderse. Colorado y Texas adoptaron estándares similares. En Georgia se requiere que instalen estos inodoros si están construyendo o renovando su hogar. Connecticut, Nevada, Nueva York y el estado de Washington han emulado el estándar federal de 6 litros mostrando un ahorro de agua importante.5

Utilicemos de impulso la crisis hídrica que se vive actualmente para que la escasez de agua en el país puede verse reducida, acciones pequeñas, pero de gran impacto son fundamentales; adoptar una cultura de ahorro, reparar fugas, reutilizar, reducir nuestro consumo , etcétera.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, se modifique la NOM-009-CONAGUA-2001, (inodoros para uso sanitario-especificaciones y métodos de prueba) para reducir el volumen de descarga de los inodoros a 4.5 litros de agua, apartando del mercado los muebles que superen estas medidas.

Notas

1 “Escasez de agua en México: un problema de derechos humanos en medio de la epidemia por el Covid-19”, [En Línea] [Fecha de Consulta 26 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/02/escasez-de-agua-en-me xico-un-problema-de-derechos-humanos-en-medio-de-la-epidemia-por-covid- 19/

2 Ibídem

3 “Agua, la crisis que se aproxima en México”, [En Línea] [Fecha de Consulta 27 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.reporteindigo.com/indigonomics/crisis-potable-agua-acceso-d erecho-muertes-enfermedades-cuidado

4 “Como elegir un inodoro ahorrador correctamente”, [En Línea] [Fecha de Consulta 28 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.modregohogar.com/blog/como-elegir-un-inodoro-ahorrador-corr ectamente

5 “Como los inodoros de bajo caudal colaboran en el ahorro de agua y dinero”, [En Línea] [Fecha de Consulta 27 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.infobae.com/america/wapo/2018/02/22/como-los-inodoros-de-ba jo-caudal-colaboran-en-el-ahorro-de-agua-y-dinero/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de los 31 estados y de la Ciudad de México a intensificar las campañas de integración a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para generar mayor incidencia y compromiso de la población en el combate de la pandemia del Covid-19 y otras posibles urgencias, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 31 gobernadores de los estados integrantes de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a intensificar las campañas de integración a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para generar mayor incidencia y compromiso de la población para combatir la pandemia del Covid-19 y otras posibles urgencias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contingencia sanitaria ha demandado un gran esfuerzo por parte de la sociedad mexicana. Con los cambios requeridos para evitar una mayor cantidad de contagios, la rutina diaria y las interacciones cotidianas se encuentran inmersas en dinámicas que pueden parecer extrañas, ajenas y hasta invasivas, donde esto nos recuerda el cambio tan súbito que ha tenido la vida de muchas familias y la relevancia de la cooperación para que el proceso de adaptación no las perjudique en la inmediatez por motivos de la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Las labores han dependido en gran medida del trabajo de colaboración y coordinación de los gobiernos de distintos niveles, los cuales han buscado implementar las medidas sanitarias indispensables para el retorno de algunas actividades. Con todo ello, las ambigüedades que se dieron en los primeros meses de la crisis han logrado ser mitigadas entre las diferentes entidades –como el uso obligatorio de cubrebocas o las restricciones y multas por hacer caso omiso de la clausura temporal de negocios–, donde medidas comunes se han establecido y se ha construido una especie de “sentido común” respecto a cuáles son las acciones adecuadas para evitar contagios.

Por desgracia, el tema de la desinformación, la desconfianza hacia el gobierno y la falsa sensación de seguridad que se genera a partir del uso de cubrebocas, han dificultado que una parte de la población se haya ajustado de forma estricta a las nuevas normatividades, lo que ha minado los esfuerzos de las autoridades, ha prolongado los puntos más altos de contagios y amenaza hacer que el flujo se empalme con la entrada de la temporada de enfermedades respiratorias1 –siendo que usualmente se da en el último tercio del año y puede significar un potencial colapso de los servicios médicos.

En consecuencia, las estrategias que se pretenden implementar durante este periodo requerirán una colaboración más íntima entre la ciudadanía y el gobierno, donde el apego a las recomendaciones dependerá de gran manera en la confianza que exista entre los que lo comuniquen y quienes son los receptores de esas recomendaciones.

Por ende, al observar qué posibilidades hay a disposición de los gobiernos de diferentes niveles, la colaboración y el voluntariado pueden ser claves para garantizar que las comunidades tengan un mayor compromiso con las medidas sanitarias indispensables.

Esto se debe a que los voluntariados cuentan con la capacidad de generar compromiso civil, facilitar la inclusión mediante la participación en la toma de decisiones, intensifican la solidaridad social y permiten a la ciudadanía sentir como propios los resultados de su participación.2 Igualmente, son actividades que capacitan a los interesados en actividades de carácter público, lo que forma una población con mayor experiencia acerca de cómo incidir en la política pública de sus comunidades.3

En sintonía con esto, la existencia de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios ha llevado a cabo la tarea desde hace muchos años. Su labor e incidencia son innegables, por lo que sus números deberían ser más amplios en un periodo donde se requiere que la ciudadanía colabore para garantizar la salvaguarda de sus propias comunidades mediante un trato que pueda lograr inspirar confianza y despertar el sentimiento de solidaridad entre los habitantes de las localidades.

Para ello es sumamente trascendente que los gobiernos de todos los niveles se comprometan a informar a la población acerca de la existencia de estos espacios y recordarles la importancia de colaborar para la salvaguarda de propios y extraños.

Por tanto, es pertinente exhortar a los gobiernos de todos los niveles para intensificar las campañas de integración a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para generar mayor incidencia y compromiso de la población para combatir la pandemia del Covid-19.

A través de prácticas de esta índole y la voluntad de los gobiernos en turno, resulta posible generar una relación de cercanía con la población que pueda recuperar su confianza. Si se hace caso omiso a herramientas como ésta, los objetivos y las conductas de las localidades seguirán discrepando debido al contexto de desconfianza ciudadana hacia la falta de resultados en últimos gobiernos, por lo que echar mano desde todos los frentes será clave para evitar la pérdida de más vidas durante la presente urgencia sanitaria.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a intensificar las campañas de integración a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para generar mayor incidencia y compromiso de la población para combatir y prevenir la pandemia del Covid-19, y estar listos y preparados ante otros posibles desastres o urgencias.

Notas

1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-leon-advierte-salud -rebrote-casos-covid-19

2 https://www.unv.org/volunteerism-and-global-goals

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y el SAT a fortalecer la vigilancia de la correcta retención de los impuestos generados por la prestación de servicios mediante plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, con objeto de cesar la evasión a la autoridad fiscal y beneficiar una competencia equitativa para el sector turístico, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Alcibíades García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia de la correcta retención de los impuestos generados por la prestación de servicios mediante plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, con el fin de cesar la evasión a la autoridad fiscal y defraudación a la hacienda pública y en beneficio de una competencia equitativa para todos los jugadores en el sector turismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La industria turística y, particularmente el sector hotelero, han sido severamente golpeados por la pandemia de Covid-19. Si bien esta es una industria increíblemente recipiente, el panorama es más bien negativo. La más reciente información disponible indica que el impacto a la Inversión Extranjera Directa Turística ha sido muy severo: en el primer semestre de 2020 cayó 30.9 por ciento anual comparado con el mismo periodo de 2019.1 Adicionalmente, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), entre enero y junio de este año, el país atrajo inversiones de capital extranjero (capitalizados en hoteles, transporte aéreo y servicios relacionados) por 350.8 millones de dólares, lo que significó una pérdida de un tercio de la IED, respecto al primer semestre del año pasado, cuando se recibieron 507.7 millones de dólares. En la primera mitad de este año, México perdió 156.9 millones de dólares, que al tipo de cambio promedio de los primeros seis meses representa 3 mil 389 millones de pesos, principalmente en oferta hotelera.

Estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles. Recientemente, la Secretaría de Turismo estimó que para este año México registrará una caída relacionada con el consumo turístico total de aproximadamente 1.9 billones de pesos, o alrededor de 101 mil 254 millones de dólares. Debido a la pandemia, miles de proyectos de infraestructura y expansión hotelera, que brindarían grandes flujos de derrama económica, tuvieron que detenerse. Recordemos que no solo son grandes empresas hoteleras las que enfrentan este panorama, estas afectaciones repercuten en las economías de incontables familias mexicanas.

De acuerdo con un estudio llamado Coronavirus y Turismo del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur), en un escenario de impacto severo en el turismo en México por la pandemia de Covid-19, el producto interno bruto turístico (PIB) puede caer hasta 5 por ciento este año. Esto implica pérdidas millonarias para el sector hotelero, ya que los números negativos podrían mantenerse así hasta 2021.

Este asunto es de interés general para la nación dada la relevancia del sector. No hay que olvidar que el turismo representa el 8.7 por ciento del PIB nacional y, en esta coyuntura, puede posicionarse como un acelerador en la recuperación de empleos al ser una industria altamente resiliente e intensiva en mano de obra.

En esta nueva realidad que vive el sector en México, todos los actores de la cadena de valor son corresponsables con el desarrollo local y la promoción de la inversión en los destinos. Es de reconocer que tanto la industria hotelera como las plataformas que prestan servicios de hospedaje de corto plazo son complementarios y deben contribuir a la reactivación económica de los destinos. Esto conlleva derechos para los prestadores de servicios, pero también obligaciones inalienables, siendo una de las más importantes para el Estado en su conjunto el cumplimiento irrestricto de las disposiciones fiscales vigentes.

Al respecto, la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras realizaron un estudio en 2019 donde señalan que la autoridad hacendaria y tributaria estaría dejando de recibir hasta 6 mil 200 millones de pesos al año por parte de las plataformas de hospedaje por concepto de ISR e IVA, principalmente. Por ello, celebro la reforma que se aprobó el año pasado a las leyes del IVA e ISR para plataformas de hospedaje y que entró en vigor este primero de junio.

En este sentido, el secretario Arturo Herrera, titular de Hacienda y Crédito Público, manifestó en su comparecencia ante el Senado del pasado 3 de octubre, el apoyo recibido de los diversos sectores de la economía digital y colaborativa con esta reforma, y señaló que “estos impuestos no son algo nuevo y que la gran mayoría de las plataformas se encontraban totalmente de acuerdo, siempre y cuando todos los competidores cumplieran”. Asimismo, precisó que “con excepción de un sector, todos los actores de la economía digital estaban pagando en tiempo y forma... salvo aquel ligado al turismo” en referencia clara a los servicios de hospedaje de corto plazo.

De acuerdo a lo estipulado en las disposiciones publicadas el año pasado en el Código Fiscal de la Federación, la regulación exige a todas las plataformas que comiencen a cobrar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) por la comisión de sus servicios, retengan los impuestos correspondientes a IVA e impuesto sobre la renta (ISR) de sus anfitriones o usuarios y compartan información de las transacciones generadas.

Este piso parejo en materia fiscal es lo que la industria hotelera ha venido exigiendo desde hace tiempo. No obstante, aún estamos lejos de su materialización. Algunas plataformas continúan incumpliendo con este mandato de responsabilidades fiscales, lo cual, además de afectar los ingresos tributarios, genera competencia desleal para los proveedores nacionales de estos servicios, dado que éstos sí están obligados a retener el IVA e ISR por los servicios prestados. Actualmente, sólo Airbnb, HomeAway y Expedia se encuentran registradas ante el SAT, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, mientras que muchas otras, como Booking.com y TripAdvisor evaden al Servicio de Administración Tributaria.

El documento mencionado del Cicotur señala acertadamente que “los datos sobre el impacto probable a la industria turística son alarmantes y hablan de la necesidad de estructurar políticas públicas para acompañar al sector en los difíciles meses por venir, a fin de preservar los empleos y reducir las pérdidas”. En este sentido, en este periodo legislativo se perciben nuevas oportunidades para que, en reconocimiento de la gravedad de la situación que se vive en el sector, se concreten medidas legislativas innovadoras para asegurar una operación eficiente de la industria afectada. Una manera efectiva de contribuir a la recuperación del sector es garantizando un piso parejo para todos los jugadores atendiendo los principios de legalidad, sana competencia y transparencia. Esto implica, obligatoriamente, aplicar la legislación vigente en materia fiscal para todos los actores económicos y turísticos sujetos a ella.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la jefa del Servicio de Administración Tributaria para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia de la correcta retención de los impuestos generados por la prestación de servicios mediante plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, a fin de cesar la evasión a la autoridad fiscal y defraudación a la hacienda pública y en beneficio de una competencia equitativa para todos los jugadores en el sector turismo.

Nota

[1] Aldo Munguía.- “Turismo pierde 30.9% de la IED; México deja de recibir 157 mdd en el 1S”. Diario El Financiero. 14 de octubre de 2020. Consulta en línea:

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turismo-pierde- 30-9-de-la-ied-mexico-deja-de-recibir-157-mdd-en-el-1s

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las dependencias de la APF y los tres niveles de gobierno a diseñar e implantar campañas de comunicación sobre medidas sanitarias de contención en torno de la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unos días, el Presidente de la República decretó tres días de luto nacional por todas las muertes ocasionadas por la enfermedad Covid-19, producto del virus SARS-CoV2 que aqueja a toda la humanidad y ha tenido repercusiones mortales en México. Este 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre fueron dedicados a rendir tributo a quienes han perdido la batalla frente a esta enfermedad, montándose en Palacio Nacional una ofrenda en su honor, izando también la bandera del zócalo a media asta.

Este acto no solamente es un acierto por parte del titular del Ejecutivo, sino una muestra de respeto a quienes desafortunadamente han perecido en esta crisis sanitaria; con especial admiración a los médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros y demás personas que laboran en el sector salud de nuestro país.

Como sociedad, este tipo de actos nos permite sensibilizarnos ante lo acontecido en el continente europeo, donde un severo rebrote está azolando la región, provocando que las personas vuelvan a sentir el temor hacia su salud y bienestar. Aquí en México la aceleración de contagios ha comenzado a observarse, ya son dos estados que han regresado a la alerta máxima del semáforo epidemiológico (Chihuahua y Durango), y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de nuestro país ha advertido esta mañana que nueve entidades mantienen tendencia a la alza de contagios, por lo que exhortó a incrementar las labores de contención.

Según cifras oficiales, tenemos más de 933 mil contagiados de Covid-19 en México, de las cuales se han recuperado aproximadamente 795 mil, pero desafortunadamente han perdido la vida 92 mil 100. Somos el décimo país con más contagios a nivel internacional, y el cuarto con mayor número de muertes.

Ante estas cifras y tendencia a la alza, México está a punto de superar el millón de contagios por esta enfermedad, y probablemente superemos los 100 mil fallecimientos antes de que termine el mes de noviembre. Indudablemente se acerca el cierre temporal de negocios y un nuevo confinamiento en ciertas regiones del país, lo cual será desastroso para el empleo e ingreso familiar; esto es trágico y lamentable, ya que la recuperación económica avanzaba gradualmente para cada uno de los mexicanos.

Pero si esto no fuese suficiente, la pandemia representa un reto de enorme envergadura para la humanidad, pues por primera vez en la historia los gobiernos de todos los países deben hacer frente a una emergencia sanitaria que se monitorea y evalúa minuto a minuto, conjuntándose un enramado de opiniones, estudios y cobertura que tiene en alerta a toda la población.

Indudablemente esta amplia cobertura ha permitido que cada rincón del planeta visualice la magnitud del problema, pero ha sido una ventada de oportunidad para la desinformación y la publicación de noticias falsas, las cuales pueden provocar pánico en la sociedad o, en caso contrario, apatía e indiferencia a la situación.

Prevenir esta desinformación es conveniente a través del seguimiento oportuno de los comunicados oficiales del gobierno o las organizaciones internacionales acreditadas al manejo de esta pandemia; sin embargo, desde este tipo de comunicados llegan a existir mensajes con poca claridad que no cuidan a detalle la inclusividad y el detalle necesario para que quede totalmente claro el mensaje que se quiere proyectar.

Así, según las recomendaciones recabadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se han detectado que el uso de cubre-bocas, la no concentración de más de 25 personas en lugares cerrados, la disminución al máximo de movilidad de la población y guardar sana distancia de al menos dos metros son medidas eficaces para evitar la propagación masiva del Covid-19.

De igual manera, es pertinente deshacer los mitos y rumores que giran en torno a esta enfermedad, rescatando de la OMS las siguientes aclaraciones:

• Los suplementos de vitaminas y minerales no curan el Covid-19.

• Los estudios llevados a cabo demuestran que la hidroxicloroquina no produce efectos clínicos beneficiosos en el tratamiento de la Covid-19.

• La enfermedad del Covid-19 es causada por un virus y no por una bacteria.

• Actualmente no existe ningún tratamiento autorizado para tratar o prevenir la enfermedad en cuestión.

• Los insectos no transmiten el Covid-19.

• Es extremadamente peligroso beber metanol, etanol o lejía.

• Las redes de 5G no propagan el Covid-19.1

Son estos rumores y falta de información lo que demuestra que la comunicación es esencial en esta coyuntura nacional, por ello resulta pertinente que esta honorable asamblea adopte y exhorte a acatar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en materia de comunicación efectiva en este entorno pandemia:

“La comunicación de riesgos abarca todas las cuestiones básicas de la comunicación para la salud, pero difiere en la necesidad de velocidad y la dependencia de la confianza. En los momentos de crisis, se insta a los líderes a que den una respuesta rápida, sentida y confiable. El público quiere saber qué se conoce, qué se está haciendo al respecto y lo que ellos pueden o deben hacer”.2

Así, es necesario que se comunique a la población mexicana con base en la confianza, credibilidad, anuncio temprano, con transparencia, con involucramiento de la comunidad y planificación, a fin de que la sociedad sepa de manera oportuna y puntual qué debe hacer y cómo lo debe hacer.

No olvidemos como autoridades y representantes populares que esta pandemia “requiere de una respuesta de los gobiernos y la sociedad en su conjunto equivalente a la determinación y el sacrificio de los trabajadores sanitarios en primera línea”,3 y lo mínimo que se debe hacer es dar certeza a nuestros representados a través de estrategias de comunicación social.

Por lo anterior, también se debe adoptar la Respuesta integral de las Naciones Unidas a la Covid-19 , documento que recomienda a todos los países del mundo a promover una comunicación efectiva e información fiable, así como combatir la desinformación y los discursos de odio. Para lograr lo anterior, el plan estratégico en mención insta a atender las necesidades sanitarias inmediatas, siendo una de sus prioridades “comunicar información crítica sobre riesgos y eventos a todas las comunidades, y contrarrestas información errónea”.4

Finalmente, es pertinente recordar que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, establecido en el artículo 4o., de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio; por ello, se hace pertinente que se conjunten esfuerzos entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, a comunicar con eficiencia, eficacia y claridad, las medidas que se deben tomar en cuenta ante un posible rebrote de contagios de Covid-19, a fin de que se contenga la sobreocupación hospitalaria y la pérdida de vidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito propone a esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a que en el ámbito de su competencia, diseñen e implementen una campaña de comunicación sobre las medidas sanitarias de contención que se deban llevar a cabo por autoridades y particulares, con relación al repunte de los casos de contagio por Covid-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los poderes ejecutivos locales, a que en el ámbito de su competencia y en coordinación con los gobiernos municipales, diseñen e implementen una campaña de comunicación sobre las medidas sanitarias de contención que se deban llevar a cabo por autoridades y particulares, con relación al repunte de los casos de contagio por covid-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que en las campañas de difusión sobre las medidas sanitarias de contención se privilegien los mensajes sencillos, claros y directos sobre la necesidad del uso correcto y regular del cubrebocas, el evitar las concentraciones de más de 25 personas, el disminuir al máximo la movilidad de la población y, en la medida de lo posible, el guardar la sana distancia sugerida por las autoridades sanitarias federales.

Notas

1 OMS. “Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV)”. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2020, disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/myth-busters [Fecha de consulta: 03 de noviembre de 2020].

2 OPS. Covid-19. “Orientaciones para comunicar sobre la enfermedad por el coronavirus 2019”. Fecha de publicación: febrero 2020, disponible en: https://www.paho.org/es/file/60251/download?token=d6_7D_vz [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2020].

3 ONU. “Página Oficial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Fecha de publicación: 2020, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2020].

4 ONU. “Respuesta Integral de las Naciones Unidas a la Covid-19”. Fecha de publicación: junio de 2020, disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_cov id-19_spanish.pdf [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2020].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a formular un plan nacional para el café, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos: 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, así como los demás correlativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En el marco de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, fracción XX que a la letra dice que “El Estado promoverá las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra , con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”, resulta relevante atender esta norma suprema, para que México se encuentre en condiciones de avanzar en el plan de acción que propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Los 196 países que suscribieron la resolución reconocieron que el principal desafío que enfrenta la humanidad es la erradicación de la pobreza en todas sus formas como el único medio para alcanzar el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 se fundamenta en tres principios: 1) Universalidad, 2) Integralidad y 3) No dejar a nadie atrás. El primero se refiere a que dicha agenda es aplicable a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como a todos los sectores de una sociedad. El segundo tiende a equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico y protección ambiental. Y el tercero busca beneficiar a todas y a todos, particularmente a las personas más vulnerables, asimismo pretende acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión.

En este orden de ideas es de gran importancia reconocer la situación de pobreza, exclusión y discriminación en la que se encuentran los campesinos de México dedicados a la producción del café. De atenderse a esta población se impactaría de manera positiva al menos a cuatro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en dicha Agenda 2030.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, que incluye la meta que de aquí al 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el cual integra la meta, de aquí a 2030 , duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares..., entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.

Objetivo 10. Reducir las desigualdades, el cual considera la meta, de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Objetivo 13. Acción por el clima, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 15. Proteger, Restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Desde el punto de vista ecológico, la forma tradicional en que los campesinos, indígenas y pequeños productores produce el café en México, cubre la dimensión de la protección del medio ambiente, indicada en la Agenda 2030, Por este motivo es urgente atender la precariedad en que viven la mayoría de este sector cafetalero.

El café es un arbusto o árbol pequeño originario de Etiopia se dice que se descubrió en el año 300 D.C. y al inicio se consumía en forma de semilla tostada con grasa de animal, su llegada a América fue en 1720, entrando a Veracruz en 1796.

Las formas tradicionales son la producción bajo sombra de árboles nativos de las selvas y bosques, también están los sistemas semitradicionales que también cultivan bajo la sombra de árboles pero ya no de árboles nativos sino de árboles introducidos o cultivados por el cafetalero y tenemos la manera “moderna” de producir café que es siempre café bajo sol, en lo que se llaman monocultivos a sol, pero requieren de variedades ya genéticamente mejoradas, de agroquímicos de plaguicidas y de máquinas para producir el café.

El café orgánico se caracteriza principalmente porque es cultivado sin agroquímicos en plantaciones de montaña que además son de sombra de modo que entre ellas se entreveran cafetos con árboles frutales y maderables, que infiltran el agua de lluvia, evitan deslaves, preservan l biodiversidad y les dan vida económica a regiones enteras.

El café orgánico y de comercio justo son alternativas para poder seguir aprovechando el café como eje de desarrollo comunitario y regional. Por las características socioeconómicas y culturales de los caficultores mexicanos, al igual que por las características físicas de los cafetales, sus mejores oportunidades para desarrollar ventajas competitivas radican en la producción de estos cafés diferenciados. Esta producción tendrá un mayor potencial en la medida que desencadene o se inscriba en procesos más amplios de desarrollo rural.

La producción de café orgánico se ha desarrollado en el marco de la agricultura sustentable, partiendo del principio de “satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades”.

El éxito del café orgánico en México se debe en primer lugar, a la riqueza de la agricultura tradicional, con técnicas antiquísimas que permiten producir alimentos sin impacto desfavorable al ambiente; Estos conocimientos tradicionales están arraigados entre los pequeños productores en particular los grupos indígenas, que tienen un gran respeto por la naturaleza.

El café orgánico es de enorme relevancia ecológica, pues provee servicios ambientales a la sociedad ya que del 90 por ciento de la superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye a conservar biodiversidad. La contribución que hace el cultivo y el comercio de café a las cuestiones ambientales y sociales es positiva, en el aspecto ambiental, el café es un arbusto de hoja perenne, por lo tanto, un importante contribuyente al secuestro de carbono, y es eficaz en cuanto a estabilizar los suelos. Permite también la conservación de mucha de la biodiversidad original de las zonas en que se cultiva.

Los principales productores orgánicos son en su mayoría grupos muy bien organizados, muchos de ellos en comunidades indígenas, ubicadas principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Los principales destinos del café orgánico son Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Japón, Italia, Dinamarca, España, Francia, Australia, Inglaterra y Bélgica.

Hasta 2017, los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, son los principales estados productores de café orgánico, con un volumen de producción de 350 mil sacos de 60 kilos, lo que coloca a México como el segundo productor mundial. En cuanto a la exportación, nuestro país es el principal proveedor mundial, cada año envía más de 28 mil toneladas a países europeos.

El café orgánico se ha desarrollado con éxito, sin embargo, enfrenta diversos problemas que requieren apoyo científico y técnico. Las necesidades de investigación y desarrollo del sector cafetalero orgánico son diversas; entre las más importantes están el incremento de los rendimientos, la reducción en los costos de producción, y el mejoramiento de la calidad del grano y la bebida, factores asociados con el proceso de producción, beneficiado y comercialización.

Lo producen pequeños productores indígenas de más de 25 culturas en predios de hasta 5 hectáreas, pertenecientes a familias de unos 3 millones de mexicanos, también se produce en cooperativas familias se organizan y se asocian para producir café bajo sombra, simplemente en Chiapas hay 120 cooperativas indígenas o en Oaxaca donde hay una coordinadora de productores de café (CEPCO), estas cooperativas exportan el café orgánico a Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y tienen un rasgo importante conservan biodiversidad, conservan una gran especie de flora y fauna contribuyen al mantenimiento de los climas regionales y ayudan a evitar el cambio climático porque capturan carbono.

Creando verdaderos jardines de café, ejemplos son el Te’lom de los huastecos de San Luis potosí y el Kuojtakiloyan de los pueblos nahuas de la sierra Norte de Puebla, este último a simple vista parece un bosque secundario pero si se observa con detalle y se analiza su estructura y sus especies se revela que en realidad el Kuojtakiloyan es una creación biocultural es un diseño agroforestal original producto de una tecnología orgánica, en le kuojtakiloyan se manejan unas 300 especies de plantas útiles , tiene la enorme virtud de ser un paisaje que produce conservando y que conserva produciendo, es una naturaleza explotada no domesticada y ha sido posible porque los seres humanos se han ido dejando a su vez domesticar por la naturaleza.

En los últimos años las cooperativas indígenas de café ya están también vendiendo café en México y han creado sus propias cafeterías en las ciudades de puebla, Guadalajara y ciudad de México

Enfocándonos en la dimensión de desarrollo económico, que señala la Agenda 2030, es fundamental considerar a la cafeticultura como una actividad estratégica para atender dicha dimensión, debido a que permite la integración de cadenas productivas, la generación de divisas y empleos, el modo de subsistencia de muchos pequeños productores y alrededor de 30 grupos indígenas

El llamado oro verde, comenzó su declive al inicio de la década anterior, hasta la fecha no se ha vuelto a obtener los 6.2 millones de sacos (de 60 kilos cada uno), que según datos de Sagarpa se lograron entre 1999 y 2000; en sólo un lustro el volumen pasó de 5 a 2.3 millones de sacos.

En 2017 se registró un incremento del 30.7 por ciento en la producción de café en comparación a lo que se generó en el 2016, de acuerdo a información de la Subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa, la producción nacional del aromático en el ciclo 2016-2017, llegó a tres millones 385 mil 552 sacos de café verde, mientras que, en el periodo inmediato anterior (2015-2016), la generación del aromático fue de 2 millones 346 mil 84 costales de 60 kilogramos. De esta forma, durante este año, el incremento en la producción de café fue de un millón 39 mil 468 sacos.

Hoy en día, el cultivo y producción de café se ha extendido a 12 estados de la República Mexicana, agrupados en cuatro grandes regiones que van desde la frontera sur que colinda con Guatemala, hasta el estado de Nayarit en el Pacífico Norte. México cuenta con un enorme potencial en la producción de café. De hecho, puede afirmarse que las condiciones ecológicas que se registran en las diferentes zonas productoras, le dan al país una vocación natural para el cultivo del aromático.

A nivel nacional la superficie sembrada de café ha disminuido drásticamente, se observa en la gráfica 3 la comparación entre el año 2010 en donde se sembró 781,015.99 hectáreas, mientras que en 2017 solo se sembraron 717,388 hectáreas.

La producción nacional se concentra en los meses de diciembre a marzo, la superficie cosechada ha estado en declive durante los últimos años, ha pasado de 741 410.69 ha en 2010 a 641 478 ha en 2017, esto se debe a diferentes factores, como el climático que a aunado a un mal manejo agrícola producen el ambiente necesario para el desarrollo de plagas como la roya que es devastadora para este cultivo. Otro factor importante es el económico, pues la inestabilidad del precio en el mercado provoca que los cafeticultores dejen perder sus cosechas, pues es más la inversión en mano de obra que las ganancias obtenidas por la venta de su producto. Los años 2015, 2016 y 2017 son en los que se registran un menor número de hectáreas cosechadas (gráfica 4)

El sector cafeticultor es un área de oportunidad para atender esa dimensión de desarrollo social que indica la agenda 2030, los agricultores en general viven en situaciones de pobreza y marginación. En el año 2017 se registró la participación de 500 mil cafeticultores en todo el país, y es aquí donde radica desde el punto de vista social la importancia del café, además de que considerando las familias de estos grupos y las del personal ligado a la transformación y comercialización del grano, alrededor de 3 millones de mexicanos dependen del café en algún grado. Este cultivo se encuentra actualmente en 484 municipios del país; 74 de ellos generan 70 por ciento de la producción nacional. Asimismo, el café también hace una contribución positiva en términos sociales, en cuanto que mantiene un empleo rural considerable y comunidades estables. Mejorar el nivel de vida de los productores de café, en especial de los caficultores en pequeña escala.

Asimismo, el 95.4 por ciento de todos los productores se incluyen en la categoría de campesinos con superficies de cultivo no mayores a 5 hectáreas que han hecho del café su forma de vida y su medio de subsistencia, mientras que solamente el 4.6 por ciento pertenecen a la categoría de empresarios, de los cuales cerca del 3 por ciento son pequeños y el resto medianos y grandes

Los pequeños productores empeñan su cosecha, y una vez que la recogen, inmediatamente finiquitan sus adeudos anteriores, y así deben buscar nuevos créditos a cuenta de la próxima cosecha, pues de otra manera les sería imposible pagar la mano de obra para las labores agrícolas del cafetal. Sin embargo, para el pequeño o mediano productor con capacidad para beneficiar o secar la cereza, la sujeción a las condiciones diarias del mercado se da debido a su bajo nivel de capitalización, lo que le impone la necesidad de obtener inmediatamente el dinero, producto de su cosecha, es aquí en donde, los finqueros y compradores locales (coyotes) juegan un papel muy importante debido a su capacidad para otorgar créditos y transformar el producto, situación para la cual se encuentran mejor preparados que las instituciones gubernamentales.

El volumen de producción ha tenido un ligero repunte en 2017 obteniendo 838 997 toneladas, comparadas con las 824 082.15 toneladas del año 2016, es decir se obtuvieron 14 914.85 toneladas más. (Gráfica 5)

En general el rendimiento por hectárea promedio durante este ciclo es de 1.4 toneladas de café cereza a nivel nacional (gráfica 6), lo que corresponde a 5.86 quintales por hectárea. Esto representa un incremento en el rendimiento promedio de 1.71 quintales, respecto al ciclo anterior donde se generaron 4.15 quintales por hectárea.

En cuanto al valor de la producción y de cuerdo a la gráfica ha estado en caída desde el año 2012, año en el que se registró el más alto valor del periodo comparado de 2010 – 2016, este valor de producción fue $ 8 647 580 349.05 y para 2016 este cayó hasta los $4 523 893.44.

México se enfrenta a un declive en la producción desde hace más de un lustro, observándose que en el periodo 2015/2016 la producción fue la más baja registrada en 20 años. La baja producción de café ha sido provocada principalmente por la plaga conocida como la roya, que desde el 2013 afecta a los cafetales mexicanos, el cambio climático y la falta de adopción de tecnología para proteger los cultivos de las plagas.

Los rendimientos son muy bajos, oscilan entre los cuatro quintales de café por hectárea, por lo tanto no es rentable. Aunado a estos factores está la entrada ilegal de café por la frontera con Guatemala lo que provoca que los precios no tengan un repunte significativo.

De acuerdo con el USDA, en México en 2016, el 48 por ciento de la producción nacional de café verde se destina a consumo doméstico y el 52 por ciento a exportaciones.

México consume café por debajo de otros países, pese a que el consumo per cápita sigue aumentando, paso de 1.4 kg a 1.6 kg a hasta principios de 2018 de acuerdo a datos presentado en Expo café. A nivel mundial Brasil tiene un consumo per cápita de café 6 kg, mientras que en Estados Unidos es de 4.5 kg, y en la Unión Europea es representado por Francia e Italia con un consumo per cápita de 5.6 kg y 5.1 kg respectivamente.

Entre los países que más consumen el aromático se encuentra la Unión Europea con 28.9 por ciento del consumo global, seguido de Estados Unidos con el 16.6 por ciento y Brasil con el 13.8 por ciento. A nivel mundial, 85.4 por ciento lo toma tostado y molido y 14.6 por ciento lo toma soluble.

En 2016, la producción mundial de café creció a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento, lo que significó una cosecha global de 153.3 millones de sacos de café de 60 kilos. Actualmente la producción mundial de café es de 24.7 por ciento mayor que la de principios de la década de los ochenta.

De acuerdo con datos de la Sagarpa la producción de café en México rebasa el medio millón de toneladas, por eso ocupa el onceavo lugar en producción de café verde, lo que lo posiciona como líder en exportación de Café, en el mercado europeo ya que envía más de 28 mil toneladas. (Gráfica 15)

México participa en el mercado cafetalero con el 1.5 por ciento del volumen de las exportaciones mundiales, por lo cual se ubica en el lugar 12 entre los países exportadores. De acuerdo con información del USDA, durante los últimos cinco ciclos comerciales, el volumen de las exportaciones mexicanas decreció a una tasa promedio anual de 11.9 por ciento, mientras que las importaciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 8.2 por ciento. Así, durante el ciclo comercial 2015/16 se exportaron 2.025 millones de sacos, mientras que las importaciones ascendieron a 1.815 millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde.

Las ventas de café mexicano en el exterior registraron su nivel mínimo desde 2004/05, mientras que las compras del exterior ascendieron a un nivel máximo histórico. El 64.2 por ciento del volumen exportado correspondió a café verde sin tostar, el 6.2 por ciento a café tostado y molido, y el 29.6 por ciento a café soluble.

Alrededor del 62 por ciento del volumen exportado tiene destino Estados Unidos. El aromático mexicano se exporta a 45 países de los cinco continentes, siendo Estados Unidos, Bélgica, España y Alemania nuestros principales clientes.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñe las políticas que permitan promover la productividad en el sector cafetalero, a través de la modernización e innovación tecnológica que armonicen con la naturaleza. A crear un organismo que beneficie y apoye al pequeño productor. A proporcionar los medios, la infraestructura para la eliminación de plagas que afectan dicho producto. A la renovación de huertas y renovación árboles de sombra para producción de café y que dentro del programa sembrando vida dentro de su línea de agroforestería incluya destacadamente al café.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Economía para la creación de créditos para los pequeños productores con el fin de evitar endeudamientos antes de su cosecha y tener un capital para volver a producir. A desarrollar programas para que los productores de café puedan incursionar en los mercados de mayores precios. A promover alianzas entre los agentes productivos para lograr una mejor posición del café en el mercado internacional, así como el establecimiento de políticas para promocionar el consumo de café nacional.

Notas

Bartra, Armando. (2019). El Principio. Los primeros cuatro meses. Ciudad de México: gmart impresores.

Palacio Legislativo de San Lázaro. (marzo de 2018). cederssa. Obtenido de
file:///D:/30El%20café%20en%20México_%20diagnóstico%20y%20perspectiva.pdf

Ruiz, J. A. (14 de diciembre de 2019). AS News. Obtenido de https://asnews.mx/noticias/los-12-estados-productores-de-cafe-en-mexico #:~:text=LOS%2012%20ESTADOS%20PRODUCTORES%20DE%20CAF%C3%89%20EN%20M%C3% 89XICO,29%2C675%20Qq%20por%20d%C3%ADa.%20...%20Mas%20cosas...%20

Semarnat. (24 de 08 de 2020). Programa ONU Medio Ambiente México. Obtenido de

https://www.facebook.com/onumamexico/videos/586671155342 671/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, la SCT y el IFT a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un canal o canales propios a la impartición de esos contenidos en el espectro radioeléctrico para ampliar las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier nivel, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; y Adolfo Cuevas Teja, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un canal o canales propios a la impartición de estos contenidos en el espectro radioeléctrico, en favor de ampliar las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier nivel, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con las restricciones para la movilidad que se han derivado de la pandemia y la necesidad de encontrar nuevas formas para continuar con las actividades esenciales –como el trabajo y la educación–, la diversidad de medidas podría ser más que un aspecto temporal y trascender su uso generalizado en un periodo pospandémico.

Cuestiones como un mayor acceso a banda ancha, la posibilidad de dar clases a distancia y la disposición de información oficial en tiempo real a través de radio, televisión o Internet, muestran que las tendencias que se venían dando en la era de las telecomunicaciones se han difundido de mejor forma y requieren ser aprovechadas por tomadores de decisiones.

La adaptación de la educación a una modalidad remota ha encontrado sus mayores problemas en la falta de infraestructura en telecomunicaciones, donde todavía existen comunidades marginadas de ésta clase de servicios, dificultando el acceso a las modalidades de educación establecidas en tiempos de pandemia, especialmente en su forma más flexible: la educación digital, la que permite una relación interactiva con el contenido y mucho más personalizada que otras plataformas.

A pesar de esta desventaja, la disposición de otros medios ha sido central para considerar la implementación de programación televisiva educativa como una salida viable para un acceso general a la educación. Hoy en día queda demostrado que el proceso de adopción de la televisión a lo largo de las últimas décadas ha sido casi pleno, lo que facilita su uso y requiere una atención que vaya más allá de estos tiempos de emergencia. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2018,1 93 por ciento de los participantes contaban con un televisor en sus hogares2 –en contraste con el 46 por ciento que consume contenidos audiovisuales por internet a través de cualquier dispositivo–,3 lo que muestra el potencial beneficio que se puede obtener al perpetuar la impartición de clases a través de la televisión, sin que éstas impliquen una sustitución de los modelos tradicionales.

Pensadas como complemento, la presencia de estas en televisión abierta puede tener impactos benéficos para la población en general. Si se ve su aplicación como refuerzo para los estudiantes y como incentivo para aquellos que deseen empezar o continuar sus estudios durante la pandemia o después de ella, su presencia tiene impactos positivos para la construcción de una mejor calidad de vida.

Es pertinente exhortar a las Secretarías de Educación Pública, y de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un canal propio a la impartición de estos contenidos en el espectro radioeléctrico en favor de ampliar las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier nivel.

Con la disposición de estas tecnologías en la mayoría de los hogares en todo el país, al igual que la cobertura que existe aún en comunidades marginadas, apuntalan beneficios que derivan de la disposición de esos cursos y pueden fomentar el interés de jóvenes, adultos y personas mayores de edad, respecto a la continuación de sus estudios o desarrollar intereses enfocados a su educación superior.

Incentivar la preparación académica mediante prácticas que trasciendan criterios de edad u condición socioeconómica es clave si deseamos tener una educación incluyente. Debido a que el abandono escolar tiene su origen en la falta de recursos y los problemas de accesibilidad que acarrean las comunidades marginadas –donde afectó de mayor forma a personas mayores, quienes no contaban con instituciones educativas suficientes en el pasado–, la promesa de la escolarización y su aspecto obligatorio no pueden ser cumplidos en estas localidades, donde la posibilidad de tener una cierta formación puede llegar de la mano de tecnologías que pareciera han agotado sus posibilidades, pero que en periodos de emergencia nos muestran que los desarrollos tecnológicos seguirán siendo claves para nuestras aspiraciones en política pública dentro del futuro inmediato.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; y Adolfo Cuevas Teja, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un canal o canales propios a la impartición de estos contenidos en el espectro radioeléctrico en favor de ampliar las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier nivel.

Notas

1 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-d a-conocer-la-encuesta-nacional-de-consumo-de-contenidos-audiovisuales-2 018-comunicado-552019

2 Ídem.

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE a garantizar el acceso a la vacuna contra la influenza a través de una campaña de vacunación a fin de lograr evitar una sindemia de Covid-19 e influenza estacional, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

De acuerdo con el Coronavirus Resource Center, de la universidad Johns Hopkins, hasta el 27 de octubre de 2020 se habían detectado en México 895 mil 326 casos de Covid-19 y, al menos, menos 89 mil 171 muertes en nuestro país.1 Según Amnistía Internacional, México es el país con más personal médico fallecido a causa de la nueva cepa de coronavirus con mil 320 decesos hasta el 3 de septiembre.2

Mientras que la Secretaría de Salud señala que, hasta el 19 de octubre de 2020, existían oficialmente 27 mil 690 casos activos en nuestro país. La Ciudad de México es la entidad federativa más afectada, con 5 mil 174 casos, seguida de Nuevo León con 3 mil 90, Jalisco con mil 497 y Guanajuato con mil 486.3 A continuación, se cita una gráfica elaborada por la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud:

Sindemia: influenza y Covid-19

De acuerdo con el médico Merril Singer, el término sindemia se utiliza para definir una situación en la que “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor a la mera suma de estas dos enfermedades.”4

Por su parte, el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para la atención de la influenza AH1N1, a finales de la década pasada, apuntó que si la influenza y el Covid-19 se llegan a mezclar “habrá una presión hospitalaria extra.” Asimismo, Macías señaló que “ningún país está preparado para una sindemia.” 5

En este mismo sentido, en el documento La gestión de la pandemia en México, Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, quienes en su momento fungieron como secretarios de Salud del gobierno federal, propusieron fortalecer los esfuerzos en lo referente a la vacunación de influenza estacional a través de una campaña de vacunación extraordinaria. 6 Esto con la finalidad de tratar de evitar que se consolide una sindemia de Covid-19 y de influenza estacional, ya que traería terribles efectos sanitarios y económicos para la ciudadanía.

Textualmente, los exsecretarios de Salud del gobierno federal proponen lo siguiente:

“13. Campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza estacional. Las previsiones médicas apuntan con certeza que una gran cantidad de países se encaminan a un escenario de sindemia, es decir, una situación en la que se suman dos o más epidemias de enfermedades concurrentes o secuenciales dentro de la misma población, lo que exacerba el contagio y la carga de ambas enfermedades . Por eso, es necesario implementar una campaña de vacunación especial y extraordinaria (2020) para proteger a nuestra sociedad de la influenza estacional , para evitar el estrés del sistema de salud y, en la medida de lo posible, que no se añada a la expansión del sars-CoV-2.”

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos se recomienda que en esta temporada “todas las personas de 6 meses de edad o más deben vacunarse contra la influenza”.7

Argumentos jurídicos

Respecto al ámbito jurídico, es de mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho a la protección de la salud . Dicho precepto constitucional establece lo siguiente:

Artículo 4.- ( ...)

(...)

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)”8

El texto constitucional refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y no distingue entre aspectos como nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, origen étnico, lengua o cualquier otro factor.

Por su parte, la fracción II del artículo 134 de la Ley General de Salud establece que, tanto la Secretaría de Salud del gobierno de México como los gobiernos estatales tienen a su cargo la realización de actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la influenza epidémica. A la letra, dicho artículo señala lo siguiente:

“Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

(...)

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;

(...)”9

Asimismo, el artículo 144 de la Ley General de Salud señala que la vacunación será obligatoria para aquellas enfermedades que la Secretaría de Salud estime como prevenibles a través de dicho medio de inmunización. Este artículo señala lo siguiente:

“Artículo 144.- La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización , que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente ley .”10

En este sentido, al ya existir una vacuna para prevenir la influenza se estaría ante la hipótesis normativa planteada en el artículo 144 de la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que hasta el 27 de octubre de 2020, en nuestro país existían 895 mil 326 casos positivos confirmados de Covid-19, así como 89 mil 171 lamentables defunciones de personas por esta enfermedad; que existe el riesgo latente de que exista una sindemia entre influenza estacional y Covid-19; que el artículo 4 constitucional reconoce el derecho humano a la salud, que el artículo 134 de la Ley General de Salud señala que le compete a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los gobiernos estatales la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la influenza epidémica entre otras enfermedades y que el artículo 144 de la Ley General de Salud refiere que la vacunación contra enfermedades transmisibles y prevenibles por ese medio de inmunización será obligatoria, es que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a garantizar el acceso a todas las personas de 6 meses de edad o más a la vacuna contra la influenza a través de una campaña de vacunación extraordinaria con la finalidad de lograr evitar una sindemia de Covid-19 e Influenza estacional.

Notas

1 Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center. (2020). Covid-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center. Recuperado de: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

2 Forbes Staff. (2020). México, el país con más personal médico muerto por coronavirus. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-med ico-muerto-por-coronavirus/>

3 Subsecretaría de prevención y promoción de la salud. (2020). Informe técnico diario Covid-19 México. 19 de octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/586212/Comunicado_Te cnico_Diario_COVID-19_2020.10.19.pdf>

4 Redacción BBC. (2020). Covid-19: qué es una sindemia y por qué hay científicos que proponen llamar así a la crisis del coronavirus. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54543375>

5 Forbes Staff. (2020). Incertidumbre en Salud Pública por doble amenaza: influenza y Covid-19. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/incertidumbre-en-salud-publica-por-doble- amenaza-influenza-y-covid-19/>

6 Chertorivski et al. (2020). La gestión de la pandemia en México. Covid-19. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes. Consejo Cultivo Ciudadano Pensando en México. Recuperado de: <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/475432014-La-gestion-de-la -pandemia-en-Mexico.pdf>

7 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2020). Quién necesita la vacuna contra la influenza y cuándo. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Recuperado de: <https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/vaccinations.htm>

8 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf>

9 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1984) Ley General de Salud. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salu d.pdf>

10 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1984) Ley General de Salud. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salu d.pdf>

Referencias:

• Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf>

• Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1984) Ley General de Salud. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salu d.pdf>

• Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2020). Quién necesita la vacuna contra la influenza y cuándo. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Recuperado de: <https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/vaccinations.htm>

• Chertorivski et al. (2020). La gestión de la pandemia en México. COVID-19. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes. Consejo Cultivo Ciudadano Pensando en México. Recuperado de: <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/475432014-La-gestion-de-la -pandemia-en-Mexico.pdf>

• Forbes Staff. (2020). México, el país con más personal médico muerto por coronavirus. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-med ico-muerto-por-coronavirus/>

• Forbes Staff. (2020). Incertidumbre en Salud Pública por doble amenaza: influenza y COVID-19. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/incertidumbre-en-salud-publica-por-doble- amenaza-influenza-y-covid-19/>

• Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center. (2020). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center. Recuperado de: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

• Redacción BBC. (2020). Covid-19: qué es una sindemia y por qué hay científicos que proponen llamar así a la crisis del coronavirus. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54543375>

• Subsecretaría de prevención y promoción de la salud. (2020). Informe técnico Diario COVID-19 México. 19 de octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/586212/Comunicado_Te cnico_Diario_COVID-19_2020.10.19.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, la SHCP y demás autoridades competentes a analizar la viabilidad de actualizar la Ley de Comercio Exterior, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Ricardo de la Peña Marshall, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países con mayor apertura comercial a nivel mundial, muestra de ello está en los tratados de libre comercio (TLC) que actualmente nuestro país tiene con 50 naciones de todos los continentes.1

Esta red de TLC ha traído consigo una importante apertura comercial, no en vano la Organización Mundial de Comercio (OMC) ubicó a México en la decimocuarta posición a nivel mundial entre los países con mayor comercio de bienes y servicios,2 permitiendo al consumidor nacional el acceso a numerosos bienes y al mismo tiempo convirtiendo a nuestro país en una potencia comercial.

Si bien esta política de apertura comercial ha traído beneficios a nuestra economía, el hecho de no haber sido acompañada de los mecanismos y la estructura legal contra el comercio desleal, necesaria para garantizar su correcta implementación, ha impedido un mayor aprovechamiento para el país. Parte central de esta precariedad en el andamiaje legal se centra en nuestra Ley de Comercio Exterior.

Desde que nuestra Ley de Comercio Exterior fue expedida en el año de 1993 el mundo ha cambiado, en aquellos tiempos México se preparaba para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que dejó de existir hace unos meses y en su lugar contamos con el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido en español por las siglas de T-MEC.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpízar Vallejo, indicó que el entorno del comercio exterior de México ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas, sin embargo, la legislación respectiva no ha sido actualizada y agregó que de no actualizarse esta ley “en un par de años habrán desaparecido decenas de negocios, que no han podido soportar la competencia desleal”.3

Además, años después de la entrada en vigor de nuestra Ley de Comercio Exterior, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio cambió para siempre las reglas del juego, reconfigurando no sólo el comercio a nivel mundial, sino también las reglas con las que cada país debería hacer frente a un nuevo escenario.

Nuestros principales socios comerciales lograron identificar el riesgo que la nueva realidad representaba para sus economías y supieron actuar en consecuencia, reforzando sus legislaciones con mecanismos más eficientes y expeditos, que les permitieron avanzar hacia una cancha más pareja en lo que a intercambios comerciales se refiere.

Mientras nuestros socios comerciales han continuado avanzando hacia sistemas cada vez más acordes a las nuevas características y realidades que configuran el comercio mundial, la regulación en México ha quedado desfasada frente a los estándares que se manejan a nivel global, ocasionando con ello una clara desventaja para que nuestro país haga frente a las prácticas desleales de comercio.

Esta omisión en la regulación en México ha generado que el sector productivo sea golpeado por importaciones que arriban al mercado interno bajo una práctica desleal de comercio, ya sea dumping, subvaluación o contrabando, porque las herramientas que se tienen en el país para frenar o combatir esas prácticas ya no es funcional.4

La OMC informó en su más reciente reporte anual que durante 2019 se tuvo un promedio mensual de 54 procedimientos de solución de controversias, la cifra más alta desde su creación,5 lo que nos permite visualizar la evidente urgencia de contar con una Ley de Comercio Exterior que responda a las necesidades reales de nuestro país y a los riesgos y amenazas que puedan aparecer a corto y mediano plazo.

Por si todo lo anterior no resultara suficiente, es importante señalar un dato por demás revelador: cuando la actual Ley de Comercio Exterior entró en vigor en 1993, las exportaciones anuales de nuestro país alcanzaban 51 mil 886 millones de dólares (mdd); en el momento de la última reforma a la ley estas exportaciones ya rozaban los 250 mil mdd; mientras que al cierre de 2019 superaron los 460 mil mdd.6

En el caso de las importaciones se puede ver una tendencia similar: en 1993 las importaciones de México contabilizaron 67 mil 547 mdd; para 2006, año de la última reforma a la Ley de Comercio Exterior, las importaciones anuales llegaron a los 263 mil 476 mdd; y para 2019 estas alcanzaron los 467 mil 342 mdd.7

Como puede apreciarse en el crecimiento del valor del comercio exterior del país, el andamiaje legal con el cual se diseñó la Ley de Comercio Exterior vigente ha quedado claramente rebasado por una nueva realidad mundial, por lo que resulta imperativo realizar un análisis amplio y a fondo que nos permita definir la viabilidad de llevar a cabo una gran modernización de nuestra regulación en materia de comercio exterior.

Este tema no es algo novedoso, la prueba de ello reside en que desde la última reforma publicada a la Ley de Comercio Exterior, en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación se tiene registro de casi 30 propuestas de modificación a la misma.8

Que quede claro, lo que aquí se propone no tiene nada que ver con promover el proteccionismo para las empresas nacionales, al contrario, lo que se pretende es sentar las bases legales para que finalmente nuestro país cuente con las herramientas que le permitan ponerse a la altura de los retos que enfrentamos.

En este sentido, conforme a lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de manera respetuosa, exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y sus respectivas comisiones ordinarias, valoren realizar parlamentos abiertos con expertos, especialistas, académicos, sociedad civil y sector empresarial para analizar y discutir la viabilidad de actualizar la Ley de Comercio Exterior.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que valoren haber públicas las estadísticas y estimaciones de las importaciones y exportaciones de México y hagan públicas sus opiniones, consideraciones y posturas sobre la viabilidad de actualización de la Ley de Comercio Exterior.

Notas

1 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con -tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published

2 https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2020_s/wts2020_s.pdf

3 https://idic.mx/2015/10/14/ley-de-comercio-exterior-obsoleta/

4 Ídem

5 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep20_e.pdf

6 https://data.wto.org/

7 Ídem.

8 http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=
40a90c4e0ddfb99eec180488f816bf0f&Reg=28&Serial=9a7fedb5563e64a601cca7e822fac09f&Origen=
BB&Paginas=15&Orden=42 consultado el 14 de octubre de 2020, a las 16:37 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Ricardo de la Peña Marshall (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a formular un plan nacional de cacao, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos: 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, así como los demás correlativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En el marco de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, fracción XX que a la letra dice que “El Estado promoverá las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra , con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”, resulta relevante atender esta norma suprema, para que México se encuentre en condiciones de avanzar en el plan de acción que propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Los 196 países que suscribieron la resolución reconocieron que el principal desafío que enfrenta la humanidad es la erradicación de la pobreza en todas sus formas como el único medio para alcanzar el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 se fundamenta en tres principios: 1) Universalidad, 2) Integralidad y 3) No dejar a nadie atrás. El primero se refiere a que dicha agenda es aplicable a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como a todos los sectores de una sociedad. El segundo tiende a equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico y protección ambiental. Y el tercero busca beneficiar a todas y a todos, particularmente a las personas más vulnerables, asimismo pretende acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión.

En este orden de ideas es de gran importancia reconocer la situación de pobreza, exclusión y discriminación en la que se encuentran los campesinos de México dedicados a la producción del cacao. De atenderse a esta población se impactaría de manera positiva al menos a cuatro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en dicha Agenda 2030.

Objetivo 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, que incluye la meta que de aquí al 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones.

Objetivo 2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el cual integra la meta, de aquí a 2030 , duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares..., entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.

Objetivo 10.- Reducir las desigualdades, el cual considera la meta, de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Objetivo 15.- Proteger, Restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

El cacao es una planta tropical domesticada por las culturas prehispánicas mesoamericanas fue símbolo de abundancia que se utilizaba en rituales, funerales y ofrendas.

En la actualidad el cultivo del cacao, tanto convencional como orgánico, tiene amplias oportunidades para México, mismas que pueden aprovecharse para el beneficio de los productores. Además, ecológicamente el sistema de producción asociado a los árboles de sombra los postula como ecosistemas que favorecen la captura de CO2 y pueden ser beneficiados con la retribución por servicios ambientales. Estos ecosistemas pueden albergar altos niveles de diversidad biológica. Otra ventaja de nuestro cacao mexicano, es la producción de cacao fino con aroma derivado de los granos blancos presentes en los cacaos criollos.

En México hay zonas con gran potencial para el cultivo de cacao, aunque este árbol necesita condiciones climáticas y de suelo muy particulares por lo que se limita aún más a ciertos lugares y no se puede establecer de manera extensiva. No obstante, se hace necesario promover la producción de cacao mexicano de alta calidad mediante el fomento de cultivos sustentables y agroecológicos apoyar al mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores y sus familias, con el objeto de hacer de México un país con mayor reconocimiento mundial por la calidad.

Otra de las grandes bondades de este bien agrícola, además del magnífico sabor que tiene el chocolate, el cacao aporta múltiples beneficios nutrimentales como ácido fólico y antioxidantes, benéficos para el sistema cardiovascular, así como serotonina y anandamida que poseen la capacidad de generar la sensación natural de placer en quien lo consume.

Pero dicho producto padece una enfermedad severa llamada “moniliasis” enfermedad causada por el hongo Moniliophthora roreri. Se considerada altamente destructiva en América Latina y ha ocasionado serias pérdidas económicas en la producción del cacao en diversos países del Sur y Centroamérica. Fue reportada por primera vez en 1914 en Ecuador, de donde se dispersó a otros países sudamericanos hasta llegar a Centroamérica y México.

En México, se registran pérdidas en diferentes sentidos, con altos costos económicos, sociales y ambientales, similares a los observados en otros países de América Central. La moniliasis se encuentra diseminada en las plantaciones de los estados de Chiapas y Tabasco. Su alta agresividad afecta negativamente la rentabilidad del cultivo al depender en gran parte del manejo de fungicidas, del material genético y del manejo agronómico y cultural. Los métodos de control químico son de baja efectividad y poco económicos, de tal manera que el apoyo económico y control cultural es en la actualidad la alternativa más recomendada.

La situación actual del cacao en México lleva a cuestionar ¿Por qué, si el cacao pertenece a nuestra historia tiene un mercado tan débil en nuestro país y aun en el mercado internacional? La respuesta está en el escaso apoyo al comercio y producción del mismo; cabe señalar que, al incorporar productos artesanales de mejor calidad se pueden generar redes de comercio y dar un valor agregado al producto, conservando la riqueza cultural que acompaña el desarrollo de este cultivo en algunas entidades federativas del país.2

Fuente: Elaboración del CEDRRSA a partir de datos de la FAO, 2016.

Estados Unidos de Norteamérica es el país que registra el mayor consumo de cacao, en el mundo tanto en el continente americano como a nivel mundial, pues concentra el 62 % del consumo de cacao en el continente americano, seguido de Brasil con 14 %, Canadá con 7 % y México con 5 %.

Fuente: Elaboración del CEDRSSA a partir de datos de la International Cocoa Organization (ICCO) 2016.

La distribución de cacao en México, de acuerdo al trabajo de visitas a herbarios, se localiza en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán San Luis Potosí y Veracruz. Aunque el cacao es un cultivo de importancia ancestral, económica, social, ecológica y con gran arraigo cultural en las zonas cacaoteras de nuestro país, aún no se cuenta con información sistematizada sobre la distribución de cacaos criollos nativos. Además no se cuenta con la protección legal de variedades nativas y mejoradas.

México ocupa el decimotercer lugar en producción a nivel mundial con 28 mil toneladas con una superficie de 117,000 ha, pero necesita cerca 120 mil toneladas para cubrir su demanda interna.

En Tabasco 10 de los 17 municipios que comprenden el estado se dedican al cultivo del cacao, siendo los más destacados Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo los cuales producen en conjunto el 87% de la producción de dicho estado.

Tabasco, aporta el 66.9% del volumen de producción nacional con 17 mil 281 toneladas cosechadas en una superficie de 41 mil hectáreas; le sigue Chiapas con el 32.9%, en 9 mil 346 toneladas y Guerrero solamente con 236 toneladas, lo que representa el 0.2%.

Son pocos los estados productores en nuestro país, pero por sus climas y tipo de suelos Veracruz, Colima, Campeche, Michoacán y Nayarit tienen gran potencial para el cultivo del cacao.

Las exportaciones de cacao son mínimas, se estima entre 621 toneladas de las cuales el 79% (1) se destinan a Bélgica, y a Norteamérica a empresas de chocolate gourmet que buscan el cacao mexicano por su fino aroma que lo hace diferente a otros.

México tiene un déficit de producción y consumo de cacao por lo que, para satisfacer la demanda interna se importa cacao de Ecuador, de Costa de Marfil y de República Dominicana, Colombia y Ghana.

El Sistema Productivo del cacao en México desde hace décadas se encuentra en crisis generada por varios factores, el más nocivo es el fitosanitario por la aparición del hongo moniliasis lo que ha ocasionado el abandono de las plantaciones y la baja rentabilidad de las fincas. El uso de tecnologías obsoletas, sus productores son en su mayoría personas de la tercera edad, asimismo las plantaciones tienen más de treinta años de antigüedad.

Se estima la existencia de 5.5 millones de pequeños productores de cacao a nivel mundial, la mayoría con parcelas que van desde las 0.2 a 0.5 hectáreas.

El cacao representa un importante generador de ingresos derivadas de las exportaciones, empleo y bienestar en las zonas rurales, que se desarrolla gracias al esfuerzo de pequeños agricultores quienes generan cerca de 80 a 90 % de la producción mundial.

La producción cacaotera en América Latina y el Caribe es realizada por más de 350 000 familias de productores y al menos 1,750,000 personas dependen o se benefician directamente de su producción en 23 países del continente americano.

Actualmente en México la producción de cacao ocupa a 45 mil productores.

Fuente: Elaboración por el CEDRSSA con datos obtenidos del estado actual sobre la producción, el comercio y el cultivo de cacao en América del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2017 y con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2017.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural formule un Programa Nacional del Cacao, sobre la base de un nuevo sistema productivo, que permita atender su problemática actual, garantizar su explotación rentable y sustentable de largo plazo. Dicho sistema debe incluir políticas públicas sistémicas y transversales, de manera que el alcance de ellas impacte entre los campesinos en tres dimensiones: social, económica y ambiental. Que el Sistema-Producto Cacao, se considere dentro del Programa Especial Concurrente y se generen opciones de créditos blandos y fondos de financiamiento suficientes, con matrices de indicadores de gestión y de resultados, para la formación de capacidades técnicas, infraestructura, renovación, saneamiento y comercialización, en diálogo permanente con las organizaciones productivas y prioritariamente con los campesinos que producen a pequeña escala.

El Programa Nacional deberá promover la creación de acciones y programas específicos que motiven a las nuevas generaciones de campesinos y productores para dedicarse a la producción y cuidado de dicho producto y obtener el mejor provecho de las tierras en la siembra de cacao, con el propósito de evitar que migren a otros estados o países, creando oportunidades de trabajo en estas comunidades.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Economía (SE) que impulse, y consolide mercados para promover el cacao criollo mexicano que con el impulso de las exportaciones motive mayores oportunidades para la producción intensiva de dicho bien agrícola.

Notas

1 Avendaño, C., Villareal, J., Campos, E., Gallardo, R., Mendoza, A., Aguirre, J., . . . Espinosa, S. (30 de septiembre de 2011). Universidad Autónoma de Chapingo. Obtenido de
file:///C:/Users/serio/Desktop/EL%20CACAO%20EN%20MEXICO.pdf

2 CEDRSSA. (24 de enero de 2020). CEDRSSA. Obtenido de http://www.cedrssa.gob.mx/post_industria_del_-n-cacao_en_mn-xico-n.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de los 31 estados y de la Ciudad de México a evitar la prohibición de las peleas de gallos en todo el país ante los efectos adversos de ello para la población y la subsistencia de las especies implicadas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a evitar la prohibición de las peleas de gallos en todo el país ante los efectos adversos que derivarían de ella para la población y subsistencia de las especies implicadas, el efecto económico para las familias de criadores y los conflictos con la tradición que podrían derivar en su práctica de manera clandestina, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios que muchas veces se pretenden por parte de ciertos sectores de la ciudanía conllevan problemas derivados que no quieren o pueden ser tomados en cuenta. En casos como la pretensión de conectividad universal a la Internet –donde se busca “conectar” a toda la población sin la existencia de un alfabetismo digital generalizado y la ausencia de leyes suficientemente actualizadas para evitar el abuso de sus datos personales–, la transición a vehículos eléctricos –donde gran parte de la energía que los alimenta proviene de fuentes no renovables– o la liberación de animales en zoológicos y circos –donde muchos de ellos han perecido ante el cambio súbito de sus espacios y rutinas–, las buenas intenciones pueden tender a generar problemáticas graves motivadas por valores apropiados para nuestros tiempos.

Caso concreto de los movimientos para los derechos de los animales y las discusiones alrededor de éstos, las actividades como la tauromaquia o las peleas de gallos despiertan la mayor aversión posible al estar íntimamente ligados a actividades violentas, las que se atribuyen generalmente a obligaciones impuestas por quienes organizan actos de esta clase.

En tiempos como los nuestros, las políticas en favor de los animales se han vuelto causa común, por lo que no debe dejarse de lado que el ejercicio de la violencia sea algo que no es exclusivamente “humano”, sino parte inmanente de los propios animales, a pesar de señalar su igualdad, los argumentos que buscan prohibir cualquier demostración de violencia animal omiten toda capacidad de conflicto que éstos puedan tener.1

En este sentido, al ser nosotros los encargados de fungir como mediadores de cualquier cosa que éstos hagan y sean las formas adecuadas de convivencia –atribución que se ha tomado arbitrariamente como especie–, resulta sorpresivo que a pesar que nosotros hemos “civilizado” nuestras formas de conflicto y violencia –con actividades deportivas como el boxeo, el futbol americano o las artes marciales mixtas, por mencionar algunos ejemplos–, los animales que tienden a ser violentos en sus espacios sean cooptados a espacios artificiales en los que se omita cualquier clase de moderación o control de ésta.

Por tanto, los argumentos en contra de una práctica como las peleas de gallos, si bien son justificados, no exceden el límite mismo sobre el cual partimos al elaborar regulaciones sobre el trato con otros animales: la total incidencia y control sobre el futuro de otras especies, sin tomar en cuenta su trascendencia cultural y económica en los espacios en los que prácticas de esta clase se desarrollan cotidianamente y han dado paso a la constitución de “ecosistemas” y poblaciones animales “artificiales”, siendo un cambio súbito que puede significar el fin de la vida de muchas de estas aves –como ha ocurrido con gran parte de los animales que componían los circos durante la prohibición de su participación.2

Igualmente, al tomar en cuenta los factores humanos implicados en esta discusión, la economía alrededor de esta actividad y el aspecto tradicional de esta práctica son omitidos o vistos como una “barbarie” y no como una mediación del conflicto con múltiples beneficios para los reguladores y la propia proliferación de la especie implicada. Los galleros y los recintos para las peleas de gallos, son lugares de convivencia que permiten a familias enteras subsistir mediante una industria que se origina por aspectos tradicionales de muchas comunidades en el país.

En el caso de la prohibición, muchas quedarían desamparadas, al igual que los animales que se encuentren bajo su cuidado y la responsabilidad, control y administración del conflicto no necesariamente estarán en manos de personas capacitadas para su cuidado, con intereses positivos para estas –para su mantenimiento y supervivencia.

En consecuencia, es sumamente adecuado evitar la prohibición de las peleas de gallos en todo el país ante los efectos adversos que derivarían de ella para la propia población y subsistencia de las especies implicadas, su impacto económico para las familias de criadores y los conflictos con la tradición que podrían derivar en su práctica de manera clandestina.

Sobre la misma línea, la practica también demanda una reconfiguración total y la violencia no puede terminar en la muerte de algunas de las especies implicadas o la preservación de estas en condiciones precarias. Igual que el deporte, la regulación en favor de prácticas de esta índole debe buscar evitar a toda costa la muerte de éstas –como en el caso de las personas–, considerando que el uso de navajas u otras herramientas requiere un replanteamiento que posibilite un conflicto mediado y no la castración total de este o el exterminio de las aves.

En conclusión y a la espera de las posturas encontradas que derivarán de esto, el tema no puede ser dejado de lado, donde poner en una balanza las implicaciones de prácticas tajantes y prohibicionistas debe replantearse en favor del resultado más pertinente para un contexto complejo y en el cual las buenas intenciones pueden derivar en escenarios catastróficos para los sectores implicados.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a evitar la prohibición de las peleas de gallos en todo el país ante los efectos adversos que derivarían de ella para la propia población y subsistencia de las especies implicadas, su efecto económico para las familias de criadores y los conflictos con la tradición que podrían derivar en su práctica de manera clandestina.

Notas

1 https://elpais.com/cultura/2018/04/06/actualidad/1523019831_244677.html

2 https://www.milenio.com/estados/murio-80-de-los-animales-de-circo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de BC, la SSPC, la Semar y la Sader, a través de la Conapesca a implantar acciones que garanticen la seguridad pública y solucionen los conflictos acontecidos en los últimos meses entre las cooperativas pesqueras que han recibido amenazas por grupos de la delincuencia organizada, causantes de la muerte de Diego Jiménez, a cargo de la diputada María del Carmen Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de agosto en la Comisión Permanente, presenté una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Baja California, la Secretaría de Marina, la Secreta de Seguridad Ciudadana y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a fin de atender los conflictos provocados por grupos delincuenciales y enfrentamientos entre cooperativas pesqueras, suscitados desde hace varios meses en San Carlos, delegación de Rosario en Baja California y que han desencadenado una serie de disputas entre pescadores que legalmente ejercen su actividad en campos pesqueros contra otros aglutinados en ciertos grupos de choque que, de manera ilegal, pretenden apoderarse las zonas sin contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Conapesca, dependencia encargada de otorgar las concesiones para realizar la actividad de manera legal de varias especies, entre las que destaca la langosta, cuya importancia gastronómica representa una fuente de sustento para cientos de pescadores de la zona.

En el punto presentado durante el pasado mes de agosto, se explica detalladamente la problemática. Sin embargo, el punto mencionado se encuentra en revisión por la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales y la de Justicia, quedó en condición de pendiente. Las consecuencias de no haber atendido la urgencia de la propuesta anterior, aun cuando en el cuerpo de la propuesta se expone en varias ocasiones la violencia con la que se conduce la Sociedad Cooperativa Ensenada, ha sido el lamentable fallecimiento del dirigente pescador, Diego Jiménez Aguilar, asesinado el 2 de noviembre durante el ataque que sufrieron los pescadores del campo pesquero San Carlos en Rosario, Baja California, por parte de hombres armados, presumiblemente, pertenecientes a la Sociedad Cooperativa Ensenada.

Este ataque fue perpetrado por la razón expuesta anteriormente: el control y la explotación de la langosta roja, recurso natural que se ha visto afectado por la depredación de varios grupos que de manera ilegal buscan explotarla para su comercialización.

Los grupos de pescadores regulares, con los permisos de Conapesca, han defendido su derecho a la explotación y grupos delincuenciales, reconocidos como miembros de cárteles, buscan el control de la explotación ribereña, pasando por encima de las instituciones, esto ha dado paso a un conflicto donde los principales afectados han sido las comunidades pesqueras y ahora la consecuencia es la pérdida de vidas humanas de hombres comprometidos con sus organizaciones.

Durante los últimos meses, la que suscribe ha solicitado la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana, y del gobernador del estado, tras las agresiones, extorsiones y amenazas de muerte por parte de la Sociedad Cooperativa Ensenada que desplazó de manera violenta a legítimos pescadores de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC). Sabemos que el grupo que ha atacado a los pescadores, manifiesta pertenecer a una empresa de seguridad privada denominada “Crecimiento Jalisco” y estar bajo las órdenes de la Sociedad Cooperativa Ensenada, quiénes haciendo uso de violencia, nuevamente irrumpieron al campo pesquero de San Carlos amedrentando y atacando a los pescadores.

Ante estos hechos y los narrados en la propuesta mencionada con anterioridad, es inconcebible que no hayan tomado cartas en el asunto las instancias responsables tanto el gobierno del estado de Baja California, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Conapesca, sin investigar los delitos que diariamente se cometen contra los pescadores ribereños por explotar una especie natural, permitiendo a delincuentes actuar de manera impune violentando el estado de derecho.

Es claro que en el pasado han existido vínculos con la delincuencia organizada y al parecer aún existen servidores públicos con la intención de hacerse de la vista gorda, sea por miedo, sea por colusión. Ante estos hechos, solicito del gobierno del estado de Baja California, de inmediato, intervenga para dar solución a los pescadores ribereños y termine con el conflicto, asegurándoles seguridad conforme a derecho corresponda. En mi carácter de diputada federal, exhorto al gobierno del estado para que realice las gestiones necesarias para instalar una mesa de diálogo entre las partes involucradas y las dependencias ligadas al sector como la Conapesca y hacer valer el derecho de los pescadores ribereños e impedir la ilegalidad de la explotación de langosta roja sin permisos, pues como hemos visto, ahora lamentamos pérdidas humanas.

Exhortamos también a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Pesca para que se ejecute el juicio que se ganó en tribunales del retiro de la concesión a la Cooperativa Ensenada por todos estos actos ilícitos y violencia que ha generado desde hace años en la zona. Así también se exhorta a la Fiscalía General de la República a fin de atraer el caso para realizar las investigaciones pertinentes toda vez que se presume que la Cooperativa Ensenada, presumible responsable del asesinato de Diego Jiménez, pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada. Un gobierno emanado de la 4T está obligado a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social de la región.

Compañeras y compañeros legisladores, como pueden constatar esta situación es alarmante para todos, es sumamente grave la violencia que prevalece, que se asesine a los pescadores por realizar su trabajo y obtener el sustento para sus familias, como ya lo había mencionado, es aún más preocupante que las instituciones y el gobierno del estado de Baja California, no se hagan responsables y sean omisos ante la ilegalidad ya que, desde hace varios años, se han interpuesto varías denuncias y las han mantenido congeladas sin darles trámite, así como las últimas dos denuncias interpuestas cuando los pescadores fueron agredidos en el mes de agosto en los campos pesqueros que también están retenidas sin darles procedimiento ni seguimiento. Se observa claramente la presunta complicidad del gobierno del estado y la fiscalía con los grupos delictivos y la Sociedad Cooperativa Ensenada que hoy ha dado cuenta de la vida a Diego Jiménez Aguilar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta al gobierno del estado de Baja California y a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina y de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Conapesca, para que de manera coordinada y en el uso de sus atribuciones, implementen acciones interinstitucionales con el objetivo de garantizar la seguridad pública y solucionar los diferentes conflictos y enfrentamientos acontecidos en las últimas semanas y meses entre las cooperativas pesqueras que han recibido amenazas por parte de grupos autodefinidos como parte de la delincuencia organizada con presencia en el estado, causantes de la muerte de Diego Jiménez.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General de la República para que valore la atracción del caso de la muerte de Diego Jiménez, con el fin de esclarecer los diferentes conflictos provocados por grupos de la delincuencia organizada en el estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las alcaldías de la Ciudad de México a fortalecer las acciones favorables al acceso de medios digitales para garantizar la educación libre y gratuita en tiempos de pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Guadalupe Ramos Sotelo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Guadalupe Ramos Sotelo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente ya se cuenta en la Ciudad de México con conexión a internet wifi gratuita distribuidos en todas las delegaciones, de acuerdo a los informes presentados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien inauguró el poste número 13 mil 694, constituyendo una importante cantidad de redes con conectividad gratuita en 94 espacios públicos y PILARES, con un radio de cobertura de 50 metros como máximo y su utilización no tiene límite de tiempo ni de contenido.

@C5_CDMX Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

Se ha mencionado que 20 personas pueden estar conectadas simultáneamente por cada poste y tiene una velocidad de 20 Mbps. Mismos que se puede ubicar de manera precisa cada uno de estos puntos de servicios de comunicación de telefonía local, larga distancia, proveedora de internet y servicios similares.1

Ya existen precedentes como en la Alcaldía Venustiano Carranza ofrece no solamente internet gratuito en más de 80 espacios abiertos como parques públicos y bibliotecas para facilitar el apoyo en las tareas escolares para los alumnos y familias sino también equipo de cómputo, con la debida sana distancia y cubre bocas, reciben asesoría y soporte técnico en el uso y aplicaciones tecnológicos.

Este tipo de medidas constituyen un apoyo económico a las familias, ya que los centros de servicio de internet, cómputo e impresiones, han caído en un abuso en sus cobros, existiendo espacios públicos que se pueden aprovechar tales como las explanadas de las alcaldías, plazas y parques, con todas las medidas sanitarias, respetando la sana distancia y los horarios, con el fin de evitar aglomeraciones, o bien bibliotecas, que cuenten con la debida de limpieza de espacios para protección de las y los usuarios, y disponibilidad de productos antibacteriales, y esta será una medida favorable, ya que con esta pandemia, en muchos hogares bajaron sus ingresos, ya sea por desempleo, disminución de salario o por pertenecer al comercio informal.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, nos reporta sobre los usuarios computadora, el 43.0 por ciento de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 millones). La proporción es menor en 8.3 por ciento comparada con los usuarios que había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los registrados en 2018. La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso marginal, al pasar de 44.9 por ciento en 2015 y 2018 a 44.3 por ciento en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales.

Y en el caso del internet, la misma encuesta estima que en 2019 hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1 por ciento de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8 por ciento). Gráfica 1 Población usuaria de Internet, 2015-2019 Nota: Porcentajes calculados respecto del total de la población de seis años o más.2

Y en éste año de 2020, ha sido imprescindible el confinamiento en los hogares, tanto de trabajo que se pueda realizar por línea como de los educandos de educación básica, media y superior, como una manera de disminuir la propagación de la pandemia Covid-19, y por lo tanto también surge la necesidad de utilizar los servicios digitales, y de ahí se manifiesta, la necesidad de disminuir la brecha digital que se produce sobre todo por su nivel socioeconómico, “lo que constituye una expresión particular de la desigualdad de oportunidades que prevalece en nuestro país”.3

Con base a la ENDUTIH 2019, Zamora (2020) resume que el 45 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” es usuaria de Internet. Este porcentaje contrasta con el de la población que se encuentra en el estrato socioeconómico “alto”, ya que 92 por ciento de este sector es usuario de Internet. En ese sentido, los hogares de estrato socioeconómico “bajo” que tienen computadora, pero carecen de conexión a Internet mencionan que no pueden adquirir el servicio por falta de recursos económicos (60.2 por ciento de quienes se encuentran en esta situación) y porque no hay servicio en su localidad (26.1 por ciento). En contraste, la principal razón esgrimida por el estrato socioeconómico “alto” fue la falta de interés o por considerar que no lo necesitan en su hogar (35.2 por ciento). Otra brecha digital relevante radica en los grupos etarios: el que menos utiliza Internet es la población que tiene 55 o más años con 34.7 por ciento, lejos del penúltimo lugar que ocupa la población que tiene entre 6 y 11 años (59.7 por ciento).4

Con ello, se observa la carencia de conectividad digital, por el estrato económico en el que se encuentran muchos hogares y se refleja la necesidad ante el actual confinamiento, de utilizan la computadora para conectarse a Internet, no obstante, los diferentes trabajos tanto escolares como laborales requieren la utilización de computadoras, impresoras e incluso escáner, y esto l imita el sano aprovechamiento escolar e incluso del cumplimiento laboral, lo que se puede traducir en una limitación al derecho a la Educación.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, fortalecer las acciones favorables a fin de facilitar el acceso de medios digitales, para garantizar una educación libre y gratuita en tiempos de pandemia Covid-19

Notas

1 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/
ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?location=10,19.3515,-99.1484

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/ENDUTIH_2019.pdf

3Zamora Saenz, Itzkuauhtli (2020) “Accesibilidad y uso de Internet en México. La ENDUTIH a la

luz de Covid-19” (Visor Ciudadano 70), Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, CDMX, 24 p.

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Guadalupe Ramos Sotelo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la FGR y la SSPC a reforzar la prevención, vigilancia, investigación y sanción de actividades relacionadas con el tráfico ilegal de especies animales derivadas de la continuación y expansión del crimen organizado en aquéllas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para reforzar de manera significativa las labores relacionadas a la prevención, vigilancia, investigación y sanción de actividades relacionadas al tráfico ilegal de especies animales derivado de la continuación y expansión del crimen organizado en dichas actividades delictivas y las implicaciones de ésta actividad como ha quedado claro durante la pandemia del Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La diversidad de actividades delictivas conlleva problemas respecto a las medidas políticas y jurídicas que pueden ser usadas en favor de evitar su proliferación. Casos de violencia, tráfico ilegal de mercancías y extorsiones, muestran que los medios y las formas con las que se cometen tienen una constante innovación por parte de los delincuentes, donde las acciones gubernamentales y las labores legislativas deben estar constantemente actualizadas.

Concretamente, la pandemia ha puesto a disposición del crimen una situación inusual en la que la falta de presencia en diversos espacios cotidianos de una parte significativa de la población, implicó cambios en sus prácticas, pero no en sus objetivos.

En este sentido, el problema del tráfico animal y la afectación hacia los ecosistemas no se detuvo con el inicio de la emergencia sanitaria, sino que mutó en sus maneras de operar en relación con un contexto de un detenimiento general de actividades alrededor de todo el mundo y abrió nuevas brechas para el crimen organizado, donde la proliferación de mercados ilícitos en línea1 y el incremento en la prohibición de la comercialización de especies2 –generando un atractivo para el tráfico ilegal–, son ejemplos tajantes de cómo dicha actividad no se ha detenido durante éste periodo.

Por otro lado, si tomamos en cuenta que una de las hipótesis más sólidas respecto al origen de la pandemia se relaciona con el consumo de especies exóticas –siendo 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes de origen animal3 según información de la Organización de las Naciones Unidas–, es real la preocupación en torno a su continuación y potencial incremento derivado de la merma en la vigilancia del gobierno en materia ambiental.

En los hechos, entre 1999 y 2018, se han incautado alrededor de 6 mil especies por parte de agencias alrededor del mundo, donde más allá de los motivos posibles para su tráfico –como las creencias alrededor de su uso mágico, medicinal o sexual–, sus consecuencias y formas de funcionar han tenido un efecto significativo para la preservación de nuestros ecosistemas y han derivado en problemas que impactan directamente la salud de las personas.

Sumado a esto, con los problemas originados por el confinamiento, al igual que el detrimento en el plano organizacional y económico que tendrá la operación del gobierno federal –consecuente a la potencial falta de financiamiento de las labores ambientales por motivo de la desaparición de fideicomisos4 y el recorte general de los presupuestos del gobierno federal5 –, resulta indispensable que las labores continúen y se refuercen, ya que perpetuar medidas contraproducentes no solamente implica problemas presentes, sino la puesta en juego del futuro de nuestro país.

Por lo tanto, exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para reforzar de manera significativa las labores relacionadas a la prevención, vigilancia, investigación y sanción de actividades relacionadas al tráfico ilegal de especies animales derivado de la continuación y expansión del crimen organizado en dichas actividades delictivas y las implicaciones de éstas como ha quedado claro durante la pandemia del Covid-19, es sumamente pertinente y deberá ser prioritario en los objetivos a corto plazo en materia ambiental.

A sabiendas de que éste mercado es uno de los más atractivos para el crimen organizado trasnacional, la tarea no es ni será fácil. Por ello, comprometer estas labores y no darle su justa dimensión es un problema grave, donde la tendencia a la disminución de las labores gubernamentales no puede afectar labores tan trascendentales para la preservación del bienestar general de nuestros ecosistemas y la población en general.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para intensificar las campañas en medios masivos de comunicación enfocadas al combate contra actividades relacionadas al tráfico ilegal de especies animales derivado de la continuación y expansión del crimen organizado en dichas actividades delictivas y las implicaciones de éstas como ha quedado claro durante la pandemia del Covid-19.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para reforzar de manera significativa las labores relacionadas a la prevención, vigilancia, investigación y sanción de actividades relacionadas al tráfico ilegal de especies animales derivado de la continuación y expansión del crimen organizado en dichas actividades delictivas y las implicaciones de éstas como ha quedado claro durante la pandemia del Covid-19.

Notas

1 https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-04/Special%20Analy sis%20COVID19%20and%20IWT.pdf

2 Ídem

3 https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/
2020_04_Pandemia_prevenir_combate_trafico_VidaSilvestre.html

4 https://www.proceso.com.mx/653440/fideicomisos-incertidumbre-sobre-el-d estino-de-los-recursos

5 https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/07/07/con-los-recor tes-presupuestales-al-medio-ambiente-mexico-compromete-su-futuro/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y la Segob a crear el observatorio nacional de la violencia contra la mujer y la familia, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida1 . Además, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se tiene el registro de que 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son de mujeres y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres que también sufren violencia. Asimismo, 66 por ciento es por violencia física y 22 por ciento por violencia psicoemocional2 .

Derivado del aislamiento, ocasionado por la pandemia del Covid-19, hemos visto un aumento muy importante en el número de casos de violencia de género y familiar. El estar durante semanas e inclusive meses dentro de un hogar ha generado un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de distintas expresiones de violencia. Tanto la violencia familiar como la violencia de género representan cadenas sociales y emocionales difíciles de romper, de superar, dolorosas durante su proceso y dañinas durante su término.

Resultado de esta realidad, la figura de un observatorio resulta extremadamente valiosa para poder combatir este problema y generar políticas públicas y acciones gubernamentales encaminadas a combatir estas dos modalidades de violencia. El objetivo de la creación del observatorio nacional de la violencia contra la mujer y la familia es que este organismo se encargue de coordinar acciones encaminadas a erradicar la violencia de género y familiar a través de la creación de propuestas novedosas de políticas públicas, así como el monitoreo minucioso y especializado de las cifras e indicadores relacionados con estos fenómenos.

La creación del observatorio que se propone en este punto de acuerdo, representaría un hecho histórico para la lucha en contra de la violencia contra la mujer y la familia ya que resultaría en un esfuerzo interinstitucional y ciudadano por combatir este problema desde una perspectiva diferente. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, que lamentablemente en nuestro país una práctica extendida. Al estar tan arraigada en miles de familias mexicanas se necesita de un instrumento dedicado y especializado en estos temas, el cual se pueda vincular con distintas dependencias gubernamentales para combatir el problema de forma integral.

Todos hemos sido testigos de las secuelas psicológicas y los daños físicos y de salud que generan tanto la violencia contra la mujer y la familia. Ante el preocupante aumento que hemos visto en los últimos meses, es cada vez más necesario y urgente entender este fenómeno y combatirlo con toda la fuerza del Estado.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a crear en coordinación con ambas instituciones el Observatorio Nacional de la Violencia contra la Mujer y la Familia.

Notas

1 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/viol encia-contra-las-mujeres

2 https://forojuridico.mx/crece-la-violencia-intrafamiliar-en-mexico-por- el-covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar seguimiento puntual a la salud física, mental y emocional de las personas que se han contagiado de Covid-19, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Esta semana, los casos acumulados de contagios por Covid-19 en México llegaron a 895 mil 326 casos. Prácticamente todos los estados y municipios del país han reactivado la mayoría de las actividades económicas y cada vez son más los mexicanos que regresan a su lugar de trabajo. A pesar de que hemos visto a nivel nacional una disminución en el número de casos que necesitan hospitalización, los números muestran un importante aumento en el numero de casos positivos. Además, en las últimas semanas hemos visto una importante alza en el número de personas que son dadas de alta de los centros de salud o terminan su periodo de aislamiento después de haber resultado positivos a la prueba.

Hoy existen pocas dudas de que la pandemia y las medidas tomadas para combatirla han tenido un claro impacto psicológico sobre las personas que resultan positivas. En el plano psicológico, distintos estudios muestran como un gran número de personas que han sido contagiadas por el Covid-19 han desarrollado cuadros clínicos de ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia y miedo. Aún cuando las personas superan la enfermedad, las secuelas psicológicas pueden persistir por meses y tener afectaciones en la vida diaria de las personas.

A pesar de que al inicio de la pandemia se estimó que los efectos del virus se limitaban a producir aflicciones pulmonares, hoy en día sabemos que la infección por Covid-19 puede producir una amplia gama de enfermedades y secuelas como el deterioro en las funciones cardiacas, renales y neurológicas. Además, un gran número de personas han desarrollado síntomas como caída del cabello, debilidad generalizada, fatiga o disnea aún después de varios meses de haber superado la enfermedad.

Por estas razones, es necesario que la Secretaría de Salud dé seguimiento puntual a las secuelas que tienen las personas que padecieron Covid-19 mediante áreas de atención especial. El gobierno federal no se puede limitar solamente a salvar la vida de las personas que padecen esta enfermedad sino que también debe garantizar un proceso de recuperación holísitico el cual garantice el bienestar global de todos los pacientes.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, a dar seguimiento puntual a la salud física, emocional y mental de las personas que se han contagiado del virus Covid-19 para garantizar la recuperación global de todos los pacientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2020.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)