Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5664-XIV, miércoles 2 de diciembre de 2020
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guerrero a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la sección II, “De los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, de la Constitución Política local, a fin de garantizar una vida digna a los pueblos originarios de la entidad, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares, diputada integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país pluricultural de enorme diversidad étnica, con grandes tradiciones y costumbres, mismas que son reconocidas a nivel mundial por su colorida cultura e historia, todo esto gracias al conjunto de las tradiciones y costumbres emanadas de los pueblos y comunidades originarias que se encuentran en todo el país.
Esto debería ser motivo de orgullo nacional y debe ser obligación del Estado cuidar de éstas. Desgraciadamente, la realidad de muchos pueblos originarios ha sido compleja y ha enfrentado muchas adversidades para reconocer su derecho a una vida digna. Para esto mencionaré los siguientes hechos históricos.
Desde que, en 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy es conocido como continente americano, comenzaron abusos sistemáticos hacia los miembros de las comunidades originarias de la región, situación que aún persiste.
En el caso de México, todo inició a partir de 1521, fecha de la caída de Tenochtitlan. Durante la conquista, periodo caracterizado por durar casi 300 años, inició el sometimiento, la esclavitud y despojo de tierras a los habitantes nativos de nuestra región. También, los españoles traficaron con tribus de origen africana trayéndolos a México como esclavos, dando paso a lo que hoy conocemos como comunidades afrodescendientes
Posteriormente, durante la guerra de independencia, José María Morelos y Pavón firmó y declaró Los sentimientos de la nación, documento que abolía la esclavitud. Desgraciadamente, a pesar del documento emitido y de alcanzar la independencia nacional, no se logró que se respetaran las tierras, la soberanía e incluso la libertad de los pueblos originarios.
Alcanzada la independencia nacional, México enfrentó durante todo el siglo XIX una serie de intervenciones extranjeras y luchas por el poder que afectarían la estabilidad política del país. Esta situación afectaría todavía más la condición de vida de los pueblos originarios. Incluso, pobladores de las comunidades eran reclutados como soldados de primera línea o “carne de cañón” durante la mayor parte de las guerras en ese periodo.
Luego, durante la Revolución Mexicana, con la participación de Emiliano Zapata y su Ejército Libertador del Sur, el cual combatió en los estados de México, Morelos, Guerrero y Puebla, las comunidades indígenas exigieron sus derechos al reivindicar las frases: “Tierra y Libertad” y “La tierra es de quien la trabaja”. Sin embargo, durante la etapa postrevolucionaria, no hubo ningún marco jurídico en la constitución mexicana para garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos originarios.
Finalmente, en 1989, con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, se llegó a una profunda reflexión de los abusos que han vivido los pueblos indígenas de la región. De este modo, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en el cual se protegen diversos derechos de los pueblos originarios, entre ellos la pertenencia de las tierras y territorios, así como el respeto a sus sistemas normativos.
Este acontecimiento, fue un gran avance en el reconocimiento a las formas de vida de las comunidades originarias, garantizando sus derechos para el fortalecimiento de sus identidades culturales, formas de vida e instituciones propias.
En México, el reto de una república democrática y garante de los derechos humanos, es la erradicación de los abusos y marginación de sus pueblos originarios, que no solo requiere de recomendaciones de distintos organismos autónomos, si no de iniciativas y proyectos de ley donde sean realmente partícipes estos pueblos.
Bajo ésta premisa, en enero de 2019, representantes de pueblos originarios de Guerrero, de organizaciones sociales junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Guerrero y diputados locales, trabajaron en conjunto para la conformación de un parlamento abierto, que pudiera proponer una reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad.
En ese tenor, durante septiembre y octubre del mismo año, se realizaron 10 foros de consulta ciudadana que contaron con la representación de las principales etnias de Guerrero como nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos.
De esta manera, se llegó a la conclusión de la necesidad de garantizar los derechos de los pueblos originarios en la Constitución Política de Guerrero, dándole un sustento jurídico a sus formas tradicionales de gobierno.
En consecuencia, con la realización de los foros de consulta en la que participaron los pueblos originarios, se elaboró el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Lo anterior, con el fin de proceder correctamente y respetando el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que señala lo siguiente:
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.”
Al tenor de lo ya mencionado, la iniciativa prevé la solución a diversos conflictos gravemente arraigados a lo largo de la historia, al integrar una nueva estrategia de consulta ciudadana e inclusión Estatal, mediante una eficaz consulta desde el momento de la realización de las reformas mencionadas hasta su entrada en vigor.
Desgraciadamente, todo el esfuerzo de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios anteriormente descrito ésta en peligro de ser ignorado, pues la propuesta de dictamen para reformar diversos artículos de la sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se encuentra congelada en la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso de Guerrero, alegando argumentos carentes de sentido.
Por lo cual, el 14 de mayo del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al honorable Congreso de Guerrero a que apruebe el proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversos artículos de la sección II de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El exhorto tiene como objetivo que el Congreso realice los mecanismos necesarios en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal, para generar la normativa que garantice las formas internas de convivencia y organización social, económica, cultural y política de los pueblos indígenas y afromexicanos.
De ser reconocidos sus derechos, los pueblos originarios y comunidades afromexicanas tendrán más posibilidades de fortalecer las estructuras propias de gobernanza y, por ende, de acceder a una vida digna, derecho establecido en el artículo segundo, inciso a), de la Carta Magna.
En este contexto, es importante señalar que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades es una necesidad impostergable, pues se trata de revertir, en parte, la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos originarios.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en ejercicio de mis facultades como representante popular, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Guerrero para que dictamine el proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversos artículos de la sección II de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la Constitución Política del estado de Guerrero, a fin de garantizar una vida digna a los pueblos originarios de aquella entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2020.
Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a integrar un grupo plural e interdisciplinario encargado de analizar la necesidad de legislar sobre el uso obligatorio de cubrebocas para prevenir contagios por pandemias como la del Covid-19, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para integrar un grupo plural e interdisciplinario, encargado de analizar la necesidad de legislar en materia de uso obligatorio de cubrebocas para la prevención de contagios por pandemias como la Covid-19, y también a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que organice un parlamento abierto a fin de legislar en la materia, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a los gobiernos el uso generalizado de cubrebocas en áreas públicas, con la finalidad de ayudar a reducir la propagación de la pandemia de Covid-19.
La recomendación hecha por la OMS, sobre el uso generalizado del cubrebocas, se sustenta en estudios realizados por el propio organismo internacional; los cuales, muestran que los cubrebocas o mascarillas contribuyen a reducir el riesgo de transmisión viral. En entrevista para Reuters Maria Van Kerkhove, experta técnica de la OMS sobre Covid-19, señaló:
Estamos aconsejando a los gobiernos alentar que el público en general use una mascarilla. Y especificamos una mascarilla de tela, es decir, una mascarilla no médica.
Tenemos nuevos hallazgos de investigación. “Tenemos evidencia ahora de que si esto se hace apropiadamente, puede proporcionar una barrera... para las gotitas potencialmente infecciosas”.
En el sitio web de la propia OMS, se recomienda protéjase a sí mismo y a los demás, mediante la adopción de medidas de precaución, como son:
1. El distanciamiento físico.
2. Llevar mascarilla .
3. Ventilar bien las habitaciones.
4. Evitar las aglomeraciones.
5. Lavarse las manos.
6. Cubrirse la boca y la nariz, al toser, con el codo flexionado o con un pañuelo.
En lo que se refiere al uso del cubrebocas o mascarilla, el organismo hace ver la necesidad de normalizar su uso en lugares públicos y en la convivencia social. Incluso, se hace mención de la forma correcta de colocarse el cubrebocas, para disminuir los riesgos de infección y garantizar su eficiencia, para lo cual, se recomienda:
• Lávese las manos antes de ponerse el cubrebocas, y también antes y después de quitárselo.
• Asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón.
De igual manera, se indica sobre los tipos de mascarillas o cubrebocas que se deberán usar en función de la magnitud de circulación del virus, el lugar al que se pretende asistir y las condiciones particulares de cada persona, recomendando:
• Utilizar mascarilla de tela, a menos que se pertenezca a un grupo de riesgo determinado. Especialmente cuando no se pueda mantener la distancia física, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados.
• Utilizar una mascarilla médica/quirúrgica si:
- Es mayor de 60 años
- Tiene enfermedades preexistentes,
- Se siente mal y/o
- Está cuidando a un miembro de la familia enfermo.
La OMS señala que el Covid-19 se contrae por contacto con otra que esté infectada por el virus, en su sitio web se indica:
La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.
La principal forma de propagación de la Covid-19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con Covid-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre.
Son diversos los estudios que indican que el uso generalizado de cubrebocas en lugares públicos reduce significativamente el número de contagios de coronavirus, además de reducir los brotes de la enfermedad.
Así lo muestra un estudio de Cambridge y Greenwich, publicado en “Proceedings of the Royal Society”, el estudio demuestra que con un uso masivo de cubrebocas se lograría mantener el número R por debajo del 1.0, evitando nuevos brotes de contagios.
La investigación concluye que incluso las mascarillas hechas en casa pueden reducir de forma sustancial la tasa de transmisión si se generaliza su uso, en lugar, de limitar su uso a las personas con síntomas de Covid-19.
Las autoridades federales de nuestro país han optado por limitar el uso del cubrebocas solo para enfermos por Covid-19 y personal médico.
Dado que el coronavirus se trasmite al respirar partículas que contienen el virus que exhalan personas infectadas cuando hablan, tosen o estornudan, el estudio encontró que si toda la población usa cubrebocas con un 75 por ciento de efectividad, se podría reducir un número R muy elevado de 4.0 a uno por debajo del 1.0, incluso sin medidas de confinamiento.
Un estudio más del Premio Nobel de Química, Mario Molina, concluye que el uso de cubrebocas, cuando se realizan actividades públicas, reduce la propagación del Covid-19.
El estudio señala que el Covid-19 viaja por el aire en partículas muy pequeñas que miden menos de dos micras y media, a pesar de su tamaño, la mascarilla probó su eficacia al evitar que el virus entrara a las vía respiratorias de las personas que la usan adecuadamente.
A pesar de las numerosas evidencias científicas que sustentan los beneficios que trae el uso del cubrebocas, el ejecutivo federal y su gobierno, desde el inicio de la pandemia, han desestimado su eficacia.
Así, el 3 de abril, cuando los casos positivos de Covid-19 en México eran mil 688 y el número de defunciones 60, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaró, “las mascarillas o cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad”.
El 24 de julio, el titular del Ejecutivo federal, cuando ya la OMS y varios estudios recomendaban el uso obligatorio de cubrebocas como una medida efectiva para controlar la propagación de la pandemia, declaraba:
“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”.
Cabe señalar que, ya para el 24 de julio se contabilizaban 378 mil 285 infectados y 42 mil 642 muertos por Covid-19, solo ese día se registraron 7 mil 573 nuevos casos y 737 decesos por coronavirus. A pesar de que estábamos ya en la meseta de contagios, en la cual hemos permanecido los últimos seis meses, el Ejecutivo federal sigue negando la importancia del cubrebocas para el control de la pandemia.
Hoy, con más de un millón 100 mil infectados y más de 105 mil muertos a causa de la pandemia, según cifras oficiales, se insiste en negar la utilidad de hacer obligatorio el uso del cubrebocas.
Justo cuando estamos entrando a la época invernal y se observa un aumento en el número de contagios y muertes, las autoridades federales insisten, en negar de la eficacia comprobada del uso generalizado del cubrebocas para disminuir los contagios por Covid-19 y controlar la epidemia.
El 3 de noviembre pasado, el Ejecutivo federal señalaba, que no se pone cubrebocas porque no está infectado de Covid-19.
Apenas, el pasado 16 de noviembre nuevamente indicaba que, hacer obligatorio el uso de cubrebocas entre los ciudadanos, era una medida autoritaria y represiva, señalando:
“No vamos a usar la fuerza, nada será obligatorio en cuanto a la pandemia”.
Lo anterior, en alusión a las disposiciones tomadas por los gobiernos de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Nuevo León, quienes responsablemente habían determinado obligar a sus ciudadanos a usar cubrebocas en lugares públicos.
Bajo esta premisa de la negación institucional, somos testigos de los más grotescos espectáculos, como el registrado en el INE por un diputado federal que se negó a usar cubrebocas.
Otro acontecimiento que atestigua el negacionismo institucional del gobierno federal, lo presenciamos cuando el responsable del Consejo de Salubridad General viajó a Estados Unidos para apoyar la campaña de reelección del presidente Trump, fue una de las contadas ocasiones en que se ha visto usar cubrebocas, a la máxima autoridad sanitaria del país, ilustra el poco o nulo compromiso que tiene por salvaguardar la salud de los mexicanos.
Es evidente que la actual administración federal se ha dedicado a politizar el uso del cubrebocas, en un primer momento, para cubrir su ineficiencia pues no se previó su compra anticipada y/o se prefirió ahorrar dinero para destinarlo a los proyectos personales del Ejecutivo federal.
En este sentido, los presentes puntos de acuerdo buscan que la Junta de Coordinación Política junto con la Comisión de Salud, ambas de la Cámara de Diputados, trabajen en poner las bases para legislar en materia del uso obligatorio del cubrebocas, con la finalidad de que nunca más se politice una decisión tan delicada para la salvaguarda de la salud de los mexicanos.
De no hacer nada al respecto, seremos cómplices, por omisión, del pésimo manejo que el gobierno federal se encuentra haciendo de la pandemia.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades y atribuciones, integre un grupo plural e interdisciplinario, encargado de analizar la necesidad de legislar en materia de uso obligatorio de cubrebocas para la prevención de contagios por pandemias como la Covid-19.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que organice un parlamento abierto a fin de legislar en materia de uso obligatorio de cubrebocas para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Referencias
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-corona virus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
q-a-coronaviruses?gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dwNENDuGZTOjlg2w-
Ek9qOaq9uV5pH2qgfigKsMbmkxHswRPwaaUwxoCScYQAvD_BwE
https://royalsocietypublishing.org/journal/rspb
Dado en la Cámara de Diputados, a 2 de diciembre de 2020.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a aprobar el dictamen, aprobado por esta soberanía el 29 de octubre de 2019, que reforma el párrafo tercero y deroga el cuarto del artículo 381 Ter, y adiciona el artículo 381 Quinquies del Código Penal Federal, en materia de abigeato, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
La ganadería se define como la actividad económica que consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento como alimento o insumo en ciertas actividades industriales.1
En México es una de las actividades productivas más dinámicas en el medio rural. La ganadería puede ser extensiva, intensiva y de autoconsumo, existen varios factores que influyen para un buen desarrollo de los animales como el relieve del suelo, acceso a fuentes de agua, un clima adecuado en cuanto a humedad y temperatura, así como la vegetación y los forrajes que se utiliza para su alimentación.
La ganadería es una de las fuentes más importantes de alimentación, la cría de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves, nos obsequia carne, leche y huevos alimentos que se consumen en grandes cantidades en México, lo que nos brinda la oportunidad de gozar de una alimentación rica y saludable.2
En México, 110 millones de hectáreas a las producción ganadera en 1.1 millones de unidades de producción.3
La producción de alimentos pecuarios cada vez es más importante en el contexto de la satisfacción de la demanda creciente de alimentos en el mundo.
México es el séptimo productor mundial de proteína animal, esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector.4
Las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron 13.9 por ciento anual en mayo de 2018, a 532.9 millones de dólares, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.5
Por lo que somos un importante exportador de carne de res, principalmente a Estados Unidos, que es el principal importador del mundo y por la cercanía que tenemos con ellos es un mercado estratégico para nosotros, pero también para ellos, ya que México es su tercer proveedor de carne.6
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, los otros tipos de proteína animal que tuvieron alza fueron el huevo para plato con 2.2 por ciento y la producción de leche de bovino con 1.7 por ciento. Jalisco se colocó como la entidad con mayor aportación en ambos sectores.
El Indicador Global de la Actividad Económica que realiza el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, muestra que, en 2020, la producción de carne en canal de ave, bovino, porcino, leche de bovino y huevo presentó saldos anuales positivos, lo cual representa un aumento anual de 2.9 por ciento, México alcanzó las 163 mil 448 toneladas de carne bovina.
La ganadería mexicana es una actividad fundamental en la economía rural y es un soporte importante en el proceso de captación de divisas que requiere nuestro país, tanto por la exportación de ganado en pie como de productos procesados.
No obstante, el sector ganadero se encuentra preocupado por la reciente desaparición de animales, los ganaderos denunciaron el incremento de robo de ganados, donde en los mismos potreros ingresan a los terrenos o domicilios de estos para destazar al ganado, llevándose todo para su venta en carnicerías, dejando solamente las vísceras y patas del ganado.
Con base a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, en los primeros seis meses de 2020, se registraron 12 robos de ganado a nivel nacional diariamente, lo cual nos deja a unas semanas de terminar el año con cifras que podrian superar los cuatro mil delitos cometidos en esta materia.
Cabe señalar que cada robo reportado no corresponde sólo a una pieza, ya que en cada acto delictivo consiste en la sustracción de al menos diez animales. Cada vaca se estima en un costo de 25 mil pesos, y el toro alcanza costos de hasta 60 mil.
El estudio realizado con los datos que mensualmente ha proporcionado el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas llamado “La consolidación de los registros y estadísticas delictivas en México” indica que de 2015 a 2017, se realizaba el robo de ganado sin violencia.
Sin embargo, a partir de enero de 2018 con base en los registros del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo al Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas, se empezaron a registrar robos de ganado con violencia, esto genera un estado de alerta, ya que va en aumento y ahora se realiza con violencia, afectando gravemente al sector ganadero.
Casi siete millones de mexicanos que cada día se enfrentan a los robos constantes de su ganado, el precio de cada res y caballos, ronda entre 10 y 20 mil pesos, y los borregos desde cinco a 12 mil pesos dependiendo el peso. Al terminar con el abigeato estaremos también acabando con los rastros no oficiales, que mantienen la carne insalubre, es por esto que se debe garantizar el estado de derecho en la ganadería es indispensable sobre todo para los pequeños productores, quienes incluso llegan a perder su patrimonio familiar.
El delito de abigeato constituye un grave problema para el desarrollo económico del país porque atenta contra las actividades primarias y de autoconsumo de México.
Por este motivo, el pasado 29 de octubre de 2019 en la Cámara de Diputados aprobamos, con 406 votos, reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal; el objetivo es incrementar la pena de prisión por hasta 15 años, a quien cometa el delito de abigeato.
La adición establece que se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste: el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo; la legalización por sí, o por interpósita persona, de documentos que acrediten la propiedad del ganado, sin haber tomado las medidas indispensables para cerciorarse respecto de la procedencia legítima de los animales.
Asimismo, la expedición ilegal de la documentación requerida para la movilización de ganado conforme con las leyes aplicables y la autorización del sacrificio del ganado en rastros sin la acreditación de su procedencia legítima.
Aclara que la pena reviste un aspecto preventivo, tanto general como especial; el primero se dirige a quienes no delinquen, con la intención de que no lo hagan a través de una disuasión en la sociedad, y el segundo se enfoca a quienes delinquieron para evitar la reincidencia.
No obstante, este dictamen, que reforma el párrafo tercero y deroga el cuarto del artículo 381 Ter; y adiciona un artículo 381 Quinquies del Código Penal Federal, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales y no ha sido aprobado en el Senado, y miles de ganaderos se encuentran esperando esta modificación que sería de ayuda, ante la problemática que vive este sector día con día.
Por lo que este escenario empeora porque nuestro sistema jurídico, aun no considera como un delito grave el abigeato, es apto al pago de fianzas muy bajas, incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este delito.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados se exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2019, y remitido al Senado de la Republica, que reforma el párrafo tercero y deroga el cuarto del artículo 381 Ter; y adiciona un artículo 381 Quinquies del Código Penal Federal, en materia de abigeato.
Notas
1 “Población Ganadera en México” (en línea) Fecha de consulta 9 de noviembre 2020. Disponible en :
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412674/De scripci_n.pdf
2 “La Ganadería mexicana es generadora de riqueza” (en línea) Fecha de consulta 9 de noviembre 2020.Disponible en:
https://www.gob.mx/sader/articulos/la-ganaderia-mexicana -es-generadora-de-riqueza?idiom=es
3 Periódico El Economista, “La carne de res es mexicana” (en línea) Fecha de consulta 9 de noviembre 2020.Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-carne-de-res- es-mexicana-20171004-0154.html
4 “La Ganadería en México” (en línea) Fecha de
consulta 2 de marzo del 2019. Disponible en :
https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es
5 El Financiero, “México exporta 14 por ciento más de carne de res en mayo”, (en línea) Fecha de consulta 9 de noviembre 2020. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-exporta-14-mas-de-carne -de-res-en-mayo
6 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2020.
Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
Con motivo del 3 diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades, así como concientizar sobre su situación en el aspecto político, social, económico y cultural.
De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas señala que la marginación y vulnerabilidad social en la que se encuentra la población con discapacidad, le caracteriza las siguientes limitaciones: recibir educación; conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; tener acceso a la información; obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; desplazarse; y finalmente a integrarse en la sociedad y ser aceptados.
Lo anterior, es un indicador de que las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad han sido insuficientes y la gravedad es que tienen más riesgo de caer en la pobreza debido a la falta de oportunidades y condiciones.
Por ejemplo, en México, acorde a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se indica que existen alrededor de 7.1 millones personas con alguna discapacidad. Esta cantidad corresponde a 6 por ciento de la población total y finalmente señala que 7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo.
Como se puede observar, desde el Legislativo tenemos una deuda histórica con las personas con discapacidad, hemos fallado en destinar los recursos necesarios para reducir la enorme brecha de desigualdad que enfrentan cotidianamente y hemos fallado en la construcción de políticas públicas que mejoren su calidad de vida.
Ante ello, no podemos ser omisos, la responsabilidad del Estado es el de construir mecanismos institucionales que faciliten la participación de personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones.
Como se pude observar, los retos son enormes, por lo que “es indispensable recordar la urgencia de concientizar y reforzar las acciones encaminadas a promover una verdadera inclusión de las personas con discapacidad para así avanzar en legislaciones que mejoren su calidad de vida”.
Dado en Palacio Legislativo, el 2 de diciembre de 2020.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)