Iniciativas
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Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado federal Jorge Arturo Espadas Galván y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, la telefonía móvil se ha convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados en todo el mundo, esto debido a su fácil acceso e interacción entre las personas a través de los distintos canales con los que cuenta el mismo móvil y con características como la inmediatez, efectividad, interactividad, confidencialidad y seguridad que han revolucionado la vida social, la tecnología y la economía a nivel mundial.

Otra de las razones que ha contribuido en el aumento de demanda en los equipos electrónicos ha sido el crecimiento del uso del internet, así como de aplicaciones y tecnología en distintos ámbitos, entre los que destacan, la salud, educación, políticas públicas, entretenimiento, comercio y áreas laborales dando como resultado que cada vez son más las personas que se han incorporado a la sociedad mundial de la información y la era digital por lo amplios beneficios y oportunidades que las mismas brindan.

En el 2017, el número de usuarios con telefonía móvil alcanzó los 5 mil millones, aunque es necesario resaltar que el número de tarjetas SIM usadas por personas se elevó a 7 mil 800 millones, dando como resultado un total del 103 por ciento de los habitantes del planeta, superando por primera vez a la población mundial que, en ese entonces, era de 7 mil 600 millones de personas.

En el informe anual de Mobile Economy de la GSMA se prevé que se añadirán casi mil millones de usuarios de telefonía móvil en el año 2025, alcanzando a los 5 mil 900 millones de suscriptores, aproximadamente el 71 por ciento de la población mundial prevista para ese año. De igual manera, se espera que 5 mil millones de suscriptores utilicen sus teléfonos móviles para acceder a Internet, frente a los 3 mil 300 millones que hubo en 2017.

Como podemos observar, la telefonía celular para muchas personas ha dejado de ser una curiosidad o un accesorio de moda y se ha convertido en una herramienta útil de trabajo volviéndose un elemento indispensable en la vida de millones de personas en el mundo. Lamentable para otras personas es un método de extorsión o darle mal uso a la tecnología.

Debemos entender que la telefonía móvil es un servicio de conexión a la red telefónica pública mediante una red inalámbrica, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de originar y recibir llamadas telefónicas, así como también pueden enviar o recibir mensajes de texto (SMS) y tener acceso a internet.

En México, la telefonía móvil tiene dos modalidades para su servicio:

-Prepago, que funciona por medio de recargas periódicas y;

-Pospago, en la que se fijan montos y productos incluidos en el servicio.

Actualmente, en nuestro país existen 314 MHz asignados para la provisión de servicios de banda ancha móvil, esta cantidad espectral está distribuida entre los distintos operadores como: Telcel, AT&T, Movistar y Servicios de Acceso Inalámbricos (SAI).

Las generaciones de tecnología de telefonía móvil que se utilizan actualmente en México son GSM (2G), GPRS (2.5G), EDGE (2.75G), UMTS (3G), HSDPA (3.5G), HSUPA (3.75G), HSPA+ (3.9G) y LTE (4G), la tecnología (2G) presta los servicios de llamadas de voz; intercambio de mensajes de texto de hasta 140 caracteres; funciones de llamada como llamada en espera y llamadas en conferencia; baja transferencia de datos móviles para aplicaciones de mensajería como Whatsapp y correo electrónico, entre otras. Mientras que la tecnología (3G) presta todos los servicios incluidos en las redes 2G con mejora en la velocidad de transferencia de datos móviles, además de la introducción de nuevos servicios de localización, multimedia e internet, entre sus principales aplicaciones se encuentran: Sistemas de posicionamiento Global (GPS), navegación fluida en Internet, video conferencias, transacciones financieras, video a demanda, etcétera.1

En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del 2019 se determinó que en México se alcanzaron los 80. 6 millones de internautas y 86. 5 millones de consumidores de telefonía celular también se menciona en dicha encuesta sobre el aumento entre el año 2017 y 2019. Mientras en el primero, en las zonas urbanas el promedio de conectados mayores a 6 años de edad fue de 71.2 por ciento, en el 2019 aumentó a 76.6 por ciento y en las rurales de 39.2 a 47.7 por ciento.

Entrando a detalle con los datos proporcionados, los 80.6 millones de usuarios de internet (51.6 por ciento mujeres y 48.4 hombres) representan solo el 70.1 por ciento de la población de 6 años o más, teniendo un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto el año 2018, cuyo porcentaje fue de 65.8 por ciento y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015, año que el registro fue de 57.4 por ciento, claramente se ha tenido un aumento exponencial en el tema.

Dentro de las principales actividades que realizan los usuarios de internet en 2019 corresponden a:

-entretenimiento, 91.5 por ciento,

-obtención de información, 90.7 por ciento

-comunicación, 90.6 por ciento,

-operaciones bancarias, 16.8 por ciento

-compras en línea, 22.1 por ciento

En el año 2009 se implementó un mecanismo de registro obligatorio, en el cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), obligaba a los concesionarios a llevar un registro de todos los usuarios en cualquier modalidad de plan, en ese registro se debían poner, el nombre completo de quien contrataba, domicilio, nacionalidad, número correspondiente, comprobante de domicilio y huella dactilar; y con las personas morales: asentar la razón social, la cedula fiscal y el documento que acredite la contratación de servicios.

Con dicho registro se podía tener un control sobre lo contratado, y por tanto, se salvaguardaba la protección del servicio y se podía cooperar con las autoridades competentes para la investigación de alguna conducta delictiva.

Sin embargo, el registro únicamente funcionó por tres años, debido a que no cumplió con sus funciones originales como contribuir a la prevención e investigación de los delitos asociados al uso de teléfonos móviles,

La fácil obtención de un celular, así como de los SIM card ha provocado un aumento en los delitos y en la criminalidad del país.

En el Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones2 de 2017- 2018, se establecen los resultados de los estudios e investigaciones del desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Se hizo hincapié en que la mayoría ocurren dentro de los centros penitenciarios y las cifras son alarmantes para la población mexicana, de igual manera, en dichas reuniones se establecieron varios proyectos para salvaguardar la integridad de las personas y sobre todo la protección ante diversos delitos.

Sin embargo, está en nuestras manos como legisladores realizar los cambios correspondientes para que se lleven a cabo esas protecciones y poder garantizar la compra, venta y control adecuado de líneas telefónicas móviles y con ello contar con información viable en caso de algún delito.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adiciona inciso d), recorriendo los demás en su orden, del artículo 78, fracción VII, recorriendo los demás en su orden del artículo 118, un último párrafo al artículo 190 y las fracciones XXII y XXIII al artículo 191; y se reforma la fracción V del artículo 81, numeral II, incisos a) y c), numeral VI, numeral VII, del artículo 190, e inciso D, fracción V, de artículo 298, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 78. ...

I. Para el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones, el Instituto podrá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

a) a - c). ...

d) La seguridad en los usuarios y utilización del espectro electrónico;

e) La prevención de fenómenos de concentración que contraríen el interés público;

f) La posible entrada de nuevos competidores al mercado, y

g) La consistencia con el programa de concesionamiento.

II. ...

Artículo 81. El título de concesión para usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso comercial o para uso privado deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. a IV. ...

V. Los programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o social, de seguridad , de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal que, en su caso, determine el Instituto, para lo cual considerará las propuestas que formule anualmente la Secretaría conforme a los planes y programas respectivos;

VI. y VII. ...

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII. Asegurarse de la identidad de sus usuarios mediante identificación oficial y datos biométricos como la huella digital, sin estos datos no podrán prestar los servicios de telecomunicaciones establecidos en esta Ley.

VIII. Prestar sobre bases tarifarias y de calidad los servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios y demás condiciones establecidas en términos de esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario que proporcione servicios similares, el concesionario que preste servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá dejar de ofrecer la prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa del Instituto, y

X. Abstenerse de establecer barreras contractuales o de cualquier otra naturaleza que impidan que otros concesionarios instalen o accedan a infraestructura de telecomunicaciones en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble para uso compartido.

Artículo 190. ...

I. ...

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre, datos biométricos, denominación o razón social y domicilio del suscriptor o su representante legal;

b) ...

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago, así como identificación de su usuario o titular incluyendo datos biométricos;

d) a h) ...

...

...

...

...

El concesionario para otorgar servicios, equipos o dispositivos terminales móviles a suscriptores o usuarios deberá obtener la plena identificación de los mismos, mediante identificación oficial vigente con fotografía y la obtención de datos biométricos.

III. a V. ...

VI. Realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular y de aquellos cuyo titular no haya aportado identificación oficial y datos biométricos.

...

VII. Realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas o cuyo titular no se encuentre plenamente identificado ; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

VIII. a XII. ...

...

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I a XIX ...

XX. A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera un nuevo equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago del equipo, y

XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago mensual, la parte que corresponda al costo de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de este pago,

XXII. A solicitar y obtener la reactivación de su línea o el desbloqueo de su equipo cuando este se haya realizado por no estar plenamente identificado, para ello deberá aportar identificación oficial en copia y datos biométricos y;

XXIII. A no recibir ningún cobro adicional que no sea el expresamente especificado en el contrato y por los servicios específicamente contratados.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

A a C...

D) Con multa por el equivalente del 2.01 por ciento hasta 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado por:

I. a IV. ...

V. No establecer las medidas necesarias para garantizar la identidad de los usuarios, así como la confidencialidad y privacidad de sus comunicaciones;

VI. ...

VIII. ...

E. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En lo relacionado con el registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de un año para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente.

Tercero. El registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil deberá realizarse por los concesionarios de forma inmediata a partir de la entrada en vigor conforme lo establecido en el artículo primero transitorio.

Cuarto. Los concesionarios y las autoridades correspondientes deberán realizar campañas y programas informativos a los usuarios para incentivar la obligación de denunciar el robo y/o extravío de sus equipos celulares o de las propias tarjetas SIM para prevenir el uso ilícito de las líneas de telefonía celular móvil.

Notas

1 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Sabías que la telefonía Móvil...”, Disponible en línea:

http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-qu e-la-telefonia-movil, 03 de abril de 2020.

2 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. Disponible en línea:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-0 4-1/assets/documentos/Informe_IFT.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)

Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia de género se ha convertido en una problemática ante la que el Estado se encuentra obligado a actuar para proponer soluciones. Y, en esa voluntad de la autoridad para fortalecer nuestra composición social, resulta indispensable generar los mecanismos que permitan identificar las situaciones de violencia y actuar efectivamente de manera oportuna.

Se habla de violencia de género en todas sus formas, pero nos hemos quedado cortos en muchas ocasiones para generar acciones ante los problemas reales que viven las mujeres en nuestro país. Se habla muchas veces desde la posición de privilegio, descuidando los detalles en las normas que fomentan la violencia, y eso es justo lo que debe ser atendido de manera urgente.

Es indispensable puntualizar y rechazar la violencia en cada una de sus manifestaciones, sin embargo, resulta obligatorio el trabajo para otorgar herramientas que permitan atacar los puntos débiles en nuestras normas, para fortalecer de manera integral la estructura de derecho con una perspectiva de género.

En México, al menos 13.4 millones de mujeres han padecido de violencia económica en algún momento de su vida, es decir, 29 por ciento del total mujeres mayores de 15 años, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul, dispone en su artículo 3 que, por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica , incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define la violencia económica como toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Atendiendo el razonamiento anterior, es necesario entender que, a diferencia de la violencia física, en muchas ocasiones la violencia económica no deja una evidencia palpable, y es por ello que resulta complicado determinarla o atenderla de manera oportuna, sin embargo, existe, y es nuestra obligación atender las situaciones en donde podemos intervenir, para evitar que este comportamiento social se siga perpetuando, ya que en muchas ocasiones, es este tipo de violencia la que se presenta en la vida de las mujeres de una manera cotidiana y reiterada.

Ahora bien, en México se ha evolucionado en esta materia con leyes y códigos que buscan continuar con los preceptos legales contenidos en los tratados internacionales que se encargan directamente del combate hacia la violencia en sus distintas formas, y resulta claro que existe la voluntad de continuar avanzando, sin embargo, existe una ambigüedad en los preceptos que se encuentran contenidos en nuestra normatividad, que origina como consecuencia, la insuficiencia en los resultados obtenidos, con una aplicación incompleta de la ley.

Uno de los temas en donde las mujeres se ven vulneradas en mayor medida, y que no resulta tan evidente ante la sociedad y la autoridad como otras formas de violencia, tal y como lo expresamos en líneas anteriores, es el derecho a la pensión alimenticia, ya que en una gran cantidad de casos se ve vulnerada a tal grado, que se termina traduciendo en una moneda de cambio para las mujeres que se ven en la necesidad de tolerar abusos físicos, psicológicos o sexuales, con el objetivo de salvaguardar el alimento de sus hijos.

La figura de la pensión alimenticia provisional existe, pero no resulta obligatoria su aplicación, ya que queda a criterio del juez que conozca de los casos de violencia en cada juzgado civil, en análisis de cada situación, que en muchas ocasiones es imposible observar de manera completa.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla esta figura en su artículo 32, fracción V, que a la letra dice:

Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Ahora bien, de la lectura anterior, en el artículo citado se puede apreciar que esta medida, si bien es cierto es considerada protección de la mujer víctima de violencia, adolece al mismo tiempo, de las características que le podrían permitir ser aplicada de manera oportuna y eficaz, en el tratamiento de la violencia familiar, física y/o psicológica y por supuesto económica.

Es por lo anterior que proponemos que la fracción V existente sea elevada de rango, al nivel de medida de protección de emergencia, las cuales se contemplan en el artículo 29 de la misma ley, para que con ello le sea otorgado el carácter de obligatoriedad dentro de la norma, para que su aplicación se de en el resto de los ordenamientos y los juicios de procedimientos civiles, cuidando de esta manera la seguridad de los niños y de la mujer, evitando su estado de indefensión y la violencia económica de la que hemos hecho mención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración el siguiente proyecto:

Decreto

Único. Se modifica el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I al IV...

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica)

Que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de eliminación de la tasa para personas de bajos ingresos , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El impuesto sobre la renta (ISR) es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales (empresas) están obligadas al pago de este impuesto.

De acuerdo con la Ley del ISR (LISR), el pago está obligado a las personas que: residan en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México.

Como creó el gobierno federal esta carga fiscal fue introducida por Álvaro Obregón en 1921 mediante la Ley Centenario. En ese entonces, la tasa del impuesto era de entre 1.0 y 4.0 por ciento y se aplicaba sobre los ingresos brutos de mexicanos y extranjeros que tuvieran fuentes de ingreso en México.

Hoy en día, es imperante ayudar la economía de los mexicanos, ya que esta carga fiscal se aplica en casi todos los ingresos se les tiene que restar el impuesto como: Salarios percibidos; arrendamiento de inmuebles, así como su construcción y venta; actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos; ingresos por comercialización y/o fabricación; premios obtenidos.

En este contexto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al cuarto trimestre de 2019 menciona que la población económicamente activa,

“Durante el periodo octubre-diciembre del año pasado, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 57.6 millones (60.4 por ciento del total), cuando un año antes había sido de 56 millones (59.7 por ciento). El incremento de 1.6 millones de personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica.

Mientras que 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres, 45 de cada 100 están en esta situación.

Las comparaciones entre el cuarto trimestre de 2018 e igual lapso de 2019 de la Población Económicamente Activa y su división en población ocupada y desocupada se muestran en el siguiente cuadro”:1

“Al interior de la PEA es posible identificar a la población que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), la cual en el último trimestre de 2019 alcanzó 55.7 millones de personas (33.7 millones son hombres y 22 millones son mujeres), cantidad superior en 1.5 millones de personas a la del mismo periodo de un año antes.

Prácticamente la mitad de la población ocupada (50.1 por ciento) se concentra en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de estado); le siguen las localidades rurales (menores de 2 500 habitantes) donde se agrupa 20.9 por ciento de la población ocupada total; los asentamientos que tienen entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.9 por ciento, y finalmente, el resto de los ocupados (14.2 por ciento) residen en localidades de 2 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo)”.2

Por lo anterior, el gobierno federal publicó los salarios mínimos vigentes para el año 2020 en moneda nacional que deberán recibir los trabajadores por día.

El gobierno federal, organizaciones patronales y sindicales acordaron un aumento de 20 por ciento al salario mínimo a nivel nacional, y cinco por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte. Es decir que los trabajadores ganarán de “102.69 a 123.22 pesos diarios a nivel nacional, y de 176.72 a 185.56”3 en la frontera, donde ya se había aumentado al doble.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún es insuficiente el aumento al salario mínimo, sin embargo, puntualizó que no se puede realizar mediante un decreto presidencial, pues se deben cuidar las fuentes de trabajo y no caer en inflación, que por una parte el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está de acuerdo pero podemos modificar la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en la retención que se calcula aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario del trabajador, con esta modificación taza 0 por ciento a los que ganen un mínimo de $496.07 pesos al mes a un máximo de $10,298.35 mil peso al mes.

Reducir el ISR también nos dará ventajas competitivas en el comercio internacional, en especial después de la reforma fiscal realizada por nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América. Además, la decisión de reformar el ISR podrá traer inversión extranjera a México, así como aumentar la competencia con países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que abre puertas a nuestros productos en el mercado mundial.

Con esto se apoyará a las familias mexicanas y no genera un impacto presupuestal, ya que estos mismos contribuyentes tendrán un poco más de dinero para que puedan consumir productos y servicios el cual estimula la generación de una mayor recaudación de impuestos por el consumo detona la economía y genera empleos.

Por lo anterior, las circunstancias extraordinaria que el país está pasando con la llegada de la pandemia del Covid-19, es imperante una política fiscal urgente para el impulso a la actividad productiva, mediante una baja en las tasas de impuesto sobre la renta (ISR), para hacer frente a la contingencia global del efecto dominó por la crisis en China y el coronavirus.

Con este apoyo a los trabajadores, podrán mitigar el impacto económico tan grande, denominada crisis económica, el gobierno federal tendrá que tener miras de altura ante esta situación y una madures política para poder salir adelante.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de eliminación de la tasa para personas de bajos ingresos

Artículo Primero. Se reforma la tabla de tarifa mensual a que se refiere el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 96. ...

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

...

...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma la tabla de tarifa mensual a que se refiere el primer párrafo del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del capítulo II de este título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

...

...

...

...

Transitorios

Primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, actualizará de forma anual y con base en el índice de inflación, las cuotas mensuales y anuales de impuesto sobre la renta para personas físicas establecidas en el artículo 96 y 152 de la misma ley, las cuales se incluirán en la propuesta de miscelánea fiscal enviada al Congreso de la Unión en el paquete económico correspondiente.

Segundo. La reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boleti nes/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf

2 Loc. Cit.

3 https://www.gob.mx/stps/prensa/con-aumento-de-20-al-salario-minimo-para -2020-mexico-tiene-las-bases-para-crecer-afirma-presidente-lopez-obrado r-230226?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 50, 51 y 72 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por el diputado Juan Carlos Romero Hicks e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Carlos Romero Hicks , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como los suscritos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a efecto de regular el ejercicio extraordinario de la prerrogativa de los partidos políticos en casos de emergencias sanitarias y naturales , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Marco Histórico

En el año 1977 se reconoce en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia y trascendencia social de los partidos políticos. De manera particular, la reforma al artículo 41 constitucional otorga a los institutos políticos el carácter de entidades de interés público, y como tales, las consecuencias de derecho que dicha naturaleza conlleva vinculan al Estado mexicano en dos extremos: por un lado, lo impele a garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo; y por el otro, a vigilar que su actuar se apegue a la norma constitucional y a las leyes generales que de ella emanen.

De manera particular, la reforma al artículo 41 constitucional otorga a los institutos políticos el carácter de entidades de interés público, y como tales, las consecuencias de derecho que dicha naturaleza conlleva vinculan al estado mexicano en dos extremos: por un lado, lo impele a garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo; y por el otro, a vigilar que su actuar se apegue a la norma constitucional y a las leyes generales que de ella emanen.

En consonancia con lo anterior, la reforma electoral define tres prerrogativas fundamentales para el desarrollo de los partidos políticos:

1) El derecho al uso permanente de los medios de comunicación.

2) El derecho a contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para llevar a cabo sus actividades de campaña; garantía que, bajo una óptica actual, podría considerarse como una especie de financiamiento indirecto.

3) El derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Hacia 1987, en busca de salvaguardar la independencia y autonomía de los partidos frente a grupos de poder fáctico y económico, se les confiere la prerrogativa de financiamiento público. El propósito es acorde a los fines que persigue un sistema democrático, se pretende garantizar un entorno de equidad para los diversos actores que, finalmente, representan la pluralidad de opciones políticas en las justas electorales.

Para 1996, acontece una nueva reforma electoral, en ella se materializan previsiones en materia de financiamiento que hoy en día constituyen ejes fundamentales en un sistema de control que a través de los años se ha consolidado en respuesta a la constante evolución de la realidad social, así como a través del aprovechamiento de los avances de sistemas electorales de países diversos.

En síntesis, el sistema de control del modelo de financiamiento a partidos políticos se vio robustecido con las inclusiones reglamentarias siguientes:

1) Se propugnó una prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

2) En torno a la especie, financiamiento privado, se definieron montos límite por cuanto hace a la globalidad de las aportaciones, así como montos máximos permitidos por aportante. Adicionalmente, se enuncian fuentes prohibidas, se excluyen a los gobiernos, entes extranjeros, iglesias, empresas mercantiles, así como a entes anónimos o no identificados.

Seguida que fue la implementación de las diversas normas reglamentarias torales que hasta el momento han sido expuestas, y sin obviar la importancia y trascendencia que caracterizaron a las reformas posteriores de los años 2003 y 2005; tenemos que las reformas políticas electorales acontecidas en los años 2008 y 2014, vinieron a complementar el andamiaje jurídico de control que busca garantizar el régimen de rendición de cuentas a que se encuentran supeditados los partidos políticos.

Para tal efecto, el marco normativo se reformó en atención a las previsiones siguientes:

1) Se determinaron nuevas fórmulas para la determinación de financiamiento público. (2008)

2) Se otorga a la autoridad electoral la atribución de superación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. (2008)

3) El procedimiento de fiscalización adquirió mayor expedites, los procesos de auditoría se realizan en tiempo real, esto es, las campañas electorales acontecen paralelamente a su fiscalización. (2014)

4) Se reconoce, a nivel constitucional, la nulidad de una elección derivada del rebase de tope de gastos de campaña. (2014)

Como puede colegirse, el sistema de fiscalización originario y el que hoy en día audita a los diversos sujetos obligados, responde de manera directa al carácter de entidades de interés público, que constitucionalmente se les ha conferido a los partidos políticos. Como ha sido expuesto, el modelo de financiamiento se ha ampliado a fin de constituirse por dos grandes especies, público y privado, cada uno de ellos ha evolucionado en atención al dinamismo social y político electoral que se ha presentado en el sistema democrático mexicano.

Lo anterior permite advertir la importancia de las atribuciones que se le confieren a la autoridad electoral a fin de velar por los principios que recoge el sistema normativo electoral mexicano, a través de la vigilancia y comprobación del origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

En suma, todo ingreso y egreso que rodee el actuar de un partido político debe necesariamente estar sometido a los diversos controles de fiscalización que a través de los años han logrado consolidarse en atención a las exigencias de nuestra democracia, mismos que sujetan su revisión a las capacidades y objeto de gasto avalado por la Ley General de Partidos Políticos, ello a efecto de lograr establecer un sistema Constitucional y Legal en el que las entidades de interés público denominadas partidos políticos, ejerzan sus prerrogativas de forma exclusiva para e fortalecimiento de la vida democrática en sus vertientes de vida interna y contienda constitucional.

Marco Legal Actual

Del andamiaje normativo desprende que los partidos políticos únicamente pueden aplicar el financiamiento de que disponen para los fines que éste fue entregado,1 estableciéndose como destino de gasto:2 el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, los gastos de campaña y las actividades específicas como entidades de interés público.

Así, el artículo 41 de la Constitución General otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Dicho carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley, acotándose a límites estrictos que impiden la posibilidad de que ante la existencia de eventualidades de carácter natural, como la vivida en México en septiembre de 2017, o sanitaria, como la que actualmente se vive ante el impacto del virus Covid 19, los partidos puedan de forma alguna destinar recursos a auxiliar en las labores de recuperación o en la adquisición de bienes materiales que coadyuven con el combate a emergencias o las acciones de resilencia.

De esta forma, el marco legal a efecto de que el financiamiento público pueda destinarse al apoyo de emergencias o contingencias resulta inexistente, siendo en consecuencia la única posibilidad, de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, que en caso de omisión de gasto, o la “renuncia” a la prerrogativa -como fue denominada en los eventos del sismo de septiembre de 2017, el recurso debe ser reintegrado al erario, sin que exista forma de garantizar que el destino final será el elemento que impulsó dicho reintegro.

Dicho elemento comprobable ante la evidente omisión actual de poder determinar en qué y para qué fueron destinados los recursos reintegrados por los partidos políticos en dicha eventualidad, pues el único elemento sujeto de revisión fue el Fideicomiso “Por los demás” creado por militantes de Morena, que terminó siendo sancionado por la autoridad administrativa electoral con una multa equivalente a 197 millones de pesos, demostrándose la inexistencia de documentales que de forma alguna acreditaran que el recurso del fideicomiso fuera entregado a las personas censadas en el padrón de damnificados de los sismos, comprobándose -por el contrario- que los mismos se entregaron a terceras personas para que por su vía se realizara una distribución final que no pudo ser demostrada.

En este mismo elemento, a partir del impacto del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el Partido Acción Nacional “renunció” a doscientos millones de pesos de financiamiento público con la finalidad de que el recurso fuera empleado en acciones de apoyo a los damnificados del sismo, solicitando la creación de un Comité Ciudadano que permitiera la eficiente ministración de los recursos, sin que ello ocurriera ante la imposibilidad legal. No obstante, las ministraciones fueron devueltas conforme a los siguientes datos:

Sin embargo, la Tesorería de la federación omitió transparentar el destino final de los recursos, resultando imposible, ante la ausencia de marco legal, garantizar que los recursos fueron entregados a las y los ciudadanos que resultaron impactados por el fenómeno natural.

Propuesta de Reforma

Visto el marco histórico y legal, la presente iniciativa se dirige a general un andamiaje en el que coexista la naturaleza jurídica del financiamiento público de los partidos políticos con la imperante necesidad de apoyo a la sociedad ante el impacto de fenómenos naturales o sanitarios que impliquen la determinación de una emergencia y, con ello, la urgencia de sumar todas las capacidades del estado mexicano y de los actores políticos, hacia la solución inmediata de las problemáticas que impactan a la sociedad mexicana.

Así, la Constitución federal establece como uno de los fines de los partidos políticos la participación del pueblo en la vida democrática, misma que solamente puede ser conseguida a partir de la prevalencia de la paz pública y el estado de derecho, entendiendo como tales la posibilidad de que las y los ciudadanos ejerzan de manera plena el acceso a las garantías y prerrogativas constitucionalmente consagradas que, de forma evidente, se ven obstruidas con el impacto de fenómenos naturales o sanitarios, pues los mismos limitan, entre otros, la tranquilidad, la salud, la convivencia y la circulación de las familias, impidiendo en consecuencia su participación democrática.

En estos términos, las reformas propuestas responden a la preocupación real y legitima por las emergencias que se presenten en nuestro país y que por la naturaleza de la contingencia afecten gravemente la vida y salud de las y los mexicanos, como lo es la que se vive en la actualidad con la propagación del virus Covid-19.

En este sentido es imperante adoptar una comprensión amplia de los retos que en materia de salud pública enfrenta nuestro país derivado de la poca inversión pública en la materia, la deficiente infraestructura hospitalaria y el insuficiente número de profesionales de la salud que entre otras cosas y de forma exponencial se evidencian cuando se hacen presente contingencias extraordinarias, que por su naturaleza urgente, novedosa, coyuntural y extraordinaria ameritan la comparecencia, participación, colaboración y cooperación de todas las instituciones de interés público del Estado mexicano, como lo son los partidos políticos.

Bajo estas premisas y el reconocimiento de la delicada situación que enfrenta la sociedad, consideramos urgente que los partidos políticos puedan contribuir, a través de los recursos destinados al financiamiento, en la mitigación de las repercusiones negativas que las contingencias ocasionan, actuando de forma responsable sin simulaciones demagógicas que pretendan confundir o dividir.

Por ello es necesario identificar que la Ley General de Partidos Políticos, en su capitulo tercero, articulo 23, inciso d), contempla que es un derecho de los partidos políticos “Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables”.

Por otro lado, el artículo 25, inciso n), de la citada ley establece como obligación de los partidos políticos: “Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

Asimismo, el artículo 51, que hace referencia al financiamiento público de los partidos, estipula lo siguiente:

“1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.”

Determinando con claridad los tres rubros generales en los que los partidos políticos podrán destinar los recursos públicos que reciben, siendo estos exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y para actividades específicas.

En este marco es que la Ley General de Partidos Políticos funciona como la legislación que regula el marco de actuación del derecho público en la vida de los partidos, estableciendo, para lo que compete, las posibilidades de ejercicio de gasto del financiamiento del que son objeto y, en este sentido, sancionando todo aquel egreso que se ubique fuera de los objetos permitidos, de tal suerte que al no formar parte de la difusión de la cultura política; el liderazgo político de la mujer; los procesos internos; los sueldos y salarios del personal; el arrendamiento de bienes o pago de servicios; la propaganda institucional; la capacitación; la realización de investigaciones; la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas o folletos; la realización de propaganda y publicidad; la educación y capacitación política; la realización de investigaciones socioeconómicas y políticas; la elaboración, publicación y distribución de información de interés de militantes o simpatizantes; o de cualquier gasto necesario para la organización y difusión de acciones; los donativos de cualquier índole que se realicen para la atención de emergencias resultan ilegales y sancionables, haciendo nugatoria la posibilidad de generar acciones temporales y extraordinarias que coadyuven a la resilencia o recuperación ante el impacto de fenómenos que provoquen la declaración de emergencias.

Como es de concluirse, la normatividad vigente prohíbe que los partidos políticos destinen recursos a actividades distintas a las señaladas e imposibilita que puedan contribuir de manera excepcional con parte de los mismos para hacer frente a contingencias sanitarias como la que hoy padecemos, convirtiéndose en un obstáculo normativo que debe corregirse para adecuar la ley a la realidad actual y a las demandad ciudadanas de empatía, solidaridad y colaboración ante una situación de crisis como la que hoy padecemos.

Si tomamos en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo cuarto, reconoce el derecho humano a la protección de la salud, así como dispone que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, pero por otro lado la Ley General de Partidos Políticos impide la concurrencia de los mismos a este derecho humano fundamental es imperante una corrección a la norma para el perfeccionamiento de la misma.

En este orden de ideas consideramos necesario plantear una modificación a la norma citada para hacer a un lado el obstáculo legal, que claramente se convierte en un impedimento infranqueable con la legislación vigente, para que en casos de emergencias, como lo es la sanitaria, que pongan en riesgo la vida o la salud publica y bajo la declaratoria correspondiente, como lo son las declaratorias de emergencia o de desastre natural determinadas por la Secretaría de Gobernación en términos de la Ley General de Protección Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de dicha norma, o la de “emergencia sanitaria” emitida formalmente por parte del Consejo General de Salubridad que es la autoridad competente para hacerlo conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI, base 1a y 3a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos de forma excepcional tengan la posibilidad de utilizar parte de sus prerrogativas en cuestiones prioritarias objeto de la declaratoria mencionada, a fin de destinar de forma directa recursos económicos o en especie para de forma solidaria atender las necesidades urgentes de la sociedad mexicana, siempre bajo la estricta vigilancia y fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de organismo fiscalizador del financiamiento.

El principal objetivo de la reforma de ley planteada es generar una alternativa adicional que permita a los institutos políticos ser entes activos de intervención inmediata, concreta y substancial en las emergencias sanitarias, convencidos y consientes de que la participación y comparecencia de el mayor número de instituciones posibles se hace necesaria en escenarios extraordinarios como el que enfrentamos; la iniciativa reconoce el problema, identifica el obstáculo y propone la alternativa de solución que garantice apoyar al país dentro del marco de legalidad que debe imperar, ello ante la visión social en la que se hace evidente, entre otros, la actual falta de pruebas que acrediten o descarten la presencia del virus en un ser humano, la escases de medicamentos, la falta de equipo para médicos y personal de enfermería que de tiempo entero se dedican al combate de la pandemia.

Así, el fortalecimiento inaplazable de los instrumentos con los que enfrentamos las emergencias sanitarias es indispensable como condición necesaria para la consecución de una vida mejor y mas digna para los mexicanos, acercándonos al objetivo primordial de la razón de ser de los partidos políticos que es la generación de bien común.

Cuadro Comparativo

En el cuadro a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reforma contenida en el presente proyecto de decreto.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de ejercicio extraordinario de la prerrogativa de los partidos políticos en casos de emergencias sanitarias y naturales

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 50 y; se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 51 y el numeral 3 al artículo 72, todos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 50.

1. ...

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales, actividades específicas como entidades de interés público y las demás que determine esta Ley.

Artículo 51.

1. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) En caso de declaratoria de emergencia o desastre, para aportar recursos a instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la asistencia social conforme a lo establecido en la Ley General de Asistencia Social y en la Ley General de Salud, para la atención de desastres naturales o en caso de emergencia sanitaria que afecte gravemente al menos una entidad federativa.

I. La determinación de desastres o casos de epidemia de carácter grave deberá ser realizada por las autoridades correspondientes, en términos de la Ley General de Protección Civil o de la Ley General de Salud, según sea el caso.

II. Las instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil deberán encontrarse constituidas legalmente y en términos de la normatividad aplicable.

III. El partido político correspondiente notificará al Consejo General las circunstancias para la aportación del recurso así como la institución pública u organización de la sociedad civil a la cual se le entregará.

Asimismo, el partido político podrá determinar el monto del recurso que será aportado, procurado que dicha aportación no conlleve el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la normatividad aplicable.

IV. El recurso aportado por el partido político, bajo ningún supuesto, será objeto de compensación a cargo del presupuesto que se apruebe para el ejercicio siguiente.

V. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará la entrega y el destino del recurso aportado por el partido político.

2. ...

3. ...

Artículo 72.

1. ...

2. ...

3. El gasto realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 51, inciso d), se considerará como parte del gasto ordinario siempre que cumpla con las formalidades establecidas.

a) La institución pública u organización de la sociedad civil, a la cual se le haya entregado el recurso aportado por el partido político, informará detalladamente al Consejo General el destino del mismo dentro de los seis meses posteriores a la recepción del recurso.

b) En ningún caso, los materiales o servicios adquiridos podrán contener cualquier tipo de propaganda política ni podrá promocionarse de forma alguna su adquisición mediante cualquier medio de comunicación.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

2 Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputados: Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Arturo Espadas Galván (rúbricas)

Que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Laura Angélica Rojas Hernández, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer en casos excepcionales, el registro de asistencia y votación remota, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema y argumentos que sustentan la iniciativa

El Marco Jurídico que sustenta el funcionamiento del Poder Legislativo en México ha permitido su ejercicio de manera eficaz desde la Constitución de 1917. En este sentido, las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso de la Unión están reguladas en su normatividad y han cumplido con el objetivo de garantizar a los legisladores expresar su voto para legislar en favor de los intereses de la nación.

En la actualidad, la propia dinámica de la vida del parlamento, sus procesos, sus actores, sus relaciones con la sociedad y organizaciones, su natural esencia como una arena para el debate y las discusiones de todas las fuerzas políticas que logran un espacio al interior de la Legisladora, han permeado a las Cámaras del Congreso, de situaciones especiales para realizar sus encomiendas y una que destaca por su complejidad y de presencia más frecuente, es la imposibilidad de utilizar sus instalaciones para sesionar, y el ejemplo más claro de ello es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que orilló a esta Cámara a dejar de utilizar su Recinto de manera indefinida, e inclusive a tener que declarar y sesionar en un Recinto alterno.

En esta ocasión, durante el desarrollo del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de esta Legislatura, de manera excepcional se presenta en todo el planeta incluido México, una contingencia sanitaria, que obliga a las Cámaras del Congreso de la Unión a pausar sus trabajos haciendo uso de la facultad constitucional para poder dejar de sesionar por más de tres días, lo anterior significa detener sus actividades y dejar pendientes de resolver diversos temas de gran importancia para el país.

Lo anterior, más que una necesidad, exige y obliga a esta Cámara de Diputados, a diseñar alternativas que prevean y permitan que las actividades de esta Soberanía continúen y que este tipo de situaciones puedan sortearse de buena manera, como en el caso de una emergencia sanitaria, que exige que las autoridades e instituciones públicas del país actúen con toda su capacidad para apoyar y auxiliar a la población y sociedad en general.

El carácter personal y presencial del voto está establecido como regla general en los reglamentos parlamentarios del mundo. Es el caso de nuestro país, esto deriva de la Constitución donde se determinó que las decisiones de los legisladores se tomaran en el Pleno de las Cámaras del Congreso de la Unión con la concurrencia de sus integrantes.

En el ámbito internacional, Piedad García Escudero Márquez, letrada de las Cortes Generales en España, en su estudio sobre el Voto parlamentario no presencial y sustitución temporal de los parlamentarios , puntualiza que diversos países, ante la ausencia los legisladores por las causas de embarazo, parto, enfermedad o delegación principalmente, han optado por otras formas de votación como la delegación o por correspondencia. Otras naciones, como la Cámara de Diputados de Rumania, permiten a los diputados el acceso a la votación electrónica, en el mismo sentido el Parlamento de Bulgaria, faculta a los legisladores la votación electrónica mediante una tarjeta de votación y está prohibido transferirla, bajo la sanción de suspensión para asistir a sesiones. Por su parte en Serbia y Georgia se prevé la repetición de las votaciones emitidas con el mal uso del sistema de votación electrónica, mientras que en la Asamblea Nacional de Turquía, la confirmación de la presencia de los parlamentarios para el voto electrónica se realiza antes de cada votación mediante la identificación de las huellas dactilares.

Para el caso concreto de nuestro país y su Cámara de Diputados federal, el mecanismo de sesión y voto a distancia es inexistente, la ejecución de estos actos –asistencia y voto- se fija a supuestos muy concretos manteniéndose la regla de la concurrencia obligatoria y en consecuencia del acto presencial para la emisión del voto, lo que ha sido inobjetable y ha garantizado en toda la historia moderna del parlamento mexicano, el ejercicio intransferible del mandato representativo y al principio general sobre el carácter personal e indelegable del voto.

En el marco de esta exposición, se considera pertinente reflexionar que el parlamento mexicano, por su cultura, por su madurez, por la honorabilidad de sus integrantes y en el escenario para aprovechar el desarrollo de los medios tecnológicos de hoy en día, está listo para implementar el mecanismo de sesión y voto a distancia, con las características de la oportunidad e inmediatez, la garantía de la confidencialidad y de su ejercicio personal e intransferible.

La iniciativa que se presenta precisamente mantiene el blindaje de la representación democrática al respetar todos los derechos y obligaciones de los legisladores, de manera especial a su representación y la facultad de emitir su voto de manera personal, con la característica de hacerlo a distancia mediante un dispositivo o mecanismo biométrico que otorgue certeza de quién emite el voto y se refleje en tiempo real ante los demás legisladores para que se tenga la eficacia de sesionar a distancia.

A la luz de lo expuesto, se considera urgente y obligado actualizar el marco normativo a efecto de garantizar el continuo ejercicio de las sesiones plenarias para que los legisladores puedan presentar, discutir y decidir mediante su voto los decretos de ley que el país requiere.

Este proyecto de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, se sincroniza con el proyecto de reforma constitucional a nuestra Carta Magna que presenté en días pasados y que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 25 de marzo, y que busca autorizar a los Plenos de las Cámaras del Congreso de la Unión a sesionar y votar de manera excepcional por razones de protección civil o contingencia sanitaria o cualquier otra situación que impida la presencia física de las y los legisladores para utilizar los recintos legislativos, de manera remota, previo acuerdo de sus órganos de gobierno.

Para dar solución a la imposibilidad de sesionar de forma presencial, se propone la modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados para sesionar a distancia, estableciendo los procesos y mecanismos para que se desarrollen de manera eficaz y segura, otorgando siempre la certeza jurídica que ameritan los actos de esta Soberanía.

Para ilustrar de mejor manera la reforma propuesta, se adjunta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el contenido de la presente iniciativa:

Por las razones expuestas, es que se somete a consideración del pleno de esta soberanía con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para determinar el procedimiento del registro de asistencia y votación a distancia de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados en casos excepcionales.

Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único: Se reforman, el numeral 1 del artículo 35, el numeral 1 del artículo 138, el numeral 1 del artículo 139, se adicionan un segundo párrafo a la fracción XXI del artículo 3o., la sección séptima al Capítulo I del Título Tercero, con un artículo 43 Bis con 6 numerales, un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 44, un numeral 6 al artículo 45, un numeral segundo al artículo 47, un numeral 3 al artículo 103, un numeral 3 al artículo 140, y un numeral 3 al artículo 145, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

I. ... a XX. ...

XXI. Quórum: Es el número mínimo de diputados y diputadas requerido para que el Pleno, las comisiones y los comités puedan abrir sus sesiones y reuniones respectivamente, así como para realizar votaciones nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes.

De igual forma y de manera excepcional, será el número mínimo de diputados y diputadas requerido para que el Pleno de esta Soberanía, por razones de protección civil o contingencia sanitaria o cualquier otra situación que impida la presencia física de las y los diputados para utilizar los recintos legislativos, pueda sesionar y en su caso, discutir y votar de manera remota, previo acuerdo de sus órganos de gobierno;

XXII. ... a XXVI. ...

Artículo 35.

1. Las Sesiones de la Cámara tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias, solemnes, permanentes y a distancia; todas las sesiones serán públicas.

Sección Séptima

Sesiones a distancia

Artículo 43 Bis.

1. Serán Sesiones a Distancia, las que se celebren de manera excepcional por razones de protección civil o contingencia sanitaria o cualquier otra situación que impida la presencia física de las y los diputados para utilizar los recintos legislativos, el Pleno podrá sesionar y en su caso discutir y votar de manera remota, previo acuerdo de sus órganos de gobierno.

2. En ellas podrán tratarse únicamente asuntos considerados urgentes que requieran votación del Pleno, y deberán ser anunciados e incluidos en la convocatoria que para tal efecto emita la Presidencia de la Mesa Directiva previo acuerdo de los órganos de gobierno.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva deberá citar a este tipo de sesiones utilizando los medios electrónicos disponibles, servicios de difusión de la Cámara y los medios de comunicación masiva que considere pertinentes, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.

4. La Secretaría de la Mesa Directiva estará a cargo del registro de asistencia y votaciones a distancia, e implementará el diseño y operación del instrumento tecnológico para registrar y emitir la asistencia y votaciones remotas, el cual deberá contar con características que permitan dar certeza jurídica a éstos actos procesales.

5. La Mesa Directiva en la conducción de estas sesiones aplicará, en la medida de lo posible, las disposiciones que dispone este Reglamento, en caso de situación no prevista o regulada, propondrá en acuerdo con los órganos de gobierno el mecanismo que considere adecuado.

6. La Sesión podrá darse por terminada cuando así lo acuerden la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, o cuando se hayan agotado los asuntos registrados en la convocatoria respectiva. De igual forma se instruirá la elaboración del Diario de Debates respectivo donde se consigne lo abordado por la Asamblea.

Artículo 44.

1. Será facultad del Presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.

En el caso de las sesiones a distancia será facultad de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante los medios que estime pertinentes, que se lleven a cabo dichos avisos.

2...

Artículo 45.

1. ... a 5. ...

6. En las sesiones a distancia el registro de asistencia y de votaciones se verificarán mediante el instrumento tecnológico implementado por la Mesa Directiva.

Artículo 47.

1. ...

I a II

2. En los casos de sesiones a distancia, toda vez que éstas se dan en un marco de casos de excepción o emergencia, no serán computables para efectos de inasistencias. No obstante, la Secretaria de la Mesa Directiva formulará los reportes de asistencia que refiere el artículo 54 numeral 2.

Artículo 103.

1. ... a 2. ...

3. En el caso de las sesiones a distancia, la Mesa Directiva dictará el mecanismo que mejor considere para procesar el asunto a votación, las intervenciones y propuestas de modificación que hubiere, deberán ser remitidas a su Presidencia a través de los medios electrónicos disponibles, para efectos de registro y publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como para su incorporación íntegramente en el Diario de los Debates.

Artículo 138.

1. La votación nominal se llevará a cabo utilizando el Sistema Electrónico, y para el caso de las sesiones a distancia será a través del instrumento tecnológico que implemente la Mesa Directiva.

2...

I a V

Artículo 139.

1. Las votaciones nominales o por Sistema Electrónico, así como las que se realicen en el marco de una sesión a distancia a través del instrumento tecnológico que implemente la Mesa Directiva , se verificarán cuando:

I a V

Artículo 140.

1...

2. La votación económica se realizará de la siguiente manera:

I. ... a III. ...

3. La votación económica en caso de las sesiones a distancia la afirmativa o negativa de las diputadas y diputados se expresará a través del instrumento tecnológico que implemente la Mesa Directiva.

Artículo 145.

1. ... a 2. ...

3. En el caso de las sesiones a distancia el tiempo de las votaciones será determinado por la Mesa Directiva en función del instrumento tecnológico que se implemente.

Transitorios

Primero. El Presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva y la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una vez que esté en vigor el presente Decreto, implementarán en el menor tiempo posible, el diseño y operación del instrumento tecnológico para registrar y emitir la asistencia y votación a distancia, el cual deberá contar con características que permitan su funcionamiento bajo condiciones de certeza y confiabilidad.

Palacio Legislativo, a 14 de abril de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cancelar o posponer las obras iniciales y no prioritarias de momento, como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para financiar los apoyos de protección de los empleos y evitar que la gente los siga perdiendo, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputado Adolfo Torres Ramírez y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que cancele o posponga las obras que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles , en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya para financiar los apoyos de protección de los empleos y evitar que la gente siga perdiendo su fuentes de trabajo , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional,1 “nos indican la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros” y me refiero con esto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el domingo 5 de abril de 2020 presentó ante la nación su informe a los primeros 100 días de su segundo año de gobierno y destacó su pobre y raquítico plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia global del Covid-19.

Con este escenario se suma la incertidumbre respecto a los efectos económicos que tendrán las medidas de contención del coronavirus en territorio nacional, incluyendo aquellas que puedan limitar aún más la movilidad social, la contracción del consumo interno y sus consecuencias en los sectores productivos.

Este plan de reactivación económica que dio el presidente es un claro ejemplo de la ignorancia y la mezquindad hacia el pueblo de México, la situación actual en la que está México empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de emergencia económica, que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en la que se encuentra casi el 50 por ciento de la población mexicana y la informalidad en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores

Por lo anterior, quiero resaltar el mensaje que expresó Marko Antonio Cortés Mendoza el 5 de abril del presente año: “Ante la crisis económica el gobierno federal no debería tratar de ‘descubrir el hilo negro’, sino implementar las mejores prácticas internacionales para salir adelante lo más rápido posible, lamentablemente esta contingencia sanitaria toma muy mal parado a México; es inaceptable que jueguen con la vida y el trabajo de las personas.

Además de salvar vidas humanas durante la pandemia del Covid-19, el gobierno federal debe asegurar la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con el fin de proteger el empleo y el ingreso familiar de las 35.9 millones de personas que laboran en ellas, porque de lo contrario, el aumento del desempleo y la pobreza será inevitable.

El riesgo de perder el trabajo está latente en muchos hogares del país. Este es el momento de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que nadie pierda su trabajo. El gobierno debe darles créditos sin intereses, que les dé liquidez y les permita mantener su plantilla laboral. Además, tiene que otorgar un seguro emergente de desempleo en los meses de abril a septiembre, para quienes lamentablemente ya perdieron su trabajo en esta contingencia.

Para financiar estos apoyos de protección de los empleos, es fundamental cancelar o posponer obras que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”.2

Exigimos al “gobierno un plan integral para evitar el cierre de cortinas y quiebra de una buena parte de las más de 4.1 millones de Mipymes que dan trabajo a 7 de cada 10 mexicanos (65 por ciento de la población formalmente ocupada)”.3

Por lo anterior, exigimos “al gobierno la presentación de un plan integral de apoyo que garantice la sobrevivencia de estas empresas durante la contingencia sanitaria, es decir, una política pública específica para este sector de la economía que tiene una participación en el mercado de 97.3 por ciento y una contribución al producto interno bruto (PIB) del 52 por ciento”.

Que quede claro a quienes se deben apoyar son a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir a esta contingencia, esto no quiere decir que se apoye a las empresas millonarias como al empresario favorito del presidente López Obrador, que es el Grupo Salinas; no, defendemos el empleo y el ingreso de millones de trabajadores que se verían afectados ante una falta de actuación defendamos al comercio de la colonia, farmacias, tiendas, tintorerías, tortillerías, materias primas, a los despachos de abogados , despachos contables, imprentas, mueblerías, todos aquellos comercios y profesionistas que día a día trabajan para llevar alimentos a sus hogares y una vida digna de vida, ya que estas micro, pequeñas y medianas empresas es el grosos de la economía mexicana.

Por lo anterior, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el brote de coronavirus puede provocar una reducción de las exportaciones de México de al menos USD mil 369 millones. Dicha cifra colocará al país como la octava economía más afectada a nivel mundial, por la propagación del coronavirus.

En el país hay cinco casos confirmados hasta el momento.

Por lo anterior, el escenario exige mucha responsabilidad política, los costos de las acciones que se implementen hoy sin duda tendrán efectos en el corto plazo, que podrían anticipar un cambio en la correlación de fuerzas hacia 2021 en el Congreso.

La realidad que hoy nos asiste demanda un amplio compromiso social y un esfuerzo colectivo en el que los distingos ideológicos queden en segundo plano.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que cancele o posponga las obras que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar los apoyos de protección de los empleos y evitar que la gente siga perdiendo su fuentes de trabajo.

Notas

1 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/
toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdfhttps://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, pag 4.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a hacer públicas las investigaciones sobre agresiones contra periodistas y establecer mecanismos para prevenirlas, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, se hagan públicas las investigaciones contra las agresiones a periodistas y se establezcan mecanismos para la prevención de los mismos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los medios de comunicación cumplen un papel relevante para la sociedad del siglo XXI porque son los encargados de reportar lo que sucede. Mediante ellos, la población accede a uno de los derechos pilares de las sociedades democráticas: el derecho a la información. Desafortunadamente, el trato que comunicadores/as, periodistas y reporteros/as dan a las personas, y la manera en que presentan la información no siempre es sensible, ni vela por la integridad de las mismas.

Existen ocasiones en las que, con el fin de despertar un mayor interés entre la audiencia, se perjudica la seguridad o la privacidad de las víctimas. Es por ello que, como parte de la ética profesional y personal de quienes difunden la información, debería existir un equilibrio entre las acciones que se realizan y el bienestar de quienes han sufrido la violación de sus derechos humanos o la comisión de un delito.

El Estado Mexicano, a fin de establecer un mecanismo nacional que garantice la protección y auxilio a quien ejerza la labor de protección y defensa de los derechos humanos, así como la labor periodística; publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, constituyendo un paradigma en la consolidación de la democracia en México, toda vez que recoge los compromisos, obligaciones, resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales en materia de libertad de expresión, así como en la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Esta Ley crea el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las Unidades Estatales de Protección y los Mecanismos Locales de Protección tienen por objeto garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su labor en la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo; lo anterior mediante la implementación de medidas de prevención, de protección y urgentes de protección.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas deben trabajar sin obstáculos ni inseguridad, en un entorno seguro y propicio en todo el país, por lo que es necesario que se adopten las medidas correspondientes para reconocer jurídica y socialmente el derecho a defender los derechos humanos y difundir su contenido en los sectores gubernamental, educativo y social.1

En materia de promoción, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la Organización de las Naciones Unidas (Declaración sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos) refiere que particulares, organizaciones no gubernamentales e instituciones tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

Desde antes del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación y los periodistas empezaron a ser atacados desde redes sociales, a través de bots o granjas de usuarios falsos, cuyo único propósito es hostigar a quienes critiquen al presidente o las decisiones de su gobierno.

A partir del 1 de diciembre de 2018 estos ataques se volvieron más fuertes, porque ya no solo atacaban a quienes desde sus redes sociales o sus espacios en los medios de comunicación criticaban las decisiones de López Obrador.

Una vez que iniciaron las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, los periodistas que acuden a estas recibieron los ataques desde las cuentas en redes sociales creadas ex profeso para intimidar a quienes cuestionaban al presidente.

Una estrategia más de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República fue llevar a las conferencias matutinas a los llamados blogueros o youtuberos o a “reporteros” de medios inexistentes para intervenir cuando las preguntas serias incomodaran al titular del Ejecutivo federal.

Los ataques a periodistas en redes sociales se han convertido en algo cotidiano, lo que inhibe la libertad de expresión que López Obrados siempre se ha comprometido a defender, lo cual no ha sucedido.

Incluso, el 15 de abril de 2019, el presidente, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, lanzó una amenaza velada a quienes los criticara: “Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede”.

El presidente López Obrador intenta que los medios de comunicación se adhieran a sus dichos y a sus hechos; dejen de ser críticos, lo cual es la naturaleza y obligación del ejercicio profesional de los periodistas. Los que son críticos al gobierno, aun cuando dice respetar la libertad de expresión, el presidente los ataca desde Palacio Nacional.

Lo mismo pasa con medios nacional que internacionales, a estos últimos incluso les ha pedido ofrecer disculpas por las críticas que hacen a su gobierno.

Un informe publicado el primero de noviembre de 2019 por la Unesco confirma que “México se ha despeñado en los últimos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”.

La publicación, titulada Intensified Attacks, New Defences (Ataques intensificados, nuevas defensas), señala que existe en el mundo un aumento del 18 por ciento en los asesinatos en los últimos cinco años, entre 2014 y 2018, en comparación con el quinquenio anterior.

Por ello, es necesario que el presidente de la república se comprometa realmente con la libertad de expresión y evite el ataque de los sistemas contratados por su Coordinación de Comunicación Social para inhibir el ejercicio crítico y libre del periodismo.

Estos son algunos de los periodistas, columnistas, analistas y politólogos que han atacados sus redes sociales: Lourdes Mendoza, Irving Pineda, Jannet López Ponce, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo (Brozo), Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Callo de Hacha, Ricardo Alemán, Denise Dresser, Lydia Cacho, Juan Pardiñas, León Krauze, Enrique Krauze, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio, Carlos Bravo Regidor, Rubén Cortés, Isabel González y Pascal Beltrán del Río, así como medios de comunicación, como el periódico Refoma.

1. Lourdes Mendoza fue intimidada desde la cuenta de twitter #Red4TPuela Oficial.

2. El reportero de Televisión Azteca Irving Pineda sufrió agresiones en redes sociales e incluso físicas por parte de seguidores de López Obrador por cuestionar el presidente de la república en las conferencias matutinas.

3. La reportera de Milenio Jannet López Ponce fue intimidada en redes sociales por cuestionar al presidente de la república en las conferencias matutinas.

4. Carlos Loret de Mola fue separado de su noticiario matutino de Televisa Despierta. Se ha caracterizado por ser crítico del presidente de la república. Es atacado en redes sociales.

5. Víctor Trujillo fue separado de su programa de radio. Se ha caracteriza por ser crítico del presidente de la república. Es atacado en redes sociales.

6. Después de muchos años al aire, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez fueron separados de su noticiario de radio de Radio Centro.

7. Callo de Hacha fue separado de su noticiario en Radio Fórmula. Se ha caracterizado por ser crítico del presidente de la república. Es atacado en redes sociales.

8. Ricardo Alemán se caracteriza por ser uno de los más fuertes críticos del presidente López Obrador y de su gobierno. Es atacado en redes sociales.

9. La politóloga Denise Dresser es atacada en redes sociales por criticar al presidente de la república y las decisiones de su gobierno.

10. Sujetos no identificados entraron a la casa de la periodista Lydia Cacho, mataron a sus dos perras y se robaron archivos, cámaras, memorias digitales y una computadora con material relacionado con sus investigaciones.

11. El periódico Reforma es atacado directamente por el presidente de la república desde sus conferencias matutinas, lo cual replican sus seguidores en redes sociales.

12. Juan Pardiñas, director editorial de Reforma es atacado en redes sociales por la línea editorial del periódico.

13. León Krauze es atacado en redes social por criticar al presidente de la república.

14. Enrique Krauze es atacado en redes sociales por criticar al presidente de la república.

15.- Pablo Hiriart, director general de información política y social de El Financiero, es crítico del presidente de la República desde su columna Uso de Razón. Lo atacan desde redes sociales.

16. Raymundo Riva Palacio, director de Eje Central y columnista de El Financiero, es crítico del presidente López Obrador. Lo atacan desde redes sociales.

17. El analista Carlos Bravo Regidor, desde sus intervenciones en mesas de debate de Televisa y desde sus redes sociales, es crítico del presidente López Obrador. Es atacado en redes sociales.

18. Rubén Cortés fue separado como director del periódico La Razón. Es crítico del presidente de la república y de su gobierno.

19. La reportera de Grupo Imagen Isabel González fue atacada por uno de los “periodistas” seguidores del presidente de la república, quien incluso deseó que le dieran un balazo.

20. El director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, en su columna Bitácora del Director, es crítico del presidente de la república. Es atacado en redes sociales.

21. El 5 de abril de 2020, una activista de nombre Aracelí Benítez (@aracelibs en Twitter), en redes sociales en uso de su legítimo de su libertad de expresión, manifestó una posición personal, respecto de las medidas adoptadas por presidente de la república ante la pandemia Covid-19, recibió un mensaje ofensivo y fue intimidada a través de la cuenta Oficial de la Fiscalía General de la Republica.

Por ello, a través de estas amenazas se puede configurar un delito, a razón de esto, pedimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que la Policía Cibernética investigue las amenazas a los periodistas con la finalidad de detectar hechos delictivos cometidos a través de medios informáticos o electrónicos, inicie el ciber patrullaje, a fin de conocer los sitios, modus operandi y responsables de las diferentes conductas delictivas a fin de proteger a las personas en general y especialmente a a los periodistas amenazados.

La Fiscalía General de la Republica debe de integrar las investigaciones de delitos o amenazas cometidas contra periodistas y comunicadores, las cuales han demostrado requerir un enfoque especializado y diferencial que permita, a las y los operadores del sistema de procuración de justicia, contar con herramientas adecuadas para obtener resultados óptimos a las circunstancias que vive el país, así como para determinar si la agresión sufrida se motivó por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o por una causa distinta.

Asimismo, la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos. A pesar de ello, en México su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria.

Lo anterior, nos lleva a solicitar a la titular de la CNDH, solicite a las autoridades competentes, las medidas cautelares a fin de prevenir, atender y asistir a los periodistas ante las agresiones de las que pueden ser objeto, asimismo se hagan del dominio público las recomendaciones que ha hecho respecto de las agresiones a periodistas.

Hacemos un llamado para que la Secretaría de Gobernación implemente el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tal como lo establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), atendiendo de manera responsable la protección, promoción y garantía a los derechos humanos, mediante la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar medidas de prevención, medidas preventivas, medidas urgentes y medidas de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través de la División Científica de la Policía Federal, prevenga delitos cibernéticos, y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal, investigue y haga públicos los resultados de dichas investigaciones sobre agresiones y amenazas a periodistas en el ejercicio de su labor.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la Republica, para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga las investigaciones de las agresiones a periodistas en el país y haga del conocimiento de la opinión publica, respecto de las carpetas de investigación que se han integrado en el presente sexenio, respecto de

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el uso de las facultades establecidas en los artículos 2, 3, 6, fracción II, incisos a) y b), y 40 de la Ley de la Comisión Nacional, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, solicite a las autoridades competentes, las medidas cautelares a fin de prevenir, atender y asistir a los periodistas ante las agresiones de las que pueden ser objeto, asimismo haga del dominio público las recomendaciones que ha hecho respecto de las agresiones a periodistas.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaria de Gobernación para que, a través de Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, implemente y opere las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas que han recibido amenazas y que se encuentren en situación de riesgo; asimismo destine los recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, en el uso de sus facultades, asista y vigile la operación de los procesos y procedimientos jurídicos, de tal forma que se garantice otorgar con oportunidad y suficiencia la asesoría y representación jurídica necesaria a los periodistas víctimas de acoso y violencia.

Sexto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Fiscalía General de la Republica para que instruya al órgano interno de control, inicie un proceso de investigación y sanción a los responsables de los hechos ocurridos a través de la cuenta oficial de dicha institución por las ofensas y hechos de intimidación en contra de una activista en Twitter, así como a la Secretaría de la Función Pública para que se realice las investigaciones pertinentes y en su caso inicien el proceso administrativo correspondiente por los hechos ocurridos.

Nota

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas. 31 diciembre 2011. Disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensore s2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 abril de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de la Unión a establecer condiciones de continuidad tras la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, establezcan las condiciones de continuidad posterior a la emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 1o., párrafo tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Que el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, y conforme al artículo 4o. de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la misma.

Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

Que el 24 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), que obliga a las autoridades civiles, militares y los particulares, así como a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), entre las que se señalan suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020.

Que el Acuerdo referido en el considerando anterior establece también que las dependencias y entidades de la administración pública federal, entre otros, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el Covid-19 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras de dichas dependencias y entidades, así como de los usuarios de sus servicios.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó que a partir del 19 de marzo de 2020 y hasta que ese órgano de gobierno acuerde lo conducente, se suspenden todos los plazos y términos procesales referidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados de manera enunciativa y no limitativa, para la dictaminación de las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que se encuentren en trámite en los órganos respectivos y aquellos que sean presentados durante el periodo de contingencia, así como convocatorias, propuestas para la entrega de medallas y procesos en trámite relativos a solicitudes de información.

Asimismo, el acuerdo que en el caso de que sea necesario instrumentar medidas o acciones adicionales, para salvaguardar los derechos de las y los diputados, y cuidar el curso de los asuntos que se tramiten ante la Cámara de Diputados durante el periodo de contingencia, la Mesa Directiva será facultada para actuar en consecuencia.

Tenemos que tomar en cuenta que nuestra representación como legisladores pertenece a una estructura colegiada con una base jerárquica policéntrica e igualitaria, que tiene como principio la representación y, por ello, tiene por objeto intervenir en la elaboración y ejecución de las elecciones políticas que permitan garantizar el cumplimiento de la voluntad popular, teniendo cuatro funciones fundamentales: 1) representación, 2) legislación, 3) control del Ejecutivo y, 4) legitimación.

Un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones es decir que rinde cuentas, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva es decir que es transparente, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación, para algunos temas.

Por lo anterior, mecanismos como las videoconferencias y transmisiones electrónicas para deliberar y rendir cuentas, con un debate horizontal, resulta ineficaz, ya que además de las fallas técnicas que se pudieran ocasionar, las votaciones, reservas y la asistencia y la discusión en sí, carecería de legitimidad democrática al no tener ningún mecanismo de control.

Otro aspecto es aquél que se relaciona con la emisión de los documentos físicos en que constan los dictámenes, que, a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, debe certificar la autenticidad de los documentos a votar en el pleno, prescindiendo de las rúbricas respectivas.

Más allá de buscar mecanismo de sesionar de manera virtual, preocupa la ilegalidad de este acto, puede ser un agraviante que pudiera generar un precedente para que, en el corto plazo, se pretenda sesionar en videoconferencia para tomar decisiones trascendentales para el funcionamiento democrático e institucional de nuestro país, como por ejemplo, que se pretenda convocar para hacer reasignaciones del presupuesto o la designación de los consejeros del INE sin haber realizado un procedimiento de evaluación y de entrevistas de las y los aspirantes, de cara a la ciudadanía.

Respecto de las propuestas que se han hecho del dominio público respecto de las sesiones virtuales por videoconferencia, se aparta de los principios rectores del parlamento, principalmente, de la certeza, la máxima publicidad y la transparencia, porque las medidas de resolución no presenciales que se pretenden aprobar, no garantizan la verificación de quorum ni que la discusión y resolución de los medios de impugnación y votación se apeguen a los citados principios.

Dichas propuestas no generan certidumbre ni seguridad jurídica, y lo más importante, no observan la deliberación, como principio consustancial de la discusión y análisis de los asuntos que debe llevar a cabo cualquier órgano colegiado.

Lo anterior en la lógica de un parlamento abierto y transparente, que posibilita ese acercamiento de las Cámaras a la sociedad, pero, sobre todo, la formación de una cultura legal democrática que debe permear a todo el Poder Legislativo, incluidos los congresos a nivel local.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para que, una vez superada la emergencia derivada de la pandemia, acuerden las fechas en las que se realizarán las sesiones ordinarias presenciales que sean necesarias para cumplir con las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponden. Al respecto, en caso de que las Cámara del Congreso se encuentren en receso, la Jucopo acordará solicitar a la Comisión Permanente que convoque a los periodos de sesiones extraordinarias que considere necesarios para desahogar los procesos legislativos.

Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y del Senado de la República y de los congresos locales, para que, a través de su conducto, las comisiones ordinarias creen mecanismos que generen confianza y certidumbre legal para aprobar dictámenes y no dejar precedentes de actos fuera de la ley o normatividad.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica, a los congresos locales y a las comisiones ordinarias, a abstenerse de utilizar medios electrónicos de información para deliberar y votar dictámenes, lo anterior, en aras de fortalecer la transparencia y legitimidad de las decisiones de este congreso asegurar la autenticidad de las decisiones y garantizar el debido debate.

Cuarto. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que consideren la ampliación del periodo ordinario de sesiones, a fin de desahogar los temas prioritarios y de deliberación, así como se actualice el calendario de sesiones ordinarias para ambas cámaras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades correspondientes a transparentar y rendir cuentas de las compras respecto a la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes, para que transparenten y rindan cuentas respecto de las compras respecto de la emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobierno federal estableció que serán seis instituciones -incluidas la Marina y el Ejército- las responsables de adquirir bienes y servicios para atender el coronavirus en México, sin la necesidad de que tengan que hacer un proceso de licitación pública para sus compras.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud, se estableció que además de las instituciones militares podrán realizar compras de este tipo la Secretaría de Salud, los institutos de Salud para el Bienestar (Insabi), Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): “Dentro de las adquisiciones e importaciones señaladas, quedarán comprendidas aquellas relativas a medicamentos, equipo médico, agentes de diagnóstico, reactivos, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de bienes y servicios, mercancías y objetos, que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, realizadas a partir de que el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria”.

Para obtener los bienes y servicios en las mejores condiciones y lo más pronto posible, las seis dependencias mencionadas podrán otorgar los pagos y anticipos que sean necesarios. Durante este proceso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prestará asesoría inmediata para que se adquieran bienes y servicios en el menor tiempo posible, y bajo condiciones de calidad y seguridad. El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, doce capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional (TI), entre ellos el mexicano, advirtieron riesgos de corrupción en las compras públicas para enfrentar la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus.

“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción”, indicó Transparencia Mexicana (TM).

La Secretaría de la Función Pública emitió ayer un comunicado en el que advirtió que, pese al decreto de suspensión de actividades no esenciales del gobierno, ejercerá sus facultades de supervisión de las compras públicas.

“El acompañamiento preventivo es parte de las tareas esenciales de la Función Pública, y durante la atención al Covid-19 se reforzará en coordinación con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para asegurar las mejores condiciones técnicas y económicas en favor de la sociedad mexicana, así como para cerrar espacios a la corrupción”, señaló.

Además, indicó, mantendrán el acompañamiento preventivo en adquisiciones públicas de medicamentos e insumos dentro del sector Salud, a fin de coadyuvar en la efectiva atención al brote de Covid-19.

“Asimismo, los OIC sostendrán una participación activa en los Comités de Adquisiciones de las dependencias y entidades, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos prioritarios del Gobierno de México y a la prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos”.

Recordemos que, uno de los compromisos realizados por la nueva administración federal fue justamente el de combatir la corrupción que históricamente han implicado los procesos de adquisiciones por adjudicación directa; Asimismo el titular del Ejecutivo ofreció desarrollar un sistema de compras consolidadas e invitar a organismos internacionales (como la ONU) a observar los procesos gubernamentales de adquisición, cosa que no ocurrió en este caso.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la justificación para esta decisión es que el país se encuentra en un “estado de emergencia” y el desarrollar un proceso de licitación pública –como lo ordena la ley– habría obligado a esperar hasta el mes de marzo para contar con los vehículos.

El problema surge cuando el mandatario plantea el que, según parece, es su principal argumento para justificar por qué, en el caso de su gobierno, nadie debería cuestionar que se gasten casi mil 700 millones de pesos sin una licitación de por medio: “como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, por eso se actuó como se hizo”.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ciertamente contempla, en su artículo 41, un total de 20 situaciones de excepción que permiten adquirir bienes sin licitación, pero ninguna de ellas parece ajustarse a la situación específica.

Los incisos IV y V del citado artículo serían los que más se aproximan a una excepción en este caso, pues el primero de ellos permite asignar directamente un contrato cuando las adquisiciones “se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia”.

El segundo plantea tal posibilidad de excepción cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que haga pública la información curricular, así como la experiencia y trayectoria de las empresas a las que se comprarán y adjudicarán los medicamentos, insumos y servicios médicos en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como las empresas que tienen contratos para cumplir con los compromisos de corto plazo, para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Corredor Transístmico.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para que integre una comisión multidisciplinaria, que incluya a organismos de la sociedad civil, a fin de que vigile los procesos de compra y adjudicación de los medicamentos, insumos y servicios médicos en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como las empresas que tienen contratos para cumplir con los compromisos de corto plazo, para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Corredor Transístmico.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que acompañe y emita los dictámenes y observaciones correspondientes del proceso de compra y adjudicación de medicamento, equipo, insumos y servicios médicos sin llevar a cabo el procedimiento legal de licitación pública, no importando el monto de las contrataciones, en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como de las empresas que tienen contratos para cumplir con los compromisos de corto plazo, para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Corredor Transístmico.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional de Salubridad y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que, en el uso de sus facultades, designen a un cuerpo de especialistas técnicos, a fin de que vigile y asegure la calidad y pertinencia de los insumos, materiales, equipo y servicios médicos que se adquieran sin necesidad de licitación en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)

Quinto Se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía para que haga del dominio público y en tiempo real, de las importaciones de sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, de medicamento, equipo, insumos y servicios médicos destinados a combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como las empresas que tienen contratos para cumplir con los compromisos de corto plazo, para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Corredor Transístmico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dictar por la SHCP medidas para otorgar apoyos financiero-fiscales a las micro y pequeñas empresas que enfrentarán grave crisis de liquidez como consecuencia de las medidas de prevención ante el Covid-19 y evitar la pérdida de empleos formales, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

Ernesto Alfonso Robledo Leal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicte las medidas necesarias para otorgar apoyos fiscales y financieros a las micro y pequeñas empresas que enfrentarán una severa crisis de liquidez como consecuencia de las medidas de prevención frente al Covid-19a efecto de evitar la pérdida de empleos formales , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo cuarto, reconoce el derecho humano a la protección de la salud, así como dispone que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general;

En términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o, fracción II, de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país;

En términos del artículo 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, a dicho Consejo le corresponde aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria;

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional;

Los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial de riesgo pandémico y el comportamiento del Covid-19 y de acuerdo con estimaciones basadas en la información de los eventos pandémicos de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial será afectada severamente;

Ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de considerar a la Covid-19 como una emergencia de salud pública, el día 30 de enero de 2020 se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, en la que destacan acciones de preparación y respuesta para la protección de la salud en México;

Conforme a lo anterior, en la primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020, el pleno del Consejo de Salubridad General, con el propósito de proteger a la población, emitió un acuerdo conforme al cual se decretaron las siguientes medidas:

Primera. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Segunda. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.

Tercera. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

Cuarta. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, que necesiten hospitalización.

Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario.

Una vez decretada la epidemia con carácter de prioritario, tanto en el sector público como en el sector privado se empezaron a tomar medidas que consisten básicamente en reducir de manera sustancial las actividades ordinarias de las personas para generar condiciones que impidan o, por lo menos, aminoren el contagio del virus.

El 24 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud determinó que en México ya se encontraba presencia de casos de contagio local, es decir, que el país entraba en la fase 2 de la pandemia del coronavirus, con cinco personas que no son capaces de identificar quién les infectó, es decir, ya no cabe atribuirlo a visitas del extranjero. Ahora el contagio es local, se produce en territorio mexicano y la progresión de la enfermedad, en adelante, será más vertiginosa. Estas cinco personas representan aún apenas el 1 por ciento del total de los 367 casos, 51 más que el domingo. Los graves son un 1 por ciento , un 89 por ciento permanece en estado leve. El registro a esa fecha había incorporado cuatro fallecidos. El gobierno dice ahora que planea un estudio para ver la importancia de la transmisión desde personas asintomáticas.

El gobierno mexicano reaccionó a esa declaración de la OMS decretando el inicio de la Fase 2 del coronavirus para trazar “el horizonte” para los siguientes 30 o 40 días, con el objetivo de que el país tenga una menor transmisión de casos de Covid-19, según lo declaró el subsecretario de Salud federal.

Como parte de esta nueva fase, se anunciaron las siguientes medidas para todo el país, la mayoría de las cuales ya se han ido implementado por parte de autoridades locales:

-Mantener un espacio de al menos 1.5 metros entre persona y persona.

-Suspender las clases hasta el próximo 23 de abril.

-Suspender temporalemente eventos y reuniones de 100 personas.

-Suspender actividades laborales que involucren la movilización de las personas en todos los sectores de la sociedad.

-Proteger a las personas adultas mayores y otros grupos de riesgo.

El mismo 24 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) entre las que se cuentan:

1. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/ morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente.

2. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;

3. Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;

4. Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

5. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y las organizaciones de los sectores social y privado deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

6. En el sector público, los titulares de la áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior.

7. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

8. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado;

9. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;

10. Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (Covid-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y

11. Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

El día 25 de marzo del 2020 el gobierno federal anunció que a partir del 26 del mismo mes, salvo las actividades esenciales, cerraba hasta el 19 de abril. Lo anterior, significa que las medidas de contención del contagio se hacen más contundentes a partir de estos días.

Las medidas de contención son adecuadas, según lo han sostenido las autoridades mundiales y nacionales de salud. Sin embargo, debemos reconocer que esas medidas van a causar graves impactos económicos, y ponen en peligro millones de empleos que son generados por las micro y pequeñas empresas.

Se requieren como nunca antes medidas económicas para limitar las consecuencias económicas de la pandemia sobre las personas, empezando por las más desfavorecidas; los objetivos fiscales del gobierno deben pasar a un segundo plano.

Una contracción del PIB es inevitable; las decisiones que se tomen ahora determinarán qué tan profunda sea. En última instancia, no se termina sacrificando la economía cuando se intenta frenar el contagio.

Esto es, el dilema entre intentar frenar el contagio y el impacto económico es ilusorio; de hecho, entre más fuertes, rápidas y contundentes sean las medidas (que pueden llegar hasta un encierro nacional), menor será la expansión del virus, y por tanto, menores los impactos económicos en el mediano plazo rápidas y contundentes sean las medidas (que pueden llegar hasta un encierro nacional), menor será la expansión del virus, y por lo tanto, menores los impactos económicos en el mediano plazo.

En estas condiciones, es necesario implementar medidas contundentes que detengan lo antes posible el previsible crecimiento exponencial de los contagios.

Entre más pronto se han tomado y más restrictivas han sido las medidas, mejores han sido los resultados, la solución no es la mitigación sino la supresión; tratar de detener la epidemia lo más rápido posible. Y para ello se requiere implementar medidas drásticas a la mayor parte de la población, con la mayor antelación posible.

Por tanto, la pregunta para México no es si se deben tomar, sino cuándo. La respuesta es debieron haberse tomado ya. Entre más pronto se tomen, mucho mejor.

México va ya muy tarde, de acuerdo con la OMS, el país se encuentra ya en la etapa con casos de transmisión local (i.e., la de un previsible aumento exponencial). Entre más tiempo se siga perdiendo, mayores serán las consecuencias para la salud pública y, por tanto, económicas.

Nunca antes la economía mundial ha tenido un “cierre” tan rápido como el actual. Una recesión global es ineludible, con alto grado de incertidumbre en cuanto a su magnitud y duración, pero con la certeza de que el freno simultáneo en la oferta y la demanda supondrá marcadas caídas en la actividad económica. Es factible que la afectación a la actividad económica global sea mayor a la que se observó en la crisis financiera global de 2008-2009.

La duda no es si habrá recesión en la mayoría de las economías, sino cuán profunda será y qué tanto durará. La incertidumbre responde principalmente a: i) que nadie sabe cómo va a progresar la epidemia, ii) qué medidas de contención del contagio se tomarán y qué tan efectivas serán, y iii) cuánto tardarán los sistemas de salud en encontrar o desarrollar medicinas efectivas y/o en encontrar una vacuna contra el virus.

Si las agresivas medidas de contención se toman rápido, la probabilidad de que los ineludibles efectos económicos duren relativamente poco (posiblemente uno o dos trimestres) aumentarán. Si se opta por no hacerlo, el contagio crecerá inmensamente más y las medidas que se terminarán tomando tendrán mayor duración.

Freno en el consumo por el “cierre” económico temporal y lenta recuperación por los profundos efectos sobre las finanzas de las familias. A las pérdidas de empleos (sector formal) e ingresos (sector informal), se sumará la acumulación de deudas y el previsible desplome en las remesas, cuya caída podría ser más intensa que en 2009, debido al fuerte aumento que se observará en la tasa de desempleo en Estados Unidos.

Los indicadores diarios de ventas minoristas apuntan una caída acelerada del consumo privado en días recientes, tras el impulso temporal que las compras de pánico habían representado en las últimas semanas.

Los servicios con mayores afectaciones serían el transporte aéreo, preparación de alimentos y bebidas, hospedaje, así como servicios de ocio y entretenimiento.

La creación de empleo está siendo afectada por los choques de oferta y demanda, cuyos efectos serán más visibles a partir de abril dependiendo de la duración de la paralización económica global e interna la pérdida o destrucción de empleos será mayor.

En el escenario de distanciamiento social generalizado los sectores con mayor afectación inicial son comercio, restaurantes, transporte y turismo donde actualmente se ubican 32.7 por ciento del total de ocupados.

Los objetivos fiscales deben pasar a segundo plano para apuntalar el sistema de salud y apoyar a los trabajadores. En momentos como el actual, los superávits primarios y la estabilidad de la deuda pública no son lo más importante y deben pasar temporalmente a un segundo plano. Una política fiscal contracíclica será indispensable.

Para evitar una pérdida de confianza en el ancla de estabilidad fiscal en el mediano plazo, las medidas de apoyo fiscal deberían ser acompañadas de señales claras con respecto a que solo permanecerán el tiempo que sea necesario y que serán acompañadas de una próxima reforma fiscal que aumente los ingresos públicos una vez que pase el periodo de contingencia de salud y económica. También sería adecuado anunciar la creación de un Consejo Fiscal Independiente.

Por lo anterior, es indispensable que el gobierno federal adopte las siguientes medidas:

1. Transferencias de efectivo tanto a personas que han perdido su empleo (por el menor consumo derivado de medidas públicas y privadas de distanciamiento social) como a aquellas que dependen de su ingreso diario para vivir.

2. Estímulos fiscales a empresas, priorizando las pequeñas y medianas y las de los sectores más afectados. A diferencia de las personas, los estímulos debieran ser en la forma de créditos, posposición de pago de algunos impuestos, etc, y no transferencias directas. Estos apoyos, principalmente para las empresas más grandes, deberían condicionarse a que se utilicen principalmente para no despedir empleados y mantener a flote la empresa y no para otros fines.

3. Reasignación de partidas presupuestales dirigidas a proyectos de inversión no rentables (nueva refinería, Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía, etc.) para primero otorgar subsidios directos en consumo de gas natural o gas butano, electricidad.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tome las medidas necesarias para realizar transferencias en efectivo de, por lo menos, 2 mil 500 pesos mensuales, para los trabajadores que pierdan su empleo formal o dejen de cobrar su salario como consecuencia directa de las medidas de prevención decretadas por las autoridades para mitigar los contagios.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tome las medidas necesarias para conceder estímulos fiscales a las empresas que sufran pérdida de liquidez como consecuencia de las medidas de prevención en contra del Covid-19 consistentes en diferimiento de los plazos de pago de los impuestos federales, o el otorgamiento de créditos. Las medidas dictadas deberán otorgarse de manera preferente a las micro y pequeñas empresas y a aquéllas que generen mayores empleos y que los conserven durante la época de la epidemia.

Tercero. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tome las medidas necesarias para suspender el gasto en los proyectos de infraestructura no rentables (Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, por ejemplo) y destinar esos recursos a el otorgamiento de subsidios directos en energía eléctrica y gas a las micro y pequeñas empresas. Estos subsidios se podrán otorgar a empresas que generen un alto número de empleos y los conserven en la etapa de la epidemia y su recuperación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal, locales y municipales a establecer operativos constantes y coordinados que incrementen la vigilancia y seguridad pública en las inmediaciones de las instituciones bancarias porque, dada la emergencia sanitaria emitida por el gobierno federal, los ciudadanos están más expuestos a la acción de la delincuencia, pues permanecen fuera de las sucursales, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

Ernesto Alfonso Robledo Leal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se emite un exhorto urgente a los gobiernos federal, estatales y municipales para que se establezcan operativos constantes y coordinados que incrementen la vigilancia y la seguridad pública en las inmediaciones de las instituciones bancarias, ya que, en virtud de la emergencia sanitaria emitida por el gobierno federal, los ciudadanos están más expuestos a la acción de la delincuencia al permanecer a las afueras de las sucursales , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La percepción de inseguridad es un fenómeno relativamente reciente que ha comenzado a estudiarse por diversas disciplinas de las ciencias sociales, en las que se han realizado investigaciones empíricas y se han elaborado hipótesis y teorías sobre sus causas y efectos.

De manera general, la percepción de inseguridad se define como “la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho”, es decir, la percepción que una persona tiene de ser víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo.

Más específicamente, en la sociología del crimen, la percepción de inseguridad se define como “la respuesta emocional a la percepción de símbolos relacionados con el delito”, es decir, se configura a partir de las percepciones individuales o colectivas sobre el delito.

Se señala que la percepción de inseguridad es una emoción que requiere una base cognitiva y un juicio axiológico en el sentido de que se debe considerar que lo temido es algo peligroso o amenazante por ciertas razones. En este contexto, “la base cognitiva, aunque es socialmente compartida, no necesariamente es homogénea”, y la temporalidad es central, a partir de que la emoción de miedo “no es fija, sino dinámica y resignifica hechos del pasado”. Se tiene miedo a algo que se considera una amenaza y nos hace sentir vulnerables ante el riesgo; sin embargo, no es una estructura socialmente homogénea, y se transforma de un individuo a otro.

La percepción de inseguridad también se define como un sentimiento. Se considera que “representa el sentimiento individual de peligro, por haber sido maltratados físicamente o por violencia criminal”, es decir, lo remite a una experiencia relacionada con el delito.

Sobre esta referencia a la experiencia con el delito o victimización, es relevante señalar que la percepción del delito no es exclusiva, ni se manifiesta únicamente en quienes han sido víctimas de éste. Muchas personas se sienten inseguras y refieren sentir temor de ser víctimas de determinados tipos de delitos a pesar de que nunca hayan sido víctimas y de que las probabilidades de que esto ocurra no sean significativas.

Respecto a la percepción de inseguridad que puede ser independiente de la victimización, está relacionada con un sentimiento que hace sentir vulnerables a los individuos. Se asocia con “la preocupación por estar fuera de la casa, probablemente en una zona urbana, solo y potencialmente vulnerable a daños personales”, es decir, el simple hecho de estar fuera de casa, hace sentir a los individuos más vulnerables e incluso hay lugares en los que definitivamente las personas se sienten potencialmente vulnerables.

En esta concepción de la percepción de inseguridad como desconfianza, tendríamos que contextualizar y preguntarnos qué es lo que genera estos mecanismos en las sociedades en las que cada vez es más difícil confiar. Si justamente la gente no confía en los otros porque se siente inseguro, o si se siente inseguro a partir de la ausencia de mecanismos de confianza.

Existe un consenso generalizado acerca de que la percepción de inseguridad se configura como un problema público.

La percepción de inseguridad impacta en la sociedad e, independientemente de su fuente, “puede estimular y acelerar la decadencia de los barrios y hacer que los individuos se retiren física y psicológicamente de la vida comunitaria. Esto debilita los procesos informales de control social que inhibe la delincuencia y el desorden y se produce una disminución de la vida organizativa y la capacidad de movilización de un barrio. También puede contribuir al deterioro de las condiciones de producción local”.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 del Inegi, entre los delitos más frecuentes por cada cien mil habitantes en el estado de Nuevo León, destaca el robo o asalto en calle o transporte público, en 2018 significó el 20 por ciento de los delitos más frecuentes.

Ahora bien, según esa misma encuesta los ciudadanos de Nuevo León consideran que el lugar más inseguro son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

En ese contexto, como resultado de las medidas sanitarias implementadas a nivel nacional y en las entidades federativas, las instituciones de crédito determinaron dosificar el acceso de clientes a las sucursales bancarias. Con ese motivo, desde el inicio de las medidas de prevención contra el Covid-19, personas de todo el país tienen que permanecer fuera de las sucursales bancarias durante muchas horas.

En tales sucursales, en mejor de los casos, se cuenta con uno o dos elementos de las policías bancarias y con nula vigilancia de las policías federal, estatales y municipales.

Así, con esos niveles de percepción de inseguridad, más las largas horas de espera fuera de las sucursales bancarias, se están generando importantes incentivos para que el delito de mayor incidencia, el robo en la vía pública, pueda volverse una circunstancia verdaderamente crítica en las afueras de las sucursales bancarias.

En la medida en que las consecuencias de las medidas preventivas sigan generando mayores efectos negativos en la economía, ese riesgo aumenta, por lo que parece oportuno alertar sobre este problema y exhortar a los gobiernos para que, de manera urgente, se establezcan mecanismos de corrdinación que aumenten la vigilancia y las medidas de prevención de seguridad en la vía pública fuera de las sucursales bancarias para disminuir la percepción de riesgo de las personas y evitar que se acumulen motivos de angustia en la población.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales para que se establezcan medidas constantes y coordinadas entre los tres niveles de gobierno para que, durante el tiempo que duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General, de vigilancia y prevención en la vía pública en donde las personas clientes de las instituciones bancarias esperan para ser atendidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a garantizar la adquisición, distribución, disposición y entrega de equipos y medicamentos en hospitales e institutos nacionales de salud pública para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN

Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a garantizar la adquisición, distribución, disposición y entrega de equipos y medicamentos en los hospitales e institutos nacionales de salud pública, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, suscrito por la diputada Gloria Romero León y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

1. Antecedentes

1.1. Declaración de Pandemia de la OMS

Hace poco menos de un mes, el 11 de marzo de este año, el director general de la (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el c pasó de ser una epidemia a una pandemia, así lo anunció tras una reunión extraordinaria de la OMS.

“La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia”, ha afirmado.

A mayor abundamiento se precisó lo siguiente:

“Esta no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, afirmé que todos los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad, construyendo, salvar vidas y minimizar el impacto”, ha subrayado, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la OMS.

“Recuerdo a todos los países la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus Covid-19. Aconsejamos que estén en permanente contacto con su población de riesgo y les alerten de cómo pueden protegerse. También deben de localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

1.2. Situación actual

Según cifras actualizadas de la OMS, a finales de marzo de 2020, la pandemia de coronavirus se ha extendido a más de 200 países y territorios y ha cobrado la vida de más de 20 mil personas. Las Naciones Unidas redoblan sus esfuerzos de apoyo a las personas que se encuentran en la primera línea de respuesta frente al Covid-19, que trabajan sin cesar para salvar vidas.

“El personal sanitario es nuestro pilar fundamental en la estrategia contra el virus. Sin ellos, no podríamos contener a tiempo la transmisión”, asegura en un video-tuit Jan-Eric Larsen, de la oficina regional del Pacífico occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, se explicó que el problema al que nos enfrentamos ahora es la escasez de materiales en el mercado, la OMS reconoce que esta pandemia ésta poniendo al límite, incluso a los sistemas sanitarios de países ricos, la pregunta es si los países más pobres podrán hacerle frente.

“El Covic-19 esta desafiando a los sistemas sanitarios de todo el mundo: el personal sanitario trabaja bajo una gran presión y no cuenta con los materiales y equipamientos necesarios. En muchos casos se necesitan instalaciones hospitalarias temporales para atender al flujo de pacientes que requieren tratamiento especializado”.

1.3. América Latina

Mientras la pandemia de Covid-19 se extiende por la mayoría de los países de América Latina, los gobiernos tienen aún una pequeña oportunidad para ralentizar la propagación del virus, reducir el impacto en los sistemas sanitarios y salvar vidas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) el organismo especializado de las Naciones Unidas en la región, advirtió recientemente de la situación e hizo un llamamiento a la acción inmediata.

Hace apenas unos días, en una rueda de prensa celebrada el día 31 de marzo de este año, la directora de la OPS instó a que se adoptaran medida urgentes y a preparar los hospitales e instalaciones sanitarias para lo que se avecina: una afluencia masiva de pacientes de Covid-19, que requerirán espacio, camas, personal sanitario y equipamiento médico.

“No será fácil y sabemos que le pedimos a la gente que se adapte a una situación extraordinaria que afecta a todos los aspectos de sus vidas. Pero permítanme que insista en que esta pandemia es grave y tenemos que hacer todo lo que podamos para mitigar el impacto de Covid-19 en nuestras gentes”.

También resaltó que la OPS seguirá facilitando la colaboración entre los países y trabajando intensamente con los Estados miembros, especialmente con los que tienen sistemas sanitarios más débiles para reforzar la vigilancia y la detección temprana de casos y garantizar la preparación de los servicios de salud

Al 31 de marzo del presente año, con datos registrados diariamente de la OMS, se han registrado 4 mil 259 casos confirmados en Brasil, 2 mil 449 en Chile, mil 962 en Ecuador, 993 en México, 989 en Panamá, 901 en la República Dominicana, 852 en Perú, 820 en Argentina, 702 en Colombia y 301 en Costa Rica.

1.4. El caso de México

Con fecha 31 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la sesión plenaria del Consejo de Salubridad General (CSG), en donde se reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

El Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.

El CSG solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, brindar el apoyo para el éxito de la declaración, tomando las medidas necesarias bajo una estrategia coordinada y alineada a los valores y compromisos de la actual administración.

El gobierno de México reitera a la ciudadanía la necesidad de abstenerse de realizar actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con el fin de evitar un mayor número de contagios.

Con fecha 24 de marzo del presente año, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México cuenta con más de 87 mil elementos de infraestructura hospitalaria para combatir el coronavirus, conforme al detalle siguiente:

2. Consideraciones

A lo largo de la presente administración federal han sido constantes las denuncias públicas sobre el desabasto de equipamiento, medicamentos e incluso personal médico para atender diversas enfermedades crónicas degenerativas, entre las que destacan el VIH/Sida, la diabetes y la leucemia infantil, ésta última constituye uno de los tipos de cáncer con mayor índice de mortalidad entre nuestras niñas, niños y adolescentes.

A esta problemática se ha sumado en fechas recientes toda clase de protestas y denuncias por falta de equipamiento y medidas de seguridad para el personal médico, que lamentablemente, ha producido varios decesos del personal que labora en esta función básica de atención a la salud.

“En poco más de un mes, el coronavirus Covid-19 está golpeando fuerte al sector salud mexicano, no sólo por la situación de atender el número creciente de casos de la enfermedad respiratoria, sino por el riesgo que enfrenta el personal médico.

Hasta el momento, al menos cuatro doctores y un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han fallecido a causa del coronavirus: dos en la Ciudad de México, otro en Hidalgo, uno más en Zacatecas y uno en Coahuila, aunque no todos han sido dados a conocer por el Instituto de manera pública.

El tema de si esta infraestructura para el Covid-19 será suficiente o no resulta ocioso, puesto que a solo unos días de que las autoridades competentes en la materia han reconocido la infraestructura disponible, se puede prever que esta será rebasada de manera significativa en el corto plazo.

En efecto conforme a la opinión de un grupo de trabajo integrado por 19 especialistas, el 7 de abril del presente año, se estima lo siguiente:

En México nos encontramos en fase dos desde el 23 de marzo del presente año, y es posible que, debido a la progresión viral, la fase tres se inicie oficialmente el próximo 19 de abril, con una cantidad estimada por las autoridades de entre 600 mil y 1 millón 200 mil infectados, de los cuales 10 mil 500 serían casos graves que podrían ameritar ingreso a sala de urgencias y unidad de cuidados intensivos”.

Es decir, que tan solo en los casos que requerirán terapia intensiva, se estima que haría falta cuatro veces más camas de terapia intensiva; y casi 30 veces más de unidades de terapia intensiva. Hoy se cuenta según la información oficial con 356 unidades de terapia intensiva, y se estima se requerirán 10 mil 500 unidades de este tipo en la fase 3, que podría presentarse en dos o tres semanas.

Todo ello, asumiendo que el porcentaje de personas infectadas que presenta gravedad se logré abatir de manera significativa, pues a la fecha se sitúa en un 12.5 por ciento del total de infectados. Si se mantiene ese factor en la fase 3 del virus, cuya tendencia es que se registren como mínimo 600 mil infectados en el país, eso significaría que podrían requerir terapia intensiva unos 75 mil pacientes. De no tomar medidas preventivas, eso significaría que en breve se colapsaría el sistema de salud.

Ante la muy evidente falta de sensibilidad y empatía de las autoridades federales con una de las principales problemáticas que afecta y pone en riesgo la salud de miles de mexicanas y mexicanos en especial de adultos mayores, asociados con el virus Covid-19, se hace un severo llamado de atención para incrementar, a la brevedad posible, los recursos económicos, materiales y humanos para la atención de este propósito medular.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, reasigne los recursos necesarios para garantizar la adquisición, distribución, disposición y entrega de equipos, personal y medicamentos en los hospitales e institutos nacionales de salud pública, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito, informe a esta soberanía de manera detallada sobre las adecuaciones programático-presupuestales efectuadas, para sufragar estas erogaciones, a nivel de actividad institucional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de la Función Pública, verifique que todas las operaciones que se realicen para atender esta emergencia, se realicen atendiendo los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Gloria Romero León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a instaurar un programa de apoyo a las industrias de la hostelería para condonarles los impuestos sobre nómina y por la prestación de servicios de hospedaje si mantienen su plantilla laboral completa mientras dura la contingencia del Covid-19, a cargo del diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el numeral primero, fracción II, y numeral segundo del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que instrumente un programa de apoyo a la industria de la hostelería, a efecto de que se le condone el impuesto sobre nómina y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje en tanto que las empresas mantengan su plantilla laboral completa mientras dure la contingencia del Covid-19 , al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. De conformidad con datos del Inegi, el estado de México es la segunda entidad que más contribuye al producto interno bruto nacional (PIB) con un promedio de participación de 2003 a 2017 del 8.5 por ciento.

Segundo. De conformidad con datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi, en México la población ocupada en el sector turismo en el último trimestre de 2019, ascendió a 4.4 millones de empleos directos, lo cual representa el 8.9 por ciento del empleo en el país.

Tercero. De conformidad con datos del Inegi, para 2017 las actividades terciarias representaron el 72.4 por ciento del PIB del estado de México. En promedio, de 2012 a 2017, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tuvieron una participación en el PIB del estado de un 5.3 por ciento .

Cuarto. Para 2020, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Estado de México la estimación de recaudación por concepto del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje es de 122,216,936 millones de pesos y por concepto de Impuesto sobre Nóminas y Asimilables de 12,745,874,744 millones de pesos.

Quinto. De conformidad con datos de la Secretaría de Turismo federal, para 2018 el estado de México contaba con la siguiente oferta de servicios turísticos: 24 mil 635 cuartos de hotel, 2 mil 4 restaurantes y cafeterías y 2 centros de convenciones. Mientras que el municipio de Naucalpan cuenta con 938 cuartos y unidades de hospedaje, 235 establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas y 87 agencias de viajes.

Sexto. El estado de México cuenta con sitios declarados patrimonio de la humanidad dentro de los que se encuentran la zona arqueológica de Teotihuacán, el santuario de la mariposa monarca y el sistema hidráulico del acueducto del padre Tembleque, 6 pueblos mágicos y 22 pueblos con encanto.

Séptimo. De conformidad con cifras de la Secretaría de Turismo del estado de México, durante 2019 se recibieron 19.4 millones de turistas y excursionistas, los cuales dejaron una derrama económica de 24 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento del 4 por ciento comparado con el año anterior que ascendió a 17.1 millones de visitantes.

Octavo. De conformidad con datos de la Secretaría de Salud, al 5 de abril de 2020, 2 mil 143 mexicanos se encuentran infectados por el coronavirus y 94 personas fallecidas. Las medidas recomendadas por el gobierno de garantizar la sana distancia a efecto de ralentizar el contagio del virus deben ir acompañadas de programas gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno a efecto de minimizar la pérdida de empleos.

Noveno. La emergencia sanitaria del Covid-19 ha generado una caída en el número de visitantes en el país y en el estado de México, lo cual está impactando de manera determinante en la industria de la hostelería. De conformidad con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, las reservaciones para la temporada de Semana Santa ya presentan una contracción entre el 20 y 27 por ciento.

Décimo. Uno de los grandes retos durante esta emergencia sanitaria es primero garantizar la salud de los mexicanos y segundo, que el paro de las actividades económicas impacte lo menos posible a los ciudadanos que viven al día. Para que la industria de la hostelería pueda mantener a su plantilla laboral completa es necesario que el gobierno otorgue incentivos fiscales para que al menos los empleos directos no se pierdan.

Decimoprimero. En virtud de las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia del Covid-19 resulta fundamental que a nivel estatal se otorguen incentivos fiscales a la industria de la hostelería. Dada la importancia de ésta en el estado de México es prioritario que el gobierno estatal instrumente un programa de apoyo a la industria de la hostelería, a efecto de que se le condonen el impuesto sobre nómina y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje en tanto que las empresas mantengan su plantilla laboral durante el tiempo que dure la contingencia.

Decimosegundo. Garantizar el empleo a los mexiquenses empleados por la industria de la hostelería es la mejor política pública de un gobierno comprometido con sus ciudadanos. La labor conjunta entre gobierno y empresarios resulta crucial para que los trabajadores no pierdan su fuente de ingreso.

Decimotercero. Los programas sociales no bastarán para atajar los efectos económicos de la pandemia. Es crucial que se apoye a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas a efecto de garantizar el empleo.

Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente propuesta de:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que instrumente un programa de apoyo a la industria de la hostelería, a efecto de que se le condonen el impuesto sobre nómina y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje en tanto que las empresas mantengan su plantilla laboral completa mientras dure la contingencia del Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ampliar por la SE el número de microcréditos anunciados en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y dar cobertura total así a los 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas de que tiene registro el Inegi, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José del Carmen Gómez Quej , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, amplíe el número de microcréditos anunciados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y con ello se dé cobertura total a los 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que tiene registro el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); celebre con carácter urgente convenios para establecer procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y se exhorta a Nacional Financiera (Nafin) para que impulse y fortalezca la oferta de financiamiento a las la micro, pequeña y medianas empresas en el estado de Campeche, a través de la banca comercial y con respaldo del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) , al tenor de las siguientes,

Consideraciones

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son un elemento fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al producto interno bruto, constituyendo, en el caso de México,1 más del 99 por ciento del total de las unidades económicas del país, representando alrededor del 42 por ciento del PIB y contribuyendo a generar más del 78 por ciento de los empleos formales en el país.

Las Mipymes se pueden catalogar como empresas que cuentan con un personal laboral no mayor a 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño y tampoco cuentan con un gran volumen de facturación.

Características principales de las Mipymes

-El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una “sociedad”.

-Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es en muchas ocasiones empírica.

-Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 250 personas.

-Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo que en el capital.

-Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional.

-Están en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y aspira a ser grande.

-Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades.

Sobre este particular, el Inegi y la Secretaría de Economía, en colaboración con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde), presentaron en el marco de su último estudio en el año de 2018 los resultados de la “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Enaproce 2018”, que permite dar seguimiento a la caracterización en forma amplia, la evolución y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.2

Entre los resultados dados a conocer, destacan los siguientes:

-En nuestro país, en 2018, había contabilizado un total de 4 millones 57 mil 719 microempresas, con una participación en el mercado equivalente al 97.3 por ciento.

-Además, existe un total de 111 mil 958 pequeñas y medianas empresas (Pymes), con una participación de 2.7 por ciento en el mercado.

-En total, tenemos en el país un total de 4 millones 169 mil 677 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros.

Como se puede observar en nuestro país, la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas, y gran parte de la actividad económica y el empleo en México está estrechamente ligado a ellas. Sin embargo, y dado el desempeño y previsiones de la economía actual del país se configura un entorno poco favorable para encarar los efectos que provocará la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, por la fragilidad en el dinamismo productivo reciente y por la limitada capacidad de respuesta que tendrá la política fiscal para soportar los desequilibrios derivados de la desaceleración y de la incertidumbre en los mercados de bienes y servicios.

Esta situación se verá aún más afectada si se confirman las perspectivas negativas en el crecimiento de la economía mundial, en particular la de los Estados Unidos. Con el estancamiento en el crecimiento económico que se registra en México desde el tercer trimestre de 2018, se perfila una situación de expectativas desfavorables para el desarrollo nacional, pues se han debilitado las cadenas de producción, la exportación, la inversión y el empleo, a lo que se suman los desequilibrios recientes sobre el tipo de cambio, los precios del petróleo y las caídas en la bolsa de valores.

Este escenario se traduce en restricciones presupuestales, tanto en la capacidad para generar ingresos públicos como en las consecuentes reducciones al gasto. Asimismo, la consolidación de la política de disciplina fiscal que impide el endeudamiento del Estado y la aplicación de medidas anticíclicas, terminan por aumentar la fragilidad económica sobre la que va a impactar la epidemia del coronavirus en el desempeño y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante tal escenario el titular del Ejecutivo federal ya anunció un financiamiento para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas por un monto de 25 mil millones de pesos a través de un millón de microcréditos con una tasa de interés de 6.5 por ciento. De este millón de créditos, la mitad será para la economía formal y la otra mitad para la economía informal. El monto por cada crédito será de 25 mil pesos a liquidarse en 3 años.

Si bien, el referido anuncio es un aliciente para algunas Mipymes, lo cierto es que ni el monto, ni el nivel de cobertura universal son suficientes para apoyar a las 4.1 millones que el Inegi y la Secretaría de Economía tienen registrados en México.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, hoy en día cuenta con diferentes programas sectoriales y fondos de apoyo, a objeto de promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos orientados al fomento de la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las Mipymes.

Dado ello, este recurso legislativo hace un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que de manera urgente defina y ponga en marcha un plan integral de acciones inmediatas en materia de financiamiento y fomento a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Dados los razonamientos expuestos anteriormente, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, de manera urgente defina y ponga en marcha un plan integral de acciones inmediatas en materia de financiamiento y fomento a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y con ello se dé cobertura total a los 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que tiene registro el Inegi.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que, con base a sus atribuciones citadas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, celebre con carácter urgente convenios para establecer procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Tercero. Se exhorta a Nacional Financiera (Nafin) para que impulse y fortalezca la oferta de financiamiento a las la micro, pequeña y mediana empresa en el estado de Campeche, a través de la banca comercial y con respaldo del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Notas

1 Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.-

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50882/A53 9.pdf

2 logicbus. https://www.logicbus.com.mx/caracteristicas-pymes

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputado José del Carmen Gómez Quej (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a atender con el Inali la urgencia sanitaria provocada por el Covid-19, difundiendo los comunicados oficiales, los informes técnicos diarios, las medidas preventivas de contagio, las campañas de sano distanciamiento y toda información oficial en lenguas de pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José del Carmen Gómez Quej , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artú€ulos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretarú} de Salud para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indú„enas, atendiendo la urgencia sanitaria provocada por el Covid-19, difundan los comunicados oficiales, los informes técnicos diarios, las medidas preventivas de contagio, las campañas de sano distanciamiento y toda información oficial referente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, en lenguas indú„enas para mantener informada oportunamente a toda la población, especialmente a la que habita en pueblos y comunidades indú„enas , al tenor de las siguientes,

Consideraciones

El Covid-19, conocido como coronavirus, surgió a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y desde entonces se ha expandido por todo el territorio chino, hacia otros países, y al día de hoy está presente en todos los continentes del mundo. Este virus tiene un alto nivel de propagación, ya que se transmite a través del aire cuando se está cerca de una persona infectada que tose o estornuda, al tocar o tener contacto con las goticulas que salen expedidas cuando una persona infectada tose o estornuda y al tener contacto con estas goticulas que han sido esparcidas en alguna superficie y después tocarse la cara, la nariz la boca o los ojos.

El día 11 de marzo, la epidemia de Covid-19 fue declarada como una pandemia por el director General de la Organización Mundial de la Salud. Una pandemia, según la OMS, es la propagación mundial de una nueva enfermedad.

Debido a esta causa y a la evolución de los contagios alrededor del país, ha sido necesario tomar medidas preventivas para desacelerar el crecimiento de los mismos contagios. Entre dichas medidas preventivas se encuentran las siguientes publicadas en el portal del gobierno federal.

-Lavar las manos con agua y jabón

-Consulta y comparte información de fuentes confiables

-Tose o estornuda en la parte interna de tu codo

-Si tienes síntomas, ve al médico.

Al día de hoy nos encontramos en la fase dos de la contingencia sanitaria, en la cual los casos de personas confirmadas con Covid-19 ya no solo provienen de casos importados, si no que ya la transmisión del virus es local.

Dado lo anterior, se han reforzado las medidas de prevención del contagio para evitar que el Covid-19 continúe creciendo en nuestro país. Hasta el momento, se cuenta con una campaña de información oficial a cargo de la Secretaría de Salud a través de la que se emiten comunicados técnicos diarios, la estrategia para reforzar el distanciamiento pera prevenir el contagio con la campaña denominada “Susana Distancia”, diversas campañas estatales en materia de prevención del contagio, y varias otras medidas difundidas en diversos medios de comunicación oficiales.

Esta emergencia es de carácter nacional, y al día de hoy hay más de 400 casos confirmados de personas con Covid-19; el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza el doctor Hugo López Gatell, ha emitido diversos comunicados oficiales y a partir del 6 de marzo de este año, diariamente se han realizado conferencias de prensa vespertinas en las que se informa del avance especifico de todo lo relacionado con el Covid-19.

Sin embargo, dichos comunicados oficiales y conferencias no se han difundido en lenguas indígenas, por lo que las comunidades que hablan solo una lengua materna están expuestas a la desinformación y a desatender las medidas preventivas.

Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por México, en su artículo 11 establece que los pueblos tienen derecho a “practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales”, y en el artículo 16 de la misma declaración se dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación”.

El artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la letra dice que: “Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas”. Indicando en el artículo primero de la citada ley, que los sujetos obligados son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Asimismo, en el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se establece que “las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

Por lo tanto, al no contemplar la emisión de los informes técnicos diarios y las medidas preventivas para evitar la transmisión del Covid-19 en lenguas originarias, se están violentando los derechos de los pueblos indígenas de acceso a la información, si estas no se encuentran traducidas oportunamente para los hablantes de dichas lenguas.

Ante la severa crisis sanitaria que impera en la mayor parte del mundo, no podemos abandonar a las comunidades indígenas, quienes, como todas y todos los mexicanos, somos vulnerables ante el contagio del multicitado virus.

Tomando en cuenta que un alto porcentaje de la población indígena en nuestro país se compone de adultos mayores, quienes son más vulnerables ante el Covid-19, se debe de actuar en consecuencia y oportunamente para evitar contagios en dichas comunidades, ya que todo apunta a que entraremos pronto a la fase tres, donde existirá la mayor tasa de transmisión del virus.

Consciente de las implicaciones económicas y sociales que la pandemia y las medidas preventivas están provocando en nuestro país, es menester del gobierno de México atender a todas y todos los mexicanos para evitar una catástrofe grave en los asuntos de salud relacionados a la pandemia que hoy nos inunda.

Dados los razonamientos expuestos anteriormente, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretarú} de Salud para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indú„enas, atendiendo la urgencia sanitaria provocada por el Covid-19, difundan los comunicados oficiales, los informes técnicos diarios, las medidas preventivas de contagio, las campañas de sano distanciamiento y toda información oficial referente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, en lenguas indú„enas para mantener informada oportunamente a toda la población, especialmente a la que habita en pueblos y comunidades indú„enas.

Referencias

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/q-a-coronaviruseshttps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a formular un esquema diferenciado de estímulos crédito-fiscales y para pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la base de la más amplia concertación de los actores involucrados, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formular un esquema diferenciado de estímulos fiscales y crediticios para pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la base de la más amplia concertación de los actores involucrados , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Aún antes de que el avance de la pandemia se instalara en México, surgieron voces de analistas y empresarios que alertaron acerca del impacto que tendría la adopción de medidas que ralentizaran la actividad económica.

Así, las opiniones versaban en definir a quién apoyar, si a las grandes empresas o si únicamente a las pequeñas y medianas.

Evidentemente en el centro de las definiciones se encuentran los miles de empleos que eventualmente podrían verse afectados, con las consecuencias sociales previsibles.

Temas como la caída de la demanda, la reducción de las ventas, la liquidez o insolvencia de las empresas, las inversiones en curso, el garantizar el funcionamiento efectivo de las cadenas de suministros, nacionales e internacionales, de productos diversos, el garantizar mayor seguridad para la paz social a lo largo del país, o las necesarias acciones de orden fiscal que la autoridad en la materia pudiesen determinar, se han estado barajando incansablemente.

Las señales enviadas por los actores han sido una constante a lo largo de las últimas semanas. Desde la administración pública federal se ha deslizado la idea de que no habría apoyos para las grandes empresas, sino que estos estarían dirigidos primordialmente a las pequeñas y medianas (Pymes), al ser estas las más vulnerables ante la suspensión de las actividades no esenciales.

Ni fobaproas, ni condonaciones de impuestos se han externado en diversos momentos, si al parecer sopesar la emergencia por la que se atraviesa por lo que se requiere, dicen algunos, un gran pacto entre gobierno y los sectores social y empresarial para enfrentarla. En descargo, desde la presidencia se llamado a una tregua.

Al considerar la focalización en las Pymes, se habla de sus capacidades en el corto y mediano plazo para pagar la nómina, cubrir entiempo y forma el impuesto sobre la renta, tener solvencia, y hasta de las facilidades para su acceso a las proveedurías de productos y servicios, etcétera.

Otra es la condición de las grandes empresas cuyas capacidades son lógicamente mejores, y que en opinión incluso de no sólo de analistas económicos sino de empresarios, deberían ser más solidarias.

Otros más no distinguen entre empresas, al considerar que deben plantearse medidas cuasiuniverales que les permitan continuar con su dinámica productiva, de distribución, de pago proveedores, de pagos de salarios, de pago de contribuciones, etcétera.

La máxima que advierten es la de si el gobierno ha decidido tomar medidas que pausan la actividad económica, luego entonces está obligado, con cargo a las arcas públicas, a dotar a los empresarios de los apoyos fiscales y crediticios necesarios, a efecto del garantizar la viabilidad en la operación de las unidades económicas.

En ese orden, el Consejo Coordinador Empresarial—que agrupa a aseguradoras, banca, intermediarios bursátiles, industria de la transformación, productores agropecuarios, de comercio— propuso al Ejecutivo federal, mediante un comunicado,1 una serie de medidas, en consonancia con las recomendadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a favor de los contribuyentes:

1) Diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante 6 meses, o permitir enterar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.

2) Permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020.

3) Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.

4) Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.

5) Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020

Por añadidura, se tiene presente que Cámara de Diputados habría dispuesto un fondo para contingencia, al aprobar una reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuyo artículo segundo transitorio se asentó que:

En el ejercicio fiscal 2020, el Ejecutivo federal podrá enviar al Congreso de la Unión una propuesta para obtener montos adicionales de financiamiento que constituyan el Fondo a que se refiere el artículo 37 Bis de esta Ley por una cantidad máxima de 180 mil 733 millones de pesos.

Lo anterior fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo,1 turnándose a la Colegisladora para sus efectos constitucionales, donde quedó pendiente, al suspenderse las actividades legislativas.

Por demás, el mismo presidente ha declarado que la hacienda pública cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la crisis, y una economía fuerte para hacer frente a la contingencia.

En resumen, los esquemas de estímulos fiscales deben al menos contemplar:

-Suspensión o diferimiento del pago del impuesto sobre la renta.

-Acelerar los procesos de devolución de impuestos como el impuesto al valor agregado.

-Ampliar plazos para la presentación de declaraciones anuales y pagos de impuestos de personas físicas y morales.

Todo ello, sin menoscabo de otras acciones para incentivar el crédito blando, agilizar las compras del sector público, continuar con el ritmo de la inversión pública en infraestructura, la operación de los programas sociales, y la entrega oportuna de las ministraciones a las entidades federativas.

Los elementos están sobre la mesa, urge la más amplia concertación —no visiones ni decisiones unilaterales— que dé viabilidad en el corto y mediano plazos a las unidades económicas, apuntale la economía nacional y evite altos costos sociales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a formular un esquema diferenciado de estímulos fiscales y crediticios para pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la base de la más amplia concertación de los actores involucrados.

Notas

1 https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las -empresas-requieren-medidas-urgentes/

2 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-IX.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivos federal y locales a ampliar, modernizar y garantizar la conectividad en sitios y espacios públicos con internet gratuito para apoyar las actividades de las familias, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se. hace un atento exhorto al poder Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para que amplíen, modernicen y garanticen la conectividad en los sitios y espacios públicos que otorgan internet gratuito, a efecto de apoyar las actividades de las familias , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Luego de la publicación1 del acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), el país entró en una etapa inédita de mayor confinamiento social que incide directamente en las familias, en los negocios y en las instituciones mismas.

Tal declaratoria —por parte del Consejo de Salubridad General2 —, implica la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.

En consecuencia, la Secretaría de Salud determinó y así lo informó el día 31 de marzo,3 que entre las acciones para hacer frente a la emergencia se encuentran la suspensión inmediata de todas aquellas actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

Que son esenciales las que directamente son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud, público y privado. Así como también a los que participan en su abasto, servicios y proveeduría (...)

Asimismo, las relativas a seguridad pública y protección ciudadana, a defensa nacional, a la procuración e impartición de justicia, a la actividad legislativa, a la operación de los programas sociales gubernamentales, así como la conservación y mantenimiento de infraestructura crítica queasegura la producción y distribución de servicios indispensables (agua potable, energía eléctrica, combustibles, infraestructura hospitalaria y médica, etcétera)

Otras actividades esenciales son las ligadas a las cuestiones financieras y tributarias; la distribución de energéticos, la producción y distribución de alimentos, los servicios de guardería y estancias infantiles, los servicios de seguridad, los servicios prestados por refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, los asilos y estancias para la tercera edad, entre otros:

Los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transportes de pasajeros y carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.

En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación cobran mayor relevancia, ya que a muchas personas les facilita el trabajo a distancia, les permite acceder a los canales de información, o les abre la oportunidad de seguir desarrollando actividades varias para obtener sus ingresos.

Es de conocimiento general que la pandemia mundial afecta ya gravemente la esfera económica que difícilmente se recuperará en los meses siguientes. Ello se reflejará directamente en la baja de los ingresos para muchas personas, cuyo impacto dependerá si su actividad está ligada o no a los sectores esenciales que deben seguir operando.

Obviamente, estamos hablando principalmente de trabajadoras y trabajadores que pudiesen ver mermados sus emolumentos si las empresas que los emplean no pagaran la totalidad de los mismos, lo que redundaría en su capacidad de compra en alimentos y el pago de servicios básicos que las familias requieren. En este caso, si esto ocurriera, facilitar el acceso a la red resulta importante porque podría ser una herramienta para allegarse recursos.

El apartamiento social derivado del llamado de las autoridades ante la presencia del coronavirus, sin duda, ha propiciado el incremento del uso de las herramientas de comunicación virtuales.

Como lo han señalado los especialistas en la materia, el acceso seguro y permanente a la redtraería importantes beneficios —principalmente para aquellas personas con factores de riesgo— como el facilitar la compra de víveres e insumos diversos, trámites, pago de servicios y las transacciones bancariasen línea, evitando operacionespresenciales en comercios, instituciones o bancos.

Lo anterior crearía un círculo virtuoso porque a la par de facilitar la compra de productos y pago de servicios, incentivaría la economía local cuyo efecto sería el mantener abiertos los establecimientos.

Además, produciría beneficios de orden social puesto que mediante la red la población tendría acceso a materiales informativos y culturales, o serviría para solicitar apoyos sanitarios.

Subrayamos el acceso a los materiales informativos porque de esa manera se posibilita que la población se remita directamente a los comunicados o a transmisiones en línea que la autoridad emite, sin intermediarios que pudiesen contaminar la interacción sociedad-gobierno.

Así, no solo la información oficial tendría mayor eco sino también la de aquellas personas especialistas que aclaran, detallan y analizan la cotidianidad del fenómeno sin alarmismos ni mentiras sobre el mismo.

Precisamente en torno a la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones4 llamó a usar las redes de telecomunicaciones con responsabilidad (IFT) a fin de evitar saturarlas.

El IFT recomendó priorizar el uso de las mismas para fines informativos, laborales, educativos y de salud.

Propuso, limitar el uso de videoconferencias o llamadas con video y dar preferencia a las comunicaciones de voz; a utilizar preferentemente servicios de mensajería instantánea SMS, whatsapp, messenger y el teléfono fijo.

Se pronunció por fijar horarios de menor tráfico de datos para descargar archivos pesados como películas y videos o jugar en línea.

Además, anunció el pasado 26 de marzo que los usuarios de telefonía móvil recibirán sin costo por SMS mensajes con información actualizada sobre la pandemia.

Por citar un ejemplo de la factibilidad del exhorto, podemos referirnos al caso de la Ciudad de México, la cual informó —mediante la Agencia de Innovación Tecnológica5 —, contar ya con alrededor de trece mil puntos de conexión (vía infraestructura C5)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados hace un atento exhorto al poder Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados y de Ciudad de México para que amplíen, modernicen y garanticen la conectividad en los sitios y espacios públicos que otorgan internet gratuito, a efecto de apoyar las actividades de las familias.

Notas

1 Ver: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf

2 Ver: https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-e mergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301

3 Ver:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544332/CP M_Medidas_de_Seguridad_Sanitaria__31mar20.pdf.pdf

4 Ver:
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados- ift#

5 Ver:
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-acce so-gratuito-internet-wifi-c5/table/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear por la Ssa y la SEP un programa de vigilancia epidemiológica, y de prevención y control de enfermedades transmisibles, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Elisa González Estrada , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artú€ulo 6, y el artú€ulo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses México ha sido víctima de la falta de visión de Estado, la nula aplicación de políticas públicas estratégicas y la falta total de acciones eficientes en materia de salud.

Como todos sabemos, estamos viviendo la más fuerte epidemia ya considerada pandemia de Covid-19 de la que se tiene registro. Según los informes y estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud, sobre la situación que guarda dicha enfermedad.

Podemos señalar lo siguiente:

Como podemos darnos cuenta, el mayor número de casos confirmados es en la Ciudad de México y 3 muertes, pero lo preocupante es que siguen aumentando los casos.

La falta de prevención de este tipo de acontecimientos, sin duda impacta de manera negativa en las finanzas públicas, en el producto interno bruto, en la economía de la ciudadanía y causan sentimientos de zozobra en la población.

No es posible que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia y emitiendo como una de sus principales recomendaciones el aislamiento social, cerrar fronteras, y la prevención para que esto no creciera, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos días y eso en razón de que ya habíamos tenido varios casos de contagio de la epidemia ya decretada como pandemia.

Es vergonzoso lo que el presidente de México no ha hecho nada al respecto y que el propio secretario de Salud federal en vez de accionar se la pase culpando a gobiernos anteriores de problemas que tenemos sEdesde hace tiempo, pero que el actual gobierno no estEhaciendo nada de manera inmediata para la producción de vacunas. Pero es más vergonzoso aún reconociendo el problema, no se realicen acciones contundentes para revertirlo.

Seguimos siendo dependientes de las farmacéuticas transnacionales en lo que a producción de vacunas se refiere y ante la falta de políticas públicas de salud por parte del gobierno federal, el país entero está condenado a vivir en la zozobra por el rebrote de esta enfermedad o de alguna nueva.

La falta de previsión en la salud genera problemas colaterales como son el rezago de comunidades enteras, la pobreza, pérdidas económicas, disolución del núcleo familiar al morir de manera intempestiva uno de sus miembros, la afectación de su economía al no tener para pagar los tratamientos médicos, entre otros problemas colaterales, que le cuesta al Estado mucho más caro contenerlos que prevenirlos.

Según datos del estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, la emergencia sanitaria por Covid-19 deja al descubierto la fragilidad del sistema nacional de salud para atender cabalmente la salud de la población y que este gobierno no estEpreparado para este tipo de contingencias en salud.

Nuestro sistema de salud como está actualmente deja expuesta a la población, se requiere un sistema integrado con infraestructura suficiente tanto en el primer nivel de atención como en los hospitales, centros de investigación, laboratorios así como el equipamiento necesario. Y nuestro México en este momento está muy lejos de estos parámetros, tal y como lo confirma la emergencia sanitaria.

En este momento vale la pena preguntarse:

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno, que en sus propios diagnósticos reconoce las deficiencias, para construir un sistema de salud sólido?

Nosotros consideramos que no ha habido respuesta eficiente por parte del gobierno federal.

Es necesario puntualizar que en otras ocasiones como en el 2009 con la epidemia de la influenza, se le asignEmayor presupuesto al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), todo lo contrario a lo que estEpasando en este nuevo gobierno, que bajEel presupuesto al tema de salud o de investigación.

Y que actualmente este importante Instituto opera en instalaciones de hace 70 años, enfrenta una problemática de urgente solución dada la obsolescencia de su infraestructura, “el Indre está constantemente rebasado para garantizar la calidad y la oportunidad del trabajo, para cumplir con su misión además de poner en riesgo la salud del personal y, como consecuencia de lo anterior, se han presentado accidentes que han puesto en riesgo la salud del personal por no contar con niveles de bioseguridad y bioprotección adecuados” y aunando que este gobierno tiene cero interés en el tema.

Es fundamental llevar a cabo acciones coordinadas entre las entidades federativas, las universidades, los centros de investigación científica y tecnológica y las dependencias del gobierno federal, a fin de avanzar en la prevención de epidemias y tener una autosuficiencia en la investigación y elaboración de vacunas, ya que al tener estos programas tendremos como beneficio la respuesta oportuna ante epidemias, se generarían empleos para especialistas en el tema y se ahorraría a largo plazo el Estado muchos recursos consumiendo vacunas nacionales, incluso podríamos vender vacunas y obtener recursos adicionales por ello.

Por lo anterior es importante señalar con lo que legislativamente contamos actualmente y por lo cual hoy presento este punto de acuerdo:

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerEla concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Es con ese fundamento que hoy se solicita que se cree dicho programa en el cual participen diversas áreas de investigación de conformidad a lo que establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de estimular la investigación científica y tecnológica para la realización de actividades de vigilancia epidemiológicas, de prevención y control de enfermedades transmisibles. El cual deberá ser revisado y actualizado anualmente por las autoridades que dirijan el programa.

En el artículo 2o. de la Ley General de Salud se establece de manera generalizada el tema de la investigación, pero lo que pretendo, es el continuo e interrumpido desarrollado de investigación cientúƒica y tecnológica para la salud.

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I a VI. ...

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

De igual forma en artículo 97 de la misma ley establece:

Artículo 97. La Secretarú} de Educación Pública, en coordinación con la Secretarú} de Salud y con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologú} , orientarEal desarrollo de la investigación científica y tecnológica destinada a la salud.

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud.

De igual forma en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cual establece lo siguiente:

Artículo 22. La Cibiogem emitirEsus reglas de operación en las que se establecerán los mecanismos de participación para que integrantes y representantes de los sectores académico, cientúƒico, tecnológico, social y productivo, de reconocido prestigio y experiencia en los temas relacionados directamente con las actividades que son materia de esta Ley, puedan participar mediante opiniones, estudios y consultas en el conocimiento y evolución de las polú‘icas de bioseguridad y de fomento de la investigación en bioseguridad y biotecnología, asEcomo también para recibir opiniones, estudios y consultas en dichas materias.

Como podemos estimar, el Centro de Investigación de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados emite sus reglas de operación en las materias científicas como tecnológicas, además de fomentarlas.

La misma ley antes mencionada nos establece que el poder Ejecutivo federal se encargarEdel fomento, apoyo y fortalecimiento de la investigación cientúƒica y tecnológica en materia de bioseguridad y también se busca que dichos sustentos, apoyen proyectos tanto de investigación como de desarrollo para que se vean beneficiados los productores nacionales:

Artículo 28. El Ejecutivo federal fomentarE apoyarEy fortalecerEla investigación cientúƒica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnologú} a través de las polú‘icas y los instrumentos establecidos en esta Ley y en la Ley de Ciencia y Tecnologú} . En materia de biotecnologú} , estos apoyos se orientarán a impulsar proyectos de investigación y desarrollo e innovación, formación de recursos humanos especializados y fortalecimiento de grupos e infraestructura de las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, que se lleven a cabo para resolver necesidades productivas especúƒicas del paú y que beneficien directamente a los productores nacionales.

En materia de bioseguridad se fomentarEla investigación para obtener conocimientos suficientes que permitan evaluar los posibles riesgos de los OGM en el medio ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la sanidad animal, vegetal y acuícola; para generar las consideraciones socioeconómicas de los efectos de dichos organismos para la conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica.”}

El artículo 29 del mismo precepto legal nos menciona que ya existen programas especúƒicos encaminados a la investigación cientúƒica en materia de bioseguridad y biotecnologú} y cuya formulación estarEa cargo del Conacyt en base a las diversas propuestas que presenten tanto las Secretarú} s como las demás dependencias y entidades de la administración pública federal.

Artículo 29. Para lograr el fomento a la investigación cientúƒica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnologú} se establecerEun programa para el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnologú} que serEconsiderado como un programa cuya formulación estarEa cargo del Conacyt con base en las propuestas que presenten las Secretarú} s y las demás dependencias y entidades de la administración pública federal que apoyen o realicen investigación cientúƒica y desarrollo tecnológico. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades cientúƒica, académica, tecnológica y sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Cientúƒico y Tecnológico, y de la Cibiogem.

Dicho programa formarEparte del Programa Especial de Ciencia y Tecnologú} que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Como podemos ver en la legislación vigente antes mencionada, se establece la obligación del Poder Ejecutivo de desarrollar enseñanza y fomentar la investigación científica y tecnológica para la salud, por lo que consideramos que no habrEningún inconveniente en la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo, que sometemos a consideración de esta soberanía:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarias correspondientes, se cree el Programa de Vigilancia Epidemiológica, de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de conformidad con lo establecido en las siguientes leyes:

-Artículo 4o. Constitucional.

-Artículos 2 y 97 de la Ley General de Salud.

-Artículos 22, 28 y 29 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Se cree el Programa en el cual participen diversas áreas de investigación de conformidad a lo que establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de estimular la investigación cientúƒica y tecnológica para la realización de actividades de vigilancia epidemiológicas, de prevención y control de enfermedades transmisibles. El cual deberEser revisado y actualizado anualmente por las autoridades que dirijan el programa.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que se encargue del fomento, apoyo y fortalecimiento de la investigación cientúƒica y tecnológica en materia de bioseguridad y también busque los sustentos, que apoyen proyectos tanto de investigación como de desarrollo para que se vean beneficiados los productores nacionales, como lo establece la Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SSPC y la Ssa para promover una estrategia conjunta dirigida a implantar acciones de prevención y combate de violencia contra personal de salud ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.2

En México, como lo han manifestado las autoridades en salud, el personal médico cuenta con la preparación necesaria para atender a quienes lo requieran por sospecha de padecer Covid-19, sin poner en riesgo a otras personas enfermas, ni a la población en donde se encuentran”.1

Los paramédicos, enfermeros, doctores y el resto del personal de salud están haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de frenar la pandemia por el coronavirus, a tal grado que incluso arriesgan su vida por salvaguardar las nuestras.

No obstante, recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió un comunicado en el que llamó, de manera enérgica, a la población a que no amenace o cometa actos de violencia contra el personal de salud o las instalaciones hospitalarias en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.4

Y es que, no obstante que el personal médico es la primera línea de batalla contra el coronavirus, la comunidad médica en varios estados de la república han sufrido de agresiones por parte de ciudadanos, que acusan a médicos y enfermeras de portar o ser transmisores de la enfermedad.

Mientras en otras partes del mundo el personal de salud es tratado como héroes, en México el personal médico, han denunciado a taxistas y transportistas de negarles el servicio por “miedo a ser contagiados”.

También el personal médico ha manifestado ser víctimas de denostaciones por parte de sus vecinos, en sus domicilios donde les son arrojados materiales desinfectantes, Y sufren de agresiones físicas, verbales e incluso materiales en sus vehículos a fin de ser desalojados de sus viviendas por parte de la comunidad que teme ser contagiada por Covid-19.

Debido a incidentes en contra del personal de salud, en el estado de Jalisco, y ante la negación a dar servicio de transporte público a personal médico, un grupo de taxistas de la ciudad se declaró en código rojo con el propósito de llevar gratuitamente a enfermeras y médicos a los hospitales, y cobrar la mitad a su regreso a casa, dicha iniciativa debe ser replicada a los demás estados ante la emergencia sanitaria que estamos enfrentando actualmente.

Nada justifica dichos actos y son inadmisibles, por lo que debe ser atendido de inmediato por las autoridades y estados de la república, el mejor aplauso es el respeto y la consideración, y el agradecimiento, porque dan y están dando todo, absolutamente todo, por nosotros y nuestro país.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que en aras de garantizar la prestación del servicio de salud y la integridad de quienes laboran, el gobierno federal elabore una estrategia conjunta para implementar acciones a fin de prevenir y combatir actos de violencia contra el personal de salud o las instalaciones hospitalarias ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se garantice la prestación del servicio de salud y la integridad de quienes laboran, debido a la contingencia sanitaria actual, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de Salud (SS), y a sus homólogos en las entidades federativas, para que promuevan una estrategia conjunta para implementar acciones a fin de prevenir y combatir actos de violencia contra el personal de salud o las instalaciones hospitalarias ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a sus homólogos en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera coordinada, se habiliten rutas y transporte gratuito al personal médico ante la emergencia sanitaria de coronavirus.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de Salud (SS), y a sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera coordinada, refuercen y fortalezcan las campañas de promoción y sensibilización de la prestación del servicio de salud y la integridad de los trabajadores de la salud, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario.

Notas

1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

3 Jorge Monroy, el Conapred exige parar agresiones a personal médico, Periódico El Economista S.A. de C.V., consultado por última vez el 03 de abril de 2020 en

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Nohemi Aleman Hernandez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cancelar o posponer las obras iniciales y no prioritarias de momento, como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para financiar a los estados en infraestructura y reactivar así la economía y productividad de éstos, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Saraí Núñez Cerón y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que cancele o posponga las obras que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar a los estados en infraestructura y así reactivar la economía y la productividad de los mismos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, “nos indigna la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros”1 y me refiero con esto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el domingo 5 de abril de 2020 presentó ante la nación su informe de los primeros 100 días de su segundo año de gobierno el cual resalto y destaco su pobre y reumático plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia global del Covid-19 .

Con este escenario se suma la incertidumbre respecto a los efectos económicos que tendrán las medidas de contención del coronavirus en territorio nacional, incluyendo aquéllas que puedan limitar aún más la movilidad social, la contracción del consumo interno y sus consecuencias en los sectores productivos.

Este plan de reactivación económica que dio el presidente es un claro ejemplo de la ignorancia y la mezquindad hacia el pueblo de México, la situación actual en la que está México empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de emergencia económica, que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en la que se encuentra casi el 50 por ciento de la población mexicana y la informalidad en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores.

En esta tesitura, varios analistas en la materia económica, empresarios y diputados federales de oposición recomendamos la eliminación o posponer los tres grandes proyectos de esta 4T, en su mañanera el presidente no quiere posponer los tres proyectos que son el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Boca, proyectos que en este momento no son prioritarios para el país, y en conferencia de prensa el Presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó y dio respuesta a sus detractores, Dijo que no habrá “ningún paso atrás” en la construcción de sus proyectos, pues indicó que no se está sorprendiendo a nadie, pues se está aplicando un proyecto que en las pasadas elecciones estuvo respaldado por millones de mexicanos”.2

Por lo anterior, el presidente sigue en campaña perpetua y no está viendo la realidad que pasa en el mundo y en el país con la emergencia de salud y una crisis económica, donde miles de mexicanos perderán sus empleos, otros perderán sus negocios y unos cuantos perderán sus empresas mientras los grandes empresas como grupo salinas estará en pie ya que ellos los respalda un capital de amortización como es el gobierno federal.

Por lo anterior, uno de los motivos porque deben cancelar los tres proyectos, Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, es la crisis económica que está atravesando el mundo, y por la inestabilidad del peso frente a otras monedas estas obras se dispararán, tal y como lo menciona el periódico El Economista , uno de los medios de comunicación expertos en materia económica, el cual menciono que:

“El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 mil o 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.

Por lo anterior, el escenario exige mucha responsabilidad política, los costos de las acciones que se implementen hoy, sin duda tendrán efectos en el corto plazo, que podrían anticipar un cambio en la correlación de fuerzas hacia 2021 en el Congreso. La realidad que hoy nos asiste demanda un amplio compromiso social y un esfuerzo colectivo en el que los distingos ideológicos queden en segundo plano”.3

En este orden de ideas “la construcción de la refinería de Dos Bocas contaría con un presupuesto de 41 mil 300 millones de pesos en el 2020, mismo que se ejercería a través de la Secretaría de Energía, a la que en el proyecto de presupuesto del próximo año se le asignaron 48 mil 500 millones de pesos”.4

Finalmente el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, “dicha obra detalla el plan de trabajo y el costo de la obra que sería de 70 mil 342 millones 105,000,51 pesos con 18 centavos, con 3 mil 463 millones de pesos ejecutados por medio de concesión a privados que, dejarían el precio en 66 mil millones, un 26 por ciento del costo estimado del NAIM, según el documento”.5

Por lo anterior, con este recurso que se ahorraría el gobierno federal al cancelar estos proyectos se podría financiar a los estados en infraestructura y así reactivar la economía y la productividad de los mismos, como las acciones económicas que diferentes estados están tomando como son:

Chiapas

-Clínicas alternas para atención respiratoria, exclusivas para pacientes con coronavirus.

Chihuahua

-App “Salud Digital” para detectar e informar a ciudadanos sobre el de Covid-19 .

-Plataforma virtual “Karí” para informar, sensibilizar y capacitar en la prevención de la violencia familiar.

-Apoyos alimentarios.

Ciudad de México

-Siete hospitales para dar primera atención a pacientes con Covid-19.

-Patrullajes para promover el autoaislamiento.

-Servicio de mensajería para detectar casos de coronavirus.

-Brigadas que entregan insumos médicos en domicilios de posibles enfermos de Covid-19.

Coahuila

-Operativos para promover el autoaislamiento. y contener la salida e ingreso a comunidades ejidales.

-Instalación de retenes sanitarios en Monclova, municipio con el mayor número de casos de Covid-19 .

Colima

-Filtros sanitarios en los accesos a la entidad.

-Dotaciones alimentarias.

Aguascalientes

-El Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

-Se determinó que los proyectos de obra pública continuarán avanzando para que los trabajadores mantengan su fuente de ingreso.

-Entrega de medicamentos para tres meses a personas con padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión, con la finalidad de evitar una exposición en espacios públicos.

Baja California

-Tijuana se declaró en emergencia sanitaria.

-Jornadas por la Paz y la Salud, para llevar apoyos a las personas en situación vulnerable.

Campeche

-Servicio de mensajes de texto para que las personas que crea tener síntomas del coronavirus reciban orientación y recomendaciones médicas

-Filtros de control sanitario en aeropuertos y terminales de autobuses.

Durango

-Entrega de apoyos alimentario.

-Filtros sanitarios en los accesos a la entidad.

Guanajuato

-Módulo de Sanidad Internacional del aeropuerto del Bajío.

-Kits de contingencia sanitaria contra el coronavirus en mercados y tianguis del estado.

-Protocolos sanitarios en las diferentes obras públicas.

-Tranformación de una clínica en el Hospital Estatal de Atención Covid-19 en León Guanajuato.

Hidalgo

-Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 en Pachuca.

-Seguro de Emergencia para trabajadores que den positivo por coronavirus y carezcan de seguridad social.

-Continuidad de obra pública.

-Apoyos alimentarios

Jalisco

-Filtros sanitarios en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

-Filtros sanitarios en el acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

-Compra de pruebas rápidas de detección de Covid-19

-Creación del Código Violeta, que será activado en el 911para denuncias de violencia doméstica.

-Transporte gratuito para el personal de salud.

Estado de México

-Unidades médicas móviles, 25 hospitales para pruebas y seis más para hospitalización de enfermos con Covid-19 .

Michoacán

-Filtros sanitarios en carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses y el puerto de Lázaro Cárdenas.

-Línea de atención para casos de violencia de género.

-Apoyos alimentarios

-Micrositio con información sobre el Covid-19 .

Morelos

-Plan contra saqueos

-Campaña “Aislamiento Sin Miedo”, contra la violencia intrafamiliar.

-Patrullajes para promocionar el autoaislamiento.

-Línea telefónica para atender a trabajadores

Nayarit

-Apoyos alimentarios.

Nuevo León

-Filtros sanitarios en centrales de autobuses.

-Cerco sanitario en sus cruces fronterizos

-Apoyos alimentarios.

-App para identificar posibles casos de coronavirus.

Puebla

-Apoyos alimentarios y de insumos para higiene.

-Línea de asistencia y orientación sobre el Covid-19 .

Querétaro

-Filtros sanitarios en el aeropuerto.

-Apoyos alimentarios.

Quintana Roo

-Diferimiento de pago de impuestos estatales, convenio con patrones para que los trabajadores no pierdan su empleo, promoción inmediata de servicios turísticos y paquetes para los destinos turísticos.

-Se reforzarán los controles sanitarios en los puntos de acceso aéreo, marítimo y terrestre al estado.

San Luis Potosí

-Paquete financiero y fiscal por más 3,200 millones de pesos.

-Se instalarán filtros limitados para controlar la cantidad de visitantes en parajes turísticos.

Sinaloa

-La Secretaría de Economía informó la creación de un programa emergente.

-Se prorroga un mes el pago de impuestos vehiculares.

Sonora

-Se anunció 50 por ciento de descuento en el pago del Impuesto Sobre Nómina para las empresas con 50 empleados o menos, 100 por ciento de descuento en el pago del impuesto sobre hospedaje, y prórroga para el pago de licencias de alcoholes.

-Los municipios de la región de Río Sonora acordaron un toque de queda. De igual manera, los municipios de Santa Ana, Caborca, Naco, Moctezuma y Nacozari.

Tamaulipas

-Se prepara un paquete de estímulos y beneficios fiscales y económicos.

Tlaxcala

-Se han habilitado dos hospitales para atender casos de Covid-19 exclusivamente.

-Protección Civil fortalece las acciones preventivas y los protocolos de atención, con la finalidad de brindar apoyo oportuno a la población que lo requiera.

Veracruz

-El gobierno canceló los adeudos fiscales hasta junio.

-Se colocan filtros de salud en aeropuertos y centrales de autobús.

-La Secretaría de Salud diseñó un Plan Estratégico de acuerdo con posibles escenarios.

Yucatán

-Se establecieron filtros sanitarios en el aeropuerto de Mérida; se suspendieron los trámites de renovación de placas vehiculares y de regularización del padrón vehicular.

-Serie de estímulos y beneficios fiscales y económicos como medida para la protección de los empleos.

Zacatecas

-Un paquete de estímulos fiscales en gravámenes como el impuesto sobre nómina y el impuesto al hospedaje.

Con estas medidas que los Gobiernos de los Estados realizan es un fuerte sostén para la economía de los mexicanos ante la crisis económica del país pero necesitan del Federación para que estos puedan subsistir.

Por ende, “la economía social de mercado supone una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas que permita el crecimiento sólido y estable de la actividad económica y equilibren el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.6

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que cancele o posponga las obras que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar a los estados en infraestructura y así reactivar la economía y la productividad de los mismos.

Notas

1 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/do cumentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, pag 4.

2 https://www.informador.mx/mexico/
De-que-quieren-su-nieve-dice-AMLO-a-quienes-piden-cancelar-megaproyectos-20200330-0035.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
IMCO-alerta-que-costo-de-Tren-Maya-podria-ser-10-veces-mayor-al-estimado-20190319-0038.html

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Otorgarian-41300-millones--de- pesos-a-Dos-Bocas-20190909-0020.html

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Cuanto-costaria-el-Aeropuerto-de-Santa-Lucia-en-comparacion-con-el-NAIM-20180824-0038.html

6 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/
documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, Humanismo Economico, pag 9.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a entregar por diversas autoridades de Veracruz apoyos a adultos mayores con estricta sujeción al Acuerdo por el que se Establecen Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Generada por el SARS-Cov2, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2020, suscrita por los diputados María del Rosario Guzmán Avilés y Jesús Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María del Rosario Guzmán Avilés y Jesús Guzmán Avilés , diputados federales del estado de Veracruz de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:

Como es de amplio conocimiento, el país atraviesa la peor amenaza de salud pública en lo que va de este siglo, originada por un virus en la República de China y que ha sido denominado coronavirus o Covid-19.

Esta amenaza, que ya es de trascendencia mundial, ha generado una pandemia, donde al día de hoy 9 de abril del 2020, han sido infectadas un millón 673 mil 530 personas y han muerto 101 mil 526,1 todo esto en escasos 4 meses desde su aparición.

Nuestro país no ha sido la excepción y de igual forma a este día se ha presentado un panorama de 3 mil 441 casos confirmados, 10 mil 105 casos sospechosos, 17 mil 950 casos negativos y 194 defunciones. Esto informado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López- Gatell Ramírez, de la Secretaría de Salud, en conferencia del 9 de abril del presente año.

Por la rapidez de la propagación de este nuevo virus, es urgente la inmediata actuación por parte de las instancias del gobierno federal, estatal y municipal; así como los tres poderes de la unión.

En razón de lo anterior, el día 31 de marzo del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 por parte de la Secretaría de Salud a través de su titular.

Esto, debido a que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.

Al efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del gobierno federal, se estimó necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a las instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (Covid-19).

Y que no obstante que el gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), resultó necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus, y en el cual presentó un acuerdo con dichas medidas extraordinarias.

Dentro de ese acuerdo, se estipuló en su artículo primero, fracción II, que se consideraba continuar con las actividades consideradas como esenciales; y en el inciso d) se precisa: Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno.

En este contexto, a través de un oficio signado por el ingeniero Octavio Antonio Reyes, fue solicitado al alcalde del municipio de Tantoyuca, Veracruz, Amado Guzmán Avilés, un inmueble para la entrega de apoyos para los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores +65, para los días 26 de marzo al 10 de abril.

A lo que el alcalde respondió en oficio de 25 del mismo mes y año, que no podía ser posible por el acuerdo establecido en ese momento por el gobierno federal de 24 de marzo publicado en el diario oficial de la federación, donde ordenaba evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años o mas y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella.

Y terminando dicha contestación a exhortar al solicitante a implementar dichas medidas, suspendiendo estas actividades e implementando medios alternos para hacer llegar los apoyos a los beneficiarios y no afectar por la falta de esto y mucho menos su salud.

Pese a lo argumentado por el alcalde del municipio de Tantoyuca, Veracruz, con base en reportes fotográficos y videos, quedó asentado que la entrega de apoyos sí fue realizada en la semana del 31 de marzo al 3 de abril en diferentes eventos y en diversas comunidades pertenecientes a este municipio.

Llevadas estas a cabo sin las mas mínimas medidas de prevención de higiene que ordena la emergencia sanitaria que nos ocupa y mucho menos respetando la orden federal de no reunir grupos de más de 50 personas y peor aún siendo personas de 65 años y más por ser los beneficiarios directos de este programa, ya que tenían congregados grupos de 100 y hasta 200 personas, todas de este grupo de edad y muchos niños y mujeres embarazadas.

Es prudente mencionar que el municipio de Tantoyuca, Veracruz, está compuesto por 572 localidades indígenas y que se encuentra catalogado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), como un municipio de alta marginación.

Otro dato importante a resaltar es que al día de hoy no ha sido localizado ningún caso como sospechoso y menos como positivo con Covid-19 en el municipio, por lo que es la urgencia de cuidar la salud de la población y que permanezca de esta manera ese nulo número de casos.

Proponemos el presente punto de acuerdo con mucha preocupación, ya que se estima hacer estas jornadas por parte del personal de la Secretaría de Bienestar, delegación Veracruz, hasta el día 10 de abril, exponiendo a miles de personas identificadas con mayor riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, como ha quedado acreditado con los acuerdos del gobierno federal para tratar la pandemia del virus SARS/CoV2 (Covid-19.

Por todo lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, para que, en el ámbito de sus facultades, ordene a la delegación del estado de Veracruz y al coordinador estatal de los programas de desarrollo para el estado de Veracruz; realice la entrega de apoyos a adultos mayores en la entidad con estricto apego al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y en caso de no hacerlo así se suspendan las mismas hasta tener condiciones de practicar las mismas sin poner en riesgo a los beneficiarios.

Nota

1 _ https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de abril de 2020.

Diputados María del Rosario Guzmán Avilés y Jesús Guzmán Avilés (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de Coahuila e Hidalgo a homologar las elecciones locales con la federal de 2021, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los a los Congresos de los Estados de Coahuila e Hidalgo, homologuen las elecciones locales, a la federal 2021, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema electoral es parte fundamental de la democracia mexicana, es la forma que permite renovar el poder y fue elemento central durante la transición a la democracia.

Desde que se diseñó el moderno sistema electoral mexicano en 1946, muchas reformas lo han actualizado, según los consensos coyunturales de la clase política. De todas ellas, las de 1990, 1996 y 2014, han sido las que mayores cambios han implicado, Las leyes derivadas de la reforma de 2014 sentaron bases sólidas para arrancar el nuevo esquema compartido de celebración de elecciones locales.

En México, las jornadas electorales federales se realizan el primer domingo de julio del año de las elecciones. Tomando como referencia la duración de un periodo de Gobierno Presidencial, en nuestro país se celebran dos jornadas electorales federales:

• El primero; se conocen como elecciones federales intermedias y se renueva la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados.

• El segundo; se realiza durante el último año del periodo presidencial y se elige al nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal y la totalidad de los miembros del Congreso de la Unión.

La reforma político-electoral de 2014, estableció el sistema nacional de elecciones, integrado por el Instituto y los OPL de cada una de las entidades federativas, bajo un sistema de competencias claramente definidas, que conllevan una relación de coordinación en el desarrollo de los procesos electorales, así como vigilar el cumplimiento de la Ley, al amparo de los principios rectores de la materia, con una clara función de rectoría de dicho sistema, a cargo de esta autoridad electoral nacional.

La reforma de al artículo 116, fracción IV, inciso a) constitucional mandata a las entidades federativas del país para que realicen sus jornadas electorales el primer domingo de julio del año que corresponda, con excepción de los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal.

Dicha reforma estableció una nueva forma de estructurar las normas y atribuciones de los Organismos Electorales, con el propósito de generar sinergias que permitan al Instituto ser eje rector de ese sistema.

Los artículos 41, párrafo tercero; 115, párrafo primero, fracción I y 116, fracción IV, de la Constitución, disponen que la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos federal y estatal, así como de los ayuntamientos se realiza mediante comicios celebrados periódicamente, en los cuales los y las ciudadanas eligen libremente a sus representantes populares. También se señala que el sufragio será universal, libre, secreto y directo.

En dicho artículo 41, Base V, se dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y los OPL, que, en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores y que el Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la Constitución y 32, párrafo 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE, establecen que, para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto tiene atribuciones exclusivas para emitir normativa y establecer reglas, Lineamientos, criterios y formatos, entre otros ámbitos, en materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales.

En ese sentido, en el artículo 32 de la LGIPE, se define lo que le corresponde a cada autoridad electoral realizar. En el caso del INE, tanto para los procesos federales como locales, tiene las atribuciones de: capacitación electoral; geografía electoral, que incluirá la determinación de los Distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras; padrón y la lista de electores; ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, así como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Con independencia de que el INE ha venido ejerciendo las atribuciones apuntadas, desde tiempo atrás, sobre todo en lo inherente a la emisión de la reglamentación de los procesos electorales, así como en la geografía y la capacitación electoral, es un hecho que la mera preparación de la elección federal concurrente con los Procesos Electorales Locales implica un cúmulo de facultades que debe atender y que le impiden, a su vez, ejercer otras que son de competencia local.

El 24 de octubre de 2019, el INE suscribió, respectivamente, con el IEC y con el IEEH, los convenios generales de coordinación y colaboración, a fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral ordinario 2019 – 2020, en el estado de Coahuila, para la renovación de los cargos de diputaciones locales y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana; y para el estado de Hidalgo, para la renovación de los cargos de ayuntamientos y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana, cuyas jornadas electorales serían, ambas, el 7 de junio de 2020.

El 15 de diciembre de 2019 dio inicio el Proceso Electoral en el estado de Hidalgo y, mediante Acuerdos IEEH/CG/055/2019 e IEEH/CG/057/2019, ambos de esa misma fecha, el Consejo General del IEEH aprobó el calendario del Proceso Electoral local, así como la convocatoria dirigida a la ciudadanía, partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones registrados ante ese órgano, para que postulen candidatas y candidatos para ocupar cargos en los 84 ayuntamientos que habrán de renovarse en el Proceso Electoral local 2019 – 2020.

El 1º de enero de 2020 dio inicio el Proceso Electoral en el estado de Coahuila y, mediante Acuerdo IEC/CG/001/2020 de esa misma fecha, el Consejo General del IEC emitió la convocatoria para la elección de 25 diputaciones al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral local ordinario 2020.

El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del estado de Coahuila, mediante publicación extraordinaria en el Periódico Oficial, emitió el Decreto por el cual 7 se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el estado de Coahuila de Zaragoza,1 el cual, en sus artículos 1º y 9º, se estableció lo siguiente:

Artículo 1 . Se emite la declaratoria de emergencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ante la inminencia de un desastre sanitario, derivado de la pandemia provocada por el COVID-19.

2 a 8. ...

Artículo 9. Se decreta la suspensión de todo tipo de eventos masivos de carácter cívico, oficial, cultural, deportivo, de recreación, turístico, gastronómico y religioso durante el periodo del 19 al 31 de marzo de 2020.

El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicó en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-19,2 el cual, de acuerdo con su Considerando Décimo primero, establece:

Décimo Primero. Que en aras de salvaguardar la salud pública en la Entidad, frente a la referida pandemia del COVID-19, con fecha 16 de marzo de 2020, en conjunto con las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal, se implementó en el Estado, el denominado “Operativo Escudo por un Hidalgo Seguro”, con el cual, se comenzaron a tomar acciones de prevención de contagio antes de que en la Entidad se registraran casos confirmados de dicho virus, incluyendo las siguientes acciones: ... Suspensión de eventos públicos de toda la administración pública estatal, exhortando a los municipios, poderes autónomos, organizaciones y a la sociedad en su conjunto a que sigan esta medida extraordinaria.

Como se puede ver, las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del Gobierno de México comportan restricciones voluntarias de movilidad y de ejercicio de actividades. Estas medidas, necesarias para la protección de la salud pública hacen necesaria la suspensión de actividades e interactuaciones sociales y en el caso de las autoridades electorales, la suspensión de actividades que permitan el buen desempeño en cada una de las fases de los procesos electorales.

Por ello, los plazos previstos en cada entidad federativa para el inicio y duración de las precampañas, del periodo para recabar apoyo ciudadano y de la fecha para llevar a cabo el registro de candidatas y candidatos, son de complejidad para las autoridades electorales administrativas en el cumplimiento de sus atribuciones, aunado a ello, la dispersión de fechas en el calendario electoral de las elecciones federal y de los estados de Hidalgo y Coahuila puede homologarse con el ejercicio de atribuciones exclusivas del INE, que son rectoras en el sistema electoral.

Al respecto, es importante tener en consideración la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), formulada por el Consejo de Salubridad General, así como las medidas adoptadas por las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, que, entre otras, ordenan la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; el resguardo domiciliario, estricto en caso de personas con condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la enfermedad de mérito; posponer censos y encuestas que involucren la movilización de personas y la interacción física y social, así como evitar todas aquellas actividades que involucren contacto persona a persona, concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.

Por otro lado, el artículo 41, Párrafo segundo, numeral II de la CPEUM, señala que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Por ello debemos buscar los mecanismos que permitan garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, lo anterior debido al recorte del tiempo de la campaña local en Coahuila e Hidalgo.

En estas entidades, las elecciones locales se observan distorsiones perjudiciales en la duración de las campañas, generando periodos muy cortos, por lo que se propone homologar su duración a la elección Federal de 2021.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas de los Congresos de los Estados de Coahuila y de Hidalgo, para qué en el uso de sus facultades, modifiquen el marco normativo de sus procesos electorales locales, a efecto de que coincidan con los federales de 2021

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que ejerza la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Local de los Estados de Coahuila e Hidalgo y homologar el Calendario Electoral de estos estados, a fin de hacerlos concurrentes a las Elecciones Federales de 2021.

Notas

1 http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/22-EXT-19-MAR-2020.pdf

2 http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=36587

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras de insumos médicos para enfrentar el Covid-19, en particular al contrato para adquirir 2 mil 500 ventiladores de uso humano, celebrado entre el IMSS y Levanting Global Servicios, LLC SA, por 93 millones de dólares, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputadas y diputados federales en la LXIV Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo; relativa a las compras de insumos médicos para hacer frente a la pandemia Covid-19, en particular, al contrato para la adquisición de 2,500 ventiladores para uso humano, que celebran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Levanting Global Servicios LLC, SA, por un monto de 93 millones de dólares, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 27 de marzo de 2020 el titular del Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de salubridad general por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Dentro de las acciones extraordinarias se encuentran, entre otras: (i) adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, es decir, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla, y (ii) las demás que estime necesarias la Secretaría de Salud.

El Gobierno Federal reconoce que a nivel internacional existe una sobre demanda de diversos bienes, servicios e insumos para dar atención a los enfermos infectados por dicho virus, generando escasez y encarecimiento de los mismos, por lo que justifica tomar medidas flexibles en los procedimientos de su adquisición e importación, a efecto de garantizar que se cuente con dicho equipo para la atención de la salud de la población afectada que lo requiera.

Las autoridades sanitarias determinaron que se requiere de manera urgente contar con los recursos materiales y humanos para prestar a la población los servicios de salud que otorga el Estado, siendo necesario agilizar y simplificar los procedimientos de adquisición y realizar pagos anticipados a los proveedores de dichos insumos para garantizar su abastecimiento.

Para tal efecto, el día 3 de abril de 2020, la Secretaría de Salud emitió el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo segundo del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), publicado el 27 de marzo de 2020.

En este instrumento se establece que las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a sus recursos disponibles, serán las unidades facultadas para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios, así como las mercancías y objetos necesarios. Y para tal efecto, las unidades facultadas simplificarán los trámites del procedimiento de adjudicación directa previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Contrato entre el IMSS y la empresa Levanting Global Servicios.

Para atender los requerimientos del sector salud frente a la pandemia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 2 mil 500 respiradores por los que pagó 93 millones de dólares, que al tipo de cambio de 24.28 pesos suman 2 mil 223 millones de pesos, a la empresa Levanting Global Servicios. Mexicanos contra la Corrupción,1 con datos de Compranet2 da cuenta que el IMSS adquirió tres tipos de equipos, como se detalla en la siguiente gráfica:

El contrato celebrado entre el IMSS y la empresa Levanting Global Servicios en comento, se encuentra fundamentado en los acuerdos que se han emitido en el contexto de la pandemia mundial por Covid-19, y cumple de manera general con lo estipulado en los mismos, así como en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público. No obstante, hay puntos que llaman la atención por lo arbitrario de la adjudicación directa, que no se justifican, incluso en una situación de emergencia, mismos que de no aclararse pudieran generar sospecha de irregularidades en la asignación del contrato, o cuando menos, incapacidad para planear compras en estos momentos de crisis.

Primero. Con respecto a la empresa proveedora, Levanting Global Servicios LLC, de acuerdo con el apartado de “Declaraciones” del contrato, en su punto II, el Proveedor declara que su objeto social conforme a sus estatus, consiste, entre otros: en desarrollo de ingeniería en sus diferentes disciplinas, diseño de equipo industrial, procura y/o venta de equipo industrial y construcción industrial en sus diferentes disciplinas y/o áreas.

De manera más específica, en el acta de constitución de Levanting Global Servicios LLC, sociedad anónima, que consta en el volumen mil cuatrocientos sesenta y cinco, escritura 81,915, folio número 082, registrada ante el notario público número 96 del estado de México, en su cláusula cuarta, se detalla como objeto social de la misma lo siguiente:

En su página de internet3 tampoco se encuentran referencias a que la empresa cuente trabajo previo en la venta y producción de dispositivos médicos.

En ese sentido, no hay acreditación de que la empresa cuente con experiencia en el ramo de la fabricación de equipos para la salud, ni de sus actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato.

Esto va en contra de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, misma que en su artículo 40, Capítulo Tercero, De las Excepciones a la Licitación Pública, señala que en caso de no realizarse licitación pública, la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. Y en cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

Capítulo Tercero

De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 40. En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten proceden es para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.

Párrafo reformado DOF 07-07-2005. 28-05-2009

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

Al respecto, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) hizo una investigación entrevistando a ingeniero4 s biomédicos dedicados a la venta y producción de dispositivos médicos, quienes en principio, dijeron no conocer a la empresa Levanting Global Servicios LLC.

De acuerdo con la organización civil, en su página de internet la propia empresa especifica dedicarse a la infraestructura petrolera y de generación de energía, detallando que han sido contratistas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En su sitio de internet anuncia un convenio con la empresa China National Machinery Import & Export Corporation que, según notas periodísticas, a través de una subsidiaria está produciendo mascarillas. En ninguna de las líneas de negocio que Levanting Global Servicios LLC publicita en su sitio de internet aparecen los dispositivos médicos.

Además, Lorena Garza de Allende, presidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos, dijo que su asociación no fue consultada para esa compra –como sí los han consultado para otros temas de dispositivos médicos–, y tampoco conoce qué se está comprando, según dio a conocer MCCI.

En entrevista a Levanting Global, Mexicanos contra la Corrupción le cuestiona5 ¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son los servicios petroleros?, ante lo cual, su vocero responde: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los contactos para conseguir los ventiladores”.

Además, aseguró que “ya están en proceso de la firma de fianzas y garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima semana. El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro público para las garantías”, detalló.

Por lo que se puede concluir que la empresa carece de experiencia en la fabricación y distribución de estos equipos médicos, y que tampoco hay certeza de que el producto se entre conforme a los plazos del contrato.

Segunda. Conforme a lo anterior, la Ley de Adquisiciones es clara al señalar que para la asignación de contratos se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata; En ese sentido, no queda claro si Levanting Global Servicios LLC podrá cumplir con la entrega de los equipos tal y como se estipula en el contrato, ya que la propia empresa advierte que la cotización realizada al IMSS, avala los equipos médicos mencionados, pero “debido a la demanda mundial de la situación de emergencia nos comprometemos a equipos con las mismas características o mejores, previa autorización de su parte”.

Lo que implica la posibilidad de que el producto ofertado no esté disponible para su entrega en las condiciones estipuladas en el contrato, lo cual, no sería raro considerando la alta demanda de estos productos en el mercado.

Mexicanos de contra la Corrupción señala en su investigación que, en medio de la pandemia por Covid-19, hay carencia de ventiladores pulmonares en todo el planeta, “los gobiernos pelean por esos aparatos”. La mayor parte de los ventiladores médicos son producidos en Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y aunque China tiene una gran industria, según ingenieros mexicanos, es de menor calidad. Por otra parte, de acuerdo con una nota de la agencia Bloomberg, China tiene una capacidad de producción de 14 mil ventiladores al mes, por lo que la demanda internacional no se satisface.

Si a la poca experiencia de la empresa elegida por el IMSS para adquirir este equipo que puede significar la diferencia entre la vida o la muerte, sumamos el entorno del mercado mundial en el que la constante es la escasez, no se entiende el motivo por el que el IMSS puso en manos de esta empresa tal responsabilidad.

Tercera. El precio está fuera de proporción considerando las cotizaciones del mismo equipo con otras empresas en el mercado y en las mismas fechas (tercera semana de marzo de 2020). El Presidente de Levanting Global Servicios LLC, SA, Valdemar Pérez Ríos firmó un acuerdo con la empresa Stefano International Commerce Co., LTD, con sede en Shanghai, China, el 30 de marzo, con un precio pactado por 2,500 ventiladores de 32 millones de dólares. De esta forma, con este precio, el IMSS hubiera podido comprar 6,305 ventiladores, es decir, 3,804 más.

Lo que se ejemplifica en la siguiente tabla comparando lo ofrecido por la empresa Levanting Global Servicios el 28 de marzo de 2020, vs los precios de la empresa Stefano International Comerce con sede en Shanghai, China, en su cotización del día 30 de marzo de 2020.

El IMSS habría pagado de más: 48,716,500 USD (+ IVA). Esto significaría que el IMSS

pagó un sobreprecio de $1,172,594,120 pesos mexicanos + IVA (precio del dólar en $24.07), tomando como referencia otras cotizaciones en el mercado, lo que equivale a un precio 60% más caro.

De la comparación entre las dos cotizaciones obtenemos las siguientes conclusiones:

• Se habría pagado un sobreprecio unitario total en la cotización elegida por el IMSSS de: USD 52,992 + IVA.

• Se habría pagado un sobreprecio total en la cotización elegida por el IMSS de: USD 48,716,500 + IVA.

* Precios sin IVA.

Aunque si bien es complicado determinar los precios de los insumos médicos en la actualidad, los precios de ambas cotizaciones reflejan que no se hizo un estudio de mercado adecuado.

Este esquema de contratación permitirá una gran ganancia a la empresa Levanting Global Servicios, utilizando la pandemia para especular con los precios. ¿Por qué el gobierno mexicano no acudió directamente al proveedor y se hizo uso de un intermediario?

En el mismo sentido, Mexicanos contra la Corrupción6 advierte que el gobierno de Nueva York, el estado de Estados Unidos con mayor número de contagios, y cuyo mandatario, Andrew Cuomo, ha manifestado su desesperación por la imposibilidad de conseguir equipos ante la competencia por ventiladores y material de curación entre gobiernos, incluso estatales, ha pagado hasta 25 mil dólares por ventiladores pulmonares. En cambio, mil de los 2,500 ventiladores comprados por el IMSS cuestan 44 mil 500 dólares cada uno, es decir, casi 20 mil dólares más. En promedio un ventilador de excelente calidad y de producción alemana cuesta unos 20 mil dólares, comentó Claudia Ávila, ingeniera biomédica consultada por MCCI.

Sin embargo, el precio podría no ser descabellado, ya que han estado subiendo en los últimos meses. No obstante, se tendrían que revisar las características del producto adquirido por el IMSS.

Se anexan ambas cotizaciones:

Cuarto. De acuerdo con el último estudio de Mexicanos contra la Corrupción,7 la autoridad reguladora de mercados de valores de Estados Unidos y Petróleos Mexicanos denunciaron en diversos juicios a Baldemar Pérez Ríos, propietario de la compañía Levanting Global Servicios.

Una de las empresas ligadas a Baldemar Pérez fue inhabilitada en México en 2010 acusada de haber falsificado documentación para obtener un contrato millonario en Pemex. Por otro lado, de acuerdo con esta investigación, el 10 de octubre de 2012, Baldemar fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy Corp, la cual resultó ser una empresa presuntamente “fantasma” que había sido creada en Texas para engañar a inversionistas con la mentira de que la compañía estaba cerca de desarrollar una revolucionaria tecnología de extracción de petróleo, según se asienta en la acusación que sobre el caso formuló la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Dos meses antes, en el transcurso de agosto de 2012, cuando Baldemar se desempeñaba como asesor de Chimera Energy, la empresa había difundido ocho comunicados en los que afirmaba que ya había un acuerdo con la petrolera mexicana para aplicar su tecnología alternativa en los pozos Tajín 4, 5 y 6 en la cuenca Chicontepec para obtener otros contratos. No obstante, Pemex desmintió los comunicados de Baldemar y negó que estuviera en negociación con Chimera Energy. El juez del tribunal del distrito sur de Texas sentenció a los involucrados en este fraude. Al dueño de Chimera lo condenó a pagar 9 millones de dólares en multas y reparación del daño. Por haber servido como testaferro en Chimera, a Baldemar lo sentenciaron con la prohibición de no volver a desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores.

En otro caso, Mexicanos contra la Corrupción da cuenta que, cuando Baldemar asumió la dirección de Chimera Energy, la compañía emitió un comunicado en el que mencionaba que su nuevo ejecutivo venía de ser Presidente de Projects and Industrial Products LLC, una compañía de servicios petroleros registrada en la oficina 1010 de un edificio de 12 niveles ubicado en el número 1400 de Post Oak Boulevard, en Houston. Esa misma oficina albergaba a Energy Connection LLC, Super Crossing LLC, y Technology Procurement LP, todas empresas en las que Baldemar era el director y que habían sido creadas entre el 31 de enero de 2004 y el 1 de enero de 2005. Ese despacho también era el domicilio de Centex Global Energy LP, compañía que fue acusada en 2010 por el órgano interno de control de Pemex Petroquímica de haber presentado documentos falsos para participar en la licitación pública internacional 18578019-018-09, para la adquisición del “Sistema de encendido electrónico para quemadores del área de tratamiento de efluentes y quemadores del complejo petroquímico Morelos”.

En otro procedimiento legal, la empresa Projects and Industrial Products LLC –también dirigida por Baldemar– fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por el incumplimiento en que incurrió en la entrega de bienes de un contrato que le había asignado Pemex. La misma empresa había sido acusada en septiembre de 2008 ante un juzgado de la Ciudad de México por el incumplimiento en un contrato asignado por la Comisión Federal de Electricidad para obras de rehabilitación y modernización en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. El monto reclamado ascendía a 2.7 millones de dólares.

Conclusiones

El contrato de adjudicación directa celebrado entre el IMSS y Levanting Global Servicios se realiza conforme a las medidas de emergencia sanitaria decretadas por el gobierno federal y se justifica la adjudicación directa para la compra de insumos médicos, en este caso ventiladores, por la urgencia frente a la pandemia, a fin de proteger la salud de los mexicanos.

No obstante, 4 elementos surgen del proceso de adjudicación que dan lugar a serios cuestionamientos e indicios de graves irregularidades:

1. De la información que proporciona la empresa Levanting Global Servicios LLC, no se desprende que sus actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse (según consta en su acta constitutiva); de hecho, al revisar también la página de internet de la empresa, se confirma que su experiencia es en otras materias como energía y petróleo, pero no se encuentra ninguna referencia a equipos médicos.

Lo que contraviene lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, misma que señala como una obligación de la empresa proveedora tener capacidad de respuesta inmediata y que se dedique a actividades comerciales o profesionales materia del contrato, en este caso, desarrollo o comercialización de equipamiento para la salud. Ante tal circunstancia, la empresa estaría incapacitada para participar en el proceso de adjudicación directa.

2. La empresa Levanting Global Servicios reconoce la dificultad de adquirir el equipo ofrecido (ventiladores), dada la alta demanda mundial, advirtiendo que pudiera cambiar las características de los equipos materia del contrato de adjudicación, es decir, entregar un producto diferente al comprado. En el mismo sentido se manifiesta la investigación de Mexicanos contra la Corrupción al consultar expertos en la materia, quienes señalan la dificultad de adquirir estos equipos en un mercado global escaso y la necesidad de que el IMSS informe de las características técnicas del equipo. Es importante que el IMSS aclare estas interrogantes, se asegure de la disponibilidad del equipo y se indique la fecha en que el equipo llegará a nuestro país.

3. El Presidente de Levanting Global Servicios, LLC, SA, Valdemar Pérez Ríos firmó un acuerdo con la empresa Stefano International Commerce Co., LTD con sede en Shanghai, China el 30 de marzo, con un precio pactado por 2,500 ventiladores de 32 millones de dólares. De esta forma, con este precio, el IMSS hubiera podido comprar 6,305 ventiladores, es decir, 3,804 más. Aunque si bien es difícil determinar los costos actuales de los insumos médicos en general.

El IMSS eligió la oferta de Levanting Global Servicios, que en su cotización del 28 de marzo de 2020 ofreció un costo más elevado que los manejados por la empresa Stefano International Comerce en una cotización del día 30 de marzo de 2020 para México. Es decir, habría pagado de más: 48,716,500 USD (+ IVA).

Esto significaría que el IMSS pagó un sobreprecio de $1,172,594,120 pesos mexicanos + IVA (precio del dólar en $24.07), o $1,360,209,179 totales, tomando como referencia otras cotizaciones en el mercado, lo que equivale a un precio 60% más caro.

4. La autoridad reguladora de mercados de valores de Estados Unidos y Petróleos Mexicanos denunciaron en diversos juicios a Baldemar Pérez Ríos, propietario de la compañía Levanting Global Servicios, por actos de corrupción, por lo que la autoridad mexicana debe determinar si está en condiciones de firmar contratos públicos. Aunque se puede afirmar que moralmente no es lo adecuado.

El problema no es la urgencia con la que se compra, misma que está plenamente justificada, si no el uso de recursos aparentemente mal invertidos, además de compras por encima de precios de mercado y con proveedores con antecedentes de corrupción.

De haberse logrado un proceso de contratación más transparente, podría alcanzar para comprar más equipos u otros insumos médicos tan indispensables en estos momentos en los que el personal de salud labora en condiciones de alto riesgo y la población demanda atención en un número cada vez mayor ante el inminente aumento de contagios.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores de acción nacional abajo firmantes suscribimos el presente Punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a informar a la opinión pública sobre los criterios considerados para firmar el contrato de adjudicación directa con la empresa Levanting Global Servicios, para la compra de 2 mil 500 respiradores por un costo de 93 millones de dólares; así como sobre las especificaciones del equipo médico adquirido, la fecha de entrega, y las condiciones de pago que contrató.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a verificar el proceso de asignación de la adjudicación directa entre el IMSS y la empresa Levanting Global Servicios para la compra de 2 mil 500 respiradores, verificando que la empresa cumple con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, respecto de que los directivos de la empresa se encuentren libres de inhabilitaciones o sanciones por actos de corrupción; que la empresa cuente con capacidad para adquirir los ventiladores en un contexto desabasto mundial; determine por qué se contrató a un precio superior en 48 millones de dólares al del mercado (60% de sobreprecio) o $1,360,209,179; y determinar si se incurrió en tráfico de influencias u otra conducta ilegal; para en su caso, dictar las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar, en tiempo real, el contrato de la adjudicación directa entre el IMSS y la empresa Levanting Global Servicios para la compra de 2 mil 500 respiradores, para en caso de detectar anomalías, iniciar un procedimiento para determinar las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a hacer públicos sus planes de adquisiciones de insumos médicos para enfrentar la pandemia por Covid-19 y abstenerse de usar la situación de emergencia para justificar compras por encima de los precios de mercado, y abstenerse de firmar contratos con personas físicas o morales con antecedentes de corrupción dentro o fuera de México.

Notas

1 https://contralacorrupcion.mx/coronavirus-imss-compra-ventiladores/

2 https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/

opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&userAct=changeLangIndex&language=es_MX&_ncp=1586390491231.799-1

3 http://levantinggs.com/servicios.htm

4 https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-covid-19/

5 https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-levanting-global-covid- 19/

6 https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-covid-19/

7 https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-levanting-global-covid- 19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputadas y Diputados: Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba, Marcela Torres Peimbert, Josefina Salazar Báez, Gloria Romero León, Jorge Arturo Espadas Galván, Patricia Terrazas Baca, María de los Ángeles Ayala Díaz, Verónica María Sobrado Rodríguez, Alejandra García Morlan (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi, el IMSS, el ISSSTE, la Sedena y Pemex a dotar a médicos, enfermeras, y empleados administrativos y de limpieza de las unidades que atienden a enfermos de Covid-19 de insumos y materiales que garanticen la protección de la salud e implantar una campaña de toma de conciencia entre la población para evitar la discriminación y el maltrato contra ese personal, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que dote a todas las unidades médicas del Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex, que atienden a personas enfermas de Covid-19, de insumos y materiales que garanticen la protección de la salud de médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza que se encuentra laborando que se encuentra laborando en éstas, a fin de proporcionar el mejor servicio de salud posible para el combate a la pandemia que enfrenta el país, así como para que implementen una campaña de concientización a la población con el objetivo de evitar la discriminación y maltrato al personal médico, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 24 de marzo del presente, la Secretaría de Salud anunció que México entró al escenario dos de transmisión comunitaria del coronavirus, por lo que, instruyó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud que enfrentaría la demanda ocasionada por las personas diagnosticadas positivas con la enfermedad Covid-19.

Aunado a ello, implementó una serie de medidas de prevención y control en las unidades de salud y su personal,1 con el fin de disminuir las infecciones respiratorias y, en su caso, atender la pandemia de Covid-19 en México, entre las que destacan las siguientes: lavarse las manos con agua y con jabón; secarse las manos con toallas desechables o al aire libre en posición vertical; evitar en lo posible tocarse los ojos, nariz y boca; usar cubreboca , únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria, tapando boca y nariz completamente y de ser posible utilizar lentes para proteger los ojos ; tirar en el bote de residuos peligrosos biológico-infecciosos, todo el material desechable que se utilice con cada paciente; esterilizar todo el instrumental médico; mantener limpias todas las áreas de trabajo; reportar si presentan síntomas respiratorios; y, estar vacunados contra la influenza .

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, actualmente, nuestro país cuenta con 4, 661 casos confirmados de personas contagiadas de coronavirus y 296 personas fallecidas a causa de este nuevo virus.2

Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando se revela la existencia de problemas en el las Unidades de Salud que atienden a personas contagiadas de coronavirus, ya que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, de la cifra total de contagiados al menos cien son personas que prestan sus servicios en estas unidades.

La falta de personal médico, insumos de protección para el personal como mascarillas, gafas de seguridad, respiradores N-95, guantes y batas impermeables, así como omisiones en la implementación de medidas de higiene en las Unidades de Salud, son las quejas que presentan los profesionales de la salud y sobre las que adjudican estos contagios de sus compañeros.

En la Ciudad de México, varios hospitales con funciones mixtas han manifestado su inconformidad ante el desabasto de personal médico, insumos y servicios de baja calidad. En una carta manifestaron sus inconformidades y exigieron equipo de protección al personal, desde instrumental médico para atender a pacientes hasta materiales de limpieza para el personal que se encarga de mantener limpias las instalaciones, mismo que debe ajustarse a las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como el reabastecimiento constante del mismo.3

En ese mismo sentido, han manifestado su inconformidad personal del Hospital Regional (HGR) N° 72 del IMSS, en Tlalnepantla Estado de México, donde 20 médicos resultaron contagiados de coronavirus por tales omisiones,4 así como diversos Institutos de Salud del Estado de México, cuyo desbasto de insumos médicos lleva varios años, por lo que tienen que solicitar a los familiares de los enfermos que compren los medicamentos que requieren.5

Asimismo, el Hospital General de Cabo San Lucas, del IMSS en Baja California Sur, ha colapsado con un total de 42 trabajadores contagiados; en Cuernavaca, Morelos, al menos cinco médicos y enfermeras de la clínica 1 del IMSS presentaron síntomas de contagio de Covid-19; y, el Hospital 7 del IMSS en Monclova, Coahuila, ha reportado 3 médicos fallecidos a causa del virus. Todos éstos por las condiciones en que laboran y el riesgo que corren al estar en contacto con pacientes contagiados6

Resulta importante mencionar que, inclusive, se han presentado controversias judiciales para coaccionar a las autoridades sanitarias a garantizar la protección del personal médico, que se encuentra en las Unidades de Salud que atienden a personas infectadas con Covid-19. Tal es el caso, de Guanajuato y Oaxaca, donde se promovieron dos juicios de amparo por parte del personal médico del Hospital General “Felipe G. Dobarganes”, de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en San Miguel de Allende y del Hospital General de zona 1 del IMSS “Demetrio Mayoral Pardo”, en la capital de Oaxaca.7

Las inconformidades del personal médico se han manifestado en otras entidades federativas como Xalapa, Veracruz, en el Hospital General zona N° 11 y la Clínica 66; en Puebla, Puebla, varios hospitales y clínicas; y en Villahermosa, Tabasco, en el Hospital Regional de la Zona 46.8

Nuestro texto constitucional es claro al mencionar en su artículo 4º que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...” y es menester del Estado Mexicano garantizar este derecho para todas las personas, incluidos el personal que labora en las Unidades de Salud que brinda atención a personas diagnosticadas con Covid-19.

Particularmente, la Secretaría de Salud es la instancia pertinente del Estado para salvaguardar este derecho, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 181 de la Ley General de Salud, que a la letra dice: “En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República”.

De los ordenamientos jurídicos citados, se desprende la evidente obligación del Estado para salvaguardar el derecho a la protección de la salud, a través de la Secretaría de Salud, que es el ente público facultado para velar por este derecho.

La anterior obligación, implica que se provean los insumos, equipo e instrumental médico suficiente para que el personal que labora en la Unidades Médicas pueda prestar sus servicios con los mayores estándares de seguridad, tanto para los pacientes que lo reciban, como para el personal que lo brinda.

Además, que las instalaciones donde se prestan los servicios de salud para combatir la pandemia de Covid-19, sean debidamente desinfectadas y sanitizadas, lo que requiere insumos para que el personal de limpieza realice sus labores de manera segura y confiable.

Otro óbice al que se ha enfrentado este personal es la discriminación y maltrato por parte de la población que, por desconocimiento en el tema, agreden a médicos, enfermeras, personal de limpieza y en general a toda persona que preste sus servicios en las Unidades Médicas, que atienden personas enfermas de Covid-19, por temor a ser contagiados.

Los incidentes más frecuentes son prohibir el uso de transporte público, así como agresiones físicas y verbales. Agredir al personal de la salud porque su labor los mantiene en contacto con personas enfermas de Covid-19, solo deja de manifiesto la desinformación, el miedo y los prejuicios de la población.

La manera más eficiente para contrarrestar estas manifestaciones de intolerancia, discriminación y maltrato es la difusión de información, a través de una campaña que permita a la población estar segura de que se están tomando todas las previsiones y medidas de seguridad en las Unidades Médicas, por lo que su personal no representa una fuente de contagio.

Resulta necesario que la Secretaría de Salud se pronuncie al respecto y dote a todas las autoridades sanitarias del país, que atienden a personas enfermas de Covid-19, de insumos de protección necesarios para que el personal puede realizar con seguridad su labor, a fin de proporcionar el mejor servicio de salud posible para el combate a la pandemia que enfrenta el país.

El personal profesional de la salud debe contar con las garantías suficientes para enfrentar exitosamente esta pandemia por la que atraviesa el mundo, de la cual no se sabe exactamente cuánto tiempo se extenderá, y ayudar a quienes hoy en día, desafortunadamente, han visto mermada su salud por el coronavirus.

Por ello, la urgencia de proveer al personal, que se encuentra en los hospitales en constante contacto con personas diagnosticadas con Covid-19, con equipo médico que evite que ellos se contagien. Así como al personal de limpieza que también realiza una labor de suma importancia en estas Unidades Médicas.

Hemos sido enfáticos con la sociedad en general, a que mantengan la sana distancia como medida de prevención, pero debemos ser mayormente responsables con el personal que se encuentra en los nosocomios y brindarles los insumos necesarios para el adecuado ejercicio de su profesión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex, a dotar al personal sanitario de las unidades médicas que atienden a personas enfermas de Covid-19, de insumos y materiales que garanticen tanto la protección de su salud, como la debida atención a los pacientes.

Segundo. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex a implementar una campaña de concientización a la población con el objetivo de evitar la discriminación, el maltrato y la violencia hacia el personal médico.

Notas

1 Secretaría de Salud, Medidas de Prevención y Control en Unidades de Salud, [en línea] dirección URL: , [Consulta: 12 de abril de 2020].

2 Secretaría de Salud, Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (Covid-19) [en línea] 12 de abril de 2020, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

3 Chávez Víctor, Médicos y enfermeras denuncian que enfrentan Covid-19 sin cubrebocas ni guantes, [en línea] El Financiero, 02 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

4 Rodríguez Calva Patricia, Tonantzin Pedro, Juárez Pedro y Gudiño Alma, El virus contagia a cuatro hospitales, [en línea] Excélsior, 09 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

5 El Heraldo de México, Piden médicos del ISEM insumos suficientes para atender emergencia por Covid-19, [en línea] dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

6 Rodríguez Calva Patricia, Tonantzin Pedro, Juárez Pedro y Gudiño Alma, El virus contagia a cuatro hospitales, [en línea] Excélsior, 9 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

7 Espinosa Verónica, Jueces ordenan proteger a personal médico de Guanajuato y Oaxaca, [en línea] Proceso, 10 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

8 Galván Melissa, Personal médico del IMSS protesta por falta de insumos ante el Covid-19, [en línea] Expansión, Política, dirección URL: [Consulta: 12 de abril de 2020].

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir como sector esencial la industria automotriz y analizar la implantación de medidas fiscales, productivas y normativas para garantizar los empleos de sus trabajadores, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La industria automotriz en México es pilar en la generación de divisas. Junto con el petróleo, la industria metálica y el turismo es considerada como una de las actividades más destacadas del sector manufacturero nacional.

Con casi dos millones de empleos directos e impacto en más de 160 actividades económicas en el territorio nacional, la industria automotriz ubica a México en el sexto lugar global en producción de vehículos ligeros, el primero en producción de tractocamiones y el quinto sitio por el volumen de autopartes.

Ante la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus Covid-19, los vehículos automotores adquieren mayor relevancia para asegurar que la población tenga acceso a alimentos, medicinas y demás insumos para la vida cotidiana, así como para garantizar la movilidad del personal sanitario, de seguridad, del sector energético y de telecomunicaciones.

Países como Estados Unidos y Canadá han reconocido como esencial a la industria automotriz (producción de autopartes, vehículos y servicios de mantenimiento); sin embargo, en nuestro país existe ambigüedad y vulnerabilidad jurídica para dicho sector.

Es por ello que resulta importante mantener alineadas en tiempo y forma las cadenas de abastecimiento de la industria automotriz con la región de Norteamérica y consolidar una política pública que incluya a todos los eslabones productivos del sector automotriz como una industria vital para la economía nacional.

El fomento de cadenas productivas nacionales y globales, así como garantizar el actual número de empleos directos e indirectos que participan en el mercado laboral en México, transitan por un programa especial para industria automotriz ante la emergencia sanitaria por la que estamos transitando.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para incluir como actividad esencial a la industria automotriz, así como analizar la implementación de medidas fiscales, productivas y normativas que permitan asegurar los empleos de sus trabajadores ante la emergencia sanitaria originada por el Covid-19.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dictar por la Ssa y la SHCP medidas para garantizar el equipo que requieran los encargados de los servicios de salud y evitar así su contagio, a cargo del diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes

Consideraciones

En diciembre del año pasado en la República Popular de China, como ya es del conocimiento general se presentó un brote de un virus desconocido que llevo a su investigación a definirlo como Covid-19. Con ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo declaró la propagación como pandemia.

México enfrenta un desafío sin precedentes derivado de la pandemia del Covid-19, por lo que se deben tomar medidas pertinentes para garantizar la salud. Las medidas tomadas hasta hoy por el Gobierno federal no han sido suficientes, para enfrentar la Emergencia Sanitaria del Covid-19.

Si bien no existen derechos específicos en materia de prestación de servicios de salud derivados de una emergencia sanitaria, se deberá atender al derecho general de protección a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. que menciona:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El pasado 27 de marzo se decretaron en el Diario Oficial de la Federación acciones extraordinarias en el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2

(Covid-19); en la que la Secretaría de Salud podrá implementar de manera inmediata, además de lo previsto en el artículo 184 de la Ley General de Salud.

Una de esas acciones extraordinarias es el adquirir todo tipo de bienes y servicios, insumos de salud, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia.

De ello es sumamente preocupante que el gobierno federal no dote a los médicos de lo mínimo para tratar la enfermedad como son: guantes, cubrebocas, batas y gel antibacterial. Personal hospitales de todo el país se han manifestado pidiendo estos insumos, pero el gobierno federal no actúa con eficacia o no hay los materiales o éstos llegan tarde o cuando llegan son de mala calidad y se rompen.

Por ello que no es de extrañar que estén detonando los contagios en los hospitales como ya es sabido en los estados de: Baja California Sur, Baja California, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Es urgente que las autoridades tomen acciones antes de que se siga perdiendo personal para atender la pandemia; especialmente cuando los contagios seguirán incrementando, ya que no se cuenta con infraestructura suficiente para cuando esto suceda.

Es urgente que el gobierno federal actúe con eficiencia, que se apliquen las pruebas para detectar los contagios y que los hospitales cuenten con los recursos para atenderlos.

Con base en las anteriores consideraciones y con la finalidad de que el Estado mexicano tome las medidas preventivas e inmediatas para atender la emergencia sanitaria, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud y Hacienda y Crédito Público, se dicten las medidas necesarias para garantizar el equipo que requieran los encargados de los servicios de salud y así evitar su contagio.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 14 de abril del 2020.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo (rúbrica)