Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a diversas autoridades de protección de niños y adolescentes a hacer público un informe sobre los avances de la reforma publicada el 3 de junio de 2019 en el DOF respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El tres de junio de dos mil diecinueve el Diario Oficial de la Federación, publicó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción, con el objeto de resaltar el Interés Superior de la Niñez en México y dar certeza y protección a este sector vulnerable de la sociedad.1

El objeto de esta reforma tuvo como fin, el garantizar y el hacer extensiva la protección especial que el Estado brinda relacionado con el desamparo familiar, dando facultades a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en materia administrativa para hacer posible que el derecho a la familia sea una realidad; para aquellos niños que se encuentran fuera de esta y poderlos reintegra a la misma, y en su defecto, incorporarlos a una familia mediante la adopción.

El cuarto transitorio de dicho decreto, estableció como una acción afirmativa que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia convocaría a los sistemas de las entidades, con el objetivo de actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, a fin de que estas estuvieran en condiciones de comenzar sus respectivos procesos de adopción o de acogimiento pre adoptivo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es la institución encargada de revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en todo lo que tiene que ver con el Interés Superior de la Niñez en México en beneficio del derecho de los niños, niñas y adolescentes, por lo que el pasado cinco de diciembre de dos mil diecinueve, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de este Sistema Nacional.

En la emisión de este Estatuto, parte de ello buscó armonizar lo relativo a la materia de adopciones, para ampliar el ámbito de atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, en general, realizar la revisión integral de la misma y de las direcciones generales que le están adscritas, para hacer congruente el marco estatutario con la reforma a la Ley de la materia.ii

En virtud de que las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia, tienen las atribuciones de procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables, se destacan también, aquellas que tiene que ver con la atención médica y psicológica, asesoría y representación en suplencia estos cuando están involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.

En materia de adopción, las procuradurías tienen la facultad de intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, a fin de coordinar la ejecución y seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los estos, y las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada.

Ante la implementación de políticas públicas y en atención al principio de Interés Superior de la Niñez, como uno de los derechos primordiales que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impone a las todas las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México el aseguramiento de la infancia a nivel nacional, para brindar protección en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria a través del proceso de adopción, conviene conocer el trabajo implementado a partir de la reforma en mención.

Como parte de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de dar certeza y seguridad al derecho de la familia como lo contempla la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el pasado doce de septiembre de dos mil diecinueve, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el cual se declara el día nueve de abril de cada año, como el ‘’Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes’’.

En el marco de la conmemoración de este Día de la Adopción, conviene que las autoridades encargadas de dar certeza, agilidad y trámite a los procedimientos de adopción, atiendan lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente, y den a conocer a la población interesada, sobre los avances institucionales conforme lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre las garantías de protección que se dan a los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de adopción.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en atención del Principio del Interés Superior de la Niñez y en ejercicio del Derecho a la Familia instruya al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección hagan público un informe sobre los avances realizados a la reforma publicada el tres de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción.

Notas

i https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561716& fecha=03/06/2019

ii http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581023&fecha=05/12/2019

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5572243&f echa=12/09/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para implantar una campaña masiva de vacunación y dar a conocer las acciones de contención a efecto de atender los contagios de sarampión, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México, antes de la década de los cincuenta el sarampión se encontraba dentro de las principales causas de mortalidad en la población infantil. En mil novecientos ochenta, antes de que se generalizara el uso de la vacuna, ésta causaba más de dos millones de muertes al año.

Con los avances científicos, la disponibilidad de antibióticos, el acceso a los servicios de salud y a la implementación del uso de vacunas, esta enfermedad fue totalmente controlada.

El sarampión es una enfermedad viral e infecciosa, considerada una de las más contagiosas del mundo. Su manifestación se da entre los ocho y los doce días después de la infección, haciéndose presente fiebre alta, tos, ojos llorosos, dolor de garganta y manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Uno de los principales síntomas de este padecimiento, es la afectación al sistema respiratorio, acompañado de salpullido que se esparce en el resto del organismo y se hace visible en el rostro.

Derivado de lo anterior, este virus puede llegar a presentar complicaciones graves, tales como neumonía (infección de los pulmones) y encefalitis (inflamación del cerebro). En el peor de los escenarios, si no se recibe hospitalización a tiempo, quien sea portador de este virus, podrían llegar a fallecer.

Entre los meses de enero de dos mil diecinueve y dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, reportó veinte mil cuatrocientos casos confirmados de sarampión y diecinueve defunciones en catorce países.

La Secretaria de Salud, en el informe que hizo publicó en su portal de internet confirmó que en tres entidades del territorio nacional se han reportado ciento ochenta casos de enero al treinta y uno de marzo del año en curso, siendo la Ciudad de México con más casos presentados.1 De dicho informe, se advierte que los afectados es población en general, dentro de los cuales hay niños y niñas de diferentes edades.

Al ser una enfermedad para lo cual no existe tratamiento específico, se sabe que el sarampión es prevenible mediante vacunación, a través de la vacuna denominada: Triple Viral (SRP), que protege a niños y adolescentes contra sarampión, rubéola y parotiditis; y en adultos la doble viral, que protege contra sarampión y rubéola.

Por ello, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) dieron a conocer las recomendaciones a toda la población sobre este virus, siendo las siguientes:

“Vacunación

• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis, en todos los municipios.

• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como personal de salud, personas que trabajan en turismo y transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos, medios de transporte masivo urbano y otros), así como viajeros internacionales.

• Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéolaparotiditis (SRP), y jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos importados.

• Identificar los flujos migratorios externos (llegada de personas extranjeras o personas del mismo país que realizan actividad temporal en países con brotes en curso) e internos (desplazamientos de grupos poblacionales) dentro de cada país, incluyendo las poblaciones indígenas u otro grupo poblacional vulnerable, para facilitar el acceso a los servicios de vacunación, según el esquema nacional.

• Implementar un plan para inmunizar a la población migrante en las fronteras de alto tránsito, priorizando la población en riesgo, tanto migrante como residente en los municipios que albergan a estos grupos de población.

Vigilancia epidemiológica

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos en los servicios de salud públicos, privados y de seguridad social, para contener el riesgo mediante las acciones de salud pública oportunas y asegurar de que las muestras se reciban en el laboratorio dentro de los 5 días después de haberse recolectado la muestra y que los resultados de laboratorio estén disponibles oportunamente.

• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laboratorio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia de fiebre, exantema, tos, coriza y conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la implementación de las acciones de respuesta.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión.” ii

Al ser el sarampión un brote reciente que afecta a la población en general por el rango de edades en que se ha detectado, especialistas han manifestado que los niños y adolescentes son la población más vulnerable, por lo que han recomendado que quienes hayan nacido a partir del año dos mil, deben aplicarse la vacuna y en su caso verificar que cuenten con los refuerzos que los protocolos médicos indican.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, ha informado en medios de comunicación que cuenta con las dosis suficientes para ser aplicadas en las distintas regiones del país. Ante este anuncio y dado que, las autoridades en materia de salud han enfocado su atención para atender los riesgos del Covid-19 a nivel nacional, es necesario no minimizar los riesgos de este brote de sarampión y se cuente con los insumos para atender los niños, niñas y adolescente.

De ser omiso el gobierno y no dar una respuesta pronta a este sector vulnerable de la sociedad, en atención del principio del Interés Superior de la Niñez, se deben extremar las acciones y medidas de asistencia médica y sanitaria en beneficio del desarrollo integral de la población infantil en México.

Por esta razón y con la información antes proporcionada, es necesario dar a conocer a la población, las acciones concretas y las recomendaciones que se han implementado para poder atender a través de la prevención los casos de sarampión en los niños, niñas y adolescentes en todo territorio nacional.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en atención del principio del Interés Superior de la Niñez instruya a la Secretaria de Salud para que implemente una campaña masiva de vacunación y dé a conocer las acciones de contención para atender los contagios de sarampión presentados en México.

Notas

i https://www.gob.mx/salud/documentos/casos-confirmados-por-sarampion-202 0

ii “Organización, Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2020”

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dictar de inmediato por la SHCP y la SE medidas vinculantes en materia económica y fiscal para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, se dicten de manera inmediata las medidas vinculantes y necesarias en materia económica y fiscal para enfrentar la emergencia sanitaria por causa del COVID 19, con base en las siguientes:

CONSIDERANDOS

México, enfrenta un desafío sin precedentes derivado de la pandemia del Covid-19, en el mundo se deben tomar medidas pertinentes para garantizar la salud y la economía, las empresas, los comercios y los empleos. Tras el Acuerdo Oficial para atender la emergencia sanitaria, las empresas consideradas por el gobierno como no esenciales, se verán obligadas a parar actividades hasta el 30 de abril.

Las medidas tomadas hasta hoy por el Gobierno federal no han sido suficientes, México cuenta con los instrumentos jurídicos idóneos y suficientes para que se dicten las medidas vinculantes y necesarias para enfrentar la Emergencia Sanitaria del COVID-19.

A pesar de ello seguirán obligadas a cubrir sus gastos habituales como deudas contraídas, rentas y salarios entre otros. Se calcula que tan solo las micro y pequeñas empresas podrían llegar a tener más de 250 mil millones de pesos de pérdidas al término de la crisis sanitaria.1

Ya es urgente y necesario garantizar a la población su actividad económica para enfrentar la emergencia, y cuidar el empleo; por ello las medidas que se tomen tienen que ser trascendentes en coordinación con los gobiernos de los Estados, sin dejar las necesidades de la iniciativa privada para apoyar la capacidad industrial y productiva del país, pensando en todo momento en evitar dañar irreversiblemente la suficiencia de generación y preservación de empleos. Este cese de actividades se suma a la mala situación económica que había con el estancamiento de la economía, a las caídas de las bolsas de valores; y al alza del precio del dólar por arriba de los $24 pesos.

Ante este escenario las calificadoras internacionales están estimando una caída de nuestra economía entre un 3.7% y un 7% anual. El país no puede detenerse, por lo que urge definir las actividades que serán preponderantemente estratégicas e indispensables, y de esa manera permitan a las empresas grandes, pequeñas y medianas prepararse con la toma de decisiones oportuna considerando el tipo de actividad que realizan.

Es de prioridad, generarles las condiciones para que sus operaciones, las relaciones laborales y los aspectos fiscales de las empresas, afecten lo menos posible la economía, dando certeza con las Instituciones que se ocupen y de esa manera otorgar seguridad a los ciudadanos.

Algunos especialistas calculan que las medidas de contención podrían impulsar a 21 millones de mexicanos a la pobreza. (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), ante este escenario, es urgente que el gobierno federal tome todas las medidas necesarias para apoyar a las empresas.

Países como Alemania, Estados Unidos o Francia están tomando este tipo de medidas.

Si las empresas quiebran aumentará el desempleo, y sin empleos las familias no tendrán ingresos, no habrá consumo, ni pago de impuestos para mantener a los que menos tienen, cuyo número se habrá multiplicado.

Es urgente ayudar a las empresas especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que carecen de recursos suficiente y de las que dependen el 72% de los empleos formales del país y el 52% del PIB nacional.

El gobierno federal llama a cerrar filas en torno al presidente, pide a los empresarios a hacer sacrificios, pero en cambio no cierra filas en torno a las empresas y los millones de familias que dependen de ella, es momento de superar ideologías para poder tomar las medidas necesarias para superar esta crisis.

Es momento de considerar la capacidad económica, con ello la capacidad de pago a sus contribuciones; el COVID-19 es una circunstancia de emergencia por lo que es prioritario se tomen inmediatamente medidas fiscales; sean trabajadores, profesionistas o empresas, considerando los impactos que tiene cada industria en particular.

Las medidas implementadas hasta hoy, están ocasionando un impacto negativo en diversas actividades de la economía, es inminente que tanto empresas como trabajadores se verán afectados y que una de las consecuencias de dicha afectación será quedar imposibilitados o limitados para cumplir con el pago de sus obligaciones, esto obedece a que tanto los colaboradores como sus familias, dependen económicamente del pago de sus salarios y prestaciones.

México, urgentemente requiere de acciones que minimicen medidas para el apoyo a negocios y compañías; buscando garantizar la conservación de los empleos existentes así? como la continuidad del funcionamiento económico.

Con base en lo antes expuesto, presentó el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, se dicten respectivamente de manera inmediata las medidas vinculantes y necesarias en materia económica y fiscal para enfrentar la Emergencia Sanitaria del COVID-19, como son:

a) Que se incrementó del límite superior de ingresos para que los trabajadores reciban subsidio para el empleo.

b) Que los patrones que tengan que suspender temporalmente sus actividades durante el tiempo en que se encuentre la emergencia sanitaria por COVID-19, tengan facilidad de realizar únicamente el pago del seguro de Enfermedades y Maternidad, así como aportaciones de vivienda.

c) Extender la conservación de derechos, hasta por cuatro meses, a trabajadores que hayan sido dados de baja durante el periodo que contingencia sanitaria por COVID-19.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/perdidas-en-micro-y-pequenos-n egocios-ascienden-en-mexico-a-30-mmp-por-coronavirus-alampyme

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 7 de abril del 2020.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar por las instituciones federales que al sector mueblero, particularmente las empresas de Ocotlán y la región de la Ciénega de Jalisco, reciba apoyo durante los meses de emergencia sanitaria, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado Absalón García Ochoa del estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Instituciones Federales a su Cargo, se reciba el mismo apoyo al sector Mueblero, particularmente a las empresas muebleras de Ocotlán y la región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria al igual como se ha realizado con otros sectores, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La industria Mueblera de Ocotlán, es un sector productivo la cual está constituida desde hace poco más de 60 años, participando como factor importante en la economía del Estado de Jalisco, y que a su vez funge como gran pilar en la economía de la región Ciénega, siendo una de las entidades con mayor productividad de muebles a nivel nacional, fabricando productos para toda la República Mexicana, Centroamérica y los Estados Unidos, lo cual dinamiza la actividad Mueblera a nivel nacional.

En la actividad regional, es el motor económico de más de 30,000 mil familias de manera directa e indirecta, sus principales vertientes se encuentran agremiadas en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán AFAMO , (creada en 1996) con la finalidad de integrar a estos fabricantes para crear un frente común, procurando el desarrollo y fortalecimiento de la industria.

Dicho lo anterior y preocupados por la pandemia que afecta a la humanidad, pues las repercusiones económicas y sociales que se desprenden en consecuencia, afectan de manera directa e indirectamente a la industria Mueblera, así como a muchas otras industrias, resultando una fuerte afectación al sector, toda vez que los productos fabricados representan un alto porcentaje de los muebles que se comercializan en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior es importante comentar lo complicado de la situación, ya que la empresa Celanese Mexicana, que llegó a generar más de 5000 empleos acaba de cerrar sus puertas hace pocos meses dejando demasiada gente sin trabajo en la comunidad, las repercusiones en venta y falta de liquidez, han obligado a apalancar y hacer uso de la excelente mano de obra con la que se cuenta y así poder sortear el problema.

Ante esta desafortunada situación de emergencia que principalmente priva a las cadenas productivas y de suministro del mueble y que afecta por igual a proveedores, fabricantes y comercializadores, hemos visto detenerse la economía, lastimando con ello a miles de trabajadores que depende de esta fuente de empleo.

Con lo anteriormente expuesto se le solicita al Ejecutivo Federal, para que, a través de sus Instituciones, se reciba el mismo apoyo al sector Mueblero durante los meses de emergencia sanitaria, al igual que se ha manifestado a otros sectores, con el propósito de garantizar la conservación y supervivencia de la mayor cantidad de unidades económicas y fuentes de empleo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que, a través de las Instituciones Federales a su Cargo, el sector Mueblero de Ocotlán, y región de la Ciénega De Jalisco, reciba el mismo apoyo durante los meses de emergencia sanitaria al igual como se ha realizado con otros sectores.

SEGUNDO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a diferir al Sector Mueblero de Ocotlán, [RTF bookmark start: _Hlk36996896]y región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria[RTF bookmark end: _Hlk36996896], la presentación del ejercicio 2019, durante 6 meses o permitir enterar el impuesto que resulte en 12 parcialidades, permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio 2020, acelerar los procesos de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades, y la suspensión temporal de pagos provisionales propios y retenidos de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

TERCERO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad, a condonar el 100% de pago de energía eléctrica a las empresas del Sector Mueblero de Ocotlán y región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria.

CUARTO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a condonar el 100% de las cuotas a trabajadores de este Sector Mueblero de Ocotlán y región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria.

QUINTO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la condonación del 100% de las cuotas obrero – patronales, a este Sector de la Industria Mueblera de Ocotlán y región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria

SEXTO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, a la Secretaria de Economía, a entregar apoyos económicos, estímulos y financiamiento a tasa 0% para la reactivación de la industria Mueblera de Ocotlán y región de la Ciénega de Jalisco, durante los meses de emergencia sanitaria.

Cámara de Diputados, a 7 de abril de 2020.

Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a mantener o restituir durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 –declarada el 30 de marzo de 2020– la prestación del servicio eléctrico a los usuarios veracruzanos con tarifa doméstica, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Ricardo García Escalante, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes:

Consideraciones

A manera de recopilación histórica y reiterando lo argumentado en la proposición con punto de acuerdo presentada por un servidor el 09 de octubre de 2018, el día 4 de octubre del 2018 se informó a través de un comunicado que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) sostuvo mesas de trabajo con las autoridades responsables de la Industria Eléctrica Nacional (Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía y Hacienda) y se determinó que en lo que resta de 2018 no habrá más incrementos en las tarifas eléctricas de media y alta tensión. El titular de la Unidad Especializada de Energía de Canacintra, Francisco Leonardo Anzures, dijo que hicieron varios planteamientos, donde el principal fue evitar que las tarifas siguieran subiendo, para luego ver cómo bajarlas.1

A nivel estatal se han logrado acuerdos en Baja California,2 Coahuila, para la revisión de los usuarios que han recibido su facturación fuera del rango de lo habitual, principalmente para consumidores de media y alta tensión y para revisar el incremento que se aplicó en diciembre del 2017.

Estos acuerdos son resultado de las peticiones de los empresarios e industriales mexicanos por el impacto y pérdidas que han sufrido por los incrementos graduales que se han resentido en los dos últimos años y que han llegado hasta un 70 % como lo menciona Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial. La problemática ha sigo generalizada en todo el territorio nacional como lo manifestó la Canacintra en Puebla, la cual externó su preocupación por los costos desmedidos en las tarifas de electricidad las cuales han afectado en su productividad y competitividad a empresas de los sectores automotriz, textil, plástico, alimentos y metalmecánico.

No obstante los acuerdos logrados hasta el momento, no todos los actores económicos han podido negociar estos beneficios; por ejemplo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dijo que no ha llegado a ningún arreglo con las autoridades y que seguirán interponiendo amparos contra las alzas en las tarifas eléctricas.

Para algunos sectores de la industria y del comercio requieren se ajuste las metodologías para el cálculo de tarifas y que beneficie a todos los sectores económicos y de servicios para asegurar un verdadero impulso al crecimiento que requiere el país.

Exigimos se cumpla con lo que prometió el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Jaime Hernández el pasado 31 de enero 2018, respecto a “los aumentos en tarifas eléctricas presentados en algunas regiones del país a principios de año y que son atípicos” y ofreció la revisión de cada caso en particular”.3

Nuestro Partido en las anteriores y en la reciente legislatura, hemos alzado la voz en nombre de los ciudadanos que representamos, para que el cobro de las tarifas de energía eléctrica sea asequible, justas y se adapten a las diversas condiciones climáticas, económicas y sociales de nuestro país. Para sector productivo nacional, la energía eléctrica es un insumo indispensable para generar empleo y crecimiento.

Se requiere como ya lo mencioné en una Iniciativa que presenté en este periodo ordinario, reducir la pobreza energética principalmente en los hogares y establecer tarifas accesibles para la industria, las pequeñas y medianas empresas y comercios sin afectar la viabilidad de la industria eléctrica nacional.

Diputados de nuestra bancada al igual que de otros partidos, hemos presentados exhortos a las autoridades correspondientes para revisar y cancelar los aumentos a las tarifas de electricidad. Esta problemática se presenta en Guanajuato, Nayarit, Yucatán, Baja California y Nuevo León por citar algunos.

Desde el final del anterior sexenio y desde el inicio de esta administración se ha castigado a la población y a la industria nacional.

Lamentablemente hoy y a casi dos años de la actual administración, el mundo entero y el país enfrenta una pandemia que está teniendo no solo repercusiones sanitarias importantes sino de carácter económico global y nacional que debido a las características económicas y sociales de nuestra población, producirá un alto impacto en la economía de las familias mexicanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 30 de enero de 2020 declaró la propagación del COVID-19 como “una emergencia de salud pública de preocupación internacional”;4 semanas más tarde, el 11 de marzo se declaró? la enfermedad por COVID-19 como una pandemia. Declaratoria que obligaría a los gobiernos a tomar recomendaciones y acciones más severas en materia sanitaria.

Para el caso de México, si bien el problema se atiende desde una perspectiva sanitaria de manera tardía, y se refleja con la publicación el 30 de marzo de 2020 del Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y posteriormente el 31 de marzo 200 se publicó el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Con las acciones establecidas se producen consecuencias de carácter económico que impactarán en el ingreso de las familias mexicanas, toda vez que “se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible” ... 5

Asimismo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta para diciembre de 2019 una Población Económicamente Activa de 57,625,521 de personas; de los cuales 60.3% representan la Tasa Neta de Participación; 27.5% de la Población Ocupada lo hace en el Sector Informal; y es de llamar la atención que el 56.2% es la Tasa de Informalidad Laboral, y una Tasa de Subocupación del 7.8%.6

Por lo que esta estructura económico y social en donde existe gran desigualdad social, informalidad laboral y tributaria; así como ingreso bajo e insuficiente; esta situación de emergencia sanitaria producirá un efecto devastador; y podrá llevar a la población con ingresos medios y bajos a un desplazamiento negativo en la estructura social y económica por la pérdida de ingresos y a la par en dificultades para hacer frente a los pagos de servicios básicos como lo es el pago del servicio eléctrico, servicio que está asociado al derecho humano a una vivienda digna, en este tenor y en concordancia con la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) que señala lo siguiente:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.

La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.

Contradicción de tesis 198/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, y Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 7 de febrero de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con salvedad Javier Laynez Potisek. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 115/2017, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 596/2016, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 144/2016. 7

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada el 30 de marzo de 2020, mantenga o restituya la prestación del servicio eléctrico a los usuarios con tarifa doméstica que, por cuestiones económicas derivadas de la emergencia sanitaria, no puedan pagar el servicio o se les haya suspendido el servicio; para usuarios del Estado de Veracruz.

Notas

1 http://www.milenio.com/negocios/frenan-alza-en-luz-para-canacintra-no-a -hoteles

2 http://www.canacintraens.org/facturacion/

3 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1429703.logra-ip-acuerdo-co n-cfe.html

4 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:la-oms-caracteriza-a-covid-19-como-una-pand emia&catid=740&lang=es&Itemid=1926

5https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true

6 https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/

7https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=C OMISI%25C3%2593N%2520FEDERAL%2520DE%2520ELECTRICIDAD.%2520NO%2520ES%252 0AUTORIDAD%2520PARA%2520EFECTOS%2520DEL%2520JUICIO%2520DE%2520AMPARO%25 20CONTRA%2520ACTOS%2520PREVISTOS%2520EN%2520EL%2520CONTRATO%2520DE%2520 SUMINISTRO%2520DE%2520ENERG%25C3%258DA.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-1 00&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016656&Hit=1&IDs=2016656&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

Palacio Legislativo de San lázaro;
el 7 de abril del 2020.

Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a conducirse con credibilidad, empatía, pulcritud y profesionalismo en el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta, al titular del Ejecutivo federal, a conducirse con credibilidad, empatía, pulcritud y profesionalismo en el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a fin de conducirse leal y patrióticamente en el cargo conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de la Unión, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 29 de marzo el titular del Ejecutivo Federal, por decir lo menos, pecó de inocente al bajarse a saludar de mano a la madre de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, poniendo así en entredicho la credibilidad del estado mexicano.

La noticia no solo fue cubierta por medios nacionales, debido a lo inusitado que resultó el acto, fue cubierto por los principales medios internacionales, pronto se comenzó a acusar al gobierno mexicano de que a pesar de la crisis de salud que se está viviendo en nuestro País, el Presidente de la República tenía otros intereses más importantes, que atender a la gente necesitada.

Tal situación, no solo desprestigia a la persona en la cual recae el mandato de Presidente de la República, por el contrario, se afecta gravemente el prestigio y credibilidad de toda la nación mexicana.

La credibilidad del titular del ejecutivo quedó en entredicho pues la versión oficial dada respecto de los acontecimientos controvertidos del 29 de marzo de 2020, resulta inverosímil y poco creíble.

Y es que no se entiende que un presidente, que no fue capaz de mostrar la más mínima empatía para recibir a víctimas de la violencia generalizada que padece el país entero, que no ha mostrado sensibilidad para atender personalmente la demanda de cientos de familiares que demandan medicinas para sus niños enfermos de cáncer, atienda personalmente y con prontitud la cita y demanda de un solo mexicano.

Resulta cuestionable que apenas el 20 de enero pasado el presidente señalara que no recibiría personalmente el 26 de enero a la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz , organizada por Javier Sicilia e integrantes de la familia Le Barón, “para no hacer un show, un espectáculo”.

Así mismo, informaba que la caravana sería atendida por el gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, señalando que él no estaría presente para “cuidar la investidura presidencial”, acaso no resultó más indigno para la investidura presidencial lo presenciado en Sinaloa.

Javier Sicilia y Adrián LeBarón han calificado de grave y demencial el acto en cuestión del Ejecutivo Federal, el primero señaló “Es un mensaje muy grave no sólo para la nación sino particularmente para las víctimas. El mensaje que manda es verdaderamente - no tengo otra palabra para calificarlo- demencial”.

Por su parte Adrián LeBarón, quien sufrió la pérdida de su hija y nietos asesinados por sicarios, recriminó que el presidente “apapache” a delincuentes, señalando, “Ella es madre de uno de los criminales más grandes que ha habido en México, por culpa de él hay muchas madres que están huérfanas. ¿Qué pasó con las madres que ese señor ha dejado sin hijos? Se me hace ridículo”.

En este mismo orden de ideas, podríamos señalar a cientos de mexicanos que han exigido ser escuchados y atendidos por el ejecutivo, para denunciar el desabasto de medicinas que padece el sistema público de salud; el cual, afecta a niños con cáncer, mujeres con cáncer de mama, pacientes con VIH y un sinnúmero de mexicanos que han tenido que sufrir el deficiente servicio médico que prestan los hospitales públicos como consecuencia de los recortes financieros impuestos por la actual administración.

Los mexicanos quisiéramos ver al presidente acudir a los hospitales para corroborar los estragos que han dejado sus políticas de recortes presupuestales, que hoy tienen al sistema público de salud sin medicinas y material médico y que ya ha cobrado la vida de enfermeras y de médicos.

Es manifiesta la nula empatía que ha mostrado el ejecutivo federal por el sufrimiento de los pacientes y desesperación de los familiares de estos, que exigen se destinen mayores recursos para el sector salud y sin embargo el ejecutivo se empecina en cumplir sus fantasías de una refinería o de un tren que carecen de proyectos ejecutivos y consulta de los pueblos originarios a los que impactarán dichas construcciones, ni qué decir de los estudios de impacto ambiental y viabilidad económica de los mismos.

Otro muestra más es la indolencia mostrada por el ejecutivo de la Unión es la que sufrieron los grupos de feministas que reclaman la inacción del gobierno federal para detener los índices de feminicidios y violencia contra las mujeres, al igual que con los colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos, el presidente desestimó la marcha de mujeres del 8 de marzo y el paro de mujeres del 9 de marzo pasado al señalar: “Es el conservadurismo disfrazado de feminismo los que quieren que fracase”.

Los anteriores casos son solo una muestra de la indolencia y arrogancia mostrada por el ejecutivo federal que igual descalifica a ambientalistas que señalan graves daños ecológicos por la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya; médicos, enfermeras y demás personal de clínicas y hospitales que exigen el material médico mínimo necesario para hacer frente al COVID-19; trabajadores del campo que protestan y demandan la atención del ejecutivo por los recortes desproporcionados de recursos federales que sufre el campo mexicano; presidentes municipales que piden la ayuda del gobierno federal para la subsistencia de los municipios que gobiernan, la lista es interminable de las ocasiones en que el ejecutivo ha descalificado las protestas y demandas de patriotas honestos y comprometidos con el desarrollo y bienestar de México.

Es lamentable que el titular del ejecutivo gobierne teniendo como máximas sus discursos que dividen; daña la investidura presidencial lanzando provocaciones innecesarias que polarizan al país.

No se entiende que pretenda conseguir la unidad nacional y el respeto internacional con actos de una arrogancia incomprensible que dañan irremediablemente la identidad de los mexicanos y la imagen de México.

No me puedo imaginar lo que habrán pensado las fuerzas armadas al ver las imágenes de ese encuentro; ellos que han arriesgado su vida, que han dejado todo por darle a la ciudadanía un mejor País, cuidando a los ciudadanos de los delincuentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente Proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con credibilidad, empatía, pulcritud y profesionalismo en el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de conducirse leal y patrióticamente en el cargo conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

Referencias

• https://www.milenio.com/politica/amlo-recibira-caminata-sicilia-lebaron -palacio-nacional

• https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-31/nacion/grave-y-demencial-sal udo-de-amlo-madre-de-el-chapo-acusan

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a otorgar a todo el personal médico y no médico que atiende a pacientes de Covid-19 en hospitales públicos y privados un reconocimiento o estímulo económico e indemnización en caso de muerte por contagio del virus en el desempeño de su labor, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, a otorgar a todo el personal médico y no médico que se encuentre atendiendo a pacientes de Coronavirus en hospitales públicos y privados de nuestro país, un reconocimiento o estímulo económico , así como una indemnización en caso de muerte por contagio del virus COVID-19 en el desempeño de su labor, con base en las siguientes:

Consideraciones

La humanidad se encuentra asolada por un virus surgido en Wuhan, China a finales de diciembre de 2019, el cual ha sido identificado como un tipo de coronavirus al que se le ha denominado COVID-19, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la fecha de elaboración del presente, en el mundo hay más de 697 mil casos confirmados, con más de 33 mil muertes en un total de 203 países.

Desde mediados del mes de febrero la OMS advirtió a los líderes del mundo a tomar medidas ante la posibilidad de una potencial emergencia sanitaria por coronavirus, y los conmino a planificar acciones de protección a su población, sin embargo, ante el crecimiento acelerado de los contagios el 11 de marzo, se declaró pandemia por el virus COVID-19.

En nuestro país, a la fecha el virus COVID-19 ha cobrado la vida de más de 28 personas y contagiado a 1,094, y se ha decretado emergencia sanitaria “Fase 2” con medidas de aislamiento voluntario y suspensión de actividades no esenciales, así como la suspensión de clases en todos los niveles.

Asimismo, el Consejo General de Salubridad determino en su sesión permanente de fecha 30 de marzo, decretar “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” a la epidemia SARS COV 2 (COVID-19), por lo que se emitieron siete acciones a implementarse, entre las que destacan: “Suspensión del 30 marzo al 30 de abril de todas las actividades no esenciales, extender la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 abril, resguardo domiciliario voluntario y limitación voluntaria de movilidad” .

Como se vislumbra la situación en nuestro país se torna cada vez más complicada y entre las víctimas colaterales se encuentran los médicos, enfermeras, residentes, jóvenes de servicio social y prácticas profesionales, camilleros, administrativos, laboratoristas, conductores de ambulancias, cocineros, personal de limpieza y todo el personal que labora diariamente en el sistema de salud público y privado de nuestro país, quienes en las últimas semanas se han manifestado en los principales hospitales por no contar con los elementos básicos de protección como batas y cubrebocas, y por ende, estar expuestos inminentemente al contagio de COVID-19.

Tal es el caso de los trabajadores de la salud de ciudades como Saltillo y Torreón, Coahuila; Xalapa, Veracruz; Puebla, León, Guanajuato; y en la capital del país, en hospitales como el de La Raza, Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco, Hospital Regional No. 2 Guillermo Fajardo Ortiz, Hospital Regional No. 1 Gabriel Mancera y la Unidad de Medicina Familiar No. 15 en Iztapalapa, la Clínica 32 de Calzada del Hueso y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes los últimos días se han apostado afuera de sus lugares de trabajo para exigir equipo de protección adecuado para atender a los pacientes con coronavirus.

Temen no solo por su vida, sino por la de sus familias, ya que al no contar con insumos de protección pueden ser un foco de contagio y poner en riesgo la vida de sus seres queridos, lo anterior, aunado a que muchas de las personas que laboran en los hospitales no cuentan con un seguro de vida o indemnización para sus familias en caso de muerte por riesgo de trabajo, como los jóvenes practicantes, de servicio social o los médicos residentes quienes se encuentran en una inestabilidad laboral y que al igual que el personal administrativo y de intendencia se encuentran expuestos al contagio.

Es por ello, que en términos de lo que establece la Ley General de Salud en su artículo 17 fracción IV Bis, que a la letra dice: “Articulo 17: Compete al Consejo de Salubridad General: ......VII bis. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para las instituciones y personas que se distingan por sus méritos a favor de la salud,” , propongo que se reconozca la labor de quienes día a día arriesgan su vida por salvar la de otros y de quienes serán el factor clave para que la contención del virus tenga éxito, brindándoles certeza económica para ellos y para sus familias, ofreciéndoles aminorar la preocupación con la que día a día salen de sus casas a poner sus conocimientos en práctica al servicio de la salud de todos los mexicanos.

Seamos agradecidos, así como cientos de ciudadanos que ya nos pusieron el ejemplo y que de lo poco o mucho que tienen ofrecen al personal médico, como alimentos o productos, transporte gratuito, entre otras cosas, todo ello para reconocer su heroico desempeño ante la crisis de salud.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Consejo General de Salubridad a proponer a las autoridades sanitarias en términos del artículo 17 fracción VII Bis de la Ley General de Salud, un reconocimiento o estímulo económico, a todo el personal médico y no médico que se encuentre atendiendo a pacientes de COVID-19 en nuestro país en hospitales públicos y privados con la finalidad de reconocer su valiente y ardua labor durante esta emergencia sanitaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, a la Secretaria de Salud a otorgar a todos y cada uno del personal médico y no medico desde doctores hasta las personas que trabajan en las áreas administrativas o en mantenimiento de las clínicas y hospitales que integran el sistema de salud pública de nuestro país, una indemnización en caso de muerte por contagio de COVID-19 en el desempeño de su labor, con el objetivo de brindar certeza económica a sus dependientes económicos y familiares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2020.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a emitir a la opinión pública un informe sobre el estado de la seguridad pública en México y las acciones implantadas en la materia, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Como nunca, la ciudadanía percibe a la inseguridad como uno de los problemas más graves del país, a pesar de que nuestro presidente dice que el país está tranquilo y sin delincuencia.

Al contrario de lo que él dice, la violencia en el país durante en la presente administración se recrudeció también en el caso de los delitos de género. No sólo los homicidios dolosos están en su nivel histórico más alto, también los feminicidios.

Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundidas anoche, en las que se señala que en el primer cuatrimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 323 feminicidios en todo el país.

Se trata de una cifra 32 por ciento mayor a la registrada en el periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018, cuando hubo 245 feminicidios; 48 por ciento más al periodo diciembre 2016 a marzo 2017, cuando hubo 218 casos, y 69 por ciento mayor a la cifra de diciembre 2015 a marzo 2016, cuando hubo 191 feminicidios.

Las cifras indican que en términos absolutos Veracruz ocupa el primer lugar nacional, pues, entre enero y marzo registró 46 casos, más del doble de los ocurridos en el Estado de México, segundo lugar de la lista, con 21 casos.

Si se analiza por la tasa por cada 100 mil habitantes:

• Sonora ocupa el primer lugar, con una tasa de 1.29,

• Veracruz, con 1.08;

• Tabasco, con .78;

• Morelos, con .77, y

• Coahuila, con una tasa de 58%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la percepción de la inseguridad de los ciudadanos mexicanos aumentó al pasar del 71.3% en septiembre de 2019 al 72.9% en diciembre.

Esto significa que el 72.9% de la población de 18 años y más, percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un aumento de 1.6 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

Este porcentaje “representa un cambio estadísticamente significativo” respecto al trimestre anterior y tampoco “es estadísticamente diferente” al 73.7% registrado en diciembre de 2018, cuando asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, aclaró el organismo en un comunicado.

“La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8%”, detalló el INEGI.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Puebla de Zaragoza (92.7%), Tapachula (92.1%), Ecatepec de Morelos (92%), Uruapan (92%), Fresnillo (91.9%) y Tlalnepantla de Baz (90.9%).

En contraste, los municipios con menor percepción de inseguridad fueron Mérida (18.9%), San Pedro Garza García (18.9%), San Nicolás de los Garza (31.7%), Saltillo (32.1%), Los Cabos (32.7%), y Puerto Vallarta (34.2%).

La investigación también encontró que 35.3 % de los hogares a nivel nacional contó con al menos una víctima de robo o extorsión durante el segundo semestre de 2019.

Además, en la segunda mitad del año pasado se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del que 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción.

Por primera vez, el ENSU proporcionó una estimación de víctimas de acoso personal y violencia sexual, al informar que, en los últimos seis meses del 2019, 19.4% de la población mayor a los 18 años reportó ser víctima de estos delitos.

En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 27.2%, mientras que en hombres fue de 10.1%.

Por otra parte, un 81,6 % de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

En lo relativo al transporte público, un 74.3% siente peligrosidad, cifra que disminuye al 68.9% cuando las personas se encuentran en un banco y al 65.3% en las calles que habitualmente transitan.

Un 33.6% de los mexicanos consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá empeorando.

El 28.9% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses.

Esto “representa un cambio estadísticamente significativo de 9.9 y 2.5 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2018 y septiembre de 2019, respectivamente”, esto refleja el estudio citado.

La inseguridad nos hace perder a todos, pero quien pierde más son los pobres. No es de sorprender que las mayores tasas delictivas se concentren en las regiones de menores ingresos.

En México existen 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que representan 25.7 por ciento de la población total, 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

De estos jóvenes que no trabajan y no estudian son 3,9 millones de personas de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Educación y Empleo elaborada por el INEGI.

Este grupo poblacional le cuesta a México 194.090 millones de pesos anuales o 0,9% del Producto Interno Bruto, según un reporte de la OCDE publicado en enero de este año.

En 2010, José Narro, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo referencia al término y señaló que se contabilizaban más de siete millones de jóvenes en esta situación. No obstante, esta cifra puede ser imprecisa. El artículo Ninis: factores determinantes, publicado en diciembre de 2017 en la revista Realidad, Datos y Espacio del INEGI, indica que existen varios factores para contabilizar a los jóvenes y diversas variables para que una persona pueda ser catalogada como nini. Estas variables incluyen la localidad en la que vive, el entorno del hogar y las del propio individuo.

Los 3.9 millones de jóvenes mexicanos que actualmente existen, que ni trabajan ni estudian como lo dijo José Narro, rector de la UNAM– pueden alimentar la bolsa de trabajo del crimen organizado, porque han encontrado más oportunidades en las industrias ilícitas –en el mercado informal en el mejor de los casos que en las universidades públicas o en las empresas legalmente establecidas.

El problema de la inseguridad, de no resolverse, puede quitar viabilidad al Estado mexicano, necesitamos un gobierno que dé certeza y seguridad a los ciudadanos y que no actué a través de ocurrencias vulnerando y volviendo vulnerable e incluso a una de las instituciones con más credibilidad como es el Ejército Mexicano.

Resulta urgente que nuestra legislación y sobre todo quien tenga que aplicar las leyes en las materias lo hagan de una manera firme y conocimiento no como lo que ha sucedido en los últimos días con la detención y luego escapatoria del hijo de Chapo donde la impactante rendición de las fuerzas mexicanas terriblemente superadas, como rehenes de los criminales y obligadas a liberar a un sospechoso prominente bajo su custodia y donde el gobierno guardó silencio y les pidió a los ciudadanos que permanecieran al interior de los inmuebles, eso no es dar seguridad a los ciudadanos.

Y así podemos citar varios ejemplos como el aumento de feminicidios en el país, la destitución de personas con vasta experiencia y conocimiento en puestos estratégicos, por lo que se agrava más el tema.

Resultan urgentes mejoras en nuestro sistema integral de seguridad; no heroísmos espontáneos, en el mejor de los casos, que al corto tiempo sólo se descubren como fines mediáticos para elecciones venideras. Se necesita un aparato real de información y estrategia nacional; no sólo publicidad que se jacte de los logros obtenidos con datos que solo tiene el gobierno y que la realidad supera cualquier tipo de crueldad en nuestro país, perdiendo miles de vidas inocentes y por supuesto, de nuestro destacado ejército, quien se entrega en cuerpo y alma en este frente.

Todos los que estamos en este momento como servidores públicos sin meter colores debemos de ponernos la bandera mexicana y desempeñar nuestro encargo para velar y proteger la seguridad y bienestar de los mexicanos.

Ya que nuestro actual gobierno no tiene aún, una clara y precisa logística nacional, dado que sólo basta estar citando los errores del pasado, que si reconocemos que los hay, pero nuestro compromiso está en proponer y hacer nuestro trabajo en este momento y es protegiéndonos como país, sin necesidad de estar dividiendo a una población demasiado lastimada por malas decisiones de los mandatarios.

Las estrategias equivocadas de parte del Ejecutivo Federal y las malas decisiones han creado un México gris temeroso. En este sentido, surgen las interrogantes de cuál es la ruta que se está trazando para el combate al narcotráfico, su estrategia y sobre qué premisas de garantías jurídicas y de seguridad se están ejerciendo para la tranquilidad y bienestar de todos los ciudadanos mexicanos.

En otro tenor, hay que enfatizar los señalamientos que hacen organizaciones de la sociedad civil sobre la flagrante violación de derechos humanos que en la lucha contra la inseguridad se han cometido en los últimos años; Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, todos coinciden en lo mismo.

Estos hechos pueden confirmar que el respeto de los derechos humanos ha pasado a segunda instancia en el orden de importancia de la agenda de seguridad del país.

De nada sirve combatir a la delincuencia si al hacerlo, se vulneran las garantías individuales de los ciudadanos. Los medios importan para justificar el fin.

Es necesario conocer las estrategias que el Ejecutivo Federal está implementando en el tema de Seguridad Publica, ya que al ser un tema tan sensible y delicado para el bienestar de los Mexicanos, se requiere que estás sean claras y precisas, para que en verdad permitan reducir los niveles tan altos de violencia que existen actualmente en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana C. Alfonso Durazo Montaño, emita un informe a la opinión pública sobre el estado que guarda la Seguridad Pública en México, así como las acciones implementadas en la materia

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a aplicar las disposiciones legales y verificar el costo de productos, bienes y servicios en el mercado, sobre todo el de la canasta básica, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

Es penoso saber que hay seres humanos que se quieren aprovechar de la pena y desdicha de otras personas y esto siempre se da cuando hay problemas graves o contingencias no solo en México si no en el Mundo como con la pandemia del COVID- 19 , es por ello que como legisladores siendo representantes de los integrantes de la sociedad mexicana ante este honorable Congreso de la Unión, es nuestra obligación defender y salvaguardar los derechos de cada uno de ellos, hoy en día lamentablemente un problema de los que más aqueja, preocupa y lastima a los ciudadanos es el de la economía, sé que es de nuestro conocimiento la situación económica por la que atraviesa nuestro país, pero hoy quiero hacer énfasis en buscar el no detrimento económico de la familia mexicana.

Es por eso que el día de hoy es un momento toral para analizar y pedir que sea explicado el trabajo que realiza la Procuraduría General del Consumidor. Es lamentable que México siendo el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría General del Consumidor (Profeco) (1976) y el segundo con una ley en la materia, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) no se realice el trabajo para lo que esta institución y ley fueron creadas.

Creo firmemente que la PROFECO debe ser la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, procurando siempre la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, facultando así una cultura de consumo con todo el respaldo de la ley.

Hoy la realidad es otra ya que lastimosamente a los consumidores no se les protege de manera efectiva y mucho menos real, no es posible que la PROFECO no se encargue de verificar la aplicación correcta, adecuada y conforme a la ley de los precios en los que los proveedores ofertan sus productos y/o servicios en el mercado, y más con una crisis como lo es el COVID- 19 .

No es posible que el precio de los productos de la canasta básica, que son de primera necesidad para las familias mexicanas se modifiquen diariamente al gusto y conveniencia de los ofertantes y no pase nada, quien se encarga de verificar a conciencia que los kilos de tortilla, de huevo, de frijol o de carne si sean de a kilo, porque solo se basan en verificar algunas gasolineras y ni así nos pueden garantizar que los litros sean realmente de a litro.

En estos momentos en que nuestro país, está pasando por esta crisis del COVID- 19 , se necesita que las instituciones hagan su trabajo y que lo hagan bien ya que los precios del huevo y la tortilla, entre otros, han registrado alzas en las últimas semanas.

En el caso del kilo de Blanquillo rebasa los 45 pesos por kilo, mientras que la tortilla en el Norte del país a 28 pesos el kilo.

El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana señalo que el kilo de este producto podría llegar a los 20 pesos por kilo, como resultado que la tonelada de maíz subió de 4 mil 800 pesos a 6 mil pesos en el último mes, y se estimó que en las próximas semanas pudiera llegar a los 6 mil 500 pesos.

El titular de la PROFECO indicó que a quienes incrementen los precios en productos de la canasta básica, se les aplicaran multas de hasta 3 millones de pesos, inmovilización de producto y suspensión del negocio, que son algunas de las sanciones previstas ante el abuso de comerciantes.

Es evidente, que estos abusos se comenzaron a dar debido a la emergencia sanitaria, y de forma más evidente, después de la declaratoria por parte de las autoridades sanitarias, de la fase 2 de la pandemia del COVID- 19 .

Es necesario señalar, que es obligación de la Procuraduría el monitorear los precios de más de 10 mil productos, y más en estos momentos, que se agrava la crisis económica a consecuencia del Coronavirus, por lo que la mencionada procuraduría, debe de cumplir con su responsabilidad y sancionar con todo el peso de la Ley a quien de forma injustificada eleve los precios de los productos, bienes y/o servicios.

Pero desgraciadamente, como todo en esta administración su desempeño no está siendo oportuno, es por eso que hoy presento el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar el marco legal correspondiente con la finalidad de que verifique el precios de los productos, bienes y/o servicios, logrando así no perjudicar a la economía de la población mexicana, así como también a los ofertantes ya que se busca una justa armonía entre los consumidores y proveedores.

Puntos de Acuerdo

PRIMERO: Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que pase del discurso a las acciones, y aplique las disposiciones legales correspondientes, a fin de que verifique el costo de productos, bienes y/o servicios que se encuentren en el mercado, dando énfasis a los productos de la canasta básica y sancione con determinación a quienes infrinjan la ley.

SEGUNDO: Se exhorta a la Procuraduría Federal a fortalecer las políticas de los operativos de verificación con la finalidad de salvaguardar el derecho de los consumidores durante esta contingencia del COVID- 19, y a que gire instrucciones a los encargados de las Oficinas de Defensa del Consumidor en los Estados, para que también cumplan con sus obligaciones de verificación y sancionen a quienes sin justificación alguna eleven los precios de los productos, bienes y/o servicios, con especial atención a los productos de la canasta básica.

TERCERO: Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor que difunda ante la opinión pública el número de quejas atendidas en materia de alza de precios de productos de la canasta básica, así como los establecimientos sancionados por el aumento de precios de manera injustificada[RTF bookmark end: Proposicion4] y la sanción aplicada en cada caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de la Federación a valorar por el CJF la posibilidad de crear un tribunal especializado en materia marítima, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Poder Judicial por conducto del Consejo de la Judicatura que valore la posibilidad de crear un Tribunal Especializado en Materia Marítima, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Preámbulo

El tránsito del medioevo a la modernidad fue desarrollado en el marco de cambios sociales, demográficos, políticos, jurídicos y económicos especialmente entrelazados. La conformación de los Estados modernos estuvo asociada a la revitalización comercial1 –que tuvo precedentes bajomedievales, pero lejos de las dimensiones que adquiriría en la modernidad–, que impulsó la reapertura y desarrollo de nuevas rutas para el tráfico de mercancías. De ahí que estos “primitivos Estados modernos”,2 en gran medida fueran consolidados bajo la política económica del mercantilismo, asociada no sólo a la actividad comercial, sino a la explotación de las primeras grandes potencias europeas, sobre los territoriales en los que impusieron su dominio.

Ante estas nuevas condiciones económicas, políticas y sociales, se impuso la necesidad de desarrollar también novedosas instituciones jurídicas, tanto para regular las relaciones de derecho internacional, como para atender a las exigencias de la dinámica comercial, ahora con una importante impronta de desarrollo marítimo y transcontinental.

Como es reconocido, “la empresa colombina se proyecta desde sus inicios como una empresa comercial en busca de una nueva ruta marítima, hacia los países asiáticos...”,3 lo que llevó, desde finales del siglo XV, a la intensificación, en las relaciones de tráfico marítimo entre España y los territorios de América, hasta el punto de consolidar lo que se identificó como la “Carrera de Indias”. Es en este contexto en el que surgen las primeras instituciones modernas especializadas en la resolución de conflictos relativos al tráfico marítimo, tanto en la península hispánica, como posteriormente, en territorios novohispanos.

II. Antecedentes Españoles de tribunal marítimo.

Desde el siglo XI, con las cruzadas, la reactivación comercial lleva al desarrollo de la regulación marítima, especialmente mediante la recopilación de usos, costumbres y sentencias dictadas en la materia. Desde ese entonces, se comienzan a desarrollar regulaciones e instituciones encargadas de conocer sobre los conflictos marítimos, esencialmente en el ámbito comercial. Para resolver este tipo de disputas, dos fueron las instituciones principales que tuvieron paulatino desarrollo:

1) Por un lado, se da el desarrollo de diversos Consulados,4 que eran grandes “corporaciones profesionales que ... tenían como función la defensa de los intereses económicos de sus miembros... los agremiados eran los mercaderes residentes que llenaban los requisitos de edad, propiedad y ocupación “.5 El primero de ellos el de Barcelona (1234), con potestad normativa y jurisdiccional; posteriormente el Consulado de Valencia (1283). A par de éstos, desde el siglo XIII aparecieron cofradías de mareantes que algunas veces se unieron (como sucedió entre Santander y Fuenterrabía, para formar la Hermandad de las Marismas), cuyos integrantes, como los alcaldes de mar, conocieron de pleitos comerciales. Esas cofradías comenzaron a decaer para los siglos XV y XVI y, en Castilla, se establecieron los primeros Consulados con jurisdicción tanto para el comercio terrestre como marítimo.

El comercio de Indias que giró la centralidad comercial hacia el Atlántico, también llevó a los Reyes Católicos a crear en 1494 un Consulado en Burgos (primero creado en Castilla), que fue referente de los siguientes y conocía de disputas mercantiles, con facultades para imponer castigos de carácter civil o administrativo Para 1511, el rey Fernando creó el Consultado de Bilbao, siguiendo el modelo del de Burgos y en 1539, el rey Felipe II creó el Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla. En la real provisión que sustentaba este último, se estableció la integración por un prior y dos cónsules electos de entre los mismos comerciantes, asignando facultades para conocer de diferencias relativas al tráfico de mercancías de o para las Indias (“incluyendo fletes, seguros, sociedades, contratos y comisiones “). Con el incremento del comercio se crearon “más consulados en Madrid (1632), San Sebastián (1682), La Coruña, Santander... Cádiz (1717) Barcelona (1758), Valencia (1762), Sevilla (1784) (Pérez, 2017:31). Se crearon también 8 consulados en América y uno en Manila (1828).

Además de las mencionadas, los consultados tenían competencia en casos de naufragios, mantenimiento de la propiedad de bienes salvados, obligación de ayudar a recuperar personas y bienes, procedimiento de recuperación de carga o efectos en la costa. Sus procedimientos, sumarios, “eran muy simples y rápidos, sin participación de abogados, “solamente la verdad sabida y la buena fe guardada, como se debe hacer entre mercaderes”6

2) Por otro lado, la Casa de Contratación de Sevilla, organismo que controlaba y dirigía el tráfico hispano-indiano, cuyas primeras ordenanzas fueron emitidas por los reyes católicos en 1503. Dentro de las funciones de la Casa de Contratación siempre en materia de comercio, “debían hacer cumplir las disposiciones que se deban para la navegación, trato y comercio de Indias, con jurisdicción civil y criminal: conocían de los delitos cometidos en los viajes de ida y vuelta en aquel tráfico, desde que salían los barcos hasta su descarga, y en materia de huertos, desde que se entregara a la Casa el oro, la plata o las otras mercancías; pero si la pena fuere de muerte o mutilación, la Casa sólo debía aprehender a los reos y ponerlos a disposición de los tribunales comunes. en los negocios de particulares relacionados con contratos celebrados en Indias, conocía, a elección del actor, la Casa o los jueces de Sevilla; pero en los casos de dueños y maestros de naves y gente de mar, sólo la Casa tenía jurisdicción”.7

Esta Casas sirvió de modelo a las diversas aduanas establecidas en los puertos de importancia de América. Para 1543, anexo a la Casa de Contratación, Carlos V ordenó la formación de un consulado de comerciantes denominado Universidad de Cargadores de las Indias , y para 15809, Felipe II creó el Correo Mayor como dependencia de esta Casa de Contratación. El propio Felipe II dotó a la Casa de tres jueces letrados para negocios de justicia civil o criminal relacionados con el tráfico de Indias. Como organismo de carácter mercantil, tenía una triple misión: dirigir el comercio y navegación, constituirse como tribunal mercantil y ser una institución científica que resuelve problemas marítimos y cartográficos.8

III. Antecedentes novohispanos

Bajo la línea e influencia de los precedentes españoles y en el contexto referido de la Carrera de Indias, en la América novohispana se desarrollaron instituciones especializadas para resolver conflictos relacionados con el comercio marítimo, esencialmente a través de la referida figura de los Consulados. Este tipo de instituciones es considerado por los especialistas como parte de la Justicia extraordinaria (correspondiendo la justicia ordinaria a gobernadores, corregidores y alcaldes - mayores, ordinarios e indígenas). Era extraordinaria en tanto correspondía a fueros personales y, como en el caso, de grupo (los comerciantes).

Fue a finales del siglo XVI cuando en la Nueva España se planeó e impulso la formación de un gremio propio separado del de Sevilla: el Consulado de la Ciudad de México . Para “el 15 de junio de 1592 se emitió la carta constitutiva del primer gremio mercantil hispanoamericano”, cuyas ordenanzas definitivas fueron ratificadas por la Corona hasta 1604 y publicadas en 1636 (rigiéndose por las ordenanzas de Burgos y Sevilla hasta este momento. A este consulado siguió el de Lima, mediante cédula de 29 de diciembre de 1593, aunque inició funciones en febrero de 1613. Posteriormente se erigió el Consulado de Filipinas y más tarde el de Manila. Para 1778, con Carlos III, se crearon nuevos consulados, pero no fue sino hasta 1793 que a los Consulados de México y Lima se suman el de Caracas y Guatemala y para 1794-95, se crearon los Consulados de Buenos Aires, La Habana, Cartagena, Chile, Guadalajara y Veracruz .

Este último destaca por la importancia que el puerto de Veracruz adquirió en la segunda mitad del siglo XVIII, por el comercio con Yucatán y Guatemala, lo que llevó a los mercaderes de este puerto a solicitar el establecimiento de un Consulado independiente del de la Ciudad de México. En Guadalajara también la solicitud proviene de un grupo de comerciantes en este caso apoyado por dos regidores y un alcalde, bajo el argumento de que el Consulado de México se encontraba muy distante para resolver las controversias mercantiles de los comerciantes de Guadalajara, lo que permitió su creación, aunque se extinguió en 1824. A estos, ya en el México independiente, se sumó el Consulado de Puebla (1821) que no obstante desapareció apenas tres años después.

“Una característica fundamental de un Consulado era la existencia de un tribunal propio e independiente, capacitado para decidir las cuestiones planteadas ante él por los miembros de la comunidad mercantil”.9

El caso particular del Consulado de México (o Consulado de la Nueva España), es representativo, pues sus ordenanzas se dirigían a regular su integración y organización y a determinar los procedimientos a seguir ante el mismo. Por ello, los especialistas opinan que “el único propósito expreso de las cédulas que crearon los consulados de México y Lima era el de proporcionar una corte mercantil, pero la estructura de tribunal de consulado presuponía la organización de una universidad de los mercaderes, o gremio”.10

La integración completa del Consulado de México era: un prior, dos cónsules, consejeros, cinco diputados, treinta electores, escribano, asesor letrado (uno o dos para las causas), procurador, letrado, solicitador, agente, alguacil, portero y receptor,11 recayendo en el prior y los cónsules la función de administración de justicia. Por ello, éstos tenían la consideración de jueces reales y de sus resoluciones conocía el juez de alzada que en México era un oidor de la Real Audiencia designado por el virrey, quien debía resolver acompañado de dos mercaderes por él seleccionados.

La real cédula de 1592 que creó el Consulado de México, da cuenta de la naturaleza de esta institución y de las necesidades que pretende atender: “a raíz del gran crecimiento en que ha venido la contratación y comercio de estos reinos, e de los del Pirú, Islas Filipinas, provincias de Yucatán, e otras partes de la dicha Nueva España, y de ella para los dichos reinos y provincias, habían sucedido, y cada día sucedían muchos pleitos, y debates, dudas y diferencias, en resulta de cuentas de campaña, consignaciones, fletamentos, e seguros, riesgos, averías, mermas, y corrupciones, daños, quiebras, faltas, y otras contrataciones tocantes y concernientes a el dicho comercio... cuya resolución, composición e inteligencia era propia de mercaderes, por lo que de llevarse a los tribunales ordinarios de la justicia real se provocarían continuos inconvenientes y atrasos en las negociaciones de este comercio. Por lo anterior, aprobada la solicitud de los mercaderes de la ciudad de México... para organizarse en un tribunal o Consulado de comerciantes como los de Burgos y Sevilla que pudiese conocer de todos los negocios y causas concernientes a su trato, y para elegir a su prior y cónsules, que actuasen como jueces; la disposición sería confirmada poco después por otra cédula real...”12

Determinado así el procedimiento ante este tribunal especializado es descrito como sigue: “el prior y dos cónsules debían escuchar la demanda hecha por el actor y la defensa por el demandado para que dicho Prior y Cónsules entiendan el caso, y colijan parte de la razón que cada uno tiene. Inmediatamente después se debía buscar llegar a un arreglo o conciliación entre las partes, y si no se lograba, se procedía nuevamente a escuchar las partes, ya sea en forma oral o por escrito, sin la participación de abogados...”13 esto permitía la brevedad del procedimiento que debía resolverse con la mayor celeridad.

En México, como se advirtió, este tipo especial de justicia extraordinaria especializada funcionó, bajo el modelo español durante toda la época novohispana, pero al igual que en España dejó de funcionar en el siglo XIX, para dirigir en nuestro país el conocimiento de estos asuntos hacia los tribunales federales.

IV. Otras experiencias.

Tribunales Marítimos de Panamá 14

Esta Jurisdicción es de suma importancia para atender los problemas que pueden surgir en materia de tránsito marítimo y poner en perjuicio o vulnerar los intereses de las naves.

Los Tribunales Marítimos de la República de Panamá, están regulados y organizados mediante la Ley 8 del 30 de marzo de 1982, dentro del cual los Tribunales son especiales. Panamá, juega un papel sumamente importante en lo concerniente a asuntos marítimos internacionales.

Hasta el año 2001, sólo existía un solo Tribunal Marítimo, sin embargo, ese año se reforma el Código Judicial mediante Ley 23 del 1 de junio del 2001 y se crea el II Tribunal Marítimo que consta de la misma jurisdicción y jerarquía que el I Tribunal, ambos establecidos en el mismo lugar, siendo totalmente independientes, uno de otro.

Antes de la reforma de 1986, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Ramo Civil, conocían de las apelaciones de las resoluciones dictadas por el Tribunal Marítimo de Panamá.

La distribución de los procesos entre el Primer Tribunal Marítimo y el Segundo Tribunal Marítimo, se hará mediante acuerdo de reparto para una distribución equitativa de trabajo.

Concepto

Jurisdicción: es la potestad soberana del Estado para administrar justicia, a través del Órgano Judicial y caracterizada por su unidad y exclusividad. La Real Academia Española, la define como el “poder o autoridad que tiene uno para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio”.

Definiremos la jurisdicción marítima, como la facultad genérica de administrar justicia que tiene los jueces de ésta materia, especialmente, aplicada a conocer y sustanciar causas de naturaleza marítima, dentro del marco territorial, funcional, material y jerárquico definido en la ley. Esto significaría que todo juez marítimo posee los mismos poderes y facultades de los demás jueces, sólo que dirigidos a resolver litigios donde se ven involucrados los buques o sus elementos conexos.

Para finalizar, damos una definición dada por la Ley dentro del artículo 17, el cual dice:

“Los Tribunales Marítimos tendrán competencia privativa para conocer de las causas que surjan de los actos de comercio marítimo y tráficos marítimos ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las aguas del Canal de Panamá”.

Características

• Soberano, Exclusivo y Público.

• General:
• Unitario:
• Permanente:
• Definitivo:
• Independiente:
• de Especial:

Principios procesales

• Oralidad:
• Lealtad Procesal:
• Congruencia:
• Organización jurisdiccional

La Jurisdicción Marítima está compuesta y organizada de la siguiente manera:

• La Corte Suprema de Justicia

• El Primer Tribunal Marítimo, es creado mediante la Ley 8 de 31 de marzo de 1982. Con sede en Ancón, el cual está bajo el mando de un Juez que actualmente es el Magistrado Calixto Malcom.

• El Segundo Tribunal Marítimo, éste es una figura nueva, el cual nace con la Ley 23 de 2001, Igualmente, con sede en Ancón, consta de un Juez que actualmente, está bajo el mando de la Jueza Gisela Agurto.

Ambos Tribunales, tienen la misma jerarquía, son independientes uno del otro y se admite en ciertos casos interponer ante la Sala Primera de lo Civil.

Conclusión

La jurisdicción, como mencionamos, es la autoridad que tiene uno para gobernar o para aplicar las leyes en juicio, y de esto podemos decir que la importancia principal de la jurisdicción marítima, es que permite tramitar los casos con la especialidad requerida y en una forma más ágil.

El tribunal marítimo hizo uso de una ley para crear otro, dado que no se daba a vasto con tantos trámites y ambos tribunales son los encargados de administrar justicia en asuntos marítimos que ocurran en el mar territorial dentro y fuera de nuestra jurisdicción y que tiene todas las aguas incluyendo las del Canal de Panamá.

Existen diversas razones por la cual éste tribunal es único, se dice de esta manera, ya que su soberanía es una sola, es totalmente infraccionable e independiente de tomar sus propias decisiones en la materia correspondiente. Solo existe una primera instancia que es ante la Sala Primera de lo Civil, no existen municipalidades dentro de éste.

Sus leyes son totalmente aplicables y ejecutadas. Podemos concluir diciendo que este es el único Tribunal que consta de una sola instancia y que actúa de manera independiente.

Tribunal Marítimo en el Reino Unido (Admiralty court) 15

El Tribunal está incorporado en la división de banca de la Reina del Tribunal Supremo y se ocupa de cuestiones tales como el salvamento y los daños causados por colisiones entre buques.

Las cortes del Ministerio de Marina de Inglaterra datan, por lo menos, de 1360, durante el reinado de Edward III. En esa época había tres tribunales de este tipo, nombrados por almirantes responsables de las aguas al norte, al sur y al oeste de Inglaterra. En 1483 estos tribunales locales fueron amalgamados en un solo Tribunal superior de Almirantazgo, administrado por el señor Alto Almirante de Inglaterra. El señor Alto Almirante nombró directamente jueces a la corte, y podría retirarlos a voluntad y esto fue enmendado de 1673, con nombramientos cayendo dentro del ámbito de la corona, y de 1689 jueces también recibieron un estipendio anual y un grado de tenencia, manteniendo sus posiciones sujetas a la entrega efectiva de sus deberes más que al placer del Señor Almirante.

Durante el período después de la guerra francesa e India, los tribunales del Almirantazgo se convirtieron en una cuestión que era una parte de la tensión de levantamiento entre el Parlamento británico y sus colonias americanas. Comenzando con la proclamación de 1763, estos tribunales fueron dados jurisdicción sobre una serie de leyes que afectaban a las colonias. La jurisdicción se amplió en actos posteriores del Parlamento, como la ley de estampillas de 1765.

Las objeciones de los colonos se basaron en varios factores. Los tribunales podrían intentar un caso en cualquier parte del imperio británico. Los casos que implicaban a comerciantes de Nueva York o de Boston fueron oídos con frecuencia en Nova Scotia y a veces incluso en Inglaterra. El hecho de que se pagara a los jueces basándose en parte en las multas que gravaban y se pagara a los oficiales navales por traer casos “exitosos” condujo a abusos. No hubo juicio por jurado, y las normas de pruebas fueron menores que en los tribunales penales, el último que requiere pruebas “más allá de la duda razonable “. El objetivo del gobierno era mejorar la efectividad de los ingresos y las leyes de impuestos especiales. En muchos casos pasados, los contrabandistas evitarían impuestos. Incluso cuando fueron capturados y llevados a juicio, los jueces locales absolvieron con frecuencia a los comerciantes locales populares que consideraban injustamente acusados por un recaudador de impuestos impopular. Los casos fueron decididos por los jueces más bien que los jurados.

En 1875, las jurisdicciones “testamentaria” y “Almirantazgo” fueron transferidas, respectivamente, a la división de Cancillería y a la nueva “corte del Almirantazgo” (un subconjunto de la división de banca de la reina del Tribunal Supremo). Estrictamente hablando, ya no había una “Corte del Almirantazgo” como tal, pero la jurisdicción del Almirantazgo asignada por la Ley de Tribunales superiores de 1981 fue (y es) ejercido por el juez del Almirantazgo y otros jueces de la corte comercial autorizados.

Hoy la jurisdicción del Almirantazgo es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido. Las leyes de almirantazgo que se aplican en este Tribunal se basan en la ley del mar basada en la ley civil, con adiciones estatutarias y de Common Law. La corte del Almirantazgo ahora se encuentra en el “Rolls Building.”

Tribunal de Justicia: Prize Court

El Tribunal Marítimo también se sienta como un Prize Court, en el que la capacidad que tiene jurisdicción en materia de captura en el puerto o en la tierra si la captura ha sido efectuada por una fuerza naval o una fuerza naval mixta y militar. La corte puede también intentar cualquier pregunta referida le por el Consejo privado referente al booty de la guerra; es la propiedad capturada por las fuerzas terrestres.

Escocia

La corte escocesa del Ministerio de Marina perdió su jurisdicción del Premio al Tribunal de Marina inglés en 1825, y en 1830 su jurisdicción civil y criminal fue transferida respectivamente al Tribunal de Reunión y al Tribunal Superior de Justiciary. La Ley Marítima de Escocia es la misma que la de Inglaterra.

Los expedientes más tempranos de la corte escocesa, sostenido en la casa del registro del oeste en Edimburgo, indican que las sentadas eran un acontecimiento regular por lo menos en 1556. Se labraron a los jueces “Almirante del juez” y la cita recibida en las manos del alto almirante escocés para oír las materias que afectaban a la marina de guerra real de Escocia así como los conflictos mercantiles, Corso y del dinero del premio. A partir del 1702, el juez de la corte también fue autorizado para nombrar a los diayudéisdos para que oyeran asuntos menores o para su ausencia.

La carga de trabajo de la corte escocesa fue pequeña hasta mediados del siglo XVIII, y los jueces no escucharon más de cuatro asuntos en cada sesión. Después de que el 1750s el volumen de casos se levantara hasta por 1790 era necesario mantener un diario de las decisiones. El crecimiento de los casos se relacionó con el aumento de las distribuciones en relación con los incumplimientos de la carta, incluyendo los maestros del buque que buscaban indemnización por flete y comerciantes no pagados que demandaban daños a bienes o cuotas inesperadas de puerto. Los casos reflejaron las principales industrias marinas de Escocia, incluyendo el transbordo de azúcar y tabaco y la exportación de pescado, carbón y granos secos. Un número menor de casos relacionados con el contrabando, principalmente el brandy, y los derechos de salvamento de los barcos naufragados en las costas escocesas. La corte cesó la operación en 1832 y sus funciones fueron subsumidas en el Tribunal de sesiones, el Tribunal Supremo de Escocia para las controversias civiles.

Cinque ports

El único sobreviviente de las cortes independientes del Almirantazgo es el Tribunal de Marina para los puertos de Cinque, que es presidido por el juez oficial y el commissry del Tribunal de Marina de los puertos de Cinque. Esta oficina es normalmente llevada a cabo por un juez de la Corte Suprema que tiene el nombramiento de juez de Almirantazgo. La jurisdicción del Tribunal de Marina de las Cinque Ports se extiende desde Shore Beacon, Essex, a Redcliffe, cerca de Seaford, Sussex. Cubre todo el mar desde Seaford hasta un punto a cinco millas de cabo Grisnez en la costa de Francia, y la costa de Essex (y Birchington, cerca de Margate, Kent). La sesión completa pasada estaba en 1914. Según la práctica civil general, el Secretario puede actuar como diputado al juez, y el único papel activo del juez ahora es tomar parte en la instalación de un nuevo Lord Warden de las Cinque ports. La apelación de las decisiones de la corte recae en el Comité Judicial del Consejo privado.

Tribunales de Vicealmirantazgo

Para agilizar la administración del derecho marítimo, se concedió rutinariamente a las colonias británicas jurisdicción subsidiaria a través de tribunales independientes de Vice-Almirantazgo. Éstos eran cortes civiles con la energía de interpretar la legislación colonial, siempre que éstos no tuvieran conflicto con decisiones de la corte del Almirantazgo o ley marítima británica.

La primera corte del Vice-Almirantazgo en Australia fue establecida en la colonia de Nuevo Gales del sur en 1788. El primer vicealmirante era Arturo Phillip y el primer juez como Roberto Ross. La corte fue abolida en 1911 cuando el Tribunal Supremo de Nueva Gales del sur fue concedido la jurisdicción del Ministerio de Marina de la corte.

Una corte del Ministerio de Marina también fue formada en Nueva Escocia para intentar a contrabandistas y para hacer cumplir la ley del azúcar de 1764 a través de Norteamérica británica. De 1763 a 1765, cuando los contrabandistas estadounidenses fueron capturados, fueron juzgados por jueces corruptos que recibieron un porcentaje de los bienes confiscados si los acusados eran declarados culpables; por lo tanto, los acusados eran más que probables ser encontrados culpables.

Tribunal Marítimo en Estados Unidos

Por la Constitución de los Estados Unidos, según lo interpretado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la jurisdicción del Almirantazgo se extiende no sólo a la alta mar sino a los grandes lagos y ríos que los conectan y a todas las aguas navegables públicas de los Estados Unidos. Los Estados hace mucho delegaron la jurisdicción de sus viejas cortes del Vice-Almirantazgo al gobierno federal. Esta jurisdicción comprende todos los contratos marítimos, agravios, lesiones o delitos. El Tribunal Supremo no tiene jurisdicción original en los casos de almirantazgo, y todos los trajes se encuentran en primera instancia en los tribunales de distrito de los Estados Unidos. Una apelación sobre la ley y el hecho radica en los tribunales de la corte del circuito de apelaciones, y esta apelación es final, excepto en los casos en que se toca la jurisdicción de la corte, la construcción de un tratado, los casos de premio, la constitucionalidad de una ley estatal o federal, y casos de infame crimen, cuando el derecho de apelación es directo al Tribunal Supremo. Los tribunales de almirantazgo tienen jurisdicción también en casos de piratería y colisión y sobre crímenes y delitos cometidos sobre el mar dentro de la jurisdicción administrativa y marítima de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos, los tribunales de distrito federales tienen jurisdicción sobre todas las acciones marítimas y del Almirantazgo. En los últimos años, un argumento de la conspiración no-históricamente-basado usado por los manifestantes del impuesto es que un corte americano que exhibe una bandera americana con una franja del oro es de hecho un “Tribunal del Almirantazgo” y por lo tanto no tiene ninguna jurisdicción. Los tribunales han descartado en repetidas ocasiones esto como frívolo. Sin embargo, las reglas de la práctica en la mayoría de la corte requieren cualquier desafío a la jurisdicción que se realizará inmediatamente antes de otras súplicas. Cualquier tribunal puede dictaminar sobre cualquier asunto, incluyendo el marítimo o el Almirantazgo, si es aplicable a los reclamantes. Si se hiciera un desafío exitoso a un proceso penal bajo la jurisdicción del Almirantazgo, el asunto sería despedido antes de que se pudiera entrar en una declaración.

V. México en la actualidad.

México es por naturaleza un país marítimo, ya que se encuentra ubicado entre los dos más grandes océanos del mundo: Atlántico y Pacífico. De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)16 tiene una Extensión Territorial de 1,964,375km2; la Longitud de la línea de costa es de 11,122 Km (Océano Pacífico: 7,828 y Golfo de México y Mar Caribe: 3,294 Km).

Un tercio de las mercancías que se transportan en México lo hacen por vía marítima. Nuestro país cuenta con 38 puertos, tanto de cabotaje como de altura: los de cabotaje atienden embarcaciones, personas y bienes de navegación entre puertos únicamente nacionales, mientras que los de altura lo hacen con puertos nacionales e internacionales. 17

De acuerdo con la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)18 el Sistema Portuario Nacional está integrado de la siguiente manera:

a) Administraciones Portuarias Integrales Federales

- Altamira
- Coatzacoalcos
- Dos Bocas
- Ensenada
- Guaymas
- Lázaro Cárdenas
- Manzanillo
- Mazatlán
- Progreso
- Puerto Madero
- Puerto Vallarta
- Salina Cruz
- Tampico
- Topolobampo
- Tuxpan
- Veracruz

b) Administraciones Portuarias Integrales Estatales

- Baja California Sur
- Campeche
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas

c) Administraciones Portuarias Integrales FONATUR

- Cabo San Lucas
-Huatulco

d) Administraciones Portuarias Integrales Privadas

- Acapulco

En 1993, se inició una etapa de restructuración del sistema portuario mexicano con la integración de capital privado en la inversión física y en la administración de los puertos. Esta inversión ha generado la expansión de la infraestructura portuaria.

La discusión acerca de cómo considerar una región portuaria es amplia, su cálculo es complejo ya que requiere tomar en cuenta, por un lado, una extensión geográfica y, por el otro, las relaciones entre la región y el puerto tanto positivas como negativas y las relaciones sistémicas del puerto con otros puertos en la misma región. Inicialmente, para delimitar la extensión geográfica se utilizarán como regiones de estudio a los estados con litoral que disponen de infraestructura portuaria, considerando que los registros del crecimiento económico en México (PIB) se encuentran agregados por Estados, acotando así las regiones de estudio y su Producto Interno Bruto que se muestra en la siguiente tabla:19

Entre los principales puertos mexicanos, destacan:20

Ensenada

Su principal destino y origen es Estados Unidos, ya que tiene conexión con sus principales autopistas, así como con Tijuana, Tecate y Mexicali, lo que facilita la posibilidad de llegar hasta el sudoeste de EE.UU.

Altamira

La mitad de la carga tiene origen o destino en las zonas del norte (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila). Por otro lado, el 28% de las mercancías procede o tiene como destino las regiones centrales de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

Veracruz

Veracruz sirve principalmente a todos los puntos del centro y el sur de México a través de redes ferroviarias y autopistas bien conectadas, e incluso al estado de Illinois en Estados Unidos. Dada su estratégica localización en el Golfo, sus conexiones llegan hasta el norte, centro y sur de América, Europa y África.

Lázaro Cárdenas

Dispone de una nueva terminal semiautomatizada con capacidad para gestionar más de 1,2 millones de contenedores al año. Por su capacidad, sus instalaciones, su localización y conexiones clave en el mercado estadounidense, el puerto Lázaro Cárdenas es un punto neurálgico para el tráfico mexicano de contenedores. Está equipado y acondicionado para recibir buques Post-Panamax y gestionar carga en contenedores, así como carga seca y líquida.

Manzanillo

El grueso de las exportaciones que pasan por este puerto está destinado principalmente a Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Colombia, pero también a países más lejanos como Japón, China, India, Malasia y Singapur. Entre los principales productos que se exportan destacan la cerveza, el azúcar, el cobre, los tubos de acero, el carbón y la resina.

De acuerdo con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la SCT, una de las mayores fortalezas de los puertos de México es su posición geográfica, al igual que los diversos Tratados de Libre Comercio con otros países.

Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira lideraron las mayores Administraciones Portuarias Integrales (API) de México en 2018, medidas por su nivel de ingresos de operación.

El indicador comprende ingresos por infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos y prestaciones de maniobra y servicios.

En particular, la API de Veracruz registró 2,906 millones de pesos en 2018, seguida por la API de Lázaro Cárdenas (1,667 millones), la API de Manzanillo (1,629 millones) y la API de Altamira (1,592 millones), según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Puerto de Veracruz

La expansión del Puerto de Veracruz es una pieza clave en el aumento de transporte de carga. Es un proyecto basado en una inversión de aproximadamente 1,600 millones de dólares para construir cinco terminales nuevas y una enorme zona de procesamiento y logística de carga. El puerto cuadruplicará su capacidad instalada para llegar a más de 90 millones de toneladas en su última etapa para 2030.21

La Ampliación del Puerto de Veracruz con 4.3 kilómetros de largo en su escollera poniente, tendrá la escollera más grande de América Latina, para construirla fueron utilizadas más de 8 millones de toneladas de roca en su estructura.

Se han dragado casi 9 millones de metros cúbicos de sedimento extraídos del fondo marino, su profundidad actual es de 15.50 metros y se espera llegar a 20 metros, lo que definitivamente hacen de este recinto un lugar atractivo para el movimiento de mercancías.

La Ampliación del Puerto de Veracruz tendrá múltiples beneficios, con sus 35 posiciones de atraque en toda su línea marginal tendrá la capacidad de movilizar 90 millones de toneladas al año, generando 140,000 empleos directos e indirectos... es una obra de gran magnitud, un proyecto de desarrollo y progreso que brindará beneficios al comercio internacional y que confirma la posición de Veracruz como el Puerto más importante de México.22

Marco jurídico para la solución de controversias

Fundamento Constitucional:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y de guerra.

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo 264. Salvo lo dispuesto expresamente en esta Ley, a los procesos y procedimientos de naturaleza marítima regulados en este título se les aplicarán de modo supletorio, las normas del Código de Comercio, y, en su defecto, las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los tribunales federales, la Secretaría y la SEMAR en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los facultados para conocer de los procesos y procedimientos regulados por esta Ley, y por lo dispuesto en los Tratados Internacionales, sin perjuicio de que, en los términos de las normas aplicables, las partes sometan sus diferencias a decisión arbitral. La elección de la ley aplicable será reconocida de acuerdo a lo previsto por esta Ley y en su defecto por el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en ese orden.

...

...

...

Artículo 265. Para el emplazamiento a un juicio en materia marítima, cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero, el mismo se efectuará mediante carta rogatoria, o bien, a través de su agente naviero en el domicilio registrado por éste ante la Secretaría. Sólo podrá practicarse el emplazamiento por conducto de agentes navieros que hayan reunido los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley.

Si el demandado tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito que conozca del juicio, deberá contestar la demanda dentro de los nueve días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos el emplazamiento. Si reside fuera de la jurisdicción aludida y hubiera sido emplazado a través de su agente naviero, deberá producir su contestación dentro del término de noventa días hábiles siguientes en que el emplazamiento se haya practicado en el domicilio registrado ante la Secretaría por el agente.

...

Es una realidad la existencia de conflictos entre particulares, que involucran la materia mercantil, laboral, administrativa y civil, que inciden en el sector marítimo nacional e internacional; así como la existencia de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la solución de controversias en nuestro país, como son algunos juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, Tribunales internacionales de Derecho del Mar y mecanismos de solución de controversias que las partes pactan en sus relaciones contractuales.

Sin embargo tras la reestructuración del sistema portuario mexicano y, particularmente, dada la modernización y ampliación del Puerto de Veracruz que, como hemos visto, es uno de los principales en nuestro país; se torna necesaria la especialización del órgano judicial competente, que cuente con la debida organización unitaria y colegiada; a fin de fomentar la capacitación, profesionalización y permanencia de los funcionarios judiciales competentes para atender los conflictos de orden marítimo.

Para ello, se estima oportuna, si así lo determina el propio Poder Judicial, la creación de un Tribunal Especializado en materia Marítima, que pudiera ser equiparable al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de reciente creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2019.23

Cabe señalar, que la propuesta de mérito se realiza con pleno respeto a la división de Poderes y con fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación que prevé lo siguiente:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República;

IV Bis. Determinar la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en los términos previstos en el Título Tercero Bis de esta ley;

V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo;

VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos;

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la falta de un órgano judicial especializado que atienda debidamente los problemas en materia de tránsito marítimo que puedan generar perjuicio o vulnerar los intereses de las naves. Para ello, se propone la creación de un Tribunal - o juzgado - con jurisdicción especial, de naturaleza marítima, dirigida a resolver litigios en los que se encuentren involucrados buques o elementos conexos con motivo de tránsito o comercio marítimo ocurrido dentro de la República Mexicana o en su mar territorial. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

La creación de este Tribunal permitiría tramitar los casos con la especialidad requerida y en una forma más ágil; lo que se hace indispensable tras la ampliación del Puerto de Veracruz.

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno respeto a la división de Poderes se solicita al Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, analice la necesidad y, en su caso, determine la viabilidad de crear un Tribunal Especializado en Materia Marítima, que resuelva las controversias en los que se encuentren involucrados buques o elementos conexos con motivo de tránsito o comercio marítimo ocurrido en la República Mexicana y en sus mares y costas.

Notas

1 Cfr. Pérez Ramírez, Enrique, Tribunal Marítimo Central 1963-2017, Ministerio de Defensa, España, 2017, p.22

2 Cfr. Van Dülmen, Richard, Los inicios de la Europa moderna, undécima reimpresión, Serie Historia Universal Siglo XXI, n.24, Siglo XXI, México, 2009, pp. 154, 164 y ss.

3 Cruz Barney, Oscar, El riesgo en el comercio hispano-indiano: préstamos y seguros marítimos durante los siglos XVI a XIX, IIJ-UNAM, México, 1998, p.1. Cfr. tb. Esquivel Obregón, T., Apuntes para la Historia del Derecho en México, T. I, segunda edición, Porrúa, México, 1984, p.279.

4 "Consulados: Asociaciones o gremios de mercaderes. Existieron dos tipos: los Consulados del mar (que agrupaban a comerciantes marítimos) y los Consulados comunes. Su función más importante fue que ostentaron ciertas facultades jurisdiccionales en las materias de su especialidad, hasta su supresión en el siglo XIX". Alvarado Planas, Javier, et. al, Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones, 2a edición, UNED, España, 2000, p.546.

5 Cruz Barney, Ob. Cit. 2002; 303-304

6 Pérez, Ob. cit. 2017, p. 34.

7 Esquivel Obregón, T., Apuntes para la Historia del Derecho en México, T. I, segunda edición, Porrúa, México, 1984, p. 278-289.

8 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antoni, Lecciones de Historia del Derecho Mexicano, Porrúa, México 2016, pp. 133-134.

9 Cruz Barney, Ob Cit. p. 310.

10 Ob cit. p. 311

11 Cfr. Cruz Barney, Ob. Cit. p. 312

12 Escamilla González, Iván, "Mercaderes y Caballeros: El comercio y el consulado de la Ciudad de México del siglo XVI al XVII", Los intereses Malentendidos. El consulado de comerciantes de México y la Monarquía Española, 1700-1739, IIJ-UNAM, 2011, PP.27-76

13 Cruz Barney, ob cit. p. 313.

14 información consultada en internet en:

https://www.monografias.com/trabajos81/tribunales-mariti mos-panama/tribunales-maritimos-panama.shtml el 27 de septiembre de 2019.

15 Información consultada en internet en:

https://leyderecho.org/tribunal-maritimo-central/, el 27 de septiembre de 2019.

16 Información consultada el 10 de febrero de 2020, en internet en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Produ ctos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGEUM _2017/702825097912.pdf

17 Información consultada en internet en:

https://blog.grupoei.com.mx/principales-puertos-mexico el 10 de febrero del 2020

18 Información consultada en internet en

http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/puertos-de-mexico / el 10 de febrero de 2020

19 Información consultada en internet el 10 de febrero de 2020, en:

http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v17n54/2448-6183-est-17 -54-00337.pdf

20 Información consultada en internet en:

https://blog.grupoei.com.mx/principales-puertos-mexico el 10 de febrero del 2020

21 Información consultada en internet en:

https://www.opportimes.com/principales-administraciones- portuarias-integrales-api-de-mexico/ el 10 de febrero de 2020.

22 Información consultada en internet en:

http://veracruzcomunidadportuaria.com.mx/ampliacion-del- puerto/ el 10 de febrero de 2020.

23https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578706&fecha=13/11/2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer y profundizar con las autoridades sanitarias estatales las acciones para contener el crecimiento de los casos de dengue y proteger la salud de la población, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo, conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que el dengue1 es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes: Aedes aegypti y Aedes albopictus; y representa un serio problema de salud pública en nuestro país.

El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. Los síntomas aparecen entre el día 3 y 14 (promedio entre 4 y 7 días) después de la picadura infectiva. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos; causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal.

Entre los síntomas está la fiebre elevada (40Cº) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. No hay tratamiento específico para el dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 12

El ciclo de vida del vector presenta una gran complejidad, ya que los huevecillos pueden sobrevivir secos hasta un año y eclosionar al tener la humedad necesaria para convertirse en larvas popularmente conocidas como “maromeros”, posteriormente en pupa y finalmente en el mosco trasmisor.

Desde el punto de vista clínico, existen 2 modalidades del dengue, que son: fiebre por dengue, (antes conocido como dengue clásico) y el dengue grave que puede incluir síndromes como fiebre hemorrágica, shock hemorrágico, hepatitis aguda, encefalitis, edema pulmonar, miocarditis y derrame pleural entre otros.

Por ello, OMS/OPS recomienda su prevención y control, mediante la vigilancia epidemiológica activa, campañas masivas de educación e información que permita la movilización poblacional en torno a la eliminación y control de criaderos, entre otros.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Una gran mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que el número real de casos está insuficientemente notificado y muchos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad).3

En México, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, presentó el Panorama Epidemiológico de Dengue, con información a la Semana Epidemiológica 13, actualizada al 30 de marzo de 2020,4 destaca que total de casos confirmados es 2,304, para esta misma semana en 2019 de total de casos confirmados era 1,185, lo que representa un incremento de más del 100%. Los casos probables a la semana 13, en el 2019 fueron 9,585; mientras que a la misma semana de 2020 son 19,650 casos.

El 66%de los casos confirmados corresponden a Veracruz (601), Tabasco (362), Guerrero (206), Quintana Roo (199) y Nayarit (160). Los estados que presentan las incidencias (incidencia de casos por cada 100 mil habitantes) más altas de casos confirmados son Tabasco (14.69), Nayarit (12.00) y Quintana Roo (11.06), Veracruz (7.22) y Guerrero (5.63). Otros estados con alta incidencia son Tamaulipas, Colima, Yucatán, Campeche, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Chiapas.

Por otro lado, en lo que va del 2020 se han notificado 66 defunciones por probable dengue, las cuales 1 se ha confirmado, 54 se encuentran en estudio y 11 se han descartado. La defunción confirmada corresponde al estado de Colima (1). Las defunciones en estudio corresponden a los estados de Tabasco (9), Veracruz (8), Chiapas (7), Oaxaca (7), Guerrero (6), Tamaulipas (4), Quintana Roo (3), Campeche (2), Sonora (2), Colima (1), Guanajuato (1), Morelos (1), Nayarit (1), Sinaloa (1) y Yucatán (1). Las defunciones descartadas corresponden a Jalisco (5), Veracruz (4) y Tabasco (2).5

De conformidad con la Ley General de Salud corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, la prevención y el control de enfermedades, en términos de los artículos 134 y 135, establece la vigilancia epidemiológica, control y prevención del dengue y otras enfermedades transmisibles.

La multiplicación de casos de dengue en nuestro país, debe generar las alertas epidemiológicas correspondientes, que detonen la coordinación de las autoridades sanitarias estatales y federales, para llevar a cabo programas o campañas de control o erradicación de las enfermedades transmisibles que constituyan un problema de salud para el país como es el caso del dengue.

La emergencia sanitaria que vive el país ante la pandemia de COVID-19, ha requerido su atención prioritaria; sin embargo, no debemos descuidar otros temas relevantes de la salud pública, como es el Dengue, que amenaza con convertirse en un problema serio, en los próximos meses, si no se toman las medidas pertinentes y oportunas.

Es el momento de que las autoridades sanitarias estatales y federales, de forma coordinada, impulsen una estrategia que permita contar con los recursos humanos y financieros necesarios para atender el crecimiento de los casos dengue, mismos que se agudizaran en los próximos meses.

Es necesario fortalecer las campañas públicas de prevención y alertamiento a la población para deshacerse de cualquier chatarra que pueda servir de criadero a los mosquitos; eliminar al mosquito con el larvicida “abate” y para participar en la fumigación de lugares públicos y los hogares, para lo cual las autoridades sanitarias deben prever la compra de insecticidas y bombas, entre otros.

Se debe tener presente que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la salud de todas y todos los mexicanos, por ello y con base en lo anterior, me permito presentar ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales que corresponda y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan y profundicen las acciones para contener el crecimiento de los casos de dengue y proteger la salud de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales que corresponda y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a fortalecer las campañas públicas de prevención y alertamiento a la población para deshacerse de cualquier chatarra que pueda servir de criadero a los mosquitos; eliminar al mosquito con el larvicida “abate”, y a garantizar la compra de insecticidas y bombas para la fumigación de lugares públicos y hogares, a fin de reducir el impacto del dengue en la salud de la población.

Notas

1 https://www.who.int/topics/dengue/es/

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-d engue

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-d engue

4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544797/P ano_dengue_13_2020.pdf

5https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544795/D engue_13_2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
7 a de abril de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)



Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Coahuila a preparar una estrategia conjunta de atención ante la afectación laboral, económica y social que tenga en el estado Altos Hornos de México, SA, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral segundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder ejecutivo Federal y al Gobernador del Estado de Coahuila, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo a la empresa Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), “aunque su origen se remonta a 1583, la historia contemporánea de Monclova se inicia en 1942, con la fundación de Altos Hornos de México, que transforma al viejo y olvidado pueblo minero de 6,000 habitantes en una codiciada y anárquica ciudad industrial de más de 150,000 habitantes, que de todo el país llegan allí en busca de mejoría, atraídos por la fiebre del acero.”1

Lo anterior se indica en un artículo fechado el 25 de febrero de 1978 de la revista Proceso intitulado “AHMSA, historia y vida en Monclova” ; en él se da cuenta de la relevancia económica y social que la empresa Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) tuvo en la década de los 70, señalando, por ejemplo, que en 1978 el seguro social de Monclova tenía afiliadas a 23,000 personas, de éstas 18,000 laboraban en AHMSA; también que en 1975 más del 50 por ciento de los planteles educativos recibió donaciones millonarias de la empresa; que se llevó a cabo la construcción de 2,485 viviendas (adicionales a las aportaciones al Infonavit); que existía apoyo en becas a trabajadores; así como que el 80% del área de Monclova y Frontera estaba electrificado por Eléctrica Monclova, perteneciente a AHMSA.

La propia empresa AHMSA refiere en su página web que su primera maquinaria arribó a Monclova en abril de 1942 y que en octubre de ese año inició oficialmente la construcción de su planta, pasando por el aseguramiento de suministro de fierro en 1943, la producción de la primera hojalata nacional en 1946, y el posterior enfrentamiento de deuda, falta de competitividad, ineficiencia y alto impacto ambiental en 1989, motivos por los que el gobierno analizó su cierre o desincorporación del sector público.

Así, en 1991 Grupo Acerero del Norte (GAN) se adjudicó la licitación del paquete conformado por las plantas siderúrgicas y yacimientos de fierro y de carbón que eran propiedad de AHMSA, siendo que en 1999, como consecuencia del desplome de precios internacionales del acero y la crisis financiera global iniciada en Asia, AHMSA emprende un proceso de reestructuración de su deuda. En 2013 la empresa inaugura el molino denominado Steckel, diseñado para producir un millón de toneladas anuales de placa de acero en hoja y en rollo bajo especificaciones internacionales que en ese entonces no se producían en el país.2

Según su informe corporativo anual más reciente, AHMSA es uno de los principales integradores de acero de México. Sus problemas financieros que datan desde 1999 derivaron en un período de suspensión de pagos que se extendió de entonces su levantamiento en 2016. Su desempeño financiero ha sido de pérdidas, pues su pérdida integral consolidada fue de entre $2,000 y $3,000 millones de pesos anuales en los años 2015 a 2017. Al 31 de diciembre de 2017 la empresa contaba con 19,190 empleados, la mayoría ubicados en los estados de la región norte del país.

En la actualidad ha trascendido que AHMSA adeuda alrededor de 250 millones de pesos a proveedores regionales, entre ellos 16 constructoras que dejaron de pagar a sus trabajadores y que se han manifestado por no recibir sus salarios.3

Los adeudos incluso han afectado al IMSS y al INFONAVIT, en el orden de 20 y 12 millones de pesos respectivamente.

El Alcalde de Monclova ha indicado que la afectación socio-económica en el Municipio se reciente con la pérdida estimada de alrededor de 2,800 empleos en AHMSA y otras empresas, derivado de los problemas de la empresa y la desaceleración económica del país.4

Debido a todo lo anterior, ha trascendido en medios de comunicación la posibilidad de que AHMSA sea vendida, destacándose como posibles compradores a la acerera Ternium, el corporativo coreano Pahang Iron and Steel Company, y la compañía siderúrgica Arcelor Mittal.

En ese sentido, si bien aún no ha trascendido una afectación directa de la acerera AHMSA a sus trabajadores, lo cierto es que en las condiciones actuales y las próximas inmediatas, es cuestión de tiempo para que afecte de manera directa a sus trabajadores y a las fuentes de empleo que se generan de manera indirecta en la región centro del Estado de Coahuila.

Por lo anterior, el presente busca exhortar al Gobernador del Estado de Coahuila y al titular del Poder Ejecutivo Federal para que desarrollen una estrategia de atención y apoyo social y económico conjunto para las miles de familias coahuilenses que pudieran verse afectadas por las próximas decisiones de AHMSA como empresa privada.

En días recientes, en medios de comunicación Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Altos Hornos de México (AHMSA) tiene, desde el primer día, acceso a las cuentas, excepto en la que se detectó el vínculo con Odebrecht.5 De igual manera, el Presidente de la República descartó la posibilidad de que su gobierno tenga contemplado rescatar a la empresa Altos Hornos de México, indicando “no podemos rescatar empresas, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los pueblos y no podemos convertir deudas privadas en deudas públicas”. 6

En ese sentido, si bien no se solicita la intervención del gobierno del Estado de Coahuila ni del Gobierno Federal a fin de rescatar a la empresa AHMSA de sus problemas económicos o legales, sí se estima conveniente, viable y necesario, el tener preparadas acciones conjunta que puedan atender a las miles de familias que puedan verse afectadas por el destino de la empresa, así como acciones para reactivar la economía de la región del Estado, dada la inter-dependencia que la región tiene con la empresa. Dicha estrategia deberá plantear opciones para incentivar o proporcionar fuentes alternativas de ocupación e ingreso para quienes puedan verse afectadas por la toma de decisiones de AHMSA, velando siempre por los intereses de los coahuilenses.

A través del presente, también se exhorta para que, si es necesario, las instituciones competentes del Estado mexicano actúen en el caso en comento, en estricto apego a la ley y de manera expedita, siempre a favor de los intereses del país y sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, y al Gobernador del Estado de Coahuila, para que de manera conjunta se desarrollen una estrategia de atención y coordinen acciones conjuntas enfocadas en la protección del bienestar económico y social de los coahuilenses que pudieran verse afectados por las decisiones de carácter privado de la empresa Altos Hornos de México, incluyendo su posible venta, o por alguna otra decisión que pueda tomarse por la empresa y que derive en desaparición de fuentes de empleo directas e indirectas en el Estado de Coahuila.

Notas

1 https://www.proceso.com.mx/122558/ahmsa-historia-y-vida-de-monclova

2 https://www.ahmsa.com/sobre-ahmsa/nuestra-historia/

3 https://www.milenio.com/negocios/crisis-en-ahmsa-arrastra-la-economia-d e-coahuila

4 Ídem.

5 https://www.sinembargo.mx/04-03-2020/3741675

6 https://www.forbes.com.mx/amlo-descarta-rescate-de-altos-hornos-no-conv ertiremos-deudas-privadas-en-publicas/

Dado en el salón de sesiones, a 7 de abril de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar en su sitio web una plataforma de información sobre el abastecimiento de insumos médicos y material hospitalario y sanitario en los hospitales del modelo de reconversión derivado de la pandemia ocasionada por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral segundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Derivado del “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS -COV2 (COVID 19)”, así como el Acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender dicha emergencia, publicados respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo de 2020, y considerando la información proporcionada diariamente por el gobierno federal a través de ruedas y notas de prensa sobre dicha emergencia, ha trascendido el rezago en la adquisición y dotación de insumos médicos y material hospitalario que permitan garantizar la seguridad y protección del personal sanitario que labora en las unidades y centros del sector salud donde brindan sus servicios al universo de pacientes que se atienden como parte de la emergencia. De igual forma, por información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y por la Secretaría de Marina / Armada de México, se ha lanzado una convocatoria nacional para la contratación de profesionales de la salud (médicos o de enfermería) así como de personal de intendencia y personal administrativo que permita atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La situación de emergencia sanitaria se vive actualmente alrededor del mundo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una serie de recomendaciones de carácter técnico que los países, incluido México, pueden adoptar ante la pandemia. Dichas recomendaciones incluyen la (a) la coordinación sobre los procesos de planeación de la atención de la emergencia y el monitoreo de su desarrollo o evolución en el país; (b) la definición de cuerpos de respuesta inmediata y la investigación sobre los casos que se presentan; (c) la participación de laboratorios nacionales en el diagnóstico y la atención; (d) la atención primaria a posibles pacientes; (e) las acciones de prevención para reducir el riesgo de contagio; (f) la comunicación adecuada del riesgo de la pandemia y la exposición de la población ante la enfermedad para reducir el contagio; (g) las operaciones de apoyo y de logística que facilite la adquisición y distribución de insumos médicos necesarios para atender la pandemia; y (h) el manejo de contención de la actividad social y económica para reducir el contagio, entre otras.1

Por su parte, México, como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) igualmente es partícipe de las recomendaciones y medidas que se plantean para atender médicamente la pandemia, así como aquellas de carácter económico, fiscal y financiero para atender los efectos sobre la actividad económica, el empleo y la generación de ingreso en la población. Al respecto, un elemento central es la compilación y difusión de información relativa a la capacidad de respuesta y atención de la enfermedad. En ese sentido, México se ubica como unos de los países de la OCDE con menor número de camas de hospital por cada 1,000 habitantes con apenas 1.5 por cada 1000 habitantes; de igual forma, en cuanto a personal médico y de apoyo el país tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes para este tema, aun cuando lo recomendable es de 3.4 y con relación al personal de enfermería es del orden de 2.8 por cada mil habitantes de los 9 que se estiman como lo recomendable.

La adecuada atención de la emergencia sanitaria es indispensable para garantizar que no se disminuye la capacidad del país para lograr un desarrollo sostenible. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la pandemia puede tener un impacto directo sobre los avances nacionales para algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el ODS 3 sobre salud y bienestar de la población, el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 5 sobre equidad de género y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades. De forma ampliada, la pandemia y su atención puede incidir de forma negativa en el ODS 4 sobre acceso a educación de calidad, el ODS 6 sobre agua y saneamiento e incluso sobre el ODS 16 sobre paz, justicia y fortalecida de las instituciones del Estado.2

Según lo anunciado en días pasados, a decir del Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el sistema nacional de salud en su conjunto alcanza las 4,291 camas para enfrentar la pandemia; igualmente lo señalado por el Dr. Ruy López Ridaura, Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y Coordinador del componente de Acción dentro del Comité Técnico de Enfermedades Emergentes quién en conferencia de prensa del 17 de marzo de 2020, se refirió a la estrategia general para la estimación y compra de insumos, conforme a los indicadores de la carga de enfermedad, en sus aspectos financieros y administrativos para un estimado de 250 mil pacientes previendo el momento en el que México entrará a la fase 3 de atención de la emergencia sanitaria.

A lo anterior cabe señalar que la Asociación Nacional de Médicos Residentes (ANMR) dio a conocer los resultados de una encuesta realizada a 413 profesionales de la salud, residentes, internos, pasantes, y adscritos a nivel nacional, que refirieron que no han recibido capacitación para la correcta atención de casos positivos COVID-19 pese a que atienden o atenderán eventualmente, casos sospechosos. La Asociación señaló que el 58% de los entrevistados reconoció no haber recibido capacitación y el 43% refirió que no cuentan con los protocolos de atención recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por otra parte, se dio a conocer que el 83% manifestó la carencia de artículos “elementales” y siete de cada diez, señalaron que no se cuenta con guantes y el 56% por ciento, advirtió que o cuenta con goggles, también se señaló que faltan mascarillas. De manera complementaria, en algunas entidades como en el estado de Coahuila, algunos de los pacientes contagiados son personal médico al servicio de los centros o unidades de salud donde se atiende la pandemia. Para el caso específico del estado de Coahuila, un médico del IMSS falleció el día de ayer por complicaciones asociadas al contagio del COVID-19.

Por ello, en la idea de sumar y robustecer las acciones que actualmente se llevan a cabo por las autoridades de los servicios de Salud y con apego a los criterios de transparencia del actuar gubernamental que siempre deben prevalecer y de especial manera en medio de esta emergencia, es menester contar con una plataforma de información sobre los insumos médicos, ventiladores, material sanitario para diagnóstico, equipos de protección personal, equipamiento de terapia intensiva, insumos de higiene de manos y desinfección con bulos que se cuenta a nivel nacional. La existencia de una plataforma de información como la aquí señalada, con actualización diaria, permitirá visibilizar el abasto de estos materiales en todas las instituciones hospitalarias del país para la disposición oportuna, eficiente y eficaz con la que se pueda apoyar la carga de atención que requiera tanto el personal sanitario como de los pacientes afectados por el virus de SARS-COV2 (COVID-19) en las unidades hospitalarias que se hayan incorporado al modelo de reconversión.

La inmediata implementación de esta plataforma contribuirá a la estrategia para proteger los recursos humanos más valiosos del país: el personal médico, de enfermería, de intendencia y administrativos que trabajen en cualquier institución pública y privada donde se atiende la emergencia sanitaria. Con ello se comunicarían de forma eficaz y oportuna y se disminuirían los riesgos por falta de equipo de protección personal y/o insumos necesarios para la atención de pacientes con un alto grado de infecto contagiosidad, lo que consolida no sólo la cultura de prevención, sino que suma a los esfuerzos que buscan evitar complejas complicaciones ante un eventual desabasto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, a fin de que instruya la implementación de una plataforma de información en el sitio web de la Secretaría de Salud, mediante la que se informe del abastecimiento de insumos médicos, material hospitalario y sanitario en los diferentes hospitales que conforman el modelo de reconversión derivado de la pandemia ocasionada por el virus de SARS-COV2 (COVID-19), con actualización diaria, mientras dure la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor decretada en el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS -COV2 (COVID 19)”, así como el Acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender dicha emergencia, publicados respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo de 2020.

Notas

1 https://www.who.int/

2 https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-fig ht-covid-19-and-achieve-global-goals

Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a efecto de que los pagos de impuestos sean diferidos de manera temporal en virtud de la pandemia ocasionada por el Covid-19, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral segundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud recibió el primer reporte de un caso de pulmonía sin causa conocida el 31 de diciembre. Desde entonces, la Organización Mundial de la salud (OMS) se involucró en la respuesta a lo que pronto sería una epidemia en China y, dos meses y medio después, una pandemia ocasionada por coronavirus COVID-19. El día 30 de enero la declaró una emergencia de salud pública de carácter internacional y el 11 de marzo una pandemia al haberse registrado 118.000 casos en 114 países.1

Según la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.2

Las respuestas a nivel local y nacional han estado en manos de las autoridades de cada país, pero al tratarse de un problema global del que nadie está a salvo, es necesaria una acción coordinada internacional y una serie de guías que sirvan a todos los afectados. Al frente de esta epopéyica tarea se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de velar por la salud de la humanidad.3

En ese contexto, en México, el 28 de febrero se informó sobre el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país, siendo la primera persona con esta enfermedad es un hombre de 35 años de edad que viajó a Italia.4

Así, el pasado 24 de marzo, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase 2 de coronavirus en México, con 367 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 292 son importados y 5 no tienen casos identificables de importación.5

Al día de hoy, 25 de marzo, según la propia Secretaría de salud reporta que se han confirmado 405 casos y cinco defunciones por COVID-19 en Cuidad de México (3), Durango (1) y Jalisco (1).6

Se debe destacar que el pasado 29 de febrero, la Secretaría de Salud describió explicó cuáles son las tres fases ante la entrada del nuevo coronavirus a la entidad y las medidas que deben seguirse en cada una de ellas y, en ese sentido, se indicó lo siguiente:7

a) Fase 1: Esta fase corresponde únicamente a casos importados, los cuales, son aquellos en los que las personas contagiadas adquirieron el virus fuera del país. En esta etapa el número de afectados es reducido y los contactos de éstos se encuentran identificados. Medidas a aplicar: Aislamiento de los pacientes diagnosticados, identificación de los contactos, supervisión de las personas contagiadas y seguimiento de las que estuvieron en contacto con ellos.

b) Fase 2: Se trata de contagios por transmisión local, es decir, que adquirieron el virus por una fuente dentro del país. El número de afectados rebasa los centenares. Medidas a aplicar: Se utiliza contención sanitaria focalizada en las áreas donde se registra la mayoría de los contagios y la suspensión de actividades dentro de éstas.

c) Fase 3: En esta etapa se registra una propagación extensa y miles de personas resultan afectadas por el virus. Las cadenas de propagación resultan difíciles de romper, lo cual requiere de estrategias más drásticas. Medidas a aplicar: En la etapa 3 ante coronavirus las actividades masivas deben ser suspendidas, así como las escolares, entre otras.

En ese sentido, en la actualidad, se ha decretado la Fase 2, por lo que se ha comunicado a la población que se deben adoptar las siguientes medidas de manera muy específica:

1) Las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben hacer resguardo familiar en casa.

2) Conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia (de dos a tres veces) el uno del otro.

3) Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario de las personas adultas mayores y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.

4) Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.

Adicional a lo anterior, se han emitido diversidad de Acuerdos en la Administración Pública Federal, tales como a saber “ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”; “ACUERDO por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”; “Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19”; “Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos a que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID-19”, entre otros.

Se refiere lo anterior en razón de que derivado de las medidas que se están adoptando, se ha afectado, se afecta y se seguirá afectando, la economía de miles de personas en todo el país. La economía mexicana registrará un desplome de 15.5% en el PIB anual del segundo trimestre, incorporando el impacto económico de las medidas para limitar el contagio del coronavirus y el efecto de la caída en la demanda de productos desde Estados Unidos, estimó el banco de inversión JPMorgan.8

Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que al menos 400 establecimientos del sector se han visto afectados por la falta de clientes hasta en un 90% en ventas. Asimismo, aseguró que hay 50 mil locales están en riesgo debido a las medidas de salubridad que han llevado a cabo los ciudadanos relacionadas con el brote de coronavirus. En ese sentido, aproximadamente 280 mil trabajadores no tendrán certeza en sus ingresos en un plazo indefinido.9

Como respuesta a las afectaciones que se están generando a las economías familiares, empresariales y de los países, en el mundo se han tomado acciones para hacer frente a esas afectaciones, entre las principales acciones se destacan:10

1) Suspensión de pagos de hipotecas. Italia suspendió esta semana el pago de hipotecas a las familias afectadas por el coronavirus. La medida permite congelar el pago de los créditos hipotecarios a todas aquellas personas que se hayan quedado sin empleo o que hayan sido despedidas temporalmente de sus empresas debido a la pandemia.

2) Diferir pago de impuestos. España estableció una moratoria de seis meses para el pago de impuestos a pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos, con bonificación en los intereses. También Italia anunció que impulsará una paralización en el pago de impuestos por parte de las pymes (incluyendo, por ejemplo, la suspensión a las cuotas a la Seguridad Social), así como una moratoria fiscal y de cotización para los empleados autónomos.

3) Préstamos a las empresas. Alemania prometió el viernes liquidez ilimitada a las empresas como una medida de protección frente a los efectos de la pandemia. Es un programa de garantías de la banca pública para préstamos sin un tope máximo.

4) Rebaja de las cotizaciones sociales. La Casa Blanca propuso reducir las cotizaciones sociales temporalmente para que la renta neta de los trabajadores después de impuestos y retenciones sea mayor. El objetivo es que los estadounidenses tengan más dinero en su cuenta de banco a final de mes y puedan lidiar con mayor facilidad con las dificultades que plantea la epidemia.

5) Financiamiento de la reducción de horas de trabajo. Alemania aprobó un plan de apoyo a las empresas que tengan que reducir el número de horas trabajadas. El sistema alemán establece que la agencia de empleo estatal financia hasta el 60% de la pérdida neta de salario causada por la reducción de horas trabajadas. En el nuevo escenario de emergencia, ese sistema se amplía.

Si bien en el país, por su marco legal y limitaciones económicas no se pueden tomar las mismas medias, el presente propone retomar alguna de las medidas implementas en otros países, particularmente la relativa a diferir temporalmente, el pago de impuestos a las micro y pequeñas empresas, así como a los trabajadores autónomos.

Se estima que la medida ayudaría a no afectar de manera inmediata esas pequeñas economías, y les permitiría programar adecuadamente el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de que estén en posibilidades de, en la medida de lo posible, mitigar los impactos de las condiciones económicas del país y del mundo, una vez que la pandemia del coronavirus COVID-19, haya pasado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que en apoyo a la economía de los ciudadanos mexicanos, se adopten mecanismos que permitan diferir, cuando menos un año, el pago de impuestos a cargo de micro y pequeñas empresas, así como por trabajadores autónomos, particularmente por lo que respecta al Impuesto Sobre la Renta de los años 2019 y 2020; lo anterior con la finalidad de permitirles afrontar de mejor manera las afectaciones económicas ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y, con ello, también permitir programar de mejor manera el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para este año y el próximo inmediato, mitigando, en la medida de lo posible, las afectaciones que esta situación cause en México y en el mundo.

Notas

1 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471712

2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

3 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471712

4 https://www.forbes.com.mx/confirman-el-primer-caso-de-coronavirus-covid -19-en-mexico/

5 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-entra-fase-2-por- coronavirus-o-covid-19

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543207/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2020.03.24.pdf

7 https://www.milenio.com/politica/coronavirus-en-cdmx-estas-son-las-tres -fases-ante-la-enfermedad

8 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Desplome-de-15.5-en-segundo-trimestre-en-Mexico-por-coronavirus-anticipa-JPMorgan-20200322-0058.html

9 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/22/el-impacto-economico- del-coronavirus-en-mexico-restauranteros-han-perdido-hasta-90-de-gananc ias/

10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984

Dado en el salón de sesiones a 7 de abril de 2020.

Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a instruir sobre el uso obligatorio de revestimientos faciales, mascarillas o cubrebocas a la población que acuda a lugares públicos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6º, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que instruya el uso obligatorio de revestimientos faciales, mascarillas o cubrebocas a toda la población que acuda a lugares públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La dinámica de prevención que prevalece a nivel internacional para combatir el esparcimiento de la pandemia de Covid-19, contempla algunas medidas de protección básicas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 como: el lavado de manos de manera frecuente; medidas de higiene respiratoria; distanciamiento social; evitar el tacto de ojos, nariz y boca; y, buscar atención médica inmediata, en caso de presentar algún síntoma del virus.

Aunado a ello, la OMS contempla una serie de recomendaciones para el uso de revestimiento facial o mascarilla, mismo que circunscribe a personas con síntomas del virus o profesionales de la salud que atiendan a personas enfermas del mismo. Esta postura, discrepa de la opinión de varios médicos expertos y entes públicos de consulta, quienes afirman que el uso de un revestimiento facial generalizado ayudaría a contener la propagación del virus Covid-19.

Muestra de lo anterior, es la recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en Estados Unidos de América, el cual emitió a la Casa Blanca, una recomendación sobre el uso generalizado de revestimientos faciales o mascarillas, misma que dio a conocer el Presidente Trump, el pasado viernes.2

Después del arduo intercambio de argumentos entre algunos funcionarios de la administración del mandatario estadounidense, los CDC (por sus siglas en inglés) emitieron la recomendación consensuada en los siguientes términos:

Los CDC continúan estudiando la propagación y los efectos del nuevo coronavirus en los Estados Unidos. Ahora sabemos por estudios recientes que una parte significativa de las personas con coronavirus carece de síntomas (“asintomáticos”) y que incluso aquellos que eventualmente desarrollan síntomas (“pre-sintomáticos”) pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar síntomas. Esto significa que el virus puede propagarse entre las personas que interactúen en las proximidades, por ejemplo, hablar, toser o estornudar, incluso si esas personas no presentan síntomas. A la luz de esta nueva evidencia los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener (por ejemplo, supermercados y farmacias) especialmente en áreas de transmisión comunitaria significativa... 3

Dicha recomendación fue aceptada para combatir el alto nivel de contagio que enfrenta el país vecino del norte, ya que de acuerdo con la Dra. Deborah Birx, Coordinadora de Respuesta al Coronavirus en la Casa Blanca, Estados Unidos de América, ya superó los 8 mil decesos a causa del virus.4

En consonancia con la recomendación, el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confiscó respiradores a los centros de salud privados, para evitar muertes por falta de equipo,5 y su homólogo en Pensilvania, Tom Wolf, recomendó que todas las personas de su Estado usen una máscara cada vez que salgan de su hogar y afirmó “Las máscaras ayudan a evitar que las personas compartan enfermedades [...] Pero no hacen un trabajo para evitar que las personas se enfermen; y no son infalibles por lo que es fundamental que nuestro primer acto sea preguntarnos si realmente necesitamos salir de nuestra casa...”. 6

En este mismo sentido, países como España, Austria Eslovenia, Eslovaquia y República Checa, han optado por implementar la obligatoriedad en el uso de revestimiento facial o mascarillas en lugares públicos, con el fin de evitar la propagación del virus en sus territorios.7

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los países con mayor número de contagios y fallecimientos a cause del coronavirus (COVID-19) son: Estados Unidos de América, Italia, España, Alemania y China, en ese orden.

México aún se encuentra en la segunda fase de contagio del coronavirus, lo que significa que el contagio ya no solo es por agentes extranjeros, sino que ya existen casos de contagio local, es decir, el virus ya se está propagando en el territorio nacional originado en agentes internos.

Actualmente, nuestro país cuenta con 2,143 personas contagiadas; y 94 fallecimientos a causa del COVID-19, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud.8 A pesar de hallarnos muy por debajo de las cifras reportadas, por la OMS, para los países con mayor número de contagios y fallecimientos, es inminente la llegada a la tercera fase de la pandemia, donde se espera una saturación del Sistema de Salud en México.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, ha mencionado en diversas ocasiones que la mejor defensa para enfrentar el contagio es la prevención. Por lo cual, se han implementado una serie de acciones que hemos impulsado desde la Cámara de Diputados, como: la suspensión de actividades y la promoción de medias extraordinarias de higiene, entre otras.

Sin embargo, es necesario homologar criterios con recomendaciones que están implementando países que se encuentran enfrentando un mayor número de contagios y decesos.

De acuerdo con el Dr. Samuel Ponce de León Rosales, Coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, la transmisión del virus causante de la enfermedad COVID-19, se intensifica como consecuencia de las personas que siguen circulando en la Ciudad, por lo cual, informó que se debe usar cubrebocas con las debidas precauciones y sin descuidar la higiene personal y el estornudo de etiqueta.9

El especialista recomienda que para evitar el desabasto de cubrebocas, la población puede optar por diferentes alternativas como fabricarlos en casa con pañuelos o usar otro tipo de revestimiento facial.

Como ya se mencionó, el objetivo principal del uso de las mascarillas por la población en general, es evitar la propagación del virus, ya que, existen personas asintomáticas o pre-sintomáticas que pueden ser portadores y no lo saben.

Esta medida precautoria ayudaría a contener la propagación del COVID-19, así como a enfrentar la tercera fase de la pandemia con un menor número de contagios y decesos, ya que muchas personas en el país salen por necesidad de sus hogares, utilizan el transporte colectivo y acuden a lugares públicos de gran concurrencia.

Resulta necesario que la Secretaría de Salud se pronuncie al respecto e instruya la obligatoriedad del uso de un revestimiento facial, mascarilla o cubrebocas para toda la población que acuda a lugares públicos. Ello, sin perjuicio de que los profesionistas de la salud deberán tener preferencia en el uso de las mascarillas especializadas como la N-95, para la realización de sus labores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, para que instruya el uso obligatorio de un revestimiento facial, mascarilla o cubrebocas a toda la población que acuda a lugares públicos.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus, [en línea] OMS, dirección URL: [Consulta: 4 de abril de 2020].

2 H. Sun, Lena y Dawsey Josh, New face mask guidance comes after battle between White House and CDC, [en línea] The Washington Post, 3 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 04 de abril de 2020].

3 Centers for Disease Control and Prevention, Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas of Significant Community-Based Transmission, [en línea] CDC, 3 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 04 de abril de 2020].

4 The New York Times, Coronavirus Live Updates; Trump Warns of ‘a lot of Death’ While Also Revisiting Easter Sunday Services, [en línea] 4 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 4 de abril 2020].

5 El Universal, Trump sugiere taparse la cara; él no lo hará, [en línea] 4 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 4 de abril de 2020].

6 H. Sun, Lena y Dawsey Josh, New face mask guidance comes after battle between White House and CDC, [en línea] The Washington Post, 3 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 04 de abril de 2020].

7 Linde, Pablo, El mundo se pone la mascarilla, [en línea] El País, 3 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 4 de abril de 2020].

8 Secretaría de Salud, Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19), [en línea] 3 de abril de 2020, dirección URL: [Consulta: 4 de abril de 2020].

9 Animal Político, UNAM recomienda el uso de cubrebocas en lugares concurridos para evitar contagios de COVID-19, [en línea] 4 de abril de 2020, dirección URL: [Consuta: 4 de abril de 2020].

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a proporcionar por la SHCP y la Ssa a todo el personal médico insumos para laborar con seguridad y el pago por concepto de “infectocontagiosidad”, consistente en el bono económico por trabajar en situaciones de riesgo ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii

El personal de salud es uno de los grupos más vulnerables en el contexto de esta pandemia. En España, una décima parte de los médicos y enfermeros se han infectado con el virus, dijo esta semana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud.iii

En México, el personal médico y enfermeras protestan por falta de insumos y protocolos para atender Covid-19, el personal del Hospital General de Zona 47 y de la Unidad de Medicina Familiar 10 denunciaron que no cuentan con alcohol gel, cubrebocas, guantes de látex y que no se aisló a un paciente sospechoso de coronavirus.iv

Los profesionales de la salud demandan el pago por concepto de “infectocontagiosidad”, que consiste en un bono económico por trabajar en situaciones de riesgo , aun cuando están en riesgo al atender a pacientes infectocontagiosos, así como que a personal de enfermería y médicos que vive con enfermedades crónicas no cuentan con licencia de faltar, ni tampoco se les está protegiendo.v

“El personal en la primera línea debiera ser el primero en estar protegido”, en México, donde el problema es cada vez más grave, personal de hospitales públicos se ha manifestado en las calles para demandar que se les entreguen insumos para laborar con seguridad, ya que en muchos de ellos se carece de lo más elemental.vi

Integrantes de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Interna y Terapia Intensiva lanzaron un SOS en redes sociales para solicitar que la comunidad mexicana les done envases de plástico de tres litros y acetato a fin de fabricar caretas para poder protegerse.vii

No podemos esperar que nuestros médicos y enfermeros participen en esta batalla sin los medios de protección adecuados.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo, que hay 400 mil millones de pesos “en caja, en la secretaría de Hacienda”, es entonces que es momento para desembolsar el dinero y dotar al personal de salud de lo que requiere para atender a los enfermos y salvar la vida de cientos de familia en México.

Es por ello, que, a través de este punto de acuerdo solicitamos y necesitamos el apoyo del gobierno federal para aumentar su gasto en salud y proteger y equipar a trabajadores de la salud. No es nuevo que los médicos mexicanos se enfrenten a adversidades. Los hospitales ya están rebasados de por sí, aún sin COVID-19. No podemos esperar para proteger a nuestros médicos. En otros países, las estadísticas ya muestran lo grave que puede ser.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se expanda el presupuesto más allá de lo que se ha anunciado para proteger a nuestros médicos, sin ellos quien podrá salvar la vida de miles de mexicanos, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaria de Salud (SS) y a sus homólogos en las entidades federativas, para que se otorguen los insumos a todo el personal médico para laborar con seguridad, así como el pago por concepto de “infectocontagiosidad”, que consiste en el bono económico por trabajar en situaciones de riesgo ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Notas

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020.

ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020.

iii Pascal Beltrán Del Río, Médicos y COVID-19: a la guerra sin fusil, Excélsior, consultado por ultima ves el 03 de marzo de 2020 en https://m.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/medicos-y-cov id-19-a-la-guerra-sin-fusil/1372437

iv Perla Miranda, Personal médico y enfermeras protestan por falta de insumos y protocolos para atender Covid-19, El Universal, consultado por última vez en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-medico s-y-enfermeras-protestan-por-falta-de-insumos-y-protocolos

v Perla Miranda, Personal médico y enfermeras protestan por falta de insumos y protocolos para atender Covid-19, El Universal, consultado por última vez en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-medico s-y-enfermeras-protestan-por-falta-de-insumos-y-protocolos

vi Pascal Beltrán Del Río, Médicos y COVID-19: a la guerra sin fusil, Excélsior, consultado por última vez el 03 de marzo de 2020 en

https://m.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-ri o/medicos-y-covid-19-a-la-guerra-sin-fusil/1372437

vii Pascal Beltrán Del Río, Médicos y COVID-19: a la guerra sin fusil, Excélsior, consultado por última vez el 03 de marzo de 2020 en

https://m.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-ri o/medicos-y-covid-19-a-la-guerra-sin-fusil/1372437

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a otorgar por la SHCP y la SE mayores recursos económicos al programa de microcréditos para el bienestar ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii

El desempeño de la economía actual del país configura un entorno poco favorable para encarar los efectos que provocará la epidemia del coronavirus, por la fragilidad en el dinamismo productivo reciente y por la limitada capacidad de respuesta que tendrá la política fiscal para soportar los desequilibrios derivados de la desaceleración y de la incertidumbre en los mercados de bienes y servicios. Esta situación se verá aún más afectada si se confirman las perspectivas negativas en el crecimiento de la economía mundial, en particular la de los Estados Unidos.iii

Con el estancamiento en el crecimiento económico que se registra en México desde el tercer trimestre de 2018, se perfila una situación de expectativas desfavorables para el desarrollo nacional, pues se han debilitado las cadenas de producción, la exportación, la inversión y el empleo, a lo que se suman los desequilibrios recientes sobre el tipo de cambio, los precios del petróleo y las caídas en la bolsa de valores.

En México, el Programa de Microcréditos para el Bienestar cuya asignación fue de 2,500 millones de pesos, es uno de los programas prioritarios que ha establecido el Gobierno de México para el periodo 2019-2024, es el Programa de Microcréditos para el Bienestar, el cual está a cargo de la Secretaría de Economía y forma parte integral de una política pública que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que operan micronegocios en beneficio de sus familias y de sus comunidades, destinado a la población que por diferentes causas no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para impulsar o consolidar un negocio.iv

Las Pymes enfrentan “un escenario complejo; el promedio de vida de una micro y pequeña empresa no supera los 24 meses sin coronavirus. Ahora sí sumamos la contingencia sanitaria actual, será más difícil”.

Los expertos, señalan que miles de empresas viven al día, por ello es necesario el apoyo del gobierno federal.

Es por ello, que, a través de este punto de acuerdo solicitamos y necesitamos el apoyo del gobierno federal para destinar mayores recursos económicos al Programa de Microcréditos para el Bienestar, debido a la crisis económica por la que atraviesa el país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que destinen mayores recursos al Programa de Microcréditos para el Bienestar en favor de las empresas mexicanas, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Economía (SE), para que se otorguen mayores recursos económicos al Programa de Microcréditos para el Bienestar ante la contingencia sanitaria COVID-19 en favor de las empresas mexicanas.

Notas

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020.

ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020.

iii Ibídem.

iv Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar mientras dure la emergencia sanitaria políticas tendentes a otorgar pagos compensatorios a mujeres cuya actividad laboral se desarrolle en el sector informal, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Ejecutivo federal a implementar políticas tendientes a otorgar pagos compensatorios a mujeres cuya actividad laboral se desarrolle en el sector informal, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un valor compartido por las sociedades como uno de los objetivos del desarrollo y condición necesaria para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. Es ampliamente reconocida la obligación del Estado de protegerla tal como lo señala el artículo 4º de la Constitución Federal el cual establece que, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, dicho derecho, también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales.

Varios países afectados por la pandemia han impulsado diferentes medidas para contener la propagación del COVID-19, como la suspensión de actividades al aire libre, el cierre de comercios, la suspensión de vuelos internacionales cierre de fronteras, en casos más extremos entre otros. Esto, ha tenido graves consecuencias en la economía mundial, afectando los mercados financieros, generando fuga de capitales y la devaluación de monedas frente al dólar. En la vida económica cotidiana, los pequeños comercios se encuentran en riesgo de cerrar por la baja de ingresos, quienes laboran el sector informal o perciben bajos salarios se enfrentan a la decisión de trabajar o dejar de comer.

Los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y las medidas gubernamentales adoptadas para inhibir su contagio impactan de manera severa a todos los sectores de la sociedad, pero particularmente a las mujeres.1 Dada la naturaleza de las áreas económicas afectadas, así como de las labores sistemáticas que requieren mayor atención como resultado de la crisis sanitaria, se han puesto en relieve cuatro problemáticas fundamentales, de acuerdo con ONU-Mujeres:2

1. Las industrias que han recibido mayores impactos negativos, así como la economía informal, son fuentes que emplean mayoritariamente a mujeres. Esto sin considerar que la economía de los cuidados consume primordialmente el tiempo de las mujeres y se requiere mayormente durante esta crisis.

2. La crisis sanitaria dificulta el acceso de las mujeres a otros servicios de salud indispensables.

3. Aproximadamente el 67% del personal de primera línea en hospitales y centros de salud donde se trata a pacientes con COVID-19 son mujeres.

4. La mayoría de los tomadores de decisiones emergentes con respecto a la crisis sanitaria, son hombres, lo cual excluye la perspectiva femenina en la toma de decisiones relacionadas con el combate al contagio del virus.

En el caso de México, el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” emitido por el Consejo de Salubridad General, autoridad sanitaria cuyas determinaciones son obligatorias en términos del artículo 73, fracción XVI, bases 1ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal situación está destinada a ocasionar grandes pérdidas económicas, pues al ser un problema generalizado, se estima que el 55% de la economía informal, tendrá graves afectaciones, lo que crearía condiciones para desatar disturbios o agudizar el problema de inseguridad pública que ya se viene sufriendo desde el año pasado. Lo anterior también sería parte de las afectaciones que actualmente ya se están observando en la economía global con el cierre de fronteras y otras medidas que los diferentes países han empezado a tomar para evitar que el COVID-19 genere contagios entre sus nacionales, tal como ha sucedido con El Salvador, Guatemala y con los Estados Unidos de América, cuya postura es perjudicial para nuestro país desde el punto de vista comercial.

Cabe señalar que las pandemias a lo largo de la historia han creado desempleo a partir de la incertidumbre.3 En el caso actual de México no es la excepción dado que la mayoría de las empresas son pequeñas y, por otro lado, existe una alta tasa de informalidad laborar. En la actualidad, una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores, y micro y pequeños empresarias y empresarios están perdiendo o disminuyendo sus ingresos a causa de la baja en su demanda por el distanciamiento social. En lo que tiene que ver con el empleo informal, el 57% de las y los trabajadores se encuentran dentro de este rubro, lo que históricamente se les ha impedido el poder acceder a la seguridad social y a políticas públicas como el seguro de desempleo.

Recientemente la OIT dio a conocer la tercera edición de un panorama estadístico que realizó para conocer la situación de mujeres y hombres en la economía informal. Esta edición proporciona por primera vez una visión comparativa en cifras, para ilustrar la magnitud de la informalidad que se tiene a nivel mundial y regional. La OIT menciona que, en la actualidad, 2 mil millones de trabajadores tienen un empleo informal en el mundo, lo que representa el 61.2 por ciento de la población empleada en todo el mundo. Dicho estudio fue desarrollado por un conjunto común de criterios metodológicos para medir el empleo informal y el empleo, en particular, en la economía informal, que se aplicó a más de 100 países (incluyendo países desarrollados y en desarrollo).4

Las estadísticas de informalidad laboral han sido generadas por el INEGI bajo una perspectiva integral o ampliada, a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Para ello por medio del consenso con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y expertos internacionales en cuanto a que el concepto de informalidad tiene dos dimensiones. La primera dimensión se refiere al tipo o naturaleza de la unidad económica, es decir, cuando esta se dedica a la producción de bienes y/o servicios para el mercado y opera a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos. En este caso, se trata de un sector Informal o de negocios en pequeña escala no registrados y de empleo vinculado a dicho sector.

La segunda dimensión parte de una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo que se realice sin contar con el amparo del marco legal o institucional, sin importar si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales. En tal caso, se trata de empleo informal. Estas dimensiones se han integrado y se han hecho complementarias. De este modo, el enfoque de unidad económica aplica a las modalidades de trabajo independiente (empleadores y trabajadores por cuenta propia), mientras que el enfoque laboral es el que aplica a modalidades de trabajo dependiente, tales como el trabajo asalariado.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,5 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del cuarto trimestre de 2018 al tercer trimestre se incorporaron al mercado laboral 657 mil trabajadoras, cifra 57.6 % superior a las reportadas durante el mismo periodo del año anterior. De ese total, 420.2 mil, que representa el 64 % lo hicieron a través de empleos informales, cantidad 170 % mayor a las 155.8 mil registradas un año antes. Mientras tanto, la población masculina ocupada aumentó 350.3 mil personas en el mismo lapso, cifra 53 % inferior a los primeros tres trimestres de 2018. De este total, 274 mil, que representa el 78.3 % entraron al sector formal y 75.8 mil al sector informal, lo que estas cifras representaron una disminución de 35.2 % y 76.4 % respectivamente.

En este momento requerimos de políticas integrales y políticas articuladas, pues las medidas de distanciamiento social, aislamiento y limitación de la movilidad tienen severas implicaciones laborales, la incertidumbre sobre la gravedad y la duración de la contingencia también, ocasiona pérdida de inversiones e inestabilidad en el empleo, y en sectores que no cuentan con ingresos seguros como son los empleos informales. No obstante, como se ha venido referenciando la idea del presente instrumento legislativo es el apoyo directo a las mujeres que, justamente se encuentren en la posición del empleo informal, y para ello, se solicita al Ejecutivo Federal que implemente un plan económico para destinar un pago equivalente a un salario mínimo mensual, del área geográfica denominada “Resto del País” correspondiente a $3,696.60, que tendrá el propósito de que las mujeres en la situación laboral ya señalada puedan contar con recursos para sostener a su familia por el tiempo que duré la emergencia sanitaria.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a instrumentar el otorgamiento de un pago equivalente a un mes de salario mínimo general vigente, del área geográfica denominada “resto del país” a mujeres cuya actividad laboral se desarrolle en el sector informal, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Notas

1 ONU-Mujeres, “Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin demoras”, 26 de marzo de 2020. Disponible en línea en:

2 Ibídem.

3 Lee, Grace; Warner, Malcolm. Epidemics, Labour-Markets and Unemployment: The Impact of SARS on Human Resources Management in Hong Kong. University of Cambridge, 2005.

4 Revista Mundo del Trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, año 13, número 142, 2018, p. 4 disponible en

5 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, 2019, disponible en

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 7 días del mes de abril de 2020.

Diputada María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a instalar un consejo emergente que supervise la adquisición de material para atender la crisis por el Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, María de los Ángeles Ayala Díaz, Jorge Arturo Espadas Galván, María Eugenia Espinoza Rivas, Alejandra García Morlan, Saraí Núñez Cerón, Pilar Ortega Martínez, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado Rodríguez, Patricia Terrazas Baca, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a instalar un Consejo Emergente para supervisar la adquisición de material para atender la crisis Covid-19.

Consideraciones

Una de las condiciones que toda democracia debe procurar de manera prioritaria, es el derecho al acceso a la salud. Así, el artículo 4º constitucional establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

En una democracia moderna y, a partir de los parámetros internacionales, la salud es uno de los derechos primordiales que cualquier Estado debe garantizar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversos precedentes en el tema; entre los que destacan, la obligación de un cuidado especial en materia de salud, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables como son niños, ancianos y personas en prisión. En la presente administración, son precisamente esos grupos quienes han sido más vulnerados en el tema de la salud.

En ese contexto, se ha observado que en esta administración la desconfianza hacia todo lo que se construyó en el pasado ha estado causando severos daños a la infraestructura pública. Por ejemplo, en lo que respecta al sector salud, en apenas año y medio ha tenido que enfrentar importantes recortes presupuestales y subejercicios que han provocado desabasto de medicamentos e insumos, así como una reforma sin la debida planeación y sustento -más bien se ha caracterizado por su improvisación- para crear el Instituto de Salud para el Bienestar; además de dudosos procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa a “proveedores de confianza”. ¿Cuál es el resultado?

Hoy podríamos afirmar que existe un caos total en el sistema de salud.

Ese caos ha sido potencializado por la pandemia COVID 19 que está provocando grandes estragos a nivel global. En países como Italia y España, la epidemia se ha salido de control, el número de infectados aumentó de manera exponencial de una semana a otra, el sistema de salud está en riesgo de colapsar por el gran número de personas que se infectó simultáneamente y por la falta de insumos médicos. Sin embargo, a pesar de la crisis, la protección que el Estado ha proveído, ininterrumpidamente, al personal que labora en hospitales es innegable. En España, por ejemplo, a pesar de los más de 100 mil contagiados y defunciones de la población civil por Covid-19, únicamente se han reportado dos bajas de personal médico en servicio.

Hoy, la crisis se ha trasladado al personal médico. En México aún no inicia el punto más álgido de la pandemia y ya han muerto tres trabajadores y 39 contagios COVID-19 en el IMSS. Esta situación ha hecho que, en al menos 8 estados, personal de salud se manifieste exigiendo se les provea de material necesario para atender la pandemia.

En una respuesta que consideramos tardía e insuficiente, el Presidente ha empezado a tomar algunas decisiones importantes como la emisión de un “Acuerdo por el que se determina un listado de insumos, bienes y mercancías esenciales para los cuales se debe asegurar su abastecimiento durante la situación de emergencia derivada de la epidemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México”, que contempla lo siguiente

“Segundo.- La Secretaría de Economía, en colaboración y coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Bienestar, de Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asegurará el abastecimiento de insumos para su consumo por parte de la población tomando en cuenta desde el origen hasta los puntos de venta al consumidor incluyendo la adecuada distribución, comercialización, centros de fabricación, almacenes, centros logísticos, entre otros, de los insumos, bienes y mercancías esenciales descritos en el Anexo”.

Asimismo, el 27 de marzo el Titular del Ejecutivo Federal anunció lo siguiente:

“Ayer firme un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos, que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se deba seguir en tiempos normales, si se necesitan ventiladores se consiguen, se consiguen como se consiguen en China, no pidieron pago por adelantado, se dio el dinero y vengan los ventiladores; de lo contrario tendría que mandarse la licitación, pero antes pasar por dos tres instancias y es un proceso que lleva un mes y eso no

Adicionalmente se está previendo que se puedan contar con más instalaciones, más médicos, más especialistas, ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales solo para esta emergencia”

Al revisar el portal de Compranet, se encontró que actualmente existen cinco procesos de licitación en torno al Covid-19 por parte del IMSS: uno de Zacatecas, Durango, Veracruz y dos de la coordinación del IMSS, así como tres procesos para ventiladores, dos para gafas y otros dos para cubre bocas por lo que surge la pregunta de cómo se va a comprar dicho material.

Si bien, el momento en que vivimos puede justificar una excepción para la compra de productos o prestación de servicios que se requieren en forma inmediata a través de la figura de adjudicación directa, también es cierto que esas compras deben de estar dentro de un marco jurídico y contar con un acompañamiento y adecuada supervisión para maximizar los recursos y cerrar espacios a la discrecionalidad y corrupción.

En ese sentido, es necesario contar también con un estricto control de calidad para garantizar las condiciones de atención a los pacientes, así como de seguridad para personal médico, de enfermería y de todos aquellos quienes están trabajando sin descanso para cuidar la salud de la población.

Por otra parte, existen serios vacíos para controlar la epidemia.

Médicos reportan la falta de pruebas para COVID y la existencia de muchos pacientes con los mismos síntomas; así como el aumento de enfermos y muertes por neumonías atípicas.

Al 3 de abril de 2020, el reporte de enfermedades infecciosas respiratorias agudas confirma un aumento de forma dramática del reporte de enfermedades respiratorias. Incluso hay casos graves como el de Zacatecas, que al 3 de abril reporta, mil 122.7 casos por cada 100 mil habitantes en la última 4 semanas.

Ahora bien, si la media nacional la comparamos con enero de este año en donde el promedio nacional por cada 100 mil habitantes era de 353 contra la última semana que es de 504.7 personas por cada 100 mil habitantes, notaríamos que a pesar de no ser época de frío y en enfermedades respiratorias, el porcentaje ha crecido 42.9%.

La incidencia del 3 de abril, según la Dirección General de Epidemiología2 se distribuye de la siguiente manera.

Hoy enfrentamos un serio problema mundial de insumos, de pruebas, pero debemos adoptar el protocolo que se ha instaurado en el mundo en donde un caso de neumonía atípica que presente alguno de los síntomas de COVID19 debe ser tratado como tal durante el tratamiento médico y en su caso, cuando la persona fallezca.

Esta afirmación ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que indican que “para el cuidado del paciente con sospecha o confirmación de 2019-nCoV:

• Para cualquier caso sospechoso o confirmado de 2019-nCoV: precauciones estándares + contacto + precauciones en la transmisión por gotitas

• Para cualquier caso sospechoso o confirmado de 2019-nCoV y procedimientos generadores de aerosoles: precauciones estándares + contacto + transmisión aérea (aerosoles o núcleo de gotitas).”3

En ese sentido, también es necesario establecer protocolos claros y uniformes en materia de defunciones, que también son un centro de contagio. Hoy, dependiendo del compromiso del Estado es que tienen más o menos cuidado. Con el primer muerto nacional en el INER, solamente sellaron el ataúd.4 El 19 de marzo, el subsecretario Gatell afirmó que no es necesario cremar los cuerpos.

En la Ciudad de México lo consideran como un hecho “no sofisticado”, que se metan en bolsas herméticas y no se abran más, se recomienda la incineración; En el Estado de México “no recomiendan embalsamiento” y si se quiere ver el cuerpo se puede permitir.5 Aunque todas esas acciones son posibles, pero están no recomendadas en el documento de “Manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus (COVID-19)” de la OMS.

La OPS y la OMS han sostenido que “la transmisión de enfermedades infecciosas asociadas con el manejo de cadáveres puede ocurrir y puede ser amplificada por el incumplimiento de las precauciones estándar y basadas en mecanismos de transmisión, especialmente en entornos sanitarios. Los procedimientos generadores de aerosoles (PGA) † tienen un rol fundamental en la diseminación de la enfermedad (1,4), así como las manos contaminadas de los trabajadores de salud, superficies y fómites”.

Consecuentemente, también la basura proveniente de los centros Covid instalados y emergentes debe clasificarse para su tratamiento como residuos infecciosos. Hoy en día los camiones de basura siguen pasando a algunos centros de salud de primer nivel que ya tienen casos positivos de Covid como si fuera basura ordinaria.

La incompetencia ya ha costado vidas y puede costar más.

Por todo lo anterior, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función pública y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a instalar un consejo emergente para supervisar la adquisición de material para atender la crisis covid-19, en un esquema de participación ciudadana y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Segundo . Consejo de Salubridad General a establecer y unificar las medidas de tratamiento de salud y defunción, así como el tratamiento de desechos de clínicas y hospitales que atienen a personas con neumonía atípica en la misma forma en que se tratan los casos de COVID19.

Notas

1 https://www.milenio.com/politica/amlo-autoriza-decreto-acelerar-compra- insumos-covid-19

2 Puede ser consultado en

https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-p ara-la-vigilancia-epidemiologica-de-infecciones-respiratorias-agudas-20 20

3 Puede ser consultado en

https://www.paho.org/es/documentos/manejo-cadaveres-cont exto-nuevo-coronavirus-covid-19

4 Puede ser consultado en https://lasillarota.com/metropoli/que-protocolos-hay-en-funerarias-y-ve latorios-por-covid-19-coronavirus-covid-19-pandemia-mexico/372482

5 Pude ser consultado en

https://aristeguinoticias.com/2703/mexico/edomex-protoco lo-para-manejo-de-muertos-por-covid-19-si-se-puede-ver-al-fallecido-sin -tocarlo/

Cámara de Diputados, a 7 de abril de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a instalar un consejo emergente que establezca medidas económicas y sociales para atender la crisis por el Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Marcela Torres Peimbert; Ernesto Ruffo Appel, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, María de los Ángeles Ayala Díaz, Jorge Arturo Espadas Galván, María Eugenia Espinoza Rivas, Alejandra García Morlan, Saraí Núñez Cerón, Pilar Ortega Martínez, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado Rodríguez, Patricia Terrazas Baca, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda, Trabajo, Función Pública, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Cámaras de la Industria, sociedad civil, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a instalar un Consejo Emergente para establecer las medidas económicas y sociales para atender la crisis de COVID19.

Consideraciones

México es un país con una economía endeble en la que en mayor menor medida ha podido tener un crecimiento sostenido en los últimos años, esa tendencia cambió en 2019.

** Elaboración propia con datos de

Desde 2019 dejó de haber un crecimiento para el país; lo cual ya supone un escenario difícil para este año. Sin embargo, cuando se pensó que la situación no podría empeorar, inicio una pandemia mundial de COVID 19 que ha colapsado la economía hasta de potencias mundiales como China.

La CEPAL afirma que “advirtió hoy que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009... a enfermedad pone en riesgo un bien público global esencial, la salud humana, e impactará a una ya debilitada economía mundial y la afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción -que golpeará severamente al comercio mundial- como a través de la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda”.

Los análisis prevén los siguientes efectos:

• Efectos directos: la capacidad de reacción de los sistemas de salud.

• Efectos indirectos: la contracción de la demanda global y las cadenas de suministro.

• Efectos internos: medidas de contención e impactos en el empleo.

Es el tercer efecto lo que preocupa para las y los legisladores de Acción Nacional en este punto de acuerdo. Hoy, más que nunca, es necesario que el Estado entre en acción a favor del bien común, que tomen un papel central para mitigar los efectos económicos y sociales.

En principio, es necesario ser conscientes que la magnitud del impacto económico dependerá del impacto y propagación del Virus, como se muestra a continuación:

Los efectos económicos es la primera consecuencia de la pandemia. En el documento Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030, ante la presente crisis de Covid-19, de 3 abril de 2020, se establecen los impactos económicos y proyecciones para América Latina y el Caribe, en el que destacan los siguientes datos.

Los efectos a corto plazo son:

• Mayor desempleo y precarización laboral

• Menores salarios e ingresos

• Aumento de la pobreza y la pobreza extrema

• Sistemas de salud con mayores costos, fragmentación y desigualdad de acceso.

A mediano y largo plazo se prevé

• Quiebras en las empresas

• Reducción de la inversión privada

• Menor crecimiento económico

• Menor integración en cadenas de valor

• Deterioro de las capacidades productivas y del capital humano

Algunos Estados en el Occidente han implementado diversas medidas para mitigar los efectos de COVID 19:

Asimismo, se han realizado diversas medidas y políticas fiscales para la recuperación económica de las empresas

Sin duda, algunos países, además del apoyo a empresas han implementado políticas sociales para su población, por ejemplo, Francia ha destinado 45 mil millones como un estímulo fiscal, del cual, 32 mil millones es para la seguridad social y subsidio a empresas, 8,5 mil millones a subsidio de desempleo, 2 mil millones a protección social para ocupados por cuenta propia y 2,5 mil millones para medidas sanitarias. Adicionalmente ofrecen 300 mil millones de euros en préstamos a empresas.

En países como Italia y USA existen subsidios como el de desempleo y licencias laborales; recorte de impuestos a empresas, entre otros.

¿Por qué lo hacen? Es necesario entender que este es el inicio de una profunda recesión económica en el mundo que reducirá el crecimiento de países del primer mundo de 1 a máximo 2.4%; con mucho mayor impacto en América Latina en donde se prevé un impacto que va entre -3% y -4%.

La expectativa, no es ni medianamente buena. La resiliencia de los países dependerá de la complejidad de su estructura productiva y de la integración regional; sin contar que esta crisis, profundizará las desigualdades entre las subregiones.

Qué es lo que podría realizarse a nivel laboral según CEPAL:

• Cuarentena total con acuerdos laborales: medidas legales para teletrabajo, reducir horas de trabajo, introducir horarios flexibles, vacaciones adelantadas y proteger a los trabajadores de los despidos

• Protección de la fuerza laboral y de los ingresos: apoyo salarial para compensar pérdidas de ingresos mediante pagos adelantados, subsidios salariales o vía el fortalecimiento del seguro de desempleo, suspensión o reducción de los pagos de contribuciones de servicios de agua, gas y electricidad o a fondos de pensiones privados

• Protección social para reducir el impacto social en los más pobres a través de subsidios, transferencias de efectivo o pagos adelantados mediante programas sociales en curso y esquemas de protección social

• Pyme y otras empresas: apoyo financiero especial para pymes y el sector informal, para que los bancos renegocien/ mejoren condiciones de préstamos a pymes y el sector informal.

También han hecho las siguientes recomendaciones en materia fiscal para evitar un colapso económico:

• Sector monetario y financiero: preservar liquidez de los bancos y el comercio, abordar deudas públicas y privadas, bancos centrales han reducido tasas de interés, han abierto líneas de crédito especiales y han emitido préstamos adicionales, ampliando plazos para reembolso de los créditos (consumidores y empresas) o han extendido hipotecas, así medidas para que bancos y empresas renegocien préstamos y créditos; lo cual ya ha hecho el sector bancario. Asimismo, es necesario Estabilizar los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario

• Fiscal : flexibilidad para redirigir presupuestos estatales, desgravación fiscal, retraso de declaraciones de impuestos o de exenciones de impuestos para ciertos sectores económicos , reorganización de presupuestos y buscar financiamiento adicional para canalizar recursos hacia medidas urgentes a corto plazo. Reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal al fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía; incluso, considerar la cooperación internacional,

• Preservar la capacidad productiva y crear condiciones para la reactivación de la actividad económica a través de mecanismos de liquidez para empresas, en particular las pymes.

• Expandir los sistemas de protección social para llegar a trabajadores subempleados o autónomos, jóvenes, mujeres, niños y ancianos.

En las medidas específicas se proponen las siguientes:

Economía Políticas financieras y monetarias

• Flexibilización monetaria

• Reducción de la tasa de interés / tasa de interés referencial

• Préstamos para empresas afectadas por Covid-19

• Aplazamiento de los pagos de impuestos comerciales

• Exención temporal de pagos de impuestos para (ciertas) empresas

• Acuerdo para reducir las tarifas y el costo del envío de remesas por debajo del 3% o al 0% en los próximos seis meses

• Estabilidad en los tipos de cambio.

• Mantener la solvencia y el funcionamiento adecuado del propio sistema bancario

• Economía Apoyo a Pymes

• Aumentar la demanda es una de las mejores formas de apoyarlas.

• Subvenciones

• Suspensión de alquileres / facturas de servicios públicos

• Pagos de cotizaciones sociales de empresas pospuestas / canceladas (especialmente PYME y empresas familiares)

Economía Empleo y productividad

• Apoyo financiero para desempleados

• Apoyo financiero para trabajadores independientes / despedidos

• Licencia familiar / médica pagada

• Pago único a personas de bajos ingresos

• Suspensión de pagos de alquiler / facturas de servicios públicos / IVA

• Aplazamiento de impuestos / contribuciones sociales / pagos de préstamos

• Regulaciones de precios y especulación de productos críticos

• Subsidios para atención domiciliaria

• Apoyo para aquellos sin licencia por enfermedad remunerada / seguro de empleo beneficios por enfermedad Se debe considerar la protección hipotecaria para proteger el acceso de las personas a vivienda y refugio

Economía Pobreza, protección social y desigualdad

• Las medidas de protección social deben considerar el enfoque de desigualdad y diseñarse al servicio de los más vulnerables

• Poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y los más vulnerables.

• Los paquetes de estímulo fiscal y protección social deben estar dirigidos directamente a los menos capaces de hacer frente a la crisis.

• Introducción de un ingreso básico universal de emergencia.

• Apoyo para quienes no tienen licencia por enfermedad remunerada / seguro de empleo beneficios por enfermedad

• Garantizar acceso a banda ancha y herramientas digitales, en particular a los más vulnerables

Además, se consideran medidas especiales para los más vulnerables:

Adultos mayores

• Incorporar una perspectiva de edad para ser incluida en la planificación nacional y regional de políticas COVID-19.

• Las políticas de distanciamiento social deben tener en cuenta a las personas mayores que dependen de otros para recibir atención o apoyo y requieren alimentos y otros suministros esenciales.

• Monitoreo enfocado a servicios de apoyo y respuesta para personas mayores

Género

• Necesidad de datos desagregados por sexo que indique cómo está evolucionando la situación, incluyendo diferentes tasas de infección, impactos económicos diferenciales, carga de atención diferencial e incidencia de violencia doméstica y abuso sexual

• Asegurar el análisis de género y la experiencia en género como parte de los equipos de respuesta y grupos de trabajo a nivel nacional y regional. ONU Mujeres está lista para apoyar estos esfuerzos.

• Asegurar que los planes de protección social y los esquemas económicos de emergencia, incluso para la estabilización económica y la recuperación, tengan en cuenta a las mujeres que realizan atención no remunerada.

• Atención a la entrega continua de servicios de SSR. Por ejemplo, algunos países han tomado medidas para permitir que las mujeres accedan a los anticonceptivos sin receta durante la crisis.

• Asegúrese de que se establezcan servicios especiales para prevenir y responder a la violencia de género, como líneas directas especiales, unidades policiales y nuevos protocolos para refugios.

• Apoyo a las organizaciones de mujeres en primera línea y asegurar el liderazgo y la participación de las mujeres en los planes de respuesta a corto y largo plazo

El análisis que debe hacerse no puede no observar el largo plazo, por lo que además será indispensable considerar medidas para mitigar el impacto en la economía, a largo plazo. Por ejemplo, se prevé una reducción del 7.4% de exportaciones.

En México, las recomendaciones internacionales pasan desapercibidas.

En materia de impuestos, y a pesar de el país se encuentra viviendo la fase 2 de la pandemia de coronavirus y que las actividades se han visto afectadas, el Gobierno Federal no dará prorroga a los contribuyentes ni a las personas. Las empresas tuvieron hasta el 31 de marzo para hacer el pago de sus impuestos y las empresas físicas tendrán hasta el 31 de abril.

En el tema laboral, existe un debate acerca de si deben o no pagarse y en qué medida a los empleados. Así, el gobierno Federal declaró una “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor” y no una “contingencia sanitaria”, conforme a la Ley Federal de Trabajo, por lo que pagar el salario mínimo no es aplicable.

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor , a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.

El juego de palabras sólo beneficia al gobierno que ahorca financieramente a las empresas y consecuentemente a sus empleados, para quitarse la responsabilidad que deben afrontar. Por si hubiera alguna duda, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que la declaratoria del Consejo de Salubridad General “de ninguna manera permite la aplicación del artículo (429 Bis de la Ley Federal del Trabajo).

“En 2009 cuando ocurrió la contingencia sanitaria por la influenza AH1N1, en la Ley Federal del Trabajo no había un marco regulatorio en caso de una contingencia o emergencia sanitaria. En 2012 se reformó la ley y se establecieron las reglas laborales que 11 años después deberán aplicarse”1 y que hoy, el Gobierno no está dispuesto a asumir el costo de que se apliquen, con el riesgo consecuente de colapsar la economía del país.

En ese contexto, si bien el principal papel es el del Estado como eje rector, no es el único actor necesario para salir de la crisis en la que ya estamos. Necesitamos un gobierno rector que en colaboración con todos los implicados encuentre las mejores acciones para salir de la crisis en la que ya estábamos aún antes del COVID y que han empeorado con la pandemia. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone un consejo emergente para establecer las medidas económicas y sociales para atender la crisis Covid-19 en el que participen los siguientes actores.

– Secretaría de Hacienda

– Secretaría de la Función Pública

– Secretaría Del Trabajo

– Comité De Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción

– Sociedad civil

– Cámaras de la Industria

– Cámara de Diputados

– Cámara de senadores

Por todo lo anterior, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretarías de Hacienda, Trabajo, Función Pública, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Cámaras de la Industria, sociedad civil, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a instalar un Consejo Emergente para establecer las medidas económicas y sociales para atender la crisis de COVID19

Nota

1 Puede ser consultado en

https://www.animalpolitico.com/2020/04/trabajo-patron-pu ede-despedirte-o-pagarte-menos-covid-19/

(Rúbrica)