Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IFT, la SEP y la SCT a promover un acuerdo para que los operadores del servicio de telefonía y de datos, así como operadores móviles virtuales, permitan a los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior el acceso gratuito a plataformas educativas sin consumir datos de su saldo o plan tarifario, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN

Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguientes:

Consideraciones

I. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha informado que la mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia de Covid-19, pero estos cierres han afectado directamente a más del 80 por ciento de la población estudiantil.

La UNESCO ha mencionado que el cierre de los centros escolares provocará un impacto en la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos que se encuentran en proceso de aprendizaje en todos los ámbitos educativos, que van desde la educación inicial hasta la educación superior.

Los impactos perjudiciales que estima la UNESCO, serán los siguientes:

• Interrupción del aprendizaje: La enseñanza garantiza el aprendizaje esencial. El cierre de las escuelas priva a los niños y jóvenes de oportunidades de desarrollo y perfeccionamiento. Los inconvenientes resultan mayores para los alumnos desfavorecidos, quienes en general tienen un acceso más limitado a las oportunidades educativas fuera del marco escolar.

• Alimentación: Muchos niños y jóvenes cuentan con las comidas que proporcionan de manera gratuita o a costo inferior las escuelas para poder tener una alimentación sana. Es por eso que el cierre de los centros escolares tiene una incidencia en la alimentación de estos.

• Falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa: Cuando las escuelas cierran, se les pide a menudo a los padres que faciliten el aprendizaje en la casa, pero estos pueden tener dificultades para desempeñar esta función. Esto se aplica especialmente a los padres de nivel de instrucción y recursos limitados.

• Acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital: El acceso insuficiente a las tecnologías o a una buena conexión a Internet es un obstáculo para la continuidad del aprendizaje, fundamentalmente para los alumnos de familias desfavorecidas.

• Insuficiencias en materia de cuidado de los niños: Por falta de otras soluciones, los padres que trabajan dejan a menudo a sus hijos solos en las casas cuando la escuela cierra, algo que puede provocar riesgos en el comportamiento, y sobre todo aumentar la influencia de las presiones por parte de los compañeros y el consumo de drogas.

• Costos económicos elevados: Cuando las escuelas cierran, los padres que trabajan tienen más probabilidades de ausentarse por tener que cuidar a sus hijos, algo que a menudo ocasiona pérdida de salario y perjudica la productividad.

• Incidencia mecánica en el sistema de salud: Las mujeres representan una parte importante de los profesionales sanitarios, o se encuentran a menudo en la imposibilidad de ir a sus trabajos por tener que cuidar a sus hijos debido al cierre de las escuelas. Numerosas profesiones del ámbito de la salud se ausentan por esto de los centros sanitarios, cuando en realidad es durante estos periodos de crisis sanitaria que los necesitamos más.

• Aumento de la presión para los centros escolares que permanecen abiertos: Los cierres puntuales conllevan a cargas adicionales para las escuelas abiertas, ya que los padres y las autoridades dirigen a los niños hacia estos centros.

• Tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar: Es muy difícil lograr que los niños y jóvenes regresen a la escuela y que permanezcan en el sistema cuando los centros escolares vuelven a abrir. Es algo que sucede en particular tras cierres prolongados.

Por ello, la UNESCO propone soluciones para un aprendizaje a distancia y ofrece “una lista de aplicaciones y plataformas educativas para ayudar a los padres, docentes, centros educativos y sistemas escolares a facilitar el aprendizaje de los alumnos y garantizar las interacciones y los servicios sociales durante el periodo de cierre de las escuelas”.

II. La Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares 2019 (ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones presenta los siguientes datos:

Internet

• En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento).

• Analizando el comportamiento de los distintos grupos de edad de la población total, el que concentra la mayor proporción de usuarios de Internet, es el grupo de 18 a 24 años con una participación del 91.2%. El segundo grupo de edad donde el uso de Internet está más generalizado, es el de 12 a 17 años, con 87.8%. En tercer lugar, se encuentran los usuarios de 25 a 34 años, quienes registraron 86.9%. Por su parte, el grupo de edad que menos usa Internet es el de 55 y más años, ya que registraron 34.7 por ciento.

• Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 por ciento).

• Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento.

• Las principales actividades de los usuarios de Internet en 2019 correspondieron a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicarse (90.6 por ciento).

Computadora

• El 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 millones). La proporción es menor en 8.3% comparada con los usuarios que había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los registrados en 2018.

• La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales.

Telefonía celular

• Según la ENDUTIH 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa el 75.1% de la población de seis años o más y un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2015.

• Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (Smartphone).

• La proporción de usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente tuvo un crecimiento de 23 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 (65.1 contra 88.1%, respectivamente).

Es importante destacar que de acuerdo a información del Instituto Federal de Telecomunicaciones nuestro país contaba, en el 2019, con 1.7 millones de usuarios con Operadores Móviles Virtuales (OMVs) como puede verse en el siguiente cuadro:

Operadora    Total de usuarios

Bueno Cell 11,672

Celmax / Soriana Móvil 47,000

Cierto 17,548

Flash Mobile 149,000

Freedom Pop 566,585

Her Mobile 5,026

Maz Tiempo 2,154

Miio 8,188

Oui 328,855

Qbo Cel 183,424

Simpati 13,222

Six Móvil 1,949

Toka Móvil 895

Virgin Mobile 281,660

Weex 147,115

Total 1,764,293

III. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en su boletín número 76 de prensa, del 23 de marzo de 2020, que “Con el apoyo del programa Aprende en Casa, las y los estudiantes de educación básica podrán acceder por televisión e internet, a una variada oferta educativa para continuar con sus aprendizajes durante el receso escolar por Covid-19 [...]”.

En la reunión virtual del 24 de marzo de 2020, el Secretario de Educación Pública, en reunión del grupo especial, establecido tras la primera reunión en línea de ministros de educación organizada por la UNESCO dijo que “Solo el 60% de los estudiantes tienen Internet, por lo que tuvimos que ofrecer una combinación de educación a distancia con televisión abierta para llegar a todo el mundo”, y también agregó que México está explorando estrategias para llegar a los niños con necesidades especiales.

En este mismo sentido en el boletín de prensa número 80, del 27 de marzo de 2020, la SEP informó que “a través de la Subsecretaria de Educación Básica, creó un sitio web en apoyo al programa Aprende en Casa, para beneficiar a estudiantes de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) con acceso a internet, además de la cobertura de transmisión abierta que ofrece Televisión Educativa y Canal Once”.

En la última información, del 30 de marzo de 2020, el Titular de la SEP informó a través de su twitter que “El Consejo de Salubridad General acordó emergencia sanitaria por #Covid19 y suspensión de actividades, hasta el 30 de abril. El sector educativo, en favor de la salud de todos, acata esa determinación, ampliando el aislamiento preventivo del #RecesoEscolar al 30 de abril”.

IV.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó, el 20 de marzo de 2020, que:

Como resultado de la reunión convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que se celebró este miércoles 18 de marzo entre autoridades del Gobierno Federal, academia y la industria de telecomunicaciones de México, se logró un acuerdo por el que los operadores Móviles AT&T, Telefónica, Telcel y Altán Redes permitirán a sus usuarios el acceso gratuito, sin consumir datos de su saldo, a los contenidos de la página . Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

V. Si bien la intención de poner en práctica un programa como es “Aprender en casa” permitirá que las y los estudiantes de educación básica puedan seguir con sus estudios tiene un fin loable, el problema que también puede existir es que el consumo de datos de su saldo o en el plan en que estén inscritos las familias mexicanas se verá afectado por el tiempo que requiere la o el estudiante para continuar sus estudios.

VI. Ahora bien, en Chile, se ha promovido la teleducación con acceso gratuito a contenido educativo frente a contingencia por coronavirus y que permitirá ingresar “de manera gratuita desde dispositivos móviles como tablets y smartphones al sitio educativo aprendoenlinea.mineduc.cl, donde podrán acceder a una serie de contenidos que les permitirán continuar con su educación, en medio de la contingencia que enfrenta el país por el coronavirus”.

El Ministerio de Educación de aquel país ha mencionado que “los estudiantes que deseen consultar el sitio, lo podrán hacer desde un dispositivo móvil como un tablet o un smartphone de manera totalmente gratuita ya que el acceso no descontará datos móviles de los planes de usuarios pospago, ni saldo para los usuarios de prepago de banda ancha móvil”.

VII. De allí se desprende la necesidad para que las autoridades mexicanas puedan hacer lo mismo y beneficiar a las y los estudiantes que carecen de servicio de internet en sus casas y así continuar con sus estudios a través de plataformas educativas durante la contingencia por Coronavirus Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan un acuerdo para que los Operadores del Servicio de Telefonía, los de Datos y los de Móviles Virtuales permitan a las y los estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior el acceso gratuito a las plataformas educativas sin consumir datos de su saldo o plan tarifario.

Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de abril de 2020.

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a utilizar los tiempos oficiales para que el Ejecutivo federal informe en cadena nacional a la población con motivo de la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN

Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguientes

Consideraciones

I. La información es la base de cualquier sociedad que se aprecie de democrática, permite a la ciudadanía tener elementos para saber la situación de riesgo y tomar las mejores decisiones para preservar la salud de cualquier persona y su familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que “Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar Covid-19, así como las medidas que puede tomar para protegerse resulta clave para reducir las probabilidades de que las personas se infecten y para mitigar la propagación de la nueva enfermedad por el coronavirus 2019. Si se facilita información precisa, pronta y frecuentemente en un idioma que las personas entiendan y a través de canales confiables, la población podrá tomar decisiones y adoptar comportamientos positivos para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de enfermedades como Covid-19”.

II. El 20 de marzo de 2020 el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició la difusión de materiales informativos en su página electrónica: , para promover el uso de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como aliados para realizar trámites y pagos necesarios en la vida cotidiana o hacer trabajo a distancia, y así evitar asistir a lugares concurridos y con ellos contribuir a contener la propagación del virus.

III. De acuerdo a la Encuesta 7ª Encuesta Nacional de Miftosky, denominada “El Coronavirus en México”, levantada del 20 al 22 de marzo de 2020, presenta los siguientes datos:

• El 63.4% teme infectarse o algún miembro de su familia.

• El 53.5% de los encuestados creen que hay más personas infectadas de lo que informa el gobierno.

• Más del 50 por ciento piensa que el gobierno está haciendo poco o nada para tomar las decisiones correctas sobre la pandemia.

• El 73.5% considera que mucho o algo se afectará la economía de nuestro país.

• En los que se refiere a la aprobación en el manejo por parte del Ejecutivo Federal el 43% no contestó y el 28% no aprobó el manejo de la crisis.

• El 63.9% de las personas creen que hay personas infectadas del Coronavirus en su entorno o en el lugar donde se mueve.

• En lo que se refiere a que, si habrá miles de decesos por el virus, el 66.8% de los entrevistados sí lo cree.

IV. De acuerdo al artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Secretaría de Gobernación tiene las siguientes facultades:

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado en los términos previstos en esta Ley, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables;

II. Ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión;

III. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural;

...

Es importante mencionar que la Secretaría de Gobernación es la instancia responsable de los tiempos oficiales que “son espacios de transmisión con los que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir temas educativos, culturales y de interés social. Están constituidos por Tiempo de Estado y Tiempo Fiscal”.

También de conformidad con el Artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todas las estaciones de radio y canales de televisión del país están obligadas a transmitir gratuitamente y de manera preferencial:

- Boletines relacionados con la seguridad del territorio nacional, conservación del orden público, o con medidas para prever o remediar cualquier emergencia.

- Información relevante en materia de seguridad, salubridad o protección civil.

- Mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

De igual forma, el artículo 217, Fracción II y artículo 255 de esa misma Ley, ordena a las emisoras de radio y televisión a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

De allí la importancia de insistir que la información es el recurso más importante que permite a la población tomar decisiones informadas para cuidar la salud y prevenir rumores y desinformaciones en nuestro país como ha venido pasando a través de las redes sociales, donde el común denominador va desde la teoría de conspiración, hasta ciertos alimentos que previenen la enfermedad, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, utilice los tiempos oficiales en el encadenamiento de las emisoras de radio y televisión para que el Titular del Poder Ejecutivo Federal informe puntualmente a la población sobre las medidas de prevención y atención del Coronavirus Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de abril de 2020.

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a reforzar la verificación de precios de productos básicos de consumo generalizado en los establecimientos de BCS y sancionar el incremento injustificado de precios durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la verificación de precios de productos básicos de consumo generalizado en los establecimientos de Baja California Sur, así como a aplicar las sanciones correspondientes por el incremento injustificado de precios durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, se han registrado incrementos en los precios de productos de la canasta básica como huevo, frijol, harina de nixtamal, azúcar, maíz, por mencionar algunos, ante ello el Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que han apercibido y requerido información a 26 empresas por el aumento injustificado de precios durante la cuarentena por el coronavirus, quienes al no contestar o no justificar dichos incrementos, pueden ser sancionados con la inmovilización de productos o multas superiores a 3 millones de pesos.

Desafortunadamente diversos establecimientos de Baja California Sur no son ajenos a dicha situación, pues diversos consumidores han denunciado el incremento de precios en productos como huevo, arroz, frijol, vegetales, e incluso productos como el gel antibacterial y los cubrebocas, cuyo uso se sugiere como parte de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19.

Ante ello, se reconoce el trabajo iniciado por la Profeco, sin embargo, se considera indispensable que la procuraduría redoble esfuerzos para atender las denuncias de los consumidores a lo largo del país, como en el caso de Baja California Sur.

Lo anterior con fundamento en diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor como el 10 BIS que establece que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.

Por su parte el artículo 24 fracción XIII enlista las atribuciones de la Profeco, entre las que destaca la vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente, así como la coordinación con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor.

De ahí que la Profeco, sea responsable de aplicar la vigilancia y verificación necesaria en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito, siendo uno de los objetos de las inspecciones la revisión de precios de dichos bienes o servicios conforme a los artículos 96 y 98 fracción III.

Asimismo, el artículo 125 faculta a la Profeco para sancionar las infracciones a lo dispuesto en la Ley de referencia.

Cabe destacar que el incremento injustificado de precios durante fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias será sancionado con multa de $807.27 a $3’157,358.71, de acuerdo a lo que establece el artículo 128.

Incluso hay sanciones previstas para casos particularmente graves, entre los que se encuentran las infracciones que tienen que ver con productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, cuya sanción puede ser la clausura total o parcial hasta por 90 días y una multa de $168,591.18 a $4’720,552.80, conforme a los artículos 128 BIS y 128 TER fracción V de la multicitada Ley.

En ese sentido, se requiere el refuerzo de las actividades de inspección de la Profeco, a efecto de que se sancione con todo el peso de la Ley, a las personas que se están aprovechando de la compleja situación que estamos pasando ante esta emergencia sanitaria, pues resulta totalmente reprobable que se lucre con la necesidad de las personas.

Sobre todo, cuando se trata de productos de primera necesidad y en tiempos en los que muchas familias tienen dificultad para obtener ingresos por los impactos económicos de la contingencia sanitaria, por lo que los incrementos en los precios representan la imposibilidad para muchos de adquirir productos indispensables para subsistir.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la verificación de precios de productos básicos de consumo generalizado en los establecimientos de Baja California Sur, así como a aplicar las sanciones correspondientes por el incremento injustificado de precios denunciado por los consumidores durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 7 de abril de 2020.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Banobras a restablecer los montos del peaje en casetas de carreteras y autopistas federales y “congelarlos” por un periodo ante los efectos adversos de políticas fiscales y los económicos derivados de la pandemia del Covid-2019, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para reestablecer los montos del peaje en casetas de carreteras y autopistas federales, al igual que “congelarlos” por un periodo de tiempo, ante los efectos nocivos de políticas fiscales inequitativas y la falta de recaudación eficiente entre los grupos de mayor ingreso en el país y los efectos económicos adversos derivados de la pandemia del Covid 2019, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la diversificación comercial que nuestros tiempos ofrecen, la amplia cantidad de labores que realizan los pequeños y medianos empresarios en nuestro país, consta de un rango amplísimo de actividades relacionadas con la producción de mercancías y la provisión de servicios. Industrias como el sector automotriz, el desarrollo de hardware computacional y las actividades turísticas, por dar algunos ejemplos, son viva muestra de las posibilidades comerciales que se han consolidado como industrias de gran peso lo que resalta su relevancia para la economía nacional y el desarrollo de ésta en un panorama de competencia comercial con las principales potencias productoras del globo.

Con la amplitud de los tratados comerciales y el establecimiento de bloques productivos regionales, como el T-MEC1 o el Tratado Transpacífico,2 las exigencias de mantenerse como innovadores en el plano de las operaciones del transporte y eficiencia de estos se han posicionado como indispensables para la realización de actividades comerciales al interior de nuestro territorio. Sea con miras en el comercio interno y la importación o exportación de bienes propia del comercio exterior, múltiples factores como el trabajo aduanero, la calidad de nuestras vías de comunicación, al igual que las funciones de seguridad pública que la rodean, implican una serie de grandes esfuerzos por parte de los actores involucrados, donde las inversiones siempre van referidas al crecimiento de la productividad, la cual otorga beneficios colectivos si los trabajos que los emprendedores realizan se encaminan para el bienestar propio y con miras a un impacto positivo de carácter colectivo, siendo la generación de empleos, la disposición de una amplia gama de mercancías/servicios y la presencia de desarrollo en infraestructura física, tres de los principales referentes de la relación intrínseca entre el emprendimiento individual y las facilidades que el gobierno pueda otorgar para ello, donde sus actividades se fundamentan principalmente en esto, es decir, en facilitar las condiciones necesarias para que esto pueda llevarse a cabo.

Para la labor de dichas funciones en un panorama de alto intercambio comercial, el financiamiento y el establecimiento de reglas de operación es divergente entre empresarios y gobierno, aspecto que resulta trivial de principio, pero sumamente necesario para explicitar los motivos del presente exhorto. En el caso de los privados, la creación de los recursos necesarios para sus operaciones se generan a partir de lo mismo que van a realizar, es decir, mediante su actividad comercial, fuente de ingresos diferente a la del gobierno, el cual usualmente obtiene los recursos mediante la recaudación fiscal3 (de forma directa o indirecta) o la venta de productos propiedad de la nación, como el petróleo,4 donde éstas últimas son casos particulares al ser de naturaleza reducida sumamente controlada.

El primero de este tipo de financiamiento público, la recaudación de impuestos – ya sea de forma directa o indirecta –, representa la actividad de capitalización más notoria al interior de los referentes cotidianos con los que las personas se relacionan con la materia, por lo que no es raro encontrar molestia en la ciudadanía ante su aumento, ya que la falta de resultados ha generado un ámbito de desconfianza sobre el destino de los recursos recopilados. Tal aspecto ha sido reconocido por el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público a finales de septiembre de 2019, donde uno de los principales motivos para una pobre recaudación de impuestos se debe a la falta de confianza en el uso de recursos públicos,5 debido a que los resultados en la labor otorgaron dividendos inferiores a los esperados, al solamente alcanzar los 52,100 millones de pesos,6 cantidad inferior a la esperada para el periodo.

Éste motivo y los resultados pobres en la recaudación no son problemas nuevos de la presente administración, sino que son complicaciones que hemos acarreado desde hace tiempo, donde las medidas para combatir la pobre tributación se han enfocado en incrementar los montos por recaudar en lugar de centrarse en una actividad eficiente y de alta confiabilidad. Es sobre esta forma de hacer políticas públicas que, por ejemplo, el incremento del peaje en 10 casetas de las autopistas México – Cuernavaca y Cuernavaca – Acapulco se fundamenta,7 donde las “pérdidas” derivadas de movilizaciones sociales o actos de corrupción se han usado como fachadas8 para justificar un aumento que únicamente impacta de manera mucho más significativa a nuestras clases medias y bajas, al haber una falta de compromiso con políticas equitativas han derivado en prácticas inadecuadas en la materia.

El problema de la recaudación, retomando la postura del secretario de Hacienda, no corresponde a una cuestión de impuestos bajos o inferiores, sino a un aspecto de eficiencia, donde medidas como la tomada por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en fechas recientes, corresponden a ajustes internos y pertinentes para ambos organismos de acorde a una política que prima los número brutos sobre criterios de eficiencia, por lo que sostener medidas de esta clase únicamente tiene efectos mucho más perjudiciales sobre la ciudadanía, especialmente entre los pequeños y medianos empresarios, los cuales se ven impactados de forma mucho más significativa en sus presupuestos al ser mucho más representativos los costos en términos porcentuales. Igualmente, al observar que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se realizaron un total de 9,941 condonaciones por un total de 172 mil millones de pesos,9 el 70% de los montos perdonados corresponden a solamente 88 contribuyentes,10 lo que es claramente un abuso sobre aspectos legales de la tributación por parte de actores económicamente privilegiados, donde el acceso a cuerpos de especialistas jurídicos ha dado paso a que muchos de ellos no cumplan con sus obligaciones fiscales.

Aunado a todo lo anterior, la situación actual que vive el mundo entero en relación con la crisis de salud derivada del Covid 2019, es una situación en la que debemos todos actuar urgentemente, ya que dicha problemática está generando una serie de efectos secundarios dañinos para la economía del mundo entero; en el caso de México, es urgente implementar medidas que fortalezcan y apoyen el mercado interno, el comercio micro y pequeño y en general a las familias mexicanas.

Por todas las anteriores razones, medidas de esta clase son insostenibles al afectar el comercio de pequeños y medianos empresarios. Una mayor imposición de montos tributarios no quiere decir una mejoría en su recaudación, un uso eficiente de ellos y la exigencia de una política fiscal justa para la ciudadanía, donde las carencias en el plano político y jurídico de la tributación no pueden ser solucionadas con medidas que acentúan la desigualdad y desventajas que la mayoría de la población atraviesa en su búsqueda por bienestar.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para reestablecer los montos modificados del peaje en casetas de carreteras y autopistas federales, ante los efectos nocivos de políticas fiscales inequitativas y la falta de recaudación eficiente entre los grupos de mayor ingreso en el país y los efectos económicos adversos derivados de la pandemia del Covid 2019.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para congelar por un periodo de tiempo pertinente los montos de peaje en casteas de carreteras y autopistas federales ante los efectos nocivos de políticas fiscales inequitativas y la falta de recaudación eficiente entre los grupos de mayor ingreso en el país y los efectos económicos adversos derivados de la pandemia del Covid 2019.

Notas

1 Gobierno de México. (2019). T-MEC, 18 de febrero de 2020, de Gobierno de México. Sitio web:

2 Gobierno de México. (2019). TPP, 18 de febrero de 2020, de Gobierno de México. Sitio web:

3 México Evalúa. (2019). Ingresos del gobierno federal ,18 de febrero de 2020, de México Evalúa. Sitio web:

4 Ídem

5 José Ávila. (2019). Herrera: Se recauda poco por la baja confianza sobre el “uso de los recursos”, 18 de febrero de 2020, de Expansión. Sitio web:

6 Ídem

7 José de Jesús Guadarrama H. (2019). Sube tarifa en 10 casetas de Capufe; autopista México-Acapulco. 18 de febrero de 2020, de Excélsior Sitio web:

8 Arcelia Guadarrama. (2019). Toma de casetas, boquete al erario; pierde Capufe 3 mil millones de pesos en 8.5 años, 18 de febrero de 2020, de Excélsior. Sitio web:

9 Redacción. (2019). AT revela lista de empresarios a los que perdonó 172 mil millones en impuestos, 18 de febrero de 2020, de Aristegui Noticias. Sitio web:

10 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a decretar un plan de apoyo general dirigido a los ciudadanos que aminore el efecto económico negativo derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Liduvina Sandoval Mendoza, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a decretar un Plan de Apoyo General dirigido a los ciudadanos mexicanos que permita aminorar el impacto económico negativo que se padece por la contingencia sanitaria del virus Covid-19 que afecta al país, en base a las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus Covid-19 oficialmente como una pandemia mundial.

Segundo. Que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Colima del Estado de Colima, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de marzo, aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de los representantes populares electos en el Estado de Colima para elaborar un Plan de Apoyo General dirigido a los ciudadanos mexicanos en los diferentes ámbitos o sectores empresarial, comercial y social, mediante el cual se decreten variados apoyos que permitan aminorar el impacto económico negativo que se padece por la contingencia sanitaria del virus Covid-19 que afecta el país.

Tercero. Que el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente Municipal de Colima, a través del Oficio N° 02-P-66/2020 dirigido a mi persona, me solicitó respaldar y presentar al pleno de esta Soberanía el punto de acuerdo mencionado en el anterior considerando.

Cuarto. Es por ello y convencida de la urgencia que se tiene de contar con programas de apoyo ante esta contingencia sanitaria a nivel mundial y que está generando una emergencia económica de gran magnitud, es que hago propia el punto de acuerdo aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Colima y lo presento a la consideración de esta Soberanía.

Quinto. Se transcribe a continuación los considerandos que contiene la iniciativa con punto de acuerdo que presentó el Presidente Municipal de Colima y que fue aprobado por el Cabildo:

“Segundo. Que ante la inminente Emergencia Global originada por el Coronavirus SARS-COV-2 (Covid-19), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el día 11 de marzo de 2020, y que en nuestro país se han presentado ya múltiples casos de ésta enfermedad, y por la situación tan amenazante para todos los habitantes del estado de Colima, el Gobierno del Estado celebró sesiones por parte del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Consejo el Consejo Estatal Agropecuario y el Consejo Estatal para el Fomento Económico, así como acercamientos con los diversos actores del sector privado, con la finalidad de llegar a acuerdos y adoptar medidas para hacer frente a esta contingencia en el Estado.

“Tercero. Se realizó la Declaratoria de Emergencia por la presencia del Covid-19 (Coronavirus) en el Estado de Colima que entró en vigor el día de su publicación el 18 del mes de marzo del año en curso, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Edición número 17 y la cual mantendrá su vigencia durante la situación de contingencia sanitaria prevista en la misma.

“Cuarto. Derivado de la Declaratoria de Emergencia señalada en el Considerando anterior, el Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado de Colima, publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el Tomo 105, el día 19 de marzo del año 2020, los siguientes comunicados oficiales a partir de las 08:00 horas del día 20 de marzo al 19 de abril de 2020, señala lo siguiente:

Comunicado oficial 001

“Recomendaciones:

1. Aislamiento social, entendiéndose como el resguardo en el hogar.

2. Cancelación y reprogramación de eventos públicos y privados.

3. Recomendación de suspensión temporal de establecimientos que no sean esenciales, tales como cines, bares, casinos, centros nocturnos, discotecas, giros negros, gimnasios, teatros, museos, salones de fiesta, instalaciones deportivas y esparcimiento, piscinas, ferias, verbenas.”

Comunicado oficial 002

“Actividades de movilidad permitidas:

1. Para la adquisición de alimentos o víveres de uso cotidiano.

2. Para la adquisición de productos de higiene.

3. Para realizar actividades cotidianas esenciales.

4. Para el cuidado y/o asistencia de los adultos mayores, dependientes o personas con discapacidad.

5. Para la asistencia al trabajo.

6. Para la asistencia a centros de atención médica.

7. Para la adquisición de productos farmacéuticos.

Nota: En espacios públicos mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona.”

“Quinto. Que siendo uno de los derechos elementales y humanos, el derecho a la salud, como lo contempla el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que dice “...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...”. Es nuestro deber como servidores públicos y representantes de los ciudadanos, velar, cuidar y proteger este derecho vital, sin escatimar esfuerzos, acuerdos y todas las acciones para salvaguardar la salud de cada uno de los ciudadanos mexicanos, toda vez que los casos van en aumento y sabemos que solo estamos en la Fase I de esta epidemia.

“Sexto. Derivado de ésta contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, acatando la Declaratoria de Emergencia en nuestro estado de Colima y de las recomendaciones que tenemos que seguir derivados de los Comunicados Oficiales y por todas las medidas preventivas que tenemos que acatar por el Sector Salud, se prevé la suspensión de actividades en diversos sectores, así como una serie de medidas de aislamiento social instrumentadas para prevenir el contagio de la enfermedad para mitigar su propagación. Con ello se ve disminuido el flujo comercial y las actividades productivas y conllevando pérdidas económicas para muchos sectores. Por lo que se solicita exhortar a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través de sus representantes de la quinta circunscripción correspondiente al Estado de Colima y de los Distritos 1 y 2 con cabecera en Colima y Manzanillo para aprobar un Plan de Apoyo General a los sectores empresarial, comercial y social, mediante la emisión de disposiciones legales de carácter fiscal y económico que permitan aminorar el impacto económico negativo que padecen por la contingencia sanitaria del virus Covid-19 que afecta al país.

“Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien someter a consideración del honorable Cabildo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Es de aprobarse y se aprueba autorizar al C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente Municipal de Colima girar un exhorto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través de sus representantes de la quinta circunscripción correspondiente al Estado de Colima y de los Distritos 1 y 2 con cabecera en Colima y Manzanillo para aprobar un Plan de Apoyo General dirigido a los ciudadanos mexicanos en los diferentes ámbitos o sectores empresarial, comercial y social, mediante el cual se permita acelerar la devolución de impuestos federales, suspensión o diferimiento de pagos por créditos bancarios, casas comerciales y/o tiendas departamentales; pagos provisionales por concepto de Impuesto Sobre la Renta; de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas al Infonavit, estableciendo tasa 0 por concepto de intereses; que no exista cobro por el consumo de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad; cuotas de Fovisste, suspensión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; e implementar programas de garantías a sectores afectados; y en general la emisión de disposiciones legales de carácter fiscal y económico que permitan aminorar el impacto económico negativo que se padece por la contingencia sanitaria del virus Covid-19 que afecta al país”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a decretar un Plan de Apoyo General dirigido a los ciudadanos mexicanos en los diferentes ámbitos o sectores empresarial, comercial y social, mediante el cual se permita acelerar la devolución de impuestos federales, suspensión o diferimiento de pagos de créditos bancarios, casas comerciales y/o tiendas departamentales; pagos provisionales por concepto de Impuesto Sobre la Renta; de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas al Infonavit, estableciendo tasa cero por conceptos de intereses; que no exista cobro por el consumo de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad; cuotas de Fovissste, suspensión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; e implementar programas de garantías a sectores afectados; y en general la emisión de disposiciones legales de carácter fiscal y económico que permitan aminorar el impacto económico negativo que se padece por la contingencia sanitaria del virus Covid-19 que afecta el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020

Diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a formular acciones afirmativas de apoyo a jefas de familia en virtud de la emergencia sanitaria, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo a formular acciones afirmativas de apoyo a jefas de familia en virtud de la emergencia sanitaria, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1 considerando que fenómenos como el incremento de mujeres en el mercado laboral, la migración, cambios en la situación conyugal, entre otros, influyen en la creciente presencia de hogares en que se reconoce a las mujeres como jefas de hogar, se tiene la siguiente información:

• En México existen alrededor de 35.3 millones de hogares en 2018, según se reporta en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)

• De ellos, 78.3 por ciento se localizan en áreas urbanas y el resto en áreas rurales.

• El promedio de ocupantes por hogar a nivel nacional es de 3.5 personas.

• En las localidades con menos de 2 500 habitantes se observa que el promedio de ocupantes es mayor 4.0 cuando el jefe de familia es hombre.

• El promedio de integrantes con jefatura femenina es menor que con jefatura masculina y por hogar, al tener 3.1 ocupantes.

• Los hogares con jefatura femenina ascienden a 9.7 millones. 2

• En el país, las jefas de hogar tienen una edad promedio

• de 53.3 años y los jefes de hogar de 48.5 años.

Otras características3 son:

• Los hogares con jefatura femenina suelen tener un mayor número de integrantes de la población infantil y adulta mayor.

• La mayor parte de los hogares pobres son nucleares, 70.3% los encabezados por hombres y 44.9% de los dirigidos por mujeres.

• Entre los hogares extendidos, estrategia que utilizan algunos hogares para enfrentar la pobreza, 39.8% con jefatura femenina y 24.9% con masculina, son pobres.

Aunado a lo anterior, se le puede sumar el hecho de que el ingreso promedio mensual estimado que reciben las jefas de familia es de entre nueve y diez mil pesos, lo que agrava su situación actual.

Frente a este panorama, la cuarentena en curso, por sus previsibles efectos en la economía nacional y particularmente en la convivencia familiar intramuros ha puesto en alerta a instituciones, funcionarios y a organismos de la sociedad civil e internacionales, quienes han expuesto su alcancen aspectos tales como la alimentación, los cuidados, la educación, la salud física y psicológica de los integrantes de las familias, y de manera particular en aquellos hogares encabezados por mujeres trabajadoras, (formales o informales) al ser las únicas que los proveen de un ingreso.

Asimismo, han manifestado su enorme preocupación en torno a la violencia intrafamiliar que pudiese suscitarse o continuarse en esta época de convivencia en espacios cerrados, por lo que los distintos mecanismos que velan por los derechos de las mujeres, de orden federal y local, han externado el mantenimiento de los servicios de atención jurídica y psicológica, entre otros, poniendo a disposición –en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres— líneas telefónicas de emergencia para atención debida.

Así, por ejemplo, el Comité de Expertas4 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) advirtió la necesidad de mantener activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Igualmente demandó el fortalecimiento de las medidas de protección para las mujeres y niñas en riesgo; que se faciliten y se difundan estratégicamente los medios para denunciar la violencia de género; que se establezcan células de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género, y que se establezcan albergues y refugios seguros.

En materia de cuidados, y en relación con la labor remunerada que desarrollan las mujeres, las expertas expusieron que los Estados Parte de la Convención tengan a bien aplicar diversas medidas como las siguientes:

• Garantizar que el personal femenino ocupado en áreas esenciales o prioritarias —farmacias, hospitales, abasto—, tengan acceso a servicios de cuidados y a la satisfacción de las labores domésticas.

• Que las empresas, instituciones y organizaciones instrumenten políticas para que tanto mujeres como hombres se hagan cargo de sus hijas e hijos a partir del cierre de escuelas sin que ello afecte alguna de las prestaciones o derechos laborales.

• Aplicar políticas flexibles de orden laboral para quienes tengan a su cargo el cuidado de otras personas y ese cuidado se vea afectado por la emisión de medidas sanitarias, y sin que afecte su estabilidad en el empleo o sus prestaciones sociales.

Por su parte, ONU-Mujeres7 ha manifestado que el cuidado de personas y hogares recae primordialmente en las mujeres, al ocupar 39 horas semanales en estas tareas no remuneradas, señalando también que en el contexto presente esa carga se eleva debido a una serie de factores como el cierre de los centros escolares, la saturación de los servicios de salud y el obligado aislamiento social:

• Ante el cierre de escuelas y guarderías, se requiere resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes en horas laborales.

• Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga de estos cuidados se traslada a los hogares y recae principalmente en las mujeres.

• Las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para las personas integrantes de la familia.

• La situación puede generar inquietudes en las personas dependientes y la contención emocional de estas personas ocupa también tiempo de las mujeres.

• El aislamiento social preventivo, por ejemplo, de personas adultas mayores y/o enfermas, puede implicar una carga de cuidados extra para las mujeres.

Asimismo, ha dictado una serie de recomendaciones relativas a la circunstancia sanitaria. Entre estas destacan:

• Garantizar la igualdad para las mujeres en la toma de decisiones en torno a la planificación de la respuesta y los efectos a largo plazo;

• Garantizar que los mensajes de salud pública lleguen a las mujeres de manera adecuada, incluidas aquellas personas más marginadas;

• Desarrollar estrategias de mitigación que se centren en los efectos económicos del brote en las mujeres y generen resiliencia en ellas;

• Proteger los servicios básicos de salud para las mujeres y las niñas, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; y

• Priorizar los servicios de prevención y respuesta ante la violencia de género en las comunidades afectadas por el Covid-19.

A nadie escapa que en México estamos inmersos en una difícil fase de cuarentena y posiblemente en el preámbulo de un período quizás más duro, cuando las medidas pudiesen tornarse extremas, y esto podría derivar en afectaciones mayores para las mujeres jefas de familia.

Por ello, la emergencia sanitaria constituye un reto para las instituciones y mecanismos defensoras de los derechos de las mujeres por cuanto a que bien podrían trazar —considerando las recomendaciones de los organismos internacionales— una estrategia precisa acerca del cómo apoyar a las jefas de familia a fin de que logren sortear con éxito las vicisitudes cotidianas propias de la coyuntura.

En ese orden, es factible exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social—integrante del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres , que conjunta a dependencias, organismos públicos y mecanismos estatales—, a la definición urgente de dicha estrategia que contemple líneas de acción claras y concisas de tales apoyos, sobre la base de convenir lo necesario con los sectores sindical y patronal, condición que le daría formalidad y fuerza a las medidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión insta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a diseñar y formular una estrategia coyuntural de estímulos y apoyos de orden económico-laboral dirigido a jefas de familia, velando por sus derechos y prestaciones sociales.

Nota

1 Ver:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_20 19.pdf página 101 y ss.

2 En días recientes la titular del Inmujeres afirmó que, Además, llamó la atención de que casi 30% de los hogares tiene a una mujer como jefa de familia, por lo que los programas sociales buscan apoyar a esas mujeres que dirigen y están a cargo de sus hogares. Ver: https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/importante-compartir-el-trabajo-de- cuidados-para-una-convivencia-armoniosa-y-sin-violencia-en-los-hogares- inmujeres?idiom=es

3 Ibíd. Página 225.

4 Ver:

https://mailchi.mp/dist/
comunicado-covid-19-y-el-reforzamiento-de-acciones-para-la-prevencin-y-atencin-de-la-violencia-de-gnero ?e=148d9c4077

5 Ver:

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/
documentos/publicaciones/2020/marzo%202020/corresponsabilidad%20en%20l os%20hogares%20covid19.pdf?la=es&vs=2446

6 Ver: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-le adership-in-covid-19-response

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a ampliar y reforzar por la Ssa las acciones para la detección y atención oportunas del Covid-19, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, a través de la secretaría de salud, a ampliar y reforzar las acciones para la detección y atención oportunas del Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la emergencia nacional derivada del coronavirus, y dada la creciente infección que se ha registrado en fechas recientes, desde diversos sectores de la sociedad se ha urgido al gobierno federal la pronta aplicación de pruebas de detección del Covid-19, entre otras medidas.

Es de conocimiento general que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado a favor de realizar el mayor número de pruebas posibles a efecto de dimensionar el avance del virus en las comunidades.

A la fecha, en nuestro país la aplicación de pruebas de detección se ha circunscrito a las personas que presentan en su salud factores de riesgo epidemiológico o hayan tenido contacto con casos confirmados. Hacia ese perfil se han dirigido los esfuerzos de las autoridades federales y locales.

En diversos medios se calcula que hasta hoy se han aplicado cerca de mil quinientas pruebas de detección. Número insuficiente frente al riesgo que implica la pandemia.

En ese contexto, la Secretaría de Salud federal (SSA) ha señalado que su aplicación requiere certificación a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el cual es el responsable de evaluar a través del control de calidad, que los laboratorios que adquieren técnicas diagnósticas -que incluyen proceso de bioseguridad, toma, manejo y envío de las muestras-, cumplan adecuadamente con la implementación de la técnica; lo anterior, de acuerdo con el comunicado de la dependencia federal emitido el pasado 20 de marzo del presente año.1

De igual manera, la SSA expuso avances importantes en materia de capacitación y certificación:

El 20 y el 21 de febrero, [el INDRE capacitó] a 29 Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) y los Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica que incluyen el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Hospital General de México (HGM). Todos cuentan con la infraestructura para el desarrollo de las pruebas moleculares para SARS-Cov-2 en nuestro país.

Posteriormente, el 7 de marzo dio capacitación a laboratorios de análisis clínicos de hospitales privados, Ángeles Lomas y ABC Observatorio, Médica Sur y Hospital Español: dos de ellos ya cumplieron con el proceso de control de calidad y han recibido el reconocimiento que los faculta para realizar la prueba diagnóstica SARS-Cov-2 por RT-PCR en tiempo real, faltan de completar su proceso de reconocimiento dos de estos hospitales.

Asimismo, recalcó la necesidad apremiante de contar con la certificación:

El 13 de marzo se informó a otros laboratorios particulares de análisis clínicos de referencia el proceso que se tiene que seguir para obtener el reconocimiento que les permita realizar la prueba de SARS-Cov-2 por RT-PCR en tiempo real; ninguno ha completado el proceso, razón por la que no tienen autorización para realizar el diagnóstico antes mencionado.

El INDRE reitera que es absolutamente necesario cumplir todos los requisitos de calidad para la obtención del reconocimiento y garantizar seguridad a la población.

No obstante, y en virtud de la declaratoria oficial de estar en la fase 22 de la contingencia por coronavirus —que implica la transmisión comunitaria—, los perfiles asintomáticos, como fuentes de contagio, no ha sido debidamente valorados y, por ende, su cadena de contactos, en virtud de que, efectivamente, frente al virus, los organismos humanos presentan una reacción distinta dada su condición de salud.

En este entorno, y luego de la presión pública, en días pasados se convocó al Consejo de Salubridad General3 que, entre otros, acordó:

(...)

4. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de Covid que requieran hospitalización.

En ese tenor, junto con la declaratoria de la nueva fase, la Secretaría de Hacienda4 anunció la orientación de 25 mil millones de pesos a estados en apoyo ante la contingencia por Covid-19, resaltando que ya se habrían entregado 15 mil 300 millones de pesos a los sistemas de salud estatales, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Quedando pendientes los 10 mil millones correspondientes a los meses de abril-junio, por lo que en estos días se estarían adelantado a los gobiernos estatales.

Igualmente, se informó que el INSABI estaría haciendo compras de medicinas e insumos médicos por un monto de 4 mil quinientos millones de pesos.

En su presentación, el subsecretario de Salud reconoció que son las grandes ciudades las que resentirán los efectos de la epidemia:

En la región metropolitana del Valle de México tenemos la mayor concentración de población y esperablemente vamos a tener, no solamente el mayor número de casos, sino la mayor velocidad de propagación, seguida de las otras zonas urbanas y periurbanas en la región de Guadalajara, en la región de Monterrey y también en las zonas turística donde ingresó el virus, en Quintana Roo.5

Son esas áreas en las que se ha enfocado primordialmente la atención de las autoridades sanitarias. Sobre ello, y para ilustrar la situación actual de los organismos públicos de salud, en relación con la infraestructura y equipamiento, para muestra un botón: el Sistema de Salud del estado de México contaba con al menos 359 camas de terapia intensiva, y con alrededor de 800 respiradores o ventiladores, de acuerdo con declaraciones del secretario de Salud de la entidad mexiquense vertidas a principios del mes en curso. Más aún, señaló, que las pruebas de detección no se procesaban a nivel local, sino que eran enviadas hasta el Centro Médico La Raza donde se determina el resultado de las mismas. Téngase presente que la entidad mexiquense tiene una población total de alrededor de 16 millones de habitantes.

En este contexto se habría acordado entre los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, el Gobierno Federal, la Coordinación Nacional de Hospitales, trabajar de manera conjunta en las acciones de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuya población rebasa los veinte millones de personas.

La administración del riesgo mediante medidas de mitigación comunitaria —suspensión de actividades escolares, cuidado de grupos de riesgo, suspensión de eventos y reuniones, trabajo a distancia, entre otras—, como lo han expresado las autoridades pasa necesariamente por articular eficaz y eficientemente el aparato de salud de los tres órdenes de gobierno.

De entrar en la etapa de contagio generalizado el éxito de la aplicación preventiva de pruebas de detección será marginal, por cuanto al hecho de que aquellas personas que se vean afectadas en su salud mostraran irremisiblemente las consecuencias de la enfermedad lo que constituirá un enorme reto para el sistema sanitaria nacional.

Si bien el subsecretario de Salud ha externado que se cuenta con una infraestructura pública sólida y amplia —considerando al Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaria de Salud, a los hospitales de Pemex, de la Defensa Nacional y de la Armada—, dotada con cerca de 2 mil quinientas camas para terapia intensiva, 9 mil de urgencias, así como de 5 mil quinientos ventiladores, y se prevé que el ochenta por ciento de la población se infecte del Covid-19, y que de ellos el 2 por ciento requerirá cuidados intensivos, resulta plausible que en esta etapa, en el transcurso de los días que corren, se fortalezcan coordinadamente los sistemas locales de salud.

Por añadidura, considérese que una parte muy importante de personas obtiene su ingreso diario mediante actividades informales —se calcula que seis de cada 10 trabajadores se encuentran en esa condición–, lo que les impele a mantener la operación de sus micronegocios, y ese factor económico evidentemente constituye un riesgo.

En suma, pese a los avances en materia de capacitación y certificación a instituciones públicas y privadas, es notorio la insuficiencia cuantitativa de las llamadas pruebas moleculares (PCR), lo que ha propiciado que entidades como Jalisco hayan iniciado las pruebas de detección rápida advirtiendo que de ser necesario se estarían haciendo aquellas.

A pesar de las informaciones cotidianas la opinión pública y los ejecutivos locales, desconocen a ciencia cierta si el gobierno federal cuenta con un stock de pruebas de detección y cuantas podrían ser distribuidas en los estados y la Ciudad de México, el monto presupuestado para la adquisición de nuevos kits de pruebas, así como los plazos de recepción. Lo mismo, ocurre para el caso de los ventiladores.

Por tanto, al estar insertos den la Fase 2, donde ya se están dando casos en los cuales se pierde la denominada trazabilidad de los contagios, es menester que el gobierno de la República tome medidas enérgicas para la compra de pruebas de detección y de ventiladores mecánicos, y su distribución concertada en los estados, convenir con las entidades federativas una estrategia para robustecer la capacidad instalada de los hospitales locales, y, fomentar que más laboratorios públicos y privados se capaciten y se certifiquen.

Finalmente, no omitimos señalar que el Gobierno Federal en la Cumbre virtual del G-20 –del día 26 del mes en curso—, propuso que el acceso a los insumos y los equipos sean gestionados por organismos internacionales para garantizar equidad en los procesos de adquisición:

[Que] la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos, y los países por igual, el acceso a medicamentos y a equipos, que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, equipos, ventiladores, todo lo que se requiere.6

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión insta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que:

a) Dé a conocer la cantidad de test de detección tiene aprovisionados y, en su caso, la programación de su entrega.

b) Adquiera el mayor número posible de kits de pruebas de detección y convenir con los estados su distribución equitativa.

c) Adquiriera el mayor número de ventiladores mecánicos y convenir con los estados su distribución equitativa.

d) En coordinación con los gobiernos estatales formule una estrategia para reforzar la infraestructura y equipamiento de los hospitales locales.

e) Que desde el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) se tomen medidas para incentivar que el mayor número de laboratorios públicos y privados se capaciten y certifiquen.

Notas

1 Ver: https://www.gob.mx/salud/prensa/093-necesario-completar-controles-de-ca lidad-para-obtener-reconocimiento-del-indre?idiom=es

2 Ver: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la -conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es

3 Ver: https://www.gob.mx/salud/prensa/092-se-declara-en-sesion-permanente-el- consejo-de-salubridad-general

4 Ver: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la -conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es

5 Ver: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la -conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es

6 Ver: https://lopezobrador.org.mx/2020/03/26/version-estenografica-de-la-inte rvencion-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-la-cumbre-virtua l-de-lideres-del-g20/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federa a considerar por la SHCP recursos suficientes para los programas sociales dirigidos a mujeres, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restituir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 los recursos recortados a los programas sociales dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La operación pública –mediante la creación de instituciones y la formulación de programas, estrategias y líneas de acción, a fin de atender el rezago social que se profundizó en las últimas tres décadas– demanda una correlación directa con los medios que permitan su concreción.

En este punto, resulta necesario reiterar que todo ejercicio gubernamental ha de estar plenamente sustentado, apalancado, con recursos presupuestales que permitan materializarlas, de lo contrario aquello se convierte en un discurso hueco, demagógico.

Las mismas normativas vigentes refieren, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo segundo, la necesidad de atender esta correspondencia:

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley .

La misma Ley establece que el Sistema Nacional de Protección Integral tenga como atribución la de promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 39 que el Ejecutivo federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente ley.

De esa base partimos para asegurar que la ley estipula un mandato claro e inobjetable, que ha de acatarse sin vacilaciones.

Por demás, en la línea de la observancia de los compromisos signados por el Estado mexicano, por cuanto, a diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos de amplios sectores poblacionales, el componente presupuestal supone obligaciones que han de apuntar a la progresividad de los mismos.

Al respecto, en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México – del 25 de julio de 2018– emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se advierte la preocupación del organismo sobre las insuficiencias presupuestales:

15. El Comité acoge con satisfacción la elaboración de una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la creación de varios mecanismos de promoción de la igualdad de género, como las unidades de igualdad de género. Sin embargo, al Comité le preocupan:

a) Los limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Instituto Nacional de las Mujeres para promover la igualdad de género y apoyar su función como principal organismo de coordinación del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres;

b) El hecho de que, a pesar del aumento de las erogaciones destinadas a la igualdad entre hombres y mujeres, que se sintetizan en el anexo 13 del presupuesto federal, el monto asignado siga siendo insuficiente;

Por tanto, recomienda al Estado varias acciones:

16. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aumente los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres y fortalezca su capacidad de promover y controlar la aplicación de las políticas de igualdad de género reforzando su papel en el marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género en los planos federal y estatal;

b) Adopte un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspectiva de género y asigne recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres, vele por la utilización de mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejore el sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer;

(...)

f) Vele por que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres para el período 2013-2024 incorpore los avances ya logrados con el programa anterior, que abarcó el período 2013-2018.

En materia de trata y explotación de la prostitución:

30. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados;

En educación:

38. Recordando el artículo 10 de la Convención y su recomendación general núm. 36 (2017), sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) (...)

b) Garantice recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación plena de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y fortalezca los mecanismos de apoyo para alentar a las muchachas embarazadas y las madres jóvenes a proseguir sus estudios durante el embarazo y después del parto, en particular ofreciendo servicios asequibles de guardería (...)

Sobre empoderamiento económico y prestaciones sociales:

44. El Comité recomienda al Estado parte que:

c) Incremente la asignación de recursos financieros destinados a aumentar el acceso de las mujeres a los microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito financiero a fin de promover su iniciativa empresarial y empoderarlas económicamente, centrando la atención en las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres con discapacidad;

En lo relativo a mujeres del medio rural y mujeres indígenas:

...

46. De conformidad con la Convención y su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y la atención de la salud de las mujeres indígenas y del medio rural, y adopte medidas específicas para garantizar, en la práctica, la igualdad de oportunidades de las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio rural en el mercado de trabajo;

Por otro lado, para el Comité sobre los Derechos del Niños, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México – de junio de 2015–, las políticas y estrategias integrales de los programas federal y locales, deben estar provistos de recursos suficientes para su concreción:

10. El Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Programas de Protección Locales a nivel estatal y municipal sean implementados en tiempo, que incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su adopción efectiva.

Con el arribo de la Administración federal en turno que enarbola el combate frontal a la corrupción, se ha instituido la llamada austeridad republicana que pretende de acuerdo con el discurso oficial eficientar el uso de los recursos públicos evitando todo gasto superfluo, para destinarlo a cuestiones sustantivas que tengan un impacto social visible.

No obstante, la comparativa 2019/2020 –dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación–de los programas sociales dirigidos a garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes revela que esa declarativa no se sustenta.

En un documento elaborado por el área de investigación1 de esta Cámara de Diputados se muestra un panorama nada halagüeño al respecto.

Años y años de empuje social para concebir anexos presupuestales, con programas ad hoc en distintas materias no parecen tener una ponderación positiva dentro de las filas de los funcionarios que encabezan la hacienda pública.

Disminuciones inexplicables en programas importantes, o su desaparición, son evidentes en la citada comparativa. Obviamente, el combate a la corrupción o al desvío de recursos no debe tener como consecuencia lógica, no la puede haber, el instrumentar acciones de astringencia de recursos.

Sanear los procedimientos de asignación presupuestal, vigilar su ejercicio y evaluar sus resultados pareciera ser la mejor ruta para evitar retrocesos en las bases programáticas creadas a lo largo de varios lustros, dados sus evidentes beneficios sociales.

Así, en lo correspondiente a las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por Ramo, se observa el panorama que a continuación se describe.

En el Ramo 11, educación:

– El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se quedó sin recursos; igualmente, el de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

– El de Políticas de igualdad de género en el sector educativo, tuvo una disminución de casi 78 por ciento.

– Mientras que el Programa Nacional de Convivencia Escolar registro una disminución de 61.30 por ciento de sus recursos.

En el Ramo 12, Salud:

– El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras se quedó sin recursos.

En el Ramo 10, Economía:

– El Fondo Nacional del Emprendedor no obtuvo recurso alguno; lo mismo que el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

– En tanto que al Programa de Microcréditos para el Bienestar se le recortaron los recursos en un 20.63 por ciento.

En el Ramo 04, Gobernación:

– La Implementación de políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes, y la Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México, no tuvieron recursos

– También, a la Protección y Defensa de los Derechos Humanos se le recortó el 56.4 por ciento de sus recursos.

En el Ramo 14, Trabajo y Previsión Social:

– A la Ejecución de los programas y acciones de política laboral se le recortó el 15.4 por ciento de sus recursos.

– Al programa de apoyo al empleo, le sustrajeron el 60 por ciento.

En el Ramo 20, Bienestar:

– La Articulación de políticas públicas integrales de juventud mostró una reducción de 17.58 por ciento.

– El Programa de Fomento a la Economía Social, 83.42.

– El Programa de Coinversión Social quedó en ceros.

Tocante al gasto para la atención de niñas, niños y adolescentes,2 para ejemplificar, se tiene lo siguiente:

En el Ramo 04, Gobernación, el presupuesto del programa para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación cayó más de 91 por ciento. La atención a refugiados en el país, se redujo el alrededor de 68 por ciento.

En el Ramo 11, de Educación, el diseño de la política educativa; educación inicial y básica comunitaria; escuelas de tiempo completo; fortalecimiento de la calidad educativa; política de igualdad de género en el sector; producción y transmisión de materiales educativos; programa nacional de inglés; programa para inclusión y equidad educativa, tuvieron retrocesos presupuestales.

En el Ramo 12, Salud, la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; salud materna, sexual y reproductiva, servicios de asistencia social en salud; prevención y atención contra las adicciones, entre otros programas, mostraron reducciones.

En otro ramo, también hubo reducciones en programas de Desarrollo Cultural.

En este contexto, y a guisa de ejemplo, para sopesar la importancia de los programas que han visto menguar sus recursos o de plano han acabado por no tenerlos, citemos lo siguiente.

En su reciente visita a este órgano Legislativo –en los primeros días de enero–, el secretario3 general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), habría conminado a diputadas y diputados pugnar por recuperar el programa de instancias infantiles. Sobre ello señaló:

El tema de las estancias infantiles, por ejemplo. El tema de las instancias infantiles es casi mágico. Resulta que de repente, cuando uno empieza a invertir en estancias infantiles, de repente, hay más mujeres que se pueden incorporar, además aumenta la calidad de educación de los niños, porque en la mejor época de su vida, en la época de formación del cerebro.

Entonces, yo lo que les diría es, por favor: insistan, insistan, insistan en este tema. Asignen ustedes recursos en su diálogo con el Ejecutivo para que puede llevarse a cabo esto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión insta al Ejecutivo federal a restituir los recursos recortados a los programas sociales dirigidos a garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a incrementarlos como lo recomiendan los Comités, para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y sobre los Derechos del Niño, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Notas

1 Ver: Programas Transversales Identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019-2020; páginas 19 y ss.

2 Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en México, 2020; páginas 100 y ss; ver:

3 Ver: enero 9 de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al DIF a reforzar las acciones en favor de grupos vulnerables en situación de calle y adultos mayores, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reforzar sus acciones a favor de grupos vulnerables en situación de calle y adultos mayores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un documento1 concerniente, en particular a mujeres en situación de calle, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, citando a un conocido psicólogo y educador callejero,2 que el término de poblaciones callejeras se refiere la existencia de un grupo de personas que, pudiendo pertenecer a diversos grupos de población, comparten una situación de exclusión económica y social, y experiencias de apropiación de la calle y el espacio público que utilizan como principal área de socialización y obtención de recursos materiales y simbólicos para su existencia.

En el mismo estudio se aduce que no se cuenta con información precisa de dichas poblaciones que habitan o no los alojamientos de asistencia social, a fin de conocer quiénes y cuántos son, dónde se encuentran y qué hacen, lo que imposibilita eficientar la acción pública.

Se asevera también que la garantía de derecho a la identidad sería la base para delinear medidas a favor de la inclusión social, política, económica de quienes se asientan en el espacio público.

En ese orden, la Ley en la materia señala que la asistencia social debe entenderse como como el conjunto de acciones —de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación— tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Todas ellas dirigidas a los sujetos de asistencia social previstos en el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

(...)

f) Vivir en la calle;

(...)

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;

b) Con discapacidad, o

c) Que ejerzan la patria potestad;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales

Quienes tendrán derecho a recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de personal profesional y calificado, y sin discriminación alguna; así como a la confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los servicios que reciban (artículo 10 de la Ley de Asistencia Social)

De ese modo, y de conformidad con el artículo 172 de la Ley General de Salud, se establece que el gobierno federal cuente con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, [y que]dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas.

En concordancia con esta disposición el artículo 27 de la Ley de Asistencia Social estipula que:

Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia [SNDIF] es el Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud.

En consecuencia, el artículo noveno de la citada norma dispone que corresponde al SNDIF —en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada—, y a la Secretaría de Salud, autoridad sanitaria federal, diversas atribuciones en materia de asistencia social, siendo ésta parte integrante de la salubridad general a la que se alude en la fracción XVIII del artículo tercero de la Ley General de Salud, como las siguientes:

• Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social.

• Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social.

• Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social presten las instituciones.

Entre los servicios de asistencia social relativos a la salud se encuentran:

Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud:

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

(...)

VIII. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de zonas marginadas;

(...)

XI. La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo padecen;

(...)

XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario, y

Siendo que dichos servicios pueden ser prestados por cualquier institución pública o privada (artículo 13 de la misma Ley)

En ese tenor, resulta oportuno y necesario exhortar al Sistema Nacional DIF a reforzar los servicios dirigidos a personas en situación de calle y adultos mayores, los cuales, y dada la situación actual de emergencia sanitaria constituyen segmentos poblacionales altamente vulnerables.

En esa línea, es factible potenciar ese reforzamiento, aprovechando su carácter de organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada —artículo 22 de la Ley de Asistencia Social—, donde confluyen los esfuerzos de secretarías, sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de las familias, instituciones privadas de asistencia, institutos nacionales, consejo y otros organismos públicos.

En resumen, la coyuntura exige a las instituciones del Estado ponerse a la altura de la demanda social en beneficio de personas y grupos poblacionales altamente sensibles a la circunstancia presente. De sus acciones oportunas y eficaces depende la continuidad de la vida de quienes por múltiples factores se encuentran en una condición de desventaja estructural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión insta al Sistema Nacional DIF –en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada– a reforzar todos aquellos servicios orientados a la atención de personas en situación de calle y adultos mayores, al ser segmentos poblacionales altamente vulnerables, en virtud de la emergencia sanitaria actual.

Notas

1 Ver: Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera (2019)

2 Juan Martin Pérez. Psicólogo y Educador callejero. Fundador y director de la ONG: El Caracol, AC, una organización mexicana especializada en poblaciones callejeras.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a informar a la opinión pública sobre el estado de la seguridad pública en México, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Como nunca, la ciudadanía percibe a la inseguridad como uno de los problemas más graves del país, a pesar de que nuestro presidente dice que el país está tranquilo y sin delincuencia.

Al contrario de lo que él dice, la violencia en el país durante en la presente administración se recrudeció también en el caso de los delitos de género. No sólo los homicidios dolosos están en su nivel histórico más alto, también los feminicidios.

Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundidas anoche, en las que se señala que en el primer cuatrimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 323 feminicidios en todo el país.

Se trata de una cifra 32 por ciento mayor a la registrada en el periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018, cuando hubo 245 feminicidios; 48 por ciento más al periodo diciembre 2016 a marzo 2017, cuando hubo 218 casos, y 69 por ciento mayor a la cifra de diciembre 2015 a marzo 2016, cuando hubo 191 feminicidios.

Las cifras indican que en términos absolutos Veracruz ocupa el primer lugar nacional, pues, entre enero y marzo registró 46 casos, más del doble de los ocurridos en el Estado de México, segundo lugar de la lista, con 21 casos.

Si se analiza por la tasa por cada 100 mil habitantes:

• Sonora ocupa el primer lugar, con una tasa de 1.29,

• Veracruz, con 1.08;

• Tabasco, con .78;

• Morelos, con .77, y

• Coahuila, con una tasa de 58%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la percepción de la inseguridad de los ciudadanos mexicanos aumentó al pasar del 71.3% en septiembre de 2019 al 72.9% en diciembre.

Esto significa que el 72.9% de la población de 18 años y más, percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un aumento de 1.6 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

Este porcentaje “representa un cambio estadísticamente significativo” respecto al trimestre anterior y tampoco “es estadísticamente diferente” al 73.7% registrado en diciembre de 2018, cuando asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, aclaró el organismo en un comunicado.

“La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8%”, detalló el INEGI.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Puebla de Zaragoza (92.7%), Tapachula (92.1%), Ecatepec de Morelos (92%), Uruapan (92%), Fresnillo (91.9%) y Tlalnepantla de Baz (90.9%).

En contraste, los municipios con menor percepción de inseguridad fueron Mérida (18.9%), San Pedro Garza García (18.9%), San Nicolás de los Garza (31.7%), Saltillo (32.1%), Los Cabos (32.7%), y Puerto Vallarta (34.2%).

La investigación también encontró que 35.3 % de los hogares a nivel nacional contó con al menos una víctima de robo o extorsión durante el segundo semestre de 2019.

Además, en la segunda mitad del año pasado se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del que 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción.

Por primera vez, el ENSU proporcionó una estimación de víctimas de acoso personal y violencia sexual, al informar que, en los últimos seis meses del 2019, 19.4% de la población mayor a los 18 años reportó ser víctima de estos delitos.

En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 27.2%, mientras que en hombres fue de 10.1%.

Por otra parte, un 81,6 % de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

En lo relativo al transporte público, un 74.3% siente peligrosidad, cifra que disminuye al 68.9% cuando las personas se encuentran en un banco y al 65.3% en las calles que habitualmente transitan.

Un 33.6% de los mexicanos consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá empeorando.

El 28.9% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses.

Esto “representa un cambio estadísticamente significativo de 9.9 y 2.5 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2018 y septiembre de 2019, respectivamente”, esto refleja el estudio citado.

La inseguridad nos hace perder a todos, pero quien pierde más son los pobres. No es de sorprender que las mayores tasas delictivas se concentren en las regiones de menores ingresos.

En México existen 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que representan 25.7 por ciento de la población total, 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

De estos jóvenes que no trabajan y no estudian son 3,9 millones de personas de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Educación y Empleo elaborada por el INEGI.

Este grupo poblacional le cuesta a México 194.090 millones de pesos anuales o 0,9% del Producto Interno Bruto, según un reporte de la OCDE publicado en enero de este año.

En 2010, José Narro, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo referencia al término y señaló que se contabilizaban más de siete millones de jóvenes en esta situación. No obstante, esta cifra puede ser imprecisa. El artículo Ninis: factores determinantes, publicado en diciembre de 2017 en la revista Realidad, Datos y Espacio del INEGI, indica que existen varios factores para contabilizar a los jóvenes y diversas variables para que una persona pueda ser catalogada como nini. Estas variables incluyen la localidad en la que vive, el entorno del hogar y las del propio individuo.

Los 3.9 millones de jóvenes mexicanos que actualmente existen, que ni trabajan ni estudian como lo dijo José Narro, rector de la UNAM– pueden alimentar la bolsa de trabajo del crimen organizado, porque han encontrado más oportunidades en las industrias ilícitas –en el mercado informal en el mejor de los casos que en las universidades públicas o en las empresas legalmente establecidas.

El problema de la inseguridad, de no resolverse, puede quitar viabilidad al Estado mexicano, necesitamos un gobierno que dé certeza y seguridad a los ciudadanos y que no actué a través de ocurrencias vulnerando y volviendo vulnerable e incluso a una de las instituciones con más credibilidad como es el Ejército Mexicano.

Resulta urgente que nuestra legislación y sobre todo quien tenga que aplicar las leyes en las materias lo hagan de una manera firme y conocimiento no como lo que ha sucedido en los últimos días con la detención y luego escapatoria del hijo de Chapo donde la impactante rendición de las fuerzas mexicanas terriblemente superadas, como rehenes de los criminales y obligadas a liberar a un sospechoso prominente bajo su custodia y donde el gobierno guardó silencio y les pidió a los ciudadanos que permanecieran al interior de los inmuebles, eso no es dar seguridad a los ciudadanos.

Y así podemos citar varios ejemplos como el aumento de feminicidios en el país, la destitución de personas con vasta experiencia y conocimiento en puestos estratégicos, por lo que se agrava más el tema.

Resultan urgentes mejoras en nuestro sistema integral de seguridad; no heroísmos espontáneos, en el mejor de los casos, que al corto tiempo sólo se descubren como fines mediáticos para elecciones venideras. Se necesita un aparato real de información y estrategia nacional; no sólo publicidad que se jacte de los logros obtenidos con datos que solo tiene el gobierno y que la realidad supera cualquier tipo de crueldad en nuestro país, perdiendo miles de vidas inocentes y por supuesto, de nuestro destacado ejército, quien se entrega en cuerpo y alma en este frente.

Todos los que estamos en este momento como servidores públicos sin meter colores debemos de ponernos la bandera mexicana y desempeñar nuestro encargo para velar y proteger la seguridad y bienestar de los mexicanos.

Ya que nuestro actual gobierno no tiene aún, una clara y precisa logística nacional, dado que sólo basta estar citando los errores del pasado, que, si reconocemos que los hay, pero nuestro compromiso está en proponer y hacer nuestro trabajo en este momento y es protegiéndonos como país, sin necesidad de estar dividiendo a una población demasiado lastimada por malas decisiones de los mandatarios.

Las estrategias equivocadas de parte del Ejecutivo Federal y las malas decisiones han creado un México gris temeroso. En este sentido, surgen las interrogantes de cuál es la ruta que se está trazando para el combate al narcotráfico, su estrategia y sobre qué premisas de garantías jurídicas y de seguridad se están ejerciendo para la tranquilidad y bienestar de todos los ciudadanos mexicanos.

En otro tenor, hay que enfatizar los señalamientos que hacen organizaciones de la sociedad civil sobre la flagrante violación de derechos humanos que en la lucha

contra la inseguridad se han cometido en los últimos años; Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, todos coinciden en lo mismo.

Estos hechos pueden confirmar que el respeto de los derechos humanos ha pasado a segunda instancia en el orden de importancia de la agenda de seguridad del país.

De nada sirve combatir a la delincuencia si al hacerlo, se vulneran las garantías individuales de los ciudadanos. Los medios importan para justificar el fin.

Es necesario conocer las estrategias que el Ejecutivo Federal está implementando en el tema de Seguridad Publica, ya que, al ser un tema tan sensible y delicado para el bienestar de los mexicanos, se requiere que estás sean claras y precisas, para que en verdad permitan reducir los niveles tan altos de violencia que existen actualmente en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a considerar la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana C. Alfonso Durazo Montaño, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, a efecto de que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México, así como las acciones implementadas en la materia.

Segundo . Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a definir el formato en que se desarrollará la comparecencia y someterlo a consideración del Pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar con los gobiernos locales y los ayuntamientos un protocolo de seguridad y equipamiento sanitario a efecto de mitigar y controlar los riesgos del Covid-19 que puedan adquirir los servidores públicos en activo, garantizando la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones y sus derechos humanos, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Saraí Núñez Cerón y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que coordine con los gobiernos de las entidades federativas y municipios un protocolo de seguridad y equipamiento sanitario para la mitigación y control de los riesgos del Covid-19 que puedan adquirir los servidores públicos que están en activo, garantizando la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones y sus derechos humanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que México había entrado en la fase 2 de la pandemia de coronavirus, el 24 de marzo, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo que estipula las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el coronavirus.

El Acuerdo fue firmado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer y avalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ello parte de la manifestación de cinco casos de contagio local, que van más allá de la etapa de transición que sostenían ante medios de comunicación las autoridades sanitarias.

La evolución de la enfermedad por el nuevo coronavirus, al ser considerada local, primeramente, por instancias internacionales, y recientemente por el Gobierno Federal, conforme a sus características, apunta a volverse más veloz en transmisión y agudizarse de no tomar las medidas pertinentes.

El bienestar físico, mental y social de las personas se garantiza conforme al Acuerdo publicado en el DOF, al ser éste un documento de política pública en el que las autoridades y la ciudadanía habrán de conducirse para mitigar el brote del Covid-19 conforme a la ley.

Otra garantía importante para la ciudadanía, es el aval de la OMS y la serie de recomendaciones que ha provisto que, conforme a los términos de la Ley General de Salud, competen a la Secretaría de Salud.

El Acuerdo también señala que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de las tres órdenes de gobierno, están obligadas a implementar las medidas preventivas contra el coronavirus.

La implementación de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, así como la garantía de acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves también forman parte de las acciones destacadas.

Igualmente, se establece evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años en adelante, así como a grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave o morir a causa de ella. Dicha población, conforme a la ley, tiene permiso con goce de sueldo y demás prestaciones.

A estos grupos, se incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.

Asimismo, las actividades escolares en todos los niveles, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; también aplica para los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Por lo antes mencionado, todas y cada una de las medidas implementadas son adecuadas pero los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán conformar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la mitigación del virus, además de garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras y de los usuarios de sus servicios, el cual en la práctica hay un total desorganización y desabasto de materiales sanitarios para la protección de los servidores que están laborando.

Otro punto relevante del Acuerdo consiste en el cumplimento de las relaciones laborales, que se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley, Condiciones Generales de Trabajo que correspondan al plazo del Acuerdo, avalado también por la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en estricto respeto a los derechos laborales en los sectores público, social y privado.

Este punto de acuerdo surge por aquellos trabajadores de los tres niveles de gobierno como son los servicios municipales de limpia, agua y saneamiento, jardinería, protección civil, seguridad pública, bomberos, médicos, paramédicos, enfermeras, trabajadores de CFE, operadores de casetas, apoyo vial en carreteras, operadores de trasporte público, guardia nacional, marina, entre otros.

Un claro ejemplo de que no hay apoyo a estos sectores es como lo demuestran las siguientes notas periodísticas:

“Trabajadores de limpieza, los más vulnerables en el Metro ante el Covid-19”.1

“médicos y enfermeras lanzan SOS: vamos a la guerra sin fusil, médicos de toda la república denuncian las medidas poco eficientes y falta de insumos además de protocolos para combatir el Covid-19”.2

“Médicos y enfermeras cerraron la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE, luego de cancelar consultas por falta de insumos para atender el coronavirus y así resguardar la seguridad del personal de salud y los derechohabientes”.3

“Hay 3 contagiados de Covid-19 en Izúcar; son médicos.”4

“Recolectores de basura de Mazatlán temen contagio de Covid-19”5

“Previenen contagios entre pepenadores les dan cubrebocas y guantes, para prevenir alguna infección o contacto directo con el Covid-19”.6

Por lo anterior mente expuesto, surgen casos diarios de negligencia de protocolos de seguridad y equipo de sanidad para estos trabajadores antes mencionados, tenemos que tomar en cuenta que las cifras son alarmantes del riesgo de contagio según el informe del Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (Covid-19) del día 30 de marzo de 2020 publicado a las 19:00 horas de la Secretaria de Salud Federal menciona que:

“Al 30 de marzo de 2020, 693,224 casos confirmados (58,411 casos nuevos) de Covid-19 y 33,106 defunciones (3,215 nuevas defunciones). Tasa de letalidad global: 4.8%. (Ver, Gráfico de Tasa de letalidad global de casos nuevos de Covid-19 por SARS-CoV-2).

La OMS clasifica la distribución de casos y defunciones de acuerdo a sus regiones.

En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 76% (526,635 casos) del total de casos acumulados.

Hasta la fecha, se han reportado casos en 202 países, notificados en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

En México hasta el día de hoy se han confirmado 1,094 casos y 28 defunciones por Covid-19 en: Ciudad de México (8), Jalisco (3), Sinaloa (3), Hidalgo (2), San Luis Potosí (2), Coahuila (1), Durango (1), Estado de México (1), Michoacán (1), Morelos (1), Oaxaca (1), Puebla (1), Querétaro (1), Quintana Roo (1) y Veracruz (1).

Las entidades: Estado de México (1), Puebla (1) y Jalisco (4) tuvieron como hallazgo resultado POSITIVO a SARS-CoV-2, por lo que se consideran PORTADORES al continuar sin desarrollar signos y síntomas de la enfermedad.”7

Por lo anterior el gobierno federal publicó las medidas de seguridad sanitaria Consejo de Salubridad General, el lunes 30 de marzo de 2020.

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

“Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.

Inciso c): Los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transportes de pasajeros y carga; producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.

Inciso d): La operación de los programas sociales del gobierno.

Inciso e): La conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables como ser los de: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel, entre otros más que pudieran ser definidas bajo esta categoría”.

Es por lo antes expuesto, que tenemos que cerrar filas contra esta emergencia mundial sanitaria y dotar de un protocolo y material sanitario a todos aquellos que arriesgan su salud diariamente para brindar un servicio público para toda la ciudadanía.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que coordine con los gobiernos de las entidades federativas y municipios un protocolo de seguridad y equipamiento sanitario para la mitigación y control de los riesgos del covid-19 que puedan adquirir los servidores públicos que están en activo, garantizando la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones y sus derechos humanos

Notas

1 https://www.proceso.com.mx/622996/trabajadores-de-limpieza-vulnerables- metro-covid19

2 La Silla Rota, llame a nuestro servicio sindicado: Nayeli Cariño Tels. (52) 5592.3401 y 5514-8050. O escriban a nayeli.carino@lasillarota.com

3 https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/art iculo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=

https://www.elnorte.com/cierran-clinica-del-issste-en-tamaulipas/
ar1908440?v=1&Fuente=MD&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a--

4 https://www.elpopular.mx/2020/03/26/municipios/hay-3-contagiados-de-cov id-19-en-izucar-son-medicos

5 https://www.debate.com.mx/mazatlan/
Recolectores-de-basura-de-Mazatlan-temen-contagio-de-Covid-19-20200330-0300.html

6 https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/previenen-contagios-entre-pepe nadores-4978419.html

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544275/C omunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.30.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
7 de abril de 2020.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a otorgar un descuento mínimo de 30 por ciento en los consumos de electricidad hasta por dos bimestres, de mayo a agosto de 2020, para apoyar a los ciudadanos a enfrentar la contingencia por la pandemia del coronavirus, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular Comisión Federal de Electricidad, para que otorgue un descuento de por lo menos el treinta por ciento sobre los consumos eléctricos, hasta por un período de dos bimestres correspondientes de mayo a agosto de 2020, con el objeto de apoyar a la ciudadanía a hacer frente a la contingencia de la pandemia por el coronavirus, con base en las siguientes

Consideraciones

“La energía es un elemento central del desarrollo. Sin ella, las comunidades viven en la oscuridad, los servicios esenciales como los establecimientos médicos y educativos se ven seriamente afectados, y las empresas operan bajo graves limitaciones. La energía hace posibles las inversiones, la innovación y las nuevas industrias que son los motores de la creación de empleo y del crecimiento para economías enteras. El acceso universal a un nivel asequible, confiable y sostenible de energía –Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7– resulta esencial para lograr otros ODS, y constituye el eje de los esfuerzos para hacer frente al cambio climático.

Hoy en día, cerca de 1000 millones de personas aún viven sin electricidad, y cientos de millones más viven con un suministro insuficiente o poco confiable.

Al mismo tiempo, aproximadamente 3000 millones de personas utilizan combustibles contaminantes como leña u otra biomasa para cocinar o calefaccionar sus viviendas, lo que genera contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados que tiene impactos generalizados en la salud”.1

En muchos países las escuelas, teatros, cines, bares y restaurantes están cerrados, los medios de comunicación y las autoridades recomiendan no viajar, ya sea por ocio o por trabajo y las fronteras se están cerrando.

A partir de la declaratoria de la fase II por pandemia de coronavirus (Covid-19), las actividades de los habitantes del país se han modificado, la suspensión de actividades en dependencias, la desaceleración del sector empresarial y comercial ha llevado a un gran número personas a resguardarse en sus viviendas y a la economía en general se está viendo afectada por estos factores.

El estado de emergencia que vive el país, está limitando los establecimientos comerciales y está parando la industria nacional, de continuar con esta tendencia no podrán permanecer abiertos por mucho tiempo y se verán en la necesidad de despedir personal en el mejor de los casos antes de cerrar sus puertas.

El tiempo apremia y por desgracia la crisis por Covid-19 no tiene una fecha determinada de caducidad, los efectos están siendo cada vez más notorios, nuestra vida cotidiana ha cambiado la rutina del trabajo y entretenimiento de los ciudadanos y el sector eléctrico no se encuentra al margen de los cambios.

Si bien es cierto, no es fácil determinar cómo y en qué medida van a afectar estos hechos en la demanda de electricidad. Lo que sí es un hecho es que varias industrias se han visto en la necesidad de parar sus procesos productivos, algunas empresas, en la medida de sus posibilidades, están trabajando en línea desde sus viviendas, los comercios están al 30 o 40% de su capacidad y muchos otros han cerrado temporalmente por las bajas ventas y el alto costo de mantener abiertos los negocios.

Sin embargo, es muy probable que con la entrada de la fase II, y la anunciada llegada de la fase III anunciada por el Sub secretario de Salud López Gatell, en los próximos meses observaremos ciertos cambios en la industria y comercio.

La pregunta es, además de los estragos sanitarios, económicos y sociales que ha traído la pandemia por Covid-19 ¿Qué efectos secundarios traerá consigo?

Una advertencia que hace la OIT que no se debe desestimar, es que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera desproporcionada, como son las personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, en particular los jóvenes y los trabajadores adultos mayores, las mujeres, los comerciantes informales y los migrantes. Esto definitivamente agravaría la desigualdad.

Esta delicada situación mundial, ha provocado respuestas por parte de diferentes países. Por ejemplo, entre las medidas para apoyar a la economía de sus ciudadanos, El Salvador suspendió el pago de los servicios públicos de electricidad y agua; congeló el cobro de créditos hipotecarios, personales y de tarjetas; suspendió el pago de teléfono, cable e internet; y suspendió el pago a créditos de las casas comerciales.

Otros factores de afectación serán; la inseguridad, el cambio climático en consecuencia de la rutina distinta de los consumidores, en relación al sector eléctrico nacional, el paro evidente en muchos desarrollos estratégicos. Traerá problemas para los consumidores que dispongan de menor riqueza y liquidez, también la industria y el comercio sufrirán un golpe para cubrir el gasto del pago de facturas sin generar recurso, así como también la demanda en las viviendas aumenta y se sobrepasará, por mucho, el subsidio que otorga la CFE, afectando al último eslabón de la cadena, las familias, aunado a la probable falta de pago por los precarios o nulos ingresos de los consumidores ante la incertidumbre laboral.

En este tenor, se han dejado escuchar distintos sectores empresariales, políticos y sociales en relación a buscar un apoyo en el consumo de electricidad ante la gravedad del paro del desarrollo económico por pandemia y los efectos colaterales que tendrá.

Dichos efectos, se verán reflejados en las facturas eléctricas de los siguientes dos períodos, puesto que las autoridades sanitarias calculan que será la etapa de mayor impacto de la emergencia sanitaria que perjudicará la economía de los mexicanos.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de La Paz, Baja California Sur, pidió una disminución del a la tarifa eléctrica de 50% para el consumo residencial, comercial e industrial en toda la entidad. Debe quedar claro, que no se trata sólo de una emergencia sanitaria mundial, sino también de una significativa crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas.

La CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete (1, 1A, 1B y hasta 1F) se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. La tarifa se calculará de forma distinta según la zona geográfica, porque en los lugares con temperaturas más altas se utiliza más electricidad, por lo cual la CFE otorga mayor subsidio a estas regiones.

El octavo tipo de tarifa no depende de la temperatura de la zona geográfica, sino de la forma de consumo. Se trata de la tarifa doméstica de alto consumo, (DAC). Esta tarifa se aplica cuando se excede el límite establecido para la localidad del consumo mensual promedio de los últimos 12 meses. Será evidente que, con el aislamiento de las familias en los hogares el consumo aumentará sustancialmente, los hábitos de consumo de electricidad cambiarán y, en este caso, el importe a pagar puede ser de más del doble.

Por otra parte, para cada una de las siete tarifas regionales (a excepción de la DAC), existen dos categorías establecidas de acuerdo a ciertos límites de consumo. En la primera categoría se aplica al consumo básico e intermedio; en la segunda, al consumo excedente.

Es necesario mencionar, que la CFE aplica subsidios al consumo, sin embargo, el costo aumenta según el consumo y la brecha varía según el tabulador del servicio DAC.

¿A quién aplica?

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera.

¿Qué refiere el alto consumo?

Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad.

¿Cómo se define el consumo mensual promedio?

El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses.

2

Con el objeto de apoyar a la ciudadanía a hacer frente a la contingencia de la pandemia por el coronavirus, se propone otorgar un descuento de por lo menos el treinta por ciento sobre los consumos eléctricos, hasta por un período de dos bimestres correspondientes de mayo a agosto de 2020.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para que aplique una reducción del treinta por ciento en el servicio doméstico de alto consumo y en suministro eléctrico de media tensión con demanda menor a 1 MW, para los bimestres subsecuentes de mayo-junio y julio-agosto de 2020.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para que pondere el aumento del límite de la aportación gubernamental (subsidio) durante el período de los bimestres subsecuentes de mayo-junio y julio-agosto de 2020.

Notas

1 https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview

2 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRE Casa/Tarifas/TarifaDAC.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a llevar a cabo acciones dirigidas a conceder subsidios o estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas con problemas asociados a la pandemia del Covid-19 para evitar el cierre de actividades y el despido de trabajadores, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias urgentes con el objetivo de conceder subsidios o estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas con problemas asociados con la pandemia del coronavirus (Covid-19), para evitar el cierre de su actividad y el despido de trabajadores, con base en las siguientes

Consideraciones

Los últimos resultados disponibles de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Inegi, son del año 2018, y se publicaron en 2019. De acuerdo a estos resultados en México la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas y gran parte de la actividad económica y el empleo está estrechamente ligado a ellas; de ahí la trascendencia de contar con información estadística para caracterizarlas.

Durante 2018 se registraron poco más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en México, clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. De estas, 4 millones 57 mil 719 son microempresas, y 111 mil 958 pequeñas y medianas empresas.

Las microempresas no tienen más de diez empleados y les dan empleo a diez millones de personas. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas les dan trabajo a otros ocho millones de personas; en total, las Mipymes emplean a 18 millones de mexicanos.

“En nuestro país los efectos de la pandemia de coronavirus (Covid-19) pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos.”1 “Y dentro de los sectores económicos que se verán afectados están las micro, pequeñas y medianas empresas y las actividades ligadas al turismo, a la construcción, al sector financiero, y al sector minorista.”2

En muy poco tiempo, esta situación se traduciría en que más de 82 millones de personas en el país carecerían del ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar. El distanciamiento social y confinamiento, sin duda necesarios para evitar el contagio en esta época de pandemia, están derivando en cierre de negocios, estancamiento de la economía y perdida de fuentes laborales.

Por lo que, frente a este escenario, simultáneamente a la estrategia para evitar los contagios y atender a la población afectada por la pandemia, debe instrumentarse un plan emergente para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de evitar cierre de empresas y pérdida de empleos.

Estas empresas ya están enfrentando la falta de ingresos por la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, y lo están haciendo sin ningún apoyo por parte del gobierno federal. Las Mipymes que no han despedido a sus trabajadores, es porque han logrado acuerdos para poder bajar salarios sin que se vean en la necesidad de despedirlos.

Pero hay otras empresas de este tipo que no tienen los recursos suficientes para poder hacer frente a esta crisis, por lo que ya se empiezan a ver los efectos en la perdida de fuentes de empleos y cierres de negocios.

En este escenario, los apoyos del gobierno sólo se dirigen al sector informal o a determinado grupo, quedando fuera la mayor parte de los negocios considerados Mipymes. La posición del titular del Ejecutivo federal ha sido que no habrá otro Fobaproa, que no ayudará a personas y empresas que tienen recursos y que no lo necesitan.

La pregunta es: ¿cómo sabrá que personas o empresas tienen recursos para afrontar la crisis? Y sobre todo en el caso de las Mipymes que no se les voltea a ver por parte del gobierno.

Pero, ¿Qué han hecho otros países frente a esta crisis que demanda acciones inmediatas? “Chile dedicará recursos equivalentes a 4.7 por ciento de su PIB, Brasil 2.2 por ciento, Perú 2.1 por ciento, Argentina 1.5 por ciento y Colombia 1.3 por ciento. Costa Rica declarará moratoria al pago de impuestos, y Cuba subsidiará a los trabajadores que enfermen. Ecuador aplazará tres meses el cobro de las cuotas de la seguridad social, Guatemala ya autorizó subsidios focalizados a la población pobre, y Venezuela creará un bono especial, según su registro de condiciones sociales.”3

“Los gobiernos de Alemania y Dinamarca se han comprometido, bajo condición de no despidos, a pagar parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas. En Estados Unidos, por su parte, se aprobó un paquete de estímulos de 2 billones de dólares. De estos, resaltan 367 mil millones para préstamos a pequeñas empresas y negocios, 150 mil millones para gobiernos locales y estatales, y 130 mil millones para hospitales. En cuanto a las transferencias directas, se aprobó un cheque de una sola vez por 1200 dólares para todos los norteamericanos que ganan menos de 75 mil dólares al año. Asimismo, y en varios países, las empresas han anunciado créditos blandos para sobrellevar la crisis.”4

En este contexto, es urgente la acción del gobierno federal para que instrumente un programa específico de subsidios o estímulos para evitar la bancarrota de micro, pequeñas y medianas empresas, con esta acción también se estaría rescatando la economía familiar de millones de trabajadores.

Es de destacar que las mujeres cabeza de familia serán las más afectadas, porque muchas de ellas trabajan en Mipymes y la tendencia va en aumento. Cifras del Inegi citan que; Los hogares también se clasifican de acuerdo con la persona que los dirige.

La información de la Encuesta Intercensal 2015, muestra que el 29 por ciento del total de los hogares son dirigidos por una mujer, esto significa que 9 266 211 hogares tienen jefatura femenina. La jefatura femenina aumentó 4 puntos porcentuales entre 2010 y 2015.5

Es un hecho que se requiere de recursos públicos para evitar la pérdida de empleo, pero hay que tener claro que los programas sociales actuales no resuelven el problema del empleo ni de los ingresos perdidos, ayudan, pero no resuelven, porque no están dirigidos a las empresas.

Por todo ello, la presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar al Ejecutivo Federal para que conceda subsidios o estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas con problemas asociados con la pandemia del coronavirus, con el objetivo de evitar el cierre de su actividad y el despido de los trabajadores. El artículo 39 fracción III del Código Fiscal de la Federación lo faculta para ello.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias urgentes con el objetivo de conceder subsidios o estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas con problemas asociados con la pandemia del coronavirus (Covid-19), para evitar el cierre de su actividad y el despido de trabajadores.

Notas

1 Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México, México, marzo 2020, p. 1.

2 Ibídem, p. 3.

3 Ibídem, p.1.

4 Ibídem, p.2.

5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar por la ASEA visitas de inspección y hacer pública la información sobre la tala de bosques de manglares y la viabilidad operativa de la construcción de la refinería de Dos Bocas, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Se crea por la importancia de la seguridad industrial y protección al medio ambiente en la reforma energética del 2013. En su artículo décimo noveno transitorio se establecieron las bases para la creación de una agencia gubernamental encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en dichas temáticas.1

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario.

b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado.

El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones.2

Como se puede observar, a la Agencia le corresponde emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de este sector. Artículo 129 del Capítulo VII de la Ley de Hidrocarburos.3

Los aspectos que regula son los siguientes: 2.4 millones de barriles de petróleo al día, 6.5 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día, 9,300 pozos terrestres, 250 plataformas marinas, 12,000 gasolineras, 60,000 km de ductos, 111 terminales de almacenamiento y distribución, 6 refinerías, 9 centros procesadores de gas natural y 3,300 centros de distribución de carburación de gas LP.4

Según lo establecido en la Ley Federal de Meteorología y Normalización en su artículo 18 fracción quinta señala:

“Corresponde a las dependencias según en el ámbito de su competencia: Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas;

Y en su fracción séptima: “Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los proyectos de regulaciones técnicas de otros países, en los términos de los acuerdos y tratados internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación sobre un sector específicos.

Por su parte, en la nueva administración se dio paso a la construcción de una nueva refinería en el sureste del país, con el objetivo de incrementar la elaboración de productos con mayor valor agregado, cuidando la balanza comercial e impulsar el desarrollo económico de la zona, la creación de empleos, desarrollo de puertos, bienes y servicios entre otros.

Sin duda, el proyecto denominado “Dos Bocas” en Paraíso, Tabasco, es una mega obra ambiciosa que requiere de una gran inversión de más de 8,000 millones de dólares, pero también lleva consigo la destrucción de zonas naturales protegidas, el cambio de hábitat de la flora, la fauna silvestre y de especies endémicas que coadyuvan con el medio ambiente para el equilibrio ecológico y se están viendo afectadas por dicha construcción.

No obstante, a más de un año del comienzo de la edificación de la nueva refinería en el municipio de Paraíso, Tabasco, distintas fuentes de información han difundido investigaciones en torno a las repercusiones negativas que tiene la construcción de la refinería en la zona.

Varias versiones señalan que ese mega proyecto está muy lejos de poder lograr convertirse en lo que pretende, simplemente por el hecho de la amenaza constante de los efectos naturales que conlleva el construir a menos de 200 metros de la costa, en territorio pantanoso y dentro de una de las zonas más diversas e importantes en toda la región de Norteamérica.

La intención de construir esa refinería ya costó a México en julio de 2018 la desaparición de una docena de hectáreas de mangle, siendo que el permiso de la ASEA vino un año después.

La destrucción del medio ambiente y la violación a las normas ambientales ha sido evidente, en enero de 2019, la ASEA multó a una empresa con 700,000 dólares por la destrucción de los árboles.

Es de señalar que, cuando la ASEA concedió a Petróleos Mexicanos (Pemex) el permiso de construcción condicional en agosto de 2019, prohibió a la compañía interferir con el área restante de mangle.5

En adición a las multas impuestas, por lo que corresponde a la compensación por las violaciones en materia forestal, se impuso la obligación de establecer un programa de reforestación del mangle en 82. 8 hectáreas fijándose montos de inversión mínimos para el cumplimiento de dichas medidas.

Por su parte, en lo que corresponde a la compensación por violación en materia de impacto ambiental, se impuso la obligación de establecer un programa de preservación de flora y fauna silvestre, también con base al monto mínimo de inversión.

Los montos de las medidas de compensación mínimos a invertir están determinados con base en los servicios ambientales que fueron afectados por las actividades realizadas.

Cabe destacar que el área había sido previamente intervenida por cultivo de coco y mango, además de contar con la presión antropogénica por zona urbana y actividad industrial. El monto global que deberá cubrir la empresa particular sancionada por ambos rubros supera los 13 millones 900 mil pesos.6

Por lo antes expuesto, se presuponen violaciones a la normatividad. Por lo que se solicita se revise la obra y que se certifique que la misma, no contraviene las Normas Oficiales.

Pero desde entonces, se han reducido todavía más los bosques de manglar en la zona afectada y aparentemente existen múltiples caminos creados para proporcionar acceso a vehículos donde los manglares vivían anteriormente.

No obstante, aparentemente Petróleos Mexicanos no ha obedecido las normas establecidas por la ASEA, porque, para continuar con la construcción de la refinería y está derribando bosques de manglar protegidos.

El mismo gobierno, acepta la necesidad de acciones coordinadas declarando que están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.7

Cabe mencionar, que ya se han presentado bloqueos humanos por parte de la comunidad de Paraíso para impedir el tránsito de vehículos de carga, porque han destrozado los topes y han pulverizado la vía,8 dejando clara la falta de seguridad operativa y de los habitantes de la región, que existen deficiencias en la planeación de la construcción y deja al descubierto que no se contemplaron la estabilidad y durabilidad de los caminos.

Es de señalar, que los manglares ordinariamente habitan en aguas costeras poco profundas, capturan de tres a cinco veces más carbono que la flora continental y resguardan las playas de tormentas e inundaciones causadas por el cambio climático.

Una fuente periodística publicó el 6 de marzo de este año que:

“Desde entonces, se han reducido todavía más los bosques de manglar en la zona afectada y aparentemente existen múltiples caminos creados para proporcionar acceso a vehículos donde los manglares vivían anteriormente, informó el portal Quartz.

En reuniones privadas, la ASEA negó las solicitudes hechas por Pemex durante varios meses en 2019 para cortar más manglares con el fin de construir un puente fuera del área pantanosa, dijeron a Quartz dos fuentes familiarizadas con el proyecto. Pemex y la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador no respondieron a solicitudes de comentarios y la ASEA también declinó opinar.

Los responsables de la deforestación podrían ser encarcelados por hasta nueve años, si una inspección del sitio confirma que se han reducido más manglares, dijo Gustavo Alanis-Ortega, presidente del Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, una organización sin fines de lucro. ASEA podría imponer por separado multas adicionales e incluso revocar el permiso de construcción, dijo.

Es poco probable que la ASEA tome medidas enérgicas contra Pemex. Poco después de emitir el permiso de construcción restrictivo, el director ejecutivo de la ASEA, Luis Vera Morales, renunció y su reemplazo fue Ángel Carrizales López, es un ex ayudante de López Obrador. Él había sido nominado por el presidente para la Comisión Reguladora de Energía, pero el Senado lo rechazó y su nombramiento para dirigir la ASEA no requirió de la aprobación de los senadores. Desde entonces, Carrizales canceló la multa contra el tercero que admitió la destrucción original, dijeron las fuentes a Quartz.

Los manglares, que generalmente viven en aguas costeras poco profundas, capturan de tres a cinco veces más carbono que la flora continental y ayudan a proteger contra las tormentas e inundaciones causadas por el cambio climático. La destrucción del bosque ha expuesto aún más el sitio, que ya estaba en riesgo de inundación.

En 2014, se advirtió a Pemex que el puerto de Dos Bocas ocupaba el séptimo lugar en la lista de todas las instalaciones de la compañía más amenazadas por el cambio climático de las 35 que figuran en una presentación dada a Pemex y vista por Quartz. La presentación, que fue compilada por el Centro Mario Molina, una organización ambiental sin fines de lucro, calificó el riesgo de inundación de Dos Bocas en 5 de 5”.9

Imperativo mencionar, que los manglares son uno de los tipos de humedal que cumplen una serie de funciones esenciales para el cuidado el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, como la pesca, el ecoturismo, y así garantizar la salud de los habitantes de la zona.

Según la SEMARNAT, los humedales son zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres que están temporal o permanentemente inundadas. Algunos ejemplos de ellos son: manglares, lagunas costeras, pastos marinos, pantanos, ciénagas y arrecifes de coral.

Algunas de las características de los humedales son:

• Sirven como defensa ante el cambio climático

• Agua para el consumo humano

• Atractivos para el turismo

• Alta productividad pesquera

• Recarga de los mantos acuíferos

• Protección ante huracanes y tormentas

• Refugio de las aves migratorias

Los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, por lo que es necesario llevar a cabo acciones que aseguren el mantenimiento de sus características ecológicas.10

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Es el único tratado mundial que se centra en un único ecosistema.

Es necesario señalar que el Estado Mexicano forma parte de la Convención celebrada en la ciudad de Ramsar, Irán el 2 de febrero de 1971.

La convención esta manifiesta en la Ley General de Vida Silvestre, en su Artículo 60 TER:

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.12

Adicionalmente, lo establecido en la convención es un mandato que debería tener consecuencias sancionadoras, esto, debido a que nuestra Carta Magna lo establece en el artículo 133 que a la letra dice:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.13

Por lo anterior, la Convención Ramsar debe de considerarse como una ley suprema y su cumplimiento es responsabilidad de todos los mexicanos, en función de nuestras atribuciones.14

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la función de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el marco de la Convención Ramsar, es coordinarse con las unidades administrativas competentes de dicha secretaría y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que cada institución, en función de sus atribuciones, impulse el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en éste tratado internacional.

Dentro del Manifiesto de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), destacan dos observaciones en torno a su reconocimiento como zona de manglares, humedales, y especies de fauna en estatus de protección, y así como el reconocimiento literal de las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre en su apartado de Vinculación Jurídica, en la que menciona al Artículo 60 TER.- respecto a la prohibición actividades que afecten la integridad de los manglares.15

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018. Donde se alinea la construcción y la operación de la Refinería en Dos Bocas, permitiendo el desarrollo económico nacional, regional y sobre todo local, promoviendo la diversificación de servicios, en un área que, si bien no está declarada como Área Natural Protegida, si presenta elementos de relevancia ecológica como comunidades de manglares, cuerpos de agua, humedales y especies de fauna en estatus de protección.

Cabe destacar, que el Código Penal Federal prevé las sanciones en su artículo 420 Bis que señala:

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;

II. Dañe arrecifes;

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales , cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico.16

Los atributos y las funciones de los humedales son fundamentales para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de muchas especies de fauna y flora, y elementos vitales en la estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones del mundo.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, para que, con base en sus funciones y atribuciones, lleve a cabo visitas de inspección y supervisión a la Construcción de la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco; aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su caso, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, a efecto de que haga pública en su página de internet la información respecto a sus visitas de inspección y supervisión y, en su caso, imponga las sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente, y revoque la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental referente a la Construcción de la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, para que se atienda lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Notas

1 https://www.gob.mx/asea/es/articulos/como-nace-asea?idiom=es

2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013

3 https://www.gob.mx/asea/es/articulos/como-nace-asea?idiom=es

4 https://www.gob.mx/asea/es/articulos/que-es-asea-y-que-regula?idiom=es

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ASEA-multa-a-Pemex-por-dano-ec ologico-en-terreno-de-la-nueva-refineria-de-Dos-Bocas-20190124-0085.htm l

6 https://www.gob.mx/asea/prensa/impone-asea-sanciones-a-empresa-responsa ble-por-desmonte-en-terreno-ubicado-en-dos-bocas-tabasco?idiom=es

7 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-los-humedales-2020 ?idiom=es

8 https://www.tabascohoy.com/nota/503051/bloquean-acceso-a-dos-bocas

9 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Pemex-derriba-bosques-de-mangle-para-la-refineria-de-Dos-Bocas-en-Tabasco-20200306-0076.html

10 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/la_con anp_y_los_humedales.php

11 https://www.ramsar.org/sites/default/files/fs_6_ramsar _convention_sp_0.pdf

12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118 .pdf

13 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf

14 https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar

15 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/474074/ RESUMEN__11-06-2019_.pdf

16 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf /wo83048.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a utilizar los recursos que obtendrá del decreto por el cual se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos para equipamiento médico y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como transparentar el gasto ante la situación sanitaria y económica del país, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia y la crisis económica global han puesto a México en una situación atípica en su economía, la guerra global en los precios del petróleo ha venido a agravar aún más la situación energética de nuestro país; ha puesto contra la pared a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, el peso se ha debilitado a máximos históricos, sobrepasando la barrera de los 24.00 pesos por dólar. Si bien es cierto, dicha devaluación es producto de distintos factores, también es cierto que el gobierno federal trata de mitigar los efectos bajando las tasas de interés y en parte, se ha visto afectado tras los temores de los inversionistas y la fuga de capitales por el impacto económico del coronavirus (Covid-19), así como la fuerte baja de los precios del petróleo.

Aunado a lo anterior, las reservas internacionales mexicanas cayeron en días pasados cerca de 950 millones de dólares. Este desplome es el más alto desde enero de 2017, y es debido principalmente al cambio en la valuación de los activos que las componen.

Ante este panorama, las empresas están replegando sus inversiones y asegurando sus capitales en la moneda con mayor liquidez del mundo en espera de que pase el caos de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, las decisiones tomadas por el ejecutivo durante el 2019 han puesto a nuestro país en un contexto de estancamiento financiero y ante la emergencia sanitaria que se vive las cosas son más grabes aún.

No obstante, el futuro no es muy alentador y menos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), las reacciones por la emergencia sanitaria han deteriorado los pronósticos de crecimiento para México en 2020, el impacto se observará en los próximos meses en el dinamismo comercial. Las calificadoras más importantes del mundo, como Bank of América Merrill Lynch, Moody´s, entre otras, estiman contracciones de la economía mexicana desde 1.5 por ciento y hasta 4.5 por ciento.1

Es un hecho que en México los ingresos de las empresas se verán mermados, por ello, es importante apoyar a los sectores comerciales, empresariales e industriales con todas las medidas posibles para reducir las pérdidas, diferir las obligaciones y los pagos tributarios son acciones necesarias en un contexto como el actual.

Sin embargo, es necesario contemplar que el Covid-19 pone en riesgo la vida de las personas, pero también trae graves consecuencias para la economía mexicana que lamentablemente pudiera ser perjudicial para muchos negocios, y para otras, la recesión será letal al no contar con el blindaje económico sin tener ventas para confrontar una crisis de esta magnitud.

Es imperioso contar con los recursos necesarios para proteger y garantizar la salud de los mexicanos, apoyar a las Mipymes para contener la crisis financiera y salvaguardar la mayor cantidad de fuentes de trabajo y aminorar la inevitable pérdida de empleos.

En este sentido, el ejecutivo federal publicó un “DECRETO” por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos,2 del que se transcribe lo siguiente:

Artículo 1. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del presente Decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 2. Se instruye a los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, para que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos o análogos referidos en el artículo anterior.

Artículo 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su Titular, queda facultada para resolver las excepciones a lo previsto en el artículo anterior en consulta con la Secretaría de la Función Pública.

Dichas excepciones deberán ser resueltas previa solicitud debidamente fundada y justificada que presente el Titular del ejecutor de gasto al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entenderá como no autorizada.

Artículo 4. Los ejecutores de gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos de carácter federal, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Para efectos del presente artículo únicamente en los casos estrictamente necesarios podrá remitirse la solicitud de excepción correspondiente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjuntando la justificación debidamente fundada y motivada, y de la cual se enviará copia a la Titular de la Secretaría de la Función Pública.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá la autorización expresa para ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo al patrimonio de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal.

En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entenderá como no autorizada.

Artículo 5. Quedan excluidos del presente Decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Artículo 6. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará para efectos administrativos lo previsto en el presente Decreto.

Artículo 7. El incumplimiento al presente Decreto, dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de abril de 2020. Andrés Manuel López Obrador. - Rúbrica. - El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. - Rúbrica.

En días pasados, el presidente de la república anunció el decreto y señala que existen 281 fideicomisos con un total de 250 mil millones de pesos que utilizará en cuatro rubros:3

1. Fortalecer los programas sociales.

2. Reactivación económica y otorgar créditos.

3. Apuntalar a Pemex ante la caída de los precios de petróleo.

4. Pagar deuda pública.

Cabe destacar, que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que, a más tardar el próximo 15 de abril, las dependencias responsables de los fondos concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que formen parte de dichos instrumentos.

Estos instrumentos, fueron creados para todo tipo de actividad gubernamental, tenían la característica de que los recursos no fueran parte de un subejercicio en caso de no ser utilizados en un año fiscal; es decir, que se protegían para ciertos fines, sin importar la temporalidad de los proyectos para los que fueron creados.

Según notas periodísticas, al 30 de diciembre del 2019 había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que concentraban 740,572 millones de pesos, según cifras de las finanzas públicas.4

Por lo antes expuesto, queda claro que los recursos de los fideicomisos podrán ser utilizados a discreción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin que estén sujetos a ser contemplados en el paquete económico del próximo año.

Técnicamente, al considerarlo como subejercicio, el recurso debería regresar a la Tesorería de la Federación para que se presupuestara para el siguiente ejercicio fiscal y fuera aprobado en el presupuesto del año siguiente.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó una figura para que el capital pueda ingresar a la Tesorería y considerarse como un gasto devengado, por lo tanto, ya no necesita pasar por el ciclo presupuestal y la SHCP puede hacer uso discrecionalmente del recurso. Es decir, la venta de los fideicomisos permite que los recursos presupuestales sean devengados y que no sean subejercidos, aunque los recursos no se gasten.

Estos mecanismos concentran capital en la obscuridad y sin tener que ser utilizado ni observado por el Congreso de la Unión o verificado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, hay que tener precaución con estos fideicomisos, porque el decreto es muy general y no se informa la lista de los fideicomisos que serán extinguidos, lo que genera mayor incertidumbre, ya que pueden eliminarse todos los fondos de investigación científica y tecnológica, o los de infraestructura pública, lo que podría ser de consecuencias negativas para el desarrollo futuro del país, una vez que se haya terminado la emergencia sanitaria.5

No obstante, se considera que dentro de los cuatro puntos que señala el Ejecutivo, el sector salud, el económico y el laboral deben ser la prioridad en este momento, Petróleos Mexicanos puede esperar, los programas sociales tienen recurso propio y la deuda puede ser reestructurada dada la emergencia. Lo primero que se tiene que resolver es la salud de los mexicanos, el apuntalamiento de las fuentes de empleo (Mipymes) y la estabilidad laboral para no generar más violencia en el país.

Es evidente la necesidad que sufre el sector salud, en varios medios de comunicación se denuncia la falta de medicamentos, gel, mascarillas, cubrebocas, material para hospitales, ventiladores para respirar, entre otras.

En el escenario que nos encontramos, es obligatorio prevenir las necesidades básicas y prioritarias que tendrá el país por la pandemia en el ámbito médico. Basta con asistir a cualquier hospital o centro de salud y preguntarles si están preparados para atender a los pacientes que se presentarán a consulta y si cuentan con los insumos necesarios para verificar las carencias que existen.

Según el diario La Jornada 6 cientos de médicos y enfermeras del sector salud estatal, federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han manifestado la falta de insumos y equipo suficiente para atender a pacientes contagiados por Covid-19 y se manifestaron en demanda de los implementos necesarios.

Denuncian también que el equipo que entrega el IMSS incumple la norma oficial poniendo en riesgo sus vidas y la de otros pacientes. Señalaron que ellos desembolsan entre mil 500 y 2 mil 500 pesos para comprar su ropa de protección. Por su parte, los camilleros, acusaron que entran al área de aislamiento para pacientes sospechosos del Covid­ 19 sin el equipo adecuado y sin contar con las prestaciones sociales, como seguros de riesgo ante posible contaminación. Algunos detallan que cuando tuvieron contacto con los directivos para solicitar equipo quirúrgico, mínimo trajes, les explicaron que no había suficientes para abastecer. ellos llevan los suyos y los lavan en casa con el riesgo de contagiar a su familia.

Ante la contingencia sanitaria, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)7 manifiesta su inquietud con algunas de las siguientes propuestas:

1. Mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía.

2. Preservar el empleo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia.

3. Las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno, en este momento.

4. Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el Gobierno para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.

Estas medidas ayudarán a contener los efectos económicos de la pandemia que enfrentamos y contribuirán a conservar el empleo, a dar liquidez a personas y empresas, para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico.

México requiere de la colaboración de todos los sectores, y la sensibilidad para tomar medidas decididas en apoyo de nuestra salud y nuestra economía. Sólo saldremos adelante si lo hacemos entre todos.

En el caso de las Mipymes, en México existen casi 4.3 millones, de ellas, ocho de cada diez representan casi tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del PIB y en este momento se encuentran en peligro de parar sus operaciones e incluso muchas de ellas, tendrán que cerrar sus puertas por el impacto que producirá el Covid 19.

Este fenómeno provocará una disminución drástica de los empleos por la dificultad para pagar a sus empleados y otros se verán obligados a despedir personal, por lo que se considera indispensable dar frente a la crisis con políticas oficiales e incentivos, porque esta situación, según el subsecretario de salud López Gatell, va para largo, septiembre u octubre si bien nos va, y no será un tema de falta de solidaridad de los emprendedores y microempresarios, es que no habrá suficiente movimiento económico para que las Mipymes resistan.

De no concretarse las medidas adecuadas, se estima que se perderán un millón de empleos y se cerrarán 100,000 micronegocios en el corto plazo, puesto que el Covid 19 ya ha causado una caída de hasta un 90 por ciento en las ventas y este sector se siente olvidado al no ser escuchado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Para dar respuesta, el presidente propuso un millón créditos a pequeñas empresas por un total de 25,000 millones de pesos, pero la mitad irían a unidades económicas informales.

El objetivo del presente exhorto es, que el recurso obtenido por el decreto señalado, se utilice en lo urgente, la salud, la economía y la estabilidad laboral; así como transparentar e informar en qué y cómo se gastará el capital; que no existan compras ilícitas que supongan actos de corrupción.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que los recursos derivados de la aplicación de lo previsto en el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, sean destinados para:

Primero. Equipamiento, medicamentos, insumos médicos y todo lo necesario para atender la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19.

Segundo. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia económica y laboral para evitar despidos.

Tercero. Y que los recursos se ejecuten con transparencia, en licitaciones abiertas, y se informe oportunamente en su portal digital el destino de los mismos.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dirige-mexico-la-recesion-eco nomica-mas-larga-en-90-anos

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020

3 https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/04/03/
gobierno-extingue-281-fideicomisos-para-echar-mano-de-250-000-mdp-guardados

4 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-va-por-el-tesoro-de-l os-fideicomisos-20200403-0041.html

5file:///C:/Users/ramir/Downloads/Infografi%CC%81a%20Ext incio%CC%81n%20de%20Fideicomisos.pdf

6 Fecha: 04/04/2020 Página: 24

7 https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-miti gar-afectaciones-a-la-economia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a garantizar el abasto de vacunas doble y triple viral en la red de hospitales públicos del país, particularmente en la Ciudad de México y estado de México para contener los brotes de sarampión, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, Según el Aviso Epidemiológico señala que el sarampión es una enfermedad viral potencialmente grave y muy contagiosa, con cuadro clínico que se caracteriza por fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con centro blanco o blanco azulado sobre una base eritematosa en la mucosa del vestíbulo de la boca (manchas de Koplik). Entre el tercero y séptima día aparece un exantema característico, con maculas rojas parduscas, que evolucionan a pápulas que inician en la cara y después se generalizan y permanece de cuatro a siete días y a veces concluye en descamación furfurácea.

El sarampión se propaga a través del aire al aspirar aerosoles infecciosos originados al toser o estornudar a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. El periodo de incubación es de 7 a 21 días y el periodo de transmisibilidad es desde poco antes del periodo prodrómico, por lo general cuatro días antes del inicio del exantema o erupción de la piel, de color rojizo y más o menos extensa, que suele ir acompañada o precedida de fiebre; y hasta cuatro días después del exantema.

Aproximadamente uno de cada 10 niños con sarampión presenta una infección de oído y hasta uno de cada 20 evoluciona a neumonía. Cerca de uno en 1,000 presenta encefalitis y uno o dos de cada 1,000 fallecen.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños,1 ya que es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

En México, la última epidemia de sarampión ocurrió? en 1989-1990 reportándose 89,163 casos; el último caso autóctono en nuestro país se registró en 1995. En el periodo de 2000 a 2020 se han identificado 211 casos importados o asociados a importación, incluidos los 10 casos identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a principios de 2020 en la Ciudad de México.

Ante el riesgo de importar el virus desde otras regiones del mundo y los brotes en curso en América, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, recomiendan

• Mantener coberturas homogéneas de vacunación del 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y parotiditis, en todos los municipios.

• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como personal de salud y turismo.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos probables en los servicios de salud públicos y privados, y asegurar que las muestras se reciban en el laboratorio en el plazo de 5 días después de haberse tomado y que los resultados de laboratorio estén disponibles en un periodo no mayor de 4 días.

• Respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica, a través de la activación de equipos de respuesta rápida.

Ante los brotes de sarampión que se han presentado en nuestro país, es necesario que se mantenga una adecuada vigilancia epidemiológica enfocada a la detección y diagnóstico oportuno de los casos probables, así? como la obtención de información epidemiológica de calidad que orienten las acciones de reforzamiento de la promoción de la salud y prevención especifica.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, ha reportado que, al 01 de abril de 2020, se han detectado y confirmado 108 casos de sarampión,2 los cuales siguen incrementándose día con día, principalmente en dos entidades federativas, Ciudad de México y Estado de México; hasta el momento solo se ha presentado un caso en el estado de Campeche.

Ante el cada vez mayor número de casos de sarampión confirmados, se deben tomar acciones inmediatas como es fortalecer la vigilancia para detectarlos oportunamente y generar una respuesta rápida, realizar un adecuado del cerco epidemiológico en el área de riesgo y el seguimiento de totalidad de contactos de la persona infectada.

Además, notificar inmediatamente a los niveles administrativos superiores y realizar la investigación de campo correspondiente y evaluar las coberturas de vacunación contra sarampión garantizando coberturas por encima del 95% a nivel municipal.

La vacuna es la única manera segura de prevenir el sarampión, por lo cual se debe revisar que la población en riesgo tenga completo el esquema de vacunación, dado que una persona con sarampión puede infectar a 9 de cada 10 personas a su alrededor si no están vacunadas.

Hoy ante la emergencia sanitaria que vive nuestro país por los efectos de la pandemia de COVID-19, es necesario que la Secretaría de Salud, implemente una estrategia sanitaria concreta y eficaz para contener el riesgo de contagio de estas enfermedades.

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger la salud de todas y todos los mexicanos, por ello, me permito presentar ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el abasto de vacunas doble y triple viral en la red de hospitales públicos del país, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México, a fin de contener los brotes de sarampión en la población y garantizar una cobertura de vacunación por encima del 95% a nivel municipal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia sanitaria eficaz para fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente los casos de sarampión y generar una respuesta oportuna que permita contener su contagio.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
7 a de abril de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a diseñar por la SHCP y la Sader una estrategia de apoyo al sector agropecuario para garantizar la producción y el abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la SHCP y la Sader se diseñe una estrategia de apoyo al sector agropecuario a efecto de garantizar la producción y abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La contingencia sanitaria por el Covid-19 y sus efectos en la economía del país representan un gran reto para las distintas actividades productivas, en especial para el sector agropecuario.

Nuestro sector primario, que de por sí opera con dificultades como la falta de agua para el riego de los cultivos y para el ganado, las condiciones climáticas como heladas o sequías, las plagas, los altos costos de los insumos y servicios, solo por mencionar algunas, hoy requiere apoyos adicionales para estar en posibilidades de seguir produciendo alimentos durante esta etapa de emergencia nacional.

Al respecto, los productores agropecuarios del Valle de Santo Domingo, Municipio de Comondú, en el Estado de Baja California Sur han solicitado al gobierno federal los siguientes apoyos:

1. Prórroga en las declaraciones y pagos de los diferentes impuestos federales, por los meses que dure la contingencia.

2. Prórroga en los pagos de las cuotas obrero patronales por las aportaciones al IMSS e Infonavit.

3. Prórroga en los pagos de energía eléctrica de los recibos por bombeo de agua para siembra.

4. Suspensión temporal del IEPS aplicado a los combustibles para uso agrícola (diésel).

5. Promover que las instituciones de crédito al sector primario públicas y privadas faciliten las prórrogas y reestructuraciones de los adeudos derivados de los incumplimientos motivados por la contingencia, así como el otorgamiento de líneas de crédito nuevas a tasas competitivas o tasa cero.

6. La creación inmediata de un fondo de garantías líquidas para tener acceso al crédito.

7. Destinar recursos para apoyar la construcción de bienes públicos en infraestructura que facilite la producción, el aprovechamiento y la comercialización de productos agropecuarios.

8. La formación de un grupo de trabajo conjunto para identificar los apoyos y medidas de todas las actividades del sector agropecuario.

Los apoyos mencionados son necesarios para que los productores no sólo del Estado de Baja California Sur, sino de todo el país, quienes comparten las mismas problemáticas, se encuentren en posibilidades de seguir abasteciendo de alimentos nuestros mercados, así como para mantener los empleos de los trabajadores formales y eventuales del sector durante esta etapa de emergencia.

En ese sentido, si el gobierno federal ha anunciado que es necesario avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, hoy debe actuar en congruencia con esa estrategia, el Presidente debe otorgar apoyos extraordinarios para que el campo pueda seguir con sus actividades y podamos contar con la producción nacional de alimentos para garantizar el abasto de los mismos durante la contingencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural, se diseñe una estrategia de apoyo al sector agropecuario a efecto de garantizar la producción y abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a través de medidas como:

1. La prórroga en las declaraciones y pagos de los impuestos federales.

2. La prórroga en los pagos de las cuotas obrero patronales por las aportaciones al IMSS e Infonavit.

3. La prórroga en los pagos de energía eléctrica de los recibos por bombeo de agua para siembra.

4. La suspensión temporal del IEPS aplicado a los combustibles para uso agrícola (diésel).

5. Las prórrogas y reestructuraciones de los adeudos con las instituciones de crédito al sector primario públicas y privadas motivados por la contingencia, así como el otorgamiento de líneas de crédito nuevas a tasa cero.

6. La creación inmediata de un fondo de garantías líquidas.

7. La construcción de infraestructura que facilite la producción, el aprovechamiento y la comercialización de productos agropecuarios.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 7 de abril de 2020.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a diseñar a través de la SHCP, la CRE y la CFE un plan de apoyo de usuarios para condonar el pago de electricidad a quienes pierdan el empleo, reducir las tarifas de ésta y prorrogar los pagos de las micro, pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos afectados por la suspensión de actividades durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP, la CRE y la CFE se diseñe un plan de apoyo a los usuarios a efecto de condonar el pago del servicio eléctrico a las personas que pierdan su empleo, reducir las tarifas eléctricas así como prorrogar los pagos de las micro, pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos que han resultado afectados por la suspensión de actividades en el país durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se registran múltiples afectaciones en las actividades económicas que están impactando en la economía familiar y en todos los sectores productivos y de servicios del país.

Esto es así, en parte por la suspensión de actividades necesaria para la contención de la propagación del COVID-19, pues en este momento resulta prioritario tomar medidas radicales de aislamiento social, para aplanar la curva de contagios y tratar de evitar el colapso de los servicios de salud que se ha visto en otros países.

En este contexto de desaceleración de la actividad económica, muchas familias se han quedado sin fuentes de ingresos, muchas micro, pequeñas y medianas empresas durante los próximos meses al no recibir los ingresos acostumbrados serán incapaces de sufragar los gastos como los pagos de sus empleados, las rentas de locales, los pagos de servicios e los impuestos, por mencionar algunos conceptos.

Por ello es necesario que el gobierno federal apoye a todos los sectores afectados para salir adelante en estos tiempos tan complejos, a través de un plan que contemple medidas como la suspensión del pago de impuestos, la suspensión del pago de servicios básicos como agua y luz, así como la entrega de apoyos económicos a las personas que pierdan sus empleos sin importar que sean formales o informales.

Desafortunadamente por parte de la Comisión Federal de Electricidad aún no se tiene un plan de apoyo a los usuarios, ya que, de acuerdo con declaraciones del Director de Comunicación de la empresa, se tiene que realizar un análisis pertinente para ver la factibilidad de algunas medidas y las afectaciones que tendrían para el funcionamiento de la CFE.

Sin duda, el hecho de dejar de percibir los pagos por el servicio eléctrico tendrá implicaciones para la operatividad de CFE, sin embargo, consideramos que eso debe ser un costo que el gobierno federal debe asumir, pues si en otros momentos se han realizado condonaciones, como en el caso del Estado de Tabasco, con mayor razón se deben considerar este tipo de acciones durante situaciones de emergencia como la que estamos atravesando.

En ese sentido, se considera necesario que la CFE garantice a toda la población sin excepción, el suministro de un servicio tan importante como lo es la electricidad, y que durante la contingencia sanitaria deje de aplicar los cortes del servicio por falta de pago.

Además, es urgente que el Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, diseñe un plan de apoyo a los usuarios para que durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 se condonen los pagos por servicio eléctrico para las personas que pierdan su empleo en estos meses.

En dicho plan también debe considerarse una reducción de tarifas y la prórroga del pago por el suministro eléctrico para las micro, pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos cuyas operaciones han resultado afectadas por las medidas de contención de la propagación del COVID-19.

Con estas medidas se espera brindar facilidades para que las personas puedan permanecer en casa sin tener que preocuparse por quedarse sin los servicios básicos durante esta contingencia, hoy es necesaria la suma de esfuerzos entre el gobierno, la población y los sectores productivos pues con la cooperación de todos se podrá contener de forma más eficiente el contagio del COVID-19 y por ende se podrá regresar más rápido a las actividades habituales.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, se diseñe un plan de apoyo a los usuarios con motivo de la contingencia por COVID-19, que incluya:

1. La condonación de los pagos para las personas que pierdan su empleo durante la contingencia.

2. La reducción de tarifas y la prórroga del pago por el suministro eléctrico para las micro, pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos cuyas operaciones han resultado afectadas por las medidas de contención de la propagación del COVID-19.

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Federal de Electricidad a que durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, se garantice en todo tiempo el suministro de electricidad y se dejen de aplicar los cortes del servicio por falta de pago.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 7 de abril de 2020.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a hacer públicos con la Cofepris los ensayos clínicos anunciados el 31 de marzo por el subsecretario Hugo López-Gatell para evitar desabasto y compras de pánico de los fármacos con que se realizan aquéllos, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 1 fracción 2, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con la Cofepris, publiquen información sobre los ensayos clínicos anunciados el 31 de marzo por el subsecretario Hugo López-Gatell, para evitar el desabasto y compras de pánico de los fármacos con los que se realizan dichos ensayos. al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 31 de marzo del presente, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que se realizan cuatro ensayos clínicos con fármacos, aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).1

A escasos días del anuncio por parte del Subsecretario, en las farmacias de diversas regiones del país se ha presentado un desabasto de algunos de los fármacos mencionados en la conferencia de prensa, debido a la creencia errónea de que pueden ser utilizados como tratamiento preventivo o curativo contra el Covid-19.2

Esto responde al estado de alarma por el que pasa nuestro país, así como por la evidencia de las graves afectaciones y muertes que puede generar esta pandemia. Sin embargo, estos no son los únicos daños que puede provocar, ya que la desinformación puede generar un daño para más personas, como es el caso del desabasto de algunos de estos medicamentos que se utilizan para tratar algunas enfermedades.

Estos fármacos se utilizan en contra del paludismo, malaria, lupus, artritis, entre otras. La venta de estos productos se incrementó desde una publicación en redes sociales del Presidente de Estados Unidos Donald Trump el 21 de marzo, en el cual mencionaba dos de los fármacos con los que se realizan las pruebas.

Los fármacos con los que se realizan los ensayos son: remdesivir, tocilizumab, hidroxicloroquina y cloroquina con el antibiótico azitromicina.

Los pacientes con lupus requieren hidroxicloroquina y cloraquina, de los cuales han denunciado su desabasto.

Cabe señalar que en la conferencia de prensa mencionada, el Subsecretario llamó a no recurrir a la ingesta de ninguno de estos medicamentos, sin embargo, la desinformación se ha propagado, agotando estos medicamentos y generando un desabasto que afecta a muchas más personas.

Debido a la sensibilidad sobre el tema, se presentan los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que de acuerdo al artículo 39 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Salud le corresponde ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales

SEGUNDO: Que en el artículo citado en el considerando primero, en la fracción XXV a la Secretaría de Salud le corresponde: Elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos u otros insumos para la salud.

TERCERO: En el artículo 17 bis de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

CUARTO: En el párrafo segundo y las fracciones correspondientes al artículo citado en el considerando tercero, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios “le compete proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios y la instrumentación en materia de: (...) medicamentos y otros insumos para la salud”

QUINTO: En la fracción VI del artículo 17 bis de la Ley General de Salud establece que corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ejercer el control y la vigilancia sanitarios de los productos (entre ellos medicamentos).

SEXTO: En la Fracción VII del artículo 17 de la Ley mencionada en el considerando anterior, la Cofepris ejercerá el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere la Ley General de Salud.

Con lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con la Cofepris, publiquen información sobre los ensayos clínicos anunciados el 31 de marzo por el subsecretario Hugo López-Gatell, para evitar el desabasto y compras de pánico de los fármacos con los que se realizan dichos ensayos.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-piden-donar- hidroxicloroquina-y-cloraquina-ante-desabasto

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-compras-de-panico-ninos-con-l upus-se-quedan-sin-medicamento/1373197

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a los 7 días del mes de abril de 2020.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT, el Promtel y el IFT a diseñar y aplicar un plan de contingencia para dar facilidades de pago en las rentas mensuales de abril-junio a los usuarios de planes en pospago o plan de renta en servicios de telefonía y conexión a internet fija y móvil con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 4, 79 numeral 1 fracción 2 y numeral 2, 100, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a diseñar y aplicar un plan de contingencia con la finalidad de dar facilidades de pagos en las rentas mensuales de los meses de abril, mayo y junio, a los usuarios de planes en pospago o plan de renta en servicios de telefonía y conexión a internet fija y móvil, con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19 en el territorio nacional, al tenor de los siguientes los siguientes

ANTECEDENTES

El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus Covid-19 oficialmente como una pandemia mundial.

Tras la declaración de la OMS, diversos países pusieron en marcha medidas para prevenir contagios masivos. Sin embargo, en México, hubo omisión por parte del Gobierno Federal y permitieron se llevarán a cabo actividades de manera normal. Esto, sin duda provocó el aumento inmediato de contagios, pues hasta el lunes 30 de marzo se registraron más de mil casos de coronavirus y 28 decesos en apenas 20 días en que la OMS declarara el estado de alerta.

En conferencia de prensa, el lunes 30 de marzo, las autoridades federales, por fin admitieron que la pandemia es una realidad, y por conducto del Secretario de Relaciones Exteriores y del Consejo de Salubridad tomaron la medida de declarar el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por Causa de Fuerza Mayor, prolongando el regreso paulatino de las actividades hasta el 30 de abril, y no el 19 como se tenía pensado. Esto es una medida que puede tomar el gobierno de un país en una situación excepcional y se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia de catástrofes naturales, circunstancias políticas o civiles que afecte o impidan la vida de la Nación.

Por lo anterior, el gobierno mexicano tomará las medidas siguientes:

• Suspensión de todas las actividades no esenciales del 30 de marzo hasta el 30 de abril. Las esenciales son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia médica y las involucradas en materia de seguridad pública.

• No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, además del acato de las medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud.

• Se exhorta a toda la población a no participar en actividades no esenciales, a resguardo voluntario permaneciendo en el domicilio.

• Esta medida se aplica de manera estricta a las personas mayores de 60 años, embarazadas y a personas con hipertensión, diabéticos, problemas cardiacos y respiratorios, etc.

• Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirán lineamientos para el regreso escalonado de actividades.

• Se suspenderán todos los censos y encuestas que requieran entrevistas de manera presencial cara a cara.

• Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respecto a los derechos humanos.

Antes estas medidas, los mexicanos tendrán que detener sus actividades laborales, por lo que, en muchos casos, no obtendrán remuneraciones durante la contingencia sanitaria. Aunado a que los precios de diversos productos de la canasta básica se están disparando, los servicios de comunicaciones son esenciales para poder sobrellevar la “cuarentena” al ser una herramienta fundamental de conexión con el contexto actual, información esencial sobre las medidas de mitigación y los comunicados gubernamentales.

El derecho a la comunicación lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6° y 7°, siendo estas tecnologías las herramientas que el siglo XXI ha traído para la mejor comunicación entre los seres humanos.

Al estar contemplado como un derecho constitucional, es importante que el gobierno de México apueste porque sus ciudadanos cuenten con los servicios necesarios para su mejor desarrollo humano, así como una forma de empoderamiento informático sobre los acontecimientos que se viven en el día a día en el país y en el mundo.

En México, desde 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se convirtió? en el encargado de regular la radio, la televisión, la telefonía fija, el celular, los satélites, el internet y prácticamente todo el sector telecomunicaciones. El tema no es menor, pues somos el único país en el mundo en el que la regulación de un sector estratégico no está? en manos del gobierno federal en turno, como había estado en manos de todos los presidentes desde 1917.

Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano creó el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones, organismo descentralizado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con el objetivo de promover la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones en el país, para que estos servicios lleguen a más personas y con mayor calidad.1

En diferentes países, ya se están haciendo ajustes solidarios con los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Es el caso de Colombia que ha considerado a los servicios de telecomunicaciones como servicios esenciales, obligando a las empresas a garantizar el acceso de los ciudadanos y prestación del servicio. Esto implica que, durante la vigencia del Estado de emergencia, los operadores de telefonía, Internet y televisión por suscripción no podrán cobrar intereses por mora por el no pago del servicio. La Comisión aclaró que, en todo caso, esta facilidad no implica la condonación de las sumas que se adeuden.

En Estados Unidos, la compañía AT&T ofrecerá internet gratuito por 60 días, mientras que Verizon otorgará dos meses de servicio gratuito a sus clientes con Lifeline.

En España, telefónica Movistar, aplicará en los próximos dos meses aumento en la capacidad de los planes de los usuarios.

Por lo anterior, es urgente que el gobierno mexicano, comience a generar los planes de contingencia necesarios, con la finalidad de amortiguar el impacto en la economía de los mexicanos por de la contingencia sanitaria, apoyando a los consumidores para que se otorguen facilidades de pagos en las obligaciones con las compañías de telefonía celular y de internet fijo y móvil.

Sin información, sin acceso a internet a las comunicaciones esenciales, los mexicanos perderán un derecho vital para una contingencia sanitaria como la que azota en estos momentos al mundo.

Aunado a que muchas personas dependen de su trabajo para seguir pagando sus servicios de primera necesidad, con el paro de labores, les será imposible poder cumplir con sus obligaciones al pagar sus servicios.

Es momento que las compañías telefónicas, apliquen un plan solidario, en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de poder ayudar a los hogares mexicanos a seguir contando con sus servicios telefónicos y de datos de internet, para cumplir con lo mandatado por nuestra Constitución general.

Ésta proposición, busca intervenir por las familias consumidoras de telefonía móvil, quienes realizan esfuerzos significativos para cumplir con el pago de sus planes y paquetes de servicios, situación que en los siguientes meses se verá limitada.

Por lo anterior, se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus Consejos, y a las compañías de telefonía celular y de internet móvil y fijo, presentar cuanto antes, un plan de contingencia para poder prolongar los pagos de los meses de abril, mayo y junio de sus servicios, en apoyo a los mexicanos, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO . Que las telecomunicaciones son un elemento fundamental para fortalecer el crecimiento y la productividad, además, son pieza esencial en el desarrollo de la democracia y en el acceso a la cultura, la educación, la salud, y en general al ejercicio pleno de los derechos humanos. Por su importancia, muchos países están realizando esfuerzos para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones e incrementar los niveles de cobertura y penetración de tales servicios.

SEGUNDO. Que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, tercer párrafo, señala el derecho a la información como una obligación del Estado en garantizarlo. Asimismo, establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Que la fracción B del artículo, menciona la obligación del estado en generar políticas de inclusión digital universal, mismos que se proporcionarán a través de servicios públicos de interés general, prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

TERCERO. Que el artículo 7° constitucional, establece la inviolabilidad de restringir el derecho de difundir opiniones, ideas e información por cualquier medio, englobando las vías o medios directos, como el abuso de controles oficiales o particulares, de periódicos, frecuencias radioeléctricas, enseres, aparatos sados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

CUARTO . Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones de conformidad con el párrafo decimoquinto de la Constitución, es el órgano público autónomo que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones, incluyendo las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, corresponde difundir su dictamen anual sobre las tarifas de los diversos concesionarios de servicios de telecomunicaciones.

QUINTO. Que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adoptar, en su caso, las acciones y medidas necesarias que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuando el Instituto le dé aviso de la existencia de causas de terminación por revocación o rescate de concesiones, disolución o quiebra de las sociedades concesionarias; y coordinarse con el Instituto para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva;

SEXTO. Que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo objeto es realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada. Asimismo, promoverá proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y en su caso, radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado, conforme a las políticas y lineamientos que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SÉPTIMO. Que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su título Noveno determina los derechos y los mecanismos de protección a los usuarios de servicios de comunicaciones y radiodifusión, mismos que amparan cuando los concesionarios o autorizados incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o consorcios previstos en la Ley.

OCTAVO. Que el día 30 de marzo de 2020, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, junto con el Consejo de Salubridad General, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por Fuerza Mayor, mismo que se fundamenta en los artículos 4o., párrafo cuarto, 73, fracción XVI, bases 1a. y 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XV, 4o., fracción II, 17, fracción IX, 134, fracción II y XIV, 140 y 141 de la Ley General de Salud, y 1 y 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; con vigencia hasta el 30 de abril de 2020.

Dicha declaratoria, tiene la facultad de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos, los cuales pueden ser los relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión o tránsito cancelando en general la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril.

NOVENO. En sesión de Pleno celebrada el 12 de marzo del presente año, la Mesa Directiva, presentó a la Asamblea la implementación de acciones para evitar la propagación del virus y proteger a las y los integrantes de esta Soberanía, así como al personal que labora en esta institución. Por su parte, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración del Pleno un Acuerdo por el que se establecieron las medidas que adoptaría esta Cámara ante la Pandemia del Coronavirus Covid-19, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria del 18 de marzo pasado.

DECIMO. Que el Acuerdo referido en el considerando anterior, en su resolutivo Sexto, a la letra señala:

“Los legisladores, podrán seguir presentado iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, durante la suspensión de las sesiones del Pleno de esta Soberanía, las cuales serán turnadas a las comisiones correspondientes y en su caso se podrá utilizar el Canal del Congreso y los medios electrónicos y digitales disponibles. Para lo anterior, se solicita a la Mesa Directiva determine el proceso respectivo.”

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente proposición

CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a diseñar y aplicar un plan de contingencia con la finalidad de dar facilidades de pagos en las rentas mensuales de los meses de abril, mayo y junio, a los usuarios de planes en pospago o plan de renta en servicios de telefonía y conexión a internet fija y móvil, con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19 en el territorio nacional.

Nota

1 Gobierno de México. ¿Qué es el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones?.-

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a los 7 días del mes de abril del 2020.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)