Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar y actualizar las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del Fonden, suscrita por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, con base en las siguientes

Consideraciones

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se creó como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996 con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los daños ocasionados a la población damnificada y a la infraestructura física pública no susceptible de aseguramiento.

Durante los primeros tres años el Fonden opero sin reglas de operación, el 31 de marzo de 1999 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, el numeral tres de la sección II de las Reglas de Operación determinaban que el Fonden “tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de las dependencias y entidades federales así como de las autoridades de las entidades federativas. El Fonden es, por lo tanto, un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la prevención de desastres naturales. Es por ello que, de forma independiente a la existencia y operación del Fonden, resulta indispensable que las dependencias y entidades federales fortalezcan las medidas de seguridad y de prevención necesarias que ayuden a afrontar de mejor manera los efectos que ocasiona un desastre natural, incluyendo las acciones que permitan dar aviso oportuno y masivo a la población”.1

La sección V de las Reglas de Operación se referían de los apoyos a los damnificados, el numeral 30 establecía que se apoyaría a la población damnificada de bajos ingresos que por sus condiciones estaban imposibilitados de acceder a un seguro privado, de igual forma se determinó que las viviendas afectadas o destruidas por un desastre y cuyas familias fueran de bajos ingresos (población cuyos ingresos familiares no rebasasen los 2.5 salarios mínimos mensuales de la región del país de que se trate), se les apoyaría para su reparación o reconstrucción bajo el siguiente esquema:

a) Rehabilitación de vivienda:

Entrega de paquetes de materiales y herramientas para el proceso de autoconstrucción con un valor equivalente de hasta $8,000.00 (ocho mil pesos) por paquete.

b) Reconstrucción total de vivienda

Dotación de materiales de construcción y herramientas para el proceso de reconstrucción con un valor equivalente de hasta $20,000.00 (veinte mil pesos) por paquete.

c) Reubicación de vivienda

Entrega de un lote a cargo del gobierno local y/o municipal, así como un paquete de materiales de construcción y herramientas equivalente hasta por $20,000.00 (veinte mil pesos). En caso de que se contratara a una empresa privada el apoyo podría ser hasta $24,000.00 (veinticuatro mil pesos).

En el caso de la reconstrucción total de vivienda las reglas de operación determinaban que las nuevas edificaciones deberían incluir como mínimo un cuarto de usos múltiples, baño o letrina y cocina o fogón, considerando una edificación de 25 metros cuadrados.

Los montos establecidos se mantuvieron vigentes hasta el 23 de mayo de 2003 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las nuevas reglas de operación del Fonden, esta normatividad determino que superada la emergencia la atención a la vivienda se realizaría en dos etapas: “De la Atención Inmediata, que tiene por objeto instrumentar acciones que permitan facilitar la inmediata ocupación de las viviendas en condiciones de ser habitadas; y la segunda, De Reconstrucción , que comprende la reparación de daños menores y parciales; la reconstrucción en el mismo sitio en caso de pérdida total; y la reubicación y construcción, en aquellos casos en que las viviendas, además de haber sufrido daños, se encuentren ubicadas en zonas de riesgo”.2 La reconstrucción de daños estableció las siguientes modalidades:

a) Reparación de daños menores

Se refiere a la reparación de recubrimientos en techos, muros, fisuras en muros, pisos y techos, desperfectos leves en albañilería y servicios al interior de la vivienda (agua, drenaje y energía eléctrica). El apoyo previsto para esta modalidad era de $ 2,820.00 comprendiendo materiales y herramientas adicionalmente se recibiría un apoyo de hasta 15 días del Programa de Empleo Temporal.

b) Reparación de daños parciales

Se refiere a la reparación del desplome o ruptura parcial de la cimentación, ruptura o agrietamiento de pisos, grietas en muros de carga o elementos estructurales; fractura o flexión de techos, derrumbe parcial de muros o techo. El apoyo previsto para esta modalidad correspondía un paquete de materiales y herramientas de hasta $ 8,772.00, así como el apoyo equivalente de hasta 30 días del Programa de Empleo Temporal.

c) Reconstrucción de vivienda en el mismo sitio

Se refiere a la autoconstrucción de un pie de casa que reúna condiciones mínimas de habitabilidad, edificado en el mismo sitio donde se registró la pérdida total de la vivienda, por daños tales como: socavación total del terreno; desplazamiento de la cimentación; derrumbe de más de 2 muros; derrumbe total del techo. El apoyo preveía la otorgación de un paquete de obra que contemplaba materiales; herramientas; y la asesoría especializada por parte del ejecutor; por un monto de hasta $28,296.00. Adicionalmente se les proporcionaba un estímulo económico, el cual será equivalente al apoyo económico diario del Programa de Empleo Temporal, hasta por 88 días.

d) Reubicación y construcción de viviendas

Entrega de un lote a cargo del gobierno federal y/o local, así como un paquete de materiales y herramientas por un monto equivalente de hasta $ 28,296.00 y adicionalmente se les proporcionaba un estímulo económico del Programa de Empleo Temporal de hasta 88 días, en caso de que se contratará a una empresa para la edificación de la vivienda él apoyó sería hasta por $ 33,536.00. La vivienda a construir tendría una superficie mínima de 22 metros cuadrados (m²).

Estas reglas de operación incluyeron por primera vez el Censo de Beneficiarios, asimismo se determinó que las familias susceptibles de ser apoyadas eran las que se encontraban en pobreza patrimonial, propietarias o poseedoras legítimas que habitaran las viviendas que sufrieron daños.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha definido la pobreza patrimonial como “la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”.3

El 22 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, actualizando los importes de los apoyos a vivienda para los damnificados, quedando como sigue:

El 19 de septiembre de 2006 la Secretaría de Gobernación publica las nuevas Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, actualizando los importes de los apoyos a vivienda para los damnificados para, quedando de la siguiente manera:

De manera adicional se modificó el mínimo de superficie para la reconstrucción y reubicación de vivienda al pasar de 22 m² a 24 m².

En 2010, se publica el acuerdo por el que se emite las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales. El Acuerdo contiene los principios básicos mediante los cuales se regulará el acceso a los recursos del Fonden, estableciendo en su artículo 2o. que serán los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales en donde se establezcan los tipos de apoyo a brindar a las entidades federativas para desarrollar una estrategia integral de riesgos, así como los recursos destinados a las personas damnificadas por el desastre natural.

El 31 de enero de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, los cuales actualizaron los importes de los apoyos a vivienda de las personas damnificadas para quedar como sigue:

Los Lineamientos de Operación vinieron a modificar nuevamente la superficie mínima a construir al pasar de 24 m² a 32 m² en áreas urbanas o suburbanas y a 50 m² en áreas rurales.

Los importes previstos en el anexo IV para la atención a la vivienda se han mantenido vigentes en los últimos siete años, aun cuando la inflación en este periodo se ha comportado de la siguiente manera6 :

La no actualización anual de los importes de apoyo conforme a la inflación de los últimos años trajo consigo que las personas afectadas en sus viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el recurso económico que recibieron por parte del Fonden hayan resultado insuficientes para poder llevar a cabo las reparaciones de sus viviendas, lo que ha traído consigo que cientos de familias vivan en campamentos y miles de familias más sigan habitando sus viviendas que continúan afectadas por los sismos.

Los sismos de 2017 afectaron a familias que no viven en pobreza patrimonial, razón por la cual el 27 de septiembre de 2017 el coordinador nacional de Protección Civil y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicaron el acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que las personas afectadas en sus viviendas y que no estén en el supuesto de vivir en pobreza patrimonial podrán recibir el apoyo respectivo siempre que lo solicite la dependencia federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para aprobación del Comité Técnico.

Derivado del impacto de los sismos y de diversas denuncias de damnificados la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Auditoría de Desempeño 2017-0-15100-07-1678-2018 Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños por los Sismos de septiembre de 2017 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco de la Revisión de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2017. El resultado de la auditoría determinó 9 observaciones las cuales generaron 26 recomendaciones al desempeño, de las cuales cinco versan sobre la modificación de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales.

Aunado a estas recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación es necesario que las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público al momento de iniciar la revisión de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y sus Lineamientos de Operación Específicos tomen en cuenta lo siguiente:

a) Se considere en el artículo 7o. de las Reglas de Operación la factibilidad de que los presidentes municipales y los alcaldes puedan solicitar la corroboración del Fenómeno Natural Perturbador ante la omisión de la entidad federativa

b) Se sustituya del texto de las Reglas Generales de Operación y de los Lineamientos de Operación Específicos, toda referencia de la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de que en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013, se determinó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la corresponsable del Fonden.

c) Se incorpore dentro del anexo IV de los Lineamientos Generales de Operación Específicos (Atención a la Vivienda) lo siguiente:

I. Fórmula de actualización anual de los importes de apoyo a los damnificados.

II. Diferenciación del importe de los apoyos a los damnificados a partir de la ubicación de la vivienda en zonas urbanas; suburbanas y rurales.

III. Se determine los importes de apoyo a las viviendas de las familias que no están en el supuesto de pobreza patrimonial.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a las Secretarías de Protección y Seguridad Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público lleven a cabo la revisión y actualización de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, tomando en cuenta las consideraciones del presente punto de acuerdo.

Notas

1 Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 1999

2 Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 2003.

3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

4 Si se contrata a una empresa para edificar la vivienda

5 Si se contrata a una empresa para edificar la vivienda

6 Con datos del Banco de México,

http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/inde x.html página consultada el 12 de noviembre

7 Inflación acumulada al mes de octubre de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y locales a implantar diversas acciones en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres, a cargo de la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, senadoras de la República, Minerva Citlalli Hernández Mora y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades locales y federales a fin de implementar diversas acciones en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Oaxaca se conjuntan dos tipos de sistemas electorales: el sistema de partidos políticos y los sistemas normativos internos (SNI), en razón de que existe una amplia composición étnica de su población y por las formas ancestrales de organización que las comunidades poseen. En la actualidad 417 municipios se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (SNI) y 153 por partidos políticos. En ambos sistemas es fundamental la lucha por el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.

México ha mostrado avances en este sentido, como la reforma en materia político-electoral de 2014 en la que se elevó la paridad de género a rango constitucional, permitiendo que un mayor número de mujeres se incorpore a la vida política del país a través de la obtención de candidaturas a cargos de elección popular. Aunado a lo anterior, en 2015 realizó una reforma al artículo 2o. de la Constitución federal, en la que se reconoce la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones en los sistemas normativos indígenas.

A raíz de lo anterior, en el año 2016 en Oaxaca la participación política de las mujeres aumentó a 18 las diputaciones locales, es decir 42.8 por ciento, y a 30 los ayuntamientos que son encabezados por una mujer, según datos obtenidos desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En la reciente elección del 1 de julio de 2018 del estado de Oaxaca fueron electas 52 mujeres como presidentas municipales por partidos políticos y 24 por SNI, es decir, son 76 mujeres electas de un total de 570 municipios, así también fueron electas 566 mujeres como regidoras, cifra que resulta histórica en la participación política de las mujeres en el mencionado estado.

Sin embargo, las cifras de violencia política contra las mujeres ha aumentado en mayor proporción que su participación política, en el año 2017 se iniciaron cuatro expedientes en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) mientras que en 2018 la cifra aumentó a diez expedientes. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad en el año 2017. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó 16 casos videntes de funcionarias víctimas de violencia política en el año anterior, además señala que, en 30 por ciento de estos casos las funcionarias se enfrentaron con dificultades para ejercer sus cargos hasta el último día de sus gestiones.

En menos de una semana se han presentado cuatro casos de violencia política contra las mujeres, lo que no sólo afecta la democracia sino los derechos humanos de las mujeres a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y contextos libres de violencia.

El 1 de enero, Anayeli Huerta tomó protesta como alcaldesa de Santiago Tamazola, del distrito de Silacayoápam, Oaxaca, y media hora después tanto ella como su suplente renunciaron a su encargo, por lo que el síndico, Óscar Sánchez Ruiz, exedil municipal de la administración saliente y conteniente de la misma platilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), ocupó el cargo.

Este no es el único de estos casos, puesto que el 2 de enero, a menos de 72 horas de haber asumido su cargo, Fidela Bernarda Cuenca Fermín y su suplente renunciaron a la presidencia municipal de San Miguel Ahuehuetitlán, también del distrito de Silacayoápam, por supuestas amenazas a su persona, su familia y patrimonio; la función de edil las tomó el síndico, Salvador Daniel Peral Bazán, también del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo el 4 de enero, Tania Remedios Arias del Castillo, quien fuera electa presidenta municipal del municipio de San Juan Colorado, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, debía rendir protesta, así como recibir el bastón de mando1 en ceremonia encabezada por el consejo de ancianos, empero, éste consideró que no era propio que una mujer lo portara por lo cual le fue negado, de esta manera, aunque la alcaldesa rindió protesta de su encargo, la falta de realización del ritual anteriormente señalado, obstaculiza el ejercicio del cargo en plenitud, puesto que no cuenta con el respaldo de un grupo importante de la comunidad que representa. El bastón de mando le fue entregado a su esposo, Eliezer Alberto García Lorenzo, quien fuera electo como síndico municipal por la misma coalición que su esposa.

Por su parte la alcaldesa del municipio de Tlacoatzintepec, Oaxaca, Martha Regules Mendoza, así como sus suplentes Raquiela Olivera Lozano y Delfina Regules Hernández, de la fórmula del Partido de Morena, renunciaron a su cargo el día 1 de enero del presente año, debido a presuntas amenazas, durante la sesión de cabildo en la que rendiría protesta. Debido a que se retiraron también el resto de quienes integraban el cabildo, Leocadio González Calleja, de Morena, fue designado como presidente municipal; Guillermo Régules Gutiérrez, ex candidato por el PRI, como síndico, y Eustacio García Hernández, ex candidato del Partido Nueva Alianza, rindió protesta como regidor de Hacienda.

Con base a lo anteriormente expuesto podemos observar que de los cuatro cargos2 a las presidencias municipales que fueron electas de manera histórica en municipios de Oaxaca terminaron siendo ocupados por hombres, lo que demuestra una simulación política de parte de los partidos políticos ante el principio de paridad, una evidente resistencia al ejercicio de la democracia y la violencia política hacia las mujeres.

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su artículo 412 Ter contempla el delito de violencia política como:

“Violencia política es toda acción u omisión realizada por sí o a través de terceros que cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de cualquier miembro de su familia, para restringir, suspender, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad”.

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en su artículo 9 define violencia política en razón de género como:

“La acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se puede manifestar en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.”

Así también considera que las acciones y omisiones que configuran violencia política de género son las siguientes:

“I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades;

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;

III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual una persona ha sido nombrada o elegida;

V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; e

VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género.”

Así también, aunque la Ley Orgánica Municipal, establece en el artículo 61 las causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del ayuntamiento, así como las disposiciones para la participación ciudadana, no contempla los principios de paridad de género, ni de violencia política.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a que tomen las medidas pertinentes para evitar actos de simulación del principio de paridad género por parte de los partidos políticos, así como cualquier otro acto de violencia política contra las mujeres, en particular, los que comprenden las mismas o similares características que los presentados en el estado de Oaxaca a principios de enero de 2019.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca a fin de que incluya la paridad como uno de sus principios rectores con el objetivo de generar las condiciones para que el derecho a la participación política de las mujeres sea ejercido en igualdad, libre de discriminación y de violencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos estatales a armonizar sus leyes orgánicas municipales a fin de que incluyan la paridad como uno de sus principios rectores con el objetivo de generar las condiciones para que el derecho a la participación política de las mujeres sea ejercido en igualdad, libre de discriminación y de violencia.

Notas

1 El bastón forma parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas y es el símbolo de respeto, poder y mando entre las autoridades municipales.

2 Lo anterior en razón de que, aunque el cargo del municipio de San Juan Colorado sigue siendo ocupado por Tania Remedios Arias del Castillo, ante la comunidad indígena y el consejo de ancianos el cargo lo ocupa su marido Eliezer Alberto García Lorenzo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía manifiesta su respaldo al comunicado de la Cofepris en materia de tratamiento de residuos peligrosos, y exhorta a la Ssa y la Semarnat a difundir a escala nacional la importancia de separar y tratar adecuadamente los envases que hayan contenido combustible, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la República en la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta respaldo al comunicado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en materia de tratamiento de residuos peligrosos y exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se difunda a nivel nacional la importancia de separar y tratar adecuadamente los envases que hubieran tenido contacto con combustible; se exhorta a las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia, se coordinen con la federación con la finalidad de instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y ponderar en todo momento la salud pública.

Consideraciones

En días pasados la improvisación del Ejecutivo federal respecto al tratamiento comercial de importación de gasolina y al combate del robo de hidrocarburos que provocó el desabasto de gasolina, trajo como consecuencia que las personas realizaran compras de combustible a través de diversos recipientes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”

A través del comunicado 002, publicado el 18 de enero de 2019 la Cofepris informó que los depósitos, garrafones, bidones, recipientes o envases que se utilizaron para contener gasolina u otro tipo de hidrocarburo son residuos peligrosos y por lo tanto su disposición estará a cargo de empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cuales podrán ser consultadas en su página oficial.

La Cofepris ha señalado que para evitar riesgos a la salud de la población e impedir que estos recipientes se utilicen nuevamente para almacenar agua, se recomienda perforarlos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias, que establece los requisitos que deben tener los envases que contengan agua para consumo humano, señala que los envases que contuvieron sustancias tóxicas no podrán volver a utilizarse, por lo tanto, no serán recibidos para su llenado del vital líquido.

En este orden de ideas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta el respaldo al comunicado de fecha 18 de enero de 2019 que emitió la Cofepris, sin embargo, hace un exhorto respetuoso para difundir en toda la República mexicana respecto de la importancia de acercarse con sus autoridades locales para el tratamiento diferenciado de tales residuos, que sin duda son perjudiciales para la salud.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos:

“Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables.

Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:

I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;

II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;

V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear sinergias, y

VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.”

Por las razones anteriores y teniendo como premisa fundamental la salud de los mexicanos, se somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta respaldo al comunicado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de fecha 18 de enero de 2019 en materia de tratamiento de residuos peligrosos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada difundan a nivel nacional la importancia de separar y tratar adecuadamente los envases que hubieran tenido contacto con combustible.

Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia, se coordinen con la federación con la finalidad de instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como ponderar en todo momento la salud pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición por el gobierno federal de pipas para transportar combustibles, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Nuvia Mayorga Delgado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde que inició el combate al robo de hidrocarburos por parte del Gobierno Federal, los costos que ha sufrido la ciudadanía han sido incontables: desbasto de combustible, retraso en la entrega de productos y mercancías, ciudadanos molestos, despidos, pérdidas económicas; ahora, la trágica muerte de más de 80 personas por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, lo que refleja que dicha estrategia está fracasando, pues se ejecutó sin prevenir las afectaciones. De un día para otro, ya hay más muertos que detenidos y por donde quiera que se le vea, le toca cargarlos al presidente López Obrador.

Las medidas que se han tomado son con base a reacciones y no a prevenciones. Miles de millones de pesos en pérdidas para empresas mexicanas debido al desabasto de combustible; escenas de enojo y molestia de ciudadanos, en la espera de poner gasolina y, ahora, una tragedia, que enluta y divide al país.

En la misma vertiente, el gobierno federal anuncia la compra de 500 pipas, la contratación de choferes, cierre de ductos y continua el desabasto, nuevas medidas que provocan más dudas. Desde el 17 de enero se anunció que se envió una comitiva especial para Nueva York conformada por los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, de Economía Graciela Márquez Colín, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda Raquel Buenrostro, acompañados de personal de Pemex y de la Secretaría de la Defensa (Sedena), con el objeto de llevar a cabo la compra de las pipas.

Asimismo, se anunció que esta compra forma parte del plan de distribución de gasolina para evitar desabasto en caso de una contingencia que obligara a suspender el flujo de los ductos, esto es, los ductos se abrirán y se cerrarán cuando haya un boicot en los mismos con el respaldo de pipas que serán manejadas por las fuerzas armadas y sin la intermediación de los trabajadores sindicalizados, entonces ¿por qué la urgencia de adquirir las pipas si serán utilizadas en un mediano plazo? ¿por qué el uso de las pipas se llevará a cabo por personal de las fuerzas armadas y no de Pemex? ¿en qué va a beneficiar la creación de un sistema de transporte de gasolina paralelo al de Pemex? ¿por qué se anunció la contratación de 2 mil conductores si las pipas sólo son para uso eventual?

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se firmaron los contratos para adquirir 571 pipas con un costo cercano a 85 millones de dólares (mdd) en total, con el fin de garantizar el abasto de combustible en el país. Además, que la compra se hará por adjudicación directa, no por licitación. El presidente justificó la decisión argumentando que existe una situación de emergencia y la necesidad de garantizar el abasto de hidrocarburos.

López Obrador pidió que la compra se hiciera por adjudicación directa, bajo la figura de “urgencia” y “seguridad nacional” que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior, a pesar de que el mandatario ha dicho que su administración favorecerá las licitaciones en las compras públicas, como una estrategia para asegurar la competencia entre proveedores y evitar la corrupción.

Es importante señalar que nada justifica la decisión que se tomó desde la presidencia para adquirirlo mediante una adjudicación directa. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece tres maneras de contratación: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. Todo indica que se debió de haber hecho mediante una licitación pública, mediante la publicación de una convocatoria, bases, así como asegurar al Estado Mexicano las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. La Ley también establece cuando se pueden adquirir bienes sin licitación, sin embargo, dicha operación no parece encajar en ninguno de los casos, entonces ¿Dónde están los esfuerzos a favor de la transparencia por parte del Gobierno Federal?

Además, el presidente dijo que aún falta adquirir otras unidades para llegar a 707. Sobre el financiamiento, señaló que los recursos salieron de Pemex y que hay ahorros con la estrategia contra el robo al combustible, además de que se obtendrán recursos con la venta de los vehículos del Estado Mayor Presidencial y las aeronaves que utilizaba el gobierno federal. Lo anterior, son cifras inexactas, poco claras, que siguen siendo poco transparentes como la adjudicación directa en la obtención de las pipas.

En diciembre de 2017, la hoy secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval en un artículo publicado enumeró cinco “líneas estratégicas de acción para el combate a la corrupción estructural”, en el artículo titulado “¿Cómo combatiremos la corrupción?” dentro de ellas destaca el tercer eje propuesto:

“Tercero, fomento de políticas de transparencia total para que cada peso público sea completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real. Instituiremos la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas. Haremos obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones. Las licitaciones públicas serán en línea y con control social para todo tipo de compra y contratación incluyendo las asignaciones de Asociaciones Público-Privadas y de manera trascendental la contratación de Deuda Pública. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. En ellas se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

Además, el 15 de julio de 2018, el entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador anunció los “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana” dentro de los cuales destacan, en materia de transparencia los siguientes:

“18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

44. Las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.

45. Los contratos de obra de Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.”

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del PRI considera inadmisible que se esté llevando a cabo un proceso de adjudicación directa, cuando el Presidente de la República había anunciado diversos lineamientos en donde se destaca que todos los contratos de gobierno se llevarán a cabo mediante licitaciones públicas, además de que la secretaria de la Función Pública en campaña había prometido la vigilancia de cada peso público. Una vez más, el Presidente López Obrador está mintiendo a la población que dice representar, queda manifiesto que las medidas populistas dichas en campaña no serán cumplidas.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que cumpla a cabalidad el lineamiento 44, enunciado en el documento que presentó el 15 de julio de 2018 sobre “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana” que establece que las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de la Función Pública a que informe y fundamente conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la adquisición de las 571 pipas, sus costos, su financiamiento y las razones y procesos mediante el cual se determinó llevar a cabo dicha adjudicación, de manera directa.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a vigilar que las autoridades responsables de la adquisición de al menos 571 pipas en los Estados Unidos de América, transparenten el proceso de adjudicación directa que realizó el Gobierno Federal.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Energía a que explique e informe sobre:

a) La urgencia para la adquisición de las pipas sí serán utilizadas en un mediano plazo.

b) La motivación para que las pipas sean operadas por personal de las fuerzas armadas y no de Petróleos Mexicanos.

c) El supuesto beneficio respecto a la creación de un sistema de transporte de gasolina paralelo al de Petróleos Mexicanos.

d) Las razones para la contratación de al menos 2 mil conductores, sí se ha planteado que las pipas sólo serán para uso eventual.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de enero de 2019.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a hacer público el estado de las acciones tendentes a garantizar la salud de la región beneficiara del hospital general regional número 36, San Alejandro, en Puebla, suscrita por la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Maiella Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017 en distintas entidades federativas de nuestro país afectó sustancialmente la infraestructura de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, dentro de la que se encuentra el hospital general regional número 36 “San Alejandro”, ubicado en la capital del estado.

Dicho hospital sufrió daños estructurales de gravedad, por lo cual tuvo que ser desalojado al cien por ciento para garantizar la vida e integridad física de derechohabientes y trabajadores, redistribuyéndose en distintos espacios de la capital habilitados para continuar con la prestación de los servicios en la materia.

Cabe precisar que aquél tenía un porcentaje de ocupación diario de 90 por ciento; atendía, en promedio, a tres mil personas de manera diaria, ya que brindaba atención a estados colindantes, como Tlaxcala, Oaxaca o Veracruz; de hecho, el total de pacientes internados en 2017 fue de 32 mil personas, y su funcionamiento representaba 43 por ciento del total de camas de hospitalización para pacientes del IMSS en Puebla.1

Atendiendo a los daños estructurales de dicho hospital, el 3 de abril de 2018 se instauró el procedimiento de licitación pública internacional LO-019GYR119-E2-2018, por el cual se prevé la ejecución del proyecto integral relativo al programa de emergencia para la sustitución del hospital general regional número 36 de 415 camas, de San Alejandro, Puebla, por el hospital de gineco pediatría de 210 camas y por el hospital general regional de 205 camas, constituyéndose como licitante ganador Sacyr Construcción México, SA de CV, en participación conjunta con Sacyr Construcción, SAU, Sacyr Chile, SA y Somague Engenharia, SA, identificándose el proyecto con el número de contrato 1-17220002-4-43860.2

Ahora bien, es indiscutible que el Estado mexicano debe guiar su actuar garante conforme a dos principios universalmente reconocidos en materia de políticas públicas: principios de precaución y prevención. El primero conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos; hay identificación plena del factor que produce el daño (ausencia de infraestructura para la prestación de servicios de salud) y de este (daño a la salud); en cambio, el principio precautorio se aplica a los riesgos inciertos, es decir (la salud), se desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a la existencia y consecuencias de una conducta o actividad determinada en la materia, por lo que la elección de las acciones preventivas, como la pronta restitución de los servicios de salud proporcionados por el hospital regional en comento, es de sumo interés por los impactos positivos de aquellas.3

En tal virtud, se solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que informe de manera clara, precisa y suficiente, el estado de avance que guarda el proyecto licitado tendiente a la garantía de los derechos de los mexicanos, en apego a un principio de transparencia y prevención que debe regir en la protección de los derechos fundamentales de toda persona.

Por lo manifestado, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que haga público el estado de las acciones tendientes a garantizar la salud en la región beneficiaria del hospital general regional número 36 “San Alejandro” de la ciudad de Puebla.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que haga público el estado de avance que guarda el proyecto integral relativo al programa de emergencia para la sustitución del hospital general regional número 36 de 415 camas de San Alejandro, Puebla, por el hospital de gineco-pediatría de 210 camas y por el hospital general regional de 205 camas, identificándose el proyecto con el número de contrato 1-17220002-4-43860.

Notas

1 Ávila, Édgar. “Demolerán emblemático hospital del IMSS “San Alejandro” en Puebla”. Publicado en periódico El Universal, el 27 de septiembre de 2017. Consultado el 20 de diciembre de 2018. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/demoleran-emblematico-hospital-d el-imss-san-alejandro-en-puebla

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018. Consúltese: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540502&fecha=09/10/2018

3 Cfr. Época: Décima Época. Registro: 2011357. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.3o.A.17 A (10a.). Página: 2507 Medio Ambiente. Características de los principios de prevención y precautorio, aplicables a los riesgos en esa materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputada Maiella Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado a analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 41 de la CPEUM, a fin de incluir la violencia política por razones de género como causa de nulidad de una elección, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Con fecha 11 de octubre de 2018, la Senadoras de la república Kenia López Rabadán, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Nadia Navarro Acevedo, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección.

Segunda. La exposición de motivos de la iniciativa señala que las mujeres hoy enfrentamos un nuevo tipo de violencia, la cual se trata de la violencia política en razón de género.

Por otra parte, precisa que la Convención de Belém do Pará, considera como violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta, basada en su género, que produzca una afectación psicológica a la mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y también aquellas conductas tendientes a incitar que se produzca una afectación a las mujeres.

Asimismo, destaca que de conformidad con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, en razón de género, realizado el 2016 y actualizado en 2017 para atender el proceso electoral de ese año, define la violencia política contra las mujeres, como todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer, por el hecho de ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas, o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Expone como un ejemplo claro de violencia política de género los hechos que se suscitaron en 2009, cuando se registraron fórmulas con mujeres titulares y hombres suplentes, para competir por una diputación, ya fuera de mayoría o de representación proporcional, y posterior a la toma de posesión, las mujeres eran obligadas a pedir licencia al cargo, para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus suplentes hombres.

Tercera. Las Senadoras proponentes señalan que las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos políticos-electorales de las mujeres y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos, tal y como se determina en la Jurisprudencia 48/2016 Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales.

Las diputadas de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión compartimos cabalmente la propuesta de nuestras compañeras legisladoras, con el objeto de que se incluya como causal de nulidad de una elección el ejercer violencia política por razones de género contra candidatas, así como se tipifique como conducta delictiva.

Coincidimos que la violencia política por razones de género es una conducta reprochable y contraria al orden social, la cual se debe evitar y erradicar y es necesario establecer un marco jurídico eficaz que inhiba esta práctica.

Estas adecuaciones al marco legal tendrán un importante impacto en el combate de esta práctica y dará más instrumentos al l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien derivado del proceso electoral de 2017-2018, emitió 93 sentencias relativas a violencia política en razón de género.

Cuarta. Es de gran relevancia contar con las adecuaciones normativas lo antes posible, para el efecto de que, en los próximos procesos electorales, se tengan los instrumentos normativos actualizados y se puedan combatir esta práctica de ejercer violencia política por razones de género

Conforme a lo anterior, someto a consideración del este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Senado de la República para que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que realicen a la brevedad el análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección, y sea puesto a consideración del Pleno de esa Honorable Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Ciudad de México, a 23 de enero de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la Sener, el Centro Nacional de Control de Energía y la CFE a emprender acciones para restablecer la venta de carbón en Coahuila, suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a las secretaría de Economía y de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a emprender las acciones necesarias que permitan restablecer la venta de carbón en el estado de Coahuila de Zaragoza , conforme a las siguientes:

Consideraciones

La minería ha sido y sigue siendo para Coahuila una actividad sumamente importante, con el paso del tiempo, la industria minera se ha consolidado como una de las más importantes generadoras de empleos y desarrollo en el estado.

La industria minera estatal participa con el 3.4 por ciento del valor total nacional, lo que, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), permite que la industria del estado ocupe el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sílice, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, bismuto y cadmio; segundo lugar en fluorita; el tercero en barita; el cuarto en dolomita; el quinto en agregados pétreos y en menor proporción yeso, arcillas, grava, arena, caliza y plata. De estos minerales, el carbón ha destacado en importancia, debido a que se puede usar como combustible para generar energía eléctrica o como insumo para producir acero industrial.1

Una gran parte del estado de Coahuila tiene a la industria carbonífera como principal actividad económica, nos referimos a la Región Carbonífera, que, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), está conformada por los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.2 Sin embargo, no son los únicos, otros municipios que se dedican a esta actividad son: Progreso, Ocampo, San Pedro, Sierra Mojada, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas y Ciudad Acuña. Dicho lo anterior, podemos dimensionar la importancia que tiene la industria carbonífera para el estado.

La Región Carbonífera argumenta que ha contribuido a la construcción y desarrollo de nuestro país desde hace más de 150 años, pues con el carbón de Coahuila se han proveído industrias como la ferrocarrilera, la acerera, la carbo-química y la eléctrica, que han sido pieza clave para la modernización de México.

A pesar del papel tan importante que ha jugado la producción de carbón en la generación de energía para el país, en últimos años el gobierno federal ha enfocado sus políticas al consumo de gas natural importado, dejando de lado a las empresas mexicanas que por años se han dedicado a esta actividad.

Actualmente el 70 por ciento de la generación de energía en México se produce a base de gas natural importado, afectando gravemente la producción nacional y derivando en la desaparición de muchas pequeñas empresas mineras.3

La Región Carbonífera de Coahuila se encargaba de alimentar dos plantas generadoras de energía pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que operan desde hace 30 años y con las cuales se ha garantizado la producción del 10 por ciento de la electricidad que mueve a nuestro país.

El pasado 8 de diciembre concluyeron los contratos que tenía la Región con la CFE para el suministro de carbón, poniendo en riesgo más de 10 mil empleos directos y hasta 50 mil indirectos. Los productores de carbón han dejado de percibir ingresos por la falta de venta de este mineral, las pérdidas han sido de aproximadamente 30 y 40 millones de pesos semanales.4 Esta situación ha originado que la actividad económica y laboral esté suspendida, afectando la economía de muchos municipios del estado.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se hace frente a una situación como ésta, en el Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, llevado a cabo en el 2016, se subrayó que:

“En distintas etapas de la historia reciente de la Carbonífera, se han presentado bajas en el mercado del mineral, que se han traducido en pérdidas de empleo, inseguridad, migración y, en general, en depresión de la actividad económica, pese a ello no hay estudios prospectivos ni planteamientos sólidos de lo que pueda ocurrir en el caso probable de que se haga permanente el abatimiento de la demanda de carbón para la generación de energía”.5

Consideramos que se debe perseverar la industria minera, para ello es preciso capitalizar las ventajas que tiene como son el bajo costo y la gran cantidad de reservas que existe en el estado, siendo necesario el diseño de tecnologías para reducir sus desventajas.6 Se debe implementar una política de desarrollo que apoye a través de incentivos, financiamiento y créditos accesibles el correcto funcionamiento y desarrollo de esta industria.

Es necesario que se tomen cartas en el asunto, pues no se puede permitir que el pilar económico de toda una región se paralice, y más aún cuando se ha declarado que en la Región Carbonífera el 70 por ciento de los empleos que se generan actualmente dependen de la extracción de carbón.7 Resulta urgente unir voluntades en favor de la estabilidad económica, de la certeza laboral y de la protección de miles de familias coahuilenses.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución por el que se exhorta a las secretarías de Economía y de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a emprender las acciones necesarias que permitan restablecer la venta de carbón en el estado de Coahuila de Zaragoza

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaría de Economía para que realice un estudio sobre las causas que han generado la disminución de la venta del carbón en la Región Carbonífera del estado de Coahuila y que, en un plazo de 30 días naturales, envíe a la Cámara de Diputados el informe de sus resultados para su revisión y análisis.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera coordinada, emprendan las acciones necesarias a fin de restablecer la venta de este mineral en la Región Carbonífera del estado de Coahuila.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las instancias correspondientes, implemente medidas de política pública que garanticen el funcionamiento eficiente y eficaz, en el corto y largo plazo, de la industria carbonífera mexicana.

Notas

1 UNAM, Prospectiva de la región carbonífera de Coahuila, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en:

http://ru.iiec.unam.mx/3278/1/019-Muller-Cardenas.pdf Pág. 18.

2 INEFED, Regionalización Coahuila, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizacio n.html

3 SENER, Prospectiva de gas natural, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284343/Prospectiva_de_Ga s_Natural_2017.pdf pág. 15

4 Factor, Desalentador 2018 para productores de carbón, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en:

https://factorcoahuila.com/desalentador-2018-para-produc tores-de-carbon/

5 UNAM, Prospectiva de la región carbonífera de Coahuila, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en:

http://ru.iiec.unam.mx/3278/1/019-Muller-Cardenas.pdf Pág. 21

6 Ibídem., pág. 23

7 Vanguardia, A México le falta avanzar para la descarbonización, consultado el 14 de enero de 2019, disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/mexico-le-falta-avanzar-para-la-desc arbonizacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, en coordinación con el INE, a garantizar la plena y eficaz participación de las autoridades electorales en los procesos locales por realizarse en 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Que mediante acuerdo aprobado por unanimidad el 6 de agosto de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.1

Que en los procesos electorales mencionados, cinco entidades tendrán elecciones ordinarias para elegir diversos cargos de elección popular; estos son: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En el caso de Baja California, se destaca la elección para renovar la titularidad de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos; para las entidades de Quintana Roo y Tamaulipas, se elegirán diputaciones locales; y, finalmente, en los casos de Aguascalientes y Durango, ayuntamientos. Estos procesos electorales renovarán un total de 142 cargos de elección popular.

Que a partir de la aprobación de la reforma electoral de 2014, la distribución de atribuciones y competencias entre el INE y los organismos públicos locales (OPL) ha cambiado, toda vez que la Constitución General de la República y las leyes en la materia, se han modificado y le han dado al INE responsabilidades para intervenir y coadyuvar en las elecciones locales, entre las que destacan: la capacitación, la definición de la geografía electoral, la ubicación de casillas, el padrón y lista de electores, la preparación de la jornada electoral y todas aquellas que contribuyan a garantizar la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.2

Que de acuerdo con los artículos 29 y 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE:

“contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones ”, y

debe: “garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales. ”

Que tomando en consideración las experiencias anteriores y las atribuciones que la Ley le mandata, el Instituto Nacional Electoral solicitó en su proyecto de presupuesto, aprobado por el Consejo General el 28 de noviembre de 2018: 619 millones de pesos que le permitirían cumplir con sus funciones en los comicios locales mencionados .3

Entre las actividades presupuestadas destacan de instalación de casi 16 mil casillas e integración de mesas directivas en Baja California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo; así como la contratación de capacitadores y asistentes electorales, la visita a 1.1 millones de ciudadanos (casi 13 por ciento de los 9 millones de electores inscritos en las listas nominales de esos estados) y su capacitación para que funjan como funcionarios de casilla, el 2 de junio, día de las elecciones.

Que a decir de los Consejeros del INE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó sin consultas ni procesos de concertación, el recorte de 950 millones de pesos al presupuesto solicitado por ese Instituto, y que ello afecta su operación y pone en riesgo la viabilidad del apoyo del INE para los procesos electorales locales de las entidades mencionadas.4

A todo ello también se adiciona que se deberá realizar una elección extraordinaria en el estado de Puebla en este año, por la trágica y repentina muerte de la gobernadora, y dicha entidad tiene el quinto padrón más grande del país y representa prácticamente 50 por ciento de lo que las otras elecciones locales suponen. Y todo ello, requerirá de apoyo y concurrencia del INE, de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.

En tal sentido, consejeros del Instituto han declarado que el INE analiza no instalar casillas en las cinco entidades con elección este año, y dejar a los organismos públicos locales electorales asumir toda la organización de sus procesos, ante el recorte sustantivo de su presupuesto.

Esto último es un grave retroceso y un despropósito que hayamos aprobado en el Congreso y con el concurso de todas las fuerzas políticas representadas y principalmente, las de oposición, una reforma que le da atribuciones al INE para garantizar un mejor funcionamiento de nuestra democracia y mejorar nuestros procesos electorales locales y, sin mediar una negociación o concertación, vulneremos su autonomía y las atribuciones que tiene, recortándole recursos significativamente, lo cual afecta la vida democrática del país y pone en riesgo procesos que ya habían iniciado su programación y calendarización convenida y coordinadamente.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, lleve a cabo las adecuaciones presupuestales y el apoyo necesario en la calendarización de recursos suficientes, que permitan a dicho Instituto y a los organismos públicos locales electorales, cumplir con el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019, así como con las atribuciones que la normatividad electoral les mandata.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, acuerde la creación de una comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2019, que con pleno respeto a la soberanía de los entidades federativa, entre otras atribuciones, facilite y apoye la coordinación de esfuerzos, para que el INE pueda contar con los recursos que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

Notas

1 Acuerdo del Consejo General INE sesiones extraordinarias https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/9 7991/CGex201808-6-ap-6.pdf

2 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014.

3 Acuerdos del Consejo General INE sesiones extraordinarias https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/9 7991/CGex201808-6-ap-6.pdf

4 ttps://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/riesgo-de-participacion -de-ine-en-elecciones-locales-de-2019-por-recortes-2851463.html.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 23 días de enero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a publicar las NOM para cuidar la calidad que deben tener el queso, la leche en polvo y el yogur, suscrita por el diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe Eduardo Ron Ramos, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Considerandos

La globalización plantea retos para quienes no se encuentran preparados y beneficios para todos aquellos que saben aprovecharlo, en materia económica, la competencia es despiadada, por eso antes de pensar global, debemos actuar local, esa es una premisa que como integrantes de uno de los poderes constituidos del Estado, debemos establecer como categórica. Buscar medidas integrales e idóneas para blindar todos los ámbitos de la industria nacional, a fin de hacerla competitiva.

La competencia desigual en el caso particular de la leche y sus derivados, es multifactorial, y abarca desde las subvenciones que realiza Estados Unidos de América en toda la cadena productiva, hasta la ausencia de normatividad en nuestro país en materia de calidad de derivados de la leche, estas razones dificultan que la industria nacional compita y prospere a nivel mundial.

Mientras que la eliminación de subvenciones por parte de Estados Unidos en la cadena productiva de los lácteos y sus derivados, requiere toda una metodología especial que implica una variedad de estudios técnicos además de la intervención de organismos internacionales en materia de prácticas comerciales (OMC), la emisión de normas de calidad en México para proteger tanto a los lecheros como a los consumidores finales de productos lácteos, es de suma facilidad y compete exclusivamente a la Secretaría de Economía.

El vacío legal en materia de normas de calidad de queso, leche en polvo y yogurt, genera dos conflictos básicos que perjudican directamente tanto al sector lechero nacional como a los consumidores finales de estos productos, por un lado abre la puerta a industriales deshonestos, para que elaboren productos con insumos distintos a leche y no le informen al consumidor, provocando descrédito a la categoría en general: Queso, leche en polvo y yogurt, además de generar competencia desleal, pues productos de primera calidad compiten en el anaquel directamente con productos de ínfima calidad.

Son evidentes todas las implicaciones negativas que trae consigo esta ausencia de legislación en la materia, en resumen, un daño a la industria nacional y a los consumidores de estos productos.

No es necesario ir muy lejos para ver como otros países protegen su economía interior mediante normatividad ad hoc, tan sólo observemos que en el caso de Estados Unidos, existen rigurosas normas que definen de manera puntual las características específicas que un producto debe cumplir para ser considerado como queso o yogurt, en nuestro caso dicha normatividad no existe.

Cabe resaltar que la falta de normatividad en materia de calidad de derivados lácteos, permite que productos de ínfima calidad provenientes de diversos países, puedan colocarse en el mercado interno a un costo realmente bajo y como competencia directa y desleal con los productos de primera calidad generados en nuestro país, esta situación trae consigo el descontento de nuestro sector lechero y el desperdicio de miles de litros de ésta producción que no puede ser comercializada.

No olvidemos que la leche, el queso la leche en polvo y el yogurt son productos básicos en la alimentación por su aporte nutrimental, sin embargo en nuestro país sólo la leche tiene norma oficial, de cumplimiento obligatorio, mientras que los otros dos productos no la tienen, esto trae como consecuencia que en el mercado mexicano existan productos lácteos, quesos y yogurt, que están elaborados con “sucedáneos” (sustancia o elemento que puede reemplazar a otro por tener propiedades similares) de la leche e incluso con otros insumos que no se informa al consumidor, lo que constituye un engaño.

Es necesaria la publicación de normas oficiales mexicanas para el queso, leche en polvo y yogurt, mediante las cuales se exija que éstos se elaboren a partir de leche auténtica.

Resulta importante señalar que como beneficios adicionales a la emisión de esta norma por parte de la Secretaría de Economía encontramos los siguientes:

• El consumidor tendrá a la mano productos auténticos, es decir, elaborados a partir de leche de vaca y no de sucedáneos;

• Impulso a la demanda de leche.

• Retención e incremento del empleo en el sector primario, la industria y sector comercio.

• Atenuar la presión de excedentes de la leche fluida causada por la importación de leche en polvo, sueros y otros subproductos.

En materia de competencia comercial, el terreno de juego no es igual para todos los jugadores, esto se hace evidente cuando analizamos que México importa de Estados Unidos y Europa una gran cantidad de leche en polvo de tercera calidad, que –gracias a la falta de normatividad– los industriales utilizan como materia prima para la elaboración de queso y yogurt, estos productos compiten directamente y de forma desleal con productos elaborados con leche de primera calidad y con la leche fresca misma producida en nuestro país con altos estándares de calidad, tanto los precios como la calidad de estos derivados lácteos son sumamente dispares, mientras un litro de leche de primera calidad cuesta aproximadamente 6 pesos, un litro de leche en polvo cuesta menos de la mitad, en resumen, no hay competencia leal, si no se exige calidad y claridad en todos los aspectos de denominación de estos derivados.

Con normas de calidad sobre derivados lácteos la competencia será justa, pues la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá facultades para sancionar a todos aquellos que quieran engañar al consumidor, es decir, a quien quiera vender como queso, leche en polvo o yogurt un producto que no cumpla con las características mínimas de calidad. En este momento son incontables los productos en el mercado que no cuentan con la calidad mínima para ser considerados como queso o yogurt y que a pesar de ello se venden como tales. Esta es una problemática que nos afecta a todos, productores, industriales y consumidores.

En este momento se comercializan productos que de acuerdo con los estándares normativos de otros países (Europa y Estados Unidos) en materia de calidad, no se deben vender al consumidor con el nombre de quesos, pues contienen proteínas de origen diferente a la leche o almidones o féculas, debemos referir que por definición un queso es un producto elaborado a partir de la leche de vaca o de otras especies animales pasteurizada obtenido por la coagulación de la caseína con cuajo, bacterias lácticas y enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles, con o sin tratamiento ulterior por calentamiento, con o sin adición de fermentos de maduración y/o mohos, sin embargo, en muchos anaqueles se venden “quesos” fabricados con almidón o fécula que no pueden ser considerado de ninguna manera queso, esta situación se repite con el yogurt y otros lácteos.

Asimismo, con premisas normativas que sustentan el presente punto de acuerdo, encontramos como obligación del Estado mexicano proteger el derecho a la salud de las personas tal y como lo ordena el artículo 4o. de la Constitución General de la República; de esta manera corresponde al Ejecutivo federal, desde la esfera administrativa y al Congreso de la Unión, a través de la emisión de leyes, la elevada tarea y responsabilidad de proteger la salud de los mexicanos.

El derecho a la salud, sin duda tiene un fuerte vínculo a la buena alimentación de las personas, ya que es donde se encuentra el fundamento de un sano crecimiento y desarrollo de los mexicanos, en especial de los menores; no es casual el hecho de que la Carta Magna disponga en el párrafo sexto del artículo antes citado, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación para su desarrollo integral.

Por ello, las acciones del Estado deben orientarse a proteger la salud de todos, entre otras cosas, a través de procurar una buena alimentación de sus habitantes, pero también mediante el cumplimiento de su deber al hacer todo cuanto esté a su alcance para combatir aquello que atente o ponga en riesgo la salud pública.

Esta es otra razón que motiva el inscribir el presente punto de acuerdo el cual sometemos a este pleno, para solucionar precisamente uno de los problemas que además de dañar la producción nacional y violentar los derechos del consumidor, puede también poner en riesgo la salud de las y los mexicanos, toda vez que al no existir una norma obligatoria en cuestiones de calidad de la producción de derivados de lácteos, como los quesos y yogurt, se comercializan productos hechos en el mejor de los casos con leche importada de mala calidad, adulterada o sucedáneos.

No olvidemos que mientras que una norma facultativa dirigida a los particulares se considera como una opción, es decir, como una permisión que puede o no ser realizada sin ninguna consecuencia jurídica, la atribución de facultades a los órganos de gobierno se entiende como una obligación, más no como una opción, a saber, la autoridad o el órgano para el cual una norma facultativa se dicta, debe cumplir irrestrictamente el precepto, pues de lo contrario incumpliría con sus obligaciones.

En ese sentido, la emisión de normas en esta materia corresponde exclusivamente a la Secretaría de Economía con base en el artículo 34, fracciones III, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual señala como facultades de la misma:

• Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes.

• Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.

• Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales.

Por lo tanto, la Secretaría de Economía tiene la facultad, atribución y obligación de proteger –desde el ámbito de su competencia– la salud de los mexicanos a través de la expedición de normas oficiales que tengan por objeto regular la calidad de los productos derivados de la leche de vaca, sea leche nacional o importada, así como de proteger al consumidor de dichos productos una vez que estos llegan a sus manos.

Esta propuesta –aunada a otras que el gobierno federal debe poner en marcha– ayudaría a aliviar la presión en el sector lechero nacional, con la visión de producir internamente la leche con la calidad que demanda el consumidor en México.

El gobierno debe, a través de leyes y políticas públicas adecuadas, promover y exigir condiciones equitativas de competencia comercial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Se trata entonces, de proteger la salud de los mexicanos, proteger la producción mexicana ante la competencia desleal que existe por las razones expuestas y proteger al consumidor a través de la expedición de normas oficiales que les garanticen por una parte, productos de buena calidad, con buenos elementos nutricionales que redunden en una buena alimentación y, por la otra lo que debemos garantizar al consumidor es el derecho a ser bien informado respecto al producto que está adquiriendo, de tal suerte que si se le ofrece un producto derivado de leche de vaca, corresponda efectivamente a los estándares de calidad que el gobierno mexicano debe establecer para los quesos y yogurt, evitando que bajo esa leyenda se esté engañando al consumidor; lo cual no sólo significa un acto desleal y falto de ética del productor y el comercializador frente al consumidor, sino sobre todo un acto fraudulento con la agravante de atentar contra la salud de las personas, en especial como ya se mencionó en párrafos anteriores, contra las y los niños, a quienes estamos obligados a proteger por mandato constitucional.

Por lo expuesto nos permitimos someter a la valiosa consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que publique las normas oficiales mexicanas para cuidar la calidad que deben tener el queso, la leche en polvo y el yogurt, sus denominaciones, así como las especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Quintana Roo a implantar acciones urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en la entidad, a cargo de la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, senadora Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a vivir una vida libre de violencia se encuentra protegido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual estableció en su artículo 5 que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La violencia contra las mujeres es un hecho que nuestra sociedad no debe tolerar en ninguna de sus formas y manifestaciones, entre las que destacan, la violencia física, psicológica y económica, las cuales varían en función de los contextos sociales, económicos y culturales.

En este contexto, es importante mencionar que el artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw)1 define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”. Esta definición constituye la base conceptual para definir la violencia contra las mujeres y las niñas como actos de discriminación extrema hacia ellas.

De igual forma, la recomendación general número 19 de la Cedaw define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”2

Por otro lado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio establece que: “El feminicidio es considerado una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones más extremas de discriminación y violencia contra ellas. El odio, la discriminación y la violencia tienen su expresión por medio de las formas brutales en las que los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas son sometidos, y de esta forma se evidencia el odio y desprecio hacia ellas.”

Hoy en día la violencia contra las mujeres es uno de los grandes problemas de escala mundial; lamentablemente los resultados para erradicarla siguen siendo incipientes. Y, peor aún, conforme se desarrollan mayores indicadores y se realizan estudios de las diferentes causas y factores entorno las formas de violencia y la brecha de género, nos damos cuenta que, en estas condiciones, fortalecer el derecho de las mujeres a la justicia, garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como desplegar acciones más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente el feminicidio, implica reducir la impunidad de todos y cada uno de aquellos que ejercen violencia en su contra.

Por su parte, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que al menos 2 mil 795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, de acuerdo con datos proporcionados por organismos públicos de esos países la gravedad del fenómeno ha obligado a 18 países latinoamericanos a modificar sus leyes para sancionar el feminicidio: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana, Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).3

En México, el reconocimiento jurídico de la violencia contra las mujeres como fenómeno amplio y como hecho social que debe ser atendido por el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se hace a partir de la ratificación de la Cedaw y de la Convención de Belém do Pará. Derecho que ha quedado plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en febrero de 2007.4

No obstante, a pesar de los esfuerzos legislativos en nuestro marco jurídico y la ratificación de un sinnúmero de pactos y convenciones internacionales de derechos y principios para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en todo Quintana Roo, y en algunas regiones de manera exacerbada, se atraviesa una oleada de violencia que reclama acciones inmediatas y contundentes para garantizar la seguridad y la paz de las mujeres en dicha entidad.

El cumulo de diversas manifestaciones de violencia económica, física, sexual y psicológica en las mujeres residentes, en tránsito y visitantes, ha generado afectaciones irreparables ocasionando una diversidad de problemas en sus núcleos familiares y comunidades de todas las generaciones y a su vez refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.

En este contexto y de acuerdo con la información oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías estatales al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017 fueron asesinadas un total de 6 mil 297 mujeres en diferentes estados del país, de los cuales mil 886 casos fueron investigados como feminicidio, es decir sólo 30 por ciento. Sobre la información proporcionada por las autoridades correspondientes es importante señalar que no todos los estados dieron información completa del periodo analizado (2014-2017), pues algunos entregaron únicamente información parcial de un año, dos años, o ningún dato. La información proporcionada parcialmente refiere al número de asesinatos de mujeres y de feminicidios.5

Para ello, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es una medida de protección de los derechos humanos de las mujeres, que si bien es cierto México presume de contar con este mecanismo único en el mundo, las cifras demuestran que no ha dado resultados positivos en ningún municipio del país, sino por el contrario, la violencia y violencia feminicida ha incrementado.

La alerta de violencia de género contra las mujeres, se encuentra establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley. De manera que, ante el aumento de homicidios de mujeres en Quintana Roo y la no acreditación del delito de feminicidio, el 4 de diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo, AC, y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, realizaron la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Quintana Roo, la cual fue declarada en julio de 2017.

En consecuencia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió dicha alerta en la que se pedía entre otras cosas seis puntos urgentes, para tratar y erradicar la violencia de género y el feminicidio.

-Elaborar un estudio sobre los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y, a partir de éste, elaborar una estrategia de prevención y recuperación del espacio público;

-Implementar un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia y protocolos de actuación;

-Crear un programa único de capacitación;

-Implementar un protocolo de actuación en el estado para la implementación de las órdenes de protección de las mujeres, niñas y niños;

-Asegurar la operación del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Benito Juárez; y

-Fortalecer y publicar los protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género casos de feminicidio y delitos sexuales.

Sin embargo, estos puntos no se han atendido puntualmente. Aún no se tiene o no se ha hecho pública la elaboración de un estudio sobre los factores de riesgos de la violencia en contra de las mujeres, además se han seguido presentando casos de feminicidios, como el caso de Amairani, una joven de 16 años que fue violada, golpeada y asfixiada a unos metros de su casa.6

Al respecto, es importante mencionar que cada uno de los estados con declaratoria tiene la obligación de difundir la información relacionada con la Alerta de Género y en este sentido, el sitio web del estado de Quintana Roo solamente da una explicación sobre la Alerta, su objetivo y por qué se declaró en algunos municipios del estado; muestra un enlace con la información acerca de las noticias de la implementación de la Alertas y las acciones para responder a las medidas de la declaratoria, sin embargo y por desgracia, no se presenta evidencia.7

Estas lamentables situaciones han colocado a nuestra entidad como una de las más inseguras del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 del Inegi, el 73.3 por ciento de los quintanarroenses se sienten inseguros, el 68.1 por ciento de los quintanarroenses consideran que la inseguridad es el problema más importante y el 71.3 por ciento dejó de permitir que sus hijos menores de edad salieran a jugar a las calles.8 Adicional a ello, la FGE informa que en 2016 se realizaron más de 165 homicidios; en 2017 casi 359, y hasta el mes de noviembre del 2018 se contabilizaron más de 690 homicidios.

Por su parte, el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra Mujeres (Baesvim) de Quintana Roo, reportó que el 65 por ciento de los incidentes estuvieron ejecutados por las parejas sentimentales de las víctimas, seguido de hermanos, ex parejas e hijos, además la violencia ocurre principalmente en el domicilio de la víctima. En los últimos cinco meses, la Fiscalía de Quintan Roo ha reportado más de 15 feminicidios, en el que la mayoría de los ataques sucedieron en la zona norte.

Algunos casos de violencia han salido a la luz pública, como el caso de Addisbel Pupo Núñez; el de Cindy Saldívar, desaparecida; el descubrimiento de la cabeza de una mujer en la SM101 de Cancún.

Pero no son solamente estos casos los que se han presentado, ya que el 64.7 por ciento de las mujeres mayores a 15 años ha sido víctima de violencia.

En relación con lo anterior, damos cuenta que el gobierno del estado de Quintana Roo no ha dado cumplimiento a las propuestas y conclusiones emitidas en el informe elaborado por el grupo de trabajo que estudió y analizó la violencia contra las mujeres en la entidad, además que se desconocen los resultados de la aplicación de los recursos destinados a acciones afirmativas para la igualdad, la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer.

Es inaceptable permitir que las cifras sigan aumentado, los actos de violencia de género que suceden en el estado de Quintana Roo se deben condenar enérgicamente, pero sobre todo, esclarecer y exigir justicia tanto con sus familiares, como a las mujeres que han sido violentadas tanto física como psicológicamente.

Ante esta grave situación, como senadora del estado de Quintana Roo y como garante del pacto federal, exigimos respetuosamente al gobierno estatal y a los titulares de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad, tomen cartas en el asunto y lleven a cabo una revisión integral de su estrategia de seguridad e implemente acciones urgentes que restablezcan el estado de derecho y reduzcan los altos índices de feminicidios que hay en la entidad, a fin de garantizar la seguridad y paz de las mujeres.

Seguiré contribuyendo para defender a nuestro estado y protegeré los derechos de cada quintanarroense, porque ninguna mujer merece ser maltratada ni violentada en sus derechos fundamentales y mucho menos ser privada de su libertad por razones de género. Las mujeres son integrantes fundamentales de nuestra sociedad y como legisladora solidaria no puedo dejar pasar este tipo de situaciones en nuestro país. Tenemos la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas, pero, sobre todo, salvaguardar los derechos y eliminar la violencia contra las mujeres.

Somos muchas las que ya alzamos la voz y no nos van a callar. Demandamos que las autoridades judiciales aclaren todos los feminicidios sucedidos en Quintana Roo y que trabajemos juntos para que no haya ni una mujer más desaparecida, violada, golpeada o asesinada, en tal virtud y con base en las consideraciones anteriormente sustentadas someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Quintana Roo y a sus titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus competencias implementen acciones urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo para que envíe un informe y sus resultados a esta honorable asamblea sobre su gestión respecto a la aplicación de recursos públicos de programas, mecanismos y /o estrategias para combatir el aumento de delitos y violencia en contra de las mujeres quintanarroenses.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que promueva una mesa de trabajo interinstitucional entre autoridades estatales y federales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil pro-alerta y no alertistas, para coordinar acciones y medidas que coadyuven a la disminución de la incidencia delictiva, feminicidios y trata y al fortalecimiento de la lucha en contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar e informar del ejercicio de los recursos aplicados en los procedimientos y protocolos de la declaratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres para la igualdad, la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer en el estado de Quintana Roo.

Notas

1 La Cedaw fue firmada en 1979 y ratificada por México en 1981, Disponible en: http://undocs.org/es/A/RES/34/180.

2 Cedaw, Recomendación General número 19: La violencia contra la mujer, 11 periodo de sesiones, 1992.

3 El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_27_esp_0.pdf

4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

5 Informe implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017. Disponible en:

https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018 /05/enviando-informeimplementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en -mecc81xico-2014-2017-1.pdf

6 Feminicidios en Cancún que se quedarán en la memoria de todos. La Verdad. Disponible en: https://laverdadnoticias.com/crimen/Feminicidios-en-Cancun-que-se-queda ran-en-la-memoria-detodos-20180730-0008.html

7 Informe sombra sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Mexicano 2018. Coordinación: Dra. Gloria Ramírez, Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_ CEDAW_NGO_MEX_3 1428_S.pdf

8 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/201 8/doc/envipe2018_qroo.pdf

Dado en el salón de sesión de la Comisión Permanente, a los 23 días de enero de 2019.

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre los resultados del combate de la impunidad en la evasión fiscal, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la república e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la república y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Combate a la corrupción y la impunidad

La corrupción es el mal que por igual aqueja a los países y al sector privado en el mundo entero; en Acción Nacional consideramos que la impunidad es la deformación jurídica de la corrupción, porque en un sistema democrático resulta indispensable que se cumplan a cabalidad tanto los derechos como las obligaciones previstos en las leyes. Ante la vulneración de este sistema, no sólo debe existir algún castigo que sea proporcional a la infracción o falta cometida, sino que es imperativo que el infractor sea perseguido y sancionado acorde con su conducta.

Tal y como se señala en el Índice Global de Impunidad,1 cuando una sociedad no coloca por delante el cumplimiento de las normas que rigen su convivencia, se generan terribles distorsiones que provocan problemas estructurales para su desarrollo.

De acuerdo con este estudio, hay tres líneas de acción indispensables contra la impunidad: i) que el estado democrático promueva el desarrollo económico con sentido social; ii) que cualquier ciudadano pueda encontrar justicia, sin perjuicio de su condición social; y iii) que la sociedad civil asuma un papel activo en cuanto al respeto a los derechos humanos y que ejerza a plenitud sus libertades.

En tal virtud, es a través del fortalecimiento del estado de derecho y de los altos niveles de igualdad socioeconómica que puede romperse la inercialidad que conlleva la impunidad y el subdesarrollo.

El Índice Global de Impunidad está construido a partir del proceso que inicia con la comisión de un delito o ilícito, siguiendo con la denuncia respectiva y la investigación que se lleva a cabo, hasta llegar a una sentencia o proceso de reparación del daño a la víctima. Es un instrumento que sirve para identificar los grados de impunidad entre los países, analizar las variaciones caso por caso y observar las condiciones estructurales y funcionales de cada uno.

En la medición realizada en 2017 por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, de una lista de 69 países evaluados, México se ubica dentro de los cinco países con mayor índice de impunidad, superado por Camerún, India, Filipinas y Venezuela; además, dentro de la región de América, México es el país con el mayor grado de impunidad.

2. La prevención general de las leyes penales y los delitos fiscales

Dentro de las conductas que el ordenamiento jurídico considera ilícitas, las que merecen especial atención son aquellas cuyo reproche social es tan elevado que son tipificadas como delitos en las leyes penales.

No obstante, el fin del derecho penal debe apartarse contundentemente de ser un simple sistema persecutor y represor; las teorías más progresistas y modernas sobre la pena se han decantado en el sentido de que su función es la de prevención general, es decir, que la pena no solamente debe actuar sobre el condenado, sino sobre la comunidad en su conjunto, propiciando la consciencia general de que al transgredirse el orden jurídico, se estará sujeto a la persecución y posterior represión del Estado en ejercicio del ius puniendi , es decir, de su facultad de castigar o de imponer penas.

En tal virtud, es evidente que para cumplir con el principio de prevención general de las normas penales, y de ésta manera generar una coacción psicológica, es fundamental que la persecución de los delitos jamás quede impune.

Aunado a lo anterior, atendiendo al principio del derecho penal de mínima intervención, es decir, que el derecho penal no debe sancionar todas las conductas que resulten lesivas de aquellos bienes jurídicos dignos de protección (tales como la vida, el patrimonio, la seguridad, etc.) sino únicamente de las modalidades de ataque que sean más peligrosas para los mismos, se entiende, entonces, que las sanciones penales se deben circunscribir al círculo de lo indispensable.

En el caso que nos ocupa, dentro de los delitos fiscales, el Legislador consideró como bienes jurídicos dignos de protección aquellos relacionados con la protección del interés económico del Estado y, por ende, tanto de los medios propios para la recaudación, como de la recaudación misma, estableciendo como facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la de formular querella previamente a proceder penalmente por aquellos delitos fiscales que sean distintos del contrabando.

Lo anterior significa que los delitos fiscales de defraudación fiscal y sus equiparables no son perseguidos de oficio, sino mediante querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Fiscalía General de la República, tal como lo establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

3. Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables

De acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales y en los juicios relacionados con los delitos fiscales.

El artículo 108 del ordenamiento legal en comento, establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal.

Por su parte, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, señala que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal –es decir, defraudación fiscal equiparable– quienes realicen las conductas consistentes en:

• Consignar en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes;

• Realizar en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio sin comprobar a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta;

• Omitir enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado;

• Beneficiarse sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;

• Simular uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal;

• Omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente; y

• Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

4. La política pública en México en cuanto a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se delineó como un objetivo general el de llevar a México a su máximo potencial y como una de las cinco metas nacionales la relativa a contar con un México próspero.

Dentro de dicha meta nacional, se estableció como un primer objetivo el de “mantener la estabilidad macroeconómica del país” para lo cual se establecieron como estrategias para lograrlo las relativas a: a) proteger las finanzas públicas ante riesgos de entorno macroeconómico; b) fortalecer los ingresos del sector público; y c) promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.

Para las dos primeras estrategias mencionadas, se establecieron como líneas de acción las de:

• Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas;

• Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables;

• Incrementar la capacidad financiera del estado con ingresos estables y de carácter permanente;

• Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal;

• Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca del desarrollo;

Asimismo, dentro del Plan Estratégico del SAT 2014-20182 se señalaba como uno de sus objetivos estratégicos de control el relativo a “Incumplir tiene consecuencias” para lo cual el SAT incrementaría entre los contribuyentes la percepción de riesgo por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; señalándose que el contribuyente debería apreciar que el SAT conoce su comportamiento y que actúa en total apego a la normatividad fiscal.

De igual manera, dentro del objetivo estratégico “reacción inmediata a actos de control”, en el citado Plan Estratégico se hizo constar que la autoridad fiscal debería actuar pronta y oportunamente ante la detección temprana de incumplimientos, prácticas elusorias o defraudatorias, mejorando la capacidad de reacción con actos de intervención para la salvaguarda del interés fiscal.

A lo anterior, debe agregarse que en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018,3 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el apartado denominado “Acciones y Resultados Relevantes” por lo que hace a la labor de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2017, se destacó que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones presentó 1 mil 446 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; 52 requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables; 295 peticiones por los delitos determinados en las leyes del sistema financiero mexicano y 50 denuncias por delitos diversos en los cuales hay interés de la SHCP; sin que al efecto hubiese señalado el monto histórico al que ascienden dichas acciones, a pesar de que en el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012,4 es decir, el correspondiente al sexenio anterior, sí había sido cuantificado en un monto histórico estimado de 17 mil 80 millones de pesos.

Asimismo, respecto al número de averiguaciones previas consignadas ante el Poder Judicial de la Federación, en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informó de la consignación de 1 mil 299 asuntos por defraudación fiscal y sus equiparables; 49 asuntos por contrabando y sus equiparables; así como de 140 delitos de corte financiero y 4 por delitos diversos en los que hay interés de la SHCP, nuevamente, sin cuantificar el monto al que dichas acciones ascendieron y a pesar de que en el sexenio anterior, el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 se estimó en un monto de 9 mil 737 millones de pesos.

Finalmente, en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señaló que se obtuvo un total de 251 sentencias condenatorias, y que en 117 de ellas se ordenó efectuar la reparación del daño a favor del erario por un monto estimado de 1 mil 791 millones de pesos.

En este mismo sentido, dentro del sexto Informe de Labores 2017-2018,5 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 30 de julio de 2018, se tienen las siguientes cifras estimadas: 113 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; cero requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables; que respecto al número de averiguaciones previas consignadas ante el Poder Judicial de la Federación, fueron 155 por asuntos de defraudación fiscal y sus equiparables, 3 por contrabando y sus equiparables, y 43 por delitos de corte financiero; que se dio seguimiento a 1 mil 624 procesos judiciales ante el Poder Judicial de la Federación y que se obtuvieron 64 sentencias condenatorias y que de éstas, en 55 se ordenó la reparación del daño por un monto estimado de 850 millones 153 mil 579 pesos.

Dentro de este contexto y al haber concluido de la gestión de la administración pública 2012-2018 del presidente Enrique Peña, es necesario conocer cuáles han sido los resultados del ejercicio de la acción penal tratándose de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, para así determinar la efectividad en el combate a la evasión fiscal en nuestro país y contar con información que permita a esta Soberanía, a los Poderes de la Unión y a la ciudadanía en general identificar las áreas de oportunidad que existen en el combate a la evasión fiscal en México.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la jefa del Servicio de Administración Tributaria para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía el número de expedientes han sido enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación a efecto de que ésta formule las querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, detallando para tales efectos los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones económicas de cada uno de esos expedientes.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y tomando como base los expedientes que le fueron remitidos por el Servicio de Administración Tributaria por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, informe a esta soberanía el número de asuntos en los que fue formulada la querella correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la República, detallándose los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones económicas de las citadas querellas.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las querellas que fueron formuladas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, informe a esta soberanía del número de carpetas de investigación que fueron integradas, el número de éstas que fueron judicializadas, detallándose los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones económicas de cada una de ellas.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las carpetas de investigación por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables que fueron judicializadas por la ahora Fiscalía General de la República, informe a esta soberanía del número de casos que fueron recibidos, la etapa del procedimiento penal en que se encuentran y el número de estos asuntos en los que ya ha sido dictada una sentencia firme.

Notas

1 https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf?8052

2http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/archivos/Pl an_Estrategico_2014-2018.pdf

3 https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-l a-administracion-2012-2018

4 http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Documents/irc_shcp_1def. pdf

5 http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/
transparencia/docs/planes_programas_e_informes/6toinformeSHCP2018.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sener y Pemex, a presentar un informe ante esta soberanía y hacer pública la información referente a los contratos asignados para transportar combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, los costos por derivarse de esta nueva modalidad y la forma en que se pagarán, y el efecto final del costo de producción de la gasolina, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El robo de combustible se ha convertido en uno de los delitos que más han afectado a la economía y la sociedad mexicana, de hecho, se calcula que es la segunda actividad ilícita más lucrativa para el crimen organizado, sólo después del narcotráfico. De acuerdo con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede), en sus periodos de mayor éxito, puede ser hasta más redituable que las drogas.1

En este escenario, no cabe duda de que el combate al “huachicol”, como también se le conoce a este delito, debe ser una prioridad, sin embargo, la estrategia no debe afectar el bienestar de la población ni poner en riesgo la estabilidad y las actividades económicas de nuestro país.

Pese a ello, el plan para combatir el robo de combustible, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, ya ha demostrado sus limitaciones. La estrategia de cerrar las válvulas de diversos ductos de Pemex y abastecer a las gasolineras a través de transporte de carga terrestre (pipas) ha ocasionado una fuerte crisis de desabasto de combustible en más de diez entidades del país.

Entre los entidades más afectadas por el desabasto de combustible se encuentran Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y el estado de México.

La escasez de combustible ha afectado la vida diaria de miles de mexicanos que utilizan sus vehículos para trasladarse a sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales y otros destinos. También ha afectado a los trabajadores del transporte, quienes han tenido que esperar durante varias horas en las estaciones de servicio para comprar gasolina.

Los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ya reportan que han comenzado las afectaciones a la industria y el sector empresarial por el desabasto de combustible. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, líderes empresariales han manifestado que el 90 por ciento de las empresas de la entidad se han visto afectadas por esta situación.2

De prolongarse esta situación se puede poner en riesgo a la planta productiva del país, el abasto de diversos productos, el sector de exportaciones, el comercio interno, la estabilidad macroeconómica e, incluso, la seguridad alimentaria del país.

Aunado a las afectaciones y riesgos causados por el desabasto de combustibles, es preciso mencionar que en esta nueva estrategia, el gobierno federal ha actuado con opacidad en temas de gran relevancia, entre estos, lo concerniente a la nueva modalidad de transporte para el abastecimiento de las gasolineras.

De acuerdo con información oficial de Pemex, la empresa cuenta con 17 mil kilómetros de ductos y 74 terminales de almacenamiento y despacho, sin embargo, solamente cuenta con 520 carros tanque y mil 485 pipas para el reparto de combustibles vía terrestre.3

Basta señalar que, según el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, sólo en Guadalajara se necesitan 400 pipas diarias para la distribución de combustibles, pero Pemex sólo cuenta con 68 unidades para abastecer a 500 estaciones de servicio en todo el estado de Jalisco.4

Por su parte, el especialista del sector petrolero de Grupo Caravia y Asociados, Ramsés Pech, señaló que, con la capacidad de transporte terrestre de Pemex se estaría cubriendo apenas el 12 por ciento de los petrolíferos trasladados.

Los contrastes y las estadísticas de distribución por cada entidad, muestran que la capacidad en medios de transporte de Pemex es insuficiente para cubrir las necesidades de distribución de combustibles, lo que hace evidente la necesidad de contratar empresas privadas para garantizar el abastecimiento.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha señalado que actualmente el gobierno federal está rentando unas 3 mil 400 pipas a empresas privadas para coadyuvar en el transporte y abasto de combustibles,5 sin embargo, no ha comentado qué empresas son las beneficiadas, así como bajo qué términos han sido contratadas.

Pemex y el gobierno federal tienen la obligación de dar a conocer cuáles son las empresas que resultarán beneficiadas de la nueva estrategia para el combate contra el robo de combustibles.

Nos preocupa la forma como se toman las decisiones y se difunden las estrategias, sobre todo, por las consecuencias que tienen en el sector productivo. La imprecisión y los vacíos de información que se han generado respecto al desabasto han provocado una gran incertidumbre entre la población.

Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señala que la distribución de combustible a través de pipas es 14 veces más caro que por medio de los ductos ya existentes.6

Lo que lleva a preguntarse: ¿A cuánto ascenderá el costo total de la nueva estrategia de combate al robo de combustible? Comenzando por los costos de traslado, el resguardo de los ductos, la vigilancia de las pipas durante su trayecto y los contratos a empresas privadas para el transporte de los combustibles.

Debido al incremento del costo de transporte y el arrendamiento de pipas, ¿quién asumirá todos esos costos?

Asimismo, el fin de semana pasado, integrantes del gabinete federal viajaron a Estados Unidos para comprar 571 pipas, por un monto de 85 millones 393 mil 97 dólares, para la distribución de combustible. Con ello, supuestamente, se incrementará la capacidad en 200 mil barriles y así resolver el problema de desabasto.

El Ejecutivo federal reveló que aún se pretenden comprar otros 136 carros tanque para hacer un total de 707 unidades y con esta llegar a esta meta en el mes de marzo.

El aumento de la circulación de este tipo de transporte representa un riesgo latente para los cientos de miles de automovilistas que a diario transitan por nuestras carreteras y autopistas nacionales.

En México, hay 161 mil 365 kilómetros de carreteras, de los cuales 151 mil 601 kilómetros corresponden a carreteras libres de pago y 9 mil 764 kilómetros de cuota.

Los datos más recientes, contenidos en el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales y elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Transporte, arrojan que los vehículos de carga causaron 3 mil 383 siniestros, tan solo en 2017.7

Por eso es preocupante que, lejos de evitar la circulación de este tipo de unidades, se estén poniendo más de medio millar en circulación como parte de una supuesta estrategia para reestablecer el suministro de combustibles y, peor aún, cargadas de gasolina o diésel, lo que incrementa la peligrosidad de los transportes referidos.

Por lo antes expuesto, exigimos una pronta solución al problema del desabasto de gasolina, no podemos permitir que una situación así se normalice y se extienda por más días, semanas o hasta meses. Lo que está en juego es el desarrollo y la economía nacional, así como el bienestar de todos los mexicanos.

No sólo exigimos al gobierno federal que se resuelva esta grave crisis sino también que se transparenten los contratos que se están asignando para el transporte y abastecimiento de combustibles, los beneficiarios, así como el costo total de esta nueva estrategia.

De igual manera, le solicitamos al gobierno de la República que transparente las condiciones en que fueron compradas las 571 pipas, de manera que se pueda constatar que fueron adquiridas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la demás legislación aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que presenten un informe ante esta soberanía y hagan pública la información referente a los contratos asignados para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán, y los protocolos de seguridad para no poner en riesgo a los mexicanos que circulan por las carreteras del país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que presenten un informe ante esta soberanía y hagan pública la información relacionada a las condiciones en que fueron compradas las 571 pipas, de manera que se pueda constatar que fueron adquiridas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la demás legislación aplicable.

Notas

1 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article1487 73499.html

2https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enMX815MX815&ei=z9Y3XNqGPMq1tgXTy6DAAQ&q=
90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&oq=90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&gs_l=
psy-ab.3...1894019.1901439..1901677...0.0..0.153.4123.28j15....2..0....1..gws-wiz.......
0i71j0i131j0j0i20i263j0i203j38j0i22i30j0i22i10i30j33i22i29i30j33i21j33i160.BDT5bABtW7k

3 http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/Default2.aspx#.X Df1dVVKiM-

4 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desabasto-durara-lo-que-sea-nec esario-nahle

6 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988

7https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/ dt74.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al día 23 de enero del año 2019.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a elaborar y publicar el programa de manejo del área natural protegida Sierra de Tamaulipas, suscrita por el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a expedir el programa de manejo del área natural protegida denominada “Sierra de Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Tamaulipas cuenta con una importante riqueza natural, en la entidad se encuentran diez de los once sistemas ecológicos principales, veinticinco de los veintinueve tipos de vegetación reconocidos en el país, por lo que es considerado como uno de los estados con mayor diversidad de ecosistemas en el norte de México y actualmente el 10 % de la superficie estatal se considera área natural protegida.1

Hasta el año 2016, la entidad contaba con ocho áreas naturales protegidas, cinco de ellas se localizan en sistemas montañosos: “El Cielo”, “Altas Cumbres”, “Bernal de Horcasitas”, y “Parras de la Fuente”, y cuatro en zonas costeras y lacustres: “Laguna Madre y Vega del Rio Bravo”, “Laguna la Escondida”, “Laguna La Vega Escondida” y Rancho Nuevo”.

En diciembre de 2016, como resultado de diversas gestiones de organizaciones de protección al ambiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se declara como Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de reserva de la biosfera, el territorio conocido como “Sierra de Tamaulipas”.2

Dicho decreto establece la protección de 308,888-21-81.91 hectáreas, localizadas en la región comprendida entre los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y Soto la Marina.

En dicha reserva de la biosfera, se encuentran diversas especies consideradas bajo alguna categoría de protección de especies nativas de flora y fauna, así como en riesgo o en peligro de extinción, tal es el caso de la guacamaya verde, el hocofaisan, el tecolote oriental, el aguililla negra, el ocelote, jaguar y puma, por ello la importancia de proteger esta región.

Sin embargo, en los últimos meses algunos pobladores que habitan la reserva de la biosfera han denunciado que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales les ha prohibido realizar diversas actividades en la zona, situación que afecta el desarrollo de su vida cotidiana.

El decreto de creación del Área Natural Protegida contempla zonas en las cuales la población puede desarrollar ciertas actividades productivas como la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, labores silvícolas, entre otras que permitan su subsistencia sin alterar el medio natural o los ecosistemas, pero la falta de información y del correspondiente Programa de Manejo de Área Naturales Protegidas de la reserva de la biosfera, han provocado malestar entre los ciudadanos que habitan la zona.

Es por ello que propongo exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que a la brevedad emita el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Sierra de Tamaulipas”, con la finalidad de brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a los usuarios, poseedores y propietarios del área protegida, así como, se generen estrategias que permitan combinar el desarrollo de actividades económicas y productivas, con la preservación y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que permitan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de las comunidades allí asentadas.

En el mismo sentido, propongo la realización de campañas informativas y de concientización entre la población que habita la Reserva de la Biosfera “Sierra de Tamaulipas”, en la que participe la autoridad ambiental, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, mediante la cual se informe a las comunidades de las actividades que pueden desarrollar en las zonas que conforman el área protegida, con el objetivo de poder conciliar los distintos intereses de los actores involucrados, privilegiando siempre la protección y conservación de la ANP.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar y publicar el programa de manejo del área natural protegida “Sierra de Tamaulipas”, con la finalidad de brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a los usuarios, poseedores y propietarios del área protegida, así como, se generen estrategias que permitan combinar el desarrollo de actividades económicas y productivas, con la preservación y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que permitan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de las comunidades allí asentadas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar campañas informativas y de concientización entre la población que habita la reserva de la biosfera “Sierra de Tamaulipas”, en la que participen autoridades de los tres ámbitos de gobierno, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, mediante la cual se informe a las comunidades de las actividades que pueden desarrollar en las zonas que conforman el área protegida, con el objetivo de poder conciliar los distintos intereses de los actores involucrados, privilegiando siempre la protección y conservación de la ANP.

Notas

1 http://www.ceja.org.mx/IMG/pdf/ARTICULO_EDGAR_CORDOBA_ANPs.pdf

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464453&fecha=07/12/2 016

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 22 de enero de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, la Semarnat y la Sader a aplicar de manera eficaz la regulación en materia de uso agrícola, forestal y pecuario de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas, prohibiendo la venta y retirando del mercado nacional los que por su alta toxicidad han sido vetados en otros países, suscrita por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que apliquen de manera eficaz la regulación en materia de uso agrícola, forestal y pecuario de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas, prohibiendo la venta y retirando del mercado nacional a aquellos que por su alta toxicidad han sido vetados en otros países , de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

La política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de la materia ambiental se enfoca en la reconstrucción del tejido social con un enfoque biocéntrico, tendiente a conservar y restaurar el patrimonio natural y biológico de México, de manera paralela con el impulso y fomento del desarrollo sustentable.

Es una realidad que en los últimos treinta años se ha dado prioridad a un modelo de desarrollo económico que no ha sido del todo sustentable y que ha permitido la devastación del medio ambiente.

Las anteriores administraciones realizaron acciones poco eficaces y simularon la implementación de medidas protectoras, lo que ocasionó que nuestro país se encuentre sumido en una crisis ecológica y ambiental, derivado de la implementación de políticas erróneas que han generado conflictos socio-ambientales.

Ante esto, la actual administración tiene el reto de implementar modelos que permitan recuperar y cuidar el patrimonio biocultural de México, con el compromiso de que cualquier acción o política pública debe medir el impacto que pueda tener sobre el medio ambiente, con un manejo sustentable de los recursos, además de un fomento al respeto y apoyo a las prácticas de autogestión, tradicionales e innovadoras de las comunidades locales y los pueblos indígenas, a efecto de revertir la afectación ecológica, así como promoviendo opciones sustentables para el desarrollo social y económico de México.

Por ello, es imperativo el uso racional y debido de los plaguicidas, herbicidas, fungicidas y de más sustancias o mezclas de éstas, que se usan para mitigar, reducir o eliminar el impacto de las plagas en la producción agropecuaria, sobre todo, para la debida protección a la salud de los seres humanos.

Derivado del fin para el que fueron creados, estos productos tienen el potencial de ejercer efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente dada su naturaleza tóxica, por ello, tanto los plaguicidas como las demás sustancias para combatir plagas deben tener un manejo adecuado para la protección del humano que lo usa y de los productos del campo a los que se aplica.

El mal uso de los plaguicidas puede ocasionar la intoxicación de los agricultores, la contaminación de los alimentos y la del medio ambiente, todos éstos con efectos dañinos para la salud humana, por ello, es obligación de las autoridades fomentar el manejo seguro y comunicar de manera debida los principales riesgos que se generan por su uso.

Como muchas cosas que no han realizado bien las administraciones anteriores, actualmente se siguen usando sustancias en el campo mexicano que son altamente toxicas y perjudiciales para la salud humana y del medio ambiente. Ejemplo de esto es que en el agro de Oaxaca se usa más de 50 por ciento de productos químicos considerados altamente peligrosos y que están prohibidos a nivel internacional por los daños que ocasionan y que son altamente peligrosos.

Esto lo hemos podido saber a través de las investigaciones del químico biólogo Héctor Bernardino Hernández, que ha identificado que en Oaxaca se aplican 85 sustancias tóxicas en la producción agrícola, principalmente en el maíz, papaya, mango y caña de azúcar.

De estos 85 productos químicos, 51 se consideran como altamente peligrosos, de entre ellos, 43 tiene prohibida su venta en otros países como el paraquat y mancozeb, por lo que no se explica cómo es que en dicha entidad federativa su uso es cotidiano.

El investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) ha señalado que tan sólo en el maíz se utilizan 48 ingredientes tóxicos y que dichas sustancias están distribuidas entre herbicidas, insecticidas, fungicidas, situación que es muy peligrosa, toda vez que más de la mitad de estos productos a nivel internacional están catalogados como altamente peligrosos, ya que existen evidencias de que alteran el entorno ecológico y producen efectos severos a la salud humana y ocasionan cáncer como lo es el de la leucemia.

Desde 2015, año en que el químico biólogo Bernardino Hernández inició su investigación en el estado de Oaxaca, ha podido generar la hipótesis de que el uso de estos productos tóxicos en el campo han incrementado el número de casos de leucemia en la población infantil y de malformaciones en recién nacidos.

Esta investigación no ha sido tomada en cuenta por el actual gobierno de Oaxaca, lo que representa que el uso de dichos productos está generando un daño genético en las personas. De acuerdo con datos emitidos por la Secretaría de Salud, la leucemia es el cáncer más frecuente en menores al registrarse en 52 por ciento de pacientes, y en el caso de Oaxaca este tipo de cáncer representa el 53.8 por ciento.

De 2008 a 2016, la plataforma estatal del Registro de Casos de Niños y Adolescentes (RCNA) contabilizó 717 pacientes que recibieron tratamiento en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

El estudio del químico biólogo Bernardino Hernández se concentró en 80 comunidades del estado, excepto en la Cuenca del Papaloapan, en las que se encuestó a 550 pequeños productores de maíz, de los cuales 449 confirmaron el uso de este tipo de productos.

Es importante hacer notar que el académico ha podido identificar en el estado de Oaxaca que los campesinos desconocen el daño que algunas sustancias toxicas pueden ocasionar, ya que muchos de ellos no saben leer y otros no comprenden la información científica de las etiquetas de dichos productos, por ello los utilizan en dosis altamente concentradas o realizan combinaciones en las que se utilizan hasta 10 tipos de sustancias combinadas, ignorando que se puede provocar un aumento en la toxicidad y en el daño a la salud.

Si bien es cierto que algunas dependencias públicas, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, han promovido la utilización de químicos registrados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que no dañen al campo, también se ha detectado que existe un mercado ilegal muy difícil de controlar, donde las sustancias se ofrecen a menores costos, por lo que la utilización de los agroquímicos queda bajo la responsabilidad de los productores.

Ante esta situación que es apremiante, el suscrito coincide con la preocupación del investigador Bernardino Hernández ante lo relevante de su estudio, por lo que se peticiona que las autoridades prohíban la venta, sobre todo de menara clandestina, de estos productos altamente tóxicos como ya se ha hecho en 75 países.

De igual manera, es muy importante que se implemente un programa nacional para capacitar a los agricultores en el uso y manejo responsable de herbicidas, insecticidas, fungicidas, toda vez que dichas sustancias pueden alterar la salud humana y el medio ambiente.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que apliquen de manera eficaz la regulación en materia de uso agrícola, forestal y pecuario de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas, prohibiendo la venta y retirando del mercado nacional a aquellos que por su alta toxicidad han sido vetados en otros países.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al gobernador del estado de Oaxaca, a efecto de que, de manera coordinada y con total apego a su ámbito competencial, implementen medidas y acciones efectivas para que en dicha entidad federativa se combata la venta, sobre todo de manera clandestina, de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas o cualquier sustancia altamente toxica que ponga en riesgo la salud de los agricultores, de los consumidores y del medio ambiente, para que no sean usadas en la producción agrícola.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en conjunto, implementen un programa nacional de capacitación para agricultores, para que en la mitigación, reducción o eliminación de plagas en la producción agropecuaria, adquieran conocimientos sobre el uso adecuado de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas o de mezclas de éstas sustancias, a efecto de evitar la alteración o afectación a la salud humana y del medio ambiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de enero de 2019.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar los presumibles conflictos de interés y tráfico de influencias entre funcionarios del gobierno federal e integrantes del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, a raíz del contrato otorgado por el primero a Banco Azteca para administrar los recursos de programas sociales federales, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Función Pública a investigar los presumibles conflictos de interés y tráfico de influencias entre funcionarios del gobierno federal e integrantes del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, a raíz del contrato que otorga el gobierno federal a Banco Azteca para la administración de los recursos de programas sociales federales , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La entrega de apoyos de programas sociales representa una esperanza para millones de mexicanos en condiciones de pobreza y con graves carencias sociales, los apoyos gubernamentales son fundamentales para complementar el ingreso de las familias con mayor índice de rezago social, pues de ellos depende el que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Lamentablemente, la historia reciente del país está marcada por prácticas de corrupción y manejos irregulares de los programas sociales que distorsionan y desvían los apoyos, recrudecen la pobreza, y permiten que funcionarios públicos y particulares realicen grandes negocios al amparo de la necesidad del pueblo.

Por ello, es indispensable que los servidores públicos se apeguen a los principios de ética e imparcialidad en su actuar diario y realicen un cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes. Además de la observancia puntual de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para evitar que apoyos gubernamentales caigan en la red de corrupción.

En ese marco, con las reformas en materia de combate a la corrupción que se impulsaron en los últimos años, se dieron pasos decididos para frenar los conflictos de interés y el tráfico de influencias entre los servidores públicos de alto nivel y los particulares.

Al respecto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3, define como Conflicto de Interés, a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Por otra parte, el artículo 68 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad, el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.

No obstante, lo anterior y el discurso de combate a la corrupción del nuevo gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente se dieron a conocer indicios de violaciones al marco legal anticorrupción.

Durante el mes de enero, en el marco de la presentación de programas de desarrollo social como Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo Futuro, se dio a conocer que la institución de banca privada, Banco Azteca, perteneciente al Grupo Salinas, sustituiría a Bansefi (hoy Banco de Bienestar), en la administración de las tarjetas que se reparten a los beneficiarios de estos programas.

De acuerdo con investigaciones de Reporte Índigo ,1 Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, explicó que tanto la emisión como el manejo de las Tarjetas del Bienestar se dio por invitación directa del presidente, y sin ninguna licitación de por medio.

Tampoco hay claridad en la estrategia de bancarización de los programas sociales que ahora encabezará Banco Azteca, por ejemplo, como bien da cuenta de ello Animal Político ,2 en los lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se especifica si se cobrará alguna comisión a quienes se les entreguen, si deben obtener un saldo mensual mínimo o alguna otra condición; es decir, completa discrecionalidad.

En una entrevista con el periódico El Universal 3 Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca, admite que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, sí tiene una buena relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero rechazó que esto haya influido para que la institución haya sido elegida por el gobierno federal para hacerle llegar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios.

Durante la entrevista, el directivo menciona que Banco Azteca no va “hacer dinero” con este proyecto, porque no van a ganar un solo quinto, al contrario, va a costar en inversión, como la contratación de personal, la adquisición de plásticos y el traslado de dinero, pero reconoció que buscarán que los beneficiarios de los apoyos se conviertan en sus clientes para bancarizarlos, abrirles cuentas y sean sujetos de créditos a futuro. Aquí es donde se abre el negocio.

Según lo dado a conocer por El Universal , se explica que, si Banco Azteca llega a ser el “banco favorito” del gobierno federal, será porque se lo ganaron y nadie les regaló nada.

Mediante un comunicado, Banco Azteca informó que tiene más de 15 millones de clientes, más de mil 770 sucursales y supera los 10 mil 180 cajeros a lo largo del territorio nacional, con presencia en más de 780 municipios, y en 170 de ellos es la única institución financiera presente. Además de que su infraestructura y alcance aseguran el éxito y oportunidad en la entrega de los distintos apoyos sociales que el gobierno de México entregará a través de programas sociales.4

Es de señalar que en noviembre de 2018, a iniciativa de un grupo de empresarios, entre los que se encuentra Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se convenció al presidente López Obrador de crear un Consejo Asesor Empresarial, del que no se sabe su influencia en las decisiones de la actual administración.5

Además, Esteban Moctezuma, secretario de Educación en la actual administración, trabajó durante 17 años en Fundación Azteca, comandada también por Grupo Salinas.

Sobre este caso, antes de rendir protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría conflicto de interés entre Banco Azteca y el gobierno entrante, si participaba en el reparto de los apoyos económicos de los programas sociales,6 pero el camino que se ha seguido para beneficiar a esta institución bancaria demuestra lo contrario.

Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirmó en una entrevista con Carmen Aristegui que la adjudicación directa a Banco Azteca para distribuir tarjetas de programas sociales no cumple los requisitos de ley, además de que el proceso de adjudicación estuvo viciado, pues, de acuerdo con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Adquisiciones, debieron realizarse licitaciones públicas.7

El artículo 134 de la Constitución establece que:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.”

Por su parte, en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones señala que:

“Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”, enumerando una serie de causas y procedimientos; sin embargo, en este caso no se realizó justificación, ni se brindó evidencia para que el gobierno federal optará por la adjudicación directa.

Estamos ante un caso de total discrecionalidad en la asignación de servicios y recursos públicos. Presumiblemente el cambio de administración de las tarjetas de los beneficiarios de programas sociales, de una institución bancaria pública a una privada, obedece a una lógica empresarial, de beneficio privado, para construir negocios con el apoyo del gobierno.

En ese marco, dadas las circunstancias en las que se ha realizado la asignación del contrato con Banco Azteca, resulta necesario que la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de órgano interno de control en la administración pública federal, inicie un proceso de revisión para determinar posibles responsabilidades que den lugar a delitos por conflicto de interés y/o tráfico de influencias.

Sin duda, la bancarización y el acceso a los servicios financieros es una buena vía para impulsar el desarrollo de las comunidades marginadas del país, no obstante, en esta ocasión se observan irregularidades que deben ser investigadas.

La corrupción debe terminar, un paso para lograrlo es evitar que las instituciones públicas estén coludidas con particulares para obtener ganancias al margen de la ley.

Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Función Pública a investigar los presumibles conflictos de interés y tráfico de influencias, entre los funcionarios del gobierno federal e integrantes del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, a raíz del contrato que se otorga a Banco Azteca para la administración de las tarjetas bancarias de beneficiarios de programas sociales.

Notas

1 https://www.reporteindigo.com/reporte/banco-azteca-tendra-manejo-de-tar jetas-del-bienestar-por-invitacion-de-amlo-y-sin-contrato/

2 https://www.animalpolitico.com/2019/01/banco-azteca-tarjetas-programas- sociales-amlo/

3 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-no-eligio-banco-azteca-por- cuates-valenzuela

4 https://www.reporteindigo.com/indigonomics/banco-azteca-el-consentido-d el-sexenio/

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-acepta-asesoria-de-consej o-empresarial-20181115-0097.html

6 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
no-habra-conflicto-de-interes-con-banco-azteca-amlo-esteban-moctezuma-ricardo-salinas-banorte-bansefi-2141506.html

7 https://aristeguinoticias.com/2101/multimedia/
banco-azteca-por-que-no-hubo-licitacion-publica-donde-estan-los-documentos-irene-levy-enterate/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 23 días de enero de 2019.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a implantar acciones para prevenir y atender la violencia feminicida, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La violencia contras las mujeres y las niñas ha sido un fenómeno generalizado y sistemático que se encuentra presente tanto en México, como en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada tres mujeres es golpeada, violada o abusada sexualmente.1

Esta grave situación atenta contra los derechos humanos de las mujeres que se encuentran relacionados con la dignidad humana, la libertad, el libre desarrollo de su personalidad, la seguridad, el patrimonio e incluso la vida.

Así, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21 define la violencia feminicida de la siguiente forma:

Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.

De acuerdo con los principios establecidos en la Ley General de Acceso, la violencia feminicida constituye una de las acciones más lesivas de los derechos humanos porque se encuentra directamente relacionado con los feminicidios, es decir, con aquellos homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres por razones de género.

A pesar de las acciones realizadas para atacar el fenómeno, lo cierto es que éste ha ido incrementándose, transformándose incluso en un auténtico problema de seguridad pública, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 407 feminicidios registrados en 2015 pasamos a 701 feminicidios en 2017,2 a su vez, de enero a junio de 2018 con 469.

La situación del estado de Veracruz es especialmente preocupante porque la entidad concentra el mayor número de muertes violentas de mujeres a nivel nacional con un total de 79 feminicidios y 137 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en 2017.3 A su vez, de enero a julio de 2018 registró 39 feminicidios.4

Adicionalmente, los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdova, San Andrés Tuxtla, Poza Rica de Hidalgo, Yanga, Río Blanco, Mocorito, Tezonapa, Huatusco, Misantla, Pánuco, Martínez de la Torre y Tuxpan se ubican en la lista de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en México; lo cual posiciona al Estado de Veracruz, como la entidad federativa que cuenta con el mayor número de municipios considerados en la referida lista.5

Se destaca además que dicha entidad federativa, es la única que cuenta con dos Alertas de Género Declaradas. Además del feminicidio, también cuenta con una alerta por agravio comparado, es decir, porque la legislación, las políticas públicas y las acciones del gobierno fomentan la desigualdad, discriminación y atentan contra los derechos humanos de las mujeres reconocidos en México.

En este respecto, el grupo de trabajo concluyó que “en el estado de Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.6

La situación es tan grave que cada tres días se reporta cuando menos un feminicidio en la entidad, de hecho, tan sólo en el mes de diciembre se reportaron 19 feminicidios.7 Así mismo, el 14 de enero del presente año se reportaron dos feminicidios una de las víctimas tenía 16 años de edad.8

En este último respecto, se advierte un grave problema en el marco de la prevención y protección de las mujeres en el Estados. A decir verdad, los veracruzanos consideran no tener apoyo de las autoridades, pues al cierre del 2018, el 78.7 por ciento de los habitantes mayores de 18 años consideran que vivir en la ciudad de Veracruz es inseguro, mientras que en Coatzacoalcos la percepción de inseguridad es mayor al 93.4 por ciento.9

Es importante referir que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es una obligación de las autoridades del Estado aplicar el principio de debida diligencia en el marco de la investigación de los delitos de violencia contra la mujer.

Las sentencias de González y otras vs Estado mexicano (Campo Algodonero) y los casos Inés Fernández Ortega 10 y Valentina Rosendo Cantú, 11 establecen la imperante necesidad de proteger los derechos a la vida, la integridad, la libertad y el acceso de la justicia de las mujeres. En tales sentencias se advierte la obligación de las fiscalías de investigar la violencia feminicida.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias para México, en Veracruz no se han emprendido acciones contundentes que permitan atender el fenómeno del feminicidio; por el contrario, la cifra de asesinatos continúa incrementándose, a la par que la investigación de los delitos sigue siendo lenta, tortuosa y sin resultados.

Asimismo, existe una percepción generalizada de falta de atención por parte de las autoridades de seguridad pública y protección civil, al mismo tiempo que se pueden observar actos discriminatorios contra la mujer en los propios servicios de la administración pública del Estado, tal y como lo refiere la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

Es precisamente por todo lo anterior, y ante el grave problema que se vive en la entidad, que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar acciones contundentes que permitan prevenir y atender la violencia feminicida a fin de proteger la integridad y la vida de las mujeres veracruzanas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre

de 2017, publicado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, julio de 2018.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.

6 Conavim Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado, México: Conavim, 2017.

7 http://www.e-veracruz.mx/nota/2019-01-07/seguridad/en-diciembre-38-secu estros-138-homicidios-y-19-feminicidios

8 https://www.sinembargo.mx/14-01-2019/3522702

9 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Inegi.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra VS. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para generar nuevas rutas aéreas comerciales de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la Ciudad de México que permitan la libre competencia en el mercado y, en consecuencia, reduzcan las tarifas de vuelos y garanticen un mejor servicio a los usuarios, suscrita por el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas y gobierno municipal de Victoria, Tamaulipas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias para generar nuevas rutas aéreas comerciales de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Ciudad de México, que permitan la libre competencia en el mercado y en consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio a los usuarios , con base en las siguientes:

Consideraciones

El sistema aeroportuario mexicano cuenta con 77 aeropuertos, 64 de ellos internacionales, existen mil 443 aeródromos, 485 helipuertos, 290 talleres aeronáuticos autorizados y 182 centros de capacitación aeronáutica.1

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el 2018 se trasladaron vía aérea 88.4 millones de pasajeros, lo que significó un incremento del 7.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017. Asimismo, el factor de ocupación total de las aerolíneas nacionales fue de 79.1 por ciento.2

Actualmente, en nuestro país operan diversas empresas de aerotransporte comercial nacional: Grupo Aeroméxico, Volaris, Interjet, Viva Aerobús, Magnichartes, Transportes Aéreos Regionales (TAR), Aeromar y Aéreo Calafia.

Desde hace 30 años la empresa Transportes Aeromar, SA de CV, (Aeromar) ha brindado servicio de transporte aéreo regional a diversos destinos del país, transportando en 2018 al 1.8 por ciento de los pasajeros de vuelos nacionales.

Aeromar cuenta con la única concesión de la ruta aérea que va de Ciudad de México a Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo que ha ocasionado que desde hace tres décadas la empresa imponga altas tarifas y cancele vuelos afectando a los usuarios.

Asimismo, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportan que Aeromar presentó solo un 86 por ciento de índice de puntualidad a nivel nacional, mientras que, específicamente en el aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se llevaron a cabo 113 cancelaciones de vuelos entre los meses de enero a noviembre de 2018, de las cuales 109 fueron imputables a la aerolínea.3

Aunado a lo anterior, las tarifas que ofrece la línea aérea son elevadas en comparación con rutas similares, de lunes a viernes un vuelo de ida para una persona tiene un costo de entre 3 mil 821 a 4 mil 821 pesos, mientras que los vuelos redondos tienen un costo de entre 5 mil 500 a 7 mil pesos la tarifa más baja.4

En este sentido, diversas organizaciones empresariales, como la Coparmex y Canaco, y de empresarios del servicio turístico, han solicitado a las autoridades municipales, estatales y federales realizar las gestiones necesarias para la apertura de una nueva ruta de transporte aéreo comercial con el objetivo de generar competitividad y poder ofrecer a los usuarios tarifas justas y más accesibles.

Es por ello que propongo exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas y gobierno municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias para generar nuevas rutas aéreas de Ciudad Victoria, Tamaulipas - Ciudad de México, que permitan la libre competencia en el mercado y en consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio a los usuarios.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas y gobierno municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias para generar nuevas rutas áreas comerciales Ciudad Victoria, Tamaulipas,- Ciudad de México, que permitan la libre competencia en el mercado y en consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio a los usuarios.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/ amc-2017-i.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/ boletin-es-nov-26122018.pdf

3 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo7/ c-cdvictoria-26102018.xlsx

4 https://www.aeromar.mx/

Dado en el Palacio de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a poner fin a las acciones de persecución y hostigamiento contra Morena en la entidad, a cargo del senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, senador de la república de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. En diciembre de 2018, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, envió a la LXVI Legislatura del estado el proyecto de paquete económico, el cual incluyó las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para 2019. El proyecto consideró un ingreso de 69 mil 628 millones 474 mil 850 pesos, incluyendo ingresos propios, participaciones y aportaciones federales; mientras, en materia de egresos se estimó un total de 72 mil 216 millones 669 mil 688 pesos. El déficit presupuestal se proyectó en 2 mil 588 millones de pesos.

En esa fecha, el Ejecutivo estatal entregó de manera paralela un proyecto para reestructurar la totalidad de la deuda pública del estado, cuyo monto era, al 30 de noviembre de 2018, de 48 mil 855 millones de pesos, incluyendo créditos bancarios, emisiones bursátiles y bonos “cupón cero”. En su proyecto, el gobernador argumentó que dicha reestructura beneficiaría a las siguientes dos administraciones, pues se esperaba que fue más sustancial la reducción del pago de intereses, por los diferentes instrumentos de deuda.

Segunda. El 18 de diciembre de 2018, la LXVI Legislatura del estado de Chihuahua, aprobó reestructurar el total de los pasivos de la administración pública estatal, por lo que se decidió que el gobierno de estado pudiera contratar una deuda por un monto de 48 mil 800 millones de pesos, alargándose el plazo de pago de los créditos actuales para obtener recursos extraordinarios, con lo que la deuda pública del estado fue reestructurada por segunda ocasión, luego de un fallido proceso de subasta de la deuda bancaria, aprobado en septiembre de 2017 y realizado con asesoría de BBVA Bancomer.

Con los votos a favor de los diputados locales del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano, así como de los diputados de Morena en contra, el gobernador Corral acrecentó la deuda pública del estado, comprometiendo en futuro de millones de chihuahuenses.

En el nuevo crédito se planteó ampliar el plazo de pago a 30 años, 5 años más que el actual, en un proceso similar al que ya había efectuado el gobierno de Chihuahua con 20 mil 400 millones de pesos de la deuda directa con bancos, con el compromiso de lograr ahorros mensuales de hasta 300 millones de pesos, meta que incumplió debido al incremento de la tasa de interés interbancaria.

La reestructura de la deuda estatal fue aprobada con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2019, el cual por tercer año consecutivo previó un déficit de 2 mil 500 millones de pesos, sin incluir un plan de austeridad real, disciplina presupuestaria ni reorientación del gasto, ya que incluyó sueldos de 170 mil pesos mensuales para el gobernador; de hasta 315 mil pesos al mes para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura, y un incremento de 38 millones de pesos al presupuesto del Congreso del Estado, para crear un Instituto de Investigación Legislativa.

Tercera. Aunado a lo anterior, el pasado 17 de enero, diputados locales encabezados por el Grupo Parlamentario del PAN, presentaron una Iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, para reestructurar orgánicamente al Congreso del estado y eliminar la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, pasando las funciones a las Secretarías de Administración y de Asuntos Legislativos, que de aprobarse se llamaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

De acuerdo con la reforma planteada al artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la o el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política encabezará la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, quien además auxiliará a la Presidencia de ésta en el ejercicio de sus atribuciones; dará fe de lo acontecido en las reuniones; levantará y certificará las actas correspondientes; llevará el seguimiento de los acuerdos, e informará sobre su cumplimiento. En su argumentación, se expone que las obligaciones relativas a los temas eminentemente jurídicos deberán ser asumidas por la Secretaría de Asuntos Legislativos, por lo que su denominación será la de Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos; y que, en lo concerniente a comunicación social, las tareas serán asumidas por la Secretaría de Administración. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Actualmente, el titular de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales es Omar Holguín Franco, ex presidente del Consejo Estatal de Morena, por lo que si se aprueba la Iniciativa presentada, dejaría de fungir como titular de esa área.

El lunes 21 de enero, en sesión extraordinaria de la LXVI Legislatura de Chihuahua fue aprobado el dictamen con carácter de decreto de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativos a la estructura orgánica del Congreso del estado y de las atribuciones de sus órganos técnicos.

Cuarta. Lo que estuvo detrás de la intención de desaparecer a la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales fue la perversa persecución y el hostigamiento que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra Morena por el hecho de oponerse a aprobarle la reestructuración de la deuda pública del estado, y reclamarle su intención de endeudar por más de 40 años a generaciones y generaciones de chihuahuenses.

Además, los diputados del PAN en el Congreso de Chihuahua, siguiendo las órdenes del gobernador está buscando venganza por las denuncias que han venido presentando los diputados locales de Morena, en el sentido de que se pague a medios de comunicación a los que les deben facturas por tres meses.

Asimismo, el PAN en la Cámara de Diputados local, así como desde el gobierno estatal, no tolera la nueva forma de hacer política de Morena en Chihuahua, donde estamos buscando terminar con los privilegios y los favoritismos, y que de verdad los funcionarios públicos y quienes ostentamos un cargo de representación popular, estemos al servicio del pueblo.

Es momento de desenmascarar las verdaderas intenciones del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, quien se ha valido de los diputados locales del PAN, a quienes considera sus empleados para, bajo argumentos falsos de austeridad, desaparecer una instancia como la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales encabezada por Morena; además de emprender una guerra en contra de nuestro instituto político, ya que para él, la nueva forma de hacer política que estamos implementando le representa un peligro, motivo por el cual le pedimos que cesen sus acciones de persecución y hostigamiento en nuestra contra de Morena en el estado.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes y a la soberanía del estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a poner fin a las acciones de persecución y hostigamiento contra Morena en Chihuahua.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

Senador Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y su homóloga de Coahuila a tomar medidas para brindar estabilidad y certeza laboral a los docentes locales inscritos en el Programa Nacional de Inglés, suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila de Zaragoza a que tomen las medidas necesarias para brindarle estabilidad y certeza laboral a todos los docentes pertenecientes al Programa Nacional de Inglés en el estado, conforme a las siguientes

Consideraciones

Las malas condiciones laborales, los bajos salarios y la falta de seguridad social son una realidad para miles de trabajadores en México, esta situación vulnera sus derechos y los de sus familias, pues existen limitantes que les impiden acceder a los servicios más básicos para su bienestar y desarrollo.

Ejemplo de lo anterior es el grupo de maestros de inglés pertenecientes al Programa Nacional de Inglés (Proni) en Coahuila, coordinado por la Secretaría de Educación Pública federal y por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila. Este grupo de docentes ha visto vulnerados sus derechos laborales desde hace ya muchos años al no contar con los beneficios que por ley les corresponden como son: servicio médico, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pago de receso escolar (julio y agosto), respeto de antigüedad laboral, entre otros.

Demandan que desde que cada maestro inició su relación laboral con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, en ocasiones no recibe su pago a tiempo, inclusive se ha llegado a retrasar en lapsos de hasta 4 meses, dañando severamente su economía y la de sus familias.

Además, los maestros pertenecientes al Proni reclaman que los contratos semestrales que obtienen no abarcan todo el ciclo escolar, sino son contratados únicamente los meses en los que tienen que impartir clases, esto con la finalidad de que no se les paguen vacaciones y demás prestaciones, y no tengan acceso a los beneficios que se adquieren con la antigüedad laboral.

Adicional a ello, aseguran que no se les concede permiso para ausentarse por ningún motivo, esto es, si llegaran a enfermarse, tener algún problema familiar o un percance, como los que cualquier persona puede llegar a tener, no cuentan con algún tipo de recurso que los respalde para que no les descuenten parte de su ya bajo salario; debido a la falta de estabilidad económica que sufren estos maestros, un gran número de ellos han optado por abandonar el Programa.

Los maestros pertenecientes al Programa en Coahuila piden estar en igualdad de condiciones que los maestros de inglés que sí están basificados, pues ellos cuentan con certeza laboral, mejor salario y demás beneficios por llevar a cabo la misma labor en el aula como cualquier otro docente especializado.

Debido a su crítica situación laboral, este grupo de maestros enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas y las de sus familias como lo son salud, alimentación, educación y vivienda. Es por ello que los docentes de Coahuila pertenecientes al Proni piden su basificación y los beneficios que con ella derivan como lo son:

• La firma del contrato en tiempo y forma

• Pago puntual correspondiente al período trabajado

• Acceso al servicio médico

• Pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y receso escolar y demás prestaciones que marca la Ley

• Respeto de la antigüedad laboral

Los derechos que este grupo de maestros reclaman son reconocidos por instrumentos legales internacionales que México tiene la obligación de cumplir, ejemplo de ello es la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 22 establece que la seguridad social es un derecho humano fundamental que debe protegerse, por su parte, su artículo 23 señala que toda persona tiene derecho al trabajo y a sus condiciones equitativas y satisfactorias.1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también protege estos derechos, en su artículo 7 establece que deben existir condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias.2

No podemos hacer caso omiso a las demandas que este grupo de maestros formula al ver violados sus derechos, y menos aun cuando el Estado mexicano es quien se los está restringiendo.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila de Zaragoza a que tomen las medidas necesarias para brindarle estabilidad y certeza laboral a todos los docentes pertenecientes al Programa Nacional de Inglés en el estado

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal, así como a la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila de Zaragoza, para que hagan pública la situación laboral en la que se encuentran actualmente los maestros pertenecientes al Proni

Segundo : La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal, así como a la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila de Zaragoza a que tomen todas las medidas tendientes para brindar estabilidad y certeza laboral a todos los docentes pertenecientes al Proni, así como sujetarlos a un régimen laboral que les permita contar con todas las prestaciones que por ley les corresponden.

Notas

1 ONU, La Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, consultado el 2 de enero de 2019.

2 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx, consultado el 2 de enero de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a informar a la opinión pública sobre la estrategia y las acciones por implantar en materia de empleo, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los expertos han destacado la trascendencia del empleo en el mejoramiento del bienestar de los individuos, así como en el desarrollo y progreso de los países. El Banco Mundial señala que “El empleo es un factor determinante para lograr el desarrollo económico y social. Más allá de la importancia crucial que reviste para el bienestar individual, es el eje de muchos objetivos más amplios de la sociedad, como la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en toda la economía y la cohesión social”.1

En este mismo tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que “«El desarrollo viene con el empleo». Esta simple frase resume una realidad de siempre: que el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza, y que la expansión del empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos. Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico.”2

Dada la trascendencia del empleo para las personas y la economía en su conjunto, se ha constituido en un elemento central en la agenda mundial. Basta señalar que en el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa de la Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), se plantea lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030. Ello, como un medio crucial para estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica.3 También, se establece como una de las metas para erradicar la pobreza extrema y el hambre en el orbe.

Pese a estas consideraciones, parece que para el gobierno federal el empleo no representa parte medular de su política social, ni importarle las consecuencias de las acciones que han implementado como parte de su plan de austeridad, el cual está costando la pérdida de miles de empleos, afectando el bienestar y calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.

Para poner en perspectiva esta problemática, basta mencionar que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante diciembre de 2018 se observó una disminución de 378 mil 561 empleos, cifra equivalente a una tasa mensual de -1.9%, la mayor caída para igual mes desde que se tiene registro.4

Se trata de una mala noticia para miles familias mexicanas. La pérdida de estos empleos formales significa no sólo dejar de percibir una remuneración económica, sino también, no contar con acceso a la seguridad social y, con ello, a los servicios de salud, guarderías, pensión y la posibilidad de obtener crédito para vivienda. Se trata de un duro golpe a su bolsillo y bienestar.

Esta situación se verá agravada por el recorte de personal registrado en varias dependencias de la Administración Pública Federal, que fue planteado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad del nuevo gobierno.5 Al respecto, cabe destacar los siguientes casos:

• En el Senado de la República fueron despedidos 2 mil 40 trabajadores tanto de honorarios, operativos y temporales.6

• Se habla del despido de 500 personas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.7

• Cerca de 700 personas fueron despedidas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en al menos 10 entidades como Guanajuato, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco y la Ciudad de México.8

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que un total de 3 mil trabajadores serán despedidos.

• La Secretaría de Educación Pública hizo un recorte de alrededor del 30 por ciento de la plantilla laboral.9

Sin duda, se trata de una cuestión preocupante por las implicaciones que dichas medidas tienen para el mejoramiento del bienestar de la población. Y es previsible que el panorama se agudice en la medida que avance el proceso de descentralización anunciado por Andrés Manuel López Obrador desde su campaña.

En su momento, planteó que en su administración reduciría el 70% de la plantilla laboral de los empleados de confianza del gobierno federal. Los que se queden tendrían cambios en sus horarios, prestaciones y sueldos.

Es importante señalara que el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) concentra información del personal civil que ocupa un puesto de cualquier rango o nivel en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Al 30 de junio de 2018 en 289 instituciones públicas se registraron más de 1.3 millones de servidores públicos.10

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el cierre del primer semestre del 2018, en altos mando y medios mandos había 69,454 empleados de confianza. Si despidieran al 70% de ellos -como se ha planteado en los 50 puntos de austeridad, significaría un recorte de 48,618 personas.11

Asimismo, es necesario mencionar que las 56 delegaciones en todo el país cuentan con un total de 206 mil 757 empleados, distribuidos en todos los estados,12 que están en riesgo de perder su trabajo ante la desaparición de las delegaciones y la creación de la figura de los Delegados Estatales de Desarrollo, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, impulsada por el titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, existe otro factor estructural de suma relevancia que puede agravar la situación del empleo en el país. Diversos organismos internacionales y calificadoras internacionales han ajustado a la baja los pronósticos de crecimiento económico de México para el 2019 lo que, sin duda, tendrá un impacto negativo en la generación de empleos permanentes y bien remunerados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento de 2.1% para el próximo año, debido a una menor inversión privada en el país; mientras que el Bank of America Merrill Lynch, lo redujo de 2 a 1%, debido a la desaceleración económica de Estados Unidos, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, así como por las políticas fiscal y monetaria restrictivas implementadas por el nuevo gobierno, principalmente.13

Como es posible observar, dichas previsiones del crecimiento económico resultan inferiores a la meta planteada por Andrés Manuel López Obrador de 4% anual. Se trata de una más de las promesas de campaña que no se va a cumplir y que, sin duda, tendrá graves repercusiones en el bolsillo y bienestar de la mayoría de la población.

Garantizar un empleo digno es un derecho fundamental de todos los mexicanos, como lo establece nuestra Constitución Política. La generación de empleo formal representa una política pública clave para mejorar la economía de las familias mexicanas, así como su bienestar y calidad de vida.

El empleo deber ser la piedra angular del desarrollo económico y social. No será posible transitar hacia un desarrollo incluyente y sostenible si millones de personas no cuentan con la oportunidad de ganarse la vida en condiciones dignas y equitativas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que informe a la opinión pública sobre la estrategia y acciones a implementar en materia de empleo, ante el despido de miles de personas a causa de la implementación de su plan de austeridad, que impacta negativamente en la economía y calidad de vida de las familias mexicanas.

Notas

1 http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-132095 0747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/st atement/wcms_206443.pdf

3 http://www.undp.org/content/undp/es/home/
sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html

4 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201901/008

5 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

6 https://www.laotraopinion.com.mx/despidos-y-renuncias-en-el-senado/

7 https://adnpolitico.com/mexico/2019/01/05/el-issste-sat-y-otras-depende ncias-que-han-hecho-despidos

8 https://heraldodemexico.com.mx/estados/trabajadores-de-confianza-del-sa t-denuncian-despidos-masivos-en-al-menos-10-estados/

9 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sep-despide-al-30-de-la-plantil la-laboral

10 La información reportada corresponde al 15 de mayo, información reportada por las instituciones del 16 al 18 de mayo de 2018 (no se consideran a las empresas productivas del Estado Pemex y CFE ni al Tribunal Federal de Justicia Administrativa). http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf

11 https://expansion.mx/finanzas-personales/2018/08/01/eres-empleado-de-co nfianza-asi-te-afectaran-las-decisiones-de-amlo

12 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
incierto-futuro-para-206-mil-burocratas-trabajan-para-delegaciones-estatales/1260121

13 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bofa-recorta-estimado-de-crecim iento-para-mexico-en-2019

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

(Rúbrica)