Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados a formar una comisión de investigación que dé seguimiento a las acciones del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 41, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, el titular del Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex para enfrentar la emergencia nacional causada por el robo sistemático de hidrocarburos y sus derivados en distintos ductos localizados en varias regiones del país cometidos por integrantes no identificados de la delincuencia organizada en colusión con servidores públicos de Pemex.

Se calcula que tan sólo en 2018, el robo a la nación fue de 60 mil millones de pesos, lo que equivale al presupuesto anual de la UNAM, y que va más allá de la ordeña de ductos, ya que se ha detectado que se apoya en un sistema de distribución a gran escala desde el interior del gobierno.

Como consecuencia de esta situación en varios estados de la república se ha registrado un problema de distribución de gasolinas debido fundamentalmente a la reincidencia delincuencial que continúa saboteando los ductos por los que se transportan dichos hidrocarburos.

Ante tal situación, el presidente de la República ha emprendido una serie de acciones decisivas con el propósito de poner fin a la comisión de este delito y la corrupción e impunidad con la que se ha cometido en los últimos años.

Como parte de esa estrategia, el presidente de la República ha convocado a trabajadores de Pemex, dueños de gasolineras, transportistas y a las familias de México, a terminar juntos con el robo de combustibles.

Por ello, es necesario que esta soberanía con el ánimo de contribuir desde su ámbito de competencias, a la solución de este grave flagelo, considera oportuno proponer la presente proposición a fin de que se conforme una comisión de investigación que le dé seguimiento a dicha estrategia del gobierno federal con base en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su párrafo tercero que:

“Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal”.

En el mismo sentido el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice que:

“Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional”.

Con base en lo anterior consideramos que, ante esta situación, debe haber una colaboración institucional entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, para lograr la consecución de objetivos comunes que atiendan con eficacia y prontitud esta emergencia.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a crear una comisión de investigación para dar seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos.

Segundo. El objetivo de la comisión de investigación es el que se desprende de su denominación, para lo cual podrá solicitar la información que considere pertinente, así como realizar reuniones de trabajo con servidores públicos.

Tercero. La comisión de investigación deberá rendir un informe sobre sus trabajos que se hará del conocimiento del Ejecutivo federal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a lo ocurrido el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las legisladoras y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes, como resultado de una fuga de combustible en un ducto ubicado en la comunidad de San Primitivo, dentro del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, se generó una explosión que al día de hoy, ha cobrado la vida de más 90 personas y dejado más de 50 heridos, hasta ahora, aunque no se sabe con seguridad, se presume que tal fuga fue intencional.

Al respecto, diversas versiones afirman que las autoridades tuvieron conocimiento de tales hechos desde las 14:00 horas, y se tuvo la presencia de militares desde ese momento, también se tienen versiones que cientos de personas con bidones se congregaron alrededor de la fuga de combustible, con el objeto de obtener un poco de tal líquido, derivado de la carencia de él que se había tenido en las últimas semanas.

Esta tragedia se inscribe como una de las mayores de las últimas décadas en México, se produjo en medio de una crisis por el desabasto de combustible que afecta a más de diez estados de la República, con estaciones de servicio cerradas, compras de pánico y el sabotaje de ductos.

De esa forma, a las 18:50 horas, las autoridades de Hidalgo ya tenían confirmado sobre la explosión en ese lugar, misma que dejó decenas de personas lesionadas.

Transcurrieron al menos un par de horas entre el reporte del Ejército a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la fuga de hidrocarburo y la explosión; tiempo en que la gente estuvo almacenando gasolina en garrafas, algunos incluso, haciendo dos o tres recorridos, ello para llevarse la mayor cantidad posible, de acuerdo con testimonios.

Según palabras del titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el ducto Tuxpan-Tula, en el cual se dio la toma clandestina de la que derivó la explosión en Tlahuelilpan, es “importante porque surte a la refinería de Tula con gasolinas o con componentes para la gasolina”.

Agregó que el ducto Tuxpan-Tula estaba suspendido desde el 23 de diciembre, y hasta el 16 de enero había sido reactivado, para el “proceso de empaque” de gasolina Premium y el componente llamado MTB.

Asimismo explicó que cuando detectaron actividad irregular en el ducto Tuxpan-Tula, se redujo la presión aplicando los protocolos correspondientes.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, declaró que la válvula fue cerrada a las 18:20 horas, casi cuatro horas después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó la toma clandestina, y media hora antes de que ocurriera la explosión. De acuerdo con lo dicho por las autoridades federales, al estar la toma clandestina en una zona baja, y dada la carga de combustible (el ducto que estaba lleno, según la secretaria de Energía), siguió brotando el hidrocarburo.

“Se venía operando a 20 kilogramos de presión, y cuando ocurre esto, la suspensión y el cierre en la válvula, ya se queda en aproximadamente cinco o seis kilogramos de presión”, mencionó el director de Pemex.

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Romero Oropeza apuntó que en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, a lo largo del ducto Tuxpan-Tula, se habían detectado diez tomas clandestinas de hidrocarburo en los últimos tres meses, y que pasado el 18 de diciembre, en el mismo municipio ya se había desatado un incendio, por una toma clandestina, el cual tardó 12 horas en apagarse.

En respuestas a solicitudes de información, Pemex indicó que en Tlahuelilpan, Hidalgo, han sido detectadas tomas clandestinas al menos desde 2011, cuando se registró un caso; luego fueron seis en 2013, ocho en 2014, dos en 2015, seis en 2016, y tres entre el uno de enero y el 16 de febrero de 2017.

Tlahuelilpan, está a 70 kilómetros de la ciudad de Pachuca, y de acuerdo con el Inegi para 2015 tenía una población de 19 mil 389 habitantes. De acuerdo con los datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de ese año, la mitad de su población tenía condición de pobreza, y 7.1 por ciento pobreza extrema.1

A últimas fechas, como todos podemos a través de spots de televisión y radio, así como por declaraciones de servidores públicos federales, se realiza una campaña en contra el robo de hidrocarburos, en la cual se mantienen –según dice– vigilados todos los ductos por los que se transporta el combustible a efecto de prevenir su robo.

Ante toda esa parafernalia y despliegue de recursos publicitarios surge una primera cuestión ¿Cuál es en realidad la protección o vigilancia que se tiene sobre esos ductos? En realidad, hechos como el acontecido el pasado viernes evidencia que no tienen estrategia ni planeación a largo plazo.

Más allá de considerar la presencia del Ejército en los ductos, debe diseñarse y plantearse un proyecto que considere los escenarios posibles para desarticular las posibles acciones que podrían emprender esos grupos delictivos organizados que han diversificado sus actividades; es el caso de del tráfico de drogas, armas y ahora el robo de combustible, sin que por ello se vean afectados las y los ciudadanos.

Es inconcuso que la carencia de medios para allegarse de combustible generó en muchas de las víctimas la necesidad de tener un poco de ese producto que el gobierno había dejado de suministrar, y de ahí su asistencia al lugar, todo para satisfacer una necesidad creada por el mismo Estado.

Luego, el planteamiento es ¿Cómo se va a combatir “la ordeña de ductos”?, la constante es que ese combate evite afectar las actividades socioeconómicas y a la población en general; para ello, se requiere un trabajo de inteligencia, monitoreo y supervisión permanente, aspecto del cual ha carecido el gobierno, o al menos no queda claro un rumbo o dirección adecuada.

Sobre la acción de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo narrado por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el viernes 18 de enero, a las 14:30 horas, un grupo de 25 elementos del Ejército fueron quienes detectaron durante un recorrido de vigilancia una toma clandestina en un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, a unos 13 kilómetros de la refinería de Tula.

Este primer punto contrasta con lo expuesto previamente, el sábado 19 de enero, por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien en conferencia de prensa con las autoridades del gobierno federal había dicho que Pemex reportó a la Sedena la perforación ilegal del ducto a las 16:50 horas, casi tres horas después de lo señalado ayer por Alfonso Durazo.

Así, a las 15:45 horas, el secretario de Seguridad Pública detalló que comenzó a aglomerarse “una parte de la población” en la zona de la fuga de combustible, es decir, se dieron observadores desde que comenzó y se reportó la fuga, fueron testigos de cómo la gente comenzó a llegar, la cuestión aquí es ¿Por qué la población tuvo una capacidad de congregación y convocatoria exponencial, mientras que las autoridades fueron incapaces de llegar en mayor número?

En cuanto a la investigación de los hechos sobre esa toma clandestina, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que policías ministeriales acudieron a la zona, para recabar evidencia, y que ya cuentan, entre otros elementos, con videos de los momentos en que la gente acudía para llevarse gasolina de la toma clandestina, a él le tocará averiguar qué originó el incendio y quiénes son los responsables.

Sin embargo, dijo, en la investigación hay una serie de limitantes, por lo que se hará lo que sea “humanamente posible” para esclarecer el caso.

De las explicaciones sobre la tragedia, el Presidente, además de lamentar los hechos que causaron la muerte de hasta ahora 94 personas y más de 40 heridos; resume que, hasta el momento, no hay responsables detenidos y que la culpa de todo es de la política neoliberal. Lo cual muestra una actitud de intentar evadir las obligaciones, y peor, más allá de eso, hace lo mismo que ha hecho desde la oposición, sacar raja política para echar culpas a otros, y no asumir sus propias responsabilidades, esas responsabilidades que tal como se ha cansado de decir delegaron sus 30 millones de electores.

Que no se equivoque el Presidente, las omisiones y la negligencia de las autoridades en otras situaciones, han sido cuestionadas y castigadas porque se tratan de violaciones a procedimientos específicos, por lo que nos preguntamos ¿Este caso no amerita alguna sanción? ¿No hay culpables? Ningún accidente, por estas razones, puede ser disculpado.

El titular del Ejecutivo, antes como opositor, participó en campañas de desprestigio y señaló a políticos y servidores públicos por omisiones. Le damos la bienvenida al señor Presidente a la vida de responsabilidades del servicio público, en la cual se tienen que tomar decisiones y asumir las consecuencias.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo en conferencia de prensa que el oficial del Ejército que se encontraba al mando de la base de operaciones, encargada de revisar esa zona de ductos de Pemex, tenía 25 elementos bajo su mando, y que detectaron la toma clandestina en Tlahuelilpan “todavía en un momento que no tenía mucha salida el combustible”.

Según el reporte que le dieron al titular de Sedena, “había algunas personas ahí, cercanas a la toma”, y “poco a poco fue incrementando la salida de combustible en el ducto en la toma clandestina hasta llegar a alcanzar seis o siete metros de altura”.

Sin embargo, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, artículo 1/o., establece:

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.”

Ante las imágenes de la tragedia, muchos nos preguntamos: ¿Por qué no cerraron el ducto desde el momento que se detectó la fuga? Fue innegable la situación de riesgo, así como la indolencia de las autoridades que poco hicieron para aplicar algún protocolo de protección civil, puesto que lo primero era acordonar la zona y establecer o al menos tratar de establecer un perímetro, ¿Cuál era el protocolo de actuación inmediato?, ¿Por qué no hubo acciones por parte del Ejército y la Policía Federal? El gobierno se justifica en que trató de evitar un enfrentamiento con los civiles o ser acusados de represores; según las crónicas periodísticas, había menos de 30 elementos (soldados y policías) y alrededor de 800 pobladores, ¿nos tratan de explicar que no se cuenta con refuerzos suficientes para la debida protección civil? Eso, sencillamente es inaceptable, porque tenían conocimiento del riesgo de una explosión y, ante eso, se decidió exponer a los habitantes, quizás para tener evidencia gráfica del robo.

Es indudable que alguien determinó el no actuar del Ejército, dejando de cumplir con lo previsto en las leyes. No, esto no es un concurso de popularidad, sino una función de Estado que tienen que acatar, debieron proteger a la ciudadanía, aun incluso del propio riesgo personal. Quien decidió lo contrario sin duda dejó mal parada a la institución y tiene graves responsabilidades.

Sobre ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en un comunicado que inició una queja de oficio respecto a los hechos ocurridos en Tlahuelilpan –donde murieron 91 personas en un incendio por una toma clandestina–, sin formular “imputaciones concretas” en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su “inacción” en el caso, como dijo por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En relación a la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas”, indicó la CNDH.

“La queja iniciada por este organismo nacional, no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de autoridades. En vía de colaboración, se ha pedido información a autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, para conocer de primera mano su versión y el sentido que, de ser el caso tuvo, su intervención en los hechos”, agregó.

Nadie en su sano juicio o que se precie de tener uso de razón, niega estar en favor de las acciones en contra del combate al robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, se trata de una medida que apoyamos, conscientes de la gravedad de este delito. Lo que no es concebible es que se haya emprendido esta lucha sin una estrategia definida, sin un proyecto basado en datos duros y conocimientos técnicos precisos y eficaces para evitar no solo pérdidas económicas, sino lo más valioso, vidas de las personas.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad a las personas que resultaron heridas y sus más sentidas condolencias a los deudos de quienes fallecieron en esta tragedia acontecida en Tlahuelilpan, Hidalgo, asimismo exige a las autoridades competentes que garanticen el apoyo jurídico, la reparación de los daños y el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas que han sido afectadas por tales hechos.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, y exhorta a las autoridades competentes a investigar y esclarecer, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y certeza, las causas y los hechos ocurridos, asimismo, se finquen las responsabilidades correspondientes.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, haga públicas las investigaciones sobre los hechos ocurridos y que, a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, informe sobre las condiciones que guardan las instalaciones y ductos que transportan hidrocarburos en el país.

Cuarto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico informen a esta soberanía sobre los alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia implementada contra el robo de hidrocarburos y la compra de pipas para la distribución sin licitación pública ni mecanismos de transparencia.

Quinto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Hidalgo, para que en el ejercicio de las funciones que les competen en materia de seguridad, defensa nacional y protección civil, garanticen el cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos humanos, conforme a los protocolos de actuación correspondientes sobre los hechos ocurridos en la explosión de ductos en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Sexto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una Comisión de seguimiento y evaluación de la estrategia del Poder Ejecutivo federal contra el robo de combustibles, integrada por un grupo plural de legisladores de ambas Cámaras.

Nota

1 https://www.animalpolitico.com/2019/01/como-exploto-ducto-tlahuelilpan- hidalgo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y la SHCP a reasignar recursos a los programas de carácter social Prospera y de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, suscrita por los diputados Anilú Ingram Vallines y Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos a los programas de carácter social Prospera programa de inclusión social y Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, con base en las siguientes

Consideraciones

Diversos analistas y economistas han manifestado que la pobreza y la desigualdad son problemas que pueden afectar el crecimiento económico y la estabilidad política de un país,1 de ahí el señalamiento de Haughton y Khandker, en relación a que la pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos.2

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en nuestro país la pobreza afecta a 34 millones de hogares, asimismo, se tienen 53 millones de habitantes viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales 9.4 millones viven en condiciones de pobreza extrema.

Fuente: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJE CUTIVO_IEPDS2018.pdf

Ante este escenario, es de vital importancia que las finalidades y objetivos de la política en materia de desarrollo social o como la actual administración la denomina de Bienestar, debe estar enfocada a complementar el ingreso familiar mediante programas de apoyo a las familias y procurar el mayor bienestar de los hogares. La condición de vulnerabilidad de las personas es considerada de alto riesgo cuando un individuo o grupo enfrenta alguno de los siguientes escenarios: ingrese a un estado de pobreza, su condición de pobreza sea más severa o que su condición de pobreza se haga crónica o de largo plazo. Se agrava cuando se presenta la pérdida de la jefa o jefe de familia o la pérdida del empleo; la falta de acceso a la seguridad social, escasez de salud y alimentación.

Esta situación de vulnerabilidad se incrementa en hogares con jefas de familia, ya que son el sustento familiar, y al carecer de seguridad social, podrían ver disminuida su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas en alimentación y salud.

Motivo por el cual, el Congreso no debe ser omiso en asumir este reto, por ello, como legisladores debemos exigir al gobierno federal a mejorar, perfeccionar y enriquecer los programas en materia de desarrollo social o bienestar, con el único objetivo de reducir la pobreza y desigualdad social de los hogares del país, en particular, a través de la asignación de recursos suficientes que tengan como finalidad fortalecer el ingreso familiar de los hogares que vivan en condición de pobreza moderada o extrema.

Fuente: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJE CUTIVO_IEPDS2018.pdf

Durante el análisis y discusión al interior de la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, aprobado el 23 de diciembre de 2018, a pesar de que el rubro de Bienestar se observa un incremento de 43,960.5, que representan 36.0 por ciento, respecto a 2018, observándose que se aprobó un monto total de 150,606, mil millones 37,651 pesos, es preciso remarcar que aun con la ampliación aprobada de 2,114,971,059, mil millones de pesos, de esta esfera de recursos los programas Prospera, Programa de Inclusión Social, se le aprobaron 20.3 mil millones de pesos, y al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 2.0 mil millones de pesos, estos montos son menores a los aprobados y ejercidos durante el ejercicio fiscal 2018, afectando con ello, a los miles de beneficiarios que eran apoyados a través de dichos programas.

Entre los temas que causaron molestar, irritación e indignación fue el referente al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, el cual, está a cargo de la Secretaría de Bienestar, debido a que este rubro quedó con 2,041 millones de pesos, cuando para 2018 se le asignaron 4,070 millones, esto representa una disminución de 2,029 millones de pesos, es decir, un 49.8 por ciento , respecto a 2018.

Con respecto al programa de Prospera programa de inclusión social,3 el cual es el programa que otorga recursos a casi 7 millones de familias para fortalecer su alimentación, salud y educación; asimismo vincula a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros. Su objetivo es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. En 2018 Prospera programa de inclusión social ejerció un presupuesto de 46 mil 396.0 millones de pesos, sin embargo para este 2019, se le aprobaron 20.3 mil millones de pesos, esto representa una disminución de 26,000 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente de 56.5 por ciento , respecto a 2018.

En lo que corresponde al estado de Veracruz para 2019, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se observa que en lo concerniente al Ramo 20 Bienestar (Desarrollo Social), en el proyecto de presupuesto se señalaba que se destinarían 27.7 millones de pesos, los cuales se pretendían distribuir en: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 26.2 millones de pesos, y Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 1.5 millones de pesos. Con la aprobación del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2019, se establece que en el Ramo 20 Bienestar (Desarrollo Social), se aprobaron 0.0 millones de pesos para el estado de Veracruz, es decir, una reducción de 100 por ciento con respecto al Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2018. Y en lo que respecta a Prospera programa de inclusión social tuvo el mismo destino en el proyecto se señaló un monto de 227.6 millones de pesos, quedando finalmente con un presupuesto de cero pesos.

Es preciso mencionar que en 2018, en el estado de Veracruz, se asignaron y ejercieron 64.5 millones de pesos para el Ramo 20 Desarrollo Social. En este sentido al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, se destinaron 57.0 millones de pesos, y para Prospera programa de inclusión social 210.1 millones de pesos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Disponible:

http://www.cefp.gob.mx/edospef/2019/dpef/ver.pdf

Como se ha expresado, la política de desarrollo social o de bienestar, debe ser encaminada a avanzar y no retroceder en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales,4 así como para diseñar instrumentos de política pública que igualen las oportunidades de toda la población.

Es evidente que con los montos aprobados y asignados a los Programas prospera programa de inclusión social y al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, instrumentos destinados a atender a sectores de población más vulnerables y discriminados de nuestro país, estará generando el Estado una situación de indefensión y abandono, ya que no contarán con los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas; para hacer frente a los problemas económicos, sociales, y de salud que se presenten durante su vida cotidiana. Como dato, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la línea de Bienestar por ingresos a noviembre de 2018, en el sector rural es de 1,983.75 pesos y en el Urbano es de 3,061.77 pesos.5

No debemos olvidar que la inclusión social constituye uno de los retos de todo gobierno, por ello, es imperativo generar políticas públicas para corregir las desigualdades, con el único objetivo de generar igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida. La pobreza6 debe ser un tema prioritario para la actual administración, por lo cual, sus políticas públicas deben ser guiadas a su atención, para mejorar en el desarrollo social, avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales en el país, así como igualar las oportunidades de toda la población.

Para tal efecto, no se debe dejar de lado el enfoque de derechos humanos, reconocer la urgencia de satisfacer los derechos en todos sus atributos inherentes, universales, interdependientes, inalienables, indivisibles, inviolables y progresivos, con el objetivo de que su realización y cumplimiento identifique la existencia de personas con derecho a demandar prestaciones.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Bienestar, a planear y coordinar una estrategia para proceder a la reasignación de recursos económicos similares a los ejercidos en el año 2018, a los programas de carácter social denominados Prospera programa de inclusión social y al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, con el objetivo de atender el universo de beneficiarios y éstos continúen mejorando su calidad de vida y se garantice su derecho a la inclusión social.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Bienestar, a planear y coordinar una estrategia para proceder a destinar recursos económicos similares a los ejercidos en el año 2018, a los programas de carácter social denominados Prospera programa de inclusión social y al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de atender a los grupos vulnerables que se localizan en la entidad federativa y con ello se continúe mejorando su calidad de vida y se garantice su derecho a la inclusión social.

Notas

1 American Political Science Association, “The Persistent Problem: Inequality, Difference, and the Challenge of Development”, Universidad de Virginia, 2008.

2 Haughton, J., & Khandker, S., Handbook Poverty + Inequality, The World Bank, Washington, 2009.

3 Prospera y el combate a la pobreza

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/233409/Re sumen_de_poli_ticas1_VF.pdff

4 La pobreza en México, especialmente la pobreza extrema, tiene un componente indígena muy fuerte. Uno de los sectores de población con más desventajas es, sin duda, el de los indígenas, esta condición se refleja en los niveles de pobreza de este segmento de población: menores niveles educativos, menores ingresos e indicadores de salud más precarios que la población no indígena. Hall, Gillete (ed), Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina 1994-2004, Banco Mundial, Bogotá, 2006, p. 168.

5 Coneval, Medición de la Pobreza, Líneas de Bienestar, valores mensuales por persona a precios corrientes, disponible http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAni oInicio=2016&pTipoIndicador=0

6 La pobreza se refiere a “la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable; los aspectos que norman parte de la pobreza según el informe son: llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de elementos tales como libertad política, respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso a un trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida de la comunidad a la que pertenece el individuo”. Domínguez, Juana, “Medición de la pobreza: una revisión de los principales indicadores”, Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, diciembre 2006, pp. 27-66.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar a establecer mesas de trabajo con integrantes del Movimiento Nacional de Estancias Infantiles para que éste presente sus propuestas y, en su caso, sean incorporadas a la nueva orientación del Programa de Estancias Infantiles en la presente administración, suscrita por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador marca un parteaguas en el diseño y ejecución de la política social. Desde que comenzó este gobierno se ha buscado erradicar las políticas asistencialistas, para transitar hacia un esquema que emana de una visión integral de inclusión productiva de todos los sectores de la población.

El objetivo de la Secretaría de Bienestar es lograr que los ciudadanos ejerzan efectivamente sus derechos humanos y sociales, así como contribuir al impulso de la participación social y comunitaria, todo ello, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

A lo largo de su historia, el Partido del Trabajo se ha caracterizado por velar por el cumplimiento a la protección del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos suscritos por el Estado Mexicano. Dicho principio es un elemento indispensable para que la niñez de nuestro país pueda desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos. Asimismo, los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) se han posicionado como un referente en la materia, lo que adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que la presencia de los Cendis se extiende a prácticamente todo el territorio nacional.

En este sentido, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT consideramos que el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras es coincidente y garante de los principios mencionados, en virtud de que permite a las madres de familia acceder a un empleo, sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación como lo es la primera infancia.

Bajo esta tesitura, podemos advertir que el programa en comento atiende dos grandes pilares de la agenda del PT. Por un lado, fomentar y proteger el interés superior de la niñez; y por el otro lado, impulsar acciones que abonen de manera determinante al empoderamiento de las mujeres en México. Además de su importancia intrínseca, al ser la “Legislatura de la equidad de género”, la congruencia nos obliga a acompañar todos los esfuerzos que contribuyan al desarrollo en igualdad de condiciones, entre hombres y mujeres.

Para poner en perspectiva el panorama que se enfrenta, cabe mencionar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye conforme aumenta el número de hijos, por ejemplo, casi el 50 por ciento de las mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hijas o hijos participa en el mercado de trabajo, mientras al tener de 3 a 5 hijas e hijos su participación disminuye a 41.4 por ciento y en el caso de las mujeres que tienen 6 o más hijas o hijos, sólo el 22.7 por ciento es económicamente activa.1

La situación conyugal de las mujeres también es un factor que influye en la inserción de este sector de la población al mercado laboral. Las mujeres que están unidas y casadas tienen una participación de 38.6 por ciento mientras que las madres solteras tienen una participación de casi el 70 por ciento. Aunado a esta situación, poco más del 80 por ciento de las mujeres ocupadas que tienen al menos un hijo carecen de servicio de guardería.2

Los datos y consideraciones son contundentes. Además, dan cuenta de la situación adversa que todos los días enfrentan las mujeres del país para participar en las actividades productivas, de ahí la importancia de que puedan contar con el apoyo del Programa de Estancias Infantiles.

No podemos dejar de lado que se trata de una problemática que se ha mantenido vigente en el país durante décadas, a pesar de distintos esfuerzos. En el año 2006, se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente Secretaría de Bienestar), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.

Hasta el año 2018, el programa de Estancias Infantiles apoyó a hogares con al menos una niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.3

El programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.4

Las estancias infantiles, además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un círculo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán los menores.

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que si dicho programa se interrumpiera, el 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender a sus hijos.5 Datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social indican que, hasta el mes de julio de 2018, las estancias infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.

Por otra parte, el estudio “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil” es el primero que se realiza en niños menores de tres años en ambiente de estancias infantiles y llegó a la conclusión de que: El tiempo de permanencia en el PEI a partir de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal independientemente del sexo y edad. 6

Como lo establece el artículo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, las nuevas reglas de operación de los programas sujetos a este requisito deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero. En este sentido, esto representa una situación inmejorable para que en el diseño y orientación que tendrá el Programa durante este gobierno, se tome en consideración la experiencia del Movimiento Nacional de estancias Infantiles que tiene representaciones en cada una de las 32 entidades federativas y cuenta con más de una década de trabajo en la materia.

Las y los legisladores del PT estamos convencidos de que no hay nadie mejor que ellos para fortalecer el Programa, toda vez que ellos conocen el día a día y las principales problemáticas que enfrentan las Estancias Infantiles y saben cuáles son las acciones necesarias para fortalecer este programa que, como lo hemos señalado, al tiempo que empodera a las mujeres, tiene importantes beneficios para el desarrollo óptimo de nuestras niñas y niños.

Coincidimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señala que la política del actual gobierno debe diseñarse desde el territorio y no desde los escritorios de las Secretarías.

En el Partido del Trabajo estamos comprometidos con las causas de los sectores más vulnerables de la población. Tenemos la firme convicción de impulsar acciones legislativas que contribuyan a alcanzar una igualdad sustantiva y garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca mesas de trabajo con integrantes del Movimiento Nacional de Estancias Infantiles, a fin de que este último presente sus propuestas y, en su caso, sean incorporadas a la nueva orientación que el programa de Estancias Infantiles tendrá durante la administración del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar para que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, la misma sea atendida en un plazo no mayor a 10 días naturales.

Notas

1 Las Madres en Cifras, Instituto nacional de las mujeres, < https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras> Consultado el 21 de enero de 2019.

2 Ibíd.

3 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, Secretaría de Desarrollo Social, <

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancia s-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras> Consultado el 19 de enero de 2019.

[1] Ibíd.

4 Ibíd.

5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de Procesos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2012, citado en “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

6 Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de enero del año dos mil diecinueve.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado a someter a discusión y votación la minuta en materia de arraigo, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La figura del arraigo a escala federal, como medida cautelar en el ámbito penal, fue establecida en la Constitución a través de la reforma de junio de 2008, como una herramienta en el proceso judicial que pretendía mejorar las circunstancias en que la autoridad enfrenta la delincuencia organizada.

Sin embargo, incluso antes de la mencionada reforma y reiteradamente en forma posterior, dicha figura ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil por ser violatoria de derechos humanos y tratados internacionales de los que el país es integrante.

A la luz de dichas consideraciones, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, compañeros legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron iniciativas de reforma en el sentido de eliminar la controvertida figura cuya existencia ha probado involucrar más riesgos que ventajas.

Las iniciativas presentadas, que coincidían en la propuesta general, fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales que emitió dictamen en sentido positivo con la aprobación unánime de los integrantes presentes en la sesión.

Posteriormente, en sesión ordinaria de 26 de abril de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados sometió a discusión y votación el dictamen referido, mismo que fue aprobado con 327 votos a favor y ninguno en contra, lo cual demuestra el amplio consenso que sobre el tema tuvieron todas las fuerzas políticas en ese momento.

Pese a ello, la minuta permanece en el Senado de la República desde el pasado 27 de abril y apenas el 9 de octubre se determinó turnarla a comisiones como parte de los asuntos pendientes de análisis de la anterior legislatura.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el respeto irrestricto de las garantías individuales consagradas en la Constitución, así como de los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales de los que el país es integrante, son principios fundamentales para lograr un sistema de justicia pertinente y eficaz en las tareas de restablecimiento de la paz y orden públicos.

En consideración de ello y del análisis y la discusión que respecto a la iniciativa para poner las tareas de seguridad pública en manos de una guardia nacional militar, se está llevando a cabo por el Poder Legislativo, es que nos parece aún más urgente y necesario concluir la eliminación de esta figura que violenta el principio de presunción de inocencia.

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con carácter de urgente u obvia resolución me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Senado de la República a someter a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, con número CD-LXIII-III-2P-411, aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 26 de abril de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a considerar presentar ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia derivada de las afectaciones provocadas a la economía y al turismo en la entidad por el sargazo, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Adriana Paulina Teissier Zavala, diputada federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En años recientes, en el Caribe mexicano ha sido constante la mención y preocupación acerca del fenómeno natural del sargazo, el científicamente denominado “sargassum” que es una macroalga color pardo o verde negruzco que se mantiene a flote por medio de vesículas llenas de gas. Estas algas pueden crecer varios metros de largo, son de textura dura y se entrelazan con facilidad, creando fuertes y flexibles islas de sargazo capaces de sobrevivir entre las fuertes corrientes del mar.1

Estas islas de sargazo se identifican por sus abundantes nutrientes en forma de plancton, el cual resulta un organismo esencial para la alimentación de varias especies marinas. Las algas también sirven de refugio a peces, camarones, tortugas y cangrejos, lo que resulta prácticamente en un hábitat en el contexto del frágil balance de los ecosistemas.2

En México, los primeros arribos de sargazo se presentaron en 2015, principalmente en las costas de Cancún y Puerto Morelos, durante los meses de julio-agosto y octubre-noviembre. Durante este periodo se registró un incremento atípico y algunas de las principales causas para la presencia de este fenómeno es el aumento de los nutrientes en el mar, el cambio climático y las variaciones meteorológicas y oceanográficas.3

La Secretaría de Marina, en el estudio denominado “Arribazón atípica de sargazo en el Caribe mexicano”, ha identificado una larga serie de problemáticas que son ocasionadas por la presencia de esta especie marina, como son:

-La dificultad de fotosíntesis por la presencia de la también llamada “marea café”.

-La alteración a la temperatura de las playas.

-Desprendimiento de malos olores.

-Acumulación de hasta dos metros en playas, lo cual provoca su erosión.

-Una grave afectación embrionaria de tortugas.4

La acumulación y descomposición del sargazo en aguas y playas litorales afecta constantemente los ecosistemas costeros, incluyendo arrecifes y poblaciones de peces. Aunque estas algas no son dañinas para la salud, pueden llegar a ocasionar alergias cutáneas por el constante contacto con esta.5

Por lo tanto, las afectaciones a las cuales se enfrentan las zonas costeras de esta parte del país no solo son eco sistémicas, sino también esto ha representado un gran problema económico para aquellos sectores de la población que forman parte de la cadena turística en las playas de Caribe mexicano.

En Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, el sector hotelero ha registrado pérdidas económicas, ya que no solo se destinan recursos humanos y económicos para afrontarlo, sino porque también ha ocasionado la constante disminución de turistas debido al deterioro y mal estado de la imagen de las playas.6

En este sentido, distinguidos científicos mexicanos han dado apoyo a las instituciones gubernamentales que se encuentran trabajando en dicha problemática, se han mostrado consternados por las posibles afectaciones ambientales como es la inminente mortalidad de los pastos marinos en las zonas costeras.

La investigadora Brigitta Ine van Tussenbroek, colaboradora de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, ha declarado lo siguiente:

“Probablemente uno de los impactos más severos, a mediano plazo, es la mortalidad de los pastos marinos cercanos a las costas. La reducción de luz que genera la masa de sargazo resulta en un estado de anoxia —falta de producción de oxígeno— por parte de los pastos marinos, lo que produce una acumulación de materia orgánica resultando en un incremento de actividad bacteriana con alta demanda de oxígeno, generando mortalidad de fauna, corales y pastos marinos. Los pastos marinos son importantes productores primarios, pero una vez dañados tienen un tiempo de recuperación entre diez y 50 años, lo cual representa un riesgo para la estabilidad de los ecosistemas costeros”.7

De igual manera, la investigadora Van Tussenbroek, en colaboración con la investigadora Marta García Sánchez, ha declarado que se debe evitar que esta alga llegue a las playas en grandes cantidades puesto que provocaría la destrucción de ecosistemas, mares y de la industria turística, además de tener consecuencias económicas y sociales.

“Hay que evitar que llegue en esas cantidades a las playas, pero requerimos investigación para estudiar las técnicas adecuadas para tratarlo en el mar”, remarcó.

Para abordar la llegada masiva de estas algas a las playas se requiere hacer investigación, pero no se han liberado fondos. ‘Se precisa coordinación, un plan, un sistema de alerta y un aviso de si se puede colectar en el mar y en qué magnitud’, explicó.

También, una planta de manejo para saber cómo recogerlas de las playas, un sistema de transporte, un centro de acopio y una industria privada para que el sargazo implique desarrollo.”8

De acuerdo con la revista Forbes , la limpieza por sargazo en el océano y que termina en las playas al mes de agosto de 2018 ya representa un gasto de 82 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal ha aportado 62 millones de pesos que se suman a 20 millones con los que ha contribuido el estado. Conocedores de tema a firma que alrededor de un millón de pesos mensuales se requieren para mantener limpia su playa.

Se requiere, además de lo que se está haciendo, que el asunto se vea como un tema de protección civil; ya que es un fenómeno natural que perturba las condiciones de normalidad de la comunidad.

A pesar que autoridades locales han señalado que la actividad turística, que representa 87 por ciento del PIB de servicios de Quintana Roo, no ha sufrido afectaciones por la llegada de sargazo, y que la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya ha participado en la limpieza y monitoreo de las playas para reducir al mínimo las molestias para los turistas, sin embargo, el fenómeno se tiene previsto sea cíclico y con mayor intensidad conforme se agravan las condiciones del cambio climático.

La Ley General de Protección Civil en su artículo 59 prevé:

“La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.”

Esa misma Ley, apunta en el artículo 62:

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.”

Se pretende con este punto llamar al ciudadano gobernador de Quintana Roo a que considere, junto con su gabinete, la oportunidad de solicitar al gobierno federal la declaratoria de emergencia, y con ello, apoyar a los afectados por la llegada excesiva de sargazo a las costas de la entidad.

Si un sismo o una inundación producen afectaciones en la población, el fenómeno que vivimos en la entidad es equiparable a los sismos o inundaciones.

Es por las razones antes expuestas y debido a las graves afectaciones, tanto al ecosistema, a la economía local y turística y a la sociedad, que se han presentado desde 2015 en la zona costera del Caribe mexicano, especialmente en el estado de Quintana Roo, que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la solicitud de la declaratoria de emergencia para la debida contención, estudio y retiro del sargazo de las costas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que considere presentar ante el gobierno federal, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de emergencia derivado de las afectaciones a la economía y al turismo en la entidad provocados por el sargazo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno federal entregue un informe a esta soberanía, a la brevedad, de las acciones que se encuentra realizando, con la finalidad de disminuir el impacto del sargazo en la entidad.

Notas

1 ¿Qué es el sargazo y por qué está invadiendo las playas de Quintana Roo?, Noticieros Televisa, fecha: 7 de agosto de 2018, fecha de consulta: 17 de enero de 2019, disponible en: https://noticieros.televisa.com/historia/que-es-sargazo-que-invadio-pla yas-quintana-roo/

2 Ibídem, ¿Qué es el sargazo y por qué está invadiendo las playas de Quintana Roo?, Noticieros Televisa.

3 Arribazón de sargazo en las costas de Quintana Roo, Secretaría de Marina, fecha: s/f, fecha de consulta: 17 de enero de 2019, disponible en: https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/SargazoSEMAR.html

4 Estudio “Arribazón atípica de sargazo en el Caribe mexicano”, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, SEMAR, fecha: s/f, fecha de consulta: 17 de enero de 2019, disponible en: https://docplayer.es/62936033-Arribazon-atipica-de-sargazo-en-el-caribe -mexicano.html

5 Mesas de trabajo “Análisis del fenómeno natural del sargazo y su impacto en la actividad turística de Quintana Roo”, Senado de la República, fecha: 10 de agosto de 2018, fecha de consulta: 17 de enero de 2018, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=yhv_AfUx2mE

6 “Hoteleros enfrentan pérdidas económicas por sargazo”, Novedades Quintana Roo, fecha: 11 de septiembre de 2018, fecha de consulta: 17 de enero de 2019, disponible en: https://sipse.com/novedades/sargazo-hoteleros-perdidas-economicas-playa s-turistas-trabajadores-limpieza-solidaridad-310188.html

7 “Urge plan de manejo integral del sargazo, desastre natural permanente en el Caribe”, Dirección General de Investigación Social, UNAM, fecha: 02 de agosto de 2018, fecha de consulta: 17 de enero de 2019, disponible en:

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_463.html

8 Ibídem, “Urge plan de manejo integral del sargazo, desastre natural permanente en el Caribe”, Dirección General de Investigación Social, UNAM.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a los titulares de la Sener y de Pemex a una reunión con la Comisión Permanente para explicar diversas acciones tomadas sobre lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, la estrategia de combate del robo de hidrocarburos en el país, los procedimientos relativos a la compra e incorporación de 571 pipas para el traslado de petrolíferos en las carreteras nacionales y el papel del nuevo órgano desconcentrado para la distribución y el transporte de petrolíferos, a cargo de los diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, acontecida el viernes por la tarde-noche, lamentablemente ha cobrado ya 93; sin omitir señalar que existen más de medio centenar de personas que se reportan heridas y ochenta que se encuentran en calidad de desaparecidas. Debemos reconocer, la celeridad del arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al lugar de la tragedia, así como la información vertida en sus declaraciones sobre los pormenores de la estrategia que decidió emprender para combatir el robo de hidrocarburos, o mejor conocido, “huachicol”.

2. No obstante la actuación de las instituciones presentes en el lugar de los hechos y responsables conforme a su ámbito de competencia, existe toda una cadena de acontecimientos, donde afloran una serie de omisiones, negligencias e inacciones institucionales , por parte de los titulares de las dependencias, que el marco constitucional, legal e institucional previene para atender emergencias o, mejor dicho, prevenir trágicos desenlaces como el suscitado, mediante el escalamiento gradual de protocolos de actuación preconcebidos (técnica y científicamente confeccionados) conforme a sus respectivos ámbitos de actuación.

3. Existe una creciente necesidad de esclarecer, por parte de las dependencias responsables, en torno de los mecanismos de coordinación y actuación, frente a la emergencia de la fuga de gasolina del ducto Tuxpan-Tula ya que, de acuerdo con lo dicho por el Secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval, transcurrieron al menos cuatro horas entre que el Ejército detectó la toma clandestina (14:30 horas) y la explosión (18:52 horas), sin que dichas dependencias hicieran algo para proteger a la población.

4. Es de preguntar qué pasó con la actuación de los protocolos de Protección Civil frente a este tipo de eventos, implementados ahora, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por qué, ante el riesgo inminente que representó una fuga que alcanzó los seis metros de altura, no se enviaron más elementos militares o policiacos, para controlar el tumulto.

5. La estrategia de distribución de gasolinas y diésel que amenazaba con escalar, ahora se está abasteciendo con pipas de mayor volumen y tamaño y al parecer, ha mitigado en alguna medida la escasez en diversas entidades federativas del país. Sin embargo, aún no se vislumbra algún plan de coordinación con las entidades federativas y municipios, es decir de los tres niveles de gobierno para la atención de este problema en el mediano plazo. Debemos señalar que no se dispone de la información clara y veraz respecto de la duración del desabasto o las acciones que se están llevando a cabo, señalando el Titular del Ejecutivo Federal únicamente, que les tengamos confianza.

6. En cuanto a la responsabilidad de la aplicación de la política energética de Estado, cabe aclarar, le corresponde a la Secretaría de Energía, en materia de política energética. Ello, de conformidad con el artículo 33, primer párrafo, le compete:

“Supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energética ”.

Es decir, le corresponde garantizar la seguridad energética de los consumidores de la nación mexicana, por encima de cualquier otro elemento, objeto, situación, etcétera.

7. Por ello, el Congreso de la Unión invoca este mandato, para citar la Secretaria de Energía, C. Rocío Nahle García, con el fin de explicar: cuáles fueron motivos en materia de política energética de las acciones llevadas a cabo en materia de combate al robo de hidrocarburos y sobre todo, por qué se desatendió el mandato de priorizar la seguridad energética.

8. En el mismo tenor, se solicita la realización de una reunión de trabajo con esta Comisión Permanente, con el director general de Pemex, en virtud de que la Ley de Petróleos Mexicanos, le confiere las responsabilidades, previstas en el artículo 46, fracciones IX y X de la Ley de Petróleos Mexicanos, que a la letra dice:

IX. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes e instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

X. Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales ;

9. En otro orden de ideas, el 15 de enero 2019, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos por la cual alista la creación de un órgano desconcentrado especializado en distribución y transporte de petrolíferos.

Las y los legisladores del PRD, consideramos de suma importancia la creación del Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, que estará adscrito a la Secretaría de Energía (Sener), por lo que, en nuestra opinión, resulta necesario la presencia de la Secretaria de Energía a fin de que se cuente con la mayor información.

En relación a la convocatoria para reclutar a operadores para conducir las pipas que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se requiere un informe pormenorizado, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional respecto de los requisitos y exámenes que se han diseñado para tal efecto, el número de ciudadanos que se han registrado, el número de ellos que han sido aceptados, así como el número de los que han sido rechazados y las razones.

Por otro lado, la compra misma de las 571 pipas anunciada por el Presidente, compra realizada con la justificación de que se trata de asuntos de Seguridad Nacional, y que es con base en ello que se realizó una asignación directa, debe ser informada ante esta H. Comisión Permanente por parte de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; y de Economía, Graciela Márquez, entre otros, ya que su costo asciende a 85 millones de dólares para el erario público y debe manejarse con la mayor de las transparencias, no obstante las declaraciones del Presidente López Obrador en el sentido de que “como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, por eso se actuó como se hizo”, porque el gasto público no es – ni puede ser—una cuestión de conciencia o de confianza, para ello hemos establecido mecanismos de control y verificación que no pueden ser ignorados por la presente administración.

10. Sobre el particular conviene tener presente las cifras correspondientes, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Mexicano del Transporte, emitieron en 2017, y que destacan que en uno de cada 5 percances se involucraron vehículos de carga y en estos accidentes, la responsabilidad se fincó a esos conductores en más del 70%. En las carreteras federales, se registraron 11 mil 883 percances con un saldo de 2 mil 921 personas muertas y 8,910 lesionadas; los daños materiales ascienden a 1 mil 062.1 millones de pesos.

En este sentido, conviene llamar la atención en que la nueva estrategia debería considerar a repensar la solución y no que no sea una improvisación más. Pues, en virtud de la siniestralidad aludida, la distribución de carga mediante el autotransporte es peligrosa (se ha dicho además que es la más costosa); por eso se construyó una infraestructura de 6 mil km. de ductos.

El Grupo Parlamentario del PRD, reitera sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales del siniestro registrado el viernes 18 de enero y se solidariza con quienes resultaron heridos en la tragedia de Tlahuelipan, Hidalgo, por ello, hace un exhorto al Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, a actuar con independencia en las indagatorias para deslindar las responsabilidades correspondientes, respecto a las omisiones, o negligencias que pudieran haber existido en este trágico episodio.

Asimismo, hacemos un llamado a la concordia y la solidaridad que caracterizan al pueblo de México en situaciones de tragedia y llamamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para no desatar un clima de confrontación entre la población.

Es por la importancia de todo lo anterior que consideramos conveniente que la H. Cámara de Diputados conforme una Comisión Especial con el objeto de que dé seguimiento y coadyuve con el gobierno federal en las acciones referentes a la política contra el robo de combustibles, con fundamento en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados que, a la letra, indica:

Artículo 207.

1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del Pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al pleno.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, plenamente comprometidos con la seguridad de todas y todos los mexicanos, ponemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a la Secretaría de Energía, ciudadana Rocío Nahle García, y al director general de Petróleos Mexicanos, ciudadano Octavio Romero Oropeza, a la realización de una reunión de trabajo, con el fin desahogar los requerimientos de información y esclarecer los mecanismos de coordinación y actuación, entre sus dependencias, frente a la emergencia suscitada por la fuga de gasolina del ducto Tuxpan-Tula, en el kilómetro 226, acaecida el 18 de enero de 2019, en la localidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, así como para explicar la estrategia del combate robo de hidrocarburos en diversas entidades del país y el rol que tendrá el órgano desconcentrado para el transporte y logística de gasolina.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informen de manera pormenorizada respecto de las acciones tomadas para la protección de la ciudadanía, informe que deberá contemplar, al menos lo siguiente:

a) Por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decidieron no enviar un mayor número de efectivos para la contención de los pobladores y acordonar la zona para, de esta manera, resguardar su integridad física.

b) En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, qué acciones tomó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para resguardar la integridad física de las y los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, que se encontraban en el lugar de la fuga producida en el ducto Tuxpan-Tula.

c) Desde las investigaciones realizadas por el conjunto de dependencias que intervinieron en la atención del multicitado siniestro, cuáles fueron las causas que motivaron la fuga y cómo se está previniendo la repetición de estos lamentables hechos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, inicien los procedimientos correspondientes relativos a la compra de 571 pipas con un costo que asciende a 85 millones de dólares para el erario público.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para que, en ejercicio de su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, lleve a cabo las indagatorias de los hechos suscitados en el ducto Tuxpan-Tula, en Tlahuelilpan, Hidalgo, con el objeto de deslindar las responsabilidades correspondientes y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las y los mexicanos, especialmente de las víctimas y sus familiares.

Asimismo, le solicitamos información relativa al estatus de la denuncia de hechos presentada con fecha 16 de marzo de 2018, por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y, en ese momento, presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de la LXIII Legislatura, concerniente al uso de combustible robado en los trabajos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República que inicien las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que, por omisión o comisión, pusieron en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos, provocando la muerte de, hasta el momento, 91 personas.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 207 de su Reglamento, la conformación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la política contra el robo de combustibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

Diputados: Verónica Juárez Piña, Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo al aumento del tránsito de pipas con combustible en la carretera Manzanillo-Colima, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, senadoras Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Fajat, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, y senadores Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al aumento del tránsito de pipas de combustible en la carretera Manzanillo-Colima , con base en las siguientes:

Consideraciones

Los combustibles son necesarios para el funcionamiento de los principales medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo, además de utilizarse en la generación de electricidad y diversos procesos industriales.

Debido a esta amplia gama de usos, los combustibles y, en especial, aquéllos que se utilizan para el transporte son fundamentales para el desarrollo nacional, de modo que se debe garantizar su disponibilidad oportuna para todos los usuarios que los requieren.

La Ley de Hidrocarburos indica que el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de petrolíferos, entre otras actividades, requieren permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) es el principal permisionario en estas actividades, y desde hace varios años se ha visto afectado por el presunto robo de hidrocarburos, problema que se ha ido agravando con el tiempo.

De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario del robo de combustibles en 2016 fue de 26 mil barriles diarios; en 2017, arriba de 43 mil barriles diarios y en 2018 alrededor de 58 mil 200 barriles diarios. En términos financieros, esto significa, al precio actual de la gasolina, más de 30 mil millones de pesos en 2016; 50 mil 100 millones de pesos en 2017 y 66 mil 300 millones de pesos en 2018.1

Por estas razones, el 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos, dentro y fuera de las instalaciones de Pemex. Se informó que el plan opera desde el 20 de diciembre de 2018, con la participación de 15 dependencias del gobierno federal.2

Como parte del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio, así como mayores esfuerzos para incrementar la distribución en los estados afectados, mediante auto-tanques y carro-tanques, para cumplir con el abasto oportuno y suficiente de combustibles.3

En el Partido Verde respetamos y damos un voto de confianza a las medidas que el gobierno federal ha implementado para erradicar el presunto robo de combustibles. Sin embargo, el cierre de ductos y su reemplazo por pipas ha generado mayor tráfico en las carreteras, además de elevar el nivel de riesgo para todos los usuarios, debido a que ahora se transporta un mayor volumen de productos inflamables por esta vía.

Pemex cuenta con más de 80 terminales terrestres y marítimas de almacenamiento y despacho, ubicadas estratégicamente a lo largo del territorio nacional.4

En el estado de Colima existen dos terminales de almacenamiento y reparto de combustibles: 632-TAD en la ciudad de Colima y 628-TAD en la colonia Tapeixtles, Manzanillo.5

A partir del cierre de ductos, se observa una mayor afluencia de pipas de transporte de combustibles en la carretera Manzanillo-Colima, que conecta estas dos terminales de almacenamiento y está compuesta por dos tramos principales:

-Carretera federal de Cuota 200D: Armería – Manzanillo (47.2 km)

-Carretera federal Libre 110: Colima – Entronque Tecomán (39.3 km)

En estos tramos de carretera se registra un gran número de accidentes, debido a que la carga portuaria entre Manzanillo y Colima se transporta mayormente en camiones de doble remolque. Es bien conocido que muchos conductores de carga duermen pocas horas para cumplir puntualmente con las entregas, por lo que sus reflejos disminuyen y son propensos a sufrir o provocar accidentes, de modo que ahora, con la presencia de más pipas de combustibles, existe un mayor riesgo de accidentes graves.

De acuerdo con las estadísticas más recientes, durante 2017 en Colima se registraron 167 accidentes de tránsito en carreteras, 31 de ellos con víctimas mortales y 75 solo con heridos. En el tramo Armería-Manzanillo se registraron 20 accidentes y en el tramo Colima-Entronque Tecomán, 50 accidentes.6

También hay una mayor afluencia de pipas en carreteras del estado que conectan con otras áreas urbanas donde existe gran demanda de combustibles, principalmente Guadalajara, Jalisco, cuyo suministro de gasolinas era abastecido mayormente por el ducto de Salamanca.

Por estas razones, ante el aumento del tránsito de pipas de combustible es urgente tomar medidas extraordinarias para prevenir accidentes carreteros y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras del estado de Colima.

En este sentido, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con las autoridades federales y estatales de protección civil, a reforzar las campañas y operativos de prevención de accidentes carreteros en el estado de Colima.

De manera complementaria, debemos exhortar a Pemex a implementar acciones para garantizar la seguridad de las pipas de combustibles que transitan por todo el territorio nacional, incluyendo la supervisión permanente de los conductores, para evitar que manejen en condiciones que los expongan a sufrir o provocar accidentes.

Por otra parte, a fin de normalizar lo más pronto posible la distribución de combustibles en todo el país, el 17 de enero de 2019 se dio a conocer la compra de 500 pipas de 60 mil litros cada una, o mil pipas de 30 mil litros, para garantizar una capacidad para mover 200 mil barriles diarios adicionales a los 800 mil que se consumen actualmente, es decir que se incrementará en 25 por ciento la capacidad de transporte de combustible con las pipas,7 medida con la cual coincidimos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las autoridades federales y estatales de protección civil, a reforzar las campañas y operativos de prevención de accidentes carreteros en el estado de Colima.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a implementar acciones para garantizar la seguridad de las pipas de combustibles que transitan por todo el territorio nacional, incluyendo la supervisión permanente de los conductores, para evitar que manejen en condiciones que los expongan a sufrir o provocar accidentes.

Notas

1 Presidencia de la República. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. 27 de diciembre 2018 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-27-de-diciembre-2018

2 Presidencia de la República. Presidente López Obrador presenta Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex: ‘No habrá tolerancia para nadie’. 27 de diciembre de 2018 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta -plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-hab ra-tolerancia-para-nadie

3 Pemex. Pemex atiende retraso en la distribución de combustible. 5 de enero de 2019 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-001 -nacional.aspx

4 Pemex. Almacenamiento (consultado en enero de 2019) http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/almacenamiento.a spx

5 Pemex. Información de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (consultado en enero de 2019)

https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/scgli00 2/controlador?Destino=colima.jsp

66 SCT. Estadística Accidentes de Tránsito 2017 Colima http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Estadistica_de_a ccidentes/A%C3%B1o_2017/colima-2017.pdf

7 Presidencia de la República. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. 17 de enero de 2019 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-17-de-enero-de-2019-187307

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

Senadores: Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Noemí Camino Fajat, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a la posibles omisiones en que pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas, conforme a los siguientes

Antecedentes

El pasado viernes 18 de enero se reportó una fuga en un ducto de combustible en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, en la localidad de San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo. Ante ello, un cúmulo de pobladores se aproximó a la zona con bidones, cubetas, jarras y otros recipientes para llenarlos del combustible que se fugaba. Se presume que debido a que el combustible era de alto octanaje en el ducto y del movimiento de las personas en la zona, así como del uso de ropa de materiales sintéticos fue lo que generó la explosión.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que, la Sedena detectó la toma clandestina a las 14:30 horas del día viernes, aunque según lo dicho por el funcionario en ese momento no era una “fuga relevante”, y fue hasta que se incrementó y se llegaron a ciertos parámetros, que se decidió cerrar la válvula.

A las 15:45 horas, el secretario Alfonso Durazo señaló que se aglomeró la población y el personal militar conminó a la gente a retirarse; a las 17:00 horas, arribó personal de la Gendarmería, a las 17:30 llegaron refuerzos de Sedena, a las 18:20 Pemex cerró la válvula del ducto afectado y suspendió el bombeo de combustible y a las 18:52 horas ocurrió la explosión.

De acuerdo con lo señalado por el Secretario, transcurrieron al menos cuatro horas entre que el Ejército detectó la toma clandestina (14:30 horas) y la explosión (18:52 horas).

Al suscitarse la explosión, a las 18:52 horas, Alfonso Durazo señaló que el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibe el reporte del hecho, dando el reporte de que había personas con quemaduras. No obstante, según lo señalado por el secretario Alfonso Durazo, las primeras 16 ambulancias de la Cruz Roja Mexicana llegan al lugar de la explosión a las 20:34 horas, más de hora y media después de la explosión.

La Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud desplegó ambulancias y personal médico. Posteriormente, se inició el traslado de heridos a hospitales de la Ciudad de México. A las 22:39 horas se abrió la carpeta de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República. A las 23:02 llegaron peritos en criminalista de la Fiscalía. Y a las 23:45 horas, personal de Pemex informó que el incendio ya estaba controlado.

De acuerdo con datos del gobierno de la federal se actualizó a 91 las personas que perdieron la vida en la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Además, 51 personas permanecen hospitalizadas por las lesiones sufridas en el siniestro. De igual forma, varias personas fueron trasladadas a un hospital en Galveston, Texas, lugar especializado en atención a quemaduras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio para investigar en las posibles omisiones que pudieron haber incurrido las autoridades municipales, locales y federales.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio cuenta en su conferencia matutina del lunes 21 de enero, que recibió una denuncia de la CNDH, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, acusando de inacción del Ejército en el caso del ducto de Tlahuelilpan.

El desabasto de combustible en Hidalgo provocó que se formaran largas filas para conseguir combustible. Situación que pudo generar psicosis entre los habitantes, cabe señalar que, una cosa es la actividad ilícita o no que estaban cometiendo las personas ahí presentes, pero eso no los excluye de que tengan calidad de víctima ante la omisión de las autoridades para aplicar las medidas necesarias ante el inminente riesgo.

Considerandos

I. Que con fundamente en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.

II. Que de acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, señala a la letra lo siguiente:

Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido, para deslindar responsabilidades administrativas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, agote todas las líneas de investigación por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo y entre ellas contemple el desabasto de combustible que afectó la región desde el 7 de enero y había generado psicosis entre los habitantes.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se otorgue calidad de víctima a las personas que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y asimismo sean integradas al Registro Nacional de Víctimas.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, al titular de Protección Civil del Estado de Hidalgo y al titular de protección civil del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que informen porque no ejecutaron las medidas, acciones y protocolos de seguridad que les competen, a fin de haber protegido cabalmente la integridad de las personas que se encontraban en la fuga del ducto dañado en Tlahuelilpan, Hidalgo, ante el inminente peligro que representaba la zona.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a informar por qué no actuó de manera rápida ante la magnitud y peligro que representaba la fuga de combustible del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, así como de su omisión en el cierre de válvulas.

Sexto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, de a conocer las acciones que implementará para cumplir con el abasto de combustible en el Estado de Hidalgo, que ha afectado en gran medida a la población.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los lamentables sucesos del 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron personas por la explosión de un ducto de Pemex, suscrita por la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 18 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo se registró una explosión sin precedentes de las que se hayan registrado en esa entidad federativa e incluso en el país. La explosión fue producto de la toma clandestina de un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos, causando la muerte de más de noventa personas y más de ochenta heridos que se encuentran en diversos centros de salud, algunos incluso en hospitales de Estados Unidos de América.

Derivado de la información oficial sobre los hechos ocurridos dada a conocer por autoridades federales, se advierte que no existió una estrategia efectiva para enfrentar la situación y contener y, en su caso, desalojar a la población que se encontraba en un lugar de alto riesgo.

Ante los hechos suscitados, el gobierno federal ha ofrecido diversas conferencias de prensa para explicar a la ciudadanía lo que ocurrió. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, la cronología oficial de los hechos se dio de la siguiente manera:

- Siendo las 14:30 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional avisaron al Gobierno Federal respecto a una fuga en el ducto Tula – Tuxpan.

- Petróleos Mexicanos ordenó el cierre de la válvula hasta las 18:20 horas (tres horas con cincuenta minutos después del aviso).

- Siendo las 18:52 horas, se registró la explosión de la toma clandestina.

Ante la situación de emergencia que se presentó, llama la atención lo dicho por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al referir que “Pemex no cerró la válvula cuando se detectó inicialmente la fuga en el ducto, porque no se pensó que fuera una fuga relevante”. En ese sentido, Pemex tardó casi cuatro horas en cerrar la válvula del ducto que estalló y lamentablemente originó la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, señaló que, en el lugar de los hechos, previo a la explosión, las fuerzas armadas se vieron rebasadas por una multitud de aproximadamente 800 personas; a pesar de lo anterior los elementos castrenses intentaron persuadir a la población para que se alejaran del ducto tomado, ante lo cual algunos pobladores se tornaron agresivos.

El general secretario declaró a los medios de comunicación, que los elementos del ejército se vieron obligados a replegarse para evitar una confrontación.

Por su parte, el presidente de la República declaró que para evitar escenarios como el de Tlahuelilpan, Hidalgo, se continuará con la estrategia adoptada para evitar el robo de combustibles.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha mostrado su apoyo al Gobierno en la lucha por combatir el robo de combustibles. No obstante, se difiere con la estrategia y las acciones implementadas, en razón que se ha demostrado lo siguiente:

- Continúa la crisis por el desabasto y escases de gasolina en diferentes entidades de la República mexicana.

- La falta de previsión de las consecuencias que traería consigo la implementación de las medidas conocidas, afectó las actividades productivas y la economía familiar con el incremento de los costos de la canasta básica.

- Existen cierres parciales o totales de estaciones de servicio en algunas entidades federativas, e inclusive, en algunas de ellas el combustible se vende a un precio más elevado.

- El transporte de los hidrocarburos por medio de vehículos o pipas es una medida errónea, costosa, e insegura para la integridad de los operadores y de los poblados en las localidades, a diferencia del transporte por ductos que resulta más barato y eficiente.

Cabe señalar que ante la crisis generada por el desabasto en los combustibles en diversas entidades federativas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó convocar a reunión de trabajo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos; y de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la Tercera Comisión de Trabajo, para que informaran la estrategia integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su impacto económico y las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía.

Dicha reunión estaba prevista para el martes 15 de enero; sin embargo, la misma no se llevó a cabo porque los funcionarios federales cancelaron su asistencia quince minutos antes de que iniciara, argumentando que se encontraban atendiendo la emergencia.

Ante los hechos suscitados en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se advierte que los funcionarios del Gobierno Federal no estaban atendiendo dicha emergencia; de igual forma, no existe claridad respecto a cómo evaluar si la estrategia implementada está funcionando o no.

El cierre sin planeación de los ductos de Pemex ha generado desabasto en varias localidades, por lo que la estrategia debe reorientarse para lograr una efectiva distribución.

México está de luto, y esa tristeza que hoy nos invade debe traducirse en acciones concretas para investigar este caso y prevenir que se repita.

En este contexto y para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es fundamental que el Gobierno Federal, informe a esta soberanía y a la población en general, respecto a los hechos ocurridos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lamenta profundamente los acontecimientos registrados a causa de una explosión de un ducto de Pemex, el pasado viernes 18 de enero del año en curso, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida alrededor de cien personas y en el que hubo un número similar de heridos.

Asimismo, se solidariza con todas las personas que directa o indirectamente resultaron afectadas por la tragedia ocurrida.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo, a la brevedad, una revisión exhaustiva de la estrategia implementada para combatir el robo de combustible en el territorio nacional, así como a analizar la pertinencia de realizar los ajustes necesarios para incrementar la vigilancia en los ductos y las instalaciones estratégicas, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco de sus atribuciones, investigue y, en su caso, emita las sanciones correspondientes sobre la posible omisión o negligencia en que incurrieron las autoridades del gobierno federal, al no haber desalojado a la población que por más de cuatro horas se expuso a una grave situación de riesgo.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta soberanía en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la aprobación de este acuerdo, cuáles son las líneas de investigación que están siguiendo, para identificar a los probables responsables de la manipulación del ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de Petróleos Mexicanos, remita a esta soberanía, un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que emprendió la empresa una vez que fue notificada sobre la fuga en el ducto Tula – Tuxpan. Así como un informe que explique los protocolos de acción y de seguridad de la empresa para el manejo y flujo de combustibles por los ductos que recorren el territorio nacional, específicamente cuando se registran alteraciones en los mismos.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se investiguen y, en su caso, se emitan a la brevedad posible las recomendaciones correspondientes por las presuntas omisiones y acciones de las autoridades federales en torno a los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Séptimo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, brinden atención integral que incluya entre otras, el servicio médico hospitalario, quirúrgico, farmacéutico y psicológico a todas las víctimas directas e indirectas de la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de enero de 2019.

Senadores: Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de realizar una campaña para crear conciencia, educar e informar a la población en general sobre los grandes riesgos asociados a las tomas clandestinas de combustible, a cargo del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Salud y otras dependencias del gobierno federal, así como a los titulares de los gobiernos de los estados de la república, para que en un esfuerzo coordinado inicien de inmediato una campaña de concientización, educación e información sobre los grandes riesgos asociados a la naturaleza volátil y explosiva de los combustibles que son transportados a través de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex); la perforación de tomas clandestinas en los ductos de combustible; acercarse a la zona donde se encuentre una fuga de combustible; recolectar combustible proveniente de una fuga de un ducto presurizado; almacenar combustible en viviendas y sitios habitados. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 18 de enero a las 18:52 horas el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan, Hidalgo, recibió el “reporte de explosión e incendio” por una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo de dicho municipio. De acuerdo con el reporte de víctimas al lunes 21 de enero de 2019, 89 personas habían perdido la vida y 51 personas permanecían hospitalizadas.

El domingo 20 de enero, durante la conferencia de prensa para dar seguimiento a la tragedia, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, detalló la cronología de hechos que llevaron a la explosión del ducto perforado de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo.

• A las 14:30 del viernes 18 de enero se detectó la toma clandestina sobre el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula en la localidad de San Primitivo, municipio de Tlathuelilpan, en el estado de Hidalgo.

• A las 15:45 horas comenzó a aglomerarse “una parte de la población” en la zona de la fuga de combustible. En ese momento el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicita a los presentes alejarse de la zona y “evitar riesgos a la salud”.

• A las 17:00 horas arribó personal de Gendarmería, media hora después arriban al lugar refuerzos de la Sedena e insisten en el llamado a la población civil a “retirarse para evitar riesgos”. A pesar de las reiteradas advertencias del personal militar, las personas no se retiraron, en incluso se incrementó la cantidad de individuos que buscaban recolectar combustible en la zona de la fuga.

• A las 18:20 horas Pemex suspendió el bombeo en el ducto y diez minutos después, cerró las válvulas de seccionamiento del ducto para reducir el área de fuga.

• A las 18:52 horas el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibió el “reporte de explosión e incendio” de una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlalhuelilpan, Hidalgo.

Una vez ocurrida la explosión, se empezaron a recibir reportes de personas fallecidas, personas gravemente heridas por quemaduras derivadas de la explosión y posterior incendio, así como de personas desaparecidas. Las víctimas se habían acercado a la zona de la fuga para recolectar la gasolina que era expulsada a chorros por la presión contenida en el ducto.

Lamentablemente, los reportes señalan que, entre las víctimas de la tragedia, también se encontraron menores de edad.

Esta tragedia fue desencadenada por múltiples factores, entre los cuales podemos incluir la ignorancia acerca de los grandes riesgos asociados a las tomas clandestinas de combustible.

Es por ello que, para prevenir que en el futuro suceda una tragedia similar a la ocurrida en Tlalhuelilpan, Hidalgo, es necesario concientizar, educar e informar a la población en general, pero en especial a la de las comunidades aledañas a los ductos de combustible sobre los grandes riesgos inherentes a la perforación y recolección de combustible de los ductos de Pemex. No se trata de un asunto político, de gobierno o de tintes partidistas, se trata de acciones para lograr un verdadero cambio en pro del bienestar de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Salud y otras dependencias del gobierno federal, así como a los titulares de los gobiernos de los estados de la república, para que en un esfuerzo coordinado inicien de inmediato una campaña para concientizar, educar e informar a la población en general de los grandes riesgos asociados a las tomas clandestinas de combustible: la naturaleza volátil y explosiva de los combustibles que son transportados a través de los ductos de Petróleos Mexicanos, la perforación de tomas clandestinas en los ductos de combustible; acercarse a la zona donde se encuentre una fuga de combustible ; recolectar combustible proveniente de una fuga de un ducto presurizado; almacenar combustible en viviendas y sitios habitados.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

Senador Joel Padilla Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las instancias correspondientes para formar una comisión investigadora independiente, con participación de expertos internacionales, a fin de esclarecer la verdad sobre los hechos registrados el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, suscrita por los senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda Hoeflich, senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República y el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones, instruya a las instancias correspondientes para la conformación de una comisión independiente de investigación, con participación de expertos internacionales, a fin de esclarecer la verdad sobre los hechos registrados el 18 de enero del presente año, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Exposición de Motivos

I. La noche del viernes 18 de enero del presente año, diferentes medios de comunicación reportaron la explosión de un oleoducto en la comunidad rural de Tlahuelilpan, Hidalgo. Este suceso estaba relacionado con el robo de combustible del oleoducto que pasa por dicha comunidad, y que horas después resultó en una trágica explosión. Para el martes 22 de enero, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reportaba que el número de personas fallecidas era de 93 personas y que 46 permanecían hospitalizadas, algunas en situación crítica. Adicionalmente, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, informó que se están tomando pruebas de ADN a familiares y que se abrieron 65 carpetas de investigación.1

Luego del incidente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, manifestó que “ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender oportunamente a la población afectada”.2 Petróleos Mexicanos, por su parte, hizo un llamado a través de sus redes sociales solicitando a los ciudadanos “seguir instrucciones de las autoridades que ya laboran en el poblado del Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se registró un incendio derivado de la manipulación de una toma clandestina”.3 Posteriormente, Pemex reportaba estar trabajando en coordinación con autoridades de todos los niveles para apoyar a la población afectada.

Según el diario The New York Times, “el estallido evidenció los peligros mortales del robo de la gasolina o huachicoleo, que le ha costado miles de millones de dólares por año al gobierno y cuyo combate ha sido el foco del gobierno de López Obrador en las últimas semanas”.4

II. El robo de combustibles es un ilícito que tiene severos efectos en el patrimonio de la nación y en el bienestar de la población, sin embargo, tragedias como la de Tlahuelilpan, evidencian que es necesario que el combate al robo de combustible se realice con base a una estrategia integral, que garantice la protección de los ciudadanos y su seguridad. Según un reportaje publicado por Animal Político existen distintas contradicciones de diferentes funcionarios implicados sobre los eventos del día viernes en la comunidad de Tlahuelilpan.5 A pesar de esto es claro que hubo presencia de las Fuerzas Armadas horas antes de la explosión, pero que los elementos presentes no lograron evacuar a las personas que en este momento se encontraban alrededor de la fuga del oleoducto, lo que también evidencia la necesidad de contar con protocolos adecuados para atender este tipo de emergencias. El mismo reportaje indica que Pemex cerró el ducto hasta 4 horas después de que se detectó la toma clandestina, a lo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó la existencia de un protocolo que se siguió según los parámetros de seguridad.6

La tragedia registrada en Tlahuelilpan debe ser esclarecida bajo el principio del derecho a la verdad, y debe ser acompañada de un proceso de acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Igualmente, conocer la verdad sobre estos hechos permitirá al Estado mexicano garantizar la no repetición de hechos similares y cumplir sus responsabilidades en el combate al robo de hidrocarburos y en la protección de la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

III. Desde Movimiento Ciudadano respaldamos el combate al robo de hidrocarburos, pero consideramos que el gobierno federal debe clarificar su estrategia y rendir cuentas a los mexicanos sobre los alcances de la misma, además de que hoy resulta indispensable esclarecer los hechos registrados en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Según el analista de seguridad Alejandro Hope, “el huachicoleo es, ante todo, un problema de seguridad humana. Es imperativo combatirlo no tanto por la merma que significa a las finanzas del Estado, sino por la amenaza que significa para las comunidades donde se asienta”.7 En este mismo sentido, nos pronunciamos por una estrategia de combate al robo de gasolina que ponga en el centro la seguridad de la población.

El robo de combustible se ha convertido en un problema sistémico de México, vinculado al crimen organizado y a amplias redes de corrupción. Por ello, la respuesta ante este problema y ante la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, deber acompañarse de medidas extraordinarias. Por ello, es que proponemos la creación de una Comisión Independiente de Investigación sobre los hechos suscitados en Tlahuelilpan, Hidalgo, misma que deberá contar con la participación y acompañamiento de expertos internacionales, con el objetivo de desarrollar una investigación independiente, profesional e imparcial que permita esclarecer la verdad sobre los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar la no repetición de hechos similares.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones, instruya a las instancias correspondientes para la conformación de una comisión independiente de investigación, a fin de esclarecer la verdad sobre los hechos registrados el día 18 de enero del presente año en Tlahuelilpan, Hidalgo. Se solicita que dicha comisión cuente con la participación y acompañamiento de organismos y expertos internacionales que contribuyan a desarrollar una investigación independiente e imparcial, en concordancia con los principios de política exterior establecidos por la presente administración federal. Además de esclarecer la verdad sobre los hechos, la comisión emitirá recomendaciones para deslindar responsabilidades y garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas y a la no repetición de hechos similares.

Notas

1 “Sube a 93 número de muertos por explosión en Tlahuelilpan”, Milenio (22 de enero de 2019), recuperado de: http://www.milenio.com/estados/sube-93-numero-muertos-explosion-tlahuel ilpan

2 “Activan Plan DN-III tras explosión en ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo”, El Universal (18 de enero de 2019), recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/activan-plan-dn-iii-tras-explosi on-en-ducto-en-tlahuelilpan-hidalgo

3 Twitter @Pemex (19 de enero de 2019), recuperado de: https://twitter.com/Pemex/status/1086451027543576576

4 “Explosión en oleoducto de México deja más de 80 muertos”, The New York Times (19 de enero de 2019), recuperado de https://www.nytimes.com/es/2019/01/19/explosion-hidalgo-mexico-ducto/

5 “El paso a paso en Tlahuelilpan: Pemex cerró ducto 4 horas después de que se detectó la toma”, Animal Político (21 de enero de 2019), recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2019/01/cronologia-tlahue lilpan-victimas-pemex-toma/

6 Ídem.

7 “Algunas reflexiones sobre Tlahuelilpan”, El Universal, (21-01-2019), recuperado de

https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/na cion/algunas-reflexiones-sobre-tlahuelilpan

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 enero de 2019.

Senadores: Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a tomar con sus homólogas de entidades federativas con verificentros acciones a fin de erradicar la corrupción en el proceso de revalidación de las concesiones para su operación, suscrita por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas del estado de México, Morelos, Ciudad de México y Querétaro, que cuentan con centros de verificación vehicular para el control en la emisión de contaminantes, tomen las acciones necesarias para erradicar la corrupción en el proceso de revalidación de concesiones para su operación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El derecho humano de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, en nuestro país, se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su artículo 4o., párrafo quinto.1

Ante ello, el Estado mexicano, a través de un conjunto de normas, instituciones, organismos, así como el diseño y aplicación de políticas públicas en la materia, tiene como responsabilidad, el garantizar este mandato en sus tres niveles de gobierno.

En este orden de ideas, ante el desarrollo económico, social y el crecimiento de los asentamientos humanos que han experimentado varias entidades federativas en México, se han generado zonas metropolitanas y distintas ciudades de nuestro país han experimentado y enfrentan distintas realidades; como las manifestaciones ambientales, a través de altos índices que se registran en la emisión de contaminantes por distintas fuentes como la actividad industrial o fuentes móviles, como el gran número de vehículos automotores de transporte y carga para servicio público o de uso particular.

Así, en el año de 1989, se crea y pone en funcionamiento en el Valle de México y su zona metropolitana el programa Hoy no Circula, para restringir el movimiento de vehículos por un día, así como otras medidas con el propósito de disminuir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera, acompañado de la verificación periódica de los automotores, para una mejor calidad del aire, en beneficio de la población.2

II. En años recientes, se han registrado altos índices de contaminación, en distintas entidades federativas y regiones del país, por lo cual la autoridad ambiental federal como local en la materia, han generado una serie de medidas y programas de verificación vehicular de manera obligatoria en varios estados de la República: Ciudad de México, estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Yucatán, varios de los cuales conforman la megalópolis de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).3

Ante el número de alertas cada año por contingencias ambientales, dichas entidades, deberán atender los marcos regulatorias en particular la Norma Oficial Mexicana 167-SEMARNAT-2017, que contiene nuevos valores máximos en la emisión de contaminantes de vehículos en circulación, así como los instrumentos con los que se deberán de verificar las unidades vehiculares.

En el caso de la megalópolis del Valle de la Ciudad de México en el año de 2016 se emitieron 19 alertas ambientales4 , para agosto de 2017 se registraron 16 y de enero a junio de 2018 el “Grupo Interdisciplinario”5 de especialistas que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), estimó de 10 a 15 alertas para ese periodo.

De acuerdo con fuentes de la CAME y a estudios realizados por autoridades de salud en la Megalópolis, en el año de 2017, se incrementaron los casos de enfermedades de tipo respiratorio y auditivo por la mala calidad del aíre, falleciendo cada año, 21 mil personas en el país por mala calidad del aire y 9 mil de estas muertes se registran en la Zona Metropolitana del Valle de México.6

Una de las entidades federativas que integran la ZMVM, es el estado de México, donde se buscan abatir estas contingencias. A inicios de 2018, el coordinador ejecutivo de la CAME, manifestó que se reforzaría el programa Hoy no Circula en 18 municipios de la entidad, verificando que se apliquen las sanciones a quienes no cumplan las restricciones a los vehículos automotores.7

De los municipios mexiquenses, la ciudad de Toluca, se encuentra entre las 5 más contaminadas junto con la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Puebla.8

En esta entidad se tienen registrados 116 verificentros.9

III. Diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas e instituciones de investigación en la materia, como el Centro de Investigación Mario Molina10 , hacen distintas recomendaciones a tomar en cuenta como:

• Combate a la corrupción y que, dichos centros de verificación, se apeguen a la normatividad en vigor como las normas oficiales.

• Fomento de mejores tecnologías vehiculares que sean limpias como vehículos eléctricos o híbridos.

• Mejoramiento en la calidad, seguridad y confiabilidad del transporte público, a bajos costos.

En opinión de otros actores, sugiere el endurecimiento de acciones, como:

• Mayor control en la inspección, monitoreo y certificación de dichos centros de verificación vehicular o unidades de verificación con apego a la normatividad11 por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

• La clausura de instalaciones, el retiro de concesiones.

• Incremento en multas, sanciones y penas, a quienes incurren en dichos actos.

Medidas como esta tienen el propósito fortalecer las acciones de instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de lograr abatir los altos índices no sólo de contaminación y concentración atmosférica, sino de disminuir y, en la medida de lo posible, erradicar prácticas de corrupción en dichos centros o unidades de verificación vehicular.

Asimismo, es la de mayor importancia, llamar la atención ante la generación de situaciones susceptibles de presentarse y a las que también se ven sujetos dueños o interesados en obtener el otorgamiento de la revalidación y autorización de operación de un verificentro establecido, ya sea en el ámbito federal o local, como son las posibles anomalías, arbitrariedades o irregularidades en la aplicación de los procedimientos normativos por parte de funcionarios públicos ya por omisión, excesos, negligencia o abuso de autoridad y en la extralimitación de sus atribuciones para dicho otorgamiento.

IV. En este sentido, pueden plantearse situaciones como las ocurridas de manera sistemática en el estado de México, a las que se ven sujetos los interesados, al solicitar audiencia ante autoridad correspondiente para la aclaración de problemáticas y ante ello se dan respuestas evasivas y autoritarias, al negarse el derecho de audiencia y a no recibir a los interesados.

Lo anterior se puede apreciar a través de distintas irregularidades, en el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular y posibles anomalías en la impresión errónea de Certificados de Verificación que al ser cancelados, genera un costo económico el cual se adjudica al concesionario, mismo que va en su perjuicio; y que ante la solicitud de aclaración, a la Dirección General de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, a través de su titular, licenciada Carolina García Cañón, se dan respuestas ambiguas y evasivas, área dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente local.

Otra de varias anomalías son posibles complicidades entre funcionarios de distintas instituciones o áreas administrativas en la materia con el propósito de negar la revalidación para la operación de dichos centros mediante un inicio de procedimientos administrativos por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), por supuestas irregularidades en el equipo utilizado, entre otros aspectos, generándose la clausura de los establecimientos de verificación, sujetos al pago de multas, no menores a los 200 mil pesos, sin mayor posibilidad de aclaración legal y jurídica, dejándolos en completo desamparo e indefensión y falta de certeza legal y jurídica.

Ante este tipo de problemáticas y situaciones tanto de deficiencias en la prestación del servicio concesionado, como la lamentable actuación y conducción con mínima vocación de servicio público por parte de los funcionarios públicos es de la mayor importancia prestar atención y tomar las acciones pertinentes, para darles solución en beneficios de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federal para que, en coordinación con sus homologas en las entidades federativas del estado de México, Morelos, Ciudad de México y Querétaro, que cuentan con centros de verificación vehicular para el control en la emisión de contaminantes, tomen las acciones necesarias para erradicar la corrupción en el proceso de revalidación de la concesión para su operación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, a supervisar la correcta aplicación del procedimiento y requisitos solicitados por el área correspondiente de dicha institución, para la expedición de revalidación y autorización en la operación de dichos verificentros, ello con la coadyuvancia de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente local.

Tercero. Se informe a esta soberanía del avance y/o resultado de los resolutivos anteriores.

Notas

1 ... “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf , Página 8. Consultado el 17 de noviembre de 2018.

2 La historia del Hoy no circula – Transporte.mx
http://www.transporte.mx/la-historia-del-hoy-no-circula/ . Consultado el 17 de noviembre de 2018.

3 Aprueban verificación vehicular en 16 estados - El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/08/11/
aprueban-verificacion-vehicular-en-16-estados. Consultado el 17de noviembre de 2018.

4 Ob. Cit.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/08/11/
aprueban-verificacion-vehicular-en-16-estados. Consultado el 17de noviembre de 2018.

5 Este 2018 tendrá más días con altas concentraciones de ozono, alerta ...

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/este-2018-tendra -mas-dias-con-altas-concentraciones-de-ozono-alerta-la-came
Consultado el 18 de noviembre de 2018.

6 Ob. Cit.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/este-2018-tendra-mas-dias-con-altas-concentraciones-de-ozono-alerta-la-came
Consultado el 18 de noviembre de 2018.

7 Ob. Cit.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/este-2018-tendra-mas-dias-con-altas-concentraciones-de-ozono-alerta-la-came
Consultado el 18 de noviembre de 2018.

8 Toluca, de las ciudades con más contaminación atmosférica

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
toluca-de-las-ciudades-con-mas-contaminacion-atmosferica-1663414.html. Consultado el 18 de noviembre de 2018.

9 Certificados al 100 por ciento los verificentros del Edomex por la EMA

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
certificados-al-100-por-ciento-los-verificentros-del-edomex-por-la-ema-1743544.html

10 Mejorar la calidad del aire en el Valle de México es urgente y un gran ...

https://centromariomolina.org/
mejorar-la-calidad-del-aire-en-el-valle-de-mexico-es-urgente-y-un-gran-reto-para-la-sociedad/. Consultado el 20 de noviembre de 2018.

11 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017 - DOF - Diario ...

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496105&fecha=05/09/2017. Consultado el 20 de noviembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal


Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a establecer un porcentaje mínimo de oferta de coches que utilicen etanol como combustible complementario a la gasolina, a cargo de los diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La energía se define comúnmente como la capacidad para realizar un trabajo o producir calor. Normalmente el calor puede ser producto de la combustión de un combustible –una sustancia que contiene energía interna y que, quemándose, produce calor. La energía se manifiesta de diferentes formas: calor, luz, fuerza motor, transformación química, etcétera. La energía es un elemento necesario para la vida y para toda la actividad económica. Ha demostrado su importancia en el desarrollo de las civilizaciones y es indispensable para el funcionamiento de la sociedad.

La energía primaria es la que se extrae o captura directamente del medio ambiente, ejemplos de energía primaria son el carbón, el petróleo crudo, el gas natural, la energía solar, la energía nuclear, etc. La energía secundaria se refiere a cualquier energía que se obtiene de una fuente primaria de energía sobre la que se ha aplicado un proceso de transformación o conversión. Por tanto, los productos derivados del petróleo o la electricidad son tipos de energías secundarias, ya que estos requieren refinación, en el primer caso, o generadores eléctricos para producirlos en el segundo.

La energía primaria es la energía extraída o capturada directamente desde el medio ambiente. A su vez, este tipo de energía se clasifica en tres grandes grupos:

• Energía no renovable: se refiere a la energía primaria que proviene de un stock finito de recursos. Por ejemplo, el carbón o el petróleo crudo provienen de una acción física finita que se formó bajo la corteza terrestre a partir de todo un proceso químico y geológico.

• Energía renovable: es el tipo de energía primaria que se obtiene de un flujo constante de energía disponible. La biomasa, la energía solar, eólica, geotérmica, la energía del océano, son ejemplos de energías renovables. A diferencia de lo que se piensa convencionalmente, las energías renovables se han utilizado durante un período de tiempo más largo que los combustibles fósiles o la energía nuclear.

Este tipo de energías contribuía en gran medida a la producción total mundial de energía hasta el final del siglo XVIII y todavía cumplían con el abastecimiento de la mitad de las necesidades energéticas de los humanos a principios del siglo XX.2

Hoy, las energías renovables han sido redescubiertas gracias a los avances tecnológicos que han sido capaces de eliminar sus principales inconvenientes –especialmente de su transformación en escala para comercialización– de baja intensidad y naturaleza intermitente.

• Residuos.

El petróleo es la materia prima más importante utilizada en la sociedad moderna, su producción no sólo sirve para los materiales básicos utilizados para la fabricación de fibras sintéticas, plásticos, pinturas, fertilizantes, insecticidas, jabones, etc. Los combustibles derivados del petróleo abastecen actualmente más de 80 por ciento de la energía mundial.

Uno de los procesos de transformación del petróleo es la refinación. Cuando el petróleo se refina y se separa, el resultado es un gran número de productos. Cerca de 84 por ciento en volumen de los hidrocarburos presentes en el petróleo se convierte en combustibles ricos en energía, incluidos la gasolina, el diésel, el combustible de aviación, la calefacción y los gases licuados del petróleo. El petróleo restante se convierte en productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos.2

La gasolina, el queroseno y el diésel son utilizados principalmente en medios de transporte, mientras que el combustóleo y el gas son quemados para la generación de calor de uso comercial o residencial y para la generación de electricidad.

La sustentabilidad energética fue uno de los estándares de la campaña de la actual administración. Se prometió que con la remodelación de las actuales refinerías del país y la construcción de dos más habrá de llegarse a este objetivo.

Actualmente, Pemex produce al día 1 millón 841 mil barriles de petróleo crudo, esto es exactamente la mitad de lo que se produjo en 2004. Así pues, de 2000 a 2018 la caída de la producción de crudo fue de 40 por ciento (véase la gráfica 1), lo que no deja no panorama optimista para este sector especialmente con el incremento del uso del gas natural y con la caída de los precios de los hidrocarburos a escala internacional. Sin embargo, en este sexenio se planea llegar a 2 millones 400 mil; esto es, regresar a niveles de 2014.3

Gráfica 1. Producción de petróleo crudo de Pemex de 2000 a 2018(Miles de barriles diarios)

Nota: En cuanto a 2018, se consideran datos hasta noviembre de ese año.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos institucional de Petróleos Mexicanos. Disponible en

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro &subAction=applyOptions Consultado el 21 de enero de 2019.

En México, actualmente más de 50 por ciento del volumen de petrolíferos que se comercializan es de gasolinas. Esto lo hace el producto derivado del petróleo más importante. En sentido contrario a la producción de petróleo crudo, el volumen de ventas de gasolinas ha incrementado en los últimos 18 años, pasando de 531 miles de barriles diarios (mdbd) a 765 mil, última cifra registrada de 2018 (véase la gráfica 2).

Gráfica 2. Volumen de ventas internas de gasolinas de 2000 a 2018(Miles de barriles diarios)

Nota: En cuanto a 2018, se consideran datos hasta noviembre de ese año.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos institucional de Petróleos Mexicanos. Disponible en

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro &subAction=applyOptions Consultado el 21 de enero de 2019.

Aun cuando no hay datos precisos sobre la cantidad de gasolina que se importa mensualmente, las estadísticas oficiales arrojan datos preocupantes. De acuerdo con la base de datos institucional de Pemex, México ha pasado de tener un superávit de hidrocarburos líquidos a ser un país importador de ellos y ciertamente se agrava la situación pues son los petrolíferos, en donde se encuentran las gasolinas, la categoría que más se ha incrementado en los últimos años (véase la gráfica 3).

Gráfica 3. Volumen de petrolíferos y gas licuado de 2000 a 2018(Miles de barriles diarios)

Nota: En cuanto a 2018, se consideran datos hasta noviembre de ese año.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos institucional de Petróleos Mexicanos. Disponible en

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro &subAction=applyOptions Consultado el 21 de enero de 2019.

Se señala que la reforma energética no dio los resultados esperados, que lo que se prometió sobre el incremento de la producción, de los ingresos petroleros y la disminución de los precios de los energéticos como las gasolinas, el gas y la electricidad nunca llegó. Y es cierto. También se ha hecho énfasis en la gran cantidad de recursos que se dirigieron a contratos en casi todas las unidades de Pemex y que nunca rindieron frutos.

Pemex es hoy una empresa en números rojos. De acuerdo con sus últimos resultados financieros auditados, en 2017 esta empresa tenía un pasivo por 3.2 billones de pesos, principalmente por deuda de largo plazo y por su pasivo laboral. Estas cifras convierten a Pemex en la petrolera más endeudada del mundo y una de las menos productivas.

Ese endeudamiento y las enormes carencias que padece fueron forjándose a lo largo de muchos años y desde adentro, debido a la discrecionalidad del uso de sus recursos y por la cantidad de privilegios que gozaron una gran cantidad de servidores públicos que pasaron por sus oficinas. El robo de combustible no es una causa como tal, es la consecuencia de años de opacidad, tráfico de influencias e impunidad dentro de la administración de la misma empresa.

En los últimos días ha habido un flujo de información importante, especialmente en las redes sociales y en diversos medios de comunicación sobre una supuesta reducción de las importaciones de gasolinas. El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó en un artículo que parte del problema no se ha derivado únicamente por el control de los suministros a través de los ductos sino por el mismo gobierno, debido a que la administración disminuyó la importación de gasolina en 28 por ciento. Y, como se mencionó, no se sabe con exactitud cuáles son los niveles de importación de gasolina.

En una investigación realizada por investigadores del Instituto Politécnico Nacional se resalta que “el problema de disminución de las reservas de combustibles fósiles y la generación de contaminantes debido a su combustión, han provocado la búsqueda de combustibles alternativos como el etanol. En varios países se usa el etanol producido desde la caña de azúcar y el maíz, mezclado con la gasolina, como combustible para los vehículos de transporte. Esto ha disminuido la generación de contaminantes y la dependencia de los precios internacionales del petróleo, sobre todo en países que no lo producen”.4

Pese a que México sí es un país productor de petróleo, actualmente no cuenta con la capacidad productiva necesaria para abastecer en su totalidad al mercado interno, hecho aunado a los altos índices de criminalidad que se han desatado a lo largo de la cadena productiva, principalmente robo de combustible.

A escala comercial, como bien lo menciona la investigación, “Brasil y EUA han imple- mentado de manera masiva y exitosa el etanol como combustible alternativo y han mostrado que puede ser competitivo con la gasolina en precio y energía”.5

En las últimas semanas, ante el desabasto de gasolina, el etanol se ha colocado como un combustible sustituto. De acuerdo con varios portales de noticias, la venta de etanol en el Valle de México se disparó hasta en un 300%, ante la escasez de gasolina en estaciones de servicio. Algunos vendedores de este combustible aseguran que incluso, han comenzado a terminarse su reserva de ventas.6

En junio de 2017, la Comisión Reguladora de Energía aprobó mejoras de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, “Especificaciones de calidad de los petrolíferos (NOM-016)”, para permitir la mezcla de 10 por ciento de etanol en gasolinas excepto en las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, cuya restricción fue establecida por principio precautorio hasta tener evidencias técnicas de que el etanol en esta proporción no ocasiona daños al ambiente en las regiones referidas.

Debido a la restricción, a través del Instituto Mexicano del Petróleo se hizo un estudio del cual destacan las siguientes conclusiones:

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las emisiones de la gasolina regular con MTBE y la gasolina con 10 por ciento de etanol, mientras conserven la presión de vapor establecida en la NOM-016 para la ZMVM. La NOM-016 establece una presión de 7.8 libras sobre pulgada cuadrada para la ZMVM, lo cual impide que se eleven los niveles de emisiones.

Las emisiones se ven fuertemente influenciadas por el año y tipo del vehículo, así como por el sistema de control de emisiones. Esto es, sin importar el tipo de gasolina; entre mayor antigüedad tenga el automóvil, más emisiones.7

El etanol es pues, en combinación con los porcentajes recomendados de gasolina, un buen combustible complementario por lo que se debería considerar un uso mayor principalmente en automóviles de modelos recientes.

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas ponemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, considerando el artículo 51 A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a la Comisión Reguladora de Energía a efecto de que, en el marco del plan para la autosuficiencia energética, en especial de gasolinas, establezca la normativa para que las agencias de autos oferten 20 por ciento como porcentaje mínimo de unidades con capacidad para que utilicen etanol como combustible complementario a la gasolina. Esta sería una medida inicial que implicaría un acuerdo programado con las compañías productoras de vehículos instaladas en México para que produzcan unidades con la tecnología necesaria para el uso del etanol.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Estado que tengan incidencia en la agricultura y la industria mexicanas a desarrollar un plan nacional agroindustrial para la producción de etanol con base en los desechos orgánicos sin afectar la producción de alimentos.

Notas

1 Ngo, Christian, Energy: resources, technologies and the environment, The Institution of Engineering and Technology, Londres, 2008, página 44.

2 Demirel, Yasar, Energy: production, conversion, storage, conservation, and coupling , Speight, EUA, 2012, página 51.

3 https://www.gob.mx/sener/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel -lopez-obrador-durante-la-presentacion-de-plan-nacional-de-refinacion-1 84634?idiom=es

4 Alonso, Alexis; y Bello, Arturo, “Materias primas usadas para la producción de etanol de cuatro generaciones: retos y oportunidades”, en revista Agro-Ciencia, Universidad de Concepción, volumen 52, número 7.

5 Ibídem.

6 Recurren al etanol ante la falta de gasolina, 10 de enero de 2019. Disponible en https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detall e/recurren-al-etanol-ante-la-falta-de-gasolina-934842/ Consultado el 21 de enero de 2019.

7 La CRE da a conocer estudio realizado por el IMP para uso de gasolinas con etanol en el valle de México, 3 de octubre de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/cre/prensa/la-cre-da-a-conocer-estudio-realizado-por -el-imp-para-uso-de-gasolinas-con-etanol-en-el-valle-de-mexico?idiom=es Consultado el 21 de enero de 2019.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2019.

Diputados: José Ricardo Gallardo Cardona, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad con las víctimas de la explosión e incendio de una toma clandestina de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, reconoce las acciones de las autoridades federales y estatales en la atención de la urgencia, condena enérgicamente el robo de combustible y exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación exhaustiva en el esclarecimiento de tan lamentables hechos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Delgado Carrillo, en su calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente. Como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El día 27 de diciembre de 2018 el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que cuenta con la participación de 15 dependencias del Gobierno de México, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, y la Procuraduría Federal del Consumidor, puesto en marcha desde el 20 de diciembre y señalo que:

“Se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos.

Se trata del robo masivo de pipas que opera mediante un esquema interno que se vale de la propia estructura gubernamental:

Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y se apoya en un sistema de distribución de combustibles.

Miren, mil 145 pipas por día. Eso es huachicol, pero desde arriba. ¿Cómo se distribuyen más de mil pipas diariamente? Eso es lo que quiero puntualizar. Hay la hipótesis de que, de todo el robo, solo el 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla; que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba.

El jefe del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad que ha alcanzado el robo de hidrocarburos al interior de Pemex al señalar que la pérdida equivale al presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o al 60 por ciento del monto total de becas para adultos mayores.

Agregó que el robo de hidrocarburos de Pemex opera de tiempo atrás con el conocimiento de las autoridades en turno:

Esto se sabía desde hace muchos años. Y lo que hacían era que se descontaba en el ingreso de Pemex. Desde hace tres sexenios sabían del robo, pero en el 2000, 2003, se aceptaba oficialmente que se robaban 12 mil millones de pesos. Pero ahora estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos; o sea, ha ido creciendo sin que se haga nada

Afirmó que el Plan Conjunto involucra acciones más allá del alcance del gobierno, por lo que convocó a los ciudadanos a terminar juntos con el saqueo a la nación:

“Quiero hacer un llamado a todos los mexicanos para que nos apoyen y que entre todos logremos erradicar este robo que se hace a la nación, que se hace a todos.

“Convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción.”

“Hago un llamado a los concesionarios, dueños de gasolineras para que no vendan gasolinas robadas, de procedencia ilícita, a todos los gasolineros del país.

“Un llamado también a los compradores de gasolina robada, a contratistas, porque se hizo normal este robo. Donde hay una obra grande, ahí hay expendios de combustible robado.”

“Un llamado a que no se compre combustible robado a la nación, al pueblo. Un llamado a los transportistas para que no transporten, no trasladen gasolina, diésel robado. Un llamado a todas las familias, a los jóvenes.

“El nuevo gobierno está abriendo posibilidades para que todos los jóvenes puedan tener trabajo, que nadie se dedique a actividades ilícitas; que nos ayuden en las familias orientando para que no se cometan ilícitos.

“Es importante que se sepa: Está por aprobarse una reforma a la Constitución para que el robo de hidrocarburos sea delito grave, sin derecho a fianza. Y no va a importar la cantidad de lo robado. No queremos que se apruebe esta reforma y que la gente no lo sepa. Queremos que se sepa que no va a haber tolerancia en el robo, que no va a haber corrupción para nadie, ni arriba, ni abajo; que vamos a limpiar de corrupción al gobierno, que ese es el propósito.”

Segunda. Entre otras de las decisiones tomadas por la administración federal, como parte de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, fue que la gasolina fuera enviada a los centros de distribución por medio de pipas en lugar de hacerlo por los ductos, medida que ha ocasionado retrasos en la distribución. Particularmente en los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, en el centro y occidente del país.

Sin embargo, el jueves 10 de enero de 2018, el Jefe del Ejecutivo Federal señalo en conferencia de prensa que:

“El problema de la escasez de gasolina en la Ciudad de México se originó porque hubo un sabotaje a un ducto de conducción de combustible de gasolinas de Tuxpan a Azcapotzalco , se restableció el servicio todo el día y después lo volvieron a bloquear”. 1

Por ello, se anunció el reforzamiento de la seguridad, por parte del Ejército, en más de mil 600 kilómetros de los seis principales ductos que transportan combustible.

A pesar de ello, el día 15 de enero 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina

“estamos trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolina y diésel. Siguen los actos de sabotaje, siguen rompiendo los ductos. Ayer hicieron eso, actos de sabotaje. Nos sacaron de operación . Algunos ductos, salió de operación el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, y se está actuando para no poner en riesgo la vida de los ciudadanos. No hemos dejado de trabajar para normalizar el servicio, que no falte la gasolina y se está avanzando a pesar de los pesares; avanzamos hacia la normalización”.2

Al día siguiente, el 16 de enero de 2019, se informó, mediante conferencia de prensa que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México frustraron dos intentos de sabotaje en ductos de Pemex, como parte del operativo especial de vigilancia contra el robo de combustible.3

El secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, explicó que ayer a las 22:12 horas su personal naval detectó movimiento y encontró a presuntos ladrones de combustible dentro de una instalación de Pemex por donde pasa el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

“Esto es dentro de una instalación de Pemex, que rompieron el candado para meterse ahí, en cosa de minutos pusieron la válvula. Pero afortunadamente nuestro personal pudo evitarlo; esas tomas ya están clausuradas, ya están bajo control de nosotros”.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Marina explicó que 3 mil 200 elementos apoyan en la supervisión de los ductos.

Por su parte, el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, informó que 5 mil 800 elementos y 14 aeronaves vigilan los 11 ductos prioritarios que abastecen a las refinerías o a las terminales de distribución de las principales ciudades.

“La Fuerza Aérea y también la parte de helicópteros de la Armada están haciendo reconocimientos para poder cubrir esos ductos y estén proporcionando la información a las tropas que están en tierra de los lugares donde están localizando algún movimiento extraño, alguna situación donde se identifique que hay una actividad ilícita sobre los ductos”.

En general Homero Mendoza Ruiz explicó que hoy a las 03:30 horas, por medio del reconocimiento aéreo, detectaron que el poliducto Tula-Toluca había personas y vehículos, por lo que fuerzas de reacción se desplazaron por aire y por tierra al punto donde los presuntos “huachicoleros” ya se habían retirado.

“Esta forma de operar demuestra la capacidad que tienen las fuerzas del Estado para poder soportar la vigilancia diurna y nocturna, sobre la principal preocupación en esta estrategia, que es preservar los 11 ductos que son vitales para el abastecimiento”.

Tercera. El 18 de enero de 2019 se registró una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, cercano a la refinería de Tula, Hidalgo, donde cientos de personas, recolectaban gasolina de un ducto considerado toma clandestina, provocando la muerte de 93 personas, 46 heridos y 63 desaparecidos, según la información oficial difundida el 22 de enero del año en curso.

Frente a este suceso doloroso, que ha conmovido a la sociedad, el gobierno de la república puso en marcha un plan para atender a las víctimas y a sus familiares, preservar la vida de los heridos de gravedad, dar toda la atención requerida a la población afectada e instruyó a su gabinete a brindar el apoyo necesario a quienes resultaron afectados con esta tragedia.

Asimismo, se puso en coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo para hacer frente a la emergencia y solicitó al Fiscal General de la República, con pleno respeto a su autonomía, la más amplia y exhaustiva investigación sobre lo sucedido y la identificación de quienes resulten responsables.

Desde que ocurrió la explosión, el Presidente de la República se hizo presente en el lugar de los hechos y ha informado diariamente sobre el plan de apoyo a las víctimas, así como de las medidas tomadas por su gobierno.

El día de ayer anunció un plan de desarrollo para el bienestar en comunidades aledaña a ductos de Pemex, con el cual serán beneficiadas 1 millón 688 mil 447 personas. Será dirigido a:

• 91 municipios en situación de pobreza y marginación.

• Se incorporan tandas de bienestar a esquema de apoyos.

Asimismo, señaló que se garantizará el abasto de combustibles sin ceder a las acciones de sabotaje.

Por todo ello los integrantes de la Comisión Permanente estamos obligados a pronunciarnos en apoyo a las víctimas de la fatídica explosión y a reconocer las acciones emprendidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares de la explosión e incendio de la toma clandestina de un ducto de Pemex en la comunidad San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero.

Segundo. La Comisión Permanente reconoce las acciones de las autoridades federales, estatales y municipales en la atención a esta emergencia, así como el apoyo brindado a las víctimas.

Tercero. La Comisión Permanente condena enérgicamente los actos de sabotaje practicados en contra de las instalaciones de Pemex y el robo de combustible, que afectan la seguridad y economía de la nación.

Cuarto . La Comisión Permanente exhorta a la Fiscalía General de República para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero de 2019 en el poblado de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Quinto . La Comisión Permanente exhorta a las autoridades competentes a fortalecer los llamados a los habitantes de todo el país para que denuncien la existencia de tomas clandestinas de hidrocarburos, a los números de teléfonos que han sido puestos a disposición del público y eviten poner en riesgo su integridad física, la de sus seres queridos y la de sus bienes.

Notas

1 El Financiero. Sabotaje a ducto de Pemex es la razón del desabasto de gasolina en la CDMX: AMLO.
10 de enero de 2019.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
escasez-de-gasolina-en-la-cdmx-fue-por-sabotaje-a-ducto-de-pemex-lopez-obrador

2 Nuevo sabotaje a ductos y cargas de gasolina destacan en conferencia de AMLO. El Economista. 15 de enero de 2019.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Nuevo-sabotaje-a-ductos-y-cargas-de-gasolina-destacan-en-conferencia-de-AMLO-20190115-0057.html

3 Frustran sabotaje a ductos de Pemex. 16 de enero de 2019. https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1537398.frustran-sabotaje-a -ductos-de-pemex.html

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a los 23 días de enero de 2019.

Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la Sener y Pemex a implantar de manera coordinada e inmediata un programa urgente de apoyo a las entidades federativas y los municipios que han tenido pérdidas económicas a raíz del desabasto de gasolina y entregar un informe sobre dicha situación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Considerandos

Como parte de la estrategia de seguridad para combatir el robo de combustible, desde el pasado mes de diciembre 2018 el gobierno federal decidió cerrar los ductos que transportan las gasolinas a las principales zonas de almacenamiento y distribución, que en paralelo, reportan mayores índices de robo de combustible, comúnmente conocido como huachicoleo.

La acción del gobierno federal consistió en cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 ductos de Pemex para evitar que los “huachicoleros” continuaran “ordeñando” ilícitamente dichos ductos.

El argumento utilizado por el presidente López Obrador fue que la acción se realizaría de manera cuidadosa para evitar fugas y reducir en consecuencia, los actos de robo y corrupción que genera dicha actividad. El objetivo ha quedado muy alejado de la realidad y sus daños colaterales comienzan a cobrar factura de los errores cometidos.

La situación se agravó a partir del 5 y 6 de enero de este año. Estados como Hidalgo, estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro fueron los primeros que registraron desabasto en las estaciones de servicio.

El desabasto de gasolina ha derivado en una crisis que está afectando la economía de al menos trece entidades federativas del país. El cierre de ductos, interrumpió, sin planeación, el suministro de varias ciudades que generaron largas filas de automovilistas y transportistas para abastecer su consumo particular.

Después de 15 días de desabasto en entidades como Guanajuato, sólo el 15 por ciento de las 600 estaciones de servicio funcionan, según informó el gobernador Diego Sinhué Rodríguez. Peor aún, tras la desafortunada explosión en días pasados del ducto que atraviesa el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo que dejo lamentablemente 89 personas fallecidas, el estado de Guanajuato corre el riesgo de continuar con el problema de desabasto y podría afectar en cadena y en mayor proporción, a estados como Querétaro, Jalisco y Michoacán.

El pasado miércoles 16 de enero, Citibanamex informó que “los efectos macroeconómicos por el desabasto de gasolina serán de 23 mil 600 millones de pesos, que equivalen a 0.1 puntos porcentuales del PIB”1 tan sólo en el mes de enero.

Es decir, de las pérdidas brutas de 39 mil millones de pesos que se estiman en total, la institución bancaria afirmó que en caso de que las condiciones de suministro regresen a la normalidad en los próximos días “se recuperarán 13 mil millones de pesos a finales de enero y se agregarán otros 3 mil millones de pesos al mes siguiente. De no reestablecerse el abasto, las pérdidas podrían ser superiores” a la cifra estimada.2

Los legisladores de Acción Nacional manifestamos nuestra posición a favor de combatir cualquier actividad ilícita y ofrecemos nuestro apoyo al gobierno federal para que desde nuestro ámbito de competencia, respaldemos la aplicación de las medidas que sean necesarias para combatir el robo de combustible y la corrupción que esto supone, toda vez que en 2017 el gobierno estima que perdió más de 60 mil millones de pesos por robo de combustible, y para 2018 la cifra estimada es de 13 mil millones de pesos de acuerdo a los últimos reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero así como reconocemos la importancia de combatir el huachicol, también exigimos que su combate se acompañe con una estrategia integral de seguridad y comunicación efectiva a la población que disminuya los riesgos para la población civil y que considere apoyos efectivos para reducir el impacto económico que se ocasiona a las actividades cotidianas y productivas de los habitantes de los estados y municipios afectados, como resulta el abasto de productos perecederos y no perecederos en los puntos de venta y el control de precio de los mismos.

En días pasados, a través de nuestro presidente de partido Marko Cortés, afirmamos que el desabasto de gasolina en diversas entidades del país confirma de alguna manera la incompetencia del Gobierno Federal para actuar ante el grave problema, por lo que hemos insistido en la necesidad de que el Presidente López Obrador informe la situación real que vive el país por la falta de combustible y los motivos que llevaron a esta crisis.

Ni la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nalhe García, ni el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, han afrontado con responsabilidad el problema que ha desatado la estrategia de combate al huachicol, continúan sin proporcionar una propuesta clara, precisa, efectiva de medidas en el corto, mediano y largo plazo sobre el abasto, almacenamiento y distribución de combustible.

A la fecha no sabemos cuánto durará el cierre de los ductos y no sabemos si el Ejecutivo federal tiene una propuesta integral para compensar y apoyar las afectaciones económicas que está viviendo la población de los estados y municipios afectados, si existen medidas para apoyar a los sectores productivos que están teniendo pérdidas por la ineptitud del gobierno federal.

Por esta razón, exigimos firmemente al presidente y a los funcionarios en turno que rectifiquen en sus acciones y no recurran a ambigüedades e imprecisiones, olvidando el compromiso con el pueblo de México que exige información, transparencia y rendición de cuentas ante una situación tan apremiante como la escasez de combustible.

La única solución que ha anunciado el Ejecutivo federal es garantizar el suministro de gasolina vía pipas, medida que por supuesto es costosa, ineficiente e insegura, pues implica que cada pipa vaya resguardada por cientos de policías. Simplemente es una medida que no implica que se normalizará el abasto de gasolina en el corto plazo.

Lo peor es que el Ejecutivo federal continua con esta gran estrategia de las pipas, anunciando la compra de 571 pipas de gasolina por 85 millones de dólares vía adjudicación directa en Estados Unidos, como si fuera una gran solución a la crisis de abasto y a los efectos negativos que ha generado el cierre de ductos.

Y el presidente López Obrador decide que para ir a adquirir las nuevas pipas, vaya a Estados Unidos un equipo integrado por el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, acompañados de personal de Pemex y de la Secretaría de la Defensa, por lo que se le suman más críticas a esta medida por ineficiente, cuestionándose si en cada compra internacional por cantidades similares a 85 millones de dólares se tendrán que desplazar funcionarios de primer nivel, como si no tuvieran asuntos más relevantes que atender de acuerdo a sus atribuciones legales.

De qué sirve que el presidente López Obrador no acuda al Foro Económico de Davos, Suiza, si tampoco cumple con las responsabilidades que su cargo le confiere.

La improvisación y falta de oficio político sigue siendo la constante en las decisiones del actual gobierno federal.

La estrategia ha resultado fallida si consideramos que ha sido el sector productivo y los ciudadanos los que han pagado el costo por la implementación de esta mala estrategia.

La afectación continúa en las entidades federativas señaladas y las pérdidas económicas no han sido cuantificadas en su totalidad por parte del gobierno federal, por lo que resulta urgente que las dependencias involucradas realicen acciones en beneficio de sectores como la agricultura, el comercio, el sector industrial y de servicios que se ven afectados en la proveeduría de sus insumos y en el incremento en costos de transporte por la escasez señalada.

En la crisis de la distribución de combustibles, la improvisación y los experimentos de sus funcionarios siguen afectando el desempeño de la economía nacional y ponen en riesgo el destino de muchas entidades federativas.

Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal para que implemente de manera inmediata y coordinada por parte de las dependencias responsables, un programa emergente de apoyos económicos y estímulos fiscales para las actividades productivas afectadas en las entidades federativas y municipios que han sufrido pérdidas económicas a raíz del desabasto de gasolina, con aplicación prioritaria en Guanajuato, Querétaro Michoacán y Jalisco.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Secretaría de Economía para que en un plazo de 5 días naturales informen a esta soberanía sobre el grado de afectación del suministro de combustible en el país, los tiempos de solución a la crisis de abasto de gasolina y el costo oficial de los daños económicos causados en los trece estados afectados del país.

Notas

1 Revista Expansión (2019). “México perderá 23,600 mdp por el desabasto de gasolina, estima Citibanamex”. Consulta en https://expansion.mx/economia/2019/01/16/mexico-perdera-23-600-mdp-por- la-escasez-de-gasolina.

2 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a la titular de la STPS a explicar ante la Comisión Permanente el alcance y mecanismo de cumplimiento para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Que durante su campaña política y a través de su proyecto alternativo de nación el hoy presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció un programa para 2 millones 300 mil jóvenes que no estudian, ni han tenido acceso al mercado de trabajo, y a los que se les ofrecería puestos de trabajo en todo el país y determinar su ubicación en el programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes, tanto del sector público como del privado. El ingreso para esos jóvenes, se dijo, sería equivalente a 1.5 salarios mínimos, aproximadamente 3 mil 600.00 pesos.1

Ya como presidente electo, insistió, y tuvo reuniones con empresarios, como la del 4 de julio de 2018 con el Consejo Coordinador Empresarial, donde anunció un acuerdo con los empresarios para ofrecer becas y trabajo en prácticas a 2.6 millones de jóvenes, a través de un programa al que destinarían 110, mil millones de pesos (más de 5 mil 600 millones de dólares).2

Desde esos anuncios, algunos empresarios, como en el estado de Jalisco, se preocuparon por la infraestructura para llevar a cabo el programa y la necesidad de afinar su instrumentación, con el propósito de evitar duplicidades con los apoyos de empleo de los estados, y la posible discrecionalidad de los recursos en su ejercicio.3

Ante tales preocupaciones, el 7 de septiembre de 2018, en una gira por Nuevo León, ante empresarios, el presidente electo se pronunció porque el pago de 3 mil 600 pesos mensuales que se prometió para los jóvenes que ni estudian ni trabajan serían recursos entregados a las empresas y no directamente a los jóvenes. 4

En la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en diciembre de 2018, se asignaron recursos por 40 mil millones de pesos para el Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad de primer empleo, asignados directamente a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se trató de un presupuesto menor al anunciado inicialmente de 110 mil millones de pesos, pero bastante sustantivo, si se toma en cuenta que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le regateó un presupuesto de 39 mil millones de pesos para 2019, o que al Conacyt se le autorizaron apenas 24 mil millones de pesos; a Cultura, casi 13 mil millones de pesos; y a Turismo, poco más de 8 mil 700 millones de pesos. 5

También es de llamar la atención que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que apenas cuenta con un presupuesto histórico de menos de 4 mil millones de pesos, tenga un incremento de más de 900 por ciento y alcance los 43 mil millones de pesos, por la integración de este programa y que no parece viable, que cuente con la capacidad e infraestructura administrativa para manejarlo.

Pero lo que todavía más llamó la atención es que el presupuesto de 40 mil millones de pesos se haya autorizado a una sola unidad administrativa: la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, y a través de una clasificación del gasto de subsidios . Y ello es relevante porque el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) establece que todos los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

En tal sentido las dependencias que los manejen deben:

-Identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio ;

-Prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.

-Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación;

-Buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

-Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.

Y a la fecha no se ha hecho explicito el desglose por entidad federativa de estos recursos.

Desde el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se hizo hincapié en la necesidad de establecer Reglas de Operación para un programa de tales dimensiones y que involucra un gasto tan alto en toda la república, porque en el Presupuesto enviado por el Ejecutivo, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no se incluyó en el anexo respectivo de los programas obligados a contar con reglas de operación.

Y, específicamente, el artículo 77 de la LFPyRH establece que las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente previa autorización presupuestaria de la SHCP y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con un procedimiento que puede sintetizarse de la siguiente forma:

-Las reglas de operación deben contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga;

-Deben establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;

-Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección;

-Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a realizar;

-Deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos.

-Y lo más importante: las dependencias deben realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las dependencias y entidades deben reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

En todo caso, el artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 estableció que, con el objeto de asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia, control y rendición de cuentas, los programas de subsidios implementados por la presente administración del Ejecutivo federal y que han sido autorizados en el presente decreto, deberán contar con reglas de operación a más tardar el último día del mes de febrero de 2019 en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ahora bien, el pasado día 10 de enero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y si bien se perfila un esquema de menor discrecionalidad de la operación del Programa que el que se avizoraba, genera aun demasiadas dudas y no pueden de ninguna manera sustituir o pretender pasar por reglas de operación , debido, entre otras cosas, a que:

1. Después de muchos meses de estarlo anunciando, aun no queda claro cuales instancias serán las que operen dicho programa al interior de la dependencia, pues en los lineamientos solamente se habla del “Programa” en abstracto y de “ las instancias designadas por la STPS” , que no se precisan cuáles son, ni sus nombres.

2. No se especifica la manera ni los modelos en que se desarrollarán los convenios con las entidades federativas, ni con otras dependencias, ni con los centros de trabajo, para clarificar el desglose de recursos por entidad federativa, asunto obligado de acuerdo artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. No se ha evidenciado la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos, en donde las dependencias y entidades deben manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del gobierno federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables de acuerdo también al artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. No se detalla ni especifica información relacionada con la integración, en términos de las disposiciones generales aplicables, de un padrón de los intermediarios financieros y no financieros que participen como mecanismos de distribución de apoyos o, en su caso, sean beneficiarios directos de éstos, de acuerdo con el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5. Dado que no se detalla cómo se operarán los recursos presupuestarios a los beneficiarios, queda en duda el cumplimiento de las obligaciones para:

1) La aplicación de criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad por parte de los intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pudieran participar;

2) La generación de información que posibilite la evaluación de la operación de los intermediarios que participan en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los objetivos de disciplina fiscal y de bancarización de la población de bajos ingresos;

3) La forma de vigilancia obligada de la dependencia para que los intermediarios observen la aplicación de los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad establecidas en sus respectivas reglas de operación.

Otro aspecto fundamental a destacar del programa y su operación es la ausencia de un análisis y enfoque con perspectiva de género , pues para abordar con integralidad este enfoque se requieren de diagnósticos con mayor profundidad y no basta incorporar las frases o consignas hechas para que se alcance una verdadera perspectiva de género.

En los lineamientos publicados a los que nos referimos, tan solo hay una mención a este enfoque, referido a que “el importe de 3 mil 600.00 pesos, se otorgará manera igualitaria entre mujeres y hombres y con base en los parámetros que establecen los presentes Lineamientos y al presupuesto de egresos del ejercicio vigente”.

Pero esta falta de enfoque es de origen, el problema de los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar ni de acceder al mercado laboral es profundamente desigual, cuando se revisan las cifras y es un asunto por demás complejo.

Según cifras del Inegi, del total de la población entre 15 y 29 años de edad, que no estudia ni trabaja y que aproximadamente alcanza los 6.3 millones, el abrumador 81 por ciento corresponde a mujeres que rondan los 5.2 millones y el restante 19 por ciento corresponde a varones.6

El asunto se complejiza si analizamos las fuentes y maneras en que estos jóvenes ocupan el tiempo para buscar empleo y realizar actividades, porque resulta también que abrumadoramente las jóvenes mujeres realizan trabajo doméstico, mientras una mínima minoría de jóvenes hombres lo hacen.

Si no le damos una correcta e integral perspectiva de género a un problema tan desigual y tan complejo, vamos a correr el riesgo de condenar a esas mujeres jóvenes a que realicen trabajo y actividades domésticas y en ello sigan invirtiendo la mayor parte de su tiempo y oportunidades, mientras que solamente los varones puedan obtener mayores habilidades para su capacitación. Y nada de ello se ha mencionado, ni en el diagnóstico ni en la operación del programa.

Este programa que tiene buenas intenciones ha carecido de enfoques adecuados y realmente preocupa porque se trata de un programa prioritario y de un programa con muchos recursos económicos asignados, en donde la Secretaría de Hacienda parece no estar o no querer estar presente y hacen falta revisar: los mecanismos financieros, hacendarios, presupuestales, de rendición de cuentas y de perspectiva de género, en una política pública de primera importancia.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente convoca a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a celebrar una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión: de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, para explicar los siguientes aspectos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro:

1) Criterios utilizados para la determinación de la población objetivo, principalmente aquellos relacionados con la perspectiva de género y datos socio demográficos disponibles.

2) Especificar cuáles son las empresas receptoras, los criterios y mecanismos utilizados para determinar su integración al programa, cuáles son los estándares mínimos requeridos que deben tener dichas empresas.

3) El alcance y mecanismos de cumplimiento para la operación del programa, particularmente:

a. Cuáles son las instancias designadas por la STPS que estarán facultadas para operarlo.

b. Cuáles son los modelos en que se desarrollarán los convenios con las entidades federativas, con otras dependencias y con los centros de trabajo, así como el desglose de recursos por entidad federativa de conformidad con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

c. Dar claridad respecto de la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos en donde las dependencias y entidades deben manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del gobierno federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

d. Especificar la información relacionada con la integración, en términos de las disposiciones generales aplicables, de un padrón de los intermediarios financieros y no financieros que participen como mecanismos de distribución de apoyos o, en su caso, sean beneficiarios directos de éstos, de acuerdo al artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4) Respecto de las obligaciones relacionadas para la operación de los recursos presupuestarios a los beneficiarios:

a. Cuáles son los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad por parte de los intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pudieran participar;

b. Información que posibilite la evaluación de la operación de los intermediarios que participan en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los objetivos de disciplina fiscal y de bancarización de la población de bajos ingresos;

c. La forma de vigilancia obligada de la dependencia para que los intermediarios observen la aplicación de los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad establecidas en sus respectivas reglas de operación.

Segundo. La Mesa Directiva acordará la fecha y el horario de la reunión de trabajo, para comunicarla por escrito a los legisladores y la titular de la dependencia oportunamente.

Notas

1 Amlo, Proyecto Alternativo de Nación https://morena.si/lineamientos.

2 ttps://expansion.mx/empresas/2018/07/04/amlo-logra-entusiasmar-a-repres entantes-de-consejo-coordinador-empresarial

3 https://www.informador.mx/economia/Empresarios-locales-apoyan-politicas -de-AMLO-20180705-0037.html

4 https://www.laotraopinion.com.mx/no-habra-ayudas-a-ninis-sera-subvencio n-a-empresas-amlo.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf

6 Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2do. Trimestre 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días de enero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CRE, Pemex y las autoridades competentes a informar a esta soberanía respecto al número de gasolineras, nombres de los dueños y la fecha en que fueron otorgadas las concesiones a partir de 20 años a la fecha, a cargo del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito senador de la República, Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y autoridades competentes, a que informen el número de gasolineras, quienes son los dueños de éstas en el país y desde que fecha fueron otorgadas las concesiones, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 27 de diciembre, el presidente de la República presentó el plan en el que participan 15 dependencias gubernamentales para acabar con el robo de combustibles.

La estrategia contempla diversas acciones como el cierre de ductos, investigación financiera, cambio en las plantillas de trabajadores, intervención de las Fuerzas Armadas en las refinerías y escoltando pipas para a la distribución, investigaciones ministeriales, hasta reformas legales para que se incluya en el catálogo de delitos graves (prisión preventiva oficiosa) el “huachicoleo”.

Algunos estados (México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México entre otros) tuvieron serias dificultades con el abasto a estaciones de servicio.

El presidente ha dicho que “hay gasolinas suficientes y más bien se trata de un problema de distribución debido al cierre de ductos para evitar que se sigan robando la gasolina”.

López Obrador señaló que en los sexenios pasados se crearon redes de robo gasolina, que existían paralelamente a Pemex, en el que delincuentes estaban coludidos con autoridades y funcionarios tanto de la petrolera como del gobierno federal.

Explicó que en un piso de la Torre de Pemex se hacía el monitoreo de ductos y que cuando se detectaba baja presión se advertía de una fuga, pero a pesar de la detección del ilícito, en lugar de cerrar el ducto, lo dejaban abierto para permitir el robo.

Debido al impacto económico que esta actividad delictual tiene en la economía de la nación y por los efectos colaterales que genera a otras actividades productivas, y por la importancia que tiene la transparencia de la información en esta nueva etapa en nuestro país y ante la confusa que puede ser la misma, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y autoridades competentes a que informen a esta legislatura el número de estaciones de servicio de gasolina concesionadas en el territorio nacional y los nombres de quienes les fueron asignadas dichas concesiones a partir de 20 años a la fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de enero de 2019.

Senador Joel Padilla Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para garantizar los derechos humanos de las jaliscienses, suscrita por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Martha Tagle Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A cuarenta y seis días de tomar protesta como gobernador constitucional del estado de Jalisco, el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa de decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

Así, dicha iniciativa se inscribió en el orden del día de la sesión extraordinaria del 21 de enero, siendo turnada a las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, en espera de dictamen.

Es de llamar la atención que en la exposición de motivos en el numeral VIII, segundo párrafo argumenta que:

“A 18 años de la creación del Instituto de Jalisciense de las Mujeres (IJM), como figura administrativa para el Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, no ha logrado que la perspectiva de género permee en el hacer y quehacer de la administración pública estatal”.

Posteriormente en el quinto párrafo del mismo numeral hace referencia a que:

“La desigualdad por razones de género en Jalisco es una de las problemáticas sociales que más aquejan a la población en general, pero de manera específica a las mujeres y niñas. Actualmente la violencia de género como materialización directa de esa desigualdad cobra la vida de 9 mujeres cada día, mientras una mujer es abusada sexualmente cada cuatro minutos; Jalisco se sitúa en el tercer lugar nacional en incidencia de violencia contra las mujeres, donde 7 de cada 10 ciudadanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo y/o modalidad de violencia.”

Para finalmente en los numerales XI y XII extinguir al Instituto Jalisciense de las Mujeres:

“XI. Lo anterior justifica la extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de las Mujeres, sin que ello implique, de ninguna manera, que se dejen de atender los principios rectores de su función, porque actualmente ya existe en la administración pública estatal una Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual fue creada mediante decreto 27213/LXII/18, y que actualmente opera con las funciones derivadas del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dentro de las que se encuentran las atribuciones en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, derechos humanos con especial énfasis en las mujeres en situación de desigualdad, así como la facultad para incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género de manera integral y transversal en el quehacer gubernamental, haciendo posible con ello el cumplimiento convencional en materia de derechos humanos de las mujeres.

...

XII. Además de lo ya antes señalado, se propone la extinción del organismo público descentralizado referido en esta iniciativa en aras de eficientar el uso de los recursos públicos y en una lógica de austeridad, en abono a la simplificación en la toma de decisiones, reducción de la burocracia y eliminación de estructuras duplicadas, pues con la presente iniciativa se pretende que las funciones que actualmente realiza el Instituto, pasen formalmente a formar parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.”

Al respecto, desde el pasado mes de octubre de 2018 organizaciones de la sociedad civil conformadas por mujeres y hombres, así como de instituciones y partidos políticos, activistas y defensores de derechos humanos de las mujeres se unieron a fin de dirigir una carta al entonces gobernador electo expresando su preocupación y rechazo ante el anuncio de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

En la carta argumentan la importancia y trascendencia de los Institutos de las Mujeres:

“La historia de creación de los Institutos de las Mujeres, es larga, y por lo menos desde 1994, en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, se determinó la creación de Mecanismos Institucionales para el Adelanto para las Mujeres, es decir, los institutos y oficinas de la mujer que apoyan el desarrollo de las políticas públicas y acciones para avanzar hacia la igualdad sustantiva igualdad a favor de las mujeres.

En el caso de Jalisco, desde su creación, las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que el IJM debería constituirse como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de que el tema de igualdad de género promoviera el mayor interés político y la transversalidad de la perspectiva de género fuera más efectiva, y que éste se sectorizara a la Secretaría General de Gobierno, de manera que las políticas públicas dirigidas a las mujeres, fueran de primer nivel e interés del Ejecutivo del estado.

Los institutos de las mujeres son las instancias a través de las cuales se reporta a la Organización de las Naciones Unidas los avances logrados en materia de igualdad de género que responden a las exigencias de los tratados convenios y agendas internacionales suscritos, a cuyo cumplimiento está obligado nuestro país; incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, los ejecutivos tanto a nivel federal y estatal, deben atender de manera imperativa al marco legislativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como el de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Es de subrayar que la perspectiva de género no se reduce al tema de la pobreza o de grupos vulnerables, sino a todos los ámbitos donde se presenta la desigualdad de oportunidades para las mujeres.

Una de las principales funciones del IJM consiste en promover una cultura institucional con perspectiva de género, y en tanto forme parte del Gabinete Ampliado tendrá la oportunidad de mantener interlocución con todas las secretarías del Gabinete, condición indispensable para transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal.

Es fundamental que el Instituto Jalisciense de las Mujeres se mantenga, durante el ejercicio de su gobierno, como un órgano descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Condiciones indispensables para garantizar la erradicación de todas las formas de desigualdad y discriminación. Las mujeres somos impulsoras del desarrollo sustentable de Jalisco y de México, en tanto que constituimos más de 50 por ciento de la población jalisciense y liderazgos para la solución de los grandes problemas nacionales y estatales para la gobernabilidad con igualdad.”

Al respecto manifestamos nuestro desconcierto por la presentación de una iniciativa que significa una regresión y violenta los derechos humanos de las mujeres, ya que eso implica la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, creado desde 2001.

Cuerpos, vidas de mujeres atravesadas por discursos ficticios que, bajo paradigmas anquilosados, verticales, androcéntricos y anacrónicos; y argumentos de nulos resultados, evidencian el poco aprendizaje que la experiencia ha dejado, que para erradicar la desigualdad, violencia y discriminación hacia las mujeres se ha llevado múltiples esfuerzos nacionales e internacionales, desde diversos espacios sea federal, estatal y municipal, siendo cada uno de ellos un eslabón para construir una sociedad igualitaria, diversa, una ciudadanía plena con respeto a los derechos humanos.

Por ello hacemos un llamado al gobernador, ciudadano Enrique Alfaro y al Congreso del Estado de Jalisco a hacer lo políticamente correcto, a garantizar los derechos humanos de las mujeres.

No omito comentar que, si bien el Ejecutivo estatal cuenta con la atribución de realizar las modificaciones que considere pertinentes para el logro de objetivos en su administración, somos respetuosos de la reingeniería institucional, sin embargo, he sido crítica respecto a que la concentración de atribuciones y facultades a una Secretaría no es un principio factible en la administración pública.

La eliminación o desmantelamiento de instituciones no es el medio para pretender lograr mayores y mejores resultados, estamos a favor de la austeridad, pero no a costa de recortar derechos, optamos por el fortalecimiento de las instituciones, de la especialización, de transparencia y rendición de cuentas.

Al Congreso del Estado de Jalisco le hacemos un extrañamiento para que en el proceso de dictamen asuman la responsabilidad de ser un contrapeso real, ejerciendo su control democrático a fin de garantizar y velar por los derechos de las niñas y mujeres jaliscienses.

Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, a reconsiderar la iniciativa de decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y establece las bases para la liquidación y extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de las Mujeres, al tiempo de asumir su compromiso de garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres jaliscienses.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado de Jalisco a que en el proceso de dictamen de la iniciativa de decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y establece las bases para la liquidación y extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de las Mujeres, formulada por el gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, se realice con principios de Parlamento Abierto, al tiempo de garantizar los derechos humanos de las mujeres jaliscienses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)