Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades a investigar, abrir el expediente judicial, y sancionar, inhabilitar y destituir al ciudadano Federico Mosco González, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las irregularidades cometidas en el expediente número U12/1504/2019, de la ciudadana Abril Pérez Sagaón, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la investigación, apertura de expediente judicial, sanción, inhabilitación y destitución de cargo del ciudadano Federico Mosco González, Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por las irregularidades cometidas en el expediente U12/1504/2019 de la ciudadana Abril Pérez Sagaón, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En nuestro carácter de diputadas y diputados federales la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, consideramos profundamente que el Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco González , participó en un evidente acto de corrupción, pues dentro del expediente U12/1504/2019 instaurado por parte de la hoy finada Abril Pérez Sagaón por el delito de Tentativa de Feminicidio, el citado Juez, excedió su facultad de interpretación de la cual lo dota la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cambiando la configuración del delito, violando el Principio Pro Persona el cual debió de haber ponderado como premisa fundamental para su resolución, ya que la ahora finada Pérez Sagaón , sufrió un ataque de muerte, golpeándola con un bate de béisbol cuando ella estaba dormida, por parte de su aun esposo Juan Carlos García en fecha 4 de enero del presente año, estando dormida, cometiendo el delito de tentativa de feminicidio, por lo cual se ejecutó la prisión preventiva, sin embargo el citado Juez Federico Mosco González en sus atribuciones de interpretación, reclasifico el delito al de Violencia Familiar, poniéndolo en libertad el Magistrado de la 4a. Sala penal, Héctor Jiménez López, el 8 de Noviembre del año en curso, y el día 25 de Noviembre, Juan Carlos García mando matar a Abril Pérez Sagaón en presencia de sus dos menores hijos.

Lo cual consideramos que además de ser un acto de inmensamente irresponsable, pareciera ser un acto de corrupción a todas luces y violatorio de los derechos más elementales atentando en contra de la dignidad de las personas.

Segunda. No obstante, a esta resolución que esgrime todo derecho de la víctima, el citado juez en agosto del presente año también dejo en libertad a un médico acusado de violar a una enferma terminal en la Ciudad de México en la clínica 120 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Alcaldía de Iztapalapa, motivo por el cual las y los legisladores que suscribimos la presente solicitamos que el citado juez Federico Mosco González sea separado de su cargo y procesado judicialmente.

Tercero: Dicho lo anterior, solicitamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, separe de su cargo al ciudadano juez Federico Mosco González por este evidente acto irreparable que vulnera todo derecho humano, excediendo sus facultades de interpretación judicial, colocando su actuación como impartidor de justicia en una verdadera irresponsabilidad jurídica y humana, separando su actuar de todo principio general del derecho nacional e internacional.

Cuarto. Solicitamos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sea investigado y procesado judicialmente el ciudadano juez Federico Mosco González , quien violó el protocolo de las Convenciones Internacionales sobre Eliminación de la Violencia a la Mujer y omitió su obligación de juzgar con perspectiva de género además de dictar medidas cautelares.

Quinto. Al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, solicitamos con lo anteriormente descrito, la investigación de la función judicial que ha desempeñado el juez Federico Mosco González dentro del caso de Abril Pérez Sagaón , así como su desempeño en impartición de justicia en su función laboral en general, pidiendo las y los citados legisladores la destitución del citado juez a la brevedad posible, pues no podemos tener agentes impartidores de justicia en nuestro país que vulneren a todas luces los derechos humanos de las personas.

Sexto. Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, proceda a la investigación y sanción del referido ciudadano juez Federico Mosco González con lo anteriormente descrito a fin de proceder con la inhabilitación del mismo para actuar como impartidor de justicia en México.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la investigación, apertura de expediente judicial, sanción, inhabilitación y destitución de cargo del ciudadano Federico Mosco González, Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por las irregularidades cometidas en el expediente U12/1504/2019 de la ciudadana Abril Pérez Sagaón,

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de diciembre de 2019.

Diputadas y diputados: Sandra Paola González Castañeda (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo, María Wendy Briceño Zuloaga, Laura Martínez González, Leticia Díaz Aguilar, Claudia López Rayón, Guillermina Alvarado Moreno, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Miroslava Sánchez Galván, Melba Nelia Farías Zambrano, Adriana Aguilar Vázquez, Mario Ismael Moreno Gil, Socorro Irma Andazola Gómez, Socorro Bahena Jiménez, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Juana Carrillo Luna, Gustavo Contreras Montes, Martha Patricia Ramírez Lucero, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Guadalupe Ramos Sotelo, Mildred Concepción Ávila Vera, Carmen Patricia Palma Olvera, Dorheny Cayetano García.

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar la consulta pública en el Valle del Mezquital, Hidalgo, correspondiente al proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar número 1 (Santa Lucía, México), su interconexión con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Aeropuerto mixto civil/militar Santa Lucía, estado de México

El pasado 24 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la base aérea del mismo nombre, comenzará su construcción el lunes 29 de abril. El mismo día durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, presentó al Sistema Aeroportuario que integra al actual aeropuerto de la Ciudad de México, con las modificaciones que se realizarán, al Aeropuerto Internacional de Toluca y el desarrollo del Aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

Que el 3 de junio el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México ordenó suspender la construcción de este proyecto hasta que el Gobierno Federal demostrara que cuenta con los permisos ambientales, y comprobara que el inicio de los trabajos en esta zona no impactará de manera negativa al medio ambiente.

Además el colectivo #NoMásDerroches1 presentó 147 juicios al considerar que la sustitución por el proyecto de construcción del Aeropuerto Civil Internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y representa un riesgo importante para la seguridad aérea, además, carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios.

II. Manifestación de impacto ambiental

La manifestación de impacto ambiental del proyecto fue promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encargó el desarrollo del puerto aéreo en la Base Aérea Militar #1, ubicada en los municipios de Zumpango y Tecámac.

Que el 15 de abril de 2019, se recibió en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el oficio número AISL-455 de esa misma fecha, mediante el cual la promovente ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental de Riesgo y el Estudio de Riesgo Ambiental, para su correspondiente evaluación y resolución en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, la cual quedó registrada con la clave 15EM2019V0064.

En la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se detallan los principales riesgos de afectaciones para los municipios que rodean a la obra, en la presentación se reconoce que la zona de Santa Lucía tiene una crisis hídrica y que por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo puede obtener un millón de litros diarios de agua, pero según sus propios datos el Nuevo Aeropuerto requiere 6 millones de litros de agua diarios para su funcionamiento, entonces ¿de dónde sacarán los 5 millones de litros agua diarios que harían falta?

En el acuífero Cuautitlán-Pachuca existe una sobreexplotación de mantos acuíferos. Según datos de la Comisión Nacional del Agua tiene una sobreexplotación de 800% por lo cual ya tiene una veda.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada originalmente, el agua sería suministrada mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea. En caso de que fueran requeridas otras fuentes de suministro, se considera que serían determinadas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua); también se menciona que en el aeropuerto se considerará contar con instalaciones de captación de aguas pluviales y recargamiento de los mantos acuíferos a través de pozos de absorción.

Hernán Correa Ortiz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consideró que la manifestación de impacto ambiental carece de estudios geofísicos para identificar zonas viables de extracción y conocer si los pozos de absorción son medidas suficientes para revitalizar los acuíferos.

III. Garantizar la seguridad hídrica

El manejo y la conservación de los recursos hídricos se convierten en un elemento crucial para el desarrollo sostenible de un proyecto de esta envergadura. Es por tanto importante observar la orientación estratégica para la gestión del agua en el proyecto.

De las observaciones recibidas durante el procedimiento de consulta del proyecto mencionaré algunas que son relevantes en la materia, como:

• “Si se establece una demanda de agua de 6 millones de litros diarios, sin demostrar la factibilidad de extracción del acuífero Cuautitlán- Pachuca.”

• “ No se presentan los resultados de los estudios y las modelaciones que sustenten las declaraciones respecto a la no afectación de la disponibilidad de agua para el consumo humano dentro de las comunidades ubicadas dentro del espacio que conforma el Sistema Ambiental Regional, así como tampoco se considera el consumo adicional que inducirá para comercios y empresas de servicios que se instalaran en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).”

• “Y se detectan inconsistencias y falta de certeza respecto al aprovechamiento de aguas nacionales, aspecto que es omitido en la vinculación jurídica.”

Las consideraciones al respecto manifestadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), fueron las siguientes:

“En cuanto al tema de agua, para la etapa de operación y mantenimiento se propuso por la Sedena que el suministro provenga del acuífero Valle de Mezquital el cual cuenta con disponibilidad de agua suficiente para el abastecimiento, de acuerdo con la opinión técnica emitida por la Conagua, y cuyo traslado será mediante un acueducto a cargo de dicha Comisión.

Suministro de agua

Para las etapas de preparación del sitio y construcción se utilizará agua tratada proveniente de plantas de tratamiento del Estado de Hidalgo mediante pipas, y para la etapa de operación y mantenimiento se propone que el suministro provenga del acuífero Valle de Mezquital cuyo traslado será mediante un acueducto cuyo proyecto estará a cargo de la Conagua, y dicha Comisión corroboró la disponibilidad de agua tanto en su oficio de opinión técnica como en el oficio que emitió dirigido a la promovente el cual se incluyó en la información en alcance ingresada,...

El proyecto contempla una red de drenaje de agua pluvial que incluye una batería de pozos compuesta por 50 unidades para filtrar el agua pluvial al acuífero Cuautitlán-Pachuca, cuando el volumen de lluvias sea ordinario, con la finalidad de contribuir en el caudal hídrico ecológico subterráneo, y para el caso de lluvias extraordinarias, contempla la construcción de un embalse de amortiguamiento en la parte Sur del predio, a fin de que sirva como presa de contención con un tirante de agua en un período no mayor a 48 horas, por lo que permanecerá seco prácticamente todo el tiempo...”

Para abastecimiento de agua del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), se realizará un proyecto a cargo de Conagua que consiste en un acueducto proveniente del Acuífero Valle de Mezquital , cercano a la ciudad de Tula, Hidalgo, el cual es uno de los 6 acuíferos que se encuentran dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR) y que actualmente cuenta con disponibilidad hídrica.

Al respecto, y de acuerdo a la opinión emitida por la Conagua, indicó lo siguiente:

• “Sí se considera viable la transferencia de aguas nacionales subterráneas desde el acuífero Valle del Mezquital hasta la zona del proyecto, lo anterior mediante la construcción de un acueducto antes del inicio de la etapa de operación del Aeropuerto. A tal efecto, se recomienda iniciar los trabajos a la brevedad.

• Con respecto al agua que se utilizará para la etapa de operación del sitio y construcción, la Conagua indica que esta opción de suministro, durante las etapas indicadas, se consideran viables desde el punto de vista técnico. Derivado de lo antes expuesto, y con base en la opción técnica emitida por la Conagua se tiene que las medidas propuestas por la promovente para el manejo, regulación e infiltración al acuífero serían viables de realizar y que, con esto, no se verá comprometida la capacidad hídrica de la zona para el abastecimiento tanto del proyecto, como de las comunidades cercanas al mismo.”

Sin embargo, al realizar esta modificación a la manifestación de impacto ambiental el Proyecto amplía su integración regional y considera a otra entidad federativa, el Estado de Hidalgo; ya que el suministro del agua se tiene considerado del Valle del Mezquital como está referido en varios puntos del dictamen.

Por lo que, conforme al acuerdo publicado en el DOF por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Valle del Mezquital, clave 1310, en el Estado de Hidalgo, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del Valle de México, del numeral 8.2 Riesgo de sobreexplotación:

“...El acuífero Valle del Mezquital, clave 1310, tiene una disponibilidad media anual de agua subterránea limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas. El incremento de las actividades agrícolas y de la población, exigirá cada vez mayor demanda de agua para cubrir las necesidades básicas de los habitantes e impulsar las actividades económicas en la región, por lo que, ante un posible aumento en la demanda en los volúmenes de agua extraídos, se corre el riesgo de que la extracción de agua se incremente y rebase el volumen máximo que puede extraerse para mantener en condiciones sustentables al acuífero, generando la sobreexplotación del mismo y la disminución e incluso desaparición del caudal base hacia los ríos y de los manantiales, situación que pone en peligro el equilibrio del acuífero, la sustentabilidad ambiental y el abastecimiento para los habitantes de la región.”

Actualmente, existe el riesgo de que el incremento de la demanda de agua subterránea genere los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como la profundización de los niveles de extracción, la inutilización de pozos, la disminución e incluso desaparición de los manantiales y del caudal base, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea, por lo que es necesario prevenir la sobreexplotación, proteger al acuífero de un desequilibrio hídrico y deterioro ambiental que puede llegar a afectar las actividades socioeconómicas que dependen del agua subterránea en esta región.

De acuerdo con la ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en su artículo 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

I. La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate , dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

IV. Consulta pública

De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo2 (OIT), ratificado por el gobierno de México, para proyectos de esta magnitud deben consultarse al menos 20 comunidades indígenas que puedan resultar afectadas ambientalmente, por lo que faltan por consultar a comunidades indígenas sobre el aeropuerto de Santa Lucía.

La Organización de los Doce Pueblos Originarios del Municipio de Tecámac y la agrupación Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconautla han demandado que se consulte a la gente de la región. Los pobladores temen que sus casas queden dentro de la franja de amortiguamiento y alertan sobre problemas de abastecimiento de agua.

Que de acuerdo al dictamen de Impacto Ambiental Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0552 se consideró como observación:

“23. No consultaron a toda la comunidad cercana”

Y como suficiente por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), “Consulta Pública y Reunión Pública de Información”.

El desarrollo del proyecto fue difundido en los siguientes medios: Periódicos El Sol de Toluca, publicado los días 18 de abril y 14 de mayo de 2019, y El Sol de México publicado el 26 de abril y 14 de mayo de 2019; en la Gaceta Ecológica publicada por esta Secretaría los días 17 de abril, 14 y 23 de mayo de 2019, en las Publicaciones número DGIRA/021/19, DGIRA/025/19 y DGIRA/027/19 respectivamente.”

“El proyecto estuvo sujeto a los procesos de Consulta Pública y Reunión Pública de Información para promover la participación ciudadana, tal y como se refiere en los considerandos 4 a 7 de este oficio, y la cual se realiza por única ocasión conforme lo establecido en la LGEEPA y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental.”

Por lo que antes de tomar cualquier medida administrativa o proyecto que tenga un impacto sobre comunidades y pueblos originarios, se tienen que hacer consultas previas, informadas y culturalmente adecuadas.

¿Porque Consultar a las comunidades de Hidalgo ? La sobre explotación y contaminación amenazan a los acuíferos en el Estado de Hidalgo, tres acuíferos presentan esta problemática; Tulancingo, Huichapan-Nopala-Tecozautla y el Cuautitlán-Pachuca del que dependen 711 mil 302 habitantes de 11 municipios del suministro de agua.

En Hidalgo ya conocemos la paradoja de llevar agua a otro Estado sin que se garantice la compensación ecológica y el suministro del territorio donde se extrae, del Infiernillo localidad de Zimapán se extraen 47.3 millones de metros cúbicos por año para la zona metropolitana de Querétaro, y hoy el Municipio tiene problemas de abastecimiento de agua mientras que en la región de Tula la presa Endhó recibe las aguas residuales de la Ciudad de México; y presenta altos niveles de concentración de mercurio, arsénico, plomo, que generan enfermedades en la población. No hay restauración Ecológica, ni programa estratégico de recuperación y saneamiento.

En el Valle del Mezquital existen comunidades Nhanñhu-otomí, y del acuífero se abastecen 17 Municipios de Hidalgo; Tula de Allende, Tepeji, Ajacuba, Tetepango, Francisco I. Madero, Mixquiahuala y Progreso de Obregón, Chilcuautla, Alfajayucan, Chapantongo, Tepetitlán, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama y Tlahuelilpan quienes serían los directamente afectados si reduce la cantidad de agua disponible en sus diferentes usos.

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y para que se realice la consulta pública en el Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, correspondiente al proyecto denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar número 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el aeropuerto internacional de la ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, toda vez que el suministro de agua provendrá según el dictamen de esta región del estado de Hidalgo.

Segundo . Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que dé a conocer el Proyecto Ejecutivo del Suministro de Agua del Proyecto denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el aeropuerto internacional de la ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”.

Tercero . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a garantizar el equilibrio del acuífero del Valle del Mezquital mediante un programa que incluya de manera puntual las medidas de compensación y mitigación, y se garantice la sustentabilidad ambiental y el abastecimiento para los habitantes de la región.

Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Gloria Romero León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en la designación de su director ejecutivo, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos fue creada por el Congreso de la Unión en agosto de 2014, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión e inició operaciones el dos de marzo de dos mil quince, conforme al Primero Transitorio de su Reglamento Interior, publicado el 31 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

La Agencia es un órgano de vital importancia para México y tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de:

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;

II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y

III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia tomará en consideración criterios de sustentabilidad y de desarrollo bajo en emisiones, así como atenderá lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

A pesar de su importancia, el actual Gobierno Federal ha recortado el presupuesto de la Agencia en 2019 y 2020, lo cual dificulta el ejercicio de sus atribuciones.1 Según el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del próximo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual depende esta agencia, recibió aproximadamente 1,151.01 millones de pesos menos en comparación con lo que percibió este año; cifra que representa una caída del 7.3% en términos reales.

En lo particular, a la ASEA se le destinaron 72 millones de pesos menos relativo a lo asignado para el organismo en este año; cifra que representa una caída cercana al 21% en términos reales. El propio ex titular del órgano regulador, el Doctor Luis Reynaldo Vera Morales aseguró que derivado de este recorte la Agencia no podrá realizar las labores de vigilancia necesaria en proyectos que son delicados a partir del próximo año.

El 25 de noviembre de 2019, Víctor Manuel Toledo Mancar, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró en entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó al Ingeniero Ángel Carrizales como nuevo Director Ejecutivo de la ASEA”.2

En efecto, conforme a su Ley, la Agencia estará a cargo de un Director Ejecutivo, que será designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, el Director Ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, ciencias físico-matemáticas, biológicas, químicas, de las ciencias sociales y administrativas, que se vinculen con las actividades del Sector Hidrocarburos;

III. Haber desempeñado cargos de alta responsabilidad, cuando menos cinco años, en actividades profesionales en el sector público o privado, sustancialmente relacionadas con las materias objeto de la Agencia;

IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento;

V. No haber sido accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del Sector Hidrocarburos, asociadas o comercialmente relacionadas con Regulados, dentro del año inmediato anterior a su designación o tener parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado con dichos accionistas, consejeros, directivos, comisarios o apoderados, y

VI. No haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año.

Conforme al currículum vítae que el Ejecutivo Federal ha enviado al Senado de la República en las múltiples ocasiones que el C. Ángel Carrizales López ha sido rechazado para comisionado en la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como para Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el ahora Director Ejecutivo de la Agencia es Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas.

A pesar de que la Ley le requiere cargos de alta responsabilidad , cuando menos cinco años, en actividades profesionales en el sector público o privado, sustancialmente relacionadas con las materias objeto de la Agencia, sus cargos han sido de Subcoordinador de Ayudantía; Coordinador de Eventos y Giras de Presidencia y Ayudantía, todos en la Coordinación de Política y Gobierno de la Presidencia de la República (diciembre 2018 a la fecha); Director de RRHH en la Secretaría de Finanzas de la Oficina Particular del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (2015 a 2018); Asesor de la Dirección de Servicios Generales en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal -hoy Ciudad de México- (2013 a 2015). En Petróleos Mexicanos tuvo encargos como como Ingeniero Especialista Técnico “C”, en la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Ingeniero Especialista Técnico “8” en la Superintendencia General de Operación e Ingeniero Especialista Técnico “D” en la Terminal de Almacenamiento y Reparto y, Ayudante de Trabajos de Inspección y Seguridad en el Laboratorio de Pruebas No Destructivas de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, todos estos cargos en la Refinería Francisco l. Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas, y como Ingeniero Especialista Técnico “D” en el Departamento de Almacenamiento y Medición de Fluidos de Pemex Exploración y Producción, Ciudad del Carmen, Campeche (2001 a 2013).3

Con relación a su experiencia profesional, en su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República en febrero de 2019 al ser propuesto como candidato a comisionado de la CRE,4 el ciudadano Carrizales admitió que “antes de que empezara yo mi carrera confiaba en las empresas privadas, incluso PEMEX nunca fue mi primera opción para trabajar, siempre quise trabajar en el extranjero y concursé, hice exámenes, pero siempre el yo tener un historial de esta paraestatal, me decían que no podían invertir en alguien que se les iba a ir en cinco años, entonces ésa siempre fue mi traba y de alguna manera yo creo que si me hubiera aceptado un Halliburton o un Schlumberger yo creo que no estaría aquí, ni siquiera estaría aquí en el país.” (sic)

El anterior director ejecutivo de la agencia, Luis Vera, que también fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí reunía los requisitos legales y en su desempeño que veló por los objetivos de ese órgano desconcentrado al imponer sanciones a quienes ilegalmente desmontar numerosas hectáreas de manglar en Dos Bocas, Tabasco sin contar con una manifestación de impacto ambiental y con un daño ecológico considerable.

En ese sentido, atendiendo a la importancia de la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos, se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a nombrar a un director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos que sí cumpla con los requisitos legales para tan importante labor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir con la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en la designación de su director ejecutivo.

Notas

1 Recorte presupuestario anual de 17% en el 2020 y de casi 50% en los últimos dos años. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Angel-Carrizales-rechazado-cin co-veces-por-el-Senado-sera-el-director-de-la-ASEA-Semarnat-20191125-00 67.html

2 https://www.milenio.com/negocios/jose-angel-carrizales-nuevo-titular-de -asea

3 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-22-1/assets/docu mentos/SEGOB_terna_hidrocarburos.pdf

4 https://twitter.com/RuidoEnLaRed/status/1199089125762248704

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de diciembre de 2019.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de Chihuahua a invertir los recursos del Fondo Metropolitano correspondientes a la zona de Juárez en la construcción de infraestructura básica para suministrar agua potable en colonias de la periferia, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción i, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ciudad Juárez, por su ubicación geográfica y por su cercanía a El Paso, Texas, adquiere dimensiones metropolitanas aunado a corresponsabilidades transfronterizas, colocando a esta Zona Metropolitana en la perspectiva internacional, tanto en el ámbito de inversión empresarial, como en las formas de proceder de instituciones civiles y gubernamentales para el debido cuidado de los ciudadanos que habitan ahí; sus políticas públicas y la calidez de su gente es su principal virtud, por la cual muchos migrantes deciden aquí habitar además de encontrar una oportunidad para laborar.

Hablar de migración en Ciudad Juárez, no es hablar de un tema nuevo, derivado de la densidad demográfica reciente, resulta inminente acreditar que en esta Zona Metropolitana la población sigue creciendo significativamente contrario a su crecimiento económico debido que no cuenta con apoyo en materia presupuestal. Principalmente porque no solo mexicanos migrantes; sino también latinoamericanos migrantes, han optado por encontrar en esta Zona Metropolitana un lugar para quedarse a residir en su intento de convertirse en inmigrantes a los Estados Unidos de Norte América.

Resulta obvio mencionar que esto genera que las necesidades de la población juarense crezcan exponencialmente, dando lugar a que sean ellos quienes exijan mejoras en su calidad de vida y soluciones a los problemas más marcados como lo son; solo por señalar algunos la inseguridad, el desempleo, deficiencias en servicios de salud, pero sobre todo la falta del suministro y saneamiento de agua potable en diversas colonias de la periferia como lo son Lomas de Poleo, Siglo XXI, Estrella del Poniente, Renovación 92, Ampliación Fronteriza, Palo Chino Norte, Granjas Unidas, La Campesina, Bello Horizonte, Villa Esperanza, Gobernadores, Tesoro Escondido, México 68, Anapra, Deportistas del Nuevo Milenio, La Tarahumara, las colonias Kilómetro 27,28,29,30,31,32 Y 33 ; entre otras, toda vez que merma el avance y desarrollo económico de esta zona metropolitana.

Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuente con mayores recursos económicos, solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando, por ello es menester de la suscrita mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 en su artículo 10; específica y claramente establece que dentro de los recursos del Fondo Metropolitano, estos deben destinarse a programas y proyectos de infraestructura; que demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Así como también hace hincapié en que los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes.

Por ende, para guardar esa congruencia la suscrita solicita; que tras escuchar la problemática referente a la falta de una red de calidad para suministrar y sanear el agua potable a las colonias antes citadas que por años han permanecido en el hacinamiento y olvido, el apoyo del pleno de la Cámara para referir los recursos económicos necesarios para atender esta situación que va en contra de un derecho constitucional marcado en el Artículo 4 de Nuestra Carta Magna. Toda vez que estos recursos son solicitados por la población que se ha visto marginada en la zona metropolitana de Ciudad Juárez y que jamás se ha beneficiado con la instalación de red similar que sea capaz de cubrir ese rezago y, sobre todo para el abasto adecuado de agua potable pues los propios lineamientos del Fondo Metropolitano así lo posibilitan debido a que se cumple con el requisito de destinarse a proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de servicios básicos, para contribuir al ordenamiento territorial y a los riesgos propiciados por la dinámica demográfica.

Recientemente, las políticas públicas que se han adoptado demuestran que se está avanzando para generarle a los habitantes mejores condiciones de vida; toda vez que la ciudadanía obliga a realizar una administración más eficiente, vigila que se apliquen los recursos eficazmente, sin embargo, aun así, los recursos no son suficientes, desafortunadamente esta zona metropolitana no ha recibido la cobertura necesaria que permita la instalación de una red de suministro y saneamiento de agua potable y los gobiernos estatal y municipal han actuado a través de un programa de asistencia por medio de pipas; que ha resultado por el momento la única opción, en donde la suscrita insta a las instituciones involucradas a utilizar parte de ese recurso para ampliar y modernizar la red de agua potable avizorando con ello una mejora económica para esta Zona Metropolitana.

No debemos olvidar que de tener acceso a la infraestructura adecuada para crear una red de agua potable que permita abastecer a las colonias que se han visto marginadas al no poder gozar de este derecho; y que además han sido mencionadas con antelación, se lograría evitar serios problemas en materia de salud proveniente del uso y consumo de agua insalubre que tendría graves repercusiones en la economía de las familias juarenses, teniendo que acudir a médicos para que les brinden los servicios de salud adecuados, no obstante que existiría ausentismo escolar en temporadas de calor provocado por enfermedades estomacales además de la falta de aseo personal que se suma al ausentismo laboral y que con ello provocaría serias afectaciones a la productividad de las empresas donde los juarenses día con día representan parte importante de la fuerza laboral.

Derivado de lo antes expuesto se concluye entonces, que en Ciudad Juárez existe la viabilidad para generar progreso con miras a mejoras en la calidad de vida de las y los juarenses, que resulta con un motivo suficiente para que la suscrita acuda ante la más alta tribuna de la nación a solicitar con vehemencia el apreciable apoyo de nuestros compañeros y compañeras legisladoras, para que de las asignaciones del Fondo Metropolitano se invierta en la infraestructura que permita crear una red de abasto y saneamiento de agua potable para las colonias de la periferia de mi Ciudad, a fin de lograr esquemas de urbanización que permitan su crecimiento y desarrollo.

Por las razones expuestas ante esta Asamblea, y con fundamento en el Artículo 6, Numeral 1, Fracción I, y el Artículo 79, Numeral 1, Fracción II y Numeral 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Gobierno del Estado de Chihuahua para que a través del Consejo para Desarrollo Metropolitano inviertan los recursos del Fondo Metropolitano aprobados para el ejercicio fiscal 2019 en la infraestructura básica que permita la construcción de una red de abastecimiento de agua potable para las Colonias Lomas de Poleo, Siglo XXI, Estrella del Poniente, Renovación 92, Ampliación Fronteriza, Palo Chino Norte, Granjas Unidas, La Campesina, Bello Horizonte, Villa Esperanza, Gobernadores, Tesoro Escondido, México 68, Anapra, Deportistas del Nuevo Milenio, La Tarahumara, además de las colonias Kilómetros; pertenecientes a la Zona Metropolitana de Juárez, con la finalidad de garantizar el derecho humano al agua para sus habitantes, por pertenecer al sector vulnerable de la población.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones satisfaga las demandas de agua potable de forma prioritaria en las colonias Lomas de Poleo, Siglo XXI, Estrella del Poniente, Renovación 92, Ampliación Fronteriza, Palo Chino Norte, Granjas Unidas, La Campesina, Bello Horizonte, Villa Esperanza, Gobernadores, Tesoro Escondido, México 68, Anapra, Deportistas del Nuevo Milenio, La Tarahumara, además de las colonias Kilómetros; pertenecientes a la Zona Metropolitana de Juárez, toda vez que viven un alto grado de marginación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua, para que una vez aprobada la infraestructura básica para la construcción de la red de abastecimiento de agua potable en las colonias Lomas de Poleo, Siglo XXI, Estrella del Poniente, Renovación 92, Ampliación Fronteriza, Palo Chino Norte, Granjas Unidas, La Campesina, Bello Horizonte, Villa Esperanza, Gobernadores, Tesoro Escondido, México 68, Anapra, Deportistas del Nuevo Milenio, La Tarahumara, además de las colonias Kilómetros; pertenecientes a la Zona Metropolitana de Juárez, se fomente y priorice el empleo local y temporal con las ciudadanos que decidan aceptar incorporarse a las labores de construcción.

Bibliografía

Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. [Internet]. [México]. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fecha de Publicación: 05 de marzo de 2018. Disponible en línea: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropol itanas-de-mexico-2015-149891

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305634/De limitacion_Zonas_Metropolitanas_2015.pdf

Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2019. [Internet]. [México]. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Fecha de Publicación: 26 de febrero de 2019. Disponible en línea: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551141&fecha=26/02/2019

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Internet]. [México]. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Fecha de Publicación: Última reforma publicada DOF 09 de agosto de 2019. Disponible en línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Reglamento de la Cámara de Diputados. [Internet]. [México]. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Fecha de Publicación: Últimas reformas DOF 08 de mayo de 2018. Disponible en línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputado s_080518.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y de Tabasco a implantar acciones para prevenir, mitigar y eliminar la epidemia del dengue, y preservar así la salud de la población, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado federal Ricardo de la Peña Marshall, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses el Estado de Tabasco se ha visto afectado por una de las epidemias más graves de dengue, la cual fue reportada por primera vez por la Secretaría de Salud en el mes de enero del presente año que desde entonces ha tenido un crecimiento exponencial hasta el día de hoy. Tan sólo en el mes de septiembre se reportaron 398 casos de dengue mientras que en el año pasado sólo se registraron siete, esto significa que comparado con el año de 2018 hubo un aumento de al menos el 5 mil por ciento3 de casos de dengue en la población tabasqueña, una cifra que resulta alarmante.

Las comunidades de Teapa, Tacotalpa y Jalapa han manifestado a través de las redes sociales su preocupación y enfado ante la falta oportuna de respuesta de las autoridades para prevenir y eliminar la proliferación de mosquitos que se adentran en los hogares y en las escuelas, los cuales representan un peligro para salud de la población tabasqueña. Ya que estos mosquitos no solo representan un alto riesgo de contraer dengue sino también de otras plagas como zika y chikungunya. Asimismo, los padres de familia han expresado su inquietud respecto a la ausencia de fumigaciones en las escuelas de sus hijos, de las cuales reportan que los salones están llenos de mosquitos y a pesar de tomar la iniciativa de colocar insecticidas, estos han resultado insuficientes, por lo que es necesario que la Secretaría de Salud y de Educación Pública logren coordinar esfuerzos con el objetivo de proteger a los menores de las epidemias contraídas por los mosquitos.

Ante el panorama actual en el que se encuentra Tabasco, el cual está siendo afectado por la epidemia del dengue, la población prefiere encerrarse en sus hogares a pesar del clima caluroso que ha llegado a alcanzar más de 30° Celsius al medio día y comprar repelentes e insecticidas con el fin de no poner en riesgo su salud y en espera de que las autoridades realicen sus respectivas responsabilidades.

La falta oportuna de la implementación de las acciones conducentes de prevención, mitigación y eliminación de la epidemia del dengue por parte de las autoridades competentes, ha dejado como saldo tan solo en el estado de Tabasco a seis personas fallecidas y 641 casos de dengue en la población al día 04 de noviembre conforme a la estadística realizada por la Secretaría de Salud, siendo los municipios mayormente afectados Teapa y Centla, los que se encuentra en cifras rojas, mientras que el municipio de Tacotalpa se encuentra en zona de alarma.

La situación por la que está pasando el Estado de Tabasco respecto a la epidemia de dengue y la falta de fumigación es sumamente alarmante, por lo que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco deben coordinar esfuerzos para atender lo antes posible a la población que se ha visto afectada, especialmente a los sectores más vulnerables como lo son los adultos mayores y los niños.

En este sentido, conforme a lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a los titulares de la Secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación y al titular del gobierno del estado de Tabasco para que, a través de los titulares de la Secretaría de Salud, de Protección Civil y de la Secretaría de Educación Pública, implementen las acciones necesarias para prevenir, mitigar y eliminar la epidemia del dengue con el fin de preservar la salud de la población tabasqueña.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2018.

Diputado Ricardo de la Peña Marshall (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de Tabasco, Hidalgo y estado de México a reinstalar a los docentes cesados del Conalep, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, se creó como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de contribuir al desarrollo nacional mediante la preparación del personal profesional a nivel postsecundaria.

Desde el inicio de sus actividades, el Conalep, implementó una forma de contratación para el personal docente, basada en contratos por servicios profesionales por tiempo determinado en forma individual, bajo el código civil; dentro de dicho contrato, se impuso al profesional el reconocimiento de que “No existe relación laboral alguna con el Conalep”.

A lo largo de la vida académica del Conalep, se han generado graves contradicciones, por ejemplo: El potencial de experiencia laboral del profesorado, no ha sido aprovechado por la institución, para la revisión y actualización de los planes y programas de estudio; a los profesores se le ha limitado a ser “aplicadores” de los programas institucionales; sobre el docente se ejerce una supervisión coercitiva, en algunos planteles no se les permite la libertad de reunión, ni siquiera se realizan las juntas de academia, en otros, las juntas de academia sólo sirven para que el profesorado conozca las políticas y reglamentos del plantel.

El personal administrativo es contratado, basificado y goza de prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y además las prestaciones logradas por su Sindicato exclusivo de trabajadores Administrativos. El personal de confianza tiene las mismas prestaciones que el sindicalizado, excepto que no cuenta con una base laboral, o sea, que en un futuro cambio de administración lo remuevan de su lugar o simplemente lo despidan.

El personal docente, denominado “Prestador de Servicios Profesionales”, es contratado por “Servicios Profesionales por tiempo determinado en forma individual”, durante un semestre y sin ninguna prestación.

El contrato que firma el Prestador de Servicios Profesionales se le presta por un momento, lo firma y posteriormente se archiva como constancia para la institución; el Prestador de Servicios Profesionales no tiene derecho a conservar una copia.

Como resultado de esta singular situación laboral existen diferencias entre el personal de base, el de confianza y el docente, pero como es de esperarse el docente está en desventaja ante esta diversidad institucional; lo que da lugar a abusos y despidos injustificados que dejan a los trabajadores docentes del Conalep en desventaja ante la autoridad, aunque se recurran legalmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Tabasco, Hidalgo y estado de México, a reinstalar a los trabajadores docentes cesados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a replantear el presupuesto y la estrategia de financiamiento empleados para la apertura, el mantenimiento y la expansión de los museos mexicanos ante su atractivo turístico, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura; y a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, para que replanteen el presupuesto y la estrategia de financiamiento empleados para la apertura, mantenimiento y expansión de los museos mexicanos ante el atractivo turístico que representan y la relevancia del turismo para nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La oferta cultural con la que México cuenta podría decirse que es envidiable en muchos niveles. El amplio acervo de relatos históricos, la presencia de grandes producciones culturales de carácter centenario y milenario, al igual que la extensa producción artística de nuestros connacionales en la historia reciente, muestran que nuestro país cuenta con una oferta que ha ido constituyendo a lo largo de su historia, lo que ha dado paso a una industria nacional enfocada en nuestras creaciones. La creación de los denominados Pueblos Mágicos a principios de los años 2000 (hoy en día contamos con 121 de ellos),1 la ampliación de la presencia de museos en las principales urbes, al igual que la proliferación de eventos como festivales musicales, exposiciones y actividades recreativas, como los paseos en globo, han sacado provecho de los elementos que tenemos a nuestra disposición y los cuales han ido enfocados a generar un nicho para la industria nacional.

Ante la amplia presencia de elementos de interés, nuestro país se ha afianzado como uno de los principales destinos turísticos en nuestro continente y a nivel global, lo que ha beneficiado de manera significativa a los pequeños, medianos y grandes empresarios que le han tenido confianza al sector. De acorde al último reporte de la Secretaría de Turismo, que detalla la actividad turística nacional de enero a julio de 2019, hubo un crecimiento anual del 8 por ciento en la llegada de turistas internacionales en contraste con las cifras del mismo periodo en el año anterior.2 Derivado de esto, el incremento también se vio reflejado en la recolección de las ganancias, donde se estima que hubo una mejoría del 12.4 por ciento en contraste con el año pasado.3 Así, la ocupación hotelera también mostró cifras estables, presentando una pérdida del 1.2 por ciento respecto a lo observado en el mismo periodo,4 donde el aumento en los ingresos disipa un poco la preocupación ante un panorama negativo en la ocupación hotelera a futuro.

Con una alta presencia de visitantes extranjeros y de una industria cultural extensa, el caso de los museos resulta sumamente relevante. Éstos han perdido cierto atractivo en tiempos recientes, especialmente por parte de la población nacional. Derivado de una política de austeridad entorno a las actividades culturales, donde la Secretaría de Cultura sufrió un recorte de 1,000 millones de pesos en contraste con el presupuesto destinado en 2018,5 diversos medios han reportado el cierre de 70 museos para mediados de 2019, ante la tendencia que se ha mantenido desde 2018 respecto a las pocas visitas y los ajustes presupuestales que acarrearon a lo largo de lo que va del año.6 De acorde a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la reducción de los visitantes ya se mostraba en 2018, cuando los datos arrojaban una disminución de las visitas en 7.4 millones, al quedar en 67.7 millones de visitantes frente a los 75.1 millones de visitantes en el 2017,7 lo que acompaña a la tendencia en la disminución de consumo de bienes y servicios culturales que ha caracterizado a la población nacional en últimos tiempos.8

Los motivos, usualmente asociados a la “falta de cultura” (la cual podría traducirse como “ignorancia autodeclarada”), de medios de comunicación eficientes y de interés, ya sea por gusto, distancia o costo. El trasfondo, aparentemente inexistente, no solamente corresponde a los motivos que externan, sino a las condiciones de su entorno y sus respectivas comunidades. Siendo México el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de museos (sólo detrás de Brasil),9 la centralización es bastante notoria, donde casi el 10 por ciento se encuentra en la Ciudad de México, que cuenta con 15610 de los 1,78911 que se encuentran en nuestro país. Esto es preocupante en el corto y mediano plazo, ya que con presupuestos limitados y la centralización de la oferta, los museos en el resto del país no tienen una red de oferta cultural como la tiene la capital del país, lo que puede derivar en números que pudieran parecen bajos, pero los cuales corresponden a una raíz mucho más profunda, como lo es la desigualdad regional de oferta cultural ante la desatención de los gobiernos anteriores.

Sobre esto, considerar la relevancia de los museos para el desarrollo cultural de nuestro país es central si pretendemos aspirar a ser una potencia en todas las dimensiones que éste concepto abarca. Ahogar en temas presupuestales a museos en regiones no tan urbanizadas, únicamente detenta la precariedad cultural a lo largo y ancho del país, donde se les niega la posibilidad de desarrollo a comunidades las cuales podrían contar con proyectos culturales que incentiven la pedagogía cultural entre los involucrados y así otorgar rendimientos positivos que no solamente van en el plano de lo económico, sino en el desarrollo intelectual de la población y el potencial patrimonio cultural nacional que puede devenir de incentivar esta clase de conocimientos. Si a esto lo acompañamos del interés que los visitantes extranjeros muestra por la historia de México, sus recintos y museos, donde se aglomera toda esta serie de bienes culturales, podremos ver que las medidas de austeridad pueden ser contraproducentes en el plano del bienestar de la ciudadanía, especialmente en el caso de una correcta preparación cultural y el plano de la recaudación económica al quitarle elementos potencialmente atractivos para los visitantes que desean tener un mayor conocimiento del lugar y las comunidades que visitan.

Así, promover una reasignación del presupuesto planeado en el “Presupuesto de Egresos de la Federación” del 2020 para la operación de museos es una de las posibilidades, que puede ser complementada por el rediseño de una estrategia de financiamiento entorno a la actividad de los museos, donde estos podrían operar o desarrollar actividades que busquen generar nuevos fondos para volverlos instituciones auto sostenibles. Más allá de la respuesta, la cual únicamente puede derivar de la discusión, exhortar a un replanteamiento de la lógica detrás del financiamiento de los museos es necesario si no se pretende caer en una contradicción respecto a la generación de ganancias a partir de una industria tan abundante como lo es el turismo, creando espacios de interés en nuestros museos.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura; y a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaria de Turismo, para que replanteen el presupuesto y la estrategia de financiamiento empleados para la apertura, mantenimiento y expansión de los museos mexicanos ante el atractivo turístico que representan y la relevancia del turismo para nuestro país.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, y a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaria de Turismo, para que replanteen la estrategia empleada en las campañas de difusión de información sobre exposiciones y museos ante el decrecimiento en la afluencia de estos recintos por parte de nuestros connacionales derivado de la oferta cultural escaza y centralizada que ha caracterizado a nuestro país.

Notas

1 Secretaría de Turismo. (2019). Pueblos Mágicos de México, 11 de octubre de 2019, de Secretaría de Turismo. Sitio web https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528

2 Secretaría de Turismo. (2019). Resultados de la actividad turística: Julio, 2019, 11 de octubre de 2019, de Secretaría de Turismo. Sitio web: https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Vicente Gutiérrez. (2019). AMLO propone 1,000 millones menos a Cultura, 11 de octubre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/AMLO-propone-1000-millones- menos-a-Cultura-20181216-0038.html

6 Mario Luis Fuentes. (2019). Por recorte, cierran setenta museos; la CDMX perdió más recintos culturales, 11 de octubre de 2019, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/
por-recorte-cierran-setenta-museos-la-cdmx-perdio-mas-recintos-culturales/1321984

7 Alejandro Alegría. (2019). Cae cifra de turismo en museos del país, informa el Inegi, 11 de octubre de 2019, de La Jornada. Sitio web

https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2019/06/29/
cae-cifra-de-turismo-en-museos-del-pais-informa-el-inegi-3141.html

8 Mario Luis Fuentes. (2019). Por recorte, cierran setenta museos; la CDMX perdió más recintos culturales, 11 de octubre de 2019, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/
por-recorte-cierran-setenta-museos-la-cdmx-perdio-mas-recintos-culturales/1321984

9 NTX. (2019). México, el segundo país con más museos en Latinoamérica, 11 de octubre de 2019, de El Informador. Sitio web https://www.informador.mx/cultura/Mexico-el-segundo-pais-con-mas-museos -en-Latinoamerica-20190517-0079.html

10 Rocío Mandujano Tovar. (2019). Estos son todos los museos de la Ciudad de México, 11 de octubre de 2019, de Noticieros Televisa. Sitio web: https://noticieros.televisa.com/especiales/cdmx-ciudades-mayor-numero-m useos-mundo/

11 NTX. (2019). México, el segundo país con más museos en Latinoamérica, 11 de octubre de 2019, de El Informador. Sitio web https://www.informador.mx/cultura/Mexico-el-segundo-pais-con-mas-museos -en-Latinoamerica-20190517-0079.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a esta soberanía a implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo en las fronteras de México por la temporada de vacaciones de invierno 2019-2020, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados LXIV Legislatura, por medio de la Junta de Coordinación Política a implementar el programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo, en las fronteras de México, por la temporada de vacaciones de invierno 2019-2020, al tenor de las siguientes

Exposición de motivos

La migración se da en las poblaciones para buscar nuevas oportunidades de trabajo, económicas, por conflictos en sus países de origen, persecuciones, y violación a sus derechos humanos, actualmente existe una gran cantidad de personas que viven en un país distinto al que nacieron, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2017 registró una migración mundial de 258 millones de personas, de este total124.8 millones son mujeres, 36.1 millones son niños, 25.4 millones son refugiados registrados, 4.8 millones son estudiantes y 150.3 millones son trabajadores; de estos 68 millones son forzados a migrar y el restante es de manera voluntaria.

México no es la excepción, ya que por las fiestas decembrinas este fin de año se espera un aproximado de 3 millones de paisanos provenientes principalmente de Estados Unidos, según informo la Secretaria de Gobernación, por lo que se implementara como cada año el “Programa Paisano” con 950 voluntarios en 129 módulos y 193 puntos de observación, por medio del Instituto Nacional de Migración (INM) con la finalidad de garantizar el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por el territorio mexicano con absoluta garantía de respeto y protección a sus derechos humanos, seguridad en sus bienes y conocimiento de sus obligaciones.

Este programa se crea en 1989 por la demanda ciudadana, empresarial y de grupos religiosos al ver la necesidad de controlar y eliminando el maltrato, extorsión, robo, prepotencia y corrupción por parte de los servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país; por lo que el programa paisano se publica en el Diario Oficial de la Federación como un “Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”, el cual estipula la temporalidad de funcionalidad de este programa, que será principalmente en épocas vacacionales de semana santa, de verano y de invierno; también menciona los documentos que deberán llevar consigo, y cuotas de pago por si traen mercancía con ellos e información general para su viaje.

A pesar de la implementación del “Programa Paisano” se seguían reportando abusos de autoridad y violaciones recurrentes hacia los derechos humanos de los migrantes, por lo que en el año 2000 nace el programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” durante la LVII Legislatura, el cual se encargaba de supervisar y vigilar el trato hacia nuestros connacionales por parte de las autoridades y funcionarios de las aduanas en las temporadas de fiestas decembrinas, en la LX Legislatura se buscó por medio de las Comisiones de Población, de Asuntos Migratorios, de Frontera Norte y de Frontera Sur de la Cámara de Diputados implementar este programa de manera permanente.

El programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” consistía en cubrir los principales cruces fronterizos, puentes internacionales, aeropuertos internacionales, centrales de autobuses y puntos de revisión carreteros y como apoyo al “Programa Paisano”, entregando folletos explicativos del programa, acreditaciones en parabrisas con la finalidad de que las autoridades proporcionen las facilidades que determina nuestra Constitución.

Se considera como bondades de este programa los siguientes puntos:

• La participación de los legisladores en la supervisión de éstos operativos fortalece la imagen de apoyo de los diputados hacia la comunidad en el exterior.

• Provoca que los legisladores federales se alleguen de manera directa de información respecto de las experiencias que sufren los connacionales y sus principales necesidades, de manera tal que ésta pueda ser utilizada para elaborar las reformas legales necesarias.

• Se supervisa y vigila el trato que se les da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada navideña, como se hace, por ejemplo, con el Programa Paisano.

• La implementación del programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, representa un mecanismo para velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros connacionales.

• Éste programa representa un esfuerzo por contribuir en la atención y canalización de las quejas y denuncias de los paisanos hacia las autoridades correspondientes.

• Generar un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes, en su tránsito hacia sus hogares y se propicia un mejor trato hacia los paisanos.

• Porque la crisis económica mundial, provoca que se unan esfuerzos para generar mecanismos protectores de la integridad y de los bienes de nuestros connacionales.

• Permite la distribución de material entre nuestros connacionales mediante los cuales se pueden difundir sus derechos.

• Durante el transcurso del programa, se ideó un material impreso tipo “charola”, una especie de acreditación metalizada a nombre de la comisión, que también será distribuida por los propios diputados entre nuestros paisanos, para que éstos puedan utilizarlas a bordo de sus automóviles a manera de protección, para prevenir y evitar que sean extorsionados, mismas que son recibidas con gran agrado por parte de nuestros paisanos, causando un alto y muy positivo impacto.

• A pesar del recorte presupuestal en las instituciones del gobierno federal, deben de destinarse fondos para que sean utilizados en la realización de programas que tengan como objeto específico la protección de personas que se encuentren en algún estado de vulnerabilidad, como lo son actualmente nuestros paisanos.

Este programa se mantuvo vigente hasta 2017-2018 en donde las Comisiones de Migración, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, dio por concluido el día 8 de enero de 2018, el “Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo” en donde el informe final fue de solo 33 llamadas recibidas para quejas de abuso de autoridad, lo que significó un gran avance si se compara con los resultados presentados por este mismo programa en 2015-2016, en donde se reportaron 550 llamadas de denuncias por extorsión por parte de las autoridades.

La LXIV Legislatura se instaló el 1 de septiembre de 2018 y para el mes de diciembre de ese mismo año, ya no se le dio continuidad al Programa, para cubrir el periodo vacacional invernal de 2018-2019, en el cual se presentaron varias irregularidades de nuevo con violaciones a derechos humanos de nuestros connacionales, lo que indica que esta Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura debe de retomar este programa que estaba mitigando los abusos, extorción, maltrato, robo, corrupción y prepotencia por parte de autoridades y servidores públicos; ya que estas malas prácticas evidencian que al no estar supervisando se pueden caer de nuevo en estos actos tan lascivos para nuestra población.

Los diputados tenemos un compromiso con el pueblo de México, al haber sido elegidos como sus representantes tenemos la obligación de mantener un vínculo permanente con nuestros representados, tal como lo estipula el artículo 8, fracción XV, del Reglamento de Cámara de Diputados, ya que al implementarse el voto en el extranjero también muchos connacionales que se encuentran radicando en el extranjero, son nuestros representados al habernos elegido.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados LXIV Legislatura exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo a retomar la implementación del programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” por temporada de vacaciones de invierno 2019-2020, a la par del “Programa Paisano” en las fronteras de México.

Bibliografía

– Forjando nuestro futuro juntos, Organización de las Naciones Unidas

– Página Oficial de la Secretaria de Gobernación, Instituto nacional de Migración, Programa paisano

– Rivera, Carolina. Por fiestas decembrinas Segob prevé retorno de 3 millones de paisanos (Milenio, 6 de noviembre de 2019)

– “Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo”, LXI Legislatura, Cámara de Diputados

– Reglamento de la Cámara de Diputados

– Página Oficial de la honorable Cámara de Diputados, Comunicación Social. Nota 1507 (Notilegis 20-01-2016)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a reforzar y aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Tránsito respecto al apartado de lugares de estacionamiento y la apropiación del espacio público, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Dentro de la larga lista de problemáticas ciudadanas que se deben atender en el país, podemos enfrentarnos a temas delicados, ya sean de seguridad, de salud, económicos, entre muchos otros.

Uno de los grandes problemas en las ciudades con un alto número poblacional y por ende, con un gran número de automóviles, llega a ser el de los lugares de estacionamiento para los automovilistas, mismo tema que ya se contempla en los manuales de transito de cada ciudad, pero que sin embargo no se han logrado llevar del todo a la práctica.

Tratar de conseguir un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México es una tarea difícil y más cuando los automovilistas tienen que enfrentar a vecinos, locatarios y franeleros quienes reservan lugares con botes, cascajo, llantas, tubos y letreros o cualquier objeto que logre representar un estorbo para que un carro se estacione correctamente.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina, es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública y puede hacer acreedor al responsable a una multa de 830 a mil 509 pesos o un arresto de 13 a 24 horas.1

Distintos reglamentos de tránsito en el país contemplan el mismo tiempo al sostener que está prohibido “colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos”. No obstante, a pesar de que contamos con un sustento legal en donde el Reglamento de Tránsito de dichas ciudades contempla la multa y define así la ilegalidad de realizar dicha práctica, la misma sigue realizándose a plena luz del día.

Prueba de esto es fácil de demostrar, basta con echar una mirada fuera de este Palacio Legislativo en donde así como en muchos lugares del país erróneamente hemos normalizado el apartado de lugares y entorpecimiento de las vías de transito el cual ha sido un factor para posicionar al país entre los principales en todo el mundo con problemas de tráfico, nos hemos vuelto esclavos de los famosos “franeleros” que se han apropiado de la vías públicas para rentar los lugares de estacionamiento que por derechos le pertenecen a la población.

Las personas que forman parte de la distinta dependencias de seguridad y transito tienen la facultad exclusiva de liberar las vialidades de todo objeto que obstruya a las mismas, sin embargo su labor es constantemente entorpecida ya que una vez que la realizan, hordas de vecinos o grupos de franeleros, sin conocimiento de las leyes y de lo ilegal que representa el apartar espacios, amedrentan, amenazan y atacan a los encargados de realizar dicho bloqueo de espacios.

Con la absoluta certeza de que no debemos seguir permitiendo que la vía publica respecto a los espacios de estacionamiento sean tomados ilegalmente y con ello agranden un problema que ya de por si se ha agravado en México desde hace mucho años, es pertinente la petición de reforzar acciones para erradicar esta práctica, así como buscar informar a la población de las multas y castigos que esto amerita en un afán de que no sean partícipes de realizarlo.

La corrupción y la ilegalidad han llegado incluso donde muchos no lo perciben. En actos cotidianos se hace presente, hasta el punto de normalizarse. Tal es el caso de los franeleros o “viene viene”. Hay una realidad irrefutable: es un acto ilegal en donde la mayoría de los ciudadanos se han resignado al hecho de que estas personas les cobrarán una cuota a cambio de que “cuiden” sus autos, a expensas de la ley.

El problema no existe únicamente en que estas personas tienen literalmente como trabajo entorpecer el tránsito en la vía pública al tenerlos apartados hasta que alguien necesite realmente donde estacionarse, el problema también radica en que sus cuotas de recaudación llegan a ser obligatorias ya que al no pagarlas (porque realmente los ciudadanos no tenemos la obligación de pagarlas) estos franeleros amedrantan y dañan la propiedad de las personas, con esto me refiero a sus autos. En otros términos están cobrando un derecho de piso, una práctica común de la delincuencia organizada.

La privatización de las calles a la que nos han sometido tanto las personas que apartan los espacios de estacionamiento frente a sus viviendas, así como los franeleros debe ser erradicada o llegará el momento en que nos veamos obligados a que en un futuro cualquier lugar de estacionamiento en las calles será también un lugar que debamos alquilar, no debemos fomentar ni pasar por alto prácticas ilegales que afectan las vías de transito ni así como cualquier acto ilegal.

Con el firme objetivo de hacer respetar los reglamentos ya establecidos y en un afán de pedir respetuosamente a las autoridades encargadas visibilizar el problema y no pasarlo por alto, este punto de acuerdo es pensado con el objetivo de aplicar la ley vigente a las personas que entorpecen y privatizan espacios en la vía pública para beneficiarse a sí mismos. Y más en el tema de los franeleros que en un acto ilegal de “trabajo” informal lo hacen con el ánimo de lucrar con espacios que no les pertenecen. Someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar y aplicar la Ley de Cultura Cívica en materia de apropiación del espacio público respecto al apartado de lugares de estacionamiento, incrementando las sanciones correspondientes en materia de apropiación y entorpecimiento de la vía pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a castigar y sancionar cualquier intento de privatización de la vía pública y cobro ilegal, que pretendan realizar los conocidos franeleros, quedando estos a disposición de los Ministerios Públicos.

Nota

1 Reporte Índigo. “¿Tienes vecino que aparta estacionamiento con botes y cascajo? Están violando la Ley.” Disponible en https://www.reporteindigo.com/reporte/tienes-vecinos-apartan-estacionam iento-botes-cascajo-estan-violando-la-ley/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y la Guardia Nacional a redoblar esfuerzos y reforzar las medidas de seguridad implantadas en Tamaulipas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para redoblar esfuerzos y reforzar las medidas de seguridad implementadas en el estado de Tamaulipas ante los resultados obtenidos en la materia y la proyección de mejoría en el mediano plazo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cuestión de violencia generalizada que atraviesa el país es insostenible. Con la consolidación de actos delictivos perpetuados por la delincuencia organizada desde la década pasada, múltiples familias mexicanas viven con el miedo de salir a las calles para realizar sus actividades cotidianas ante el temor de no regresar a casa, lo que genera un estado de alerta constante, un estrés perpetuo y una incertidumbre acerca de su bienestar a futuro.

Esto, a largo plazo, resulta preocupante ante la necesidad de mantener un estado de derecho estable que permita el desarrollo comunitario, donde las decisiones políticas, aquellas que involucran a toda la ciudadanía, no se encuentren limitadas ante los riesgos que derivan de la actividad de los grupos delictivos y los conflictos que estos puedan tener con las autoridades, lo que demanda una estrategia que sea empática con las condiciones de la población en general.

El caso concreto, por desgracia, se encuentra generalizado en el territorio nacional. De acorde a cifras oficiales del primer semestre del 2019, se tenían registrados 17 mil 608 asesinatos en todo el país,1 estableciéndose como el de mayor cantidad en 22 años,2 representando un crecimiento proporcional del 70 por ciento en el plazo de los últimos cuatro años3 y dejando claro que la problemática ha excedido cualquiera de las medidas que históricamente se han implementado.

Los costos, en sus consecuencias directas, merman cualquier forma de gobernabilidad y construcción de bienestar, donde las comunidades comienzan a entablar dinámicas muy distintas a las usuales, siendo la desconfianza generalizada hacia la ciudadanía y las instituciones como uno de sus principales síntomas. Esto deriva en actitudes de desconfianza y escepticismo hacia las autoridades, es decir, existe un proceso de pérdida de legitimidad a partir de la falta de certidumbre que el Estado mexicano comunica en sus respectivos comunicados y las acciones realizadas en torno al problema de la violencia, las soluciones y las estadísticas oficiales que aparecen en medios.

Por tal razón, cuestionarse las formas de hacer de las múltiples administraciones pasadas no debe quedarse en el plano de la crítica y la denuncia, sino que debe incentivar las observaciones entorno a la operación, administración y ejecución de los aspectos implicados en la seguridad nacional, donde el punto crítico para un correcto operar de ellas corresponde a la dimensión de la colaboración, comunicación y confianza entre las partes, al existir síntomas de disociación entre las diversas instancias ante las constantes dudas que emergen con relación a la manera de trabajar de las policías locales y federales, al igual que la Guardia Nacional.

Para evitar especulaciones mediáticas y en favor de fortalecer los trabajos en las entidades, el reforzamiento en la presencia y actividad de las autoridades de seguridad nacionales con las estatales y municipales, es algo algo obvio ante los resultados recientes en la materia, donde el caso concreto de Tamaulipas es de resaltarse ante los rendimientos positivos que se han mostrado en últimos tiempos, con una baja en los secuestros y homicidios dolosos en los últimos tres meses, al caer en un 57 por ciento el secuestro y registrar 108 carpetas de investigación por homicidio.4

Ocupando el sexto lugar en presencia policial al contar con 4 mil 982 elementos para 20195 y ante el desaire de autoridades federales por poner más activos en la entidad,6 la ausencia de elementos de seguridad no puede abonar al proceso de pacificación que se busca en nuestra frontera. Por tal motivo, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca solicitó a finales de agosto de 2019 una reunión con el presidente de la república,7 la cual sería respondida mediante una cita con el general Secretario Luis Cresencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa Nacional,8 a mediados de octubre de 2019, a la espera de que los resultados puedan ser satisfacer las necesidades de entidad.

La necesidad por la presencia de elementos no corresponde a argumentos ligeros, sino que se deriva de la relevancia que ésta entidad tiene para la economía nacional y los planes de seguridad nacional que se han planteado. Siendo un estado clave en el comercio exterior, frontera con los Estados Unidos y zona tradicional de paso migratorio, las necesidades que tiene la entidad demandan un cese de la violencia que la ha acompañado desde hace tiempo si no se desea contar con un territorio que carezca de un estado de derecho eficiente.

La presencia de grandes grupos delictivos, los cuales trascienden los límites territoriales en los que tiene incidencia el gobierno tamaulipeco, muestran que el combate a las actividades criminales de estos grupos organizados únicamente va a poder ser llevada a cabo mediante la integración “orgánica” de los involucrados en la función de brindar seguridad a la ciudadanía, donde la selección de los elementos la presencia y coordinación de estos estará íntimamente ligada al desempeño de la Guardia Nacional, con el cual buscamos que la problemática pueda ser contenida y solucionada en el mediano plazo.

Por lo tanto, la coordinación entre todas las partes resalta como el punto más importante, donde las operaciones de cada institución de seguridad no pueden ser realizadas de manera desarticulada e independiente si de verdad se desea afrontar la problemática. Sumado a esto, si los elementos disponibles resultan insuficientes, la carencia de personal capacitado únicamente perjudica la “organicidad” del trabajo transinstitucional, donde ciertas funciones recaen con mayor peso del que deberían, ahogando a las fuerzas de seguridad y perjudicando al objetivo, el cual es compartido entre los diversos niveles de gobierno y por el cual deberían de pujar todas las partes sin escatimar en recursos y la voluntad que se requiere de forma indispensable ante la gravedad de la situación.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para tomar las medidas necesarias para aumentar la presencia de elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional en el estado de Tamaulipas, ante la falta del personal necesario y la proyección de mejoría en la entidad en el mediano plazo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para reconfigurar la estrategia de organización y comunicación con las autoridades policiales locales y estatales de Tamaulipas, ante los problemas de comunicación en la realización de operativos, la expectativa de resultados positivos en la materia y la proyección de mejoría en el mediano plazo.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para colaborar en el diseño de una campaña de reclutamiento de personal y la implementación de cursos de capacitación profesional en el estado de Tamaulipas, que sean atractivos para los jóvenes de la región y así evitar que caigan en las manos del crimen organizado.

Notas

1 Arturo Angel. (2019). Primer semestre de 2019 deja nuevo récord de homicidios; alza de violencia en 4 años ya rebasa el 70 por ciento, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/07/asilo-peticiones-ayuda-refugiado -migrantes/

2 Ídem

3 Ídem

4 HT Agencia. (2019). A la baja el secuestro y los homicidios dolosos en Tamaulipas, 21 de octubre de 2019, de Hoy Tamaulipas. Sitio web: https://www.hoytamaulipas.net/notas/397353/A-la-baja-el-secuestro-y-los -homicidios-dolosos-en-Tamaulipas.html

5 Karen Tayde. (2019). Tamaulipas incrementó su fuerza policial en los últimos 2 años, 21 de octubre de 2019, de Radio Fórmula. Sitio web:

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191014/tamaul ipas-incremento-su-fuerza-policial-en-los-ultimos-2-anos/

6 Redacción. (2019). Por falta de elementos, niegan a Tamaulipas apoyo de la Guardia Nacional, 21 de octubre de 2019, de Aristegui Noticias. Sitio web:

https://aristeguinoticias.com/2908/mexico/por-falta-de-e lementos-niegan-a-tamaulipas-apoyo-de-la-guardia-nacional/

7 Ídem

8 Redacción. (2019). Morena: a sanear ‘mapacherías’, 21 de octubre de 2019, de Gaceta. Sitio web:

https://www.gaceta.mx/2019/10/morena-a-sanear-mapacheria s/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a pagar el seguro correspondiente al Programa de Aseguramiento Agropecuario a todos los afectados por las sequías e inundaciones en el país, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al pago del Seguro correspondiente al programa de Aseguramiento Agropecuario, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El programa de Aseguramiento Agropecuario, consta de 3 componentes:

-Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

-Apoyo a Fondos de Aseguramiento Agropecuario

-Subsidio al Seguro para Contingencias Climatológicas

El objeto señalado en el reglamento es contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los productores agropecuarios y los gobiernos de los estados, así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de los Fondos y Organismos Integradores Nacionales, Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las primas o cuotas que pagan en los Seguro Agropecuarios que contraten; así como complementar los gastos de administración y operación de los Fondos, Organismos Integradores y Organismos Integradores Nacionales.

Las reglas de operación definen las Poblaciones:

a) Población Potencial: Productores agropecuarios, sin distinción de género ni discriminación alguna, que se encuentren registrados en el padrón de ProAgro Productivo de Aserca.

b) Población Objetivo: Productores agropecuarios, sin distinción de género ni discriminación alguna, que cumplan con los requisitos establecidos en estas reglas y contraten en cualquier estado o municipio, con los aseguradores, la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad.

c) Población Atendida: Productores agropecuarios que recibieron recursos autorizados de este componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de elegibilidad establecidos en estas reglas.

Tiene como beneficiarios a los productores agropecuarios que aseguren cultivos cuando contraten y paguen la prima o cuota de una o varias de las coberturas de riesgo siguientes:

- Climatológico

- Relacionados con la nacencia

- Biológicos

- Relacionados con riesgo de variación en el precio de comercialización

- Coberturas para proteger especies pecuarias, acuícolas, apícolas y avícolas

Los Seguros con subsidio del 45 por ciento (cuarenta y cinco) del costo de la Prima:

a) Seguro de Alta Mortalidad o Seguro de Alta Mortalidad con Cobertura Limitada

b) Seguro de Muerte por Enfermedades Exóticas con Cobertura Limitada

c) Seguro de Muerte por Sacrificio Sanitario por Enfermedades Exóticas con Cobertura Limitada

Seguros con subsidio de hasta el 30 por ciento (treinta por ciento) del costo de la Prima:

a) Seguro de Programas de Fomento

b) Seguro de Influenza aviar con Cobertura Limitada

c) Seguro de Newcastle con Cobertura Limitada

d) Seguro de Salmonelosis aviar con Cobertura Limitada:

e) Seguro de Aujeszky con Cobertura Limitada

f) Seguro de Fiebre Porcina Clásica con Cobertura Limitada

g) Seguro de Tuberculosis Bovina con Cobertura Limitada

h) Seguro de Adaptación para Programas de Fomento

i) Seguro de Transporte

j) Seguro de Riesgos Ordinarios de Tránsito

k) Seguro de Estancia Temporal

l) Seguro de Estaciones Cuarentenarias

m) Seguro de Radicación

n) Seguros de Mejoramiento Genético en Paquete

o) Seguro de Adaptación

p) Seguro Acuícola

q) Seguro Apícola

Seguros con subsidio de hasta el 20 por ciento (veinte por ciento) del costo de la Prima:

a) Seguro de Accidentes Avícolas con Cobertura Limitada

b) Seguro de Accidentes Porcícolas con Cobertura Limitada

La forma de aplicación del subsidio estará limitado por cualquiera de los dos siguientes criterios, o lo que ocurra primero:

1. Por el porcentaje indicado para cada tipo de seguro, o

2. Por el monto máximo por Unidad asegurable en cada función zootécnica.

Cabe mencionar que no se otorgará subsidio a los aseguramientos de caninos, felinos, animales de ornato, de compañía, de pelea, equinos de alto valor en sus distintas funciones, toros de lidia y/o animales exóticos o de zoológico.

Las aseguradoras que otorguen las coberturas de seguros elegibles de acuerdo a estas reglas de operación, deberán registrarse en Agroasemex, cada uno de los siniestros e indemnizaciones pagadas por póliza o constancia de aseguramiento con base en los riesgos por los cuales se pagó la indemnización y que estén identificados en el Catálogo de Riesgos Agrícola con cuyas claves se identificó la suscripción del seguro.

En caso de que el siniestro corresponda a pólizas globales, se anotará el número de inciso asignado por el Fondo o Asegurador de cada beneficiario individual del aseguramiento; en el caso de siniestro en cobertura limitada se indemnizará a los animales afectados, considerando sus valores pactados individualmente y hasta por el importe del límite de la suma asegurada.

El porcentaje de subsidio publicado en el Diario Oficial de la Federación para 2019 para algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya y trigo, es el siguiente:

Para las demás especies vegetales se aplicará un Subsidio equivalente al treinta por ciento del costo de la prima o cuota del Seguro Agropecuario y el tope máximo de subsidio por hectárea será de 550.00 pesos.

Para el ejercicio fiscal 2019 se etiquetó un total de $1,211,748,727 del cual el 17.5 por ciento se aplica al ramo ganadero y el 82.5 por ciento para el ramo agrícola.

Los programas para el desarrollo agropecuario de los gobiernos de los estados pueden protegerse ante eventualidades climáticas adversas que pueden afectar grandes extensiones parcelarias, a fin de proteger a los pequeños productores a través del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena).

Como podemos apreciar, el Programa de Aseguramiento Agropecuario que es para el apoyo al campo, cubre necesidades que involucra riesgos que pueda sufrir el campo mexicano, como el caso de las sequias, en los últimos meses se presentaron sequias anormales en la mayor parte del país, informo la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, en los siguiente cuadros del Monitor de Sequía de México, publicado el 23 de septiembre de 2019 podemos observar los municipios más afectados con sequías anormales, sequias moderadas, sequias severas, sequías extremas y sequías excepcionales:

Aunado a esta problemática de sequías, se suman los incendios que se presentaron en el país en los diferentes estados en lo que va del año, que en total sumaron 7 mil 293 con una superficie afectada de 599 mil 13. Los estados con mayor superficie afectada fueron Jalisco, Durango, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Sonora y Guanajuato, en los cuales parte del suelo afectado es dedicado a la siembra, como observamos en la siguiente gráfica:

También existen los estados en donde se concentraron una gran cantidad de lluvias extemporáneamente teniendo como consecuencia que las cosechas se hayan perdido debido a las inundaciones o que se pudrieran por los mismos motivos.

La siembra y cosecha de los principales productos agrícolas fue muy baja, debido a las escasas lluvias, al suelo dañado por incendios o afectados por las inundaciones lo que trajo como consecuencia que muchos de los agricultores perdieran lo invertido en la siembra e implico múltiples demandas para que se comience a pagar el cultivo asegurado por el Programa de Aseguramiento Agropecuario, el cual se deberá de pagar por hectárea sembrada, ya que en otras ocasiones se le ha pagado como si tuvieran una sola hectárea, aunque se hayan sembrado más de una.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el pago a los beneficiarios del Programa de Aseguramiento Agropecuario en todos los estados del país, con prioridad en los estados mayormente afectados por las sequías e inundaciones.

Bibliografía

-Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario (Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2016)

-Monitor de Sequía de México (Conagua, septiembre 2019)

-Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales del 01 de enero al 19 de septiembre de 2019 (Conafor, Secretaría de Medio Ambiente)

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaria General de esta soberanía a instalar un sistema de orientación para invidentes y débiles visuales, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La movilidad urbana hoy en día es un factor importante para todas las grandes ciudades, ya que en ella se desenvuelven y se desarrollan todo tipo de actividades, sin importar que tipo de personas las realicen, básicamente la movilidad urbana es un reflejo de la estructura social y las condiciones de vida.

Si bien la forma en que en el país se utilizan los espacios para desplazarse para la mayor o menor movilidad de unas u otras personas llega a convertirse en un elemento para aminorar las desigualdades, en otras palabras, la adaptación de los espacios para la movilidad de todos es un factor importante en un camino de accesibilidad a todos los habitantes aun para los que tienen limitantes.

Sin importar cuál sea el tipo de limitación con la que una persona cuente, la estructura urbana tiene que ser adaptada para satisfacer la necesidad de la movilidad en términos generales, este es el caso de las personas invidentes o débiles visuales, la cuales tienen la necesidad de que se implementen los elementos necesarios para garantizar que desarrollen cualquier actividad sin depender de alguna persona o auxiliar.

El objetivo de este exhorto es crear un modelo de ayuda para que estas personas tengan una vida independiente y que así, ellos mismos puedan crear sus propios modelos de vida. Cabe aclarar que múltiples son los espacios en las ciudades que cuentan con un sistema de orientación para invidentes y débiles visuales mediante la colocación del llamado piso táctil o baldosas para las personas que sufren esta discapacidad.

Para las personas invidentes, el bastón guía es la herramienta que usan para movilizarse de manera independiente porque esta herramienta, les permite transitar por las ciudades de manera segura. Las vibraciones producidas por el bastón en sus manos, señalan los obstáculos, el uso de baldosas con relieves indican el camino a zonas de interés, como cruces peatonales, bocacalles o entradas a edificios, siendo estos para ellos, como sus ojos para las personas que no sufren de alguna discapacidad.1

Este tipo de adaptación en los espacios cotidianos ha resultado de mucha utilidad en lugares como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, entre otros tipos de transporte público, museos, zócalos, y espacios de interés público.

Sin embargo, en esta honorable Cámara de Diputados, como espacio abierto a todas las personas, y siendo legisladores de un país en el que claramente el camino hacia la igualdad es largo pero firme, podemos dar un paso más al hacer de este recinto un espacio accesible a las personas ciegas y débiles visuales.

Con la finalidad de que esta Cámara de Diputados pueda brindar a todo visitante la posibilidad de desenvolverse por igual en todas las actividades disponibles dentro del recinto, sin importar su condición ya que hoy en día el desarrollo tanto social como cultural tiene una amplia relación con la movilidad de sus habitantes y su capacidad de acceder a las mismas.

Al mismo tiempo que se propone la implementación de este piso táctil para la ayuda de personas que sufren esta discapacidad visual y que ingresen en dicho recinto legislativo, llega a ser imprescindible a su vez la futura implementación del sistema Braille mediante placas táctiles. Este sistema es una herramienta mediante el cual estas personas se pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectarse con el entono y recibir toda la información escrita.

Gracias a estas adaptaciones propuestas dentro del punto de acuerdo la vida y autonomía se estaría garantizando para estas personas, siendo que dentro de estas instalaciones se cuenta con museo y espacios de interés público, no podemos ser excluyentes hacia ningún grupo o persona.

Queda claro que esta 4T desde un principio se ha enfocado siempre en apoyar a los sectores históricamente más desprotegidos, esta no es la excepción. Con la firme idea de que esta es una legislatura incluyente someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría General a instalar un sistema de orientación para invidentes y débiles visuales mediante piso táctil y placas braille dentro de las áreas de interés en este recinto legislativo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México a emitir recomendaciones para la realización de dicho proyecto con el objetivo de incluir paulatinamente las herramientas de accesibilidad en este recinto en favor de toda la población que lo necesite.

Nota

1 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “Sistema de Orientación para invidentes y Débiles Visuales aplicado para el primer cuadro de la ciudad”. Disponible en: http://bpu.uaslp.mx/pdfs/Tesis%20Eduardo%20D%C3%ADaz.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los tres días de diciembre de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la Comisión Intersecretarial acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, y atender las recomendaciones de la CNDH referentes a niños y adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a observar lo establecido en la fracción VIII del artículo 88 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, relativa a la recopilación desagregada de los datos estadísticos de la incidencia delictiva , al tenor de las siguientes

Consideraciones

En su momento, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México —junio 2015— externó su beneplácito por la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en 2012 y el establecimiento de una Comisión Intersecretarial en 2013.

A la par mostró su preocupación por la persistencia de la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual y para fines de trabajo forzado, y la venta de menores. De igual manera recalcó el hecho de la insuficiencia de los programas de prevención, protección y rehabilitación de víctimas, así como fallas en el registro de los mismos por no contar con datos desagregados de los delitos.

Por ello, recomendó adecuar las normativas para penalizar la venta de menores, garantizar la aplicación de la Ley General en la materia, mejorar la operación de la Comisión Intersecretarial, fortalecer los programas, mejorar la capacitación, continuar con las campañas de sensibilización, y recopilar datos desagregados sobre los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

En este contexto, en un comunicado de fecha 28 de julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas— advirtió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acerca de los riesgos a los que se exponen niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de la trata de personas, dados los escasos resultados observados en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La CNDH puntualizó que, de acuerdo con datos oficiales provistos por las procuradurías y fiscalías generales, se tenía el siguiente panorama:

-Entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 fueron identificadas, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, 5,245 posibles víctimas, mientras que los datos proporcionados por los órganos jurisdiccionales solo reportan 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas.

-De las víctimas con las que se contó con información sobre su edad y sexo (5 mil 175 víctimas) el 27 por ciento corresponden a niñas, niños y adolescentes cuyos casos se refieren principalmente a trata de personas con fines de explotación sexual y explotación laboral.

-Se observa que existen pocas investigaciones iniciadas por otras modalidades de trata de personas establecidas en la Ley General que han sido documentadas tanto por los medios de comunicación como por las organizaciones de la sociedad civil y la academia, como son la captación de personas menores de 18 años de edad por la delincuencia organizada para la comisión de delitos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales y la mendicidad forzada.

Igualmente, aseveró que nuestro país carece de un sistema de información fehaciente, 1 porque a pesar de que la Ley General enumera 26 delitos en materia de trata de personas, los bancos de datos gestionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran en un solo rubro la información correspondiente.

Por tanto, subrayó que persiste la imposibilidad de contar con un panorama cierto acerca de la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas.

La CNDH consideró que se han incumplido las obligaciones estipuladas en la Ley General de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de manera particular, destacando la desatención a niños, niñas y adolescentes como sector prioritario para las políticas preventivas.

Así, por ejemplo, la CNDH emplazó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a lo siguiente:

“Llama a la Secretaría de Educación Pública federal a que desarrolle los módulos de prevención a los que le obliga el citado ordenamiento, así como a realizar una valoración y actualización a los libros gratuitos de las asignaturas de formación cívica y ética autorizados ante la inexistente y/o inadecuada información que actualmente contienen, teniendo como prioridad en los apartados de aprendizajes esperados, aspectos de autocuidado, comprensión de la problemática desde una perspectiva de género y opciones de denuncia segura para la comunidad educadora.

Asimismo, esta Comisión Nacional exhorta a esa dependencia y sus homólogas en los estados a implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional para prevenir los delitos en materia de trata de personas en el sector educativo y diseñar e instrumentar un protocolo de detección y canalización de posibles casos de trata de personas para escuelas que incluya capacitación para las y los maestros y rutas de atención a niños, niñas y adolescentes.”

Por demás, al observar la ausencia de protocolos, modelos de atención y normas oficiales particulares para la detección y atención de menores víctimas de trata de personas en sus diversas modalidades, el organismo instó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Fiscalía General de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de Migración, a considerar la formulación y la operación de dichos instrumentos, evaluándolos constantemente.

En relación con la falta de un sistema de información certero que ha sido omiso, en el mejor de los casos, en recabar la información relativa a los más de veinte delitos que la Ley General prevé —cuya responsabilidad recae en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad— es posible afirmar la probable existencia de una exigua investigación en torno a los mismos.

Como lo documenta la CNDH, la Ley General para Prevenir, Sancionar Y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece:

En el caso de la explotación y sus modalidades:

Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud , de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

II. La condición de siervo , de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV. La explotación laboral , en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

V. El trabajo o servicios forzados , en los términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI. La mendicidad forzosa , en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas , en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil , en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos , en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.

Por añadidura, en los artículos 32, 33, 34, 35 y 36, se estipulan las penas y multas para quienes:

-En cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que faciliten, promuevan o procuren que se lleven a cabo cualquiera de las conductas delictivas previstas en la Ley General.

-Dirijan, gestionen o editen medios impresos, electrónicos o cibernéticos y publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas previstas.

-Den en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las conductas delictivas señaladas.

-Adquieran, usen, compren, soliciten o alquilen servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.

-Divulguen, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos.

En tanto que la fracción VIII del artículo 88 de la Ley General:

Artículo 88. La Comisión2 tendrá las siguientes facultades y competencias:

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley , con la finalidad de publicarlos periódicamente.

Dicha información deberá contener de manera desagregada:

a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;

b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y

c) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

En conclusión, si bien se trata de recomendaciones contenidas en el Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas 2013-2017 , elaborado por la CNDH, es factible —con lo cual esta soberanía se hace eco del análisis citado— que la actual administración federal las retome y con ello mejore de manera primordial la información que se recaba como la base fundamental de la acción gubernamental, en particular en lo concerniente a niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a observar lo establecido en la fracción VIII del artículo 88 relativo a la recopilación desagregada de los datos estadísticos sobre cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas; lo anterior, en atención a las recomendaciones de la CNDH, en particular en lo referente a niñas, niños y adolescentes por pertenecer al sector más vulnerable de la sociedad.

Notas

1 (...) el análisis de estos informes aporta evidencia de que las autoridades públicas participantes en la CITP tampoco cumplen con todos los requerimientos de reportar información de manera suficientemente específica y detallada. El más notorio ejemplo de esta omisión son las constantes referencias de los informes a las acciones públicas en respuesta al “delito de trata de personas”, mientras que los artículos 10-36 de la LGTP establecen 26 diferentes tipos penales o “delitos en materia de trata de personas”. La Secretaría Técnica de la CITP no ha desglosado los datos de esta manera en ninguno de sus cinco informes anuales examinados en este diagnóstico. Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. CNDH/Instituto Mora; pagina 63.

2 Artículo 87. La Comisión [Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas] será presidida por el Secretario de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2019.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea-SEP como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica , bajo las siguientes

Consideraciones

El 24 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece el plan de estudios del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, el cual brinda la posibilidad de comenzar y concluir sus estudios de bachillerato a jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad, discapacitados y público en general.

La Prepa en Línea SEP surge con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, impulsando las fortalezas del estudiante, tomando en cuenta estrategias pedagógicas de vanguardia impartidas digitalmente mediante el uso de las tecnologías, con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y profesional en los estudiantes que estén inscritos.

Este proyecto, que es impartido en todo el país, cuenta con validez oficial a través una modalidad no presencial para aquellas personas que, por alguna necesidad o impedimento de tipo social, laboral o económico, no puedan estudiar en un sistema presencial; ya que, Prepa en Línea es una plataforma disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para lograr una mejora en su formación , para ello, los estudiantes cuentan con instructores que tienen como finalidad dar seguimiento a su desarrollo educativo, utilizando las herramientas adecuadas para su conocimiento, asesorarlos, instruirlos y motivarlos para no desistir en su aprendizaje.

Esta modalidad educativa cuenta con profesionales capacitados por el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (Profordems) que apoyan a aquellas personas que no tienen la facilidad ni los medios para presenciar una clase, esto, sin perder las virtudes y progresos que se adquieren en el modo presencial.

Asimismo, Prepa en Línea cuenta con alrededor de 147 mil 180 estudiantes activos en municipios del país, que están inscritas en alguno de los 23 módulos de Prepa en Línea–SEP, y jóvenes de entre 13 y 29 años de edad, representan el 50 por ciento de la matrícula; el resto son adultos que desean concluir sus estudios de bachillerato. 1

Gracias a esta modalidad de estudios, personas que se encontraban excluidas del sistema educativo hoy puedan concluir la educación media superior, lo que les permite tener mejores oportunidades laborales e incluso continuar con su preparación universitaria, para destacar los resultados de Prepa en Línea, basta señalar que:

A través de esta modalidad, implementada por la Secretaría de Educación Pública, más de 16 mil 270 personas han obtenido su certificado de educación media superior. Prepa en Línea es un programa para quienes aspiran a estudiar su bachillerato en un sistema no escolarizado, que les permita atender otras actividades además de realizar sus estudios. 2

Cabe mencionar que las personas inscritas en el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea - SEP tiene la posibilidad de solicitar una beca, la cual consistía en un apoyo monetario por cada 12 créditos3 es decir, un módulo acreditado, el cual se incrementará conforme al avance de créditos de los alumnos, expresado de la siguiente manera.

La beca de Prepa en Línea tenía como finalidad apoyar a los alumnos que presentan mayor estado de vulnerabilidad económica, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia y madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

En el 2018, gracias al programa de becas de Prepa en Línea SEP, 2 mil 58 estudiantes con discapacidad, 919 madres menores de edad y 3 mil 364 hablantes de alguna lengua indígena han podido seguir con sus estudios de preparatoria.4

Para este año 2019, el 4 por ciento del total de la matrícula de Prepa en Línea son estudiantes que presentan una discapacidad motriz, auditiva y visual, siendo esta población la más favorecida en la asignación de becas.

A pesar de que el programa de preparatoria en línea ha transformado positivamente la educación de nuestro país, en los últimos tres años ha disminuido el número de convocatorias por año, en el 2017 se presentaron 4 convocatorias, en el 2018 tres y en lo que va del año solo se publicaron dos convocatorias.

Es la misma situación que presenta la publicación de convocatorias de becas de Prepa en Línea, ya que el Programa de Becas de Educación Media Superior publicaba dos convocatorias por año, la última registrada en el portal becasmediasuperior.sep.gob.mx tiene fecha de 28 de septiembre de 2018.5

En el año 2019, no se ha registrado en el portal la publicación de convocatorias para solicitar la beca de Prepa en Línea correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, dejando en un estado de indefensión a más de 140 mil estudiantes activos en la modalidad de educación en línea.

Durante la presente administración, el ejecutivo federal implementó una política social dirigida a los sectores de la población más vulnerables, el apoyo a adultos mayores, el programa jóvenes construyendo el futuro y el programa nacional de becas son ejemplo de ello.

La Beca Universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, es un programa que está dirigido a las alumnas y alumnos de instituciones públicas de educación media superior con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en dicho tipo educativo y los requisitos para acceder a este programa son los de:

• Ser alumna o alumno inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna Institución Pública de Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional.

• Estar vigente en la matrícula de la institución de educación media superior.6

En este sentido, a través de mis redes sociales cientos de alumnos inscritos en la modalidad de Prepa en Línea, me han hecho llegar su legítima petición de ser considerados en este tipo de programas en virtud de que actualmente no son considerados para acceder a la Beca Universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez a pesar de que cumplen con los requisitos que se solicitan para ser beneficiario.

Los alumnos que no cuentan con computadoras propias o que no tienen internet en sus domicilios, finalmente podrían comprarse su equipo o contratar el servicio de internet si contaran con este tipo de apoyo. En ello radica la importancia y trascendencia y pertinencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca que los alumnos de Prepa en Línea no sean excluidos de las becas que brinda el gobierno federal.

En el Partido del Trabajo no somos ajenos a las legítimas demandas de la comunidad de Prepa en Línea, prueba de ello es el trabajo que hemos venido realizando para que este programa continúe.

Cabe recordar, que en la pasada discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso un aumento significativo al programa presupuestal U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” ya que presentaba un disminución de recurso asignado al programa.

La diferencia presupuestaria del 2019 en contraste con el 2020 era de 267 millones 726 mil 985 pesos , equivalente a una reducción del 97.7 por ciento ; esto significa en cifras reales que, en el 2019 se aprobó un egreso de 274 millones 400 mil pesos , mientras que para el año 2020 tan solo se habían asignado 6 millones 673 mil 15 pesos, lo que implicaba la inminente desaparición de Prepa en Línea al carecer de los recursos que le permitan satisfacer las estrategias y necesidades del proceso educativo y lo que todavía es más angustioso, sería poner en un riesgo irreversible el futuro profesional de los estudiantes, y por ende, el futuro de México.

El resultado de los esfuerzos por mantener vigente el programa de Prepa en Línea SEP fue la reasignación del PEF 2020 en el cual se etiquetaron 570 millones de pesos al programa presupuestal U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, sin lugar a dudas el Partido del Trabajo concatenado con el pleno velamos porque los preceptos constitucionales del acceso a la educación sean cumplidos y atendidos de la forma más eficaz y eficiente posible.

Como integrante de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura y siguiendo la política social del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, mi prioridad es que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación sobre una base de igualdad de condiciones.

En ese sentido, el artículo 46 de la Ley General de Educación establece a la letra que “las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendentes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.”7

Por ello, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública para que el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica.

En el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo expresamos nuestro respaldo a toda la comunidad de Prepa en Línea SEP, estamos convencidos que la mejor manera de posicionar a nuestro país a nivel mundial es a través de la educación de los mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica.

Notas

1 Gobierno de México, publicado en

https://www.gob.mx/sep/es/prensa/comunicado-116-mas-de-1 28-mil-personas-de-mil-572-municipios-estudian-en-prepa-en-linea-sep?id iom=es, consultado el 28 de noviembre de 2019.

2 Gobierno de México, publicado en

https://www.gob.mx/sep/es/prensa/comunicado-116-mas-de-1 28-mil-personas-de-mil-572-municipios-estudian-en-prepa-en-linea-sep?id iom=es

3 Beca Prepa en Línea SEP

https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/1819/convocato rias/Convocatoria_PEL_18_II.pdf, consultado el 1 de diciembre de 2019.

4 NEMEN 2018, http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/images/assets/Numeralia2018.pdf, consultado el 1 de noviembre de 2019.

5 Becas Prepa en Línea SEP,

https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Beca_PEL_II, consultado el 1 de diciembre de 2019.

6 Preguntas Frecuentes. Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior, SEP, <https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/es/articulos/preguntas-frecuen tes-197722?idiom=es> Consultado el 2 de diciembre de 2019.

7 Ley General de Educación,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.p df, consultado el 2 de diciembre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a implantar y realizar campañas de toma de conciencia sobre los peligros del uso de pirotecnia, y en materia de cuidado del ambiente y de maltrato animal, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pirotecnia consiste en la fabricación y utilización de fuegos artificiales o materiales explosivos, cuyas reacciones pueden producir chispas, llamas y humos. Un petardo normal contiene 0,5 gramos de pólvora; un cohete, entre 0,5 y 15 gramos; y una traca, 20 gramos. Su empleo, que muchas veces se lleva a cabo con fines recreativos, causa diversos daños a los animales.1

Estos afectan de forma muchas veces visible a los animales mantenidos como compañía. Pero no hay que olvidar que también dañan a los demás animales que se encuentran a nuestro alrededor, tanto en entornos urbanos como fuera de ellos, así como a los que se encuentran en granjas o recluidos en otros espacios. La Ley Federal de Pirotecnia, en su artículo 3o., define los términos en que debemos entender que es la pirotecnia:

“Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

1. Artificios Pirotécnicos. Los ingenios de propiedades deflagrantes, sonoros, luminosos o caloríficos, elaborados a partir de sustancias químicas que de manera artesanal o industrial pueden tener aplicación lícita en diferentes actividades.

2. Materias Pirotécnicas. Toda sustancia que por sí sola, mezclada o compuesta, tenga propiedades detonantes, fulminantes, caloríficas, sonoras, gaseosas o sea susceptible de emplearse como su precursora, cuyo fin sea la fabricación de artificios pirotécnicos, así como los instrumentos de la construcción que utilizan pólvora para su funcionamiento, estas materias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, como Normas Oficiales Mexicanas.”

En un país como México, en donde la cultura del cuidado animal es escasa, y donde sin distinción entre zonas rurales o urbanas con mucha o poca población, el uso de la pirotecnia siempre está presente, principalmente en días festivos, que cabe resaltar que en México siempre hay algún motivo para justificar el uso de estos artefactos, siendo este un problema latente y lejos de desaparecer, es necesaria la implementación de campañas para hacer del conocimiento poblacional que el uso de pirotecnia resulta más nocivo que benéfico tanto para el medio ambiente como para los animales en general.

En muchas partes del mundo se ha optado por únicamente recomendar a la población utilizar pirotecnia luminosa y no estruendosa, siendo esta ultima la que provoca todo tipo de padecimientos en animales que se asustan con el sonido.

Sin embargo la luminosa sigue siendo de alto impacto al medio ambiente, el cual día con día a demostrado los estragos del mal cuidado que le hemos dado en todo el mundo, hoy podemos atacar al problema por ambos flancos, en donde la petición de este punto de acuerdo es concientizar que realmente no se obtiene ningún beneficio por el uso de estos artefactos.

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México tiene entre sus disposiciones principales de orden público e interés social: proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento , la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias , de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento.

El uso de pirotecnia genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse. El oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva.

Los fuegos artificiales pueden emitir sonidos de hasta 190 decibelios (110 a 115 decibelios por encima del rango de 75 a 80 decibelios, donde comienza el daño para el oído humano. Por lo tanto, los petardos generan un nivel de ruido más alto que el de los disparos (140 decibelios), y que el de algunos aviones de reacción (100 decibelios).2

Los ruidos causados por la pirotecnia pueden dar lugar a pérdida de la audición y a tinnitus (consistente en percibir golpes o sonidos en el oído que no provienen de una fuente externa, es decir, oír ruidos que no se corresponden con ningún sonido externo). Además de estos daños, los ruidos causados por la pirotecnia dañan a los animales al ser una causa de que sufran miedo. De hecho, este llega a ocasionar fobias a muchos animales.

Estas fobias se dan cuando tiene lugar una respuesta desproporcionada por miedo. Se estima que la quinta parte de desapariciones de animales mantenidos como compañía se deben a sonidos muy fuertes, principalmente fuegos artificiales y tormentas.3

Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden provocarles la mayor parte de la veces la muerte; los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse; los insectos y otros animales pequeños poco pueden hacer para no ser dañados, la pirotecnia es para ellos un explosivo de gran tamaño.

Por otra parte, los petardos son venenosos, y su explosión libera partículas nocivas como el polvo fino (PM10), respirable y tóxico, pudiendo empeorar enfermedades existentes y ocasionar otras. Por tanto, los fuegos artificiales representan un peligro para los animales y sin duda alguna para los seres humanos, así como de paso al medio ambiente en que viven en las áreas donde se explosionan, o en ubicaciones relativamente alejadas cuando el viento transporta las partículas a la suficiente distancia, además del riesgo de ingestión de productos pirotécnicos por parte de animales.

Estos productos químicos también son peligrosos para gatos y perros, al igual que lo son en el caso de seres humanos con enfermedades respiratorias como el asma. El uso descuidado de los fuegos artificiales también puede ocasionar mutilaciones y accidentes mortales en los animales cercanos al evento, así como provocar incendios (gran porcentaje de los incendios forestales son provocados por acción humana y no por acontecimientos naturales) que dañan a animales.

Haciendo un llamado a tomar conciencia y después de mostrar solo unos cuantos puntos de una larga lista de razones de por qué es tan nocivo e innecesario el uso de pirotécnica en cualquiera de sus ámbitos y prácticas, someto a consideración de los legisladores y los órganos pertinentes los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar campañas de concientización para que la población esté informada sobre los peligros que representa el uso de pirotecnia en materia de cuidado al medio ambiente y a la erradicación del maltrato animal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que implemente las acciones necesarias encaminadas en perseguir y castigar a toda persona que utilice la pirotecnia con la única finalidad de practicar la tortura animal de forma dolosa aplicando las leyes federales en la materia.

Notas

1 Especismo Cero; por los derechos animales. “Pirotecnia y sus consecuencias en los animales”. Disponible en: http://www.especismocero.org/comunicado/134-pirotecnia-y-sus-consecuenc ias-en-los-animales

2 Ética Animal. “¿Cómo daña la pirotecnia a los animales?”. Disponible en línea en: https://www.animal-ethics.org/como-dana-la-pirotecnia-a-los-animales/

3 American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (2015) “Independence Day can be perilous for pets”, ASPCA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días de diciembre de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para formular un extrañamiento a la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México por enrarecer el clima político y afectar las relaciones bilaterales Bolivia-México, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo para hacer un extrañamiento a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por enrarecer el clima político y afectar las relaciones bilaterales entre las naciones hermanas de Bolivia y México, con base en la siguiente:

Consideraciones

El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el gobierno de México había decidido conceder asilo político al señor Evo Morales, quien un día antes había renunciado a la presidencia de Bolivia.

La cancillería mexicana señaló que el expresidente había solicitado formalmente la solicitud de asilo político a nuestro país y las autoridades mexicanas habían resuelto otorgárselo, invocando para ello, razones humanitarias.

El canciller declaró que la vida y la integridad de Morales corrían peligro debido a la situación de emergencia que enfrentaba la nación sudamericana.

Apenas en octubre, en un proceso legislativo cuestionable, Morales había pretendido reelegirse. La elección fue declarada ilegal por la oposición de aquel país, quienes no aceptaron los resultados, iniciando una serie de protestas ciudadanas que exigían su dimisión acusándolo de fraude electoral, la misma Organización de Estados Americanos (OEA) difundió un informe según el cual existieron graves irregularidades en dichos comicios.

Como respuesta a las denuncias hechas por la comunidad internacional y las del propio pueblo boliviano, que revelaban un presunto fraude electoral del exmandatario; el gobierno mexicano, a través de su canciller condenaba lo que describía como un golpe de Estado, argumentando que el expresidente había dejado la presidencia de Bolivia por la presión de las Fuerzas Armadas de aquel país, sin ofrecer pruebas de su dicho, contraviniendo la tradición diplomática de nuestro país de no intervención, al calificar de golpe de estado la voluntad manifiesta del pueblo boliviano.

En este mismo sentido, resultó profundamente penoso asistir a la restauración de la regencia en la Ciudad de México, el pasado 13 de noviembre -un día después de haber llegado a nuestro país- el gobierno de la Ciudad de México nombró Huésped Distinguido al señor Evo Morales; con lo cual, un gobierno elegido democráticamente, cumplió un papel lamentable de injerencia burda y desaseada contra el pueblo de Bolivia.

Puede ser cuestionable al haberle concedido asilo político al señor Morales; pero resulta lamentable que el gobierno de México pretenda darle trato de jefe de Estado, lo galardone y ponga a su servicio recursos humanos y materiales para que haga campaña política desde nuestro país.

Los mexicanos estamos en nuestro derecho de darle buena o mala recepción a nuestro país; no así el gobierno quien está obligado a darle únicamente asilo político y evitar por todos los medios su intervención en la autodeterminación de cualquier pueblo extranjero.

La parcialidad mostrada por el gobierno de nuestro país a favor del señor Morales ha servido para tensar las relaciones entre ambas naciones; prueba de lo anterior es la solicitud hecha por Bolivia pidiéndole a México para dar seguimiento a la denuncia que hay contra Evo Morales por terrorismo y sedición, luego de que se conociera una supuesta llamada en la que Evo pide bloquear localidades en aquel país. Una solicitud similar fue hecha por el embajador de Estados Unidos en la OEA quien señalo: Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por enrarecer el clima político y afectar las relaciones bilaterales entre las naciones hermanas de Bolivia y México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Lucinda Sandoval Soberanes, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Lucinda Sandoval Soberanes , integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actividad pesquera y acuícola es una de las primordiales en nuestro país ya que inciden en la soberanía alimentaria como proveedora de alimentos ricos en vitaminas y nutrientes para el desarrollo humano a su vez también es generadora de empleos, esto sin considerar los que se generan indirectamente en bienes y servicios.

Por ello, y como resultado de la demanda constante del sector pesquero, el 24 de julio de 2007 se crea la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable; misma que entró en vigor el 22 de octubre del mismo año.

Dicho ordenamiento deroga la Ley de Pesca de 1992, debido a que surge la necesidad de actualizarla a los tiempos modernos, debido a que solo contaba con 30 artículos y en ella no se consideraban temas de importancia para dicho sector.

En nueva Ley se propone propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura teniendo por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio y las zonas de jurisdicción nacional.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece las bases para la ordenación, la conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos.

La LGPAS buscó crear el sano equilibrio entre los que piensan que el cuidado del ambiente solo puede darse por medio de un conservacionismo total que impida cualquier actividad productiva, y los que, en el otro extremo, todavía creen que los recursos pesqueros por ser renovables son inagotables, en busca de un equilibrio la LGPAS busca propiciar el marco jurídico que se adecue para la nada fácil tarea de crear un modelo productivo que tenga como principio “pescar y preservar el medio ambiente”.

Con la creación de la Ley propicia una serie de instrumentos que no se encontraban en la Ley de Pesca de 1992 y resultan fundamentales en la creación de este nuevo orden jurídico como son, por citar algunos:

-La LGPAS incorpora un título específico en materia de acuacultura, en el cual se incluyen entre otros los siguientes instrumentos: la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes de ordenamiento acuícola. Asimismo, se prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para la introducir de especies no nativos en aguas continentales

-Se establece el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, cuya finalidad es fomentar las actividades que dan origen a su nombre, de forma integral, desde la captura o cosecha hasta el consumo.

-El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, pensado por el Legislativo como instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento encaminados a la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología.

-Se crea el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, donde participarán las autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno y los productores.

-La LGPAS manda que las decisiones de las autoridades relativas a la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas para que sean considerados con base a la investigación científica, motivo por cual la Carta Nacional Pesquera pasa a ser vinculante en la toma de decisiones de la autoridad y se crea la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, coordinada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

-En el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se empodera a los productores, investigadores y académicos, al propiciar su participación en la toma de decisiones que afectan las actividades normadas en la propia ley.

-Por ser una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, confiriendo facultades a estados y municipios en temas de importancia, como los referentes a la inspección y vigilancia, el diseño y aplicación de las políticas públicas en la materia normada en la ley, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal.

-Por último, la Ley indica las conductas que constituyen infracción y las sanciones a aplicar, más severas para los que infrinjan las normas jurídicas que rigen la actividad. Se posibilita la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para la vigilancia, se transparentan los procesos interinstitucionales y, en el caso de las embarcaciones mayores, el capitán o patrón es sancionado por las violaciones que cometa contra los preceptos de la propia ley.

No debemos dejar a un lado que, con la creación de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, se busca incluir aspectos relevantes como los son la conservación del medio ambiente, el esfuerzo pesquero equilibrado, la soberanía alimentaria entre otros aspectos.

Aunado a esto el crecimiento de la actividad pesquera llevará consigo el empleo de los ciudadanos que habitan en las zonas que cuentan con este recurso natural tan importante

Dicha actualización y modernización de la legislación pesquera contempla entre sus prioridades el desarrollo e integración al sector productivo, a las comunidades indígenas respetando sus usos y costumbres.

Debemos considerar que la LGPAS fue el consenso de diversos actores involucrados en la actividad pesquera que, en diversas reuniones, talleres, mesas de trabajo y foros expusieron sus necesidades y la importancia de ser incidentes en el desarrollo de este sector tan importante como lo es el sector pesquero.

Sin embargo, este trabajo no quedó concluido ya que, a lo largo de la LGPAS, en diversas acciones nos remite al reglamento mismo que hasta este momento no se ha creado de acuerdo a las necesidades actuales.

Dicho lo anterior y dado el potencial pesquero que tiene nuestro país, es necesario que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable se vea respaldada con un instrumento que, por su naturaleza jurídica, precise y clarifique las disposiciones legales de la LGPAS; para ello es necesario invocar el artículo sexto transitorio de la misma. La cual mandata al Ejecutivo federal a expedirlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la propia ley la cual se cita textualmente:

“Artículo Sexto. El reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el presidente de la república dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de esta ley.”

Este vacío normativo que ha durado más de 12 años, lo que se traduce en la aplicación parcial, incompleta o nula de preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener en claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.

Lo mismo podríamos mencionar en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros: por no tenerse el multicitado reglamento, no se tiene en claro cómo en la práctica se implantarán las medidas para cumplir este importante objetivo.

En este mismo orden de ideas debemos de tener claro que si bien son atribuciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento que motiva el presente punto de acuerdo, también es de tenerse en cuenta que en los términos de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice que es el titular del Poder Ejecutivo federal el obligado a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia .

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a que, de acuerdo con el artículo Sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida con la mayor brevedad el nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Lucinda Sandoval Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el INE a firmar con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA los acuerdos relativos al análisis de integridad de las elecciones por celebrarse en 2021, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada Saraí Núñez Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, proyectó claramente el concepto de democracia declarando “que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. La Declaración especifica los derechos que son esenciales para una participación política eficaz. Desde su aprobación, la Declaración ha inspirado la elaboración de constituciones en todo el mundo y ha contribuido notablemente a la aceptación mundial de la democracia como valor y principio básico universal.1

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece la base jurídica de los principios de democracia con arreglo al derecho internacional, en particular:

-La libertad de expresión,

-La libertad de reunión pacífica,

-El derecho a la libertad de asociación con otras personas, y ;

-El derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente, o por conducto de representantes libremente elegidos El derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores.

El Pacto es vinculante para aquellos Estados que lo han ratificado. Hasta julio de 2015, el número de partes del pacto era de 168, lo que constituye aproximadamente el 85 por ciento de los Miembros de las Naciones Unidas.2

Por lo anterior, México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y firmó la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 y el 7 de noviembre de ese mismo año fue admitido a la ONU, hoy en día es uno de los estados miembro de la ONU.

Por otra parte, México también es miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, DC, de octubre de 1889 a abril de 1890”,3 en dicha reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se creó el “sistema interamericano. El objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

Por lo anterior, México ha tenido una postura abierta e incluyente en pertenecer a organismos internacionales como es la OEA, el cual utiliza cuatro pilares los cuales son: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.

El eje de la democracia de la OCDE destaca la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), su objetivo es el fortalecimiento de la democracia a cargo de desarrollar y mantener un servicio permanente y profesionalizado de observación y cooperación técnica electoral para los países miembros, basado en un trabajo de mejoramiento continuo y en la consolidación de procedimientos y prácticas en la materia.4

Como procede la activación de este instrumento:

5

Por lo anterior, quiero ilustrar este documento de la intervención de este efectivo mecanismo de Cooperación Internacional, el pasado 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos al análisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre. En estos documentos, se estableció que el gobierno garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Se acordó, asimismo, que las autoridades brindarían a los expertos de la OEA el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información sobre los comicios que el equipo considerara relevante.6

Por lo anterior, se estableció que la auditoría se concentraría en la jornada electoral del 20 de octubre y en las etapas posteriores y que, al concluir su análisis, el grupo de especialistas entregaría un informe al secretario general, que lo enviaría al gobierno de Bolivia.

El secretario general, se conformó un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, el análisis de integridad electoral tuvo por objetivo conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales del 20 octubre de 2019. Para cumplir con este objetivo, el equipo técnico procedió a auditar los siguientes componentes:

A. Autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, así como de los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados electorales y al sistema de cómputo oficial.

B. Plan de custodia integral de todo el material electoral (actas, papeletas, registro de electores).

C. Infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y el cómputo oficial.

D. Flujo de la carga de datos de los resultados electorales preliminares y del cómputo oficial.7

El comunicado del secretario general sobre Informe Preliminar Auditores Proceso Electoral en Bolivia fue el siguiente:

-Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas.

-Se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final.

-Irregularidad de cómputo de votos en la primera vuelta.

-Las manipulaciones al sistema informático.

-La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial.

-Las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.

-El equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final

En conclusión, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral.

Por los antes mencionado, el objetivo principal de este instrumentó legislativo, es resaltar la participación de México como Estado miembro de la OEA y activar los mecanismos que nos ofrece la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), para fortalecer de la democracia el desarrollo y mantener un servicio permanente y profesionalizado de observación y cooperación técnica electoral, basado en un trabajo de mejoramiento continuo y en la consolidación de procedimientos y prácticas en la materia, derechos irrevocable de ser parte de este organismo internacional, para implementarlo en las elecciones intermedias del año 2021 y tomar el ejemplo de lo ocurrido en las elecciones de Bolivia el cual marca el fin de una era de autoritarismo y marca una nueva etapa de reconciliación social y trabajo para restaurar la democracia, el orden y el estado de derecho.

Por lo anterior, el país está cursando por una etapa de incertidumbre por la cuarta T, el cual quiere aplastar con su mayoría en el Congreso la democracia y comandado por un presidente obstinado por reelegirse y lo demuestra al presentar su iniciativa disfrazada con el nombre de revocación de mandato, engañando al pueblo ofreciendo un derecho que jamás aplicara, el pueblo pone y el pueblo quita, y el trasfondo de esta propuesta es abrir el camino para la reelección, del propio Andrés Manuel, ya que quiere salir en las boletas electorales para el año 2021,el cual abra elecciones federales donde se elegirán nuevos diputados federales y 13 nuevas gubernaturas las cuales son: Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala; asimismo, mantener a su partido Morena con fuerza para que pueda ganar las elecciones del 2021, porque ellos saben que el propio partido no gana ninguna elección sin la imagen y apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Instituto Nacional Electoral para que se firmen, con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los acuerdos relativos al análisis de integridad electoral de las elecciones a celebrarse en el año 2021.

Notas

1 La democracia en el derecho internacional,

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/in dex.html

2 Lop cit.

3 http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp

4 http://www.oas.org/es/sap/deco/ACERCA.ASP, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

5 Lop. Cit.

6 Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019, elaborado por la OCDE y Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), pag. 1

7 Lop. Cit pag. 2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa a instruir a su personal para que cuando verifique la legal procedencia de materia prima forestal, sus productos y subproductos, y el particular pretenda acreditarla con comprobantes fiscales, se cerciore de que se trata de los supuestos previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que instruya a su personal a que en aquellos casos en que verifique la acreditación de la legal procedencia de materia prima forestal, sus productos y subproductos, y el particular pretenda acreditarlo con comprobantes fiscales, comprueben que se trata de los supuestos previstos en Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, así como que contienen el código de identificación a que se refiere la ley y su reglamento, de lo contrario, requieran otro de los documentos con los que se pueda acreditar la legal procedencia en términos de la propia ley, con base en las siguientes:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, “la tala ilegal representa 8 por ciento de las causas de la deforestación, y de acuerdo a estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la producción de madera ilegal representa 30 por ciento del volumen anual autorizado en el país”. Señala de igual forma que “debido a insuficientes medidas de control en el mercado, el comercio ilegal de madera juega un rol muy importante en México. Una gran parte de las actividades de inspección y vigilancia se llevan a cabo en terrenos forestales donde se talan los árboles, mientras que las inspecciones en los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales no son las suficientes o requeridas”.

El referido programa establecía en su Objetivo 3. Proteger los ecosistemas forestales que, “En complemento a ello, se fortalecerá y reorientará el sistema de verificación de la legal procedencia de la madera en el sistema de almacenamiento y distribución de madera nacional, con la finalidad de tener un mejor control de la demanda y el mercado al enfocar sus esfuerzos en la vigilancia y control de los centros de almacenamiento, transformación y comercialización de materias primas forestales, carreteras e industria”.

En este contexto se desprende la importancia de regular adecuadamente el tema de la legal procedencia de la madera que se aprovecha tanto de bosques nacionales como internacionales.

La legislación aplicable establece de manera general lo siguiente:

1. El artículo 10 fracción V de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), establece que corresponde a la federación regular, expedir y validar la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales y productos maderables , y vigilar y promover, en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la propia Ley.

2. En este contexto, el artículo 91 de la misma Ley establece que quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, transformación o posean materias primas y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia en los términos de la Ley y su Reglamento establezcan.

3. Es el artículo 94 del Reglamento de la LGDFS el que establece que las materias primas forestales, sus productos y subproductos, respecto de las cuales deberá acreditarse su legal procedencia , son las siguientes:

I. Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, ramas, leñas en rollo o en raja;

II. Brazuelos, tocones, astillas, raíces y carbón vegetal;

III. Madera con escuadría, aserrada, labrada, áspera o cepillada, entre los que se incluyen

IV. cuartones o cuarterones, estacones, vigas, gualdras, durmientes, polines, tablones, tablas, cuadrados y tabletas;

V. Tarimas y cajas de empaque y embalaje;

VI. Resinas, gomas, ceras y látex, así como otros exudados naturales;

VII. Plantas completas, cortezas, hojas, cogollos, rizomas, tallos, tierra de monte y de hoja, hongos, pencas, y

VIII. Flores, frutos, semillas y fibras provenientes de vegetación forestal.

4. Es el artículo 95 del mismo Reglamento el que establece que la legal procedencia para efectos del transporte de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, se acreditará con los documentos siguientes:

I. Remisión forestal, cuando se trasladen del lugar de su aprovechamiento al centro de almacenamiento o de transformación u otro destino;

II. Reembarque forestal, cuando se trasladen del centro de almacenamiento o de transformación a cualquier destino;

III. Pedimento aduanal, cuando se importen y trasladen del recinto fiscal o fiscalizado a un centro de almacenamiento o de transformación u otro destino, incluyendo árboles de navidad, o

IV. Comprobantes fiscales, en los que se indique el código de identificación, en los casos que así lo señale el presente Reglamento.

5. En este mismo sentido, el artículo 107 del Reglamento determina que la legal procedencia de materias primas forestales, sus productos y subproductos, provenientes de plantaciones forestales comerciales, incluyendo árboles de navidad, se podrá acreditar con remisiones forestales o con los comprobantes fiscales respectivos que contengan el código de identificación a que se refiere este Reglamento.

6. De igual forma, el artículo 93 del Reglamento determina que los transportistas, los responsables y los titulares de centros de almacenamiento y de transformación, así como los poseedores de materias primas forestales y de sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, deberán demostrar su legal procedencia cuando la autoridad competente lo requiera , siendo el artículo 108 de la misma ley, el que establece que la legal procedencia de los productos y subproductos forestales, incluida la madera aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros similares, se acreditará con los comprobantes fiscales respectivos que contengan el código de identificación a que se refiere este Reglamento.

7. En congruencia con lo anterior, la LGDFS fija en su artículo 71 que no se requiere autorización de la Comisión para realizar la remoción y el transporte de vegetación que provenga de terrenos diversos a los forestales. No obstante lo anterior, los interesados podrán solicitar a la Comisión que verifique el tipo de vegetación y uso de suelo del terreno y emita la constancia respectiva, en los términos y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento. En su caso, la constancia respectiva contendrá el código de identificación que se asigne para identificar la procedencia del producto de vegetación que pretenda extraerse, el cual deberá utilizar el interesado en las remisiones forestales que obtenga para su transporte a cualquier destino, siendo el artículo 109 del Reglamento el que establece que para realizar el aprovechamiento de recursos forestales que provengan de terrenos diversos a los forestales, los interesados podrán solicitar a la Secretaría que verifique que el aprovechamiento proviene de dichos predios y emita la constancia respectiva, la cual amparará la legal procedencia del recurso.

De lo anterior se desprende que existen los medios establecidos en Ley y Reglamento para que los particulares acrediten la legal procedencia tanto de materias primas forestales, sus productos y subproductos, como aquella no proveniente de terrenos forestales, determinando la ley y el reglamento, en qué casos se puede acreditar con qué documento, pudiendo ser el comprobante fiscal usado para acreditar la legal procedencia únicamente de materias primas forestales, sus productos y subproductos, provenientes de plantaciones forestales, así como de productos y subproductos forestales, incluida la madera aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros similares.

No obstante lo anterior, en la práctica se ha identificado que el uso de comprobantes fiscales ha reemplazado a las remisiones y reembarques forestales como medio para acreditar durante el transporte, la legal procedencia de materia prima forestal, sin embargo, actualmente los comprobantes fiscales no contienen el código de verificación, lo anterior aun y cuando en términos del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, debieran contener dicho elemento.

Por los argumentos aquí expuestos, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que instruya a su personal a que en aquellos casos en que verifique la acreditación de la legal procedencia de materia prima forestal, sus productos y subproductos, y el particular pretenda acreditarlo con comprobantes fiscales, comprueben que se trata de los supuestos previstos en Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, así como que contienen el código de identificación a que se refiere la ley y su reglamento, de lo contrario, solicitar requieran otro de los documentos con los que se pueda acreditar la legal procedencia en términos de la propia ley.

Dado en Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los tres días de diciembre de 2019.

Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SRE y la Segob a detener las acciones de activismo político del señor Evo Morales Ayma en México, a cargo de las diputadas Saraí Núñez Cerón y Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputadas Saraí Núñez Cerón, Mariana Dunyaska García Rojas y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México el derecho al asilo político está regido por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Esta ley define al asilo como la “protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial”.

En este contexto, México otorgó asilo a Evo Morales, quien había anunciado su renuncia a la Presidencia de Bolivia tras a ver realizadas trampas en su elección como presidente y esto generara una crisis política y social en su país.

Por lo anterior, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) se estableció una auditoría para la jornada electoral del 20 de octubre en Bolivia y en las etapas posteriores, al concluir su análisis, el grupo de especialistas entregaría un informe al secretario general, que lo enviaría al gobierno de Bolivia.

El comunicado del secretario general sobre Informe Preliminar Auditores Proceso Electoral en Bolivia fue el siguiente:

• Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas.

• Se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final.

• Irregularidad de cómputo de votos en la primera vuelta.

• Las manipulaciones al sistema informático.

• La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial.

• Las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.

• El equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final.

En conclusión, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral.

En esta tesitura, Evo Morales renunció al cargo con la intención de facilitar la pacificación de su país, que vive en convulsión social poco después de que la OEA pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Por los hechos en Bolivia, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ofreció asilo al señor Evo Morales, el cual aceptó el ofrecimiento de México e inmediatamente salió de su país para recibir el asilo político en México.

Por lo anterior, Evo Morales el primer día que pisó tierra mexicana empezó a operar políticamente aprovechando los medios nacionales e internacionales dando su primer mensaje y fue al descender del avión de la Fuerza Aérea Mexicana el cual puntualizo “Pero también quiero decirles hermanas y hermanos que mientras tenga la vida seguimos en política. Mientras tenga la vida sigue la lucha”.1

Días posteriores en su estancia por México se infiltro en medios de comunicación un video de Evo dando órdenes desde México al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarhui, para “que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”. Fue la instrucción del ex mandatario. Evo dijo que esa llamada y video fue un montaje, pero no niega que sea su voz”.

En esta tesitura, de nuevo aprovecha los medios el señor Evo Morales y concede una entrevista al medio de comunicación BBC Mundo el cual “dice Bolivia se ha instalado una dictadura que será resistida por los movimientos sociales e indígenas, denuncia la complicidad de Estados Unidos en el proceso que lo llevó a abandonar el cargo” ,2 estas declaraciones provocadoras e incendiaras que genera Evo desde territorio mexicano culpando a Estados Unidos, la oposición de Bolivia y acusando deliberadme del golpe de estado por culpa del informe y el llamado de la OEA al gobierno boliviano a convocar a una nueva elección general cuanto antes por vicios que detectó la comisión.

Por los hechos acontecidos, la Fiscalía General de Bolivia inició una investigación a Evo por terrorismo y sedición, mientras él complota desde México contra un gobierno que asumió democráticamente luego de la renuncia del presidente.

Él quiere tomar la postura de héroe y mártir como todo líder populista, argumentando un golpe de estado orquestado por la OEA, el cual es mentira ya que él, mediante escrito libre y de propia voluntad renuncia al cargo para contribuir a la pacificación en su país el cual fue una mentira ya que desde México Evo Morales incita a la violencia con sus argumentos y por esa operación, en Bolivia hay más 30 muertos por el conflicto postelectoral que el provocó a través de una desestabilidad política y social.

Por lo antes expuesto, México y mucho menos el gobierno de López Obrador no debe permitir que Evo Morales convierta a nuestro país en un centro de operación y conspiración contra otro gobierno, utilizando los recursos públicos al tener privilegios él y sus acompañantes a costa de los mexicanos al darle una vivienda, alimentos, vehículo, chofer y escoltas y no es correcto también utilizar los medios de comunicación para mandar mensajes para incitar a la violencia y represión al pueblo de Bolivia.

Es por lo anterior, que el gobierno mexicano se deberá de ajustarse a lo establecido en los artículos 1o. párrafo tres y quinto y el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Artículo 1 párrafo tercero “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.3

Artículo 1 párrafo quinto “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas ”.4

Artículo 11 el cual dice “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, ...El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil , y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.6

Por lo anterior se solicita al gobierno federal que aplique la ley correctamente y los tratados internacionales que estamos sujetos, para que podamos cumplir con el principio del derecho internacional y Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

El Presidente López Obrador se galardona del que respeta el principio de la Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al derecho internacional, y quizá la más famosa, pero es poco conocida y, por ello, se le interpreta de diversas maneras; de ahí que unos la alaben y otros la denigren; que algunos digan que México la aplica y otros que no. En consecuencia, estimo que puede ser útil referirse aquí a lo que considero que es la Doctrina Estrada, así como a las opiniones que sobre ésta han externado destacados internacionalistas mexicanos.

En la Doctrina Estrada se pueden distinguir dos partes: la primera, que es la principal, es un rechazo de la práctica de reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles. México, al igual que otros países de este continente, la sufrió –entre otras ocasiones–, como secuela de la Revolución de 1910 y eso fue lo que indujo al gobierno mexicano a tomar la posición contenida en el comunicado de la Secretaría de Relaciones, del 27 de septiembre de 1930, al que se le dio posteriormente el nombre de Doctrina Estrada en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores.

Esta primera parte implica el respeto por la autodeterminación de cada país. La segunda parte, es la inherente a la no intervención en la política exterior.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el principio de no intervención quedó plasmado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se afianzó como una condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre los países.

Es de recordar que la reforma constitucional de 2011, entre otros efectos, elevó los tratados internacionales al nivel de la Constitución, es muestra del giro que México ha dado a su idea de la doctrina de no intervención. El anuncio, en 2014, de la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU es otra.

Por ende, el gobierno mexicano debe de respetar la “libre determinación, es decir, el derecho que tienen los pueblos para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”6

Por lo antes fundado y motivado, sometemos a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, para que detengan las acciones de activismo político que realiza el señor Evo Morales Ayma en México; respeten la autodeterminación de Bolivia y no intervengan de ninguna manera en sus próximos comicios; y, asimismo, se informe a la ciudadanía sobre los recursos materiales, humanos y militares, entre otros, que se están invirtiendo para la manutención del ex presidente de Bolivia.

Notas

1 https://www.milenio.com/politica/evo-morales-llega-mexico-discurso-luch a-agradecimiento

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50426345, Evo Morales en entrevista con BBC Mundo: “Voy a volver en cualquier momento” Gerardo Lissardy BBC News Mundo, enviado especial a México, 16 noviembre 2019.

3 diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

4 Loc. Cit.

5 Loc. Cit.

6 http://archivo.diplomaticosescritores.org/obras/DOCTRINAESTRADA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputadas: Saraí Núñez Cerón, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca a intervenir, promover e instalar canales para remediar la situación y devolver la paz y tranquilidad a Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo relativo a la pronta solución del conflicto suscitado entre pobladores de Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila, del estado de Oaxaca.

Consideraciones

Este año se han suscitado diversos enfrentamientos entre pobladores del municipio de Santa Catarina Juquila, el cual se ubica en la región sierra sur del estado de Oaxaca, y que colinda al noroeste con el municipio de Santiago Yaitepec.

Los actos comenzaron el 3 de febrero de 2019, cuando un grupo de habitantes de Santiago Yaitepec, con el objetivo de reclamar la entrega de casi quinientas hectáreas de tierra, obstruyeron el paso vehicular y peatonal para el paraje conocido como El Pedimento, el cual también es paso para llegar al municipio de Santa Catarina Juquila.

La situación en ese entonces llegó a grandes niveles de violencia que amenazaron no sólo la vida y seguridad de los pobladores de las regiones mencionadas, sino que también de todos aquellos turistas que decidieron realizar una visita al santuario de la Virgen de Juquila, uno de los cinco más importantes del país con casi dos millones de visitantes por año.

El 25 de noviembre de 2019 fueron remitidos dos oficios, uno del honorable ayuntamiento constitucional de Santa Catarina Juquila y de la Comisaría de Bienes Comunales del mismo municipio, en los cuales relatan que el 22 de octubre de 2019, por tercera ocasión, habitantes de Santiago Yaitepec tomaron la carretera estatal El Vidrio-Juquila, en el paraje conocido como Río Manteca, con barricadas que impidieron el tránsito vehicular a peregrinos y habitantes privando del derecho de libre tránsito a quienes por necesidad o devoción circulan por esa vía que comunica a la sierra sur con la costa del estado.

Un mes después de ese tercer bloqueo y luego de la confirmación de tres personas desaparecidas, el 24 de noviembre de 2019, en diversos medios de comunicación, se reportaron nuevamente hechos violentos cometidos por personas encapuchadas y fuertemente armadas quienes ingresaron a la parcela comunal denominada El Pedimento, desarmando a elementos de la policía estatal y lesionando a habitantes provocando pánico y miedo entre los lugareños y visitantes. Tomaron el tramo de El Vidrio-Juquila, negando el libre tránsito y amedrentando a pobladores y visitantes.

Este conflicto escala al nivel de poner en riesgo a las personas y sus bienes, además de impedir el tránsito y acceso a Juquila que vive del turismo religioso en víspera de sus principales fiestas patronales religiosas. Las mismas autoridades municipales afirman que la situación se ha tornado tan grave que se rebasó la capacidad de respuesta de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva de Oaxaca.

En este sentido, esta proposición con punto de acuerdo pretende dirigir un exhorto al gobernador y al secretario de Gobierno una pronta intervención a fin de instalar y promover los canales propicios para poner fin a este conflicto y construir vías que devuelvan la paz y tranquilidad en Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, ambos municipios del estado de Oaxaca.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca y al secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, a intervenir, promover e instalar los canales propicios, en el ámbito de su competencia, para remediar la situación y devuelvan la paz y tranquilidad entre los pobladores de los municipios de Santa Catarina Juquila y en Santiago Yaitepec, del estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SRE a informar a la ciudadanía sobre la partida presupuestaria o el origen de los recursos económicos, materiales, humanos y militares ocupados o presentes en la operación de traslado para internar en México al señor Evo Morales Ayma y acompañantes, suscrita por las diputadas Saraí Núñez Cerón y Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscribimos, diputadas Saraí Núñez Cerón, Mariana Dunyaska García Rojas y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México el derecho al asilo político está regido por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Esta ley define al asilo como la “protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial”.

En este contexto, México otorgó asilo a Evo Morales, quien había anunciado su renuncia a la Presidencia de Bolivia tras una crisis política y social.

Después de la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), el pasado 30 de octubre del presente año, la Secretaría General de la OEA y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos al análisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre. En estos documentos se estableció que el gobierno garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Se acordó, asimismo, que las autoridades brindarían a los expertos de la OEA el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información sobre los comicios que el equipo considerara relevante.

Por lo anterior se estableció que la auditoría se concentraría en la jornada electoral del 20 de octubre y en las etapas posteriores y que, al concluir su análisis, el grupo de especialistas entregaría un informe al secretario general, que lo enviaría al gobierno de Bolivia.

El comunicado del secretario general sobre Informe Preliminar Auditores Proceso Electoral en Bolivia fue el siguiente:

• Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas.

• Se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final.

• Irregularidad de cómputo de votos en la primera vuelta.

• Las manipulaciones al sistema informático.

• La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial.

• Las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.

• El equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final.

En conclusión el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral.

En esta tesitura, Evo Morales renunció al cargo con la intención de facilitar la pacificación de su país, que vive en convulsión social poco después de que la OEA pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Por lo anterior, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ofreció asilo a Evo Morales, quien renunció a la Presidencia de Bolivia por opacidad y corrupción en los comicios de aquel país.

El canciller mexicano se proclamó vía redes sociales con fecha 10 de noviembre de 2019, apuntó a través de su cuenta de Twitter que México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, “ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”.

Después de este ofrecimiento del canciller recibió una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país, según un comunicado de la propia Cancillería menciona lo siguiente: “En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la secretaria Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo. En este sentido, se procederá a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, hemos informado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, para que bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad”.1

El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección de los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias y de no intervención, el Estado mexicano violó este principio de no intervencionismo ya que ofreció el asilo y no fue por iniciativa propia del propio Evo Morales el cual viola la ley.

Nuestro rechazo a la decisión del gobierno de México de dar asilo a quien violentó la voluntad popular de Pueblo boliviano. La política exterior de México debería estar comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Es por lo anterior que como mexicanos tenemos que tener claro por parte del Gobierno mexicano esta decisión de intervencionismo mexicano y también tener claro la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos y de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de Evo Morales y sus acompañantes a territorio mexicano.

Por lo anterior quiero resaltar lo que se mencionó en una conferencia de prensa que el canciller Ebrard detalló la descripción del viaje, explicó que cuando Morales, quien renunció el domingo a la Presidencia de Bolivia presionado por policías y militares y en medio de una crisis nacional, aceptó la oferta de asilo de México, se mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer a Evo Morales a nuestro país.

En la ida, Perú otorgó la autorización de vuelo y la aeronave bajó a recargar combustible y a lograr que las autoridades de Bolivia aceptaran que el avión mexicano entrara en su país.

Según el relato del canciller, hicieron un primer intento de vuelo a Bolivia pero les dijeron que el permiso obtenido “ya no era válido”.

Tras esperar en Lima (Perú) varias horas, se logró que el comando de la Fuerza Aérea Boliviana, explicó, les otorgara el permiso válido.

Se llegó al aeropuerto donde los esperaba Evo Morales, pero una vez ahí Perú les dijo que por “valoraciones políticas” no podían recargar combustible y retornar a México.

“Fue muy difícil y muy tenso porque en el aeropuerto donde estaba Evo ya había seguidores y simpatizantes de él alrededor del aeropuerto. Y dentro, (estaban) las Fuerzas Armadas de Bolivia”, dijo el titular de la SRE, en el que calificó como un momento de gran “tensión”.

“Plan B”

Ante esta situación, el gobierno de México tuvo que buscar un “plan B” y estableció contacto con los países de la región, dijo.

El gobierno de Paraguay –y con la ayuda del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández– les permitió recargar combustible y esperar hasta que se gestionaran los trámites aéreos pertinentes.

Finalmente, gracias a arduas gestiones diplomáticas se logró que la Fuerza Aérea de Bolivia les permitiera salir.

“Por un milimétrico espacio se dio la salida”, afirmó Ebrard.

De Bolivia cruzaron a Asunción (Paraguay) y entonces Perú autorizó cruzar su espacio aéreo, mas no recargar.

Al no poder pasar por Bolivia, tuvieron que gestionar permisos con Brasil para así cruzar Perú, Ecuador y seguir, a través de aguas internacionales, hacia la Ciudad de México.

Finalmente, sobre las 2.00 horas Ciudad de México (8.00 GMT), continuó el canciller, el avión salió de Asunción.

Estimó que ello ha provocado un nuevo retraso y que, finalmente, Evo Morales llegaría a México entre las 11:00 y las 11.30 horas, tiempo local.

Al encontrarse ya en aguas internacionales, el titular de la SRE dijo que no se han de esperar “más contratiempos”.

Ebrard dijo que dos personas acompañan a quien fuera el primer presidente indígena del país andino, aunque no ofreció sus identidades”.2

No olvidemos que la Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al derecho internacional, y quizá la más famosa, en ella se pueden distinguir dos partes: la primera, que es la principal, es un rechazo de la práctica de reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles. México, al igual que otros países de este continente, la sufrió –entre otras ocasiones–, como secuela de la Revolución de 1910 y eso fue lo que indujo al Gobierno mexicano a tomar la posición contenida en el comunicado de la Secretaría de Relaciones, del 27 de septiembre de 1930, al que se le dio posteriormente el nombre de Doctrina Estrada en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores.3

Esta primera parte implica el respeto por la autodeterminación de cada país. La segunda parte, es la inherente a la no intervención en la política exterior.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el principio de no intervención quedó plasmado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se afianzó como una condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre los países.

Es de recordar que la reforma constitucional de 2011, entre otros efectos, elevó los tratados internacionales al nivel de la Constitución, es muestra del giro que México ha dado a su idea de la doctrina de no intervención. El anuncio, en 2014, de la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU es otra.

Es por lo antes expuesto que el objetivo de este punto de acuerdo es tener una rendición de cuentas claras para los mexicanos ya que generó gasto del erario público el traslado y el alojamiento de Evo Morales estos costos lo pagamos todos los mexicanos que bien esos gastos pueden asignarse a la salud o seguridad pública del país que está demandando la ciudadanía.

Por lo antes fundado y motivado, sometemos a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informen a la ciudadanía la partida presupuestal o el origen de los recursos económicos, materiales, humanos y militares que se ocuparon o participaron en la operación de traslado para internar en México al señor Evo Morales Ayma y sus acompañantes.

Notas

1 https://www.gob.mx/sre/prensa/
posicionamiento-del-gobierno-de-mexico-sobre-otorgamiento-de-asilo-a-evo-morales?state=published

2 https://www.informador.mx/mexico/Revelan-tensiones-en-viaje-de-Evo-Mora les-a-Mexico-20191112-0058.html

3 http://archivo.diplomaticosescritores.org/obras/DOCTRINAESTRADA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputadas: Saraí Núñez Cerón, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a Fira a respetar la LFT y atender las peticiones que los agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura formulen de manera individual y con ello cesar la violencia, la represión, y el hostigamiento laboral y sexual, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición de punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general de FIRA1 (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) , a respetar lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y atender las peticiones que sus trabajadores agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; formulen de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, respeto a la libre sindicalización y con ello el cese de la violencia, la represión, el hostigamiento laboral y sexual hacia trabajadoras y trabajadores de dicha Institución, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación, girar las instrucciones pertinentes ante las instancias de mando correspondientes, en las entidades federativas en donde tenga presencia, para garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

FIRA es una institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país a través de intermediarios financieros y empresas especializadas, otorgando créditos, garantías, capacitación. Asistencia técnica y transferencia de tecnología para que productores y empresas rurales puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos.

Los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura “FIRA”, son cuatro fideicomisos públicos que tienen el carácter de entidades de la administración pública federal, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y como fiduciario el Banco de México, cuyo fin es facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de garantías de crédito a proyectos cuyo fin es facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de garantías de crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realizan en el medio rural.

Los fideicomisos que integran FIRA son:

• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO)

• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)

• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA)

• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)

Estos fideicomisos se sitúan dentro de los fondos y fideicomisos de fomento económico del Sistema Financiero Mexicano. Operan en segundo piso, por lo que colocan sus recursos a través de diversos Intermediarios Financieros: FIRA también otorga apoyos para actividades de capacitación empresarial, asistencia técnica, consultoría, transferencia de tecnología y fortalecimiento de competencias, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y productores del medio rural, así como de los Intermediarios financieros.

FIRA en materia de ética y de prevención de conflictos de interés

El código de ética de los servidores públicos del gobierno federal2 las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés regirán la conducta de los servidores públicos al servicio de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Código de Conducta 2019 3

El objetivo del Código de Conducta es orientar y dar certeza al personal de FIRA respecto de las conductas que se esperan en el desempeño de sus funciones, que les permitan alcanzar las metas institucionales aplicando los valores de satisfacción del cliente, honestidad, responsabilidad y respeto, en todas las acciones y decisiones cotidianas, a fin de prevenir conflicto de intereses, actos de corrupción y riesgos éticos.

El Código de Aplicación de Conducta de FIRA es de observancia y cumplimiento obligatorio, aplica a todas las personas servidoras publicas de FIRA y a toda persona que realice actividades, labore o preste sus servicios en la entidad, de manera independiente al esquema de contratación al que este sujeto, así como los miembros independientes y cualquier persona que participe en los Comités de FIRA.

Por lo anterior, se debe firmar “carta compromiso” que se anexa al Código de Conducta.4

Destacando algunos fragmentos del mismo en su página 11 y 12:

Honestidad:

Soy una persona ética, integra y transparente en mis actividades diarias.

Conductas esperadas:

• Garantizo el uso y aplicación transparente de los recursos humanos, materiales, financieros e intelectuales para el fin que están destinados.

• Ejerzo mi cargo público para el fin que fue creado, atendiendo el marco normativo aplicable.

• Evito cualquier situación que pueda representar un conflicto de mis intereses personales, familiares y de negocio con los intereses de la institución.

• Utilizo mi tiempo, equipo, materiales e instalaciones de trabajo para realizar de manera eficiente mis actividades.

• Hago un uso responsable de la informacion a la que por motivos de trabajo tengo acceso, cuidando su integridad y disponibilidad, en especial aquella considerada confidencial y evito que se utilice, maneje o manipule para fines distintos a los institucionales, observando para tal efecto las leyes, reglamentos, lineamientos y/o disposiciones que resulten aplicables.

• Soy ejemplo de honradez en todos mis actos, evito cualquier acto de corrupción y promuevo su combate atendiendo la normatividad establecida para ello.

Responsabilidad:

Asumo y cumplo plenamente mis funciones y deberes.

Conductas esperadas:

• Doy cumplimiento a las leyes, reglamentos, normas y políticas institucionales.

• Reconozco y acepto las consecuencias de mis actos, evitando excusarme, justificarme, buscar pretextos o eludir compromisos que no cumplo.

• Cumplo con mis objetivos y metas, porque tengo las competencias y los elementos para tomar las decisiones adecuadas.

• Atiendo mis compromisos y obligaciones con oportunidad y eficiencia.

• Rindo cuentas de mis funciones de forma transparente.

• Denuncio el hostigamiento sexual, acoso sexual, acoso laboral, cualquier tipo de inequidad o discriminación, en especial la discriminación por género, el incumplimiento a este código, así como la violencia y las conductas delictivas o violatorias de los derechos humanos, ya que en FIRA están prohibidas y deben ser sancionadas con base en el procedimiento establecido por la entidad y la legislación aplicable.

Mecanismos de Atención:

• Protocolo para la atención de denuncias ante el CEPCI-FIRA.

• Procedimiento para la atención de presuntos casos por hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia laboral, discriminación e incumplimiento al Código de Ética de las personas servidoras públicas de gobierno federal, reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y Código de Conducta de FIRA. Edición 8.

• Bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI-FIRA.

Es de suma importancia destacar lo anterior para comprender un poco del conflicto que viven empleados de FIRA, toda vez que, en este momento los trabajadores que representan el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura”, de “FIRA” han quedado sin su trabajo por la única razón de haberse atrevido a sindicalizarse, vulnerando con ello sus derechos contemplados en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, en la Ley Federal del Trabajo, en el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal y principalmente en su código de conducta, documento que los rige internamente, ya que hay que recordar que el miércoles primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial5 de la Federación el decreto que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Con dicha reforma se modifica el marco regulatorio de la justicia laboral, la libertad sindical, así como la negociación colectiva de los trabajadores del país.

La reforma de la Ley Federal del Trabajo se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados con 467 votos en pro el 11 de abril de 2019, con posterioridad con 120 votos a favor se aprueba en lo general en la Cámara de Senadores, reforma inédita por sí misma, encaminada a un nuevo modelo de justicia laboral.

Con dicha reforma se dan cumplimiento a compromisos internacionales, al plasmarse en ella obligaciones que tenía nuestro país a fortalecer derechos de sindicalización y negociación colectiva de conformidad a los convenios que suscribió nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).6 además de dar cumplimiento al nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para mejorar las condiciones generales de trabajo.

La democratización de los sindicatos en México es una cuenta pendiente desde hace muchos años. Es de celebrarse que esta reforma establece que la elección de las directivas sindicales “deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género”, y que la duración de estas directivas no podrá ser indefinida.

Más allá de los conflictos distributivos que esta reforma pueda detonar al interior de los sindicatos o en las relaciones laborales, el reto por delante será que la transición e implementación de este nuevo modelo beneficie de verdad a los trabajadores del país.

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que establece derechos de cumplimiento obligatorio para todos los estados con independencia de que hayan o no ratificado los convenios en cuestión, considera la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, como derechos universales que deben aplicarse a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, su régimen político o su modelo laboral. El Convenio 87 sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación de la OIT ratificado por México reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. Asimismo, obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y obliga a los estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Por su parte, el Convenio 987 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato, y garantiza la no injerencia de empleador o de organizaciones de empleadores. Además, obliga a los estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación, así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores para fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo.

Dentro del respeto que debe haber a la autonomía sindical, se necesita vigilar y observar el estado de derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que no puede haber un estado de excepción dentro de los sindicatos, todos deben estar dentro de los parámetros legales. A pesar de esto, hay varios ejemplos de la intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos, violando el derecho de sindicación, autonomía sindical y contratación colectiva.

FIRA, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales laborales firmados por México, sostienen que el Estado mexicano no puede ni debe intervenir en la vida interna del sindicato, éste lo hace, permitiendo a la dirigencia sindical el sistemático método de abuso en contra de algunos agremiados, quebrantando los derechos de los trabajadores. Las violaciones cometidas consisten en negar a algunos empleados sindicalizados, el disfrute de algunos derechos contenidos en el artículo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1, 3, 3 Bis, 5, 6, 17, 18, 33 y 375 de la Ley Federal del Trabajo.8

Destacando además que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 1 de octubre del año 2019, haciendo el estudio correspondiente dentro del expediente respectivo que se registro con el número 33/2019, resolvió:

Primero. Que procede otorgar el registro del “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura”.

No obstante que es claro el laudo, y que no se presta a la interpretación de consideraciones distintas, el director general se niega a reconocer a dicha agrupación sindical y a sus dirigentes, bajo el argumento de que desconoce la toma de nota de su registro, y por el contrario, su respuesta fue ordenar su despido injustificado de todos los trabajadores que integran la dirigencia sindical.

Segundo. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social debe ser garante de la vigilancia para que las distintas instituciones respeten la libre sindicación, lo que en el presente caso no sucede de conformidad con lo anteriormente expuesto.

Tercero. La Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, con la reforma de mayo del 2019, en materia de registros sindicales, prevé en el artículo 357 lo siguiente:

“Artículo 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración.

Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia.

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley”

Por otro lado, La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el Titulo Cuarto, “De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones Generales de Trabajo”, Capítulo I, en lo que interesa, los artículos 67 y 69 prevén:

Artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.

El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un sindicato. Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo”

Potra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los artículos 148 al 151 en lo que importa señala:

Artículo 148. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos.

Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro.

Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.

Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior”.

De la lectura de los artículos anteriormente citados, se advierte la obligación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual, dictará todas las medidas necesarias a fin de hacer cumplir sus determinaciones, e impondrá las sanciones y los medios de apremio correspondientes.

En el presente caso, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es necesario que haga cumplir la toma de nota y se una al exhorto planeado.

Es necesario que como legisladores impulsemos el estricto respeto y cumplimiento de la ley ,para que esta reforma no sea letra muerta, ya que el espíritu del legislador es que se termine con esa deuda que por muchos años se tenía con los trabajadores de nuestro país ,justicia laboral, el trabajador ,quien únicamente quiere hacer valer sus derechos que le concede la Ley Federal del Trabajo, por eso es necesario que esta soberanía exhorte respetuosamente a el director de dicha Institución a que proteja en todo momento y sin distingo los derechos de los trabajadores y a respetar lo establecido en la LFT y atender las peticiones que sus trabajadores formulen de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, y con ello el cese de la violencia, la represión, el hostigamiento laboral y sexual hacia trabajadoras y trabajadores agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores d los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.( FIRA. )

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Diputada, Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de FIRA9 (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura), a respetar lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y atender las peticiones que sus trabajadores agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura; formulen de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, respeto a la libre sindicalización y con ello el cese de la violencia, la represión, el hostigamiento laboral y sexual hacia trabajadoras y trabajadores de dicha Institución, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de FIRA para que instruya a las instancias de mando correspondientes, en las entidades federativas en donde tenga presencia, para garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior.

Notas

1 https://www.fira.gob.mx/Nd/AcercadeNosotros.jsp

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019 &print=true

3 https://www.fira.gob.mx/Nd/CodigoConducta2019.pdf

4 https://www.fira.gob.mx/Nd/CodigoConducta2019.pdf

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01%2F0 5%2F2019

6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/ meetingdocument/wcms_177345.pdf[1]

7 https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/
conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf

8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01%2F0 5%2F2019

9 https://www.fira.gob.mx/Nd/AcercadeNosotros.jsp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior y la Fiscalía General de BC, así como a la SHCP, a investigar los actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Integración y Bienestar Social y la Oficialía Mayor locales, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, a la Fiscalía General del Estado de Baja California y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que investiguen los actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Integración y Bienestar Social y la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Cortesía del nuevo gobierno del estado de Baja California, hemos sido testigos del nacimiento de una nueva modalidad de corrupción inédita en la vida pública de México; ahora los corruptos cobran moches mucho antes de ser gobierno.

El pasado miércoles 27 de noviembre, se exhibió por conducto de diversos medios de comunicación y redes sociales, la operación de una red de corrupción operada desde la etapa de transición en el Gobierno de Baja California, misma que involucra a varios funcionarios del Gobierno encabezado por Jaime Bonilla.

Desde esa fecha fueron difundidos diversos audios y conversaciones de Cynthia Gissel García Soberanes, titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social del gobierno del estado, que revelan una seria de actos de corrupción con la promesa de contratos y convenios para proveedores incluso desde antes de asumir el cargo.

De acuerdo a una investigación periodística del semanario Zeta, se calcula que de acuerdo a las transacciones detectadas, la Secretaría de Integración y Bienestar Social con la complicidad de la Oficialía Mayor y la Secretaría General de Gobierno, habría cobrado entre 24 y 28 millones de pesos, desde antes de tomar posesión de sus cargos.

Entre los casos documentados de moches por adelantado, destaca la entrega de 20 millones de pesos de un empresario a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a los centros penitenciarios del Estado y de desayunos escolares. También, resalta el caso documentado de un empresario que entregó 100 mil dólares ante la promesa de obtener contratos en el sector inmobiliario y de vivienda.

Tal es el descaro, que existe registro oficial en cámara de video, de detención del vehículo de la Secretaría de Bienestar Social en el retén militar de la Laguna Salada resguardado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se transportaba la cantidad de 4 millones de pesos en efectivo, reten en el que se presume estaban presentes Cynthia Gissel y su secretario particular quienes llevaban el moche.

Existe al menos una denuncia penal presentada por el Partido Acción Nacional y una denuncia de hechos presentada por un testigo ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública del gobierno del estado, sin embargo se requiere también la urgente intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se investigue la posible realización de operaciones financieras fuera del marco legal y en su caso de actualizarse los actos de corrupción, se denuncien los delitos federales a que haya lugar.

Por ello, es indispensable exhortar a la Auditoría Superior del estado de Baja California, a la Fiscalía General del Estado de Baja California y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que investiguen los actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Integración y Bienestar Social y la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California.

Lamentablemente, el gobierno de Jaime Bonilla ha demostrado ser más de lo mismo, defraudando la confianza de los ciudadanos. Es preocupante cuando la innovación la utilizan para crear nuevas modalidades de corrupción, “moches por adelantado” sin ser gobernantes, nos alarma entender que Jaime Bonilla pretende gobernar por encima de la ley de las instituciones, para eso quiere gobernar 5 años a la fuerza, para gobernar con corrupción e impunidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Auditoría Superior del estado de Baja California y a la Fiscalía General del estado de Baja California, a fin de que investiguen los actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Integración y Bienestar Social y la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, para que se deslinden las responsabilidades, delitos y sanciones a que haya lugar.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que investiguen los actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Integración y Bienestar Social y la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, para que se deslinden las responsabilidades, delitos y sanciones a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de violencia política en razón de género hacia diversas diputadas del Congreso de Morelos, y se exhorta a distintas autoridades locales a garantizar el respeto de sus derechos humanos, así como implantar medidas de protección por su vida e integridad personal y de sus familias, suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios

Las que suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Martha Tagle Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala y Verónica Beatriz Juárez Piña de diversos grupos parlamentarios en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que condena los actos de violencia política en razón de género hacia las diputadas locales del Congreso de Morelos; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca Nieves Sánchez Arano, Érika García Zaragoza, Maricela Jiménez Arizmendi, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Keila Celene Figueroa Evaristo y Naida Josefina Díaz Roca; y se exhorta al gobierno de Morelos, a la Fiscalía General del Estado de Morelos y al Congreso de la entidad a garantizar en el ámbito de sus competencias el respeto a sus derechos humanos así como implantar las medidas de protección necesarias por su vida e integridad personales al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que tanto la LIV Legislatura de Morelos como la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, son históricas para nuestro país, y en el caso de ésta última 49 por ciento de sus curules es cubierta por legisladoras. En 2003 la entonces Legislatura apenas contaba con 115 curules destinados para mujeres de 500, es decir, poco más de 20 por ciento de los espacios en la Cámara, mientras que en 2015 la entonces LXIII Legislatura se encontraba conformada por 213 mujeres, lo cual equivalía a poco más de 40 por ciento de su integración total.

Esta representación histórica también ha impactado integración de las Legislaturas Locales. En el caso de la LIV Legislatura del Congreso de Morelos, se cuenta con 14 diputadas de 20 que representan 70 por ciento de su integración total, situación que además de ser histórica para dicha entidad también simboliza un gran logro para las mujeres a nivel nacional dado la abrumante representación de las mujeres en la toma de decisiones en el Legislativo estatal.

2. En materia de equidad de género se han dado importantes pasos como la reforma constitucional en materia de paridad aprobada este año. Lo anterior, si bien es un avance importante, presenta a su vez un reto para la prevención, atención y erradicación de la violencia política en razón de género. En el caso de Morelos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, prevé en el artículo19 Quáter que “La violencia política es cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”. Cabe señalar que el objeto de dicha ley es regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores y ejes de acción observables para todas las autoridades estatales, incluido el Poder Legislativo de Morelos.

3. Que desde el 10 de agosto de 2015, Morelos mantiene declarado el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG), para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Que continúa vigente en Morelos hasta cumplir 100 por ciento las recomendaciones emitidas por su decreto de creación.

4. Que, de acuerdo al informe “Alerta de Violencia de Género en Morelos. Informe a 3 años de su declaratoria” por parte de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos, AC, el aumento en feminicidios 2000 a 2018 se han registrado en 32 de los 33 municipios que conforman Morelos, incluyendo los 8 municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 176, Jiutepec con 86, Temixco con 65, Cuautla con 53, Yautepec con 48, Xochitepec con 39, Puente de Ixtla con 34, Emiliano Zapata con 33, y Jojutla y Tepoztlán con 31 casos cada uno.1

5. Que es obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles y órdenes de gobierno establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación, así como poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial.

6. Que es obligación del gobierno de Morelos, acatar lo asentado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, sobre “abstenerse de cualquier práctica discriminatoria o tolerancia de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los procedimientos de queja o reclamación que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente”, asentado en el artículo 15 de dicho ordenamiento.

7. Que, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, “La violencia política es cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.”

8. Que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley General de Víctimas, las medidas de protección deben brindarse “Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.”

9. Que, derivado de una reconfiguración política en el Congreso del estado de Morelos, en su LIV Legislatura las diputadas locales Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca Nieves Sánchez Arano, Érika García Zaragoza, Maricela Jiménez Arizmendi, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Keila Celene Figueroa Evaristo y Naida Josefina Díaz Roca conformaron una fuerza política importante al interior y se establecen como un bloque crítico y propositivo del trabajo legislativo conformado por mujeres de distintos grupos parlamentarios, denominado “Frente Progresista de Mujeres.

10. Que, derivado de su desempeño parlamentario y como representantes populares, han sido objeto en conjunto y de manera unipersonal de amenazas y atentados que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias, por sus declaraciones frontales contra ciertos funcionarios públicos del orden local, incluido el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, así como denostaciones de su labor legislativa. Un ejemplo de estas expresiones que son reflejo de la manera de proceder hacia las diputadas, fue la participación en tribuna del pasado 10 de octubre de 2019 del diputado local José Casas González, quien, en su diatriba dirigida hacia sus congéneres en la sesión del Congreso local, refirió que: “eso es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”2 , tras solicitar juicio político contra la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, por presuntamente incurrir en desacato en sus actividades legislativas, pues acusó que ya no es titular de la Junta Política. A lo anterior se suma que el presidente de dicho Congreso ha impedido que legisladoras integren otros grupos parlamentarios, (tal como lo ha intentado en diversas ocasiones la diputada Naida Josefina Díaz Roca, ex integrante del PSD, quien ha solicitado su integración al PT en múltiples ocasiones) negando de manera violatoria a la Constitución el derecho de afiliación3 .

11. Que, ha sido pública la persecución y expulsión de la única legisladora integrante del entonces Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que al interior de dicho instituto y del Congreso local se efectuó en contra de ella4 . A dicha expulsión se suma que la legisladora fue objeto de un desalojo de las oficinas que ocupaba, situación que propicio su dirigencia estatal.

12. Que, en dicho Congreso local resultan preocupantes las actitudes que la Presidencia ha tomado con diversas legisladoras. Ejemplo de lo anterior fue la flagrante violación a la ley, permitida y auspiciada por lo ocurrido en la sesión de 10 de octubre de 2019 y concluida el 11 del mismo mes y año 5, en donde se permitió remover a la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, vicepresidenta de la Mesa Directiva de dicho Congreso por voluntad de una “efímera mayoría” 6. El 17 de octubre de 2019, el referido acuerdo de remoción fue publicado 7 .

13. Que las diputadas Érika García Zaragoza y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hace unos meses sufrieron atentados con armas de fuego, destacando que en el caso de la diputada Rodríguez Ruiz, fue quien en septiembre del año en curso, y justo después de que en tribuna señalará que “quien gobierna en Morelos es el hermano del actual gobernador”, recibió amenazas a su persona para posteriormente ser objeto de disparos con arma de fuego en su domicilio, situación que fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado.

14. Que los hechos se han denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las fiscalías los actos de discriminación y violencia que dan cuenta las legisladoras.

15. Que, mediante sesión plenaria de fecha 22 de noviembre del año en curso se modificó el orden del día de la referida Sesión para incluir reformas al artículo 135 Reglamento del Congreso, y establecer que la mayoría calificada de la Legislatura no serán 14 votos, si no 13. Lo anterior bajo un razonamiento que dicha votación al contar con una fracción de 13.33 deberá redondearse a la “baja” para quedar en 13 votos, situación que es incompatible con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Local, así como con criterios, definiciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 .

En la reanudación de la sesión plenaria iniciada el viernes 22 de noviembre y continuada el miércoles 27 de noviembre del presente año, se votó el dictamen referido en el punto anterior. Que, dicho sea de paso, fue votado y aprobado con trece votos, lo cual vuelve a caer en la ilegalidad dado que el artículo 135 del Reglamento señala como mayoría calificada el resultado de las dos terceras partes de la legislatura, es decir, 14 votos.

Adicionalmente, definiciones tal como la del diccionario parlamentario a cargo del Sistema de Información Legislativa de la secretaria de Gobernación fueron inobservadas por el presidente del Congreso local en la referida sesión, que establece que se define a la mayoría calificada como la “que exige un porcentaje especial de votación. En el Congreso mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada”, la tiene una cierta similitud con la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ya que la mayoría calificada de 500 diputados en la Cámara federal es de 334 votos y no la fracción de 333.3 votos o diputados, fracción que por cierto se aplicó a modo en el Congreso morelense a partir de la falsa premisa que la mayoría calificada son 13.33 que redondeado a la baja son 13 votos.

A lo anterior se suma que en esa sesión se aprobó con 13 votos, un dictamen que reforma el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del estado, para quitar la limitación de que los legisladores únicamente puedan presidir dos comisiones ordinarias y participar en diez comisiones, para consecuentemente aprobar un acuerdo de Junta Política y de Gobierno por el que se modifican las comisiones, quitando a las siete diputadas la Presidencia de sus comisiones para repartirlas a otros legisladores, destacando de forma especial que como Presidente de la Comisión de Igualdad de Género, se designó al diputado que en Marcos Zapotitla Becerro, quien en la entrega de la Presea Xochiquetzalli, señaló que el papel de las mujeres se debería limitar a la maternidad, de lo cual se desprende que dicho legislador no cuenta con el perfil adecuado para presidir la referida comisión.

Conforme a lo anterior, el objetivo del presente es la condena de los actos de violencia política en razón de género hacia las diputadas locales del Congreso de Morelos. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca Nieves Sánchez Arano, Érika García Zaragoza, Maricela Jiménez Arizmendi, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Keila Celene Figueroa Evaristo y Naida Josefina Díaz Roca. Asimismo, se exhorta al gobierno de Morelos, a la Fiscalía General del Estado de Morelos, al Congreso de Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y a la Fiscalía General de la República a garantizar en el ámbito de sus competencias el respeto a sus derechos humanos así como implantar las medidas de protección necesarias por su vida e integridad personales y de sus familias.

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidas con la legalidad y la integridad de las instituciones, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena todo acto de violencia política de género, evidenciando la situación del Congreso del estado de Morelos, en contra de las diputadas locales Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), Blanca Nieves Sánchez Arano (Nuevas Alianza), Érika García Zaragoza (PT), Maricela Jiménez Arizmendi (Movimiento Ciudadano), Rosalinda Rodríguez Tinoco (PRD), Keila Celene Figueroa Evaristo (Morena) y Naida Josefina Díaz Roca (PT), al tiempo que exhorta al diputado local José Casas González a conducirse bajo principios de ética en el servicio público bajo una perspectiva de género y libre de violencia política.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a dar puntual seguimiento y atender con la debida diligencia las quejas y denuncias presentadas ante dichas instancias.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a la Fiscalía General del estado de Morelos que, en el ámbito de sus atribuciones, una investigación exhaustiva y eficaz respecto a las amenazas de las que han sido objeto las diputadas, sin descartar ninguna línea de investigación incluida su actividad política. Asimismo, se exhorta a que la investigación se realice con perspectiva de género, así como aplicar medidas y acciones de protección hacia las diputadas de las que se hace mención.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace un exhorto al titular del Ejecutivo de la entidad, C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, a reforzar políticas públicas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, de manera inmediata, incluidas aquellas en materia de alerta de género en la entidad.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta enérgicamente al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a efecto de que conduzca su actuar al interior de dicho poder reformador, de conformidad con los principios de legalidad, certeza e imparcialidad

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a hacer pública la información de las acciones y políticas emprendidas, protocolos y mecanismos que durante el ejercicio de su cargo ha llevado a cabo para prevenir, erradicar y combatir la violencia de género, violencia económica y violencia laboral de la que pudieran ser objeto tanto diputadas como trabajadoras de la LIV Legislatura del honorable Congreso del estado de Morelos.

Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa, a las autoridades locales en materia de seguridad pública, reforzar la seguridad personal para salvaguardar la vida e integridad de las diputadas amenazadas.

Notas

1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380561/A VGM_2018._3_A_OS.pdf

2 https://twitter.com/ruidoenlared/status/1182687304302727168?s=12

3 https://www.elregional.com.mx/
quedan-fuera-tania-valentina-y-naida-josefina-diaz-roca-de-la-junta-politica-por-no-cumplir-con-requisitos

4 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coordinacion-del-pes-vacia-r enuncia-maricela-jimenez-4094472.html

5 https://www.24morelos.com/remueven-de-vicepresidencia-a-diputada-por-in citar-a-la-violencia/

6 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/
remueven-de-la-vicepresidencia-de-la-mesa-directiva-a-blanca-nieves-sanchez-4301549.html

7 https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/149479-lamentable-s ituacion-de-violencia-politica-que-se-vive-en-el-congreso-local-impepac .html

8 Novena Época Número de Registro: 920233

Instancia: Pleno Jurisprudencia
Fuente: Apéndice (actualización 2001)
Tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y CC. Materia(s): Constitucional
Tesis: 138
Página: 150

Votación de las dos terceras partes de los diputados locales para aprobar leyes o decretos. El artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Morelos, reformado mediante el decreto publicado el primero de septiembre de dos mil, que establece dicho sistema, no pugna con el pacto federal.

De los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 49, 71, 72, 79, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden prerrogativas, derechos y obligaciones de los ciudadanos como el de votar y ser votado, elegir a sus gobernantes y a quienes los representen ante el Congreso de la Unión; asimismo, dichos preceptos establecen las bases para erigir los poderes y órganos a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, ya sea de la Federación o de los Estados, según la competencia que les corresponde conforme al Pacto Federal; de la misma manera, establecen el principio de división de poderes, la organización fundamental del Estado mexicano, las facultades de los poderes, etc., así como las normas básicas a que deben sujetarse las Constituciones Locales, entre las cuales se hallan las que regulan las facultades de los poderes y órganos estatales, pero respetando su autonomía en lo no regulado. Ahora bien, de las mencionadas disposiciones de la Constitución Federal, ni de ninguna otra, se desprenden normas que obliguen a las Legislaturas Locales a adoptar un quórum determinado para la aprobación de una ley o decreto, es decir, que deba aprobarse por mayoría simple o calificada. Atento a lo anterior, no puede estimarse que el artículo 44 reformado de la Constitución Política del Estado de Morelos, en cuanto prevé que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto requiera una votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, en vez de una mayoría simple, violente dichas disposiciones constitucionales; por lo contrario, se establece el libre juego democrático de las diferentes fracciones parlamentarias, al abandonar la gobernabilidad unilateral y adoptar la gobernabilidad multilateral consensada.

Novena Época:

Acción de inconstitucionalidad 13/2000.-Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Morelos.-7 de mayo de 2001.-Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, página 786, Pleno, tesis P./J. 69/2001; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 363.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), Martha Tagle Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Verónica Beatriz Juárez Piña.


Efemérides

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 62, y 76, numeral 1, fracción VI, se permite someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente

Efeméride

El 1 de diciembre de cada año celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Según las últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia del sida de la ONU

• 37.9 millones de personas en el mundo viven con VIH.

• 23.3 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica.

• 1.7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH.

• 770 mil personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.

• 74.9 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.

• 32 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

En cuanto a las personas que viven con el VIH encontramos que

• En 2018, 37.9 millones de personas vivían con el VIH. De ellas, 36.2 millones son adultos; y 1.7 millones, niños (menores de 15 años).

• 79 por ciento de las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico con respecto al VIH.

• Alrededor de 8.1 millones de personas no sabían que vivían con el VIH.

Respecto a las personas que viven con VIH y que tienen acceso a la terapia antirretrovírica

• En 2018, 23.3 millones de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica, en comparación con los 7.7 millones de personas de 2010. Ello significa un gran avance; sin embargo, falta mucho aún para llegar a todas las personas y que tengan medicamentos y tratamientos dignos.

• 62 por ciento de las personas que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento.

• 62 por ciento de los adultos que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento, así como 54 por ciento de los niños de hasta los 14 años.

• 68 por ciento de las adultas tuvo acceso a tratamiento; sin embargo, sólo 55 por ciento de los hombres adultos tuvo acceso.

• 82 por ciento de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión del VIH a sus hijos en 2018.

Desde el pico alcanzado en 1997, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido hasta en 40 por ciento.

Según datos de la ONU, en 2018 se produjeron 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH, en comparación con los 2.9 millones de 1997.

Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron alrededor de 16 por ciento, de 2.1 millones hasta 1.7 millones en 2018.

Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron hasta en 41 por ciento: de 280 mil en 2010 hasta 160 mil en 2018. Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en más de 56 por ciento.

En 2018 fallecieron 770 mil personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1.7 millones de 2004 y los 1.2 millones de 2010. Sin duda, hay grandes avances, contamos con más información al respecto, se trabaja en el hábito de la prevención y en el desarrollo de tratamientos más eficientes, sin embargo aún nos falta mucho por hacer. La mortalidad por el sida ha disminuido en 33 por ciento desde 2010.

Me permito dar alguna información en el caso de las mujeres según las últimas estadísticas de la ONU especifican que cada semana, alrededor de 6.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH.

En África subsahariana, cuatro de cada cinco nuevas infecciones en adolescentes con edades entre 15 y 19 años son mujeres. Las jóvenes con edades entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidad de vivir con el VIH que los varones.

Más de un tercio (35 por ciento) de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.

En algunas regiones, las mujeres que son víctimas de la violencia son 1,5 veces más proclives a contraer la infección por el VIH que las mujeres que no han sufrido dicha violencia.

Por otra parte, los grupos de población clave y sus parejas sexuales representan:

• 54 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH a escala mundial.

• Más de 95 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en Europa Oriental y Asia Central.

• 95 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en Oriente Medio y África Septentrional.

• 88 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en Europa Occidental y Central, así como en Norteamérica.

• 78 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico.

• 65 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en América Latina.

• 64 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en África Occidental y Central.

• 47 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en el Caribe.

• 25 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en África Oriental y Meridional.

El riesgo de contraer el VIH es

• 22 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

• 22 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas.

• 21 veces mayor para las trabajadoras y los trabajadores sexuales.

• 12 veces mayor para las personas transgénero.

Sin duda, son datos duros de los cuales tenemos que poner atención, y nuestra función como legisladores es la de realizar políticas públicas que ayuden a la prevención de ésta epidemia, asimismo se tiene el compromiso de velar por que las personas que tienen actualmente sida en México reciban un tratamiento digno y medicamentos de calidad que le permitan vivir en un entorno de bienestar.

Es de vital importancia hacer conciencia respecto a éste tema, sobre todo porque aún hay muchas personas que no pueden acceder a los servicios de prevención del sida ya sea porque son víctimas de la discriminación, de burlas, de violencia e incluso de la persecución o simplemente porque desconocen que existen actualmente campañas de prevención, por ello nuestra labor es lograr que dichas campañas lleguen a todas las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, por otro lado que las personas que actualmente viven con VIH puedan llevar una vida digna como cualquier persona, recibiendo trato respetuoso, servicial y tratamientos eficientes.

Quiero reconocer, honrar y recordar a todas las personas que se han ido quedando por el camino luchando contra esta epidemia y que sin darse por vencidas hicieron todo lo posible por llegar a las personas a través de su experiencia, fomentando la prevención y creando conciencia.

De igual forma, quiero resaltar la gran labor de la ONU ya que a través de la Onusida lidera el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para el año 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalizo destacando los retos que tenemos frente a ésta epidemia ya que actualmente hay personas que viven con VIH y no lo saben. Así pues, sirva esta fecha para reconocer la labor social de los activistas y organizaciones que ponen todo de su parte por ayudar a erradicar esta epidemia, así como para refrendar el compromiso que tenemos como legisladores de crear políticas públicas que ayuden a la prevención, atención y en su momento se logre la erradicación de la epidemia.

Es cuanto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Cada 1 de diciembre se conmemora en distintos países el día de la lucha contra el Sida. Esta fecha es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la batalla contra el VIH y para mejorar la comprensión de la enfermedad como un problema de salud pública mundial.

La campaña de este año tiene como objetivo concientizar, especialmente a los trabajadores de la salud, sobre las necesidades de los jóvenes e incentivarlos a que participen en la reducción del estigma y la discriminación hacia las personas más vulnerables a la infección por el VIH ya que la discriminación es una barrera importante que impide que muchos accedan a la atención en salud.1

VIH significa “virus de inmunodeficiencia humana”, el cual daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones, lo que lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Por su parte, sida significa “síndrome de inmunodeficiencia adquirida”, nombre que adquiere la etapa final de la infección con el VIH. Cabe destacar que no todas las personas con VIH desarrollan sida.

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada, de igual forma, las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto.

Es necesario hacer conciencia sobre las vías de contagio y el cómo vivir con la enfermedad ya que el VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos.

En América Latina, las nuevas infecciones por VIH han aumentado 7 por ciento desde 2010. Se estima que 100 mil personas contrajeron el VIH sólo en 2018, y 1 de cada 5 eran jóvenes de entre 15 y 24 años.

En México, el primer caso de sida se reportó en 1983. A noviembre de 2019, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, había 178 mil 310 casos notificados de VIH y de Sida que se encuentran vivos según estado de evolución. De ellos, 87 mil 232 corresponden a sida; y 91 mil 78, a VIH.2

Actualmente, gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas seropositivas pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita las transmisiones del VIH.

Sin embargo, sólo 53 por ciento de los 36.7 millones de personas que vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a escala mundial, por lo que si se busca erradicar la enfermedad por completo para 2030, es indispensable que los países tengan entre sus prioridades de salud pública la concientización a la población y el tratamiento de la enfermedad.

Para contribuir a lo anterior, la OMS ha publicado una serie de directrices normativas que pueden ayudar a los Estados a formular y aplicar políticas y programas destinados a mejorar y ampliar los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH para todas las personas que los necesitan.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos a trabajar por una sociedad más sana e incluyente, donde el derecho al acceso a la salud se tutele siempre y en todo lugar y la discriminación se combata a través de la educación científica en un marco de valores, como la empatía y la tolerancia, razones por las que esta bancada resalta la importancia de la difusión de este día de la lucha contra el sida.

Notas

1 https://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_content&view=article&id=12676:world-aids-day&Itemid=42217&lang=es

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513720/RN_D_a_Mundial_si da_2019.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con motivo del 1 de diciembre, “Inicio de una nueva era social en México”, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El 1 de diciembre de 2018 no sólo dieron inicio formalmente los trabajos y las acciones de gobierno de la cuarta transformación sino que, además, inició una nueva era política en la historia contemporánea de México.

Quienes servimos al pueblo de México hemos asumido un gran compromiso para mejorar la vida de todas y todos los mexicanos pues en un lapso relativamente breve, nos hemos abocado a trabajar para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos.

Asumiendo como compromiso prioritario en el ejercicio del poder el combatir a la corrupción; en este año de gobierno se logró aumentar el número de denuncias por corrupción en 38 por ciento respecto del periodo 2017-2018, aumentando paralelamente también el número de servidores públicos sancionados por haber actuado de forma irregular o por haber actuado sin apego a los principios legales de nuestro marco normativo, enviando un claro mensaje de cero tolerancia y cero impunidad frente a cualquier caso de corrupción que sea denunciado, marcando con estas acciones una clara diferencia con las anteriores administraciones federales.

En materia de austeridad, la actual administración federal se ha preocupado y ocupado en diseñar estrategias eficientes que de verdad repercutan en los gastos y los ahorros de la nación. Se ha logrado un ahorro de poco más de 3,800 millones de pesos con la reducción de gastos derivados de la eliminación de plazas innecesarias, duplicadas o superfluas al interior de la administración pública federal, se eliminaron también los lujos y los gastos onerosos a los que una clase política tradicional se había acostumbrado. Logrando redireccionar estos ahorros para quienes más lo necesitan, para quienes durante años habían sido invisibilizados del presupuesto federal.

Respecto a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, esta administración ha desplegado acciones importantes para el apoyo de adultos mayores, pues a partir de 2019 se implementó el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas que duplicó el monto otorgado en 2018 y que, actualmente, cuenta con un padrón de casi 7.5 millones de adultos mayores. Sin embargo, los apoyos sociales no sólo se han concentrado en las personas adultas mayores, ya que durante 2019 también se han puesto en marcha programas para el apoyo a estudiantes, a hijos de madres trabajadoras, a personas discapacitadas, a jóvenes desempleados, entre otros, grupos de población que merecen una atención especial por parte del estado y que anteriormente no eran vistas como sujetos de derechos y de inversión social.

Otro rubro donde se ha evidenciado la nueva era política de México es la transformación de la política educativa nacional, reconociendo a la educación universitaria ahora como obligatoria, modificando la anterior política educativa punitiva y sancionadora por una política basada en los estímulos, en las evaluaciones correctivas y en un aumento sustantivo en el presupuesto para fomentar la inversión en tecnología de gestión para la educación, y el fomento a las artes, las ciencias, la cultura, las humanidades y otras áreas que habían sido relegadas en las décadas recientes a un lugar secundario.

La línea de bienestar para la población que pretende alcanzar esta cuarta transformación es integral y completa, ya que se han llevado a cabo reestructuraciones en las redes de acceso a la salud, así como a los financiamientos del propio sector y a su sistema de distribución y contratación de medicamentos, cuya transformación ha conllevado difíciles momentos a lo largo de este año. Sin embargo, esta nueva visión de Gobierno ha permitido que los servicios de salud crezcan y lleguen a los más necesitados, cuestión que contribuye notablemente a revertir uno de los principales factores que agudizan la desigualdad social en el país.

No ignoramos que los cambios son difíciles, y mucho más las transformaciones de largo alcance. Sin embargo, en un año los cambios radicales, poco a poco se van percibiendo en la población. Tampoco ignoramos que las resistencias para implementar estos cambios radicales son y serán difíciles de vencer, pues esto les implica perder privilegios, perder tratos especiales, perder cotos de impunidad y de corrupción, pero sobre todo les implica reconocer que el gobierno y la política tiene que estar al servicio y beneficio de las mayorías, no de unos cuantos.

Y justo algunas de esas resistencias se expresan e impactan en los indicadores económicos nacionales, pues mientras el gobierno fomenta la inversión social y la inversión pública en sectores estratégicos e invita a la inversión de capital privado en áreas que requieren de un impulso especial por parte de los particulares, las grandes calificadoras financieras y algunas empresas transnacionales cuestionan la capacidad de gestión financiera del gobierno así como la capacidad para sostener la disciplina fiscal y la diversificación de ingresos, olvidando por ejemplo que tan sólo en 12 meses la industria petrolera han tenido un aumento de 4.5 por ciento respecto a la administración anterior y que Pemex con su plan de negocios ha logrado mantener en sus arcas casi 50 mil millones de pesos que antes le eran robados por actos ligados a la corrupción y al huachicoleo, destacando desde luego que el robo en ductos y en trasiego del combustible se ha logrado reducir en casi 90 por ciento con relación al año anterior.

Se ha logrado hacer un buen manejo de los precios de los combustibles con respecto a la inflación; y a la par se ha frenado la caída en la producción que aquejaba a Petróleos Mexicanos, pues se ha destinado un presupuesto de 48 mil millones de pesos en 2019 promoviendo un importante aumento en la inversión de infraestructura, elaborando paralelamente un programa para la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de una más, con miras a mejorar la infraestructura de combustibles del país, aspirando a reducir nuestra dependencia con el vecino del norte en materia de refinación y procesamiento de los combustibles fósiles. Sin olvidar, que la inversión y el fomento al uso de tecnologías renovables también es una de las prioridades de la actual administración, pues éstas constituyen el futuro energético del país.

Por ello nos atrevemos a decir que el 1 de diciembre se dio inicio en México de una nueva era social en la historia contemporánea, pues no sólo se inició el periodo de gobierno de una nueva administración federal, sino que con ello, se permitió que la cuarta transformación en todos sus niveles se echara a andar a lo largo y ancho del país, mediante el arranque de incontables políticas, programas y acciones de carácter social que apuestan a la inversión en las personas y en los grupos mas desfavorecidos como una meta para lograr una verdadera revolución social cuya máxima aspiración es lograr la tan anhelada justicia social, a la que millones de mexicanas y mexicanos seguimos aspirando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)