Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado a establecer mesas de trabajo tanto con organizaciones sociales y productivas como con diputados federales para resolver la problemática del campo mexicano, suscrita por los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria
• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad con el pueblo francés ante el lamentable incendio ocurrido el pasado 15 de abril en la catedral de Notre Dame, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer las políticas y el programa de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica para prevenir enfermedades no transmisibles, como el sobrepeso y la obesidad, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar acciones para erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias a realizar gestiones para generar nuevas rutas aéreas comerciales entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la Ciudad de México que permitan libre competencia en el mercado y reducir así las tarifas de vuelos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a incluir a Chiapas en la implantación del Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
• Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para conmemorar los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público mediante la Sener por qué se canceló la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania 2019, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el memorándum sin número ni fundamento jurídico que suscribió públicamente el 16 de abril de 2019 en materia educativa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para incorporar en el programa Turismo Social a diversas alcaldías y municipios de la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, estado de México y Puebla, así como garantizar la seguridad en carreteras, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a publicar los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, a fin de cumplir la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, y expresa lo mismo condolencias a los familiares de las víctimas que solidaridad con los heridos, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conafor, y al gobierno de Puebla a coordinar acciones para prevenir incendios forestales, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público mediante la SRE y la SFP los motivos por los que el contrato número SRE-DRM-AD-001/19 se asignó sin licitación a la empresa alemana Veridos, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir el mandato de la Constitución y las leyes emanadas de ella, y garantizar el respeto de la división de poderes, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y el derecho a la educación de los mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a detallar las acciones implantadas para cumplir el punto de acuerdo aprobado el 18 de julio de 2018 por la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura respecto a la inclusión y el apoyo de los deportistas con síndrome de Down, a cargo de la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar el derecho de acceso a la información en el proceso de construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, y publicar con la mayor brevedad el análisis de costo-beneficio, la manifestación de impacto ambiental y todo lo referente a la ejecución del proyecto, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para establecer instrumentos de transparencia y rendición de cuentas en los criterios de selección de proyectos y ejercicio de los recursos en las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el Banobras a realizar un estudio de costo-beneficio sobre la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS y el Infonavit a hacer públicas las reglas de operación y los estados financieros generales del programa mediante el cual se otorga la devolución automática del fondo de ahorro de vivienda para los trabajadores que cotizaron al Seguro Social entre 1972 y 1992, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a instaurar campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico dirigidas a niños y adolescentes, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de implantar acciones de vigilancia en las redes sociales para detectar y eliminar las páginas, las cadenas de mensajes o los juegos interactivos promotores de conductas autodestructivas en niños y adolescentes a través de retos y acciones fomentados por personajes reales o ficticios, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 17 de abril, 150 aniversario de la promulgación del estado de Morelos como entidad federativa, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado a establecer mesas de trabajo tanto con organizaciones sociales y productivas como con diputados federales para resolver la problemática del campo mexicano, suscrita por los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

Los diputados federales integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XX; 6o., numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable a que se revisen las previsiones presupuestarias del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Ejercicio Fiscal de 2019, aprobado por la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, en su artículo 10 mandata crear la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

II. Que el artículo 14 del mismo ordenamiento y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

III. El artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que la Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo federal: a) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

IV. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a que se instale y sesione la comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, para que se revise las previsiones presupuestarias del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable del Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por la Cámara de Diputados, y en su caso, se realice las adecuaciones que permitan su cabal operación, debiéndose rendir informe de este proceso a esta soberanía.

V. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se ha identificado un subejercicio en el primer trimestre que oscila los 9 mil millones de pesos cuando, de acuerdo al calendario de gasto publicado por la propia Secretaría debiera ser del orden de 15 mil millones de pesos. En este sentido con datos de Asignación y Ejecución del Presupuesto de Egresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público a febrero de 2019 del total de 65 mil millones 434 millones 900 mil pesos que ejercerá la secretaria durante el presente ejercicio presupuestal, se tenía comprometido hasta febrero 17 mil 490 millones 900 mil pesos, lo que representa un 26.7 por ciento, sin embargo, este gasto se encuentra sólo en los siguientes conceptos:

VI. La exclusión de los programas de apoyo a productores con ingresos mayores a 228 mil 854 pesos, afecta al 80 por ciento de los productores elegibles del centro y norte del país dejándolos en completa indefensión para atender obligaciones financieras y mantenerse en la actividad; no obstante que el Código Fiscal de la Federación los identifica como pequeños productores, y por ello están excluidos de la declaración de impuestos.

VII. El ajuste a la baja de la superficie elegible para el apoyo complementario que reciban los productores ante ventas por debajo de costos de producción que se define en el denominado “Ingreso Objetivo,” excluye a gran parte de los productores centro y norte del país (productores de granos).

VIII. Hay inquietud entre los productores del campo sobre la reducción sensible al programa presupuestario de manejo de Seguro Agrícola y Seguro Catastrófico, así como Agricultura por contrato, al reducirle de manera irregular la asignación que aprobó esta Cámara de Diputados y expuesto al propio gobierno federal ante un daño catastrófico extraordinario.

IX. Ante la incertidumbre que se ha generado hay brote de inconformidad social ante los estados de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, sobre las políticas anunciadas.

X. Se exhorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a apoyar a productores con más de 5 hectáreas de riego y más 20 de hectáreas de temporal. Además, que en coordinación con la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Agrícola, Forestal y Pesquera apoye a los productores con un subsidio al seguro agrícola para que sea de 40 por ciento y a las coberturas de granos se subsidien hasta en 75 por ciento, como ya ha sucedido en años anteriores, así como homologar el diésel agrícola como los de Estados Unidos de América.

Finalmente, a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y comercialización con la participación de los productores de los granos básicos, entre ellos, maíz, sorgo, frijol, trigo, arroz, cebada, soya de las regiones con producción excedentaria o comercial.

XI. Que las diversas unidades responsables del ejercicio presupuestal del Programa Especial Concurrente, a través de su titular, precisen cuales son los ajustes que están previendo para minimizar el subejercicio que a la fecha se tienen, así como las medidas que eviten las exclusiones identificadas en las consideraciones de este punto de acuerdo.

XII. Que se presenten ante la Comisión correspondiente, los pormenores de las acciones que se tomaran para minimizar los riesgos potenciales en relación a la disminución presupuestal de los Seguros Agrícolas, Seguro Catastrófico Agrícola y Pecuario, así como los agentes que participaran en dicha operación.

XIII. Las limitaciones que ha venido ocasionando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a las dependencias responsables de la ejecución del gasto, prevén un subejercicio inédito de los recursos asignados al Programa Especial Concurrente.

Preocupa también la reducción sensible al programa presupuestario de manejo de Seguro Agrícola Y Seguro Catastrófico al reducirle de manera irregular la asignación que aprobó esta Cámara de Diputados y expuesto al propio Gobierno Federal ante un daño catastrófico extraordinario.

Las indefiniciones que han acompañado la puesta en marcha del Programa de Precios de Garantía presenta condiciones de insostenibilidad por su operación excluyente a la participación de productores de bajos ingresos, así como las indefiniciones en torno a su operación generando que los productores prefieran no vender en el mercado en espera que se los resuelva el Estado por conducto de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ha limitado la puesta en marcha de los programas en concurrencia con las entidades federativas que es de cobertura nacional y que comprende también la aportación específica de todos y cada uno de los gobiernos locales, donde el plazo máximo para su puesta en marcha es el 31 de marzo, y hasta el momento no hay claridad en su ejecución, lo que pone en riesgo el ejercicio oportuno en favor de los pequeños productores en las entidades del país.

Todo lo anterior, ha generado en los productores del país un escenario de profunda inconformidad social e incertidumbre.

Se evidencian síntomas de ingobernabilidad, producto de movilizaciones sociales y de una creciente ola de protestas en contra del gobierno federal.

Por lo expuesto y fundado los diputados federales integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable a que se revisen las previsiones presupuestarias y sea reprogramado el gasto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Ejercicio Fiscal de 2019, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de atender a los productores de diversos estados del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Agricultura y Desarrollo Rural a que establezcan a la brevedad posible mesas de trabajo con organizaciones sociales, organizaciones productivas y diputados federales para que se atienda y se dé solución de manera urgente a la problemática que enfrenta el campo mexicano.

Diputados: Eraclio Rodríguez Gómez (rúbrica), presidente; Maribel Aguilera Chairez, Rodrigo Calderón Salas (rúbrica), Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica), Martina Cázarez Yáñez (rúbrica), Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica), Jesús Fernando García Hernández (rúbrica), Edith García Rosales (rúbrica), Absalón García Rocha (rúbrica), Vicente Javier Verástegui Ostos (rúbrica), Efraín Rocha Vega, Juan José Canul Pérez (rúbrica), José de la Luz Sosa Salinas (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica) y Jorge Eugenio Russo Salido (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), secretarios; Miguel Acundo González (rúbrica), Bonifacio Aguilar Linda (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Carreón Mejía (rúbrica), Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Hildelisa González Morales, Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), Lorena del Socorro Jiménez Andrade (rúbrica), Carlos Javier Lamarque Cano (rúbrica), Nelly Maceda Carrera, Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica), Óscar Rafael Novelia Macías (rúbrica), Marcelino Rivera Hernández (rúbrica), Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica), Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica), Armando Tejeda Cid (rúbrica), Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica) y Héctor Joel Villegas González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad con el pueblo francés ante el lamentable incendio ocurrido el pasado 15 de abril en la catedral de Notre Dame, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Angélica Rojas Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Construida en el siglo catorce, la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, Francia, es considerada una joya de la arquitectura, tanto por su fachada estilo gótico, como por sus famosos vitrales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), explica por qué fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en 1991: “La notable aplicación de las nuevas técnicas arquitectónicas del siglo XIII y la armonía entre las esculturas y los elementos arquitectónicos, ha hecho de la catedral Notre-Dame de Reims una obra maestra del arte gótico.”

Asimismo, dicho recinto resguarda una gran cantidad de obras de arte de enorme valor.

Este monumento ha sido testigo de poco más de ochocientos años de historia y dentro de sus muros han sucedido varios acontecimientos de gran trascendencia para el pueblo francés y los feligreses católicos como la coronación de Enrique VI de Inglaterra en 1429; la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804 y la beatificación de Juana de Arco en 1909.

Sin embargo, la catedral de Notre Dame no solo es un monumento histórico, un ícono del arte y un centro de culto para los franceses sino para millones de personas en el mundo. Como ejemplo, basta recordar que en su interior se encuentra una capilla dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por eso, es que mandatarios y pueblos de varios países han lamentado la destrucción de parte de la catedral a causa del incendio del pasado 15 de abril. En el caso de México, el gobierno federal, a través del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón se sumó a las expresiones de solidaridad y apoyo internacional para la reconstrucción.

Lo anterior, como muestra de las buenas relaciones que existen entre los pueblos mexicano y francés ya que desde que México y Francia reestablecieron sus relaciones en octubre de 1880, han hecho vigente el “Principio de Reciprocidad Internacional” el cual se basa en la costumbre de un Estado en conceder a otro, un trato semejante al que recibe de él, con base en la cooperación internacional.

Así, han sido varias las ocasiones en las que Francia ha sido solidario con México. El evento más reciente fue en 2017 a cuando a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre el gobierno francés brindó cooperación a nuestro país a través de las siguientes acciones:

• Durante la fase de emergencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, elementos de la Gendarmería Nacional y Brigade Internationale de Recherches Techniques (Birta-France), apoyaron las labores de búsqueda y rescate. Trasladaron artículos donados en Francia, y trabajaron en Tetela del Volcán, Morelos, y en la Colonia Roma de la Ciudad de México.

• La comunidad empresarial francesa y sus filiales en México dieron asimismo valiosas muestras de solidaridad. Algunas, como Veolia, Suez, Engie, Danone y Decathlon dieron apoyo en especie y otras, como Air France-KML y Laboratorio Anios, hicieron donaciones financieras.

• En el marco de su visita a México en noviembre de 2017, el Ministro de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, anunció la donación de 50 mil euros para la reconstrucción de la Escuela Primaria “Suave Patria” y entregó 380 mochilas con materiales educativos, así como equipo y mobiliario para apoyar la labor educativa.

• En abril de 2018, la entonces Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, suscribió con su homóloga francesa, Francois Nyssen, el Arreglo Administrativo sobre Cooperación en Materia de Patrimonio Cultural para la restauración y la conservación de monumentos históricos dañados por fenómenos naturales. Ese marco establece el intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos, así como el diseño de una hoja de ruta para apoyar la restauración del Conjunto Conventual de San Bernardino de Siena (Xochimilco, Ciudad de México) y el Templo de San Francisco de Asís (Puebla).

Esta vez, tras el incendio de la Catedral de Notre Dame del pasado 15 de abril, corresponde al gobierno de México incluyendo al Congreso de la Unión, ser recíproco con un pueblo con el que tenemos una sólida relación de amistad y cooperación.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa su solidaridad con el pueblo francés ante el lamentable incendio ocurrido en la Catedral de Notre Dame el pasado 15 de abril.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que ofrezca por parte del gobierno mexicano, mediante los canales diplomáticos e institucionales establecidos, la ayuda necesaria para la pronta restauración de este invaluable recinto que es patrimonio de la humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de abril de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer las políticas y el programa de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica para prevenir enfermedades no transmisibles, como el sobrepeso y la obesidad, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que fortalezca las políticas y programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir enfermedades no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.1

El problema del sobrepeso y la obesidad representa un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el orbe, el cual ha venido creciendo de manera exponencial, afectando su desarrollo pleno y calidad de vida.

La obesidad vista desde la salud y de la economía ha sido una condición causante de diversas enfermedades y muertes prematuras de alta prevalencia a nivel mundial, constituyendo una situación que merma el potencial productivo de la fuerza laboral.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, cabe señalar que según la Organización mundial de la Salud (OMS), tan sólo en 2014 más de 1,900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos y 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos.2

En este sentido, el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 , apunta que la obesidad afecta a 140 millones de personas, especialmente a todos los países de América Latina y el Caribe.3

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos.4

El informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México 2018 , publicado por la UNICEF, indica que uno de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en el país registra desnutrición crónica y uno de cada tres niños y niñas de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad.5

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2016 , el 36.9 por ciento de los adolescentes viven con sobrepeso u obesidad, cifra que llega a 72.5 por ciento en la edad adulta.6

La prevalencia de sobrepeso fue de 17.9 por ciento proporción que aumentó 1.9 puntos porcentuales desde 2012 y de obesidad de 15.3 por ciento, aumentando sólo 0.7 puntos porcentuales.

Las enfermedades asociadas con la obesidad, el sobrepeso y la diabetes son problemas cada vez más comunes en nuestro país, y que constituyen una de las principales causas de muerte de la población.

La distribución por localidad de residencia mostró una mayor prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en las localidades urbanas (34.9%) en comparación con las localidades rurales (29.0%). Sin embargo, la prevalencia de obesidad aumentó 2.7 puntos porcentuales en localidades rurales con respecto al 2012.

Los lugares con mayor número de personas con sobrepeso, se presentan en las escuelas de educación básica, principalmente, enfermedad que tienden a seguir hasta la edad adulta, con mayor probabilidad de padecer a edades más tempranas y con un grado más severo. En nuestro país, en dicho nivel educativo se encuentran inscritos poco más de 25 millones de alumnos en un total de 226,188 escuelas.

Diversos medios periodísticos señalan que, en el país, un 34.4% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Se estima que dicha cifra aumente en los próximos años.7

Cabe mencionar que las niñas, niños y adolescentes que tienen una mala alimentación son aquellos que consumen comidas chatarras durante casi todo el tiempo, muchos prefieren comidas rápidas y que están al alcance de todos, pero comer en exceso puede provocar graves daños a la salud; sin embargo, es cierto que muchas personas no conocen los efectos nocivos que provoca es consumo de este tipo de alimentos.

Ante este panorama, es urgente fortalecer las estrategias en planteles de educación básica, con el objeto de facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otros comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios para la salud y el bienestar.

Estas estrategias deben de estar enfocadas al desarrollo de habilidades de los sujetos para tomar decisiones adecuadas en cuanto a la alimentación y en la promoción de un ambiente alimentario propicio y sano.

Al respecto, la OMS recomienda aplicar programas que fomenten el consumo de alimentos saludables y contribuyan a reducir la ingesta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas por parte de los niños y los adolescentes; así como el de aplicar programas que fomenten la actividad física, proporcionando orientaciones sobre una buena alimentación, y de programas amplios que impulsen entornos escolares saludables, entre los niños en edad escolar y los adolescentes.

De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que fortalezca las políticas y programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad, contribuyendo al desarrollo pleno de la niñez mexicana.

Para avanzar en este sentido, son indispensables políticas públicas integrales y transversales, con el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que fortalezca las políticas y programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir enfermedades no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad.

Notas

1 https://www.who.int/es

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

3 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33680/97892530960 84-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.html

5 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situaci on-de-la-infancia-en-mexico

6 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/ENSAN UT.pdf

7 https://cadenanoticias.com/salud/2019/02/ninos-obesos-podrian-padecer-t rastornos-psiquiatricos

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 23 de abril de 2019.

Diputada Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar acciones para erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 6o. constitucional en su párrafo segundo señala que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación”, aspecto que se ha reflejado en el ámbito pedagógico, permitiendo el acceso a internet de manera más accesible, lo que se ha reflejado en el conocimiento y aprendizaje.

La utilización de internet en las escuelas ofrecen a los alumnos acceder a recursos digitales, información que les permite abordar temas tratados en clase, acceder a bibliotecas virtuales, crear comunidades de aprendizaje con los demás alumnos y con los propios profesores, participar en conferencias a distancias, entre otras más actividades que benefician tanto a alumnos como a profesores y directivos.

A la par han surgido problemáticas como el acoso cibernético o acoso electrónico, que se caracteriza por el envío de mensajes agresivos a alguien, compartir fotos vergonzosas de otras personas, inventar y difundir historias falsas sobre otras personas, entre otras actividades, que pueden llegar a afectar de forma preocupante a quien le son dirigidas, debido a que se puede llegar a ocasionar enfermedades como la depresión, ansiedad, consumo de sustancias tóxicas, entre otras.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas.1

No debemos perder de vista que las niñas, niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas, en donde, al igual que casa, pueden acceder a internet, por ello es necesario protegerlos de cualquier ataque a los que puedan estar expuestos.

En Estados Unidos se promovió en el año 2000 la Ley de Protección de la Infancia en Internet (Children’s Internet Protection Act, CIPA). La Ley CIPA, conocida por sus siglas en inglés, la cual establece ciertas exigencias para los colegios y bibliotecas que reciben descuentos mediante el programa E-rate en su acceso a Internet o en sus conexiones internas. E-rate es un programa que hace más asequibles ciertos servicios y productos de comunicaciones, para colegios y bibliotecas elegibles.2

La ley les obliga a los colegios a adoptar medidas de seguridad tales como evitar el acceso de los menores a material inapropiado en Internet, la seguridad de los menores cuando utilizan el correo electrónico, ingresan a sitios de conversación en Internet y otras formas de comunicaciones electrónicas directas, evitar el acceso no autorizado por parte de menores de edad en Internet, incluyendo la práctica conocida como “hacking” (piratería informática) y otras actividades ilegales, evitar la revelación, uso y diseminación de información personal de menores de edad, sin autorización.

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, reconoce el derecho a la educación, el cual señala que tanto las autoridades federales, estatales, municipales y demarcaciones territoriales deberán garantizar que sea esta de calidad y en igualdad de condiciones para su acceso y permanencia, para lo cual, entre otras acciones, deberán establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación, debido a que es un derecho reconocido en nuestra Constitución Política y esta Ley en su artículo 13.

En ese orden de ideas, es necesario que las autoridades educativas, lleven a cabo acciones que erradiquen el acoso cibernético al interior de las escuelas; sin que se vea afectado el derecho de acceso a internet.

La Internet Society señala que “la educación es, a la vez, un derecho humano básico y un elemento central del desarrollo sostenible. Es el tema central del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que busca ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’. La educación permite a los individuos a construir vidas más prósperas y exitosas y a alcanzar prosperidad económica y bienestar social. El acceso a Internet es fundamental para lograr esta visión del futuro. Puede mejorar la calidad de la educación de muchas maneras. Abre entradas hacia una gran cantidad de información, conocimiento y recursos educativos, incrementando las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula.”3

Actualmente existe la Plataforma @prende 2.0, como una herramienta que cuenta con recursos digitales muy interesantes y con mucho contenido pedagógico, tanto para los alumnos, padres y profesores, por ello, es necesario se lleven a cabo campañas de difusión que incentiven su utilización, y que en la medida de lo posible, las escuelas establezcan como página principal este tipo de plataformas cuando los alumnos ingresen al internet que proporcionan, aunado a establecer mecanismos de seguridad que impidan a los menores acceder a páginas ilegales o inapropiadas.

De igual forma se considera necesario que las escuelas en todos los ámbitos de gobierno, homologuen en pro de interés superior de la niñez, sus plataformas educativas y los controles de acceso a internet.

Asimismo, es necesario establecer campañas de concientización sobre el tema del acoso virtual o cibernético, esto sin lugar a dudas ayudará a nuestros niños, niñas y adolescentes a cuidarse, protegerse y cuidar y proteger a los demás de estas prácticas tan nocivas para la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus atribuciones amita los lineamientos necesarios para lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, en los que se establezcan mecanismos de control en el uso de internet, la homologación de plataformas educativas (Programa Clip Seguro o Plataforma @prende 2.0 y el establecimiento de estas como páginas principales irrenunciables e irremovibles, cuando se otorgue el servicio de internet al interior de las escuelas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se emitan protocolos de actuación, en la que participe la Policía Cibernética, que permitan orientar a las autoridades educativas y padres de familia, a erradicar los casos de acoso cibernético.

Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, en el ámbito de sus competencias impulsar campañas de masivas de difusión de las plataformas educativas de cómo evitar y protegerse del acoso cibernético, en todas sus vertientes.

Notas

1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/bullying-el-terror-escolar-en-m exico

2 https://www.fcc.gov/consumers/guides/ley-de-proteccion-de-la-infancia-e n-internet-childrens-internet-protection-act-cipa

3 https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2017/internet-access-a nd-education/

Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2019.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias a realizar gestiones para generar nuevas rutas aéreas comerciales entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la Ciudad de México que permitan libre competencia en el mercado y reducir así las tarifas de vuelos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta a los titulares de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, así como al gobierno municipal de Victoria, Tamaulipas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se coordinen para realizar las gestiones necesarias para generar nuevas rutas áreas comerciales Ciudad Victoria-Ciudad de México y Ciudad de México-Ciudad Victoria, con base en las siguientes:

Consideraciones

En la actualidad, el sistema aeroportuario mexicano se encuentra conformado por sesenta terminales, integradas por 18 Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, nueve Grupos Aeroportuarios del Sureste, doce Grupos Aeroportuarios del Pacífico, trece Grupos Aeroportuarios del Centro-Norte, cinco aeropuertos en sociedad y dos aeropuertos privados.1

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el año 2018 se trasladaron vía aérea 97.3 millones de pasajeros, lo que significó un incremento del 7.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017 y de 71.6 por ciento con relación a 2012, se reportó un crecimiento de pasajeros de vuelos nacionales fue de 9.5 por ciento, mientras que los vuelos comerciales hubo un crecimiento de 5.6 por ciento.2

En el mismo sentido, al principio de este año 2019, el Sistema Aeroportuario Mexicano ha transportado a 8.4 millones de pasajeros, lo cual significa un aumento del 2.6 por ciento con respecto a 2018, asimismo las aerolíneas mexicanas tuvieron un crecimiento del 5.9 por ciento.3

Actualmente en nuestro país, operan diversas empresas de aerotransporte comercial nacional: Grupo Aeroméxico, Aeromexico Connect, Volaris, Interjet, VivaAerobús, Magnichartes, Transportes Aéreos Regionales (TAR), Aeromar y Aéreo Calafia.

Desde hace 30 años la empresa “Transportes Aeromar S.A de C.V.” (Aeromar), ha brindado servicio de transporte aéreo regional a diversos destinos del país, transportando en 2018 a 714,500 mil pasajeros, es decir, el 1.4 por ciento de los pasajeros de vuelos nacionales.4

Desde hace 28 años, Aeromar, cuenta con la única concesión de la ruta aérea que va de la Ciudad de México a Ciudad Victoria Tamaulipas, lo que ha ocasionado que dicha la empresa imponga altas tarifas y cancele vuelos afectando a los usuarios.

Datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, reportan que Aeromar presento solo un 86 por ciento de índice de puntualidad a nivel nacional, mientras que específicamente en el aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se llevaron a cabo 113 cancelaciones de vuelos entre los meses de enero a noviembre de 2018, de las cuales 109 fueron imputables a la aerolínea, así como 47 quejas en el periodo de enero a septiembre de 2018.5

Aunado a lo anterior, las tarifas que ofrece la línea aérea son elevadas en comparación con rutas similares, de lunes a viernes un vuelo de ida para una persona tiene un costo de entre 3 mil 821 a 4 mil 821 pesos, mientras que los vuelos redondos tienen un costo de entre 5 mil 500 a 7 mil pesos la tarifa más baja.6

En este sentido, diversas organizaciones empresariales como la Coparmex, Canaco y de empresarios del servicio turístico, así como usuarios de aerolíneas, han solicitado a las autoridades municipales, estatales y federales realizar las gestiones necesarias para la apertura de una nueva ruta de transporte aéreo comercial con el objetivo de generar competitividad y poder ofrecer a los usuarios tarifas justas y más accesibles.

Cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil muestran que la aviación comercial en Tamaulipas a través de sus principales aeropuertos ha presentado un comportamiento positivo, debido principalmente a la inseguridad de las carreteras y autopistas que atraviesan el estado, tan solo basta recordar los hechos ocurridos a principio de mes, cuando fueron sustraídas 44 personas de un autobús de la empresa “Transpaís” que transitaba por la ruta Tampico-Victoria-Reynosa.

Lo mencionado en el párrafo anterior, es preocupante, ya que como puede observarse los ciudadanos prefieren viajar en avión a Tamaulipas, que hacerlo por carretera, no como un lujo, sino como una necesidad, por lo cual es necesario proporcionarles opciones más económicas y competitivas a los usuarios de esta ruta aérea.

Es por ello que propongo exhortar a los titulares de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil, Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y Gobierno Municipal de Victoria, Tamaulipas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones necesarias para generar nuevas rutas áreas Ciudad Victoria, Tamaulipas - Ciudad de México y Ciudad de México-Victoria, que permitan la libre competencia en el mercado y en consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio a los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, así como al Gobierno Municipal de Victoria, Tamaulipas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones necesarias para generar nuevas rutas aéras comerciales Ciudad Victoria, Tamaulipas-Ciudad de México y Ciudad de México-Victoria, que permitan la libre competencia en el mercado y en consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio a los usuarios.

Notas

1 “50 años/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares”, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mismo que puede ser encontrado en la siguiente página electrónica

http://sct.gob.mx/publicaciones/pesct/ASA-50-anos.pdf

2 “Indicadores de la Aviación Mexicana, enero-diciembre 2018”, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que puede ser consultada en

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-a rchivo/modulo8/indicadores-aviacion-ene-dic-2018.pdf

3 Indicadores de la Aviación Mexicana enero 2019”, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que puede ser consultada en la pagina http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/inicio/i ndicadores-aviacion-ene2019-rev3-04032019.pdf

4 “Indicadores de la Aviación Mexicana, enero-diciembre 2018”, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que puede ser consultada en

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-a rchivo/modulo8/indicadores-aviacion-ene-dic-2018.pdf

5 Información obtenida de la página oficial de Profeco, en el rubro de “Buro Comercial”, que puede ser consultado en https://burocomercial.profeco.gob.mx/

6 https://www.aeromar.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a incluir a Chiapas en la implantación del Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y en el artículo 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social con el objetivo de incluir al estado de Chiapas en la implementación del Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar.

Consideraciones

Partiendo de conceptos fundamentales, el trabajo doméstico en su acepción más amplia hace referencia a un conjunto de actividades realizadas dentro de las viviendas y son necesarias para el bienestar de los miembros de las familias e incluye a la actividad remunerada y no remunerada. Existe una discusión sobre la manera correcta de denominarlos: trabajadoras y trabajadores domésticos o trabajadoras y trabajadores del hogar.

En nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se ha manifestado en el sentido de utilizar la expresión trabajadoras del hogar, en primera instancia para diferenciar sus actividades de las labores domésticas que se realizan en casa, generalmente no remuneradas y realizadas por integrantes de la familia. Por ello, en el presente punto de acuerdo, por exclusión de lo referido por la Conapred y siguiendo la línea del Inegi y el artículo 331 de la Ley Federal el Trabajo, se utilizará el término trabajadoras domésticas .

El derecho al trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas puede ser definido como el derecho humano que permite y/o facilita a cualquier persona tener un nivel de vida apropiado. Como los demás derechos humanos, este está vinculado y contribuye a garantizar otros derechos como el derecho a la salud, a la asociación, a la educación, a la alimentación, a la vivienda digna, sólo por mencionar algunos.

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho humano al trabajo contempla una dimensión individual y una colectiva, en la primera se reconoce a cada persona el derecho al trabajo libremente elegido, en condiciones adecuadas (seguras), bien remunerado y estable, en la segunda dimensión se determina el derecho que tienen las personas trabajadoras a organizarse, y sobre todo considera el derecho a la huelga.1

También en el mismo instrumento internacional, establece las obligaciones del estado de respetar, proteger y satisfacer el derecho de cada persona de acceder a un trabajo, así como garantizar condiciones mínimas vinculadas a la satisfacción de este derecho entre las que destacan:

• Condiciones dignas de trabajo.

• Trabajo libremente escogido o aceptado.

• Remuneración adecuada.

• Jornadas de trabajo limitadas con periodos de descanso remunerados.

• Remuneración igual por trabajo igual e igualdad en el trato y el derecho a condiciones de trabajo seguras e higiénicas.

El 16 de junio de 2011, trabajadores, empleadores y gobiernos se reunieron para aprobar el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 2 Desde su aprobación diversos países de todo el mundo han llevado a cabo acciones para llevar el trabajo decente a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Estas medidas representan los primeros pasos en un largo camino para reparar una historia de exclusión: convertir el trabajo decente en una realidad para las trabajadoras y los trabajadores domésticos requerirá una atención continuada para asegurar que se obtengan avances significativos.

La definición del derecho al trabajo decente3 es aplicable para los distintos tipos de trabajo, así como para personas trabajadoras asalariadas o para aquellas que lo realizan de manera informal y contempla cuatro elementos: el empleo, la protección social , los derechos de los trabajadores y el diálogo social.

El trabajo doméstico es fundamental para el bienestar de los hogares, ya que integra múltiples actividades y tareas que van desde la alimentación, la limpieza de la casa y la higiene personal, hasta el intenso trabajo de cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores, enfermas y con discapacidad.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, un importante número de mujeres que vive en un entorno de exclusión social se incorpora al mercado laboral desempeñando trabajo doméstico remunerado; sin embargo, es importante saber que esta es una de las ocupaciones con peores condiciones laborales.

En este orden de ideas, dado un hecho sin precedentes en materia laboral en nuestro país, para efectos del presente punto de acuerdo, el elemento de interés será el rubro de “protección social”.

El pasado 5 de diciembre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social,4 por lo que ordenó a esta instancia lanzar un programa piloto el primer semestre del 2019 para diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para que los patrones puedan cumplir con sus obligaciones.

Considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó el pasado 14 de febrero del presente año, los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el trimestre octubre-diciembre de 2018:5 se indica que todas las modalidades de empleo informal sumaron 30.7 millones de personas, para un aumento de 1.8 por ciento respecto al mismo lapso de 2017 y representó 56.6 por ciento de la población ocupada.

En datos más específicos: 14.9 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un alza de 4.3 por ciento anual y constituyó 27.4 por ciento de la población ocupada, de los cuales 2.3 millones corresponden al servicio doméstico remunerado. Con base en cifras generadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, del total de personas que desempeñan trabajo doméstico, el 95 por ciento son mujeres y el 98 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud .

Desde el 31 de marzo del presente año, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar comenzó a ponerse en marcha el llamado Programa piloto: Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar , donde se pretender brindar seguridad social a las trabajadoras del hogar para revertir condiciones de desigualdad y propiciar bienestar; sin embargo solo se instalaron módulos de información en 9 estados como lo son estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México.

En el documento publicado el 18 de febrero de este año por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene como objetivo del programa “garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores”,6 por lo tanto, la implementación de dicho programa si bien requiere de un tiempo determinado para poder llegar a todas las entidades federativas, debería considerar prioridad a aquellas que tienen las mayores cifras de personas que desempeñan trabajo doméstico, en aras de una política pública que vele por los más vulnerables.

En este tenor de ideas, retomando las cifras presentadas por la ENOE registradas en la siguiente tabla (elaborada por el Inegi), se puede apreciar claramente que el estado de Chiapas ocupa el lugar 3 de los 10 estados con mayor porcentaje de informalidad laboral.

Quedando la lista de la siguiente manera de mayor a menor tasa: 1. Oaxaca (81.2), 2. Guerrero (78.7), 3. Chiapas (77.8), 4. Hidalgo (76.2), 5. Puebla (73.4), Tlaxcala (72.5), 7. Michoacán de Ocampo (69.1), 8. Morelos (68.6), 9. Veracruz de Ignacio de la Llave (67.8) y 10. Tabasco (66.0).

Es preciso mencionar que el rubro de informalidad laboral añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares , así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Como ha sido evidenciado, Chiapas cuenta con una tasa de informalidad considerable y a pesar de ello, no forma parte de los 9 estados que ya implementan el programa piloto, lo que trae como consecuencia que no haya el tiempo suficiente para alcanzar a toda la población a la que va dirigida y por lo tanto los resultados obtenidos no serán congruentes con las necesidades reales que enfrenta dicha región.

Lo anterior resulta peligroso, pues por tan solo citar un ejemplo, en la región de Tapachula, Chiapas, es “común” la contratación de mujeres y niñas dedicadas a realizar actividades propias del hogar, sin embargo, debido a la informalidad en la que se llevan a cabo tanto los procesos de contratación como las condiciones laborales mismas, actos de discriminación y violencia son normalizados tanto por las personas que contratan, como por las mismas trabajadoras.

Sin duda alguna, hay otros aspectos en los que las personas que desempeñan trabajo doméstico se encuentran vulnerables, lo que quiere decir que aún hace falta mucho para que las mismas puedan tener una base mínima de prerrogativas en contraste con los demás trabajadores, por lo tanto, ahora que existe la posibilidad de reconocérseles uno de los rubros básicos como lo es la protección social, tendremos que ser lo más minuciosos y cuidadosos para que este avance tenga el mayor alcance posible.

En virtud de lo expuesto, resulta importante hacer el exhorto de los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a que evalúe y en su caso se incluya al estado de Chiapas en la implementación del Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar, para las personas que desempeñan trabajo doméstico, en el estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que coadyuve con el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de sus facultades y competencias para que se incluya al estado de Chiapas para el acceso al Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y a las Secretarías de Salud, y del Trabajo en el estado de Chiapas a dar difusión en toda la entidad sobre el Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Notas

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976, artículo 7). Consultado el 2 de abril de 2019:

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ces cr_SP.pdf.

2 Organización Internacional del Trabajo (2011). Convenio número 189. Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta la diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los miembros. Consultado el 4 de abril de 2019:

https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajoi nfantil/resource/docs/sabermas/normativa/c189.pdf

3 Ibídem, página 4 (artículo 6).

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018, comunicado número 161/2018.) SCJN declara discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS. Consultado el 2 de abril de 2019:

http://www.Internet2.Scjn.Gob.Mx/Red2/Comunicados/Notici a.Asp?Id=5806.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019, página 8). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo1. Cifras durante el cuarto trimestre de 2018. Comunicado de prensa 105/19. Consultado el 1 de abril de 2019.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf.

6 Instituto Mexicano del Seguro Social (2018, página 3). Programa piloto: Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar. Consultado el 1 de abril de 2019

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437796/PR OGRAMA_PILOTO-comprimido.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para conmemorar los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a esta soberanía para su resolución proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con el fin de que se apruebe la creación de una Comisión Especial para la conmemoración de los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Jaime del Arenal Fenochio, en el artículo publicado en Relatos e Historias en México , número 102,1 nos señala de manera muy puntual que:

“La importancia que para la historia política mexicana –concretamente para la historia de su emancipación con respecto de España– tiene el Plan de Iguala, suscrito por Agustín de Iturbide y luego jurado por las fuerzas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero...”

Es que “...precisamente nació a la vida independiente al tenor de lo dispuesto en aquel texto proclamado el 24 de febrero de 1821.”

Continúa diciendo del Arenal:

...cabe afirmar que el Plan de Iguala consagró los siguientes principios y propuso las siguientes aportaciones: la absoluta independencia de México con respecto de España y de cualquier otra nación –por ende, su carácter soberano–; la intolerancia religiosa en pro del catolicismo entonces vigente y la unión más estrecha entre criollos, españoles, indios, mestizos, “africanos y asiáticos” que residían en la Nueva España.

Estos tres principios conformaban las “Tres Garantías”.”

A efecto de entender la magnitud del documento, referimos que, en 1821, Don Agustín de Iturbide fue designado por el virrey, para dirigir las fuerzas realistas en la zona sur de la entonces Nueva España, particularmente combatir al caudillo, Don Vicente Guerrero. Iturbide, trató de sofocar la rebelión insurgente, pero al enfrentarse a una guerrilla y un territorio inhóspito se le dificultó la tarea, finalmente acuerda llegar a un acuerdo con Guerrero y proclamar el Plan de Iguala, donde se dio el famoso Abrazo de Acatempan, el Plan también conocido como el de las Tres Garantías, se promulgó el 24 de febrero de 1821, garantizando la religión, la unión y la independencia.

La proclama coadyuvó a dar un instrumento jurídico que a la postre permitió la consumación de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821, fecha en la que entró a la Ciudad de México, el llamado Ejército Trigarante, en alusión al Plan de las Tres Garantías.

De acuerdo a la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional,2 se presenta el siguiente resumen sobre lo acaecido para dar pie al documento histórico:

En el año de 1821, la guerra que se libraba en las tierras novohispanas en favor de la independencia había alcanzado el momento pleno cuando se entrevistaron Vicente Guerrero y el realista Agustín de Iturbide, quienes aceptaron unir sus fuerzas para formar el Ejército Trigarante, defensor la Religión, Independencia y la Unión, mismo que representaría esa nueva fuerza que llegaría a cumplir la misión de lograr la independencia de la Nueva España.

Para llevar a efecto esa unión de fuerzas, Iturbide proclamó el día 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, en el cual afirmaba que la nación había alcanzado la madurez necesaria para bastarse por sí sola; que la Independencia de la misma debería ser un acontecimiento tal y como se da cuando un padre ve separarse del seno familiar a un hijo después de haberlo educado y engrandecerlo, tal y como la había hecho España con la América Septentrional.

Asimismo, indicaba que el movimiento de Independencia iniciado por los insurgentes de 1810, había dado paso a que la unión general entre europeos y americanos, criollos, indios y castas, fuese la única base sólida con la que podía alcanzar la felicidad común. Basándose tal unión, aunado a la religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de ninguna otra; en un gobierno monárquico emanado de una Constitución análoga al país, mismo que sería regido por Fernando VII, o en su caso, por sus descendientes o una casa reinante; así como por el Ejército de las Tres Garantías, mismo que se sacrificaría desde el primero hasta el último de sus hombres, ante la más ligera infracción de esa unión.

El Plan contemplaba respetar a las personas y sus propiedades, así como las propiedades de la iglesia y sus fueros. De igual forma Iturbide resumía el proyecto independentista en unión, fraternidad, orden y quietud interior.

En abono de éste exhorto se manifiesta que es de suma importancia recordar los hechos que nos dieron patria, y máxime si se trata de un documento fundacional de la Nación Mexicana, como lo es el Plan de Iguala, que por su profundidad y riqueza de contenido subsume la situación en la que se encontraba la incipiente Nación.

Ello, además, nos permite a rememorar a personajes como Don Nicolás Bravo, cuyo nombre ya consta en el Muro de Honor, y que de acuerdo a la obra Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados , correspondiente a la LVIII legislatura,3 se refiere a este personaje de acuerdo a lo siguiente:

El indulto no le evitó la cárcel, en la que estuvo preso hasta 1820 en que fue liberado. Pero ni siquiera las penurias que pasó durante los dos años que estuvo encarcelado lo hicieron cambiar de parecer: él quería la independencia de México. Es por eso que pocos meses después de haber recobrado su libertad y apenas recuperado en sus fuerzas y su ánimo, se adhirió al Plan de Iguala, al que se sumaron todos los insurgentes que vieron en este plan la oportunidad para dejar atrás divisiones y rencillas y lograr en definitiva la tan ansiada independencia de la Nueva España.

Igualmente permiten rememorar a Don Vicente Guerrero, que en la obra precitada se refiere a él, de acuerdo a lo siguiente:

La grandeza de Vicente Guerrero consistió en saber el momento y la oportunidad que se presentaba, pues para los insurgentes ésta era una situación de coyuntura y frente a la que tomaron una decisión que, aunque no resolvía el problema, pues postergaba para más tarde el programa de Hidalgo y Morelos y los postulados y el espíritu del Congreso del Constituyente de Apatzingán lo simplificaba y priorizaba al romper los lazos con la monarquía española y lograr la independencia plena, “que después nosotros la reformaremos”. Esta situación no resuelta será la que prohije las intensas convulsiones políticas y militares durante los siglos xix y xx. Vicente Guerrero sostuvo durante 11 años una guerra desigual al frente de un ejército popular peleando contra un ejército profesional dotado con los recursos de un imperio establecido.

Para poder comprender la personalidad de Vicente Guerrero, transcribiré un texto que intercambio con Iturbide antes de firmar el Plan de Iguala. Dice Guerrero dirigiéndose a Iturbide: Soy del sentir que lo expuesto es bastante para que usted conozca mi resolución y la justicia en que me fundo sin necesidad de mandar sujeto a discutir sobre propuestas algunas porque nuestra única divisa es independencia y libertad. Si este sistema fuera aceptado por usted confirmaremos nuestras relaciones; me explayaré más, combinaremos planes, y protegeré de cuantos modos sus empresas; pero si no, no volveré a recibir contestación suya, ni verá más letras mías. Le anticipo a usted esta noticia para que no insista ni me note después de impolítico; porque ni me ha de convencer de que abrace el partido del rey, sea el que fuere, ni me amedrentan los millares de soldados, con quienes estoy acostumbrado a batirme. Obre usted como le parezca, que la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en la campaña que rendir la cerviz al tirano. Termina la carta en los siguientes términos; “he satisfecho el contenido de la carta de usted porque así lo exige mi crianza y le repito que todo lo que no sea concerniente a la total independencia lo discutiremos en el campo de batalla

Igualmente, en el marco del Plan de Igual se recuerda con fervor patrio a Don Juan Álvarez,4 y cuyo nombre igualmente consta en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, conforme al siguiente pasaje:

Don Juan Álvarez, además de su participación como guerrero libertario, poseedor de regular fortuna, apoyó a la causa con dinero y pertrechos. En 1814 a resultas de su derrota ante el realista Armijo en el asedio a Acapulco, le fueron confiscados todos sus bienes y se le persiguió por la sierra, donde hizo guerra de guerrillas durante casi cuatro años. No fue sino hasta fines de 1818 que logró reorganizar alguna tropa, integrada por sus valerosos “pintos”, para librar más de una docena de batallas que obligaron a los realistas a replegarse en Acapulco. Al pronunciamiento del Plan de Iguala, don Juan Álvarez manifestó su apoyo y asaltó finalmente el puerto de Acapulco cuya capitulación obtuvo dos semanas después de la proclamación de Independencia en 1821. Joven aún, de 31 años, pensó retirarse del servicio, pero no se le permitió renunciar y se le nombró comandante general en Acapulco.

Finalmente, por su trascendencia e importancia, a continuación se reproduce integro el Plan de Iguala:5

Plan de Iguala

¡Americanos! bajo cuyo nombre comprendo no sólo á los nacidos en América, sino á los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen: tened la bondad de oírme. Las naciones que se llaman grandes en la extensión del globo, fueron dominadas por otras; y hasta que sus luces no les permitieron fijar su propia, no se emanciparon. Las europeas que llegaron á la mayor ilustración y policía, fueron esclavos de la romana, y este imperio, el mayor que reconoce la historia, asemejó al padre de familias, que en su ancianidad mira separarse de su casa á los hijos y los nietos por estar ya en edad de formar otras, y fijarse por sí, conservándole todo el respeto, veneración y amor, como á su primitivo origen. Trescientos años hace, la América Septentrional, que está bajo de la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van á ocupar lugar muy distinguido. Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos todos los ramos de la natural opulencia del suelo, su riqueza metálica, las ventajas de su situación topográfica, los daños que originan la distancia del centro de su unidad y que ya la rama sea igual al tronco, la opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la independencia absoluta de la España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen. Esta misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores el año de 1810, y que tantas desgracias originó al bello país de las delicias por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios, fijó también la opinión pública de que la unión general entre europeos y americanos, indios é indígenas es la única base sólida en que pueda descansar nuestra común felicidad. ¿Y quién pondrá duda en que después de la experiencia horrorosa de tantos desastres no haya siquiera quien deje de prestarse á la unión para conseguir tanto bien? ¡Españoles europeos!, vuestra patria es la América, porque en ella vivís, en ella tenéis á vuestras amadas mujeres, á vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. ¡Americanos!, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une; añadid los otros lazos de la amistad, la dependencia de intereses, la educación é idioma y la conformidad de sentimientos, y veréis son tan estrechos y tan poderosos, que la felicidad común del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz.

Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos, y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe á la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto he proclamado la independencia de la América Septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma, ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna; saludadla todos como independientes, y sean vuestros corazones bizarros los que sostengan esta dulce voz, unidos con las tropas que han resuelto morir antes que separarse de tan heroica empresa. No le anima otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que profesamos y hacer la felicidad general. Oíd, escuchad las bases sólidas en que funda su resolución:

1. La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.

2. Absoluta independencia de este reino.

3. Gobierno monárquico templado por una Constitución análoga al país.

4. Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía ó de otra reinante, serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. 5. Habrá una Junta ínterin se reúnen Cortes que hagan efectivo este plan.

6. Esta se nombrará gubernativa y se compondrá de los vocales ya propuestos al señor Virrey.

7. Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al Rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta, y hasta entonces se suspenderán todas ulteriores órdenes.

8. Si Fernando VII no se resolviera á venir á México, la Junta ó la Regencia mandará á nombre de la nación, mientras se resuelve la testa que debe coronarse.

9. Será sostenido este Gobierno por el ejército de las Tres Garantías.

10. Las Cortes resolverán si ha de continuar esta Junta ó sustituirse una Regencia mientras llega el emperador.

11. Trabajarán, luego que se unan, la Constitución del imperio mexicano.

12. Todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.

13. Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas.

14. El clero secular y regular, conservado en todos sus fueros y propiedades.

15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos subsistirán como en el día, y sólo serán removidos los que se opongan á este plan, y sustituidos por los que más se distingan en su adhesión, virtud y mérito.

16. Se formará un ejército protector, que se denominará de las Tres Garantías, y que se sacrificará del primero al último de sus individuos, antes que sufrir la más ligera infracción de ellas.

17. Este ejército observará á la letra la ordenanza, y sus jefes y oficialidad continuarán en el pie en que están, con la expectativa, no obstante, á los empleos vacantes y á los que se estimen de necesidad ó conveniencia.

18. Las tropas de que se componga se considerarán como de línea, y lo mismo las que abracen luego este plan, las que lo difieran y los paisanos que quieran alistarse, se mirarán como milicia nacional, y el arreglo y forma de todas lo dictarán las Cortes.

19. Los empleos se darán en virtud de informe de los respectivos jefes, y á nombre de la nación provisionalmente.

20. Interin se reúnan las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo á la Constitución española.

21. El de conspiración contra la independencia se procederá á prisión sin pasar á otra cosa hasta que las Cortes dicten la pena correspondiente, la mayor de los delitos, después de lesa majestad divina.

22. Se vigilará sobre los que intenten sembrar la división, y se reputarán como conspiradores contra la independencia.

23. Como las Cortes que se han de formar son Constituyentes, deben ser elegidos los diputados bajo este concepto. La Junta determinará las reglas y el tiempo necesario para el efecto.

Americanos: he aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. He aquí lo que ha jurado el ejército de las Tres Garantías, cuya voz lleva el que tiene el honor de dirigírosla. He aquí el objeto para cuya cooperación os invita. No os pide otra cosa que lo que vosotros mismos debéis pedir y apetecer: unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror á cualquier movimiento turbulento. Estos guerreros no quieren otra cosa que la felicidad común. Uníos con su valor, para llevar adelante una empresa que por todos aspectos (si no es por la pequeña parte que en ella ha tenido) debo llamar heroica. No teniendo enemigos que batir, confiemos en el Dios de los ejércitos, que lo es también de la paz, que cuantos componemos este cuerpo de fuerzas combinadas de europeos y americanos, de disidentes y realistas, seremos unos meros protectores, unos simples espectadores de la obra grande que hoy he trazado, y que retocarán y perfeccionarán los padres de la patria. Asombrad á las naciones de la culta Europa; vean que la América Septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. En el transporte de vuestro júbilo decid: ¡Viva la religión santa que profesamos! ¡Viva la América Septentrional, independiente de todas las naciones del globo! ¡Viva la unión que hizo nuestra felicidad!

Iguala, 21 de febrero de 1821.— Agustín de Iturbide.

La finalidad principal de esta proposición con punto de acuerdo, es la de crear una comisión especial, a fin de conmemorar de manera digna los doscientos años de la Promulgación del Plan de Iguala, acontecimiento histórico, donde se consagraron, la absoluta independencia de México con respecto de España y de cualquier otra nación, la unión más estrecha entre criollos, españoles, indios, mestizos, “africanos y asiáticos” que residían en la Nueva España, y la intolerancia religiosa en pro del catolicismo entonces vigente.

Estos tres principios conformaban las “Tres Garantías”.

Con la formación de esta comisión especial tendremos la posibilidad de realizar una serie de actividades tales como foros, mesas de trabajo, eventos culturales, exposiciones artísticas, publicaciones, timbres postales conmemorativos, acuñación de monedas alusivas al acontecimiento, y otras más que se detallaran en el respectivo Plan de Trabajo, además de establecer mecanismos de coordinación, colaboración y participación con distintas instituciones tanto públicas como privadas y su respectiva difusión en diversos medios de comunicación, para que todos los detalles del Plan de Iguala, sean divulgados de manera adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, integre la comisión especial para conmemorar los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, a efecto de que esta comisión coordine los esfuerzos de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas en la celebración de tan significativo evento.

Segundo. La Comisión Especial para conmemorar los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, se compondrá por integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión.

Tercero. Se solicita de manera respetuosa a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, se instale la comisión especial para conmemorar los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, y dure en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Cuarta Legislatura Federal.

Cuarto. La Comisión Especial para conmemorar los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, presentará programa de trabajo a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para su aprobación.

Notas

1 relatosehistorias.mx/la-coleccion/1821-la-consumacion-de-la-independenc ia

2 https://www.gob.mx/sedena/documentos/24-de-febrero-de-1821-proclamacion -del-plan-de-iguala

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/libro_letras.pdf

4 Opus citatus.

5 https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/2 63/1/images/Independencia18.pdf

Bibliografía y referencias

• Daniel Cosío Villegas (1974), Historia Mínima de México, El Colegio de México. Pp. 57,58,59.

•http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libr os/tlaxcala/html/sec_9.html

• http://www.jornada.com.mx/2008/12/10/index.php?section=cultura&arti cle=a07n2cul

• https://reasilvia.com/2017/10/conquista-mexico/

• https://es.scribd.com/doc/124420186/
Aspectos-Positivos-y-Negativos-Con-La-Llegada-de-Los-Europeos-Al-Continente-Americano

• https://es.scribd.com/doc/95627612/
Nos-trae-aspectos-positivos-la-conquista-de-los-espanoles?doc_id=95627612&download=true&order=452086720

• http://www.redalyc.org/pdf/877/87781503.pdf

• http://faculty.cord.edu/gargurev/aportes.htm

• https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3655/8.pdf

• https://es.scribd.com/doc/124420186/Aspectos-Positivos-y-Negativos-Con- La-Llegada-de-Los-Europeos-Al-Continente-Americano

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• http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/avances/Documents/2008/Avances%2 0184.%20Ercilia%20Loera.pdf

• http://www.redalyc.org/pdf/869/86900619.pdf

• http://web.uaemex.mx/iesu/PNovohispano/Encuentros/1999%20XII%20EPN/MESA S/Mesa%201/El%20criollismo.pdf

• http://aion.mx/resenaslibros/resena-laberinto-la-soledad-octavio-paz

• https://culturacolectiva.com/letras/octavio-paz-y-los-hijos-de-la-ching ada/

Dado en el Palacio Legislativo, el 23 de abril de 2019.

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público mediante la Sener por qué se canceló la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania 2019, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania es un evento internacional diseñado para favorecer el diálogo y el intercambio de experiencias y tendencias entre líderes del sector energético.

El evento reúne a representantes de gobierno, academia, sociedad civil e industria, ofreciendo información clave y precisa para favorecer la generación y la interconexión de ideas para avanzar en la transición energética.

En este contexto, expertas y expertos de los países miembros de la Alianza Energética, México y Alemania, y de otros países del mundo compartirán sus conocimientos y su visión sobre la transformación del sector energético, digitalización y sus impactos, integración de vRES y la realidad de la generación distribuida, cooperativas energéticas y utilidades locales, cómo atender a consumidores vulnerables y el rol de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 1

Por lo anterior, el gobierno federal al tomar la decisión de cancelar la Cumbre de Alianza Energética entre México y Alemania, la cual se llevaría a cabo el martes 19 de marzo del presente año, en el Centro CitiBanamex avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, levantó una nube de opacidad y de incertidumbre en materia de relaciones exteriores y en especial al sector económico internacional ante las naciones que México tiene vínculos con el sector energético, con esto demuestra el gobierno federal a través de la titular de la Secretaría de Energía la ineptitud e ignorancia en la materia, ya que se deben de guardar las forma y protocolos diplomáticos entre las naciones y esta decisión atraerá un impacto presupuestal negativo al país.

De tal suerte que con estas acciones del gobierno federal, afecta las relaciones con la Asamblea General de la ONU el cual México forma parte y adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables”2 .

En este tenor el objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

El cual menciona lo siguiente: La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Sin embargo, el avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Asimismo, son necesarias las inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia”3 .

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional sostienen que es inadmisible que bajo el argumento de que los temas que se abordarían en dicho encuentro no se ajustan a la nueva realidad del sector energético mexicano y favorecen a la reforma energética y que esta sea un argumento de cancelar la cumbre, sin valorar que con esta acción se pierden planes de inversión, desarrollo y se envía un nuevo mensaje de desconfianza a las naciones.

Por lo anterior, deja en evidencia la ignorancia y la falta de diplomacia que tiene el gobierno federal y el titular de la Secretaria de Energía, asimismo, desconocimiento de los acuerdos internacionales que México ha firmado.

Por lo anterior, diversos comentarios surgieron por la cancelación de dicha cumbre, como lo menciona el destacado empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el cual reprochó que la cancelación del evento genere desconfianza y el cual declaro lo siguiente, “la secretaria de Energía ha cancelado la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania. Esperemos que el gobierno de México no haya puesto al país germano en la lista negra de la que habló López Obrador. Con estas acciones, se pierde inversión, desarrollo y de nuevo...confianza”.4

Por lo anterior, concluyo con este principio de doctrina del Partido Acción Nacional “la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y para fortalecer naciones”5 .

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de la titular de la Secretaría de Energía, haga del conocimiento público los motivos de por qué canceló la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania 2019 y cuál será el impacto que dicha decisión tendrá entre la relación bilateral de dichos países. En ese sentido, reconsidere programar la realización de la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania en el próximo mes en curso.

Notas

1 https://www.eventbrite.com.mx/e/
cumbre-de-la-alianza-energetica-entre-mexico-y-alemania-2019-registration-56809609070.

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-genera l-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/, La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ , Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

4 https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-realidad-y-
favorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela-cumbre-energetica-con-alemania ,
“Por no ajustarse a nueva realidad y favorecer reforma de Peña”,
Nahle cancela cumbre energética con Alemania, por la redacción, 17 marzo, 2019.

5 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-2002.pdf , proyectos de principio de doctrina del PAN 2002, ciencia e innovación tecnológica, página 12.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el memorándum sin número ni fundamento jurídico que suscribió públicamente el 16 de abril de 2019 en materia educativa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo que exhortan al titular del Poder Ejecutivo federal a que deje sin efectos el memorándum sin número ni fundamento jurídico que suscribió públicamente el 16 de abril de 2019, en materia educativa; y a los titulares de la Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública del gobierno federal para que hagan caso omiso del mismo documento si no lo han recibido o, en su caso, procedan conforme al artículo 8, fracción VII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña electoral prometió abrogar la reforma constitucional y dos de las leyes secundarias, que se implantaron entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013, y que configuraron una reforma en materia de educación de gran impacto.

Aquella importante y consensuada reforma educativa de 2012-2013 surgió de un conjunto de acuerdos entre el PRI, el PAN y el PRD, llamado Pacto por México , del cual el hoy diputado Pablo Gómez Álvarez fue miembro del Consejo Rector, justo en 2013. La reforma educativa en comento buscó entre otros aspectos1

1. Modificar las relaciones entre autoridades educativas, gestión escolar, sindicato y el sistema educativo nacional.

2. Dotar al Estado de mejores instrumentos y prácticas para que este recuperara el control de los procesos educativos, la asignación de plazas, la evaluación de los maestros. Estableciendo un servicio profesional docente para que se profesionalizara la labor educativa.

3. Poner la calidad educativa como uno de los fines y objetivos medibles de la educación.

4. Crear un órgano constitucional autónomo: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, especializado en evaluación de la educación, con el propósito de asegurar su autonomía técnica, presupuestal y administrativa, para que las evaluaciones tuvieran un componente pedagógico y no político-sindical.

5. Fortalecer los sistemas de gestión escolar tanto en lo pedagógico como en la infraestructura escolar.2

Para ello se modificó el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expidió la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente y se hicieron reformas, adiciones y derogaciones a más de 40 artículos de la Ley General de Educación.3

La propuesta del presidente López Obrador de derogar la reforma educativa anterior, se llevó a cabo inicialmente, sin ninguna evaluación, ni diagnóstico científico, que permitiera conocer las partes o procesos de la Reforma que no estaban funcionando o arrojando resultados que no eran del todo satisfactorios.

El 12 de diciembre de 2018, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.4

En ella se buscaba abrogar desde artículos transitorios, leyes secundarias: la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como realizar modificaciones, para suprimir las evaluaciones de maestros y directivos, entre otras cosas. No hay que omitir que, por un error injustificable, dicha iniciativa derogaba la fracción VII del artículo 3o. constitucional, en materia de autonomía de las universidades públicas .

Para buscar resarcir la falta de un diagnóstico serio y racional de la iniciativa del presidente López Obrador, la Cámara de Diputados llevó a cabo al menos siete audiencias públicas, del 6 al 16 de febrero de 2019 (con docentes y representantes sindicales; con especialistas en el tema y académicos; con escuelas normales y educación superior; con diputadas y diputados locales y federales, senadoras y senadores de la república; con organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales del ámbito educativo; con asociación de padres, madres de familia y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos y con organismos educativos públicos, fundamentalmente el INEE y autoridades educativas federales y estatales); antes de llevar a cabo el proceso de dictaminarían, en el cual además, se tomaron en cuenta, iniciativas de prácticamente todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.5

El 27 de marzo de 2019, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen que, aunque es su título, dice que abroga la reforma educativa de 2013, mantiene más de 70 por ciento de su espíritu y también de la letra de la reforma del Pacto por México y en cambio, contiene bastantes correcciones y cambios a la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, entre ellos: el restituir la autonomía a las universidades públicas, conservar un servicio profesional, evaluaciones a los maestros, la gestión escolar como nodo de una reforma educativa y el control de las plazas por parte del Estado. 6

Sin embargo y pese a contar con una mayoría suficiente para aprobar el dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, el proceso legislativo se detuvo, porque el Presidente de la República, le instruyó al grupo mayoritario, a no continuar los trámites legislativos, hasta no alcanzar un acuerdo con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que habían manifestado su rechazo a la reforma educativa.

Asimismo, el presidente instruyó a los secretarios de Educación Pública, y de Gobernación para que realizaran una mesa de trabajo con líderes de la CNTE, a fin de buscar acuerdos para aprobar la reforma con mayores consensos.

Dicho acto es de llamar la atención porque refleja o bien, la poca representatividad del presidente y su mayoría en las Cámaras del Congreso con los maestros, o la poca importancia que le otorga el presidente, a los consensos logrados en la construcción y aprobación del dictamen referido, con una nueva y más amplia reforma educativa.

Planteamiento del problema

Como el gobierno federal ha mostrado una ineficiente manera de lograr acuerdos con los líderes de la CNTE, y no tiene la voluntad de cumplir con los acuerdos, que permitieron la construcción y aprobación –en comisiones– de un dictamen con suficientes votos el pasado 27 de marzo en esta Cámara de Diputados; el presidente de la República el 13 de abril de 2019, en gira por Campeche, en un mensaje advirtió que si el Congreso y la CNTE se tardaban en llegar a un acuerdo para cancelar la reforma educativa de 2012-2013, emitiría un decreto presidencial para su abrogación.7

Toda vez que el presidente de la República no puede mediante un decreto realizar una derogación ni abrogación de leyes, mucho menos de reformas constitucionales, y ante su impotencia para lograr acuerdos, el 16 de abril de 2019 firmó un memorándum sin número y sin fundamento jurídico de sus atribuciones, con el propósito de instruir a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, para que, entre otras cosas: “queden sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la mal llamada reforma educativa (de 2012-2013)”. 8

Respecto a dicho memorándum, que busca establecer, hasta que se logre un acuerdo con la CNTE, lineamientos y directivas sobre de la educación pública en el país, es pertinente y obligatorio realizar las siguientes observaciones:

El documento invoca facultades del cargo de presidente de la República sin fundamentar en específico cuáles, ni los artículos de la Constitución o de las leyes de la república, en que se sustentarían dichas facultades.

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. 9

Esto es, cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo.

Aun los actos administrativos, específicamente, para poder considerar un acto emanado de una autoridad, como correctamente fundado, es necesario que en él se citen:

a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado a un comportamiento, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables; y

b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades, para emitir el acto en relación del gobernado.10

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo .11

Asimismo, es importante precisar que

El artículo 89, fracción I, de la Carta Magna confiere al presidente de la República tres facultades:

a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión ;

b) La de ejecutar dichas leyes (en el caso que nos ocupa las leyes en materia educativa: la Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y las reformas de la Ley General de Educación y la reforma del artículo 3o. de la Constitución promulgadas en 2012-2013, están vigentes y fueron expedidas por el Congreso de la Unión); y

c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; es decir, la facultad reglamentaria.

Esta última facultad determina que el Poder Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas, que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalles las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión.

Los lineamientos y las directivas son un también un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley.

Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, son diferentes por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica , ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.

La heteronomía de los actos administrativos, implica no sólo que no pueden expedirse sin una ley previa a cuya pormenorización normativa están destinados, sino que su validez jurídico-constitucional depende de ella, en cuanto que no deben contrariarla ni rebasar su ámbito de regulación. Así, igual que una ley secundaria no debe oponerse a la Constitución, un reglamento, una normativa o lineamiento no debe tampoco infringir o alterar ninguna ley ordinaria, pues ésta es la condición y fuente de su validez a la que debe estar subordinado.

No pueden de ninguna manera los actos administrativos, exceder el alcance de la ley, ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y en su espíritu.

Las anteriores consideraciones, fundadas estrictamente en la lógica jurídica, tienen su innegable razón en el principio de que el presidente de la República, titular de la facultad reglamentaria, no puede convertirse, motu proprio, en legislador tratándose de dicho tipo de actos administrativos.

El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa ha sustentado: La facultad reglamentaria del presidente de la República se ha desprendido tradicionalmente de la fracción I del artículo 89 de la Constitución federal, que lo faculta para proveer en la esfera administrativa a la observancia de las leyes.

Ahora bien, de eso se desprende, a su vez, que esa facultad no le es otorgada por el legislador ordinario, pero también que no puede expedirse un reglamento o lineamientos sin que se refieran a una ley, y se funde precisamente en ella, para proveer en forma general y abstracta en lo necesario a la aplicación de dicha ley a los casos concretos que surjan. Es decir, que sin ley no puede haber reglamentos ni normativas en principio, excepto en aquellos casos en que la propia Constitución Federal autoriza al Presidente a usar en forma autónoma su facultad reglamentaria, como lo es, por ejemplo, el caso de los reglamentos gubernativos y de policía a que se refiere el artículo 21 constitucional.

Pero fuera de esos casos de excepción, estimar que el presidente está facultado para dictar disposiciones reglamentarias generales, con características materiales de leyes, aun cuando esos actos administrativos no se encuentren apoyados o dirigidos a direccionar precisamente una ley que lo sea también en sentido formal, es decir, emanada del Congreso, equivaldría a dar facultades legislativas al presidente de la República, en contravención a lo dispuesto en los artículos 49, 73 y relativos de la mencionada Constitución.

Así pues, los lineamientos y directivas sólo pueden tener validez legal cuando están dirigidos a proveer a la aplicación de una ley concreta, a cuyos mandamientos debe ceñirse, por lo demás, sin poderlos suprimir, modificar ni ampliar en su sustancia.

En el orden federal, el Congreso de la Unión tiene facultades expresas consignadas en la Constitución de la República para expedir las diversas materias a que ésta se refiere. Por tanto, en tales materias es dicho organismo, el que debe establecer la normativa correspondiente, sin que pueda desplazar como facultad legislativa en favor del presidente de la República fuera de los casos contemplados por los artículos 49 y 29 constitucionales.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción XXV que el Congreso de la Unión tiene facultad de

... establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones ; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad...

El artículo 3o. constitucional determina en la fracción VIII:

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Dicho en forma conclusiva, cualquier acto administrativo sobre alguna materia que esté comprendida dentro del ámbito legislativo federal del Congreso de la Unión, no puede tener la naturaleza de norma ni dejar sin efecto, detener, cambiar, omitir o abrogar una ley.

Suponer lo contrario equivaldría a admitir los siguientes fenómenos inconstitucionales:

1. Delegación de facultades legislativas en favor del presidente de la República, fuera de los casos previstos por los artículos 49 y 29 de la ley fundamental (es decir, si el Congreso de la Unión se abstiene de normar por sí mismo las materias de su competencia federal, autorizando simplemente a dicho funcionario para regularlas);

2. Invasión por parte del presidente de la República de la esfera competencial del Congreso de la Unión, con quebranto del principio de la separación de poderes, en caso de que, sin estar autorizado por dicho organismo, expida lineamientos por encima o en contradicción con la ley, sobre las materias cuya ordenación incumbe a éste;

3. Usurpación de las facultades reservadas a las autoridades de los Estados con violación del artículo 124 constitucional, en la hipótesis de que el jefe del Poder Ejecutivo federal reglamente por sí mismo materias cuya regulación no corresponda al Congreso de la Unión por no tener éste facultades expresas consignadas en la ley suprema; y

4. En general, violación de la competencia constitucional del mencionado alto funcionario.

Ahora bien, los secretarios destinatarios del memorándum: los de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública (sobre todo), y sus subalternos, pueden incurrir en incumplimientos, omisiones o violaciones de diversas disposiciones legales, que la Constitución y las leyes les mandan llevar a cabo (en el supuesto de hacer caso y ejecutar lo mandado por el presidente en el mencionado memorándum), por el deber que tienen para cumplir de acuerdo con sus nombramientos y con las atribuciones y facultades conferidas a las dependencias que dirigen, y a una serie de acciones y programas que tienen a su encargo.

A continuación se menciona un conjunto representativo y amplio de las medidas derivadas de las atribuciones, principios, facultades y obligaciones que las leyes mandatan a los servidores públicos, así como las que la reforma educativa de 2012-2013 estableció obligatoriamente, para las autoridades educativas de la federación y de las que el memorándum en comento no hace ninguna distinción:

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ;

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;

(...)

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

(...)

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

El principio de legalidad como uno de los principios fundamentales de todo el servicio público, es definido como: el sometimiento del quehacer del Estado y de sus servidores o funcionarios públicos, al conjunto de los ordenamientos jurídicos y leyes, es decir, la sumisión de la actuación administrativa a las disposiciones generales, ya sean legales o reglamentarias vigentes .12

Ley General de Educación

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación , de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Para efectos de la presente ley se entenderá por

I. Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal;

(...)

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la república los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, la secretaría también deberá mantenerlos acordes con el marco de educación de calidad contemplado en el servicio profesional docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional;

(...)

V Bis . Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar , mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.

En las escuelas que imparten la educación media superior, la secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes.

(...)

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

(...)

XII. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional atendiendo las directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y participar en las tareas de evaluación de su competencia de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita dicho organismo ;

Artículo 29. ...

Tanto la evaluación que corresponde realizar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como las evaluaciones que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, son responsabilidad de las autoridades educativas, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes .

(...)

Artículo 31. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional y en cada entidad federativa.

Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo 10 . Corresponden a la Secretaría (de Educación Pública) las atribuciones siguientes:

I. Participar con el instituto en la elaboración del programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación que para la educación básica refiere esta ley. Para tal efecto, la secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas locales;

II. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio en la educación básica, según el cargo de que se trate. Para tales efectos, la secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas locales;

III. Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio , en los términos que para la educación básica fije esta ley;

IV. Proponer al instituto las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de evaluación obligatorios que para la educación básica y media superior refiere esta ley;

V. Aprobar las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción que para la educación básica prevé esta ley;

(...)

VIII. Emitir lineamientos generales para la definición de los programas de regularización de los docentes de educación básica a que se refiere el artículo 54 de esta ley, de manera que tales programas sean acordes y pertinentes con los niveles de desempeño que se buscan;

IX. Emitir los lineamientos generales de los programas de reconocimiento, formación continua, de desarrollo de capacidades, de regularización y de desarrollo de liderazgo y gestión;

X. Expedir en el ámbito de la educación media superior, lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente;

XI. Impulsar en el ámbito de la educación media superior mecanismos de coordinación para la definición de perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente;

XII. Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, qué puestos del personal técnico docente formarán parte del servicio profesional docente ;

XIII. Establecer o convenir los mecanismos mediante los cuales los representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los procesos de evaluación que el Instituto determine, conforme a las reglas que al efecto expida; y

(...)

Artículo 11. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán coadyuvar con el instituto en la vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados en el marco del servicio. En caso de irregularidades, el Instituto determinará las medidas que estime pertinentes para asegurar la debida realización de la evaluación respectiva. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán ejecutar las medidas correctivas que el Instituto disponga.

(...)

Artículo 21. El ingreso al servicio en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, con sujeción a los términos y criterios siguientes:

I. Para el ingreso al servicio en la educación básica:

a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias expedidas por las autoridades educativas con base en la información derivada del sistema de información y gestión educativa;

b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados; los criterios para la asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes. En su caso, las convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la secretaría;

c) Las autoridades educativas y organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán, con anticipación suficiente al inicio del ciclo académico, las convocatorias respectivas conforme a las necesidades del servicio y a los programas a que se refiere el artículo 7, fracción II de esta ley; las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, deberán colaborar en la difusión de estas convocatorias; y

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de Ingreso sean definidos conforme a lo previsto en esta ley.

Artículo 52. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento.

En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta ley.

Así que toda vez que el memorándum suscrito por el Presidente López Obrador, no se funda y motiva debidamente, no hace una precisión y especificación de las medidas que derivadas de la reforma educativa 2012-2013, serán suspendidas y las negociaciones con la CNTE que tienen detenido el proceso legislativo de la nueva reforma, no tienen un horizonte claro, cualquier omisión, suspensión o violación a las atribuciones y acciones que se han puntualizado (y que todas ellas derivan de la reforma educativa de 2012-2013), significarían una violación a las leyes de la República y en este caso, una afectación al interés superior de la niñez, que debe prevalecer ante cualquier otro derecho .

Asimismo y de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; o las omisiones de carácter grave, y las violaciones sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales, pueden redundar en perjuicio de los intereses públicos o a su buen despacho.

Y es menester recordar que: cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho; es procedente el juicio político.

Por todo lo expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que deje sin efecto el memorándum sin número, fechado el 16 de abril de 2019, con el cual pretende emitir directivas y lineamientos en materia educativa, contradictorios y suspensivos de la Constitución General de la República y de diversas disposiciones de la Ley General de Educación y que suspende inconstitucionalmente la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, vigentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública a que hagan caso omiso del memorándum referido y se abstengan de llevar a cabo acciones u omisiones, que pretendan el incumplimiento o postergación de las leyes de la república.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, en el supuesto de haberles sido notificado por algún medio oficial el memorándum de fecha 16 de abril en comento, a que cumplan lo establecido en el artículo 8, fracción séptima, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y comuniquen por escrito al titular del Ejecutivo federal las dudas fundadas que les suscite la procedencia de las órdenes recibidas y que pudiesen implicar violaciones de las leyes o de cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de no incurrir en acciones u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Fuentes Consultadas

1 https://www.animalpolitico.com/2013/01/pablo-gomez-va-al-consejo-rector -del-pacto-por-mexico/

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2924/Resumen_Ejecutivo_d e_la_Reforma_Educativa.pdf

3 Ibídem.

4 https://www.milenio.com/politica/camara-diputados-recibe-reforma-educat iva-amlo

5 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencia-Publica-Reforma -Educativa/Versiones-Estenograficas

6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/27/aprueban-diputados-en-com isiones-reforma-educativa-1648.html

7 https://laverdadnoticias.com/mexico/
AMLO-da-ultimo-llamado-Reforma-Educativa-se-cancela-si-no-hay-acuerdo-20190413-0120.html

8 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Memora%CC%81ndum -16-abril-2019-Segob-SEP-SHCP.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

10 Véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 35 y 31, tesis por contradicción 2a. /J. 58/2001 y 2a. /J. 57/2001, 216534. VI. 2o. J/248. Tribunales colegiados de circuito. Octava época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 64, abril de 1993, página 43.

11 Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El tribunal pleno, el 1 de julio en curso, aprobó, con el número 79/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 1 de julio de 2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, agosto de 2009, página 1067, pleno, tesis P./J. 79/2009; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, mayo de 2008, página 529.

Facultad Reglamentaria del presidente en https://mexico.leyderecho.org/facultad-reglamentaria-del-presidente.

12 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005766.pdf

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley General de Educación

Ley General del Servicio Profesional Docente

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para incorporar en el programa Turismo Social a diversas alcaldías y municipios de la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, estado de México y Puebla, así como garantizar la seguridad en carreteras, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

México, entre los países más visitados por turismo religioso, según la Sectur.

Se estimó que la visita del Papa Francisco, en 2016, dejó una derrama económica de dos mil 500 millones de pesos en las seis regiones que visitó. El país cuenta con 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y ex conventos de carácter históricos, entre los santuarios más visitados.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República precisó que en el país la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México, es la que más peregrinos recibe de todo el mundo. Cada año, los centros de fe son visitados por más de 20 millones de personas en el país, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope).

Para Sectur del Gobierno de la República informó que México es una de las naciones más visitadas del orbe gracias a la riqueza arquitectónica, artística y cultural de los santuarios con los que cuenta, equiparable en arribo de turistas a otros centros religiosos mundiales.

México cuenta con una larga tradición arquitectónica y de arte sacro plasmados en sus catedrales, iglesias, conventos y ex conventos históricos que forman parte de los santuarios más visitados por turistas nacionales e internacionales.

Cada año, dichos templos son visitados por más de 20 millones de personas en el país de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope).

Los centros marianos con más visitantes en el país son: Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México; Virgen de la Concepción, en San Juan de los Lagos, Jalisco; Virgen de Juquila, en Oaxaca; Virgen de la Expectación, en Zapopán, y Virgen del Rosario en Talpa, Jalisco.

En cuanto a los santuarios de devoción no mariana, los más importantes son: Santo Niño de Atocha en Fresnillo, Zacatecas, Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Guanajuato y el Señor de Chalma en Malinalco, estado de México. Asimismo, se encuentra el Estado de Puebla, donde existen una gran cantidad de iglesias y conventos para beneficio de la cultura y donde miles de turistas visitan este Estado.

La Sectur recordó que en el último Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, la población católica de México fue de 94 millones de personas, el 84% del total de sus habitantes, el segundo país con más católicos en el mundo, después de Brasil.

Cabe destacar que el arribo de visitantes a los centros religiosos en México, es equiparable en la llegada de turistas a otros centros religiosos mundiales como la Virgen Aparecida en Brasil, Lourdes en Francia, Santuario Fátima en Portugal, Czestochowa en Polonia, Lugares Santos en Israel, La Meca en Arabia Saudita, y Tirupati en la India.

A nivel mundial, y de acuerdo con la Agencia Española de Turismo, el turismo religioso mueve cada año a 300 millones de viajeros.

Las cifras más recientes de The International Conference on Religious Tourism, World Religious Travel Association y la World Tourism Organization, señalan que el tamaño de la industria de los viajes de Turismo Religioso a nivel mundial fue de 300 millones de viajeros en 2016, con un valor de 18 mil millones de dólares.

En México, la Basílica de Guadalupe es el culto mariano más visitado por nacionales y extranjeros de todo el país. Cada año lo frecuentan 18 millones de personas, siendo el segundo recinto religioso más visitado en el mundo superado sólo por la Basílica de San Pedro, en Roma.

Tan sólo el 12 de diciembre de cada año, aproximadamente 7.2 millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe, una cifra equivalente a los visitantes extranjeros al año de la Meca.

Del total de turistas que visitaron la Basílica de Guadalupe, 64 por ciento son nacionales y el 36 por ciento internacionales. De los nacionales, la mayoría son oriundos de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Chihuahua, mientras que, de los visitantes internacionales, un gran número proviene de Estados Unidos, España, Colombia, Alemania y Argentina.

En segunda posición nacional, por número de visitantes en el segmento de Turismo Religioso, se ubica el Santuario de la Virgen de San Juan de Los Lagos, en Jalisco y que en los meses de enero y febrero llega una gran cantidad de peregrinos con motivo de la Candelaria o Presentación del Niño en el Templo y la Purificación de la Santísima Virgen María, y en julio y agosto con la Fiesta de la Asunción de María.

En tercera posición se ubica el Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros Fresnillo, Zacatecas, que recibe visitantes, en su mayoría nacionales, originarios de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Chihuahua y Querétaro.

El Santuario de Cristo Rey, en Silao, Guanajuato, y que ocupa el cuarto lugar entre los lugares de culto más visitados del país, recibió en 2015 a un millón 400 mil peregrinos, principalmente a las festividades de octubre y noviembre procedentes de Guadalajara, Zamora, San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Durango y Zacatecas.

Por último, la Secretaría de Turismo señaló que también se encuentra el culto mariano de la Inmaculada Concepción de Juquila en el estado de Oaxaca, cuya fiesta se celebra cada año el 8 de diciembre con música típica, bailes tradicionales y gastronomía del lugar. Básicamente acuden peregrinos de la región, así como muchos oaxaqueños asentados en el Distrito Federal y el Estado de México. También turismo de Puebla, Tlaxlaca. Llegan más de 20 mil creyentes, muchos llevan serenatas, cantos de alegría y devoción.

Con el nombre de Juquila se conoce la pequeña imagen de la madre de Dios, generalmente venerada y visitada desde entonces año por año, por miles de devotos. Perteneció primeramente a fray Jordán de Santa Catalina, pasando luego por donación de este religioso al poder de un indio natural de Amialtepec, piadoso y gran devoto de María. Los vecinos de Amialtepec, donde la llevó su nuevo dueño, cobraron a la imagen singular afecto visitándola con frecuencia e invocándola en sus necesidades, Sin duda aquellas peticiones fueron bien acogidas por la reina de los cielos, pues se contaban maravillas obradas por su intercesión, y tanto, que pronto la fama voló por los pueblos circunvecinos y aún llegó a lugares distintos de donde partían devotos peregrinos para visitar el jacal de Amialtepec que guardaba la santa imagen. La noticia de tales acontecimientos llegó al cura del lugar, don Jacinto Escudero, persona instruida y sensata, quien, para evitar abusos fáciles de cometer con pretextos de devoción en una casa privada lejos de la vigilancia de los sacerdotes, venciendo la resistencia del propietario de la sagrada imagen la trasladó al templo. Ahí la devoción creció y los peregrinos aumentaron considerablemente.

Es por ello que se debe realizar una promoción turística eficaz para éste tipo de turismo dado que es un principal aportador y beneficiario para la economía nacional y Estatal, como es de conocimiento público, en el mes de febrero de éste año, el secretario de Turismo (Sectur), anunció que como parte de la estrategia de Turismo 2019-2024 exista un programa para garantizar que las personas de escasos recursos viajen de manera gratuita.

Se trata del programa “Sonrisas por México” que iniciará como programa piloto de turismo social que fomentará que los mexicanos de escasos recursos viajen gratis por derecho universal a la recreación y al descanso, “El Turismo debe de ser un derecho para todos los mexicanos”, Dicho programa es encabezado por estados donde hay playas, que son verdaderos paraísos, sin embargo dejaron excluidos a Estados que cuenta con turismo cultural y religioso donde existen catedrales, conventos y monumentos arquitectónicos eclesiástico de riqueza cultural y es muy bien recibido con el turismo, por lo que consideró pueda ser de principal interés que se tenga captación de turismo, por lo anterior solicitó se pueda integrar los estados como la Ciudad de México, estado de México; Jalisco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca; quienes son ricos en cultura religiosa; para incorporarlos al Programa de Turismo Social que está implementando el gobierno federal.

Sin embargo sabemos que sin seguridad no puede haber turismo, y en varios estados de la República Mexicana desde varios años existe inseguridad en varios puntos del país, ocasionando con ello un decremento de turismo en los estados, perjudicando el turismo y la economía del país, por ello con este nuevo gobierno y seguros de su asertivo manejo de políticas públicas en materia de seguridad se han implementados programas para evitar la delincuencia, por ello es importante que en los Estados arriba mencionados también cumplan con la meta de aplicar seguridad y así puedan tener certeza el turismo nacional como extranjero de estar cuidados por la policía federal en todo momento y poder realizar sus recorridos turísticos sin ningún contratiempo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Secretaría de Turismo Federal, incorpore al Programa Turismo Social los municipios de Ciudad de México; San Juan de los Lagos, Jalisco; municipio de Juquila, en Oaxaca; Zapopán, y Talpa, Jalisco; Fresnillo, Zacatecas, Guanajuato, Chalma en Malinalco, Estado de México y Puebla. Donde existen monumentos y catedrales eclesiásticos, con la finalidad de promover el turismo religioso y beneficie a la economía de los estados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para que brinde las facilidades al turismo nacional y extranjero, para garantizar la seguridad en carreteras y dentro de los municipios de los Estados: Ciudad de México; San Juan de los Lagos, Jalisco; Municipio de Juquila, en Oaxaca; Zapopán, y Talpa, Jalisco; Fresnillo, Zacatecas, Guanajuato, Chalma en Malinalco, Estado de México, con la finalidad de promover el turismo religioso, el cual que beneficiará a su economía.

Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2019.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a publicar los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, a fin de cumplir la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad actual, está llevando a cabo importantes cambios en nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de aprender. Entre todos ellos, el aprendizaje, tal y como lo vislumbran un gran número de autores, será en poco tiempo la nota imperante en esta nueva concepción social la cual vaticinan que transitará desde una sociedad bien informada a una sociedad más formada, no sólo en el ámbito profesional, sino en un sentido cultural amplio.

En este contexto, las transformaciones y reformas de los procesos educativos deben volverse primordial, si se quiere empezar a formar estudiantes con un alto nivel de escolaridad en el que las competencias a través de la creatividad y la innovación vayan de la mano de la tecnología, pues ésta, se constituye en una herramienta eficaz en los procesos educacionales.

Por ello, las tecnologías y los medios componen un sistema cultura y simbólico en los que se integran diferentes códigos, leguajes y costumbres, a su vez, los espacios y tiempos de contacto potencial de los sujetos con el conocimiento y la cultura las tecnologías en la sociedad de la información aportan nuevas formas y contenidos sociales, culturales políticos y financieros la cual convierten la información en el motor fundamental del desarrollo y la información.

Es por lo anterior que, la aceleración de las nuevas tecnologías, potencializa cambios significativos en la sociedad a la investigación, innovación, los avances, asimismo, las nuevas tecnologías generan cambios y necesidades de aprendizaje constantes la propia sociedad plantea exigencias de formación que implican modelos de enseñanza adaptables al binomio espacio y tiempo las TIC ofrecen una serie de posibilidades para la formación específica en función del colectivo que se ha de formar y contenido que se ha de impartir, son un medio que permite la implementación de nuevos modelos pedagógicos, sostienen que aprender a vivir y a trabajar con computadoras o teléfonos inteligentes debe figurar entre los objetivos de rendimiento más básico de cada uno de los currículo educativos contemporáneos.

En este contexto, para las niñas, niños y adolescentes de estas actuales generaciones, las TIC son la forma natural o “nativa” de comunicación entre ellos en este tiempo y de interacción con el mundo.

Los menores y jóvenes utilizan a diario las TIC, tanto para comunicarse y relacionarse como para buscar entretenimiento, obtener información o ampliar conocimientos en diferentes ámbitos en sus labores escolares.

Esta situación, se forma un nuevo reto para todos los ámbitos implicados: la familia, los centros educativos, las empresas, las instituciones públicas, al ser necesario garantizar los derechos de los menores y la necesidad de educarlos y protegerlos de los riesgos potenciales que genera las nuevas tecnologías, las redes sociales y los videojuegos. Es por lo anterior que se han generado normatividades federales y estatales para garantizar este derecho y estas dan pie a que el ejecutivo en sus tres órdenes de gobierno genere políticas públicas responsables.

Por lo anterior, con fecha 19 de diciembre del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley General de Educación (LGE) en materia del uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo.

Así, hoy el texto vigente de la Ley General de Educación establece como una atribución exclusiva de la autoridad educativa federal el “Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo” (Fracción V Ter, artículo 12, Ley General de Educación).

En este sentido, establece como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales el “Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento” (Fracción X Bis, artículo 14, Ley General de Educación).

Por otra parte, en el artículo 42 de la Ley General de Educación vigente se establece que “En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad”. Del mismo modo, se señala que “Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación”.

Por lo argumentos anteriores, se puede ver que la ley ya contempla acciones a favor del uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, asimismo, mandata la toma de acciones que aseguren protección y cuidado a los educandos; y cursos a docentes y personal de los planteles de educación sobre los derechos y obligaciones que tienen al estar encargados de su custodia.

Es por lo anterior que el espíritu de este punto de acuerdo es que publique, a la brevedad posible, los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 fracción V Ter de la Ley General de Educación, ya que la Secretaria de Educación Pública está en franco incumplimiento de ley, porque el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en Materia de Uso y Regulación de Tecnologías en el Sistema Educativo Nacional, se estableció que dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto , la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción V Ter del artículo 12 del presente Decreto, y esto no sucedió.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que publique, a la brevedad posible, los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 fracción V Ter de la Ley General de Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, y expresa lo mismo condolencias a los familiares de las víctimas que solidaridad con los heridos, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente los hechos corridos en el municipio de Minatitlán, Veracruz; asimismo, expresa sus condolencias con los familiares de las víctimas y su solidaridad con las personas heridas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es un derecho fundamental de las personas, en la medida que permite salvaguardar la integridad y patrimonio, a la vez que representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden y la tranquilidad y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el progreso y el bienestar de las familias.

Pese a ello, el estado de Veracruz vive una situación grave de inseguridad que afecta a diversos ámbitos de la vida de los habitantes y de la sociedad en su conjunto.

Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar los hechos ocurridos el pasado viernes 19 de abril, alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo de hombre armados irrumpió en un salón de fiestas en la colonia Obrera, en Minatitlán, Veracruz, con el propósito de llevarse a un sujeto, identificado como “El Beky”; sin embargo, los asistentes trataron de impedirlo, por lo que fueron agredidos con armas de fuego.

El número de víctimas mortales que dejó el ataque ocurrido aumentó a 14, luego de que una de las personas heridas perdiera la vida mientras recibía atención médica.1

De acuerdo con los medios de comunicación, se trataba de una fiesta de cumpleaños familiar, que se convirtió en una noche de terror. Dentro de las personas que murieron se encuentra un pequeño de año, algunas ancianas y versiones indican que los pistoleros todavía se dieron el lujo de torturar psicológicamente a quienes sobrevivieron, pues los obligaron a observar cómo los acribillaban.2

Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no habrá impunidad en el ataque y se comprometió a dar con los responsables; sin embargo, es importante señalar que el combate a la inseguridad no constituye una de las prioridades gubernamentales.

No se trata de un hecho aislado, es parte de un problema de inseguridad que prevalece a nivel nacional. Actualmente, Veracruz es uno de los 10 estados más violentos del país. Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses de la administración estatal se han cometido 449 homicidios dolosos.

Tan sólo durante enero-marzo de 2019, se registraron 348 de este tipo de homicidios, los cuales han venido aumentando de manera sistemática desde diciembre del año pasado.3

Pese a esta grave situación, el mandatario estatal mantiene el firme compromiso de atender “primero a los pobres” y de gobernar con base en un diseño de prioridades ante la falta de recursos económicos. Al respecto, ha precisado que en este primer año de gobierno la prioridad es la cuestión social y el respaldo a las personas desprotegidas. En el segundo año –dijo- la prioridad va a ser la infraestructura hospitalaria, educativa y carretera. Y en el tercer año, el recurso se enfocará en educación y cultura- “Esas son las prioridades”.4 En este contexto, aseveró que los resultados “más considerables y fuertes” en materia de seguridad para la entidad van a ser visibles dentro de dos años.

Se trata de situaciones verdaderamente lamentables a las cuales los mexicanos no nos podemos seguir acostumbrando. El Presidente de México se comprometió desde el inicio de su gestión a disminuir los índices de inseguridad en todo el país, pero éstos no solo no están disminuyendo, por el contrario, al primer trimestre del presente año alcanzaron niveles históricos.

En efecto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2019 es ya el más violento en la historia moderna de México, con 8,493 homicidios dolosos, un aumento del 9.60% respecto a los 7,750 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018.5

Con estos datos, durante los primeros cuatro meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acumularon 11,360 asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales. ¿Dónde quedó el compromiso con la tranquilidad, integridad y patrimonio de todos los mexicanos? Es a todas luces evidente que la promesa no se está cumpliendo.

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su artículo 49, las atribuciones del gobernador del Estado, cuya fracción IV señala “Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las corporaciones policiales estatales, y de las municipales en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público...”6

Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

En síntesis, hay una grave omisión del Gobierno federal y del Gobierno del estado de Veracruz en garantizar la seguridad a la población, en perjuicio de su tranquilidad, integridad y patrimonio.

La sociedad mexicana demanda respuestas inmediatas en temas fundamentales como la seguridad pública. No puede seguir poniéndose en riesgo la integridad y patrimonio de las familias mexicanas ante la falta de experiencia y curva de aprendizaje de los responsables de esta política pública toral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos corridos en el municipio de Minatitlán, Veracruz, asimismo, expresa sus condolencias con los familiares de las víctimas y su solidaridad con las personas heridas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables del homicidio de 14 personas en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que atienda la exigencia de justicia y seguridad de la sociedad veracruzana, ante el incremento potencial de los homicidios ocurridos en la presente administración.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que a la brevedad diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad que permitan garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos en el territorio nacional, ante el incremento exponencial de la incidencia delictiva que se ha suscitado en los últimos meses.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie las investigaciones conducentes de los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, ante la falta de actuación de los tres órdenes de gobierno y emita las medidas cautelares pertinentes a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas.

Notas

1 https://www.sinembargo.mx/20-04-2019/3569078

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/politica/al-bebe-lo-siguiero n-rematando-asi-los-desgarradores-relatos-de-la-masacre-de-minatitlan-3 347211.html

3 https://doc-0c-a0-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/
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4 https://plumaslibres.com.mx/2019/02/26/promete-cuitlahuac-garcia-resolv er-problemas-de-inseguridad-hasta-dentro-de-2-anos-en-veracruz/

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Mexico-vuelve-a-romper-record-de-violencia-en-primer-trimestre-2019-20190421-0016.html

6 http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2 017/03/CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-VERACRUZ-LL AVE.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 23 de abril de 2019.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conafor, y al gobierno de Puebla a coordinar acciones para prevenir incendios forestales, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del grupo parlamentario morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Lo incendios forestales, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor),1 es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. El combustible es el factor principal que determina la magnitud del mismo.

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, son las vidas humanas. Los incendios arrasan con la madera, el hábitat de fauna silvestre, contaminan el aire, contribuyen al cambio climático, propician la erosión del suelo, afectan el paisaje, y alteran el régimen hidrológico, entre muchos otros lamentables impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos, y operativos.

Los incendios forestales se clasifican en tres tipos por la naturaleza de los combustibles presentes:

Los incendios superficiales, son los más comunes en México. El fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos; como pastizales, ramas, arbustos o pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se encuentran desde la superficie del suelo y hasta 1.5 metros de altura.

Los incendios de copa o aéreos, (menos del 8 por ciento) consumen la totalidad de la vegetación, son peligrosos y muy difíciles de controlar.

Los incendios subterráneos, inician de forma superficial, bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de los combustibles. Por lo general, no producen llama y emiten poco humo. Aunque no son muy comunes (menos de 2 por ciento), cuando se presentan son peligrosos y difíciles de controlar.

Los incendios forestales aumentan, y muchas de las veces, despenden de las condiciones meteorológicas (temperatura, viento, aire, etc.) incluso descuidos humanos.

Siguiendo con la misma fuente de la Conafor,2 menciona que en México Existen dos temporadas de incendios forestales: en las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada se registra en el noroeste del país, inicia en mayo y termina en septiembre.

Las principales causas de los incendios forestales son;

Accidentales:

Relacionados con accidentes automovilísticos, ferroviarios, aéreos y con ruptura de líneas eléctricas.

Negligencias:

Las quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras actividades productivas dentro de las áreas forestales.

Intencionales:

Se refiere a las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios, entre otros.

Naturales:

Caída de rayos o erupciones volcánicas.

Con el fin de abatir las causas y de reducir el impacto de los incendios forestales, el Gobierno del Estado de Puebla cuenta con el Centro Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales.

Nuestra entidad es el primer estado de la República Mexicana que cuenta con un centro de monitoreo a través de cámaras de detección de columnas de humo en tiempo real, sin embargo, es necesario que la respuesta se pronta e eficiente.

En el estado se cuenta con 65 municipios en riesgo, como son;

Región Libres; Aljojuca, Atzitzintla, Chalchicomula, Chilchotla, Cuyuaco, Guadalupe Victoria, Libres y Ocotepec,

Oriental; Saltillo Lafragua, San Juan Atenco, San Salvador El Verde, Tepeyahualco De Hidalgo Y Tlachichuca

La Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla en el Capítulo V, de la protección al ambiente, preservación y Restauración en su artículo 121 estable el derecho a un medio ambiente adecuado;

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. El Estado y los Municipios promoverán y garantizarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, a través de la protección al ambiente y la preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Al efecto se expedirán las leyes y disposiciones necesarias.3

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal y al Gobierno de Puebla, a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, al Gobierno de Puebla aumentar campañas de reforestación en los municipios afectados por los incendios forestales.

Notas

1 Más información en la página oficial de la Conafor; http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/115.pdf

2 Conafor, Incendios forestales, publicado en; http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/115.pdf

3 Artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público mediante la SRE y la SFP los motivos por los que el contrato número SRE-DRM-AD-001/19 se asignó sin licitación a la empresa alemana Veridos, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las recientes declaraciones en sus ruedas de prensa y el eslogan del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema que impulsó su campaña para llegar a Los Pinos, han generado entre quienes votaron por él una sensación de haber sido engañados, principalmente porque la ciudadanía votó por un hombre intachable y aborrecido de la corrupción prometió que combatiría de frente a este cáncer que ha carcomido el tejido social y la credibilidad de la política mexica, ahora a sus pocos meses de su mandato en la Presidencia, resulta que ofrecerá amnistía a los corruptos y continuará con una estrategia de seguridad que ha demostrado ser fallida en incontables ocasiones.

Dejando al Presidente en una posición del todo contradictoria con sus promesas, porque ha ofrecido borrón y cuenta nueva a las corrupciones del pasado, para darle continuidad con su gabinete esta corrupción ya que ha salido a la luz pública por parte de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una asignó sin licitación a la empresa alemana Veridos, un contrato por 27.7 millones de dólares.

En este contexto esta misma empresa, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, “había obtenido en abril de 2015 un contrato por un periodo de 32 meses, en una licitación que fue impugnada legalmente por presunto favoritismo por un consorcio de cinco compañías que habían presentado una oferta más barata”.1

Por lo anterior, la empresa “Veridos ganó aquella licitación con una propuesta de hasta 93.9 millones de dólares, mientras que el consorcio encabezado por la empresa Vangent propuso un costo de 79.9 millones de dólares, asimismo, hubo otras empresas que también presentaron ofertas más baratas, como Sixsigma Networks y la británica La Rue International Limited, que ofrecían realizar el servicio de emisión de pasaportes a un costo de 86.4 millones de dólares”.2

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada en esos días por José Antonio Meade, “justificó la contratación de la empresa Veridos con el argumento de que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico.

El argumento de la Cancillería fue que se cumpliría el objetivo de agilizar el servicio de emisión de pasaportes. No obstante, cuando Veridos empezó a emitir los pasaportes en octubre de 2015, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios”.3

De tal suerte, que de 11 mil 908 pasaportes que se emitían en promedio diariamente a nivel nacional, cayó a sólo 911 diarios, según reveló una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que fue necesario que la SRE aplicara acciones urgentes para restablecer el servicio.

La misma auditoría de la ASF mostró que el sistema contratado a Veridos ni siquiera se había implementado en los consulados de México en el extranjero porque los equipos adquiridos estaban almacenados, mientras que en las delegaciones estatales estuvieron por lo menos ocho meses sin el servicio.

Pese a estos antecedentes, la actual administración federal decidió ampliar el contrato a Veridos, mediante una asignación directa con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019, por un importe total, sin IVA, de 27 millones 760 mil 666 dólares, equivalentes a 537 millones de pesos al tipo de cambio actual.

“El contrato SRE-DRM-AD-001/19 cubre el servicio de emisión del pasaporte en la embajada y consulados de México en Estados Unidos de América (EUA), así como en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en territorio nacional, y fue asignado mediante la dirección de adquisiciones”.4

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional exige un “recto ejercicio de la autoridad, que no es el menor dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común que simultáneamente implica la justicia”.5

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de los titulares de la Secretaría Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Función Pública, haga del conocimiento público los motivos por los que asignó el contrato SRE-DRM-AD-001/19 sin licitación a la empresa alemana Veridos , por 27.7 millones de dólares para la emisión de pasaportes por una vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Notas

1 https://contralacorrupcion.mx/pasaportes

2 https://contralacorrupcion.mx/pasaportes, Premian con nuevo contrato a empresa que falló en pasaportes, 29 de marzo de 2019.

3 https://www.animalpolitico.com/2019/03/sre-contrato-sin-licitacion-pasa porte/, SRE recontrató sin licitación a empresa para emitir pasaportes; en 2015 su sistema colapsó.

4 https://www.20minutos.com.mx/noticia/498084/0/asigna-sre-contrato-a-emp resa-que-fallo-al-emitir-pasaportes-senala-est/, Asigna SRE contrato a empresa que falló al emitir pasaportes, señala Notimex 31.03.2019 - 09:41H.

5 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-1965.pdf, proyecto de principios de doctrina del Partido Acción Nacional, 1965, pág. 3, política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir el mandato de la Constitución y las leyes emanadas de ella, y garantizar el respeto de la división de poderes, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y el derecho a la educación de los mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que cumpla cabalmente con el mandato constitucional y las leyes que de ella emanan, garantice el respeto a la división de poderes, el interés superior de niñas, niños y adolescentes y el derecho a la educación de los mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de abril, el Presidente de la República difundió un memorándum, ordenando a sus secretarios de Hacienda, Educación y Gobernación “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Esta orden presidencial carece de todo fundamento jurídico y es un acto inconstitucional que viola lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso. Además, ignora el artículo 72 de nuestra ley fundamental que establece que sólo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar, o derogar una ley.

Las leyes son preceptos establecidos por una autoridad competente que regula o prohíbe los comportamientos sociales a fin de establecer un orden. Se crearon con el objetivo de evitar los abusos de poder y conformar un estado de derecho en donde todas las relaciones humanas se encuentran reguladas creando una convivencia pacífica y ordenada entre las personas.

En México, la Constitución política constituye el eje rector del país. Ésta reconoce los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como sus garantías; además plantea la estructura de un estado de derecho fundado en tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El primero se encuentra depositado en el Congreso de la Unión, el cual se encarga de crear las leyes necesarias para que el Estado funcione. El segundo, ejecuta las reglas planteadas por el Congreso, permitiendo un orden administrativo y, el tercero, dirime controversias cuando una ley es incumplida o existen conflictos entre distintas partes. La existencia de tres Poderes con atribuciones distintas, existe para evitar abusos por parte de las autoridades. De ahí que la Constitución establezca de manera clara cuáles son los alcances y límites de cada uno.

Ningún Poder puede ejercer facultades de otro. Asimismo, dado que la ley y sobre todo la Constitución, es la representación de la soberanía del pueblo, depositada en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado para decidir las leyes que debe cumplir y cuáles no. Como un ente encargado de ejecutar la ley, su única obligación es observar que éstas se cumplan a través de procesos administrativos que se derivan del ejercicio de gobernar. De igual forma el Poder Judicial tampoco puede crear leyes, sino que deben resolver el conflicto con fundamento en lo establecido por el Poder Legislativo.

La violación de estos preceptos constituye un abuso de poder que vulnera la democracia, cuando el Poder Ejecutivo cancela o deja de aplicar una ley vigente, está negando el sistema democrático y representativo, así como la decisión de la sociedad, atentando contra el gobierno del pueblo. Más grave aún constituye la inaplicación de la norma constitucional y, sobre todo, la inaplicación de los derechos y garantías consagrados en la misma.

Luigi Ferrajoli, a través de la teoría del garantismo, dejó en claro que el poder puede ser violatorio de los derechos humanos, de tal suerte que las leyes y ante todo, las garantías deben construirse con el objetivo de limitar el poder y proteger a los ciudadanos del mismo. De ahí que toda Constitución deba contar con derechos reconocidos, pero también con sistemas de protección que contendrán los abusos y actos de autoridad.

En México, desde 2011 se creó un sistema protector de derechos humanos que parte del reconocimiento de estos y la conformación de garantías que pretenden protegerlos. Toda autoridad está obligada a seguir los principios emanados del artículo primero constitucional, así como de los otros 28 que consagran la mayoría de los derechos y libertades reconocidas en nuestro país.

En este sentido, la cancelación de la reforma educativa establecida en el artículo 3o. constitucional significa un abuso de autoridad que atenta contra los ejes fundamentales del estado de derecho y que además vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Violar la Constitución, o decidir no aplicarla para satisfacer a una minoría disidente, implica consagrar la impunidad como un acto recurrente que se valida y se acepta desde la autoridad ejecutiva.

La reforma educativa es uno de los cambios estructurales más trascendentales. Hoy contamos con un sistema educativo que garantiza la calidad, tenemos un nuevo modelo educativo, maestros mejor preparados y mejores planteles educativos, en beneficio de los millones de niñas y niños del país.

Una tarea fundamental como es la educación, no puede sustentarse en ocurrencias y acuerdos con quienes ponen en riesgo la enseñanza de miles de alumnos. La reforma puede ser perfectible y fortalecerse, pero no retrocediendo y afectando la educación y el futuro de México, mucho menos vulnerando el estado de derecho y la división de poderes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que cumpla cabalmente con el mandato constitucional y las leyes que de ella emanan, garantice el respeto a la división de poderes, el interés superior de niñas, niños y adolescentes y el derecho a la educación de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a detallar las acciones implantadas para cumplir el punto de acuerdo aprobado el 18 de julio de 2018 por la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura respecto a la inclusión y el apoyo de los deportistas con síndrome de Down, a cargo de la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o.; artículo 65, numeral 4; el artículo 79, numeral 1, fracción II, y el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. En seguimiento a los puntos de acuerdo aprobados por la LXIII Legislatura solicitando el impulso y atención a las y los deportistas con síndrome de Down por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

A partir de un punto de acuerdo del diputado federal por Morena, Juan Romero Tenorio, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 18 de julio de 2018, se aprobó un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a proporcionar la atención oportuna, necesaria y suficiente a jóvenes y niños mexicanos con síndrome de Down, para el impulso, desarrollo y reconocimiento de sus capacidades deportivas, como se cumple con los atletas sin discapacidad; así como a brindar el apoyo económico necesario para que dichos deportistas asistan a las competencias internacionales con el respaldo nacional.1

Anteriormente, el 31 de agosto de 2016, la Comisión Permanente también aprobó un punto de acuerdo de los diputados Norma Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias reconociendo los múltiples triunfos logrados por los deportistas mexicanos con síndrome de Down y solicitando tanto al Ejecutivo federal, como a la Conade en lo particular, entre otras cuestiones, lo siguiente:2

1) Que se reconociera el esfuerzo de los deportistas con síndrome de Down que participaron en la Primera Olimpiada Mundial de la Trisomía 2016;

2) Que se gestionaran los apoyos y estímulos previstos en la Ley General de Cultura Física y Deporte para dichos deportistas;

3) Que se remitiera al Congreso de la Unión un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentra la atención a personas con síndrome de Down y las políticas públicas para asegurar su inclusión a la sociedad; y

4) Que la Conade diseñara, difundiera y fortaleciera las acciones y estrategias encaminadas a promover el deporte entre personas con síndrome de Down, en congruencia con los resultados obtenidos en las competencias internacionales.

A pesar de que los dos puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad por la Comisión Permanente el 31 de agosto de 2016 y el 18 de julio de 2018, respectivamente, las acciones de las autoridades del deporte y las autoridades estatales y federales no ha modificado lo que parece un trato discriminatorio para los atletas con síndrome de Down, como lo reflejan las pautas publicitarias que dio a conocer la Conade por televisión a finales de septiembre de 2018.

Sin menospreciar el esfuerzo que realizan los atletas estándar, es inaceptable que para las autoridades del deporte no existan los deportistas con discapacidades o especiales, no se valoren sus esfuerzos, su interés por ganar a sus adversarios, el anhelo por ganar el derecho de subir al podio, ver ondear su bandera y escuchar su himno. Estos deportistas tan increíbles deben ser una inspiración para todos nosotros, ser un reflejo de los esfuerzos que debemos realizar todos para ser capaces de superar la adversidad con trabajo y empeño.

Hoy quiero retomar ese tema, destacando que desde entonces, los atletas mexicanos con síndrome de Down han participado en diversos eventos deportivos internacionales: los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en Barranquilla, Colombia; el Noveno Campeonato Mundial de Natación Síndrome de Down, que se llevó a cabo en Truro/Colchester, Nueva Escocia, Canadá, así como el Campeonato Mundial de Gimnasia Síndrome de Down, que se llevó a cabo en Alemania. En todas estas las competencias lograron excelentes resultados, mostrando en cada caso el orgullo y el cariño por nuestro país.

En los tres eventos mencionados los deportistas mexicanos tuvieron un gran desempeño. Pero en contra de lo que se esperaría de una política incluyente, equitativa, no discriminatoria, los directivos de la Conade siguen sin adoptar medidas para diseñar estrategias que reconozcan el valor del esfuerzo realizado por todos los atletas mexicanos, incluyendo los deportistas con síndrome de Down que hoy son punta de lanza para muchos niños y jóvenes que demandan una inclusión plena.

Por ejemplo, la delegación mexicana que participó en el Noveno Campeonato Mundial de Natación Síndrome de Down que se llevó a cabo en Truro, Nueva Escocia quedó en cuarto lugar en el medallero. La delegación de 11 atletas compitió con más de 300 nadadores que representaron a 25 países. La delegación mexicana de nadadores con síndrome de Down conquistó 24 medallas en total, muchas más que el total de atletas que asistieron: 8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, además de imponer récords mundiales.

También en Alemania, donde se llevó a cabo el mundial de gimnasia de atletas con síndrome de Down, sobresalieron los chicos de México que ganaron medalla de oro.

El problema está en que parece que para las autoridades de la Conade sólo existen los deportistas estándar. Insistimos, sin menospreciar el esfuerzo que realizaron los atletas que fueron a Barranquilla, se debe hacer el mismo reconocimiento a los atletas con síndrome de Down y en general a todos aquellos que con alguna discapacidad han triunfado en competencias internacionales.

II. Respecto de la probable comisión de una conducta discriminatoria por parte de la Conade, en perjuicio de las y los deportistas con discapacidad.

Por otra parte, el trato reiteradamente diferenciado e injustificado que las autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) otorgan a los deportistas especiales con síndrome de Down o con alguna discapacidad, con respecto a los deportistas estándar, debe ser motivo de análisis por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

De conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, el Conapred nace con, entre otras, las finalidades de llevar a cabo acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades de todas las personas; y de coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Por tratarse de una dependencia de la administración pública federal, la Conade debe ser objeto de dichas acciones en favor de la igualdad y no discriminación de las personas a las que atiende y que son la razón de ser de su existencia.

El Conapred cuenta con un amplio catálogo de atribuciones de distinta índole que le permiten cumplir con su objeto: desde acciones preventivas, hasta la posibilidad de diseñar y evaluar políticas públicas, y de investigar y establecer medidas de reparación o corrección de cualquier conducta discriminatoria cometida por particulares o por servidores públicos.

Respecto de las acciones preventivas, se solicita respetuosamente al Conapred ejercer las facultades conferidas por la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en las fracciones XXIV, XXVII, XXVIII, XXXV, XXXVI, XL, XLVII, LII, y LIII del artículo 20 a fin de trabajar de la mano con la Conade para generar e implementar acciones afirmativas y políticas públicas en favor de la inclusión de las y los jóvenes y niños deportistas con síndrome de Down al sistema deportivo que corresponde instrumentar a esta comisión.

Lo anterior, no solo para corregir toda práctica discriminatoria en que la Conade pudiera estar incurriendo, sino también para prevenir futuras conductas que generen exclusión y tratos diferenciados e injustificados en perjuicio de las personas con discapacidad.

Por lo anterior, se insta al Conapred a realizar en esta materia y respecto de la Conade, las siguientes acciones puntuales a fin de cumplir la exigencia planteada en esta proposición con punto de acuerdo:

• Promover la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discriminación (artículo 20, fracción XXXV);

• Establecer una estrategia que permita a la Conade llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos (artículo 20, fracción XXXVI);

• Sensibilizar, capacitar y formar al funcionariado público de la Conade en materia de no discriminación (artículo 20, fracción XL);

• Proponer al Ejecutivo federal y a la Conade, en el ámbito de sus atribuciones, las reformas reglamentarias y administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación, en el caso particular, de las y los deportistas con Síndrome de Down y con otras formas de discapacidad (artículo 20, fracción LII);

• Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación que implante el Conapred (artículo 20, fracción LIII);

• Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación por parte de la Conade (artículo 20, fracción XXIV);

• Elaborar guías de acción que aporten elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación por parte del Conapred (artículo 20, fracción XXVIII).

Por otra parte, es necesario solicitar al Conapred, dicte las medidas necesarias para conocer e investigar la posible responsabilidad de la Conade en la realización de prácticas discriminatorias en contra de niñas, niños y jóvenes deportistas con síndrome de Down; así como a emitir y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones que resulten de dichos procedimientos, y la aplicación de medidas administrativas y de reparación por la comisión de actos u omisiones de discriminación, de conformidad con las fracciones XLIV y XLVI del artículo 20 de la mencionada Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Finalmente, con el objeto de fomentar una cultura de la denuncia útil para prevenir, corregir y sancionar actos de discriminación, se muestra necesario instar al Conapred a ejercer la facultad conferida en la fracción XLVII del multicitado artículo 20, a fin de identificar, investigar y determinar las responsabilidades que resulten procedentes en casos que vulneren los derechos a la igualdad y la no discriminación de las y los deportistas con síndrome de Down y otras formas de discapacidad, por parte de la Conade.

Es necesario insistir: la aplicación de una política incluyente repercute favorablemente en un mejor trato social y mayores oportunidades para todas y todos.

Por otra parte, las diferentes instancias del Ejecutivo no deben suponer que los puntos de acuerdo siguen siendo “llamados a misa”. Como integrantes del Poder Legislativo, exigimos respuestas responsables o en su caso exigiremos sanciones a quienes no cumplan con sus responsabilidades.

Por lo expuesto, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a detallar públicamente las medidas que adoptaron para dar cumplimiento al punto del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura el 18 de julio de 2018, para otorgar a los atletas mexicanos con síndrome de Down, y en general a los deportistas con alguna discapacidad que triunfan en competencias internacionales, los mismos reconocimientos, premios y estímulos que otorgan a los deportistas sin discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a implementar las medidas administrativas idóneas y oportunas para prevenir, detener y reparar cualquier posible acto u omisión de discriminación en que pudiera incurrir la Conade, en perjuicio de las y los deportistas con síndrome de Down y otras formas de discriminación, con respecto al trato que se otorga a deportistas sin discapacidad, así como a conocer, investigar y emitir las resoluciones que resulten procedentes para corregir dichos actos u omisiones.

Notas

1 Véase: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/81895

2 Véase:
http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXIII/2016/sep/20160913.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de abril de 2019.

Diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar el derecho de acceso a la información en el proceso de construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, y publicar con la mayor brevedad el análisis de costo-beneficio, la manifestación de impacto ambiental y todo lo referente a la ejecución del proyecto, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que garantice el derecho acceso a la información en el proceso de construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco y publique a la brevedad el análisis de costo-beneficio, la manifestación de impacto ambiental y toda la información referente a la construcción de este proyecto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, es uno de los principales proyectos del gobierno federal en el que se planea invertir entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, que se planea terminar en los próximos tres años y que, de acuerdo con declaraciones oficiales, tendrá la capacidad de producir 340 mil barriles por día.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para este año contempla destinar recursos por 50 mil millones de pesos para la etapa de planeación, lo que representa casi un tercio del costo total del proyecto y poco más del doble del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el presente año.1

Sin embargo, desde su nacimiento, el proyecto se ha caracterizado por la opacidad y la falta de información sustentada sobre su construcción. Hasta ahora, el gobierno federal no ha presentado un plan maestro de la construcción de la refinería ni los diversos estudios que se necesitan para argumentar la viabilidad de la construcción, no se conocen los costos precisos, ni el impacto ambiental que supondrá para una región que alberga a una importante cantidad de especies de flora y fauna. La información oficial que se ha publicado carece de sustento técnico y de un estudio serio sobre su construcción.

Ante esta situación el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizó un estudio diagnóstico con el objetivo de evaluar la viabilidad financiera de la refinería de Dos Bocas, buscando responder a una pregunta específica: ¿es rentable para México llevar a cabo este proyecto?

El IMCO se define como un centro de investigación sin fines de lucro ni partidistas que propone soluciones efectivas a los desafíos más importantes de México. Su misión es enriquecer el debate y la toma de decisiones de política pública con evidencia y análisis de alto rigor técnico.2

La conclusión a la que llega IMCO en su análisis, es que la refinería de Dos Bocas traerá más costos que beneficios para Pemex y para México, ya que cuenta con 2 por ciento de probabilidades de ser rentable. El documento hace énfasis en que los resultados del estudio surgieron a partir del análisis de 30 mil escenarios financieros, a diferencia de la evaluación de un solo escenario exigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.3 Cabe mencionar que para la elaboración de este estudio no se consideró la construcción de infraestructura adicional, como ductos e instalaciones de almacenamiento.

El estudio señala que, a la fecha, el gobierno federal no ha presentado un estudio de factibilidad económica del proyecto, además de que los recursos utilizados en la construcción no podrán ser utilizados dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) para actividades que pueden ser más rentables para otros rubros importantes, como salud, educación o la construcción de otras obras de infraestructura.

El escenario proyectado por IMCO resulta preocupante, toda vez que el presupuesto asignado para la construcción de la refinería es de tal magnitud que un mal uso del mismo podría generar una crisis en las finanzas públicas e incluso un grave daño para Pemex, empresa que ya se encuentra en graves condiciones financieras y estructurales.

Es importante señalar que no es la primera vez que se pone en duda la viabilidad de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en enero del presente año, un diario de circulación nacional dio a conocer un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) donde concluyó que este proyecto sería inviable técnica y financieramente, ya que el costo total rondaría entre los 14 mil 740 millones de dólares, cifra que prácticamente duplica a los 8 mil millones calculados por el gobierno federal.

Sorpresivamente, poco después de lo sucedido, el IMP se retractó y señaló que el proyecto de Dos Bocas sí era técnicamente viable e incluso necesario.4

Reconocidos expertos en petróleo también coinciden en que la construcción de la refinería sería muy costosa y no redituable, ya que no existe ningún caso a nivel mundial en el que se haya ejecutado una obra de tales dimensiones en menos de cuatro años, el plazo más probable sería entre cinco y siete años.5

Cabe mencionar que otro de los puntos de negativos del proyecto en mención es el de su licitación, ya que ésta se realizó a través de una invitación restringida y no mediante concurso público, lo cual genera opacidad y desconfianza, ya que las empresas a las que se les ha invitado para la realización del proyecto han sido relacionadas con casos de corrupción en el sector energético.6

La construcción de infraestructura en el sector petrolero es fundamental para el desarrollo económico del país, sin embargo, para su construcción previamente se deben realizar diversos estudios técnicos y de viabilidad económica y financiera, así como de impacto social y ambiental. Siendo un tema técnico, es necesario tomar en cuenta la opinión de expertos en la materia y no sólo guiarse por meros caprichos políticos, partidistas o unipersonales.

El proyecto para la refinería de Dos Bocas no puede continuar en la opacidad. Son recursos públicos los que se utilizarán para su construcción y, por ello, la sociedad tiene el derecho de saber cómo serán utilizados, así como el tiempo y los costos totales de su construcción, los beneficios que generará para Pemex y toda la información relacionada con el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que garantice el derecho de acceso a la información en el proceso de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y publique a la brevedad el análisis de costo-beneficio, la manifestación de impacto ambiental y toda la información referente a la construcción de este proyecto.

Notas

1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, Cámara de Diputados, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf

2 ¿Qué es IMCO?, en: https://imco.org.mx/conoce-imco/

3 Diagnóstico IMCO Refinería Dos Bocas, IMCO, en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/09042019_ Diagn%C3%B3sticoIMCO_Refiner%C3%ADaDosBocas.pdf

4 La refinería de Dos Bocas es inviable, señala el IMP, Forbes, en:

https://www.forbes.com.mx/la-refineria-de-dos-bocas-es-i nviable-senala-el-imp/

5 La refinería de Dos Bocas es inviable, pero al presidente no se le contradice, El Financiero , en:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-refineria-de- Dos-Bocas-es-inviable-pero-al-presidente-no-se-le-contradice-20190201-0 030.html

6 Nombres de empresas invitadas a la licitación de Dos Bocas, aparecen en estos casos de corrupción, Eje Central , en:

http://www.ejecentral.com.mx/empresas-invitadas-a-la-lic itacion-para-dos-bocas-aparecen-en-casos-de-corrupcion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para establecer instrumentos de transparencia y rendición de cuentas en los criterios de selección de proyectos y ejercicio de los recursos en las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El programa 3 X 1 para Migrantes, forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno de México para reducir las desigualdades e impulsar el desarrollo, contando con la participación de connacionales en el extranjero para desarrollar proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o productivos.

Este programa surge en el año 2002, como resultado de los “logros” obtenidos por el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero implementado en Zacatecas, razón por la cual se diseñó desde el gobierno federal el Programa Iniciativa Ciudadana 3X1, precursor del actual Programa 3×1 para migrantes.

A pesar de ello, en los últimos años, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha documentado la falta de confianza de los mismos migrantes hacia los gobiernos municipales. Esto ya que a los recursos asignados al programa se les ha dado un fin distinto para el que fueron destinados originalmente.1

El programa, ha recibido valoraciones como la Evaluación Complementaria de Resultados del Programa 3x1 para Migrantes 2013-2014, el cual evidenció problemas tales como la percepción parcial de actos de corrupción, causada por la opacidad, así como la insuficiencia de recursos, que solamente beneficia a algunos proyectos y localidades.2

Estos mismos informes resaltan la complejidad de los trámites y procesos descritos en las reglas de operación del programa, las cuales no permiten aclarar los criterios de selección para los proyectos. Una de las quejas más recurrentes en todas las entrevistas realizadas a los interesados en participar, es la falta de tiempo para subsanar las supuestas fallas u omisiones en las carpetas de proyectos entregadas ante el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam).

Estas omisiones, contravienen con los objetivos establecidos en el artículo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tanto se incumple con el fin de documentar y hacer públicas las acciones ejercidas por gobiernos locales, mismas que darían la certeza de la operación del programa.

Estos resultados se acentuaron en los años siguientes, pues como precisan los datos del Coneval en su evaluación de 2016-2017, sólo 18.9 por ciento de las obras apoyadas contaban con un plan de mantenimiento y operación formal, a pesar de ser este un requisito establecido en la normatividad, lo que dificulta el seguimiento y monitoreo de las mismas, así como la identificación de resultados del programa 3X 1 en el mediano y largo plazos.3

Es así como se violentan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no se hace expresa la máxima publicidad del ejercicio de recursos, ni de los criterios tomados en cuenta para decidir sobre un proyecto u otro como regula el artículo 6. Asimismo, no se privilegia el uso de tecnologías de información para la divulgación de información, ni tampoco hay acuerdos con alguna otra institución que sirva de apoyo en materia de transparencia, a pesar de ser un programa que opera con intervención de los tres órdenes de gobierno.

Cuadro comparativo de los cambios realizados en las Reglas de Operación del Programa 3x1 para migrantes de 2014 y 2019.

Como bien se puede observar, dentro del capítulo de transparencia, las acciones contenidas en las actuales Reglas de Operación para el Programa 3 X 1 para Migrantes, solamente se limitan a la implementación de una contraloría social integrada por beneficiarios del programa, lo cual deja fuera de las evaluaciones y seguimiento a integrantes de proyectos no aprobados. No son precisas las funciones o atribuciones de dicha contraloría, pues de encontrar alguna irregularidad no es clara la manera de proceder y resolver, aun consultando el Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales ,4 no se establecen los mecanismos de acción efectuado por esta misma para proceder en un caso de irregularidad, dejando su función únicamente a la elaboración de un documento que funja como guía de propuestas.

En este sentido, y dotando a la contraloría social de acciones certeras en materia de transparencia y combate a la corrupción, se propone que dentro de sus atribuciones, se efectúen auditorías a los proyectos y programas de gobierno, materia de este programa 3x1 para Migrantes, solicitando en su caso, el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación.

Las reglas de operación se desempeñan como acciones de seguimiento discrecional por parte de la contraloría, pero no existen mecanismos reales que brinden certitud a la rendición de cuentas y den a conocer los resultados alcanzados frente a la población, lo cual deviene en la falta de confianza de los beneficiarios.

Es necesario dar legalidad y eliminar todas las barreras existentes que han impedido a lo largo de los últimos años que los beneficios de la política social lleguen de manera directa a todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, se tomen las medidas pertinentes dentro de las reglas de operación del Programa 3x1 para Migrantes, con el objetivo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los criterios de selección de proyectos y el ejercicio de los recursos públicos.

Notas

1 Coneval, 2009. Documento consultado el 8 de abril de 2019 en la página de internet https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/especificas _desempeno/dependencias/SEDESOL/SEDESOL7C.pdf

2 Documento consultado el 8 de abril de 2019 en la página de internet

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187098/In forme_Final_3x1.pdf

3 Coneval, 2017. Documento consultado el 9 de abril en la página de internet

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documen ts/Fichas-de-Monitoreo-2016-2017.pdf

4 Dirección General Adjunta de Contraloría Social, 2016. Consultado el 9 de abril de 2019 en la página de internet

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30165/man ual-de-promocion-y-operacion-de-la-contraloria-social-en-programas-fede rales.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el Banobras a realizar un estudio de costo-beneficio sobre la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que, de manera coordinada, realicen un estudio costo/beneficio en relación con la venta del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, asimismo, bajo el principio de máxima publicidad, transparenten los gastos generados por su resguardo, mantenimiento y renta del hangar durante esta transacción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) dio a conocer que el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” fue adquirido en noviembre de 2012 a través de un contrato de arrendamiento financiero, y desde el inicio de su operación, fue utilizado exclusivamente para el transporte y movilización del titular del Ejecutivo federal.1

Durante sus dos años 10 meses de servicio constantes, realizó un total de 214 operaciones y durante este periodo, realizó un recorrido aproximado de 600 mil kilómetros.

Entre las generalidades de este aparato destaca que es del modelo Boeing 787-8, con una longitud de 57 metros y con la capacidad de volar 20 horas sin recargar combustible. Debido a su alta tecnología, produce 20 por ciento menos de emisiones en comparación con otros modelos.2

Pese a estas características, la presente administración federal optó por venderlo. Propósito que desde que se dio a conocer ha estado relacionado con diversas anomalías, entre ellas, falta de trasparencia, carencia de certeza y nulos mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental.

Para contar con un panorama general de estas irregularidades, basta señalar las siguientes:

1. El gobierno federal ha mantenido en total opacidad, los costos generados por concepto de cuidado y mantenimiento durante su resguardo en el hangar de Boeing en Victorville, California.

Existen indicios de que se está erogando al menos 508 millones 511 mil dólares por 394 concepto de servicios de mantenimiento y 13 millones 696 mil pesos por tenerlo guardado.3

2. No se hadado a conocer con certeza los contratos de arrendamiento del hangar de Boeing, y tampoco se ha informado los gastos generados por el gobierno mexicano hasta este momento, por la estancia del aparato en Estados Unidos.

3. El gobierno federal también ha sido omiso al informar a los mexicanos el recurso que ha asignado al resguardo de por lo menos 131 aeronaves, que están en proceso de negociación para su venta en el condado de San Bernardino del estado de California.

Las anomalías descritas son una clara falta a los compromisos de la SHCP y de Banobras, ya que sus titulares se comprometieron a “garantizar en todo momento las mejores condiciones en el proceso de venta y el uso eficiente de los recursos públicos”.4

Han sido tan altos los niveles de opacidad en este proceso, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instó a la Secretaría de la Defensa Nacional a transparentar los costos y proveedores.

Estos hechos son contrarios a nuestro marco jurídico e institucional, en particular a los objetivos que persigue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública quien en su artículo segundo establece: “transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.”5

Asimismo es una trasgresión a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público quien en su artículo 16, indica que los contratos celebrados en el exterior deberán estar motivados por los criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado”, situación que a lo largo de esta operación no se han alcanzado.

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que se realice un estudio costo/beneficio con relación a esta compra-venta, ya que existen serias dudas sobre su viabilidad y beneficios para las arcas públicas y principalmente para los mexicanos.

Solicitamos que el gobierno federal cumpla con sus compromisos con la sociedad e informe bajo el principio de máxima publicidad los gastos, erogaciones, contrataciones y licitaciones que se han realizado para el resguardo y comercialización del avión presidencial.

Es fundamental que esta transacción genere beneficios para el país, ya que de no ser así, sólo representará una media electorera en la búsqueda de aceptación social y gastos para la presenta administración. Resulta preocupante que el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes haya asegurado que “no habrá recuperación para el Estado por venta del avión presidencial”.

Ocupar la infraestructura y equipo con los que cuenta el Estado mexicano podría inhibir posibles actos de corrupción y desvío de recursos, sobre todo, porque la Oficia de la Presidencia ha sido omisa en transparentar en tu totalidad el costo de los boletos de avión, el número de acompañantes y los gastos generados por su movilización.6

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que, de manera coordinada, realicen un estudio costo/beneficio en relación con la venta del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, asimismo, bajo el principio de máxima publicidad transparenten los gastos generados por su resguardo, mantenimiento y renta del hangar durante esta transacción.

Notas

1 Presidencia de México (2018). Conferencia de prensa sobre la venta del avión presidencial. 22 de abril de 2019, de Gob.mx sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/videos/conferencia-de-prensa-sobre-la-ve nta-del-avion-presidencial?idiom=es

2 El Universal (2018). Diferencias entre el avión presidencial de México y el de Trump. 9 de abril de 2019. Sitio web

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/diferencias-entr e-el-avion-presidencial-de-mexico-y-el-de-trump

3 Blanca Cortés Martínez. (2019). Lavar el avión presidencial cuesta 5 mil dólares; su almacenamiento más de 13 mdp. 22 de abril de 2019, de Grupo Fórmula sitio web https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190408/lavar-el-avion -presidencial-cuesta-5-mil-dolares-su-almacenamiento-mas-de-13-mdp/

4 El Financiero. (2018). San Bernardino, California, será el destino del avión presidencial: SHCP y Banobras. 22 de abril de 2019. Sitio web https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hacienda-y-sedena-preparan-men saje-sobre-el-avion-presidencial

5 Congreso de la Unión (Última Reforma DOF 27-01-2017). Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 22 de abril de 2019, de Diario Oficial de la Federación sitio web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

6 Mauricio Huizar (2019). No habrá recuperación por venta de avión presidencial: Jiménez Espriú. 22 de abril de 2019, de El Sol de México sitio web https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/no-habra-recuperacion- por-venta-de-avion-presidencial-jimenez-espriu-3301765.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS y el Infonavit a hacer públicas las reglas de operación y los estados financieros generales del programa mediante el cual se otorga la devolución automática del fondo de ahorro de vivienda para los trabajadores que cotizaron al Seguro Social entre 1972 y 1992, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) para que hagan públicas las Reglas de Operación y Estados Financieros Generales del programa mediante el cual se está otorgando la devolución automática del Fondo de Ahorro de Vivienda para los Trabajadores que cotizaron al IMSS entre los años 1972 a 1992 al tenor de los siguientes

Antecedentes

En abril de 1972 se promulga la Ley del Infonavit, con la que se otorga el derecho a la vivienda de los trabajadores, derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo fundamental consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales de 5 por ciento del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados, para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o en su efecto, el derecho a que sus ahorros les fueran devueltos.

Dos décadas después, en 1992 se Inicia la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro en nuestro país y el Infonavit deja de constituir el Fondo de Ahorro con las aportaciones de sus derechohabientes y comienza a integrar con éstas la Subcuenta de Vivienda.

La Ley del Infonavit se reforma en varias de sus partes, entre ellas destaca fundamentalmente la desaparición de la continuación voluntaria y la devolución del Fondo de Ahorro al trabajador cuando cumple 65 años.

El pasado jueves 28 de marzo del 2019 y como parte de las acciones de la nueva administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dirigida por Carlos Martínez Velázquez, presentó el programa de devolución automática del Fondo de Ahorro 72-92, cuyos recursos fueron captados entre mayo de 1972 y febrero de 1992 y que no se utilizaron para el desarrollo de vivienda, y se encuentra en dicho fondo.

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, manifestó que dichas devoluciones se depositarán a la cuenta de los pensionados en forma automática y en una sola exhibición.

De igual manera mencionó que el programa iniciaría el pasado primero de abril con la devolución automática de 246.5 millones de pesos a 282 mil pensionados, cuyo monto promedio asciende aproximadamente a 872 pesos por cada pensionado.

Se manifiesta que los recursos captados entre 1972 y 1992 y que no se usaron para la adquisición de un inmueble, están depositados en el Fondo de Ahorro 72-92 y ahora serán depositados en una sola exhibición a la cuenta CLABE en la que el jubilado recibe su pensión y para aquellos que no son pensionados contarán con otros canales de atención para recibir solicitudes de devolución.

Como se puede observar, es un programa que beneficia a los trabajadores jubilados y que se omitió dicha implementación en sexenios pasados, pero también es cierto que los trabajadores con derecho a obtener dichos recursos no tienen la información necesaria sobre los montos que en su momento ellos aportaron a dicho fondo; si estas aportaciones que en muchos casos realizaron durante veinte años generaron algún interés financiero o en su caso depreciación monetaria en dichos ahorros.

Como se mencionó anteriormente, en promedio es de 872 pesos lo que recibirá cada pensionado; la pregunta que realiza la ciudadanía a los legisladores como representantes del pueblo al enterarse de este monto promedio tan bajo va en el sentido de pedir un desglose de dicha cantidad, si la misma obtuvo un rendimiento o un decremento por tantos años e incluso décadas que se mantuvo en dicho Fondo de Ahorro 72-92.

Por lo descrito pongo a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del IMSS y del Infonavit que hagan públicas las Reglas de Operación y Estados Financieros Generales del programa mediante el cual se está otorgando la devolución automática del Fondo de Ahorro de Vivienda para los Trabajadores que cotizaron al IMSS entre los años 1972 a 1992.

Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2019.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a instaurar campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico dirigidas a niños y adolescentes, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

Mildred Concepción Ávila Vera , de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que contribuyan en reducir y prevenir las violencias que les afectan, en todos sus tipos y modalidades, incluidas las autolesiones , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes ha alcanzado niveles elevados en los últimos años en el país y ello va en detrimento del proceso educativo. Un niño o una niña que sufre cualquier tipo de violencia o maltrato, o que transcurre su formación sumido en ansiedad, tristeza, miedo o depresión, será un menor de edad que no estará en posibilidades de lograr el aprovechamiento máximo que se espera de su proceso formativo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda violencia contra los niños, y en particular el maltrato infantil en los 10 primeros años de vida, constituye un problema en sí mismo y un importante factor de riesgo de otras formas de violencia y problemas de salud a lo largo de toda la vida. En un estudio reciente de la OMS se ha calculado que los abusos sexuales en la infancia explican aproximadamente un 6 por ciento de los casos de depresión, un 6 por ciento de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8 por ciento de los intentos de suicidio, un 10 por ciento de los casos de trastorno de pánico y un 27 por ciento de los casos de trastorno de estrés postraumático.

Otros estudios también han relacionado los malos tratos físicos, los abusos sexuales y otros acontecimientos adversos en la infancia con el consumo excesivo de tabaco, los trastornos alimentarios y los comportamientos sexuales de alto riesgo, que a su vez están relacionados con algunas de las principales causas de muerte, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

En México, acorde al informe anual 2017 del Unicef, respecto de la violencia que padecen niños, niñas y adolescente se sabe que:

-6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.1

-1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por un algún miembro de su familia.2

-1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina.3

- La escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia.4

-1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.5

Otra forma de violencia creciente es aquella autoinfligida; cada vez más niños y niñas recurren al cutting o autolesiones en el cuerpo, como resultado de pensamientos agresivos que aparecen repetitivamente y pueden tener consecuencias lamentables en la vida de los niños, niñas y adolescentes, como es el suicidio.

Según Inegi, las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en los hombres, las tasas más altas se presentan entre los grupos de edad de 20 a 44 años, siendo la más alta en relación a los demás grupos de edad, con 16 suicidios por cada 100 mil hombres. En tanto que, en las mujeres, la tasa más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años con 4 suicidios por cada 100 mil mujeres.

No es raro, que el suicidio sea la culminación de múltiples intentos y de una ideación gestada desde la infancia o la adolescencia a partir de sucesos sufridos a lo largo de la vida, por lo que la intervención psicológica a temprana edad en niñas y niños pudiera ser un factor protector para evitar futuros eventos letales en adolescentes.

Antecedentes

Acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México, tiene como propósito principal, el reconocimiento de la dignidad humana de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo.

En este sentido el artículo 19 de la Convención consagra el derecho a la protección contra la violencia y a la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso, como se menciona a continuación:

“[...] Artículo 19:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

En concordancia con lo anterior, en la citada Convención, en su artículo 29, se señala la importancia del desarrollo de la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física de las niñas, niños y adolescentes hasta el máximo de sus posibilidades, como a continuación se señala:

“[...] Artículo 29.

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;”

En este mismo sentido es que la Ley General de Educación señala la importancia de preservar la integridad física, psicológica y social para los menores de edad en la impartición de la educación, como se describe a continuación:

“[...] Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.”

Por las razones aquí expuestas, es pertinente hacer un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que realice campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que contribuyan de reducir y prevenir las violencias que les afectan, en todos sus tipos y modalidades, incluidas las autolesiones.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que realice campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que contribuyan a reducir y prevenir las violencias que les afectan, en todos sus tipos y modalidades, incluidas las autolesiones, para dar cumplimiento a la Convención Sobre los Derechos del Niño, garantizando que los espacios escolares se consoliden como entornos protectores para los menores de edad.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública y Unicef México. 2016. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 – Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y Unicef México.

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Instituto Nacional de Salud Pública, Ensanut 2012

5 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días de abril de 2019.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de implantar acciones de vigilancia en las redes sociales para detectar y eliminar las páginas, las cadenas de mensajes o los juegos interactivos promotores de conductas autodestructivas en niños y adolescentes a través de retos y acciones fomentados por personajes reales o ficticios, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

Mildred Concepción Ávila Vera, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a implementar acciones de vigilancia en las redes sociales para detectar y eliminar las páginas, cadenas de mensajes o juegos interactivos que promueven conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes, a través de retos y acciones que son promovidas por personajes reales o ficticios, incluidas las autolesiones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes en las redes sociales, especialmente a través de páginas, cadenas de mensajes y juegos de origen desconocido pero que va tejiendo de manera veloz, conexiones entre los menores de edad, se ha convertido en un potente enemigo invisible que es necesario combatir y vencer.

Son varios los casos en México que se conocen, en los que se sospecha una estrecha relación entre este tipo de retos y la desaparición, las lesiones o incluso la muerte de un niño, una niña o un adolescente.

Uno de los casos ocurrió en Tabasco, que, a decir del propio fiscal del estado, en el 2018 se tuvo que abrir la investigación y pedir apoyo a la Policía Cibernética ante la posible conexión entre la desaparición de adolescentes y un reto en las redes sociales conocido como el “reto de las 48 horas”, donde menores de edad desaparecen de manera voluntaria y durante un lapso de 48 horas y conforme a la reacción o acciones que emprenden las familias, suman puntos que los hacen ganar un juego.1

En México también se ha hecho popular el reto suicida denominado “la Ballena Azul” que consiste en 50 retos con violencia física y psicológica durante 50 días, en 2017 este reto cobró la vida de una adolescente en la delegación de Iztapalapa, se trató de una adolescente estudiante de secundaria y quien habría seguido indicaciones a través de una comunidad de Facebook.2 En el mismo año otra adolescente de 14 años en Parral Chihuahua fue hospitalizada tras lanzarse del segundo piso de su escuela. Al parecer, pertenecía a los seguidores de “la Ballena Azul”.3

El más reciente reto popularizado entre jóvenes y adolescentes en México se hace llamar “el Clonachallenge” del cual resultaron hospitalizados, en febrero de 2019, en el estado de Durango, 13 menores de edad intoxicados, entre las edades de 13 y 14 años, todos de una misma escuela. El reto consiste en beber refresco mezclado con Clonacepan, un medicamento que induce el sueño; una vez ingerido el refresco, resulta ganadora la última persona en quedarse dormida.4

En general, las autoridades tienden a intervenir cuando ya ocurrieron los hechos, cuando ya hubo un daño considerable o la muerte del niño, niña o adolescente. Las acciones de prevención en general se limitan a solicitar a la comunidad el cuidado y supervisión de los hijos e hijas respecto de las actividades que realizan en las redes y en internet.

Lo anterior a todas luces, resulta insuficiente para proteger efectivamente a los menores de edad de tan peligrosos y silenciosos enemigos.

Antecedentes

Acorde a la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México, tiene como propósito principal, el reconocimiento de la dignidad humana de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. En este sentido el artículo 19 de la Convención consagra el derecho a la protección contra la violencia y a la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso, como se menciona a continuación:

[...] Artículo 19:

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

En concordancia con lo anterior, la constitución en el artículo cuarto, párrafo noveno, deja establecido el principio del interés superior de la niñez el cual señala que:

[...] Artículo 4.-

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El sano esparcimiento implica contar con espacios seguros donde el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes esté garantizado.

En este mismo sentido es que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al derecho a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal señala que:

[...] Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia.

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece los fines que persigue la seguridad pública, señalando que:

[...] Artículo 2.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Los niños, niñas y adolescentes, acorde a lo aquí presentado, son también sujetos de derechos y entre estos, al derecho a la seguridad; es por lo anterior que resulta pertinente hacer un atento exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública, para que implemente acciones de vigilancia en las redes sociales, para detectar y eliminar las páginas, cadenas de mensajes o juegos interactivos que promueven conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes a través de retos y acciones que son promovidas por personajes reales o ficticios.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que implemente acciones con resultados tangibles, de vigilancia en las redes sociales, para detectar y eliminar las páginas, cadenas de mensajes o juegos interactivos que promueven conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes a través de retos y acciones que son promovidas por personajes reales o ficticios.

Notas

1 El Heraldo de Tabasco; noviembre 2018.

2 Proceso; mayo 2017

3 Capital; mayo 2017

4 Unotv.com noticias; febrero 2019

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días de abril de 2019.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica)

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Con motivo del 17 de abril, 150 aniversario de la promulgación del estado de Morelos como entidad federativa, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, este próximo 17 de abril, el estado de Morelos conmemora su 150 aniversario de promulgación del estado de Morelos como entidad federativa , en el 6 de junio de 1529 fue Marquesado del Valle de Oaxaca, cabe mencionar, que el emperador Carlos V dio a Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca y le cedió una inmensa porción del territorio conquistado, además de 23 mil vasallos.

El grito libertador, dado por el iniciador don Miguel Hidalgo y Costilla, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el memorable 15 de septiembre de 1810, tuvo eco en la gente mestiza de las tierras de Cuernavaca y Cuautla; pero fue hasta 1811 que aparecieron los primeros brotes de rebelión, con los sucesos de Mapastlán que obligaron a don Francisco Ayala a unirse a la lucha de Morelos, quien visualizara tan inteligentemente la lucha por la Independencia y prueba de ello son sus Cartas de Sentimiento de la Nación Mexicana.

En la revolución de Ayutla proclamada el 1 de marzo de 1854, el dictador López de Santa-Anna, abandonó la capital el 9 de agosto de 1855 . El general Juan Álvarez, jefe de la sublevación llegó a Cuernavaca al frente de sus tropas, el 1 de octubre del mismo año. Después de varios sucesos fundamentales para la historia del Estado de Morelos forma parte del Tercer Distrito Militar el cual estaba conformado por el estado de México, Hidalgo y Morelos.

Después de una ardua lucha en las Cámaras de Diputados (tanto la federal como la del estado de México) el 21 de septiembre de 1868, nació el estado de Morelos, como una nueva entidad de la federación mexicana.

El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, por el entonces presidente de la República don Benito Juárez García, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Es menester compañeros el mencionar algunos de los actores históricos para el estado de Morelos:

• Juana Guadalupe Barragán, (la Barragana), comando un grupo de campesinos que se unió a Morelos durante la Guerra de Independencia.

• Narciso Mendoza (Niño Artillero). Niño militar insurgente que participo en la Guerra de Independencia.

• Genovevo de la O. fue uno de los jefes más persistentes y representativos del movimiento zapatista.

• Otilio Edmundo Montaño Sánchez redacto el Plan de Ayala por órdenes de Zapata.

• Emiliano Zapata Salazar. Líder militar y campesino más importante de la Revolución Mexicana.

Es cuanto, presidente, muchas gracias...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019

Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica)

Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Conmemorar una fecha en específico atiende a la necesidad de reconocer y dar visibilidad a un acontecimiento relevante para un país o para el mundo en general en ámbitos como el histórico, político, social, cultural y ambiental, con el objetivo de quedar dentro del imaginario colectivo y generar conciencia social sobre el mismo.

En este sentido, el 22 de abril de cada año se conmemora el “Día Internacional de la Madre Tierra”, como parte de la resolución aprobada por la Asamblea General la Organización de la Naciones Unidas en 2009, para recordar que el planeta Tierra y los ecosistemas con lo que cuenta nos dan los recursos necesarios para la existencia de la vida humana.

Por ello, es importante que el desarrollo de la actividad humana se realice de forma sustentable con su entorno natural y en armonía con el planeta Tierra.

“Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan”.1

La preocupación que tiene la humanidad por el cuidado del planeta Tierra no es nuevo, a nivel internacional se han impulsado diversas acciones con la finalidad de cuidar los recursos naturales con los que cantamos, además de hacer un uso más eficiente de los mismos, lo anterior con el objetivo de aminorar los efectos negativos que genera la humanidad por la explotación desmedida de los recursos naturales, como es el calentamiento global, ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero y por la destrucción de los ecosistemas del planeta.

Cabe señalar una nota publicada por el periódico Milenio en alusión a la conmemoración del “Día de la Madre Tierra”, los siguientes elementos:

“En 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra y en 1972 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, la primera conferencia internacional sobre medio ambiente donde se establecieron las bases de las acciones a emprender para cuidar el agua, la flora y fauna y en educación ambiental.

Desde entonces, el planeta ha perdido el 30 por ciento de su biodiversidad y enfrenta problemas globales, como el calentamiento global provocado por la actividad humana.

En 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el 22 de abril como el ‘Día Internacional de la Madre Tierra’ con el fin de recordar a todo el mundo la interdependencia existente entre los seres humanos y el resto de las especies.

Un año después, en 2010, México fue sede de la celebración del Décimo Aniversario del Lanzamiento de la Carta de la Tierra, que se llevó a cabo en Guanajuato, donde se abordó por primera vez el tema de la mitigación y adaptación de las personas ante el inminente cambio climático.”2

A lo largo de los años se ha impulsado la instrumentación de mecanismos internacionales a favor del cuidado del medio ambiente y de los factores negativos del cambio climático, es importante que, a nivel nacional e internacional, se sigan fortaleciendo las acciones de cuidado del medio ambiente, con el objetivo de preservar la existencia de la vida humana, la supervivencia de especies animales y vegetales.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario que se reconozca la importancia de conmemorar el 22 de abril de cada año, como “Día Internacional de la Madre Tierra”, como recordatorio de que el desarrollo humano debe darse en armonía con nuestro planeta, y de que a pesar de que nuestro paso como humanos por la Tierra es transitorio, los daños que generamos pueden ser permanentes y afectar a las generaciones futuras, por lo que nuestro compromiso debe ser atender los factores que impactan de forma negativa al medioambiente.

Notas

1 ONU. (s.f.). Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril. Obtenido de

https://www.un.org/es/events/motherearthday//

2 Milenio . (22 de abril de 2019). Por qué celebramos el Día de la Tierra el 22 de abril. Obtenido de https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/dia-de-Ia-tierra-2019-por-que-s e-celebra-el-22-de-abril

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 23 de abril de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, establecido por la UNESCO con el propósito de promover la lectura y rendir homenaje a la muerte de tres importantes autores que fallecieron en 1916: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega.

La fecha coincide, además, con el nacimiento y la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo, entre otros.

La iniciativa para celebrar este día se debe a la Unión Internacional de Editores, asociación que representa la industria editorial a nivel internacional desde su fundación en 1896 y que buscaba fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor.

Tanto la celebración como su fecha fueron instituidas durante la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París en 1995, con el objetivo de combatir el analfabetismo, fomentar la cultura, rendir homenaje universal a los libros, autores, y alentar a todas las personas a disfrutar del placer de la lectura. En ese mismo año también se creó el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil en pro de la tolerancia.

Actualmente esta celebración es acogida por más de 100 países alrededor del mundo, que realizan diferentes actividades para conmemorar esta fecha.

En México es a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con las 32 entidades del país, así como diversas instituciones públicas y privadas, como se conmemora esta fecha, donde se realizan diferentes actividades culturales dedicadas a la lectura, los autores y los lectores.

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida, es parte de lo que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos y pieza fundamental en la formación y crecimiento de las personas.

Por esa razón, la celebración del Día Internacional del Libro es una fecha vital en las actividades culturales de nuestro país, ya que además de conmemorar el 23 de abril como Día Internacional del Libro, en México cada 12 de noviembre en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651), se conmemora el Día Nacional del Libro.

Donde en recintos como La Casa del Lago, el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Tlatelolco, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros, además de la celebración del Día Internacional del Libro, dedican el cuarto fin de semana de abril a la Fiesta del Libro.

“El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún incluso con las nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad”.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de abril de 2019.

Diputado Arturo Escobar Vega (rúbrica)