Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a la obra de la garita centro en Mexicali, Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los proponentes, diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda, Erik Isaac Morales Elvira, Jesús Salvador Minor Mora y Martha Patricia Ramírez Lucero diputados por el estado de Baja California, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mexicali es una localidad mexicana, capital del estado de Baja California y cabecera del municipio homónimo. Cuenta con dos garitas dentro de la mancha urbana: la primera se encuentra en la zona centro de la ciudad llamada garita Centro, garita “Vieja” o garita Río Nuevo, con 12 carriles de circulación hacia Caléxico; la segunda, llamada garita Nuevo Mexicali, se encuentra a 6 kilómetros al oriente de la primera garita y cuenta con 10 carriles.

Pero el día de hoy nos avocaremos a hablar de la garita Centro, que históricamente es una de las principales puertas de entrada a nuestro Estado, la importancia económica y de migración tiene para nuestra ciudad de Mexicali es de gran relevancia

Representa desarrollo, convivencia social, urbanidad pues alrededor de esta se ha construido el legado de la capital, visto en sus comercios, edificios, centros de convivencia, y en época reciente un “boom” que ha detonado en que esa zona sea considerada de las más relevantes médica y económicamente ,derivado de la alta concentración de instituciones médicas, consultorios y farmacias que junto con la zona de algodones dejan una derrama económica para nuestra ciudad superior a los 200 millones de dólares anuales, y eso en una estimación aproximada.

A finales de 2015 se hizo público el “proyecto portuario fronterizo Mexicali – Calexico I”, que conectaría la ciudad de Calexico con Mexicali y le daría una nueva dinámica de movilidad, flujo, tránsito y accesibilidad de una de las fronteras más importantes en México.

Con este proyecto por parte de autoridades locales y sobre todo federales incentivo el interés por invertir en la zona, en infraestructura, proyectos ejecutivos, empresas, y centros educativos, etc.

Dicho proyecto se vio con beneplácito por la población ya que anualmente cientos de miles de turistas provenientes del norte del continente y de diversas latitudes del mundo y de la República vienen y dejan una derrama en la zona centro o lo que conocemos como la antigua sección.

Pero toda esta inversión, planeación y proyecciones para consolidar este importante sector de servicios de nuestra ciudad hoy se ve amenazado por una política de recorte al presupuesto del proyecto Portuario “garita Centro”.

Ante el anuncio de recorte, integrantes del Clúster Médico del Municipio de Mexicali B.C. y locatarios de la zona, exhibieron la preocupación ante el anuncio referente a la modificación al proyecto de construcción de la nueva garita de la zona centro de Mexicali la cual consiste en esta primera etapa, en la eliminación del diseño de un puente y de un paso a desnivel que vendría a conectar esta nueva infraestructura con el centro histórico de este Municipio. Lo que constituye una reducción de pacientes estimado en un 40%. para ellos, porque en la zona en cuestión concentra en 40 por ciento de los hospitales, laboratorios, farmacias, dentistas y médicos especialistas de toda la ciudad.

Hasta donde tenemos conocimiento, la modificación a esta importante obra surge ante una disminución de recursos de 280 millones de pesos por parte de las autoridades federales quienes han expuesto que pasará su construcción a una segunda etapa, argumento que no genera certeza y nosotros vemos que se deja en la incertidumbre a la población ante el inmediato cambio de gobierno en la administración pública federal generando desconfianza de que no se vayan a retomar los planos originales o se elimine en definitiva. Lo hemos visto, posponer es sinónimo de cancelar. Además, si ya estaba asignado el recurso, ¿Por qué no aplicarlo? ¿Por qué modificarlo? Si un presupuesto es asignado, ¿porque hacienda permite el cambio? De nuevo las prácticas desleales del gobierno en contra del bienestar el pueblo se hace presentes. Lo que solicitamos es que se vuelva al proyecto anterior y se liberen esos recursos ya asignados.

La relación entre Mexicali y Calexico es muy grande, ya que entre ambas ciudades hay un gran enlace tanto económico como social, cultural y demográfico. Las garitas que unen a ambas ciudades registraron en 2014 un cruce promedio de 4,7 millones de vehículos de pasajeros, con un total 7,2 millones de personas y 4,5 millones de peatones al año en sentido de sur a norte, lo cual está catalogada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) como el quinto cruce más transitado del mundo (En México sólo debajo de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-San Diego).

Pero en esta “primera etapa” como la llaman, la forma como se construyó el cruce fronterizo a Estados Unidos, es de un proyecto que no permite la movilidad y seguridad vial de esta zona de la ciudad.

Diariamente la fila de autos que se hace implica riesgo ya que esta sobre las vías del ferrocarril. Además, que no cuenta con las obras de infraestructura y medidas necesarias para la integración vial con la ciudad y la seguridad de los transeúntes y automovilistas que diariamente utilizan esta vía.

Cabe señalar que, desde mediados del mes de marzo pasado, tanto el 22 Ayuntamiento de Mexicali, como el Gobierno del Estado por conducto de la SIDUE, así como organismos empresariales y civiles emitieron escritos dirigidos al Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera del SAT, Lic. Alberto Morales Arechavaleta para señalarle formalmente las consecuencias económicas, de productividad, seguridad, movilidad y ambiental.

En el documento hicieron referencia de que el proyecto de remodelación de la garita Centro carecía de un paso inferior sobre vía de ferrocarril para el flujo de vehicular hacia Estados Unidos proveniente de avenida Colón; tampoco tenía un enlace vial hacia bulevar López Mateos y avenida Madero para flujo vehicular proveniente de los Estados Unidos; le faltaba un enlace vial Colón-Poniente para facilitar la fila del flujo hacia Estados Unidos y debían incluir la rehabilitación y semaforización de la calzada de los Presidentes.

Los regidores de Mexicali, aprobaron el punto de acuerdo durante la 35 Sesión Extraordinaria, debido a la afectación que genera la obra recién inaugurada por el gobierno federal. El cual fue aprobado y ahora yo hago este exhorto de urgente resolución en apoyo a la ciudadanía y porque se tiene que arreglar la situación para que no genere mayores afectaciones, como han surgido al día de hoy.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, girar sus instrucciones al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular del Servicio de Administración Tributaria, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, a efecto de que de manera urgente se liberen los recursos necesarios ya asignados y se inicie con la ejecución de las obras de infraestructura requeridas para la correcta integración vial, de desarrollo económico y urbano que se requieren para que la obra en curso relacionada con la remodelación y reubicación de la garita internacional Zona Centro, genere los menores efectos sobre la seguridad de las personas que diariamente la utilizan; el flujo continuo de transeúntes y vehículos que requiere dicho cruce fronterizo y la estabilidad y desarrollo económico de todos y cada uno de los negocios y comercios ubicados en la zona centro de Mexicali, Baja California, que se proceda con la ejecución del puente y paso a desnivel señalados en el proyecto inicial de construcción previamente solicitado.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer públicos los informes del proyecto de la garita Centro, en Mexicali, Baja California, así como sus avances y modificaciones.

Dado en Palacio Legislativo, a 25 de septiembre del 2018.

Diputados: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Martha Patricia Ramírez Lucero, Jesús Salvador Minor Mora y Erik Isaac Morales Elvira (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la Cofepris a implantar acciones y diseñar con la industria farmacéutica nacional una estrategia regularizadora del abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer se ha convertido en un serio problema de salud pública en todo el mundo, tanto por la carga que su tratamiento supone para los sistemas sanitarios como por el alarmante ritmo de crecimiento de los nuevos casos registrados en los últimos años. En particular, el cáncer en niños y adolescentes en nuestro país se ha convertido en una de las principales causas de muerte en menores.

De acuerdo al Informe Mundial sobre el Cáncer 2014, elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), entidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializada en la lucha contra dicha enfermedad, se calcula que en 2012 la carga mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de casos nuevos al año, una cifra que se prevé aumente a 22 millones anuales en las dos décadas siguientes. En el mismo periodo, se estima que las muertes por cáncer aumenten de 8.2 millones de defunciones hasta 13 millones cada año.

En México el cáncer es la tercera causa de muerte entre la población; fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años. Los tumores malignos más frecuentes en México son: el cáncer de mama, con 20 mil casos, 14 mil de cáncer de próstata y cervicouterino, así como más de 8 mil casos de cáncer de colon y pulmón.1

En cuanto respecta al cáncer en niños y adolescentes en nuestro país, esta enfermedad constituye en la actualidad una de las principales causas de muerte en este grupo poblacional. El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED). La sobrevida estimada en México es del 56 por ciento del diagnóstico.2

Ante el panorama que supone el aumento en la incidencia de cáncer en la población mundial, el doctor Christopher Wild, director del CIIC, señala que se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y detección precoz para hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a nivel mundial, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.

Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos, por un lado, se comprometen a aplicar de forma efectiva medidas para proteger a sus poblaciones, implementando planes de prevención del cáncer que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo y, por otra parte, realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y fármacos adecuados que permita aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad.

Uno de los fármacos más utilizados para el tratamiento del cáncer en el mundo es la ciclofosfamida, que es fundamental para tratar el cáncer de mama, además de ser parte primordial del manejo de otros tumores sólidos y neoplasias hematológicas como linfomas y leucemias, tanto en adultos como pacientes pediátricos, es decir, nuestros niños. La ciclofosfamida está indicada para el tratamiento de carcinoma de pulmón, adenocarcinoma de ovario, neuroblastoma, cáncer de mama, retinoblastoma, carcinoma de cérvix, de vejiga, de endometrio, carcinoma prostático, testicular y en tumor de Wilms.

Lamentablemente, en las últimas semanas se ha registrado desabasto de ciclofosfamida en diversos centros de atención oncológica en el país. El pasado 18 de septiembre, padres de pacientes con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez señalaron que desde hace casi un mes se les dejó de suministrar los medicamentos necesarios en el tratamiento de sus hijos.3

Por su parte, el Colegio Mexicano de Oncología Médica dio a conocer el pasado 19 de septiembre que el desabasto de ciclofosfamida a nivel nacional afecta tanto en el sector público como en el privado4

De acuerdo a la periodista Maribel Ramírez Coronel, el desabasto de la ciclofosfamida es un problema exógeno a México y la crisis relacionada con este fármaco es mundial, pues sorpresivamente una de las principales proveedoras globales de dicha sal (una empresa química localizada en China) cerró y dejó sin insumos a muchos integrantes del sector farmaceutico. En México los laboratorios que la fabricaban se quedaron abruptamente sin materia prima y sin posibilidad de surtir al sector salud.

El problema es que en el sector farmacéutico, resalta Maribel Ramírez, los ciclos de producción son planeados con muchos meses de anticipación y una vez que se consiga la materia prima para la fabricación de la ciclofosfamida, aún pasarán algunos meses para que el sector pueda producirla para abastecer adecuadamente la demanda, lo cual genera desabasto e impide que los pacientes con cáncer sigan su tratamiento y eleven con ello sus posibilidades de superar la enfermedad.

En este sentido, consideramos oportuno que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñe e implemente una estrategia que reduzca la dependencia del sector farmaceutico nacional de los insumos provenientes del extranjero y permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implantar acciones y diseñar, en conjunto con la industria farmacéutica nacional, una estrategia que permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país.

Notas

1 Véase, “Cáncer, tercera causa de muerte en México”, Comunicado de la Secretaría de Salud, 8 de agosto de 2017. Disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

2 Véase, “Cáncer Infantil en México”, Secretaría de Salud, 24 de agosto de 2015. Disponible en

https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-me xico

3 Véase, Toche, Nelly, “Advierten desabasto en tratamientos oncológicos, Periódico El Economista, martes 25 de septiembre de 2018. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-trat amientos-oncologicos-20180925-0139.html

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche.

Con Punto de Acuerdo a convocar al encargado de despacho de la PGR, a una reunión de trabajo con un grupo plural de diputados para evaluar casos relevantes y la eficacia de este órgano en la representación de los intereses de la sociedad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Las y los Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 2 fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el la Cámara de Diputados del Congreso:

CONSIDERACIONES

El 16 de octubre de 2017 renunció el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade. No obstante que dicha institución desarrolla funciones fundamentales para el Estado mexicano, la Procuraduría General de la República ha incurrido lenidad al no realizar las labores que le competen ante la de falta de su titular. La ausencia de Procurador General de la República es uno de los múltiples yerros que han costado mucho al país en términos de impunidad.

La circunstancia descrita ha tenido afectaciones graves en la capacidad operativa de la PGR. Los casos más importantes se han perdido en tribunales y otros se han debilitado, al parecer de manera irremediable.

El día de ayer fue dado a conocer que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue sentenciado a nueve años de prisión por los cargos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícia y asociación delictuosa. Si bien reconocemos la pertinencia y la importancia que tiene la figura del procedimiento abreviado, que posibilita la aceptación de la responsabilidad, a cambio de la reducción de la pena, nos llama la atención los términos de la negociación que implicarán la aplicación de una pena corporal relativamente leve y lo que es más notable, la muy insuficiente condena en materia de recuperación de activos, ya que se habla de 40 propiedades, cuando se la han documentado 90 inmuebles en la esfera patrimonial de Duarte. No solo eso, no se refiere la condena a activos líquidos o cuentas financieras de su red de lavado de dinero.

En virtud de lo anterior, consideramos que es urgente el conocer un informe por parte de la Procuraduría General de la República de las indagatorias correspondientes al caso Javier Duarte y que, igualmente de manera apremiante se detonen todas las acciones jurídicas concernientes a la recuperación de activos de los millonarios caudales desviados. Este Congreso ha dotado a las autoridades investigadores con figuras diversas que DEBEN ser usadas en este caso, como son el aseguramiento, el aseguramiento por valor equivalente, el decomiso, la extinción de dominio y las providencias precautorias que correspondan. Todo lo anterior, a efecto de recuperar los activos y reintegrarlos al erario de Veracruz para que cumplan su cometido de apoyar a los más pobres, que son las principales víctimas de estos esquemas fraudulentos.

Si bien la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala que la comparecencia ante Cámaras del Congreso es facultad indelegable del Procurador General de la República el Poder Legislativo no puede asumir los costos del descuido del Presidente y no poder realizar un ejercicio de evaluación del desempeño del Ministerio Público Federal. Ante la falta absoluta de dicho servidor público y las dudas que generan los términos de la negociación con la defensa de Javier Duarte y otros asuntos, es imperativo el realizar una reunión de trabajo con el encargado del despacho con diputados de esta Cámara.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON CARÁCTER DE URGENTE CON UN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS PARA EVALUAR CASOS RELEVANTES Y LA EFICACIA DE LA PGR EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Cámara de Diputados convoca a reunión de trabajo URGENTE al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República para evaluar la situación que atraviesa dicha institución y los asuntos más relevantes en la materia. Dicha reunión se desarrollaría ante un grupo plural de diputados designados por la Junta de Coordinación Política.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados insta a la Procuraduría General de la República a proceder de manera URGENTE respecto de los bienes y activos financieros en poder de la red de presuntos prestanombres y empresas fachada del exgobernador Javier Duarte de Ochoa a efecto de instaurar EXTINCIÓN DE DOMINIO QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS ACTIVOS que estaban destinados a la población más necesitada del estado de Veracruz.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 27 de septiembre de 2018.

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la CNS a detener la tala ilegal en Ocuilan de Arteaga, México, y el parque nacional Laguna de Zempoala, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Maximino Alejandro Candelaria , diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Uno de los problemas ambientales más serios que enfrenta nuestro país es el de la pérdida de bosques y selvas. De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país en el periodo 2010 a 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año,1 no obstante, cabe señalar que algunos autores sostienen que en México la deforestación es de alrededor de 150 mil ha/año,2 e incluso otras fuentes sostienen que ésta ronda las 500 mil ha anuales.3

Entre las principales causas por las que perdemos nuestros bosques se encuentran el cambio del uso de suelo y la tala ilegal. Con respecto a la tala clandestina, por ser ésta una actividad ilícita no se cuenta con cifras exactas sobre la magnitud del problema, pero, investigadores del tema calculan que al menos 70 por ciento de la madera que se consume en el país tiene su origen en la ilegalidad.4

Uno de los municipios del país en donde la tala clandestina ha sido desde hace varios años un problema serio, que amenaza tanto a los ecosistemas como a las actividades productivas es el de Ocuilan de Arteaga.

Ocuilan de Arteaga es un municipio del estado de México, colinda con el estado de Morelos y forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca. En cuanto al uso del suelo del municipio, la mayor parte de éste es forestal, abarcando el 64.59 por ciento con respecto al total del territorio municipal, repartido de la siguiente manera:

37.20 por ciento de bosque de coníferas;

20.50 por ciento de bosque de encino y,

6.89 por ciento es bosque mesófilo de montaña.5

Además, buena parte de la superficie del área natural protegida, parque nacional Laguna de Zempoala, se encuentra en terrenos del mencionado municipio.

De la zona boscosa resulta que una de las grandes bellezas y características de Ocuilan son sus paisajes, senderos, lagunas y cascadas, lo que atrae campistas y visitantes, siendo el ecoturismo una de las principales actividades económicas de este lugar. A la par, el aprovechamiento legal de la madera es otra actividad que da sustento a varias familias.

Pero no solo por la belleza del lugar y la importancia que esto tiene para el sustento de varias familias es por lo que estos bosques son de gran importancia, sino porque los bosques de Ocuilan forman la principal zona de recarga de los mantos acuíferos de la microcuenca del rio Apatlaco, además forman una barrera importante para los fenómenos meteorológicos que amenazan a la zona conurbada de Cuernavaca, y son espacios fundamentales para la conservación de las especies existentes en el mencionado parque, algunas de ellas en peligro de extinción y/o endémicas.

Pese a la importancia ambiental que tienen estos bosques, a que parte de ellos se encuentren dentro de un área natural protegida, en dos décadas, el municipio de Ocuilan ha perdido más de 10 mil hectáreas de bosque debido a la tala ilegal.

La tala ilegal es un problema que daña a toda la sociedad, no tan sólo a los habitantes de Ocuilan, ya que esta actividad clandestina induce la pérdida y degradación de suelos, cambios en el microclima y pérdida en la diversidad de especies; regionalmente afecta el funcionamiento de cuencas hidrográficas y de asentamientos humanos, a nivel global, coadyuvan a las emisiones de gases de efecto invernadero que dan por resultado el problema del cambio climático global, entre otros efectos negativos.

De hecho, la tala ilegal no solo contraviene lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), sino que también es una conducta tipificada en el Código Penal Federal. La LGDFS especifica que se requiere autorización de la Semarnat para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales (artículo 72), que es el caso que nos ocupa, además, la misma norma señala como infracción el aprovechamiento de recursos forestales sin dicha autorización e impone una multa de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien infrinja esta medida (artículos 155, fracción III, y 157, fracción II), señalando que será la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien realizará los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la misma LGDFS (artículo 154).

Por su parte, el Código Penal Federal señala en su artículo 418, fracción II, una pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles. Además, el mismo artículo del Código, en su último párrafo, amplía las sanciones hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días de multa, cuando el ilícito afecte un área natural protegida.

En otro orden de ideas, el 14 de abril de 2016, por medio de un convenio celebrado entre la Semarnat y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se crea en la División de Gendarmería el agrupamiento de Misión Ambiental, coloquialmente conocido como “Gendarmería Ambiental”; a decir de la página web de la CNS: “El convenio nace por la necesidad de cumplir la normativa ambiental en recursos naturales, estableciendo como prioridad la conservación de la biodiversidad, combatiendo la tala ilegal, furtivismo, invasiones, tráfico de especies y otros actos de delincuencia comunes en estas áreas. ... El convenio tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de las personas, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal.”6

De tal forma que contamos con instituciones federales competentes para intervenir en el combate a la tala ilegal, pero, en la práctica esto no se está reflejando en el municipio de Ocuilan de Arteaga y en el parque nacional Laguna de Zempoala.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Seguridad a que, conforme a sus respectivas atribuciones, detengan la tala ilegal en el municipio de Ocuilan de Arteaga, estado de México, en el parque nacional Laguna de Zempoala, y procedan conforme a derecho en contra de los responsables de este ilícito.

Notas

1 Al respecto consultar: www.gob.mx/semarnat/articulos/disminuye-51-la-perdida-de-superficie-for estal

2 Proyecto de Nación 2018-2024, pág., 317. Disponible en: http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena .pdf

3 Al respecto consultar: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2009/Julio/mexico-pierde-m edio-mill-n-de/

4 Al respecto consultar: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_173.html

5 Sedesol, Microrregiones. Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/zap/medioFisico.aspx?entra=nacion& ent=15&mun=063

6 http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=85e177

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Maximino Alejandro Candelaria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la Sener a realizar los estudios de impacto social en los términos de la Ley de Hidrocarburos en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción mediante fracturación hidráulica, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la Proposición con puntos de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

Los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla son las entidades federativas que están siendo afectadas con la tecnología de fracturación hidráulica también conocida como fracking.

La fracturación hidráulica es una tecnología que consiste en inyectar agua a muy alta presión en pozo vertical y luego de manera horizontal. Al agua se agrega un fluido de fracturación.

En proporción de 90 a 10 por ciento, el fluido puede contener hasta 950 químicos y arena, en los químicos hay explosivos, alcoholes, metales pesados, sales sódicas, potásicas, arsénico y solventes, entre otros.

La explotación de cada pozo requiere entre 10 y 30 millones de agua, derivado a que en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León esto se agrava, pues son mayoritariamente territorio desértico y semidesértico... las cantidades de agua de las que disponemos son realmente pocas... Y la poca de la que se dispone ya comienza a racionarse para actividades agrícolas y pecuarias debido a la gran cantidad del vital líquido de las que dispone una empresa cervecera asentada en la región conocida como los cinco manantiales.

En lo relacionado con el marco legal las cosas no están mejor, la Semarnat dio a conocer una guía para la extracción de gas shale , que no es otra cosa que un compendio de las 17 normas oficiales mexicanas direccionadas a procesos industriales de extracción, pero que tiene un problema de origen, ninguna de estas - y tampoco la guía - consideran las particularidades de la fractura hidráulica.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente publicó los criterios para que las autoridades correspondientes extendieran los permisos para la extracción, pero valga la redundancia estos criterios están – por decir lo menos – rebasados al no contemplar el impacto ambiental que ocasiona el fracking.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, ha otorgado asignaciones de explotación sin contar con un marco regulatorio consistente.

El artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos también señala la obligación de las secretarías de Energía, de Gobernación y dependencias correspondientes de realizar, además de los estudios de sustentabilidad, estudios de impacto social, esto es, realizar consultas públicas, donde la ciudadanía en general y especialistas en el tema puedan opinar y externar sus dudas.

En Coahuila se realizó un foro al que titularon en pro del desarrollo económico de la entidad. Jamás anunciaron que se trataba del foro para sustentar la viabilidad del fracking , sólo lo hicieron para completar dolosamente el expediente.

Debe añadirse que en las regiones donde se localizan los pozos han sucedido sismos de 3 grados de magnitud en lugares que antes era sencillamente inimaginable que sucedieran estos fenómenos; por ello, más de 35 países que antes permitían la práctica del fracking ahora la han prohibido .

Las sustancias utilizadas en el coctel químico pueden causar cáncer, provocar alergias y dañar el sistema nervioso. Además, provoca los siguientes:

Daños Ambientales

-Devastación de tierras de cultivo.

-Contaminación de los mantos friáticos.

-Emisión de gases y su contribución al calentamiento global.

Compañeras y compañeros diputados, solicito su apoyo solidario con todo el apremio que este tema amerita, en virtud de que minuto a minuto se está destruyendo y devastando el agua y la tierra de los nuestros estados que cada día están más afectados.

Es por ello que esta soberanía, mediante este exhorto, se suma a implementar las acciones preventivas de protección al medio ambiente y de la salud de los pobladores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla; de no hacerlo, la salud de las personas, así como el ecosistema, pagarán la cuenta de esta catástrofe.

Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Energía a que realicen los estudios de impacto social en los términos que mandata la Ley de Hidrocarburos, en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción de hidrocarburos contenido en lutitas mediante la tecnología de fracturación hidráulica, atendiendo los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas de las regiones en los que se pretendan desarrollar dichos proyectos.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente el Sector Hidrocarburos emita y haga públicas y de fácil acceso las Manifestaciones de Impacto Ambiental precisando los proyectos donde se realizan o se pretenda hacer obras de exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas con la técnica fracturación hidráulica.

Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que suspenda las asignaciones, contratos y autorizaciones para el reconocimiento, explotación y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas, mediante la tecnología de fracturación hidráulica, hasta que se demuestre científicamente que no existe riesgo de impacto ambiental y afectación a los ecosistemas y que se garantiza la sustentabilidad presente y futura en las zonas donde se realizan obras.

Cuarto. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que actualice los criterios, legislación y las normas oficiales mexicanas incluidas en la Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos establecidos en lutitas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo Aguilar Castillo, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones del Estado mexicano a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio representa la organización básica del Estado mexicano y es la institución más antigua de América. Históricamente, el primer municipio fue creado en la Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de 1519.

No obstante, fue en 1573 cuando el Rey Felipe II le dio sustento jurídico por medio de las leyes de descubrimiento, población y planificación denominadas “Indias”, consolidando así la estructura política-administrativa básica de la organización del pueblo mexicano.

El concepto de municipio proviene del latín y se compone de dos locuciones: el sustantivo munus que se relaciona a cargas u obligaciones, tareas y oficios, además del verbo capere que se refiere a hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas dos palabras, surge el término municipium que etimológicamente se relaciona a las ciudades en donde los ciudadanos toman para sí, las cargas y se atienden los asuntos y servicios locales de las comunidades.

Asimismo, el diccionario jurídico, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México define al municipio como la “organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización de los estados, miembros de la federación”.1

La finalidad de esta organización social es mantener el ejercicio de las funciones públicas dadas por razones de intereses comunes. Entre sus fines se encuentra la prestación de los servicios públicos tutelados por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el agua potable, panteones, drenaje y limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 2 mil 458 municipios, en donde la entidad federativa con el mayor número de municipios es el estado de Oaxaca con 570 y los de menor cantidad son Baja California y Baja California Sur con tan sólo 5.

Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal las demarcaciones de Iztapalapa, Ecatepec de Morelos, Tijuana, Puebla, Guadalajara, León, Juárez, Zapopan, Gustavo A. Madero y Monterrey son los municipios y alcaldías más poblados del país. A su vez, entre los municipios con mayor grado de marginación son Cochoapa el Grande en Guerrero, Batopilas en Chihuahua y San Juan Petlapa en el estado de Oaxaca.2

Si bien el sistema municipal ha evolucionado, éste continúa siendo el eje fundamental de la estructura política de México, de ahí que, en aras del fortalecimiento del federalismo, se han presentado avances significativos para satisfacer sus fines y las necesidades de sus integrantes. Para ello, se han realizado modificaciones a su estructura financiera, se ha fortalecido su hacienda municipal y se le dotó de plena autonomía jurídica, financiera y de gestión.

Como bien lo advierte ONU Hábitat, el desarrollo de las ciudades, la planeación urbana y los servicios básicos son responsabilidades de las autoridades municipales, de ahí la importancia de este organismo político y administrativo.3

Así, el municipio mexicano es la base de nuestra sociedad pluriétnica y multicultural. Es en esta demarcación en donde se consolida la sociedad mexicana y de ahí su importancia como parte de la organización federal.

Es precisamente por tales motivos que en el marco de la conmemoración de los 500 años del establecimiento de esta institución, se considera importante reconocer su gran tradición histórica y sus aportaciones en el desarrollo de las estructuras del Estado, de ahí que se proponga:

• Se ponga en circulación una estampilla por parte del Servicio Postal Mexicano, en la cual haga énfasis a la relevancia del municipio como pieza elemental para el crecimiento y prosperidad de la nación. Ello a fin de garantizar que la celebración no sólo sea reconocida en México, sino también en las demás naciones del mundo.

• Que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emita un billete de lotería en el marco de los 500 años del establecimiento del municipio en México, a celebrarse en 2019.

Con estas acciones, haremos un justo reconocimiento al municipio como base política de nuestra libertad y orden de gobierno más cercano al ciudadano.

El régimen republicano, representativo y democrático de nuestro país, presenta su unidad básica en los municipios, de ahí la relevancia del presente instrumento legislativo que tiene la finalidad de promover y difundir su relevancia en el desarrollo social de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto, a fin de crear una estampilla conmemorativa con motivo de los 500 años del establecimiento del municipio en México en 2019.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la emisión de un billete de lotería en el marco de los 500 años del establecimiento del municipio en México, por celebrarse en 2019.

Notas

1 Pablo Martínez Gil. (2017). El Municipio, la Ciudad y el Urbanismo. 24 de septiembre de 2018, de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2735 /10.pdf

2 Instituto Nacional para el federalismo y el desarrollo municipal. (2018). Sistema Nacional de Información Municipal. 24 de septiembre de 2018, de Secretaría de Gobernación. Sitio web: http://www.snim.rami.gob.mx/

3 ONU Hábitat. https://es.unhabitat.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, el Inifed y las autoridades educativas de las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a hacer público un informe actualizado sobre los avances en la reconstrucción de la infraestructura física educativa dañada, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y a las autoridades educativas locales de las entidades federativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, informen a esta soberanía sobre los avances en la reconstrucción de la infraestructura física educativa que sufrió daños; para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos autorizados para la reconstrucción y su correcta aplicación, y para que comparezcan los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es la base del futuro. La mejor aportación que puede ofrecer el Estado a la población es la oportunidad de prepararse para lograr su pleno desarrollo individual y social.

A través de la educación se logra el bienestar y se fomenta una mayor participación social, junto con la cultura, la recreación y el deporte, elementos esenciales de la política social.

El Estado mexicano siempre ha mantenido la firme convicción del papel que juega la educación para el desarrollo y fortalecimiento del país; cuando se crearon las instituciones y se diseñó el nuevo proyecto de nación, la educación tuvo la misma importancia que la organización política, la reconstrucción económica y la reforma social para acabar con el analfabetismo a través de la educación básica para el mayor número posible de mexicanos.

Independientemente de que la educación es responsabilidad de todos los mexicanos, en la escuela y en los planteles se imparte la educación formal.

Nuestro país necesita que sus nuevas generaciones se encuentren mejor preparadas para ubicarnos en un nivel competitivo en el mundo. En la medida en que nuestros niños y jóvenes estén más capacitados, haremos de México una nación soberana, independiente, sólida y ejemplo.

A pesar de los esfuerzos y las reformas en materia educativa que han implementado los últimos gobiernos, se mantienen prácticas y esquemas obsoletos, se carece de líneas de acción sin autocrítica reformadora, y algunas áreas se encuentran en inactividad o en parálisis.

Desafortunadamente, las reformas estructurales en materia educativa no se dieron de manera integral, se centraron más que nada al aspecto laboral y a las diferencias que existían con el sindicato, que es quien mantenía el control sobre diversas áreas que correspondían a la responsabilidad gubernamental.

No se realizaron los verdaderos cambios en el sistema educativo mexicano para hacerlo acorde y enlazarlo con los objetivos del artículo tercero constitucional y con las urgentes necesidades de México.

Ya no debemos atentar contra el sistema educativo mexicano; lo que se necesita es hacerlo funcionar mejorando la calidad de los planteles y de las clases, vincular la educación con los requerimientos que necesita el desarrollo y la transformación nacional, racionalizar el uso de los recursos disponibles y mejorar su aplicación, ampliar el acceso social a los servicios educativos, con atención prioritaria de las zonas y grupos marginados, mejorar y ampliar los servicios de educación física, deporte y recreación, y hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo.

A pesar de estar garantizada en el marco legal la educación en todas sus vertientes, los resultados muestran que los avances para cumplir con la ley han avanzado de manera muy lenta y sin los efectos esperados, a pesar de haberse destinado cuantiosos recursos.

El objeto de este punto de acuerdo está enfocado en un problema aún más complicado, que es el de los daños a la infraestructura física educativa por los sismos de septiembre de 2017 en diversas entidades de la República Mexicana.

Debemos mejorar la calidad de la educación en todos sentidos, pero si de inicio no se ofrecen las condiciones necesarias para que los planteles cuenten con la infraestructura educativa adecuada, que brinde las facilidades a los alumnos, estamos partiendo de un mal inicio.

En este sentido, en el Congreso de la Unión prevalece gran preocupación en el proceso de reconstrucción de los planteles educativos dañados, al ver cómo se han dado anomalías en otros programas, como la entrega de más de 250 tarjetas clonadas por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) de México a los damnificados del sismo de Oaxaca y Chiapas. Una parte importante de los cargos que se realizaron, incluso, fue antes de que se entregaran las tarjetas a los afectados.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmó que 96.5 por ciento de esas tarjetas sí fueron hackeadas y se extrajeron a través de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos hasta noviembre de 2017.

Según investigaciones, en enero de 2018 la CNBV encontró que Bansefi emitió múltiples tarjetas a nombre de mil 495 damnificados, y que en esas cuentas se depositaron 68.8 millones de pesos. Muchas de esas personas aparecen con 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, a pesar de no haber recibido una sola.

El caso más emblemático, fue el ocurrido el 2 de octubre de 2017, con la entrega de la primera tarjeta en la comunidad de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, por parte del presidente de la República, cuya cuenta fue saqueada antes de intentar cambiarla. También se detectó que tarjetas de esa comunidad fueron clonadas y utilizadas para retirar dinero en Guadalajara, Jalisco; en Los Pinitos, Veracruz o en Cancún, Quintana Roo.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se han presentado diversos exhortos para requerir un informe de los avances en la reconstrucción de la infraestructura física educativa, al señalarse anomalías, retrasos, poca eficiencia y transparencia.

La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tiene que intervenir y hacer su trabajo al respecto, como también lo debe hacer en el tema de la clonación de las tarjetas de Bansefi.

El Estado es el responsable de mantener la unidad y funcionalidad del sistema educativo mexicano, tomando como base el artículo tercero constitucional y sus leyes secundarias. De acuerdo con el marco jurídico, la federación, las entidades federativas y los municipios son quienes ejercen la rectoría de la educación.

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

...”

Los niños y los jóvenes exigen instalaciones adecuadas, profesionalismo de los profesores, mayores oportunidades para los estudiantes económicamente desfavorecidos y, sobre todo, adecuación de los programas de estudio a las cambiantes condiciones de empleo.

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa es la que regula la infraestructura educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales en la materia.

El artículo 5 de esta ley establece a las autoridades responsables en materia de infraestructura física educativa.

“Artículo 5 . La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación.

Son autoridades en materia de infraestructura física educativa:

I. El titular del Ejecutivo federal;

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

III. El director general del instituto;

IV. Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas;

V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas;

VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades federativas; y

VII. Los presidentes municipales y titulares de las alcaldías de la Ciudad de México.

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.”

Asimismo, el artículo 4 delimita qué es lo que forma parte de la de infraestructura física educativa.

“Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.”

En el artículo 7, se mandata que la infraestructura física educativa debe contar con las condiciones óptimas para su funcionamiento.

“Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los programas de desarrollo regional.

Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y elevar la calidad de la Infraestructura Física Educativa (INFE), en los términos que señalan esta ley y su reglamento.”

Y de acuerdo con el artículo 11, se indica que para la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos.

“Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.”

El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) afirmó que fueron 19 mil 194 planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, estado de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala.

Por este hecho, el gobierno federal destinó 18 mil 198 millones de pesos para las entidades afectadas para atender las necesidades y la reconstrucción de la infraestructura educativa de estas localidades.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los recursos provinieron del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de Escuelas al CIEN y de la reforma educativa, así como del Seguro de Atención de Daños, contratado por la propia dependencia.

El Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2017, la creación del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (Fonrec), de 2 mil 500 millones para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos. El dictamen contempló la ampliación de 18 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que contó con un presupuesto de 24 mil 644 millones de pesos.

Como los estados son los encargados de la detección de necesidades y de la ejecución de obras a través de los institutos locales de infraestructura física educativa, ellos son los responsables de la administración de los recursos para la reconstrucción, tal y como se establece en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y las regulaciones de las propias fuentes de financiamiento.

Por ello, las autoridades educativas locales accedieron a casi 12 mil 979 millones de pesos, equivalente a 71.3 por ciento del costo estimado de atención. El 28.7 por ciento de los recursos restantes, poco más de cinco mil 219 millones de pesos, quedaron a disposición de las entidades federativas, sujeto al avance de ejecución de obra, así como a la conciliación correspondiente con las aseguradoras, tal y como lo informó el Inifed.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2017, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que 12 mil 931 escuelas tenían algún tipo de daño, de las cuales 577 debían reconstruirse debido a los daños que presentaban y más de mil escuelas requerían reparaciones parciales.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2017 la Secretaría de Educación Pública (SEP) rectificó estas cifras con el nuevo secretario, Otto Granados Roldán, y señaló que se tenían censados “209 planteles educativos con daños graves; 4 mil 296 planteles con daños severos o moderados; 11 mil 566 planteles educativos con daños ligeros o menores”; esto es, las escuelas con daños graves se redujeron después de los datos presentado tres meses antes.

El Instituto Mexicano de Competitividad, AC (IMCO), diversos medios de comunicación y actores interesados e involucrados en este tema han hecho hincapié en la opacidad con la que se han utilizado los recursos públicos destinados a la reconstrucción y reparación de las escuelas y planteles dañados, toda vez que “de los 20 mil millones de pesos con los que la Secretaría de Educación Pública estima que cuenta, los datos oficiales sólo reportan la asignación de 15 mil millones”.

Además, tales recursos provienen de diversas fuentes tanto a nivel federal como locales y, en algunos planteles hay duplicidad de esfuerzos por la participación de diversos actores del sector público, privado y ciudadano.

Sumado a ello, los datos sobre los daños a la infraestructura física educativa del país no son precisos y varían, lo que provoca imprecisión para llevar a cabo un verdadero control de daños.

Según el condensado publicado hasta el 14 de mayo por el Inifed, existen 19 mil 194 planteles afectados, como ya se mencionó, además de que cada entidad reporta diferentes avances.

Datos del Inifed reportan que el avance en la rehabilitación y reconstrucción de planteles afectados con daños graves presenta un avance de 95 por ciento, mientras que escuelas con daños moderados y severos tiene un avance de 76 por ciento y, los planteles con menores daños lleva un avance de 89 por ciento.

Durante el mes de junio pasado, el Inifed dio a conocer que 4 mil 657 planteles escolares no han recibido la atención, por lo que las obras estarán concluidas hasta 2019; de estos inmuebles, ubica 13 con daño grave, 2 mil 284 con daño severo o moderado, y 2 mil 360 con daños menores.

Asimismo, según datos del instituto en todo el país contabilizaron 19 mil 784 planteles que sufrieron daños, cifra que aumentó de acuerdo con los 19 mil 194 que se habían dado a conocer en 2017.

El recuento del Inifed identificó que la entidad con el mayor número de planteles educativos dañados por los sismos de educación básica fue el estado de México, con 5 mil 653; Chiapas, con 3 mil 67; Oaxaca, con 2 mil 952; Puebla, con 2 mil 952; Ciudad de México, con mil 830; Morelos, con mil 341; Tlaxcala, con mil 13; Michoacán, con 570; Hidalgo, con 413, y Veracruz, con 52 escuelas afectadas.

Al hacer la suma de estas últimas cifras oficiales, que es de 19 mil 843, no corresponden con las informadas en junio de 2017, que son de 19 mil 194, otro de los detalles que bien valdría la pena conocer.

Sobre los recursos destinados, el instituto señaló en junio que el gobierno federal ha puesto a disposición de los estados 18 mil 347 millones de pesos para reparar los planteles que resultaron dañados, y que no se ha detenido ningún trámite para la entrega del dinero, esto significa 149 millones de pesos más de lo anunciado en 2017.

De los 18 mil 347 millones de pesos, 9 mil 116 millones de pesos provienen del Fonden, 6 mil 731 millones del programa Escuelas al Cien, 700 millones del Programa de la Reforma Educativa, y mil 800 millones a las aseguradoras.

Nuestro sistema educativo es enorme y de ese tamaño son sus retos. La educación es la vía para cambiar al país, para modernizarlo y para elevar la calidad de vida de la población, es un componente fundamental del desarrollo.

Con una educación de cobertura suficiente y de calidad adecuada, tendremos los elementos decisivos para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral.

Por ello, tenemos que trabajar en ese sentido si queremos una educación de calidad, alumnos de calidad y resultados de calidad; para alcanzar estos logros, tenemos que contar con infraestructura educativa de calidad.

El problema no viene a raíz de los sismos de septiembre de 2017, las deficiencias y carencias se presentan tiempo atrás; con los sismos se agravaron.

No permitamos que funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno hagan mal uso de los recursos destinados a la reconstrucción de los planteles educativos afectados, ni condicionen su entrega.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y a las autoridades educativas locales de las entidades federativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a que hagan público un informe actualizado sobre los avances en la reconstrucción de la infraestructura física educativa que sufrió daños, así como de la aplicación de los recursos públicos para este fin.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la fiscalización de los recursos autorizados para la reconstrucción de la infraestructura física educativa que sufrió daños por los sismos de septiembre de 2017 y su correcta aplicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso y explorar la utilización de biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias de esta soberanía, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso, y explore al mismo tiempo la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, con objeto de establecer mejores prácticas en el Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que desde 1950 hasta la actualidad se han fabricado alrededor de 8.3 mil millones de toneladas de plástico. La producción global de este material se ha disparado en los últimos 50 años. Anualmente se producen 311 millones de toneladas a escala mundial. De hecho, algunas estimaciones señalan que para 2020 la producción de plástico superará 500 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 900 por ciento comparado con 1980.1

II. Que este escenario se agrava con este dato: 90 por ciento del plástico generado en el mundo se deriva de recursos no renovables y, por tanto, su lento proceso de degradación genera daños considerables al ambiente y la salud de los seres humanos. Desafortunadamente, sólo 14 por ciento de estos plásticos se recoge para su reciclaje.

III. Que la situación en torno a este tema en el país también resulta complicada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, en México hay 4 mil empresas en el sector manufacturero de este material.2 La producción de plástico en el país se estima anualmente por encima de 600 mil toneladas, representando un incremento de 60 por ciento en los últimos 5 años.

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en el cuarto párrafo del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)” y agrega, en el quinto párrafo del citado artículo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”.

V. Que además del reconocimiento constitucional que se les otorga a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, existe una obligación por parte de las instituciones del Estado Mexicano para garantizar la protección efectiva de estos derechos humanos.

Esta obligación resulta aún más evidente si nos remitimos al contenido del artículo 1o. de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (...)”. Además, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)”.

VI. Que es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, realice una serie de acciones concretas para restringir el uso de productos plásticos en sus instalaciones, sobre todo los plásticos denominados “de un solo uso”.

VII. Que acciones como éstas, contra los productos plásticos, tienen como objetivo promover buenas prácticas en la Cámara de Diputados. Sin duda, es necesario que se explore la posibilidad de utilizar vidrio o materiales biodegradables en los utensilios y productos que sean requeridos en las instalaciones de esta soberanía, en especial durante el desarrollo de las actividades parlamentarias como la sesión del pleno o de las comisiones legislativas.

VIII. Que así, los integrantes de la LXIV Legislatura estaríamos cumpliendo la obligación constitucional de proteger el ambiente y la salud de los mexicanos.

IX. Que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara, el cuidado del ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos, ya que desde la LXIII Legislatura hemos insistido en este mismo asunto a través de la presentación de un punto de acuerdo por la diputada Verónica Delgadillo y una iniciativa por el diputado Clemente Castañeda, y quedó plasmado en el eje 4 de nuestra agenda legislativa para el periodo 2018-2021.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos, principalmente los denominados como artículos plásticos desechable de un solo uso; y explore al mismo tiempo, la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias, con el objeto de establecer mejores prácticas dentro del Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente.

Notas

1 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-s obre-la-produccion-de-plasticos/

2 González Vergara, David; Massimi Revelo, Santiago; Medina Montes, Areli; y Sánchez López, Alinari. Producción y consumo sustentable de bolsas plásticas, Careintra e ITESO, julio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputados: Tonatiúh Itzcóatl Bravo Padilla (rúbrica), Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica), Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), Jorge Alcibiades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica), Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya (rúbrica), Ana Priscila González García (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica), Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante (rúbrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica), Dulce María Méndez de la Luz Dauzon (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica), Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica), Ariel Vázquez Rodríguez (rúbrica), Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes (rúbrica), Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Alberto Ramos Tamez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las 32 entidades federativas a adecuar su marco normativo para incorporar medidas que aseguren el cumplimiento en la práctica de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el Convenio número 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detalla que:

“Los pueblos indígenas son todos los descendientes de las poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica que actualmente pertenece al país, donde se asentaron en la época de la Conquista, la Colonización o del establecimiento de las fronteras actuales de un país y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o bien, parte de ellas”.1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 señala:

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”2

Sin embargo, la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir.

Lo anterior es de gran consideración a pesar de que según el reporte regional del Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de inversión, en los últimos años se ha visto un aumento significativo en el desarrollo de procesos de consulta previa para proyectos de inversión, pero esto no necesariamente ha significado una disminución en la judicialización de las medidas consultadas, pues aún existen importantes diferencias de criterios e interpretaciones respecto de las obligaciones contenidas en el Convenio número 169, sobre las expectativas y resultados de los procesos de consulta, así como también cuestionamientos a las metodologías utilizadas.3

La importancia de la consulta en materia indígena es de gran calado pues es a través de ella que toda comunidad y/o pueblo indígena conocerá de los elementos necesarios para determinar si, en su opinión, existe una afectación a sus derechos.

Es decir que la consulta es una herramienta que permite la armonía para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información para conocer, emitir, intervenir y estar en aptitud de ofrecer elementos que demuestren las afectaciones a sus derechos y/o subsistencia por la o las acciones y, en su caso, dar su consentimiento previo, libre e informado.

En la actualidad las comunidades indígenas y originarias han sufrido muchos embates de autorización de los denominados megaproyectos, sin haber sido consultados, considerados y sin haber tomado en cuenta el respeto irrestricto a la consulta, provocando un desplazamiento interno creciente.

Si queremos que las comunidades indígenas no sean los eternos perjudicados de dichos proyectos y varias leyes o políticas públicas, es fundamental asegurar que su voz sea escuchada. Esto aplica también para las iniciativas que pretenden “ayudar” a las comunidades indígenas: hay que superar la tradición del asistencialismo y asegurar el derecho de los pueblos indígenas de decidir sobre el modelo de desarrollo que ellos quieren.4

Es importante señalar que en México habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas indígenas y 364 variantes etnolingüísticas.5

No obstante lo anterior solo dos entidades federativas, San Luis Potosí y Durango, contemplan dentro de su legislación leyes sobre consulta y reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas: “antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses”, teniendo en cuenta que este ejercicio debe ser previo, culturalmente adecuado, informado, a través de los representantes y de buena fe, la SCJN enarbola la necesidad de determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.

Ante panoramas cada vez más impropios en la vida diaria y con posibles repercusiones a futuro de los pueblos indígenas, la libre determinación es el único camino para que los problemas que enfrentan las comunidades se resuelvan desde la visión de las propias comunidades.

Es materia de la presente legislatura para que se trabaje desde una óptica propositiva, que logre amalgamar el interés del derecho del Estado a regular en beneficio del interés público y las garantías de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Que según el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT, los procedimientos para consultar deben ser apropiados y mediante sus instituciones representativas.

Por lo cual se entiende que todo proceso de diálogo debe realizarse a través de procedimientos adecuados, con apego a las tradiciones.

Igualmente el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT, manifiesta que los estados deben adoptar medidas “para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de su competencia y, en armonía con sus congresos locales y con la participación estrecha de los pueblos indígenas, adecuen el marco normativo vigente en sus estados para incorporar en su legislación medidas que aseguren el cumplimiento, en la práctica, de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

Notas

1 https://www.ilo.org/

2 http://www.diputados.gob.mx/

3 https://www.ilo.org/

4 https://www.hchr.org.mx/

5 http://www.inali.gob.mx/pdf/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a crear la procuraduría de la defensa del adulto mayor, como órgano descentralizado de la administración pública, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante las constantes denuncias diarias que se reciben en la delegación del Inapam en Chiapas, en las presidencias municipales, en los Sistemas de Desarrollo Integral para la Familia en los municipios de Chiapas. En la que se violan los derechos de los adultos mayores del estado de Chiapas, por parte de los concesionarios del trasporte público federal y estatal que circulan diariamente; aunado a la publicación de un video en el que una persona de la tercera edad es insultada, maltratada y hasta amenazada de muerte por el simple hecho de ser beneficiado de dicho descuento al precio del pasaje público, vengo a ésta la más alta tribuna de la nación para solicitar hacer realidad la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Chiapas.

Pese a existir a nivel federal la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores desde el año 2002 y en mi estado la Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores de Chiapas promulgada el 30 de diciembre del 2015, la cual vino a sustituir al Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas y proteger directamente a los chiapanecos mayores de 60 años. Aún no se ha creado el organismo encargado de procurar e impartir justicia a los adultos mayores, que en mi estado sobrepasa más de 450 mil personas vulnerables; por lo que es necesario la creación del organismo en comento que brinde atención pero sobre todo que resuelva las denuncias, cuando se vulneren sus derechos y los cuales se encuentran plasmados en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y comprenden los derechos a la integridad y preferencia; de la asistencia social de la participación de la denuncia popular; y del acceso a los servicios. Mientras que en la Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores de Chiapas se consagran en el artículo 11.

Desde la promulgación de la Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores en el 2015 la cual vino a derogar todos los artículos que se encontraban en el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas de 2006 y en el cual se regulaban los derechos inherentes a este grupo; no se ha materializado la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Chiapas pese a que la incitativa fue presentada desde el año 2014 ante el Congreso del estado; y en la que se privilegiaba la creación de programas para prevenir los diferentes tipos de violencia en contra de este sector vulnerable de la población; esto es con el propósito de defender los derechos cuando no son respetados sino que se impulsen unas series de acciones para crear una nueva conciencia del envejecimiento activo; aunado a la ayuda multidisciplinaria que se brinde.

El 87.6 por ciento de las familias en Chiapas tienen por lo menos un adulto mayor en casa, de los 457 mil adultos según la última encuesta de 2015 hay en Chiapas un equivalente al 10 por ciento de la población, el 70 por ciento es dependiente por incapacidades, limitaciones o por la vejez y no son considerados para obtener un empleo digno, la proyección al 2030 será cerca de 700 mil adultos en el estado con una tasa de mortalidad del 35 por ciento, estos datos son dados a conocer por Conapo.

Lo que busco con este punto de acuerdo es reconocer e impulsar el ejercicio de los derechos de los adultos mayores pero principalmente proteger a los más de 450 mil adultos mayores que se encuentran en condiciones vulnerables, de ahí la urgencia de crear el organismo público que defienda a este sector de la población.

Por lo expuesto anteriormente, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Respetuosamente proponer al gobierno del estado de Chiapas la creación, como órgano descentralizado de la administración pública del estado, de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Chiapas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a agilizar la entrega de los recursos del Fonden destinados a los municipios sinaloenses afectados; y a la ASF, a fiscalizar la correcta aplicación, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario del Morena, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a los municipios afectados en el estado de Sinaloa; y a la Auditoría Superior de la Federación para que en su oportunidad y en uso de sus atribuciones, fiscalice la correcta aplicación de dichos recursos, y sea bajo estrictos criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Consideraciones

Según la Organización de las Naciones Unidas, durante la última década los desastres naturales han aumentado de manera considerable en el mundo, repercutiendo en un incremento de víctimas y daños materiales. Señala el mismo organismo que la mayoría de esos fenómenos se deben a eventos meteorológicos en especial, inundaciones, tormentas y olas de calor.1

Nuestro país no ha escapado a esos impactos naturales y muestra de ello es la reciente Formación de Depresión Tropical, denominado 19-E, que dañó gravemente a los estados de Sonora y Sinaloa. Cita el Sistema Meteorológico Nacional en su página oficial, que es la primera ocasión que se forma un ciclón tropical de tal magnitud en esa región, como resultado de las temperaturas superiores a 31 grados Celcius sobre la superficie del mar.2

En el caso de Sinaloa, este fenómeno natural generó severas afectaciones e inundaciones en varios municipios. Dado ello, ya se ejecutan acciones coordinadas de protección civil entre el gobierno federal y estatal. Además, las fuerzas armadas ya han implementado el Plan DN-III para apoyar a los habitantes y poblaciones damnificadas.

Al momento, en un primer balance se señalan cientos de viviendas, rancherías y zonas agrícolas inundadas, miles de personas evacuadas de sus hogares, carreteras cerradas, caminos anegados, canales desbordados, cortes de luz, además de cuatro personas fallecidas.3

Como medida de prevención las autoridades locales determinaron suspender las clases en nueve municipios en todos los niveles educativos, al tiempo que han evacuado a miles de personas que han sido trasladadas a albergues temporales.

Muy a pesar de ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha informado en su comunicado 545-18, que producto de la depresión tropical 19-E, se prevé que el pronóstico para las siguientes horas seguirá siendo de tormentas torrenciales en el norte y centro de Sinaloa; además de la posible formación de trombas marinas frentes a sus costas.4

Consecuencia de esas circunstancias, dicha institución ha exhortado a la población en general y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, dado el riesgo inminente de futuros deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos.

Derivado de esa situación, legisladores de todas las fracciones parlamentarias en el marco de la sesión del pasado 20 de septiembre aprobamos, mediante escrito, el acuerdo para solicitar que la Secretaría de Gobernación emitiera la Declaratoria de Emergencia, con el objeto de que el estado de Sinaloa y sus municipios afectados pudieran acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En ese contexto y ante igual petición del gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación emitió el 21 de septiembre la Declaratoria de Emergencia. Acción mediante la cual ya se puede acceder a dichos recursos y con ello, atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud, de la población en los municipios afectados: Ahome, El Fuerte, Choix; Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán.5

El Fonden es un instrumento del gobierno federal para movilizar recursos emergentes con el objeto de proteger la vida y la salud de la población civil, así como canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal y municipal afectada por fenómenos naturales, a fin de superar la emergencia lo más rápido posible y restituir la vida normal de la ciudadanía.6

En virtud de lo anterior, esta propuesta de punto de acuerdo solicita que se agilice la ministración de dichos recursos en apego a sus reglas de operación y a los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias; y que además, en tanto son recursos de origen federal, su ejecución de gasto sea bajo estrictos criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, de conformidad con lo que se estipula en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.7

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, destinados a los municipios afectados en el estado de Sinaloa, dada la declaratoria de emergencia emitida por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, ocurridos los pasados días 19 y 20 de septiembre de 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que en su oportunidad y en uso de sus atribuciones, fiscalice la correcta ejecución de los recursos del Fondo de Desastres Naturales que dan origen a este recurso legislativo; y su aplicación se haya dado bajo estrictos criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Referencias

1 Organización de las Naciones unidas.- http://www.un.org

2, 4. Comisión Nacional del Agua.- www.gob.mx/conagua

3 Diario El Economista .- www.eleconomista.com.mx

4, 5 Secretaría de Gobernación. www.gob.mx/segob

6 Protección Civil.- www.proteccioncivil.gob.mx

7 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear una comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto que la Ciudad de México requiere a fin de dar mantenimiento y sustituir la infraestructura del sistema de aguas, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 79, numeral 1, fracción 2, y numeral 2, 100, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la creación de una comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del Sistema de Aguas de la capital, al tenor de los siguientes los siguientes

Antecedentes

Primero. El agua es imprescindible para todos los organismos vivos. En el caso de los seres humanos estamos constituidos por 60 por ciento de este líquido; mientras que en las casas es necesaria para realizar las actividades más básicas del hogar, desde el aseo personal, lavar la ropa, cocinar, etcétera; también es necesaria para la industria y para cuidar nuestro medio ambiente. Es por ello que el agua es considerada como un recurso estratégico en el desarrollo económico y social de cualquier país.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que 14 por ciento del agua en México se utiliza en el abastecimiento público, esto quiere decir, para la distribución a través de las redes de agua potable (domicilios, industrias y a quienes estén conectados a dichas redes)1 .

Actualmente, en México existen diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua por regiones. Según el Inegi: las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento). Mientras que en el valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua –apenas 186 metros cúbicos por habitante; en caso contrario se encuentra la frontera sur –más de 24 mil metros cúbicos por habitante–2

Fuente: Inegi

Segundo. En la actualidad, la Ciudad de México enfrenta una grave crisis del agua, pues es la única Ciudad en el mundo fundada en una laguna y esto le ocasiona problemas particulares para satisfacer los servicios humanos básicos3 .

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) es uno de los organismos más grandes y complejos en el ámbito internacional, atiende a más de 8.94 millones de habitantes (Inegi, 2015) y 4.2 millones de población flotante. No obstante el nivel de cobertura, persisten diferencias en la dotación y consumo entre diferentes zonas de la ciudad (principalmente por falta de infraestructura y deficiencias en la distribución), y el Sacmex afronta retos importantes relacionados con las dificultades inherentes al subsuelo, la población flotante, la edad de la infraestructura, la disminución de caudales en las fuentes de abastecimiento, hundimiento y riesgos hidrometeorológicos crecientes5 .

Dadas las cifras, y tomando en cuenta el constante crecimiento poblacional de la capital, Sacmex enfrenta cada día más exigencias por parte de los habitantes capitalinos para la prestación de los servicios de agua. Entre las demandas de los diferentes actores el gobierno de la Ciudad necesita mejorar la calidad, continuidad y cobertura del suministro del agua potable.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyen que a pesar de los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los servicios hidráulicos, no ha sido posible cubrir estas demandas en su totalidad y la calidad del servicio se está deteriorando en forma alarmante y es clara la falta de sustentabilidad, en un entorno de mayor incertidumbre impuesto por los impactos asociados al cambio climático.6

Tercero. En lo que va del año, la Ciudad de México ha enfrentado en diversas ocasiones problemas de desabasto del agua, por mencionar algunos casos, tan sólo al inicio de enero se vieron afectadas trece delegaciones, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza; cuyas colonias reciben agua del Cutzamala. Conagua detectó una fuga en una de las tomas del Sistema Cutzamala y fallas en las tuberías7 .

También se puede mencionar el caso que tuvo fecha a mediados del mes de febrero, en donde residentes de al menos seis delegaciones de la ciudad reportaban un desabasto de este vital líquido. Entre las delegaciones afectadas se encontraban: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac; los capitalinos demandaron a través de redes sociales la regularizacion del suministro de agua potable. Las razones fueron fallas en las tuberias y falta de energía eléctrica8 .

En junio, de la misma manera la delegación Iztapalapa careció de suministro de agua potable en al menos 60 colonias debido al taponamiento que sufrieron los ductos provenientes del Sistema Cutzamala, que abastece a tres tanques de almacenamiento; de este modo dejaron de operar 11 pozos en la capital del país, además de una fuga en el acueducto Tulyehualco9 .

A finales de julio y principios de agosto, la delegación Azcapotzalco presentó una crisis de agua, afectando al menos 73 de sus 111 colonias que integran la demarcación.10 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) sólo informó que la onda de calor le pegó a la capital del país y que hay una disminución de 800 y 500 litros de agua por segundo del caudal en los sistemas Acueducto-Lerma y Barrientos, respectivamente11 .

Otro caso particular es en Benito Juárez, donde a principios de marzo de 2017 el jefe delegacional declaró que no es que falte agua como tal, dijo: “no hay suficiente presión porque la red hidráulica lleva más de 50 años y hay muchas fugas, estamos perdiendo muchísima agua, tenemos que reparar todas las fugas, invertir para renovar y mejorar la red hidráulica de Benito Juárez y de la Ciudad de México12 .

Por lo que es un hecho que estos desastres son consecuencia de que la red hidráulica de la Ciudad de México (tuberías y colectores de las redes primaria y secundaria del drenaje) tiene una antigüedad de más de 50 años, por lo que trabaja en condiciones críticas que ponen en riesgo a más de 950 mil habitantes.13

Cuarto. Según datos dados por la UNAM, para conservar la infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas de operación se requiere dar mantenimiento a la obra civil, realizar sustitución de instalaciones que han llegado al final de su vida útil y rehabilitar los sistemas. En los últimos años, el presupuesto de inversión ha sido de 35 por ciento del gasto total y se ha canalizado al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura que ha fallado, sin embargo, éste resulta insuficiente ante el rezago en mantenimiento y necesidades de nueva infraestructura.14

La infraestructura del sistema está compuesta por redes de tuberías de agua potable y de drenaje sanitario y pluvial, que en conjunto suman más de 25 mil km (2 veces el diámetro de la tierra). La capacidad instalada de producción y distribución de agua potable de la Ciudad de México serviría para abastecer a la población de Honduras y Guatemala juntas. Se cuenta con más de 450 plantas de bombeo para agua potable y desalojo de aguas residuales y pluviales.

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue desarrollada a lo largo del siglo XX, en distintas etapas, con diferentes metas y con materiales de todo tipo, y en la actualidad muchos elementos muestran signos de haber terminado su vida útil, o bien, son obsoletos en comparación con tecnologías más eficientes y económicas; otros están rebasados en su capacidad de conducción y presentan incrustación, sedimentación, rompimiento o fisuras. Lo anterior incide directamente en las fugas de la red.

Por otro lado, los servicios de agua potable y alcantarillado de buena calidad no alcanzan a la totalidad de la población de la Ciudad de México, principalmente porque el aumento de la infraestructura no sostiene el ritmo de crecimiento urbano.

Existen acciones de alta prioridad que requieren de mayores inversiones y ejecución pronta, éstas están relacionadas con un rezago en mantenimiento, reposiciones y rehabilitaciones, principalmente, diferidas en el tiempo por falta de recursos humanos y económicos para ejecutarse de forma inmediata. En 2003-2012 sólo se repusieron mil 516 kilómetros de red secundaria de agua potable, que representan 1.2 por ciento anual, y el sistema de micromedición cubre sólo 70 por ciento de los usuarios factibles de medir.

Para atender esta problemática se requieren mayores inversiones en infraestructura, dado que los diversos ejercicios de análisis hechos por instituciones como Sacmex y la UNAM, prevén un escenario tendencial inaceptable para el futuro de la Ciudad de México, pues “se dirige a una crisis hídrica de magnitudes y consecuencias inimaginables. En este escenario la calidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento se deterioran a niveles inaceptables principalmente por el envejecimiento de la infraestructura y agravamiento de la vulnerabilidad de la ciudad por posibles fallas, se reduce el margen de maniobra para revertir la situación en el corto plazo por lo que las soluciones sólo podrían implementarse después de varios años, durante los cuales se vivirán inconformidades de los diferentes sectores de la ciudad. Entre los principales efectos adversos se prevé que el tandeo diario y semanal podría llegar a 55 por ciento de las colonias y sólo 28 por ciento recibiría un servicio aceptable, la capacidad de producción del acuífero se verá disminuida por la intensa sobreexplotación”15 .

En suma, estas instituciones concluyen que: es imperativo que en la ciudad se haga compatible la disponibilidad de agua y de recursos económicos con las exigencias de aumentar la calidad de los servicios, la adaptación al cambio climático, la renovación de infraestructura al final de su vida útil, el respeto al medio ambiente, pero sobre todo de contar con un organismo fuerte que tenga capacidad para enfrentar sus problemas y soluciones. De no actuar así se incurrirá en el círculo vicioso: mala percepción de los usuarios de la labor del organismo operador. Lo que traería como resultado final la incapacidad para invertir en el mejoramiento de los servicios16 .

Considerandos

Primero. Que el agua es un Derecho Humano consagrado en el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo artículo que también atribuye la facultad concurrente entre la federación y las entidades federativas para garantizar la consecución de dicho derecho, por lo que como Congreso de la Unión es deber apoyar y colaborar de manera coordinada con las instituciones correspondientes de la Ciudad de México a fin de brindar los recursos presupuestales necesarios que requiere la capital para dar mantenimiento y sustitución a la red de aguas y evitar el posible colapso de éste.

Segundo. Que en virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es facultad del pleno acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estime necesario hacerse cargo de un asunto en específico.

Tercero. Que el desabastecimiento del vital líquido en la Ciudad de México ha provocado que los habitantes de la capital pasen semanas e incluso meses sin agua para sus necesidades de primera mano.

Cuarto. Que con la creación de la comisión especial en comento, dicho órgano de trabajo podría emitir y hacer públicas opiniones técnicas claras para evaluar y analizar el presupuesto que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del Sistema de Aguas de la Ciudad, y así cotribuir con los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, así como con la Comisión de Presupuesto.

Quinto. Que debe considerarse el desabasto de agua un problema fundamental, ya que se incumple lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser un problema que se encuentra sin atención ni solución desde hace décadas.

Sexto. Que en los últimos años el desabasto de agua en la Ciudad ha llegado a niveles críticos, por lo que los estudios y opiniones de la Comisión Especial que se propone coadyuvarían a contar con la información clara y precisa de cuantos recursos son necesarios para el mantenimiento y en ciertos casos, sustitución de la red hídrica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que representaría el primer paso para la solución al problema de desabasto de agua.

Séptimo. Que una vez emitidas las opiniones técnicas en cuestión, así como los acuerdos institucionales para la coordinación de los trabajos necesarios para combatir el desabasto de agua en la Ciudad de México, la Comisión Especial podría considerar que ha cumplido su cometido y no implicaría mayor carga presupuestal para el Congreso de la Unión.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital.

Segundo. La comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.

Tercero. Los objetivos principales de la comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital son: a) Trabajar coordinadamente y en colaboración con las dependencias correspondientes de las alcaldías, la Ciudad de México y la federación para evaluar todas las fallas que tiene el servicio de agua potable entre los habitantes de la Ciudad de México debido a la antigüedad de la infraestructura y basado en dichos análisis, proponer el presupuesto que requiere la ciudad de la federación para dar mantenimiento y sustitución a la red de agua potable b) Cumplir con la obligación que tenemos como órgano federal de garantizar el derecho humano al agua, consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o., de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo artículo que atribuye la obligación de actuar de forma concurrente entre la federación y las entidades federativas para garantizar este derecho. c) Prevenir el posible colapso del sistema de aguas de la ciudad lo que afectaría a los habitantes de la Ciudad de México.

Cuarto. El acuerdo de creación de la comisión especial para para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIV Legislatura.

Quinto. La comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, contará con los recursos humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden para el cumplimiento de su objeto.

Sexto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Séptimo. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Notas

1 Cuéntame Inegi. Territorio México

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/

2 Para saber la cantidad existente para cada habitante se divide el volumen de agua entre el número de personas de una población.

3 Foro: La Crisis del Agua en la Ciudad de México, Retos y Soluciones. 9 de diciembre de 2013.

4 8 millones 918 mil 653 habitantes en la Ciudad de México.

5 Ídem

6 La crisis del agua en la Ciudad de México, retos y soluciones. Documento Base. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) http://www.agua.unam.mx/sacmex/documentos.html México 2013. Página 5

7 Abasto de agua en la Ciudad de México se normalizará hasta el fin de semana (3 de enero de 2018). Animal Político. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/01/agua-corte-delegaciones-cdmx/

8 Villanueva, M. (24 de febrero de 2018) En desabasto de agua, seis delegaciones tras sismo. El Sol de México. Recuperado de https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-desabasto-de-agua-se is-delegaciones-tras-sismo-1025980.html

9 Aldaz P. y Bojorges J. (12 de junio de 2018) Desabasto rebasa a las autoridades; hay 60 colonias sin agua en Iztapalapa. El Universal. Recuperado de

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desabasto-d e-agua-en-iztapalapa-rebasa-las-autoridades

10 Hernández, S. (3 de agosto de 2018). Sufren falta de agua 73 colonias en Azcapotzalco. El Universal. Recuperado de

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sufren-falt a-de-agua-73-colonias-en-azcapotzalco

11 Colín B. (31 de julio de 2018) En Azcapotzalco llevan 15 días sin agua... y lo que les falta. La Crónica. Recuperado de

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1088761.html

12 Gómez Leyva Ciro. (17 de marzo de 2017). En Benito Juárez no hay suficiente presión porque red hidráulica lleva más de 50 años. Radio Fórmula. Grupo Fórmula

https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=670090&idFC=2017

13 Mejía Francisco. (26 agosto de 2014) “Obsoleta, la red hidráulica del DF; tiene más de 50 años. Milenio. Recuperado

http://www.milenio.com/estados/obsoleta-red-hidraulica-d f-50-anos

14 Ibídem página 7

15 Ídem

16 Ídem

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el STC acciones urgentes para dar mantenimiento al Metro, en especial las líneas afectadas por hundimientos de suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro acciones urgentes para dar mantenimiento a éste, en especial las líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El STC se ha consolidado como una excelente vía de traslado en la Ciudad de México, derivado del aumento exponencial del tráfico vehicular en las principales vialidades.

Es el principal medio de transporte y el eje de movilidad ya que traslada al año a más de mil 600 millones de personas, por eso desde hace 45 años el STC se convirtió en uno de los principales espacios públicos, de transporte y otros ámbitos como la cultura, la historia, la ciencia, la tecnología y la convivencia diaria de los ciudadanos.1

El 4 de septiembre de 1969 se inauguró dicho proyecto con dos líneas, la rosa (línea 1) y azul (línea 2), siguiendo el trazo de grandes avenidas, donde las industrias, los comercios y las viviendas requerían conexiones eficaces y tiempos cortos de traslado para la alta afluencia de personas.

Para poner en su justa dimensión el asunto, basta señalar que sólo en 2015 se transportó a mil 623 millones 828 mil 642 usuarios, se otorgaron 193 millones 666 mil 080 accesos de cortesía y se consumieron 813 millones 290 mil 813 kilovatios. Asimismo, la estación de menor afluencia fue Tlaltenco, de la línea 12, con 68 mil 333 usuarios; y la de mayor, Indios Verdes, línea 3, con 43 millones 952 mil 937 usuarios.2

La red comprende 226 mil 488 kilómetros que se encuentran en servicio, se divide en 12 líneas y un total de 195 estaciones. De igual manera, tiene un total de 390 trenes asignados (321 neumáticos y 69 férreos), para proporcionar el servicio a los usuarios en horas punta operan 282 trenes y los 108 trenes restantes se encuentran distribuidos en mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales y como reserva.

No obstante, el número de usuarios y de viajes en la actualidad llega a superar el servicio de transporte, situación que ha provocado que se desgasten los vehículos y existan graves afectaciones a su funcionamiento, sin mencionar las deficiencias en el mantenimiento y reparación de las líneas.

Uno de los graves problemas que enfrenta hoy el Metro son los hundimientos del suelo que están afectando a la infraestructura del STC al grado de que ya se alerta de la urgencia de aplicar acciones para evitar riesgos.3

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que en los últimos años se ha presentado un hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México, dos fenómenos que han sido estudiados debido a las consecuencias que han traído consigo desde que se comenzó a construir la ciudad.4

Esos fenómenos obedecen principalmente a la baja capacidad de resistencia del suelo, la sobreexplotación de los acuíferos y la escasa concientización sobre dicho problema por parte de profesionales y de las autoridades. La Ciudad de México experimenta actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 centímetros por año en algunas zonas del área metropolitana.

El fenómeno referido se presenta desde hace más de un siglo, pero en los últimos años ha aumentado, principalmente a causa de la intensificación del bombeo de los acuíferos para el abastecimiento de agua potable ya que se tiene calculado que tan solo en esta ciudad se consumen 33 metros cúbicos por segundo de agua potable, lo cual se traduce como una sobreexplotación de los acuíferos de unos 10 metros cúbicos por segundo aproximadamente provocando el abatimiento de la presión hidrostática en las arcillas y esfuerzos de tensión en el agua que causan compresión en las tres direcciones ortogonales en la estructura del suelo, esto es debido a que en temporada de lluvias el agua forma una lámina delgada sobre el estrato que disipa tensión.

Asimismo, no sólo la extracción del agua del subsuelo provoca hundimientos, sino también, cualquier material del subsuelo como petróleo, gas o azufre, deformándolo verticalmente y horizontalmente; este es un fenómeno importante ya que algunas estructuras son mucho más sensibles a los movimientos laterales que a los verticales.

Un diagnóstico integrado al Plan Maestro del Metro 2018-2030 indica que principalmente hay tres zonas afectadas en la red:

• Estación Pantitlán;

• Línea 5, en la zona del Peñón de los Baños; y

• Línea 3, en el tramo de Insurgentes Norte.

En el complejo Pantitlán, donde convergen las líneas 1, 5, 9 y A, las estructuras de conexión padecen hundimientos, que ponen en riesgo a los usuarios por afectaciones de escalones, pasarelas, pisos y otros elementos.

En Oceanía-Terminal Aérea, de la línea 5, los hundimientos diferenciales en la zona de Peñón de los Baños han provocado que el cajón estructural esté afectado y la pendiente rebase los ideales constructivos, lo que provoca que los trenes se deslicen, un ejemplo es el accidente ocurrido en 2015, donde chocaron dos trenes.

En esta línea hay un proyecto de construcción de un túnel para evitar la inclinación; sin embargo, desde 2015 no se ha podido realizar por falta de recursos, por lo que el STC sólo ha colocado una techumbre para evitar que la lluvia moje las vías y disminuir los deslizamientos.

En el tercer tramo, que comprende La Raza-Indios Verdes, de la línea 3, se indica que los asentamientos han provocado desniveles en las vías y pérdida de velocidad. De igual manera, los hundimientos también han generado fracturas en el cajón estructural del Metro.

Por lo anterior es importante que en cada zona donde exista una afectación de este tipo se realicen los estudios y proyectos especiales, a fin de contrarrestar la problemática y salvaguardar así la integridad de la población.

Ante este panorama, resulta necesario y urgente implementar acciones para dar mantenimiento al STC, sobre todo en las líneas afectadas por hundimientos del suelo y que ponen en peligro la integridad de los miles de usuarios que hacen uso de este transporte diariamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar a través del Sistema de Transporte Colectivo-Metro acciones urgentes para dar mantenimiento a éste, en especial las líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios.

Notas

1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/imagenes/organismo/varios/elmetroesdetodo s.pdf

2 http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifrasoperacion.html#

3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-hunde-el-metro-de-la-ciudad-d e-mexico-urge-aplicar-acciones/1267268

4 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/147/8/A 8.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a realizar la investigación del derrumbe del fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí, en Tijuana, BC, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado Julián Javier Castañeda Pomposo , integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción correspondiente cuando se trata de hechos de su competencia, con la finalidad de realizar investigación a fondo del derrumbe del fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí, de la ciudad de Tijuana, al tenor de las siguientes :

Consideraciones

Desde marzo de 2016 la constructora Grupo Melo proyectaba la construcción de un complejo residencial de 455 viviendas, entre casas y departamentos, al pie de varios cerros en la delegación San Antonio de los Buenos, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La fraccionadora tenía conocimiento de las condiciones del terreno y que existía el riesgo de deslizamientos de tierra, aun así realizó cortes al talud que causaron el colapso de aproximadamente 100 viviendas en el fraccionamiento vecino Liberal Lomas del Rubí.

Hay que tomar en cuenta, según su Reglamento, la Dirección de Administración Urbana y Ecología Municipal es la encargada de regular y vigilar el desarrollo urbano de la ciudad, mediante la aplicación de la normatividad emitiendo las autorizaciones de uso de suelo, dictámenes y opiniones técnicas, a efecto de que las acciones de edificación y urbanización, así como los usos a que sean sometidos los predios, terrenos y áreas ubicados en el territorio municipal, cumplan con la normatividad; así mismo determinar e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten procedentes conforme a la Ley y los Reglamentos de la materia;

El dictamen de uso de suelo fue firmado el 11 de marzo de 2016 por el jefe del Departamento de Uso de Suelos, Wilberth Almanza Yáñez, y en él se indica que para desarrollar la obra inmobiliaria, Comercializadora Edificante, SA de CV, de Grupo Melo, tenía que observar al pie de la letra una serie de recomendaciones que garantizaran la estabilidad del material geológico de la zona, además que la aprobación quedaba sujeta a 22 condiciones de construcción, cuatro referentes a los movimientos de tierra, pues la obra se desarrollaba en un sector de “vulnerabilidad muy alta”.

Las propuestas derivaron del estudio geotécnico realizado por la empresa Geocim y debían observarse para evitar la reactivación de fallas antiguas de deslizamientos, para mantener la estabilidad de las laderas.

Entre las observaciones se destaca que la constructora debió contemplar zonas de terraplén compactado controlado, y no se recomendaba hacer balcones, cortes o taludes grandes, que pudieran reactivar alguna zona debilitada por los deslizamientos; es decir, se advertía que los cortes representaban un peligro para los habitantes de las colonias aledañas.

La constructora también debía mantener en vigilancia la obra para no desequilibrar taludes y tierras aledañas.

Incluso, como parte de los señalamientos de la Dirección de Protección Civil de Tijuana, se le indicó a la constructora que para edificar debía tener un estudio de peligro sísmico puntual.

Fue el 2 de febrero de 2018, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la colonia Lomas del Rubí colapsó totalmente. Cerca de 100 familias perdieron su patrimonio, viéndose afectadas más de 354 personas.

Anterior a este evento se había observado que algunas viviendas presentaban deslizamientos, grietas, y algunos hundimientos.

Según la experiencia de los vecinos el deslizamiento se dio poco después de las explosiones realizadas por el Grupo Melo, ya que a pesar de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento, limpiaron el cerro con pólvora para continuar con los trabajos de construcción del nuevo fraccionamiento, lo que hizo desaparecer prácticamente a tres calles completas.

A partir de esa fecha, ha sido indignante el grado de exposición y vulnerabilidad social y económica que han tenido que enfrentar las familias que de un día para otro lo perdieron todo; niños, niñas, jóvenes, padres de familia y adultos mayores que han tenido que enfrentar además de la perdida material de su patrimonio por la omisión del Grupo Melo, la indiferencia de las autoridades que a siete meses del incidente no han ofrecido una respuesta que ayude a resarcir el daño.

Ante dicha situación, los habitantes de Lomas del Rubí exigen que se hagan las averiguaciones correspondientes para identificar qué fue lo que originó el derrumbe de sus casas, además de que piden apoyo para su reubicación, ya

Que el ofrecimiento de las autoridades locales de tan solo 15 mil pesos por familia no es suficiente, además que los vecinos exigen el rescate de los predios afectados así como la reurbanización de la zona afectada por el fraccionador.

Por las consideraciones anteriores, es necesario que se haga valer la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California, artículo 1, párrafo dos, en el que expresa lo siguiente:

“Todas las acciones de urbanización en áreas y predios que generen la transferencia de suelo rural a urbano, las fusiones, subdivisiones y fraccionamiento de terrenos, los cambios en la utilización de éstos, así como todas las obras de urbanización y edificación que se realicen en la entidad, quedan sujetas a cumplir con las disposiciones de la presente Ley, siendo obligatoria su observancia tanto para las entidades públicas como para los particulares”.

De igual manera solicitamos se haga valer el Reglamento de la Dirección de Administración Urbana y Ecología de Tijuana, el cual, en su artículo 7, párrafo VIII, establece: “Determinar e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten procedentes conforme a la ley y los reglamentos de la materia”.

Como diputado del Grupo Parlamentario Encuentro Social, expreso mi preocupación por las personas que perdieron su casa en Lomas del Rubí, a la vez que reconozco sus derechos, tal y como lo establece el artículo 4o. párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

También es importante abrir averiguaciones para dar a conocer las razones del derrumbe, ya que, de acuerdo con estudios, se había advertido de los riesgos del terreno a Grupo Melo.

Por lo anterior, el artículo 10, fracciones I, II y IV; párrafo 6, del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé el ejercicio de la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción correspondiente cuando se trata de hechos de su competencia, con la finalidad de realizar investigación a fondo de los permisos otorgados para la construcción del proyecto residencial en Valle del Pedregal, los cuales ocasionaron el derrumbe del fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí.

Segundo. Esta honorable LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de Baja California, ciudadano Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que, en el ámbito de sus facultades y competencias, atienda a las familias afectadas en su patrimonio del fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí de Tijuana; así mismo al acalde del ayuntamiento de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, para que, en el ámbito de su competencia, haga valer la Ley del Reglamentos en materia de asentamientos humanos para la fracción antes mencionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Julián Javier Castañeda Pomposo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a privilegiar en la elaboración del paquete económico de 2019 un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener finanzas públicas sanas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que las finanzas públicas para un país son de vital importancia derivado ya que a través de ellas se pueden estructurar los sistemas y las maneras por medio de las cuales el Estado se procura recursos financieros necesarios para su operación.

Que entre los objetivos planteados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2018, la proyección es obtener un superávit primario impulsado por la contención del gasto y el incremento de los ingresos.

Que a la fecha se ha generado una mayor captación de ingresos respecto de lo programado, pues para el segundo trimestre de 2018, se superaron las metas de la postura fiscal programadas para el periodo, dado que el Balance Primario registró un superávit de 121.1 miles de millones de pesos (mmp), monto superior en 113.4 mmp a lo programado para el periodo.1

Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el segundo trimestre de 2018, el producto interno bruto (PIB) tuvo una elevación real anual de 2.69 por ciento; lo que está acorde con lo presentado en los CGPE.

Que el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior ha mostrado una tendencia ascendente presentando ya 58 meses de alzas consecutivas.

Para el me de abril de 2018, el consumo manifestó un decano acentuado al subir 4.44 por ciento, cifra por arriba de lo observado en el mismo mes de 2017 de 1.31 por ciento.

Que durante el primer trimestre de 2018 los ingresos presupuestarios se ubicaron en un billón 261 mil 313.1 millones de pesos (mdp), lo que implicó un aumento de 123 mil 337.1 mdp respecto a lo previsto.2

Los ingresos petroleros superaron el monto estimado en 27 mil 120.8 mdp, 8.6 por ciento mayor en términos reales respecto de los obtenidos en el primer trimestre de 2017.

Que sin embargo la organización México Evalúa, también ha dado a conocer un factor muy importante dentro de las finanzas nacionales, que es la deuda pública, para el cierre de 2017 se tenía una deuda de 46.8 por ciento con respecto del producto interno bruto (PIB).3

Es ineludible subrayar que en cinco años el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), en donde se congregan todas las obligaciones financieras contraídas por el gobierno federal, es decir, la deuda del sector público federal, pasó de 37.2 por ciento del PIB a un posible cierre en 2018 de 45.5 por ciento, según proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4

Que, comparando las posturas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo para el sexenio 2018-2024, ha declarado que recibirá un país en bancarrota, según la Real Academia de Española la definición de Bancarrota es;

Del it. bancarotta.

1. f. Quiebra de una empresa.

2. f. Ruina económica.

3. f. Hundimiento o descrédito de un sistema o doctrina.5

La definición anterior significaría un periodo de grave crisis para el país durante el periodo de transición, estaríamos en la antesala de suspender los pagos de la deuda pública y con los privados. Asimismo estarían por cerrarse las posibilidades de adquirir algún tipo de préstamo para cumplir con las obligaciones.

La planeación para el desarrollar de programas y políticas públicas residirían en un riesgo volátil.

Que, por su parte, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, negó que el país esté en bancarrota, señaló que gracias a que la economía tiene cimientos sólidos, se puede referir a que la inflación está estable y con una moneda nacional con un sólido poder adquisitivo.

Por lo tanto, es una tarea de gran envergadura que los trabajos de elaboración del paquete económico para 2019 se realicen con profundo análisis y compromiso por parte del equipo del secretario de Hacienda, doctor José Antonio González Anaya, y el equipo de transición, para garantizar estabilidad económica, sin que se ponga en riesgo con las decisiones por la implementación de nuevos programas que generarían un incremento del déficit público.

El paquete económico será realmente la primera acción económica de gran impacto del gobierno entrante, en él se definirá la responsabilidad de las finanzas públicas, las áreas a privilegiar y el énfasis que se quiere dar a determinadas políticas públicas.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga de conocimiento público el estado que guardan las finanzas públicas al cierre del sexenio 2012-2018, así como un balance de su evolución durante la presente administración.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el alcance de su competencia y en los trabajos de elaboración del Paquete Económico de 2019, que se está trabajando con el equipo de transición del próximo encargado del Ejecutivo, se privilegie un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener unas finanzas públicas sanas.

Notas

1 http://www.cefp.gob.mx/

2 Ibíd.

3 https://www.mexicoevalua.org/

4 https://www.forbes.com.mx

5 http://dle.rae.es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y la CNH a informar sobre las evaluaciones de impacto social de los contratos derivados de las rondas de licitación en el marco de la reforma energética, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Estela Núñez Álvarez , diputada federal del Distrito I Tabasco, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Energía y al titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de que informen sobre las evaluaciones de impacto social de los contratos derivados de las rondas de licitación en el marco de la reforma energética .

Consideraciones

México sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en su riqueza energética. El sector energético es fundamental para el crecimiento del país y para el bienestar de los mexicanos; de manera particular, la explotación del petróleo constituye un sector estratégico y un motor histórico de la economía nacional.

El sector energético representa para los mexicanos un asunto de interés nacional y una de las prioridades de cada gobierno. Tan importante es la industria energética de hidrocarburos del país, que el gasto público tradicionalmente ha descansado en gran medida en los recursos provenientes de la extracción y venta del petróleo. Durante muchos años, los ingresos derivados del petróleo representaron hasta el 40 por ciento de los recursos totales del Estado Mexicano, sin embargo, hoy apenas superan el 15 por ciento.

Para contextualizar la situación, en la Ley de Ingresos de la Federación de 2017, se proyectó ingresar a las arcas nacionales 4,888,892.5 millones de pesos (mdp), de los cuales el 15.9 por ciento provenían del petróleo. Este monto, compuesto por 769,947.4 mdp, representaba el 3.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para el 2017. Sin embargo, se calcula que de 2016 a 2017 los ingresos petroleros disminuyeron en 15.7 por ciento en términos reales. Este comportamiento, se explica en parte, debido a que la producción de petróleo en 2017 se estimó en 1 millón 928 mil barriles diarios (mbd), lo que representa un nivel de producción menor en 202 mbd, respecto del año 2016.1

Lo cierto es que desde hace años la industria del petróleo nacional no se encuentra en sus mejores momentos. En primer término, hay una disminución en la producción diaria de petróleo en México, al pasar de 3.4 millones de barriles producidos al día, en 2004, a 2.5 millones de barriles en 2013 y a cerca de 2 millones en 2016. Además, en la actualidad cerca del 60 por ciento de la gasolina que se consume en México y poco más del 30 por ciento del gas que se utiliza en el país, son importados.

En ese marco, durante el año 2013 se modificó la Constitución Política para reformar el funcionamiento del sector energético nacional. Dicha reforma, de acuerdo con lo detallado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tendría los siguientes objetivos:

1. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.

2. Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Productivas del Estado, 100 por ciento públicas y 100 por ciento mexicanas.

3. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural.

4. Permitir que la nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica.

5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.

6. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios.

7. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética.

8. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético.

9. Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras generaciones.

10. Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y ambiental.

Al respecto, la reforma energética, con el fin de incrementar la capacidad de inversión del Estado en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, establece la posibilidad de que se otorguen asignaciones o contratos a Pemex, e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas, por sí solas en asociación con Pemex. De acuerdo con el diagnóstico que ofreció el gobierno federal en el marco de su definición, la reforma energética permitiría poner en producción yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ociosos por falta de inversión, de capacidad de ejecución y de tecnología. Además, se justificaba la inversión privada, pues desarrollar el potencial de la industria nacional de exploración y extracción le requeriría al Estado mexicano aproximadamente 60 mil millones de dólares al año.2

De acuerdo con lo detallado en el estudio del gobierno federal, denominado “Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031”, a unos cuantos años de la implementación de la reforma energética, se señala que el nuevo modelo energético nacional ha impulsado la transformación de todas las actividades estratégicas del sector energético con el propósito de dirigir a la industria de los hidrocarburos hacia un rumbo más eficiente, competitivo y confiable, permitiendo la participación de Empresas Productivas del Estado y empresas privadas en igualdad de circunstancias bajo los principios de acceso abierto y competencia efectiva, con el fin de llevar a cabo de manera eficiente las actividades de explotación, exploración, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público, para garantizar un abasto confiable y seguro de la industria de hidrocarburos en todo el territorio nacional.3

De la reforma energética se han derivado una gran cantidad de contratos para que los particulares puedan realizar actividades que tradicionalmente, hasta antes de la reforma de 2013, le correspondían a Pemex. A casi tres años de haberse llevado a cabo la primera ronda de licitaciones petroleras bajo el marco de la reforma energética, son 73 compañías provenientes de 20 naciones las que realizan trabajos para la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio nacional, en virtud de la firma de 107 contratos entre el Estado y empresas petroleras mexicanas e internacionales.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, detalla que las inversiones estimadas en el caso de que todas las áreas adjudicadas en los procesos de licitación alcanzaran éxito en todas sus etapas de exploración, ascenderían a más de 160 mil millones de dólares y un potencial para generar más de 900 mil empleos.4

El secretario Joaquín Coldwell aseguró que en estos cuatro años de la reforma energética se concluyeron con éxito nueve licitaciones y la firma de 107 contratos petroleros y destacó el nivel de transparencia en la adjudicación de los mismos; debido a ello, dijo que “el sistema licitatorio de hidrocarburos mexicano goza de gran prestigio internacional”.

Asimismo, estimó que la primera producción en estas 16 áreas podría materializarse hacia el año 2022, alcanzando una producción máxima de 264 mil barriles diarios de petróleo al día en el año 2025. Este volumen representaría el 9.7 por ciento de la producción diaria actual. Las inversiones serían cercanas a los 8 mil 626 millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos.5

Sin embargo, quedan bastantes dudas de los beneficios que se generarán en la sociedad, puesto que la población no ha visto reflejado los resultados de la reforma energética, por ejemplo, en una disminución en el precio de los combustibles.

Los señalamientos asociados a su viabilidad, los posicionamientos a favor y en contra de diversos grupos de la sociedad civil y movimientos políticos han acompañado a la reforma energética desde sus primeros planteamientos, hasta su operación hoy en día. Expertos han señalado la necesidad de revisar los contratos que se han otorgado a las empresas particulares para la exploración y extracción de los recursos naturales del país (hidrocarburos).

En ese escenario, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismo facultado constitucionalmente para asignar los contratos petroleros derivados de la reforma energética, ha manifestado su disposición a realizar los conducente, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para brindar certeza a los mexicanos respecto de la asignación de los contratos que se han autorizado desde 2013.

La revisión y, en su caso rescisión, de los contratos debe sustentarse en apego al marco legal, de manera particular al artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos, mismo que señala lo siguiente:

“Artículo 20. El Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir administrativamente los contratos para la exploración y extracción y recuperar el área contractual únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas graves:

I. Que, por más de ciento ochenta días naturales de forma continua, el contratista no inicie o suspenda las actividades previstas en el plan de exploración o de desarrollo para la extracción en el área contractual, sin causa justificada ni autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

II. Que el contratista no cumpla el compromiso mínimo de trabajo, sin causa justificada, conforme a los términos y condiciones del contrato para la exploración y extracción;

III. Que el contratista ceda parcial o totalmente la operación o los derechos conferidos en el contrato de exploración y extracción, sin contar con la autorización previa en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley;

IV. Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del contratista, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción;

V. Que el contratista por más de una ocasión remita de forma dolosa o injustificada, información o reportes falsos o incompletos, o los oculte, a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Agencia, respecto de la producción, costos o cualquier otro aspecto relevante del contrato;

VI. Que el contratista incumpla una resolución definitiva de órganos jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada, o

VII. Que el contratista omita, sin causa justificada, algún pago al Estado o entrega de hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos estipulados en el contrato para la exploración y extracción.

El contrato de exploración y extracción establecerá las causales de terminación y rescisión del mismo, sin menoscabo de las causales de rescisión administrativa contempladas en el presente artículo.”

De acuerdo con lo anterior, la revisión que se haga de los contratos derivados de la reforma energética debe darse en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Como en todo procedimiento de licitación, debe brindarse certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros, conforme a la ley y a los procedimientos establecidos, para garantizar la legalidad y la utilidad pública de los contratos.

Lo anterior resulta necesario, toda vez es importante que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos rindan cuentas e informen sobre el impacto social de los contratos otorgados en el marco de las licitaciones de la reforma energética.

La LXIV Legislatura que comienza sus funciones debe ser un espacio en donde se discutan con seriedad y, en un marco de pluralidad, los temas trascendentales de la vida pública de país.

Los diputados federales debemos participar en la definición de las nuevas políticas en materia energética, exigir cuentas y también plantear soluciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Energía y al titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen de forma abierta y transparente a la sociedad mexicana, sobre las evaluaciones de impacto social de los contratos derivados de las rondas de licitación en el marco de la reforma energética.

Notas

1 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Los ingresos petroleros del sector público en 2016 y 2017.

http://ciep.mx/los-ingresos-petroleros-del-sector-public o-en-2016-y-2017/

2 Gobierno federal. Reforma Energética.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Exp licacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf

3 Secretaría de Energía. Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/325641/Prospectiva_de_Pe tr_leo_Crudo_y_Petroliferos_2017-2031.pdf

4 Periódico el Financiero. Reforma Energética deja 107 contratos petroleros. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-deja-107-con tratos-petroleros

5 http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/557391

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 27 días de septiembre de 2018.

Diputada Estela Núñez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a remitir a la opinión pública por la Secretaría de Educación un informe pormenorizado de los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación Estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde expongan cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.

Exposición de Motivos

1. El 27 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el decreto por el que se crea la Universidad Ciudadana, la cual tiene el carácter de órgano administrativo desconcentrado integrante del sistema educativo estatal, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. 1

2. La Universidad Ciudadana tiene el objeto de:

Brindar servicios de educación media superior y superior en las modalidades educativas escolarizada, no escolarizada y mixta. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación conforme a los planes y programas de estudios que apruebe está, en el marco normativo del sistema educativo estatal (decreto, 2018).

La universidad tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:

Aplicar el modelo Nuevo León de educación virtual de nivel superior, aprobado por la Secretaría de Educación, basado en el uso de tecnologías e información y comunicación, el acceso flexible a redes del conocimiento y la realización de procesos de aprendizaje pertinentes, para fines de formación integral de estudiantes y trabajadores, así como de su evaluación y certificación como egresados altamente calificados... (decreto, 2018).

3. El manejo de los recursos económicos que son asignados a la Universidad Ciudadana y el funcionamiento de la institución, han sido señalados por diversitos actores sociales y alumnos de la Universidad en distintos medios de comunicación, pues no se conoce, cuáles son los objetivos alcanzados por la Universidad ni cómo se aplican los recursos que le han sido asignados:

Tras la escalada de quejas por las fallas de la Universidad Ciudadana, del gobierno del “Bronco”, diputados del Congreso local exigieron transparentar los gastos de la institución y alertaron que el estado pretende desincorporarla para darle supuesta autonomía.

Desde su creación en 2016, la llamada “Bronco Universidad” ha sido señalada por maestros y alumnos de incurrir en fallas como caídas constantes en su plataforma en línea, irregularidades en planes de estudio y falta de seguimiento a clases y calendarios. 2 (Hernández, 2018).

4. En mayo del año en curso, la Comisión Permanente del Congreso del estado de Nuevo León solicitó que, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 del gobierno estatal, la Auditoria Superior del Estado realice una investigación espacial al gasto de la Universidad Ciudadana:

La Diputación Permanente del Congreso del estado de Nuevo León solicitó a la Comisión de Vigilancia que instruya a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que en la revisión ordinaria de la Cuenta Pública de 2017 ponga especial atención al destino de los 50.4 millones erogados por la Universidad Ciudadana de Nuevo León. 3 (honorable Congreso, 2018.)

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. La asignación de los recursos económicos para la Universidad Ciudadana ha sido la siguiente:

Como se puede observar, desde la creación de la Universidad Ciudadana, los recursos económicos se le han asignado sin restricción alguna, inclusive en la Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2018, se le otorgaron mayores recursos añadiendo 11 millones 939 mil 481.00 pesos más en comparación al 2017. Es decir, el recurso ha aumentado a pesar de que los logros y resultados son inciertos.

III. La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, no ha hecho público el resultado de la revisión Ordinaria a la Cuenta Pública 2017, por ello aún no se conocen cuáles pueden ser las observaciones que entregue sobre el manejo de los recursos económicos que se le han asignados a la Universidad Ciudadana. Es necesario conocer a detalle, en qué se han aplicado los recursos económicos, ante el desconocimiento, la falta de trasparencia y las voces que reclaman conocer por qué se presentan las fallas en el funcionamiento de la institución. Considero importante que se hagan públicos y se develen los resultados alcanzados por la universidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde exponga cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde exponga cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a que, en el proceso de la revisión ordinaria de la Cuenta Pública de 2017 ponga especial atención a los recursos económicos asignados a la Universidad Ciudadana.

Notas

1 Decreto por el que se crea la Universidad Ciudadana de Nuevo León, recuperado de: http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00154002_ 000001.pdf revisión hecha el 24 de septiembre de 2018

2 M. Quezada e I. Hernández, El Horizonte. Exigen diputados transparentar gastos de la ´Bronco Universidad´ recuperado de http://www.elhorizonte.mx/local/exigen-diputados-transparentar-gastos-d e-la-bronco-universidad/2309027 revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.

3 Honorable Congreso del estado de Nuevo León. Piden a ase investigar Universidad Ciudadana recuperado de

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2018/05/piden_a_as e_investigar_universidad_ciudadana.php revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.

4 Ley de Egresos del estado para el año 2017 recuperado de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/
LEY%20DE%20EGRESOS%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20N.L.%20EJERCICIO%20FISCAL%202017.pdf
revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.

5 Ley de Egresos del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal de 2018 recuperado de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/
LEY%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20FISCAL%202018.pdf
revisión hecha el 25 de septiembre de 2018

Fuentes consultadas:

2018, L. D. (enero de 2018). Ley de Egresos del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal de 2018. Obtenido de

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/
LEY%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20FISCAL%202018.pdf

Decreto, P.E. (24 de septiembre de 2018). Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Obtenido de http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00154002_ 000001.pdf

Hernández, M. Q. (24 de septiembre de 2018). Exigen diputados transparentar gastos de la ´Bronco Universidad´. El Horizonte , páginas
http://www.elhorizonte.mx/local/exigen-diputados-transparentar-gastos-de-la-bronco-universidad/2309027.

Honorable Congreso, d. E. (16 de mayo de 2018). Piden a ASE investigar Universidad Ciudadana. Obtenido de

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2018/05/piden_a_as e_investigar_universidad_ciudadana.php

Ley de Egresos, D.E. (25 de septiembre de 2017). Ley de Egresos del estado para el año 2017. Obtenido de

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/
LEY%20DE%20EGRESOS%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20N.L.%20EJERCICIO%20FISCAL%202017.pdf

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef, la SCT y los gobiernos locales a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, al tener de las siguientes

Consideraciones

El uso de vehículos automotores ha aumentado sistemáticamente entre la población mundial, derivado del crecimiento de las ciudades y, en muchos de los casos, por las facilidades para adquirirlos, una situación que también ha contribuido al crecimiento en el número de accidentes, por lo que es necesario proteger el patrimonio de los usuarios ante la presencia de cualquier eventualidad.

De acuerdo con el reporte de producción mundial de vehículos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), la industria automotriz produjo 97 millones 302 mil 534 vehículos en 2017 que incluye a los ligeros, camionetas y pesados, que representa un aumento de 2.3 por ciento.1

China sigue como líder global en producción de vehículos con 29 millones 15 mil 434, seguido por Estados Unidos con 11 millones 189 mil 985 unidades; el tercer sitio lo ocupa Japón con 9 millones 693,746 unidades; el cuarto lugar lo tiene Alemania con 5 millones 645 mil 581 unidades y la India con 4 millones 782 mil 896 vehículos. En sexto lugar se encuentra Corea del Sur y México, en el séptimo.

Por lo anterior, la OICA indica que la industria automotriz mexicana se ha consolidado como el principal pilar del crecimiento dentro del bloque América del Norte, donde se produjeron 468,050 vehículos adicionales en el 2017 respecto al 2016, mientras que Estados Unidos dejó de fabricar 990,316 unidades y Canadá también perdió 170,867 vehículos.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. indica que durante el octavo mes del 2018 se produjeron 369,543 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 0.4 por ciento en comparación con las 368,155 unidades producidas en el mismo mes de 2017. De enero a agosto 2018 se registraron 2,617,330 vehículos producidos, 0.1 por ciento más que las unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con la estadística de vehículos de motor registrados en circulación (VMRC), a diciembre de 2017 se registró un total de 30 millones 89 mil 169 automóviles registrados en México, entre particulares y públicos, lo que representa un incremento de 3.38 por ciento respecto a 2016.2 Los automóviles particulares representaron el 97.9 por ciento del total, mientras que los públicos el 2.1 por ciento.3

Asimismo, se estima que al cierre del año pasado había en el país 372 mil 77 camiones para pasajeros registrados, 2.40 por ciento más que en diciembre de 2016, de los cuales 43.7 por ciento del total (162 mil 706) son públicos y 56.3 por ciento (209 mil 371) son particulares. El número de camiones de pasajeros públicos creció 2.38 por ciento, mientras que el de particulares aumentó 2.41 por ciento.

A su vez, a diciembre pasado se registraron 10 millones 914 mil 516 camiones y camionetas para carga registrados en México, con un alza de 5.62 por ciento respecto al mismo mes del año previo.

La Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas indica que, durante 2016, se registraron un total de 360 mil 051 accidentes en las zonas urbanas, de los cuales 67 mil 844 (18.9 por ciento) corresponden a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; en 288 mil 213 (80.0 por ciento) se registraron solo daños y los 3 mil 994 restantes corresponden a accidentes con al menos una persona muerta.4

El anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2017, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano Del Transporte (IMT), establece que se tienen registrados un total de 11 mil 883 percances que dejaron un saldo de 2,921 personas muertas y 8 mil 910 lesionadas, así como daños materiales ascienden a mil 062.1 millones de pesos o 56.2 millones de dólares.5

Entre los saldos de siniestros destaca el estado de Veracruz con más de 1,200 y Chiapas y Guanajuato, con más de 600 cada uno, que en total dejaron un saldo de 571 fallecidos y 1,985 lesionados.

Asimismo, el Banco Mundial señala que, en el contexto internacional, México está expuesto a diversos riesgos y ocupa la posición número 23, de entre los países con mayor riesgo catastrófico ante sismos, huracanes y otros fenómenos naturales, que dañan el patrimonio de miles de personas cada año, entre los que se encuentran los automóviles.6

Conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), en México, 7 de cada 10 autos no tienen un seguro, lo que significa que 10.6 millones de automovilistas no cuentan con protección ante accidentes y robos.7

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (ENIF), menciona que la principal razón (42 por ciento) por la que los mexicanos no se aseguran es porque lo consideran muy caro, mientras que el 20 por ciento de los encuestados dice no saber dónde contratar un seguro.

Actualmente, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio en los tramos de autopistas federales y en 18 estados de la República.8 De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo, siendo responsabilidad del propietario del vehículo, la contratación del seguro.9

A partir de 2019, todos los vehículos deberán tener una cobertura de seguros mínima para poder circular por vías, puentes y carreteras federales, de lo contrario el conductor podrá recibir una sanción económica.

El seguro de responsabilidad civil es aquel que brinda protección al asegurado si un tercero le exigiere indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose durante la vigencia del seguro, ocasione la muerte, lesión o deterioro de la salud de la persona (daños personales) o el deterioro o destrucción de sus bienes (daños materiales).10

El Simulador de Seguro de Automóviles elaborado por Condusef y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indica que, al contratar el seguro por responsabilidad civil, se pueden encontrar productos desde 1,352 pesos y de estar dispuesto a pagar por arriba de los 3,000 pesos, se pueden adquirir productos mucho más completos, que además de la cobertura básica, brinden protección por robo total del vehículo y más.

La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga conforme lo indica la ley.

En este marco, es de suma importancia promover campañas sobre la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil vehicular, no solo para cumplir con la obligatoriedad de la legislación, sino también para salvaguardar el patrimonio de las personas ante cualquier eventualidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular para poder circular por vías, puentes y carreteras federales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que fortalezca las acciones de supervisión, a fin de evitar abusos y fraudes en la contratación de seguros para vehículos.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-arana-el-sexto-lugar-en -ranking-automotor-20180313-0027.html

2 http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.as p?#Regreso&c=13158

3 http://www.milenio.com/negocios/numero-autos-particulares-crece-mexico- suman-29-4-millones

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/trafico2017_Nal.pd f

5 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf

6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/29/1197827

7 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/automotriz/107-as egura-tu-auto

8 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Axa-pide-seguro-obligatorio-para-autos-y-casa-habitacion-20180902-0042.html

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf

10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275534/seguro_obligatori o_de_responsabilidad.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a aplicar de manera expedita la ley a los responsables del atentado contra el joven Rodolfo Manuel Palomo Gámez; y a la FMF, a sujetarse a los protocolos emitidos por la FIFA, a cargo del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado José Ángel Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Esta máxima tribuna, estoy seguro, se encuentra indignada por los hechos inhumanos sucedidos el domingo 23 de septiembre, previo al clásico regio entre los Rayados y Tigres, ambos equipos de Nuevo León.

Los integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura debemos manifestar de manera enérgica y contundente se haga justicia; solicitar a las autoridades neoleonesas para aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables del acto inhumano que tiene entre la vida y la muerte al joven Rodolfo Manuel Palomo Gámez .

Es preciso hacer un atento llamado a la Federación Mexicana de Futbol para que se apegue a los protocolos emitidos por la Federación Internacional Futbol Asociación (FIFA) en materia de seguridad en los estadios y así evitar que se repitan actos tan infortunados. Sobre todo, en los juegos con alto grado de rivalidad, llamados clásicos.

Debemos tomar medidas, definitivas para prevenir y erradicar los cada vez más comunes actos de violencia provocados por los denominados hinchas, ultras, barras o hooligans, tanto dentro de los estadios, como a sus alrededores.

Soy aficionado de mi equipo Santos, he tenido la oportunidad de convivir en todas las áreas del estadio, familias completas acuden a disfrutar, a desahogarse a convivir; he sido testigo de la alegría de los chiquitines, de la pasión, y también de la tristeza ante la derrota.

Como alcalde de la ciudad, tome acciones para prevenir actos de violencia, en un operativo amigable de bienvenida a la porra visitante, aprovechábamos para hacer una revisión y detectar el grado de sobriedad nuestros invitados.

Salir a apoyar un equipo no debe convertirse en un riesgo para la vida. Es por eso que las autoridades y la Federación de Futbol Mexicano deben coordinarse para tomar medidas conjuntas de prevención y aplicar los protocolos internacionales existentes, concientizando al aficionado y protegiéndolo.

En un juego, lamentablemente, se gana o pierde. Invito a las porras, a nuestros jóvenes a ser humildes en el triunfo y magnánimos en la derrota, seamos mesurados y consientes.

Si aspiramos a un ambiente de paz y tranquilidad debemos contribuir para lógralo, con tolerancia y respeto al diferente.

¿No esperaremos a que mueran decenas o centenas de aficionados para actuar?

Ninguna medida sobra. Ante la dicotomía entre prevenir o ser reactivos en Encuentro Social preferimos prevenir. La vida no tiene pecio, salvaguardarla es responsabilidad de todos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Autoridades del Estado de Nuevo León a que aplique todo el peso de la Ley de manera expedita a los responsables del atentado en contra del joven Rodolfo Manuel Palomo Gámez.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Federación Mexicana de Futbol a que se apegue a los protocolos emitidos por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en materia de seguridad en los estadios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado José Ángel Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y los gobiernos locales a ampliar el programa de becas para el transporte destinado a los estudiantes de nivel medio y superior, suscrita por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputados federales de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas ampliar el programa Beca de Transporte destinado a los jóvenes estudiantes de nivel medio y superior .

Consideraciones

La educación es el principal motor para el desarrollo nacional, las políticas de inclusión educativa son la principal herramienta con la que cuentan los gobiernos para elevar la calidad de vida de la población.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3o. que toda persona tiene derecho a recibir educación, asimismo en su fracción VIII establece que el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir leyes necesarias para coordinar la educación en toda la república, que ayuden a distribuir la función social educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

Por su parte, la Ley General de Educación, en su capítulo III, De la equidad de la educación, señala en su artículo 32 que “las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación”; y en su artículo 33, fracción VIII, que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia llevarán a cabo actividades tendientes a desarrollar programas “para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, de los aproximadamente 26 millones de estudiantes en la República Mexicana, el “71.2 por ciento de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior representa el 13.7 por ciento de la matrícula y constituye el tipo educativo que experimentará el mayor crecimiento en los próximos años, como resultado de la gran expansión de la educación básica en los últimos años. La educación superior, con 3.64 millones de alumnos, abarca el 10 por ciento de la matrícula total y los servicios de capacitación para el trabajo cubren el restante 5.1 por ciento”.

Para efectos del presente instrumento parlamentario es imperativo lo referente a los estudiantes pertenecientes a los niveles medio superior y superior, quienes representan aproximadamente 5 millones de estudiantes y de los cuales aproximadamente 3.38 millones están inscritos en el nivel medio superior y el resto en nivel superior, independientemente de la modalidad a la que pertenecen ya sea sistema público o privado, pues en este sector existen graves carencias, pues los padres de familia realizan esfuerzos importantes para poder enviarlos a la escuela y que puedan continuar con sus estudios y acceder a mejores oportunidades de vida.

De acuerdo con el documento Principales cifras del Sistema Educativo Nacional , elaborado por la Subsecretaría de Planeación de la SEP, en el ciclo escolar 2016-2017, la tasa de cobertura en el nivel medio superior se ubicó en 71.2 por ciento. Esto quiere decir que sólo tres de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años tendrían un espacio en este nivel educativo.

Por otro lado, se señala que tres de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años de edad tendrían espacio en el nivel de la educación superior. De acuerdo con la SEP, actualmente existen 5 mil 343 escuelas de educación superior en un país de 120 millones de habitantes.

Asimismo y de acuerdo con la propia secretaría, había matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en las diferentes modalidades de educación superior; de los cuales, casi 10 por ciento son absorbidos por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Debe decirse además que hay un registro de 386 mil 219 docentes para toda la educación superior.

Otro dato relevante es el relativo a que, del total de la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones acuden a universidades e instituciones de educación superior públicas; mientras que 1.069 millones lo hacen a instituciones y universidades privadas.

A las cifras previas se suman 595 mil 456 estudiantes del nivel superior que están matriculados en modalidades “no escolarizadas”, de los cuales 504 mil 643 lo están en el nivel licenciatura; mientras que 90 mil 813 lo están en nivel de posgrado. En esta modalidad de enseñanza, la mayor oferta es privada, pues 331 mil 316 estudiantes estudian en instituciones y universidades privadas, mientras que 264 mil 140 lo hacen en instituciones públicas.

El acceso a la educación media y superior da mejores oportunidades de vida, asimismo, permite a nuestro país ofrecer más y mejores personas capacitadas para el fortalecimiento de las empresas nacionales e internacionales.

Por lo anterior es importante destacar, que actualmente la SEP cuenta con diversos programas de becas, para la continuación de estudios, para el transporte, de excelencia, para hijas o hijos de policías federales, entre otros. Sin embargo, resultan insuficientes para atender la multitud de problemas que enfrentan los estudiantes.

Particularmente, el problema del transporte es una cuestión poco atendida en nuestro sistema educativo, algunos jóvenes resuelven el problema pidiendo el famoso “aventón” para poder ahorrar algunos pesos, otros recorren grandes distancias a pie para llegar a sus escuelas y otros deben pagar más de un autobús, metro o taxi para acceder a su destino; por otra parte, las alternativas de transporte que ofrecen las escuelas no son baratas y resultan inaccesibles para muchos jóvenes. El problema se agrava todavía más cuando los jóvenes viven fuera de las zonas metropolitanas donde generalmente están ubicadas las universidades, pues además del transporte deben hacer el gasto de alimentos o en algunos casos, decidir rentar un apartamento, con la afectación que eso implica en su ingreso.

El costo del pasaje en ciudades en los municipios del estado de México o en localidades de Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guerrero, entre otras entidades, es superior a los 10 pesos por un viaje local. Por lo que solamente con un viaje de ida y vuelta, un estudiante gastaría mínimamente más de 20 pesos; en el estado de México, por ejemplo, esta cifra puede superar los 40 pesos, casi la mitad del salario mínimo actual de 88.36 pesos.

Conjuntando gastos, se calcula que en promedio un estudiante gasta aproximadamente 100 pesos diarios en sacar copias, transporte y comida, considerando que estos son los elementos más básicos de la rutina diaria.

Es fundamental que los jóvenes con un alto riesgo de abandonar sus estudios reciban un apoyo que les permita mantenerse en las aulas. No debemos permitir que se incorporen al mercado laboral antes de tiempo, sobre todo, si las opciones laborales para los jóvenes se reducen al mercado informal de la economía, en dónde es probable que enfrenten salarios bajos, sean contratados sin seguridad social y en condiciones que impidan su desarrollo profesional.

En ese contexto, pese a las restricciones presupuestarias que existan, la Secretaría de Educación Pública debe considera ampliar el programa Beca de Transporte, pues esto representaría un aliciente a los jóvenes estudiantes y a su familia, que hoy padecen para asistir a clases y construir un mejor futuro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública analice la posibilidad de ampliar el programa Beca de Transporte destinado a los jóvenes estudiantes de niveles medio y superior del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los gobiernos de las entidades federativas impulsar el fortalecimiento de las becas y estímulos para el transporte destinados los jóvenes estudiantes de niveles medio y superior.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de septiembre del año 2018.

Diputados: Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a transparentar por la SEP el recurso aprobado por esta soberanía en el anexo 40, “Ampliaciones al ramo 11, de educación pública”, del PEF de 2018, a cargo del diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN

Óscar Daniel Martínez Terrazas, diputado federal, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligatoriedad del Estado de otorgar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como impartir todos los tipos de modalidades educativas (incluyendo la educación inicial y la educación superior), necesarios para el desarrollo de la nación.1

2. Los datos examinados en el apartado anterior destacan sobre todo la necesidad de expandir y distribuir con mayor equidad y calidad la oferta educativa existente en México y, sobre todo, que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, sean ejecutados de forma equitativa y transparentados, a efecto de poder darle a la población estudiantil la mayor calidad educativa.

En la Ley General de Educación se establecen tres tipos de educación: básica, media superior y superior.

La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que este tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero de 2012 y plantea “lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021 a 2022”.

La educación superior se conforma por tres niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a cualquiera de estos dos niveles.2

Como podemos ver, el estado deberá de proveer los recursos suficientes y necesarios para que todas las instituciones educativas, puedan realizar el derecho a la educación que tiene la población.

3. El 9 de noviembre de 2017 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2018, en los términos del artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública, para la Educación Básica 2 mil 500 millones de pesos, para el Programa Presupuestario Clave U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” (Véase cuadro número 1.).

2. Es el caso, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, publicó el Presupuesto de Egresos para la Federación, para el año fiscal 2018, en donde el recurso antes mencionado, está etiquetado en el Ramo 11 “Secretaria de Educación Pública”, en la Sub-Función Clave 06 “Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes”, y la Unidad Responsable de ejecutar el recurso es la Oficialía Mayor de la Secretaria de Educación Pública. (Véase cuadro número 2.).

3. Dicho recurso fue Aprobado por la Cámara de Diputados para “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, en la Sub función “Educación Básica” pero la Secretaria de Educación Pública, según consta en el Ramo 11 “Educación Publica” en donde se destina este recurso a la Sub función “Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes”, y al Programa Presupuestario “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, y el destino del gasto lo ejecuta la “Oficialía Mayor”, como Unidad Responsable. En virtud de ello y de no saber el destino de ese recurso, solicitamos se transparente el recurso de 2 mil 500 millones de pesos, indicando: ¿a qué centros educativos se destinó?, ¿de qué entidad federativa? y el monto por centro; asimismo, se transparente, ¿qué organización educativa fue beneficiada?, ¿de qué entidad federativa? Y el monto por organización educativa.

5. Por ello, se requiere que, con fundamento en el Artículo 38 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transparente la información oportuna, verificable, inteligente, relevante e integral, sobre la relación de todos y cada uno de los “Centros y Organizaciones Educativas” que son beneficiados por medio del recurso de los 2 mil 500 millones de pesos; en el marco de la política de transparencia proactiva, la cual se deberá de difundir.

Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicito, se tenga por presentado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de transparentar el recurso aprobado por la Cámara de Diputados en el anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2018”, referente a Programa Presupuestario “Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas” por la cantidad de 2 mil quinientos millones.

Segundo. También se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el marco de la política de transparencia proactiva, la cual se deberá de difundir, se publique de forma abierta y accesible los recursos otorgados a dichos “Centros y Organizaciones Educativas” y, en su caso, los recursos que aún están disponibles, por ser recursos públicos federales.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Coordinación Nacional de Protección Civil a instaurar con sus homólogas locales campañas informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, con hincapié en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de desastre natural, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que los desastres naturales son fenómenos meteorológicos y climáticos severos y extremos que se producen en todo el orbe provocando serias pérdidas humanas y materiales.1

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que cada año, una media de 221 millones de personas se ven directamente afectadas por este tipo de desastres, lo que representa cinco veces el número de víctimas de conflictos.2

Estos fenómenos climatológicos constituyen un riesgo para las poblaciones mundiales. De acuerdo con el Informe Global de la ONU sobre Reducción de Riesgo de Desastres, las pérdidas económicas ocasionadas por desastres como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones se han elevado entre 250 mil y 300 mil millones de dólares cada año, en promedio.3

A nivel mundial, las mujeres y los niños tienen más probabilidades que los hombres de morir en un desastre. Otros grupos afectados de manera desproporcionada incluyen a las personas que viven con discapacidad, las personas mayores y las personas indígenas.4

Las inundaciones, terremotos, huracanes e incendios forestales, entre otros, ponen en peligro la vida de millones de personas, especialmente en los países donde no están preparados para hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Fondo de Desastre Naturales (FONDEN), nuestro país está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, ya que es catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter.5

La Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU, en su informe “Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015”, reveló que los desastres naturales le cuestan a nuestro país más de 2 mil millones de dólares anualmente.

El Sistema Nacional de Protección Civil, señala que un desastre es atemorizante para todos, especialmente para los niños. Este sector de la población todavía no cuenta con técnicas elementales para controlar el miedo. Un desastre amenaza el sentido de control sobre su vida, incluso más que los adultos.

Un caso particular son los sismos, que son eventos naturales e impredecibles. Sin embargo, sus consecuencias se podrían mitigar mediante una adecuada capacitación y planeación en las escuelas, con el objeto de salvaguardar la integridad y la propia vida de los alumnos, docentes, directivos y personal administrativo.

Cabe destacar que los días 7 y 19 de septiembre del año pasado, se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados Richter, respectivamente, dejando afectaciones en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.6

Diversos medios periodísticos señalan que uno de los casos más emblemáticos y dolorosos fue la muerte de 19 niños en una escuela ubicada en el Sur de la Ciudad de México.7

La ausencia de mecanismos eficientes para la prevención y atención de dichos fenómenos agudizan aún más la situación, motivo por el cual es indispensable una mejor planeación y coordinación entre las autoridades y la sociedad en general, principalmente en las escuelas de educación básica. La mayoría de las niñas y niños no saben cómo actuar ante un sismo, normalmente salen corriendo y se asustan cuando perciben una situación que no pueden controlar.

La mala atención de emergencias para hacer frente a los desastres naturales, puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.

En este contexto, se debe de preparar a las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de actuar ante la presencia de un sismo, situación que resulta esencial para familiarizarse con dicho fenómeno, concientizarlos y hacer que se sientan más seguros.

Por ello, es imperativo que se fortalezcan las acciones para facilitar las herramientas que permitan a la comunidad escolar comprender los riesgos de un desastre natural como los sismos y, en su caso, reaccionar oportunamente.

La seguridad en los centros educativos es de vital importancia, por lo que las medidas se deben centrar en la promoción de la cultura de la prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de protección, para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar.

Estas acciones permitirán que las niñas, niños y adolescentes pongan en práctica las medidas de prevención y la buena planificación de las actividades para que tengan mejores controles de actuación después de un desastre natural.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el ciclo escolar 2017-2018, la matrícula de educación básica ascendió 25.4 millones de alumnos, atendidos por 1.2 millones de docentes, en 226 mil escuelas del país.8

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo por el exhorta a la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, a través de sus homólogas en las entidades federativas, implemente campañas informativas en escuelas del país, sobre las herramientas de actuación durante un desastre natural.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural.

Notas

1 Organización Meteorológica Mundial (2016). Peligros naturales y reducción de riesgos de desastre. 18/09/2018, de OMM Sitio web:

https://public.wmo.int/es/peligros-naturales-y-reducci%C 3%B3n-deriesgos-de-desastre

2 Organización de las Naciones Unidas y la Asistencia Humanitaria (mayo 2013). Los desastres naturales. 18/09/2018, de ONU. Sitio web:

http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtm l

3 Organización de las Naciones Unidas (2015). Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastre.

Viena, Austria: ONU. Sitio web:

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/g ar-pdf/GAR2015_SP.pdf

4 Organización de las Naciones Unidas (febrero del 2015). Hechos y cifras: Empoderamiento económico. 18/09/2018, de ONUMUJERES Sitio web:

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economicempowerment /facts-and-figures

5 El Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (2012). El Fondo de Desastres Naturales de México-Una Reseña. México: Secretaría de Gobernación. Sitio web:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/Proteccion Civil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf

6 Servicio Sismológico Nacional. (septiembre del 2017). Reporte Especial: Sismo del día 19 de septiembre de 2017. 18/09/2018, de Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-

Morelos_M71.pdf

7 Carlos Carabaña (septiembre del 2017). El terremoto infanticida en la escuela Rébsamen: se salvaron los adolescentes, murieron los niños. El País. Sitio Web:

https://elpais.com/internacional/2017/09/20/mexico/15058 79096_734158.html

8 Secretaría de Educación Pública (2018). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. 18/09/2018, de Gobierno Federal Sitio web:

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2 017_2018_bolsillo.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a llevar a cabo acciones para subsanar los requerimientos en el área de urgencias y terapias intensivas de neonatos y adultos del hospital general Córdoba Yanga, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado federal, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz para llevar a cabo acciones que subsanen los requerimientos para el área de Urgencias y Terapias Intensivas de Neonatos y Adultos del Hospital General Córdoba Yanga, con base en los siguientes

Antecedentes

El Hospital General Córdoba Yanga fue inaugurado en octubre de 1952, ampliado y modificada su estructura en los años 2001 y 2002; en 2006 se crea el área de Terapia Intensiva e inicia en 2009 como servicio subrogado la Clínica de Hemodiálisis. En noviembre de 2012 el hospital recibe su acreditación en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), pero por falta de personal médico y de enfermería en el año de 2016 se cierra el servicio de terapia intensiva y en ese mismo año y con el mismo personal de enfermería se remodela y apertura el servicio de urgencias y parcialmente el servicio para neonatos, siendo insuficientes ambos en la actualidad por falta de médicos y enfermeras.

En la actualidad, el área total del hospital es de 18 mil 200 metros cuadrados de terreno; cuenta con un área construida equivalente A 11 mil 200 metros cuadrados de construcción y área libre de 7 mil metros cuadrados.

En su cartera de servicios, el hospital brinda consulta externa de especialidad en medicina interna, psicología, valoración pre anestésica, nutrición, pediatría general, estimulación temprana, cirugía general, otorrinolaringología, urología, traumatología, ginecología y neurocirugía.

De igual manera, otorga servicios médicos de urgencias, quirófanos, modulo materno, toco-cirugía, hospitalización, neonatos, farmacia hospitalaria, medicina preventiva, clínica de displacías y hemodiálisis.

Dentro de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, se proporciona estudios simples de imagenología, ultrasonidos, electrocardiogramas, laboratorio de análisis clínicos, de patología clínica y puesto de sangrado.

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos el derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, donde el Estado debe crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud.

El Hospital General Córdoba Yanga es el principal centro de atención a la salud, no solo del Municipio de Córdoba, ya que también da servicio a más de 30 municipios del estado de Veracruz; de ahí la importancia de que este centro de salud pueda contar con suficiente equipamiento y recurso humano, ya que, por mencionar, en el área de neonatos, actualmente funcionan tan solo dos de las cinco cunas de calor radiante y lo ideal es contar con diez; se necesitan seis incubadoras fijas y solo se tienen tres.

En el tema de recurso humano, se necesitan 27 enfermeras y 5 pediatras o neonatologos.

Escenarios similares se dan en el tema de la Unidad de Cuidados Intensivos para adultos, ya que los requerimientos han sido rebasados tanto en equipos electro médico como en enfermeras y médicos internistas, de igual manera, en el servicio de urgencias, así como en la instalación y reforzamiento de estudios de diagnóstico para fortalecer las terapias.

Actualmente las áreas de Terapia Intensiva Adultos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se encuentran a su capacidad máxima derivado a que este hospital es de referencia de los hospitales Tezonapa, Huatusco, Coscomatepec y Río Blanco.

En Veracruz se está incumpliendo una de las obligaciones básicas del Estado, que es la de garantizar a los pobladores el acceso a servicios de salud oportunos y de calidez, que coadyuven a mejorar su calidad de vida.

Es de vital importancia que el Hospital General Córdoba Yanga sea equipado y dotado de los insumos básicos, así como del personal indispensable para que pueda continuar prestando los servicios de salud que requiere la población de esta importante región.

Por lo anteriormente descrito, someto a esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz para llevar a cabo acciones que subsanen los requerimientos para el área de Urgencias y Terapias Intensivas de Neonatos y Adultos del Hospital General Córdoba Yanga,

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal y órganos constitucionales autónomos a no destinar a los fideicomisos los remanentes del ejercicio presupuestal de 2018 y remitirlos a la federación, a cargo de la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los recursos económicos de que dispongan, entre otros, la federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que en la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

El principio consagrado en dichos dispositivos normativos, como el de transparencia implica que el Estado debe poner a disposición de los ciudadanos la información referente a la administración y ejecución de los recursos públicos, pues al final los recursos son del pueblo.

Mientras que el principio de economía se basa en la racionalidad de los recursos públicos, entre ellos, los que se destinan a los fideicomisos. Recursos que pueden ser reorientados, redirigidos o, en su caso, si tienen un impacto social significativo incrementados.

El artículo 6 de la Carta Magna dispone, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, entre ellas, aquella en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Prevaleciendo la máxima publicidad, es decir: el artículo 77 correlacionado con 117 de la Ley General de Transparencia establece que los fideicomisos que involucren recursos públicos deben ser transparentados, y no podrán clasificar por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás.

El registro oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 31 de diciembre de 2017, refiere que existen alrededor de 374 fideicomisos públicos, 19 entidad paraestal y 337 no entidad paraestatal, 1 en el Poder Legislativo, 12 en el Poder Judicial y 5 en los órganos autónomos.

Atendiendo al informe de labores del ejercicio 2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, existe un registro de 334 fideicomisos públicos como nuevos sujetos obligados en el ámbito federal, señalando que para agosto de 2017 el avance en materia de transparencia alcanzó 44 por ciento.1

Para marzo de 2018 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) de la Plataforma Nacional de Transparencia, registró en el padrón actual de fideicomisos y fondos federales, como sujetos obligados a 403.2

En las pasadas elecciones los mexicanos decidieron iniciar una nueva forma de gobernar, una forma diferente de hacer las cosas y, sobre todo, que los recursos públicos se administren con ética pública, en ese sentido, consideramos que es indispensable buscar mecanismos para hacer más eficientes y eficaz, el uso de los recursos públicos, considerando el velo de austeridad que empieza a envolver a la administración pública federal.

De ahí, se torna necesario analizar los recursos públicos que manejan los 403 fideicomisos y fondos federales, que en algunos casos son exorbitantes y sin sentido, considerando las prioridades del país, recursos económicos que pueden tener un mejor destino.

Los fideicomisos se han constituido de manera arbitraria, injustificada o tienen los suficientes recursos para el objeto por el que fueron creados.

El viernes 13 de julio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer los saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente. En dicho reporte se registra, entre otros, el Fideicomiso 80687 denominado Remanentes Presupuestales, cuyo saldo al 30 de junio ascendió a 971.9 millones de pesos.

En esa misma fecha también se publicó el saldo del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa como fideicomitente denominado Fideicomiso de Inversión y Administración 1705, para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores con un disponible a junio de 2018 de 656.3 millones de pesos.

Mientras que el fideicomiso Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al 30 de junio de 2018, reporta un monto de 611.9 millones de pesos, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 2018.

Por lo expuesto y fundado, se somete a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las diferentes instancias del gobierno federal, así como de los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les concede autonomía para que no destinen a los fideicomisos donde participan como fideicomitente, los remanentes del ejercicio presupuestal de 2018 y, en su lugar, los reintegren a la federación.

Segundo . Se exhorta respetuosamente a los titulares de las diferentes instancias del gobierno federal, así como de los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les concede autonomía, a que hagan público el estado de los fideicomisos donde participan como fideicomitente y de los fondos federales, en donde se detalle, entre otros, el concepto de gastos con cargo al patrimonio por año, los montos y las fuentes de otros recursos que integren al fideicomiso, el nombre de proveedores o contratistas, sean públicos o privados, el tipo de servicio o bien adquirido y el monto, criterios de selección de la institución fiduciaria e índices de satisfacción y/o cumplimiento de los objetivos que persigue el fideicomiso.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las diferentes instancias del gobierno federal, así como de los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les concede autonomía, se realicen las acciones a que haya lugar, con la finalidad de que los fideicomisos y fondos federales que no estén debidamente justificados y su naturaleza lo permita, inicien el proceso de extinción y se incorporen los recursos públicos a la federación.

Notas

1 http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a establecer en forma coordinada un programa urgente para detonar el desarrollo económico y social de la Huasteca, a cargo del diputado Fortunato Rivera Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fortunato Rivera Castillo, diputado de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Huasteca se encuentra en la zona centro-este del país, se extiende sobre la vertiente oriental de la Sierra Madre y abarca alrededor de 14 municipios de Tamaulipas, 33 de Veracruz, 20 de San Luis Potosí, 8 de Hidalgo, 5 de Querétaro y 37 de Puebla.

Al tratarse de una región que comparte clima, costumbres, tradiciones y composición poblacional, entre otros elementos, desde la época precolombina, no es posible delimitarla con exactitud a las divisiones políticas actuales.

En consecuencia, la Huasteca ha sido estudiada por las ciencias sociales desde diferentes ángulos, como el histórico, que ha tratado el dominio de la población indígena y su resistencia. También han sido importantes los esfuerzos de regionalización a partir del análisis de las condiciones geográficas, de la flora y la fauna, del origen y curso de las cuencas hidrológicas, de las peculiaridades de la población y de su cultura.

La población indígena presenta el mayor grado de marginación y pobreza respecto al conjunto regional interestatal. Se trata de una zona donde el extremo rezago económico y social se conjunta con el poder político, ejercido por un robustecido caciquismo, que se ha visto confrontado históricamente por los sectores más excluidos de la sociedad: los pequeños propietarios, los miembros de las comunidades y ejidos y los jornaleros y campesinos sin tierra, es también por eso que en la Huasteca, se requiere urgentemente una completa regularización de tierras en materia agraria.

En la Huasteca existe una pluralidad cultural que da testimonio de la identidad que poseen nuestros pueblos indígenas, también existen grandes extensiones de agua, se detentan tierras fértiles para el cultivo, para la ganadería, entre otras actividades agrícolas y productivas.

La pobreza constituye el problema de mayor gravedad. Gran parte de la población indígena de los municipios y comunidades sobrevive en una extrema precariedad que se ha profundizado con la crisis y los procesos de globalización en los que está desfavorablemente inmerso el campo mexicano.

El bajo nivel de ingresos explica que gran parte de la población de las comunidades se vea obligada a recurrir a la exportación de la mano de obra generando que los jóvenes y adultos emigren a las metrópolis cercanas y/o a Estados Unidos de América.

La agricultura como referí con antelación, constituye una parte importante de la economía huasteca. Cultivamos maíz, sorgo, café, soya, cacahuate, naranja, aguacate, papaya, plátano, limón, guayaba, caña de azúcar, palmilla camedor y frijol. La ganadería es sumamente importante en todas las zonas de la Huasteca. Existe también la explotación de maderas preciosas y de rocas para su transformación en cemento.

Sin embargo, el desarrollo agropecuario y estas actividades mencionadas, no son suficientes para detener la migración, y gestar un detonador económico para la región y para el país entero.

En la Huasteca hidalguense, la ejecución de algunos programas para desarrollar el cultivo del café y cítricos no logró crear las condiciones para un desarrollo económico y social en el mediano y largo plazo, por el contrario, se acentuó el desarraigo de los hijos de esos campesinos. La emigración se hizo más extensa y se convirtió en una expresión palpable de la marginación acumulada y de los problemas estructurales que afectan a la zona. La gran mayoría de los municipios y comunidades de la Huasteca hidalguense ha acumulado tales condiciones de rezago que el Consejo Nacional de Población, los caracteriza como sitios de alta marginación y elevados índices de expulsión en cuanto a recursos humanos, especialmente población joven, por la escasez de empleo y de alternativas para el estudio.

A pesar de contar con un espacio geográfico regional diverso, poseer dos puertos de altura cercanos, el de Tamaulipas y el de Tuxpan, incluso a pesar de la abundancia de recursos y un clima favorable, la Huasteca no ha podido revertir la marginación y la pobreza en que vive la mayor parte de su población, especialmente la indígena, los rastros Tipo Inspección Federal (TIF), han colapsado por la falta de demanda de materia prima.

Hemos sido testigos que desde tiempos de la Colonia se han impuesto allí poderes económicos, sociales y políticos que han socavado las posibilidades de desarrollo regional. La actual acumulación capitalista, signada por la globalización excluyente, ha representado para la Huasteca la reproducción de una pobreza y atraso acumulados históricamente.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Social, a establecer en forma coordinada un programa emergente para la detonación del desarrollo económico y social de la región Huasteca de nuestro país y que comprende los municipio y estados que se mencionan en el primer párrafo de la exposición de motivos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizar una evaluación del impacto en la sociedad del programa aquí citado después de un año de su implementación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Fortunato Rivera Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a hacer públicas las medidas tomadas para atender y subsanar las observaciones formuladas por la ASF en el primer informe sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2017, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I de los artículos 6, 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicas las medidas tomadas para atender y subsanar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en el Primer Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las obras de infraestructura son especialmente importantes para el desarrollo nacional, implican inversiones millonarias para detonar el crecimiento de determinado sector económico del país, generan empleos y cambian el rostro las regiones en las que se desarrollan.

Particularmente las obras de infraestructuras destinadas a las vías de comunicación y el transporte, resultan fundamentales para la economía nacional, pues son un motor de expansión para la inversión y el comercio. Por ello, es prioritario que los procesos a través de los cuales se financian estas obras y sus proyectos de ejecución sean transparentes, estén técnicamente bien sustentados y puedan ser auditados.

Al respecto, en México la obra más importante de infraestructura de los últimos años es la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El titular del Ejecutivo federal, de la actual administración durante su segundo Informe de Gobierno en septiembre de 2014, realizó el anuncio de esta obra de la siguiente manera: “Desde hace décadas, ha sido necesario contar con nuevas instalaciones para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México... Ante esta situación, no podemos seguir postergando más la solución de fondo. Por estas razones, hoy anuncio que el gobierno federal construirá un nuevo aeropuerto”.1

De acuerdo con el diagnóstico presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal2 , desde hace más de dos décadas es patente la necesidad de ampliar la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que sea acorde al crecimiento del país. El incremento en transporte de pasajeros y mercancías ha generado que, al día de hoy, la capacidad del aeropuerto sea insuficiente. La saturación operativa del aeropuerto restringe significativamente la posibilidad de mantener un crecimiento elevado y sostenido a través de un aumento en la productividad. México ocupa el lugar 55 en competitividad y el 49 en infraestructura aeroportuaria, lo que significa que se encuentra muy por debajo de su potencial.

Por ello, de acuerdo con la información oficial, la construcción de este aeropuerto será uno de los 3 mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria a nivel mundial en la actualidad. El proyecto contará en su etapa de máximo desarrollo con 6 pistas y transportará cerca de 120 millones de pasajeros al año, incrementando cuatro veces la capacidad actual.

Sin embargo, diversas situaciones se han presentado en su ejecución que dan pie a la necesidad de conocer con claridad cómo se ha ejecutado la obra más “importante” del sexenio.

Por ejemplo, en el marco de la campaña presidencial se desarrolló un debate en torno a la factibilidad del proyecto en construcción, esto ha inquietado a los expertos y a la sociedad en general, lo que ha orillado a largos debates sobre la pertinencia del NAICM, en particular, en lo referente a los contratos que se han otorgado para su edificación y funcionamiento.

En primer lugar, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se reestructuró y aumentó el costo de la inversión del NAICM al actualizarse el monto de 169 mil a 285 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento del 70 por ciento. Esto se debe, en parte, a que el costo original de 13 mil 300 millones de dólares fue calculado con un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar en 2014. Situación que de entrada lleva a cuestionar la viabilidad del proyecto, aunque, según lo dicho por el gobierno federal, solamente 10 por ciento de los recursos son de inversión pública, mientras el 90 por ciento restante proviene de la inversión privada.

En ese sentido, diversos grupos, académicos, expertos y organizaciones civiles y políticas se han manifestado ya sea a favor o en contra del proyecto del NAICM.

Algunas organizaciones como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de Aerotransportes, se han manifestado a favor del proyecto, avalando su factibilidad y apoyado en su construcción.

Por otra parte, organizaciones como la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, han mencionada que el nuevo aeropuerto está en riesgo de inundación, al estarse construyendo en la zona del lago de Texcoco, estado de México, el cual se ha usado como un vaso regulador para que la capital del país no se inunde, y que además es un lugar que sufre hundimientos diferenciados.3

De forma paralela, recientemente ha sido de conocimiento general que existen observaciones detectadas en las auditorías que ponen en evidencia irregularidades en el manejo del gasto destinado a su construcción. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), al presentar a la Cámara de Diputados la primera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2017, el pasado 29 de junio, hizo observaciones por 16 millones de pesos al gasto en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sólo para el año 2017.

De acuerdo con lo señalado en las auditorías 383-DE, 379-DE, 389-DE4 , principalmente, se han encontrado las siguientes anomalías:

En la auditoría 383-DE, sobre el Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del nuevo aeropuerto, se señaló que está pendiente por aclarar un gasto de 2 millones 509 mil 397.65 pesos. Ese monto fue pagado a la Comisión Federal de Electricidad, para “actividades de supervisión de precarga de la línea de transmisión, de la subestación aeropuerto y de la subestación switcheo”, en el periodo de agosto a diciembre de 2017. Sin embargo, según determinó la ASF, tal procedimiento de precarga, no fue realizado.

La auditoría 379-DE, está enfocada en la “Conexión a Desnivel de la Autopista Peñón-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec”, obra que tiene como objetivo facilitar el acceso al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En ella se pide aclarar y comprobar un gasto de 2 millones 947,033.10 pesos, para comprar concreto. Según la ASF, fueron pagados 3,389.30 m3 de concreto, lo que difiere del volumen obtenido, 2,883.13 m3, esto en el contrato LPN-OP-DCAGI-SC-017/17, con la empresa Coconal, SAPI de CV. En otro punto de esta auditoría, se pide al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1 millón 140 mil 647.12 pesos, “por concepto de pagos en demasía ya que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real”.

En la auditoría 389-DE, sobre la nivelación y limpieza del terreno y construcción de los caminos provisionales de acceso del nuevo aeropuerto, se pide al Grupo Aeroportuario aclarar un monto de 10 millones 324 mil 520.55 pesos, por pagos en exceso o no contemplados inicialmente.5

El 4 de septiembre pasado el Instituto Mexicano de Competitividad presentó un análisis6 de 117 contratos del NAICM entregados vía licitación pública hasta abril pasado y concluyó que 34 de ellos fueron adjudicados con una sola propuesta solvente, es decir, los procedimientos se asignaron sólo con una opción que cumplía con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos que establecieron las convocatorias. Esto quiere decir que 29 por ciento de los procedimientos que se adjudicaron mediante licitación pública para la construcción del NAICM, no fueron asignados bajo criterios de competencia. La suma de estos montos adjudicados a 34 procedimientos con una sola propuesta solvente es de mil 801 millones 502 mil 818 pesos.

El mismo estudio detalla que si bien 90 por ciento del monto analizado se adjudicó a través de licitación pública, 157 de los 320 contratos analizados se asignaron por adjudicación directa y solo el 19 por ciento de estos procedimientos cuenta con una justificación legal adecuada.

De entre los escenarios que implican un riesgo en el NAICM, el Imco destaca los siguientes:

Se detecta una insuficiente estructura de control interno y vigilancia.

Existe un área de oportunidad en el control y justificación en la adjudicación directa de contratos.

Los requisitos administrativos y legales frenan la competencia.

Carece de un plan de movilidad consolidado a dos años de su apertura. Sin una red de transporte masivo, los cerca de 68 millones de pasajeros y 50 mil empleados no tendrán formas seguras y eficientes de llegar a las instalaciones.

Se han creado espacios de dialogo, por ejemplo, entre los actores políticos y el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, por mencionar algunos. Sin embargo, falta una articulación institucional para que estos ejercicios de revisión al NAICM puedan tener una repercusión real. Por lo que se requiere apertura en este tema y que desde los poderes del estado exista un ejercicio de revisión a una obra pública de esta envergadura.

El Poder Legislativo no puede estar al margen de esta discusión tan trascendental para los mexicanos, como representantes de la ciudadanía los Diputados Federales debemos participar activamente este proceso de revisión del NAICM y, exigir transparencia y rendición de cuentas en las acciones que deriven de ello.

Es de señalar que durante anteriores legislaturas la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores contaron con Comisiones Especiales encargadas de dar seguimiento a los trabajos de construcción del NAICM:

El pasado 11 de septiembre de 2014, el pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para la atención y seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

De manera paralela, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mediante un acuerdo aprobado el 29 de abril de 2016, aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La LXIV Legislatura que inicia sus funciones no debe ser omisa en los asuntos que la ciudadanía demanda que sean esclarecidos, el NAICM debe ser evaluado en todas sus dimensiones y, en su caso, corregir o cancelar lo que haga falta.

Solicitar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a la sociedad lo referente a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y los contratos que se han otorgado, es trascendental. Esto puede contribuir a que esta obra no siga manchada por la opacidad y malos manejos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicas las medidas tomadas para atender y subsanar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en el Primer Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2017.

Notas

1 Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/segundo-informe-de-gobierno-en -frases

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

https://consulmex.sre.gob.mx/laredo/images/stories/docs/ SCT/dan02416%20naicm-espaol.pdf

3 Portal de Noticias de la Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.unamglobal.unam.mx/?p=36962

4 Auditoría Superior de la Federación.

https://www.asf.gob.mx/Default/Index

5 Periódico digital Animal Político.

https://www.animalpolitico.com/2018/07/nuevo-aeropuerto- auditoria-2017/

6 Instituto Mexicano de Competitividad. Nuevo aeropuerto internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Documento-NAIM-2018-1.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2018.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a cumplir a cabalidad la ley de la materia respecto a las víctimas de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, específicamente en cuanto al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, a cargo del diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Lucio de Jesús Jiménez , diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, artículo 6; numeral 1, fracción IV, del artículo 76, y numeral 2, fracción III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a la consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante la última década, la legislación mexicana en materia de derechos humanos ha ido adaptándose a los estándares internacionales como un intento de estar a la vanguardia en dicha área y ante la profunda inestabilidad política y social en que se vivía, consecuencia de ello fueron las reformas constitucionales de 10 de junio de 2011; a raíz de las cuales, se tomó un nuevo enfoque en materia de protección a víctimas de violaciones a derechos humanos.

En dicha inercia, el 9 de enero de 2013 se creó la Ley General de Víctimas, misma que contempló la creación de un organismo descentralizado, denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Federación (CEAV), así como también ordenó la creación de Comisiones Ejecutivas Estatales, ello con el fin de dar atención en todos los rubros necesarios a las víctimas de violaciones a derechos fundamentales, concibiéndose como una de las finalidades de los citados organismos, el brindar una reparación integral a los sujetos afectados.

Para cumplir con los objetivos de la CEAV, la Ley dispuso la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), brindándose a esa institución, el control de los recursos del fondo a través de otorgarle la capacidad de establecer las reglas de operación de éste.

Ahora bien, de un análisis a los archivos públicos del FAARI, ésta legislatura encuentra importante resaltar la siguiente información:

1. Al mes de diciembre de 2017, el total de los ingresos al fondo era de 1,683,000,000.00 (un mil seiscientos ochenta y tres millones de pesos 00/100 MXN.) habiéndose gastado hasta esa fecha un total de 423.3 millones de pesos, con lo cual el remanente en tal fondo era de $1,259,700,000.00 (un mil doscientos cincuenta y nueve millones setecientos mil pesos 00/100 MXN.).

De dicha información se desprende que esa institución, durante 2014, 2015, 2016 y 2017, es decir, cuatro ejercicios presupuestales, únicamente había empleado 423.3 millones de pesos en reparación a las víctimas y otros conceptos análogos.1

2. Por otra parte, en el más reciente estado financiero que aparece en la dirección electrónica de la CEAV (vigente al 31 de julio de 2018), se señala que el fondo había, de forma total, tenido ingresos por 1,761.4 millones de pesos, es decir, un aumento de 78.4 millones de pesos, sin embargo señala también que se han gastado de dicho fondo un total de 801.8 millones de pesos.2

De una simple operación aritmética, se desprende que en los últimos siete meses de gestión de la CEAV se han ejercido 378,500,000.00 (trescientos setenta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 MXN.), es decir, en el periodo de enero a julio de 2018 se ha gastado casi la misma cantidad que se había erogado en los cuatro años anteriores, situación que no obedece a alguna circunstancia que sea notoriamente justificable.

De esa manera, ante el cambio inminente en la administración, corresponde a esta legislatura, solicitar un informe detallado de las cuentas, así como de las razones por las cuales se ha erogado en los últimos meses una cantidad mayor a lo ejercido en los cuatro ejercicios presupuestales previos, con la debida justificación y razonamientos, ello en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley General de Víctimas, circunstancia a la que se exhortará al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas en la parte conducente del presente documento.

Ahora bien, adentrándonos en otro de los puntos esenciales de ésta proposición con punto de acuerdo, en lo que resulta ser un hecho público, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, se cometieron en Iguala, Guerrero, graves violaciones a derechos humanos en contra de diversas personas, entre lo que destaca lo acontecido en perjuicio de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, así como el ataque al autobús en que viajaban los Avispones de Chilpancingo; hechos que a la fecha no han sido esclarecidos por las autoridades competentes ; sin embargo, por sí mismos es evidente que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tentativas de homicidio, lesiones, y en general una grave descomposición al tejido social de nuestro país, eso como se abordó en la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que constituye verdad legal.

A consecuencia de los lamentables hechos, las víctimas del equipo Avispones de Chilpancingo, quienes fueron afectados a consecuencia de los disparos de armas de fuego por quienes hasta ahora legalmente se desconoce su identidad y participación específica; además, han tenido acercamiento con los legisladores de la entidad federativa, en donde acontecieron los hechos, exponiendo y documentando sus inquietudes y quejas por cuanto hace a la actuación y al trato que han recibido de las autoridades de la administración saliente.

De forma particular, han expuesto literalmente:

“1. Que CEAV ha emitido resoluciones carentes de sustentos reales para reparar a las víctimas integralmente, pues a la fecha no fueron valorados por especialistas, tal y como lo manda la Ley de Víctimas.

2. Que la CEAV ha arremetido contra las víctimas, al negarles todo el apoyo como consecuencia de haber acudido ante los Tribunales de la Federación a deducir sus derechos.

3. Que la CEAV ha entablado un litigio de más de tres años en contra de las víctimas, con el fin de limitar al máximo los derechos de éstas.

a) En dicho litigio obran más de 20 procesos de amparo entablados, los cuales ya tienen tres sentencias ejecutables sin que al respecto la CEAV cumpla con su deber.

b) Que CEAV no cumple de manera oficiosa con su deber, pues se aferra a las lagunas en el derecho de víctimas para dilatar los procedimientos.

4. Que existen a la fecha tres sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pendientes por cumplir por parte de la CEAV, en una de las cuales ha excedido sin justificación los plazos otorgados por el máximo representante del Poder Judicial federal, y que a la fecha se vale de tecnicismos para dilatar el cumplimiento.

5. Desde la existencia de los litigios han cesado de todo acercamiento en beneficio del esclarecimiento de los hechos así como cualquier negociación tendiente a la reparación integral de las víctimas.

6. Que han otorgado beneficios totalmente inequitativos en asuntos que no guardan la misma relevancia, y que dichos asuntos han sido resueltos en tiempos muy cortos a diferencia de su caso particular.

7. Que están empleando de manera desproporcional los recursos del FAARI, con el temor de que no se deje suficiente para hacer frente a las indemnizaciones y reparaciones que por ley les corresponden.”.

Ante las citadas quejas, resulta conducente requerir, para que de manera inmediata, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas emita un informe sobre la situación de cada uno de los procedimientos que guarde respecto al equipo Avispones de Chilpancingo, específicamente los asuntos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las actuaciones tendientes al cumplimiento de buena fe de la ejecutoria, situación a la que se exhortará en el apartado correspondiente.

Una vez desahogado el requerimiento, previa vista a las víctimas, para el caso de que esta legislatura encuentre elementos objetivos de incumplimiento a las obligaciones que corren a cargo de la CEAV, se elevará a la Cámara de Senadores de este honorable Congreso de la Unión, una propuesta de enjuiciamiento político en contra del ciudadano comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, ello con fundamento en lo establecido por los artículos 76, fracción VII, 109, 110, 114 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior pues resulta evidente que el uso de recursos públicos destinado al entablamento de diversos litigios en contra de las víctimas puede considerarse una actuación contraria a la finalidad de la Ley General de Víctimas y por ende a la función de la CEAV, que debe ser erradicada y a su tiempo fiscalizada por las autoridades competentes y revisada por ésta representación, tal y como lo determina la Ley General de Víctimas.

Por último, se considera pertinente que, a fin de no agravar la condición de revictimización en que se encuentran los integrantes del equipo y sus familiares, se exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de su comisionado, así como al director general del FAARI, a realizar un apartado presupuestal bastante y suficiente para hacer frente a las necesidades de las víctimas, cuestión que se reitera en los puntos de exhorto posteriores.

De lo anterior se colige que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe ser puntualmente verificada, ello para cumplir con nuestro deber social, no solo en la expedición de las leyes, sino en la fiscalización de su cumplimiento tal y como se nos faculta en la Ley General de Víctimas. Lo anterior en estricto apego a la intención de legislar con brazo firme en materia de protección a tan graves violaciones a derechos humanos, para que éstas no queden impunes.

En razón de lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas para que, de manera inmediata, con base en los principios de máxima protección, complementariedad, interdependencia e integralidad, proceda a reparar a las víctimas del grupo de Avispones de manera integral, por las graves violaciones a derechos humanos de las que fueron objeto, ello para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de aquellos.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas para que, de manera inmediata, evite todo acto que entorpezca los procesos de reparación integral de las víctimas, y en su caso, se desista de cualquier medio de defensa, recurso o en general, cualquier procedimiento entablado en contra de las víctimas.

Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas a actuar de manera transparente y proporcionada, ello a efecto de que los mecanismos de protección y reparación a las víctimas sean acordes a su finalidad y a los criterios nacionales e internacionales que prevean un mayor beneficio a las víctimas.

Cuarto. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas a hacer públicos todos y cada uno de los procedimientos entablados por dicha Comisión, o bien por las víctimas, doliéndose de acciones y/u omisiones de la honorable autoridad que usted preside.

Quinto. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, a informar las medidas específicas que tome, a consecuencia del presente punto de acuerdo.

Notas

1 CEAV. Situación financiera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (cifras al 31 de diciembre de 2017, Consultado en línea el 5 de julio de 2018 en el vínculo siguiente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288515/Si tuacio_n_Financiera_del_FAARI_al_31_de_Diciembre_de_2017_para_POT.pdf

2 CEAV. Situación financiera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (cifras al 31 de diciembre de 2017, Consultado en línea el 10 de junio de 2018 en el vínculo siguiente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380135/Si tuacio_n_Financiera_del_FAARI_al_31_de_Julio_de_2018_para_POT.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2018.

Diputado Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido el viernes 21 de septiembre de 2018 en Yajalón, Chiapas, y se exhorta a las autoridades competentes a dar celeridad a la investigación, el esclarecimiento de los hechos y el castigo para los responsables, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alfredo Vázquez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, de obvia y urgente resolución, que condena el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido el pasado viernes 21 de septiembre en Yajalón, Chiapas; y exhorta a las autoridades competentes por la celeridad en la investigación, esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mucho se ha dicho de las muertes de los periodistas en el país, y es claro que como sociedad que avanza en un contexto de derechos sociales y políticos no podemos menospreciar la importancia que tiene el acceso a la información para la sociedad, lo cual la ha llevado a consolidarse como un derecho fundamental de todas las personas.

Una de las principales formas de tener acceso a información, en virtud de que ésta ya se nos presenta después de su proceso de recolecta, síntesis y jerarquización, lo es sin duda a través de la noble actividad del periodismo.

Atentar contra la vida de cualquier ser humano, un ataque al derecho fundamental de las personas a la vida y a que se respete su integridad física, es un hecho reprobable en toda su magnitud, pero hacerlo con relación a sus funciones laborales como es el caso del periodismo, es también un atentado al derecho de todos los mexicanos a recibir información.

Éste es el caso en el que desgraciadamente nos enteramos el pasado viernes 21 de septiembre del asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, quien al salir de su domicilio fue acribillado a tiros por dos hombres a bordo de una motocicleta. Según información de El Heraldo de Chiapas, periódico donde laboraba, el periodista ya había denunciado las amenazas de muerte de las cuales era objeto por gente afín a Leonardo Guirao, motivo por el cual la Fiscalía de Chiapas le puso medidas precautorias, que después retiró por desestimarlas. El asesinato de Mario Gómez es el séptimo en lo que va de 2018.

El país es considerado uno de los más peligrosos para la actividad periodística; este evento viene a abonar a esa sensación. Por ello, dobles y triples razones para intensificar esfuerzos, condenar enérgicamente este homicidio, dar con los responsables y sean sancionados con todo el rigor legal y, algo muy importante, fortalecer las acciones para la protección de periodistas y todas las personas dedicadas a los oficios inherentes a los medios de comunicación.

Como integrante de la LXIV Legislatura federal, estoy particularmente convencido de que en la Cámara debemos pronunciarnos en un posicionamiento unánime contra esta artera y cobarde agresión, que pugnemos porque se investigue y esclarezcan las muertes ocurridas contra los periodistas, por la concesión oportuna de medidas protectoras y en general, porque en el país el periodismo se realice con todas las garantías de seguridad para periodistas y medios de comunicación.

Por ello, estimados compañeros legisladores, me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Los diputados a la LXIV Legislatura federal condenamos enérgicamente el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido el pasado viernes 21 de septiembre de 2018 en Yajalón, Chiapas.

Segundo. Manifiesta sus condolencias a familiares y amigos, y se solidariza con su pena.

Tercero. Exhorta a las autoridades del gobierno de Chiapas a poner en manos de la Procuraduría General de la República los avances de la investigación sobre los hechos de tan lamentable homicidio.

Cuarto. Exhorta a la Fiscalía de Chiapas a hacer un reconocimiento de las omisiones que tuvo en el homicidio del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez.

Quinto. Exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a apoyar a las autoridades locales en las investigaciones.

Sexto. Exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas del país a implantar y coordinarse en todas las acciones necesarias para lograr el objetivo de que en el país el periodismo se realice con todas las garantías de seguridad para periodistas y medios de comunicación.

Séptimo. Exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para que realice las investigaciones correspondientes y se apliquen a los responsables las penas y sanciones con el máximo rigor que la ley permita.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los legisladores que integren en su momento la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a emitir con la mayor brevedad los dictámenes sobre las revisiones de las Cuentas Públicas pendientes, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Dolores Padierna Luna, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los legisladores que en su momento integren la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, una vez instalada esta instancia, emitan a la brevedad los dictámenes correspondientes a las revisiones de las cuentas públicas pendientes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La revisión de la cuenta pública es un mecanismo fundamental de nuestra democracia pues incide en la rendición de cuentas del gobierno. Es decir, permite adjudicar responsabilidades a los gobernantes a partir de las decisiones que tomen en sus funciones. 1 Entre los principales conceptos analizados y evaluados en este proceso de fiscalización destacan los siguientes: resultados de la gestión financiera; aplicación correcta de los criterios señalados en Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); y cumplimiento de objetivos de los programas de gobierno, entre otros.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, Art. 74, Fr. VI), y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF, Fr.46), le corresponde a la Cámara de Diputados concluir el proceso de revisión de la Cuenta Pública. Esto implica que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública someta al Pleno el dictamen correspondiente y que este se vote a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de dicha Cuenta Pública. A pesar de la relevancia de esta responsabilidad, este órgano legislativo ha incurrido en omisiones a la normativa en comento debido a que, del periodo 2001-2015, únicamente se han dictaminado y votado cinco Cuentas Públicas, correspondientes a los ejercicios 2001; 2002; 2007; 2008; y 2009. En otras palabras, se encuentran quedan pendientes de dictaminar 10 Cuentas, correspondientes a los ejercicios 2003; 2004; 2005; 2006; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; y 2015.

De esta manera, en el primer periodo de gobierno panista, encabezado por Vicente Fox Quesada (2001-2006), solamente fueron dictaminadas las primeras dos Cuentas Públicas de su gestión (2001-2002) obteniendo, en ambos casos, la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En el segundo sexenio panista, a cargo de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012), se dictaminaron las Cuentas Públicas correspondientes a los primeros tres años de gestión (2007-2009), de las cuales una fue aprobada en el Pleno (2007). Para las dos restantes, el dictamen fue negativo (2008-2009), es decir, no fueron aprobadas por el pleno.

En lo que corresponde a la administración priista de Enrique Peña Nieto (2013-2018), no ha sido dictaminada ninguna Cuenta Pública, aunque debe aclararse que, con base en los tiempos definidos en la LFRCF, solamente están pendientes de dictamen las Cuentas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. En el caso de la Cuenta Pública 2016, la fecha límite para el 31 de octubre de 2018, por lo que no se está en falta todavía.

La relevancia de las omisiones radica en que, como se ha mencionado, la Cuenta Pública constituye un instrumento imprescindible para lograr una rendición de cuentas efectiva y un entorno de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es además un insumo fundamental para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En este tenor, resulta aún de mayor importancia que la Cámara cumpla con su responsabilidad si consideramos que en los últimos años, se ha observado un crecimiento exponencial en el gasto público: mientras que en el ejercicio 2006, al final de la Administración de Vicente Fox, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados ascendió a 1 billón 973 mil 500.0 millones de pesos, para 2012 con Felipe Calderón se incrementó a 3 billones 706 mil 922.2 millones de pesos, y en 2018, al concluir el sexenio de Enrique Peña, se ubicó en 5 billones 201 mil 684.6 millones de pesos.

Lo falta de dictámenes de las cuentas, implica asimismo riesgos para el sano funcionamiento de las finanzas públicas. Debido a que el proceso de revisión no ha concluido en varios años previos, este mecanismo de rendición de cuentas no está funcionado de manera integral. De esta forma, se podría estar fomentando la existencia de gastos aplicados de manera discrecional, incorrecta o inercial al cierre de la presente administración. En otras palabas, se están generando las condiciones propicias para que los recursos públicos se utilicen en desapego a lo dispuesto en la normativa y se alejen de las metas y propuestas de los programas nacionales.

En ese contexto, se considera ineludible que, a su instalación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, tome cartas en la situación planteada y cumpla con la obligación de ley que quedó pendiente en legislaturas anteriores. Es urgente que se dictaminen las Cuentas Públicas pendientes correspondientes a los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En este sentido, se podrían estar generando bases e incentivos para colaborar en el adecuado funcionamiento del gobierno en nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía que sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los legisladores que en su momento integren la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que una vez instalada esta instancia, se considere un asunto prioritario y se emitan a la brevedad los dictámenes correspondientes a las Revisiones de las Cuentas Públicas de los ejercicios: 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SEP, la Ssa, el gobierno del estado de México y el alcalde de Ecatepec de Morelos a intervenir de inmediato y concluir los trabajos de reconstrucción de las escuelas públicas y los hospitales del IMSS dañados por el sismo del 19 septiembre de 2017 en el municipio, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

El sismo del cual nuestro país fue víctima el 19 de septiembre del 2017 ha marcado la historia de México. Fueron 369 personas las víctimas del sismo de 7.1 grados que sacudió nuestro territorio. Sin embargo, el sismo no fue la única causa por la cual padeció y padece la población ; vidas humanas se perdieron por la connivencia de constructoras y autoridades corruptas e indolentes, que no se apegaron al reglamento de construcción establecido después del sismo de 1985; y hasta la fecha existen familias de mexicanos que padecen las consecuencias de la incapacidad de las autoridades para la resiliencia de nuestras ciudades y comunidades.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó gravemente a varios estados del país, y notablemente a la zona metropolitana del valle de México. A pesar de los planes de reconstrucción anunciados, todavía siguen detenidas obras de reconstrucción en escuelas, hospitales y viviendas, que provocan daños y una revictimización continua y permanente, de gran magnitud en la vida cotidiana y de alto impacto social, entre la población afectada; tal es el caso del estado de México, en particular en el municipio de Ecatepec de Morelos y en general en los municipios conurbados a Ciudad de México.

En Ecatepec hay una afectación permanente de la población derechohabiente del IMSS y perjuicio del derecho a la salud de decenas de miles.

Tan solo en Ecatepec, las Unidades de Medicina Familiar número 92 y 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en las zonas más habitadas y con mayores indicadores de violencia, pobreza y rezago económico, permanecen aún cerradas por los daños del sismo del 19 de septiembre del año pasado, y actualmente se encuentran pendientes de ser atendidas para reconstrucción y remodelación.

Habiéndose canalizado su población derechohabiente a otras unidades del IMSS, ubicadas en el mismo municipio, resulta también que son afectadas estas comunidades de derechohabientes, en virtud de la saturación a que son expuestas debido a la canalización de pacientes antes señalada.

Datos de la delegación en el estado de México Oriente del IMSS indican que en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 92 tienen una población adscrita de 182 mil personas, y dicha unidad está inhabilitada. Además, en el caso de la UMF 93, que atiende a 258 mil mexiquenses, el dictamen estructural determinó que el daño ponía en riesgo a los ciudadanos, por lo que se decidió demolerla y levantar una nueva unidad, cuyos trabajos se encuentran a un escaso 30 por ciento, después de 1 año.1

El artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En este sentido, se le debe garantizar un ambiente adecuado para la preservación de la salud, el acceso y una atención integral adecuada y aún más importante, un trato digno. El derecho a la salud es aplicable a todas las personas, sin importar su condición social, económica, cultural o racial y para que puedan ejercerlo se deben considerar los principios de accesibilidad y equidad.

En Ecatepec la ausencia de respuesta institucional afecta no solo los derechos de los derechohabientes del IMSS, sino de toda la población.

En materia de educación, en Ecatepec se está dando una revictimización permanente, constante e ininterrumpida de los derechos de los niños a la educación y a la seguridad, provocada por la suspensión y por falta de pagos de las obras de reconstrucción de escuelas públicas.

En Ecatepec de Morelos fueron afectados 216 planteles educativos, sin embargo, en este municipio persisten tres escuelas públicas con daños de gran magnitud. El caso más relevante es el de la escuela secundaria federal número 52 Ehécatl , en donde el total de la estructura fue dañada y derrumbada. Además, una menor perdió la vida debido al colapso de una barda perimetral.2

Actualmente, la escuela secundaria federal número 52 Ehécatl se encuentra operando en precarias e insalubres condiciones. Según datos internos de la escuela pública afectada, cuenta con un padrón de 800 alumnos inscritos. Las atenciones gubernamentales han sido escasas, por lo que la unidad y organización de padres de familia han sostenido la operatividad de la instalación educativa con mérito y recursos propios.

Este caso es más dramático aún cuando queda de manifiesto que las tareas de reconstrucción se encuentran suspendidas por falta de pago de las autoridades. Es una evidente demostración de incapacidad que lamentablemente perjudica a cientos de familias, sin que la autoridad responda.

El Grupo Parlamentario de Morena se encuentra a favor de una educación pública, integral, laica, gratuita y con instalaciones de calidad para que los alumnos puedan contribuir a la transformación de nuestra sociedad. Nuestros niños mexicanos necesitan de una escuela con instalaciones dignas para lograr un pleno desarrollo durante tan importantes etapas de la vida de un ser humano.

Las autoridades federales, estatales y municipales deben responder de inmediato. Ecatepec ya padece en exceso por la violencia y la inseguridad como para además seguir tolerando la negligencia e irresponsabilidad gubernamental.

Se requiere la directa atención de las autoridades para que en las instalaciones educativas y centros de salud anteriormente mencionados se realicen los trabajos de reconstrucción; toda vez que, ni siquiera con los pormenores de la conmemoración del primer aniversario del sismo, se ha dado respuesta a la necesidad ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular de la Secretaría de Salud, al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec para que atiendan respectivamente los trabajos de reconstrucción de las escuelas públicas y las dos clínicas del Seguro Social permanentemente cerradas, dañadas por el sismo del 19 septiembre del 2017 en el municipio de Ecatepec de Morelos, que a la fecha siguen revictimizando a los habitantes de esta ciudad.

Notas

1 Javier Salinas Cesáreo. (2018). “Siguen cerradas por sismo dos clínicas del IMSS en Ecatepec”. 2018, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/18/siguen-cerradas-por-sismo -dos-clinicas-del-imss-en-ecatepec-4711.html

2 Excélsior. (2018). “Una estudiante de secundaria murió durante el sismo en Ecatepec”. 2018, de Excelsior Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/118951 4

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 27 de septiembre del año 2018.

Diputadas: María Guadalupe Román Ávila (rúbrica), Alma Delia Navarrete Rivera, María Eugenia Hernández Pérez, María Elizabeth Ríos García y diputado Marco Antonio González.

Con punto de acuerdo, relativo al socavón formado el 22 de septiembre de 2018 en el número 355 de Avenida del Peñón y Oriente 158 números 390 y 440, colonia Moctezuma Segunda Sección, Venustiano Carranza, Ciudad de México, suscrita por las diputadas Rocío Barrera Badillo y María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena

Rocío Barrera Badillo y María Rosete, en nuestra calidad de diputadas federales del Grupo Parlamentario de Morena y el Partido Encuentro Social, respectivamente, de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primero. El 22 de septiembre de 2018 se abrió un socavón en avenida Oceanía en la alcaldía de Venustiano Carranza en la Ciudad de México. ‘se traga’ un tráiler

El deslizamiento fue de tal magnitud que incluso se ‘tragó’ un tráiler. El vehículo de carga con matrícula 44-AG-4X estaba estacionado cuando cayó en el hoyo que se abrió debido al reblandecimiento de la tierra por una fuga de agua que se registró en los límites de una construcción de una plaza y quedó varado.

Según reporta El Universal, Óscar León, director jurídico de la delegación, se procedió a clausurar la obra tras el incidente.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la demarcación se reportaron 44 milímetros de lluvia en Río Consulado, colonia Peñón de los Baños, y 133 milímetros en Río Churubusco, colonia Pantitlán.

Además, la Secretaría de Protección Civil reportó 11 inundaciones y 21 encharcamientos; así como la caída de una barda en la calle Norte 170 de la Colonia Pensador Mexicano.1

Segundo . A dos días de ocurrido este hundimiento el gobierno del Ciudad de México emitió un boletín2 de prensa en el que señala:

“El gobierno de la Ciudad de México informa que cuenta con un dictamen conjunto de la Secretaría de Protección Civil y del Sistema de Aguas relativo al deslizamiento de suelo que se presentó el 22 de septiembre aproximadamente 18:30 horas, en el número 355 de avenida del Peñón y calle Oriente 158 números 390 y 440, colonia Moctezuma.

Se concluye que esta situación se derivó por el deficiente diseño y construcción del muro de contención cuyo objetivo debería ser contener el suelo y garantizar condiciones de estabilidad en la excavación profunda que se realiza para la plaza comercial denominada “Oceanía”.

Debido a la intensidad de las precipitaciones que se presentaron el día del evento, se saturó el suelo y hubo filtraciones de agua hacia el interior de la excavación que provocó mayores esfuerzos, lo que generó una falla del muro con el consecuente deslizamiento de suelo.

Esto afectó la vialidad en una longitud de 50 por 6 metros de ancho y una profundidad de 9, aproximadamente, dañando la infraestructura hidráulica de drenaje consistente en dos tubos de 61 cm de diámetro con una longitud de 60 metros, así como uno de agua potable de 6” de diámetro.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Protección Civil ha determinado la suspensión de la obra hasta que se garantice la estabilidad del perímetro de la excavación, al mismo tiempo que se exige a la empresa constructora que presente una propuesta de reparación de la vialidad, así como de las tuberías dañadas.”

Sin embargo, resulta insuficiente la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México resulta insuficiente sobre los alcances de la construcción que albergará la plaza comercial denominada “Oceanía y no se da cuenta de ningún estudio sobre mecánica del suelo o sobre el posible impacto que la misma tendrá en las viviendas que se encuentra aledañas a la misma. Sobre todo cuando el propio boletín señala que “... esta situación se derivó por el deficiente diseño y construcción del muro de contención cuyo objetivo debería ser contener el suelo y garantizar condiciones de estabilidad en la excavación profunda que se realiza para la plaza comercial denominada “Oceanía”.

Más aún, tampoco se conoce el posible impacto estructural que tenga sobre la estación Romero Rubio de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que se encuentra a un costado de la citada edificación.

Así mismo, se evita mencionar si la construcción de una obra de esa magnitud cuenta con los permisos necesarios y tampoco dice nada sobre el dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, ni de la manifestación de construcción3 a que obliga el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, el cual, entre otros puntos, señala:

“Artículo 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los siguientes requisitos:

...

f) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos de la excavación, muros de contención y cimentación, así como las recomendaciones de protección a colindancias. El estudio debe estar firmado por el especialista indicando su número de cédula profesional, así como por el director responsable de obra y por el corresponsable en seguridad estructural, en su caso.”4

Tampoco se ha mencionado quien es el director responsable de obra ni del corresponsable especialista en mecánica de suelos tal y como lo establece el artículo 35:

“Artículo 35 . Para el ejercicio de su función, el director responsable de obra tiene las siguientes obligaciones:

V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la delegación o por la secretaría, el cual deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases generales y quedará a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o poseedor, pudiendo este último delegar dicha responsabilidad en su constructor o contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitácora, las partes firmantes deberán guardar sus copias con firmas autógrafas.

En la bitácora se anotarán, entre otros, los siguientes datos:

a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del director responsable de obra, del constructor, así como de los corresponsables, proyectistas, especialista en mecánica de suelos y del perito en desarrollo urbano, si los hubiere.”

Tercero. Cabe recordar que este no es el primer hundimiento que se registra en la colonia Moctezuma, de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El 18 de junio de 2012, se registró un hundimiento de tierra en la calle norte 29 de la colonia Moctezuma en la Ciudad de México. Un socavón de 25 metros de largo y 2.5 metros de profundidad apareció en el lugar donde se llevan a cabo obras de cimentación para la construcción de un edificio que contendría 98 departamentos. El hundimiento de tierra derribó tres árboles y ladeó un poste de cableado eléctrico.

Autoridades de la delegación Venustiano Carranza informaron que la obra cumplía con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de construcción y aseguraron que el hundimiento fue provocado por la lluvia que cayó en la zona en días recientes. “Fue por la cuestión meteorológica, se reblandeció la tierra, pero obviamente la empresa tendrá que hacerse responsable en todo momento junto con sus peritos, con su director responsable de obra y con su responsable de seguridad estructural de arreglar a la brevedad esta situación”.5

Con base a las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a indemnizar y brindar todo el apoyo necesario a las personas que se han visto afectadas por el socavón creado en el número 355 de avenida del Peñón y calle Oriente 158 números 390 y 440, colonia Moctezuma segunda sección, en la demarcación territorial de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Venustiano Carranza para que haga público un informe sobre las causas estructurales y humanas que causaron el socavón creado en el número 355 de avenida del Peñón y calle Oriente 158, números 390 y 440, colonia Moctezuma, Segunda sección, en la demarcación territorial de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2018.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Venustiano Carranza para que se suspenda de manera definitiva de la obra en que se construye una plaza comercial en las inmediaciones del socavón creado el pasado 22 de septiembre de 2018, en la colonia Moctezuma segunda sección de la demarcación territorial de Venustiano Carranza y se le exija a la empresa constructora que presente una la propuesta de reparación del daño al erario público y a los particulares, ocasionados por el reblandecimiento del suelo provocado por la construcción

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que realice una investigación exhaustiva sobre la legalidad del permiso otorgado por la delegación Venustiano Carranza para la construcción de una plaza comercial en la colonia Moctezuma Segunda sección, a fin de deslindar responsabilidades correspondientes.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que haga una revisión de la infraestructura hidráulica y de saneamiento en la demarcación territorial de Venustiano Carranza, a fin de realizar las inversiones correspondientes que eviten las inundaciones recurrentes en las corolinas que componen dicha demarcación.

Notas

1 Central. 23 de septiembre de 2018. Socavón en avenida Oceanía ‘se traga’ un tráiler.

https://www.periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/it em/21707-socavon-en-avenida-oceania-se-traga-a-un-trailer

2 Boletín 24 septiembre 2018. Informe sobre deslizamiento de suelo en avenida del Peñón y avenida Oceanía, delegación Venustiano Carranza. https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informe-sobre-deslizamiento-d e-suelo-en-av-del-penon-y-av-oceania-delegacion-venustiano-carranza

3 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Registro de manifestación de construcción Tipo B, C, prórroga del registro y aviso de terminación de obra. El registro de manifestación de construcción tipo ´B´ es el trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de uso no habitacional o mixto de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional. El Registro de manifestación de construcción tipo ´C´ es el trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de uso no habitacional o mixto de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental. http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/308/0

4 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2016.

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RG TO_CONS_15_12_2017.pdf

5 Explicación de la directora de Desarrollo Urbano de la delegación Venustiano Carranza, Dolores Picasso. Noticieros Televisa, 2012-06-18, Se abre socavón de 25 metros en la colonia Moctezuma

http://noticierostelevisa.esmas.com/df/458320/se-abre-so cavon-25-metros-colonia-moctezuma/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

Diputadas: Rocío Barrera Badillo (rúbrica), María Rosete.

Con punto de acuerdo, relativo a la reciente aprobación de reestructuras o refinanciamientos de la deuda pública estatal en diversas entidades, suscrita por los diputados Carmen Medel Palma e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Carmen Medel Palma, Irineo Molina Espinoza, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución respecto a la reciente aprobación de reestructuras o refinanciamientos de la deuda pública estatal en diversas entidades federativas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La deuda de los estados durante el sexenio que está por concluir, ha aumentado de manera considerable. Tan sólo de diciembre de 2012 a marzo de 2018, la deuda de las entidades federativas había incrementado de 434 mil 761 millones de pesos a 578 mil 839 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal equivalente a 33 por ciento.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la actual administración, la deuda pública en 25 de los 32 estados registró aumentos, mientras que únicamente siete redujeron sus obligaciones financieras.

Entre las entidades que más se endeudaron encontramos ejemplos como Nuevo León. Entidad cuyos pasivos crecieron cada 24 horas, en promedio, 12.67 millones de pesos, al pasar de 46 mil 952 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2012 a 72 mil 430 millones en el segundo trimestre de 2018.

De igual forma, entidades como Oaxaca, Morelos, Chihuahua y Campeche registran crecimientos arriba de 100 por ciento en sus obligaciones entre el cierre de 2012 y la primera mitad del presente año.

Lo anterior, resulta preocupante dado que, durante décadas, se ha advertido el gasto excesivo e incorrecto que han hecho las entidades federativas, así como la poca transparencia con la que hacen uso de los recursos públicos que tienen a su alcance.

Aunado a ello, son muchos los estados en los que la palabra refinanciamiento o reestructura se ha convertido en un sinónimo de mayor endeudamiento, y con ello, en mayores impuestos, en el aumento a costos de los servicios públicos y en la disminución de gastos que debieran hacerse en beneficio de los ciudadanos.

De esta forma, han sido muchos los gobiernos estatales que han sacrificado el gasto en infraestructura, destinado a generar empleos y a beneficiar a la población, mientras al mismo tiempo incurren en mayor endeudamiento del debido, destinando estos recursos, muchas veces, a rubros como comunicación social o a gasto corriente.

De esto se ha desprendido mucho del desorden financiero que ha ido en perjuicio del desarrollo de la ciudadanía, al existir entidades donde se subestiman los ingresos, se gasta más de lo presupuestado y se endeuda más de lo planeado.

Frente a esta situación, resultan alarmantes los recientes acontecimientos que se han dado en diversos estados, dada la conclusión de las Legislaturas y la nueva conformación de los Congresos locales, donde los grupos parlamentarios pertenecientes a los partidos de los gobiernos aún en turno, han procedido a aprobar, sin mayor análisis, decretos con el fin de reestructurar o refinanciar deudas estatales, o bien dotar de facultades a los gobernadores para tomar estas decisiones, sin autorización del Congreso local.

Ejemplo de ello, es el estado de México donde el ejecutivo estatal envió una iniciativa de decreto a la LIX Legislatura local para la autorización de la reestructura o refinanciamiento de la deuda pública estatal.

Frente a la propuesta, legisladores de diversas fuerzas políticas solicitaron tiempo para analizar y determinar la viabilidad de lo propuesto en la iniciativa, sin embargo, aprovechando la mayoría con la que cuenta el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso estatal, se procedió a la aprobación de la misma.

Así, con una mayoría de 41 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, legisladores locales aprobaron la reestructura de la deuda pública estatal, la cual asciende a 43 mil 769 millones de pesos; así como la regulación de la emisión de títulos de crédito de corto plazo denominados: Certificados de la Tesorería.

Por su parte, en el Congreso de Hidalgo, durante una sesión en la que incluso fueron reprimidos diversos legisladores que manifestaban su inconformidad por la aprobación precipitada de iniciativas presentadas por el Titular del Ejecutivo de dicha entidad, se aprobó una reforma que autoriza al gobernador y al secretario de Finanzas Públicas, a refinanciar y reestructurar la deuda pública estatal sin autorización del Congreso. Situaciones similares se han actualizado en los Congresos de estados como Sonora y Veracruz.

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción VIII, lo siguiente:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. a VII. ...

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado , inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

...

Conforme a lo anterior, resulta imprescindible que cualquier reestructuración o establecimiento de nuevas condiciones en el pago y/o el tipo de interés de una deuda vigente garantice mejores condiciones de mercado para el Ente Público del que se trate, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta.

En este sentido, es preciso advertir que en los casos previamente citados no existió un análisis profundo para garantizar lo dispuesto por la Constitución Federal. Asimismo, es necesario recordar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo objeto es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, prevé en su artículo 23, lo siguiente:

Artículo 23. La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título.

Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales;

II. No se incremente el saldo insoluto, y

III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único.

Del citado precepto, se advierte que cualquier reestructuración o refinanciamiento de deuda debe cumplir con ciertos parámetros legales a fin de garantizar que la administración de los recursos públicos sea conforme con los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Por ello, con independencia de ser conscientes del esfuerzo que habrá de impulsar el Grupo Parlamentario de Morena en la presente Legislatura, para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas, a fin de que los ciudadanos puedan contar con información confiable que detenga los excesos y la opacidad con la que se han manejado los recursos públicos provenientes de los endeudamientos estatales, hoy resulta apremiante hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a impedir que estas acciones recientes tengan un impacto negativo irreversible en las finanzas públicas estatales.

Asimismo, es importante hacer un llamado a la misma dependencia a vigilar otros procesos de reestructuración que pudieran darse en otras entidades en las que está por cambiar la conformación del Congreso local.

En este orden de ideas, es necesario advertir que la Secretaría de Hacienda tiene facultades conferidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para solicitar la información que le permita conocer las condiciones pactadas en la reestructuración de la deuda y asegurar que ésta se ha realizado dentro del marco de la ley, y sobretodo, con un costo financiero a favor del Estado.

De igual forma, es fundamental exigir a los gobiernos que en días recientes han impulsado estas autorizaciones, transparenten todo el proceso de reestructuración de la deuda en su entidad. Así como solicitar a la SHCP realice un análisis pormenorizado de las condiciones en las que ésta ha sido avalada, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que hubiere sido estipulado, a fin de evitar que se comprometan los recursos destinados a programas prioritarios para el desarrollo económico y social del estado.

Por último, resulta necesario reprobar la forma en la que de manera fast track y a escondidas de los ciudadanos, se ha buscado renegociar las deudas de los estados sin garantizar que el destino de la misma sea para proyectos de impacto social o en beneficio de la población.

El Grupo Parlamentario de Morena lamenta la opacidad con la que diversos gobiernos estatales han actuado en torno al manejo de las finanzas públicas. Una vez instalada la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera se hará la correspondiente solicitud para revisar éstos y otros endeudamientos de gobiernos locales a fin de detener los abusos en los que se ha incurrido.

No obstante, ante los hechos descritos en la presente propuesta de punto de acuerdo, se considera de vital importancia exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar las medidas preventivas que permitan evitar que estas acciones repercutan de manera negativa en las generaciones futuras de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, analice las recientes reestructuras o refinanciamientos de deuda pública aprobadas en diversas entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reconsiderar la inscripción ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, los refinanciamientos o reestructuraciones recientemente aprobados en diversos estados del país, hasta en tanto no garanticen tener las mejores condiciones de mercado y estar sujetas a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2018.

Diputados: Carmen Medel Palma, Irineo Molina Espinoza (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia pues, según la información de la encuesta de victimización del Inegi, el crimen se ha intensificado en los últimos meses, de modo coincidente con la transición de gobiernos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3, fracción XX, 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a los siguientes

Considerandos

Recientemente se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2018, la cual fue publicada el día de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre otros datos, la encuesta resalta lo siguiente:

• La violencia se ha incrementado durante los últimos meses

• Durante el año 2017, 25.4 millones de personas fueron víctimas de algún delito

• El delito más común ha sido el robo ya sea en la vía pública o en el transporte público

• Se denunciaron 80 mil 319 secuestros, de los cuales más de la mitad fueron en modalidad exprés, esto es, tuvieron una duración menor a las 24 horas

• El 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia

• Los temas que más preocupan a los mexicanos son la seguridad y la delincuencia, con el 64.5 por ciento, muy por arriba del incremento de precios y el desempleo

Ante estos lamentables hechos, y con base en la información dada a conocer por el Inegi y en defensa de la ciudadanía que representamos, solicitamos de manera respetuosa, se refuercen las acciones de prevención y combate a la delincuencia, dado que la seguridad física y psíquica de los mexicanos se está viendo gravemente afectada.

Con el presente punto de acuerdo, se pretende hacer un llamado al gobierno federal, así como al gobierno de transición, para reforzar las medidas de prevención al delito y de combate a la delincuencia, ya que la delincuencia no descansa, y parece ser que quienes deben proteger a la ciudadanía sí, lo que se ha traducido en pérdidas millonarias en las familias mexicanas y marcas psicoafectivas que son permanentes.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que refuerce el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales, en materia de seguridad y justicia con motivo del incremento de la violencia en nuestro país, con especial énfasis durante la presente transición de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)