Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro a realizar una investigación profunda, inmediata y transparente sobre el despido de un policía municipal de la capital del estado por motivos de orientación sexual, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro para que realice una investigación profunda, inmediata y transparente sobre el despido de un policía municipal por motivos de discriminación por orientación sexual, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado septiembre, el hoy ex guardia municipal de Querétaro, Carlos Alexis Pérez Herrera fue despedido de su trabajo, por motivo de su orientación sexual.

Ante estos hechos, Carlos presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro por discriminación, en la que declaró, que el director de la policía municipal, Juan Fernando Plazas Arias, le dijo que lo dio de baja por tener ‘‘una personalidad demasiado débil’’ y porque no hay lugar para ‘‘putos’’ en la institución.1

En cumplimiento al artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Querétaro cuenta con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, que es un organismo público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y que tiene como objetivo que en el estado de Querétaro se garantice el respeto a los derechos humanos, promueva su defensa y provea las condiciones necesarias para el cabal ejercicio de éstos.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

El mismo ordenamiento, en la fracción III del artículo noveno, establece expresamente que “prohibir la libre elección de empleo, restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo” es discriminación.

Que a un policía se le haya despedido por motivo de su orientación sexual, es claramente un caso de discriminación y violación a los derechos fundamentales para alguien que tuvo la oportunidad únicamente de estar seis meses en la institución policiaca municipal, pues fue despedido de manera injustificada.

Hasta ahora, ni Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro ni Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública municipal de Querétaro, han manifestado alguna posición al respecto, y Carlos Alexis Pérez Herrera sigue sin poder desempeñar la labor a la que tanto empeño ponía.

Desafortunadamente, el despido fue la última acción contra los derechos de Carlos, pero no la única. Desde noviembre de 2017 que entró a la institución, sufrió hostigamiento de parte del resto de la corporación y de sus superiores, recibiendo humillaciones con base en prejuicios, pues decidió de forma libre hacer pública su orientación sexual.

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, o incluso características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.

Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran “normales”.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, que tiene como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, el porcentaje de población de 18 años o más que opinan que se respetan poco o nada los derechos para los distintos grupos de población, varía de forma importante. Encabezan la lista el grupo de personas trans con 71.9 por ciento y el de las personas gays o lesbianas con 65.5 por ciento2 .

Según la Unidad de Datos del diario El Universal, de 2006 a 2017 fueron asesinados 81 mexicanos por su orientación sexual o identidad de género. Según el mismo medio, “la saña y el nivel de violencia son los elementos que marcan estos crímenes. Las estadísticas oficiales son difíciles de dilucidar.”

México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, sólo por abajo de Brasil, según la información de Asistencia Legal por los Derechos Humanos.

La misma unidad, arroja que Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas reúnen 60 por ciento de los 81 asesinatos por motivo de orientación sexual. Las víctimas tenían, en promedio, entre 30 y 35 años.

El despido de un policía por motivo de su orientación sexual, constituye un acto contrario a los derechos humanos y claramente un caso más de discriminación. En un país como México, es indispensable garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las personas. Restringir la permanencia en un empleo por orientación sexual, es menoscabar la integridad humana y es nuestra responsabilidad como representantes, buscar justicia e irrestricto cumplimiento de nuestras leyes.

Por lo motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro para que realice una investigación profunda, inmediata y transparente sobre el despido de un policía municipal por motivos de orientación sexual.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Querétaro, para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brinde todas las facilidades en dicha investigación.

Notas

1 https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-08/Despiden-a-policia-en-Queretaro -por-ser-homosexual

2 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/ENADIS2017_08.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de octubre de 2018

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre de 2018 sobre los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, introdujo un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones o fuera de éstas.

Este nuevo régimen se encuentra regulado dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que derivó de la comentada reforma constitucional, y entró en vigor el 19 de julio de 2017.

El artículo 34 del ordenamiento jurídico mencionado establece que: “... el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos...”1

Con base en dicho precepto legal, el Comité de Participación Ciudadana, el 7 de febrero de 2018, desarrolló una versión consensuada con la sociedad civil organizada, integrantes de los entes públicos que forman al Comité Coordinador, expertos nacionales e internacionales y de la academia, del contenido del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, misma que fue entregada a todos y cada uno de los miembros del Comité Coordinador.

Es necesario mencionar que el formato consensuado tuvo algunas modificaciones, retomadas del análisis de publicidad de datos personales contenidos en las declaraciones patrimonial y de intereses, que remitió el 22 de marzo de 2018 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Posteriormente, el 29 de mayo el Comité de Participación Ciudadana elaboró una propuesta de instructivo para el llenado cabal de los formatos en comento.

Una vez que el Comité Coordinador contó con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la naturaleza de la información que con la que se llenarán los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses, convocó a sesión ordinaria para el jueves 13 de septiembre para deliberar dicho asunto.

Sin embargo, los resultados de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador, no fueron los esperados por la ciudadanía que demanda transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. Con una votación mayoritaria se aprobó que los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses entren en vigor hasta el 30 de abril de 2019.

El significado de dicho resultado es que los servidores públicos salientes y entrantes, en el proceso de cambió de administración, no utilizarán los formatos comentados para rendir sus declaraciones.

A pesar del voto contrario del INAI y del voto concurrente del Comité de Participación Ciudadana, ambos con representación en el Comité Coordinador, la mayoría de sus integrantes se impuso arrojando un resultado desalentador para todos los que hemos impulsado la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En un ejercicio de autocrítica, Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana,2 cuestionó esta demora en la aprobación de los formatos en comento e hizo una reflexión sobre la pésima señal que envía el Comité Coordinador, con dicha resolución, sobre el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia.

Si bien es cierto, las deficiencias que ha presentado el Sistema Nacional Anticorrupción se deben a que aún no está completo, le faltan integrantes de suma relevancia para su funcionamiento cabal como el fiscal anticorrupción y los magistrados especializados para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos, eso no justifica la decisión de postergar la entrada en vigor de los formatos.

El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una herramienta garante de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía, que prevenga las causas de la corrupción.

Conocer a detalle la situación patrimonial, tanto de los servidores públicos salientes de la actual administración federal, como de los que iniciarán sus funciones con el nuevo gobierno, es fundamental para cumplir con los objetivos del propio Sistema nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto de urgente u obvia resolución a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre.

Notas

1 Càmara de Diputados, Ley General de Responsabilidades Administrativas, (en línea), Leyes Federales, dirección URL:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf, (consulta: 18 de septiembre de 2018).

2 Levy, Irene, “Le falló a México el SNA”, (en línea), El Universal , México 17 de septiembre de 2018, dirección URL:

http://www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/nacion/ le-fallo-mexico-el-sna, (consulta: 18 de septiembre de 2018).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de octubre de 2018.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo a reconsiderar la desaparición de Proméxico, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo, reconsiderar la desaparición de ProMéxico, en virtud de que se trata de una instancia gubernamental medular para la promoción económica de México en el ámbito internacional, componente clave que contribuye al desarrollo económico y social del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

ProMéxico es el organismo del gobierno federal enfocado a coordinar las estrategias que están dirigidas al fortalecimiento de la participación de nuestro país en la economía internacional.

Promueve la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.1

Sus objetivos fundamentales son:

• Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

• Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas.

• Difundir y brindar asesoría –especialmente a pequeñas y medianas empresas– respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta.

• Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empresas mexicanas.

• Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones.

• Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como apoyar a las entidades federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional.2

Para concretar sus objetivos de creación, da seguimiento y apoyos a los procesos de exportación de las empresas establecidas en el territorio nacional, a la vez que coordina las medidas que buscan la atracción de nuevos capitales en favor de emprendedores, empresarios y comerciantes del país.

Ha resultado fundamental para brindar asesorías a las empresas nacionales e insertarlos en los beneficios que generan los tratados internacionales y los acuerdos comerciales con otras naciones.

Gracias a ProMéxico, innumerables pequeñas y medianas empresas han tenido la oportunidad de participar en ferias y exposiciones internacionales llevando a todos los rincones del mundo nuestra identidad, y productos que nos caracterizan como un país multicultural y pluriétnico.

Los resultados y beneficios concretos de Proméxico durante la presente administración son evidentes, entre los que destacan los siguientes:

• A través de la planeación estratégica económica, financiera y de negocios, ha abierto nuevos nichos de mercado para los productos mexicanos en el mundo y ha generado mayor confianza entre los inversionistas extranjeros.

• Se ha convertido en un actor central para la generación de estrategias, tanto para las empresas mexicanas como para las instituciones gubernamentales. Diariamente atiende cientos de solicitudes de información para facilitar los trámites de exportación, importación, internacionalización de las empresas y atracción de inversión extranjera directa.

• La Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, aporta información estratégica sobre tendencias y temas de actualidad que permitan a las empresas mexicanas expandir sus mercados hacia el exterior.3

• En 2016 se presentaron las Siete acciones para el exportador , implementadas por ProMéxico para vincular a los empresarios mexicanos con el exterior. Se trata de siete herramientas con las que se buscó dar un impulso a los procesos de exportación e internacionalización de empresas mexicanas.4

Con la organización de eventos como ProMéxico global , se ha logrado posicionar a nuestro país como plataforma de negocios internacionales y ha aumentado la recepción de inversiones en las entidades donde se ha llevado a cabo.5

• Merced a la participación activa de ProMéxico, nuestro país participó en la Feria Industrial de Hannover, Alemania, considerada uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo y una plataforma ideal para realizar negocios. Representó para México una oportunidad de exponer a la industria mundial sus más recientes avances tecnológicos, además de sus estrategias de crecimiento innovadoras, sus proyectos de investigación y su viabilidad como un atractivo destino de inversión.

• La participación de ProMéxico ha sido crucial para promover y concretar nuevos negocios para las empresas mexicanas en el exterior y en regiones nunca antes explorados, como la Península Arábiga, en África, Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa del Este.

• Se han realizado diversos foros y seminarios en Arabia Saudita, Ghana, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Argentina y Ecuador, con el objetivo de presentar oportunidades de negocio existentes en México.

• Basta mencionar que este año, ProMéxico organizó la primera Reunión de Cónsules Honorarios de México en África, en la que participaron once cónsules honorarios de México, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y de ProMéxico, además de ejecutivos de las empresas mexicanas Cemex y Grupo Industrial Maseca, SAB de CV. El encuentro tuvo como objetivo explorar las oportunidades comerciales y de inversión para empresas mexicanas en África.6

• Gracias a los documentos de Inteligencia Técnica para Exportadores de ProMéxico, cada vez hay más Pymes mexicanas que se internacionalizan y exportan hacia nuevos mercados.

• Un participante activo en la promoción del intercambio comercial con nuestros socios de la Alianza del Pacífico (Perú, Chile y Colombia), con quienes se ha trabajado de manera conjunta para estrechar los vínculos y posicionar a la región como una zona competitiva a nivel mundial.

• Ha sido fundamental para promover a nuestro país como destino turístico y cultural en el mundo, lo que se ha traducido en una mayor afluencia de visitantes extranjeros y una mayor entrada de divisas por este concepto. Cabe destacar que, durante este sexenio, el turismo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía, superando incluso a las ganancias por petróleo.

• México avanzó de la posición 15, en 2012, al sexto lugar mundial en turismo internacional en 2016, alcanzando cada año nuevas cifras récord por este concepto. En este logro, ProMéxico ha sido un aliado estratégico.7

• El organismo fue el responsable de atraer por lo menos la mitad del total de la inversión extranjera directa durante este sexenio, valorada en más de 85 mil millones de dólares.8

Debido a las actividades trascendentales que realiza ProMéxico, resulta preocupante a todas luces el anuncio del presidente electo de cerrar las 46 oficinas que tiene en todo el mundo pues “no hacen nada y gastan muchos recursos en labores de promoción.”9

Esta medida es parte de su plan de austeridad, toda vez que de acuerdo con su equipo de transición, se destina mucho presupuesto a una estructura que resulta paralelamente diplomática.

Es importante señalar que ProMéxico tiene presencia en los centros de negocios más boyantes del planeta, como Pekín, Dubái, Shanghái, Singapur, Tokio, Londres, Madrid, Moscú y las principales capitales sudamericanas y caribeñas, así como en quince urbes de Estados Unidos de América, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami y san Francisco.

En virtud de lo anterior, el cierre de las oficinas de ProMéxico por cuestiones presupuestales, sería una decisión irresponsable ya que significaría dejar de aprovechar las ventajas en materia de inversiones, negocios e innovación, entre otros aspectos cruciales, que brindan dichos países y que son prioritarios para impulsar el desarrollo económico y social. Es dejar de fortalecer la imagen de México como un actor relevante en el concierto económico internacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al presidente electo, reconsiderar la desaparición de ProMéxico, en virtud de que se trata de una instancia gubernamental medular para la promoción económica de México en el ámbito internacional, componente clave que contribuye al desarrollo económico y social del país.

Notas

1 https://www.gob.mx/promexico/que-hacemos

2 http://www.promexico.mx/es/mx/mision-vision-valores-objetivos

3 Video de la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico 2017, ProMéxico, [en línea], disponibles en:

https://www.gob.mx/promexico/videos/video-de-la-unidad-d e-inteligencia-de-negocios-de-promexico-2017

4 ProMéxico. Informe Anual 2016 , ProMéxico, [en línea], disponible en: http://www.promexico.mx/documentos/publicaciones/informe-anual-promexic o-2016.pdf

5 ProMéxico Global , [en línea], disponible en:

https://www.gob.mx/promexico/agenda/promexico-global-201 6?idiom=es

6 Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/lobuenocuenta/

7 México, sexto destino turístico más importante del mundo: Enrique Peña Nieto, Presidencia de la República, [en línea], disponible en:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-154410

8 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Coparmex-pugno-por-no-desaparecer-a-Bancomext-ni-a-ProMexico-20181008-0091.html

9 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/09/23/amlo-planea-cerrar-oficina s-de-promexico-en-el-mundo_a_23539164/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y la alcaldía de Iztapalapa a realizar un estudio de caracterización del subsuelo en esa demarcación para conocer las condiciones geológicas y los posibles daños derivados de los sismos de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Ana Karina Pimentel Rojo, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en razón de los siguientes:

Antecedentes

En la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía de Iztapalapa, se calcula que el 50 por ciento de los daños ocasionados por los movimientos telúricos de septiembre de 2017, están vinculados al proceso de hundimiento diferencial y agrietamiento de la demarcación, estos daños fueron notables en 62 colonias que se encuentran sobre fallas profundas y grietas superficiales; presentando afectaciones en rangos menores, de mediana longitud y pérdida total a más de 19 mil viviendas en toda la delegación.

Lo anteriormente expuesto enmarca los siguientes:

Considerandos

Primero. Según el estudio de identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la alcaldía de Iztapalapa, el hundimiento y deformación en la Ciudad de México, y principalmente en Iztapalapa, no es homogénea y está influenciada principalmente por la presencia de los edificios volcánicos de la sierra de Santa Catarina, cerro de la Estrella y peñón del Marqués.

Segundo. En los últimos años, se han incrementado los reportes por aparición de fracturas en el subsuelo, y de agrietamientos en las construcciones.

Tercero. El estudio de las fracturas que se ha llevado a cabo en la alcaldía de Iztapalapa acerca el problema en una perspectiva acorde a la naturaleza de los materiales. Los resultados obtenidos en los últimos años demuestran que no existe una sola solución al problema de agrietamiento que se pueda aplicar a todos los casos, por lo que las medidas de mitigación que se pretende aplicar deben considerar los procesos de generación y propagación de las fracturas.

Cuarto. La base de datos que se enriquece dentro del marco de colaboración academia-gobierno comprende la cartografía de las propiedades físicas y geotécnicas de los materiales y de la infraestructura civil dañada, con el objeto de conducir al mejoramiento en las políticas de construcción y urbanización en zonas de peligro geológico; así como medidas de mitigación en zonas susceptibles de aparición de fracturas.

Quinto. Que la función principal de este tipo de estudios es la creación de una cultura de convivencia con el agrietamiento que, es una problemática persistente e irreversible en Iztapalapa.

Sexto. Dentro de las líneas de acción de los institutos y sectores especialistas en técnicas de estudio geofísico, se encuentra el estudio de la tomografía de resistividad eléctrica , que consiste en conocer la resistencia y características del subsuelo desde un punto de vista físico y geológico, un análisis de agrietamiento de la tierra por interforometría de radar , que tiene como objetivo determinar los hundimientos diferenciales y agrietamientos con observaciones directas de GPS de gran precisión, y un levantamiento láser aerotransportado , que tiene como objetivo mapear en tres dimensiones el territorio de la delegación, para medir el impacto de los sismos de septiembre y generar información en la toma de decisiones en materia de obra pública y desarrollo urbano, tomando como eje el factor de protección civil.

Séptimo. Que, dentro de los conceptos propuestos para la ejecución de estos estudios, se desglosa lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único. Se exhorta a la Secretaría de Protección Civil de Ciudad de México y a la alcaldía de Iztapalapa a realizar un estudio de caracterización del subsuelo en la zona territorial que abarca la alcaldía de Iztapalapa a fin de conocer las condiciones geológicas del suelo y los posibles daños resultantes a causa de los sismos de septiembre de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a hacer público por la Fiscalía General de la entidad un informe sobre los avances de las investigaciones para hallar y recuperar cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente someto a consideración de esa honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la fiscalía general de esa misma entidad, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, la toma de muestras de los 25 mil 300 perfiles genético que aún faltan de obtener, así como de las facilidades dadas a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las exhumaciones , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, según el último reporte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) 1 –ahora a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas -, del Sistema Nacional de Seguridad Pública,2 hasta el 30 de abril de este año, existían más de 36 mil 300 personas desaparecidas o, como lo señalan los indicadores, “sin localizar”. Cifras que presumiblemente pudieran ser mucho mayores, ya que de acuerdo con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México, en los informes que se publican en el RNPED solo se muestran las desapariciones denunciadas ante el Ministerio Público por familiares o personas cercanas a la víctima, por ello se cree que las cifras de desaparecidos sea más grande.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto del año en curso, han sido encontradas en México al menos 163 fosas clandestinas en las que se exhumaron 530 cuerpos.3

Cabe señalar que, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las entidades federativas con el mayor número de fosas clandestinas, son: Veracruz, con 37 ; Chihuahua, cuando menos con 22; Sinaloa, con 22; Zacatecas, con 17, y Jalisco, con 14; mientras que los estados en donde se ha realizado el mayor número de exhumaciones de cuerpos, son: Jalisco, con 126; Veracruz, con 83 ; Nayarit, con 70; Zacatecas, con 51 y Chihuahua, con 59.4

En Veracruz, de acuerdo con datos dados por la Fiscalía General del estado, a enero de este año, existían 3 mil 600 casos de personas desaparecidas.5

Asimismo, la propia Fiscalía General del estado reconoce que desde el 2011 a la fecha, en Veracruz se han hallado 343 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumados 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos.6

Cabe señalar que sobre el caso particular que nos ocupa, en marzo de 2017, marinos y policías estatales hallaron 47 cráneos en el paraje conocido como Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Veracruz. En esta misma zona, los peritos hallaron 142 restos de huesos triturados, 334 cráneos recuperados, así como también se encontraron jirones de ropa rota y desgastada.

El mes de agosto de 2018, la Fiscalía General del estado hizo del conocimiento que en el predio Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, hasta ese momento se habían contabilizado 166 cráneos recuperados. Los restos fueron encontrados en 31 de las 32 fosas del área. La recuperación la realiza personal de Servicios Periciales junto con la Policía Ministerial y de la Fiscalía Especializada con el apoyo de la División Científica de la Policía Federal, para llevar a cabo el análisis genético de los restos encontrados, los cuales serían confrontados con la base de datos de “perfiles genéticos” de familiares y de personas desaparecidas.

El 8 de septiembre del año en curso, colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz expresaron su inconformidad ante la falta de información por parte de la Fiscalía General del estado en la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas –que a decir en diversos medios de comunicación-, se habían hallado en la zona centro del estado. De los cuales tuvieron que acudir a externar su inconformidad ante la Dirección de Servicios Periciales, para que la Fiscalía les informara sobre el hallazgo de 166 cráneos –un mes después de que iniciaron los trabajos de exhumación.

Sin embargo, es apenas hasta el 18 de septiembre (dos semanas después), que los colectivos de madres de desaparecidos acompañadas de representantes de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, lograron ingresar al predio Arbolillo, para ese momento ya se habían exhumado 190 cuerpos y se habían recuperado 200 prendas de vestir y 114 identificaciones. A decir del director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado, puede haber cuerpos en toda la orilla de la laguna de Alvarado, por lo que las investigaciones continúan.

Hallazgo que no informaron a los colectivos de familiares de personas desaparecidas con el supuesto de que actuaron así “Para garantizar el éxito de la investigación...”; sin embargo, las autoridades de la Fiscalía señalaron que habrá transparencia.

Es pertinente señalar que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en su artículo 5, se establece que:

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.”

Asimismo, en su artículo 15, señala:

“Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas , así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos .”

Cabe señalar que en el “Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias”, emitido por la Organización de las Naciones Unidas en 1991, se establece: a) La elaboración de normas internacionales para una eficaz prevención de las ejecuciones extralegales. arbitrarias o sumarias; b) El Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias; c) El Protocolo modelo de autopsia; y, d) El Protocolo modelo de exhumación y análisis de restos óseos; mediante el cual las Fiscalías deben de actuar al momento de localizar fosas clandestinas y realizar la exhumación de cuerpos.

Por su parte la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, en sus artículos 2 fracción VII, 49, fracción XV, 70, fracción XX, y 138, fracción I, se establece:

“Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. a VI. (...)

VII. Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

Artículo 49. El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:

I. a XIV. (...)

XV. Dictar los lineamientos que regulen la participación de los familiares en las acciones de búsqueda;

XVI. a XVII. (...)

Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I. a IX. (...)

XX. Facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XXI. a XXV. (...)

Artículo 138. Los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la persona desaparecida;

II. a XII. (...)”

A nivel estatal, la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado el 20 de agosto de 2018, en sus artículos 2, fracción V, y 54, fracción XX, se establece:

“Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. a IV. (...)

V. Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

Artículo 54. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I. a XIX. (...)

XX. Facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en la Ley General, incluido brindar información periódicamente a los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XXI. a XXV. (...)”

Artículos de los cuales se colige que las Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de la misma entidad se encuentran obligadas a: generar mecanismos de participación con las familias y colectivos de familias; a mantener constante y amplia comunicación de las acciones de búsqueda, investigación e identificación; con el fin no solo de garantizar el derecho a la participación conjunta sino también a generar dinámicas de confianza en los trabajos, las pericias y judicialización de los expedientes que finalmente reconstruyan la justicia y credibilidad en las instituciones del estado.

Es de suma importancia que la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave trabaje de cerca con los colectivos que integran las familias de los desaparecidos sobre la serie de operativos en donde se realizan hallazgos en fosas clandestinas, que no se les haga a un lado, ya que la experiencia de los colectivos es muy indispensable.

Sobre la identificación de los restos encontrados, se debe de realizar sin demora, bajo los estándares y protocolos correspondientes, ya que en cada localización de fosas clandestinas en el Estado surgen nuevas expectativas de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, no solo en Veracruz, sino en todo el país, ya que hay personas que en su paso por la entidad desaparecieron.

En el caso particular de las fosas clandestinas encontradas en el predio Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz, no se permitió la participación de los familiares de las víctimas desde que inició la investigación, pese a que la ley estipula que debe brindarse todo el apoyo a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las investigaciones.

El fiscal general habla de hallazgos documentados en el predio, sin embargo, hasta este momento se desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si en las fosas que ya fueron analizadas, ya no hay restos; se desconoce cuál fue el proceso para determinar la temporalidad de los restos humanos localizados en ese lugar y, si solo se trata de 32 fosas o el número es mayor.

Sobre el mismo particular, cabe señalar que la Policía Federal, en coordinación con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, las fiscalías de Desaparecidos en los estados, la Organización de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como colectivos de familiares de desaparecidos, en el 2017, acuerdan las acciones a implementar para la consolidación de una “Base de Datos Genética Nacional” que permita la identificación efectiva de aquellas personas que se encuentran en calidad de desconocidas.7

Por lo que, si al 30 de abril de este año existían más de 36 mil 300 personas desaparecidas, y según cifras de la Policía Federal8 con las acciones para brindar certidumbre a las familias sobre el paradero de personas desaparecidas, el Departamento de ADN, Mapas y Perfiles Genéticos de la propia Policía Federal, se ha obtenido más de 5 mil muestras tomadas que se suman a los 6 mil perfiles, lo que suma que a la fecha se cuenten con 11 mil perfiles genéticos, de los al menos 36 mil 300 perfiles que se necesitan y que se deberán comparar con todos y cada uno de los cuerpos exhumados localizados. Y, a decir de funcionarios de la Fiscalía General del estado, comenzarían de nuevo con la toma de muestras a partir del 29 de septiembre de 2018, ya que el muestreo del cual disponen “no es representativo”.9

Por todo ello, solicitamos que no se revictimice a los familiares de los desaparecidos y exhortamos al gobierno veracruzano a través de la Fiscalía General del estado a que se apegue a los protocolos de actuación e informe de forma inmediata a los familiares.

La Fiscalía, al excluir a los colectivos, violentó su derecho a participar en la búsqueda. Por eso es que también piden acceso a la carpeta de investigación para que la revisen expertos ciudadanos en el tema.

Asimismo, la Fiscalía General del estado debe garantizar que las 25 mil 300 muestras genéticas que aún faltan, sean tomadas bajo protocolos estrictos para realizar estudios comparativos con los restos localizados bajo la norma NMX-EC-107025-IMNC-2006 y se brinde a los familiares acceso a las carpetas Ministeriales para su revisión con expertos. Lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 53 fracción XLIV, de la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esa honorable soberanía, los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General de esa misma entidad, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, Veracruz, la toma de muestras de los 25 mil 300 perfiles genético que aún faltan de obtener, así como de las facilidades dadas a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las exhumaciones.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del estado, a garantizar los derechos de los familiares de personas desaparecidas a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones realizadas en el predio Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, evitando en todo momento la revictimización de los familiares de los desaparecidos y se promueva la participación conjunta.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del estado, a garantizar que las 25 mil 300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas que se necesitan, sean tomadas bajo los protocolos de actuación.

Notas

1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/
registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

2 https://rnped.segob.gob.mx

3 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/07/en-un-ano-se-exhumaron- 530-cuerpos-de-163-fosas-clandestinas-cndh

4 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/07/en-un-ano-se-exhumaron- 530-cuerpos-de-163-fosas-clandestinas-cndh

5 http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-08-18/estado/fiscalia-reconoce-3-mil -600-casos-de-desaparecidos-en-veracruz

6 http://www.eluniversal.com.mx/estados/imparables-las-desapariciones-en- veracruz-0

7 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/
campana-nacional-de-toma-de-muestra-de-adn-de-familiares-de-desaparecidos?idiom=es

8 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/
campana-nacional-de-toma-de-muestra-de-adn-de-familiares-de-desaparecidos?idiom=es

9 http://comunicacion.fiscaliaveracruz.gob.mx/convoca-fge-a-familiares-de -personas-desaparecidas-a-toma-de-muestras-en-veracruz/

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Conacyt y el equipo de transición del presidente electo a promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, y el avance y la modernización tecnológicos del país, garantizando la continuidad de las convocatorias abiertas y el curso de las que deben establecerse durante cada ejercicio presupuestal, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante Conacyt) fue creado por disposición del honorable Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa.

2. Tiene por objeto ser el organismo asesor del Ejecutivo federal, especializado para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

3. El presupuesto de Conacyt para el año 2018 es de 31,091,272,967 pesos lo cual representa menos del 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018.

4. A principios de octubre de 2018 se hizo público el Oficio número Conacyt/TRAN/003, presentado el 24 de septiembre de 2018, por la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien encabeza los trabajos del equipo de transición del presidente electo para el Conacyt, dirigido al doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del organismo, para solicitar la suspensión de las convocatorias abiertas de este organismo, que comprometan recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes, emitidos después del 31 de julio.

5. El 2 de octubre de 2018, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces emitió una carta aclaratoria dirgida a la comunidad académica de México, en la que confirma la emisión del oficio previo y cuestiona su difusión pública, por considerar que se tergiversó el objetivo del mismo y se indicaba el rompimiento de un supuesto acuerdo con el director del organismo; señalando que fue exhortado a que ordene una investigación por la supuesta filtración. La aclaración confirma la solicitud de suspensión de algunas de las convocatorias, indicando que para ella no implican cancelación. Solicitudes de suspensión para las que no cuenta con facultades.

6. El 3 de octubre de 2018, el Conacyt emitió el Comunicado 74/20181 para informar, entre otras cuestiones, que respondió, mediante el oficio número A0000/128/2018, que el organismo seguirá trabajando con plena transparencia y en estricto apego a la normatividad vigente; las convocatorias en proceso seguirán adelante puesto que su cancelación significaría una afectación a derechos de terceros e implicaría faltas administrativas y; seguirán trabajando para lograr un proceso de transición eficaz y ordenado.

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta soberanía proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al equipo de transición del titular del Poder Ejecutivo electo, a promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, garantizando la continuidad de las convocatorias abiertas y el curso de las que se deben abrir durante cada ejercicio presupuestal.

Nota

1 Disponible en línea; https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/88 3-comunicado-74-18

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a emitir excitativa por su Mesa Directiva a la comisión encargada de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida el 18 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Nancy Yadira Santiago Marcos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, a través de su Mesa Directiva, emita excitativa a la Comisión Ordinaria que esté encargada de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que recibieron con fecha 18 de febrero de 2014 y fue aprobada como iniciativa por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 13 de febrero del 2014. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la sesión celebrada por el pleno de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 29 de abril del año 2013, la Mesa Directiva recibió de la entonces diputada federal Yesenia Nolasco Ramírez una iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto establecer entre los objetivos de la citada Ley, garantizar y no sólo procurar, el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupen y habiten.

Para su análisis, valoración y elaboración del respectivo dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Pesca, quien con fecha 13 de febrero del 2014 presentó ante el pleno el dictamen en sentido positivo, es decir, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para establecer que la Ley de la materia tiene entre sus objetivos garantizar y no sólo procurar el acceso, uso y disfrute preferente de los pueblos indígenas a los recursos naturales de los lugares que ocupen y habiten. Este dictamen fue aprobado por esta Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, con 397 votos a favor y 3 en contra.

La siguiente tabla comparativa muestra con claridad en qué consistió la reforma aprobada a la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Continuando con el proceso legislativo ordinario establecido en el artículo 72 de nuestra Constitución federal, el día 18 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió la minuta y dispuso que fuera turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, para la elaboración del dictamen respectivo. Desde entonces, la minuta sigue pendiente de ser dictaminada por parte de la colegisladora.

Son más de cuatro años los que han pasado sin que la colegisladora se pronuncie respecto de un asunto que fue aprobado por esta Cámara de Diputados, violentando lo dispuesto por la normatividad interna del honorable Congreso de la Unión, que establece un tiempo prudente de 30 días hábiles para la dictaminación de una minuta, mismos que pueden ser prorrogables hasta 30 días hábiles más.

Pero los más de cuatro años que han transcurrido no sólo violentan la normatividad interna, sino que transcurren en perjuicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan y habitan, que si bien se encuentra establecido en el texto del artículo 2o., apartado A, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ha querido ser establecido y reconocido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Una de las principales consideraciones expuestas en esta Cámara de Diputados para la aprobación de la reforma fue que con la aprobación de ésta no se buscaba una medida de favoritismo, sino que representaba una fuerte obligación para los pueblos y comunidades, que están obligados a preservar el hábitat y mantener la integridad de sus tierras, como punto clave y estratégico para su desarrollo y sostenimiento. Además, se dijo que la explotación de los recursos naturales genera conflictos por la competencia y las desigualdades, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas, por ser uno de los grupos más vulnerables ante el imponente mercado, pero sobre todo porque a menudo, los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con zonas habitadas por indígenas.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 2001, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuó sosteniendo en su artículo 2o. que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; por su importancia, me permito reproducir a la literalidad los primeros cuatro párrafos:

“Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias con sus usos y costumbres.”

Como puede observarse, en el tercer párrafo del citado artículo se estableció que la conciencia de la identidad indígena deberá ser un criterio fundamental para determinar “a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Esta última disposición cumple dos funciones: primera, fijar un criterio de pertenencia o adscripción de ciertos individuos como indígenas y, de esa forma, de identificación de ciertos individuos como indígenas; segunda, avanza la idea de que existen disposiciones sobre pueblos indígenas, lo que significa, necesariamente, la confirmación de los pueblos como sujetos de derecho.

La reforma constitucional también contempló, en la fracción VI del apartado A del artículo 2o. de la ley fundamental, dentro de los derechos de autodeterminación para los pueblos indígenas, reconocer y garantizar el acceso, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas.

Por su importancia me permito transcribir a la literalidad lo dispuesto por la fracción VI del apartado A del artículo 2o. constitucional para robustecer el argumento mediante el cual sostengo que reconocer y garantizar el acceso preferente de los pueblos indígenas a sus recursos naturales, ya se encuentra reconocido a nivel constitucional y la minuta detenida en el Senado de la República sólo tiene por objeto armonizar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con nuestra Constitución Federal.

“Artículo 2o. ...

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a V. ...

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades , salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.”

En concordancia con lo dispuesto por la Constitución federal, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece en su artículo 2o., fracción V, que tiene como objetivo procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupen y habiten. Sin embargo, esta disposición legal resulta insuficiente para la plena aplicación de las disposiciones constitucionales, toda vez que, con sólo procurar, no se garantiza este derecho constitucional en beneficio de los pueblos indígenas.

El reconocimiento de garantizar este uso y disfrute preferente para los pueblos indígenas de los lugares que ocupen y habiten, tiene un impacto fundamental para este grupo vulnerable, que representa algo más que el diez por ciento de la población total del país.

Al respecto, considero pertinente mencionar la información emitida en el año 2000 por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Culturas Populares, cuando publicó el denominado “mapa de la diversidad cultural en México”. Al respecto, los investigadores encargados de elaborar este mapa consideraron que no toda la población indígena podía ser identificada por el uso de su idioma materno; que muchos indígenas sólo hablaban español, pero conservaban otros elementos culturales distintivos.

Los investigadores estimaron que en este caso se encontraban cerca de cuatro millones de habitantes. Por tanto, la población indígena en México debía estimarse en una cifra aproximada de 10.5 millones de habitantes, cifra que representa más de cuatro por ciento arriba que el considerado por el Inegi como porcentaje en la población nacional.

El mapa también informó que México es el país con mayor población indígena del continente americano.

Por otra parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo.

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, tratando de basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, proclamó entre sus principios:

Principio 22.

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

La Cumbre de Río (o Cumbre de la Tierra) se llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992. En ella participaron 172 países (con 108 jefes de Estado) y 2 mil 400 representantes de organizaciones no gubernamentales. Durante la cumbre se trataron los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Por otra parte, durante la septuagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, realizada el día 27 de junio del año de 1989, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el Senado de la República con fecha 11 de julio de 1990, y publicado como Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el día 3 de agosto del mismo año.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo establece:

“Artículo 15.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 26, numerales 1, 2 y 3, establece lo siguiente:

“Artículo 26.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos que esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas que se trate.

Por la relevancia que las comunidades indígenas, como sujetos de derecho, tienen en la zona, también estimo pertinente citar los resultados de la “Consulta a los pueblos indígenas de la zona costera del Golfo de California” en relación con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California (POEMGC). La consulta se realizó entre los días 27 de abril al 28 de junio del año 2006, con los pueblos mayos de Sonora y Sinaloa, yaquis y seris de Sonora, cucapá de Baja California y Sonora, wixaritari de Nayarit. Participaron 460 indígenas, en su mayoría dedicados a la pesca ribereña, con excepción del pueblo wixarika.

En términos generales, se expone en el documento final de la “Consulta”, los pueblos consultados consideran que la propuesta del POEMGC, y específicamente de las unidades de gestión ambiental, son necesarias y se muestran dispuestos a participar activamente para que el ordenamiento ecológico sea una realidad.

Asimismo, están de acuerdo en que deben tomarse medidas conjuntas que incluyan tanto a los pescadores ribereños como a los industriales para procurar una conservación más eficaz y una explotación más sustentable del medio marítimo. Los pescadores indígenas, agrega el documento, tienen gran conocimiento de los ciclos marinos y respecto a los efectos que, a corto, mediano y largo plazo, representan los diferentes problemas ambientales; y están de acuerdo en que deben tomarse medidas conjuntas que incluyan tanto a los pescadores ribereños como a los industriales, para procurar una eficaz y sustentable explotación del medio marino.

De lo anterior, se desprende que los pescadores indígenas tienen toda la voluntad de ingresar en un sistema de ordenación pesquera, que garantice su derecho preferente al uso y disfrute de sus recursos naturales, específicamente, pesquero y acuícolas.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República para que a través de su Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, emita excitativa a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que fue recibida con fecha 18 de febrero de 2014 y fue aprobada como iniciativa por la Cámara de Diputados con fecha 13 de febrero del 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días de octubre de 2018.

Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de BC, BCS, Sonora y Quintana Roo a impulsar un frente común ante el gobierno federal para negociar su inclusión y la de sus municipios en los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento establecida en el programa Zona Libre de la Frontera, propuesto por el presidente electo, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones II y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador; asimismo se exhorta a sus congresos para que realicen acciones pertinentes a fin de que se incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera; y se exhorta al vigésimo segundo Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que realicen las acciones y gestiones necesarias para que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1939 se han dado luchas históricas a fin de lograr beneficios fiscales a favor del municipio de Ensenada, Baja California, con la intención de incluirlo en la franquicia de perímetros libres. Este beneficio fiscal quedó señalado en el decreto por el cual se establecen zonas libres en el estado de Sonora y los territorios de Baja California que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin lugar a dudas, esto fue uno de los logros concretados para que Baja California, incluyendo a Ensenada, que hasta antes de la reforma fiscal, permitieron al municipio gozar de los beneficios fiscales durante tanto tiempo.

Fue en 2013, cuando el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, presentó iniciativa (reforma fiscal) de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la que se estableció una tasa general para todo el país de 16 por ciento, eliminando cualquier excepción o preferencias tributarias, y homologando el impuesto señalado que, al día de hoy, sigue vigente.

Antes de la reforma mencionada a la Ley del IVA, se establecían excepciones muy importantes a las fronteras de México. Dicha ley, señalaba que “...para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional”. Por lo que se manejaba un porcentaje de tasa de IVA menor a las zonas antes señaladas, en comparación al resto del país.

Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013, toda la frontera norte, incluida Ensenada, Baja California, tenía una tasa preferencial de 11 por ciento del IVA a los actos y actividades gravados únicamente a residentes de la Región Fronteriza. No obstante, la tasa cambió desde 2014 (fecha en que entran en vigor las reformas aprobadas), afectando gravemente a todos los estados fronterizos y municipios contemplados dentro de la ley hasta ese momento vigente.

Entonces, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue tajante al señalar que este cambio en la ley afectaría al consumo de productos en las regiones, produciendo un efecto recesivo en su economía. Los diputados del PAN en la LXII Legislatura advirtieron durante la discusión del paquete económico de 2014 que, con el incremento en la tasa del IVA en la frontera, se afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que forman dicha región y complicaría la productividad de miles de pequeñas empresas.

Asimismo, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) publicó los efectos negativos de la reforma fiscal, señalando como principales consecuencias por la homologación del IVA en la franja fronteriza el incremento de la inflación, la caída en la economía regional, menos competitividad en las empresas, fuga de consumidores y menos poder adquisitivo para los más pobres de la frontera norte.1 Los pronósticos fueron acertados pues efectivamente ocurrieron y afectaron fuertemente a los municipios y estados fronterizos.

Recientemente en México se vivió un proceso electoral, en el cual surgieron diversas propuestas derivadas de todas las inquietudes relacionadas a la reforma fiscal de 2013, y como efectos del proceso electoral, fue elegido presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien fue uno de los candidatos que propuso bajar el IVA en la frontera a 8 por ciento como una medida preferencial. Sin embargo, ya una vez electo, Andrés Manuel hizo diversas declaraciones señalando que se creará una zona franca en la frontera norte del país, en la que se aplicaría una tasa del IVA reducida a 50 por ciento de la que se aplica actualmente en todo el país, pero el beneficio de diferenciación de la tasa será exclusivamente para aquellos municipios comprendidos en una franja de 30 kilómetros de extensión.

En consecuencia, varios grupos empresariales y sectores de la sociedad civil en todos los estados afectados se han manifestado públicamente, entre los cuales también el Congreso del Estado de Baja California, quien el pasado 6 de septiembre aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhortan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente electo de México, para que incluya al municipio de Ensenada en su proyecto de beneficios fiscales de la Zona Franca Fronteriza Norte del próximo año.2

Desde que fue aprobada la reforma fiscal, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha señalado que la homologación del IVA en la frontera afecta al consumo de productos en la región y produce un efecto recesivo en su economía. Los diputados de nuestro partido estamos a favor de las políticas que se pretenden implementar a fin de dar beneficios fiscales en la frontera, sin embargo, es indispensable que se incluyan a todos los municipios que estaban contemplados dentro de los beneficios fiscales antes de la reforma fiscal de 2013.

Personalmente como ensenadense que soy, y preocupada por las afectaciones económicas que puede ocasionar que disminuyan el IVA en Tijuana y no a Ensenada, considero que por la importancia económica del puerto de Ensenada, resulta imperativo incluir a todos los municipios de Baja California con el objeto de evitar afectaciones graves a la competitividad del estado. Vale la pena señalar que Ensenada no se ubica dentro de la franja fronteriza de 30 kilómetros que propone el próximo gobierno y que pretende establecer como límite para la zona franca, de conformidad a las declaraciones del presidente electo. El municipio de Ensenada se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos de América,3 lo que en automático lo descarta como beneficiario de la propuesta señalada.

De este modo, es de resaltar que Baja California es el único estado de la frontera norte del país que cuenta con sus centros económicos más importantes dentro de la franja fronteriza, de hecho, cuatro de los cinco municipios se encuentran dentro de la franja fronteriza, y a una distancia no mayor de 30 kilómetros. Es así que debe tomarse en consideración que la ubicación principal del desarrollo económico de Baja California está en la franja fronteriza norte y la dependencia económica que tiene el municipio de Ensenada, al no tener mercados cercanos con quien interactuar (más cercano Hermosillo, Sonora, a 940 kilómetros) es dable que se retome su inclusión en las medidas de impulso a la competitividad que se pretende dar a la zona franca.4

En general, todo estímulo fiscal que se pretenda otorgar a las fronteras del país serán benéficos para las mismas; ya sea reducción del IVA o del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero es importante que se incluyan a todos aquellos municipios que colinden con las zonas dentro de los 30 kilómetros de las fronteras, de no hacerlo, se corren riesgos económicos muy graves.

Por ello, con el presente punto de acuerdo se pretende que los estados que tienen municipios que colindan con los 30 kilómetros fronterizos y fueron incluidos antes de las reformas de 2013, se organicen para que gestionen la adhesión de dichos municipios y en consecuencia dentro de todo beneficio fiscal que el gobierno federal implemente en un futuro próximo. También, es importante que los congresos locales se involucren con la realización de gestiones para los mismos efectos.

Para efectos del tercer punto que se propone, se exhorta al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que, de este modo, también se involucren las autoridades municipales, a efectos de gestionar la inclusión de Ensenada dentro de los posibles beneficios fiscales fronterizos que pueda establecer la federación, así como la reducción del IVA a 8 por ciento.

Dicho lo anterior, se propone el presente proyecto con punto de acuerdo, para crear una conciencia de grupo, y que la lucha se haga de forma conjunta ante la federación y sea mucho más fuerte la presión que pueda recibir el gobierno federal para que tome en cuenta a todos los estados y municipios que puedan ser afectados por las medidas fiscales que se tomen próximamente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento, que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que realicen acciones pertinentes a fin de que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al vigésimo segundos Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que realicen las acciones y gestiones necesarias para que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera.

Notas

1 Véase: http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00012.pdf

2 Véase: http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Documento/20180906_ACUERDO_ GOROSAVE.pdf

3 Véase: https://www.puertoensenada.com.mx/esps/0000144/distancias

4 Véase: Documento “Consideraciones por las que el Municipio de Ensenada, Baja California; debe de ser considerado en el tratamiento legal especial de Zona Franca o Zona Estratégica Norte propuesto por el actual Presidente de la República Mexicana electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador”, Coparmex.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a actuar de manera efectiva y fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población ante el incremento sostenido de la delincuencia; establecer un programa integral para evitar la fuga de capital e inversión y la migración de personas en Veracruz y Coatzacoalcos; garantizar el derecho a la información y participación en las tareas de búsqueda y localización; y difundir el registro de extraviados o desaparecidos en la entidad durante 2017 y 2018, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad; y que de manera específica se establezca un programa integral que evite la fuga de capital, inversión y la migración de personas en las regiones de Veracruz y Coatzacoalcos a causa de la violencia y la delincuencia. Asimismo, a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización, y difunda sobre el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018, por el que se, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos meses, el estado de Veracruz presenta una crisis de seguridad, situación que se refleja en el incremento sostenido de delitos tales como homicidios, extorsiones, secuestros y robos a casa habitación.

En la comisión de estos ilícitos, de acuerdo con investigaciones de organizaciones de la sociedad civil e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen indicios de la posible colusión de organizaciones del crimen organizado con las autoridades estatales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta colaboración, pone en duda los programas de seguridad hasta ahora instrumentados para la contención, sanción y prevención del delito por parte de la administración local.

Familiares de las víctimas sostienen que debido a esta complicidad, las autoridades se han mostrado omisas ante esta problemática que vulnera la vida y la integridad de las personas y sus bienes, por lo que en diversas manifestaciones públicas han exigido su pronta respuesta, sin que hasta el momento se haya dado.

Para contar con un panorama general de la situación de inseguridad que presenta el estado de Veracruz, basta señalar los siguientes acontecimientos:

-El pasado 8 de agosto, se ubicaron fosas clandestinas en la comunidad de Arbolito en el municipio de Alvarado, en ellas, se han localizado por lo menos 174 cráneos y huesos que están en proceso de identificación. No obstante, aún queda por examinar 32 cuadrantes de donde se espera encontrar más cuerpos humanos.1

-Sin embargo, la Fiscalía General del estado no informó de este nuevo hallazgo a los familiares de las víctimas como está previsto en la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz, que en su artículo 2, párrafo I, establece que se debe “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución federal, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, la Constitución local, leyes estatales y demás instrumentos de derechos humanos”.

Asimismo, la Ley en comento, señala en su artículo 5 que: “El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.”

-Familiares de personas desaparecidas han denunciado que el gobierno del estado y la Fiscalía General de la entidad han procesado de manera inadecuada las fosas clandestinas; no están cumpliendo los protocolos de notificación y que sus declaraciones son imprecisas y faltan a la verdad, por lo que a decir de ellos, se está dando una re-victimización, ya que se está limitando, entorpeciendo o impidiendo el acceso a la justicia y a un proceso apegado al debido proceso, contemplado en nuestro marco jurídico.

-2018 está siendo un año de alta violencia para las mujeres, ya que sólo entre los meses de enero a julio han asesinado a más de 135, posicionando a Veracruz en uno de los primeros lugares de feminicidios en el país.

Aunado a ello, la desaparición de mujeres no ha sido atendida por las autoridades estatales. En el 2017, más de 263 mujeres fueron desaparecidas, particularmente en municipios como Xalapa, según estadísticas del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres adscrito a la Universidad Veracruzana. Muchas de ellas no han sido localizadas o fueron encontradas con rastros de violencia física y sexual, y en el peor de los casos, fueron halladas sin vida.2

-Organizaciones de la sociedad civil, como Alto al Secuestro, han denunciado el incremento de estos ilícitos. Ejemplo de esta situación es que, la entidad en los últimos años de manera consecutiva ha ocupado los primeros lugares de privación de la libertad.

-Cabe enfatizar que el municipio Xalapa se ha colocado como la demarcación con el mayor número de secuestros denunciados, aquejando particularmente a comerciantes, empresarios, estudiantes y actores políticos. Esta situación, afecta principalmente a municipios como la capital de la entidad, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Tuxpan y el puerto de Veracruz.

-Otro delito que se ha incrementado es el de los homicidios dolosos, durante el primer semestre de este año se denunciaron por lo menos 700 acontecimientos de este tipo. Es decir, cada 24 horas en promedio se desarrollaron cuatro crímenes de esta naturaleza, en su mayoría por arma de fuego.

-La zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la región sur del estado merecen una mención aparte. En el primer caso, el número de feminicidios ha crecido considerablemente, lo que ha provocado que Veracruz sea la segunda entidad del país en el mayor número de estos delitos. Ante la incapacidad de la Fiscalía General del Estado, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas realizaron una marcha el jueves pasado, para exigir el cese de la violencia contra las mujeres que actualmente se vive en la zona conurbada.

-En el segundo caso, empresas, familias y personas han empezado a abandonar la ciudad de Coatzacoalcos en los últimos meses, a causa de la violencia, generando una parálisis generalizada de la actividad económica en una de las regiones más importantes del sureste del país.

Durante los días 29 y 30 de septiembre pasado se vivió una nueva jornada de violencia. Distintos medios de comunicación dieron cuenta del asesinato de al menos 9 personas en los municipios de Coatzacoalcos (2), Minatitlán (2), Oteapan (2), Acayucan, Nanchital y Jáltipan con un homicidio. Y así es cada fin de semana. Al concluir la presente administración estatal, podríamos tener la cifra más alta de muertes por violencia asociada a la delincuencia, que se tenga registro para un periodo de un año en el estado de Veracruz.

-Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2018), realizada por el Inegi revelan que el 94.8 por ciento de los habitantes de Coatzacoalcos con 18 años y más se sintió inseguro en su ciudad. Otro de los resultados de la ENSU, indican que el 84.6 por ciento de las personas de 18 años y más de Coatzacoalcos identificaron a la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes y otros delitos) como una problemática en su ciudad.3

A pesar de que Veracruz presenta altos índices delictivos y está considerada como una de las entidades más peligrosas del país, las autoridades estatales han mostrado indiferencia con la situación y las medidas hasta ahora llevadas a cabo no han dado los resultados esperados y comprometidos por gobernador de la entidad.

Al mismo tiempo, lamentamos la decisión del gobierno electo de cancelar el Foro Regional de Paz a realizarse en el estado de Veracruz, toda vez que la situación nos muestra la urgente necesidad de un plan de seguridad específico para la entidad. En Veracruz, tanto las víctimas como sus familiares esperan una respuesta institucional que les garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Bajo estas consideraciones resulta fundamental que esta Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Veracruz para que fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento de los índices delictivos en la entidad, situación que vulnera la integridad y patrimonio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Veracruz para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, situación que vulnera la integridad y patrimonio de la sociedad; y que de manera específica, se establezca un programa integral que evite la fuga de capital, inversión y la migración de personas en la región de Coatzacoalcos a causa de la violencia y la delincuencia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Veracruz para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en los términos establecidos por la Ley de Víctimas de Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Veracruz para que difunda el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018, a fin de garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso

Notas

1 Lourdes López. (2018). Suman 174 cráneos hallados en fosas clandestinas de Veracruz. 9/08/2018, de Excélsior Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-174-craneos- hallados-en-fosas-clandestinas-de-veracruz/1263661

2 e-consulta. (2018). 263 mujeres desaparecidas en Veracruz durante el 2017. 10/09/2018. Sitio web:

http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-12-29/estado/263-muje res-desaparecieron-en-veracruz-en-2017

3 Inegi. (2018). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: cifras correspondientes a marzo de 2018. Sitio web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ensu /ensu2018_04.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 11 de octubre de 2018.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a garantizar la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlán, Colima, según el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputada Julieta Macías Rábago, en nombre propio, y las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Con una extensión estimada en 2010, de 764 mil 486 hectáreas (Conabio, 2013), México destaca a nivel internacional por ser uno de los seis países con mayor superficie de manglares en su territorio.

Al ser uno de los más productivos ecosistemas terrestres, los manglares tienen gran importancia ambiental, económica y social, pues son hábitat para diversas especies, fuente de recursos naturales, hogar para actividades económicas, sistemas naturales de control contra inundaciones, filtros biológicos de agua, entre otras funciones.

De acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional conocida como Convención de Ramsar, de la cual nuestro país es firmante y que promueve la conservación y uso racional de los mismos, los humedales son “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de seis metros.”

Los manglares son comunidades arbóreas que encuentran su hábitat en los humedales costeros y están compuestos por especies que han desarrollado características de adaptación a las condiciones de salinidad e inundación propias de dichos ecosistemas. En México existen cuatro principales especies; Rhizophora mangle , Conocarpus erecta, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa .

Las actividades humanas han sido un factor preponderante en la importante disminución de superficie que los manglares ocupan, lo cual ha generado que los gobiernos de diversos países impulsen medidas para frenar este daño ambiental que representa una amenaza para nuestro planeta.

En México la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye a las cuatro especies mencionadas en la lista de especies en riesgo, clasificándolas bajo la categoría de “amenazadas”.

Adicionalmente, la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 60 Ter, prohíbe expresamente cualquier obra o actividad que pueda impactar en forma negativa al manglar, el cual por su relevancia en el tema se cita a continuación:

Ley General de Vida Silvestre

Artículo 60 Ter. Que prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consciente de la necesidad de tomar medidas para frenar este problema, emitió en 2003 la NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zona de manglar. Sin embargo, en 2004 se adicionó a la misma la especificación 4.43, por medio de la cual se introduce la excepción a las prohibiciones y límites que la norma establece a través de la figura de medidas de compensación, con lo cual se abrió la posibilidad en la norma oficial a realizar obras y actividades que impacten negativamente a los manglares, siempre y cuando se tomen medidas que a juicio de la autoridad compensen el daño realizado.

Encuadrada en dicha adición es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la evaluación de impacto ambiental respecto del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, estableciendo una serie de medidas de compensación que además de resultar insuficientes, han sido incumplidas por parte de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, solicitante y ejecutor del citado proyecto.

El incumplimiento en las medidas de compensación quedó en evidencia con la resolución sancionatoria que en 2018 emitió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por medio de la cual se suspende la autorización otorgada al proyecto hasta en tanto no se cumpla con cada uno de los términos y condicionantes que para su otorgamiento se acordaron.

Al respecto es importante destacar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad publicó una ficha de caracterización de la laguna de Cuyutlán en la que se señala que las obras de infraestructura relacionadas con el puerto han provocado la disminución de la circulación del agua y modificaciones en las características físicas y químicas del cuerpo lagunar.

Por lo tanto, resulta indispensable que las autoridades responsables garanticen el cumplimiento irrestricto de la Ley y con ello la preservación ecológica de esta laguna.

Es por lo expuesto y considerando que para Movimiento Ciudadano es prioritario el cuidado al medio ambiente, que someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que garanticen la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlán, en Colima, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2018.

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Julieta Macías Rábago (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Jacobo David Cheja Alfaro, Alberto Esquer Gutiérrez, Lourdes Celenia Contreras González, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Alan Jesús Falomir Sáenz, Jorge Alcibíades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya, Ana Priscila González García, Geraldina Isabel Herrera Veg, Kehila Abigail Ku Escalante, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Pilar Lozano Mac Donald, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Carmen Julia Prudencio González, Juan Francisco Ramírez Salcido, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Ariel Rodríguez Vázquez, Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Carlos Villareal Salazar y Martha Angélica Zamudio Macías.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias a garantizar el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, señalado en el artículo 4o. constitucional, así como legislar en materia de esterilización forzada, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 4o.:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.1

Que, sin embargo, en ciertas clínicas rurales del país se obligaba a mujeres a esterilizarse bajo amenaza de perder los apoyos gubernamentales.

Que la “esterilización” se delimita como un acto o proceso que produzca en una persona la incapacidad permanente de reproducción sexual.

La “esterilización forzada” se refiere a la realización de dicho procedimiento sin el conocimiento libre e informado, que conlleve al consentimiento o la autorización de la persona sometida a esta práctica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en dos meses, entre el 16 de diciembre de 2016 y el 22 de febrero de 2017, se emitieron tres recomendaciones por casos en los que se forzó a mujeres a implantarse un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo, y otro en el que personal médico esterilizó sin su consentimiento a una mujer practicándole una ligadura de trompas irreversible.

La situación anterior no es ajena a los documentales previos. En Guerrero, 30 indígenas fueron esterilizados a través de engaños por brigadas de salud pública; esto aconteció entre 1994 y 2001.

En 2013, el Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, determinó que al menos 27 por ciento de las mujeres indígenas que tuvieron necesidad de acudir al servicio público de salud fue esterilizado sin su consentimiento.

El párrafo tercero del artículo 67 de la Ley General de Salud reza:

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.

No obstante la legislación en la materia, la práctica de estos hechos significa un proceso de exclusión de manera sistemática de los sistemas de atención a la salud reproductiva y sexual, más acentuado en pueblos indígenas, así como carencias de información para una adecuada elección de métodos anticonceptivos voluntarios, pero sobre todo una marcada violación al derecho a ser madre.

Hay ausencia de reconocimiento a los derechos reproductivos de las mujeres indígenas a una vida en familia y, una total separación al derecho de disfrutar de una cabida jurídica completa que se reconozca y sancione con todo rigor los hechos de esterilización forzada.

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia señala que ninguna mujer podrá ser esterilizada sin prestar su propio consentimiento previo e informado, sin coacción, presión o alicientes impropios por los profesionales o las instituciones de la atención sanitaria. Por el contrario, las mujeres que sopesan la posibilidad de esterilizarse deben recibir información relativa a sus opciones en el idioma que utilizan para la comunicación.2

A 4 mil 896 mujeres en Guerrero se practicó en el periodo 2015-2016 la salpingoplastia como método anticonceptivo permanente. Es el estado con mayor número de procedimientos realizados en 2016, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud.

Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay un registro de 124 expedientes de queja de mujeres a quienes se han realizado procedimientos de esterilización sin autorización o a partir de amenazas.3

En México, la esterilización forzada se encuentra tipificada como delito en el Código Penal Federal, en los artículos 149 Bis y 199 Quintus:

Artículo 149 Bis. Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.4

Artículo 199 Quintus. Comete el delito de esterilidad provocada quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Al responsable de esterilidad provocada se le impondrán de cuatro a siete años de prisión y hasta setenta días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que podrá incluir el procedimiento quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad. Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un daño para la víctima; o bien, en caso de que el responsable sea servidor público se le privará del empleo, cargo o comisión público que haya estado desempeñando, siempre que en virtud de su ejercicio haya cometido dicha conducta típica.

Asimismo, 15 de 32 entidades federativas legislan el tema de esterilización forzada; entre ellos están Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus respectivas competencias hagan de conocimiento público el número de actos efectuados a nivel nacional de esterilización forzada y, en su caso, de no existir se inicie un censo para contar con información fidedigna que permita la implantación de políticas públicas acordes con las necesidades.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los congresos de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos para que adecuen el marco legal local para sancionar el delito de esterilización forzada.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en conjunto implanten una campaña en la lengua nativa de los pueblos indígenas sobre el derecho a procrear los hijos que deseen, en un contexto de conocimiento libre e informado, así como desarrollar y promover el uso de métodos de anticoncepción enalteciendo en todo momento lo previsto en el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/

2 http://www.convenciondiscapacidad.es

3 https://www.scjn.gob.mx/

4 http://www.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para concluir el respectivo proceso de las iniciativas que facultan al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección animal, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Dolores Padierna Luna, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a que se concluya el proceso legislativo de las iniciativas que facultan al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección a los animales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A lo largo de lo historia de la humanidad, los animales han estado en el centro del desarrollo de las sociedades. Se han utilizado en múltiples ámbitos fundamentales para el bienestar de las personas, desde la alimentación y el trabajo hasta el acompañamiento. A pesar de que coexistimos dentro de un ecosistema interdependiente con otras especies,1 como se precisará adelante, existe múltiple evidencia de que los animales padecen de maltrato e inclusive de crueldad por parte de los seres humanos.

Contrariamente a la violencia que se ejerce sobre otras especies, diversa evidencia científica indica que los animales tienen la capacidad de sentir emociones, por ejemplo: sufrimiento, miedo, ansiedad, frustración, entre otras.2 Inclusive, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) señala que los animales podrían sufrir dolor de la misma manera que los humanos.3 En otras palabras, hoy sabemos que el sufrimiento no es solamente un atributo humano y que por lo tanto es necesario procurar bienestar y protección a los animales.

La búsqueda de un trato digno y una vida sin sufrimiento para otras especies es además fundamental para alcanzar sociedades más responsables y justas. Promover la empatía con todos los seres vivos se vincula con una cultura y valores que inciden en una convivencia más armoniosa entre las personas. Diversa evidencia indica que de esta manera se pueden reducir comportamientos violentos además de generar actitudes positivas hacia otras personas.4

Desafortunadamente, en la actualidad prevalecen mitos y creencias erróneas que generan maltrato y violencia sistemática e institucionalizada hacia otras especies. Esto lo podemos observar en las vejaciones que padecen los animales de compañía, los crueles métodos de sacrificio para generar alimentos y otros productos de consumo humano, en algunos eventos para el entretenimiento, entre otros. En México, diversos datos sugieren la gravedad del problema.

El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) indica que somos el tercer lugar en crueldad hacia los animales (información develada en 2015).5 Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil han encontrado que cada año: hasta 60 mil animales mueren por maltrato en el país;6 un millón de los animales de compañía son maltratados7 y alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados.8 No es de extrañarse que en una escala de A a G, México obtenga D como calificación en el Índice de Protección de los Animales (2014) de la organización Protección Animal Mundial (World Animal Protección ).9

Por si fuera poco, gracias a la vista de casi 80 rastros, otras organizaciones (Tras Los Muros, Igualdad Animal y Mercy for Animals ) encontraron métodos de sacrificio tan crueles como: apuñalamientos en conciencia de los animales; golpes; sumergimientos en agua hirviendo (escaldados) y sometimiento a choques eléctricos.10 Esta información toma mayor relevancia si se considera que cada año, aproximadamente 30 millones de animales son sacrificados para el consumo humano y en muchos de estos casos pueden presentarse métodos similares.11

Como es sabido, las regulaciones generan incentivos que pueden modificar las conductas de la sociedad. Sin embargo, actualmente el Congreso no cuenta con facultades para legislar en materia de protección de los animales. Esto a pesar de que procurar el bienestar animal es relevante para logar sociedades más responsables y de la gravedad del problema de maltrato en nuestro país. En este sentido, la importancia de que el Poder Legislativo cuente con la prerrogativa mencionada pues ayudaría a mejorar o generar nueva legislación relacionada a la situación de otras especies.

En primer lugar, con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las entidades federativas cuentan casi en su totalidad con regulaciones locales en materia de trato digno y respetuoso a los animales. A pesar de su relevancia, los temas abordados en estas legislaciones pueden variar de manera importante al igual que la profundidad de su abordaje y sanciones. En este sentido, resulta de importancia que nuestro país cuente con legislación nacional que incluya los principales asuntos relacionados al bienestar animal y que, en cada caso, las disposiciones tengan suficiente alcance.

En segundo término, ayudaría a mejorar diversas regulaciones federales existentes relacionadas con el bienestar animal (principalmente: la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre) y a generar nuevas disposiciones. Existe una gran amplitud y complejidad de temas que demandan de discusión. Por ejemplo, los señalados por la Declaración universal para el bienestar animal como: la obligación positiva de los humanos hacia el cuidado y bienestar de los animales; la captura y sacrificio de la fauna silvestre cuando sea necesario para salvaguardar la biodiversidad; la regulación relacionada a los animales dependientes de los humanos y a los criados para la obtención de alimentos, productos y tracción, entre otros.12 Otros asuntos relevantes son: las atribuciones de las instituciones públicas, las diferentes formas de maltrato, las sanciones, la educación y promoción sobre el bienestar animal, responsabilidad de otros actores y el funcionamiento de procesos relacionados a la protección, el tráfico, entre muchos otros.

Es importante mencionar que legisladores de diversos partidos, en el Senado y la Cámara de diputados, han presentado iniciativas para que el Congreso tenga competencia para legislar en materia de bienestar animal.13 Es decir, se trata de un tema en el cual las diferentes fuerzas políticas podemos coincidir. En este tenor, la importancia de que en ambas Cámaras se concluyan los procesos legislativos que se encuentren pendientes de las iniciativas mencionadas.

Pugnar por el bienestar de los animales es un tema de gran relevancia porque merecen una vida sin sufrimiento y se relaciona con la posibilidad de alcanzar sociedades más justas. En esta legislatura tenemos la posibilidad de impulsar leyes de vanguardia, que fomenten el respeto a las especies con las que coexistimos y además mejoren el bienestar humano. Impulsemos una convivencia social más armónica y libre de violencia fomentando el respeto a todas las formas de vida.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los legisladores integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, para que se concluya el proceso legislativo de las iniciativas que facultan al Congreso de la Unión para expedir legislación en materia de bienestar y protección de los animales.

Notas

1 Sociedad Mundial para la Protección Animal (s.f.). Declaración universal para el bienestar animal. Recuperado de: http://cec.sede.ucn.cl/repositorio/du_bienanimal.pdf

2 Ver por ejemplo revisión de literatura en Edwards, C., Méndez, S. y Vanda, B. (2006). ¿Existen o no emociones en los animales? Revista AMMVEPE, 17(4), 188-190

3 FAO (S.F).El estrés y el dolor en los animales. FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/005/x6909S/x6909s03.htm

4 Ver por ejemplo: Córdova-Izquierdo, A. y Villa-Mancera A. (2013). Importancia del bienestar animal. bmeditores.com; González, P. (2017). La empatía hacia los animales, clave contra la violencia y el bullying. Braodly; Martínez, B (2016). La crueldad hacia los animales afecta a todos. Prensa Libre.

5 Diversos medios, ver por ejemplo: Revolución TRESPUNTOCERO (2015). México ocupa el tercer lugar en crueldad hacia los animales; necesaria una educación humanitaria: expertos. Revolución TRESPUNTOCERO. Recuperado de: http://michoacantrespuntocero.com/mexico-ocupa-el-tercer-lugar-en-cruel dad-hacia-los-animales-necesaria-una-educacion-humanitaria-expertos/

6 Diversos medios, ver por ejemplo: Redacción Animal Político (2014). En México 60 mil animales mueren al año por maltrato. Animal Político. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2014/05/en-mexico-60-mil- animales-mueren-al-ano-por-maltrato/

7 Castañeda-Hidalgo, H (2011). Contra el maltrato de los animales CienciaUAT, 5 (4), 8-11

8 Redacción Excélsior (2018). Medio millón de mascotas son abandonadas al año en México. Excélsior. Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2018/01/17/1214292

9 World Animal Protección (2014). Perfil del País: México. World Animal Protección. Recuperado de: http://api.worldanimalprotection.org/sites/default/files/api_mexico_rep ort_0.pdf

10 Reza, G (2017). La crueldad contra los animales en los mataderos de México. Proceso; Lira, I (2016). Los rastros en México violan las leyes de matanza y usan técnicas de dolor extremo: ONG. Sin embargo. Recuperado de:

http://www.sinembargo.mx/03-12-2016/3120874

11 INEGI en Lira, I (2016). Op. Cit.

12 Sociedad Mundial para la Protección Animal (s.f.). Declaración universal para el bienestar animal. Recuperado de: http://cec.sede.ucn.cl/repositorio/du_bienanimal.pdf

13 Sin Partido, PVEM, PAN y actuales integrantes de Morena. Ver por ejemplo, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Agricultura y Ganadería; y, de Estudios Legislativos, primera. Dictamen en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar competencia al Congreso de la Unión para expedir la legislación general en materia de bienestar animal. Recuperado de:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constituciona les/reu/docs/dictamen_121217-1130.pdf; Torres, D. y Rodríguez, S. (2017). Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, sin partido, y Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM. Recuperado de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3649166_ 20171214_1516045074.pdf

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de octubre del 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Jucopo de esta soberanía a proponer al pleno la aprobación de un acuerdo para celebrar sesión solemne conmemorativa del 65 aniversario de la promulgación de la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres al voto en México, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes:

Consideraciones

El 17 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional que otorgó el derecho al voto de la mujer en México en el ámbito federal, así se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional.

El camino no fue fácil, en 1953, ya con representación en el Congreso de la Unión, el Partido Acción Nacional presentó una propuesta para dar fin al trámite de una iniciativa de Lázaro Cárdenas presentada en 1937 para reformar el artículo 34 constitucional y que de esta forma se reconociera el derecho de las mujeres a ejercer el voto, misma que duró muchos años en la congeladora por falta de voluntad política de los gobernantes. La presión por parte de los legisladores de Acción Nacional hizo que el presidente Ruiz Cortines apresurase la presentación de una nueva iniciativa, misma que fue aprobada ese mismo año.

Después, con la reforma constitucional de 1974 se modificó el artículo 4o. para establecer la igualdad entre la mujer y el hombre. En 1996 se incorporaron las cuotas de género al obligar que los partidos políticos deberían postular candidaturas al Congreso mexicano, en una proporción que no superará el 70 por ciento de un solo género. En 2002, se estableció la cuota de género obligatoria para las candidaturas. En el 2007 se modificó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar la equidad y procurar la paridad de género en las candidaturas de los cargos de elección, así como el de destinar el 2 por ciento del financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

En el año de 2014, se incorporó al artículo 41 de nuestra Constitución la obligación de garantizar la paridad entre los géneros por parte de los partidos políticos cuando se trate de las candidaturas a las senadurías y diputaciones federales y locales. Con esta reforma la paridad quedó establecida con rango constitucional.

Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra compuesta por 241 mujeres de los 500 integrantes, que representan el 48.2 por ciento, el porcentaje más alto en la historia en México en el espacio legislativo.

Como ven el camino no ha sido fácil, a las mujeres nos fue negada la condición de ciudadanas durante siglos, tuvimos que esperar hasta la mitad del siglo XX para poder ejercerla, para poder votar y -en teoría- para ser electas para algún cargo de representación popular.

Por ello, conmemoramos el 65 aniversario del otorgamiento del derecho al voto a la mujer mexicana, porque constituye, para las y los legisladores de Acción Nacional, una nueva oportunidad para insistir en que ejercer cargos públicos de toma de decisión y gozar del derecho a gobernar, sigue siendo un reclamo de la ciudadanía para las mujeres que hay mantener y defender en todo el país.

Es también una oportunidad para renovar la convocatoria a que trabajemos denodadamente para hacer realidad la equidad y el goce de los derechos plenos que todas merecemos.

Recordemos que dentro de los derechos políticos de las mujeres, el derecho al voto marcó sin duda el inicio de un camino que aún no concluye y que tiene retos importantes en el futuro inmediato.

No hemos superado aun el riesgo de que mujeres electas a los congresos federal o locales sean desplazadas por sus compañeros de fórmula, repitiendo el ominoso caso de las “Juanitas” que tanto ha lastimado la dignidad de las mujeres, pero que ha servido para renovar nuestra lucha por nuestros derechos políticos.

No podemos decir aún que en los ayuntamientos, en los gobiernos estatales, incluso en los encabezados por alcaldesas o gobernadoras, se abren suficientes espacios para incluir a mujeres capaces en la toma de decisiones o en la definición de políticas públicas.

No hemos logrado la total equidad en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, lo cual es patente si revisamos tanto las resoluciones tomadas por la autoridad electoral, como los juicios interpuestos ante el Tribunal Electoral, muestra clara de que las mujeres estamos obligadas a pelear espacios más allá de las normas y procesos internos de los partidos políticos.

Es por ello que hoy más que nunca, tenemos que reafirmar nuestra convicción de que el equilibrio en la representación política y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es uno de los mecanismos para la profundización de la democracia en sus términos más sustantivos.

Es innegable que tenemos que avanzar en todos los frentes, afortunadamente, el Partido Acción Nacional fue quizá el primero en incluir mujeres en sus órganos directivos nacionales y en establecer una organización destinada a promover la participación política de las mujeres, aun antes de que se nos reconociera el derecho a votar y ser votadas que hoy conmemoramos.

Fue el partido que postuló a la primera candidata a gobernadora en la historia de México, que abrió espacios a las mujeres en candidaturas a presidencias municipales desde fines de la década de los cuarenta del siglo pasado, que tuvo a legisladores visionarios cuya primera iniciativa de reforma política presentada en 1946 proponían establecer de manera irrestricta el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Sin embargo, no hemos alcanzado la apertura necesaria y habremos de continuar con nuestra lucha.

Hoy las mujeres tenemos que caminar juntas, sin olvidar nuestras diferencias ideológicas, debemos ser capaces de impulsar juntas las reformas que permitan crear condiciones de equidad y respeto para la mujer en nuestro país.

Expresamos con pleno sentido de responsabilidad y de orgullo que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres cambió a México. Pero son todavía muchos los derechos que debemos rescatar para garantizar su pleno ejercicio.

No olvidemos que la posibilidad de votar y ser votada llevó a la mujer mexicana a una senda de reconocimiento pleno de otros derechos y de emprender una lucha contra la discriminación y la violencia que lastima su existencia y menoscaba su dignidad.

La lucha de las mujeres no ha sido fácil, sobre todo en el ámbito de la participación política, pues a la incomprensión y discriminación que hoy nos abruma, hay que sumarle las adversidades de los tiempos del autoritarismo y patrones de discriminación de las instituciones públicas en las que busca participar.

La lucha de las mujeres en México continuará hasta alcanzar la equidad, el respeto y la erradicación de la discriminación, hasta alcanzar el objetivo de un principio más amplio y trascendente como el de la igualdad de oportunidades.

Aunque sabemos que no ha sido ni será fácil, las mujeres hemos demostrado nuestra voluntad y capacidad para aportar al desarrollo de México a través de nuestra participación cada vez mayor en el mercado laboral, la cultura, el deporte, la academia, la política, las organizaciones sociales, los negocios y otros espacios en donde hace sólo algunos años nuestra presencia era impensable.

Hemos enfrentado numerosos retos: las injusticias e inequidades de estos ámbitos que no estaban creados ni preparados para las mujeres; acusaciones públicas y privadas por un aparente egoísmo y el descuido de nuestra familia; jornadas dobles y hasta triples de trabajo; el menosprecio de nuestro talento y de la importancia de nuestra participación en la vida pública; y mayores exigencias a nuestro desempeño, entre muchos otros.

Es innegable que las mujeres tenemos derecho a contar con las condiciones que nos permitan el ejercicio de nuestros derechos con igualdad, lo que en sí mismo es una causa de justicia social impostergable.

La política requiere de nosotras una activa participación, no en el sentido de convertir nuestra actividad en un mero instrumento para acceder al poder por el poder mismo, sino para desarrollar y convertir en virtudes, capacidades como la palabra, el diálogo, la negociación, el respeto a la pluralidad, la tolerancia; es decir, poner al servicio de la Nación todos nuestros talentos y aptitudes y, con ello, con inteligencia y determinación, ser el ejemplo que siga acompañando y dando soporte a las transformaciones sociales e institucionales de nuestro país.

Requerimos promover el empoderamiento, el liderazgo y la plena participación política de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, institucionales, partidarias y de otra índole, que contribuyan a la consolidación de la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en nuestro país.

En el marco de la conmemoración del 65 aniversario del derecho a votar de la mujer, subrayamos que son todavía muchos los derechos que debemos consolidar y salvaguardar.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los artículos 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que proponga al pleno de la misma, la aprobación un acuerdo para la celebración de una sesión solemne para conmemorar el 65 aniversario de la promulgación de la reforma constitucional que otorgó el derecho al voto a la mujer en México; misma que se realizaría el próximo 17 de octubre del presente año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer con el Conapred y los gobiernos locales acciones que contribuyan a erradicar la exclusión laboral por cuestiones de edad, en particular de la población que culmina los estudios en edad adulta, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el gobierno de las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar la exclusión laboral por cuestiones de edad, especialmente al sector de la población que culmina sus estudios en una edad adulta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La discriminación constituye un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, ya que existen conductas por ideas y actitudes arraigadas desde la infancia, así como estereotipos preestablecidos en la sociedad, que estimulan la marginación entre una persona y otra.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la discriminación se encuentra directamente ligada con situaciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia que atentan (directamente o indirectamente) contra los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.1

Estas conductas se pueden presentar por los diversos tipos de raza, color, etnia, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, edad, discapacidad posición económica, orientación sexual, etcétera.

La lucha contra la discriminación ha construido un gran número de instrumentos legales a nivel internacional que salvaguardan y protegen los derechos humanos de las personas, así como la implementación de acciones que ayudan a los gobiernos de los países a seguir trabajando en el tema, como la instauración de fechas conmemorativas que alienta a la sociedad a mejorar y con ello a eliminar cualquier actitud reprobable.

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) plantea que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.2

Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades,

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.3

Asimismo, tiene contemplado como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

En este contexto, uno de los graves problemas que debe atenderse con prontitud es el relacionado con la exclusión de personas adultas en puestos de trabajo por su edad, especialmente aquellas que culminan sus estudios fuera de su juventud, ya sea porque en su momento no contaban con el tiempo para poder estudiar o porque simplemente buscan mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con el estudio Panorama de la educación 2017, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria sólo 21 terminan la universidad, cuatro estudian una maestría y uno llegará a doctorado. Asimismo, establece que en México solo 17 por ciento de la población de 25 a 64 años ha cursado educación superior.4

La OCDE precisa que la tasa de desempleo en adultos jóvenes entre 25 y 34 años que no terminaron sus estudios universitarios fue de 17 por ciento, mientras que para quienes sí lo hicieron, el desempleo fue de 9 por ciento, en cuanto a posgrados, solo 1 por ciento de los mexicanos de dicho rango de edad tienen una maestría o equivalente, mientras que menos de 1 por ciento tienen un doctorado.

No obstante, el sistema de educación a distancia ha aumentado derivado de un gran número de personas que después de haber transcurrido su juventud y que ya se encuentran en una etapa más adulta, deciden retomar sus estudios ya sea porque tienen el tiempo para realizarlos o ya cuentan con los dineros necesarios para cubrir los pagos, con la finalidad de desarrollarse profesionalmente y tener mayores ingresos.

De acuerdo con el libro “Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria” , publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país la educación a distancia, también conocida como “en línea”, “virtual” o “e-Learning”, ha reportado un amplio crecimiento, especialmente en el ámbito de la Educación Superior a través de muy diversas formas y expresiones.5

Todas las posibilidades tecnológicas han propiciado infinidad de nuevas estrategias educativas por Internet, las que van desde los mega cursos masivos, abiertos y homogenizantes, conocidos como MOOC (Massive Open Online Course), hasta los proyectos que persiste en los enfoques individuales como los ambientes personales de aprendizaje (Personal Learning Environment).

Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la educación a distancia en el nivel superior en México actualmente se imparte en 240 instituciones de educación superior, que han desarrollado capacidades académicas e infraestructura especializada, tan sólo en el ciclo 2013-2014, se atendió el 4.7 por ciento de la matrícula de educación superior, contribuyendo con el 1.7 por ciento de la cobertura educativa bajo esta modalidad.6

Uno de los primeros datos a resaltar es que las quejas sobre discriminación en el empleo representan un porcentaje importante de lo que el CONAPRED resuelve: el 44 por ciento del total. De las quejas contra personas particulares, las referentes a la discriminación en el empleo representan el 45 por ciento del total. De las reclamaciones y quejas contra personas servidoras públicas de la federación, las de discriminación en el empleo representan el 39 por ciento del total.7 La gran mayoría de los actos denunciados ocurrieron en la Ciudad de México (el 70 por ciento).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º establece el derecho a la igualdad (párrafo primero) y a la no discriminación (párrafo quinto), mientras que el artículo 5º consagra la libertad profesional, por virtud de la cual a ninguna persona se le puede impedir “que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” y el artículo 123 determina el “derecho al trabajo digno y socialmente útil”, así como de una variedad de protecciones específicas que se derivan de él.

En este orden de ideas, la discriminación laboral es un tema de gran relevancia que debe ser atendido con urgencia, eliminando aquellos estereotipos que evitan que personas adultas que terminaron de estudiar a una edad posterior a su juventud les sea difícil emplearse, por lo que es indispensable que la CONAPRED fortalezca las acciones en la materia, con el objeto de seguir contribuyendo a salvaguardar los derechos de este sector de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el gobierno de las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar la exclusión laboral por cuestiones de edad, especialmente al sector de la población que culmina sus estudios en una edad adulta.

Notas

1 http://acnudh.org/temas-de-ddhh/discriminacion/

2https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf

4 http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spa nish.pdf

5 https://www.ses.unam.mx/curso2016/pdf/18-nov-Zubieta_Educacion_distanci a.pdf

6 http://www.anuies.mx/secretaria-general/fortalecer-sistema-nacional-de- educacin-superior-a-distancia-el

7 https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/completoDiscriminacion0812 2017.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de octubre de 2018.

Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a redoblar esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias brindadas a los servidores públicos adscritos a instituciones policiales de los tres niveles de gobierno, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que redoblen los esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias que se brindan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se promueva el intercambio de experiencias y la difusión de la importancia de proporcionar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública, con base en las siguientes

Consideraciones

Históricamente la calidad nutricional que distingue a los alimentos de los servidores públicos, operativos y administrativos, integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, en los tres niveles de gobierno, ha sido mala o deficiente. Muestra de ello, fueron los sobrenombres como “Choclo” con los que el personal policial informalmente bautizó, en algún momento, a las raciones que recibía, en clara alusión a la comida de animales de engorda. Ello, debido a que en ocasiones venía en estado de descomposición o inaceptablemente mesclada.

Como consecuencia, desde comienzos de este siglo XXI, diversas instituciones policiales hicieron esfuerzos notables para mejorar la presentación y estado de conservación de las raciones de comida que se distribuye en el personal de sus instituciones. Asimismo, se han hecho iniciativas aisladas por parte de instituciones de los tres niveles de gobierno para revertir los porcentajes del personal que padece obesidad o sobre peso, mejorando la calidad nutrimental de dichas dotaciones de alimentos e impulsando la actividad física en las instituciones policiales.

No obstante dichos esfuerzos, en 2014, un informe difundido por la Comisión Nacional de Seguridad indicó que la Policía Federal, una de las instituciones que mayor atención ha puesto en este tipo de temas y cuyo presupuesto experimentó un incremento notable entre 2007 y 2012, presentaba datos alarmantes en cuanto al estado físico del personal, específicamente con respecto al peso. Estos datos indicaban que el 58% de los elementos que participaron en el estudio que presentaba el informe tenían sobrepeso, el 32% obesidad leve, 7.2% obesidad moderada y el 1% presentaba obesidad mórbida. Asimismo, se señalaba que en promedio cada elemento estaba 11 kilogramos por encima de su peso ideal.1

En ese entonces, la Policía Federal anunció la implementación de medidas para atender dicha problemática que impactaba en la capacidad operativa del personal en ese entonces. Con ello, esperaban que en el mediano plazo se redujeran gastos en salud para la institución, mismos que podrían disminuir sus proyecciones con atención preventiva nutricional.

Desafortunadamente, hasta este mes, en pleno cierre de administración, no se han hecho públicos los resultados de las acciones implementadas, ni el seguimiento de la problemática, ni la percepción del personal sobre el problema, las políticas implementadas y sus resultados. Asimismo, se puede apreciar que no todas las instituciones policiales han podido realizar acciones en este sentido y en el caso de aquellas organizaciones policiales en que se realizaron cambios significativos, igual que la Policía Federal, no han difundido sus resultados.

Hoy, a simple vista podemos observar elementos policiales municipales, estatales y federales con un aspecto físico que pareciera no óptimo para desarrollar las responsabilidades que la sociedad les ha encomendado, ni para evitar poner en riesgo su propia vida al dificultarles operar en las mejores condiciones.

Adicionalmente, debemos recordar que los policías mexicanos hacen muchos sacrificios físicos y económicos para cumplir su deber, que generalmente trabajan cumpliendo horarios fuera de lo que estipula el marco laboral vigente y de lo que se recomienda para poder reaccionar bajo las condiciones de estrés a que son sometidos en muchas zonas del país.

En muchos casos, tienen que conseguir sus propios alimentos y en otros, se les otorgan raciones que, si bien se encuentran en buenas condiciones y presentación, el contenido calórico contraviene cualquier lineamiento serio para evitar el consumo de azucares, sodio y calorías en cantidades no saludables.

En este sentido, el presente exhorto va orientado a que las instituciones de Seguridad Pública del país, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, redoblen los esfuerzos realizados orientados a desarrollar estandarizar mejoras nutrimentales de las raciones alimenticias que se proporcionan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública promuevan el intercambio de experiencias y la difusión entre sus elementos sobre la importancia que tiene el brindar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública.

Compañeras y compañeros representantes de la nación, se les invita a impulsar esta propuesta como uno de los muchos pasos que tenemos y podemos dar para proteger a nuestros policías, para brindarles mejores condiciones laborales, para intentar que, como afirma una consigna de las organizaciones de la sociedad civil, protejamos a quienes nos protegen.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que redoblen los esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales de las raciones alimenticias que se brinda a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se promueva el intercambio de experiencias y la difusión de la importancia que tiene el brindar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública, entre el personal policial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Nota

1 Marcos Muedano, Padece la Policía Federal obesidad, El Universal, jueves 10 de abril de 2014.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar al responsable o responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, a cargo de la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Guadalupe Almaguer Pardo, diputada federal de la honorable LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y fracción II, numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El 2 de junio pasado, en el contexto de la elección municipal de Juchitán de Zaragoza, fue asesinada la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, así como la candidata a segunda concejala de la planilla del PRI-PVEM-PNA, Pamela Terán Pineda, y su chofer Adelfo Guerra Jiménez.

Sobre el homicidio, fue detenido un presunto responsable autor material del asesinato, mismo que fue liberado apenas ocho días después el pasado mes de septiembre. La defensa presentó a tres testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, un arquitecto “perito” que reconoció no ser experto en georreferenciación, así como el testimonio de un policía municipal que no reconoció al inculpado como el joven que pidió auxilio, lo que de acuerdo con la defensa lo ubicaba en un lugar distinto al de los hechos.

El juez de control de Juchitán en cambió decidió desechar el testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía General de Oaxaca, quien sí estaba en el lugar de los hechos y reconoció al inculpado. Esa misma instancia tampoco ha podido detener a otro presunto responsable del crimen que se dio a la fuga. Ambos inculpados trabajaban con los Montero López, y uno de ellos es su familiar. El caso sigue hoy impune.

Segundo . La periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, presentó una denuncia por delito electoral ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca, en contra del ex Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado, Francisco Montero López y su hermano el candidato a la primera concejalía al ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López.

Ella aportó pruebas suficientes que demostraban como su hija María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural, es decir, servidora pública del gobierno estatal, había sido obligada a costa de perder su empleo por su entonces jefe, el Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza, para apoyar con su trabajo la candidatura de su hermano Hageo Montero López, a la primera concejalía del Ayuntamiento ubicado en la región del istmo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca pese a haber concluido el expediente hace dos meses, inexplicablemente, no ha vinculado a proceso.

La propia Fiscalía estatal no ha procedido en contra de los presuntos responsables del equipo de robo del equipo de cómputo, una cámara fotográfica y una cámara de video, propiedad de María del Sol, pese a que cuenta con datos concretos sobre los responsables. Equipo donde habría material fotográfico y de video que demostraría que se encontraba en Juchitán para apoyar la campaña priista.

Cabe señalar que la propia Soledad Jarquín Edgar presentó un Procedimiento Especial Sancionador en contra del candidato Hageo Montero López y de su hermano Francisco Montero López, por el uso ilegal de recursos públicos, materiales y humanos, en la campaña electoral para obtener la alcaldía de Juchitán de Zaragoza ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, luego de más de tres meses, este lunes 8 de octubre de 2018, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca dio vista al gobernador Alejandro Murat para que sancione a Francisco Javier Montero López, luego de que se acreditó que designó a una funcionaria de esa dependencia para que colaborara en la campaña de su hermano.

Tercero. No obstante lo anterior, la mayor de las burlas cometidas contra la víctima por parte del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca se concretó en la sanción económica, y solo eso, a Hageo Montero López, por la irrisoria suma de 20 mil pesos, pese a que se benefició, aun perdiendo las elecciones, del trabajo realizado por María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa y videasta.

No impuso sanción alguna a los partidos políticos que conformaron la coalición Todos por México (PRI-PVEM-PNA) aduciendo que no sabían de la asignación hecha por el Secretario de Asuntos Indígenas.

A más de cuatro meses del triple asesinato en Juchitán, queda claro que se trató de un crimen político en contra de Pamela Terán, quien estaba acompañada en el momento del crimen por la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, quien este 10 de octubre cumpliría 28 años.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo y a la autonomía del ministerio público, exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar al o a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de octubre de 2018.

Diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo la construcción del proyecto Trolebici previsto para el eje central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que en el marco del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta, celebrado en la Ciudad de México durante el 2017, el Movimiento Ciclista Nacional logró que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobara declarar a ese año como el “BiciBicentenario” con el objetivo de celebrar los dos siglos del invento de ese medio de transporte. Asimismo, con el respaldo de todas las fuerzas de ese órgano legislativo, se aprobó destinar 150 millones de pesos para constituir el Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón y cuya mayor parte fuera etiquetado para implementar el proyecto denominado Trolebici.

2. La Ciudad de México, según la encuesta global de IBM El dolor del viajero: Congestión de tráfico, dolor en el camino , ha sido catalogada como la metrópoli más conflictiva para trasladarse en el mundo.

3. A pesar de que, según el Diagnóstico de la Movilidad Actual en Bicicleta en la Ciudad de México realizado por la UNAM, la mitad de los viajes diarios que se realizan en la capital del país son menores a ocho kilómetros, distancia idónea para recorrerse en bicicleta, la falta de infraestructura adecuada desincentiva a la gente a hacerlo.

4. El proyecto Trolebici consiste en la ampliación de los carriles del sistema trolebús en el Eje Central Lázaro Cárdenas para que pueda ser compartido con ciclistas de forma segura. Tendría una longitud de 36 kilómetros, lo cual permitirá a ciclistas atravesar la ciudad en ambas direcciones de norte a sur; convirtiéndose en un modelo de movilidad replicable al resto de las calles en las que transita el sistema trolebús.

5. Que durante el mes de enero de 2018 diversas organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace y Bicitekas, AC, se reunieron con el entonces titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), Édgar Tungüí Rodríguez, así como con la entonces subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), Laura Ballesteros Mancilla, para determinar que para poder licitar el proyecto era necesario que Semovi entregara el proyecto ejecutivo a Sobse, así como las autorizaciones de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

6. Que desde entonces no han habido avances concretos en cuanto a la entrega a Sobse de las autorizaciones necesarias para implementar el proyecto. Lo anterior a pesar del compromiso firmado por parte del entonces subsecretario de desarrollo de movilidad, Pedro Esteban Monzón López, fechado el 21 de septiembre de 2018, para entregar el expediente autorizado del proyecto a Sobse, y que de esta manera se pueda proceder a su licitación.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que a fin de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México a través de la construcción de infraestructura física adecuada, se exige al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor José Ramón Amieva Gálvez, hacer uso de los recursos del Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón para licitar e iniciar con la construcción del proyecto Trolebici contemplado para el Eje Central Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martín López Cisneros y Ricardo Flores Suárez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Comité Coordinador, y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León a reponer el proceso de designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.

Exposición de Motivos

1. Los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad e integridad que marca el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León son los ejes rectores en la relación y funcionamiento de todo el sistema que da pie a la ley. Las normativas anticorrupción aspiran a ser el estandarte más elevado sobre las aspiraciones dogmáticas y orgánicas del estado, y es la obligación de todos los involucrados en esa vital encomienda conducirse con la máxima diligencia y probidad.

2. Actualmente la corrupción es uno de los grandes problemas que los ciudadanos reconocen como prioridad y uno de los retos que aquejan al estado de derecho.

3. Desde la concepción del Sistema Nacional Anticorrupción se ha buscado responder a las demandas de los mexicanos para que la ética coincida con el derecho, equilibrando y protegiendo la participación ciudadana con el ejercicio público. En ese mismo contexto reformador, el legislador creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como respuesta a las exigencias sociales producto de los múltiples casos de posibles hechos de corrupción.

4. En ese contexto se formularon diversos instrumentos para el Estado mexicano, que en todo momento procura la participación ciudadana, brindándole los impedimentos necesarios para que la misma participación se desarrolle en un contexto de independencia, libertad, y no subordinación, a fin de evitar toda posibilidad de faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.

5. Esta independencia, libertad y equilibrio de la participación ciudadana, es la esencia fundamental de todo el proceso legislativo y de acompañamiento ciudadano que rigió la formulación de las normas estatales en materia anticorrupción. De esta forma, se respondió al reclamo ciudadano para prevenir toda posible argucia jurídica que pudiera comprometer la esencia del sistema estatal.

6. Sin embargo, ese equilibrio entre la participación ciudadana y los entes públicos depende del sano involucramiento y el ejercicio de buena fe, de las funciones que la ciudadanía les ha confiado.

7. Por eso los artículos 15, 20, 21 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, y en general, a lo largo de la misma, se plasman impedimentos de empleo y comisión para los ciudadanos que participan en los procesos relativos al sistema estatal. Es claro en la ley estatal se identifica al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León como un sujeto con responsabilidades administrativas, a la luz del artículo 105 de la Constitución estatal. Por ello, es posible vincular las decisiones, actuaciones, u omisiones del Comité de Participación Ciudadana al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Todo ese andamiaje jurídico responde a cuestiones básicas que la Ley General de Responsabilidades Administrativas identifica y define, como lo son:

• “Conflicto de Interés: la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”

• “Falta administrativa grave: las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas.”

• “Cohecho: [incurre] el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.”

8. De particular interés resulta lo establecido por el artículo 58 de la Ley General, que indica:

“Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.”

9. A la luz de los hechos entorno del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda y su nombramiento como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, es que se debe de cuestionar la lógica y justificación de la existencia de las normativas locales en materia anticorrupción y su relación con la participación ciudadana.

10. El referido fue integrante del Comité de Selección, el cual seleccionó al Comité de Participación Ciudadana, del que algunos miembros forman el Comité Coordinador, que lo seleccionó como secretario técnico del Sistema. Es decir, él tuvo un involucramiento en escoger a las personas que posteriormente lo habrían de nombrar para otro cargo.

11. Si bien es cierto, en los hechos el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda renunció al Comité de Selección para someter su candidatura para la Secretaría Técnica y no hay un impedimento expreso en la ley estatal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas permiten plantear a la luz de los artículos 21 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en relación con el artículo 105 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que hay un conflicto de interés.

12. Independientemente de las acusaciones que se puedan verter en ese contexto sobre el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; es una responsabilidad básica de sus miembros asegurar que los procesos y decisiones de selección se rijan bajo la lealtad a la ciudadanía y con integridad. Del análisis de los hechos se desprende ese equilibrio de buena fe y responsabilidad hacia la ciudadanía, se ha visto vulnerado por los entes de selección y por el propio Joaquín Ramírez de la Cerda.

13. La propia candidatura del ciudadano Ramírez de la Cerda no cumplía con los estándares mínimos que señala el artículo 41 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León que en su fracción II requiere que la persona aspirante al puesto de secretario técnico tenga experiencia verificable en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

14. El ciudadano en comento, si bien cuenta con estudios en derecho y materia de amparo, no cuenta con la experiencia adecuada en las materias que requiere la ley. En virtud de lo anterior, se ha dado la espalda al respaldo de la comunidad, en aras de preservar argucias legales.

15. Precisamente, en la esencia y espíritu de la ley, se busca eliminar argucias legales en las que se incurrieron en este proceso de elección. Esta sola acción compromete la integridad del estandarte del estado de Nuevo León en su lucha contra la corrupción. El mensaje que se ha mandado a la comunidad es de abuso, de conflicto de interés y falta absoluta al respeto y confianza de ellos en las instituciones.

16. Es claro que el Comité Coordinador, el Comité de Participación, el Comité de Selección y el hoy secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León se encontraban en al menos un aparente conflicto de interés, ya que la atención, tramitación y resolución de todo este proceso de nombramiento en ningún momento se consultó ni analizó la posibilidad de excusarse, ante lo que pareciera un intercambio de favores y posiciones; en uno de los puestos más críticos e importantes para el sano funcionamiento de este estado.

17. Incluso, es razonable indicar que a la luz del artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los entes de selección cometieron abuso de funciones por sus actos u omisiones arbitrarios, máxime que ignoraron las posibilidades de conflicto de interés.

18. La ciudadanía de Nuevo León merece instituciones que estén a la altura de sí, no merece que su confianza sea traicionada por los máximos garantes de la integridad del futuro del estado.

Considerandos

I. Como diputado federal, es fundamental defender la integridad de nuestras instituciones vitales, que garantizan el funcionamiento ético y correcto de nuestro estado.

II. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la guía fundamental para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y de los entes que lo componen.

III. El funcionamiento y la integridad del Sistema Estatal Anticorrupción se ha visto vulnerado y comprometido, contemplando los artículos 1, 2, 5, 15, 20, 21, 22, 32, 35, 37, 38, y 40 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, ante el conflicto de interés que existe entre el secretario técnico y los diferentes comités.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo que exhorta al Comité Coordinador, y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a reponer el proceso de designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como su secretario técnico.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a reponer el proceso de nombramiento del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción con candidatos que cumplan todos los requisitos legales para el puesto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputados: Hernán Salinas Wolberg (rúbrica), Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martín López Cisneros, Ricardo Flores Suárez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente electo a aclarar los términos y las condiciones de construcción del Tren Turístico Transpeninsular y considerar la implantación de un instrumento de consulta que permita conocer la postura de los mexicanos sobre el proyecto, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo a aclarar los términos y condiciones de la construcción del Tren Turístico Transpeninsular para garantizar su viabilidad, asimismo, considere la implantación de un mecanismo de consulta que permita conocer la postura de los mexicanos sobre dicho proyecto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presidente electo ha propuesto la construcción de un tren de pasajeros y de carga, que transitará por entidades como Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. En su edificación, destacan tres tramos de ruta: el de selva con poco más de 426 kilómetros, el caribe con 446 y el del golfo con por lo menos 653 kilómetros.1

El Tren Turístico Transpeninsular o Tren Maya tendrá un costo de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos, el cual estará financiado con recursos públicos el 30 por ciento, y lo demás a través de concesiones con la iniciativa privada. Se tiene planeado que dicho proyecto se concluya en por lo menos 4 años.2

Llama la atención que 3 de las estaciones están propuestas para establecerse en destinos turísticos como Campeche, Cancún y Playa del Carmen, y 4 más en zonas turísticas como Calakmul, Chichen Itzá, Palenque y Tulum.

En el Grupo Parlamentario del PRI se considera que por sus implicaciones económicas, sociales y de impacto ambiental, este proyecto el cual se presume será uno de los más trascendentes del próximo gobierno debe ser sometido a un análisis integral y a un amplio escrutinio público.

De acuerdo con diversos especialistas, con la construcción del Tren Maya se generará fraccionamientos a los ecosistemas, alteraciones al hábitat de especies endémicas como jaguares, jabalíes y monos araña, así como cambios en las poblaciones de flora, los cuales en su conjunto, terminarán por romper al actual equilibrio ecológico.

Personal del equipo de transición y el propio presidente electo han sostenido que durante el proceso de construcción no se talará un solo árbol, lo cual, a decir de expertos, no es posible ya que cualquiera otra de infraestructura de estas características y magnitud genera impactos ambientales.3

Asimismo, provocará implicaciones culturales que podrían generar trasgresiones a las costumbres de las comunidades indígenas, particularmente a los conocimientos ancestrales como los agrícolas. Además, con las nuevas atracciones turísticas y requerimientos de mano de obra, muchas personas dejarán las actividades que realizan y transitarán al sector de servicios, terminando así con tradiciones milenarias de la región.

Es preocupante la falta de información en torno a un proyecto de esta envergadura, principalmente a sus especificaciones, a los impactos ecológicos que generará y las primeras licitaciones a realizar, ya que de acuerdo con entrevistas al equipo de transición, los trámites de construcción se realizarán desde los primeros días del próximo mes de diciembre.

A pesar de tratarse de una de las obras de infraestructura más importantes que realizará la próxima administración, aún no existe suficiente información que permita tener una idea completa del proyecto, de sus beneficios e impacto, prueba de ello, es que la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, ha sostenido que desconoce el proyecto y las vialidades por donde transitará el denominado Tren Maya.

Se requiere un plan integral de lo contrario el patrimonio histórico nacional estará en peligro de sufrir deterioro prematuro si no se realizan trabajados de conservación y cuidado ante la posible llegada de un mayor número de visitantes; asimismo, si no se realizan trabajos de prospección en la zona de tránsito se provocarán daños irreversibles, según la directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo.4

Para financiar una parte de esta obra, se ha planteado utilizar los fondos recaudados por medio del Impuesto al Turismo, es decir, se rencausarán estos fondos que regularmente se utilizan para la promoción de los destinos turísticos afectando su desarrollo y la captación de turistas nacionales y extranjeros.

En virtud del impacto económico que traerá en la región la construcción del Tren Maya, es fundamental que se tomen en cuenta los diversos factores que podrían ocasionar efectos colaterales en dicha región del país, en la que se calcula se concentra el 70 por ciento de la biodiversidad de América Septentrional.

Hasta el momento, no se cuentan con estudios de factibilidad que puedan constatar la generación de beneficios concretos por esta inversión, tampoco de rentabilidad de capital y beneficios sociales en el corto, mediano y largo plazos para esta región del país. No obstante, es de mayor relevancia prevenir delitos como conflicto de interés, peculado, actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Estamos a favor de proyectos que detonan el desarrollo regional, sin embargo, consideramos necesario que la construcción del Tren Turístico Transpeninsular se apegue a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su artículo 134 que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública (...), a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.5

En contravención a estos principios, en Tabasco se han realizado modificaciones a su marco jurídico para flexibilizar las licitaciones, con la reforma que hace unos días aprobó el Congreso del Estado se podrán adjudicar de manera directa todas las obras de infraestructura, sin tomar en consideración los mejores precios, las capacidades operativas y técnicas de las empresas, con ello, se corre el riesgo de aplicar los recursos de manera irregular.

La construcción del Tren Turístico Transpeninsular es una obra de gran relevancia, existen elementos a favor y en contra, y están implicados recursos públicos por lo que se debe poner a consideración de expertos en la materia y ciudadanos para su valoración.

Poner a consideración de los mexicanos esta obra, permitirá conocer su sentir en relación a su construcción. La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos son aspectos cruciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el estado de derecho y la credibilidad en las instituciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente electo a aclarar los términos y condiciones de la construcción del Tren Turístico Transpeninsular para garantizar su viabilidad, asimismo, considere la implementación de un mecanismo de consulta que permita conocer la postura de los mexicanos sobre dicho proyecto.

Notas

1 El Financiero. (2018). “‘Tren Maya’, proyecto de AMLO para el sureste”. 9 de octubre de 2018, del sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/tren-maya-proyecto-de-am lo-para-el-sureste

2 Misael Zavala. (AMLO amplía proyecto de Tren Maya, con inversión de hasta 150 mmdp.) 2018. 9 de octubre de 2018, de El Universal sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tren-maya-tendra-inversio n-mixta-amlo

3 Arturo Páramo. (2018.) No se cortarán árboles por Tren Maya: López Obrador. 9 de octubre de 2018, de www.excelsior.com.mx Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-cortaran-arboles-por-tren-m aya-lopez-obrador/1258699

4 Leobardo Pérez Martín, Adriana Varillas y Yazmín Rodríguez. (2018). Tren Maya no debe atentar contra patrimonios cultural y ambiental, piden. 9 de octubre de 2018, de El Universal sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/cultura/tren-maya-no-debe-atentar-contra- patrimonios-cultural-y-ambiental-piden

5 Congreso de la Unión. (Última reforma DOF 27-08-2018.) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9 de octubre de 2018, de Diario Oficial de la Federación sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número total de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Medel Palma, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se posiciona en los primeros lugares de obesidad y diabetes infantil.

A su vez, diversos estudios han determinado que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 en el país, pues 70 por ciento del azúcar agregada que consumen los mexicanos proviene de bebidas azucaradas1 , ocasionando así que 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenten sobrepeso2 u obesidad y, a su vez, que se estime que 1 de cada 2 niños nacidos a partir de 2010 desarrollarán diabetes a lo largo de su vida.3

Por lo que, considerando que las proyecciones de los especialistas a nivel internacional, refieren que para el año 2025 el país aumentará el número de mexicanos con diabetes4 , resulta imprescindible tomar acciones que disminuyan

Segunda. Por otro lado, en mayo de 2010, la sexagésima tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó un conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños (resolución WHA63.14). La finalidad de esas recomendaciones era orientar los esfuerzos de los estados miembros como México, para idear nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes publicitarios de alimentos dirigidos a los niños.

En ese mismo sentido, la comisión para acabar con la obesidad infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en enero de 2016 el informe final a su directora general. En éste, dicha comisión sugirió a los gobiernos una serie de recomendaciones con la finalidad de revertir la creciente tendencia de los niños menores de cinco años al sobrepeso y la obesidad. Ello, en virtud de que al menos 41 millones de niños de ese grupo de edad son obesos o padecen sobrepeso, y el mayor aumento de esa tendencia se observa en los países de ingresos bajos y medianos.

Por lo anterior y en palabras del copresidente de la comisión, “es necesario un mayor compromiso político para afrontar el problema mundial del sobrepeso y la obesidad en la niñez”, “La OMS ha de trabajar con los gobiernos para aplicar una amplia serie de medidas destinadas a abordar las causas ambientales de la obesidad y el sobrepeso y ayudar a los niños a iniciar su vida de manera sana, tal y como se merecen.”

Tercera. En cuanto al Programa Nacional de Bebederos Escolares, éste forma parte integral de la Reforma Educativa y funge como el instrumento principal de una política pública del gobierno, orientada a mejorar la salud y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, mediante el fomento de hábitos de alimentación y modos de vida saludables, y el consumo de agua potable de forma gratuita en los planteles de educación básica.

Derivado de lo anterior, las reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa del 7 de mayo de 2014, tuvieron como objetivo establecer que todas las escuelas de educación básica contaran con bebederos de agua con sus sistemas de purificación. Estableciendo un plazo de tres años para la instalación de 257 mil 825 bebederos que correspondían a las escuelas del Sistema Educativo Nacional, así como lo indica el transitorio sexto que a la letra dice:

“Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurara? que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto”.

Término que concluyó el pasado 7 mayo de 2017.

Cuarta. Tras la aprobación de la reforma fiscal en 2014, también se estableció que a través del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios (IEPS) se recaudaría un peso por litro a todas las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores para la construcción de bebederos escolares. Ello, con el objetivo de apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales y para programas de promoción, prevención y enfermedades relativas al combate de la desnutrición, sobrepeso y obesidad, como se indica:

“Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 aprobado deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la federación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2017, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”5

Quinta. De esta manera, desde 2015, los recursos para bebederos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Programa de la Reforma Educativa (PRE), han sido los siguientes:

6

Sexta. En ese contexto y tomando en cuenta que la ley estableció que en el presupuesto se debía prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la federación por concepto del IEPS aplicable a las bebidas saborizadas, es que de acuerdo con el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obtuvo que el monto recaudado por IEPS a las bebidas azucaradas ha sido el siguiente:

Evidenciando así la discrepancia entre lo recaudado por el impuesto en referencia (24 mil 556.6 millones de pesos, mdp, tan sólo para 2017) y los 1 156 140 000 de pesos programados para este fin. Hecho que a todas luces, no cumple con el mandato establecido para 2017, respecto la obligación de destinar un monto similar a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2017 por IEPS a bebidas saborizadas.

Séptima. En contraste, el informe que rindió el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa sobre el Programa Nacional de Bebederos Escolares, indicó que a mayo de 2017, es decir, tres años después de aprobada la reforma y precluido el plazo para su cumplimiento, se había concluido la instalación de sólo 7 mil 79 bebederos que correspondía a una primera etapa. En dicho informe, también se estableció que el compromiso del gobierno federal para el ciclo escolar 2018-2019, o mejor dicho, al finalizar el sexenio, sería contar con la instalación de 40 mil bebederos como a la letra se señala:

“Cabe señalar que el antecedente inmediato en esta materia y en el marco de la Reforma Educativa de la actual administración federal, fue el componente de bebederos escolares del programa de infraestructura educativa Escuelas Dignas, mediante el cual se instalaron 2 mil 675 bebederos, de tal forma que sumadas a las metas del Programa Nacional de Bebederos Escolares se estima instalar alrededor de cuarenta mil bebederos al ciclo escolar 2018-2019”7 con una meta de 11 mil 34 bebederos.”

Octava. Aunado a lo anterior, el 10 de octubre de 2017 y a través del comunicado 303, el director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), informó que se había emitido el fallo correspondiente a la Convocatoria Pública Nacional CPN-INIFED-*SB-001-2017 para la construcción, instalación y mantenimiento de un Sistema de Bebederos con Suministro de Agua Potable en Escuelas del Sistema Educativo Nacional correspondiente a las regiones 1 a 5. En la que se preveía que el Programa Nacional de Bebederos Escolares estaría llegando a una meta de 20 mil 953 sistemas instalados en escuelas públicas de todo el país.

Situación contrastante tanto con lo establecido en la reforma legal, como en los compromisos y metas determinadas con anterioridad por el director del Inifed.

Novena. Además de ello, los reportes de la Auditoría Superior de la Federación en 2015, dio cuenta de 5 mil 964 bebederos en escuelas8 , mientras que para la tercera entrega del informe de esta institución a la Cámara de Diputados (Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-0177 177-DS), en materia de bebederos escolares, no se indicó el número de bebederos instalados, pero se coincidió con el incumplimiento de las autoridades como a la letra se señala:

“El Inifed no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 Fonden, ya que no comprobó la realización y conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con el objetivo del componente 4 del Programa de la Reforma Educativa, para instalar y dar mantenimiento a 8 mil bebederos, en escuelas del sistema educativo nacional, programados para el ciclo escolar 2016-2017, el cual concluyó en julio de 2017”.9

Décima. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo al último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Cuenta Pública de 2016 y específicamente por lo que toca al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, se llevaron a cabo las siguientes auditorías:

• Evaluación de la Política Pública de Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica. Evaluación de Políticas Públicas. Número 1782-DS.

• Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al Cien). Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Número 176-DS.

• Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Número 177-DS.

• Construcción de Planteles de Educación Media Superior, en los estados de Guanajuato y Baja California. Auditoría de Inversiones Físicas. Número 138-DS.

• Recursos del Programa Escuelas al Cien. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Número 1804.

De lo que se destaca que en la auditoría 177-DS, en específico en los puntos 7 y 8, la ASF revisó a) el componente 4 “Instalación y mantenimiento de bebederos escolares”, del “Programa de la Reforma Educativa”, se desprendieron dos recomendaciones y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como el cumplimiento al objetivo del “Fondo de Desastres Naturales y al Componente 4 Instalación y Mantenimiento de Bebederos del Programa de la Reforma Educativa”.

Siendo la conclusión que, de la Cuenta Pública de 2016 se desconoce el destino de los recursos asignados al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa relativo a la construcción de bebederos escolares.

Undécima. Finalmente, el pasado 7 de mayo del presente año, la Secretaría de Educación Púbica emitió un comunicado con título Emite Inifed fallo correspondiente a la tercera Convocatoria del Programa Nacional de Bebederos Escolares , en el cual, se indicó que habían sido adjudicados la construcción de 6 mil 962 sistemas de bebederos. Cantidad que en suma con lo ya realizado, no se acerca ni a 10 por ciento de la meta que el mismo Instituto de Infraestructura Física Educativa se comprometió en mayo de 2017 en el informe, y mucho menos a la establecida en el transitorio de las reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la alarmante situación de las enfermedades crónico degenerativas como lo es la obesidad y diabetes en las niñas, niños y adolescentes en el país; aunado al evidente incumplimiento con lo establecido no sólo en la estrategia de combate a la diabetes y obesidad infantil anunciada en diversas ocasiones por el Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, sino también a lo establecido en la legislación mexicana y los compromisos a nivel internacional para el combate de dichas enfermedades; sin dejar de lado la opacidad en el manejo de los recursos destinados para tal fin, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, transparentar y hacer del dominio público el destino de los recursos destinados a la construcción de bebederos escolares en el periodo 2015-2018, así como las causas del incumplimiento de lo establecido en la Ley de Infraestructura Física Educativa en materia de construcción de bebederos escolares.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa hacer del dominio público el total de bebederos escolares instalados y en funcionamiento en las escuelas del sistema educativo nacional a octubre de 2018.

Notas

1 Sánchez-Pimenta TG. (2016). Sugar-sweetened beverages are main sources of added sugar intake in the Mexican population. Journal of Nutrition.

2 Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición). [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 5 de mayo de 2017 http://ensanut.insp.mx/).

3 Meza R et al. Burden of type 2 diabetes in Mexico: past, current and future prevalence and incidence rates. Preventive Medicine. 2015; 81: 445-450.

4 Alianza por la salud alimentaria. (2015). ). [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 5 de mayo de 2017 http://www.puentemexico.org/sites/default/files/puente/attachments/dulc eagoniadatosduros.pdf)

5 Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

6 Presupuesto de Egresos de la Federación. (2015, 2016 y 2017).

7 Informe Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa sobre el Programa Nacional de Bebederos Escolares. (2017), pág. 24.

8 SEP. Auditoría 2015. [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 5 de octubre de 2018 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0158_a.pdf)

9 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 5 de octubre de 2018 de http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha_DS_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a iniciar una investigación por los actos realizados en la toma de protesta de la alcaldesa de Centla, Tabasco, por transgredir el principio de laicidad del Estado mexicano, en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación por los actos realizados en la toma de protesta de la alcaldesa de Centla, Tabasco, por transgredir el principio de laicidad del Estado mexicano, en los términos establecidos por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se definió en el artículo 40 que el Estado mexicano se conformaría como una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Adicionalmente, el artículo 130 de la Constitución refiere la separación histórica entre el Estado y las iglesias, así como la elaboración de una ley reglamentaria que establece de manera clara cómo se dará la relación entre ambas instituciones.1

El principio de laicidad se estableció con el objetivo de garantizar el derecho a la libertad de culto consagrado en el artículo 24 constitucional que a la letra refiere:

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.”

De acuerdo con este derecho, todo ser humano es libre de adoptar la creencia que desee o mejor convenga a sus intereses. Se trata de un principio liberal que parte de tres ejes fundamentales:

1) Todo ser humano puede ejercer y practicar el credo que desee siempre que no violente la libertad de terceros;

2) La libertad de culto implica que el Estado no puede favorecer ningún credo, iglesia o religión; y

3) El respeto a la libertad de creencias, a su vez, se significa también que las autoridades no pueden promover el ateísmo, sino simplemente abstenerse de adoptar posición alguna sobre las distintas creencias.

El derecho consagrado en el artículo 24 constitucional se encuentra directamente relacionado con la obligación de las autoridades de Estado de mantenerse al margen de la realización y promoción pública de cultos o incluso del ateísmo.

Toda promoción pública implica la adaptación de una postura de carácter oficial que impone un principio religioso, lo cual tácitamente, limita, menoscaba o anula las demás creencias que existen en el país. En el momento en que una autoridad adopta una postura religiosa de manera pública y en actos oficiales, está imponiendo una creencia desde el marco del Estado, ante ciudadanos que pueden no compartir tales cultos.

Es así que el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas o Culto Público refiere que:

“Artículo 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa .”

Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención sobre las creencias religiosas del individuo.

Es precisamente por tales motivos que todo acto de Estado debe realizarse en ausencia absoluta de toda alusión religiosa, de lo contrario, se estaría violando el principio de laicidad; a la vez se estaría limitando el derecho a la libertad de culto al que tienen derecho todos los ciudadanos mexicanos.

Si bien los funcionarios públicos y autoridades tienen la libertad de profesar cualquier religión, al ser una figura de autoridad deben abstenerse de realizar cualquier acto religioso, rito o mención de alguna creencia cuando se encuentran desempeñando sus funciones. Lo anterior, en el estricto respeto a las distintas creencias que existen en el país.

A pesar de lo anterior, el pasado 4 de octubre, la presidenta municipal de Centla, Tabasco, Guadalupe Cruz Izquierdo, incorporó un acto de culto religioso en su toma de protesta, en el que un pastor protestante bendijo a la alcaldesa. Asimismo, hacia el final del ritual, ella declaró “el pueblo de Dios declara que Centla está bajo el poder de Cristo Jesús, aleluya, y ninguna obra maligna prosperará. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro bendiciones sobre tu hija Señor, porque es sierva tuya”.2

Además de violar el principio del estado laico, tal acto limita y menoscaba el derecho a la libertad de culto, así como la garantía de que el Estado no profesará actos religiosos, misma que se encuentra establecida en el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, mismo que a la letra refiere:

“Artículo 2o. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo , los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

...

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.”

El principio de la separación entre el Estado y las iglesias constituye un eje fundamental de la conformación de México. Por respeto a la libertad de culto de los ciudadanos, las autoridades no pueden incorporar actos religiosos en ceremonias oficiales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación por los actos realizados en la toma de protesta de la alcaldesa de Centla, Tabasco, por transgredir el principio de laicidad del Estado mexicano, en los términos establecidos por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, investigue los actos ocurridos en la toma de protesta de la alcaldesa de Centla y, en su caso, proceda conforme a derecho.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 http://www.tabascohoy.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Aguascalientes, BC, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, SLP, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a armonizar las Cartas Magnas locales con lo previsto en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Laura Martínez González, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011,1 cambió de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicarlos en México.

Entre los principales cambios realizados se encuentran, entre otros, los siguientes:

1. Se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”.

La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales”.

2. El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.

3. En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad, integrado no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales, a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.

4. Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación pro personae , muy conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos.

Esto conlleva a que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que mejor proteja de a los titulares de un derecho humano.

5. Se señala, la obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

6. Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.

7. Se señala como obligación del Estado mexicano, el prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

8. Se prohíbe de manera explícita la discriminación por causa de “preferencias sexuales” . Anteriormente el texto constitucional solo se refería a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que generaba ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición.

9. Se establece que la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos.

10. El asilo adquiere rango Constitucional para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el “derecho de refugio ” para toda persona por razones de carácter humanitario.

11. Se establece que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Se subraya que en nuestras cárceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades.

12. Se establece el derecho de los extranjeros de ser oídos y vencidos en juicio para ser expulsados del país. Se señala que se debe respetar la “previa audiencia” y que la expulsión solamente procede en los términos que señale la ley, siempre que se siga el procedimiento que la misma ley establezca. También será una ley la que deberá determinar el lugar y el tiempo que puede durar la detención de un extranjero para efecto de su posible expulsión del territorio nacional.

13. Se incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos” . Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable.

14. Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, y se le transfiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas.

15. Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública. En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por el Senado o por la Comisión Permanente, si la recomendación proviene de la CNDH, o bien por la legislatura local en caso de que la recomendación fue expedida por una comisión estatal.

16. Las comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la reforma, de quejas en materia laboral.

17. Se establece un mecanismo de consulta pública y transparente para la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para los miembros del Consejo Consultivo de la propia Comisión.

18. En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando en el nivel legislativo . Se mandata a que se emita en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre reparación de las violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos; una ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas leyes, tanto a nivel federal como local, de las comisiones de derechos humanos.

Segunda. El 5 de octubre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer la actualización del estudio Constituciones estatales frente a la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 ,2 con fecha de corte al 31 de agosto de 2018, en donde señala que la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos fundamentales para lograr la reinserción del sentenciado es la disposición jurídica menos atendida.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que 15 entidades federativas aún tienen pendiente lograr el 100 por ciento de armonización constitucional en materia de derechos humanos, lo que se traduce en la imposibilidad de que las poblaciones de éstas puedan exigir y hacer totalmente efectivos sus derechos fundamentales.

La Comisión Nacional pone en relieve que el avance registrado es menor al que se esperaba a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, al tiempo que puntualiza que no basta con tener buenas leyes, sino que éstas deben materializarse mediante una adecuada aplicación.

De acuerdo con la cuarta edición del estudio de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, con fecha de corte al 31 de agosto pasado, Chiapas, Chihuahua, Morelos y Sonora son las entidades que registran el menor avance en la armonización de sus constituciones conforme a los mandatos de la citada reforma constitucional.

Así mismo, los estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, no han completado la armonización de sus constituciones.

En contraste, las 17 entidades que cuentan con el 100 por ciento de avance en la mencionada armonización son Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

De las disposiciones jurídicas previstas en la citada reforma, la que destaca por ser la menos atendida, ya que registra solo 65.63 por ciento de avance es la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado .

Entre las que muestran avance intermedio se puede citar la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, que registra 86.25 por ciento.

En cambio, las que muestran el mayor avance son el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, que tiene el 100 por ciento.

El mencionado Estudio, que será entregado al Congreso de cada entidad, permite advertir cambios importantes como los ya mencionados en algunos estados durante los últimos tres años, donde los legisladores locales se han dado a la tarea de modificar los respectivos textos constitucionales para ponerlos en consonancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2011.

La Comisión Nacional de los derechos Humanos considera que las entidades federativas que ya cuentan con el 100 por ciento de avances han cumplido con el primer paso en la búsqueda de una mayor protección de los derechos fundamentales, por lo que enfatiza que la siguiente etapa, que es igualmente relevante, consiste en hacer valer ese marco jurídico y ampliarlo a la legislación secundaria para garantizar el efecto útil de las normas.

Tercero . Es decir, a pesar de las evidentes bondades de la reforma a la Constitución Federal, se requiere que la totalidad de las entidades federativas realicen la armonización correspondiente a fin de otorgar protección a todos los habitantes y personas que se encuentren dentro de territorio mexicano.

A más de 7 años de haberse realizado esta trascendental reforma a la Carta Magna en materia de derechos humanos, no se entiende el ¿por qué? no han terminado de armonizarse las constituciones de las entidades federativas con la general dela República.

Por mejor redactada que esté la norma suprema, no basta por si sola para cambiar una realidad de constante violación a los derechos.

Esta es sin duda la ruta que debemos recorrer para que en México se respete la dignidad de todas las personas. Es una tarea urgente e indeclinable del Estado mexicano.

Lo anterior representa un reto de la mayor importancia para los legisladores de los Congresos estatales.

Con base a las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, para que a la brevedad posible armonicen sus constituciones locales con lo previsto en la reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación. 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reconoce constitucionalmente los derechos humanos de las personas y establece las garantías para lograr su efectiva protección. Incorpora disposiciones en materia de derechos humanos que den cumplimiento a los tratados internacionales de los que México sea parte.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_re f_194_10jun11.pdf

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Laura Martínez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a impulsar la completa cobertura del Seguro Popular a la población para garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Barrera Badillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; y demás relativos del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Salud, José Ramón Narro Robles, a girar las ordenes necesarias que impulsen la completa cobertura del Seguro Popular a toda la población con la finalidad de garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en el sistema de salud cobra gran relevancia debido a que permite a los individuos mantener altos estándares de funcionamiento y, de este modo, realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria, así lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con esta institución, el estado mexicano destinó en 2014 un 3.3 por ciento del PIB, reflejándose en el incremento de la esperanza de vida en mujeres en 79, 2 años y en hombres 74, 4 años, es decir, un aumento promedio de 2 y 4 años en la esperanza de vida.1

Con el objetivo de hacer valer el derecho a la salud con el que cada mexicano cuenta, estipulados en el párrafo 4 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 6 de la Ley General de Salud; en 2004 entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud que posibilitó la instauración del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), comúnmente identificado como Seguro Popular.2

Desde el momento de su fundación, el Seguro Popular establece que su objetivo principal radica en proteger a la población que no cuenta con un seguro social de gastos médicos, buscando de este modo que todos los integrantes de las familias afiliadas al Seguro Popular tengan acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos. Acorde con lo anterior, se debe entender como “seguro social de gastos médicos” a la cobertura que las distintas instancias de salud del sector público, o privado, proporcionan a la ciudadanía para atender problemas de esta índole. Actualmente, el rango de cobertura que el Seguro Popular ofrece a sus beneficiarios se estima en un total de 250 intervenciones médicas, las cuales van desde consultas generales hasta tratamientos quirúrgicos. El listado completo se puede consultar en su página oficial.

En México, las principales dependencias del sector público responsables de brindar seguridad social a la población mexicana son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Seguro Popular, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Servicio de Salud de Petróleos Mexicanos. No obstante, el problema que acontece en gran parte de las dependencias antes citadas radica en el hecho de que son sistemas de seguridad social contributivas, donde el beneficiario paga una cuota a lo largo de su desarrollo laboral para acceder a los servicios de alguna de estas dependencias, o en casos muy concretos, se encuentra orientado a cubrir las necesidades en materia de salud a los trabajadores de ciertos sectores laborales.

En un escrutinio de los sectores laborales que cada una de las dependencias antes citadas atiende, observamos que, dentro IMSS se encuentran adscritos aquellos trabajadores del sector privado, miembros de sociedades cooperativas de producción, estudiantes, así como artesanos, trabajadoras domésticas, ejidatarios, por mencionar algunos. De forma paralela, el ISSSTE se encarga de ofrecer los servicios de salud a gran parte de los trabajadores del gobierno federal. Sin embargo, es el ISSSFAM la dependencia habilitada para brindar los servicios de salud a las distintas ramas que componen las Fuerzas Armadas de México, es decir, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. Finalmente, el Servicio de Salud de Petróleos Mexicanos, como su nombre lo indica, es el encargado de suministrar los servicios de salud a todos los trabajadores pertenecientes a Petróleos Mexicanos.

El Seguro Popular presenta un caso contrastante con el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y el Servicio de Salud de Petróleos Mexicanos, debido a que, al ser un programa de seguridad no contributiva y no estar focalizado a atender a alguno de los distintos sectores laborales, garantiza mayores posibilidades de acceder a los servicios de salud. En otras palabras, para ser beneficiario de esta dependencia no es necesario el pago de cuotas, o no es requisito su pertenencia a alguno de los sectores laborales.3

De acuerdo con el registro más reciente, emitido el 27 de agosto de 2018, el Seguro Popular registró 53 millones de personas adheridas a su programa, representado un 42.9 por ciento del total de la población.4 Pese a ser una cifra significativa, los datos más recientes con los que cuenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evidencian que en 2016, alrededor de 19.1 millones de mexicanos, un 15.4 por ciento del total de la población, aún no contaban con el acceso a los servicios salud.5 Sin embargo, destaca que para ambos registros preexiste un desfase temporal, por lo cual, se desconoce la cifra real de los mexicanos que todavía carecen de los servicios de salud.

Actualmente privados de una cobertura médica los consultorios anexos a farmacias ofrecen aproximadamente 455 mil consultas al di?a, una cifra que por muy poco iguala a las 500 mil consultas que ofrece el IMSS.6 De acuerdo con varias estimaciones, México tiene que multiplicar los servicios de salud entre 52 por ciento y 123 por ciento para atender las Enfermedades Controlables No Transmisibles de hoy y las esperadas para 2030.7 En nuestro país, los hogares dedican el 2.05 por ciento de su gasto total a gastos relacionados con la salud. Del gasto de los hogares en salud, el 40 por ciento se utiliza para cubrir gastos de consulta y otros servicios a la salud, el 30 por ciento para la compra de medicamentos y; el resto del gasto en salud se emplea en atención hospitalaria, análisis clínicos, compra de dispositivos médicos, seguros médicos y otros.

Pese a lo que establece el párrafo 4 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 6 de la Ley General de Salud, el contraste se presenta en la realidad mexicana, la cual permite aseverar la ineludible necesidad de ejecutar acciones que amplíen el rango de personas suscritas al Seguro Popular, así como la urgencia de datos actuales que brinden un panorama certero en torno al número de personas aún carecen de estos servicios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud a girar las ordenes necesarias que impulsen la completa cobertura del Seguro Popular a toda la población con la finalidad de garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud, Dr. José Ramón Narro Robles, a hacer público un informe pormenorizado de las cifras actuales de personas adheridas a alguna dependencia pública de seguridad social, así como de aquellas que no cuentan con acceso a los servicios de salud.

Notas

1 Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Desde el paciente. 25/09/2018, de Banco Interamericano de Desarrollo Sitio web: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/9041/Desde-el-paci ente-Experiencias-de-la-atencion-primaria-de-salud-en-America-Latina-y- el-Caribe.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 Sistema de Protección Social en Salud. 25/09/2018 de Sistema de Protección Social en Salud. Sitio web: http://www.seguropopular.org/

3 Sistema de Protección Social en Salud. (2018). Beneficiarios de Protección Social en Salud de Seguro Popular. 25/09/2018, de Sistema de Protección Social en Salud. Sitio web:

https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-prot eccion-social-en-salud-de-seguro-popular

4 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). 25/09/2018, de Instituto Mexicano del Seguro Social Sitio web:

http://www.imss.gob.mx/

5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2016). La carencia por acceso a los servicios de salud 2010-2016: evolución y retos. 24/09/2018, de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sitio web:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza _16/Notas_PoPobre_2016/Documento_salud_2010-2016.pdf

6 Consultorios de farmacias, cerca de ofrecer mismo número de consultas que el IMSS, Díaz Maldonado, Israel, Saludiario, disponible en www.saludiario.com/consultorios-de-farmacias-muy-cerca-de-ofrecer- mismo-numero-de-consultas-que-el-imss/ consultado el 20 de febrero de 2018

7 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/02/Dia?gno?stico_ G3P.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de un padrón de artesanos y registro de sus creaciones como plataforma de apoyo a las políticas públicas en defensa de esos productores, así como una guía de derechos de autor para artesanos en la lengua materna, y al impulso de una campaña de registro gratuito de derecho de autor, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente diputada Rosalinda Domínguez Flores , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México cuenta actualmente con 68 pueblos originarios, que representan cerca de 11 millones 132 mil 562 habitantes distribuidos en todo el país.

Que cada pueblo tiene una cultura propia que ha transmitido de generación en generación, así como un arte de creación, podemos determinar que los artesanos mexicanos a lo largo del tiempo han creado piezas con diseños inigualables, utilizando recursos naturales de su región e historia.

Es conocido por los estudiosos del arte que, la artesanía tradicional requiere técnicas, capacidades y conocimientos especializados y tradicionales que a menudo son de considerable antigüedad, en la elaboración se construyen expresiones culturales tradicionales y plasman conocimientos tradicionales.

Todo producto elaborado por artesanos de pueblos indígenas tiene en su haber un contexto de características comunes que le hacen de un alto valor histórico y cultural, entre ellos podemos citar;

-Se trata de obras producidas por artesanos, de forma enteramente manual o con la ayuda de herramientas manuales o el uso de medios mecánicos, siempre y cuando la contribución manual directa del artesano siga siendo el elemento más importante del producto acabado;

-Son representaciones o expresiones que simbolizan la cultura del artesano;

-Son obras que comprenden una amplia gama de productos hechos de materias primas;

-Las características distintivas pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente;

-No existen restricciones especiales en cuanto a la cantidad de producción y no hay dos piezas exactamente iguales.1

Por lo tanto, podemos referir que nuestro país es cuna de la diversidad cultural, que, en conjunto, nos dotan de identidad nacional, a través del patrimonio increíblemente variado que va desde la gastronomía y el folclor hasta la música y las técnicas textiles.

Que ello ha permitido el abuso de grandes empresarios pues existen casos señalados de diseñadores de empresas extranjeras y mexicanas que venden productos con diseños y técnicas similares a las creadas por los diferentes pueblos indígenas del país. El problema reside en que no hacen mención alguna sobre donde nace este arte, y sobre todo no se otorga merito monetario a manera de ganancia a los pueblos indígenas originarios de ese producto artesanal.

Se tienen documentados casos en los que empresas internacionales simplemente plagian diseños y los comercian masivamente a precios elevados y los creadores no reciben remuneración, ni reconocimiento por el tiempo dedicado a su obra artesanal.

Entre los casos podemos citar:

1. A principios de 2017, se dio a conocer una denuncia de la comunidad de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, en Oaxaca. Expresaban su descontento hacia la empresa Intropia que estaba comercializando una copia de un huipil originario de la región oaxaqueña en 198 euros, sin dar crédito alguno a sus creadores.

2. Un diseño elaborado en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, es una de las prendas representativas de la indumentaria tradicional de las mujeres de la zona. La iconografía y material (hilos rojos y negros) hacen referencia directa a la cosmovisión y cultura de su comunidad. En 2015, la marca francesa Isabel Marant lanzó una colección con patrones que son plagio del diseño de esta blusa. Cuando la comunidad hizo la denuncia, se dieron cuenta de que no sólo esta empresa los había plagiado. También la empresa Antik Batik lo hacía desde 2014.

3. Rapsodia, una marca Argentina, también está envuelta en un problema similar por haber copiado iconografía zapoteca de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco para el diseño textil de una camiseta.

4. En 2016, la tienda de muebles y diseño interior The Pottery Barn, presentó una colección que contiene 10 piezas que plagian diseños tradicionales de los artesanos otomíes.2

En México, el trabajo de más de 11 millones de artesanos continúa siendo afectado por la piratería de sus productos. Solo en 2014 esta práctica ilegal ganó 69 millones de dólares, lo que representa 60 por ciento de las ventas totales.3

Que según lo dieron a conocer el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), con la piratería de artesanías como un común denominador en prácticas desleales al mercado artesanal mexicano, se ponen en riesgo 23 mil empleos.

Según datos del Inegi, más de 12 millones de personas viven en México del comercio de las artesanías, una actividad que se estima contribuye al PIB en 490 mil millones de pesos.4

La conceptualización debe verse no solo como un tema económico y jurídico, tiene de fondo implicaciones sociales trascendentales, que acreciéntala marginación y la pobreza de los pueblos indígenas de nuestro país.

Que es a priori construir un diseño de planificación de la producción artesanal, motivo del presente exhorto.

Con base en lo anterior, la suscrita pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Economía (SE) y a las secretarías de Cultura de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus alcances, realicen un padrón de artesanos y registro de sus productos, que sirva como plataforma de apoyo a las directrices de políticas públicas en beneficio de la defensa de los productores de bienes artesanales.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Economía (SE) para que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) realicen una Guía de derechos de autor para artesanos, en la lengua materna, e impulse una campaña de registro de derecho de autor gratuito, para artesanos de pueblos indígenas.

Notas

1 http://www.wipo.int/

2 https://masdemx.com/2017/

3 http://www.milenio.com/

4 https://www.reporteindigo.com/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 11 días de octubre de 2018.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del 65 aniversario del reconocimiento del derecho femenino al sufragio en México, con fecha 17 de octubre de 2018, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, fracción IV; 79, fracción II, y III y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”, escribió Hermila Galindo, feminista-sufragista-mexicana.

2. En el marco de la conmemoración del 65 Aniversario del Sufragio Femenino; el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional que decía: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos...”

3. Es importante destacar a mujeres como Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Aurora Jiménez, así como el Club las Hijas de Cuauhtémoc, al Partido Feminista Revolucionario, al Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias y al Primer Congreso Feminista como protagonistas de esta lucha; y es fundamental acentuar que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas no fue una concesión sino el resultado de una ardua y permanente lucha de miles de mujeres a lo largo de la historia de nuestro país.

4. Las mujeres en México obtuvimos el derecho al sufragio mucho después de Estados Unidos de América, Ecuador, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Chile, Haití y Bolivia, quince países en nuestro continente reconocieron a las mujeres como ciudadanas antes que el nuestro.

5. Después de esta victoria, la inserción de las mujeres en el ámbito público ha estado plagada de obstáculos propios de esta cultura patriarcal, la participación de las mujeres en los distintos órganos de representación popular; cargos en la administración pública de las entidades locales, federales y en las principales instancias de toma de decisión, aún se encuentra limitada. Y es en esta LXIV (sexagésima cuarta) Legislatura, que hemos logrado la paridad al menos en número.

6. Hace dos décadas, solo Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda tenían más de 30 por ciento de mujeres parlamentarias, con Suecia encabezando la lista con 40.4 por ciento. Y en la actualidad Bolivia, Granada, México, Nicaragua, Costa Rica y Cuba están dentro de los primeros diez parlamentos, con más de 40 por ciento de parlamentarias.

7. El género es materia universal, que atañe desde lo personal, hasta las relaciones de poder, que en su conjunto están invariablemente determinados por la cultura. La lucha de las mujeres a lo largo de la historia y el camino trazado por cada una de ellas en todos los ámbitos, han modificado con el tiempo la forma de considerar a los hombres y a las mujeres, así como las relaciones entre ambos. No se puede tolerar, ni justificar, ninguna forma de discriminación ejercida contra nosotras.

8. Logramos llegar al tiempo en que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal plasmado en nuestra Constitución y reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, pero la historia nos ha enseñado que sólo nosotras lo haremos valer.

9. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), establece que los estados parte tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

10 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, establece que una de las acciones de los estados parte es proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas (...).

11. En México vivimos un momento histórico sin precedentes, las mujeres obtuvimos 48.2 por ciento de curules en esta Cámara de Diputadas y Diputados, lo que nos coloca en el cuarto lugar en porcentaje de participación en las Cámaras del mundo. Y por ello es necesario que se destaque y visibilice este logro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda que, en la plataforma de comunicación, así como en documentos y papelería oficial de esta Cámara de Diputados, se inscriba la leyenda conmemorativa: “LXIV Legislatura de la paridad de género”.

Fuentes

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

• Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México; doctora Patricia Galeana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a detener la inseguridad y prevenir la violencia en Tehuacán, a cargo del diputado Alejandro Barroso Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Barroso Chávez, diputado federal por el Distrito XV del estado de Puebla, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Seguridad, libertad y justicia. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, que se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros; en nuestro Estado democrático de derecho, constituye un elemento indefectible, que permite establecer límites al ejercicio del poder y aplicar el derecho, para procurar una convivencia armónica.

Se requiere que las instituciones encargadas de la seguridad pública federal y del estado de Puebla, retomen la urgente responsabilidad de garantizar el bienestar social de los pobladores del municipio de Tehuacán.

El 23 de agosto de 2018, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla tomó el control de la seguridad en la región de Tehuacán, a través del mando único, por razón de la falta de resultados positivos para garantizar los derechos fundamentales de los pobladores por parte del municipio, pero a pesar de esto y por la poca responsabilidad de las autoridades estatales se han incrementado en los últimos días acontecimientos graves como son ejemplo de ello, hechos violentos, sólo en la última semana del mes de septiembre, de donde resultaron víctimas, diferentes ciudadanos entre ellos estudiantes y empresarios.

Por otra parte, la reacción de los ciudadanos de Tehuacán no se ha hecho esperar, ya que el pasado lunes 8 de octubre del presente año se manifestaron en marchas para ser escuchados y se tomen acciones palpables y urgentes por el gobierno municipal aun en funciones y el gobierno estatal representado por el ciudadano José Antonio Gali Fayad, ya que no queremos más violencia e incertidumbre en nuestra ciudad.

Por lo que, gobernador constitucional de Puebla, José Antonio Gali Fayad, lo exhorto de manera respetuosa y por lo establecido en la Constitución Política del estado libre y soberano de Puebla en sus artículos 1, 7, párrafo quinto, 12, fracción I, 70, 79, fracciones III y X, así como al encargado de la Fiscalía General de Justicia del Estado por los artículos 95 y 101 de mismo ordenamiento legal a:

A) Que a través de la implementación de mayores elementos de Policía Estatal en concordancia con el municipio de Tehuacán y la solicitud de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se pueda mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y demás disposiciones de observancia general.

B) Que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantenga el orden público y preserve la paz y la estabilidad social de Tehuacán, ejerciendo el mando del Cuerpo de Seguridad Pública estatal; se aprueben las políticas, instrumentos y criterios necesarios en materia de seguridad pública, con la finalidad de que todo ciudadano ejerza su derecho a la justicia.

C) Asimismo, tomar las acciones necesarias para el esclarecimiento de los delitos denunciados en esta ola de violencia que acosa a la ciudad de Tehuacán y que incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común cometidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente, el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente resolución

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extienda un respetuoso exhorto al gobernador constitucional del estado libre y soberano de Puebla y a la Fiscalía del mismo, para detener la inseguridad y prevenir la ola de violencia en la ciudad de Tehuacán, Puebla.

Segundo. Se exhorta a que haga públicas las peticiones que se le han realizado respecto a la seguridad de nuestro municipio, con el fin de conocer las acciones realizadas de su gobierno en esta materia e informar oportunamente a la ciudadanía tehuacanense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días de octubre del año 2018.

Diputado Alejandro Barroso Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al pronto esclarecimiento del asesinato del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al pronto esclarecimiento del asesinato del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En muchas partes del país, se vive una situación de inseguridad y de violencia extrema que impacta a miles de ciudadanos. En últimos días, la sociedad de Oaxaca y Tuxtepec conoció la lamentable desaparición del joven estudiante José Andrés Larrañaga Canalizo quien fue privado de la vida en Puebla donde se encontraba estudiando. La indignación creció al punto de que la sociedad civil ejecutara movilizaciones públicas por el lamentable estado de inseguridad en la región de Tuxtepec.

El homicidio de José Andrés Larrañaga no es el único perpetrado en contra de un joven de Tuxtepec. En junio pasado, el presunto feminicidio de la ingeniera química Fany Janet Gregorio Ascencia, provocó conmoción al saberse que fue asesinada por su pareja sentimental. Aunque se dio la detención del presunto asesino,1 los habitantes de Tuxtepec viven continuamente una delicada situación de inseguridad.

Las muertes de estos jóvenes son el ejemplo desafortunado de la descomposición social que sufrimos en México debido a políticas de seguridad ineficaces. El caso que motiva esta Proposición no es el único. Desafortunadamente, desde 1998, según reportes periodísticos, ocho estudiantes universitarios fueron asesinados en Puebla por sus compañeros para obtener ganancias por el producto de secuestros o plagios.ii

Tuxtepec es de los municipios más violentos del estado de Oaxaca. De acuerdo con los datos de Semáforo Delictivo, en agosto pasado la entidad registró un número superior en cuanto a los homicidios cometidos, 65 por ciento más de la media nacional.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aportó cifras realmente preocupantes cuando, en los primeros cuatro meses del año, Oaxaca registró 407 homicidios dolosos pudiendo constatarse la elevación en la incidencia de este delito;iii sin embargo, podría ser mayor debido a la cifra de ilícitos no denunciados.

En 2016, el Informe sobre Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México del Observatorio Nacional Ciudadano determinó que “en San Juan Bautista se observó que 4 de los 6 delitos incrementaron, pero fueron los homicidios dolosos y los secuestros los que tuvieron índices superiores al triple de las que se reportaron en 2015. Además, la tasa de secuestros de esta demarcación fue la más alta respecto a la de los otros dos municipios analizados”.iv

De 2016 a la fecha, la situación en Oaxaca y en san Juan Bautista Tuxtepec no ha variado. Los jóvenes se han convertido en presa de la delincuencia mientras las oportunidades para su desarrollo cada vez son más escasas. En esta ocasión, la sociedad de Tuxtepec se muestra indignada por el secuestro y muerte de José Andrés Larrañaga Canalizo presuntamente asesinado por dos compañeros estudiantes.

La violencia que vive Tuxtepec manifiesta hechos violentos contra jóvenes mujeres que atentan gravemente contra sus derechos humanos, la vida, su integridad y seguridad. Las víctimas sufren estos delitos por omisión y acciones ilícitas de autoridades las cuales, en colusión con los agresores, impiden el acceso a la procuración de justicia porque las entidades estatales son incapaces de llevar a cabo las garantías de respeto a la ley y de prevención o erradicación de la violencia contra miembros de grupos especialmente vulnerables.

La seguridad en Oaxaca ha venido a menos sufriendo una particular descomposición que agobia a los habitantes de la entidad. En los últimos cinco años se incrementan las recomendaciones de los organismos de derechos humanos en diversos ámbitos cuando no se ha dado la adecuada atención en la procuración de justicia.

Un ejemplo lo tenemos cuando, en el Segundo Informe 2013-2014 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el mayor número de recomendaciones fueron para las autoridades competentes en la procuración de justicia. El mismo reporte afirma: “Los derechos humanos violados en los casos que derivaron en recomendación fueron a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, y la prohibición de ser privado de la libertad de manera arbitraria; a la educación, a la libertad de asociación, a la seguridad jurídica y al trabajo; al acceso efectivo a la justicia y a la seguridad jurídica, por la inejecución de diversos laudos; a la legalidad y a la seguridad jurídica; al acceso a la justicia, a la legalidad y seguridad jurídica; a la libertad de conciencia y de religión; a la libertad y seguridad personales, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y a los derechos a la mujer; a la igualdad y al trato digno, así como a la integridad y seguridad personales; a los derechos de la niñez y a la legalidad y seguridad jurídica; a la vida, a la protección de la salud, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente”.

El crecimiento alarmante de homicidios dolosos y feminicidios hacen necesario que se dé un exhorto al Ejecutivo del Estado de Puebla y a las autoridades ministeriales del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de su competencia realicen las indagatorias que deslinden las responsabilidades para la pronta consecución de la justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias por delitos contra la integridad personal.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia, impulse el desahogo de las indagatorias relativas al presunto secuestro y homicidio del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo y se otorgue la efectiva reparación del daño moral y/o material además del resarcimiento de los perjuicios ocasionados a sus familiares.

Segundo. Se exhorta al fiscal general del estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia, realice las investigaciones exhaustivas que esclarezcan el presunto secuestro y homicidio del joven de origen tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo.

Tercero. Se exhorta al fiscal general del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice los estudios y actividades que permitan un diagnóstico efectivo de las causas del delito y se den las efectivas medidas para prevención de homicidios dolosos y feminicidios en el municipio de san Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Notas

i Cae homicida de joven química de Tuxtepec, Oaxaca. Lo detuvo la AEI, 21 de junio, 2018, en:

https://www.nvinoticias.com/nota/95375/cae-homicida-de-j oven-quimica-de-tuxtepec-oaxaca-lo-detuvo-la-aei

ii Con José Andrés, 8 universitarios de Puebla han sido secuestrados y asesinados por sus compañeros, 8 de octubre de 2018, en: http://www.sinembargo.mx/08-10-2018/3481804

iii Suman 407 víctimas de homicidio en Oaxaca en los últimos cuatro meses: SESNSP, 25 de mayo, 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-407-victimas-de-homicidio-e n-oaxaca-en-los-ultimos-4-meses-sesnsp

iv En Informe puede consultarse en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/170629VERSI%C3%93N_digital _FINAL_VF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a once de octubre de dos mil dieciocho.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las prácticas monopólicas de gas LP en Baja California, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada por el estado de Baja California, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II, III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de que entrara en vigor la reforma energética de 2013, la Presidencia de la República aseguró que los precios de la luz y del gas disminuirían, pero en la práctica no ocurrió así, los precios subieron.

México fue el tercer país con más aumento inflacionario en energéticos, apenas debajo de Noruega y Australia comparando febrero de 2017 y 2018, según el Índice de Precios al Consumidor más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La liberación del gas en México en enero de 2017 ha causado una marcada subida de hasta 50 por ciento en los precios, una realidad que desde el sector atribuyen al costo internacional y a fallas logísticas, aunque expertos alertan de una posible ampliación en el margen de beneficio de los distribuidores.

La liberación de precios en el sector no se empató con un nuevo análisis de las condiciones monopólicas, y en el momento en que se libera el precio, los monopolios, como en toda parte del mundo, ejercen el poder de mercado y aumentan precios.

De acuerdo con datos del Inegi, desde la segunda quincena de diciembre de 2016 a la primera de 2018 los precios en gas LP que se consume en 75 por ciento de los hogares mexicanos aumentó 49,5 por ciento.1

El negocio del gas licuado de petróleo (LP) en Baja California es muy valioso. Es la entidad que tiene más demanda en el noroeste de México y es el segundo estado que lo vende más caro en el país, después de Baja California Sur.

Actualmente se pagan 950 pesos por un tanque de 45 kilos. Hace dos años costaba la mitad, y esto es porque no hay precios competitivos. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2017 a 2018, Baja California tuvo un incremento del 39 por ciento en el costo del gas LP.

Varias gaseras han tratado de incursionar en el negocio, pero existen dos compañías que dominan el mercado de gas LP, Zeta y Silza, y cobran el precio por litro más caro entre las marcas que se comercializan en Baja California, estas marcan la pauta de cuánto pagará para rellenar sus tanques de gas LP, sumado a esto de la mitad de las plantas que distribuyen gas en el estado son propiedad de estas dos empresas.

Los consumidores mexicanos carecen de derechos. La legislación actual facilita los abusos en la venta de bienes y la prestación de servicios, en materia de precios y de calidad. Así, los consumidores concurren a un mercado controlado por oligopolios en una situación de verdadera desventaja, sin organización, con la debilidad que da actuar a título individual.

Existe una investigación que abrió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para detectar monopolios en el mercado del gas LP en México. Las empresas, Zeta y Silza, almacenan el 80 por ciento del gas LP que se vende en Baja California, el 20 por ciento restante, se lo dividen cuatro empresas más pequeñas.

la Comisión Reguladora de Energía (CRE) confirmo que de las 18 plantas que están operando en el estado, 11 pertenecen sólo a Zeta y a Silza.

La Cofece comenzó en agosto de 2017 una investigación para detectar comportamientos anticompetitivos en el país, pero apenas lo anunció en febrero pasado, y no ha revelado resultados, aunque la investigación sigue en curso y es la primera que realizan a nivel nacional a 25 años de que existe una ley que regula la competencia.2

La CRE dijo que detectó probables prácticas monopólicas absolutas, y eso es lo que investiga la Cofece. Según la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas ocurren cuando empresas que deberían competir se organizan para fijar, elevar o manipular precios. Si la investigación demuestra que estas prácticas existen, la CRE podría imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de sus ingresos.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en el sector, dice que esto no representa un peligro para el consumidor. Esta no ha sido transparente en sus manejos y se aduce que ha caído en corrupción en sus resoluciones.

Las gaseras cobran de la siguiente manera, Zeta Gas 60.2 por ciento, Silza 19.5 por ciento, Star Gas 6.9 por ciento, Kino 6.3 por ciento, rivera gas 4.7 por ciento, Gaspasa 2.3 por ciento.

A pesar de que existen seis marcas diferentes para el comercio de gas LP en Baja California, las más pequeñas y más baratas tienen poca capacidad de distribución.

Debemos apoyar a los pequeños empresarios para que puedan presentar las condiciones de competencia. La Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 esa posibilidad, en caso de que no existieran condiciones de mercado en el gas LP.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Secretaría de Energía a que investigue el desempeño de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en Tijuana y sus zonas conurbadas en Baja California, para que se conduzca en estricto apego a derecho en las resoluciones para dar certeza jurídica a las nuevas inversiones en el estado de Baja California en materia de gas LP y se investigue los posibles actos de corrupción en los que ha incurrido.

Segundo. Se exhorta a la Cofece para que haga públicos los resultados de las investigaciones sobre las prácticas monopólicas de gas LP de las empresas Zeta y Silza en Mexicali, Baja California.

Notas

1 http://www.info7.mx/nacional/aumenta-el-precio-del-gas-en-mexico-sospec han-monopolio/2076396

2 https://newsweekespanol.com/2018/05/huele-a-monopolio/

Dado en Palacio Legislativo, a 11 de octubre del 2018.

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“América, tierra de libertad para todos los seres humanos”

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón avisto por primera vez el actual continente americano, con ello dio paso al intercambio cultural, comercial, así como al sometimiento de los pueblos radicados en las nuevas tierras, pero mas allá de todo ello, se forja una nueva identidad: la mezcla de razas da origen a sentimientos de arraigo que más tarde darían origen a la diversidad de naciones que hoy conforman el actual continente americano, los sueños de destacados patriotas como Simón Bolívar de construir una gran nación mas allá de regionalismos quedaron en eso un sueño, sin embargo hoy todos los nacidos en este extraordinario continente lleno de contrastes en todos los ámbitos, somos americanos, los son los de América del Norte, pero también los del centro del continente y hasta la Patagonia.

Es por ello que rechazamos la existencia de actitudes xenófobas que propician el odio y el resentimiento por cuestiones de nacionalidad o color de piel, porque apreciamos en ello el sometimiento de una cultura por otra; difícilmente se puede entender el engrandecimiento de una nación sin la contribución y el concurso de las demás.

Que esta celebración sea motivo que nos lleve a reflexionar en la necesidad de ir en contra de la existencia de la exacerbación de nacionalismos y de la falsedad de la superioridad de razas, que lejos de facilitar la convivencia humana le dificultan. Los ideales de los fundadores de todas las naciones americanas desde Washington, Hidalgo, Morelos, Bolívar, San Martin, por mencionar algunos, están basados en el principio de libertad, sin ella no puede existir el desarrollo de los pueblos, y esta libertad tiene como base el respeto a los derechos humanos: salud, vivienda, alimentación, educación, medio ambiente sano y, por supuesto, el de migrar cuando las condiciones no son propicias al bienestar del ser humano.

América debe estar abierta a la migración constante, como origen transito y destino. Los Estados hoy más que nunca requieren de articular una bien planeada cooperación que permita atender a los miles de migrantes que requieren amplio apoyo en materia de asistencia, protección e inserción social; para que los beneficios vayan desde el migrante hasta cada uno de los Estados involucrados, atendiendo a los compromisos asumidos en los tratados internacionales existentes, convirtiéndolos de un conjunto de buenas intenciones en hechos que propicien el engrandecimiento de las naciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Este 11 de octubre conmemoramos, como desde hace siete años, el Día Internacional de la Niña, que tiene por origen reconocer los derechos de las niñas y los múltiples problemas que enfrentan cotidianamente.

En el mundo hay 1,1 mil millones de niñas y cada una de ellas merece igualdad de oportunidades para un futuro mejor.

Quiero destacar la importancia del 19 de diciembre de 2011, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170, que declaraba esta fecha como el Día Internacional de la Niña.

Por lo tanto, sabemos que en nuestro país al igual que en el mundo, las niñas son discriminadas por su género y edad. No sólo se les niega la oportunidad de desarrollar todo su potencial, sino también las hace más vulnerables a sufrir desnutrición, ser objeto de violencia e intimidación.

Por ello este día, al igual que todas las fechas, debemos difundir la lucha contra la desigualdad de género y promover la igualdad de derechos para las niñas.

Para lograr la igualdad, el avance de los géneros y de los pueblos, la ONU y sus Estados miembros, en el año 2015, aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Algunos de estos objetivos, particularmente el quinto, busca mejorar las posibilidades para que las niñas y mujeres jóvenes sean empoderadas y gocen de igualdad. Asimismo entre los puntos propuestos destacan:

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

Con estos puntos se considera que será la mejor forma de romper el círculo de pobreza y desigualdad que con frecuencia se transmite de generación en generación, ya que las niñas que han sido empoderadas están alzando su voz para luchar por sus derechos y su protección en todos los ámbitos.

Tenemos el reto de trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, para que se reconozcan sus derechos indígenas y para construir comunidades unidas y pacíficas.

Aprovechemos la coyuntura para erradicar la pobreza, la violencia de género, el embarazo en la adolescencia y el acceso desigual a las oportunidades y crear un mundo justo para las niñas que aún están marginadas, discriminadas y violentadas.

Hoy y todos los días, no podemos ni debemos ser indiferentes ante las necesidades de las niñas.

Sus necesidades materiales, sociales y afectivas deben ser el centro de atención de una sociedad protectora de la infancia. No sólo porque son las más vulnerables, sino también porque tienen derechos, pero menor capacidad para reivindicarlos y exigirlos.

Por ello, juntos debemos legislar para que todas las niñas de nuestro país puedan decir con alegría y orgullo; tengo igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de educación y participación. Tengo el derecho a vivir sin violencia, sin matrimonio infantil y sin discriminación.

¡Muchas Gracias!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)