Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla a atender la violencia contra las mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, el INAI y el Inegi a realizar gestiones a fin de retomar y concretar la instalación de la plataforma garante del derecho a la información en el tema migratorio, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un programa de manejo integral de residuos sólidos y una estrategia de comunicación para crear conciencia ciudadana sobre los criterios de separación y recolección, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para evaluar y analizar la situación económica de la UAEZ y el Fondo de Compensación del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP recursos para el rescate financiero de diversas universidades, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Michoacán y de Nahuatzen a acatar la sentencia del expediente número TEEM-JDC-035/2017, emitida por el Tribunal Electoral de ese estado, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez
• Con punto de acuerdo, relativo a la defensa del derecho colectivo de creadores y herederos del proceso prehispánico del mezcal de origen cultural y tradición artesanal de los pueblos indígenas zapotecas y chontales de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la permanencia y el funcionamiento de las unidades de igualdad de género de la APF, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer acciones tendentes a prevenir y atender con oportunidad los casos de influenza en la temporada invernal, a cargo de la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para emprender acciones dirigidas a frenar el incremento de accidentes en la autopista Saltillo-Monterrey, suscrita por los diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a eliminar de manera permanente el cobro de peaje en la Autopista del Sol, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil a establecer acciones a fin de prevenir accidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la temporada decembrina, en especial entre niños y jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para atender y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Sinaloa, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar a las instituciones públicas de educación superior los recursos necesarios a fin de que se cumplan sus tareas de docencia e investigación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial y los inmuebles donde laboran, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de garantizar suficiencia de recursos para cumplir las obligaciones legales en favor de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación, con objeto de hacer efectivo el ejercicio del derecho humano a la educación, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Efemérides

• Con motivo del Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla a atender la violencia contra las mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputada Federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del grupo parlamentario morena de la LXIV Legislatura Del Congreso De La Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento De La Cámara De Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

La creciente violencia hacia las mujeres es una cuestión preocupante a nivel nacional, la violencia generada por la condición de género, se da en todos los ámbitos, desde personas muy cercanas a la víctima hasta desconocidos, esta violencia puede ser desde insultos hasta, los casos más graves, los feminicidios.

El artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo V, de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres, define la violencia feminicidio como:

Artículo 21. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.

“En 1979, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el primer organismo internacional que detectó y reprobó la gravedad de la violencia contra las mujeres y reconoció explícitamente que esta situación en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo, y aprobó en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer”1 .

La violencia contra las mujeres y su raíz -la discriminación- es un problema grave de derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral (Convención Belém do Pará)2 .

El acceso a la justicia, para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos constituye uno de los derechos más importantes, no se trata de tener la posibilidad de levantar una denuncia, más bien de que existan recursos jurídicos que sean idóneos para investigar, sancionar y, en su caso, repara las violaciones denunciadas.

En este caso corresponde al Ministerio Publico la investigación, en el artículo 3 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla:

Artículo 3. Para la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público el mando y conducción de los agentes investigadores y de los servicios periciales y, en su caso, de los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales.

Por conducción se entiende la dirección jurídica que ejerce el Ministerio Público sobre las instituciones policiales en la investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Por mando se entiende la facultad del Ministerio Público de ordenar a las instituciones policiales actos de investigación y de operación3 .

Dado que la Fiscalía General del Estado de Puebla es la encargada de decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones para imponer sanciones, tal como lo establece el artículo 4 del mismo ordenamiento:

Artículo 4. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. La Fiscalía General del Estado de Puebla gozará de autonomía técnica y de gestión para su administración presupuestaria y para el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, y para imponer las sanciones administrativas que establezca esta ley y su Reglamento.

Ejercerá sus facultades atendiendo a la satisfacción del interés de la sociedad, y sus servidores públicos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y diversos periódicos de circulación tanto local como nacional han denunciado esta preocupante situación “la violencia contra la mujer es un problema creciente en Puebla y en muchos casos es la antesala del feminicidio y es que la entidad registró un total de 4 mil 241 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer de enero a junio de 2018, cifra que representó 23 casos diarios en promedio, reveló el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Donde denuncian que se reciben 23 denuncias al día, lo cual es un dato que debe de considerarse como preocupante.4

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que atienda de manera pronta y eficiente el fenómeno creciente de la violencia de género principalmente del feminicidio en la entidad.

Notas

1 Inegi. (2011). Panorama de la Violencia hacia las mujeres en México, DF: S/E.

2 Véase: Convención Belém do Pará;

https://www.conapred.org.mx/leyes/convencion_belem_do_pa ra.pdf

3 Ley Orgánica De La Fiscalía General Del Estado De Puebla, Articulo 3.

4 Véase: https://www.periodicocentral.mx/2018/pagina-negra/tragedias/item/16999- en-puebla-se-registran-22-denuncias-al-dia-por-violencia-contra-la-muje r-revela-snsp#ixzz5ZQuBoSjT

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, el INAI y el Inegi a realizar gestiones a fin de retomar y concretar la instalación de la plataforma garante del derecho a la información en el tema migratorio, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Elisa Gonzalez Estrada, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Gobernación para formular y dirigir la política migratoria del país, toma en cuenta la opinión de diversas autoridades, las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil; el 26 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El Consejo tiene como objetivo detonar un diálogo interinstitucional para impulsar acciones y programas que atiendan las diferentes dimensiones de la migración internacional en México; cuenta con atribuciones para emitir opinión sobre la formulación e instrumentación de la política migratoria, analizar los programas, proyectos y acciones en la materia, proponer iniciativas específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas migrantes, entre otras.

Se ha consolidado como un espacio para la democratización del diálogo en materia migratoria, toda vez que está integrado por los principales actores que diseñan y ejecutan la política migratoria del país, así como aquéllos que estudian el tema migratorio y trabajan directamente con la población migrante, convirtiéndolo en un consejo plural, de crítica constructiva, incluyente y transparente.

El Consejo trabaja bajo las directrices establecidas en nuestra Carta Magna, las convenciones internacionales y la normatividad nacional en materia migratoria, sus recomendaciones están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de Migración 2014-2018.

Por lo anterior expuesto el pasado 31 de agosto de 2016, se realizó la segunda sesión ordinaria del su Consejo Consultivo de Política Migratoria, en donde el maestro Salvador Berumen Sandoval, director general adjunto de la Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó la propuesta para crear la Red de Información y Estadística Migratoria (RIEM) y la plataforma con información migratoria.

Dichas red y plataforma, se anunció que sería de gran utilidad para los migrantes, ya que los datos serán proporcionados por entes e instituciones reconocidas, como son:

A. Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos (INAI)

B. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

C. De la academia

D. Sociedad civil.

Estos datos serian validados y confirmados por la red antes de subirlos a la plataforma, para contar con datos duros y precisos de la información que dé seguridad a los usuarios.

Estas herramientas se encuentran establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que hasta el momento no se tiene ningún reporte o informe de las instituciones involucradas, sobre los motivos del porqué no se han activado. Ante esta situación, una servidora preocupada por los intereses de los migrantes, en esta ocasión eleva su solicitud para que se indique porque la red y plataforma tan necesarias y anunciadas por las autoridades migratorias, no ha sido puestas en marcha, siendo imperiosa su pronta activación toda vez que hará accesible la información vital y útil para la vida diaria de los migrantes, así como para los académicos, sociedad civil y dependencias, interesadas en el tema migratorio.

Es importante señalar que con la creación de esta plataforma se logrará entre otras cosas lo siguiente:

• Diseñar una plataforma especializada que concentre en un solo sitio la información en la materia, que hoy está dispersa en diversas instancias, y por lo tanto no ayuda a la población objetivo.

• Facilitar el acceso a la información de los programas en materia migratoria.

• Difundir documentos especializados y estudios en la materia.

• Generar sinergias y optimizar esfuerzos entre los actores de la información y a la población que va dirigida.

Para implementar la red y plataforma es necesario:

• Diseñar y operar una plataforma virtual con información útil para las personas migrantes.

• Identificar qué actores y fuentes de información se cuentan en materia migratoria.

• Clasificación y validación de los contenidos de dicha información.

• Instituciones federales y locales que cuenten con apoyos para migrantes.

• Datos generales de los funcionarios de las dependencias por estado y en Estados Unidos de América (EUA), para poderlos ubicar rápidamente.

• Direcciones, correos electrónicos y teléfonos de las instituciones.

• Datos duros del número de migrantes que existen, así como su paradero.

La plataforma sería la primera en concentrar esta información, ya que hasta el momento sólo se cuenta con estimaciones, toda vez que la información puede resultar dispersa e imprecisa.

Debemos tomar en cuenta que el mayor corredor migratorio del mundo se encuentra entre México y EUA.

Por su posición geográfica, actualmente llegan a México más de 150 mil migrantes indocumentados, según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la mayoría provenientes de Centroamérica.

Esta cifra llega hasta los 400 mil migrantes, según organizaciones civiles. Por lo que México, en su condición Geográfica, es un país de captación y tránsito de migrantes.

La plataforma deberá contar con información de los tres órdenes de gobierno, de los congresos de los estados, de las instituciones, organismos internacionales, las personas migrantes y la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que a la brevedad active la Red de Información y Estadística Migratoria (RIEM) y la Plataforma con información migratoria, que garantice el derecho a la información sobre el tema migratorio.

Notas

1 Consultado en:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consjo_Consultivo, fecha de consulta: 13 de septiembre de 2018.

2 Consultado en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2774/1/images/
12%20Minuta%20sesi%C3%83%C2%B3n%2031de%20agosto%20de%202016.pdf, fecha de consulta: 13 de septiembre de 2018.

3 Consultado en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465., fecha de consulta: 13 de septiembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un programa de manejo integral de residuos sólidos y una estrategia de comunicación para crear conciencia ciudadana sobre los criterios de separación y recolección, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con las entidades federativas y municipios, instrumente un programa para el manejo integral de los residuos sólidos; asimismo, una estrategia de comunicación para concientizar a la población sobre los criterios de separación y recolección de los residuos sólidos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que los residuos sólidos son materiales que se utilizan en las actividades domésticas; los que provienen de establecimientos, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos.1

Los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los primeros se refieren a sustancias que se pueden descomponer en un tiempo relativamente corto, como las hierbas, hojas, verduras, raíces, vegetales, madera, papeles y cartón, principalmente; en tanto que los segundos son los que se descomponen fácilmente y llevan ciclos en degradarse como son los plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos y de construcción.

Concientizar a la población forma a contribuir hábitos y actitudes positivas respecto a la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos que se generan en los hogares, con lo que se prevé disminuir las cantidades de consumo, reutilizar al máximo los objetos y materiales en diferentes usos, antes de que se conviertan en basura; reciclar los materiales, a fin de convertirlos de nuevo en materia prima.

Para dimensionar la magnitud de este asunto, cabe señalar que, según el Banco Mundial, más de la mitad de la población del orbe, no tiene acceso a servicios regulares de recolección de basura. En 2012, este organismo prendió la alarma en su destacado informe, “What a Waste ” (Qué desperdicio ), en donde predice un incremento del 70 por ciento en los montos de basura urbana para el año 2025.2

Por su parte, en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se recolectan 86 mil 343 toneladas de basura al día, es decir, 770 gramos por persona; tan sólo en la Ciudad de México se produce una quinta parte del total nacional.3

Los desechos o residuos peligrosos son aquellos que, por sus características tóxicas, corrosivas, reactivas, infecciosas o inflamables, significan un riesgo potencial a la salud o al medio ambiente, cuando su manejo se hace de manera inadecuada e ilícita.

Los desechos peligrosos son cada vez un problema más grave que afecta la salud de las personas, los cuales pueden provenir de las industrias, hospitales, productos químicos, alimentos y medicamentos caducos, desechos de establecimientos (baterías, aceite quemado, lodo, escombros), y muchos otros sitios donde se llevan a cabo procesos químicos.

Pero, el problema no sólo está en la basura, sino también en quienes la generan y en quienes, consciente e inconscientemente, compran basura. Como ocurre con las gomas de mascar, confituras con olor, cuando se compra algo, dan bolsas plásticas, las cuales, luego se tiran a la basura, lo mismo ocurre con muchos juguetes cuyas cajas se tiran directamente a la basura, entre otras.

Estos desechos son un problema complejo, difícil, caro y riesgoso. Algunas organizaciones y empresas ofrecen sus servicios calificados y ponen a buen resguardo estos productos; sin embargo, ni siquiera se tiene una idea clara de cuántos desechos son dejados al aire libre sin que nadie sospeche siquiera, que representan un problema de salud pública.

Ante esta problemática, resulta indispensable que se instrumente un programa para el manejo integral de los residuos sólidos y campañas de concientización sobre el manejo de los residuos sólidos, en todo el país, con el objeto de contribuir a un medio ambiente sustentable y proteger la salud de la población.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo primero, establece que se debe “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; y garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.4

En este marco, resulta necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades locales, instrumente acciones encaminadas al manejo y la gestión integral de los residuos sólidos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con las entidades federativas y municipios, instrumente un programa para el manejo integral de los residuos sólidos; asimismo, una estrategia de comunicación para concientizar a la población sobre los criterios de separación y recolección de los residuos sólidos.

Notas

1https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe_12/pdf/ Cap7_residuos.pdf

2 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/03/waste-not-want-n ot—-solid-waste-at-the-heart-of-sustainable-development

3 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 18 de diciembre del año 2018.

Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para evaluar y analizar la situación económica de la UAEZ y el Fondo de Compensación del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Fernando Luis Manzanilla Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El gasto en educación que destina la Federación a las entidades federativas tiene como antecedente el 18 de mayo de 1992, fecha en la que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) entre el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y es a través de los Ramos 23 y 11 el origen de las transferencias federales.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 1993 se creó el Ramo 25, denominado Aportaciones para Educación Básica en los Estados, con la finalidad de dotar a las entidades federativas de los recursos requeridos en el proceso de descentralización del sector educativo y a su vez, dicho Ramo se integró con transferencias de recursos que formaban parte del Ramo 11 Educación Pública.

Desde el origen del citado Acuerdo Nacional, el Gobierno federal se comprometió con los estados de transferir los recursos suficientes para cubrir las necesidades crecientes de gasto en educación, tal como textualmente lo establece: “El Ejecutivo federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los compromisos que adquiere en este Acuerdo Nacional....”

Asimismo, a partir de 1998 entra en vigor la adición del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, denominando Aportaciones Federales, provocando que los recursos transferidos del Ramo 25, se integraran al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), presupuestalmente a través del Ramo 33, etiquetando su ejercicio a la atención de necesidades de educación básica y normal.

En la determinación para la distribución del FAEB se ha considerado la matrícula pública de educación básica, el índice de calidad educativa para cada estado, el gasto estatal destinado a educación básica, entre otros.

A las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas en diciembre de 2013, se modifica conceptualmente el FAEB, para dar vida al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), dejando el ejercicio 2014 como el año de transición, con el objeto de integrar la nómina que a consideración de la Federación le corresponde, y en su caso, dejar a cargo de los estados la nómina que es de su responsabilidad.

Bajo este contexto, en 2014 varios estados pudieron incluir en ese mecanismo la mayor parte de su plantilla de maestros, la cual era cubierta con ingresos propios y apoyos de la Federación.

Para 2015 que entra en operatividad el FONE, se observa que 16 estados crecieron del 13 al 51 por ciento, con relación a lo que recibieron en 2014, dentro de los que destaca Aguascalientes e Hidalgo, que sin presentar problemas en el gasto en educación, les fue incluido la plantilla que venían cubriendo con ingresos propios, interpretándose un alto matiz político en esa distribución.

Asimismo, a estados como Oaxaca y Michoacán, que históricamente han observado insuficiencia de recursos para atender esa obligación presupuestal, tuvieron el apoyo de la Federación de haberlos incluido a sus maestros en el FONE, reduciendo con ello la problemática financiera que presentaban.

Sin embargo, el estado de Zacatecas, que presentaba la misma problemática de insuficiencia de recursos para atender a los cerca de 10 mil maestros, que ha venido cubriendo con ingresos propios y apoyos de la Federación no regularizables, esto no fue posible, por causas que desconocemos, ya que se asignó un discreto incremento de tan sólo el 0.78 por ciento, cifra alejada totalmente de la media que en la que se ubicó Chihuahua con el 12.87 por ciento.

Este acontecimiento ha significado un constante déficit presupuestal para Zacatecas, tal es el caso que en la pasada administración gubernamental del estado se recrudece la problemática del gasto destinado a educación, y ante el apoyo parcial de la Federación, y no contar con recursos suficientes para cubrir esta obligación presupuestal, reformaron la Constitución Política del Estado para otorgar la factibilidad jurídica de contratar deuda pública cuyo destino sea cubrir la nómina de educación estatal.

En este sentido, la deuda pública fue observando un constante crecimiento, que de igual forma ha afectado financieramente al estado, al avanzar de 625 millones de pesos en 2010, a 7 mil 598 millones de pesos en 2016. Desde que inició la administración del gobernador Alejandro Tello no sólo se ha contenido este crecimiento de la deuda pública, sino que esta se ha ido reduciendo, como resultado del refinanciamiento de la misma.

Respecto a los apoyos que el estado de Zacatecas anualmente ha recibido del gobierno federal, para cubrir las necesidades de gasto en educación, estas se realizaban a través de los Ramos 11 y 23, destacando los años 2014 y 2016, cuando estos llegaron a ser de cerca de 3 mil millones de pesos y 2 mil 400 millones de pesos, respectivamente.

Es de destacar que la exigencia que debe hacerse a los gobiernos de los estados es implementar una política fiscal que permita acrecentar sus ingresos, acompañado de medidas de contención, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto.

Misma que este estado ha cumplido, pues desde 2017 se implementó una reforma hacendaria integral (10 nuevos ordenamientos jurídicos), con un alcance altamente recaudatorio, al incrementar los impuestos y derechos vigentes y la creación de cinco impuestos, de los cuales cuatro son de carácter ecológico y que se encuentran controvertidos por el Poder Ejecutivo Federal, así como la implementación de las leyes de Disciplina y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios y la de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Estas acciones permitieron ser considerados como una entidad federativa con endeudamiento sostenible (semáforo verde), con base en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como al elevar el nivel de calificación de deuda pública, otorgada por Fitch & Ratings y Hr Ratings.

A la fecha, Zacatecas sigue presentando esta problemática, los requerimientos anuales alcanzan los 2 mil 500 millones de pesos, por lo que es necesario que el gobierno federal apoye, como anualmente lo viene haciendo, para resolver esta adversidad financiera del estado.

Una de esas soluciones es la integración de Zacatecas en el subfondo del FONE denominado “Fondo de Compensación”, el cual otorgaría certeza y solución, ya que este incluye a las entidades federativas que no sólo hayan “perdido” en la conversión de FAEB a FONE, sino que en la práctica han representado un instrumento jurídico-financiero para a compensar sus necesidades de gasto en educación.

Finalmente, en los próximos días se estará analizando por esta soberanía, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, instrumento jurídico para considerar la incorporación del estado de Zacatecas en el citado subfondo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, evalué y analice la situación económica en la que se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, así como lo relativo al FONE, Fondo de Compensación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputados: Fernando Luis Manzanilla Prieto, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Óscar Rafael Novella Macías, Alfredo Femat Bañuelos, Carlos Alberto Puente Salas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Samuel Herrera Chávez, Ma. de Jesús García Guardado y Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP recursos para el rescate financiero de diversas universidades, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de universidades públicas de las entidades federativas está en crisis, principalmente por el déficit en sus sistemas de pensiones, el cual sólo se ha atendido de manera coyuntural, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el estudio de la ASF, a partir de 2002 que se inició un programa de fortalecimiento financiero para las universidades basado en la entrega de fondos, el remedio ha sido sólo de corto plazo, pues representa sólo el 4 por ciento del pasivo de las pensiones.1

Como es bien sabido, la situación es especialmente grave en la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La crisis de estas instituciones de educación superior pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes que hoy son estudiantes en dichos centros educativos que en caso de que tuvieran que cerrar, hoy no podrían tener una opción inmediata para continuar con sus estudios; sin contar con los miles de trabajadores y pensionados que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Tal situación ya ha sido discutida en el Congreso de la Unión, ante sendos puntos de acuerdo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, los cuales habían estado dirigidos a la administración de Enrique Peña Nieto.

El pasado 19 de septiembre, aprobamos en esta Cámara de Diputados el punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del PT, para crear una comisión de diputadas y diputados para que, junto con los rectores de cada universidad involucrada, soliciten audiencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, “para que se diera cuenta del estado que guardan los convenios ya elaborados correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera”.2

De la misma forma, en la Cámara de Senadores se aprobó un punto de acuerdo presentado por la senadora de Morena, Lucía Virginia Meza Guzmán, para exhortar al Ejecutivo federal, para ese entonces encabezado todavía por Enrique Peña Nieto, para que se agilizaran los trámites para el rescate financiero de las universidades.3

Sin embargo hoy estamos por iniciar la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, y es importante volver a plantear este asunto para que el rescate financiero de las universidades sea considerado, pues el problema no ha sido resuelto.

En este sentido, cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha mostrado interés en destinar importantes recursos para los jóvenes de México, mediante diversos programas de becas y apoyos para su empleo. En el periodo de la transición, el presidente electo celebró una reunión con rectores de 191 universidades, integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la que se comprometió con firmar un acuerdo que incluya ampliar el presupuesto destinado a la educación e incrementar de manera paulatina la cobertura en este nivel educativo.4

Sin embargo, posteriormente ha anunciado que se abrirán 100 nuevas universidades públicas en el país para atender la gran demanda de espacios para los estudiantes. Dado que el recurso es limitado, consideramos que esta medida puede contrarrestar el presupuesto a las universidades públicas y centros educativos y de investigación ya existentes.

Desde esta tribuna, y con mucho respeto, aprovecho para hacerle un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que antes de crear 100 nuevas universidades públicas, fortalezca las universidades autónomas con las que ya cuenta nuestro país, comenzando por la Universidad Nacional Autónoma de México, y las universidades autónomas estatales que han sido por muchos años espacios de formación de mujeres y hombres de bien, e instituciones fundamentales para nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, no necesitamos crear nuevas universidades cuando contamos con instituciones de excelencia que lo que necesitan es que sean fortalecidas. Si la crisis por la que atraviesan ha sido provocada por malos funcionaros, que se investigue en el marco de la ley, pero los jóvenes estudiantes no tienen por qué pagar las consecuencias de malas administraciones, y no podemos echar por la borda la gran experiencia del personal laboral y académico de estas instituciones.

Si esta soberanía aprobó antes un punto de acuerdo para que la administración encabezada por Enrique Peña Nieto destinara los recursos necesarios para el rescate de las universidades estatales, sería una incongruencia no hacer el mismo exhorto para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ocupe del mismo tema. Sobre todo porque el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año ha sido trabajado por el equipo de transición y los ahora titulares de las dependencias federales.

Si hubo un rescate financiero para los bancos, ¿por qué no habríamos de aprobar un rescate financiero para nuestras universidades?

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se consideren los recursos necesarios para el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Notas

1) “Grave crisis en las universidades públicas estatales, alerta la Auditoría Superior”, Enrique Méndez, publicado en La Jornada el 30 de octubre de 2017. Última consulta, 10 de diciembre de 2018 https://www.jornada.com.mx/2017/10/30/politica/011n1pol

2) Con Punto de Acuerdo “Por el cual se solicita audiencia con el titular de la SHCP para que dé cuenta del estado de los convenios correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de urgencia financiera.” Aprobado con fecha del 19 de septiembre de 2018. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-II.html#Prop osicionUOR3

3) Proposición con punto de acuerdo presentado el 11 de septiembre de 2018, por la senadora Lucía Meza. www.senado.gob.mx

4) “Firmaré acuerdo con universidades antes de diciembre: AMLO”. Laura Poy y Emir Olivares, publicado en La Jornada el 15 de agosto de 2018. Última consulta, 11 de diciembre de 2018. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/15/firmare-acuerdo-con-unive rsidades-antes-de-diciembre-amlo-151.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de diciembre de 2018.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Michoacán y de Nahuatzen a acatar la sentencia del expediente número TEEM-JDC-035/2017, emitida por el Tribunal Electoral de ese estado, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez

La suscrita, diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente proposición con proyecto de punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La comunidad de Nahuatzen se encuentra en la meseta purépecha de Michoacán. Desde 2015 iniciaron un proceso de construcción de autonomía como pueblo indígena. Recientemente, consiguieron el reconocimiento del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen como la autoridad responsable para el ejercicio del presupuesto que corresponde a su comunidad bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017 resuelto por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, por lo tanto fueron reconocidos como autoridad indígena.

A partir de este momento comenzó un proceso de gestión de gobierno encabezado por cuatro representantes de cada uno de los cuatro barrios que integran la comunidad, así el Consejo Ciudadano Indígena de gobierno de Nahuatzen ha sido clave para el cuidado del bosque, su reforestación, la promoción del deporte y una amplia gama de obra pública.

Este ejercicio del derecho a la libre determinación, no ha sido bien recibido por el actual presidente municipal David Otlica, en tanto que la administración del municipio quedó divido entre esta persona y el Concejo Indígena, quién desde el momento en el que entró en funciones, implementó una ofensiva para impedir que el consejo pueda continuar con sus labores.

Es así que el pasado 1 de noviembre el director de análisis y desarrollo político Noel García Cancinos citó a las 5 de la tarde una reunión en la comunidad de Huecorio al Concejo y ayuntamiento para buscar un convenio de paz duradera. Ese mismo día al atardecer, policías municipales presuntamente mandados por las autoridades municipales golpean al chofer de recolección de basura y por la tarde balacean a otro colaborador del Consejo Ciudadano Indígena de Gobierno en la salida a Arantepacua. La situación escaló aún más el 7 de noviembre, cuando una comisión del Consejo fue citada por el Gobierno del Estado para dialogar sobre la utilización de lo que habían sido las oficinas del ayuntamiento y que desde 2015 se utilizó como la Casa Comunal. En dicha negociación, el grupo que iba en representación del ayuntamiento aprovechó el retiro de los representantes del gobierno del estado para privar de la libertad por 12 horas a la comisión del Consejo. En este contexto de amenaza el Consejo aceptó abandonar la Casa Comunal hasta que una autoridad competente pudiera determinar qué autoridad podría ocupar el espacio.

Días después, el domingo 11 de noviembre fue detenido en Morelia José Gerardo Talavera Pineda, quien rentó la casa en la que el Consejo había decidido operar temporalmente, al día siguiente fue detenido el concejal José Luis Jiménez Meza las orillas de la comunidad y dos días después el concejal José Antonio Arreola Jiménez. Las detenciones estuvieron a cargo de la policía de investigación y se realizaron con violencia, particularmente la detención de Antonio ocurrió en su casa y sus hijos pequeños fueron encañonados y amenazados por parte de los policías. De acuerdo a información proporcionada por los mismos presos, los primeros días que estuvieron encarcelados fueron golpeados durante las noches por personas desconocidas.

Una de las condiciones de la reclusión en la que se encuentran las personas referidas, es que han sido víctimas de acoso de parte de guardias de seguridad y autoridades penitenciarias, esto además abona a la condición de persecución política que se desprende de las distintas violaciones a sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso legal, puesto que a pesar de tratarse de estar acusado por delitos que alcanzan fianza esta le ha sido negado por parte de las autoridades pertinentes.

Por lo que es urgente que las autoridades estatales y municipales no sólo acaten lo establecido en la sentencia referida del tribunal electoral de Michoacán sino garanticen la vida y la integridad de los miembros del Consejo Ciudadano Indígena de gobierno de Nahuatzen en específico al representante del consejo Enrique Capíz Avilés y José Luis Jiménez Álvarez quienes en fechas recientes han sido víctimas de persecución política.

Puntos de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al ingeniero Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán y a David Otlica, alcalde el municipio de Nahuatzen a acatar y respetar la sentencia del expediente TEEM-JDC-035/2017 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y a parar el acoso policiaco y judicial en contra de las y los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Gobierno de Nahuatzen así como a sus familiares y colaboradores.

Por lo anterior, solicito se integre al orden del día, para su exposición y turno a comisiones respectivas, el martes 18 de diciembre del presente.

Diputada Ana Lucía Riojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la defensa del derecho colectivo de creadores y herederos del proceso prehispánico del mezcal de origen cultural y tradición artesanal de los pueblos indígenas zapotecas y chontales de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor siguiente

Antecedentes

1. El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen mezcal , para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre, la cual ha sido objeto de modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 29 de noviembre de 2001, 3 de marzo de 2003, 22 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 2015 y 24 de diciembre de 2015.

2. Conforme a dicha resolución y sus posteriores modificaciones, actualmente se encuentran comprendidos en la región geográfica protegida los municipios de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en Oaxaca, la zona denominada “región del mezcal”, que comprende Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán; San Felipe y San Luis de la Paz, Guanajuato; San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas Jaumave, Tula, Cruillas, Jiménez y Méndez, Tamaulipas; Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa, Michoacán; Acajete, Acatlán de Osorio, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Altepexi, Amozoc, Aquixtla, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Axutla, Caltepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchan, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chietla, Chigmecatitlán, Chignahuapan, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Eloxochitlán, Epatlán, General Felipe Ángeles, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Huitziltepec, Ixcamilpa, Guerrero; e Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Quecholac, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlapanalá, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlan, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán Salinas, Zautla, Zinacatepec y Zoquitlán, Puebla.

Considerandos

1. El 8 y 9 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió, por conducto del director adjunto de la Propiedad Industrial, sendas resoluciones que modifican la resolución general mencionada que protege la denominación de origen de la bebida mezcal mencionada, incluyendo nuevos municipios de Aguascalientes, Puebla, Morelos y estado de México que se dicen productores de mezcal, sin que respetara la consulta a los pueblos indígenas que representamos.

2 . Las resoluciones que modifican la declaración general de protección de la denominación de origen del mezcal, materia de la presente controversia constitucional, violan los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas de Oaxaca, productores de mezcal, debido a que en el proceso para determinar la inclusión en la denominación de origen, de diversos municipios de Aguascalientes, estado de México, Morelos y Puebla, no consideraron la consulta previa a los pueblos indígenas reconocidos como productores de mezcal en la modificación de la declaratoria general o resolución, conforme a lo que disponen los artículos 1o., 2o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 15, apartado 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como es de explorado derecho, el derecho indígena es el conjunto de concepciones y prácticas consuetudinarias, orales, que organizan la vida interna de los pueblos originarios; es decir, los que padecieron un proceso de conquista, cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano, surgido en el siglo XIX, y conservan total o parcialmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas, culturales y prácticas económicas.

Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de México son individuales y colectivos.

• Tanto los derechos humanos y las garantías individuales reconocidos en nuestra Carta Magna, por la que se considera que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas considerando su libertada para ejercer respetuosamente, entre otros derechos, su libertad de expresión, reunión y manifestación, en sus propias lenguas.

• Los derechos colectivos corresponden al libre ejercicio de su autonomía política para decidir su desarrollo humano, sustentable, social, económico, jurídico, político y cultural.

Así las cosas, tenemos que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de México está reconocido en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución federal, que establece la obligación del Estado de consultarlos, por ser entidades de interés público, en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo, tal y como es el caso de la producción del mezcal como práctica social, cultural y económica de los pueblos zapotecas y chontales que representamos.

El derecho a la participación ciudadana o política de los indígenas para elegir a sus representantes y tomar decisiones públicas, está reconocido a título individual, como todo ciudadano mexicano, para ser ejercido dentro y fuera de sus comunidades; y también a título colectivo como entidades de derecho público para formar parte de los órganos del poder político del Estado mexicano; por lo que es innegable su inclusión en los ámbitos políticos y económicos de México, como el caso del aporte cultural y económico que los pueblos indígenas zapotecas y chontales de Oaxaca han hecho con el mezcal, lo que motivó en un principio la Declaratoria General de Protección de Nominación de origen, que sin fundamentos sociales y antropológicos, ahora se ha modificado en favor de intereses económicos en áreas no productoras de la bebida.

Ahora bien, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas es contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, así como en nuestra CPEUM, lo que deriva en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo, lo que obliga a las autoridades a implantar protocolos de consulta efectivos a los pueblos indígenas, sin que la ponderación del resultado de la consulta, signifique violaciones a los procedimientos administrativos considerando las facultades discrecionales que la autoridad emisora tiene para allegarse de la información que derive en resoluciones ajustadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y colectivos de los auténticos creadores y herederos de los procesos de producción artesanal del mezcal, que han sido reconocidos en la denominación de origen para proteger la bebida de su degradación y comercialización sin calificar su calidad y origen cultural.

Los derechos a la tierra y sus recursos naturales, así como los derechos al desarrollo económico son el objeto principal a considerar en la consulta, debido a la depredación que persiguen los intereses empresariales nacionales e internacionales.

La OIT considera que, para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos indígenas, la consulta debe abarcar a todos los derechos reconocidos por lo que la convencionalidad obliga al Estado mexicano y sus representantes a la consulta, antes de emitir resoluciones que dañen, en el caso del mezcal, el producto y por ende la integridad social, cultural y económica de los productores que en su mayoría en los estados que abarca la declaratoria general, son indígenas.

Ahora bien, de la lectura del artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial es posible apreciar que la autoridad a quien rige dicha ley no tiene ninguna prohibición expresa para consultar a los pueblos indígenas cuando deba ponderar la modificación de una declaratoria de protección a la denominación de origen.

Sin embargo, tal y como ha quedado demostrado el IMPI sí está obligado, por nuestra Constitución federal y en los tratados internacionales, a implantar la consulta a los pueblos indígenas, si se considera que sus resoluciones puedan afectar su desarrollo económico y destruir su acervo cultural, tal y como en el caso las resoluciones modificatorias afectan al producto mezcal y sus productores zapotecas y chontales oaxaqueños.

Por ello, es menester la revocación de la resolución respecto a la ampliación de la denominación de origen mezcal, considerando que violan las garantías individuales, los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas zapotecos y chontales productores de la bebida mezcal, si consideramos que es obligación del Estado mexicano y sus representantes la protección y preservación de los pueblos indígenas y el fomento de su economía, por lo que se debió considerar que los fundamentos de la solicitud, no justifican la inclusión de los municipios de esos estados de la república en la denominación de origen mezcal, toda vez que las resoluciones modificatorias carecen de sustento antropológico, histórico, cultural, características químicas y organolépticas y procedimientos artesanales para la obtención de la bebida, que se dice se produce en esos territorios, que sin duda no se trata de mezcal, pasando por alto las normas oficiales para la producción de la bebida e inclinándose al interés comercial del centro del país, en detrimento de los auténticos productores (85 por ciento de la producción de mezcal procede de Oaxaca, en su mayoría por indígenas zapotecos y chontales).

Las resoluciones impugnadas de la emisora solo tiene sustento en la opinión técnica (cuestionable y no contrastada por otro medio especializado) de un entidad ajena a la bebida, como es el Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; por tanto, el sustento es endeble por no considerar el valor antropológico de la bebida y su auténtico origen e influencia territorial para su producción. La práctica sistemática del IMPI de sólo conceder valor a esa asociación civil, es por tanto parcial y sesgada, y por ello carece de fundamentación y motivación suficiente, en perjuicio inmediato de los pueblos que representamos.

La única entidad legítima para calificar la bebida y determinar si puede o no considerarse mezcal es sin duda el Consejo Regulador del Mezcal, y según éste organismo certificador sólo se puede producir mezcal en nueve estados: Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca, 2 municipios de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla.

Los mezcales son parte de la cultura mexicana, su historia está llena de vivencias creadas por las comunidades que los usan y conlleva un vasto conocimiento tradicional sobre el manejo de las plantas. El producto final es el resultado de la especie utilizada, el clima, el proceso de fermentación, la técnica de destilación y el recipiente en el cual es reposado. De tal forma que en cada botella van partes de una antigua tradición, de la tierra que vio crecer la planta y del saber de cada productor. La interrelación hombre-planta abarca desde la recolección y el aprovechamiento de ejemplares silvestres hasta el cultivo de variedades domesticadas. Ninguna bebida destilada del mundo procede de tal diversidad natural y cultural como el mezcal.

El mezcal y sus magueyes resultan importantemente prehispánicos y dignos del reconocimiento milenario, fuertemente arraigado a los nativos americanos, principalmente a los pueblos indígenas de Oaxaca que representamos, y que ahora son violados en sus derechos humanos individuales y colectivos al privarles de una mejor condición económica ampliando sin razón ni fundamento legal e histórico los municipios que productores de la bebida, en entidades que tradicionalmente no cultivan el maguey, ni destilan la bebida.

La conservación de los procesos artesanales y ancestrales del mezcal ha sido la apuesta más audaz que en su momento hicieron los mezcaleros modernos, lo que apartó el mezcal del camino de otras bebidas y lo diferenció de las mismas, consecuencia de que hoy el mezcal sea reconocido como la cultura líquida de México, y tenga otras expectativas que le han abierto mercados inimaginables para los pequeños productores indígenas.

El mezcal en los últimos años ha sido fuente de empleo directo para más de 17 mil hombres y mujeres en los nueve estados con denominación de origen y de empleo indirecto para otras 75 mil personas. A finales de 2017, las cifras del mezcal fueron alentadoras, logrando colocar en el mercado nacional 2.1 millones de litros, y exportar 2.8 millones a más de 60 países.

Una denominación de origen no puede convertirse en un genérico y los derechos derivados de registros o solicitudes de registro de marcas o avisos comerciales a todas luces, significan un desconocimiento de los derechos de las prácticas ancestrales en el cultivo o recolección del maguey, así como de los procedimientos de producción del mezcal, que los pueblos indígenas de Oaxaca poseen y son orgullo de México.

Es por demás estudiado que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue omiso en realizar la consulta a los pueblos indígenas, lo que conlleva a un incumplimiento descarado al debido proceso de designación de la denominación de origen aquí señalada. Según el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, la mayoría de municipios incluidos en la ampliación de la norma, a la que se refiere este pronunciamiento, no cumplen con las más importantes características para ser incluidas en la ampliación de la DOM, como ancestralidad, continuidad y procesos artesanales.

De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, cuando se recibieron las solicitudes de ampliación, las denominaciones de origen resultan ser producto de una determinada región que debe protegerse, pues están vinculados a los factores humanos y naturales de la región en comento. Las últimas tres solicitudes de ampliación, no cumplen y son inexactas con la existencia del producto (persistencia cultural), no presentan factores humanos (ancestralidad) y con mínima proporción cumplen los factores naturales (materia prima silvestre), pero ello no culmina el círculo virtuoso para reconocer y proteger una denominación de origen, y nos referimos a Aguascalientes, estado de México y Morelos.

Ampliar la denominación de origen mezcal por la mera coincidencia de la existencia de factores naturales, sin tomar en cuenta los culturales y la existencia del producto, pondría en riesgo la legitimidad de la denominación de origen, ya que Estados Unidos, Cuba, Haití, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Colombia, entre otros países, también podrían solicitar denominación de origen mezcalero, por el simple hecho de contar con diversos magueyes, pero nunca con mezcal , al faltarle los factores humanos, naturales y permanentes, que en su conjunto forman los elementos de los que se apartó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al ampliar la denominación origen mezcal.

Finalmente, y con el objeto de preservar las tradiciones y costumbres que engloban al Mezcal como una bebida ancestral que vincula a nuestro paladar con las tradiciones e historia de nuestros pueblos Oaxaqueños, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé entrada y trámite a la controversia constitucional que han presentado los pueblos, comunidades indígenas y el gobierno del estado de Oaxaca en defensa de su derecho colectivo como creadores y herederos del proceso artesanal y prehispánico del mezcal, y con ello, una vez estudiados todos los puntos señalados en esa controversia y llegado el momento procesal, declare:

a) La procedencia de la acción de controversia constitucional.

b) La nulidad de lo publicado el 8 y 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la ampliación de denominación origen “mezcal” ; y

c) Gire las debidas instrucciones al titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que revoque, en los términos planteados, la ampliación a la denominación de origen “mezcal”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la permanencia y el funcionamiento de las unidades de igualdad de género de la APF, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Elisa González Estrada, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que garantice la permanencia y funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Unidades de Igualdad de Género se crean como la instancia designada para tener los trabajos para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en la creación, en el diseño, en la planeación, en la presupuestación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas que impactan en todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Administración Pública, y coordinar interinstitucionalmente en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

EI Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la estrategia 6.5 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, se establece como línea de acción 6.5.4 crear y fortalecer a las Unidades de Género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad, por lo que resulta de suma importancia que las unidades de género de la Administración Federal cuenten con un presupuesto suficiente y equitativo con el objetivo de garantizar su funcionamiento y eficiencia.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 contempla diversas acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

Por lo que en la próxima planeación y programación por parte de la Administración Pública referente a todas las Unidades de Género, no se debe considerar ningún tipo de reducción de recursos para las Unidades del Poder Legislativo, Sagarpa y Sedatu o de ningún otro ramo como Hacienda, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transporte, Educación Pública, Trabajo de Previsión Social, Salud, Medio Ambiente, así como el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el ejercicio fiscal 2019, los recursos presupuestales para que operen sus respectivas Unidades de Igualdad de Género, deben de mantener o en su caso aumentar su presupuesto, es necesario que en el marco de del próximo análisis y discusión del presupuesto los legisladores dotados de estas facultades destinen recursos suficientes para la operación de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública, pues la insuficiencia presupuestal limita las capacidades de operación y garantía de la eficacia de las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

La Cámara de Diputados debe de respetar lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Con el objetivo de no vulnerar el funcionamiento y eficiencia de las Unidades de Igualdad de Género.

La proporcionalidad y equidad presupuestal debe ser un principio fundamental en el desarrollo para que la considere la Administración las partidas presupuestales equitativas y suficientes en las unidades de igualdad de género trastoca los objetivos que el estado mexicano contrajo para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres y hombres dentro de los tres niveles de gobierno.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que garantice la permanencia y funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Federal.

Notas

*http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ pef/2015/docs/to mo_1/tomo_1_agev.pdf

**http://www.diputados.gob.mx/PEF2016/models/PPEF/2016/d ocs/tomo_1/tomo_1 _agev.pdf

Dado en el salón de sesiones el 18 de diciembre del 2018.

Diputada Martha Elisa González Estrada

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer acciones tendentes a prevenir y atender con oportunidad los casos de influenza en la temporada invernal, a cargo de la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Frinne Azuara Yarzabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente los casos de influenza durante la temporada invernal, a fin de proteger la salud y economía de la población, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la llegada de la temporada invernal también inicia el periodo cuando las personas desarrollan enfermedades respiratorias, en gran medida ocasionadas por las bajas temperaturas y los cambios climáticos extremos en gran parte del territorio nacional.

La influenza es una de las enfermedades con mayor relevancia en las temporadas invernales que, como cada año, cobra la vida de personas y afecta la salud y economía de quien la llegue a padecer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la influenza es una infección vírica que afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales.

La mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte.

La OMS indica que existen cuatro tipos de virus de la gripe estacional:1

• Los virus de la gripe A que se clasifica en subtipos en función de las combinaciones de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). Los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el A(H3N2). El A(H1N1) también se conoce como A(H1N1)pdm09, pues fue el causante de la pandemia de 2009 y posteriormente sustituyó al virus de la gripe estacional A(H1N1) que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A.

• Los virus de tipo B no se clasifica en subtipos, pero los circulantes actualmente pueden dividirse en dos linajes B/Yamagata y B/Victoria.

• Los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública.

• Los virus de tipo D afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano.

Los principales síntomas de la influenza son fiebre arriba de 38 grados Celsius, tos y dolor de cabeza, que van acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas: escurrimiento nasal, enrojecimiento nasal, congestión nasal, dolor de articulaciones, dolor muscular, decaimiento (postración), dolor al tragar, dolor de pecho, dolor de estómago y diarrea.2

De acuerdo con especialistas epidemiológicos del país, durante la actual temporada de influenza se han registrado alrededor de 63 muertes a causa de la influenza, siendo la segunda cifra más alta desde 2012.3

La letalidad de esta enfermedad pasó de 1.6 a 6.6 por ciento al comparar la temporada pasada con la actual, debido a que 80 por ciento de los casos corresponde a la cepa A H1N1, la más agresiva.

Dicho virus afecta más al adulto joven que a los niños y adultos mayores, los cuales se ven más afectados por las cepas que predominaron la temporada pasada.

Desde la temporada pasada hasta la semana epidemiológica número 49 se registraron 11 muertes, 4 de ellas por A H1N1, y 350 casos, 251 de A H1N1. La cifra contrasta contra 936 casos que se acumulan en la temporada actual, de los cuales 751 son por H1N1.

Las poblaciones con mayor susceptibilidad a la cepa son quienes tienen otras enfermedades como diabetes, cáncer u obesidad y que además no están vacunados.

Respecto a las vacunas, el virus de la influenza muta en términos de su estructura molecular por lo que la vacuna no es totalmente efectiva, pero sí reduce de manera clara la cantidad absoluta de casos y disminuye el riesgo de complicaciones y muerte.

Es importante mencionar que también se puede contagiar este virus al tener contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

El Instituto Mexicano de Seguridad Social establece que para evitar enfermarse en esta temporada es necesario vacunarse, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, consumir frutas y verduras, evitar tener contacto con personas enfermas, y en caso de tener síntomas, acudir a consulta.

El virus de la influenza sigue teniendo una grave repercusión en la salud y el bolsillo de los pacientes, ya que cada año se registran cientos de enfermos y decenas de muertes a causa de una falta de atención médica, por lo que es importante que se sigan impulsando acciones que contribuyan a erradicar esta enfermedad.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a establecer acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente los casos de influenza durante la temporada invernal, a fin de proteger la salud y economía de la población.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal )

2 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/brasil-influenza

3 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/12/Salud-en-la-Pr ensa-Digital-del-10-de-diciembre-de-2018.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2018.

Diputada Frinne Azuara Yarzabal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para emprender acciones dirigidas a frenar el incremento de accidentes en la autopista Saltillo-Monterrey, suscrita por los diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Hernán Salinas Wolberg, integrantes del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los titulares del Poder Ejecutivo estatal de Coahuila de Zaragoza y Nuevo León, a emprender las acciones necesarias para frenar el incremento de los accidentes en la autopista Saltillo-Monterrey, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El 17 de noviembre de 2006, el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una concesión, por un periodo de 45 años, en favor de la empresa española Isolux-Corsán1 para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento Norponiente de Saltillo de la carretera Saltillo-Zacatecas y la autopista Saltillo-Monterrey, en los estados de Coahuila y Nuevo León.2

Esta última carretera, la Saltillo-Monterrey, ha sido escenario de una enorme cantidad de accidentes, desde que se inauguró en 2009 se han presentado un gran número de carambolas, choques, volcaduras y embotellamientos.

Dentro de estos múltiples accidentes, uno de los más aparatosos ocurrió el 27 de diciembre del año pasado, se trató de una carambola en la que participaron al menos 15 vehículos entre los que se encontraban tráileres y automóviles. Al igual que en estas últimas ocasiones, el que el principal factor que originó el percance fue de igual manera el clima, dejando cuantiosos daños y el cierre de la carretera.

Los percances registrados han provocado cientos de lesionados y lamentables pérdidas humanas, pero también ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en sus Anuarios estadísticos de accidentes en carreteras federales, desde el 2010 al 2017 los costos de los accidentes corresponden a:

Tabla propia con datos de los anuarios estadísticos en carreteras federales del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 y del estudio estadística accidentes de tránsito 2016 Coahuila.3

Desde el mes de octubre los percances se han incrementado de manera alarmante en esta autopista debido a las constantes lluvias registradas y a la neblina que dificultan el tránsito por este sitio. Esta situación ha provocado que diario ocurran accidentes.

El día 5 de este mes se registró un lamentable percance en el kilómetro 75 de esta autopista, dejando 2 muertos y 8 heridos. Otro accidente ocurrió dos días después, el viernes 7 en la misma carretera, se trató de un choque múltiple que ocasionaría que la autopista fuera cerrada.

El pasado sábado 8, la autopista Saltillo-Monterrey nuevamente fue cerrada debido a las condiciones climatológicas, es decir, fue la tercera vez en la semana que la carretera tuvo que cerrarse, afectando a miles de personas que tienen que trasladarse o trasladar mercancía de una ciudad a otra.4

Además de las malas condiciones y falta de señalamientos que posibiliten el tránsito seguro por esta carretera, otro gran problema que afecta directamente a la población es la elevada tarifa que se tiene que pagar para poder circular en esta autopista, cuota que ha sido incrementada en un 8 por ciento a principios de este año.

Cuando se inauguró la autopista en el 2009 el costo del peaje era de 39 pesos, los constantes incrementos han provocado que actualmente quien desee transitar por ella tenga que pagar 88 pesos, es decir, en tan sólo 9 años se ha incrementado un 125 por ciento su costo. No existe argumento válido que justifique este incremento, pues no es proporcional a la inflación, tampoco la calidad en el servicio ha mejorado y no se ha ofrecido una mayor seguridad a quienes transitan por esta carretera, las condiciones que presenta la autopista no van acordes con su alto costo.5

En este sentido dicha autopista ha sido catalogada por usuarios y medios de comunicación como costosa, peligrosa y confusa, debido a la falta de mantenimiento y señalamientos necesarios. Ante esta alarmante situación la iniciativa privada ya se ha manifestado, ha declarado que los constantes accidentes y cierres en la carretera han afectado la competitividad en la región y que es necesario realizar mejoras en la autopista.6

Resulta importante que las autoridades emprendan las medidas necesarias para prevenir accidentes viales y de esta manera proteger y garantizar los derechos humanos que el Estado mexicano y que cada entidad federativa tiene la obligación de hacer valer.

No podemos pasar por alto esta situación, a diario se pone en peligro la vida de miles de personas que utilizan esta autopista para trasladarse, es necesario que se tomen cartas en el asunto y se busquen soluciones para que aún con las inclemencias del clima, sea posible hacer uso de la autopista Saltillo-Monterrey de manera segura y, además, a un precio justo.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emprender las acciones necesarias para garantizar un tránsito seguro en la carretera de cuota Saltillo- Monterrey; revisar que el peaje que se cobra en dicha autopista sea idóneo y no se esté incurriendo en un cobro excesivo; y que se cerciore que esta autopista recibe el mantenimiento necesario.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza y Nuevo León para que instruyan realizar campañas de prevención de accidentes carreteros en la autopista Saltillo- Monterrey ante los fenómenos climatológicos adversos que presenta constantemente.

Notas

1 Isolux Corsán, disponible en:

http://www.isoluxcorsan.com/es/proyecto/autopista-saltil lo-monterrey.html

2 SCT, Título de concesión, disponible en:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/T itulos/doctos/43_1.pdf

3 STC, Estadística de Accidentes de Tránsito, disponible en: http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnico s/estadistica-de-accidentes-de-transito/

4 Otra vez cierran autopista Saltillo-Monterrey; ahora por clima, disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/ooootra-vez-cierran-autopista-saltil lo-monterrey-ahora-por-clima

5 Peaje autopista Saltillo-Monterrey, ¿cuál es la lógica?, disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/peaje-autopista-saltillo-monterrey-c ual-es-la-logica

6 Vanguardia, Golpea a competitividad en la región cierres de la carretera Saltillo-Monterrey: Iniciativa privada, disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/golpea-a-competitividad-en-la-region -cierres-de-la-carretera-saltillo-monterrey-iniciativa-privada

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputados: Evaristo Lenin Pérez Rivera, Hernán Salinas Wolberg (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a eliminar de manera permanente el cobro de peaje en la Autopista del Sol, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para eliminar de manera permanente el cobro de peaje en la autopista del Sol México-Acapulco, con el objeto de contribuir a la economía familiar y a la promoción turística, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La actividad turística se ha constituido en uno de los motores fundamentales de la economía mexicana, al representar actualmente en la tercera fuente más importante de divisas, inclusive, superior a las exportaciones de petróleo.

La importante estrategia en la materia desplegada por la anterior administración federal, ha arrojado resultados y avances importantes durante los últimos cinco años, que es necesario destacar:

• México pasó del lugar 15 del ranking de la Organización Mundial de Turismo en 2013 al lugar 6 en 2017

• La derrama económica por visitantes internacionales al cierre de 2017 creció en 8.4 por ciento comparado con 2016, alcanzando 21,300 millones de dólares, cifra 8,560 millones mayor a los ingresos registrados en 2012 que representa un crecimiento de 67.2 por ciento en cinco años.

• Un total de 39,297.72 miles de turistas ingresaron al país durante el año, representando un crecimiento de 12 por ciento. 1

Ahora bien, durante el periodo enero-septiembre de 2018, se registraron los siguientes resultados en la materia, principalmente:

• La llegada de turistas internacionales fue de 30.6 millones, superior en un millón 968 mil turistas al observado en el mismo periodo del año anterior y equivalente a un incremento anual de 6.9 por ciento.

• El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 16 mil 656 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.5 por ciento.

• El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 61.3 por ciento.

• La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel, alcanzó los 44 millones 942 mil turistas (73 por ciento del total); mientras que 16 millones 614 mil fueron turistas internacionales (27 por ciento del total).2

La temporada decembrina y de fin de año, constituye un momento propicio para convivencia de las familias mexicanas; asimismo, una oportunidad para visitar a los familiares que se encuentran en alguna de las entidades federativas del país, o bien, visitar algún destino histórico, cultural o de playa.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), estas son las fechas en las que el aforo vehicular se incrementa en las principales carreteras y ciudades del país. Para poner en su justa dimensión este asunto, basta señalar que sólo durante el invierno de 2017, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) registró cerca de 37 millones de cruces vehiculares en la red de carreteras que administra, lo que representa el equivalente al traslado de 147 millones de personas.

Una gran parte de los mexicanos que deciden vacacionar durante estas fechas utilizan las carreteras de peaje y pasan por varios puntos de cobro, por lo que los costos de viaje se incrementan considerablemente, afectando la economía familiar.

Ello también afecta el consumo y la derrama económica de los viajeros, por lo que constituye un freno al sector turístico nacional. Dicha situación se presenta también durante las principales temporadas vacacionales del año, como en verano y Semana Santa.

Más aún, los costos de algunas casetas de peaje se han incrementado constantemente hasta alcanzar cifras muy altas, que impactan negativamente el bolsillo de los usuarios y de sus familias.

Acapulco se mantiene como el destino de playa predilecto del turismo nacional. Se calcula que es visitado por el 50 por ciento de los turistas que visitan los centros vacacionales del estado de Guerrero.3

Basta mencionar que tan sólo la pasada temporada vacacional de verano, arrojó para la entidad una derrama económica de casi 5 mil 300 millones de pesos con la visita de alrededor de 1.5 millones de turistas nacionales y extranjeros superando las expectativas y los números del mismo periodo del año pasado.4

Es importante mencionar que la gran mayoría que visita este destino turístico lo hace vía terrestres, es decir, a través de la autopista “Del Sol”.

Sin embargo, son permanentes las quejas de los usuarios tanto por el alto costo de las tarifas de peaje que afectan la economía de los usuarios y sus familias, como por los constantes trabajo de reparación y los accidentes presentados, los cuales causan retrasos en los tiempos de recorrido.

La ciudadanía constantemente ha demandado que se ajusten los costos y se haga un pago justo que responda también a la calidad y seguridad de las carreteras. La eliminación permanente del peaje en la autopista “Del Sol México-Acapulco”, representa una medida de apoyo a la economía familiar y contribuye al fomento del turismo en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para eliminar de manera permanente el cobro de peaje en la autopista “Del Sol México-Acapulco”, con el objeto de contribuir a la economía familiar y a la promoción turística del estado de Guerrero.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415759/Informe_Consolida do_VF.pdf

2 https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-09(ES).

3 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/acapulco-capta-50-del- turismo-que-visita-guerrero/

4 https://www.24-horas.mx/2018/08/19/guerrero-rompe-record-de-visitantes- en-periodo-vacacional-de-verano/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil a establecer acciones a fin de prevenir accidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la temporada decembrina, en especial entre niños y jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que establezca acciones que contribuyan a prevenir los accidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la temporada decembrina, especialmente en niños y jóvenes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las tradiciones decembrinas en el país están llenas de mucho color y festividad, entre las que destaca los adornos de luces en las calles y centros comerciales, la oferta de ingredientes y platillos de la temporada, así como la venta de piñatas, figuras de Navidad y la comercialización no regulada de pirotecnia.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la pirotecnia es el arte de utilizar pólvora y compuestos químicos para producir flamas de colores y chispas brillantes para iluminar el cielo y dar un espectáculo mediante explosiones controladas.1

Los fuegos artificiales están constituidos por dos elementos: una esfera de papel grueso que contiene pólvora, y un propulsor que es una especie de cañón o tubo que permite lanzar la bomba hacia el cielo para que explote.2

Cuentan con dos mechas: una de ellas está en el propulsor y enciende parte de la pólvora; ésta genera presión dentro del tubo y lanza el proyectil hacia arriba. La segunda mecha será la que encienda la pólvora en el interior de la esfera.

Asimismo, en el interior de la esfera de pólvora se le adicionan compuestos químicos metálicos que dan color a la detonación. La combustión de la pólvora genera una explosión donde el calor alcanza 900 grados centígrados, por lo que a esta temperatura los electrones de los átomos de los metales se excitan y emiten luz de diferentes colores.

Entre los materiales que se agregan para darle colores a las luces, se destaca el litio o estroncio que otorgan el color rojo, cobalto o bario emiten luz verde, el potasio resulta en lila, el hierro da color naranja y el cobre un tono azul. El aluminio produce chispas de luz muy brillantes que asemejan estrellas que centellean.

Hacer explotar estos artefactos en el cielo implica riesgos, y quienes se dedican a este oficio están en peligro constante. En México, la mayoría de las personas que fabrican y diseñan fuegos artificiales han aprendido este arte y oficio de manera empírica en talleres familiares, donde el conocimiento se transmite de generación en generación.

Aunque son personas hábiles y creativas en su oficio, con frecuencia estos artesanos carecen del conocimiento científico pleno de cómo actúan y reaccionan las sustancias y materiales con los que trabajan, siendo una de las razones por las que se han presentado graves accidentes en los lugares donde se fabrican y se comercializan.

En el país existen varios municipios en los que la pirotecnia es una actividad económica fundamental; uno de ellos es Tultepec, en el Estado de México, el cual, en el año de 1991, los artesanos pirotécnicos de ese lugar recibieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de artes y tradiciones populares.

En 2013 el Estado de México tenía un registro de 62 municipios en donde se lleva a cabo la fabricación, almacenamiento, compra y transportación de artículos pirotécnicos, entre los que se encuentran 530 centros de fabricación de artificios pirotécnicos, un promedio de 1,590 artesanos y 45 transportistas, 44 almacenistas, 585 centros de compra venta de juguetería en vitrina al menudeo.3

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, clasifican los fuegos artificiales, con base a la peligrosidad que tienen en la manipulación y transporte, entre los que destacan los siguientes:

• Juguetería pirotécnica. Es diseñada para el público en general y que por su limitada carga pírica no representa riesgo para su uso.

• Fuegos artificiales ante audiencia cercana. Son conocidos como “lluvia fría”, ya que sus efectos no causan daño alguno y el humo producto de su combustión es casi nulo. Pueden usarse en lugares bajo supervisión del pirotécnico.

• Fuegos artificiales para exteriores. Son utilizados exclusivamente por maestros pirotécnicos en grandes festividades.

La juguetería pirotécnica es la más recurrente por miles de personas ya sea en pueblos o ciudades, así como los causantes de la mitad de las lesiones por pirotecnia en menores de 15 años, que van desde quemaduras que pueden causar una discapacidad total, hasta lesiones en los ojos, pérdida de audición o amputaciones.

Para dimensionar la gravedad de los accidentes a causa de la pólvora, la Fundación Mexicana para la Dermatología indica que durante la temporada de fiestas patrias se incrementan los accidentes por el uso indebido de artículos de pólvora hasta en 300 por ciento.

Se estima que el 60 por ciento de los accidentes relacionados con cohetes y pólvora ocurre en niños de entre 5 y 14 años de edad; y el 5 por ciento de los accidentes suelen ser quemaduras severas.

Según el Sistema Nacional de Protección Civil, las lesiones más comunes por quemaduras se presentan en manos con un 30 por ciento, ojos 28 por ciento y cara y cabeza con 15 por ciento.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud indica que, durante esta temporada, se registra un incremento de hasta 35 por ciento de accidentes por quemaduras en niños y niñas.

En promedio, durante los meses de diciembre y enero el Hospital Pediátrico de Tacubaya, atiende a cerca de 250 niños y niñas, de los cuales el 20 por ciento son atendidos por quemaduras relacionadas al uso de pirotecnia.

Un ejemplo reciente es el accidente ocurrido en la comunidad de Fuentezuelas, municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en donde fallecieron cinco personas a causa de la explosión de pirotecnia, ya que no estaba debidamente resguardada, conforme a las medidas de protección que deben tener dichos artefactos.4

Es importante mencionar que el uso de pirotecnia aumenta los índices de contaminación en las ciudades, ya que los gases que se desprenden de la combustión se combinan también con monóxido de carbono (CO) y las partículas suspendidas en el aire (PM2.5), así como las emisiones del transporte, fábricas, fogatas, calentones y quema de llantas o basura, generando los días 12 y 25 de diciembre, 1º. y 6 de enero, alta contaminación, escasa visibilidad y sensación de neblina.5

El uso de pirotecnia es causa de un gran número de accidentes entre quienes los usan, especialmente los niños y jóvenes, por lo que es importante que esta actividad se realice bajo la supervisión de adultos y si es posible evitarla, con la finalidad de erradicar cualquier percance que ponga en peligro su integral y el de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que establezca acciones que contribuyan a prevenir los accidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la temporada decembrina, especialmente en niños y jóvenes.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/conoce-la-ciencia -detras-de-la-pirotecnia

2 http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/download/pdf_stc/unamirada_stc_1 42.pdf

3 http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/
swbcalendario_ElementoSeccion/257/PPC_20PIROTECNIA_202013.pdf

4 https://www.animalpolitico.com/2018/12/muertos-explosion-pirotecnia-que retaro/

5 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-pirotecnia?idio m=es

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para atender y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Sinaloa, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, emprenda en el estado de Sinaloa un programa de ampliación de plazas y basificación para los trabajadores del sector salud que permita el mejoramiento de sus condiciones laborales y el ejercicio pleno de sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el sector salud del estado de Sinaloa, laboral por lo menos 10 mil 455 trabajadores, de los cuales un poco más de 2 mil 144 no cuentan con base, además muchos de ellos, no tienen asegurado condiciones óptimas de trabajo.1

Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad cuenta con mil 287 médicos generales, 3 mil 024 médicos especialistas y 9 mil 017 paramédicos, además de 7 mil 698 enfermeras, 2 mil 657 auxiliares y 663 pasantes, principalmente.

Para la atención de la población, el sector público cuenta con una red de 538 unidades médicas, de las cuales 489 son de consulta externa, 36 de hospitalización general y 13 de hospitalización especializada.2

A pesar de su relevancia para la preservación, cuidado y fomento de la salud, en dicho sector existen diversas irregularidades, entre las que destaca la falta de prestaciones laborales, salarios inferiores a los que marcan los tabuladores oficiales y la realización de actividades distintas a las que se especifican en los manuales de organización.

Por su parte, médicos y enfermeras han hecho de conocimiento público que no son susceptibles de derechos laborales y de seguridad social, y por su parte, químicos y psicólogos, particularmente, han solicitado sin una respuesta favorable el cambio de código laboral, que les permitiría obtener un mejor salario y mayores prestaciones sociales en beneficio no sólo de ellos, sino también, de sus familias.

Aunado estas problemáticas, la inseguridad en algunas comunidades serranas, ha orillado a los médicos, enfermeras y pasantes a dar sus servicios bajo riesgos latentes y en condiciones desfavorables, situación que vulnera su integridad y vida.3

Lo anterior, ha sido motivo de inconformidades, ejemplo de ello es que, durante el 2017, diversos trabajadores de los hospitales de Los Mochis, Navolato, Guamúchil, Guasave y Culiacán, así como del Hospital Integral de Choix y del Hospital de la Mujer de Culiacán se declararon en paro permanente.4

Lo mismo aconteció hace unos días, en el que trabajadores sindicalizados se declararon en paro de labores para solicitar el pago del aguinaldo y los bonos sexenales.5

Se tiene plenamente identificado que estas dificultades se comenzaron a dar a partir de la descentralización de los servicios de salud en 1996, ya que a través de ese procedimiento se le dotaron de mayores responsabilidades al gobierno del estado, pero no estuvo acompañado de la ampliación de presupuestos y mayores plazas para dar certidumbre laboral a los trabajadores.

Con el objeto de atender estas necesidades, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se aseguren y tengan disponibles recursos por un monto de por lo menos 300 millones de pesos, así como para los presupuestos de los siguientes años.

De igual manera es indiscutible que a la brevedad posible se lleve a cabo un análisis integral del Programa de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud, con la finalidad de garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y el acceso irrestricto a los mecanismos de la seguridad social en favor de los trabajadores.

El gobierno federal no puede ser omiso e indiferente ante dicha situación, por tal motivo, debe intervenir a efecto de ampliar el número de plazas disponibles, los presupuestos asignados al sector salud de la entidad y contribuir a través de la Secretaría de Salud al mejoramiento permanente de las condiciones laborales de las personas que se desempeñan en el sector salud.

Gracias a la intervención del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ya se están atendiendo las principales demandas, prueba de ello es que a través de la Secretaría de Salud estatal se hizo entrega de 54 millones de pesos, bonos de asistencia y aguinaldos para subsanar los requerimientos de al menos 6 mil trabajadores.6

Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad que es necesario atender, de ahí la relevancia del presente instrumento legislativo que tiene por objeto promover mejores condiciones de trabajo en beneficio de las personas que están adscritas al sector salud del estado de Sinaloa.

Como sinaloense y legisladora federal por esta entidad federativa, expreso nuestro mayor reconocimiento al trabajo responsable y profesional del personal del sector salud, entre ellos, médicos, enfermeras, químicos, psicólogos y dentistas, entre muchos otros, que están contribuyendo al desarrollo y progreso de la población.

Esta soberanía también debe coadyuvar a garantizar condiciones adecuadas de trabajo, impulsar un salario justo y principalmente que las prestaciones sociales sean ejercidas sin limitaciones, restricciones u algún tipo de obstáculo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, emprenda en el estado de Sinaloa un programa de ampliación de plazas y basificación para los trabajadores del sector salud que permita el mejoramiento de sus condiciones laborales y el ejercicio pleno de sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social.

Notas

1 Estefanía López Corral. (2018). Diputados, a favor de la basificación en sector salud. 11/12/2018, de debate Sitio web: https://sinaloa.debate.com.mx/culiacan/diputados-aprueban-basificacion- sinaloa-congreso-sector-salud-20181109-0008.html

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa 2017. 11/12/2018, de Inegi Sitio web:

https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/SIN_ANUARIO _PDF.pdf

3 Zorayda Gallegos. (2017). Los médicos en la Sierra de Sinaloa entre las balas y las carencias. 11/12/2018, de El País Sitio web: https://elpais.com/internacional/2017/11/04/mexico/1509761Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez967_252549.html

4 Dulce Soto. (2017). Paran trabajadores de salud en Sinaloa. 11/12/2018, de Reforma Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1077 379&md5=2516b8e17c62d0218a137cc893cecaf6&ta=0dfdbac11765226904c 16cb9ad1b2efe

5 Francisca Martínez. (2018). Secretario de Salud responde ante el paro laboral de médicos. 11/12/2018, de debate Sitio web: https://sinaloa.debate.com.mx/culiacan/paro-laboral-medicos-secretario- salud-pagos-sinaloa-20181204-0037.html

6 Carmen Villegas. (2018). Anuncian pago de 54 mdp a trabajadores de Salud. 11/12/2018, de debate Sitio web: https://sinaloa.debate.com.mx/sinaloa/personal-medico-a-levantar-el-par o-laboral-secretaria-de-salud—20181206-0086.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 18 de diciembre del año 2018.

Diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar a las instituciones públicas de educación superior los recursos necesarios a fin de que se cumplan sus tareas de docencia e investigación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que garantice los recursos necesarios a las instituciones públicas de educación superior del país a fin de que cumplan con sus tareas de docencia e investigación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación superior es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y el progreso científico y tecnológico. Contar con una educación superior de calidad es impulsar a nuestra sociedad a mejores estadios de bienestar y de competitividad.

Quienes cuentan con educación universitaria tienen más oportunidades de acceder a mejores puestos de trabajo, lo que coadyuva en la reducción de la brecha de desigualdad.

Los países que lideran los avances científicos y la innovación, son también las economías más importantes del mundo, lo que demuestra que la inversión en educación universitaria es elemental para el desarrollo nacional.

Corea del Sur es un ejemplo de ello. Desde que comenzó a dedicar 3 por ciento de su producto interno bruto a la educación, se ha convertido en una economía emergente con importantes niveles de competitividad internacional en diversos rubros de alto valor agregado.

El nivel de vida de la población coreana también aumentó considerablemente, pasando de un ingreso per cápita de 278 a 17 mil dólares.1

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las personas que cuentan con un título de educación superior tienen 10 por ciento más de probabilidades de ser empleados y ganan 56 por ciento más en promedio que los adultos que sólo concluyeron la educación media superior.2

El mismo organismo ha exhortado continuamente a México para que asigne una mayor inversión al sector educativo, con el objetivo de detonar con mayor celeridad el desarrollo económico y social.

La educación superior en México se ha expandido diversificado y desconcentrado. En el ciclo escolar 2017-2018 se encuentran inscritos 4 millones 562 mil 182 estudiantes, 2.4 millones más que en el año 2000, es decir, poco más del doble de los alumnos. Existen más de tres mil instituciones que ofertan 35 mil 500 programas educativos; el número de profesores asciende a 417 mil, 85 por ciento más que en 2000. La tasa bruta de cobertura pasó de 20.6 por ciento en 2000 a 38.4 por ciento en 2018.3

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, hoy en día, agrupa a las 195 instituciones públicas y privadas más importantes del país.4 Estas instituciones, situadas en las 32 entidades federativas, en conjunto atienden a casi 60 por ciento de la matrícula nacional y realizan 90 por ciento de la investigación científica.

Dada la trascendencia de la educación superior para el desarrollo nacional, resulta grave que el gobierno federal proponga una reducción de por lo menos 6.1 puntos porcentuales y 3.37 a las universidades públicas estatales. Además, según la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se pretende desaparecer las partidas contempladas para coadyuvar a hacer frente a las crisis financieras que presentan algunas de estas instituciones.

Entre las instituciones de educación superior afectadas, destaca la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Se trata de las instituciones con la mayor demanda y matrícula a nivel nacional.

Estas instituciones tendrán una reducción que varía entre 1.03 por ciento y en el peor de los casos de 3.43 por ciento, respecto al subsidio federal que están recibiendo durante el presente año fiscal conforme al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el gobierno federal presentó el pasado 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para contar con un panorama general de las reducciones propuestas, basta señalar que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México representó una disminución de 2.67 por ciento, al transitar de 38 mil 300 millones de pesos en este año, a 37 mil 277 millones para 2019.5

El Instituto Politécnico Nacional presenta una reducción de 4.7 por ciento, al pasar de 16 mil 348 millones de pesos a 16 mil 181 millones para el siguiente año. La misma situación se presenta en la Universidad Autónoma Metropolitana en la que se propone un recorte de 7.6 por ciento ya que la propuesta contempla para el 2019 un poco más de 6 mil 738 millones a diferencia de lo que hoy disponen, monto que asciende a más de 7 mil 028 millones.6

El solo hecho de proponer una reducción a los presupuestos asignados a las instituciones de educación superior, es muestra de irresponsabilidad y de la falta de compromiso con la educación y el futuro de los jóvenes mexicanos. Estas disminuciones se reflejarán en rezagos de infraestructura, investigación y equipamiento educativo y en el desarrollo y progreso nacional.

El Grupo Parlamentario del PRI, refrenda su compromiso con la educación de México y con las universidades del país. Nuestra posición es garantizar mejores condiciones para la prestación eficiente en los servicios educativos, lo cual de ninguna manera va acorde con la reducción de sus presupuestos.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que garantice los recursos necesarios a las instituciones públicas de educación superior del país, a fin de que cumplan con sus tareas de docencia e investigación.

Notas

1 La importancia de la inversión en la educación superior para el desarrollo de la sociedad, Universia, en:

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/04/1 7/1158861/importancia-inversion-educacion-superior-desarrollo-sociedad. html

2 Panorama de la Educación Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2018 en:

http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:2cba4aaa-489 2-40d7-ac8b-00efbc95b8a2/Panorama%20de%20la%20Educacion%202018_final.pd f

3 https://visionyaccion2030.anuies.mx/Vision_accion2030.pdf

4 http://www.anuies.mx/anuies/estructura-organica/consejo-de-universidade s-publicas-e-instituciones-afines-cupia/directorio-de-ies-afiliadas

5 José Antonio Román. (2018). Paquete Económico 2019 reduce presupuesto a universidades públicas. 17/12/2018, de La Jornada Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/16/paquete-ec onomico-2019-reduce-presupuesto-a-universidades-publicas-6524.html

6 Teresa Moreno. (2018). a qué universidades e instituciones se les redujo el presupuesto. 17 de diciembre de 2018, de El Universal sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/que-universidades-e-inst ituciones-se-les-redujo-el-presupuesto

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 17 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial y los inmuebles donde laboran, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Poder Judicial adquiere un papel fundamental en el ejercicio del control, el respeto y el valor de los derechos humanos; como institución independiente, se encarga de hacer valer las garantías que se encuentran consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos a fin de preservar el cumplimiento de un estado de derecho.

Su función es fundamental para la protección de los derechos de las personas y el cumplimiento de las leyes que expide el Poder Legislativo. Es un contrapeso que permite un equilibrio que se centra en el cumplimiento irrestricto de la Constitución.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, México adoptó un sistema garantista como forma de gobierno en el que se fortalecen los medios de protección como son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.

Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha demostrado garantizar los derechos de las personas y hacer cumplir la ley; prueba de ello fueron la declaración de invalidez de la Ley de Seguridad Interior y la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud que prohibían y criminalizaban el consumo lúdico de la marihuana.

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

Asimismo el artículo 94 regula al Poder Judicial y prevé su organización y regulación. Asimismo, de acuerdo con el artículo 105, fracción II, es facultad exclusiva de la SCJN resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad, precisamente porque constituye el único Poder facultado para interpretar las leyes.

Es así que ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo cuentan con facultades para determinar si una ley es constitucional o no, tampoco cuentan con facultades para limitar, menoscabar o denostar el ejercicio de uno de los poderes fundamentales para el país.

A pesar de todo lo anterior, se ha generado una campaña de desprestigio que atenta con los equilibrios de poder. En el marco de la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió una suspensión provisional en la cual refirió que la Cámara de Diputados no podría fijar las remuneraciones de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la referida ley, porque la misma se encontraba impugnada y la SCJN debía resolver su constitucionalidad.

Ante tal resolución distintos actores políticos acusaron a los ministros de actuar bajo intereses personales y suspender la aplicación de la ley por encontrarse en contra del país.

Esta situación ha generado una polarización entre los mexicanos que ya ha causado daños, pues diversos ministros y jueces se han visto agredidos e insultados por ejercer la función que les corresponde de conformidad con el marco constitucional.

Así, se destaca que el pasado jueves 13 de diciembre del año en curso, un grupo de manifestantes de aproximadamente 100 personas se reunió afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones y la disminución de los sueldos del Poder Judicial.1

En el marco de la manifestación, un grupo de personas rodeó un automóvil que salía del edificio de la SCJN y, sin motivo, impidieron su circulación, golpearon la carrocería, insultaron y agredieron a Jorge Camargo Zurita, director de Comunicación Social, tras confundirlo con ministro de la SCJN.

El único objetivo de este tipo de actos es debilitar una institución que ha mostrado ser fundamental para la defensa de la ley, que ha ejercido su función de contrapeso y ha controlado los actos violatorios del poder político.

Atendiendo al principio de la división de Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, tienen la obligación de acatar las interpretaciones jurisdiccionales porque es éste poder el encargado de interpretar la ley.

El Poder Ejecutivo tiene la obligación de respetar la norma y llamar a la paz, su función es gobernar para todos, de ahí que no pueda permitirse que un acto de violencia como el ocurrido el pasado 13 de diciembre quede impune.

Es fundamental respetar la independencia y llamar a la unidad; defender al Poder Judicial y evitar un debilitamiento de poderes que únicamente llegarán a la anarquía.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la seguridad de los funcionarios públicos del Poder Judicial y los inmuebles donde llevan a cabo sus actividades.

Nota

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/traidores-la-patria-confunden-y-a greden-funcionario-del-poder-judicial

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de garantizar suficiencia de recursos para cumplir las obligaciones legales en favor de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación, con objeto de hacer efectivo el ejercicio del derecho humano a la educación, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, en nombre propio y del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Por considerarse un tema de interés nacional, en el que existe la relación entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo federal, así como la relación de supremo interés entre el Poder federal, los poderes estatales y los órganos e instituciones con autonomía constitucional, se presenta el siguiente punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, a través de las comisiones responsables del análisis y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación, consideren los argumentos suficientes y proyecciones económicas necesarias para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenga suficiencia presupuestaria para cumplir con las obligaciones legales establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología en materia de investigación, desarrollo científico, tecnología e innovación.

El anterior propósito es fundamental para lograr una sociedad con educación de calidad, con desarrollo social y económico, para un México competitivo basado en la innovación y en la investigación y para ello el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología juega un papel muy importante, pues es a través de este consejo que el destino para los apoyos a jóvenes, adultos, instituciones de educación superior y centros de investigación se materializa y da resultados.

Por citar un ejemplo, la operación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), desde su entrada en operación en el año 2011 hasta el año 2017, benefició a 2.2 millones de usuarios. En 2018, el Conricyt beneficia a 348 instituciones de educación superior (IES) y centros de investigación, miembros del consorcio.

El millón 975 mil 730 usuarios potenciales del consorcio tienen acceso a 186 recursos de información científica y tecnológica, que se traducen en 26 mil 696 títulos de journals ; 147 mil 414 títulos de libros digitales; 144 bases de datos referenciales, de tesis, patentes, casos clínicos y fármacos; 5 agregadores; 3 herramientas clínicas y 1 herramienta de estudio. Además se tiene acceso a mil 116 títulos de journals de revistas de acceso abierto.

Los recursos de información científica y tecnológica del Conricyt representan para la educación pública un parteaguas, con el consejo a través de su consorcio, se democratiza el acceso abierto a la información científica, tecnológica y de innovación, permitiendo a las instituciones (públicas o privadas) en toda la República, conocer y hacer propia la información de calidad, fomentando el conocimiento universal, haciendo realidad el derecho humano a la educación.

Invertir en ciencia, tecnología e innovación, menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social y desde 2011, a través del Programa de Evaluación Mundial de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, se vigila el avance y el alcance de la evaluación de las normas y políticas aplicadas a la ciencia y tecnología a fin de promover el desarrollo e impulso, sobre todo en países que se han comprometido a alcanzar los objetivos enmarcados en la Agenda 2030.1

Hoy en México es factible hacer ciencia desde cualquier región del país, debido a la cobertura de instituciones de educación superior y centros de investigación beneficiados, al comparar los años 2011 y 2017, el número de instituciones beneficiadas se incrementó 7.17 por ciento y el número de usuarios finales atendidos se incrementó 77.62 por ciento.

Sin embargo, en 2018 la población de usuarios finales disminuyó a 10.22 por ciento, resultado del recorte presupuestal de 220 millones de pesos de la aportación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Conricyt. Estos datos pueden seguir disminuyendo en 14. 1 por ciento con el actual proyecto de egresos de la federación que contempla una reducción de 2, 561, 156, 868 millones de pesos.

Como sabemos el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento de política pública más importante de México, incluso la UNESCO recomienda que para su elaboración en lo que toca a la ciencia y la tecnología “resulta absolutamente necesario realizar investigaciones (ciencias sociales, economía), que permita medir el verdadero impacto de la investigación científica en otras áreas de la sociedad: productividad, bienestar, conservación de la naturaleza”.2

Aunado al compromiso internacional, a nivel nacional la Ley de Ciencia y Tecnología, señala que:

“Artículo 13. El gobierno federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante los siguientes instrumentos :

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que se lleven a cabo en el país y en el extranjero;

II. La integración, actualización y ejecución del programa y de los programas y presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación que se destinen por las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal;

III. La realización de actividades de investigación científica, tecnológica e innovación a cargo de dependencias y entidades de la administración pública federal;

IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del presupuesto anual de egresos de la federación a las instituciones de educación superior públicas y que conforme a sus programas y normas internas, destinen para la realización de actividades de investigación científica o tecnológica;

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios;

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos;

VII. La creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere esta ley, y

VIII. Los programas educativos y de normalización, los estímulos fiscales, financieros, facilidades en materia administrativa y de comercio exterior, el régimen de propiedad intelectual, en los términos de los tratados internacionales y leyes específicas aplicables en estas materias.

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo 20. El programa será considerado un programa especial y su integración, aprobación, actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Planeación y por esta ley.

El programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El programa será actualizado cada tres años.

Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión.

Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la productividad , tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las nuevas plazas para investigadores y la nueva infraestructura para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y biotecnologías relevantes (...)

Como integrantes de la Cámara de Diputados, como responsables constitucionales de garantizar la suficiencia presupuestal para permitir el ejercicio eficaz y oportuno de las dependencias y del Plan Nacional de Desarrollo en particular el compromiso de ejercer el derecho a la educación y al desarrollo científico, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados a garantizar la aplicación de los artículos 13, 20, 22 y 26, de la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de garantizar la suficiencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones legales a favor de la investigación, desarrollo científico, tecnología e innovación, con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio del derecho humano a la educación.

Notas

1 UNESCO. https://es.unesco.org/themes/invertir-ciencia-tecnologia-e-innovacion

2 UNESCO. http://sices.guanajuato.gob.mx/resources/15416_LIBRO%20GUANAJUATO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2018.

Diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbricas).

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Con motivo del Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante el próximo 18 de diciembre, es pertinente reflexionar acerca del papel del migrante en el crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible de las naciones.

La migración es un fenómeno mundial que alcanza a la gran mayoría de los países, ya que esta movilidad humana tiene el propósito de buscar y generar condiciones de bienestar para millones de seres humanos, que no lo encuentran en su lugar de origen.

Consideramos que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por el contrario, le dignifica en cuanto que busca a través del trabajo, generarse condiciones de vida digna.

Los refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales. Afrontan también muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares.

Nuestro país, al formar parte de las naciones que han signado convenios internacionales en materia migratoria, está comprometido a realizar acciones para la atención y protección de quienes se encuentren en tránsito, de manera temporal, o que decidan radicar en nuestro país. Pero además se ha contemplado que los migrantes mexicanos en retorno tengan una reinserción menos difícil; es de recordar que en Estados Unidos de América radican 12 millones de mexicanos, que con su esfuerzo diario contribuyen a la riqueza de aquel país

Los desplazamientos humanos deben generar en nosotros sentimientos de respeto, solidaridad y compasión, centrados en los derechos humanos de quienes por voluntad propia o de manera obligada se ven en la necesidad de dejar sus lugares de origen

Reconocemos en la migración la responsabilidad multilateral de las naciones para garantizar los derechos humanos y libertades de los millones de seres humanos que migran hacia otras naciones, lo que solo se logrará a través de la cooperación y la buena disposición entre los países de origen o nacionalidad, de tránsito y de destino, es ahora más importante que nunca.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, hacemos votos para que los propósitos que han dado origen a la reciente cumbre de Marrakech se hagan realidad; atendiendo lo manifestado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para adoptar el Pacto Global para una Migración Regular, Ordenada y Segura en la que el gobierno mexicano se ha comprometido a cambiar el paradigma de la política migratoria, a fin de dejar las restricciones y hacerla más humana. Lo cual conlleva una de las más anheladas aspiraciones de los migrantes dentro y fuera del país.

Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)