Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para atender la situación de los docentes jubilados o pensionados afectados por la utilización de la unidad de medida y actualización como referente para determinar sus pagos, a cargo del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Manuel López Castillo, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, lo anterior valorando las siguientes

Consideraciones

Generalidades sobre la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

Primera. En fecha 7 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la figura jurídico-económica de la Unidad de Medida y Actualización mejor conocida como UMA.1

El artículo quinto transitorio de esta reforma Constitucional faculto al Congreso a expedir la legislación reglamentaria que determine el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por lo que en fecha 30 de diciembre del mismo año se publicó la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, legislación que autoriza al Inegi a publicar el valor de dicha referencia al principio de cada año fiscal.

Esta importante glosa de reformas trajo consigo un cambio en la administración y valorización de la economía cotidiana de los ciudadanos y de las propias finanzas públicas del país, ya que conforme a estudios, planteamientos y experiencias a priori , el salario mínimo había perdido su enfoque y carecía de eficacia conforme al objeto social para el cual fue creado, que era fungir como aquella contraprestación mínima en pesos por la que se le debe pagar a un trabajador para que este tenga una calidad de vida digna, así como servir de base en la determinación y pago de obligaciones establecidas en diversas legislaciones.

Segunda. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dispone que la UMA es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, de las entidades federativas y del Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 2

Tras la entrada en vigor de la UMA en 2016, esta referencia se calculó diariamente en $73.04, incrementando en 2017 a los $75.49 y teniendo su mayor valor en 2018, donde se calculó en $80.60.3

Tercera. El salario mínimo vigente a 2018, conforme a lo estipulado por el Sistema de Administración Tributario (SAT) está calculado en $88.36, significando una diferencia de $7.76 si se compara con el valor de la UMA que está estimada en $80.60.4

Afectaciones por la UMA en el pago de pensiones a docentes jubilados

Cuarta. Existe un clamor social dentro por parte de los jubilados de la educación, ello debido a que el ISSSTE comenzó a tomar a la UMA como índice para el pago de pensiones a jubilados, cuestión que, en años anteriores a la entrada en vigor de las reformas mencionadas, se realizaba por Veces Salario Mínimo (VSM).

El hecho radica en que el salario mínimo vigente como ya se ha indicado, cuenta con un valor de $88.36 y con tendencia a ser incrementado, mientras que la UMA se establece en $80.60, que si bien este ha tenido aumentos en los últimos dos años, los mismos resultan poco favorables al momento de estandarizar pagos por pensiones.

Quinta . En 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordeno al ISSSTE que el pago de las pensiones a jubilados se basara conforme al UMA y no por salarios mínimos, generando descontento en el sector magisterial de jubilados.

Sexta. La cuota de cotización para el pago de pensiones del ISSSTE es de hasta 10 Veces Salarios Mínimos como máximo, mismos que traducidos a UMAS generan una pérdida importante en percepciones.

Entendiendo esta regla de cotización, el interponer a la UMA en vez de VSM, resulta obvio la existencia de disminuciones al pago de pensiones de los docentes asegurados, puesto que, como se dejo en claro anteriormente, la diferencia entre una y otra es $7.76, por lo que por cada UMA que toman como referencia para el pago de dichas pensiones les son descontados estos siete pesos con setenta y seis centavos.

Ahora bien, aquellos jubilados que cotizan pago de hasta 10 UMA por día, se les pagan $77.60 menos diario a cuando se regía por salarios mínimos, generando al mes una disminución de $2,328.00 en el pago de sus percepciones.

Séptima. Como se puede vislumbrar la UMA si genera una afectación al pago de pensiones de los maestros jubilados, por lo que no es de sorprender el hecho de que en diversas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en entidades federativas como Jalisco, Yucatán, estado de México, Sonora, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México (por mencionar algunas), miles y miles de pensionados han levantado la voz en contra de dicha política perjudicial a sus bolsillos.5

Octava. Un comunicado oficial de 2017 por parte del ISSSTE a través de su cuenta oficial en Twitter y otras redes sociales, indico que la UMA no afecta a los actuales pensionados y jubilados del décimo transitorio, ni a los pensionados de cuenta individual,6 afirmación incorrecta si analizamos con claridad todo lo anteriormente señalado, puesto que la UMA hace que las percepciones de los jubilados sean de un 10 a 15 por ciento menos de lo que sus ingresos correspondían al salario mínimo.

Fundamento jurídico aplicable

Novena. El Apartado B del artículo 123 Constitucional, está referido a las y los trabajadores de los Poderes de la Unión y de la Ciudad de México); y en sus fracciones XI y XIV se establecen las bases mínimas de la seguridad social. Dichas bases abarcan sectores de protección frente accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, jubilación , invalidez, vejez y muerte; protección a las mujeres durante su embarazo, medicinas y habitación de las y los trabajadores, etcétera.

Décima. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 22, sobre la seguridad social, lo siguiente:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social... y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Undécima. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales consagra el derecho a la seguridad social:

Artículo 9. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Duodécima. Remitiéndonos a los antecedentes parlamentarios que le dieron vida al UMA, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, en el dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, precisaron en la consideración cuarta lo siguiente:

Estas comisiones unidas precisamos que el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización.

Como es de observarse la dictaminadora en su momento dejo en claro que, en materia de trabajo y previsión social , el salario mínimo puede ser invocado para realizar las percepciones conducentes en aquellos casos de pensiones y seguridad social .

Decimotercera. Los docentes jubilados de régimen anterior a la entrada en vigor de la UMA dentro del marco jurídico nacional, se les deberán aplicar las disposiciones que en su momento resultaron vigentes para los supuestos de hecho y de derecho que dieron vida a sus pensiones, es decir, atendiendo la interpretación jurisprudencial realizada por nuestro máximo ad quem (Suprema Corte de Justicia de la Nación) sobre el artículo 14o. constitucional, refiere lo siguiente:

Cuando una ley posterior establezca algún beneficio o perjuicio a la persona, sí es aplicable de forma retroactiva, sin embargo, también se estará a lo dispuesto en el ordenamiento que le sea más favorable, atendiendo el principio pro-persona en todo momento.

Conclusión

El magisterio de docentes se ha visto trasgredido de muchas maneras en los últimos cinco años, ello debido a las malas políticas y estrategias del gobierno anterior que afectaron sus intereses primordiales, y la UMA no es la excepción.

Si bien es cierto que la UMA fue creada con la finalidad de beneficiar a la ciudadanía en general, permitiendo incrementar el salario mínimo a tasas más grandes sin provocar aumentos desmedidos en los créditos y en la inflación, no podemos soslayar el hecho de que se debe tener cuidado al momento de su aplicación en las cuestiones relativas a la derechohabiencia, derecho al trabajo y derecho social.

La UMA no fue creada para perjudicar los ingresos de la ciudadanía, y mucho menos al sector de pensionados y jubilados, que es uno de los más vulnerables en cuanto a derechos.

Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, someto a consideración de las y los legisladores que integran el Pleno de esta Cámara Baja, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), a que atiendan de manera pronta, eficaz y expedita la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), a que realicen las adecuaciones reglamentarias conducentes que establezcan el pago de pensiones a todos los maestros jubilados conforme a Veces Salario Minino y no por Unidad de Medida y Actualización.

Notas

1 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diario Oficial de la Federación. Estados Unidos Mexicanos. 27 de enero de 2016. De: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016

2 Inegi. (2018). Unidad de Medida y Actualización. Noviembre 27, 2018, de Inegi Sitio web: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/

3 Ibídem.

4 SAT. (2018). Salarios Mínimos 2018. Noviembre 27, 2018, de gob Sitio web: http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/ salarios_minimos.aspx

5 Pensionissste. (2018). Pide SNTE que pensiones sean por salario mínimo y no por UMAS. Diciembre 1, 2018, de ISSSTE Sitio web:

https://www.gob.mx/pensionissste/prensa/pide-snte-que-pe nsiones-sean-por-salario-minimo-y-no-por-umas

6 ISSSTE. (ISSSTE MX). (2017, julio 16). Unidad de Medida y Actualización UMA. (Archivo de video). Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=3M2KiM1aVFM

Dado en la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Manuel López Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a aplicar los controles de confianza respectivos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y III; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, atendiendo a la siguiente:

Exposición de Motivos

El día 1 del presente mes y año rindió protesta el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente designó al licenciado Alfonso Durazo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Como titular, el licenciado Durazo ha nombrado a sus colaboradores, entre los que se encuentran el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia.

El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la letra establece:

Artículo 13. El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los centros nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

Por lo anterior, resulta evidente que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha omitido cumplir a cabalidad con el ordenamiento que dispone que todos los funcionarios deben acreditar las evaluaciones de control de confianza, hecho que resulta vital, puesto que se trata de los altos funcionarios quienes se encargarán de la seguridad de los mexicanos.

Con el presente punto de acuerdo se pretende hacer un llamado a respetar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de tener certeza y legalidad, así como la confianza de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que, tanto él en su calidad de titular de dicha dependencia, como su equipo de trabajo den a conocer a la opinión pública los resultados de los exámenes de control de confianza, tal y como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actuar con transparencia y hacer pública la ruta planteada para cancelar la construcción del NAIM en Texcoco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que actué con transparencia y haga pública la ruta que se ha planteado para la cancelación la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco; asimismo, para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que actualmente hay en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de octubre, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y la habilitación de dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

A pesar de que organismos empresariales, instituciones especializadas en aeronáutica y diversos sectores de la sociedad alertaron que esta anulación representaría una medida inadecuada e irresponsable, ya que sólo le restaría competitividad al país, desincentivaría las inversiones y afectaría a millones de usuarios, se procedió a su cancelación.

Para tratar de legitimar dicha decisión, el 25 de octubre se llevó a cabo una consulta supuestamente nacional. Sin embargo, dicho ejercicio no cumplió con las bases jurídicas y tampoco con el principio de representatividad requerida, ya que sólo se instalaron casillas en un poco más de 538 municipios del país.

Múltiples organizaciones de la sociedad civil aseguraron que esta consulta no sólo fue ilegal, sino tendenciosa y poco transparente, por lo que sus resultados no debieron ser vinculantes.1 De igual manera, se documentaron inconsistencias como el acarreo de votantes, fallas permanentes en el sistema de registro y personas que pudieron votar en más de cuatro ocasiones.2

Diversos medios de comunicación han documentado que hasta el día de hoy, continúan diversos trabajos de nivelación y drenaje; asimismo, la maquinaria aún se encuentra en la obra y sigue laborando con relativa normalidad.

Según especialistas, cancelar el NAIM costaría más de 100 mil millones de pesos, además de que las obras realizadas tienen un avance global de un poco más de 32 por ciento.

Otro impacto negativo de dicha decisión es el posible despido de más de 45 mil trabajadores que laboraban en los distintos proyectos que conformarían el nuevo aeropuerto, muchos de ellos provenientes de entidades federativas como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, el estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, principalmente.

La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha generado efectos colaterales en la economía: el primer impacto fue una depreciación en el tipo de cambio del peso contra el dólar; incertidumbre en los mercados y pérdida de confianza de los inversionistas en la nueva administración.

Con la cancelación de dicha obra, una de las más importantes en la historia del país y uno de los tres más grandes del mundo, se corre el riesgo de ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, que son vitales para el crecimiento y el desarrollo nacional, y pone en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas de las que goza hoy nuestro país.

Estos factores de riesgo ya fueron vislumbrados por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual en semanas anteriores recortó sus expectativas de crecimiento para México, no sólo para el cierre de este año, sino también, para el que será el primero de la actual administración.

Actualmente hay mayor percepción de riesgo a largo plazo. HR Ratings la institución calificadora de valores modificó su perspectiva de estable a negativa en la calificación de la deuda soberana de México.

La agencia Fitch bajó a negativa la perspectiva de la calificación del país debido a “los riesgos que enfrenta el perfil crediticio de México asociado con el alcance de la incertidumbre y el deterioro en las políticas del gobierno entrante”.

JPMorgan anticipa mayores costos de endeudamiento y prevé que la cancelación del aeropuerto afecte al crecimiento de México el próximo año.

Ocho empresas de Alemania, Reino Unido, Italia, España y Estados Unidos dedicadas al turismo de reuniones, anunciaron su decisión de retener sus planes de inversión hasta el mes de enero, con el fin de tener más certidumbre a largo plazo.

Uno de los grandes compromisos y logros del gobierno federal anterior, fue consolidar la estabilidad macroeconómica, además de generar condiciones de certidumbre para resistir la volatilidad que prevaleció en el contexto global, así como para acceder a mayores tasas de crecimiento, inversión y de empleo, entre otras variables sustantivas.

Gracias a estas condiciones internacionales favorables, el mundo confiaba cada día más en México, posibilitando un mayor flujo de inversiones del exterior, el cual se prevé alcance niveles históricos de inversión extranjera directa por casi 200 mil millones de dólares.

Sin embargo, estos logros económicos corren el riesgo de verse opacados por decisiones irresponsables, como la mencionada cancelación de las obras del nuevo aeropuerto, la cual está teniendo un impacto adverso en los mercados y en variables fundamentales como las tasas de interés y el tipo de cambio, que terminan por afectar a la economía en su conjunto.

En el Grupo Parlamentario del PRI, advertimos en su momento los riesgos y repercusiones económicos que tendrá en el mediano y largo plazo. Se trató de una decisión que privilegió lo político sobre lo técnico, pese a los argumentos técnicos y financieros de algunas de las más importantes empresas del mundo, en torno a la vialidad del proyecto.

Hoy, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México está generando desconfianza internacional en las inversiones en México; una gran presión sobre el tipo de cambio y una nota negativa en la confianza país.

Los bonos que están en proceso de recompra por parte del gobierno federal, siguen bajo riesgo de un nuevo recorte de calificación que los llevaría a una nota especulativa. Es decir, se está generando un alto riesgo de especulación financiera que nos llevaría finalmente a pagar más caros los bonos y así el costo de la cancelación de la obra será muy superior a la inversión que ya se tenía presupuestada.

Hasta este momento, las autoridades no han sido claras en este asunto estratégico para el desarrollo del país, por el contrario, existe incertidumbre y poca transparencia en cuanto las acciones a emprender y la ruta a seguir para su cancelación y los costos económicos que ello representará.

La presente administración se ha conducido de manera irresponsable con los inversionistas, contratistas y trabajadores, situación que no contribuye a generar un clima de estabilidad y certidumbre, propicia para la atracción de inversiones, nuevos proyectos y la generación de empleos para las familias mexicanas.3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que actué con transparencia y haga pública la ruta que se ha planteado para la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco; asimismo, para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que actualmente hay en el país.

Notas

1 Ivette Saldaña. (2018). Consulta sobre el NAIM. 04/12/2018, de El Universal sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consulta-sobre-el- naim-es-ilegal-opaca-y-tendenciosa-acusa-cce

2 El Universal. (2018). Hasta cuatro veces pudo votar una misma persona en consulta sobre NAIM. 4 de diciembre de 2018.Sitio web

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hasta-cua tro-veces-pudo-votar-una-misma-persona-en-consulta-sobre-aeropuerto

3 Nacha Cattan y Justin Villamil (2018). ¿Por qué AMLO guarda silencio sobre los bonos del NAIM? 5 de diciembre de 2018, de El Financiero sitio web http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/por-que-amlo-guar da-silencio-sobre-los-bonos-del-naim

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para reducir a 50 por ciento el peaje en la Autopista del Sol en la temporada navideña, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. La existencia de una infraestructura carretera suficiente, eficiente, moderna y segura es factor necesario para el desarrollo de cualquier región.

El aprovechamiento de los recursos naturales y las materias primas, así como el desarrollo de zonas con potencial productivo, comercial y turístico, ha sido posible en gran medida gracias a la disponibilidad de infraestructura para el transporte. No hay actividad económica o social que no esté relacionada directa o indirectamente con las carreteras.

Si bien las grandes autopistas implican cuantiosos montos de inversión, otra más de las características básicas con que debe contar la infraestructura carretera es peajes accesibles a la población.

Segundo. El pasado jueves 6 de septiembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a la ciudadanía que el Banco Nacional de Obras, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), instruyó a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que actualizara las tarifas de peaje de la red carretera de dicho Fondo. El acumulado de los aumentos de enero y septiembre de este año, asciende hasta un 18 por ciento, respecto a las tarifas vigentes a finales de 2017.

Esa decisión provocó que esta soberanía hiciera un exhorto al anterior titular de la SCT a cancelar el aumento en los peajes por la gran presión que implicaría en la espiral inflacionaria, perjudicando a las familias y las empresas. Desde luego, ese llamado fue ignorado.

Tercero. Aun cuando la SCT informó en esa ocasión que el Fonadin decidió mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco, las autoridades retiraron el “descuento” del 25 por ciento que, por decreto, se aplicaba como ayuda a Guerrero tras el paso de los huracanes Manuel e Ingrid.1

Con ese descuento, el costo del peaje desde Cuernavaca hasta Acapulco, en 2017, era de 398 pesos, pero con el aumento en las tarifas verificado en enero de 2018, el costo ascendió a 432 pesos, lo que representó un incremento de 30 por ciento.

Un aumento similar registró la carretera México-Cuernavaca, que pasó de 74 a 98 pesos, es decir un 32 por ciento más del que los usuarios pagaban en 2017.

Es decir, el peaje que paga un automóvil en la Autopista del Sol, como es conocida, asciende actualmente a 530 pesos: mil 60 pesos por viaje redondo. El peaje que paga un autobús en ese corredor es de 1 mil 770 pesos viaje redondo.

Cuarto. En el operativo Invierno de 2017, desarrollado del viernes 15 de diciembre de 2017 al domingo 7 de enero de 2018, la red de autopistas y puentes operados por Capufe registró en el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco un incremento en el aforo vehicular de 235 por ciento respecto al tránsito promedio diario anual. Es decir, se trasladaron en ese corredor alrededor de 525 mil 300 personas en esa temporada.2

El sector turístico representa uno de los mayores polos de desarrollo del estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades locales del ramo, en la temporada navideña 2017, más de un millón 360 mil turistas visitaron Guerrero y dejaron una derrama económica de 4 mil 128 millones de pesos y una ocupación promedio estatal de 80.5 por ciento.

Acapulco recibió más de 573 mil turistas, una derrama económica de 2 mil 351 millones de pesos y una ocupación promedio de 81.4 por ciento, 4.2 mayor que la registrada en 2016, según cifras de la dependencia del estado.3

Con objeto de beneficiar a las familias que se trasladan a sus lugares de origen o a vacacionar, en temporada navideña, a esa región del sur de México y de incentivar y recuperar el turismo en la temporada invernal, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a aplicar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un descuento de 50 por ciento en la cuota de peaje de la Autopista del Sol durante la temporada navideña, que va del viernes 14 de diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de 2019, para impulsar la actividad turística, en apoyo de la economía de los vacacionistas.

Notas

1 Galarce, Karla, El Sur, “Quitan descuento a Autopista del Sol”, septiembre de 2018.

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, comunicado de prensa número 001-08/01/2018.

3 Labastida, Mariana, El Sur, “Se alcanzan cifras importantes en turismo”, enero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer líneas de coordinación y acción con el gobierno poblano a fin de ayudar a los cafeticultores afectados por el frente frío número 10, suscrita por el diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frio número 10, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El frente frío número 10, ocurrido los días 14 y 15 de noviembre de 2018, provocó severas heladas en la sierra norte del estado de Puebla; como consecuencia de las afectaciones causadas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió, el pasado 16 de noviembre, declaratoria de emergencia para 17 municipios del estado de Puebla.

La declaratoria abarcó los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Cañada Morelos, Coatepec, Chiconcuautla, Honey, Huauchinango, Hueytlalpan, Naupan, Nauzontla, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zongozotla, del estado de Puebla; dichos municipios, además de sufrir graves afectaciones en la seguridad e integridad de sus pobladores, tuvieron considerables pérdidas económicas, debido a los daños ocasionados a los cafetales por las bajas temperaturas; según cálculos extraoficiales las heladas quemaron más de dos mil hectáreas de plantaciones de café, sólo en el estado de Puebla.

Los tres municipios con mayores afectaciones en sus cultivos, fueron Xicotepec, Tlacuilotepec y Huauchinango, donde se cuantificaron más de mil hectáreas afectadas por el frente frío número 10.

En los poblados más altos como, San Juan Tuihuacan, El Jericó, Zacatal, Palo Blanco y Cuahutepec, las perdidas por las heladas fueron superiores a las 800 hectáreas de cafetos quemados.

Con la declaratoria de emergencia emitida por Coordinación Nacional de Protección Civil, se activaron recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, con lo cual, las autoridades pudieron contar con recursos para atender las necesidades de alimentos, abrigo y salud de la población afectada.

Sin embargo, por su naturaleza, la declaratoria de emergencia no se ocupa de atender y aliviar las pérdidas económicas sufridas por los pobladores a causa del fenómeno meteorológico, las pérdidas de las hectáreas de cafetales rebasan la capacidad financiera y operativa de los pobladores, y de manera muy particular la de los productores de café de la región norte de Puebla.

Como consecuencia del fenómeno hidrometeorológico, decenas de cafeticultores perdieron sus cosechas, las afectaciones económicas fueron considerables, por lo que se requiere del apoyo urgente y necesario de los gobiernos federal y estatal para coordinar la entrega de apoyos de programas para eventos catastróficos.

Con la finalidad de auxiliar a las comunidades cafetaleras afectadas por el paso del frente frío número 10, es que el presente punto de acuerdo propone exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con el gobernador de Puebla, ofrezcan el apoyo necesario a los cafeticultores que sufrieron la perdida de sus cultivos como consecuencia de las heladas del pasado 14 y 15 de noviembre, en el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frío número 10.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se rechazan las manifestaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometn a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron cuenta que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, elaboró una demanda de amparo modelo, a fin de que sus propios integrantes puedan promover amparos en contra de leyes, iniciativas y reformas que, en su particular opinión, vulnerarían la autonomía del Poder Judicial de la federación.

La asociación de juzgadores afirmó incluso que su objetivo es llevar a cabo una defensa integral frente a un conjunto de iniciativas que, dicen, representan una intromisión en el funcionamiento de un órgano independiente, en franca contravención al principio de división de poderes.

Tal y como se oye, los jueces y magistrados, que se supone son doctos en derecho, se atreven a afirmar que la sola presentación de una iniciativa por parte de una o un legislador ante su respectiva Cámara, violenta la autonomía del Poder Judicial. Es decir que, a su criterio, una simple iniciativa que no ha agotado su proceso legislativo, que no ha sido dictaminada, ni aprobada y mucho menos publicada, surte los mismos efectos que una ley vigente.

Se señaló también que una considerable cantidad de juzgadores han promovido amparos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero eso sí, para curarse en salud, se apresuraron a decir que su amparo modelo no está encaminado únicamente para impugnar esa ley.

La situación es muy clara, las y los jueces, las y los magistrados del Poder Judicial de la federación no se atrevieron a decir públicamente y sin tapujos, que no están dispuestos a reducir sus sueldos y ganar menos de lo que gana el presidente de la República.

Tampoco dicen que, con semejantes impugnaciones, el Poder Judicial será juez y parte en los amparos que promuevan sus propios integrantes, lo que constituye una franca violación al principio de igualdad procesal.

Tampoco señalaron el importante detalle de que, si dichos amparos son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se configuraría un posible conflicto de interés, pues los promoventes forman parte del mismo órgano que resolverá el asunto y, además, los Ministros de la Suprema Corte también tienen un interés en el asunto, pues también serían objeto de una reducción salarial.

Es claro que las y los juzgadores tienen el deber de salvaguardar, en todo momento, la autonomía del Poder Judicial. También lo es que la Constitución establece que su remuneración no podrá ser disminuida durante su encargo, pero la propia Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República, algo que, muchos de ellas y ellos han venido percibiendo en contravención a la Constitución.

Es comprensible que, en una lógica de interés personal, las y los juzgadores se decanten por el precepto constitucional que prohíbe la reducción de su remuneración. Lo que no es comprensible es su falta de sensibilidad social y su indiferencia ante las circunstancias de la nación.

El pueblo de México, que es la fuente de la soberanía nacional, exige poner fin al exceso de los servidores públicos, al dispendio y a la desigualdad. Pero eso, por lo visto, le tiene sin cuidado a las y los juzgadores.

Igualmente incomprensible es que, de manera por demás temeraria y esquizofrénica, se atrevan a afirmar o por lo menos a sugerir que, en su facultad soberana de legislar, el Poder Legislativo pretende vulnerar su autonomía.

Tenemos claro que la reforma de 1996 introdujo al texto constitucional la prohibición de disminuir sus remuneraciones como un mecanismo para garantizar su autonomía frente a los otros poderes. Sin embargo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no elimina dicha prohibición, sino que únicamente garantiza el cumplimiento de otro precepto constitucional y los vuelve compatibles.

A cada uno de las y los jueces y magistrados les preguntamos: ¿cómo es que percibir una remuneración menor a la del Presidente pone en riesgo su autonomía? ¿Percibir menos de 108 mil pesos mensuales, compromete en forma alguna la autonomía de un juzgador?

Si, según la Constitución, la remuneración de un servidor público debe ser proporcional a sus responsabilidades, ¿afirmarían entonces que su responsabilidad como juzgadores es mayor que la del presidente de la República?

Ante la actitud mostrada por jueces y magistrados del Poder Judicial de la federación, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión debe manifestar su rechazo y exigir que entre los Poderes Legislativo y Judicial exista un pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones que la Constitución les otorga.

De igual forma, esta Cámara debe manifestar su rechazo a las expresiones de las y los juzgadores que sugieren una pretensión por parte del Congreso de la Unión, y de legisladoras y legisladores en particular, de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Poder Judicial de la federación por las manifestaciones vertidas por juzgadores federales aglutinados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión en el ejercicio de su facultad soberana de legislar, y por parte de legisladoras y legisladores en particular, en el ejercicio de su facultad de presentar iniciativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su preocupación ante la inminencia de que, en la sustanciación de los amparos promovidos por jueces y magistrados, el Poder Judicial de la Federación funja como juez y parte, por lo que hace un atento y respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que garantice la debida imparcialidad y el respeto pleno a los principios procesales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2018.

Diputados: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez. (Rúbrica.)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Conanp, la Conagua y el Inapesca a ejecutar acciones en favor de la preservación ecológica de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada por el estado de Colima, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, al Instituto Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Nacional de Pesca a que en el ámbito de sus competencias ejecuten diversas acciones en favor de la preservación ecológica de las subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

Exposición de Motivos

La conservación del medio ambiente es de fundamental importancia, pues brinda los recursos y espacios indispensables para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones, y por tal razón es esencial para el goce de los derechos humanos fundamentales. En la actualidad, es cada vez mayor la conciencia sobre este principio; tan es así que el derecho al medio ambiente es reconocido por la comunidad internacional desde hace ya varias décadas en múltiples instrumentos, y con menor antigüedad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El primer documento en el que la comunidad internacional se comprometió con la protección del medio ambiente, por su relevancia para el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico, es la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972. Destaca que en este pronunciamiento ya se advertían los daños incalculables que puede ocasionar la capacidad humana para transformar su entorno en caso de aplicarse errónea o imprudentemente. México es estado parte de este instrumento internacional en materia de derechos humanos.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 1998, el Senado de la República aprobó la adopción del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador. En el artículo 11 de este instrumento se establece el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, así como la obligación de los estados parte de promover, preservar y mejorar el medio ambiente.

En clara eficacia de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano encuentra un vínculo directo con el derecho humano al más alto nivel posible de salud, reconocido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Estado mexicano forma parte. Concretamente, en el párrafo 11 de la Observación General Número 14 sobre el contenido normativo del derecho humano a la salud se expone que el mismo es un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención oportuna a la salud, sino también los principales factores determinantes de la salud, entre los que se encuentra un medio ambiente con condiciones sanas. En consecuencia, es de entenderse que la salud es un estado de bienestar integral de orden físico, mental y social.

Por su parte, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de junio de 1999, y con posterior modificación del 8 de febrero de 2012, se reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, del cual el Estado mexicano está obligado a garantizar su respeto. Por otro lado, en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, en la fracción XI, del artículo primero se establece en el mismo sentido el referido derecho humano, adicionando que se debe prevenir y proteger a toda persona ante cualquier eventualidad de desastre o riesgo provocado por agentes humanos o naturales.

Así pues, quedan claros dos hechos: primero, el medio ambiente es un bien cuya preservación es de orden público e interés social; y segundo, el Estado mexicano se encuentra obligado, tanto internacional como internamente, a garantizar ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano. En consecuencia, las autoridades en materia ambiental deben prevenir, mitigar y/o compensar el daño ambiental causado por el desarrollo de las actividades humanas de cualquier índole.

En este sentido es de trascendental importancia la preservación de los diversos ecosistemas que hospedan la amplía gama de biodiversidad existente en nuestra nación, en la cual los humedales ocupan una posición sobresaliente. En Colima el cuerpo costero más importante es la subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, pues representa la mayor parte de los humedales del estado. Esta laguna se compone de cuatro vasos lacustres y se ubica en la zona limítrofe de los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán.

Existen razones adicionales que ratifican la relevancia de este cuerpo de agua: tiene una longitud de 35 kilómetros con extensión de 7 mil 200 hectáreas, de las cuales mil 60 son de manglar, equivalentes a 36.2 por ciento de la extensión estatal de manglar; es hábitat de especies amenazadas o protegidas; representa 90 por ciento de los humedales colimenses; es el cuarto humedal costero más grande de México; y es una de las fuentes más importantes de recursos acuícolas, pesqueros y salineros del estado que brinda sustento a más de 600 familias colimenses (Torres, 2014; Cabral, 2011; Deyta, 2014).

Por si los hechos anteriores no tuvieran contundencia suficiente, es preciso observar que el valor ecológico y biológico de la Laguna de Cuyutlán es reconocido a nivel nacional e internacional. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) la reconoce como un sitio de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica y como una región hidrológica prioritaria. En suma, esta comisión la considera como un corredor biológico para aves migratorias acuáticas y un área de alimentación y nidación de diversos grupos de aves costeras. Sin embargo, la Conabio, en sus criterios de clasificación, expone que la Laguna de Cuyutlán esta expuesta a una alta perturbación por razones de contaminación, azolvamiento y prácticas de manejo inadecuadas.

En el plano internacional, debe notarse que México es estado parte de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, también conocida como Convención Ramsar, establecida en Irán el 2 de febrero de 1971. A través de este instrumento los estados parte consideran que los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales de regulación de regímenes hidrológicos y como hábitat de una flora y fauna características, especialmente de aves acuáticas, y exponen su convencimiento sobre el hecho de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable.

Con base en las disposiciones de este instrumento, en 2011 México designó de entre los cuatro vasos que componen la Laguna de Cuyutlán, a los vasos III y IV como un Humedal de Importancia Internacional con una extensión de 4 mil 51 hectáreas, a fin de conservar los recursos naturales de importancia ecológica, económica y social de este cuerpo hidrológico. Así los vasos III y IV fueron nombrados el sitio Ramsar número 1985.

La importancia de los vasos lacustres III y IV de la Laguna de Cuyutlán ha sido reconocida en otros instrumentos. En el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán (POET) decretado el 5 de julio de 2003 y reformado el 3 de mayo de 2007, establece que la posible creación de un recinto portuario en el vaso lacustre II está condicionada a múltiples acciones con el objetivo de preservar y conservar los vasos III y IV, entre las que se encuentran: emitir un decreto federal y/o estatal de área natural protegida; y la compensación en todas las etapas del proyecto de los eventuales impactos negativos en las unidades de gestión ambiental existentes alrededor del vaso II que presentan alta vulnerabilidad ecológica.

En tal orden, es necesario tener en cuenta que el POET tiene como principal objetivo, de acuerdo a lo que se dispone en el artículo 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el objeto de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos.

Dado lo anterior, es prudente notar que el supuesto previsto en el POET ya se actualizó, pues el 12 de diciembre de 2011 la Presidencia de la República expidió el Decreto de Habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, por lo cual, es preciso apegarse al principio de legalidad que conforme a la Constitución federal debe regir el actuar de todos los funcionarios públicos y, en consecuencia, dar cumplimiento a las condicionantes de la política portuaria en la Laguna de Cuyutlán dispuestas en el referido programa de ordenamiento ecológico y territorial.

Basten los argumentos expuestos hasta este punto para incitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a ejercer sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el capítulo I De las Áreas Naturales Protegidas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y den cumplimiento a la condicionante establecida en el POET procediendo a elaborar los estudios técnicos justificativos a efecto de establecer el tipo de Área Protegida Nacional que conformaran los vasos III y IV de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán, e imponer las limitaciones pertinentes por causa de utilidad pública en el aprovechamiento de recursos naturales, a través de la declaratoria correspondiente.

La eventual declaratoria de Área Natural Protegida además de proteger a los elementos de la laguna de Cuyutlán en contra de cualquier autorización de cambio de uso de suelo contraria a la ley y preservar uno de los ambientes naturales representativos del estado de Colima, redundaría en el beneficio económico de los pobladores ubicados en la zona de influencia de la laguna de Cuyutlán, pues conforme al artículo 45 Bis de la LGEEPA, las autoridades competentes deben garantizar el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las áreas naturales protegidas.

Ahora bien, es urgente dar a conocer a la opinión pública que la laguna de Cuyutlán ha sido objeto de múltiples sucesos que han ocasionado un serio deterioro a su ecosistema, esto, pese a las limitaciones jurídicas que impone tanto el régimen jurídico doméstico como internacional, a las obligaciones del Estado mexicano en materia ambiental, y a las designaciones como área de relevancia biológica y sitio Ramsar. Es conocido por la población colimense, y por quien esto escribe, que una de las fuentes principales de deterioro ambiental de la laguna de Cuyutlán son las prácticas descuidadas llevadas a cabo por la central termoeléctrica General Álvarez Moreno, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, cuyas consecuencias ya he expuesto ante esta soberanía con anterioridad.

Adicionalmente, en 2010 se documentó por la Universidad de Colima la existencia de 36 puntos de descargas de aguas residuales concentrados en los vasos I y II de la laguna, ocasionando problemas de presencia de coliformes fecales. La más recientemente afectación a la laguna fue dada a conocer el 24 de junio del presente año por un comunicado de prensa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se expuso el incumplimiento de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, en el proyecto Puerto Manzanillo, Programa Maestro 2000-2010, de los plazos de ejecución de la totalidad de los aspectos de protección ambiental, entre los que se encuentran los programas de compensación, la supervisión ambiental y la realización de las medidas de mitigación.

En este punto es preciso subrayar que conforme a la declaratoria del 9 de mayo de 1919, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1919 la laguna de Cuyutlán es propiedad de la nación, por lo cual la rigen las disposiciones establecidas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional. En consecuencia, la laguna está regida por la Ley de Aguas Nacionales, y su administración, conforme a la fracción V del artículo 113 de la misma ley, corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual es el órgano administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ejerce la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes que corresponde al Ejecutivo federal. Asimismo, es necesario observar que la Conagua tiene entre sus atribuciones la de administrar y custodiar las aguas nacionales a que se refiere el artículo 113, así como preservar y controlar la calidad de éstas, conforme a la fracción XVII de la Ley de Aguas Nacionales. De lo anterior se deriva que la Conagua es la instancia gubernamental a la que corresponde elaborar, coordinar e implementar las estrategias y planes pertinentes y necesarios para recuperar la calidad del agua de la laguna de Cuyutlán, así como las respectivas a fin de mitigar los daños ambientales ocasionados a esta esta subcuenca hídrica de gran relevancia económica, biológica y ecológica para Colima y México.

En última instancia, a fin de inducir una acción gubernamental integral, es preciso notar que el desarrollo y bienestar de los colimenses que se busca garantizar no sólo depende del ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, sino también de las fuentes de ingresos que puedan generar por sí mismos a través del aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el área de la laguna. Por tal razón, es necesario brindar capacitación y asesoría técnica a los colimenses que así lo requieran para generar medios de sustento de forma autónoma por medio de la acuacultura. Esta actividad productiva, conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consiste en el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como al interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción, y tiene la ventaja de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria proporcionando suficiente alimento para todos.

En este sentido, conforme a lo que señala el Proyecto de Nación 2018-2024 del gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el enfoque en el “sector debe orientarse al fomento de la acuacultura responsable, buscando una mayor eficiencia en los insumos y recursos y minimizando los efectos ambientales (contaminación de aguas, destrucción de hábitats [...]”. En México, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) es el organismo público, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola, entre cuyas funciones se encuentra la de dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesquera y acuícolas, así como apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas, esto conforme a las fracciones VI y VII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En este contexto, los recursos técnicos y los conocimientos generados por el Inapesca se encuentran disponibles para todos los colimenses dedicados a la pesca y a la acuacultura en la laguna de Cuyutlán, por lo cual se debe llamar a los funcionarios a cargo de este organismo público a redoblar los esfuerzos en sus labores y llevar a cabo las acciones necesarias para establecer convenios en materia de capacitación y transferencia de tecnología directamente con las cooperativas de producción pesquera y acuícola, a fin de impulsar el desarrollo de este tipo de actividades productivas y mejorar el ingreso económico de los pobladores de la referida laguna.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado la resolución de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas para que con base en sus atribuciones giren sus instrucciones al personal competente de sus dependencias para iniciar los trámites y procedimientos correspondientes para declarar como Área Natural Protegida los vasos lacustres III y IV de la laguna de Cuyutlán en el estado de Colima, teniendo como punto de partida los estudios técnicos justificativos a fin de realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la zona.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones para que dicho órgano elabore, coordine e implemente las estrategias y planes pertinentes y necesarios para recuperar la calidad del agua de la laguna de Cuyutlán, así como las respectivas a fin de mitigar los daños ambientales ocasionados a esta esta subcuenca hídrica.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Pesca para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a los servidores públicos bajo su responsabilidad para que suscriban convenios en materia de capacitación y transferencia de tecnología con los productores pesqueros y acuícolas a fin de incentivar el desarrollo de estas actividades productivas en la laguna de Cuyutlán.

Referencias

Cabral S., E. Uso, manejo y preservación de recursos naturales. Tesis de Doctorado en Ciencias. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, 2011.

Deyta T., A. Retrospectiva del comportamiento ambiental de un sistema lagunar en el Estado de Colima. Tesis de Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales. Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre medio ambiente y Desarrollo, Instituto Politécnico Nacional.

Torres, J. y Quintanilla-Montaño, A. “Alteraciones antrópicas: historia de la Laguna de Cuyutlán, Colima”, Investigación Ambienta Ciencia y Política Pública, número 6 (1), SEMARNAT-INECC, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en la zona libre Frontera Norte la región los Cinco Manantiales para beneficiar a los habitantes con las medidas por implantar, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República a incluir a la región de los Cinco Manantiales a la “Zona Libre Frontera Norte” propuesta por el mismo presidente, a efecto de que los habitantes del lugar se vean beneficiados por las medidas que se implementarán, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Actualmente la franja fronteriza norte comprende el territorio existente entre la entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior.1 Los municipios que se encuentran dentro de ese territorio tienen acceso a diversos beneficios con el propósito de fortalecer y hacer más competitiva esta zona, ya que, por su cercanía con Estados Unidos de América, enfrentan grandes retos. Sin embargo, no solamente los municipios que forman parte de la Franja Fronteriza se encuentran en esta situación, sino que, por su ubicación, toda la Región Fronteriza tiene retos importantes a los cuales hacer frente.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Región Fronteriza o Norte de Coahuila está conformada por diez municipios: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza,2 de ellos, únicamente 5 municipios y una parte de un sexto forman la Franja Fronteriza y tienen acceso a los estímulos fiscales.

La dinámica comercial y social dentro de esta Región Fronteriza de Coahuila es muy estrecha. El municipio de Nava mantiene una relación cercana con Piedras Negras, dando origen a la Zona Metropolitana, y a su vez, esta zona tiene una fuerte relación con la región denominada Cinco Manantiales, que comprende los municipios de Allende, Zaragoza, Nava, Morelos y Villa Unión.

La región de los Cinco Manantiales se encuentra dentro de una distancia de 53 km de la frontera, es decir, rebasa los 20 km de la Franja Fronteriza, por lo que los municipios que la conforman no obtienen los beneficios referidos. Esta situación provoca que diariamente miles de habitantes se trasladen, principalmente a Piedras Negras, a desempeñar sus actividades cotidianas y así acceder a los beneficios con los que sí cuenta esta zona, provocando una importante dependencia económica de los Cinco Manantiales respecto de Piedras Negras.

En este contexto de desigualdad de oportunidades existente entre la Franja Fronteriza y los Cinco Manantiales, se han desatado diversos problemas que afectan directamente a los habitantes. Un claro ejemplo de ello es el precio de la gasolina, pues resulta ser mucho más elevado en la región de los Cinco Manantiales, ya que la Franja Fronteriza obtiene subsidios. Esta situación ha provocado que se desplomen las ventas hasta en un 90% en las gasolineras ubicadas en esta región, debido a que las personas prefieren trasladarse a la Franja Fronteriza o a Texas para comprarla a un menor costo, afectando en gran medida la economía regional.3

Además, debido a la cercanía de esta región con Estados Unidos de América, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y del Rio, Texas, se encuentra en gran desventaja, pues los municipios de los Cinco Manantiales están conectados con dichas ciudades a través de la carretera federal 57, siendo muy fácil trasladarse a ellas. Ante esta situación, gran parte de la población prefiere realizar actos de comercio en las referidas ciudades norteamericanas, pues les resulta mucho más económico. Esta situación evidentemente perjudica a la actividad comercial y productiva, pero ya no solamente a escala local, sino nos afecta como país.

La región de los Cinco Manantiales en su momento ya fue considerada parte de la Franja Fronteriza, esto se debió a que en 1994 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó instalar una garita en el kilómetro 53 de la carretera federal 57, sin embargo, dicha garita fue cerrada en 2014.

Existe otra razón muy importante por la cual consideramos que los Cinco Manantiales deben contar con estímulos fiscales; Coahuila es el estado más endeudado de todo el país desde el 2016 de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,4 entonces resulta necesario que esta entidad reciba apoyos que ayuden a su liquidez para afrontar sus compromisos.

Los municipios que conforman los Cinco Manantiales se encuentra en total desventaja a escala local al depender económicamente de Piedras Negras, pero también a una escala mayor, frente a las ciudades norteamericanas. Ante esta problemática se han presentado con anterioridad un gran número de peticiones por parte de Diputados Locales, Diputados Federales, Alcaldes y demás organizaciones para que esta región sea incluida dentro de la franja fronteriza y así recibir los estímulos fiscales que implicaría, sin embargo, no se han tenido respuestas favorables.

En campaña el Actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró en diversas ocasiones que se desde el primero de enero de 2019 se implementarán las siguientes medidas para fortalecer competitividad de la frontera norte a través de una Zona Libre:

• Disminución del IVA del 16 al 8%

• Disminución del ISR del 34 al 20%

• Homologación del costo de la gasolina con el de Estados Unidos de América

• Incremento en el salario mínimo del 100%

Compartimos la idea de que esta propuesta efectivamente ayudará al crecimiento y desarrollo de la frontera norte, la hará más competitiva y, además, ayudará a reducir el fenómeno migratorio. Precisamente en ese sentido hacemos esta petición, queremos que toda la región fronteriza de Coahuila obtenga los beneficios de formar parte de la Zona Libre y así lograr los objetivos planteados por el actual gobierno.

Al incluir a los Cinco Manantiales dentro de la Zona Libre se beneficiarían 81,560 personas de manera directa y muchas más de manera indirecta.

Tabla propia con datos del estudio “Principales resultados de la encuesta Intercensal 2015 Coahuila de Zaragoza” elaborado por el Inegi5

Incluir a los Cinco Manantiales a la zona libre significaría progreso, desarrollo y crecimiento económico para Coahuila y para todo el país, al fortalecer esta zona podría ser atractiva para la instalación de nuevas fuentes de empleo que a su vez se traduciría a mejor calidad de vida de los coahuilenses y favorecería a las empresas mexicanas al tener mejores condiciones que le permitan ser realmente competitivos frente a comerciantes estadounidenses.

Fundamos esta petición en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales [...]”

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda incluir a la región de los Cinco Manantiales en el programa “Zona Libre Frontera Norte”, a efecto de que los habitantes de los municipios que conforman dicha región se vean beneficiados a través de las medidas anunciadas a emprender a partir del primero de enero de 2019.

Notas

1 SAT, Franja y Región Fronteriza, SHCP, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Franja_region_fronte riza.aspx

2 Gobierno del estado de Coahuila, Plan directos de desarrollo urbano del municipio de Nava, Coahuila, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en:

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila /regionalizacion.html

3 Super Channel, A la quiebra 10 gasolineras de 5 manantiales, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: http://superchannel12.com/a-la-quiebra-10-gasolineras-de-5-manantiales/

4 SHCP, Sistema de Alertas, consultado el 18 de noviembre de 2019, disponible en:

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISC IPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018

5 Inegi, “Principales resultados de la encuesta Intercensal 2015 Coahuila de Zaragoza”, pág. 15, disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2 015/702825079703.pdf, consultado el 21 de octubre de 2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para sancionar el ecocidio cometido en la presa Álvaro Obregón, en Mexquitic de Carmona, SLP, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luís Potosí, a la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a efecto de que se sancione a la brevedad y enérgicamente el ecocidio realizado en la presa Álvaro Obregón, del municipio de Mexquitic de Carmona, del estado de San Luís Potosí.

Consideraciones

La capacidad lesiva de las acciones del ser humano a su entorno es inaudita. La modernidad y la creciente industrialización del entorno, provoca con frecuencia daños a los frágiles ecosistemas de las regiones.

Empresarios sin escrúpulos atacan al medio ambiente, que se ha convertido ya, en uno de los bienes jurídicos más preciados. El desequilibrio ecológico provocado de manera abiertamente dolosa, es un ataque directo en contra no solo de la fauna y la flora de la localidad, también es una franca agresión a la vida y salud de los seres humanos que habitan en ese entorno.

En el municipio de Mexquitic de Carmona, en el estado de San Luis Potosí, se ubica la presa Álvaro Obregón, cuyo vital líquido es utilizado para uso agrícola y humano, abasteciendo de agua a las comunidades aledañas, además de ser un centro de esparcimiento para los capitalinos en fin de semana.

La última semana del mes de octubre de este año 2018, los habitantes del municipio de Mexquitic de Carmona, notaron que sobre las aguas de la presa se extendía una mancha de diferentes colores y una capa de nata sobre las orillas. Tras las primeras movilizaciones de las autoridades locales se dedujo que miles de metros cúbicos de solventes altamente volátiles fueron vertidos a la presa. Debido a ello 30,000 (treinta mil) truchas que formaban parte de la producción del Centro Acuícola La Chalada, que da empleo y sustento a una decena de trabajadores y sus familias en la localidad y algunos patos que encuentran en las aguas de esa presa descanso en su migración, murieron. Las compuertas de la presa fueron cerradas y el uso de esas aguas fue suspendido. Ante la mortandad de peces y otras especies, los restos de todos estos animales debieron ser incinerados.

Este hecho ha conmocionado a la población potosina, pues no existe algún precedente similar en esta zona, dado que al considerarse que efectivamente se tratara de un solvente volátil, los riesgos a la salud por contacto con el agua contaminada pueden ser desde intoxicación, irritación en la piel, dificultad para respirar hasta enfermedades graves.

Un ataque de estas dimensiones y de esta naturaleza no debe quedar impune, exigimos una pronta investigación de los hechos aquí reseñados y por supuesto una sanción que repare el daño a la población potosina ante tan atroz conducta.

Las aguas son patrimonio de nuestra nación, en ellas se gesta un ciclo de vida y particularmente, esta comunidad había generado un ciclo productivo, al instalar de manera sustentable una granja acuícola. No obstante que los ojos de los potosinos están puestos en semejante acto, no existe un mecanismo emergente que pueda evitar a la brevedad nuevos ataques, en tanto las autoridades locales se hacen de medios tecnológicos que le permitan tal fin. Con base en ello, solicitamos se apoye a las autoridades del estado de San Luis Potosí y particularmente a las del municipio de Mexquitic de Carmona con la presencia de personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal.

La colaboración de las autoridades federales en este municipio es de suma importancia, toda vez que con más frecuencia se presentan en dicha demarcación problemáticas relacionadas con los recursos naturales. El recurso hídrico, en un lugar como el altiplano potosino donde el clima es seco, estepario, con escasas lluvias, es ya un conflicto entre comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luís Potosí, a la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a efecto de que se sancione a la brevedad y enérgicamente el ecocidio realizado en la presa Álvaro Obregón, del municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Policía Federal a efecto de que apoye a las autoridades del estado de San Luis Potosí y particularmente a las del municipio de Mexquitic de Carmona con la presencia de personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal con la finalidad de evitar a la brevedad nuevos ataques, en tanto las autoridades locales se hacen de medios tecnológicos que les permitan tal fin.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sener un programa de apoyo para condonar adeudos a usuarios de Puebla, el estado de México e Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad implante un programa de apoyo para la condonación de adeudos, en favor de usuarios de los estados de Puebla, México e Hidalgo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de octubre de 2009, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). El argumento dado en su momento para la liquidación del organismo descentralizado fue la supuesta “comprobada ineficiencia operativa y financiera”. Se dijo que, su operación representaba un costo muy elevado para la economía nacional e interés público de la nación.

El gobierno federal operó de forma desaseada, turbia y tramposa, como consecuencia, en el decreto no se determinó, entre otras cosas, qué instancia asumiría las funciones de LFC.

El decreto señalaba que, con base en Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sería el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes el encargado de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que dicha instancia fue la comisionada para nombrar a los depositarios, liquidadores, interventores y administradores a cargo del proceso de liquidación.

Antes de su extinción, LFC era el organismo público descentralizado encargado de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona central del país- Ciudad de México, 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, tres de Puebla y cinco de Hidalgo.

Con la desaparición de LFC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hizo cargo de prestar el servicio de energía eléctrica en las localidades donde operaba la extinta empresa. Sin embargo, las lagunas legales del decreto de extinción generaron incertidumbre entre los usuarios de los servicios de LFC; los cuales, nunca tuvieron claro a favor de quien tenían que hacer el pago del servicio.

Hasta 2013, cuando la CFE no comenzó a requerir el pago del servicio a los usuarios, el cobro de adeudos se remontaba al 2009, desde la desaparición de la LyFC. Lo anterior, provocó la inconformidad y descontento de la población, pues no contaban con los recursos económicos para cubrir dicho adeudo.

En enero de 2016, la CFE emprendió medidas restrictivas como fueron los reiterados cortes en el servicio eléctrico, con la única finalidad de presionar a los usuarios a cubrir sus adeudos, soló la movilización social impidió que prosperarán dichas medidas.

Sin embargo, los cortes de luz generaron graves pérdidas económicas a los pobladores de las localidades afectadas con la suspensión del servicio de energía. Desde entonces, los adeudos han seguido creciendo sin que las autoridades hayan buscado solucionar la problemática, actualmente las deudas de los usuarios van desde los 40 mil pesos y algunas alcanzan montos superiores a 400 mil pesos.

Como se mencionó, el proceso desaseado de extinción de LyFC fue la causa de que miles de usuarios dejarán de pagar, provocando un grave problema de cultura de no pago en muchas localidades, donde menos de 10 por ciento de los usuarios de los servicios de electricidad pagan sus recibos.

La presente proposición con punto de acuerdo plantea la implantación de un programa, a cargo de la Secretaría de Economía, para que la CFE condone los adeudos de los usuarios que por falta de información clara y con motivo de la extinción de la LyFC, dejaron de pagar sus recibos.

Dicha medida permitirá mejorar las finanzas de la CFE, pues los usuarios comenzarán a pagar por su consumo de electricidad; además, dará certeza y tranquilidad a los usuarios, quienes tendrán la seguridad de que no volverán a sufrir un solo corte más de energía por adeudos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad implante un programa de apoyo para la condonación de adeudos en favor de usuarios de los estados de Puebla, México e Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Conocer, a través de la SEP, a efecto de que en los 13 puntos nacionales de repatriación de mexicanos se presten servicios de expedición de certificados como técnicos calificados en el extranjero, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La diputada federal Claudia Angélica Domínguez Vázquez, y los diputados federales que suscriben, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66, numeral 4, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la implementación de la política antimigrante emprendida por el expresidente Barack Obama, y por el ahora presidente Donald Trump, se ha visto un incremento significativo no sólo en las deportaciones, sino también paradójicamente, un incremento en el envío de las remesas, esto último debido principalmente, a que nuestros connacionales se ven en la necesidad de ahorrar en caso de ser deportados o de apoyar a sus familiares que ya fueron repatriados.

Según datos de la Secretaría de Gobernación, las deportaciones del primer periodo del gobierno de Barack Obama (2009-2012) ascendieron a casi 1 millón 845,573; mientras que para el segundo periodo (2013-2016) fueron de 988 mil 276; durante estos ocho años, el 83.3 y 33.5 por ciento correspondían a hombres y mujeres, respectivamente, que se encontraban dentro de la población económicamente activa (PEA).1

La población deportada durante los años 2015 a 2017, el 41 por ciento se dedicaba al sector agropecuario; el 14.3 por ciento a la construcción; el 11.3 por ciento al sector manufacturero; el 8.4 por ciento a servicios profesionales y financieros, y el 7.3 por ciento al comercio.

En el segundo año de administración del presidente Donald Trump, de acuerdo al boletín Emif Norte Encuesta sobre Migración en Frontera Norte México, reporte semestral de resultados: octubre 2017-marzo 2018,2 en el primer trimestre de 2018, se realizaron en promedio 48 mil deportaciones, cifra muy superior a la realizada en el mismo trimestre 2017, que fue de 36 mil deportaciones en promedio, por lo que habrá que estar muy atentos los próximos años.

Debido al alto número de personas deportadas, el Estado mexicano tiene que generar políticas públicas que permitan a este sector de la población, facilitar su reinserción en el sector laboral, a través de acciones como la certificación de competencias y habilidades.

Sabemos que a través del Sistema Nacional de Competencias que promueve el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer),3 México busca desarrollar el potencial productivo del capital humano y contribuir a impulsar la competencia en los sectores de la construcción, la minería, el turismo, la industria automotriz, el desarrollo de software, entre otros más; además busca que los trabajadores adquieran más y mejores conocimientos y habilidades, a fin de que acceder a un mejor empleo.

Dicha entidad se encuentra conformada por el sector privado (Consejo Coordinador Empresarial, Confederación Patronal de la República Mexicana y Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos); sector social (Congreso del Trabajo, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Confederación de Trabajadores de México) y por el sector público (Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Economía; Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Energía; Secretaría de Turismo; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; y Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP), por ello, necesitamos que éstos actores que participan en la implementación del Sistema Nacional de Competencias, impulsen acciones que permitan hacer más fácil su regreso a México y su reinserción en la vida productiva.

Es necesario que les ofrezcamos a nuestros con nacionales deportados, un mecanismo que les reconozca sus habilidades, aptitudes y liderazgos adquiridos en aquel país, mediante el otorgamiento de una certificación de sus oficios, que los reconozca como técnicos calificados en el extranjero.

Miles de mexicanos deportados tienen la preparación, las habilidades, la experiencia y la destreza necesaria para desempeñar diversos oficios, sin embargo, no cuentan con documentos que avalen sus conocimientos y muchos menos, con documentos que avalan su nivel académico.

Es de suma importancia voltear a ver a los migrantes en retorno, no sólo para devolverles algo de lo mucho que ellos han aportado a nuestro a país mediante las remesas que envían durante su estancia en Estados Unidos; sino también debemos garantizarles que, a su regreso, puedan acceder a mejores oportunidades laborales y por consiguiente un mejor nivel de calidad vida.

No será sino a través de la implementación de acciones concretas, como la del otorgamiento de certificaciones como técnicos calificados en el extranjero, que lograremos ayudarlos a muchos de nuestros mexicanos que fueron deportados, para que se inserten en la vida laboral, y con ello, contribuir al progreso de México.

En ese orden de ideas, queremos exhortar al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que en los 13 puntos de repatriación de mexicanos que existen en el territorio nacional, se instalen servicios que permitan facilitar la acreditación competencias y habilidades de los ciudadanos devueltos al país.

Es necesario aprovechar la experiencia laboral de las personas que son deportadas de Estados Unidos a México, así como las buenas prácticas con las que se han desempeñado durante su vida laboral, todo ello, en beneficio del desarrollo de nuestro país.

La coyuntura que se nos presenta en el país el día de hoy, con el nuevo cambio de gobierno, así como la sinergia que se dará con el movimiento de la cuarta transformación, creemos que, respaldándolos como técnicos certificados en el exterior, ayudaremos a nuestros connacionales a fortalecer el mercado interno, tal y como lo pretende nuestro próximo presidente.

Por otro lado, lograr que los mexicanos repatriados se inserten a la vida laboral, estaremos contribuyendo a financiar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para aquellos trabajadores que están jubilados o por jubilarse. Es importante generar esquemas que permitan crear empleos formales, y con ello, inyectar recursos el sistema de pensiones, y con ello, fortalecer el sistema de seguridad social en México.

Finalmente, es importante señalar que con estas medidas contribuiremos para que los deportados, sean incluidos dentro del Sistema Educativo Nacional, al otorgarles un certificado a quienes acrediten conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que en los 13 puntos de repatriación de mexicanos que existen en el territorio nacional, se instalen servicios en los que se puedan emitir certificados como técnicos calificados en el extranjero, a los repatriados que acrediten la formación que hayan obtenido por experiencia laboral o formación académica técnica no comprobable.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2017/01/24/ los-deportados-obama-trump/

2https://www.colef.mx/emif/boletines/Reporte%20NORTE%20S 1%202018.pdf

3 Es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, en la que participan de forma tripartita representantes de trabajadores, empresarios y gobierno. Denominado “Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral”.

Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2018.

Diputados: Claudia Agélica Domínguez Vázquez, Ángel Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, Óscar González Yáñez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar y dar seguimiento a la ejecución de los recursos del Fonden asignados a los municipios nayaritas afectados por el huracán Willa, a cargo del diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Miguel Pavel Jarero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 31 de octubre de 2018 la Secretaria de Gobernación otorgó la Declaratoria de Desastre Natural a ocho municipios del Estado de Nayarit tras el paso del huracán Willa.1

Con esta declaración los municipios de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan pueden acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), específicamente para dar atención a los daños ocasionados por las inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos y arroyos.

Recientemente, el 23 de noviembre, se llevó a cabo una reunión técnica de evaluación de daños del Fonden, presidida por el Gobernador Estatal de Nayarit, Antonio Echeverría García, en la que participaron funcionarios federales y estatales, así como los alcaldes de los municipios involucrados. Se dio a conocer el impacto económico de “Willa” el cual asciende a poco más de 3 mil 659 millones de pesos, así mismo, se actualizo el número de damnificados estimados en 260 mil 305 pobladores, aproximadamente 72 mil 834 viviendas y 13 mil 121 unidades económicas, siendo los sectores agropecuario, acuícola y pesquero los más afectados.2

Pese a que los daños económicos ascienden a 3 mil 659 millones de pesos, autoridades estatales han apuntado que se espera una aportación de mil 554 millones de pesos del Fonden, para la atención de daños en los sectores hidráulico, pesquero, acuícola, carretero y educativo.

Si bien, el propio Gobernador del Estado ha dicho que será la Secretaría de la Contraloría General quien vigilara la aplicación de los recursos asignados del Fonden, sería importante dada la naturaleza del origen de los recursos de carácter federal, sea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el órgano que, de acuerdo con sus facultades, inicie un trabajo de fiscalización y/o auditoría sobre el proceso de reconstrucción de los municipios afectados por el fenómeno “Willa”.

El objetivo central es el de evitar irregularidades en el uso de los recursos del Fonden, y con ello evitar generar un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

En años anteriores como parte de la revisión de la Cuenta Pública, la ASF ha detectado diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fonden en diferentes entidades.

De acuerdo con la Organización No Gubernamental “México Evalúa”, en el 53% de las auditorías aplicadas al Fonden entre 2003 y 2015 tuvieron un dictamen negativo, en tan solo 15 auditorías, la ASF detectó que de un monto revisado por 17 mil 827 millones de pesos se detectó un posible daño al erario por más de 4 mil 180 millones de pesos, tras desastres naturales registrados en Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Tabasco.3

En el caso de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, el reporte de los auditores arrojó un desvío superior a los 800 mil pesos en el Fideicomiso Fonden destinado a la adquisición de apoyos para población damnificada.4

Por citar otro ejemplo, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó diversas irregularidades en la aplicación de recursos del Fonden autorizados para el año 2016, para la atención de desastres naturales ocurridos en los estados de Chiapas y Veracruz. En el mismo informe se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 198 mil pesos, derivado de cuatro pliegos de observaciones, que correspondieron a la administración del Fonden en 2003.5

Dadas las experiencias previas de malversación de recursos del Fonden, es importante que la ASF en Nayarit, sea el órgano que revise, audite y de seguimiento a los ingresos asignados para la reconstrucción de los municipios afectados. Se requiere garantizar una estricta fiscalización de los recursos públicos asignados a los damnificados.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados instruye respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que se desempeñe como el órgano fiscalizador que revise, audite y dé seguimiento a la ejecución de los recursos del Fonden asignados a los municipios afectados por el huracán Willa en el estado de Nayarit.

Segundo. La Auditoría Superior de la Federación entregara a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, un informe detallado sobre el ejercicio y aplicación de dichos recursos a más tardar el 20 de febrero de 2019.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542591&fecha=31/10/ 2018

2 https://www.nayarit.gob.mx/comunicacion_social

3 https://www.mexicoevalua.org/tag/fonden/

4 https://www.animalpolitico.com/2016/10/duarte-veracruz-empresas-fantasm a-desvio-recursos/

5 https://www.reporteindigo.com/reporte/revelan-irregularidades-en-recurs os-del-fonden/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a fortalecer las campañas de supervisión y vigilancia en los comercios del país con objeto de garantizar la protección de los consumidores en esta temporada decembrina y de fin de año, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las campañas de supervisión y vigilancia en todos los comercios del país con el objeto de garantizar la protección de los consumidores durante la temporada decembrina y fin de año 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados, fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse.

Nuestro país es hoy un destino moderno y de clase mundial donde el sector turismo juega un papel cada vez más importante en el crecimiento económico y el desarrollo social y regional, por su aporte en generación de empleos e inversiones contribuye a mejorar el bienestar y calidad de vida de la población en diversos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en el tercer trimestre de 2018, la población ocupada en el sector turismo de México fue de 4 millones 145 mil empleos directos, lo que significó un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6 por ciento del empleo total.1

El empleo turístico aumentó 2.0 por ciento en el tercer trimestre de 2018 con respecto a igual periodo de 2017, cifra menor a lo alcanzado por el empleo nacional que fue de 2.4 por ciento. Este aumento, significó 81 mil 488 empleos directos.

Para ponderar la relevancia e impacto, cabe señalar que el turismo representa el 85 por ciento de la demanda de bienes y servicios turísticos del país, es decir, es el ramo que da mayor rentabilidad a los negocios a nivel nacional.

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2016 México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales, lo que significó avanzar cinco posiciones en el ranking de la OMT desde 2012, año en el que se encontraba en la posición 13.2

El sexto informe de gobierno presidencial 2018, señala que el arribo de turistas internacionales a México creció de forma significativa, al registrar 39.3 millones de turistas en 2017, superior en 67.9 por ciento (15.2 millones de turistas) respecto a 2012.3

De 2013 a 2017 se recibieron 46.4 millones de turistas más que en el mismo periodo del sexenio anterior, lo que significó un incremento de 40.8 por ciento (113.6 millones entre 2007 y 2011, y 160 millones entre 2013 y 2017) y entre enero a junio de 2018 arribaron al país 20.6 millones de turistas internacionales, cifra superior en 7.3 por ciento a los recibidos en el mismo periodo de 2017 (19.2 millones de turistas).

Durante 2017, México se mantuvo como el principal destino del turismo egresivo de Estados Unidos de América (EUA). De acuerdo con el Departamento de Comercio de EUA, en 2017 un total de 9.8 millones de turistas de ese país visitaron México por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 70 por ciento respecto a 2012.

De enero a junio de 2018, los ingresos de divisas de los visitantes internacionales fue de 11.6 mil millones de dólares, cifra superior en 4.3 por ciento a los 11.1 mil millones de dólares obtenidos en el mismo periodo del año anterior.4

Sin embargo, cada periodo vacacional miles de personas transitan por todo el territorio nacional con el objetivo de visitar sus familiares, o bien por placer, situación que es aprovechada por diversos comercios, restaurantes, agencia de viajes, entre otros, para alterar los precios de los bienes y servicios que ofrecen.

Tan sólo en el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2017, se tienen registradas a nivel nacional en la Procuraduría Federal del Consumidor, un total de 18 mil 369 quejas relacionadas contra proveedores del sector turístico.5

Por mencionar algunos ejemplos, en el periodo vacacional de Semana Santa 2018, por 287 vuelos retrasados o cancelados en las pasadas vacaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor recuperó un total de 3 millones 313 mil pesos a favor de pasajeros que resultaron afectados por las aerolíneas y el monto rebasó en 15 por ciento de lo reclamado.6

Lo anterior demanda reforzar las medidas de vigilancia e inspección en los centros comerciales, mercados, hoteles, restaurantes, centros de recreación, tiendas de autoservicio y departamentales, agencias de viajes, estacionamientos y agencias de rentas de autos, principalmente, para vigilar que se respeten los derechos de los viajeros, en la temporada decembrina y fin de año.

Además, como sabemos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las vacaciones decembrinas más de 36 millones y dos millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y docentes de todo el Sistema Educativo Nacional salen de vacaciones.7

Ante este panorama, es una prioridad la atención de los paseantes en una de las temporadas de mayor consumo del año, con el objetivo de realizar acciones preventivas, de orientación y atención de quejas.

Resulta indispensable evitar prácticas irregulares en detrimento de los consumidores aprovechando el periodo vacacional que, al contrario, debe ser una oportunidad para incrementar la derrama económica de establecimientos y no un mecanismo de abuso.

Asimismo, se requiere promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales justas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, a fin de evitar que se presenten irregularidades durante la próxima temporada decembrina y fin de año.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las campañas de supervisión y vigilancia en todos los comercios del país con el objeto de garantizar la protección de los consumidores durante la temporada decembrina y fin de año 2018.

Notas

1 https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosI TET.aspx

2 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152

3 http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf

4 http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf

5 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/ 08/asun_3566803_20170831_1504200429.pdf

6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/12/profeco-recupero-mas-de-3 -mdp-de-afectados-por-aerolineas-9937.html

7 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 6 de diciembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para detener la ejecución del proyecto del Metrobús, o Corredor del Transporte Público Intermunicipal Matamoros-Torreón, hasta que éste se evalúe sustancialmente entre las partes involucradas, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , con base en las siguientes

Consideraciones

1. Previo al inicio de su mandato presidencial el día 1 de diciembre del 2012, el licenciado Enrique Peña Nieto estableció 266 compromisos nacionales y estatales o “compromisos de gobierno (CG), de los cuales 90 de esos compromisos, se relacionaban con la infraestructura para el transporte (39 por ciento del total de los CG). El enfoque considerado en su plataforma electoral, consideraba el impulso en principio a la inversión en infraestructura e Impulso a políticas de baja generación de carbono, orientando al sector de energía y transporte.

De los 90 compromisos de movilidad, 46 fueron proyectos carreteros y 19 de infraestructura vial en ciudades, mientras que sólo 9 son de transporte de carga, 8 de transporte público y 1 de movilidad no motorizada. Cabe destacar la tendencia preocupante en el país, relativo a que el 75 por ciento de los fondos federales para movilidad y transporte en zonas metropolitanas están dedicados hoy a la infraestructura vial para vehículos privados, mientras que solo 11 por ciento va para transporte público, no obstante que este último, mueve al doble de personas que el primero. Lo que da de sí, la política aplicada en materia de inversión en el país, por el sexenio que acaba de terminar.

2. Es de reconocer que el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2012-2018, coincidían en la creación de sistemas integrados de transporte que hablaran el mismo idioma, es decir garantizar por encima de inversiones multimillonarias en cemento o en trenes, la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, reconociendo que la inversión en infraestructura de transporte público y ferroviario tiene un costo de oportunidad muy alto para el país, de ahí la necesidad de invertir en el marco de una política integral de planeación y no seguir invirtiendo en proyectos aislados de poco impacto y beneficio para la población.

3. De los 266 CG, se estableció que 5 de ellos se destinarían para el desarrollo e impulso de la región lagunera, en el estado de Coahuila:

a) Impulsar obras de infraestructura que permitan mejorar abasto y calidad del agua en región lagunera (CG número 114).

b) La conclusión y modernización del segundo Periférico de Gómez Palacio-Torreón.

c) Modernizar el transporte público urbano en la región lagunera (CG número 116).

d) Proponer a la Cámara de Diputados un incremento en los recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna (CG número 117).

e) Teniendo en cuenta la situación que enfrentan los campesinos, el quinto compromiso consistió en crear el programa “Seguro Agropecuario para el Combate a la Sequía” (CG número 118).

4. Con base en el CG número 116, relativo a “modernizar el transporte público urbano en la región lagunera”, el sábado 10 de agosto del 2013, autoridades de la Dirección de Transportes anuncian la estrategia para la modernización de este en la zona metropolitana de La Laguna, destacan el inicio los estudios del BRT corredor troncal La Laguna y del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de La Laguna con una inversión estimada en 20 millones de pesos.

El proyecto, según ellos era un compromiso con los laguneros de los gobernadores Jorge Herrera Caldera y Rubén Moreira Valdez, con el propósito de brindar a la región un servicio de transporte público digno, eficiente y seguro.

En rueda de prensa, donde participaron autoridades del transporte de Coahuila, los alcaldes electos de los municipios laguneros, directivos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del Programa de Transporte Masivo (Protram) de Banobras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los representantes de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango así como de los municipios de la Zona Conurbada de la Laguna: Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, se detalló el plan para concretar la modernización del transporte público.

El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto se estaría desarrollando en dos etapas, de las cuales la primera consiste en realizar en Durango los estudios correspondientes al BRT corredor troncal La Laguna, complementarios a los de movilidad que se realizaron en Torreón y Matamoros, para integrarlos en uno solo, esto con una inversión de cinco millones de pesos del Fondo Metropolitano.

Esto permitirá a la Zona Metropolitana de la Laguna obtener el registro al Programa de Transporte Masivo, para poder acceder a recursos tanto para estudios como para los proyectos ejecutivos de infraestructura, hasta por 15 millones de pesos. Los estudios en mención determinarían el tipo de unidades para el servicio, la cantidad de unidades que deben circular, el tipo de organización de los concesionarios, el aforo de usuarios, etcétera; en fin, todo lo que un proyecto de ordenamiento y reestructuración de rutas debe tener.

5. Conforme al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Laguna (PIMUS) elaborado por la empresa Transconsult, SA de CV, considera los siguientes conceptos de inversión del proyecto Metrobús Laguna.

El monto de ejecución con IVA, asciende a $ 1,910,699,833.00 al 2014.

Contrariamente, el mismo proyecto, pero de 2016, la empresa Logit Logística, Informática y Transporte, SA de CV, arrojaba el origen de los recurso muy por debajo de los conceptos de inversión, aun cotizados dos años atrás.

6. Al 5 de diciembre del 2014, teniendo como principal razón el desplome de los precios del petróleo que derivan en un alto recorte presupuestal, el presidente manifiesta públicamente que no atendería al 100 por ciento los 266 compromisos presidenciales.

Al respecto y de acuerdo con la solicitud de transparencia vía el IFAI, con folio 0210000179214, el político mexiquense sólo tenía cumplido a la fecha el 10.52 por ciento de sus promesas, es decir sólo 28 compromisos habían sido satisfechos, los proyectos cancelados de manera definitiva fueron: compromiso 243, tren transpeninsular que correría de Mérida, Yucatán, hasta Punta Venado, en Quintana Roo, firmado el 25 de junio de 2012 en Yucatán, así como el proyecto del tren rápido de alta velocidad México-Querétaro, promesa firmada el 24 de mayo del 2012.

7. El día 4 de mayo del 2016, se firma y se anuncia con bombo y platillo por parte del gobernador Rubén Moreira, los alcaldes de Torreón, Miguel Riquelme y de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, acompañados por el director en Coahuila de Banobras, Ramiro Marcos Ramones y el director de SCT en Coahuila, Héctor Franco López, el convenio de voluntades con el que se dará cumplimiento al compromiso presidencial número 116, señalando que el proyecto Metrobús Laguna, el que entraría en operaciones en noviembre del próximo año.

La inversión del proyecto es de 1,500 millones de pesos, el cual tuvo el respaldo y firma del Convenio de Apoyo Financiero que significa la autorización de recursos por parte de Banobras para financiar el Nuevo Sistema Metropolitano de Movilidad, para beneficiar a personas que transitan entre las ciudades de Torreón y Matamoros.

Destacan que, en 60 días, se concluiría el proceso de licitación ya con el fallo correspondiente con una duración de los trabajos de año y medio, para que el nuevo sistema de transporte comience a operar en noviembre del año entrante.

Este medio de transporte, considera desplazar diariamente en las dos ciudades y a través de rutas alimentadoras y auxiliares, alrededor de 180 mil usuarios, a través de tarjeta de prepago, cuyo traslado de pasajeros bajo confort, seguridad y una importante reducción en tiempo, debido porque se hará una reestructuración de las rutas existentes.

8. Sábado 7 de mayo del 2016, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera aseguró que se está desarrollando un proyecto para modernizar el sistema de transporte público en la Zona Metropolitana de La Laguna de Durango, pero que éste deberá tener continuidad en la próxima administración estatal.

El proyecto estará a cargo de expertos en el tema de la conectividad y a su término, indicarán la forma en que se habrá de aplicar, “cuando el proyecto termine se unirá al de Coahuila para generar la conectividad”. En atención al compromiso presidencial de Enrique Peña Nieto y que abarca toda la Comarca Lagunera, indicó.

9. Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas de Torreón, explicó que el proyecto del Metrobús Laguna, considera la construcción de un eje troncal de 25.5 kilómetros de longitud, integrado por un par vial de las calles Múzquiz-Ramos Arizpe- bulevar Revolución; 8.3 kilómetros de carriles confinados centrales en el tramo de las dos calles mencionadas, sobre el bulevar Revolución y 16 kilómetros preferentes en la carretera Torreón-Matamoros, hacia el centro de esta última ciudad.

El corredor incluye la instalación de 8 pasos peatonales elevados, flota vehicular integrada por 108 camiones de piso bajo, que funcionarán a base de gas comprimido. Con tres estaciones: la terminal Nazas, la terminal Mieleras y la otra terminal será en el centro de la ciudad de Matamoros.

Habrá en el trayecto, 22 estaciones intermedias, sistema de control de semáforos en 39 cruceros y 63 para buses. El municipio de Torreón asumirá el control operativo del transporte al instalar un centro de control automatizado en el edificio del Banco de México desde donde se podrá monitorear la frecuencia de viajes y el estado mecánico de las unidades.

10. La inversión considerada para el Metrobús Laguna implica una estructura presupuestal de 800 millones de pesos por parte de la federación, a través de Banobras, para la infraestructura vial del corredor, una inversión privada por 285.7 millones de pesos en la construcción de terminales, estación de gas, terrenos, para buses, pasos peatonales y por parte de los transportistas arriba de 400 millones de pesos para la compra de los nuevos camiones.

Al respecto, el alcalde Miguel Riquelme expresó que este proyecto “no es de a mentiritas. En él se garantiza nueva infraestructura vial, un modelo de negocio exitoso rentable para los transportistas y calidad en el servicio para los ciudadanos”.

El ingeniero Miguel Riquelme Solís, presidente municipal de Torreón, hoy gobernador del estado de Coahuila, garantizó los derechos de los transportistas y destacaba: “no hay intromisión de parte de la autoridad en el negocio, yo no quiero concesiones, ni beneficiar a nadie. El gremio transportista también tendrá a la mano la coordinación para que se sumen al proyecto, sus derechos están garantizados, el negocio es de ellos”.

Además, se hizo énfasis que las autoridades municipales realizarán con las diferentes organizaciones del transporte urbano y suburbano, reuniones técnicas y operativas para explicarles el modelo de negocio en el que confían sea de beneficio colectivo.

11. Simultáneamente Leticia Herrera, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición PRI-Panal-PVED-PD, dijo que está de acuerdo en que se incluya a este municipio en el proyecto del Sistema Transporte Colectivo Metrobús o BRT, una obra que, hasta el momento, se tiene contemplada para que circule solamente entre Torreón y Matamoros, pero manifestó que es necesario que los recursos del Fondo Metropolitano no se destinen a obras que le corresponde al Estado hacer.

12. Raúl Martínez Caldera, dirigente de 150 concesionarios de las rutas Cereso, Nuevo Gómez, Santa Rosa, Parque Hundido y Santa Rita, rechazó el proyecto integral para la modernización del transporte público en La Laguna, “con este suman tres los proyectos que les han presentado, el primero por la empresa Transconsult, el segundo a cargo de Guillermo Arce, exdirector de Transporte y ahora el del grupo SITRO, refirió que ninguno de los proyectos cumple con los objetivos requeridos: Disminuir el tráfico, mayor fluidez vial, modernizar del transporte sin afectar a los verdaderos concesionarios, asevero que las propuestas del proyecto carecen de planeación.

El proyecto no cuenta con cifras reales y lo que es prioritario es poner orden en las concesiones porque hay exceso, de ahí que sucedan congestionamientos”. Señalo que buscarán una entrevista con el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, para exponerles los motivos que los llevan a rechazar el proyecto.

13. La prensa regional, coincide que el diagnóstico del proyecto Metrobús Laguna tiene como eje el bulevar Revolución por donde transitan actualmente 55 de las 165 rutas urbanas y suburbanas, es decir, un 66 por ciento de unidades transitan por la rúa más congestionada de la ciudad, el impacto que también provocan los 40 mil vehículos particulares que circulan durante todo el día.

El proyecto inicial se financio con 4 millones del fondo metropolitano 2009, sus principales ramales son Zona Centro, Zona de Hospitales, Corredor Universitario, Plaza Jumbo, Ciudad Universitaria, entre otras.

14. En lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados al fondo metropolitano Coahuila-Durango, la aportación que les corresponde a los municipios de Coahuila, se canalizo al proyecto Metrobús-Laguna. Sin embargo, dada la opacidad del manejo de los recursos, se desconoce realmente a la fecha, cuanto, de lo invertido, corresponde a recursos del Fondo metropolitano, cuanto ha aportado Banobras y cuanto la iniciativa privada y de los concesionarios.

Los recursos aprobados en el PEF, a la zona metropolitana de la Laguna, en los últimos años son los siguientes:

15. En lo que corresponde a la supervisión y revisión de esta obre, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) efectuó dos revisiones. En la primera, de 2015, determinó irregularidades en la revisión de los requisitos de las empresas y determinó una recuperación de 3 millones de pesos, mientras que en el año de 2016 determinó un daño al erario por 26 millones de pesos, por pagos duplicados y errores en los precios unitarios de los materiales.

Además, en la revisión se identificó que 31 obras de las prometidas por Peña Nieto tuvieron retraso en su ejecución. Es decir, se inauguró en una fecha posterior a la prevista. El caso con mayor retraso es la promesa 116 , referente a “modernizar el transporte público urbano en la región lagunera, primera etapa”, se inició en 2015 y estaba proyectada para concluirse un año después, pero de acuerdo con el reporte de la SCT, hasta julio de 2018, la obra tenía 11 por ciento de avance y no hay fecha de conclusión ni inauguración”.

16. El 17 de noviembre del 2016 en Torreón, Coahuila. Concesionarios de transporte de Torreón y Matamoros manifestaron su inconformidad en el evento de inauguración de la obra del Metrobús Laguna, se señaló que no hay transparencia ni información respecto a los aforos del proyecto.

Su queja es que, no obstante, la programación de citas y encuentros con Rubén Moreira Valdez, gobernador del estado de Coahuila, y Miguel Riquelme Solís, presidente municipal, los encuentros y citas han sido cancelados de última hora.

Javier Escobedo, concesionario de la ruta Valle Oriente-Monterreal, expuso que desconocen los términos y cifras técnicas del proyecto, mismos que, dijo, no cuadran con las del proyecto.

“El aforo del pasaje no es el mismo que manejamos en Torreón y Matamoros que el que hizo la empresa. Están manejando 137 mil pasajeros y el aforo del proyecto era de 195 mil”, criticó.

Los concesionarios explicaron sobre el alto costo de las unidades proyectadas cuestan 8 millones de pesos, tema que sería incosteable con el aforo de 137 mil pasajeros. “No es viable, no se pagarían porque faltan más de 50 mil pasajeros”, opinó un propietario de ruta.

17. El 3 de noviembre del 2017, el subsecretario de gobierno del estado de Durango, Manuel Ramos, expresó su preocupación, de que los recursos del fondo metro, por parte del estado de Durango están en grave riesgo de perderse porque Durango no ha empezado los trabajos del Metrobús. Si el gobierno de Durango no arranca las obras del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo antes de que termine el año, perderá los recursos federales que se asignaron desde la pasada administración estatal.

Estableció el funcionario que son alrededor de 150 millones de pesos autorizados por la federación, a la fecha ya se han otorgado cinco prórrogas y establecido multas por no haber empezado siquiera a ejercer dichos recursos.

La empresa Transconsult tiene un “plazo prudente” para terminar los ajustes al proyecto ejecutivo del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, de manera que éste se haga llegar cuanto antes a la Secretaría de Hacienda para su aprobación.

18. El 8 de nov 2018 el secretario de Infraestructura del estado de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, señaló que se realizaron ajustes al proyecto de Metrobús Laguna, como es las fechas de entrega general de los trabajos, tras de una reingeniería administrativa ante la SCT y Banobras para destrabar pagos a la empresa Cemex.

En conferencia de prensa realizada confirmo que la obra civil, lleva actualmente un 85 por ciento de avance.

“Los trabajos físicos correspondientes exclusivamente a obra civil, en realidad deberán terminar en marzo del próximo año, incluyen las dos estaciones principales, instalación de todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del también llamado BRT Laguna, cruceros semaforizados, la eliminación de vueltas izquierda, paraderos para los usuarios y el acondicionamiento de las vialidades. “Pese a los ajustes en tiempos de esta obra, el secretario de Infraestructura asegura que la inversión no se ha encarecido y sigue en el orden de los 1 mil 500 millones de pesos, que es inversión tanto pública como privada. Informa que, en obras hasta ahora, se han destinado alrededor de 800 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 650 millones”.

Finalmente, el funcionario destaca que se invirtieron 4.5 millones de pesos, aportados por el gobierno del estado, ante la inconformidad de los transportistas por el aforo vehicular reportado en el proyecto, contratándose para ello a la empresa Coxval, asesor del Metrobús de la Ciudad de México.

19. Tres días después, Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila, manifiesta: “Sigue suspendida la entrega de los recursos del Fondo Metropolitano para La Laguna. Se espera que la SHCP libere los recursos a más tardar en diciembre. Con este recurso se proyecta construir el segundo cuerpo de San Miguel-Esterito, que tendrá una inversión de 100 millones de pesos”.

20. Al respecto y derivado del retraso de las obras en el área comercial de torreón, los comerciantes del sector alianza, encabezados por su dirigente Pedro Pasillas Mijares, se manifestaron contra las obras del proyecto Metrobús Laguna, señalando que detendrán las obras durante el mes de diciembre, fechas en que realizan el mayor número de ventas. Por su parte, el estatus de la obra del Metrobús en la parte poniente sobre el boulevard Revolución de Treviño a Zaragoza en el cuerpo norte. Está programado para terminar el 31 de enero.

21. Derivado de todo lo anterior, el pasado 24 de noviembre, en un foro de trabajo de transportistas locales, y la representación social del distrito federal electoral 02, se expuso la necesidad de cancelar la continuación del proyecto Metrobús Laguna, lo anterior ante la problemática presentada del citado proyecto y sus responsables, se hizo énfasis en la falta de información, fallas técnica en el proyecto, falta de transparencia en el manejo de los recursos, falta de dialogo entre los responsables y concesionarios, pero sobre todo la violación a sus derechos como concesionarios del autotransporte público urbano que por más de 70 años vienen ostentando los concesionarios laguneros, participantes de este proyecto.

“Tenemos falta de comunicación, los transportistas somos participantes del proyecto incluso pidieron una tercería para rectificar el aforo vehicular a través de una empresa con experiencia, pero ajena a Gobierno Estatal y Transportistas, punto de discusión. ya que los transportistas prueban que, en realidad, la cantidad que presenta la autoridad es menor”.

Los puntos controvertidos en torno a esta obra son: Las instalaciones de resguardo que se construyen; la terminal de trasbordo de las rutas alimentadoras a la troncal, por las que se les pretende cobrar alrededor de un millón 800 mil pesos mensuales; la licitación de la compresión de gas, donde desconocen a qué precio se les dará; el vehículo que es de 12 metros de entrada baja, que es adecuado para el corredor, pero no para las calles de la ciudad. Así como el ancho de la carretera que debe de ser de 3.8 metros.

“El corredor mide 51 kilómetros de ida y vuelta, de Torreón a Matamoros, pero se pretende que los autobuses circulen por calles de la ciudad por más de 200 kilómetros, En colonias que están destrozadas sus calles, pensamos que, en menos de dos años, estarán totalmente destruidos, simplemente porque no están hechos para circular por esas calles”, comentó.

Otro punto es el modelo de negocio, pues indicó que lo primero suele ser elaborar un modelo y sobre ello hacer la construcción, pero aquí es al revés. Los concesionarios se quejan de Alfonso Tafoya, coordinador regional del Metrobús, persona que no aclara ni permite se conozca la libre información sobre el proyecto.

José Natividad Román Olvera, presidente del Consejo de Administración de Transportes del Nazas, SA de CV; José Asunción Núñez Elizalde, presidente del Consejo Autobuses Congregación Hidalgo; Salvador Maurici Elizalde Ortiz, gerente general de Transportes Moctezuma de la Laguna, SA de CV; José Guadalupe Escobedo López, Ruta Ciudad Nazas y Rutas Valle Oriente Cereso; Jorge Ignacio Cerna Esparza, Ruta Centenario, Ruta Campo Alianza; Ulises Medrano Herrera, Ruta Alianza La Cortina; José Ángel Cuéllar González, Ruta Sur Dalias; Leopoldo Ramos Ponce, Ruta Sur Jardines; Jesús Eduardo Rangel Jaime, Ruta San Joaquín; Baudelio José Cuéllar Villarreal, Ruta Sur Panteones; Javier Excobedo Ávila, Ruta Valle Oriente Monte Real; Amanda Patricia Medina, Ruta Nuevo Mieleras; Jesús Roberto Rodríguez Hernández, Ruta la Joya y Édgar Ulises Delgado Meléndez, de Ruta Dorada, entre otros, son parte de los concesionarios que se manifiestan estar a favor de cancelar la continuación del proyecto Metrobús Laguna, hasta en tanto no se evalué y se analice con transparencia el ejercicio de los recursos, conocimiento pleno del proyecto y se defina el nivel y participación de los concesionarios.

Por ello, el que suscribe este punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, considera que antes de continuar con los trabajos relativo al proyecto del Metrobús Laguna, es prioritario un compás de espera, con el propósito de que los responsables del mismo, técnicos especialistas, inversionistas y concesionarios participantes, puedan realizar una evaluación conjunta a profundidad del proyecto, debiéndose corregir lo que haya que corregir y en su defecto hacer pública la información como corresponde, sobre todo por el origen de los recursos públicos federales, que son parte de la estructura financiera del proyecto.

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar la importancia y debida atención a este problema que impacta a más de mil 500 familias del sector del autotransporte público urbano de la región lagunera de Coahuila y Durango, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno federal, al gobierno del estado de Coahuila y al gobierno municipal de Torreón, en dicha entidad federativa, para que se detenga la ejecución del proyecto del Metrobús o “Corredor del Transporte Público Intermunicipal Matamoros-Torreón”, hasta en tanto no se evalúe sustancialmente el proyecto entre todas las partes en él involucradas, así como con técnicos especialistas, inversionistas y concesionarios participantes, debido a que existen falta de transparencia en la ejecución de los proyectos, controversias técnicas y ausencia de participación de los concesionarios en el proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las expresiones formuladas por el señor Francisco Ignacio Taibo Mahojo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las expresiones manifestadas por el señor Francisco Ignacio Taibo Mahojo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; asimismo, se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reconsiderar el nombramiento de personas que han manifestado declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias, al tenor de la siguientes

Exposición de Motivos

El ejercicio y desempeño de un cargo en la administración pública federal, como lo ha dicho el actual Presidente de la República, representa un honor y en tal medida, requiere de personas honorables y respetadas por sus acciones como por sus dichos.

El pasado 28 de noviembre, el señor Francisco Ignacio Taibo II, durante la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aseguró que ocuparía la titularidad del Fondo de Cultura Económica, utilizando expresiones que no son dignas de un futuro servidor público.

Lamentablemente, no es la primera ocasión en la que realiza esas aseveraciones, ya que durante las protestas tras la aprobación de la reforma energética convocó a “fusilar” a los legisladores por aprobar esta normativa.

En ese año dijo que “quienes generaron esa ley, unos mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores, todavía hay abundante tierra en el lugar donde fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, por eso no se preocupen”.1

Su trayectoria literaria se ha visto opacada en reiteradas ocasiones por denostar la democracia y a sus procesos inherentes como el diálogo y el consenso. Durante el pasado proceso electoral dijo que si el Presidente no contaba con la mayoría en el Congreso de la Unión, debía gobernar por decreto.

Más allá de las declaraciones que terminan agraviando y ofendiendo a diversos sectores de la sociedad, se debe de tomar en cuenta lo que prevé la ley cuando una persona no cumple con los requisitos establecidos para ocupar un cargo público.

Dado que el señor Francisco Ignacio Taibo II, no cumple con los requisitos para ocupar la titularidad del Fondo de Cultura Económica, el titular del Poder Ejecutivo federal decidió nombrarlo como encargado.

Con ello, está cometiendo un exceso al no apegarse a lo estrictamente señalado en el artículo 89 constitucional –el cual establece sus facultades y obligaciones–, en particular, a lo establecido en la fracción I que señala que deberá “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

En la interpretación de esta facultad, el Ejecutivo federal no estaría respetando el principio de legalidad, porque designaría como encargado del Fondo de Cultura Económica al ciudadano Francisco Ignacio Taibo II, quien no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y por tanto, no está observando estrictamente lo previsto en las fracciones I y II del artículo 21.

Respecto al principio de legalidad, el Poder Judicial, a través de sus tribunales colegiados, han señalado que “las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes”.

Asimismo, la designación o el nombramiento para el desempeño de un cargo público, es un acto administrativo, el cual, visto desde el principio de legalidad, en la interpretación de los tribunales colegiados, “se impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica”.

Si bien el titular del Ejecutivo federal puede hacer las designaciones y nombramientos que la Constitución y la ley le permita, hacer la designación de encargado del Fondo de Cultura Económica a una persona que no cumple con el requisito de nacionalidad, como tampoco haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y mucho menos contar con experiencia en materia administrativa, constituye un acto contrario al marco jurídico vigente.

La ley no puede reformarse para que sea un traje hecho a la medida de nadie. Al modificarse el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no se ha considerado que existen áreas específicas que, dada su naturaleza estratégica para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación, deben mantenerse dentro de la rectoría del Estado cuyos titulares tengan la nacionalidad mexicana, además de cumplir con otros requisitos.

En este sentido, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de director en este tipo de áreas, prevista por el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no es ocioso, constituye un candado esencial para impedir que intereses ajenos a los nacionales puedan penetrar en nuestras industrias estratégicas.

El Fondo de Cultura Económica, como organismo desconcentrado, es una institución editorial que promueve obras de la cultura nacional en nuestro territorio y en el extranjero, constituye una de las industrias culturales más importantes de nuestro país y una herramienta fundamental para promover la imagen de México en el mundo.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) custodia parte del acervo cultural de México y de Iberoamérica, donde destacan los manuscritos y obra de escritores mexicanos icónicos como Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos y Carlos Pellicer.

La necedad de imponer a una persona a cargo del FCE, no puede ser la excusa para trasgredir un principio legal responsable de resguardar la seguridad y los intereses nacionales.

Más aún, un cambio así sentaría un grave precedente que podría poner en riesgo en el futuro la titularidad de las demás áreas estratégicas de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena las expresiones manifestadas por el señor Francisco Ignacio Taibo Mahojo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a reconsiderar el nombramiento de personas que han manifestado declaraciones misóginas y discriminatorias.

Nota

1 El Universal . (2018). Taibo II, de “fusilamientos” a “meterla doblada”. 05/12/2018. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/taibo-ii-d e-fusilamientos-meterla-doblada

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF y el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz a promover el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios causados por los servidores o ex servidores públicos de los 110 ayuntamientos de la entidad que no solventaron las observaciones de ambos entes relativas al ejercicio fiscal de 2017, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Carmen Mora García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Dentro de las principales exigencias que demanda nuestra sociedad, se encuentra la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público.

De ahí debe destacarse que la fiscalización es el instrumento para que cualquier gobierno lleve a cabo un mejor uso de los recursos públicos, es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrupción, la cual se detona principalmente por la discrecionalidad en el ejercicio público

Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 79 establece las bases de operación de la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

De igual manera, la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 67, fracción III, fija la operación del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, organismo autónomo del estado que apoya al Congreso estatal en el desempeño de su función de fiscalización superior.

Se precisa que tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizan el proceso de la fiscalización superior a través de la revisión de las Cuentas Públicas que les atañen en el ámbito de sus respectivas competencias.

En esta tesitura, es menester señalar que el viernes 2 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 440, el “Decreto número 784 por el que se aprueban los informes individuales y el informe general ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete”; por el cual en su artículo Sexto se aprueba el informe individual de la Fiscalización Superior de las Cuentas Publicas de los Municipios y Entidades Paramunicipales del estado, correspondiente al ejercicio de 2017.

Aunado a lo anterior, se significa que en el inciso a), numeral 7 del dispositivo legal señalado en el párrafo anterior, se establece que en un total de 110 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, el multicitado Órgano de Fiscalización Estatal en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, esta última por lo que respecta a las participaciones federales transferidas a los municipios de Veracruz, en términos del “Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización”, celebrado por los enunciado órganos y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, detectó irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial en cantidad de 775 989 027.15 pesos (Setecientos setenta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil veintisiete pesos 15/100 moneda nacional).

Lo cual resulta irrisorio, cuando Veracruz, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el comunicado de prensa número 9, emitido el 30 de agosto de 2017, informó que dicha entidad federativa se encuentra dentro de cinco entidades que aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza entre 2014 y 2016 pasando de 58.0 por ciento en 2014 a 62.2 por ciento en 2016.

No es posible que los servidores públicos en lugar de servir, continúen sirviéndose del pueblo, por ello resulta necesario que el titular de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, promuevan el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios en contra de los servidores y ex servidores públicos de los municipios que en términos de lo dispuesto en “Decreto número 784 por el que se aprueban los informes individuales y el informe general ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete”, se presume afectación en su hacienda pública.

Lo anterior, a efecto de en causar a los servidores públicos adscritos a tales municipios, para que lo consecuente rijan su actuación a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, así como en las directrices enunciadas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan a la brevedad el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios causados por los servidores o ex servidores públicos de los 110 ayuntamientos del estado de Veracruz, que no solventaron las observaciones realizadas por dichos órganos, correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2017 y que hacen presumir una falta administrativa grave y/o la existencia de presunto daño patrimonial a las haciendas públicas municipales, por un monto de más de setecientos millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.

Diputada Carmen Mora García (rúbrica)