Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNBV a seguir instaurando con la Condusef acciones y medidas para promover que las instituciones financieras cuenten con instrumentos eficaces destinados a prevenir la aplicación de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, o “domiciliaciones”, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada federal por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de Urgente u Obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos generales, podemos definir a las domiciliaciones bancarias, como un servicio bancario que consiste en un método de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual, puede hacerse efectivo, a través del cargo de cuentas de nómina, cheques, débito o crédito, etcétera.

En una primera aproximación, es de señalar que, dicho método proporciona al cliente diversos beneficios, entre los que destacan: ahorro de tiempo al no tener que ir hasta las sucursales o a las oficinas prestadoras del bien o servicio contratado; mayor seguridad para el usuario, ya que no tiene que trasladarse con dinero en efectivo; ejecución del pago de manera puntual, evitando el corte del servicio o cobros adicionales por intereses moratorios, etcétera.

Además, en la mayoría de las instituciones bancarias o crediticias, dicho servicio no genera comisión y no es gravable de impuestos. Incluso, en ocasiones ofrecen a sus usuarios beneficios como premios, puntos, recompensas, bonificaciones, etc., por utilizar los servicios de domiciliación.

A pesar de las ventajas antes señaladas, las domiciliaciones bancarias, se ha convertido en un problema para los usuarios de la banca, toda vez que se han alejado de su objeto central, al ser utilizada como herramientas de abuso, al realizar cobros indebidos y no autorizados por los usuarios.

En los últimos años se han incrementado las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros de diversas empresas o de las propias instituciones bancarias, los cuales, sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta, mes con mes les son cobradas las supuestas deudas adquiridas con un tercero.

Una vez que los usuarios se percatan de los cobros, es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros realizados. Generalmente, las instituciones bancarias se niegan a asumir la responsabilidad, remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual, en la mayoría de las ocasiones, tiene sus instalaciones en lugares lejanos o sólo brinda atención telefónica.

En suma, el usuario puede tardar horas, días, semanas e incluso meses antes de poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir generalmente a otras instancias legales. Dicha tramitología, obliga al usuario a invertir tiempo y dinero, muchas veces en vano. Además, de que puede quedar boletinado negativamente en el buró de crédito con las consabidas consecuencias.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por Condusef en 2016, la primera causa de reclamación de los usuarios fue por movimientos u operaciones de la banca, precisamente, respecto al pago automático mal aplicado (domiciliaciones), con un total de 265,494 quejas.1

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, el 28 de agosto de 2017, señaló que tan solo en el primer trimestre de 2017, se reportaron 554 mil 855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos, (100 mil o 22 por ciento más que las recibidas en el primer trimestre de 2016), de las cuales, 166 mil 508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo ésta la principal inconformidad, por encima de las 133 mil 605 quejas por cobros no reconocidos de comisiones y las 109 mil 665 por la entrega incorrecta de la cantidad solicitada a cajeros automáticos.2

El presidente de la Condusef, en conferencia de prensa, precisó que, de las 554,855 reclamaciones recibidas del primer trimestre de 2017 por movimientos operativos automatizados de los bancos, sólo 382,989 fueron resueltas en favor del usuario; con una cantidad promedio de lo recuperado de 2 mil 94, pesos, no obstante, 139 mil 132 quejas fueron desfavorables al usuario, con un monto promedio reclamado por asunto de 7 mil 76 pesos y 32 mil 734 reclamaciones estaban aún en trámite.3

A mayor abundamiento, es de señalar que de acuerdo a la Condusef los bancos que presentaron el mayor índice de inconformidades por movimientos operativos fueron: en primer lugar, BBVA Bancomer con 218 mil 466 correspondiente al 39 por ciento del total previamente señalado, le sigue Citibanamex con 137,835 (25 por ciento), Santander con 56 mil 187 (10 por ciento), Banorte 34 mil 326; HSBC 28 mil 664; Scotiabank 22 mil 446; Inbursa 22 mil 149; Banco Azteca 9 mil 27; Invex 6 mil 994; Afirme 5 mil 78 y BanCoppel con 3 mil 189.4

En razón a lo anterior, es urgente atender dicha problemática que aqueja a miles de ciudadanos año con año, y la cual va en detrimento de su economía y de sus derechos.

Desafortunadamente, las y los ciudadanos usuarios de la banca, a pesar de la normatividad y de los esfuerzos realizados por la Condusef, se encuentran en estado de indefensión, ya que no existen medidas preventivas que los protejan de posibles abusos.

Las cifras, dan cuenta de que estos abusos no son casos aislados sino una constante que va en aumento, de ahí que, es menester que, desde esta Cámara de Diputados, exijamos servicios bancarios de calidad, donde la responsabilidad social de las instituciones esté manifiesta, así como la solidaridad y compromiso con sus usuarios.

En tal virtud, es necesario exigir a las instituciones bancarias la instrumentación de mecanismos que garanticen que cada cobro domiciliado al titular de una cuenta, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento bancario, tenga el consentimiento expreso de éste, lo cual quede debidamente acreditado por medio de un documento.

La magnitud de la problemática, exige medidas concretas, específicas y eficaces, toda vez que, como ya se señaló anteriormente no son casos aislados, sino una práctica deleznable, fraudulenta y engañosa que debe ser erradicada.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuidate-de-los-errores-de-l os-bancos.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Crecen-22-quejas-contra-bancos-la-mayoria-por-cobros-no-reconocidos-20170828-0126.html

3 Ídem

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “grupo de inversionistas” formado por Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, por el quebranto generando al erario con el proyecto Etileno XXI, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 entre 180 países y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero a 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendido 28 posiciones con respecto al informe del 2015, que ubicó a nuestro país en la posición número 95 de los evaluados en materia de corrupción.

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos.

México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana estos índices se explican por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, y la ausencia en una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones1 .

Esta falla del SNA impide una adecuada fiscalización de los entes públicos, particularmente de las empresas productivas del estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, cuyo caso emblemático lo ha protagonizado la empresa brasileña Odebrecht, con múltiples contratos en México.

Segunda. Como lo hemos hecho del conocimiento público, el Grupo Parlamentario de Morena ha promovido diversas acciones para que las autoridades de este país investiguen y, en su caso, castiguen a los servidores públicos y las empresas vinculadas a los escándalos de corrupción en los que se ha visto implicada la empresa brasileña Odebrecht sus filiales y/o subsidiarias en México y el mundo.

Una de las acciones que no ha cesado por parte de Morena es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo ante esta Cámara, con la finalidad de denunciar la impunidad con la que sigue operando esta empresa en nuestro país y la falta de aplicación de la ley para los servidores públicos que participaron en los ya declarados actos de corrupción para otorgarle millonarios contratos a la empresa Odebrecht.

Vale la pena traer a cuenta que, a partir de una proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, esta Cámara de Diputados aprobó el 5 de abril de 2017, punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y, en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht , así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano denominado “Etileno XXI” , así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht, SA.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias .”

Vale la pena señalar que, de lo aprobado por esta Cámara de Diputados, donde se exhortaba a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones determinarán la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, hasta la presentación de la presente proposición, ninguno ha sido cancelado.

Solo diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, SA, por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la refinería de Tula en “Miguel Hidalgo”2 .

De la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, no se ha recibido ninguna información; se sigue sin conocer siquiera el número total de contratos otorgados en México a la empresa Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias y el estado que guardan estos.

Tampoco se conoce el alcance de las medidas que ha tomado la PGR, a raíz de que su extitular, Raúl Cervantes Andrade, al presentar su renuncia en noviembre del año pasado, y despedirse de la dependencia, afirmara haber concluido la investigación de uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional” en México y América Latina, en referencia al extendido pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en todo el continente. Para Morena, la PGR ha sido cómplice y omisa ante las evidencias presentadas por autoridades extranjeras y por distintos sectores de la sociedad.

A casi diez meses de la aprobación del referido punto de acuerdo, hoy conocimos parte de los resultados de las investigaciones que han realizado diversas dependencias a Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias, entre ellas las realizadas en el ámbito de sus competencias por la Auditoría Superior de la Federación.

Tercera . Con fecha del 20 de febrero del presente año, el encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra, entregó a la Cámara de Diputados el informe general ejecutivo sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016.

Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la ASF emitió 10 mil 346 observaciones, de los cuales dos mil 557 corresponde a pliegos de observaciones sobre presuntos daños a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.

Comentó que el informe general incluye un apartado con 74 propuestas de reformas legislativas que buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Dichas propuestas se agrupan en los siguientes rubros: 1) banca de desarrollo e instituciones de crédito, 2) gasto federalizado, 3) política energética, 4) transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, 5) gestión y protección de recursos naturales y 6) seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.

El contador también externó que hay temas que presentan factores que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen efectos económicos y sociales significativos, entre los cuales están los siguientes:

1) Las contrataciones que se realizan al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2) la obra pública; 3) las operaciones de las empresas productivas del estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) ; 4) el gasto federalizado, y 5) los padrones de los programas gubernamentales.3

Cuarta . De la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800 , realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE. Se enuncian algunos temas por considerarlos vinculantes a los presuntos actos de corrupción en los que se involucra directamente a la empresa Odebrecht sus empresas filiales y diversos servidores públicos entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. Asignación del proyecto

En 2008, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (abrogada en agosto de 2014) y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondía en exclusiva a la nación, y específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante sus organismos subsidiarios, entre otras actividades, la elaboración y venta de primera mano de productos derivados del petróleo y del gas, que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que se consideran petroquímicos básicos, entre los que se encuentra el etano.

Al respecto, mediante su organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex busco? promover el interés del sector privado en el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con una capacidad de aproximadamente 1.0 millones de toneladas (MMT) de etileno por año en Coatzacoalcos, Veracruz, denominado Proyecto Etileno XXI, complejo con el que asumiría el compromiso de suministrar etano, mediante los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del Complejo Petroquímica Cangrejera.

Al respecto, el 19 de febrero de 2010, mediante un “proceso de subasta”, PGPB adjudico? un “Contrato de Suministro de Etano”, por un periodo de 20 años, con un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios (Mbd) (2,682,198.0 m3 fase gas de etano por día), a un grupo de inversionistas.

Para estar en condiciones de suministrar el etano al Proyecto Etileno XXI, PGPB formalizo?, el 13 de diciembre de 2012, un “Contrato de Servicios de Transporte de Etano” por ducto, el cual considero? la construcción de un etanoducto de 226.0 kilómetros (km), para la conexión entre los Centros Procesadores de Gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el “Complejo Etileno XXI”, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al “Complejo Etileno XXI”.

Con el análisis de la ASF, a las actas del Consejo de Administración de PGPB de las sesiones 118 Ordinaria, 121 Ordinaria, 127 Extraordinaria y 129 ordinaria, del 20 de febrero y 13 de agosto de 2008, 24 de septiembre y 4 de diciembre de 2009, respectivamente, se constató que el director general de PGPB informo? al citado Consejo que respecto de la intención del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyeran una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos, se tenían definidos los criterios siguientes:

• El cracker de etano se ubicaría en el área de Coatzacoalcos, Veracruz, y se denominaría “Proyecto Etileno XXI”,

• Se formó? un “grupo interinstitucional” con funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de la Función Pública (SFP), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex, a fin de “analizar la iniciativa y de diseñar con detalle el proyecto”,

• El compromiso de PGPB fue abastecer 33.0 Mbd de etano y 66.0 Mbd de gasolinas naturales por un periodo de 15 años, así como la construcción del ducto Cactus- Coatzacoalcos por el inversionista ganador del proyecto, situación que se modificó? en la sesión 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, para que la construcción del ducto fuera por cuenta de PGPB,

• PGPB, como abastecedor del insumo primario, mediante una “subasta” seleccionaría al inversionista que ofreciera “el menor factor de descuento “Y” basado en la fórmula contenida en el modelo del contrato por celebrar con los inversionistas. Dicho factor de descuento “Y” deberá ser menor o igual que el descuento que PGPB está dispuesto a aceptar (Precio de Reserva)”, con quien celebraría un contrato de suministro de etano.

El 6 de noviembre de 2009, se emitió? el fallo de la “subasta”, con el que se declaró ganador al “grupo de inversionistas” –Braskem (filial de Odebrecht) e IDESA (empresa mexicana)–, al cumplir con las condiciones del precio de reserva.

El 19 de febrero de 2010, PGPB formalizo? con el “grupo de inversionistas”, un “Contrato de Suministro de Etano”, el cual considera un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios por suministrar por 20 años; el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014).

2. Fórmula para el precio de venta del etano del proyecto “Etileno XXI”.

En cuanto a la determinación de la fórmula para el precio de venta, incluida en el “Contrato de Suministro de Etano”, con el análisis de la información proporcionada por la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales de PRTI, se identificó? que con el oficio número OAG/JGPB/644/2009, del 27 de abril de 2009, el Gerente Jurídico de PGPB informo? a la CRE que “la fórmula de precio para el Proyecto Etileno XXI, fue desarrollada por un grupo de trabajo al interior de Petróleos Mexicanos, con la participación de autoridades de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República” y el asesor financiero del proyecto; asimismo, le solicito? la aprobación de la fórmula de precio de venta de primera mano para el etano del “Proyecto Etileno XXI”.

Al respecto, se constató? que la CRE autorizo? con su resolución RES/036/2010, del 11 de febrero de 2010, la fórmula que se aplicaría en las ventas de primera mano de etano, la cual establece aplicar a las ventas de etano el precio máximo que resulte entre los precios de referencia internacionales de etano (Mont Belvieu Purity Ethane) o el precio de referencia del gas natural (Henry Hub Natural Gas), ambos con un factor de ajuste. Dicha resolución fue ratificada por personal de la ASF durante la visita domiciliaria, realizada a la CRE en agosto de 2017.

Es importante señalar que, a partir del 1 de septiembre de 2013, la SHCP, de conformidad con la facultad de establecer y revisar precios y tarifas conferida en la normativa aplicable, autorizo? a PGPB, ahora PTRI, que el precio de venta del etano a PMV y PPQ se homologara con el precio de venta del etano, autorizado por la CRE para el “Proyecto Etileno XXI”.

Por lo anterior, se concluye que la fórmula a aplicar en la venta de etano al “Proyecto Etileno XXI”, se autorizó? por la CRE en febrero de 2010, como instancia facultada para aprobar y expedir los términos y condiciones a que debían sujetarse las ventas de primera mano del etano, y la metodología para la determinación de los precios.

3. Contrato.

Respecto del contrato formalizado el 19 de febrero de 2010, se constató que PGPB (el “Vendedor”), mediante las entonces subdirecciones de Planeación; Producción; Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; y de Ductos, y el grupo de inversionistas ganador (“el comprador”), celebraron un “Contrato de Suministro de Etano”, con vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial de la planta (30 de junio de 2015), así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014); asimismo, el 3 de diciembre de 2012, celebraron un convenio modificatorio. En el análisis de los términos y condiciones pactados en el contrato y su convenio modificatorio, se identificaron, entre otras cláusulas, las siguientes:

• “Volumen contractual significa dos millones novecientos ochenta mil doscientos veinte (2,980,220) metros cúbicos (m3) fase gas de etano por día” (66.0 Mbd).

• “Consecuencias del Vencimiento o Terminación” numeral 10.3.2 “Si el comprador terminara este contrato en virtud... de un incumplimiento del vendedor, ...o como resultado de un cambio de Ley Discriminatorio o cambio de Ley en el Sector, el vendedor o la persona que éste designe deberá, a elección del comprador, comprar las instalaciones del proyecto...”

4. Verificación de los integrantes del “Grupo Interinstitucional”.

En el análisis de las actas números 118 ordinaria del 20 de febrero de 2008, 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, 123 ordinaria del 25 de noviembre de 2008, 124 ordinaria del 23 de marzo de 2009, 126 ordinaria del 19 de junio de 2009 y la 127 extraordinaria del 24 de septiembre de 2009 del Consejo de Administración de PGPB, se identificó? la integración de un “grupo interinstitucional”, conformado, además de PGPB, por la Sener, la SHCP, Pemex, la Oficina de la Presidencia de la República y la SFP, para “analizar la iniciativa del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyan una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos y de diseñar con detalle el “Proyecto Etileno XXI”.

A efecto de constatar la participación del “grupo interinstitucional” en el “proceso de subasta”, y que éste se realizó en los términos previamente establecidos, el personal de la ASF, en septiembre y octubre de 2017, realizo? visitas domiciliarias a las oficinas de los integrantes del “grupo interinstitucional”, con las cuales se ratificó su participación conforme a lo señalado en las actas del Consejo de PGPB, y se obtuvo la información siguiente:

5. Pérdida por la venta de etano

El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI” (el “comprador”), en 2016, fue de 1,736,261.8 miles de pesos, que sumados a los 1,387,208.4 miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un costo de ventas de 3,123,470.2 miles de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al “comprador”, por 1,188,382.1 miles de pesos, muestran una pérdida de 1,935,088.1 miles de pesos, sin considerar los gastos de administración ni otros.

Contractualmente, PTRI debe suministrar 66.0 Mbd de etano al “comprador” durante 20 años, por lo que si prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, en cuanto a costos, principalmente los relacionados con la materia prima adquirida a PEP y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio de venta pactado en el “Contrato de Suministro de Etano”, la operación de la venta de etano al “Complejo Etileno XXI” continuara? siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato.

La operación derivada del “Contrato de Suministro de Etano” al “Complejo Etileno XXI”, no genero? valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2.

6. Capacidad de producción de etano

En lo que se refiere a la producción conforme a lo estipulado en el contrato, a partir del 1 de julio de 2015, PTRI debía suministrar 66.0 Mbd al “comprador”, y 66.9 Mbd a Pemex Etileno, lo que hace un total de 132.9 Mbd; cabe aclarar que para 2016, la producción promedio de etano fue de 106.4 Mbd, por lo que tuvo un déficit de 26.5 Mbd.

Por lo anterior, la ASF concluyó que PGPB no contaba con elementos que le permitieran asegurar la producción de etano requerida y genero? compromisos basados en proyecciones inciertas. Asimismo, debido a que el contrato es por 20 años, y que durante 2016 el comprador no requirió los 66.0 Mbd (el volumen suministrado al “comprador” en 2016 fue de 43.8 Mbd), en el momento en que el comprador requiera los 66.0 Mbd, PTRI deberá? reducir el suministro a Pemex Etileno o, en su caso, incumplir con el contrato de suministro de etano, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.

En este sentido la ASF, emitió la siguiente recomendación:

Para que Pemex Transformación Industrial, dada la pérdida que le esta? generando, entre otros, el precio pactado y al costo de transportación del etano con base a lo establecido en el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”, analice las perspectivas financieras relacionadas con esta operación, para tomar en su caso las decisiones que se estimen pertinentes, a fin de evitar que la venta de etano continúe siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato. “Razón por la cual la se requiere actualizar la fórmula para que refleje las condiciones reales del mercado ”.

7. Proyección del “Balance del etano de PTRI 2019-2032”

En el análisis de la información proporcionada por PTRI, a la ASF se observó que las iniciativas para incrementar la oferta de etano están en proceso de elaboración para su aprobación, por lo que no se tiene la certeza de que sean puestas en marcha en 2018. Respecto de la estrategia de importación de etano de Pemex Etileno, no se precisó en donde se va a adquirir y si las condiciones de adquisición serán equiparables a las que le ofrece PTRI; asimismo, con el decremento en la producción del etano proyectada a 2035, según el “Balance de Etano”, se confirma que PGPB no cuenta con elementos que le permitan asegurar la producción de etano requerida por la vigencia del contrato (20 años), que genero? compromisos basados en proyecciones inciertas, lo que implica el riesgo de incumplir el contrato, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoria se emitió? el oficio número DGAFF”C”/”C1”/072/2018, del 17 de enero de 2018, emitido por la Dirección General de Auditoria Financiera Federal “C”, para promover la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, debido a que aun cuando no se contaba con elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, se informó al Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica que se estaría en condiciones de suministrar los volúmenes de etano requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones de suministro con sus clientes.

La Cámara de Diputados tiene en sus manos este importante reporte de fiscalización derivado de las atribuciones constitucionales que ejerce la ASF, pero sus conclusiones deben propiciar acciones más enérgicas para evitar mayores daños al erario público que propician impunidad y un gran malestar social. El servicio público obliga a todos los funcionarios a conducirse con responsabilidad y a asumir las consecuencias de sus actos, sobre todo si con ellos se lesiona el patrimonio que es de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos administrativos y de carácter penal en contra de los funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica; de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; de Petróleos Mexicanos, así como de la Oficina de la Presidencia, quienes integraron el “Grupo Interinstitucional”, responsable de determinar la fórmula para la venta de etano al “Grupo de Inversionistas”, conformado por la empresa Braskem filial de Odebrecht e Idesa, dado el quebranto generando al erario público con el “Proyecto Etileno XXI”.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, actualicen la fórmula para determinar el precio del etano que se le vende a la empresa Braskem filial de la empresa Odebrecht, con la finalidad de evitar más quebrantos al erario público.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice las perspectivas financieras relacionadas con los precios establecidos en el “Contrato de Servicio de Transporte de Etano” dada la pérdida que le está generando el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el Grupo de Inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”.

Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicos los procedimientos que ha iniciado en contra de los funcionarios, quienes aun cuando no contaban con los elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, determinaron los volúmenes de suministro establecidos en el contrato, así como condiciones desventajosas para su transportación.

Quinto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Pemex Transformación Industrial para que atienda de inmediato las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800, realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE.

Notas

1 Morales A., “Empeora calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción”, El Universal , Nación, Ciudad de México, 21 de febrero de 2018.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/empeora-ca lificacion-de-mexico-en-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion

2 Redacción. “Inhabilitan por 2 años a filial de Odebrecht por cobro indebido”, La Jornada , Política, Ciudad de México, 07 de febrero de 2018.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/07/
inhabilitan-por-2-anos-a-filial-de-odebrecht-por-cobro-indebido-8909.html

3 Comunicación Social, “Entrega encargado de la Auditoría Superior de la Federación a legisladores informes de la Cuenta Pública 2016”, Boletín Nº 4963, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2018/Febrero/20/4963-Continuar-consolidacion-del-Sistema-Naci onal-Anticorrupcion-diputado-Romo-Garcia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS, en coordinación con la SEP, a analizar y proponer medios de flexibilización laboral que permitan a trabajadores asistir sin afectación salarial a las actividades convocadas por las autoridades escolares de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde Ecologista de México ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no sólo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2

• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.3

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5

• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, López Roblero Uberly, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a destinar mayores recursos para fortalecer las unidades estatales de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado federal por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de justicia penal opera en todo el país desde junio de 2016, lo que permite proteger a las víctimas y respetar los derechos de los imputados.

Uno de sus principales beneficios es evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar. Para ello, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un amplio catálogo de medidas que pueden ser impuestas por los juzgadores, en pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados. Por ejemplo, en el lugar de la prisión preventiva, el Juez puede ordenar otras medidas cautelares como: exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país o de su localidad, entre otras.

Las Umecas cuentan con especialistas encargados de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso. Dicha información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juez de Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar.

Una vez que el Juez ha escuchado los argumentos de cada parte, decidirá si impone o no una medida y en caso de que decida hacerlo, las Umecas darán seguimiento y supervisarán el debido cumplimiento de esta, así como de las condiciones que se establezcan para la suspensión del proceso si es que se accede a esta salida alterna al proceso.

El modelo homologado determina las necesidades de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitación y reorganización institucional para el buen funcionamiento de estas. El modelo debe servir como referencia a las entidades federativas para fortalecer esta figura de vital importancia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio.

Las entidades federativas destinan recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso.

La correcta aplicación de las medidas cautelares, brinda certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reducen el uso de la prisión preventiva y en consecuencia, la disminución de costos procesales. Evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia mediante un mecanismo que facultan a la autoridad a determinar que dicha persona no representa un riesgo para la víctima y la sociedad.

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han dejado al descubierto la necesidad de invertir más en las Umecas, por ser uno de los eslabones más débiles del sistema penal acusatorio, en virtud de que se encargan de elaborar los informes de riesgo de los imputados para determinar la prisión preventiva, así como supervisar las medidas cautelares dictadas por el juez, y requieren mayor atención por parte de las entidades federativas.

Durante el Congreso Internacional Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno señaló que este año se invertirán 36.2 millones de pesos de recursos federales, del FASP, para fortalecer y consolidar las Umecas.

Entre las carencias que presentan la mayoría de las Umecas, son relativas al personal, recursos e infraestructura, así como falta de capacitación, equipamiento y nuevas tecnologías.

De acuerdo con el doctor en derecho Héctor Díaz Santana, quien laboró como director general de Coordinación Institucional de la Secretaría Técnica de Implementación de la Reforma Penal, se trata de una unidad clave, pues emite un dictamen técnico sobre el riesgo de una persona, que es un elemento prioritario para que el juez decida si debe permanecer en prisión.

Por ejemplo, con un dictamen de este tipo se podría establecer que una persona en poder de un arsenal conlleva mayor riesgo que un individuo con una pistola corta, y por lo tanto requiere una medida más severa, como puede ser la prisión.

Pero esa no es la única función de esta unidad. El artículo 177 del Código Nacional establece que ella es la responsable de vigilar el funcionamiento de las medidas cautelares y, si el caso lo amerita, solicitar que dichas medidas sean fortalecidas o revocadas. Incluso puede revisar la localización de la persona procesada, ya sea con visitas o entrevista sorpresas, o con el monitoreo de los brazaletes si es el caso.

Las Umecas también puede ordenar, cuando así lo determine, pruebas físicas en las personas que tengan una medida cautelar, para ver si han ingerido alcohol o drogas. A su vez puede vigilar que las autoridades responsables de aplicar una medida cautelar, como por ejemplo la policía de la PGR, estén cumpliendo con la aplicación correcta de estas.

Claro que, para ello se necesita que la unidad funcione y tenga personal humano que lo lleve a cabo.

En palabras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en 1 de cada 3 casos las Umecas no están realizando la función porque no tienen equipamiento, no tienen personal para poder llevar a cabo las tareas; también habría que señalar que en 1 de cada 3 casos los imputados no cumplen con la medida cautelar impuesta”.

De acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 32 entidades federativas sólo 3 (Querétaro, Morelos y Guanajuato) cuentan con Umecas en condiciones intermedias u óptimas. Del resto de las entidades, 22 tienen unidades, pero con profundas debilidades y carencias; en 4 operan Umecas en condiciones mínimas; y 3 estados no cuentan con su Umeca, por lo que improvisan la función.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a destinar mayores recursos para fortalecer las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) y dar cumplimiento cabal a las atribuciones que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Palacio Legislativo, a 6 de marzo 2018.

Diputado Víctor Giorgana Jiménez (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR y Pemex a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal, administrativa o ambas por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos que corren por Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El robo de hidrocarburos se lleva a cabo a través de las llamadas tomas clandestinas que no son otra cosa que la sustracción no permitida de hidrocarburos directamente de los ductos que las transportan; por lo regular se usan válvulas de paso que desvían la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier derivado hacia contenedores que después se comercializan ilegalmente. Este proceso se le conoce también como “ordeña”, la cual es una forma coloquial de referirse al creciente robo de combustible que se produce en México.

De acuerdo con información de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, en todo el país, en el año del 2017, se dio cuenta con más de 5 mil 75 tomas clandestinas de combustibles.1

• De 2010 a junio del 2017 las tomas clandestinas en los ductos de Pemex pasaron de 691 a 5,075;

• El robo de combustible por la delincuencia organizada asciende a 21 mil millones de dólares cada año;

• En promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer combustible de manera ilegal;

• La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos de Pemex Refinación;

Existen, únicamente 23 Entidades Federativas de la República que son llamados petroleros, de los cuales, el Estado de Morelos está en el lugar noveno de las Entidades con mayor número de tomas clandestinas.

Las Entidades Federativas con mayor número de tomas clandestinas en junio del 2017, son Guanajuato con 991; Puebla con 669; Tamaulipas con 619; Veracruz con 543; el estado de México con 460. (Véase cuadro número 1)

2. Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes maneras. El ser humano moderno ha modificado el entorno que lo rodea, moldeándolo con el objeto de adaptarlo a sus necesidades; este proceso ha acarreado consecuencias no deseadas, entre las que se encuentra la grave contaminación del medio natural. Accidental o conscientemente, se han arrojado a la biosfera millones de toneladas de agentes contaminantes. Los detergentes utilizados para el lavado de las prendas textiles, por ejemplo, han desencadenado la aparición de espumas cargadas de fosfatos en los medios acuáticos. Los desechos químicos y derrames de petróleo han contaminado las aguas y matado cientos de especies, originando, asimismo, la proliferación desproporcionada de otras y provocando, de este modo, un desequilibrio ecológico.

El resultado del análisis hecho por los técnicos industriales detectó varios agentes contaminantes que tienen su origen en las aguas usadas, entre los que se encuentran materias orgánicas biodegradables (entre otras: grasas, combustibles, y ciertos detergentes).

Una posibilidad bastante usada es categorizarlos en ocho grupos:2

1. Microorganismos patógenos.

2. Desechos orgánicos.

3. Sustancias químicas inorgánicas.

4. Nutrientes vegetales inorgánicos.

5. Compuestos orgánicos .

6. Sedimentos y materiales suspendidos .

7. Sustancias radiactivas.

8. Contaminación térmica .

3. En el municipio de Cuernavaca del estado de Morelos , existe el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC ), quien confirmó que el 27 de julio del año en curso, se detectó la presencia de derrame de combustible en los pozos Noria 1, Noria 2 y Jardines de Ahuatepec, en la localidad de Ocotepec , del mismo municipio.

El director general del SAPAC , informó, que en coordinación con Protección Civil (PC) municipal, se descubrió la presencia de un olor a gasolina en el agua.

Aproximadamente, a setenta metros de los pozos se localizó un derrame del combustible, producto de una toma clandestina, que, por gravedad, se escurrió hacia el acuífero contaminándolo.

Al realizar los estudios respectivos sobre reactivos de laboratorio por parte de SAPAC , se detectó la presencia de compuestos orgánicos en el agua.

Por ello, Solicito atentamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión , turne al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión , el exhorto al Procurador General de la Republica, al director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos, así como al procurador federal de Protección al Ambiente , en base en la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Petróleo Mexicanos, se investigue y en su caso se ejercite la acción penal y/o administrativa por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos que corren por el estado de Morelos.

Segundo. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que investigue la contaminación de los pozos de agua potable por residuos de hidrocarburos en el estado de Morelos, en especial los ubicados en el municipio de Cuernavaca.

Notas

1 Pemex, http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clande stinas.aspx

2 Mare Mundi, publicaciones: http://www.maremundi.com/contaminacion.asp?pg=1&id=3

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. a 6 de marzo de 2018.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan contingente ante el incremento de la violencia, y atender los casos de homicidio doloso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Consideraciones

En Oaxaca se genera un grave incremento de la violencia, destacando los siguientes hechos:

1) El pasado 14 de febrero de 2018, en la comunidad de San Juan Lachigalla perteneciente a Ejutla de Crespo, un comando armado de 10 hombres irrumpió aproximadamente a la 1:30 horas en la explanada de dicha comunidad durante la celebración de un baile popular dejando varias personas muertas y lesionadas, por los impactos de bala de alto calibre.

2) El 31 de enero de 2018 el conocido médico cirujano José Larumbe Mendoza fue asesinado por proyectiles de arma de fuego a las afueras de su domicilio, a unas cuadras del Hospital Civil de la capital oaxaqueña, por un grupo armado.

3) La noche del 23 de febrero de 2018 se reportó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera y un cuerpo desmembrado en las inmediaciones de la agencia municipal de 5 señores de la capital oaxaqueña.

Junto a la hielera los autores del crimen dejaron un narcomensaje en una cartulina naranja en la cual se advierte a 5 personas en particular y a la población en general sobre un grupo delictivo que viene a “poner orden” en Oaxaca.

4) El día 27 de febrero de 2018 el empresario Francisco Silva Cancino fue asesinado en el interior de su domicilio en Oaxaca de Juárez por supuestos asaltantes, los cuales accionaron armas de fuego en contra del empresario, para darse a la fuga.

5) Tan sólo durante el mes de febrero han ocurrido dos graves homicidios en Tuxtepec, municipio colindante con el estado de Veracruz, mientras que en el municipio de Matías Romero asesinaron al policía Gabriel Vera Melchor durante una persecución, y en Santa María Tonameca fue hallado un el cadáver de un individuo en una bolsa negra, con varios impactos de bala.

6) La cifra de homicidios dolosos alcanza niveles alarmantes. En 2017 se denunciaron 1,894 casos lo que equivale a 158 homicidios en promedio.

7) El Fiscal General del Estado de Oaxaca ha declarado que la violencia está controlada en la entidad, pero los hechos y el número de homicidios dolosos muestran una realidad muy diferente.

8) Organizaciones como a Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través del Centro Empresarial de Oaxaca, han exigido al Gobierno del Estado de Oaxaca, conocer las acciones que implementará, los tiempos de ejecución y los resultados esperados sobre los índices delictivos. Existe una preocupación generalizada por parte de la sociedad en cuanto al incremento de violencia.

De esta manera los oaxaqueños experimentan un estado de inseguridad por los constantes asesinatos, levantones y la aparición de cuerpos desmembrados en la vía pública, lo cual se está convirtiendo en un hecho cotidiano, lo cual es inaceptable.

9) La Encuesta Nacional de Victimación y Percepción sobre Seguridad Pública, estima que la mayoría de los oaxaqueños considera que su entorno es inseguro; esta percepción tiene fundamento en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo este conjunto de hechos hace necesario que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncie y demande acciones a la autoridad correspondiente, por lo cual se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a tomar medidas para disminuir la violencia en el estado y esclarecer los casos de homicidios dolosos, así como a presentar un plan de contingencia ante el incremento de la violencia.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia y atienda los casos de homicidios dolosos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la Cuenta Pública de 2016 que realizó la ASF al gobierno del estado de México, suscrita por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Concepción Villa González, Karen Hurtado Arana, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con los datos oficiales, durante los últimos 12 años, en el estado de México, los principales indicadores para medir el bienestar de la sociedad mexiquense han empeorado.

Según el “saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federales, municipios y sus organismos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al tercer trimestre de 2016, el estado de México aparece como la quinta entidad más endeudada a nivel nacional con un monto de 41 mil 778.8 millones de pesos.

En el 2005 la entidad tenía una deuda pública 31 mil 790.4 millones de pesos y al terminar el 2011 el adeudo ascendía a 39 mil 929.3 millones de pesos.

Hasta el primer trimestre de 2015, se mantuvo la deuda en esos números, sin embargo, durante 2016, la deuda se incrementó en más de 2 mil millones de pesos, y en el tercer trimestre de 2016 el adeudo ya era de 41 mil 778.7.

El estado de México no sólo es la quinta entidad más endeudada del país, también es una de las que registra los índices más altos de pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica, de acuerdo con su último informe que data de 2014, que el 46.6 por ciento de la población en el estado vive en situación de pobreza, es decir 8 millones 269 mil personas. Además, el 23.7 por ciento de los mexiquenses, cuatro millones más, son vulnerables por carencias sociales; y 9.3 por ciento (1 millón 554 mil) son vulnerables por el ingreso.

Las cifras agregan que más de 10 millones de mexiquenses no tienen acceso a seguridad social (60.6 por ciento); 3 millones 280 mil personas no cuentan con servicios de salud (19.7 por ciento); 2 millones 500 mil personas viven con rezago educativo (15.3 por ciento), y casi 4 millones carecen de calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

El estudio indica que de 2010 a 2014 la población en situación de pobreza se incrementó de 42.9 por ciento a 49.6 por ciento.

En el estado de México, la Población Económicamente Activa es de 7 millones 508 mil 735, según datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral del estado de México registran, al cuarto trimestre de 2016 y 362 mil 535 no tienen empleo.

De los habitantes empleados, 5 millones 121 mil 991 son asalariados; un millón 548 mil 558 trabajan por cuenta propia; 218 mil 582 son empleadores y 257 mil 060 no reciben un pago.

En cuanto al ingreso, un total de 2 millones 408 mil 416 recibe ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y 2 millones 844 mil 577 ganan entre 2 y 5 salarios mínimos.

Mientras, el grueso de la población ocupada tiene como grados de estudios: primaria, secundaria y media superior. Sólo un millón 385 mil 864 cuentan con el nivel Superior.

De acuerdo con el Semáforo Estatal del estado de México de la iniciativa México ¿Cómo vamos?, el crecimiento económico de la entidad al tercer trimestre de 2016 fue de 3.8 por ciento, por debajo de la meta anual de crecimiento de 4.5 por ciento. En cuanto a los empleos generados el semáforo está en rojo al cuarto trimestre de 2016, pues se crearon 58 mil 799 empleos acumulados, muy por debajo de la meta de 166 mil 600.

Con ocho auditorías hechas a fondos y transferencias federales para apoyos en educación, infraestructura y desarrollo, el estado de México ha causado un daño al erario por mil 551 millones 456 mil 316 pesos sólo en 2016.

De acuerdo con los informes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ese monto se compone por salarios excedentes, a trabajadores dados de baja o no localizados, de rendimientos y subejercicios no reintegrados a la Tesorería de la Federación, transferencias que no hizo la Secretaría de Finanzas estatal o que hizo a cuentas equivocadas, en “uniformes para eventos de orden social” y en “programas sociales” que el dinero en cuestión no contemplaba.

La ASF encontró fallas en el uso del dinero destinado a desarrollo regional, educación, infraestructura social y de seguridad pública.

Se auditó el 92.1 por ciento del total de recursos, es decir, 32 mil 518 millones 887 mil pesos.

Encontró que Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM), quien es el ente ejecutor del gasto, ejerció recursos por 3 mil 041 millones de pesos, quedando pendientes por ejercer 344 millones 360 mil pesos.

El gobierno del estado de México sólo pudo comprobar el uso de 169 millones 528 mil pesos, por lo que se presume un daño al erario federal por 174 millones 831 mil 813 pesos “por falta de aplicación”.

Al 31 de mayo de 2017, las cuentas bancarias del SEIEM generaron un rendimiento por 20 millones 017 mil pesos, pero no hay muestra ni pruebas de que se hayan aplicado de acuerdo a los fines y objetivos del fondo, por lo que, de no comprobar el uso, deberían ser reintegrados.

También realizó el pago de la nómina con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 6 mil 857 millones 137 mil pesos a personal adscrito a centros de trabajo, en categorías y puestos dedicados a la educación básica y formación de docentes.

De ahí, la SEP autorizó pagos con esos recursos por 14 millones 069 mil pesos a 54 trabajadores del “Departamento de Preparatoria Abierta Valle de Toluca y México” y de la “Dirección de Preparatoria Abierta”. Esas personas están tienen cargos no financiables

Por lo que respecta a 111 empleados recibieron pagos, autorizados por la SEP, cuando tenían licencia por comisión sindical. El daño al erario asciende a 3 millones 477 mil 440 pesos.

Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo también salió un pago por 1 millón 121 mil pesos a 5 trabajadores que citaban con seis plazas y estaban adscritos a seis centros de trabajo en el estado de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca “los cuales no son compatibles geográficamente”.

Detectó la Auditoría Superior de la Federación pagos de utensilios, comida, vestuarios y “uniformes para eventos de orden social” que no debían pagarse con ese dinero por 1 millón 224 mil 580 pesos.

De las participaciones federales a entidades federativas, al estado de México le fueron asignados 88 mil 553 millones 802 mil pesos.

En servicios personales, realizó 2 mil 600 pagos con estos recursos por 26 millones 107 mil pesos a 334 trabajadores con cargos no registrados en el Catalogo de Categorías y Puestos„ 10 mil 701 pagos que excedieron el sueldo tabular de 10 mil 492 trabajadores. De los cuales 45 millones 505 mil 958 y otros 10 mil 587 pagos con el dinero de las federaciones por 124 millones 739 mil pesos a mil 579 trabajadores que ya estaban registrados con baja.

Por lo que el estado de México ocasionó un daño al erario por mil 551 millones 456 mil 316 pesos.

Esta partida tuvo como presupuesto asignado al Gobierno del estado de México, mil 922 millones 388 mil pesos. A diciembre de 2016, se habían ejercido mil 061 millones.

La Secretaría de Finanzas no transfirió a la Universidad Autónoma del estado de México 747 mil 142 pesos más los intereses generados. No dio pruebas sobre lo hecho con ese dinero o su situación actual.

Detectó que 25 millones de pesos por una transfirió del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación a una cuenta llamada “nómina cheques FONE” por concepto de pago de la quincena tres del Ejercicio Fiscal 2017, que no se debieron hacer con el dinero de 2016.

El gobierno del estado de México recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), un total de 492 millones 292 mil pesos. A mayo de 2017, había ejercido 454 millones 135 mil, faltando por ejercer 38 millones 154 mil pesos más 7 millones 138 mil de rendimientos que no se han aplicado a los objetivos.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) transfirió los rendimientos financieros generados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades por 3 millones 757 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del Instituto que maneja otro tipo de recursos.

De su presupuesto total, a mayo de 2017, se habían ejercido el 97.4 por ciento. Quedaron sin ejercer 12 millones 814 mil pesos más los rendimientos generados por 5 millones 049 mil pesos que no fueron aplicados en tareas del fondo.

La Secretaría de Finanzas transfirió 748 mil 665 pesos a una cuenta bancaria que debió dar a la Comisión del Agua del estado de México. Esa secretaría tampoco tiene documentación que acredite que el dinero lo utilizó para el fin destinado. Además, de 2 millones 608 mil pesos no se encontró ninguna vinculación a compromisos y obligaciones de pago.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno del estado de México a que explique y haga pública el destino de los recursos egresados durante el ejercicio fiscal 2015 y 2016

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes por los recursos derivados por la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Cuenta Pública de 2016 y se conmine al Congreso del estado de México para que instruya al Órgano de Fiscalización Superior de aquella entidad para que audite, en lo que proceda, especialmente aquéllos en los que se encuentran involucrados recursos federalizados.

Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, haga públicas las acciones respecto de la auditoría al informe de la Cuenta Pública 2016, que involucran al gobierno del estado de México que no pudo comprobar y su probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Karen Hurtado Arana.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a autoridades de los tres niveles de gobierno que mantienen contratos con empresas de subcontratación a corroborar que éstas cumplen el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El 28 de septiembre de 2012 se aprobó en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa enviada por el entonces presidente Felipe Calderón, la cual era de carácter urgente, ya que contenía reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas agregar los artículos del 15-A al 15-D sobre la regulación de la subcontratación (outsourcing ).1

En 1980 el término outsourcing fue creado por la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. El principal país en utilizarlo es Estados Unidos, en el cual el gasto en prestaciones offshore triplica al de la totalidad de los países del continente europeos.2

La definición de outsourcing es un término inglés que está compuesto por dos palabras “out ” que significa fuera y “source”, cuyo significado es fuente u origen, es decir, se refiere a una fuente externa; es usada comúnmente en ámbito empresarial como subcontratación, externalización o tercerización. Es un proceso empleado por una empresa o compañía, la cual contrata a otra empresa u organización para que ésta desarrolle alguna actividad o cubra alguna área de la empresa contratante.3

De acuerdo con varios autores, el objetivo de dicho proceso es el de encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la gestión empresarial. Sin embargo, en la práctica éste es un gran beneficio para las empresas, ya que al usar el outsourcing para la contratación de personal, a pesar de arriesgarse a no fomentar la lealtad entre sus empleados, a estos también los perjudican, ya que no generan una antigüedad en el puesto, no ganan mayor experiencia debido a la rotación continua de personal, en muchas empresas no hay posibilidades de una mejora laboral, decrece la curva de aprendizaje, puede generar estancamiento profesional, además de considerarse fácilmente remplazables.4

En nuestro país existen empresas de subcontratación dedicadas a la limpieza, seguridad, mantenimiento informático, asesoría legal, entre otras; estas empresas continuamente son contratadas por otras empresas, lo cual al estar regulado por la ley y es correcto, sin embargo, de manera continua se sabe de abusos y evasión de algunas obligaciones patronales; por ejemplo, existen empresas que subcontrataban al total de sus empleados, con la finalidad de evitar el reparto de utilidades y generar un ahorro de cargas sociales al implementar prácticas desleales ante el fisco, situaciones de despidos injustificados, entre otros.5

El artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo menciona que:

“La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última”. 6

A pesar de lo estipulado, existen empresas en las que no respetan los derechos de los trabajadores, a los cuales no se les proporciona el material, uniformes o prestaciones de ley y donde la empresa contratante no se hace responsable de ellos. Contrariamente a que en muchas ocasiones este tipo de actos son evidentes, dentro de la misma honorable Cámara de Diputados contamos con el servicio de una empresa de subcontratación de personal de intendencia, misma que por servir dentro del Palacio Legislativo creeríamos que cumplen con todas las disposiciones de ley, sin embargo, esto no sucede así. Un ejemplo de ello es cuando ordenan al personal de limpieza a barrer el agua de lluvia estancada en las calles aledañas al recinto, donde el personal lo hace en ocasiones descalzo para evitar mojar sus propios zapatos con los que trabajan el resto del día, esto ocasionado porque no se les proporcionan botas plásticas, y donde si ellos desean no mojarse, deben adquirir de manera propia su material de trabajo. Otro abuso cometido en este mismo edificio es el control absurdo a los insumos de limpieza, ya que el material es entregado por semana y en cantidades ridículas, mismas que deben hacer rendir para cumplir sus obligaciones, aunado a esto se les cobran comisiones para entregarles sus pagos, todo esto permitido ya que cada determinado tiempo la empresa cambia de nombre y de razón social sin entregar ningún finiquito o liquidación a los empleados, y donde mágicamente se adjudican los contratos constantemente, y a los empleados, en su mayoría personas de la tercera edad, no les queda más remedio que aceptar o quedarse sin trabajo; de igual forma se aplican de manera injusta descuentos dobles por retardos o faltas, cinco días de vacaciones al año incluyéndoles el día de descanso, entre otras cosas que pasan inadvertidas para las autoridades y para nosotros mismos.

Pues bien, para evitar todos los abusos arriba mencionados, las empresas contratantes, como lo menciona el artículo 15-C antes citado, tienen la obligación de cerciorarse periódicamente de que no se menoscaben los derechos de los trabajadores, es decir, contratar los servicios de empresas serias y profesionales, con experiencia y capacidad de no solo cumplir con lo que las empresas contratantes requieren, sino también con su personal para que estos a su vez proyecten un trabajo eficiente y profesional.

Considerandos

El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo menciona:

Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes:

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Por lo antes mencionado se solicita a todas las instituciones de gobierno en cualquiera de sus ámbitos a que cumplan con los preceptos del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Notas

1 Sandoval, F. (2012). “Diputados aprueban Reforma Laboral privilegiando cúpulas sindicales”. Agosto 2, 2017, de Animal Político Sitio web:

http://www.animalpolitico.com/2012/09/aprueban-en-lo-gen eral-la-reforma-laboral/

2 Almanza, M. & Archundia, E. (2015). El Outsourcing y la Planeación Fiscal en México . Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato.

3 Ídem.

4 Colegio de Contadores Públicos de México. (Mayo, 2013). Causa y efecto de la reforma laboral en el outsourcing. Boletín de Investigación de la Comisión de Desarrollo Seguridad Social - Sur, número 2, 15.

5 Ídem.

6 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1970) Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumsplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados cita al director general de Notimex a reunión de trabajo para explicar el uso tendencioso de la agencia contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Por tratarse de una agencia de noticias e información del Estado mexicano, lo menos que se podría esperar es que Notimex ofreciera información alejada de cualquier tipo de tendencia editorial.

La definición orgánica de Notimex se encuentra en el artículo 1o. de su estatuto que se reproduce a continuación:

Artículo 1o. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado Mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial, en los términos de la Ley que lo crea y de este Estatuto Orgánico.

La independencia editorial a la que se refiere este precepto no conduce a sugerir que la agencia noticiosa del Estado tenga la atribución de estar al servicio de la política que se dicta desde la Presidencia de la República.

No obstante lo anterior, lo que se puede apreciar en términos de la cantidad de información difundida sobre los temas y asuntos que tienen como referencia al candidato de “Por México al Frente” a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, es de sugerirse que Notimex carece de imparcialidad y que está interviniendo de manera indebida en el proceso electoral de 2018.

Lo que se puede inferir es que Notimex está siendo utilizada como parte de la estrategia que se está orquestando desde Los Pinos para desacreditar al candidato de la coalición “Por México al Frente” y posicionar al candidato del PRI rumbo a las elecciones del mes de julio.

Debemos recordar que Notimex es fuente noticiosa primaria de mucha de la información que los medios concesionados difunden a la opinión pública.

En la forma en que Notimex está dando a conocer la información sobre los candidatos se percibe que tiene un objetivo tendencioso que lejos de abonar a los principios de oportunidad y veracidad de la información, se alejan de lo que en democracia debe haber en términos de un piso parejo para todos los contendientes.

Aquí los ejemplos de los últimos diez encabezados sobre Ricardo Anaya y José Antonio Meade para revisar las diferencias entre ellos al hacer una búsqueda dentro del portal de noticias de las últimas horas, previas a la inscripción del presente:

Ricardo Anaya:

José Antonio Meade:

Como se puede observar en las dos tablas anteriores, además de que en temporalidad José Antonio Meade tiene una mayor cobertura, en materia de contenido y de encuadre o framing ,1 los encabezados para uno y otro son completamente diferentes. Mientras que para Ricardo Anaya el 80% de las notas se observan con una valoración negativa en lo cualitativo, Meade no presenta una sola nota negativa.

Lo que se puede observar con estos ejemplos que pueden ser extendidos en temporalidad, es que Notimex está difundiendo noticias que marcan una tendencia cualitativa negativa para Ricardo Anaya y positiva para José Antonio Meade.

Notimex no es una agencia de noticias que parta de una concesión del Estado como lo son los canales y medios que tradicionalmente se conocen y reconocen por sus líneas editoriales. Notimex debe conducirse con la imparcialidad que le exigen las leyes y que demanda un Estado democrático como el mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita al director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel a una reunión de trabajo con legisladores, para que explique el uso tendencioso de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en contra del candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.

Nota

1 Se le conoce como framing o encuadre al proceso por el cual se influye en la percepción de individuos acerca de los significados atribuidos a ideas o conceptos. Un encuadre es un envoltorio o definición que alienta ciertas interpretaciones y desalienta otras. En: Rodelo, Frida V.; Muñiz, Carlos. Uso del análisis de conglomerados para la detección de encuadres noticiosos en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida. Comunicación y Sociedad, 2016. pp. 53-77.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de marzo de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, penales contra la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa delegacional en Tlalpan, por la comisión de conductas presumiblemente constitutivas de delito en el caso del colegio Rébsamen, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Evelyn Parra Álvarez, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 19 de septiembre, nuestro país fue cimbrado por un nuevo sismo de magnitudes y efectos catastróficos. Después de 32 años, se repetía la historia en nuestra capital, éramos víctimas de una nueva sacudida de la naturaleza y sus consiguientes efectos. Centenares de personas perdieron la vida, otros tantos más perdieron sus hogares y con ellos la mayoría de sus pertenencias.

El pueblo nuevamente salió a dar la cara, arremangándose la camisa y dejando a un lado las mochilas de las escuelas, decenas de hombres y mujeres de diferentes edades, grupos y estratos sociales; incluso personas que sólo transitaban por esos lugares, tomaron la iniciativa y sin medir peligro iniciaron el rescate y auxilio a personas atrapadas. Nuevamente la sociedad civil demostró a los diferentes niveles de gobierno que para apoyar es suficiente tener voluntad y capacidad de organizarse. No esperaron a que el gobierno encabezara estas acciones, pues pudo haber sido muy tarde para algunas de las personas que encontraron con vida o alcanzaron a poner a salvo.

Segunda. Sin lugar a dudas el colegio Rébsamen se convirtió en el símbolo más lamentable de este acontecimiento, ubicado en avenida de las Brujas y División del Norte, al sur de la ciudad, este edificio que albergaba estudiantes desde preescolar hasta secundaria, sufrió el colapso de la zona que el colegio destinó como salida de emergencia, donde se presume estaba también construida la casa de los propietarios del colegio. De modo que al intentar evacuar a los menores, éstos fueron conducidos a la zona más peligrosa, misma que al no soportar el movimiento telúrico, presumiblemente por omisiones al reglamento de construcción, terminó por ceder, cayendo sobre decenas de niños y trabajadores del plantel.

Tercera. Como es del dominio público, a partir de los sucesos, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, en ese momento jefa delegacional en Tlalpan, inició una serie de declaraciones con la finalidad de evadir su responsabilidad, pues en diferentes medios declaró que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) era la instancia responsable de entregar los usos de suelo, no la delegación. Sin embargo omite de manera flagrante la responsabilidad que tiene toda delegación de expedir permisos de construcción y el Programa Interno de Protección Civil.

Cuarta. La oficina de transparencia de la delegación Tlalpan, dependiente de la titular en ese momento la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, determinó que todo lo relacionado con los inmuebles dañados el 19 de septiembre era información “clasificada como restringida, en la modalidad de reservada”. Hasta el 15 de noviembre de 2017, la ex delegada había rechazado 51 solicitudes de información sobre los inmuebles dañados durante el sismo, de los cuales 22 eran relacionados con el colegio Rébsamen.

Quinta. El intento por ocultar la información que obra en manos de la delegación, y propiamente en manos de la ciudadana Sheinbaum Pardo como delegada en funciones al momento de los hechos, la llevó a clasificar como reservados estos documentos, actuando de mala fe y con dolo, obstruyendo las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes. Así como los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos involucrados y la persecución de los posibles delitos cometidos por omisión o acción.

Sexta. El pasado 16 de febrero del año en curso, se dio a conocer que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF) desclasificó los documentos y ordenó su difusión, muestra inequívoca de que la clasificación de los mismos fue sólo una estrategia de Sheinbaum Pardo para intentar ocultar responsabilidades.

Séptima. La irresponsabilidad de la exdelegada es señalada por particulares como un asunto grave, una de ellas es la manifestada por el abogado constitucionalista Mario Fernández, jurídico del Comité Ciudadano en Coyoacán, quien en un medio de circulación nacional cita “...Y una valoración del juez podría establecer causas de homicidio imprudencial. El hecho de que no se cumplieron las normas de construcción, aunque no exista una norma oficial mexicana, deriva en una responsabilidad civil administrativa, incluso en una pena y por eso me atrevo a decir que habría una pena de homicidio imprudencial”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones certifique el cabal cumplimiento de la ley para que sean sancionadas, en su caso, las faltas administrativas y probables conductas constitutivas de delito, cometidas por la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo en contra de las víctimas del colegio Rébsamen durante el sismo del pasado 19 de septiembre del año 2017, garantizando con ello el derecho de acceso a la justicia para todas y todos quienes habitamos en esta ciudad.

Fuentes

1. https://www.animalpolitico.com/2017/09/colegio-rebsamen-irregularidades -sismo/

2 https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/temblor-sismo-mexico/

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Despues-del-sismo-viene-la-tormenta-para-el-Colegio-Rebsamen-20170925-0103.html

4 https://www.vanguardia.com.mx/sancionesaquienincumplalaleydetransparenc iaximenapuente-2306954.html

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/abre-infodf-lo-que-sheinbaum-oc ulto-sobre-el-caso-rebsamen

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar una reasignación presupuestaria para fortalecer la labor de investigación y persecución de actos ilícitos de la Fepade en los comicios de 2018, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El combate a los delitos, su persecución, la investigación así como el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado se encuentra garantizado por la Constitución y por múltiples tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

En este sentido el artículo 21 constitucional establece que el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos son tareas del Ministerio Público y que las policías actúan bajo su conducción y mando y a la letra señala:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”

Por su parte el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A) señala, entre otros puntos:

“Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

VI. ...

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

...

...”

En este orden de ideas la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece:

“Artículo 1. Esta ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales . Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad , en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución.”

“Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. ”

Segundo. El contexto y las circunstancias sociales que predominan en nuestro país representan un desafío sin precedentes para los procesos electorales que tendrán lugar en 2018.

Mientras que pasado año 2017 se renovaron un total de 525 representantes de elección popular en cuatro entidades federativas: Nayarit, Coahuila, Veracruz y estado de México y extraordinarias en un municipio de Oaxaca y seis comunidades en Tlaxcala, el proceso electoral de 2018 se convertirá en el más grande y complejo de toda la historia democrática de nuestro país, en el que se incluyen la renovación total del Congreso de la Unión, del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 30 procesos electorales locales concurrentes, incluidos nueve gobernadores y se elegirán 3 mil 637 cargos a elección popular en un solo día de contienda.

En este sentido los próximos comicios presentan múltiples desafíos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y sus homólogos en las entidades federativas, así como para los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones a nivel local y federal.

Al interior de la República, fenómenos de violencia generalizada comprometen la seguridad de las elecciones mientras que la violencia focalizada apuesta por agudizar la desigualdad entre hombres y mujeres en el proceso democrático.

El estudio titulado Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018 1 publicado por el Senado de la República señala:

“Grupos clientelares se aprovechan de la desigualdad económica para condicionar votos por programas sociales financiados por fondos públicos, lo que la población más pobre termina por aceptar debido al alto valor que representa para ellos conservar sus programas sociales vigentes.

La condenable práctica de la compra y coacción del voto, y el condicionamiento de programas sociales se han convertido en los tipos penales más denunciados ante la fiscalía especializada.

Al presentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (la Encivica), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado que la corrupción (tres de cada cuatro mexicanos y mexicanas consideran que el país es corrupto), la impunidad (95 por ciento de los delitos no obtienen sentencia condenatoria); la desigualdad (1 por ciento de la población concentra 63 por ciento de la riqueza del país) y la discriminación son los problemas más graves que enfrenta México2 .

Las más graves conductas antidemocráticas que enfrentamos en nuestro país se manifiestan por la vía de la vulneración del estado de derecho, a partir de la violación a los principios constitucionales, las malas prácticas electorales y la comisión de delitos que afectan diversos bienes jurídicos tutelados por la sociedad , fundamentados en los propios valores de nuestra democracia, tales como la libertad del sufragio y la igualdad, pero además se extienden más allá y alcanzan a proteger distintos valores de la democracia participativa, como lo es la equidad en la contienda electoral.

En el sistema jurídico nacional se encuentran previstas conductas delictivas que lesionan el adecuado desarrollo de la función electoral y ponen en riesgo que la renovación de los cargos de elección popular sea efectuada en condiciones democráticas.

La comisión de prácticas que la ley tipifica como delitos electorales o como faltas administrativas, las cuales varían en razón de la gravedad de la falta, siendo los primeros las afectaciones más graves a los fines establecidos en la norma penal electoral. La compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, la alteración al registro federal de electores, el financiamiento prohibido por la ley, el acarreo de votantes, son conductas sancionadas por la norma penal electoral.

Este tipo de conductas deben ser investigadas por la Fepade y las fiscalías locales, quienes tienen a su cargo la labor de prevenir e investigar los hechos que la ley considera como delitos electorales que atentan contra la vida y valores democráticos de nuestro país, y la responsabilidad de ejercer la acción penal en contra de los responsables para que la autoridad judicial haga respetarlas reglas nacionales imponiendo sanciones en el marco de respeto a los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso.

Por ello, la carga y la responsabilidad, así como el nivel de exigencia a la autoridad, en ejercicio de su función penalizadora, debe ser mayor.”

Sin embargo, esta tarea parece muy difícil de cumplimentarse ante el escaso presupuesto que se tiene asignado al respecto.

Para el ejercicio fiscal de 2018, se aprobó únicamente un presupuesto de $161,739,355.00 (ciento sesenta y un millones setecientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales3 . Partida presupuestal que a su vez se subdivide en:

Recursos a todas luces insuficientes ante la magnitud de la contienda y el área de responsabilidad que deberá cubrir este órgano especializado.

Tercero. Por su parte los datos obtenidos de la más reciente Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinó que 53.2 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza en materia de ingresos.

Debemos reconocer que esta población es la más vulnerable de todas a sufrir cualquier clase de presión externa que condicione su intención de voto en los procesos electorales. Esta cifra oficial representa una seria condición social y económica que influye en el bienestar personal de la población, y quienes lo saben y no tienen escrúpulos lo usan para intimidar a la ciudadanía y obtener determinados resultados electorales en perjuicio de la democracia. Quienes lo hacen, buscan producir diversas conductas: el ejercicio del derecho de voto en determinado sentido, la abstención del ejercicio del derecho de voto y en otros casos el compromiso de no votar.

El condicionamiento de programas sociales al ejercicio libre del sufragio es una conducta delictiva y la magnitud de su riesgo se puede observar desde el más grande programa gubernamental de inclusión social en el país, como lo es Prospera, que cuenta con la mayor cobertura de todos los programas, con 27,730,875 (veintisiete millones setecientos treinta mil ochocientos setenta y cinco) personas de beneficiarios, de los cuales 15,702,571 (quince millones setecientos mil quinientos setenta y uno) son mayores de edad, ciudadanos y, por tanto, en riesgo potencial de ser víctimas de condicionamiento de programas sociales con fines electorales.

Hay que ser enfáticos en que, en un país de más de cincuenta millones de personas en condición de pobreza, los programas sociales no se detengan y deben llegar a sus beneficiarios. Pero precisamente para avanzar, es necesario dejar claro que los programas sociales son instrumentos para el ejercicio de derechos fundamentales, los derechos sociales o necesidades básicas de las personas, no son prebendas ni canonjías ni logros de partidos, gobiernos o candidatos.

Si bien esta conducta está tipificada como un delito, la estrategia a seguir por la Fepade para afrontar este enorme desafío es doble: preventiva y correctiva. En el primer punto, la parte de la prevención se aborda desde el programa de blindaje electoral, se llevan a cabo acciones para informar y prevenir tanto a servidores públicos como a la sociedad civil sobre este fenómeno en sesiones presenciales o remotas en todo el país y por medio de todos los canales de comunicación a nuestro alcance, informándoles a los primeros que esta conducta está prohibida evitando su comisión, y prevenir a los segundos de no ser amedrentados por nadie y que ejerzan su derecho al sufragio con plena convicción y libertad, sin presiones externas.

Cuarto. Cabe señalar que a principios de 2017, sólo 17 entidades federativas del país contaban con sus propias fiscalías electorales especializadas, una de ellas incluso con reconocimiento constitucional a nivel local, aunque sin autonomía técnica ni de gestión, mientas el resto de entidades federativas cuentan con alguna estrategia menos amplia para atender esta materia.

El resto de los estados han ofrecido diversas soluciones que van desde entidades federativas en donde solo un fiscal de la plantilla laboral de toda una fiscalía o procuraduría tiene que afrontar esta responsabilidad en todo el territorio de su estado, le siguen entidades en donde han apostado por asignar por turno a cualquier fiscal las indagatorias que por delitos electorales se presenten, sin asegurarse de que todos ellos cuenten con una preparación y especialización técnica previa en la materia electoral; para culminar, están aquellas entidades que han creado unidades especializadas —no fiscalías— con personal comisionado a la materia electoral que incluye personal sustantivo, como fiscales y personal de apoyo administrativo para el mejor desarrollo de sus funciones.

Con una plantilla de 278 personas adscritas a la Fepade en 2012, la fiscalía creció 18 por ciento al año 2017, para cerrar con 329 servidores públicos que forman parte de la institución, de los cuales 112 son fiscales federales. Si pensamos que la Fepade tiene en este momento 2 mil 883 carpetas de investigación y 2 mil 386 averiguaciones previas, esto implica más de 46 indagatorias por Ministerio Público4 .

El número de indagatorias en trámite por Ministerio Público en 2012 era de era 110.

La fiscalización de las campañas electorales será la verdadera prueba de fuego para el órgano electoral, debido a que el INE deberá fiscalizar 90 mil campañas electorales a más tardar 45 días después de la elección, con un personal de 500 servidores públicos. Sin embargo, a pesar de los candados legales, la posibilidad de que las campañas electorales reciban recursos de procedencia ilícita sigue abierta.

La función de fiscalización debe de dar un seguimiento muy estrecho al ejercicio del gasto por parte de los partidos políticos y candidatos para poder detectar la posible existencia de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, por lo que es deseable que esta labor se realice de manera coordinada con otras autoridades del Estado mexicano como podrían ser la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y, desde luego, con la propia Fepade.

Desde la perspectiva pública, la única manera de garantizar esta función de estado es a través de la asignación presupuestaria y dotación suficiente de recursos. Un presupuesto exiguo, casi paupérrimo, no es suficiente para cubrir con la responsabilidad constitucional y legal de este encargo institucional.

Por ello, es necesario prevenir que la insuficiencia presupuestal podría comprometer el ejercicio de las funciones de la Fepade en el proceso electoral de 2017-2018, lo que dañaría seriamente el proceso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una reasignación presupuestaria para para fortalecer la labor de investigación y persecución de los delitos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el proceso electoral de 2018.

Notas

1 Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018” http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/ download/432/406

2 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recur sos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf

3 Presupuesto de Egresos de la Federación http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/17/r17_afpe.pdf

4 Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018”. Ob cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a generar un programa destinado a que pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos obtengan dispositivos electrónicos para recibir tarjetas de vales de despensa, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los vales de despensa son una prestación que algunas empresas utilizan para contrarrestar el descuento de impuestos, y como parte complementaria del sueldo de sus empleados. Para la empresa el dar vales y no dinero en efectivo, les genera un beneficio fiscal, ya que los vales no son gravables y la empresa puede deducir el 53 por ciento del gasto, beneficiando también al empleado, ya que recibe la cantidad íntegra en vales, sin que por esa cantidad les retengan impuestos, como sucede cuando pagan con efectivo y les descuentan el Impuesto sobre la renta (ISR).1

El uso de vales de despensa está destinado única y exclusivamente a la compra de alimentos, artículos de la canasta básica y despensa en general; por lo que el gobierno decidió no gravar esta prestación, permitiendo que tanto las empresas como los empleados reciban los beneficios.

Sin embargo, los beneficios de los vales de despensa, están limitados y condicionados a comprar solo en establecimientos y comercios afiliados a los emisores de dichos vales. Dentro de estos comercios en su gran mayoría se encuentran: Diconsa, Waldos Mart, Bodega Aurrera, Sams, WalMart, Tiendas del ISSSTE, Costco, Superama, Gigante, Chedrui, Soriana, Comercial Mexicana, Extra, Super Bara, Woolworth, Del Sol, Fabricas de Francia, Suburbia, Liverpool, Famsa, Tiendas Natura, Farmacias Benavides, Farmacia el Fénix, Farmacias Guadalajara, Super G, Calmax, Six, Farmacias del Sol, Vips, Dominos Pizza, Carls Jr, Sanborns, Mega Comercial Mexicana, Toks, El Portón, Pollo Feliz, Subway, S-Mart, entre otros, en su mayoría tiendas de autoservicio, farmacias, algunos restaurantes y algunas tiendas de abarrotes.2

En su mayoría los vales son aceptados por las grandes cadenas de autoservicios, dejando en desventaja a las tiendas de abarrotes, locatarios de mercados y pequeños comerciantes.

Los mercados constituyen las principales fuentes de abastecimiento en los barrios, colonias y lugares cercanos a ellos. Solamente en la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, distribuidos en sus 16 delegaciones.

Por años los mercados se han distinguido por ser sitios en los que se pueden adquirir artículos de primera necesidad a precios accesibles, además de ser el sustento de miles de pequeños comerciantes, en nuestro país.

Fortalecer los mercados y apoyar a los pequeños comerciantes es una tarea que económicamente favorecerá a miles de personas, ya que no solo permitirá que los pequeños comerciantes incrementen sus ventas, sino que también le permitirá al consumidor adquirir productos frescos y de buena calidad.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se realice una campaña para incluir a los locatarios de mercados y pequeños comerciantes de productos perecederos y no perecederos, como comercios, a que puedan contar con dispositivos electrónicos, para la recepción de tarjetas de vales de despensa y de esta manera dar oportunidad a que los consumidores a que tengan la opción de hacer su despensa en mercados y no solo con las grandes compañías de autoservicio.

Los tiempos en los que estamos nos indican que debemos apoyar la economía nacional e incrementar el consumo no solo de los productos nacionales, sino también de los comerciantes locales, aquellos que poseen los clásicos negocios en las esquinas o en los mercados, y que también necesitan oportunidades para crecer e incrementar su productividad.

Considerandos

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 27, fracción XI en su primer párrafo menciona que las prestaciones que se otorguen de manera general a todos los trabajadores, podrán ser deducibles de impuesto y especifica que cuando se trate de vales de despensa, tendrán que ser entregados a través de monederos electrónicos, previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.3

La Miscelánea fiscal 2015, define el concepto de vales de despensa, mencionando en el punto 3.3.1.16 que “se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia... no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.”4

Entre las obligaciones con las que cuenta el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa tenemos en el punto 3.3.1.20. numeral V de la Miscelánea Fiscal 2015, que los emisores tendrán que “afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa...”; al mismo tiempo deberán publicar en su página de Internet una lista de los comercios afiliados y mantener esta lista actualizada.5

Por lo antes mencionado, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.

Notas

1 “3 preguntas que se repiten sobre beneficios de vales de despensa”. Edenred. 23 de julio de 2015. http://blog.edenred.mx/tres-preguntas-beneficios-de-vales-de-despensa#s thash.ZbYblDSu.dpuf

2 “Directorio Nacional de Establecimientos Afiliados a Vale Papel Despensa”. Si vale. file:///C:/Users/PC/Downloads/valenacional por ciento20(1).pdf

3 “Ley del Impuesto Sobre la Renta”.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

4 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

5 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogas locales a realizar con los gobiernos respectivos campañas de prevención y elaboración de planes de urgencia para identificar zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas en caso de actividad sísmica, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguiente:

Considerandos

La protección civil en el país ha constituido una de las prioridades para el Estado, a fin de impulsar una transición efectiva de las acciones reactivas que se realizaban anteriormente a una cultura de la prevención que permita una mayor eficacia en el ejercicio de los recursos destinados para la protección de la sociedad en materia de desastres.1

La protección civil surge en el país a raíz del sismo de 1985 cuando miles de personas quedaron en los escombros y muchas de ellas murieron bajo los mismos, pues no pudieron ser rescatadas. Antes de lo ocurrido en 1985 las labores de rescate, resguardo y auxilio de la población estaban bajo el cargo del Ejercito mexicano, sin embargo los sismos presentados en ese año evidenciaron la necesidad de crear una institución que se encargara de organizar actividades de carácter preventivo y sobre todo de organización social ante posibles desastres naturales o contingencias antropogénicas.

La república mexicana, por su ubicación geográfica, por su ritmo de desarrollo y su gran actividad industrial está expuesta a todos los fenómenos perturbadores, hecho que [...] obliga a tomar las previsiones necesarias.2

Dentro de sus principales objetivos se encuentra el dotar a la sociedad de todos los elementos que le permitan hacer frente, con eficiencia y eficacia, a los fenómenos naturales, antes, durante y después de que ocurran; además de apoyar a la población que habita en zonas vulnerables ante desastres naturales o situaciones de carácter antrópico; coordinar las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia y; apoyar en los programas de reconstrucción una vez pasada la situación de emergencia.

En el país, la actividad sísmica es permanente. De acuerdo con la doctora Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, los sismos y sus réplicas no son predecibles e incluso no se puede saber dónde, ni cuándo, ni de qué magnitud van a ocurrir, por lo que estar preparados ante algún movimiento telúrico es una labor de todos.

Uno de los aspectos que han evidenciado los últimos cuatro sismos de 6 a 8.2 grados es la falta de cultura de la prevención y planes de emergencia en los hogares, empresas, centros comerciales, pues en muchos de estos sitios no conocen los protocolos a seguir en caso de un sismo o incendio. Muchas personas no conocen las rutas de evacuación, no saben cuáles son las zonas de seguridad e incluso muchas no tienen ni los señalamientos mínimos.

Un ejemplo claro de la problemática anteriormente mencionada es como las personas salen corriendo y empujándose en cuanto se activa la alerta sísmica, además de que se refugian en las aceras de la calle sin saber si esa es una zona de seguridad, pues se encuentran rodeadas de árboles, postes, cables y edificios que podrían colapsar dependiendo de la magnitud y tipo de sismo.

Si bien, es cierto que la Coordinación Nacional de Protección Civil, desde el sismo del 85, ha puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a la formación de una cultura de protección aún subsisten notables deficiencias en la reducción de riesgos, es decir, la intervención preventiva que permita eliminar o reducir el impacto adverso de los desastres.

El capítulo VII, artículo 43, fracción IV, de la Ley General de Protección Civil, menciona que le corresponde a las autoridades competentes “impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección” mientras que la fracción V menciona que esta autoridades deben elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados con la protección civil.

Es importante resaltar que no contar con una cultura de protección civil repercute de manera directa en la capacidad de respuesta que las personas pueden tener frente los distintos tipos de desastres naturales y antropogénicos.

Para contar con una correcta ejecución, cumplimiento y observancia de las leyes en la materia, resulta necesario que se promuevan campañas de prevención y cultura de protección civil con el objetivo de actuar de manera pronta, eficaz y oportuna en caso de presentarse un desastre natural o antrópico.

Una de las herramientas que funciona son los planes de protección civil, los cuales deben contar con un conjunto de disposiciones reglamentarias que establezcan las acciones específicas que deben emprender las personas, ante un fenómeno de riesgo.

Es importante contar con los instrumentos necesarios que promuevan la coordinación de esfuerzos ante los distintos desastres naturales e incluso contingencias ambientales que puedan afectar el desarrollo de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogos locales a que realicen campañas de prevención y elaboración de planes de emergencia con el fin de poder identificar zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia en caso de actividad sísmica.

Notas

1 Sin Autor. (2015). Reglamento de Protección Civil del Estado de Chiapas. 10/06/2017, de Periódico Oficial Sitio web:
http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/documentos/decretos/reglamento-proteccion-civil.pdf

2 Fernández, E. (2010). Teoría y práctica de la protección civil . 10/06/2017, de UAM Sitio web:
http://www.uam.mx/proteccioncivil/teoriapractica_proteccivil_UAM_2010.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 6 de marzo de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de un programa urgente de seguridad pública para atender de manera efectiva la violencia e inseguridad permanentes que padecen los habitantes de Cuajimalpa, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Una y otra vez desde diversas instancias, hemos denunciado la creciente inseguridad que se vive en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. Los vecinos de la demarcación viven con miedo adentro de sus casas y al transitar por las calles.

Asaltos a transeúntes, extorsiones, robo a casa habitación, robo de autopartes, narcomenudeo, secuestros, asalto a comercios, violaciones y asesinatos, han sido en los últimos años la constante.

Desafortunadamente, en los últimos meses la situación se ha tornado mucho más alarmante, debido a la recurrencia y a la gravedad de los delitos.

Mientras las actividades delictivas aumentan, la complacencia y evasión de responsabilidades de las autoridades tanto delegacionales como capitalinas se vuelve más evidente. Su respuesta siempre es omisa, con cifras maquilladas y excusas absurdas.

Las autoridades delegacionales pretenden tapar el sol con un dedo. Olvidaron que su obligación y compromiso es con los habitantes de Cuajimalpa, olvidaron que nada ni nadie puede estar por encima de la justicia y de la ley.

Su política de “dejar hacer y dejar pasar” ha lastimado a los vecinos, ha vulnerado a los hogares, ha mermado la economía de las familias, ha ocasionado pérdidas económicas a los comerciantes y ha costado la vida a muchas personas.

Insensibilidad, ausencia de gobierno, omisiones, falta de políticas y programas públicos, incompetencia y nulo profesionalismo, han sido las características de la actual administración delegacional.

La violencia ha llegado a su límite en la delegación Cuajimalpa. La barbarie, la ingobernabilidad y la inseguridad son una realidad que padecen los vecinos todos los días, mientras las autoridades delegacionales y capitalinas los han abandonado.

La gente se ha tenido que organizar en policías civiles para resguardarse de la delincuencia. Han ocurrido eventos en los que incluso se ha hecho justicia por propia mano, tal y como lo denuncié ante la Comisión Permanente, en un punto de acuerdo que fue aprobado. Sin embargo, nada ha cambiado.

La respuesta a la problemática han sido discursos vacíos, promesas falsas, repartición de culpas de un orden de gobierno a otro y cero resultados.

Los comerciantes, las amas de casa, las y los adolescentes, las niñas, los niños, los transportistas, las y los trabajadores y las personas de la tercera edad, están hartos de vivirse constantemente amenazados por la violencia y la inseguridad.

Hartos de ser víctimas de delitos. Hartos de vivir la amenaza de convertirse en víctimas. Hartos de estar en su casa, salir a las calles, acudir a los parques y espacios públicos con miedo.

Cuajimalpa es una delegación de contrastes, con una gran brecha de desigualdad en ingresos, servicios, infraestructura, desarrollo y oportunidades, no obstante, a sus habitantes los identifica un común denominador: el miedo a la inseguridad y a la violencia.

El hartazgo por la incompetencia de las autoridades y la corrupción es generalizado.

Las y los habitantes de la delegación Cuajimalpa nos han pedido levantar la voz para que sus reclamos sean escuchados y sus demandas sean atendidas.

Como sus representantes populares, nos han solicitado a esta Cámara de Diputados, toda nuestra solidaridad y sensibilidad para exigir seguridad, gobernabilidad, orden y paz en la demarcación.

De ahí que, en nombre de los vecinos de las colonias, los pueblos, los campamentos, las unidades habitacionales y los fraccionamientos de Cuajimalpa:

* 1 de Mayo
* Abdías García Soto
* Adolfo López Mateos
* Agua Bendita
* Ahuatenco
* Amado Nervo
* Ampliación El Yaqui
* Ampliación Memetla
* Bosques de las Lomas
* Campestre Palo Alto
* Club de Golf Bosques
* Contadero
* Cooperativa Palo Alto
* Cruz Blanca
* Cruz Manca
* Cuajimalpa
* Cumbres Reforma
* El Ébano
* El Molinito (colonia)
* El Molino
* El Tianguillo
* El Yaqui
* Granjas Navidad
* Granjas Palo Alto
* Jardines de la Palma
* Jesús del Monte
* José María Castorena
* La Manzanita
* La Pila
* La Venta
* Las Lajas
* Las Maromas
* Las Tinajas
* Locaxco
* Loma del Padre
* Lomas de Memetla
* Lomas de San Pedro
* Lomas de Vista Hermosa
* Lomas del Chamizal
* Manzanastitla
* Memetla
* Nueva Rosita
* Prados de la Montaña
* Rincón de las Lomas
* San José de los Cedros
* San Lorenzo Acopilco
* San Mateo Tlaltenango
* San Pablo Chimalpa
* San Pedro
* Santa Fe Cuajimalpa
* Santa Rosa Xochiac
* Tepetongo
* Villas de Cuajimalpa
* Villas Marbella
* Xalpa
* Zentlápatl

Les solicito hacer un enérgico llamado a las autoridades para atender las legítimas demandas de la ciudadanía. En tal virtud, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel Ángel Salazar, y al jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten de manera inmediata un programa emergente de seguridad pública, que atienda de manera efectiva la violencia e inseguridad permanente que padecen las y los habitantes de la delegación Cuajimalpa, garantizándoles el derecho a vivir con la tranquilidad y certeza de que su vida, integridad física y patrimonio no seguirán siendo vulnerados y amenazados por la delincuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a actualizar el portal Tus Derechos Laborales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido , diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia , con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo trabajador.1 Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos.2 Al igual que los derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en cada empleo e industria.3

La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que dicha institución busca fortalecer la política laboral en México, a través de acciones dirigidas a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos.4 Entre estas acciones, frecuentemente reducidas a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría, en buena medida, las disputas creadas por el desconocimiento de la ley,5 otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral.

Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser cometidos contra quienes lo desempeña. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente.

Aduciendo lo anterior, propongo que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan al trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que éstos sean respetados y hechos validos en su propio empleo.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, determina que “[...] el derecho a la información será garantizado por el Estado”.6 Adicionalmente, argumenta que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.7 Finalmente, la Constitución concede que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación [...]”.8

En tanto al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el artículo 6 menciona en su apartado A, fracciones III y IV, que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciara ante los organismos autónomos especializados correspondientes.9

En tanto, los derechos de las y los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo establece como condiciones generales de trabajo el: derecho a tener un contrato, sea éste individual (artículo 20), colectivo (artículo 386) o contrato ley (artículo 404); el contar con jornadas de trabajo determinadas (artículos 58-68); el recibir aguinaldo (artículo 87); el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo (artículo 82); el contar con vacaciones y una prima vacacional (artículo 76); el tener días de descanso después de un cierto número de días laborando (artículos 69, 71, 73 y 75); el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación laboral (artículos 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162); el beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que se labora (artículos 117-131); el generar antigüedad y tener oportunidades de ascenso dentro del empleo (artículos 158 y 159); el gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio de sus hijos (artículo 132); y la capacidad de acceder a crédito para el consumo (artículo 103-Bis).10

Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en estos sitios. Algunos, como lo son en el caso de Reino Unido,11 Estados Unidos12 y Chile,13 ofrecen herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos necesarios para hacer valido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es en el caso de Colombia,14 presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada empleador.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia.

Notas

1 Redacción. “Siete derechos laborales que (sí o sí) debes tener”. México. El Financiero Bloomberg . 25 de Mayo de 2017. Consultado en:

http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-lab orales-que-si-o-si-debes-tener.html

2 Gobierno de la República. “¿Cómo se lograron? y ¿cómo defenderlos?”. En Conoce tus derechos laborales. México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en:

https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-derechos-labo rales-29228

3 Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos – Artículo 23. Nueva York. ONU. 2017. Consultado en:
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Misión y Visión. México. STPS. 2017. Consultado en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html

5 Proa, Alma. “Abusan Patrones de Trabajadores por Desconocer sus Derechos”. Saltillo. Zócalo. 2011. Consultado en:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrones-de-trabajadores-por-desconocer-sus-derechos

6 Artículo 6. Párrafo Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma: DOF 15-09-17)

7 Ibíd. Párrafo Segundo.

8 Ibíd. Párrafo Tercero.

9 Ibíd. Apartado A, Fracción III y IV.

10 Artículos 20, 47, 48, 58-68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 103-Bis, 117-131, 132, 158, 159, 162, 386, 404. Ley Federal del Trabajo. (Última Reforma: DOF 12-06-2015)

11 Gobierno de Reino Unido. National Minimum Wage and Living Wage Calculator for Workers . Londres. Gobierno de Reino Unido. 2017. Consultado en:
https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage

12 Departamento del Trabajo. Wage and Hour Division – Resources for Workers . Washington. Gobierno de Estados Unidos. 2017. Consultado en:
https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools

13 Dirección del Trabajo. Centro de Consultas Laborales – Remuneraciones. Santiago. Gobierno de Chile. 2017. Consultado en:
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html

14 Ministerio del Trabajo. Calculadora Laboral. Bogotá. Gobierno de Colombia. 2017. Consultado en:

http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/trami tes-y-servicios/calculadora-laboral

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Jalisco a agilizar las investigaciones sobre la desaparición forzada de tres nacionales italianos en la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 31 de enero, los ciudadanos de nacionalidad italiana Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino fueron privados de su libertad en el sur del estado de Jalisco por policías de la misma entidad.

Tras una serie de investigaciones, fue dado a conocer en medios de comunicación que cuatro elementos policiacos habían “confesado” haber detenido y “vendido” a tres ciudadanos italianos a un grupo criminal local. Por esta situación, los policías enfrentan un proceso judicial por la “desaparición forzada” de los italianos, conforme a lo señalado por el propio fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez.

Al respecto cabe mencionar que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que condena hasta con 60 años de prisión, dicho delito. Esta ley fue impulsada por grupos de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición que visibilizaron la seria problemática que México enfrenta al respecto.

De acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), tan sólo entre agosto y octubre de 2017, “en México se denunció en promedio la desaparición o el extravío de una persona cada hora con 33 minutos, o lo que es lo mismo mil 411 personas en tres meses”1

“Se trata de una cifra que supera el promedio que se ha observado en el actual sexenio. De acuerdo con los mismos datos del RNPED, en la administración de Enrique Peña Nieto se ha reportado la desaparición de una persona cada 2 horas con 6 minutos”.2

Al respecto de la desaparición de sus conciudadanos, Angelino Alfano, ministro italiano de Relaciones Exteriores, ha solicitado al canciller mexicano, Luis Videgaray, agilizar las investigaciones y dar con el paradero de todos.

La violencia en México es una problemática que trasciende nacionalidades, clase y género. Más de 30 mil personas desaparecidas en México, 7 feminicidios al día, la espiral de violencia en el país es innegable y el actual gobierno ha demostrado nula capacidad para hacer frente a ella.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a agilizar las investigaciones en torno a la desaparición de los ciudadanos italianos Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, a identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como a castigar a quienes resulten responsables.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a garantizar a la República de Italia una investigación imparcial y expedita con la finalidad de facilitar el desahogo de todas las diligencias jurídicas y resolver con prontitud este bochornoso caso que debilita el prestigio internacional del nuestro país y aumenta la preocupación mundial por el empeoramiento continuo de la inseguridad pública en México.

Notas

1 Aroche, E. “En tres meses desaparecieron o se extraviaron 1,411 personas en México; un caso cada 90 minutos”. Consultado en línea el 1 de marzo de 2018 en:
https://www.animalpolitico.com/2018/01/personas-desaparecidos-registro/

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a realizar cambios en las normas técnicas reguladoras de la industria automotriz y sus prácticas en temas de seguridad y calidad para proteger a las familias y los usuarios de autos en México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diferentes organizaciones involucradas en la protección de consumidores en México se han pronunciado a favor de mejorar la seguridad y calidad de los automóviles que son comprados en territorio nacional, haciendo un llamado al gobierno y a la industria automotriz para que ofrezca a los consumidores mexicanos el mismo nivel mínimo de seguridad vehicular en todos los modelos, tal como lo hace en otros países, como Japón, Australia, Estado Unidos y Europa.

En México, ocurren más de 16 mil muertes al año en hechos viales, es decir, más de 40 muertes al día y los siniestros vehiculares fueron la segunda causa de muerte en personas de 5 a 34 años de edad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al menos 30 modelos de las distintas marcas de autos vendidos en nuestro país no ofrecen como estándar básico los mínimos niveles de seguridad vehicular recomendados por diversos organismos a nivel internacional, incluida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos niveles mínimos de seguridad contribuirían a reducir el número de siniestros y sus víctimas, esto solo será posible con la sensibilización de las industrias automotrices así como la disposición del gobierno para realizar las mejoras en las normas vigentes con el fin de reforzar la calidad y seguridad de los automóviles vendidos en nuestro país, protegiendo así a todas las familias y usuarios de autos en México.

Asociaciones mexicanas de suma importancia como lo es “El poder del consumidor” la cual realiza el estudio de productos, de servicios y de políticas públicas, la vigilancia del desempeño de las empresas, la identificación de opciones favorables para los consumidores y la denuncia de las prácticas que afectan sus derechos se posicionan en el tema indicando que “el tema de la seguridad vehicular en nuestro país es muy grave, la poca seguridad que ofrecen ciertos modelos de autos es conocido por la industria desde hace décadas, sin embargo la industria automotriz tiene la capacidad de producir vehículos seguros, tan es así que más del 80 por ciento de los autos fabricados en México cumple con los niveles mínimos de seguridad requeridos en países como EE UU y Europa, lamentablemente la mayoría de estos vehículos se exportan a otros países dando un trato distinto a los consumidores mexicanos”, declaró Stephan Brodziak de dicha asociación.

En una encuesta realizada por El Poder del Consumidor en 2015 se pudo constatar el desconocimiento que tienen los consumidores sobre el tema de seguridad vehicular, ya que se comprobó que entre los dueños de un auto Nissan Tsuru casi el 80 por ciento cree que su auto cuenta con el Control de Estabilidad (ESC), mientras que para los dueños de un GM Aveo, el 73 por ciento cree que su auto cuenta con este sistema de seguridad. Pero en ninguna versión de esos modelos existe la posibilidad de ser equipada con el ESC.

El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es la tecnología de seguridad integrada en los automóviles que más muertes evita anualmente en los accidentes de carretera, después del cinturón de seguridad.

A lo largo de cualquier trayecto, un conductor puede llegar a perder el control del vehículo por multitud de causas (desde una curva mal trazada a un coche que cambia de carril, pasando por un peatón que cruza por donde no debería) y acabar sufriendo un accidente. Se calcula que casi la mitad de los accidente mortales en carretera es resultado de pérdidas de control del vehículo, seguidas de una colisión. Y es que, cuando perdemos el control del coche, no todos sabemos o podemos reaccionar de la forma más adecuada. Para ayudarnos en esas situaciones de peligro, nace el Control Electrónico de Estabilidad (conocido por las siglas ESC o ESP).

La labor principal del Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es evitar las pérdidas del control del vehículo. Desde 2014 es obligatorio en todos los vehículos que se lancen en el mercado europeo y se calcula que puede reducir hasta en un 80 por ciento la cifra de accidentes producidos por derrape.

Cabe mencionar que es importante que nuestras normas vigentes sean mejoradas y reforzadas por las autoridades competentes del gobierno mexicano a fin de implementar mayores medidas de seguridad y hacerlas exigibles a las empresas automotrices, así como se hace en diferentes países como Europa entre otros, los cuales han hecho obligatorias las medidas de seguridad para protección de sus usuarios de automóvil.

Por su parte el secretario general de Latin NCAP indico mediante una teleconferencia que “la primera responsabilidad de la seguridad de los vehículos en México es del gobierno, que aún con la nueva norma está al menos 20 años atrasado respecto al mundo desarrollado. La industria es responsable de no oponerse ni demorar lo que el gobierno proponga agregar y acelerar en la norma. El daño que sufre un mexicano o un japonés en el mismo choque no es igual. ¿Por qué entonces merecen menos seguridad los mexicanos que un europeo, japonés, australiano o norteamericano? Los mexicanos merecen recibir la misma seguridad básica en sus autos sin tener que pagar más por ella. Hasta en tanto eso ocurra para que los mexicanos puedan saber de la seguridad de sus autos, todos los autos vendidos en México deberían ser obligatoriamente testeados por Latin NCAP. Salvemos las vidas de mexicanos desde ahora y no dentro de unos años.”

Es por eso que se tienen que tomar en cuenta dichas opiniones de diversas asociaciones y diversos especialistas para establecer una mejora viable en nuestras normas, en especial la NOM 194 de la Secretaria de Economía, la cual establece la seguridad esencial en vehículos nuevos que hasta el momento se aprecia debilitada ante las nuevas tecnologías de seguridad, tal y como lo es el Control Electrónico de Estabilidad entre otros.

La seguridad debe ser una obligación de la industria automotriz y no elección o lujo del consumidor, por lo cual el gobierno debe implementar las medidas necesarias para garantizarlo, y las industrias automotrices sensibilizarse ante importante tema y no esperar a que sea una norma sino adelantarse y dar seguridad y calidad a los usuarios y familias que usan automóviles.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a realizar los cambios pertinentes en las normas técnicas que regulan a la industria automotriz y sus prácticas en temas de seguridad en especial la NOM 194 expedida por la misma, y a que haga exigibles dichas medidas como obligación de las industrias automotrices.

Referencias

http://elpoderdelconsumidor.org/prensa/poder-del-consumi dor-latin-ncap-exigen-cambios-las-normas-tecnicas-regulan-la-industria- automotriz-practicas-proteger-las-familias-usuarios-autos-mexico/

https://www.motor.mapfre.es/coches/noticias/6017/que-es- esc-por-que-es-importante

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a esclarecer el destino de los recursos de programas sociales otorgados a personas fallecidas o no localizadas; o bien, de forma duplicada, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. En la más reciente entrega de la revisión de la cuenta pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron deficiencias en el control presupuestal, operación y seguimiento de los recursos de programas sociales, como es el caso de “Pensión para Adultos Mayores”,1 Programa de Empleo Temporal (PET)2 y Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI).3

Segunda. La auditoría financiera y de cumplimiento número 1877-DS, referente a la calidad de datos de los Programas “Pensión para Adultos Mayores”, PET y PETI, señala que en el ejercicio presupuestal 2016:

• El Programa “Pensión para Adultos Mayores” entregó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a 3 mil millones de pesos.

• El PET efectuó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a los 16 millones de pesos .

• El PETI realizó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a los 26 millones de pesos .

Tercera. Por su parte, la auditoría financiera y de cumplimiento, con número 261-DS, que realizó la ASF al Programa “Pensión para Adultos Mayores”, señala que entre las irregularidades evidenciadas en el ejercicio presupuestal 2016 se encuentran las siguientes:

1) se entregaron apoyos sin contar con el formato de aceptación del beneficiario; 2) en algunos casos no se pudo comprobar la supervivencia de beneficiarios que recibieron apoyos; 3) al comparar el Padrón Único de Beneficiarios, del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, con las bases de datos de personas que reciben una pensión de tipo contributiva (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex), la ASF constató que existieron 112,817 coincidencias, contrario a lo que estipulan las Reglas de Operación del Programa.

Cuarta. La auditoría financiera y de cumplimiento del PET, con número 264-DS, establece que en el año 2016 el Programa presentó las siguientes irregularidades: 1) algunos beneficiarios no cuentan con la Clave Única de Registro de Población (CURP); 2) una Organización de la Sociedad Civil recibió apoyos que rebasaron cuantiosamente el límite establecido en las Reglas de Operación del PET.

Quinta. Es preocupante que se desvíen recursos destinados a programas sociales cuya finalidad es reducir carencias como son la seguridad social y mitigar la inseguridad laboral.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a esclarecer el destino de los recursos de programas sociales otorgados a personas fallecidas, no localizadas o de forma duplicada.

Notas

1 El programa Pensión para Adultos Mayores está dirigido a personas adultas mayores de 65 años en adelante, tiene cobertura nacional y es operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Las personas beneficiarias reciben 1,160.00 pesos cada dos meses. Sedesol (2015) Programa de Pensión para Adultos Mayores. Disponible para consulta en: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultos-ma yores

2 El Programa de Empleo Temporal (PET) está orientado a personas que enfrentan una reducción de sus ingresos, así como a población afectada por emergencias. El Programa proporciona un apoyo equivalente al 99 por ciento de un salario mínimo vigente. Sedesol. (2015). Programa de Empleo Temporal. Disponible para consulta en:

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa -de-empleo-temporal

3 El Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) es la “reserva de recursos del Programa [PET] destinada a atender zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, como respuesta a situaciones con impacto negativo en las actividades productivas y para prevenir o mitigar los efectos causados por emergencias que afectan a la población”. Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2018). PET para el ejercicio fiscal 2018. Disponible para consulta en: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5509816

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a garantizar la eficacia de los programas orientados a mejorar la calidad educativa; y al Inifed, a elaborar un diagnóstico nacional de necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas básicas, ejercer de forma transparente y ajustada a derecho todos los recursos etiquetados para mejorar, rehabilitar o reconstruir la infraestructura educativa en el país, esclarecer las responsabilidades derivadas de la aplicación irregular de recursos y contratos y, en su caso, sancionar a los servidores públicos involucrados, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho a la educación, como derecho humano fundamental, está reconocido por la Constitución y por múltiples tratados internacionales. El desarrollo social y económico de México, así como la paz y la seguridad, serán, en todo caso, correlato del fortalecimiento de la educación y la cultura. La educación tiene capacidad para incidir y encauzar algunos de los principales desafíos y problemas que enfrenta nuestro país, tales como la violencia, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, o la dependencia económica. Corresponde al estado mexicano, particularmente al gobierno federal, la responsabilidad y obligación de garantizar la calidad de los servicios públicos educativos. Lo anterior se vincula con la articulación de estrategias integrales y multidimensionales, entre las cuales, la suficiencia y dignidad de la infraestructura física se erige como uno de los requisitos indispensables para la mejora educativa en nuestro país.

Segunda. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado por la reforma educativa del 2013, establece con claridad que:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos ”.

Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo 12, enumera las atribuciones educativas que corresponden en exclusiva al gobierno federal, entre otras:

“Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura ; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director”.

En una línea muy similar, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece, en su artículo 7, que:

“La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los programas de desarrollo regional”

Entre las atribuciones que la Ley otorga al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE), se encuentra la de recopilar información sobre el estado de la infraestructura física a nivel nacional. Por tanto, al margen de cualesquiera otras consideraciones, la conformación de un registro nacional de información y datos que sirva para tener un conocimiento claro de las necesidades físicas que existen en las escuelas públicas a lo largo de la geografía nacional es, ante todo, un claro mandato legal.

Tercera. Como parte destacada del paquete de reformas estructurales impulsadas por la actual administración, en 2013 diversos cambios legales y constitucionales consagraron significativas modificaciones en el marco regulatorio de la educación pública en México. Se promulgaron, en aquel año, dos nuevas leyes: la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Pública y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por su parte, uno de los objetivos explícitos del Programa Sectorial Educativo (2013-2018) es la operación de un sistema de Información y Gestión Educativa que permita a las autoridades planear, administrar y evaluar el desempeño educativo.

Cuarta. Relacionado con lo anterior, en su último informe de fiscalización del ejercicio del gasto correspondiente a la Cuenta Pública del 2016, entregado el pasado 20 de Febrero del 2018 a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó graves señalamientos sobre la reforma educativa impulsada por la actual administración. Según el máximo órgano fiscalizador, después de varios años de estar en vigor la reforma, en el nivel básico, 57 por ciento de los alumnos tenían el logro educativo más bajo en matemáticas, idéntico resultado para el 48 por ciento en lectura. En el nivel medio superior, casi un 50 por ciento tenía el rendimiento más bajo en matemáticas y un 45 por ciento tuvo el mismo indicador para lenguaje y comunicación. Por tanto, independientemente del aspecto o nivel que se enfoque, los resultados de la reforma educativa son elocuentes.

Quinta. En concreto, la ASF realiza una crítica general del Programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa. Se indica que la Secretaría de Educación Pública

“No contó con información ni con indicadores para evaluar en qué medida el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa contribuyó a la instrumentación del plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes, ni diseñó un programa de trabajo para definir la estrategia de instrumentación del nuevo plan y los programas de estudio (...) En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, mediante el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se atendió el problema relativo a que las escuelas públicas de educación básica carecían de herramientas técnico-pedagógicas para instrumentar el plan y los programas de estudio vigentes en 2016 . Por ello, se requiere que la SEP, en coordinación con el Coneval, valore la necesidad de corregir, modificar o reorientar el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa”

Quinta. En el citado informe, la ASF es contundente: después de 4 años de su aprobación, no se observa ninguna contribución de la reforma educativa a la mejora de la calidad de la educación . La fiscalización indica que no existe armonización entre normas federales y estatales sobre la infraestructura y equipamiento que debe existir en la educación básica y, más grave todavía, que no hay un diagnóstico nacional sobre las necesidades en ese ámbito. Es decir, ni el gobierno federal ni la sociedad conocemos con certeza y precisión las necesidades y carencias en términos de infraestructura y equipamiento de las escuelas del país. Esto último resulta muy grave, en el entendido elemental de que si no conocemos necesidades y carencias, difícilmente podremos articular respuestas y soluciones.

Sexta. Además de lo anterior, según la Auditoría Superior de la Federación, hubo subejercicios injustificados en la aplicación de recursos del Fonden a ejercer por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE) en 2016, destinados a tratar los efectos de desastres naturales ocurridos entre 2013 y 2014 y que afectaron a escuelas de la república. Así, más de 320 millones de pesos no fueron ejercidos por el INIFE, aun cuando había trabajos por realizar, sin que todavía en octubre del 2017 se hubiesen aplicado. En la misma línea de detección de irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la infraestructura educativa, la ASF señala que el INIFE entregó, en 2016, por la vía de la adjudicación directa, el 95 por ciento de los contratos para la rehabilitación de 425 escuelas públicas, por valor de más de 1.5 mil millones de pesos. Lo anterior, según la propia ASF, es contrario a la normativa, ya que se soslayó la realización de las preceptivas licitaciones públicas. Además de lo anterior, el máximo órgano fiscalizador identificó un posible daño a la Hacienda Pública por valor de más 708 millones de pesos, derivado de “la falta de comprobación de la realización y terminación de los trabajos para la rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de las escuelas públicas afectadas por los desastres naturales ocurridos en 2013 y 2014, en el estado de Guerrero”.

La anterior situación descrita resulta más lacerante en el actual contexto, no evaluado por la auditoría, en el que las necesidades de reconstrucción y rehabilitación se han multiplicado como resultado de los destructivos sismos que sufrieron varios estados de la república en septiembre del 2017. En ese sentido, si las instituciones responsables incurrieron en irregularidades manifiestas, incapacidades, subejercicios y, en general, atendieron deficientemente las necesidades de la infraestructura educativa derivadas de desastres naturales en 2013 y 2014, cabe formular la hipótesis de que la situación actual será significativamente más grave y desalentadora. Aunque sobre esto último, por razones obvias, todavía no contamos con resultados de fiscalización.

Séptima. Lo anteriormente expuesto acredita un deficiente y preocupante, incluso alarmante, desempeño de la política educativa del gobierno federal durante el 2016, expresado a través de varios señalamientos e irregularidades detectadas por la ASF en su informe más reciente de fiscalización. A saber:

• Según el órgano fiscalizador, luego de cuatro años de aplicación de la reforma educativa, no se ha podido acreditar ningún avance en términos de la calidad de la educación. Esto resulta particularmente grave, considerando los elevados costos sociales, inclusive en vidas humanas, que generó el conflicto sociopolítico creado por aquella reforma.

• Lo anterior está relacionado con otro de los hallazgos destacados: el gobierno federal no cuenta con un diagnóstico nacional de necesidades de la infraestructura de educación básica, imprescindible para garantizar ambientes apropiados de aprendizaje.

• Vinculado con esto último, la ASF detectó subejercicios e irregularidades multimillonarias en la aplicación, por parte del INIFE, de recursos del Fonden para la infraestructura educativa, los cuales tenían el propósito de paliar las consecuencias de desastres naturales acaecidos en 2013 y 2014.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la eficacia de los programas orientados a la mejora de la calidad educativa.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE) a elaborar un diagnóstico nacional de necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas básicas y a ejercer, de forma transparente y apegada a derecho, el total de los recursos etiquetados para mejorar, rehabilitar o reconstruir la infraestructura educativa de México.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al órgano de control interno del INIFE a esclarecer las responsabilidades derivadas de la aplicación irregular de recursos y contratos y, en su caso, a sancionar a los funcionarios involucrados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.

Diputado Araceli Damián González (rúbrica)