Proposiciones

Proposiciones

Por el que se reconoce a los atletas mexicanos participantes en la vigésima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, recibida de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

La suscrita, diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y decimotercero del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Hace 92 años nacieron los Juegos Centroamericanos con el objetivo de incrementar el nivel competitivo de los deportistas mexicanos y centroamericanos. Han transcurrido 23 ediciones desde el año de 1926, año en que se llevaron a cabo los primeros Juegos Centroamericanos. Tradicionalmente, desde sus inicios, las delegaciones mexicanas han tenido una destacadísima participación ya que siempre se han situado entre los dos primeros lugares, ocupando históricamente el segundo lugar en el medallero con mil 235 medallas de oro, sólo por debajo de Cuba.

Para este año 2018, la ciudad de Barranquilla, Colombia, fue sede de la edición número XXIII de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que convocó a 37 países provenientes de todo el continente americano, congregando a numerosos atletas y deportistas con sus mejores disciplinas.

Tras 16 días de competencia, México logró posicionarse en el primer lugar de este gran evento, al cerrar el medallero con un total de 341 medallas; 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce. Para la presente edición, la delegación mexicana estuvo conformada por 675 deportistas que con su talento y esfuerzo ratificaron a México como una potencia regional del deporte y el atletismo.

En este sentido, los logros obtenidos representan el sacrificio y la dedicación que hoy son motivo de orgullo y de un merecido reconocimiento para todos los deportistas y atletas mexicanos.

Con este triunfo, dentro de las 47 disciplinas que se disputaron, México se colocó como líder en el cuadro de honor en 17 deportes: aguas abiertas, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, clavados, ecuestres, futbol, gimnasia de trampolín, gimnasia rítmica, natación, natación artística, racquetbol, remo, squash, taekwondo, tiro deportivo, tiro con arco y triatlón, entre otros más.

Entre los competidores destacados, por el mayor número de preseas conseguidas en su disciplina, esta la participación de Liliana Ibáñez, originaria de Guanajuato, quien se ha convertido en la máxima figura de México en Barranquilla 2018, al ser considerada la multimedallista y reina de los Juegos, al demostrar que, con su constancia, esfuerzo y como atleta de alto rendimiento ganó una medalla por cada una de las pruebas en las que contendió, conquistando un total de 9 preseas: 5 oros, 1 plata y 3 bronces, logros que la han colocado como un orgullo nacional para México.

En estas justas, México impuso récords centroamericanos, en la disciplina de halterofilia con Antonio Hernández, quien levantó 171 kilogramos, logrando vencer a sus oponentes colombianos; el mexicano Miguel de Lara Ojeda, consiguió detener el cronometro de su competencia al minuto 2:11.77 sumando un récord más, récord que será el próximo a vencer en los siguientes juegos en Panamá.

De la misma forma, Patricia Sánchez, con un impresionante cierre y nuevo récord, ganó la medalla de oro de los 10 mil metros en atletismo, así como, el equipo conformado por Allyson Macías, María Mata, Liliana Ibáñez y Mónika González, terminó con 8:12.30 en el cronómetro, conquistando el primer sitio e imponiendo una nueva marca en la prueba de 4x200 metros relevo libre femenino.

En los Juego de Barranquilla 2018, México destaca por el apoyo y la preparación de la mujer en el deporte de alto rendimiento, ya que, de las 341 preseas obtenidas, 183 las ganaron mujeres, 136 los hombres y 22 resultaron de pruebas en equipos mixtos.

Desde esta máxima tribuna es justo hacer un reconocimiento a los medallistas que han participado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, queremos transmitir la admiración a nuestros extraordinarios atletas mexicanos, así como a sus entrenadores, que con su empeño y apoyo contribuyeron a que México ocupará el primer lugar en el Medallero de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia 2018. Demostrado que el trabajo en conjunto es la mejor estrategia para alcanzar el éxito en este tipo de competencias.

Sabemos que aún falta mucho por hacer en el deporte mexicano, sin embargo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), demostró el apoyo institucional para los diversos deportistas y atletas que hoy en día lograron consolidar los resultados que engrandecen al deporte nacional.

No cabe duda de que los deportistas en el camino pueden ir solos, pero si van acompañados de la mano de su país y de las autoridades representantes del deporte, harán de la unión de voluntades un camino constante hacia el mismo objetivo: competir y ganar.

De conformidad con las consideraciones anteriores, me permito proponer a la Comisión Permanente, para su aprobación, con el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce y felicita a los deportistas y atletas mexicanos que participaron en la vigésima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018.

Fuentes

1 http://www.ridmx.com.mx/la-phelps-mexicana-que-arraso-en-barranquilla-l iliana-ibanez/

2 http://www.marca.com/claro-mx/juegos-centroamericanos-caribe/destacados/2018/07/28/
5b5b 373f268e3e23438b456d.html

Senado de la República, sede de la ComisiónPermanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Deporte. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones para reducir el uso y consumo de productos plásticos, recibida de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto

Las suscrita, Sara Paola Gálico Félix Díaz, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, las demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El plástico actualmente representa un problema ecológico, debido a su uso excesivo. México, como el resto de los países en el mundo no es ajeno a esta problemática, incluso me atrevería a decir que somos una de las naciones más afectadas debido a que poseemos una extraordinaria riqueza natural tanto en flora como en fauna, así como una diversidad de ecosistemas que constituyen un patrimonio inigualable.

México tiene una ubicación geográfica privilegiada, entre los océanos Atlántico y Pacífico, lo que nos posiciona de manera estratégica en el mundo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan 56 por ciento del territorio nacional. En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente 21 por ciento de la superficie continental del país, mientras que la superficie insular es de 5 mil 127 Kilómetros cuarados.1

Los mares y costas de nuestro país representan zonas de gran valor natural, económico, político, social y cultural. Son parte importante debido a’ sus funciones ambientales y comerciales, tales como: diversidad biológica, reservas naturales, zonas arqueológicas, turismo, pesca, extracción de hidrocarburos, acuacultura, entre muchas otras.

El crecimiento poblacional, especialmente el irregular, en las localidades urbanas en zonas costeras nacionales genera grandes presiones económicas, sociales, institucionales y ambientales.

Diversos estudios indican que, aproximadamente 80 por ciento de los residuos marinos proviene de la tierra y 20 por ciento restante de la actividad marina. De la basura que flota en el mar, 90 por ciento es material plástico de tipos diversos como: polietileno (bolsas de plástico, popotes, botellas de refresco y agua), polipropileno (plásticos duros como tapas de botellas) y poliestireno expandido (comúnmente llamado unicel).

Las pésimas políticas públicas en manejo de residuos sólidos en general y en particular el plástico, han generado graves afectaciones a los ecosistemas marinos debido a que suelen terminar en los sistemas de drenaje, llegando a las vías fluviales que desembocan en el mar, en donde los residuos plásticos se vuelven pequeños pedazos esparcidos sobre la superficie marina, situación que altera la penetración de la luz solar, disminuye el oxígeno y por lo tanto, modifica la temperatura del océano, lo que dificulta la degradación del material plástico.

La lenta descomposición de los residuos plásticos en el mar afecta directamente su flora y fauna, provocando que se enreden, se estrangulen, se asfixien y tengan una mala nutrición por la ingesta de dicho material, provocándoles hasta la muerte.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente),2 señala que:

• En la última década, se produjo más plástico que en todo el siglo pasado.

• Cada año, 8 millones de toneladas de plástico se vierten al océano.

• Cada año, 500 mil millones de bolsas de plástico son usadas en el mundo.

• En un año, 17 millones de barriles de petróleo son utilizados para producir botellas de agua.

• El año pasado, 480 mil millones de botellas plásticas fueron vendidas en el mundo.

• En 1 minuto, 1 millón de botellas plásticas son compradas en el mundo.

• El 50 por ciento del plástico producido es desechable o de un solo uso.

• El 10 por ciento de todos los residuos generados en el mundo es plástico.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alertó que, de continuar con el ritmo acelerado de contaminación de los océanos, para el año 2050 los ecosistemas marinos tendrán más plásticos que peces y aproximadamente el 99 por ciento de las aves marinas habrán ingerido plástico.

Se calcula que, en México, aproximadamente medio millón de toneladas de residuos plásticos terminan en el mar, situación que es equivalente a vaciar un camión de basura cada hora, lo que le cuesta la vida a miles de especies que tienen su hábitat natural en las costas, los mares y océanos.

Diversos gobiernos, actores de la sociedad civil y la iniciativa privada, a través del consenso común, han realizado múltiples acciones para concientizar a la sociedad sobre el consumo de productos plásticos.

A través de redes sociales, diversos videos recorren el mundo concientizando a la población sobre el uso desmedido de productos plásticos, en donde dicen que “los humanos nos hemos vuelto adictos, dependemos del plástico para todo tipo de cosas”.

Ante estos hechos, como legisladores no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es preciso regular la producción y el consumo de productos plásticos en sus diferentes modalidades y presentaciones, desde la norma, las políticas públicas y la propia conciencia individual y colectiva.

En tal virtud y debido a la gravedad del problema, someto a consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones inmediatas para reducir el uso y consumo de productos plásticos, en especial bolsas, popotes y recipientes de unicel, con el objeto de disminuir sus efectos negativos en el medio ambiente.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009.

2 http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018.

Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los resultados del Programa de Zonas de Atención Prioritaria, recibida del diputado Abel Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

El suscrito, Abel Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los artículos 29, 30, 31 y 43, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social y 29 de su reglamento, regulan las zonas de Atención Prioritaria (ZAP) con el objetivo principal de garantizar el pleno ejercicio de los derechos para el desarrollo social, estableciendo como prioritarios y de interés público, los programas dirigidos a dichas zonas.

La conceptualización de las ZAP como áreas o regiones, rural o urbana, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, se establecen de conformidad con los criterios de resultados que para el efecto define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El programa de zonas de atención prioritarias asiste a 2.5 millones de familias, desde 2002, no obstante desde 2010, con la primera declaratoria de las ZAP 2010, se identificaron 32 regiones, integradas por 365 municipios de muy alta marginación y 455 de alta marginación, con un registro de 9.1 millones de habitantes.

Los municipios rurales identificados en las ZAP son en los que se registran los más altos índices de rezago social y marginación en el país, y que a su vez se encuentran con mayores niveles de carencias sociales.

En consecuencia, en la declaratoria de las ZAP rurales de 2008 a 2011 se identificaban mil 251 municipios, en función a su alto grado de rezago y marginación social. En la declaratoria de 2012 y de 2013 su número se redujo a 849, para elevarse a mil 80 en las emisiones de 2014 a 2016, situándose en mil 115 municipios en las presentaciones de 2017 y 2018.

Sin embargo, en los mil 115 municipios declarados zonas de atención prioritaria en el país para 2018, ocho de cada 10 habitantes se encuentran desde 2015 en lamentables condiciones, a pesar de los cuantiosos recursos públicos orientados a su desarrollo, esto de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Eduardo Noriega Álvarez y Anahí Hidalgo García, autores del trabajo, refieren un escenario nacional de enormes desigualdades entre sus regiones y segmentos de población, en el que lejos de desvanecerse se hacen más grandes, con un doble efecto pernicioso de asfixiar con mínimos ingresos a una alta proporción de la población nacional, además de representar una franca limitante para ampliar el mercado interno y alcanzar mayores tasas de crecimiento productivo.

Para Encuentro Social, el combate a la pobreza y la desigualdad tiene que ser una prioridad para el Estado Mexicano, sin embargo, estos problemas no se resuelven solamente con la asignación de presupuesto, hace falta que se vigile que estos recursos se destinen para el propósito para el cual fueron destinados.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los resultados del programa de zonas de atención prioritaria.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputados: Abel Cruz Hernández, José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas a implantar, en coordinación con la Ssa, programas de desintoxicación y rehabilitación que garanticen el derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad y a realizar acciones que eviten la venta de drogas ilícitas, recibida de los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El estudio denominado Un modelo de atención y tratamiento para las personas con farrnacodependencia en prisión, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que la población masculina interna en los 358 centros de reclusión del país, 94 por ciento presenta problemas de adicción. La mariguana, cocaína, solventes, metanfetaminas, crystal y heroína son las drogas que más se consumen en las cárceles.

La mayoría de los internos con esta adicción tiene entre 26 y 45 años; sus delitos, principalmente, son homicidio, robo agravado con violencia, secuestro o contra la salud y 78.8 por ciento no ha recibido un tratamiento de rehabilitación por farmacodependencia. Algunos refieren que el alcoholo la mariguana fueron drogas de inicio y posteriormente perdieron el temor a probar otras más fuertes.1

La adicción se convierte en una enfermedad crónica de la que no se puede abstener ni remontar la dependencia; por tanto, hay riesgo de reincidir y aumentar las dosis para obtener los mismos efectos.

Una cifra considerable de presos con farmacodependencia no era consumidora habitual de alguna droga antes de ingresar, señala estudio. Sin embargo, muchas personas se inician en el consumo durante su permanencia en las cárceles.2

El análisis mencionado asegura que en las prisiones hay poca información respecto de la fase en que se encuentran los internos adictos, ya que desde que ingresan en la mayoría de los casos no se les aplica un examen exhaustivo para identificar dicha condición ni las necesidades específicas de tratamiento.

El estudio de la CNDH también afirma que, de acuerdo con los datos proporcionados por las entidades federativas, el consumo de drogas en la población de internos supera 50 por ciento, donde el número de adictos es mucho mayor si se compara con la cifra total de internos, aunque en muchos centros no hay un registro actualizado de farmacodependendientes, por lo que el porcentaje real es incierto.

Por ello, es ineludible contar con datos en el expediente médico de cada persona privada de la libertad, desde la entrevista de ingreso a fin de poder identificar la prevalencia de adicciones y su adecuada medicación.

Cabe señala que en diciembre de 2017 las personas privadas de la libertad eran 204 mil 617 a escala nacional y en 33 por ciento de los centros penitenciarios había sobrepoblación. En la actualidad, 18.46 por ciento de los centros en el país no hay registro de los presos con adicciones.

Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. garantiza el derecho humano a la salud y señala:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

Por su parte las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen:

Servicios Médicos y Sanitarios (se refiere a las Reglas 24 a 27, 29 a 35 de las RM) Las reglas revisadas enfatizan que la prestación de servicios médicos a las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado, y agrega detalles significativos a los principios, alcance y composición generales de los servicios médicos en prisión. Los deberes y prohibiciones de los profesionales de la salud se refuerzan de acuerdo con el principio de que su relación con los reclusos se rige por los mismos estándares éticos y profesionales que se aplican a los pacientes en la comunidad. Más específicamente estos incluyen:

• Garantizar los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad y proveer acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación.

• Evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las personas privadas de libertad, incluidas las personas que requieren una atención especial.

• Cumplir con los principios de independencia clínica, confidencialidad médica, consentimiento informado en la relación médico-paciente y con la continuidad en el tratamiento y cuidado (incluidos el VIH, la tuberculosis, y otras enfermedades infecciosas y la drogodependencia).

• La prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato, y la obligación de documentar y denunciar casos de los cuales pudieran tener conocimiento.

4. Restricciones, disciplina y sanciones (se refiere a las Reglas 36 a 39, 42 a 53 de las RM) Se hace especial referencia al principio de que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán equivaler a tortura u otros maltratos, y que las condiciones generales de vida se aplicarán a todas las personas presas sujetas a sanciones disciplinarias. Nuevas previsiones definen y restringen el régimen de aislamiento así como el uso de medios de coerción, regula los registros de personas y celdas, y especifican el rol de los profesionales de la salud en el contexto de los procedimientos disciplinarios. En particular, las reglas revisadas:

• Definen el aislamiento (prolongado) como aquel que se extiende por 22 horas o más por día, sin contacto humano apreciable (por más de 15 días consecutivos) y restringen el uso del aislamiento como último recurso para ser utilizado en circunstancias excepcionales.

• Prohíben el aislamiento indefinido y prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada, la reducción de alimentos o agua potable, así como el uso de instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor, como cadenas o grilletes.

• Brindan una detallada guía sobre los registros de reclusos y celdas, así como sobre el uso legítimo de instrumentos de coerción física en línea con la necesidad de garantizar la seguridad en las prisiones y respetar la dignidad inherente a las personas privadas de libertad.

• Confirman que los profesionales de la salud deben prestar particular atención a los reclusos sometidos a cualquier régimen de separación forzada, pero excluyen su participación en la imposición de sanciones disciplinarias.

• Alientan a la administración penitenciaria a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo de resolución de disputas alternativo para prevenir o resolver los conflictos.

Por otra parte en su artículo 18, párrafo 11 establece la forma en cómo se organizara el sistema penitenciario:

Artículo 18.

...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

...

Es decir, la reinserción social debe ser considerada como un eslabón en materia de seguridad y justicia. Por ello, la política criminal en materia de control penitenciario y reinserción social debe dar un viraje. Aplicando las normas, reglamentos y políticas de readaptación social propiciando la reincorporación de los internos a una vida y productiva a partir de programas basados en el respeto de los derechos humanos. Todo esto de la mano con un problema aún mayor, la adicción de los reos.

Puesto que no existen suficientes programas para el combate a las adicciones, ya que en su gran parte se debe a la gran corrupción y autogobierno de los propios reclusos.

Tercera. Sin embargo, la “corrupción” dentro de los centros penitenciarios se repite de forma sistemática, por lo que toda estrategia de reinserción social y ataque a las adicciones dentro de los centros penitenciaros se vea disminuida al mínimo.

La corrupción no solo afecta a la economía, afecta también a los derechos humanos.

Hay varias formas en que la corrupción puede desembocar en violaciones a los derechos humanos.

La primera relación entre la corrupción y la violación a los derechos humanos es la solicitud de sobornos como condición el acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia o, en general, a los servicios públicos.

La segunda relación es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos.3

Por lo que se necesita una revisión de la situación de uno de los sectores sociales que con mayor frecuencia ven conculcados sus derechos fundamentales, el de los presos.

Es doblemente grave esta situación, por dos razones; la primera de ellas porque la incidencia de violaciones a estos derechos es muy alta y frecuente; y, en segundo lugar, porque esta violación sistemática a los derechos fundamentales de los presos es producto y acción de la autoridad estatal. Por esta razón las personas presas han sido llamadas o clasificadas dentro de las llamadas víctimas del poder, entendiendo poder no sólo en el sentido político, sino sobre todo en el sentido práctico.

Poco se ha insistido en la situación que se genera una vez que las personas presas se encuentran bajo la tutela directa del Estado, a través de la autoridad penitenciaria, en la que ésta ejerce sobre ellos un poder casi ilimitado en virtud de las normas jurídicas vigentes que rigen dicha actividad, tomado en cuentas la práctica efectiva y cotidiana de un poder autoritario e irrespetuoso de la condición humana.4

Dicho con claridad, los problemas en los penales son derivados de la corrupción, donde el autogobierno que impera se incrementa por la colusión entre los grupos delincuenciales dominantes en las prisiones y las autoridades.

Ejemplo de esto han sido los recientes casos de tortura y motines en las cárceles del país, son parte de una crisis que lleva años sin atenderse debido a que el Gobierno y parte de la sociedad considera que las personas privadas de su libertad no deben de gozar de la protección del Estado, o así han destacado especialistas. Sin embargo, dicen, México está obligado a garantizar los derechos de los presos ante los convenios internacionales a los que está adherido.5

En México hay 233 mil 469 personas privadas de libertad, de las cuales 40 por ciento –92 mil 369– aún esperan sentencia, es decir no han sido declaradas culpables o, en su caso, inocentes.

La ONU ya CNDH han llamado en reiteradas ocasiones a atender la problemática al interior de los centros penitenciarios, en los que la corrupción, el autogobierno, el hacinamiento y las vejaciones son la reqla.6

Cuarta. Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), la Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja, informó que se visitaron un total de 198 centros varoniles, mixtos y femeniles, de los cuales los 131 centros estatales de detención obtuvieron una calificación promedio nacional de 6.30; los 20 centros federales, de 7.33; las 3 prisiones militares, 8.13; y las 44 cárceles municipales, 3.99.

Los centros penitenciarios visitados representan 52.38 por ciento de los existentes en el país y al momento de las visitas contaban con una población de 186 mil 829 personas, que constituye 86.16 por ciento del total de la población penitenciaria nacional.7

Calificaciones del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria por entidad federativa 8

Por otro lado, se generó un análisis de los datos recopilados por los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi.

Esto presenta una sobrepoblación en los centros penitenciarios, están a su máxima capacidad, en situaciones deplorables sin un orden y control de los reclusos; esto suma a la existencia de corrupción, venta de drogas, extorsión y al autogobierno.

Por las razones antes expuesta, presentamos ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas para que en coordinación con las Secretarías de Salud federal y de los estados de la República y la Ciudad de México implementen programas de desintoxicación y rehabilitación que garanticen el derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas, a realizar acciones inmediatas de combate a la corrupción que eviten la venta de drogas ilícitas en los centros penitenciarios del país.

Notas

1 La CNDH Presentó el libro Un modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión

https:/Iwww.foroíuridico.org.mx/la-cndh-presento-el-libr o-un-modelo-de-atencion-y-tratamiento-para-Ias¬personas-con-farmacodepe ndencia-en-prision/2 Blog de información militar y seguridad nacional https:llwww.estadomavor.mx/ 840588

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2017 http://www.cndh.org.mx/sites/all/ doc//sistemas/DNSP /DN SP 2017.pdf

2 Blog de información militar y seguridad nacional

https:llwww.estadomavor.mx/84058

3 Daniel Vázquez (coordinador), Luz Cardona y Horacio Ortiz. Los derechos humanos y la corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014 .

4 Mercedes Peláez Ferrusca. Derechos humanos y prisión. Notas para el acercamiento.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-com parado/article/view/3594/4334

5 Crisis en cárceles, Sin Embargo.
http://www.sinembargo.mx/0l-11-2017/3341190

6 Ibídem.

7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comunicado

http://www.cndh.org.mx!sites!all/doc/Comunicados/2018/Co m 2018 117.pdf

8 Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

9 Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017

http://www.cdeunodc.ínegi.brg.mx/unodc/wp-content/upload s/2018/01/en numeros2.pdf

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputados: Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, que exhorta a la SHCP a efecto de que los recursos asignados a las normales rurales en el PEF de 2018 sean entregados oportunamente y conforme a la ley, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, en su calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Las escuelas normales rurales son un logro histórico del pueblo mexicano. Surgieron en Michoacán precisamente a una iniciativa del entonces gobernador Francisco J. Múgica, en 1921, con la idea de dar oportunidad a las comunidades más pobres de México de acceder a una educación que ayudara al mejoramiento de sus vidas. Fue, sin embargo, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas que tuvieron su mayor impulso a nivel federal, por lo que es tiempo de reivindicarlas, defenderlas y apoyarlas.

Prestar apoyo especial al alumnado que vive en zonas urbanas marginadas y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación, así como garantizar una formación suficiente de los educadores, son por otra parte, parte del Estudio para la “Educación para la Población Rural” elaborado por las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; y para la Educación, la Ciencia y la Cultura.1

En abril de 2000, más de mil 100 delegados de 164 países, entre ellos México, reafirmaron su compromiso con la “Educación para todos” en el Foro Mundial de Dakar (Senegal). Ellos aprobaron el Marco de Acción de Dakar, un documento audaz y práctico que presenta objetivos y estrategias para lograr la Educación para todos que incluyen la implementación de políticas de desarrollo para los pobladores rurales.2

Además de que nuestro país ha adoptado, al menos declarativamente, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de octubre de 2015.3

El único precedente de esta arremetida contra las escuelas normales lo tuvimos durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en 1969, cuando cerró 15 de las 29 que existían en el país, por considerarlas “nidos de comunistas”.

Actualmente hay 17 normales rurales en diferentes estados, en las que se forman cerca de 7 mil estudiantes, con casi 800 profesores, que no representan ni 10 por ciento del subsistema de formación de maestros, pero además con casi nulos recursos económicos y materiales para su labor. Una crisis que se ha venido agudizando.

En razón de eso, el 13 de julio de 2017, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció la “Estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales”, la cual implicaba de entrada una inversión de 2 mil millones de pesos para mejorar infraestructura y materiales educativos, y la creación de una comisión que elaboraría un nuevo reglamento de ingreso y promoción a los maestros de las Normales, basado en el mérito, y con respeto a los derechos laborales.4

Y hay que recordar que existe el Acuerdo número 05/02/18, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de este mismo año, por el que se expidieron “las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica” dependientes de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de establecer “los criterios e instrumentos de evaluación y, en general, las reglas a utilizarse por parte de las autoridades educativas en los procesos de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al personal académico de las escuelas normales”, y el cual incluye un señalamiento que conviene rescatar:

La fundación misma y las tareas iniciales de organización de las primeras normales rurales constituyen una gesta heroica, considerada actualmente como un lazo cordial de unión entre los sectores más vulnerables de México, la cultura, los anhelos patrióticos, verdadero crisol de progreso y de integración nacional. El propósito hoy es que, por la calidad de su planta académica, las escuelas normales aseguren el egreso de los mejores profesionales de la educación.5

Segunda. Sin embargo, desde hace tiempo, y particularmente en los últimos años, las normales rurales del país están sufriendo un claro embate que busca su desaparición. Embate que se expresa de muchas maneras, en primer término, por la reducción de recursos, la retención de las partidas aprobadas indefinidamente, y la persecución y criminalización de los maestros y los estudiantes, para presentarlos como elementos nocivos, antisociales.

Acorde con ese marco, las escuelas normales de Michoacán se han visto obligadas a organizarse por la defensa de los derechos estudiantiles y por la defensa de la educación básica, superior y media superior. Para ese efecto formaron las Organizaciones de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), pero además las mismas organizaciones estudiantiles han tenido que salir de las aulas para luchar no sólo por la construcción de un México más justo sino para asegurar la sobrevivencia de sus centros de estudios.

En el caso de las ONOEM, desde su creación han realizado diferentes actividades: políticas, culturales y educativas en rechazo de las reformas estructurales, acciones coordinadas siempre con el pueblo y el magisterio, pero sobre todo han estado demandando diálogo con las autoridades estatales para resolver su problema de carencia de recursos. Actividades, por cierto, que todo el tiempo han sido pacíficas y sustentadas por los derechos que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, sin embargo, como otros muchos que luchan en esa misma línea, como toda respuesta han recibido la criminalización pública y la represión.

Ellos han procurado acercarse a las autoridades, en innumerables ocasiones han demandado diálogo tanto al gobernador del estado como a la Secretaría de Educación del gobierno federal, infructuosamente.

Desde septiembre de 2015 se ha retrasado o de se dejó de entregar los recursos presupuestados para las normales. En el pliego petitorio entregado desde hace meses y del cual los estudiantes no han tenido respuesta, se solicita la reintegración inmediata de los recursos y la liberación de plazas automáticas para los egresados de todas las normales públicas del estado. Sin embargo, en el trasfondo de todo esto está la corrupción. Algo que ha quedado demostrado y de lo que no ha habido consecuencias.

Ya desde 2013 se reportaron 2 mil 139 millones de pesos “desaparecidos” del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal6 y de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación7 hay en total 849 millones de pesos desviados, robados o mal empleados, de los recursos de la Federación para la educación en el estado de Michoacán, algunos de los cuales estaban destinados a las normales del estado, y que siempre resultan de las más castigadas.8

Tercera. Precisamente por eso, en junio de 2018 egresados de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (Escuela Normal para Educadoras, Escuela Normal Urbana Federal, Escuela Normal Rural, Centro Regional de Educación Normal, Centro Regional de Educación Normal de Arteaga Michoacán, Escuela Normal Superior de Michoacán, , Escuela Normal Indígena de Michoacán, Escuela Normal de Educación Física) y del Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán, iniciaron una nueva movilización por las siguientes demandas:

1. Evitar la disminución al presupuesto que les corresponde para el funcionamiento de sus escuelas;

2. Entrega de los recursos aprobados y rezagados; y

3. Recurso suficiente para las contrataciones a los egresados de las normales mencionadas con un nombramiento por tiempo fijo de hasta un ciclo escolar con garantía de prórroga del contrato y respetando los derechos laborales de los docentes.

En virtud de ello se precisa un exhorto al gobierno federal para que cese este clima restrictivo, para que atienda las demandas de las ONOEM y para que en el Presupuesto que se prepara para el ejercicio fiscal de 2019, no sólo otorgue recursos a las normales rurales de Michoacán, sino que los incremente de manera suficiente para que funcionen normalmente.

En razón de las consideraciones, argumentos e instrumentos invocados es que se propone ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos que fueron asignados a las normales rurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 sean entregados oportunamente y conforme a la ley, con objeto de que las escuelas de esta modalidad cumplan eficazmente la misión educativa que les fue encomendada.

Notas

1 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994so.pdf

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117s.pdf

3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=
http://www.un.org/millenniumgoals/&Lang=S

4 https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-187-nuno-mayer-presenta-estrat egia-para-fortalecer-a-las-normales-en-las-que-se-invierten-2-mil-millo nes-de-pesos-para-infraestructura-y-materiales?idiom=es

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514082&fecha=22/02/2 018

6 http://www.milenio.com/estados/
Indaga_ASF_desvios-desvios_de_gobernadores-finanzas_de_estados-vallejo-medina_0_578942125.html

7 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1070_a.pdf

8 http://www.mimorelia.com/849-mdp-fueron-desviados-robados-o-mal-emplead os-en-2014-mexicanos-primero/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputados: Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a eliminar la visa para ciudadanos de Georgia, recibida del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

El que suscribe, Leonel Gerardo Cordero Lerma, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes:

Consideraciones

Georgia es un país que se localiza en la región del Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Comparte sus fronteras con Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán.

En 1918, tras haber sido anexada por Rusia a principios del siglo XIX, obtuvo su primera independencia, convirtiéndose en la República Democrática de Georgia. México fue uno de los primeros países en reconocer a Georgia como un país soberano.

En 1921 fue incorporada por la Unión Soviética a su territorio, permaneciendo setenta años como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El 26 de mayo de 1991 obtuvo su independencia al terminar la Guerra Fría y después del colapso de la Unión Soviética.

El 8 de junio de 1992 México y Georgia establecieron relaciones diplomáticas, celebrándose su vigésimo quinto aniversario en 2017. En 2010, la Embajada de Georgia en México abrió sus puertas.

Actualmente podemos hablar de una relación bilateral propositiva, activa y con grandes posibilidades de crecimiento. Por mencionar un ejemplo, el intercambio comercial entre ambos países, vio un aumento “de 207.6 por ciento en 2016 respecto al 2015, pasando de 5.2 millones de dólares (mdd) a 16 mdd1 .

México y Georgia tienen la posibilidad de fortalecer y hacer crecer sus lazos de amistad, además de las muchas oportunidades que la relación bilateral ofrece en áreas como comercio, economía, turismo, cultura, educación y cooperación para el desarrollo.

Un ejemplo se ve en el aspecto cultural, en el cual Georgia tiene una participación activa al llevar a cabo y participar en diversas actividades culturales, entre ellas, exposiciones fotográficas como la exposición cultural México-Georgia, la presentación y elaboración de libros como Literatura georgiana contemporánea y la participación del embajador de Georgia en México, Malkhaz Mikeladze , en la Semana Cultural de Georgia en el Senado de la República, en el año 2014, con la conferencia magistral Mitos, leyendas y costumbres de Georgia .

México y Georgia comparten visiones y objetivos similares, así como intereses y valores comunes. Nuestros países tienen una historia parecida ya que ambos provienen de grandes civilizaciones y se enfrentan a retos similares en la actualidad.

A pesar de que podemos considerar que la relación bilateral está llena de oportunidades de crecimiento ya que es una relación joven y dinámica, actualmente existe en nuestro país un requisito de visa para los ciudadanos de Georgia.

Los ciudadanos mexicanos no requieren visa en caso de visitar Georgia hasta por un periodo máximo de un año.

Georgia es una nación amiga de México, con quien a pesar de la distancia, compartimos valores, objetivos y visiones. Se ha logrado un acercamiento entre ambos países que ha dado frutos como en el incremento del intercambio comercial.

Para alcanzar el objetivo de fortalecer y profundizar las relaciones entre México y Georgia, es importante que la comunidad georgiana pueda ingresar al territorio nacional con facilidad, así como lo puede hacer la comunidad mexicana a territorio georgiano. Tomar acciones que lleven a ello, refleja el interés y compromiso que tiene México con una relación prometedora que puede traer beneficios y abrir la puerta a oportunidades en diversos sectores.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, se analice la posibilidad de eliminar el requisito de visa para ingresar a México a los ciudadanos de Georgia.

Nota

1 http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen40.pdf

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular del Conapred a implantar y difundir programas, proyectos o acciones encaminas a la prevención y eliminación de la discriminación, recibida de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas más alarmantes que viven millones de mexicanos en su día a día en pleno siglo XXI, es la discriminación, ese rechazo o desprecio desfavorable por sus características físicas, su forma de vida, el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, la religión, las preferencias sexuales o el estado civil.

La discriminación origina también otros problemas, como la violencia, problemas emocionales y en casos extremos se puede perder hasta la vida. Es una situación alarmante que presenta nuestro país, existe una carencia de valores y de sensibilidad en la sociedad actualmente, pero también existen autoridades cómplices que no implementan medidas para solucionar tan grave problemática. Hay que fortalecer una educación de inclusión, fortalecer principios y valores en las familias mexicanas, así como también en las instituciones educativas, hacer ciudadanos más sensibles ante tanta diversidad que existe en todo el mundo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis 2017), se levantó durante el periodo del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017, teniendo como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en que ámbitos de la vida se presenta. Este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan.

Dicha encuesta, arrojo fuertes datos que deben ser atendidos de inmediato por nuestras autoridades, entre esos datos se establece que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más, han sufrido discriminación, siendo la forma de vestir, el peso, la estatura, la edad y las creencias religiosas, los principales motivos que la originan. Los 5 Estados de la República con más alta prevalencia de este problema son: Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos.

El 56.52 por ciento de hombres y el 51.32 por ciento de mujeres de la población de 18 años y más, han sido discriminados solamente por su apariencia, 23.32 por ciento de la población de la edad señalada anteriormente, se les ha negado injustificadamente en los últimos 5 años algún derecho, entre los que se encuentra el derecho a recibir apoyos de programas sociales, atención médica, algún crédito de vivienda o la entrada en algún negocio, centro comercial o banco.

Cuatro de cada 10 personas indígenas sufren discriminación por su origen étnico, así como 58.32 por ciento de las personas con discapacidad por su condición, mientras que 41.72 por ciento por sus creencias religiosas.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene como misión trabajar para que toda persona goce sin discriminación de todos sus derechos y libertadas, consagrados en el orden jurídico mexicano, llevando a cabo todas las acciones conducentes y necesarias para prevenir y eliminar la discriminación en nuestro país.

La presentación del punto de acuerdo tiene como finalidad que la autoridad en turno encargada del tema de discriminación realice acciones concretas e inmediatas, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para dar una pronta solución ante los problemas que se ven reflejados en la encuesta.

Mucho es el trabajo que hay que hacer aún, como presidenta de la Comisión Especial de la No Discriminación en la cámara de diputados, abordamos e impulsamos muchas acciones para combatir la discriminación en el país, buscando siempre que los derechos de todos los mexicanos sean respetados sin distinción.

Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son:

1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.

2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.

3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.

4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.

6. Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.

7. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.

Es necesario erradicar las barreras de la discriminación que generan desigualdad en la población, todos y todas tenemos los mismos derechos, así como también debemos tener las mismas oportunidades, construyamos un país incluyente que no excluya a nadie, solamente así lograremos la nación que todos anhelamos.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, maestra Alexandra Haas Paciuc, a implementar y difundir programas, proyectos o acciones encaminadas a la prevención y eliminación de la discriminación en México.

Sede de la Comisión Permanente. Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018.

Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)

((Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Agosto 15 de 2018.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género para Zacatecas, recibida de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2018

Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria alerta de violencia de género para Zacatecas; y al gobernador del mismo estado, a implantar un programa urgente de protección de la seguridad y la vida de las mujeres, adolescentes y niñas de la entidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Una solicitud de alerta de violencia de género contra mujeres (AVGM) debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto Nacional de las Mujeres, por los organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas, o por las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

II. La violencia extrema contra las mujeres es un problema de alta prioridad en México. De acuerdo a los datos del Atlas de Género publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 62.77 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el último año se registraron 29 mil 725 averiguaciones e investigaciones por delitos sexuales. De éstos, 12 mil 889 corresponden a denuncias por violaciones, mientras que 16 mil 836 son de abuso sexual, hostigamiento, etcétera; es decir, al día se denuncian 81 casos de violencia sexual. Y en el caso de extrema violencia contra las mujeres, el feminicidio, se tiene que en el último año fueron asesinadas casi 3 mil mujeres en todo el país, lo que equivale a casi 8 mujeres por día, y a pesar de ello, sólo se tipificó como feminicidio 25 por ciento de los casos.

La declaratoria de AVGM se convirtió en quizá el más importante mecanismo de visibilización y acción contra la violencia más cruda, constante y descarnada contra las mujeres. Actualmente, la AVGM se encuentra establecida dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo V, y en ella se establecen los requisitos y mecanismos para implantar la alerta.

III. La alerta de género que hoy se reconoce en la Ley de Acceso y que se define como

Artículo 22. Alerta de violencia de género: es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

En el artículo 23 se establecen las acciones que deben seguir las alertas y en el artículo 24 se establecen los supuestos para emitir la declaratoria.

IV. Diversos estudios y especialistas sitúan a Zacatecas entre los seis primeros lugares a nivel nacional en feminicidios por cada 100 mil habitantes. De 2016 a 2018, ya suman aproximadamente casi 50 feminicidios en Zacatecas, de los cuales 18 corresponden a 2018. Durante el primer semestre de 2018, tanto la Fiscalía Especializada como Semujer, ya contabilizaron alrededor de 18 ejecuciones de mujeres y niñas, lo que se traduce en una importante tendencia al alza, por lo que se puede concluir que, de no bajar la incidencia, el año podría cerrar en lo doble de 2017.

V. En junio pasado, los cuerpos de Daniela y de María fueron encontrados abandonados en carreteras, la primera en Ojocaliente, y la segunda en Villa de Cos, feminicidios que sumaban en aquel entonces 12 asesinatos de mujeres en lo que va de 2018.

VI. El 23 de julio de 2018 se dio a conocer el feminicidio y violación de la niña San Juana de tan sólo 9 años en Zacatecas, lo que derivó en una serie de protestas por parte de mujeres y grupos colectivos de feministas, quienes salieron a la Plaza de Armas en Zacatecas, Zacatecas. Las manifestantes exigieron justicia para la menor de edad con cruces, cartulinas y gritando consignas, con la finalidad de que su asesinato no quede impune como tantos otros.

VII. Litzi Saraí, de 16 años, y su bebé, de apenas 3 meses de nacido, desaparecieron el pasado sábado 27 de julio en la zona centro de Zacatecas. El bebé se localizó vivo y abandonado en un jardín de Aguascalientes el domingo 28, y la noche del lunes 30 fue encontrado el cadáver descuartizado de la joven madre en Genaro Codina. Pese a que se trata de la desaparición de dos menores de edad, las autoridades nunca activaron alertas sobre su no localización; y hoy el deceso es investigado como un feminicidio ante la terrible omisión de las autoridades.

Tanto el extravío de la madre y su hijo, como sus respectivas localizaciones, fueron confirmados por la Fiscalía General de Justicia del estado y la Vocería de Seguridad Pública la mañana de este martes, siendo el fiscal general Francisco Murillo Ruiseco quien aseguró que ya hay una carpeta de investigación.

VIII. Zacatecas comienza a presentar cifras alarmantes de violencia de género y de feminicidios por lo que es urgente las autoridades federales y estatales, tomen acciones correctivas y preventivas para detener estos casos.

IX. La condena a estos terribles acontecimientos no es suficientes para brindar justicia a las víctimas y prevenir que más mujeres y niñas pierdan la vida o sean violentadas. Es urgente que se tomen las medidas necesarias para terminar con este problema.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Secretaría de Gobernación la declaratoria de alerta de violencia de género para Zacatecas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Zacatecas a implantar un programa urgente de protección de la seguridad y la vida de las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad.

Sede de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2018.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Agosto 15 de 2018.)