Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4735-II, miércoles 8 de marzo de 2017
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conagua a emitir una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona a tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, dispone que Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, relativo al “agua limpia y saneamiento”, establece que, para mitigar la escasez de agua, resulta fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso.
Sin duda alguna, garantizar el Derecho de Acceso al Agua demanda del compromiso y la voluntad política de los tres niveles de gobierno, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, especialmente en las regiones en donde escasea el vital líquido.
Hoy en día, Baja California sufre de una fuerte crisis por falta de agua que ha afectado especialmente a los sectores agrícola y ganadero, los cuales han sufrido ensalitramiento de sus tierras, reducción de cultivos, muerte del hato ganadero y aumentos en los precios del vital líquido. Esta crisis de insuficiencia de agua afecta también a los sectores industrial y doméstico.
En octubre de 2015, los campesinos enfrentaron una grave escasez de agua provocada por una sequía que se registró en California y en el norte de México que prevaleció durante más de 30 meses.
Cabe señalar que, en México, el principal usuario del agua es el sector agrícola, con aproximadamente el 80% del agua concesionada a ese sector, un 16% a las ciudades y el restante para la industria.
Apenas el 31 de enero del año en curso, el Monitor de Sequía de México, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que las ciudades de Tijuana y Mexicali registraban una sequía severa (D2); Tecate y Playas de Rosarito con sequía moderada (D1) y Ensenada, anormalmente seco (D0).
Esto coloca a Baja California como la entidad con el mayor problema de sequía en todo el territorio nacional.
Para el doctor Alejandro Díaz Bautista, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y del Conacyt, el problema de la sequía en Baja California es el resultado de la inadecuada administración del recurso, por lo cual, se deben analizar alternativas de abasto e involucrar más a la sociedad en el tema del manejo del agua en Baja California y en todo el país.
Este investigador advirtió que, de mantenerse las tendencias actuales sobre el uso inadecuado del agua, la escasez de este recurso será un problema de supervivencia y alarma estatal y nacional. Además, apunta que conforme pasa el tiempo, aumentan las probabilidades de que los niveles de agua en el Lago Mead (en el río Colorado) bajen, y con ello disminuyan también los envíos de agua a México y a Baja California.
Ante este escenario, es indispensable que los gobiernos adopten medidas que orienten a los usuarios sobre un uso eficiente del agua, no sólo con aumentos en las tarifas y en los derechos que deben pagar, sino con el desarrollo de nuevas tecnologías, equipo ahorrador de agua, capacidad de bombeo y reducción de fugas.
Baja California tiene en su lista varios proyectos de desalación como solución al problema de abasto de agua, sin embargo, debieron analizarse diversas alternativas, considerando que el costo promedio de un metro cúbico de agua desalada en el mundo es por lo menos tres veces más que la que se extrae del subsuelo.
Es importante señalar, que gran parte de la infraestructura de las redes de riego, acusan un severo deterioro después de 40 años de vida útil.
La preocupación social que existe en Baja California sobre el acceso al agua es vigente. Recientemente, el Congreso del estado abrogó la Ley del Agua Estatal, ante la preocupación de diversos actores sociales que apuntaban hacia la privatización de este servicio.
Esta polémica fue reavivada con el anuncio de la instalación de una planta cervecera del Grupo Constellation Brands, la cual utilizaría 20 millones de metros cúbicos al año.
La posible instalación de esta planta cervecera ha prendido nuevamente los focos de alarma en algunos sectores de la sociedad bajacaliforniana, sobre todo considerando el impacto que ha tenido la instalación de este tipo de industrias en otros estados. Por ejemplo, la planta que Constellation Brands adquirió a Grupo Modelo en el 2013 en el municipio de Nava, Coahuila, consume 1,200 litros por segundo. Los reportes de expansión son tales que aumentará su capacidad para consumir 3,000 litros por segundo. Esto ha afectado gravemente el suministro de agua potable del municipio de Zaragoza, vecino de Nava, lo anterior manifestado en diversos reportes periodísticos.
Por si fuera poco, agricultores del Valle de Mexicali, han denunciado que han sido hostigados y presionados para vender sus tierras (por uso de paso del acueducto) y sus derechos de agua a favor de la fábrica, negando derechos de siembra, cancelando o negando recursos públicos que les corresponden, así como para que cedan ante las reducciones en los volúmenes para los módulos de riego, no existen denuncias formales ante la autoridad por miedo a las represalias que adicionalmente les granjearían.
El organismo de cuenca de Conagua en Baja California, en sus dictámenes ha manifestado que no hay permisos nuevos para explotación de pozos, por lo que el Grupo ha buscado comprar derechos de agua prexistentes de agricultores del Valle de Mexicali.
Este mismo organismo, ante medios de comunicación ha declarado que no ha otorgado permisos nuevos, ni ha recibido solicitudes de cambio de uso de agrícola a industrial, pero aún con ello, no deja de generar dudas que una empresa realice una inversión de tal magnitud, sin tener algo asegurado para llevar a cabo estos trámites.
Quiero dejar claro, que no nos oponemos a que se promueva la inversión y el empleo en Baja California, pero no existe inversión o proyecto que justifique poner en riesgo a los recursos naturales de la región. Sin agua no hay crecimiento de ninguna índole y el problema de escasez está más que documentado en el estado de Baja California.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a que emitan una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en el municipio de Mexicali, BC, así como fortalecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha plata, afecto de atender las preocupaciones respecto a dicho proyecto y encontrar vías de solución al conflicto.
Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2017.
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a generar un acercamiento con las empresas deseosas de invertir en el país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, centrada en la colocación de satélites en el espacio, como ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con Airbus Safran Launchers, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria aeroespacial en México tiene gran relevancia económica, pues actualmente posee grandes fortalezas respecto a conocimientos, infraestructura e inversión.
A inicios del siglo XXI se consolidó la importancia comercial para el país en este sector, cuando en 2005 llegaron a México compañías líderes de la industria como Bombardier, o el caso de Safran que se instala un año después, marcando el inicio de un creciente interés por esta actividad, que hoy en día se considera como un eje estratégico para el desarrollo económico nacional.
El acercamiento de empresas especializadas en la industria aeroespacial con autoridades mexicanas fue favorecido por las diversas ventajas competitivas del país, como lo es su localización geográfica y los tratados comerciales que facilitan las exportaciones internacionales, lo cual convierte a México en una excelente plataforma de exportación mundial; la experiencia acumulada en cuanto a manufactura, ensamblaje y servicio técnico que ha dejado el desarrollo de industrias como la automotriz; los costos competitivos y la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.
En seguimiento de la importancia que revisten las actividades derivadas de la industria aeroespacial, el 31 de julio de 2010 entró en vigor el decreto que crea la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerada como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuya misión es
Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.
En congruencia con lo anterior, se han generado diversos espacios de investigación para el desarrollo de proyectos y el aumento del interés por destinar mayores recursos al sector han permitido que en la última década, México se haya convertido en una de las naciones líderes en manufactura aeronáutica y aeroespacial albergando a casi 300 empresas, en su mayoría extranjeras, que generan una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo y más importante, que crean a su alrededor otras empresas nacionales vinculadas al sector, lo que convierte a las grandes compañías en organismos madre que potencian el crecimiento de empresas más pequeñas en su entorno.
El ámbito académico también se ha beneficiado por el crecimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial, pues con ellas aparecieron las escuelas aeronáuticas más importantes del país: la ESIME del IPN; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los centros de investigación aeronáutica más modernos del país; la Universidad Aeronáutica de Querétaro, entre otras. Todas ellas generan gran cantidad de profesionales para la industria aeroespacial nacional.
La industria aeroespacial mexicana se ha diversificado, convirtiéndose en una fuente importante de empleos e inversión, dadas las actividades que ésta desarrolla. Las empresas aeronáuticas y aeroespaciales se localizan principalmente en 18 estados del norte y Bajío de la República Mexicana, la mayoría de ellas organizadas en clústeres donde se fomenta la cooperación, innovación, y el aseguramiento de la calidad de los procesos.
La importancia del establecimiento de clústeres, como los de desarrollo aeroespacial, ha llegado a un punto tan importante que se han convertido en el objetivo de 47 por ciento de la inversión extranjera en México (calculada en mil 600 millones de dólares anuales para 2020), lo cual ayuda a mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes del lugar donde se establecen.
Se proyecta que el sector aeroespacial continúe con una dinámica de crecimiento en México, estimándose que en cinco años se duplique su crecimiento ante la mayor demanda de aviones a nivel mundial, la cual se proyecta en 37 mil aeronaves nuevas en los próximos 20 años.
Si bien el interés internacional por invertir en México se ha mantenido de manera constante, es una realidad que nuestro mayor aliado se encuentra en el mercado norteamericano, tanto por la cercanía geográfica como por los tratados comerciales que nos ligan a la nación del norte.
Sin embargo, las condiciones diplomáticas actuales se han visto enrarecidas a partir del cambio de estrategia proveniente del titular del Poder Ejecutivo estadounidense y sus partidarios republicanos que pugnan por imponer condiciones desfavorables a los mexicanos, antes que negociar en favor de los habitantes de ambos lados de la frontera que divide a México y Estados Unidos.
Resulta imprescindible explorar propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y dar con ello un impulso en la creación de empleos de calidad y bien remunerados que permitan a las familias mexicanas mejorar su nivel de vida.
Hay diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector aeroespacial, con el objeto primordial de desarrollar la industria satelital. Éste es el caso de la empresa Airbus Safran Launchers, la cual ofrece a nuestro país un plan para fabricar satélites medianos en los próximos años y ponerlos en órbita. Cabe señalar que los satélites medianos serán los más producidos en el mundo durante los años siguientes, dado el surgimiento de cada vez más programas espaciales (se estima que para 2025 incrementen los programas espaciales en 47 países).
Los satélites medianos, caracterizados por ser mucho más accesibles, baratos y fáciles de construir que los satélites tradicionales, tienen diversas utilidades para: comunicación; observación de la Tierra; monitoreo de recursos naturales, infraestructura y evolución de fenómenos climáticos; seguridad e inteligencia; entre otras aplicaciones en ciencia y tecnología.
Lo anterior nos ofrece la posibilidad de convertirnos en una nación líder no sólo en la fabricación de satélites sino en el lanzamiento de los mismos al espacio, lo cual es una excelente oportunidad para reducir nuestra dependencia de otros países en esta materia, por ello resulta necesario que se realicen todos los esfuerzos conducentes para poder aprovechar esta circunstancia cuanto antes y no dejar escapar la inversión potencial que generaría, además de los diversos beneficios asociados a la misma como el desarrollo de capacidades y conocimientos en el país respecto a la tecnología espacial.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Poder Judicial a difundir el estado que guarda el proceso del doctor José Manuel Mireles para tomar las medidas pertinentes, garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.
Sin duda la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada son los que desafortunadamente han azotado regiones completas de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Michoacán por mencionar algunos. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia gubernamental del mando único policial, ya que los índices delictivos siguen siendo altos, en el mismo sentido la presencia y participación de militares en las calles para combatir la criminalidad no ha logrado frenar la delincuencia.
México vive una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia reciente. Las autoridades han sido sobrepasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado, mismo que se ha infiltrado en varias esferas de la vida política en todos sus niveles, por lo que estamos ante la presencia de un Estado fallido que ha renunciado a la capacidad de respetar lo más elemental que representa la vida de sus ciudadanos.
Ante este escenario es que hace casi ya cuatro años, el 24 de febrero de 2013, grupos de autodefensas se levantaron en armas en la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán, como una reacción al asedio del grupo criminal denominado “Los Caballeros Templarios” que habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región; en unos meses las autodefensas replegaron a Los Templarios. Así las autodefensas surgieron como mecanismos de protección y vigilancia comunitarios, recurriendo a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos del crimen organizado frente a la inacción o complicidad de los gobiernos.
En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detalló que estos grupos tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como ‘Los Caballeros Templarios’, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.
La CNDH detalló que a finales de 2013, el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.
Los grupos de autodefensa pronto comenzaron a aparecer en otras entidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que operan en el país, así además de Michoacán, las entidades que registran mayores grupos de defensa son Guerrero, Oaxaca y Estado de México.
Sin duda una de las figuras emblemáticas de estos grupos es la del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, quien cobró fama al explicar en un largo video de la agencia SubVersiones la razón por la que se levantaron en armas contra el cartel de narcotráfico de Los Caballeros Templarios.
Ante la aparición de estos grupos el gobierno de Michoacán visualizó la creación de un grupo policial estatal, denominado Fuerza Rural, con la finalidad de incorporar a los grupos de autodefensa a dicho grupo policial y que así transitaran hacía un marco de legalidad. Las autoridades indicaron que el modelo de autodefensas no sería permitido, y que sólo los integrantes de los grupos que cumplieran exámenes de confianza podrían integrarse a la mencionada fuerza rural estatal, destacando el gobierno que sólo así se les permitiría permanecer armados en el estado y que operarían en coordinación con el Ejército, Marina y la Policía Federal.
Los líderes de las autodefensas, incluido el Doctor Mireles, aceptaron el acuerdo, por lo que el 27 de enero de 2014, autoridades federales y estatales, encabezadas por Alfredo Castillo (Comisionado federal de seguridad en Michoacán) y por el ex gobernador Fausto Vallejo, respectivamente, firmaron acuerdos con líderes de autodefensas para realizar el registro de sus armas y comenzar a operar coordinadamente. En el marco de este acuerdo fueron registradas más de 6000 armas de las autodefensas, de las cuales casi 4500 eran de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas federales. Para el 10 de mayo de 2014 se formalizó la disolución de las autodefensas y la creación de la Fuerza rural, sin embargo, líderes de los grupos de autodefensas, denunciaron que muchos integrantes del crimen organizado se infiltraron en este cuerpo policial rural.
El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo al día siguiente el Dr. Mireles fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, siendo recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1400 kilómetros del lugar de su detención.
Desde ese momento la salud del Dr. Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y mandíbula dislocada.
El académico Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad, apunta: los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el “doctor” combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la delincuencia organizada –el homicidio y la desaparición forzada-, lejos de disminuir con respecto al “calderonato” –de por sí cruento y violento-, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia de Estado en materia de seguridad pública y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. 1
A esta opinión se han sumado las voces de otros académicos, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, todos los cuales coinciden en que el Dr. Mireles junto con otros autodefensas se encuentran encarcelados ilegalmente. Especialistas como Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), ven en la detención del exjefe de autodefensas un asunto político.
El doctor Mireles es un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano.
La defensa y familia del Dr. Mireles “aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación...
Días antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.
Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.
Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.
El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.” 2
Como ya se mencionó la salud del Dr. Mireles se ha deteriorado, por lo que él y su defensa han venido solicitando su traslado a Morelia para ser atendido por problemas cardiacos, incluso en octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas. 3
El 1 de noviembre José Manuel Mireles fue trasladado del penal federal de Hermosillo, Sonora, al penal de Tepic, Nayarit, donde tampoco se le ha atendido, lo que el propio Dr. Mireles ha venido solicitando con insistencia los últimos días, esto ante las malas condiciones de salud que padece, las cuales se agravan.
Resulta por demás, lastimoso no solo para el Dr. Mireles, su familia y la sociedad en general, que exGobernadores como Javier Duarte, sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúe en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.
El Tribunal revocó la resolución que negaba la prisión domiciliaria solicitada por “La Maestra”, quien está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fue detenida en 2013 por la Policía Federal en el Aeropuerto de Toluca.
Dicha resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Así, se resolvió en definitiva el amparo en revisión promovido por la defensa de Gordillo.
En varias ocasiones su abogado ha argumentado que Gordillo tenía derecho al beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que padece de múltiples enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada y dos aneurismas vasculares, además de que sólo tiene un riñón.
La realidad es que mientras el doctor Mireles líder de las autodefensas michoacanas permanece privado de su libertad, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder, y a lo largo y ancho del país muchos grupos criminales continúan operando impunemente, y muchos de los líderes que gobiernan este país quedan impunes.
Por lo anterior, y en vista que no se han acreditado los delitos que se imputan doctor Mireles, el gobierno federal debe de poner de libertad de manera inmediata a José Manuel Mireles, y evitar se sigan vulnerando sus derechos humanos, y así evitar nuevamente la pena de pedir disculpas públicas por sembrar delitos que no existen como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública a las tres indígenas hñäñú – que pasaron 3 años y 8 meses encarceladas – CC. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, por parte del Procurador General de la República, quien señaló:
“...Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República: Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causad.”...
En razón de lo anterior, Morena hace una vez más este respetuoso, pero enérgico llamado a su libertad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manual Mireles Valverde, asimismo se tomen las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica.
Notas:
[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/edito
[2] http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=408589
[3] http://www.proceso.com.mx/470041/pide-mireles-traslado-a-morelia-atendi do-problemas-cardiacos
Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Puebla a reforzar las estrategias, acciones y políticas públicas que erradiquen la violencia feminicida en la entidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, establece que será el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, quien ejercerá un papel sustancial en los temas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, al declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cual consiste en la aplicación de acciones de carácter gubernamental y de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida1 y/o la existencia de un agravio comparado2 contra las mujeres y niñas en un territorio determinado, que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
La AVGM tiene como finalidad garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres. Contempla desde protocolos de investigación en materia de feminicidios, programas de prevención, capacitación, revisión de políticas públicas, y hasta reformas para eliminar la desigualdad en los marcos normativos que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas.
Es del dominio público que la cantidad de los feminicidios en nuestro país nos ha llevado a que junto con Honduras y El Salvador, nos encontremos entre los cinco países del mundo con el mayor crecimiento en las índices de homicidios de niñas y mujeres.3
Sin duda en el caso de los feminicidios, que se han venido presentando en diversas entidades federativas, los números van en aumento; todos los feminicidios son lamentables, ya que cada mujer que forma parte de nuestra sociedad representa a una madre, esposa, hermana o hija y en ese sentido cada muerte altera de forma grave la base de nuestra sociedad, la familia.
Conforme al sitio oficial www.gob.mx (instituto nacional de la mujeres-acciones y programas), en la publicación de 17 de enero de 2017 donde el autor es el Instituto Nacional de las Mujeres, se determina que a la fecha se han declarado seis alertas de género, en algunas entidades federativas, como son: estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
En el mismo portal de referencia, se establece la respuesta a la pregunta siguiente:
¿Cuántas solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres están vigentes? Al día de hoy, hay 13 procedimientos en trámite: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Desafortunadamente, en algunas entidades federativas las fiscalías no han tenido la capacidad de investigar para conocer la verdad de los hechos ocurridos y los probables responsables de los feminicidios.
Por ejemplo, el estado de Puebla es una de las entidades que encabezan las estadísticas de feminicidios en el país, al grado de que durante 2016 se contabilizaron 81 feminicidios4 , y ahora en los primeros dos meses de este año ya han sido ejecutadas 12 mujeres4 .
Por consiguiente, como legisladores debemos exhortar al gobernador del estado de Puebla para que refuerce las políticas tendientes a prevenir y sancionar este delito, así como a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su ejercicio pleno para erradicar la violencia de género, ya que desafortunadamente en nuestra sociedad aún sigue latente la violencia que atenta contra la vida de las mujeres motivada por la misoginia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla para que, en el marco de sus atribuciones y facultades, refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las mujeres poblanas.
Notas
1 Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2 Cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres: distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio; o se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta- de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739?idiom=es
3 “Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta” elaborado y publicado cada tres años por dos organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de Naciones Unidas, y el cual dimensiona los costos humanos de la violencia a escala global a partir de información oficial //
http://www.animalpolitico.com/2015/05/
mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/
4 http://www.proceso.com.mx/468058/suman-81-feminicidios-en-puebla-2016
5 http://www.sinembargo.mx/26-02-2017/3161120
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2017.
Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a efecto de que una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la mayor prioridad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1; 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Como sabemos, la ofensiva de Donald John Trump contra México no tiene precedentes. Los presidentes de los Estados Unidos de América (EUA), sean de extracción demócrata o republicana, en su mayoría, han sido respetuosos de los términos de la relación con México, sobre todo por la trascendencia de la vecindad con el segundo socio comercial después de Canadá.
Es evidente que en el pasado reciente, todavía durante el gobierno de Barack Obama, la relación transcurría sin mayores contratiempos basada en acuerdos suscritos entre ambos países como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLCAN), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte de 2005 (ASPAN) en materia de seguridad regional, y la Iniciativa Mérida (desde 2008 a la fecha) que está cerrando su ciclo, pero cuyas secuelas persistirán en el área de la seguridad y contra el crimen organizado en México.
Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al poder en EUA, comenzó el trastocamiento tanto de la globalización –EUA como cabeza, junto a Gran Bretaña que salió de la Unión Europea mediante el Brexit– por sus acciones proteccionistas, como de las relaciones de ese país imperial con el resto del mundo. Los asuntos con China, Irán, Rusia, Ucrania, Siria y la Unión Europea, entre otros, están tomando novedosos rumbos o claramente distintos, como sucede especialmente con México.
Nuestro país, visiblemente permisivo a las presiones económicas del vecino del norte en muchos aspectos, aspiró a una integración con la América del Norte (Canadá y EUA) para conformar el mercado más grande de mundo, y arribar al Primer Mundo, como promovieron en el país los entonces negociadores del TLCAN, comenzando por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y los titulares Jaime Zabludovsky, Jaime Serra y Herminio Blanco.
Luego entonces, por la imposición del modelo neoliberal y el claro abandono de todo proyecto de desarrollo nacional, durante poco más de 30 años, nuestro país ha caído en una deprimente situación durante este largo periodo, por ejemplo, en lo siguiente:
1) Una economía con tasas de crecimiento de 2 por ciento en promedio, que arrastra la contracción y debilitamiento de los sectores productivos (industria, servicios, el campo), con secuelas de una elevada concentración de la riqueza y la generación de elevados índices de pobreza; con bajos salarios, poca generación de empleos, seguridad social deprimente, etcétera;
2) Una política con actores de elevado desprestigio, por los altos índices de corrupción e impunidad mostrados, como es el caso de los exgobernadores de varios estados;
3) Pesados lastres que corroen todo el sistema económico, político y social, como el incremento de la violencia generalizada, la corrupción y la impunidad;
4) Una inseguridad sin precedentes como cualquier país en guerra, por la amenaza intestina de las bandas del crimen organizado, dada la serie de negocios ilícitos como las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y de órganos, el secuestro, las desapariciones forzadas, los crímenes, muchos de los cuales tiene hilos conductores hacia la frontera norte, en los centros de poder económico financiero mundial, y
5) Una seguridad nacional en riesgo permanente, especialmente por el injerencismo de EUA en los asuntos internos de México, por diversas vías como el Plan Mérida, la venta de armas y capacitación de las fuerzas policiales y militares, etcétera.
A lo anterior hay que agregar, que con Donald Trump la relación de México con los EUA se complica por al menos dos factores más de corte estructural para nuestro país:
A) Porque el retorno al proteccionismo deja huérfanas las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales del país, como un TLCAN sin mayor futuro, puesto que Trump amenaza con abandonarlo; y
B) Porque encuentra a una clase política con escaso margen de maniobra para resolver las exigencias de la sociedad, a causa del debilitamiento económico y problemas como el elevado gasto público, la carencia de recursos para invertir en sectores estratégicos como el energético, el bajo impulso a la infraestructura, la baja promoción de la industria moderna en electrónica y robótica, el descuido del campo, entre otros, hasta cimentar las bases de un desarrollo nacional autónomo.
Si bien, desde la campaña, el republicano Trump arremetió contra los mexicanos con temas como el muro, la expulsión de inmigrantes y la revisión del TLCAN. En una serie de discursos que le dieron resultado al candidato a la hora de azuzar a los votantes blancos y aquéllos inconformes con el gobierno de Obama, desde esa vertiente xenófoba, misógina y discriminatoria del Tea party y la derecha republicana.
A lo dicho se sumaron las respuestas tímidas o tardías del gobierno mexicano que más bien entusiasmaron a Trump para seguir por la ruta de las ofensas y elevar el tono del discurso, como acelerar el cumplimiento de las promesas de campaña con las primeras acciones de gobierno vía las “órdenes ejecutivas”.
Por todo lo anterior, y como el dilema apenas comienza, el gobierno mexicano tiene que sostener el tono negociador, pero con gran dosis de dignidad, haciendo hasta lo imposible por colocar y resolver los temas de interés nacional para el país.
Se debe insistir en la importancia de las aportaciones de los inmigrantes al producto interno bruto (PIB) estadounidense, por lo menos de 8 por ciento (por un valor en bienes y servicios por 600 mil millones de dólares al año), por tratarse de trabajadores que llegaron al país de los inmigrantes en busca de mejores oportunidades, más no por ser “violadores”, “narcotraficantes” o “asesinos”.
El gobierno mexicano ciertamente deberá tratar de sortear de la mejor manera las posturas duras de Trump, cuando arranquen las negociaciones, porque es evidente que no se desharán los EUA: de su política de seguridad nacional, que comprende la permanencia de acuerdos como el ASPAN que no desaparecerán.
Lo mismo en todos los asuntos estratégicos de México, que son temas de seguridad nacional.1 Para ganar en todo lo posible, o al menos no perder. Es decir, no se pueden adoptar posturas semejantes a las del interlocutor, manotear sobre la mesa y amenazar con levantarse con las manos vacías.
Para Trump los temas del muro, la inmigración y las drogas son los asuntos de su seguridad nacional, como quedó en claro durante la reciente visita a México de John Kelly, el secretario de Seguridad Interior, acompañado de Rex Tillerson, el secretario de Estado de EUA.
Hoy México tiene toda la calidad moral para levantarse ante su vecino que le ha propinado una serie de agravios. En este sentido, hay que estar preparados para responder a las amenazas de Trump, con hechos en al menos tres asuntos muy delicados para nuestra seguridad nacional:
a) Prever el presunto envío de tropas a México para combatir a los “bad hombres” –cierto o no las amenazas podrían cumplirse–;
b) Exigirle a Trump en todos los foros el combate de sus propias bandas de narcotraficantes en territorio estadounidense, porque las drogas no se mueven solas ni son el negocio únicamente de los narcotraficantes mexicanos en su país;
c) No sea que, tras la edificación del muro y el paso de las drogas siga igual –porque no detendrá el trasiego–, resulte el pretexto perfecto para cumplir la amenaza del envío de tropas, pues eso se convertiría en una ocupación militar de facto.
Este último, un asunto de prospectiva o manejo de escenarios que devendría en un alto riesgo para la seguridad nacional de México. Por todo lo anterior, a los negociadores mexicanos no les resta más que sustentarse en lo que ya existe, para no salir del guion con aceptación de cualquier sector de la vida nacional:
1. Los principios tradicionales de su política exterior;
2. Resaltar la importancia de la relación entre ambos países; y
3. Los antecedentes históricos respaldan cualquier postura para negociar con el equipo de Trump, así sea del país más poderoso del mundo, un proceso que seguramente pronto estará en operaciones.
México deberá sujetarse siempre al principio de resguardarse ante cualquier amenaza a su seguridad nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un rol fundamental en todo el proceso de negociaciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada prioridad.
Nota
1 En los términos de la Ley de Seguridad Nacional vigente, artículo 2, consulta electrónica, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2017.
Diputada María Teresa Cristina García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al comercio con mercados internacionales que vendan las gasolinas más baratas para beneficiar la economía de las familias mexicanas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Diputada Federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Recientemente se dio a conocer en los medios de comunicación que Pemex registró una pérdida de 32 mil 600 millones de pesos, en el cuarto trimestre de 2016. El resultado se suma a los más de 1.4 billones de pesos de pérdidas ininterrumpidas desde el último trimestre de 2012.
De manera que la producción de crudo en el trimestre cayó 9.1 por ciento frente a un año antes, a 2.07 millones de barriles diarios, luego de recortes en el gasto y la disminución constante en algunos de sus mayores campos en aguas poco profundas, como Cantarell. Pemex pronostica que la producción caerá a 1.925 millones de barriles diarios este año, lo que sería el nivel más bajo desde 1980.
A pesar de que México se ubica entre los grandes exportadores petroleros a nivel mundial, es un importador neto de productos refinados del petróleo, ya que no tiene suficiente capacidad de refinación para satisfacer su demanda interna, ni se han hecho las nuevas inversiones necesarias para procesar crudos pesados como el tipo Maya.
El país cuenta con seis refinerías con una capacidad total de 1.54 millones de barriles por día, pero en los últimos años ha operado por debajo de su capacidad debido a contratiempos operativos.
De manera que México es el segundo importador de gasolina en el mundo, con un costo para el 2015 de 12,500 millones de dólares, que supuso importar 571,600 barriles al día, 426,600 de gasolina y 146,00 de diésel, de acuerdo con información de Pemex.
En los primeros ocho meses de 2016 se importaron 470 mil barriles diarios, 305 mil de gasolina y 165 mil de diésel. Para 2017, se estima que la importación supere los 616 mil 200 barriles diarios entre gasolina y diésel.
Desde finales de 2009, el gobierno federal aplicó el incremento mensual a las gasolinas Magna, Premium y diésel. La política de incrementos mensuales tenía como objetivo reducir el subsidio al combustible hasta igualarlo con los precios promedio en Estados Unidos, que están determinados por el mercado, a diferencia de México, donde son fijados por la Secretaría de Hacienda.
Cabe recordar que a partir del primero de abril de 2016, cualquier empresa podría importar gasolinas y diésel, lo que se suponía tendría que reflejarse en mejores precios y en beneficio de la economía de las familias. Se estima que más de la mitad de la gasolina que se consumen en México es importada y se paga en dólares.
A lo largo de 2016 el costo de producción de las gasolinas que importamos aumentó, como consecuencia del aumento en el precio del petróleo y del dólar, entre otras causas.
El efecto combinado, en términos de pesos, fue un incremento en el precio de la gasolina importada, gasolina regular de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, a quien le compramos el 80 por ciento de la gasolina importada, del 39.8 por ciento, el precio pasó, a lo largo del 2016, de 8.11 a 11.34 pesos por litro.
En 2016 el precio máximo de la gasolina Magna aumentó 12.5 por ciento (de 13.16 a 14.81 pesos por litro), el de la Premium 4.6 (de 13.98 a 14.63).
El pago total por litro de gasolina Magna se integra así: precio 10.17 pesos; impuestos 5.82 (3.67 del IEPS y 2.15 del IVA), equivalentes al 36.4 por ciento del pago total. El pago total por la gasolina Premium se integra de esta manera: precio 11.23 pesos; impuestos 6.56 (4.16 del IEPS y 2.40 del IVA), que equivalen al 36.9 por ciento del pago total.
Del total de importaciones mexicanas de gasolina, 74.3 por ciento fue originaria de Estados Unidos en 2013, para escalar a 75.1 y 81.3 por ciento en los dos años siguientes, y luego subir hasta 86.3 por ciento en los primeros 10 meses del año en curso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
Según la Agencia Internacional de Energía, México requiere inversiones para revitalizar el sector mexicano de la distribución y la refinación, cuyos bajos rendimientos han disparado las importaciones de gasolina desde Estados Unidos en torno a 50 por ciento de la demanda total. Entre otros de los suministradores externos de gasolina del mercado mexicano están: Holanda, Bahamas, España, Reino Unido y Singapur.
En 2008, la participación de Estados Unidos como abastecedor de gasolina era de 49.4 por ciento del total de importaciones mexicanas de este combustible.
Un documento de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señalaba que la Secretaría de Energía informó que al 24 de junio de 2016, había emitido 74 permisos para la importación de gasolinas y 105 para diésel. Sin embargo, a pesar de estar jurídicamente habilitados para ello, no existe noticia de que algún agente económico haya emprendido actividades de importación con fines de comercialización de estos combustibles, y el suministro de gasolinas y diésel continúa, en su totalidad, en manos de Pemex.
Dicho documento mencionaba que ello, puede ser indicio de que la fórmula de precios no permite adquirir el combustible en Estados Unidos de América, agregar costos logísticos reales más un margen comercial y comercializarlo en territorio nacional en condiciones competitivas.
En este sentido, es importante que los componentes de la fórmula para la fijación de los precios, no inhiban las actividades para garantizar opciones de abasto.
Cabe recordar que la reforma energética contemplaba que en 2017 se permita la libre importación de gasolinas y diésel, y en el 2018 se liberarán totalmente los precios de dichos combustibles, situación que se adelantó.
En enero de 2017, a pesar de que el precio de la gasolina incrementó entre 14 y 20 por ciento, se consumieron 2.8 por ciento menos gasolinas automotrices, con un promedio diario de 749 mil 600 barriles diarios durante el primer mes de este año.
Desagregadas, la Magna fue la menos afectado pues a nivel interanual sus ventas cayeron 1.3 por ciento, con un promedio diario de 601 mil a 600 mil barriles diarios.
De acuerdo con los indicadores petroleros de Pemex, la Premium fue la más impactada a nivel interanual con una disminución de 8.2 por ciento y un promedio diario, de 148 mil barriles diarios, contra 161 mil del año anterior.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con carácter de
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos Refinación, para que en el ámbito de sus respectivas facultades comercie con los mercados internacionales donde se vendan las gasolinas más baratas para beneficiar la economía de las familias mexicanas. Asimismo haga pública la información respecto a qué empresas se les viene comprando las gasolinas y el diésel y detalle los términos de los contratos, las fechas, montos, barriles y la forma y destino de la entrega.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica para que realice un estudio de los mecanismos con que se obtengan las gasolinas más baratas para México y se haga público.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos elabore un estudio con diversas opciones, que garanticen el abasto de gasolinas importadas y se haga público.
Fuentes
Cofece, Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel,
www.cofece.mx/cofece/attachments/article/38/DOC-GASOLINA S-FINAL.pdf
El Economista, Importación de gasolina, Columna especial, Política, Rubén Aguilar Valenzuela, 23 de Octubre de 2016.
El Financiero, Gasolinazo tiró consumo de gasolina en 2.8 por ciento en enero, Economía, Sergio Meana, 23 de febrero de 2017.
Pemex, Pemex mejora su resultado neto anual en 400 mil millones de pesos, 27 de febrero de 2017.
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/P aginas/2017-016-nacional.aspx
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2017.
Diputada María Teresa Cristina García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Colima a reforzar las estrategias y políticas públicas para restablecer la seguridad, pues persisten los altos índices de criminalidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Hace algunos años, el estado Colima era considerado entre las entidades más seguras del país. Podías dejar la puerta abierta de tu casa por las noches y no pasaba nada, presumían las autoridades. Ahora la realidad es otra: Colima es una de las entidades federativas que padece graves problemas de violencia e inseguridad.1
Desde hace algunos años a la fecha se encuentra inmerso en un clima de violencia generalizada, narcotráfico y crimen organizado que, lejos de solucionarse, se encamina al incremento por el número de delitos violentos que cada día se siguen cometiendo, en particular los delitos de homicidio, robo, tráfico de drogas, secuestro y extorsiones.
Hoy los índices de inseguridad colocan a Colima, como una de las entidades más peligrosas del país. Pues es uno de los tres estados con mayor número de asesinatos dolosos, encontrándose por arriba de la media nacional, hallándose por debajo de Coahuila y Veracruz y por encima de Sinaloa y Guerrero.
El incremento de los homicidios en los seis meses recientes es atribuido al narcotráfico y el crimen organizado, que son los principales generadores de la violencia que campea en el estado.
De acuerdo con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2016, en Colima se han registrado 695 homicidios, 10,953 robos en sus diversas modalidades, 60 extorciones y 4 secuestros.2
La apreciación ciudadana, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 del Inegi,3 coloca al estado como una de las entidades con la percepción más alta de inseguridad.
Estas estadísticas no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del gobierno estatal en su tarea de combatir la inseguridad y la violencia generalizada, ya que la impunidad con la que actúa el crimen organizado, cuestiona las capacidades del gobierno estatal para proteger a las y los ciudadanos y sus bienes.
Ante ello, desde el primero de febrero del año en curso entraron en operación los cerca de 500 elementos que conforman la policía militar que fue enviada por la Sedena al estado a solicitud del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.
Por ello, como integrantes del Poder Legislativo Federal, no podemos desatender lo que está pasando en Colima, por lo que exhortamos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo estatal de Colima, para que en el marco de sus atribuciones y facultades revise la estrategia de seguridad seguida hasta ahora contra los grupos del crimen organizado y contra los delincuentes comunes, con el objeto de que a la brevedad posible se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Colima, para que en el marco de sus atribuciones y facultades refuerce las estrategias y políticas públicas, con el objeto de que a la brevedad se restablezca la seguridad, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad que privan en la entidad.
Notas
1 http://www.jornada.unam.mx/2016/04/19/estados/027n1est
2 Secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_012017.pdf
3
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/
doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 8 de marzo de 2017.
Diputada María Teresa Cristina García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial y el Ejecutivo federales a extinguir cualquier causa penal y liberar de inmediato a los ciudadanos mexicanos Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, reconociéndolos como defensores de derechos humanos y víctimas de detención arbitraria y tortura, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De agosto 2014 a diciembre 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió cinco opiniones sobre los casos de cinco personas defensoras de Derechos Humanos mexicanas víctimas de detención arbitraria.
La primera opinión número 23/20141 fue emitida en agosto 2014 en el caso de Damián Gallardo Martínez. En el 2015 fueron emitidas las opiniones sobre los casos del periodista Maya Pedro Canché Herrera (opinión No. 18/2015),2 del defensor de derechos humanos Librado Baños Rodríguez (opinión No. 19/2015),3 del defensor de derechos humanos Enrique Guerrero Aviña opinión No. 55/20154 y finalmente de la defensora de derechos humanos Nestora Salgado García (opinión No. 56/2015).5
En los cinco casos, el Grupo de Trabajo recomendó la inmediata liberación y debida reparación del daño. Cabe destacar que en su quinta opinión sobre el caso de Nestora Salgado, destacó su preocupación por la existencia de un patrón de detención arbitraria contra las personas defensoras de derechos humanos en México.
Si bien, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García se encuentran actualmente en libertad, el Estado Mexicano no ha cumplido con la debida reparación del daño ni su reconocimiento de inocencia.
Actualmente y luego de tres años de detención, los defensores de derechos humanos Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, permanecen en detención arbitraria por el ejercicio de su labor de defensoría. Los tres fueron arrestados sin orden de aprehensión y encarcelados por delitos que no cometieron, sujetos a diferentes formas de tortura en los diferentes lugares donde estuvieron detenidos, como en las instalaciones penitenciarias donde se encuentran actualmente, hubo desaparición forzada antes de su presentación ante alguna autoridad, se han documentado las diversas violaciones al debido proceso
Damián Gallardo Martínez es maestro y cuenta con una amplia “trayectoria de trabajo en defensa de los pueblos indígenas y del derecho a la educación en la región Mixe y Zapoteca de la Sierra de Oaxaca. Él ha participado en campañas por la reforma educativa en México y era miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.”6 Fue detenido el 18 de mayo de 2013 durante una redada nocturna realizada por siete hombres que portaban armas de uso exclusivo del ejército, quienes no presentaron ninguna orden de aprehensión ni se identificaron. Bajo tortura fue obligado a firmar su “confesión”; sin embargo, el dictamen médico psicológico en materia de Tortura, que le fue aplicado bajo la metodología del Protocolo de Estambul, dio resultado positivo, demostrando una de las tantas irregularidades en su proceso de detención y sin que hasta el momento, como víctima de tortura, haya tenido asistencia psicológica especializada en la materia.7
A nivel físico, Damián Gallardo sufre de una carnosidad en ambos ojos – particularmente grave en el ojo derecho - que ha empeorado y generado impactos en su vista que son urgentes de atender y que necesitan una intervención quirúrgica inmediata para evitar un daño irreparable.8 Por las condiciones de su privación de la libertad, así como por su labor como defensor “en noviembre de 2014, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria emitió una opinión clasificando la detención de Damián Gallardo Martínez como arbitraria, y exigió su liberación inmediata e incondicional.”9
Enrique Guerrero Aviña es ajedrecista y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de las 12 personas que fueron encarceladas por el presunto secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en Oaxaca, caso en el que fueron acusados dos maestros de la Sección 22 en Oaxaca del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE y CNTE, respectivamente), así como tres activistas simpatizantes del gremio.10
Fue detenido el 17 de mayo de 2013 mientras conducía su vehículo en las inmediaciones del Estadio Azteca, Ciudad de México, cuando una camioneta blanca con dos hombres vestidos de civil, armados comenzaron a dispararle, empezando una persecución en la que Enrique fue finalmente detenido por policías federales, quienes sin orden de aprehensión lo detuvieron y torturaron por casi 30 horas. “Con golpes, asfixia, amenazas físicas, sexuales y sicológicas, los policías exigieron a Enrique que aceptara su participación en el secuestro de los niños”.11
Actualmente, y a raíz de la tortura sufrida desde el momento de la detención y que ha continuado en la cárcel, su salud física y emocional se ha deteriorado considerablemente. Esta situación y la falta de atención a la misma constan en el Protocolo de Estambul que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad presentó en septiembre del 2016 ante el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco. Es urgente que Enrique reciba atención psicoterapéutica de su confianza y una valoración médica para dar tratamiento a las secuelas físicas que le ha ocasionado la tortura.12
Librado Baños Rodríguez , abogado y asesor comunitario fue detenido arbitrariamente el 25 de Agosto del 2013, sus familiares y pobladores de su comunidad han señalado que la detención fue ocasionada “por defender una porción de territorio municipal que fue entregado de manera ilegal por el ex presidente municipal de extracción priista, Carlos Sarabia Camacho, a la Cadena de tiendas Departamentales Coppel.”13 Librado Baños fue sacado de su casa a golpes en la madrugada, mientras su hijo de 10 años fue golpeado también. En las instalaciones del 47 Batallón de infantería fue torturado.14
Frente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentó al ser detenido, así como por parte de funcionarios de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, Librado Baños ha perdido la vista de un ojo y solamente permanece con el 20% de visión en el otro ojo. Cuando fue operado de su ojo derecho el 26 de junio de 2015, fue golpeado por los guardias del penal, sometido a aislamiento y además le fue retenido el tratamiento médico que necesitaba para que la operación cumpliera su función de detener la pérdida de visión.15
Debido a esa situación, y a la retención de medicamentos, le fue otorgada una Medida Cautelar emitida desde el 2015 por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) (DDHPO/CA/478/(01/OAX/2015) que pedía que Librado fuese ingresado a un hospital hasta que se recuperase del padecimiento que le aqueja; hasta el momento esta medida no ha sido implementada.16
La situación injusta e inhumana que ahora enfrentan estos tres defensores debe ser detenida inmediatamente. La libertad de Damián, Enrique y Librado es urgente y necesaria para la sociedad mexicana. No sólo fueron detenidos violenta y arbitrariamente, también enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus derechos – incluyendo malos tratos y tortura – que han ocasionado diversos daños en su salud, de los cuales, algunos han sido mencionados en este documento.
Sus detenciones estuvieron vinculadas a sus legítimas actividades en defensa y promoción de los derechos humanos y fueron emitidas en un espacio de poco más de un año entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Al respecto, la organización no gubernamental, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, ha denunciado que estos casos “sólo representan una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, pero ejemplifican la existencia de un preocupante patrón de criminalización de la protesta social en México. Este patrón de detención arbitraria de defensores y defensoras de derechos humanos parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana.”
Damián Gallardo, Enrique Guerrero, Librado Baños, Nestora Salgado y Pedro Canché han sido reconocidos por opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias como víctimas de detención arbitraria,17 es hora de que el gobierno mexicano les reconozca también no sólo como víctimas, sino como defensores de derechos humanos y les otorgue el derecho que les fue privado injustamente, su libertad; así como la debida reparación por el daño ocasionado a su salud, a su comunidad, a su familia y a los impactos irreparables que merman su labor como defensores y que afectan a la sociedad en general.
Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial de la Federación y al titular del Poder Ejecutivo federal para extinguir cualquier causa penal y liberar inmediatamente a los ciudadanos mexicanos Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, reconociéndolos como defensores de derechos humanos y víctimas de detención arbitraria y tortura.
Notas
1 Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/23
2 Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/18
3 Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/19
4 Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/55
5 Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/56
6 Front Line Defenders. “Historia del caso: Damián
Gallardo Martínez”. Consultado en línea el 20 de diciembre de 2016:
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-damian-gallardo-martinez
7 Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca. Información Complementaria Casos de Detención Arbitraria Defensores DH, pp. 3.
8 Ibídem.
9 Front Line Defenders. “Historia del caso: Damián
Gallardo Martínez”. Consultado en línea el 20 de diciembre de 2016:
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-damian-gallardo-martinez
10 Sánchez, J. “Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna”. Consultado en línea el 22 de diciembre de 2016: http://www.voltairenet.org/article187638.html
11 Ibídem
12 Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca. Información Complementaria Casos de Detención Arbitraria Defensores DH, pp. 7.
13 Comité Cerezo. “Boletín Caso Librado Baños Rodríguez”. Consultado en línea el 4 de enero de 2017: http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article3318
14 Ibídem
15 Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca. Información Complementaria Casos de Detención Arbitraria Defensores DH, pp. 10 y 11.
16 Ibídem
17 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. “Comunicado de prensa: Caso “Damián Gallardo Martínez”. Consultado en línea el 10 de diciembre de 2016: http://consorciooaxaca.org.mx/comunicado-de-prensa-caso-damian-gallardo -martinez/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2017.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, para que a través de la CONAPESCA, instrumenten un programa de compensación económica para pescadores de curvina golfina de las comunidades de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto al pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La pesca de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) se realiza cada año durante el lapso de cuatro a seis mareas de pesca. Cada marea comprende un periodo entre siete y ocho días, que generalmente inicia después del cuarto lunar y se extiende a la luna llena o nueva de los meses comprendidos entre febrero y mayo.
El 90% de estas capturas se obtiene en sólo tres días de pesca por cada marea.
Justo después del cuarto menguante, las curvinas comienzan su migración hacia las aguas someras del delta del río Colorado. La pesca empieza durante esos días, pero el rendimiento por embarcación es relativamente bajo (menor a 300 kg por viaje), pues todavía están dispersas.
Cuando faltan cuatro días para la luna llena o nueva, se forman grandes grupos de curvinas que a la mañana siguiente entran en la zona del estuario y es cuando el rendimiento de la pesquería llega a rebasar un promedio de 500 kg por viaje y el esfuerzo pesquero rebasa las 300 embarcaciones por día.
A raíz de la publicación del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA PESCA COMERCIAL MEDIANTE EL USO DE REDES DE ENMALLE, CIMBRAS Y/O PALANGRES OPERADAS CON EMBARCACIONES MENORES, EN EL NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA”, el cual establece una veda total de pesca, por un periodo de dos años a partir del 2015.
En este acuerdo se contempla un apoyo a los pescadores ribereños de la zona protegida en donde se incluyen los puertos de San Felipe en BC y golfo de Santa Clara en Sonora, los dos puertos más afectados por el polígono de veda establecido en el citado acuerdo.
A finales del mes de abril, so concluye el programa de compensación para pescadores y se levantará la veda, por lo que podrán volver a pescar, pero ahora con la cuestión del tipo de redes, es decir, las artes de pesca que serán permitidas, las cuales, hay que decirlo aún no define Inapesca.
Debido a lo anterior, la ventana que supone la temporada de pesca de curvina golfina, supone un alivio para la economía de los pescadores del Alto Golfo, sin embargo, para poder acceder a esta pesca, se les requiere a los pescadores, el trámite de manifiesto de impacto ambiental (MIA) que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin embargo, por circunstancias no atribuibles a los pescadores, señalando sobre todo el retraso de Inapesca para definir el arte de pesca que se podría utilizar (pesca de encierro) para llevarlo a cabo, la presentación de los manifiestos de impacto ambiental se presentaron a finales de febrero de este año en la Semarnat.
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los tiempos que marca la ley para que la dependencia haga los estudios y análisis pertinentes (45 días), prácticamente concluiría el periodo de pesca de curvina sin que los pescadores obtengan el beneficio esperado.
Lo anterior causaría un daño económico y patrimonial para miles de familias que tienen como sustento la pesca, la cual ya ha tenido una fuerte afectación por la veda que protege a la vaquita marina.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca instrumenten un programa de compensación económica para pescadores de curvina golfina de las comunidades de San Felipe, Baja California y golfo de Santa Clara, Sonora.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 8 días del mes de marzo de 2017.
Atentamente
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)