Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a integrar con la mayor brevedad el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y formar una mesa de diálogo con los sectores de la población del estado que permita construir una estrategia de seguridad preventiva, reactiva y de reinserción social más eficaz, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de Chihuahua César Alejandro Domínguez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, Georgina Zapata Lucero, Brenda Borunda Espinoza, Alex Le Baron González, Antonio Meléndez Ortega, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta asamblea punto de acuerdo, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda pública nacional; particularmente las entidades federativas ubicadas en la frontera norte del país son objetivo de disputa para los grupos de la delincuencia organizada, ya que pretenden asentarse y realizar sus operaciones delictivas como el tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, homicidios, extorsión, secuestro, entre otros delitos.

Hoy distraigo la atención de esta representación popular toda vez que en Chihuahua se han venido retrasando acciones en materia de seguridad, particularmente aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica y, ante la omisión del Poder Ejecutivo del estado, vemos algunos síntomas de inseguridad que ponen en alerta, ya que podemos vivir de nueva cuenta los lamentables hechos que de 2007 a 2011 vivimos y que nos ubicaron como un referente nacional y mundial de la violencia.

La sociedad, en conjunto con los tres Poderes del estado de Chihuahua a partir de 2010 desarrollamos una tarea que propicio reformas legislativas a los ordenamientos penales del fuero común y la incorporación ciudadana en los quehaceres de seguridad preventiva y de evaluación mediante mesas de seguridad y observatorios; las políticas públicas tuvieron la coordinación con otros órdenes de gobierno, iniciando con el gobierno del licenciado Felipe Calderón Hinojosa hasta el que actualmente encabeza el presidente licenciado Enrique Peña Nieto.

En diversas conversaciones telefónicas con el gobernador de Chihuahua Javier Corral, le he manifestado la disposición a construir un diálogo permanente que coadyuve en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de nuestro estado; asumiendo que somos de partidos políticos distintos, pero con un común denominador que es Chihuahua, le he planteado mí posición de crítica responsable, asumiendo el valor de la oposición y la necesidad de que la crítica se dé y permita que los equipos de trabajo “no aflojen” el paso en sus planes y programas.

El pasado 23 de enero acudí de manera personal al despacho del titular del poder ejecutivo de chihuahua a fin de entregar un escrito mediante en el cual le expongo mi preocupación por la forma en la que se han venido descomponiendo las cosas en materia de seguridad; en el referido documento le realizo una serie de propuestas de trabajo coordinado, sin embargo, han pasado ya dos semanas de este hecho y el Gobernador de Chihuahua Licenciado Javier Corral Jurado no ha dado respuesta, ni puesto atención al tema.

La posición del gobernador Javier Corral se ha quedado en el discurso y la seguridad es un tema que preocupa a la sociedad, que debe de ir más allá del discurso, es un tema que debe ocuparnos a todos en su atención; por ello, como responsable de las instituciones en Chihuahua, de manera respetuosa le he formule las siguientes preguntas: ¿Que ha pasado en seguridad en estos primeros 100 días de su mandato? ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Estatal de Seguridad Pública, previsto en la Ley? ¿Cuál es el seguimiento a la mesa de seguridad en Ciudad Juárez? ¿Cuál es la estrategia de coordinación con los otros órdenes de Gobierno? ¿Porque no ha salido de gira a las diversas regiones del Estado para atender problemática de inseguridad que se presenta? ¿Porque no ha convocado a los sectores privado, público y social al diálogo para mejorar nuestra seguridad? ¿A qué se deben los más de 500 homicidios dolosos en el Estado? ¿Los fiscales de zona y jefes de la policía estatal ya tienen su examen de control de confianza? ¿Cuántos directores de las policías municipales han presentado su examen de control de confianza? ¿Cuál es el estatus de la investigación del homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego? ¿Cuál es el resultado de la investigación de los policías desaparecidos en el municipio de Madera? ¿Cuál es el estado de la investigación de los activistas indígenas que privaron de la vida en el municipio de Guadalupe y Calvo?

Cuestionó lo anterior porque es necesario contar con una estrategia ordenada en materia de seguridad; sé que el plan estatal de desarrollo está en construcción, pero la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Publica no está supeditada a este plan; esto significa que un tema como este debe ocupar su atención personal inmediata y cumplir el mandato que la ley impone.

Estoy convencido que hay mucho por hacer aún, el sistema penal acusatorio adversarial a nivel nacional que se aprobó en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, de la que el Gobernador de Chihuahua fue parte como Senador de la República, dejo algunas lagunas que se han ido corrigiendo actualmente; faltan aún una serie de ajustes en ciertos temas que han afectado a las entidades que iniciamos con anterioridad la entrada en vigor de este sistema; sin embargo, para lograrlo se requiere coordinación y trabajo conjunto.

El fenómeno Trump, para el país y la frontera, es importante, pero la inseguridad también lo es, y más si está sigue creciendo y expresándose de una manera estruendosa como lo ha hecho en los últimos días en Chihuahua; de seguir así se pondrá en peligro la inversión de manera natural por temor, frenando la generación de empleo y afectando la convivencia social.

Reitero, a poco más de 100 días del inicio del gobierno de Chihuahua, encabezado por el licenciado Javier Corral Jurado se han presentado más de 500 homicidios dolosos, distribuidos tanto en la frontera, en la barranca, en la sierra y en la capital del estado y no se percibe una estrategia integral que atienda el tema.

No podemos quedarnos inactivos y culpándonos unos a otros en este tema tan sensible, no todo en el pasado estuvo mal, ni todo bien; ser omisos en este problema afecta la competitividad de Chihuahua; por ello, es preciso que el gobernador de Chihuahua cumpla con lo que ordena la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; ya que en estos primeros meses de gobierno se han violentado los numerales que van del artículo 14 al artículo 27 del citado cuerpo legal al omitir las acciones que ahí se establecen como obligación desarrollar, como lo es la de instalar el Consejo Estatal de Seguridad Publica como órgano rector de la estrategia de coordinación institucional en materia de combate a la inseguridad.

Estoy consciente del bono democrático con él cuenta el gobierno de Chihuahua, sé que a algunos de sus seguidores, compañeros de gabinete o compañeros de su partido les molesta este tipo de peticiones o comentarios críticos; pero tenga la certeza de que lo hacemos con el mejor de los ánimos que permitan construir una estrategia de coordinación institucional eficaz, porque aún estamos a tiempo de dar soluciones al problema de inseguridad.

Por lo expuesto y fundado respetuosamente solicitamos a esta soberanía se apruebe de como asunto de urgente resolución el siguiente

Acuerdo

Artículo Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral Jurado a fin de que integre a la brevedad el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana previsto en le Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, el cual es el responsable de diseñar la estrategia de seguridad pública en el estado; asimismo a que se conforme una mesa de diálogo con los diversos sectores de la población chihuahuense que permita la construcción de una estrategia de seguridad preventiva, reactiva y de reinserción social más eficaz y, por último, a que en términos de transparencia y rendición de cuentas se informe a los ciudadanos sobre los cuestionamientos planteados en el cuerpo del presente escrito.

Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta con carácter de acuerdo, en los términos que deba publicarse.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de febrero de 2017.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la SRE a implantar una estrategia para proteger las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América y evitar que sean sujetas de gravamen por las autoridades hacendarias de ese país, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por años, México se convirtió en un país expulsor de trabajadores de forma masiva hacia los Estados Unidos de América (EUA), la emigración representó la válvula de escape al desempleo y falta de oportunidades y desarrollo. Un estudio del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) indica que la población de origen mexicano en el vecino país del norte asciende a más de 34.6 millones de personas, de los cuales 12.1 millones son nacidos en México.

Esa gente emigró a los EUA para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias, convirtiéndose en el largo plazo en una gran fuente de recursos no sólo para sus familias sino para el país en su conjunto.

De acuerdo con información del Banco de México, de enero a noviembre del 2016 los ingresos por remesas crecieron 24.67% con respecto al mismo periodo del 2015, para sumar 24,625.6 millones de dólares. Estos envíos de dinero se hicieron principalmente desde California, Texas e Illinois, y en promedio cada persona envió 300 dólares mensuales.

Se estima que casi 27,000 millones de dólares entraron al país el año pasado provenientes de los mexicanos que viven en el extranjero, casi todos en Estados Unidos de América (EUA), representando un máximo histórico. Eso es una cifra incluso más alta de lo que México recibe de sus exportaciones petroleras.

México es el decimosegundo mayor exportador de petróleo del mundo y un importante fabricante de automóviles. Recaudó 23,200 millones de dólares de la exportación de petróleo el año pasado. Pero la caída de los precios del petróleo y la caída de las ventas automotrices en Estados Unidos —México exporta una gran cantidad de automóviles a través de la frontera— han frenado el crecimiento.

En ese contexto, las remesas de los trabajadores son cada vez más vitales para México. Son incluso más altas que los ingresos de México por turismo e inversión extranjera. La realidad es que México depende en gran medida de sus trabajadores residentes en el exterior para que envíen efectivo a casa.

Los estados del país que mayor dependencia tienen de las remesas son: Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde representan 9.9, 7.8 y 7.4% de su PIB, respectivamente.

Muchas familias en México tienen como único o principal ingreso el dinero que reciben desde la Unión Americana. La región más pobre de México, que contempla estados como Guerrero y Oaxaca, recibe una parte importante de las remesas del extranjero. Asimismo, entidades como Zacatecas, Durango y Michoacán, que cuentan con gran cantidad de personas que van a trabajar a EUA, han basado en gran medida su funcionamiento económico y la de las familias en las remesas.

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas realizado por BBVA Research, la mayoría de los hogares receptores de remesas se caracterizan por pertenecer, en primer lugar, a localidades de tipo rural, con un alto grado de marginación, además de que el nivel promedio de escolaridad de los jefes y jefas de familia es de primaria.

Los fondos alimentan una gran parte de los gastos de consumo de México, desde la construcción de casas hasta los pagos por escuelas. Las remesas también han estado creciendo más rápido que los salarios y la inflación. También es un momento crítico para la economía de México, que está mostrando signos de debilidad.

Como porcentaje del PIB, las remesas del país se estiman para el 2016, 2.3%, lo que demuestra la importancia para la economía nacional. El cortar el flujo de las remesas representaría un fuerte daño en términos económicos y financieros, pero sería una crisis gravísima en términos sociales.

En ese sentido y ante la amenaza latente de la administración de Donald Trump sobre las remesas que vienen de Estados Unidos, sobre aplicar impuestos a las remesas que se envían de Estados Unidos a México para poder financiar el muro fronterizo e incluso la amenaza de detener esos fondos es motivo de preocupación.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Relaciones Exteriores, para que implementen una estrategia para la protección de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América, para evitar que las mismas sean sujetas de cualquier tipo de gravamen por las autoridades hacendarias de ese país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero del 2017.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a convocar a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, donde participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, a fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño, Georgina Zapata Lucero y Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño, Georgina Zapata Lucero y Raúl Domínguez Rex diputados federales de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La reciente reforma constitucional concretada en materia de justicia laboral, requiere una serie de reformas a leyes secundarias para su cabal aplicación. Estas pueden ir desde reformas a la Ley Federal del Trabajo vigente hasta la creación de un Código Procesal Laboral, así como reformas a otros ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo.

Cabe destacar, que esta reforma constitucional, fue concebida dentro del marco de la justicia cotidiana la cual es aquella que debe estar más cercana a las personas, puesto que es la que se vive día a día en nuestras interacciones sociales, la que facilita la convivencia armónica y la paz social. En este caso la justicia laboral está implícita ya que las relaciones entre los factores de la producción como lo es el capital y el trabajo, requieren de reglas especiales para que los derechos tanto de trabajadores como de empleadores se respeten y con ello se garantice el bien común y la paz social.

Ahora el reto para consolidar esta reforma constitucional, es el de formular las reformas necesarias para que este cambio de paradigma en la impartición de justicia laboral se traduzca en un mejor servicio en la resolución de controversias para que la prontitud y la expedites sea percibida por el ciudadano.

Para emprender esta tarea, consideramos que es necesario que los legisladores y el gobierno tomen en cuenta la opinión de los diversos sectores involucrados en el tema laboral, ya que el diálogo es un ejercicio democrático que arroja excelentes resultados, y más en el sentido de que en esta ocasión estas reformas a nuestra ley fundamental han alcanzado una amplia aceptación y consenso lo que implica una legitimidad palpable.

Sin duda el proceso legislativo que se avecina para dar cumplimiento al decreto que reformó los artículos 107 y 123 Constitucional, requiere la participación de expertos, ya que las leyes secundarias se caracterizan por el manejo de un tecnicismo jurídico. En este caso al pretenderse regular los procesos laborales, es indispensable la opinión de juristas en el campo procesal y laboral para que el contenido técnico-jurídico pueda ser plasmado en las leyes secundarias de una manera acertada que observe los ideales de completitud, coherencia que debe tener todo sistema jurídico. Asimismo la participación del Poder Judicial de la Federación y de los Estados será de gran ayuda para la confección de las reformas a las que haya lugar.

De igual manera creemos que el diálogo tripartito es un insumo importante en la formulación de las reformas a las leyes secundarias para conocer las dudas que se puedan presentar por parte de los patrones y de los sindicatos, ya que si bien la modernidad ha hecho imperiosa la necesidad de cambiar el sistema de justicia laboral, las opiniones de los representantes de empleadores y trabajadores deben de ser consideradas en esta labor legislativa, ya que a lo largo de la historia del México posrevolucionario el diálogo tripartito fue un factor sine cuan non para alcanzar la paz laboral de la que ha venido gozando nuestro país.

Estamos conscientes de que la realidad actual de la sociedad mexicana ha cambiado y que ahora es necesario modernizar las instituciones jurídicas para satisfacer las demandas de la ciudadanía, sin que ello implique una regresividad en el marco jurídico laboral, que ha sido y debe seguir siendo tutelar para la clase trabajadora.

Es precisamente este carácter tutelar para el trabajador el que debe seguir prevaleciendo en el derecho laboral mexicano, pues su razón de ser es y ha sido la contribución a la equidad procesal entre dos litigantes completamente opuestos en lo que se refiere a su condición económica, lo cual responde al ideal de justicia social, que por antonomasia ha preservado nuestra centenaria Constitución Política, la primera en contener derechos sociales en el mundo.

De este modo, al establecerse el mandato de instituirse los tribunales laborales y un órgano de la administración pública para llevar a cabo la función conciliatoria, se requiere elaborar reformas que incluyan no solo la pericia técnica-jurídica, sino que estas recojan las expresiones de los sindicatos y patrones.

El diálogo social ha sido una práctica fructífera en el tema laboral, lo fue cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, así como en esta reforma a nuestro código fundamental. Por ello ante la premura que implica sacar las reformas a las leyes secundarias en la materia, es necesario que se inicie en cuanto antes la mesa de diálogo entre los sectores interesados y que en él también participe la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que pueda auxiliar en el desarrollo de los proyectos de reformas.

Otro aspecto importante que observa la reforma es la cuestión presupuestaria, pues al crearse nuevos órganos se conlleva a un impacto presupuestal necesario para su operatividad. Es por ello que también es necesaria la participación de expertos y de funcionarios en temas presupuestarios para clarificar las erogaciones que impactaran en el gasto público con la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral.

También es del conocimiento de los suscritos la iniciativa presentada por el Presidente de la República que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo el 28 de abril del año pasado, la cual tiene por objeto establecer y precisar diversos aspectos relativos a los contratos colectivos de trabajo y recuento de trabajadores, la cual creemos que en buena medida complementa en cierta medida el espíritu del poder revisor de la Constitución con relación a la reforma en materia de justicia laboral.

Como antecedente exitoso en el ejercicio de la organización de foros, mesas de discusión, análisis y consulta, tenemos los “Diálogos por la Justicia Cotidiana” convocados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Enrique Peña Nieto, en donde solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia. Estos Diálogos por la Justicia Cotidiana, convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recogen y desarrollan algunas de las principales recomendaciones de esos foros. El mandato para los representantes de todos los sectores fue construir juntos soluciones para los problemas que afectan más frecuentemente a los ciudadanos en materia de justicia cotidiana.1

La reforma de justicia laboral es un tema prioritario en la agenda legislativa del sector obrero y de todos los diputados y senadores de esta LXIII Legislatura. En consecuencia consideramos de suma importancia exhortar a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social para que pueda crear una agenda de consultas en mesas de discusión y foros en el que participen legisladores, gobierno, sindicatos, empresarios, académicos, etcétera, para que se encargue de analizar y emitir opiniones respecto de una propuesta de reforma laboral procesal de acuerdo con el mandato constitucional, ya que constituye una prioridad de esta LXIII Legislatura, y será fundamental para el futuro de México.

Por todo lo anterior, someto este punto de acuerdo a la consideración del pleno y solicitamos sea considerado de urgente y obvia resolución la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que convoque a Mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en el que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.

Nota

1 Diálogos por la Justicia Cotidiana, diagnósticos conjuntos y soluciones, consultado en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_C otidiana.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputados: Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño, Georgina Zapata Lucero Raúl Domínguez Rex (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Segob las campañas para hacer de conocimiento generalizado la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Eloísa Chavarrías Barajas, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo referente a campaña para hacer del conocimiento de la población en general, la gratuidad de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

En México, el derecho a la identidad está reconocido en la teoría del Derecho Civil, y desde el año 2014 en el artículo 4o. de la Constitución, sin embargo aún no es posible hacer una evaluación suficiente sobre sus efectos reales.

El menor tiene derecho a conocer la verdad sobre su origen, lo que le permite tener un nombre y una filiación, lo que le permitirá acceder a otros derechos tales como la salud y la educación.

En el caso de menores, la falta de registro de nacimiento los coloca en una situación de gran vulnerabilidad, porque les impide ejercer otras prerrogativas, tales como el acceso a la educación, servicios de salud, la expedición de un pasaporte, inclusive el derecho a que el menor pueda conocer exactamente la fecha de nacimiento y sus orígenes.

Las garantías del derecho a la identidad del menor son el registro de nacimiento y la expedición de la cédula de identidad, en cuanto a la primera se está trabajando en la armonización del Registro Civil y en cuanto a la segunda todavía hace falta mucho camino por recorrer en el sistema jurídico mexicano.

La negativa del registro de nacimiento afecta principalmente a niños y niñas de escasos recursos, como aquellos que habitan en áreas rurales, remotas o aisladas, incluyendo zonas fronterizas y zonas de poblaciones indígenas, situación que aumenta su grado de vulnerabilidad al no tener la posibilidad de conocer su origen y poder gozar del ejercicio de otros derechos.

Es deseable la disminución de los índices de desigualdad social, de forma tal que se convierta en realidad la protección del derecho a la identidad de los menores. Es una realidad que por falta de conocimiento, en especial en las zonas de mayor índice de marginalidad, los padres no registran, en un tiempo razonable, a sus hijos por cuestiones culturales y por no saber de la gratuidad de la primera copia certificada.

Nos encontramos, una realidad que todavía existen personas que carecen de registros de acta de nacimiento, especialmente menores de edad, por ejemplo en los países de América Latina de acuerdo a un estudio realizado por la UNICEF, en el año 2000 un 18% de niños menores de 5 años carecía de registro de nacimiento, mientras que para el año 2011 este porcentaje disminuyó a un 1 0%, cifra que representa para esta región alrededor de 5.3 millones de niños no registrados. En nuestro país, repetimos, es en las zonas de mayor marginalidad donde se da este hecho. Las razones culturales también se encuentran ligadas a la “ausencia” temporal o permanente del padre.

La negación del derecho a la identidad de los niños los coloca en una situación de gran vulnerabilidad, que les hace nugatorio el ejercicio de otros derechos como educación, salud, la expedición de un pasaporte, así como para poder contar con un documento que permita distinguirlos del resto de la sociedad y tener certeza inclusive hasta de su fecha de nacimiento.

En México, desde el año 2014 (LXII, Legislatura) el derecho a la identidad se reconoce como un derecho fundamental, toda vez que se incorporó al art. 4o de la Constitución Federal, mediante el cual se establece la facultad de que el Estado haga posible que se expida de forma gratuita por parte del Registro Civil la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento correspondiente.

Es decir desde el 4 de diciembre de 2014 y, después de un intenso debate entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue resultado de un proyecto de iniciativa de ley con carácter preferente que remitió el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Esta nueva ley que tiene por objeto, entre otros, el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el art. 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Desde el año de 2007 nació el seguro Médico para una Nueva Generación que ofreció a los niños que nacidos a partir del 1 de diciembre y que no tengan acceso al IMSS o al ISSSTE, los cuales serán afiliados al Seguro Popular)

De esta forma, dicha ley contempla que para su aplicación se deberán tomarse en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el 4 el derecho a la identidad:

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [...]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento

El derecho a la identidad, de indiscutible contenido propio de la persona natural o física, tiene indudablemente, otros impactos y proyecciones de gran trascendencia social. En México, el derecho a la identidad cultural no sólo está explicitado en la Constitución Federal, sino también ha sido objeto, por su contenido e implicaciones, de varias tesis propuestas por el Poder Judicial.

La Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero a través del Registro Nacional de Población, que al incorporarse una persona en este registro se le asignará una clave que se denomina Clave Única de Registro de Población, misma que servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

Esta ley refiere además que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación y que podrá expedirse a mexicanos menores de 1-8 años. Sin embargo, la realidad social nos muestra que el estado mexicano todavía está en el proceso de implementación para la expedición de dicha cédula de identidad, que deberá contener cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s); Clave Única de Registro de Población (CURP); Fotografía del titular; Lugar de nacimiento; Fecha de nacimiento; y Firma y huella dactilar.

En México, la Clave Única del Registro de Población (CURP) es el documento de identidad oficial con el que la mayoría de la población cuenta en la actualidad; no obstante ello, dicho documento no incluye una tarjeta con fotografía, ya que sólo consiste en una constancia de inscripción con los datos del ciudadano. La clave se inscribe después en diversos documentos, como el pasaporte.

La finalidad del nombre como atributo de la persona es precisamente, individualizare identificar al sujeto es un derecho a la personalidad.

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, se debe prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Dentro de los derechos que se reconocen en la ley especial de forma enunciativa a niñas, niños y adolescentes, se encuentra el derecho a la identidad, lo que les da la prerrogativa a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Esta ley especial, contempla además que en el caso de que existan procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; además prevé que la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

(i El derecho a la identidad del menor: el caso de México, Karla Cantoral D. Revista Iuris Tantum.)

Es deseable encontrar los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes que carezcan con acta de registro de nacimiento, nacidos por obvias razones antes del 2004 puedan acceder a la gratuidad de la primera copia certificada.

Por lo anteriormente expuesto solicito el apoyo de todos los presentes para aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades y a través de la Secretaria de Gobernación intensifique las campañas de difusión dirigidas a la población en general sobre la gratuidad de la expedición de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Segundo. Asimismo, se le exhorta para que dicho beneficio sea retroactivo para las niñas y niños nacidos antes de 2014 y que carezcan de dicho documento.

Palacio Legislativo de San Lázaro a, 21 de febrero de 2017.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al almacenamiento y manejo irregular de medicamentos caducos en los Servicios de Salud de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo relativo al almacenamiento y manejo irregular de medicamentos caducos en los servicios de salud del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 7 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado de prensa donde se dio cuenta del inicio del procedimiento administrativo contra la Jurisdicción Sanitaria 1 de los Servicios de Salud en Oaxaca debido al irregular almacenamiento y mal manejo de 28 mil 404 piezas de medicamento caduco bajo el nombre comercial de Cyclofem que, según información médica, es un anticonceptivo hormonal de aplicación mensual para la prevención del embarazo y que, ayuda a reducir los riesgos de cáncer endometrial, en la frecuencia de quistes ováricos y la reducción de cáncer de ovario.

Según Profepa, “en atención a una denuncia ciudadana, inspectores federales de la llevaron a cabo una visita de inspección a un establecimiento de la Jurisdicción Sanitaria 1 de los Servicios de Salud en Oaxaca donde constataron que dicho lugar no contaba con el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. Tales residuos se refieren al almacenamiento irregular y mal manejo de 28 mil 404 piezas, 564 kilogramos, del medicamento Cyclofem.

De acuerdo con la Profepa, los responsables no disponían de auto-categorización, bitácoras de generación de dichos residuos, manifiestos de entrega, transporte, recepción y constancia de disposición final de los mismos. De esta manera, las autoridades ambientales ordenaron las medidas consideradas de aplicación urgente, correctivas y de seguridad necesaria para evitar un daño o riesgo ambiental, así como el seguimiento a la disposición final de los medicamentos caducos.

Ante la más de media tonelada de Cyclofem en estado de caducidad, las autoridades de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca comprometieron sus esfuerzos para proceder a la correcta eliminación de las unidades y evitar riesgos a la salud de las personas e impacto al medio ambiente.

El 7 de febrero, a través de un boletín de prensa de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Oaxaca, la secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud del estado “instruyó a todos los jefes jurisdiccionales y directores de los hospitales del estado, para que se elaborara de manera inmediata el inventario de medicamentos. Lo anterior, con el objetivo principal de conocer la fecha de compra, surtimiento, proveedor y fecha de caducidad de los mismos a fin de deslindar responsabilidades y en caso de detectar alguna irregularidad, se notificara a la autoridad correspondiente para que determine lo procedente”.

En ese mismo boletín de prensa al que se ha hecho mención, el director de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, señaló que se realizarían acciones inmediatas para el inventario y desecho de medicamentos caducos y que el problema se debió a “errores del pasado”, sin embargo, “desde el inicio de esta administración se emprendieron acciones inmediatas de detección e inventario para evitar riesgos en la salud de la población”.

El director de Regulación y Fomento Sanitario mencionó que los medicamentos caducos son residuos peligrosos, “por lo que se les debe dar destino final que consiste en el envío de los insumos al proceso de incineración en hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 °Celsius, a través de una empresa autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tal como lo establece la Legislación Sanitaria en la materia y evitar riesgos a la salud o que se haga un uso inadecuado, en el Estado se realiza a través del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envase y Medicamentos A.C. (Singrem)”.

La existencia de 28 mil 404 unidades de Cyclofem en caducidad revela las serias irregularidades de manejo, control y distribución que impidieron que las mujeres oaxaqueñas se vieran beneficiadas en su salud por la carencia de medicamentos.

Esos “errores del pasado” indican, por otro lado, la comisión de actos de responsabilidad administrativa o de delitos por haber reservado medicamentos que llegaron a la caducidad además de las posibles tentativas en perjuicio de la salud de las mujeres sin dejar de lado posibles actos de enriquecimiento o de beneficios a distribuidores o industrias farmacéuticas que hayan vendido medicamentos caducos o próximos a caducar con poniendo en riesgo la salud independientemente de representar un riesgo al medio ambiente por el manejo irregular de elementos nocivos y peligrosos.

Por lo anterior expuesto, es oportuno dirigir un exhorto a la secretaria de salud del Estado de Oaxaca para que haga del conocimiento público el resultado de las investigaciones a fin de conocer la fecha de compra, surtimiento, proveedores y fecha de caducidad del medicamento Cyclofem para el sistema de salud del estado de Oaxaca y deslindar responsabilidades administrativas y penales según sea el caso.

De igual forma, es oportuno el exhorto al Procurador Federal del Ambiente para que haga del conocimiento público el estado del procedimiento administrativo instaurado contra la Jurisdicción Sanitaria 1 de los Servicios de Salud en Oaxaca por el almacenamiento y manejo irregular del medicamento Cyclofem.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público el resultado de las investigaciones a fin de conocer la fecha de compra, surtimiento, proveedores y caducidad del medicamento Cyclofem para el sistema de salud del estado de Oaxaca y deslindar responsabilidades administrativas y penales según sea el caso.

Segundo. Se exhorta al procurador Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, haga público el estado del procedimiento administrativo instaurado contra la jurisdicción sanitaria 1 de los Servicios de Salud en Oaxaca por el almacenamiento y manejo irregular del medicamento Cyclofem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la STPS a facilitar la certificación de capacidades y habilidades laborales y promover la reinserción en el trabajo de la población migrante de retorno, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a facilitar la certificación de capacidades y habilidades para el trabajo que faciliten la reinserción laboral de la población migrante de retorno.

Exposición de Motivos

La migración de retorno es un tema que ha estado presente siempre en la agenda bilateral de México y Estados Unidos. La migración laboral se formalizó con el Programa Bracero en la década de 1940. Cuando dicho programa fue suspendido a mediados de la década de los sesenta el incremento de la mano de obra de migrantes mexicanos indocumentados aumentó, trayendo consigo el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos de América (EUA), sobre todo durante coyunturas económicas de aquél país.1 En ambas circunstancias, mexicanos y mexicanas salieron de su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades que les permitieran una construcción exitosa de sus proyectos de vida; sin embargo regresaron peor de como se fueron, descontextualizados de su entorno social y sin las redes sociales de apoyo necesarias para volver a comenzar.

El tema migratorio, pero sobre todo qué hacer con las personas migrantes de retorno ha cobrado importancia en meses recientes. El 25 de enero pasado, el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía las categorías de inmigrantes indocumentados que deben ser deportados de manera prioritaria de Estados Unidos, ahora se deportan a personas indocumentadas con antecedentes penales y a aquellas que cometen faltas menores que ameritarían infracciones o sanciones minúsculas.2 A un mes de dichas órdenes ejecutivas, más de 150 migrantes mexicanos han sido deportados3 , resultado de las redadas y detenciones arbitrarias que la policía de aquél país está realizando en estados con altos porcentajes de población migrante, como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Los Ángeles.

Se consideran personas migrantes de retorno a “aquellas que regresan a su país de origen con el fin de permanecer en él después de llevar mucho tiempo en otra nación; dicho retorno puede ser voluntario o inducido”4 . En el contexto político actual de EUA, el retorno de las y los connacionales mexicanos es forzado y en un contexto que no atiende el respeto de sus derechos humanos, pues las autoridades estadounidenses han utilizado un discurso público que fomenta el racismo y xenofobia, se formulan supuestos de culpabilidad contra las personas migrantes indocumentadas que eliminan la presunción de inocencia, provocan la desintegración familiar, y finalmente durante los traslados del proceso de deportación son sujetas a tratos crueles y degradantes.

La experiencia de migrantes que han regresado a México nos dice que las instituciones y programas gubernamentales no están preparadas para atender un retorno masivo de connacionales5 . Por mencionar algunos datos: únicamente 18 por ciento de los migrantes de retorno mexicanos están empleados en actividades formales, el resto tiene empleos en actividades informales o se encuentran desempleados. La mayoría de personas migrantes que regresan a México se insertan en actividades laborales diferentes a las que realizaban en EUA, allá se ocupan en áreas relacionadas con la construcción (17 por ciento), esparcimiento (16 por ciento) y manufacturas (14.3 por ciento); mientras que en México tienden a concentrar su participación en actividades de los sectores primario (40.3 por ciento).6

Lo anterior, en muchos casos, es resultado de la falta de posibilidades que tiene la población de retorno de comprobar dónde trabajó y los conocimientos que adquirió, tales como el inglés, habilidades para el sector de servicios, albañilería o plomería.

La mayor parte de las personas migrantes retornadas se encuentran en edad laboral, aun cuando la mayoría se inserta al mercado laboral en un tiempo promedio de 3 meses esto no significa que la inserción corresponda al desempeño de actividades acordes a sus capacidades y habilidades o que los trabajos se desarrollen en condiciones de formalidad. Sobre todo entre la población de bajo nivel escolar (7 de cada 10 migrantes), cuyas condiciones económicas no permiten resistir prolongados periodos de desempleo y aprovechan cualquier oportunidad que se les ofrece.7

Es pensando en la población de bajo nivel escolar que incrementó sus conocimientos durante la vida en el extranjero, que es necesario desplegar programas de certificación de las habilidades y destrezas que esta población migrante adquirió por haber trabajado en lugares con mayor capital social y económico, y que validen el capital humano acumulado; de tal forma que facilite su reinserción al mercado de trabajo nacional en áreas adecuadas con su perfil y experiencia.

Si bien ambas Secretarías ya cuentan con programas de certificación de competencias laborales, tales como el programa Conocer, dichos programas sujetan a los usuarios a procesos burocráticos largos que dificultarán la reinserción laboral, económica y social de las personas migrantes de retorno. Dado al contexto actual de las y los mexicanos en EUA y ante la amenaza de deportaciones masivas de nuestros connacionales, se considera urgente desarrollar acciones que faciliten su regreso a México.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a facilitar la certificación de capacidades y habilidades para el trabajo que faciliten la reinserción laboral de la población migrante de retorno.

Notas

1 Esquivel Leyva, Manuel de Jesús, “La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América”, Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2993/8.pdf

2 Consultar:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united

3 Para mayor información ver: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/08/1144996,
http://www.animalpolitico.com/2017/02/mexicanos-detenidos-eu-redadas/

4 Izquierdo E., Antonio, “Times of Losses: a False Awareness of the Integration of Inmigrants”, Migraciones Internacionales, vol. 6, núm. 1, enero-junio, Tijuana, México, 2011, pp. 145-184

5 Consultar Mestries, Francis, “Los migrantes de retorno ante un futuro incierto”, Sociológica (Méx.) vol.28 no.78 México ene./abr. 2013

6 Li Ng, Juan José y Alfredo Salgado Torres, “Migrantes mexicanos de retorno e informalidad”, Fundación BBVA Bancomer, disponible en
http://www.migracion-ue-alc.eu/documents/proyecto_piloto_mexico/Informe_proyectopiloto_Mexico.pdf

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a ajustar y disminuir los precios de la gasolina y el diésel, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ajuste y disminuya los precios de la gasolina y el diésel, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, por parte del Congreso de la Unión, a partir de este año se llevará a cabo la liberación gradual de los precios de la gasolina y de diésel, lo que implica que, eventualmente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejará de definir el precio de la gasolina y el diésel, a fin de que sea el mercado el que defina dichos precios.

Para ello, se definió un proceso paulatino, en el que la Comisión Reguladora de Energía delineó el proceso y a partir de este, planteó un calendario, por lo que, consecuentemente, dicho proceso de liberalización inició este 2017, con miras a que en 2018, el mercado esté completamente liberalizado.

Con la finalidad de acompañar este proceso de liberalización, se estableció que el precio de la gasolina se definiría, principalmente por tres factores: el precio internacional del petróleo; el costo de distribución; y, el IVA y el IEPS del que son objeto. En ese sentido, se dijo, “el precio de la gasolina podría variar una vez por semana, dependiendo del costo de referencia en la Costa del Golfo”,1 es decir, “que el aumento de la gasolina dependerá del entorno, pues en la medida en que se incrementen los costos, esto habrá que reflejarlo en el precio, como funciona cualquier otro precio de la economía”.2

Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que para enero de 2017, “los precios máximos de los combustibles se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía”,3 por lo que, los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serían de 15.99 pesos para la gasolina Magna; 17.79 para gasolina Premium y 17.05 para diésel.4

Posteriormente, en febrero habría dos actualizaciones en el precio: uno, a partir del el 4 de febrero; y, el segundo, a partir del sábado 18 de febrero, fecha a partir del cual los ajustes al precio serán diarios.

Sin embargo, y debido a las presiones provocadas por factores, tanto internos como externos, y, principalmente, debido a las movilizaciones contra el aumento de las gasolinas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió no aumentar el precio de las gasolinas, y mantener los precios establecidos para el periodo del 1 de enero al 3 de febrero de 2017.

Para ello, se argumentó que el tipo de cambio había mejorado, lo que le dio más ingresos al gobierno federal, por lo que decidió subsidiar y evitar el incremento previsto para el sábado 4 de febrero de 2017. Ello, debido a que “el tipo de cambio, el precio del petróleo y de la gasolina generaron ingresos excedentes al gobierno federal, suficientes para mantener el precio sin cambios durante la primera semana de febrero”.5 “De haber seguido la fórmula que se utiliza para respetar el precio de mercado de los combustibles, la gasolina Magna hubiera aumentado 76 centavos, la Premium 20 centavos y el Diésel 54 centavos”.6

Sin embargo, el pasado jueves 16 de febrero del año en curso, se dio a conocer que, “los precios de la gasolina en la Costa del Golfo de Estados Unidos (EU), que toma la Secretaría de Hacienda como una de sus referencias para determinar el costo de la Magna y la Premium en México, disminuyeron 9.85 por ciento al mayoreo”.7

Es decir, que el precio internacional de la gasolina disminuyó, del 6 de enero de 2017 al 10 de febrero de 2017, un 10 por ciento, al pasar de 9.36 a 8.34 pesos mexicanos por litro.8 Este precio en pesos, se vio afectado porque el peso mexicano se apreció un 6 por ciento frente al dólar, al pasar de 21.66 a 20.32 pesos mexicanos por dólar,9 por lo que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tomar en cuenta estos precios internacionales como referencia para determinar el costo de la gasolina Magna y Premium en México, debería, de igual manera, plantear una reducción significativa en los precios que fija para dicho combustible.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió bajar los precios de la gasolina y el diésel sólo dos centavos por litro, “por lo que el precio promedio de la gasolina Magna será de 15.97 pesos por litro, el de la Premium 17.77 y del diésel 17.03”.10

Sin embargo, y de acuerdo con el calendario publicado por Hacienda el pasado 27 de diciembre de 2016, “los precios máximos de los combustibles serían determinados diariamente a partir del 18 de febrero, fecha de inicio de la “liberalización” de las gasolinas”,11 por lo que “el nuevo precio para los combustibles se aplicará hasta el próximo martes 21 de febrero”.12

En ese sentido, y dada la “baja en el precio de combustibles en Estados Unidos, así como un menor tipo de cambio de la última semana”, se presenta un panorama favorable en nuestro país, para que “los precios de las gasolinas y diésel en México puedan bajar de precio”.13

A pesar de ello, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, ha justificado el aumento en los precios de gasolina, argumentando que dicho incremento respondía al aumento en los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos.14 Asimismo, trató de convencer a la población, señalando que, de no incrementar los precios en las gasolinas se tendrían que recortar 200 mil millones de pesos en el presupuesto, y [...] se tendrían que recortar programas sociales.15

Lo anterior, entra en evidente contradicción con lo que en los hechos ha sucedido, puesto que, ante un panorama favorable para la disminución significativa de los precios de la gasolina, se ha decidido mantener un precio que, de acuerdo con los precios internacionales de referencia, no se justifica y que, evidentemente, afecta a la economía de los mexicanos.

Por ello, se hace indispensable exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, tomando en cuenta la disminución en los precios internacionales de la gasolina, así como la apreciación del peso frente al dólar, los precios de la gasolina y el diésel disminuyan de manera significativa, en favor de la economía de los mexicanos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta Cámara de Diputados, acuerda exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que ajuste y establezca, de manera inmediata, los precios máximos de la gasolina y el diésel que son determinados diariamente a partir del 18 de febrero de 2017, de acuerdo con la disminución en el precio internacional de la gasolina, que dicha Secretaría toma referencia para determinar el costo de la gasolina en México, y por la apreciación del tipo de cambio.

Notas

1 En 2017 aumentará el precio de la gasolina, y estas son las razones, Animal Político, Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2016/12/aumento-precio-gasolina-2017/

2 Ibid.

3 Conoce aquí el precio que tendrá la gasolina en tu ciudad, Excélsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/05/1136526

4 Op. cit., Animal Político.

5 El Sabueso: Mantener el precio de la gasolina, ¿es gracias al PRI y las medidas de austeridad?, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/elsabueso/precio-de-la-gasolina-propuesta s-pri-falso/

6 Ibid.

7 Precio de la gasolina bajaría si Hacienda aplica ajustes, El Financiero, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-puede-mantener-precios-de-gasolinas-y-diesel-finamex.html

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Precio de las gasolinas baja 2 centavos este fin, pero habrá ajustes diarios, explica Hacienda, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/02/febrero-gasolinas-dos-centavos/

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Op. cit., El Financiero.

14 Precios de gasolinas subirán hasta 20.1 por ciento en enero: SHCP, disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/27/precios-gasolin as-subiran-hasta-201-enero

15 Gasolinazos Hacienda se contradice, Proceso, disponible en: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa 29cea4747565fec=415687

Salón de plenos, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y sus homólogas locales a construir una política pública integral dirigida a niños y a adolescentes que se encuentren fuera de la escuela, así como a fortalecer el acceso oportuno, la permanencia y el tránsito escolar exitoso, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos. Es el instrumento esencial para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y participen en la vida social en todos sus ámbitos.1

En México, se ha asumido el compromiso de brindar educación obligatoria desde Preescolar hasta el nivel Medio Superior, lo que significa atender a la población de entre los tres hasta los diecisiete años de acuerdo con la normatividad de la educación obligatoria.2

No obstante, datos recientes revelan que en nuestro país, los avances en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes son modestos; que las brechas de inequidad educativa se acentúan a medida en que se avanza en la trayectoria escolar; que el riesgo de abandonar las aulas se inicia desde los primeros años de Primaria, y que quienes se encuentran actualmente fuera de la escuela no ejercen su derecho a la educación, lo que les impide gozar progresivamente de otros derechos.3

Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al presentar los resultados del informe Niñas, Niños y Adolescentes fuera de la escuela destacó que, en México, 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad de cursar prescolar, primaria, secundaria y bachillerato están fuera de la escuela, a lo que se suma que poco más de 640 mil se encuentran en riesgo de abandonar las aulas. Asimismo, el organismo multinacional previno que el principal desafío del sistema educativo nacional “radica en la distribución equitativa de oportunidades de acceso y logro educativo”.4

Del mismo modo, se detectó que 3.8 millones de niñas, niños y adolescentes no están matriculados, y que 260 mil no asisten regularmente a las aulas de formación primaria. Además, que 125 mil, de entre 13 y 15 años que cursan ese nivel de enseñanza están en riesgo de exclusión? lo mismo ocurre con poco más de 95 mil de secundaria y al menos 420 mil de Bachillerato.5

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), afirma que las acciones emprendidas por el gobierno federal para atender el rezago y la educación de los grupos más vulnerables “no ha cerrado la brecha entre las escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, ni entre las de las entidades más desarrolladas y las de menor crecimiento. El acceso a la enseñanza de calidad en las comunidades indígenas sigue siendo una tarea pendiente”.6

De acuerdo con las conclusiones del estudio, la población infantil y adolescente más afectada se encuentra en los hogares más pobres, son indígenas, personas con discapacidad o que viven en zonas rurales, por lo que garantizar el derecho a la educación implica no sólo lograr que accedan, permanezcan y concluyan los niveles educativos, sino que alcancen los aprendizajes que requieren para lograr una vida digna.7

Además, tales conclusiones revelan que 1.2 millones de niñas y niños de 3 a 5 años no acuden a Prescolar? 263 mil no van a las aulas de Primaria y 257 mil a las de Secundaria, mientras 2.3 millones en edad de cursar el Bachillerato no están matriculados, por lo que el gobierno deberá continuar priorizando las acciones para garantizar la inclusión y equidad educativa, así como los recursos de programas como Escuelas de Tiempo Completo, Becas, Escuela Digna y Escuelas al Cien, fortaleciendo su focalización a los estados y municipios con mayor población, en condición de pobreza.8

En tanto, la directora de Educación para Unicef México mostró que es en el primer año de prescolar y en el acceso a la educación media superior donde se concentran los mayores desafíos en el acceso a la enseñanza. Para el caso de los niños de tres años, la cobertura es de 42 por ciento, frente a una media de 90 por ciento para los de cuatro, mientras que el 50 por ciento de las y los jóvenes que no ingresan al bachillerato enfrentan condiciones de desventaja socioeconómica y de trabajo infantil.9

En México, de cada 100 niñas y niños que ingresan a la primaria, 57 no logran permanecer en el sistema educativo nacional; asimismo, un porcentaje importante de quienes están fuera de las aulas son niñas, niños y adolescentes que, pese a concluir un nivel educativo, primaria o secundaria, no se matriculan en el siguiente nivel, por lo que se debe reforzar la vinculación educativa.10

Asimismo, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Parte reconocen el derecho de la niña y el niño a la educación y, de acuerdo con su artículo 28, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular de [...] adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.11

Dicha Convención, ratificada por 193 países, entre ellos México, establece que las personas gozan de la garantía de los derechos humanos y, de entre éstos, se reconoce el derecho de las y los individuos a recibir educación, así como la obligación del Estado —en nuestro caso, la federación, estados, Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales—de impartirla en los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior. 12

Como hemos podido observar a lo largo de los años, la provisión de servicios educativos en México ha mostrado avances significativos para las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, persisten diversas barreras que impiden cumplir plenamente el derecho a la educación. Es por ello que el presente exhorto busca promover la atención hacia quienes se encuentran fuera de la escuela o en riesgo de exclusión.13

La exclusión educativa es un fenómeno complejo que exige el desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la conclusión de los niveles educativos en los tiempos estipulados y la calidad de la educación. A la par, resulta necesario diseñar e implementar políticas educativas eficientes y eficaces, cuyo objetivo principal sea la eliminación de las desigualdades socioeconómicas y el combate a la pobreza.14

En México existen factores sociales, económicos y de dispersión geográfica que representan un reto a los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación, y representan significativas dificultades, sobre todo para la población que sufre pobreza y marginación, pero también, para quienes se hallan en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes, los indígenas, así como la población infantil y adolescente, y personas con algún tipo de discapacidad. Estos grupos, como ya se dijo, presentan un riesgo mayor de abandonar la escuela.15

Frente a este escenario, se deben reforzar las estrategias y maneras de abordar el fenómeno de las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela, y mejorar el diseño de las políticas públicas educativas y sociales que garanticen el derecho a la educación, en especial de quienes pertenecen a los sectores con mayores desventajas, a fin de prevenir y combatir sustancialmente la exclusión educativa. En suma, se trata de garantizar el acceso a una educación de calidad para las niñas, niños y adolescentes en México.16

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Secretaría de Educación Pública, y a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas para que, de manera coordinada, implementen acciones para construir una política pública integral dirigida a niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera de la escuela e impulsar estrategias de detección temprana de estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios, así como estrategias de acompañamiento a fin de evitar su salida prematura del Sistema Educativo Nacional.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas, para que refuercen los espacios de planeación estratégica escolares y locales, como los consejos técnicos escolares y de zona, los consejos escolares de participación social y el comité técnico local de educación básica, a fin de generar espacios que logren la retención de los estudiantes en la escuela, a fin de disminuir de esta manera el riesgo de abandono escolar, así como a implementar mecanismos para la reinserción de quienes ya la han abandonado.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna de niñas, niños y adolescentes en riego de abandono escolar, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas

1 Skoog, Christian, Representante de UNICEF en México, Niñas y Niños Fuera de la Escuela en México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México, 2016.

2 Idem.

3 Idem.

4 Laura Poy Solano, Fuera de las aulas, 4.1 millones de niños y jóvenes en México: Unicef, Periódico La Jornada, Jueves 22 de septiembre de 2016, p. 34

5 Idem.

6 Idem.

7 Laura Poy Solano, Fuera de las aulas, 4.1 millones de niños y jóvenes en México: Unicef, Periódico La Jornada, Jueves 22 de septiembre de 2016, p. 34

8 Idem

9 Idem

10 Skoog, Christian, Representante de UNICEF en México, Niñas y Niños Fuera de la Escuela en México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México, 2016.

11 En la reforma al artículo 3º constitucional, emitida el 26 de febrero de 2013, se señala que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

12 United Nations Children’s Fund (unicef) and unesco Institute for Statistics (uis), 2011. Global Initiative on Out of School Children: Conceptual and Methodological Framework (cmf). Nueva York y Montreal: unicef/uis.

13 Skoog, Christian, Representante de UNICEF en México, Niñas y Niños Fuera de la Escuela en México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México, 2016.

14 Idem.

15 Idem.

16 Unicef. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México. México, 2014, p. 87.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a tomar medidas para garantizar el abasto permanente de medicamentos en las instituciones de salud del estado, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Melisa Torres Sandoval, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho humano fundamental y que en México está amparado por nuestro artículo 4º constitucional. El acceso a la atención de salud, mismo que incluye el acceso a los medicamentos y terapias necesarias, es un requisito previo indispensable para hacer efectivo ese derecho. Los medicamentos esenciales desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la atención de salud.1

Los medicamentos pueden ofrecer una respuesta sencilla y económicamente eficiente para muchos problemas de salud; si están disponibles, se vuelven accesibles, de buena calidad y se usan debidamente.

El acceso a servicios de salud suficientes, oportunos y de buena calidad –distribuidos con equidad y organizados con eficiencia– es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. El acceso a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico.2

A pesar de la evidente importancia médica que conlleva el contar con los medicamentos y las terapias necesarias (mismos que fungen como base para prevenir, detectar y curar enfermedades) en las instituciones de salud de todo el país, en México existen problemas frecuentes de falta de acceso, mala calidad, uso irracional y despilfarro.

El desabasto de medicamentos fue frecuente en México hasta hace pocos años, debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector. Hace sólo una década, menos de 50% de los medicamentos esenciales estaban disponibles en las unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud.3

En los últimos años el desabasto de medicamentos ha disminuido, sin embargo, sigue siendo un problema que impacta principalmente en ciertos sectores de la población como lo son los adultos y adultos mayores.

Estadísticas del Inegi señalan que el 43% de adultos mayores se encuentra en situación de pobreza, y en 26.1% de los hogares habita al menos un adulto mayor. Los adultos mayores representan más del 9.3% de la población total en México.

Hasta 2013, las cifras del Inegi señalaban que la población de adultos mayores superaba los más de 10 millones, teniendo uno de cada diez mexicanos arriba de 60 años.

En la actualidad los expertos señalan que al desabasto de medicinas conlleva una serie de problemas tan variados como el acceso inequitativo, la automedicación peligrosa y el comercio de medicamentos potencialmente dañinos.4

Sumado a lo anterior, el gasto en medicamentos genera un gran impacto en el ingreso de las familias, pero especialmente en las más pobres, que pueden llegar a consumir más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica. No es por lo tanto inusual que este gasto se convierta en un evento catastrófico.5

Uno de los casos más reciente y el cuál afecta en su mayoría adultos mayores, es el problema de desabasto de medicamentos en el Estado de Jalisco, el cual afecta a un total de 10 mil 600 ex trabajadores pensionados de diversas instituciones del gobierno dicho gobierno, particularmente a los que se encuentran adscritos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

En Jalisco los adultos mayores representan el 9 por ciento de la población total, es decir 671 mil 323 personas, de acuerdo con cifras del Inegi. La mayor parte de esta población se concentra entre los 60 y 64 años , seguido por 65 a 69 años y el resto es de 70 hasta 85 años y más; mismas personas que en su mayoría se encuentran desempleadas o jubiladas en su mayoría, lo que vuelve todavía más importante el otorgar servicios de salud de calidad con acceso a los medicamentos necesarios.

Los medicamentos y fármacos que no han sido suministrados están destinados para garantizar la salud y la calidad de vida de pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como son la Diabetes Mellitus (DM), la Hipertensión Arterial (HTA) y padecimientos Cardiometabólicos (CM) y Cardiovasculares (CV).

La Secretaria de Salud de Jalisco (SSJ) es la encargada de conducir el Sistema de Salud en el Estado, a través de coordinar los programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y servicios de salud a la persona, con la plena participación de la sociedad; lo cual incluye las medidas necesarias que permitan lograr el abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud de dicho estado.

Frente a esta situación, la Contraloría del Estado de Jalisco ha presentado dos denuncias penales por la violación de procesos relacionados con contratos de servicios, alteración de facturas y ausencia de documentos de préstamos a pensionados en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). La fecha de presentación de las denuncias fue el 26 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Jalisco.

A mediados de 2017 terminarán las Auditorías 2013-2015 de diversos organismos descentralizados, incluido el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). Sin embargo, el servicio de dispensación de medicamentos en las tres farmacias de las Unidades Médicas Familiares (Unimef) del Ipejal, no será auditado en este momento por la fecha de inicio del contrato y la aplicación de las Auditorías 2013-2015.

En los últimos años el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por dotar de todos los derechos a los adultos mayores. Sin embargo, se necesita continuar trabajando para reforzar, particularmente, la atención a la salud de los mismos siendo parte focal tener disponibilidad de los medicamentos necesarios para tratar a la población.

Finalmente, a pesar de que la SSJ es la encargada de velar por la salud de los jaliscienses, el gobierno de Jalisco tiene la obligación de garantizar el acceso y la atención a la salud de los mismos.

Por ello y por todo lo anteriormente expuesto, se pide al gobierno de Jalisco y a todas las autoridades involucradas, esclarezcan dicha situación y ejerzan las medidas necesarias que permitan tener los medicamentos disponibles para toda la población, particularmente a los que se encuentran adscritos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y que actualmente se ven afectados por este desabasto.

Por todo lo anterior someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco y al titular de la Secretaría de Salud de Jalisco a que realicen las medidas necesarias que garanticen el abasto permanente de medicamentos en las instituciones de salud de dicho estado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, al ciudadano secretario de Salud del estado de Jalisco, así como al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) a esclarecer y resolver el problema de desabasto de medicamentos y material de curación en las tres farmacias de las Unidades Médicas Familiares (Unimef) del Ipejal, denominadas Unimef Federalismo, Unimef Javier Mena y Unimef Pila Seca.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Cómo desarrollar y aplicar una política farmacéutica nacional. 2a ed. Ginebra: OMS, 2002.

2 Organización del abasto de medicamentos en los servicios estatales de salud. Potenciales consecuencias de la mezcla público-privada. Salud Pública México 2011; Vol. 53(sup 4):445-457.

3 Tobar F. Lecciones aprendidas en la provisión de medicamentos para la atención primaria de la salud. Salud Pública México 2008; 50 supl 4:S463-S469.

4 Wirtz VJ, Reich MR, Leyva-Flores R, Dreser A. Medicines in México, 1990-2004: systematic review of research on access and use. Salud Pública México 2008; 50 suppl 4:S470-S479.

5 Knaul F, Arreola-Ornelas H, Méndez-Carniado O, Miranda-Muñoz M. Previniendo el empobrecimiento, promoviendo la equidad y protegiendo a las familias de las crisis financieras: aseguramiento universal en salud a través de una reforma institucional de México. Resumen ejecutivo. México: Fundación Mexicana para la Salud, 2005. Disponible en:

http: //www.funsalud.org.mx/GDN/GDN2006Corto.pdf.

Pérez RR, Sesma VM, Puentes RE. Gastos catastróficos por motivos de salud en México: estudio comparativo por grado de marginación. Salud Pública México 2005; 47 supl 1:S47-S53.

Maceira, D. Crisis económica, política pública y gasto en salud. La experiencia argentina. Documento de Políticas Públicas. Buenos Aires: CIPPEC, 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura, la Sectur y la SE a llevar a cabo campañas de difusión del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la Antigua Ciudad Maya y la reserva de la biosfera de los bosques tropicales protegidos en Calakmul, Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Cultura, de Turismo y de Economía, a fin de que lleven a cabo campañas de difusión del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la Antigua Ciudad Maya y la Reserva de la Biósfera de los bosques tropicales protegidos en Calakmul, Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Con el objeto de fomentar el diálogo entre las diferentes culturas y las naciones, en 1945 tuvo lugar, la creación de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el seno de la ONU, Organización de las Naciones Unidas.

Con la creación de la UNESCO, México al igual que otros 36 países instituyeron a nivel mundial una cultura de paz entre los Estados parte, con la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

Es así, como surgió la idea de crear un movimiento internacional para la protección de los monumentos y sitios de valor histórico y natural, dando inicio la identificación, protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo considerado especialmente valioso para la humanidad.

Es innegable que todos los países poseen sitios y monumentos de interés local, regional o nacional, pero para que este patrimonio pueda ser considerado patrimonio mundial tiene que ser catalogado de valor universal excepcional, cumpliendo en ese sentido, con una serie de criterios que fueron establecidos en las Pautas de Funcionamiento del Comité del Patrimonio Mundial, instancia responsable de dictar las directrices para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la lista del Patrimonio Mundial.

Los objetivos del Comité del Patrimonio Mundial, son los siguientes:

1. Alentar los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.

2. Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia.

3. Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.

4. Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.

5. Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.

Consideraciones

México es el sexto país del mundo con 33 sitios inscritos en la lista de la UNESCO, después de Italia con 50, China con 47, España con 44, Francia con 39 y Alemania con 39.

Y por otra parte, nuestro país ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos y es sin duda también uno de los principales en cuanto a la diversidad de sus bienes inscritos al contar con ciudades arqueológicas, monumentos históricos y áreas naturales protegidas, entre otros.

De esos 33 bienes Patrimonio de la Humanidad, 27 son Bienes Culturales, 5 Bienes Naturales y uno más que es considerado Patrimonio Mixto, natural y cultural, por la UNESCO desde el 21 de junio de 2014, fecha en que durante la 38 sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Qatar, se inscribió ante la UNESCO, a la Ciudad Antigua Maya y los Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul en la Lista de Patrimonio Mundial.

El 4 de agosto de 2014, la UNESCO hizo entrega del documento que avala la reserva de la biósfera y la zona arqueológica de la antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche, como el Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México.

Calakmul tiene una ocupación humana continua por más de 1500 años, representando un ejemplo único para la formación y construcción de un grupo cultural que puede tomarse como eje rector con respecto a todos los sitios con evidencia arqueológica circundantes, porque la información que en él se contiene es de vital importancia para la comprensión de la cultura maya y su evolución.

Siendo así el único bien mixto en México y el tercero en el continente americano.

No resultan ajenas las palabras que pronunciara Nuria Sanz Gallegos, directora y representante de las oficinas de la UNESCO en México, durante el evento de entrega del certificado a nuestro país, cuando señaló que la cultura maya es la mejor representada en la lista del patrimonio mundial, de la que México es el principal exponente con 5 sitios inscritos.

Nuestra Carta Magna en su artículo 26 establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, de lo cual ha derivado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los diversos sectoriales, especiales, regionales e institucionales, como es el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 que tiene los siguientes objetivos:

1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero. Que busca impulsar la presencia de México a través de sus creadores y de sus expresiones artísticas y culturales, como una acción prioritaria de la política exterior para fortalecer el prestigio y afianzar el liderazgo de México en el mundo.

2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultura.

3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella.

4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. Este objetivo contiene las tareas de preservar, promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de México, proyectando así nuestra imagen al exterior en su mejor rostro, en el de su tradición, su creatividad, solidez, pero sobre todo, el de su riqueza cultural inconmensurable. Se continuará apoyando a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias reconociendo, valorando y promoviendo sus expresiones artísticas y culturales como parte esencial de la diversidad de la cultura nacional.

5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales.

6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital. Con lo que se deberá impulsar el pleno aprovechamiento de la tecnología para hacer llegar los bienes y servicios culturales a millones de mexicanos y para acrecentar la presencia y la buena imagen de México y su cultura en el mundo.

Por otra parte, en el plano de la aportación natural, la región de Calakmul es una de las tres de mayor extensión forestal de Mesoamérica. Contiene todos los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes de gran diversidad, riqueza y fragilidad, desde el centro de México hasta el Canal de Panamá. Por su importancia desde el 25 de mayo de 1989 fue declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación como Reserva de la Biosfera, pertenece desde el año de 1993 a la Red Internacional del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y está incluida dentro del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México.

Para muchos especialistas en materia de investigación de flora y fauna sobre su biología y ecología, Calakmul es una biblioteca natural por su selva tropical en buen estado de conservación que resulta ser una esperanza para muchas especies silvestres que ya no se encuentran en otras partes del país como el tapir centroamericano que es uno de los mamíferos silvestres más grandes de América y se encuentra en vías de extinción, de especies de aves migratorias y residentes como el tucán que de acuerdo a la Norma 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, junto con dos docenas más de aves se consideran especies amenazadas, de grandes felinos como el jaguar que es el felino más grande de América y el tercero en el mundo después del león y el tigre, así como de otros atributos bióticos y abióticos que en ella se presentan como son las cuevas, cañadas y humedales.

De acuerdo con el estudio del doctor Carlos Galindo Leal, del Centro para la Conservación de la Biología en la Universidad de Stanford, en la biodiversidad de la región se encuentran alrededor de 350 especies de aves, más de 70 especies de reptiles, alrededor de 18 especies de anfibios y 20 especies de peces, entre 85 y 98 especies de mamíferos y alrededor de 500 especies de mariposas.

En cuanto a la flora, se han contabilizado unas 364 especies de árboles y mil 500 especies de plantas, siendo un 10 por ciento endémicas de la zona, es decir, que no es posible encontrarlas de forma natural en ninguna otra parte del mundo.

El cumplimiento a la normatividad en materia de política ambiental corresponde al gobierno y la sociedad como se dispone por el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Y en este orden de ideas, Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende a la Antigua Ciudad Maya y los Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, con reconocimiento a nivel internacional, merece también ser reconocido y apreciado a nivel nacional, por sus importantes aportaciones culturales y naturales a nivel mundial.

En tal virtud, consideramos necesario que se lleven a cabo campañas de difusión a nacional y mundial, para que se conozca lo valioso y trascendental del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende a la Antigua Ciudad Maya y los Bosques Tropicales Protegidos en Calakmul, Campeche y se promueva el turismo nacional e internacional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la aprobación de esta Soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Economía, respectivamente, a fin de que lleven a cabo campañas de difusión del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la Antigua Ciudad Maya y la Reserva de la Biósfera de los bosques tropicales protegidos en Calakmul, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emprender mediante jornadas una amplia campaña de información, prevención, tratamiento y detección del “cáncer de piel”, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la cual la Secretaria de Salud emprenda una amplia campaña de información, prevención y tratamiento detección del “cáncer de piel” por medio de jornadas de información. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace algún tiempo responder a un problema de Salud Pública se ha convertido en una constante entre los legisladores, de esta manera se han presentado puntos de acuerdo para prevenir diversas enfermedades lo cual ha redundado en la salud de los mexicanos.

Las campañas para prevenir el prevenir y detectar el cáncer de mama, han logrado penetrar en las esferas de la sociedad mexicana y convertirse en un tema común dentro de los temas de salud pública, igual a sucediendo con la diabetes, sólo por ejemplificar.

Sin embargo otro tipo de cáncer; de piel ocupa el segundo lugar en frecuencia en México,i según dice la Benemérita Universidad de Puebla, aunque hace algunos años, era común en personas mayores de 50 años, hoy, por culpa a la mayor exposición que se tiene al sol y la rutina de asistir a salas de bronceado, es posible observar la enfermedad desde los 18 años de edad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el cáncer de piel es el más frecuente en los seres humanos ,ii pues cada año se diagnostican dos millones de nuevos casos en todo el mundo. En México ocupa el primer lugar de incidencia entre los hombres y el tercero entre las mujeres.

En México ocurren alrededor más de mil casos anuales de cáncer de piel, según observa el Servicio de Dermatología del Hospital General de México “Eduardo Liceaga”, al tratarse del órgano más grande de nuestro organismo, la piel es susceptible de padecer enfermedades ocasionadas por la radiación solar.

Los signos de melanoma son cambios en un lunar como: tamaño, forma, color, contornos irregulares, asimétrico, produce picazón, supura o sangra.

La secretaría de salud debe incrementar las denominadas “Jornadas de Detección de Cáncer de Piel en México”.iii

La población general no está enterada de lo nocivas que son las radiaciones solares (UVB y UVA) y que solo el 28 por ciento de las personas tiene el hábito de aplicarse un bloqueador solar, situación que enfatiza la necesidad emergente de concientizar a la sociedad el costo de tratamiento de este tipo de mal va de los 60 mil y 100 mil pesos anuales.

“El cáncer de piel no es exclusivo de pieles blancas, ya que últimamente se han incrementado los casos en pieles morenas, cada vez más en personas jóvenes que se exponen al sol por su trabajo, actividades deportivas sin una protección adecuada, además de que es importante tomar en cuenta antecedentes genéticos”, (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Desde 1973, ha aumentado casi en 75%, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Cancerología.

Para el 2017 se tendrán alrededor de 5 mil 755iv nuevos casos, representa el 2 por ciento de todos los tumores cutáneos.

Antes de los 45 años las tasas de incidencia son mayores entre mujeres que entre hombres. Entre los 45 y los 60 el melanoma afecta a dos hombres por cada mujer, mientras que antes de los 80 el riesgo para los hombres se triplica.

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a los servicios de salud de las entidades federativas de la República Mexicana, a realizar las acciones necesarias para fortalecer las medidas preventivas contra el cáncer de piel entre la población en general, así como aquellas que permitan a ésta una autoexploración adecuada, para la detección y tratamiento oportuno de cualquier anormalidad en su piel.

Notas

i http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/cancer_d e_piel_segundo_lugar_de_incidencia_en_mexi

ii http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np07/es/

iii http://entimem.mx/2016/06/20/melanoma-el-cancer-de-piel-mas-agresivo-se -triplica-en-mexico/

iv http://www.queirdmag.com/uncategorized/comienzan-las-jornadas-2016-de-d eteccion-de-cancer-de-piel/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de febrero de 2017

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a incluir en el inventario de patrimonio cultural inmaterial del país los carnavales de diversas demarcaciones de la Ciudad de México, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO se define al patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”

En el mismo instrumento internacional se menciona que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta de manera particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

A partir de que el Estado mexicano ratificó esta Convención en diciembre de 2005, las cuestiones relativas a su implementación comenzaron a ser abordadas y atendidas con la participación de diversos actores académicos e institucionales del ámbito cultural de nuestro país, así entre las medidas necesarias para su adecuada implementación y adaptación, se encontró la relativa a la elaboración de un inventario del patrimonio cultural inmaterial, en este sentido los artículos 11 y 12 del referido instrumento internacional mencionan lo siguiente:

Artículo 11: Funciones de los Estados parte

Incumbe a cada Estado parte

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 12: Inventarios

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el artículo 29 cada Estado parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.

En su momento se constituyó un Grupo de Trabajo para la Promoción y Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, integrado por representantes de las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; los Institutos Nacionales del Derecho de Autor, de Lenguas Indígenas, de Bellas Artes y de Antropología e Historia, y la Dirección de Culturas Populares e Indígenas, entre otras.

“Es importante mencionar que la forma en que se organice y sea presentado un inventario ante la UNESCO es prerrogativa de cada Estado parte; por tal razón, se hicieron las siguientes modificaciones a la categorización propuesta por la Convención, que se adecuan más a la realidad cultural mexicana:

1

Actualmente en el Sistema de Información Cultural (SIC) se tienen registradas 249 manifestaciones en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, precisando el ámbito o categorización a la que corresponden, sus participantes, ubicación, descripción, función y riesgos.

En el caso particular de la Ciudad de México, encontramos que para esta entidad únicamente se ha reconocido dentro del inventario antes mencionado, las “peregrinaciones a la Villa de Guadalupe”, cuando esta entidad cuenta con un muy grande y variado conjunto de manifestaciones dignas de ser incluidas dentro del inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país.

Una de estas manifestaciones que podría ser categorizada dentro del ámbito de prácticas sociales, rituales y actos festivos, son los carnavales que se celebran en los diversos pueblos y barrios originarios de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos, algunos de estos carnavales tienen más de 120 años de llevarse a cabo y con ello dan cuenta de la resistencia y fortaleza cultural de los pueblos y barrios de la ciudad que se niegan a que desaparezcan sus tradiciones y costumbres, considerando que éstas son además un punto de cohesión social.

Durante los carnavales que tienen lugar en fechas movibles durante los meses de febrero, marzo y abril, previo al inicio de la época religiosa de la cuaresma, carros alegóricos y coloridas comparsas de distintos personajes recorren las calles de pueblos y barrios bailando al son de bandas de música, el sincretismo cultural y la mezcla de tradiciones indígenas y europeas dan vida a estas celebraciones, entre las más representativas se encuentran las siguientes:

En Gustavo A. Madero los carnavales de los pueblos de Santa Isabel Tola, San Pedro Zacatenco, San Juan de Aragón y de las colonias Martín Carrera y de la Villa.

En Azcapotzalco el carnaval del pueblo de Santiago Ahuizotla.

En Venustiano Carranza el carnaval del pueblo del Peñón de los Baños con sus barrios del Carmen, la Ascensión y los Reyes.

En Iztacalco los carnavales que se llevan a cabo en sus antiguos barrios de San Pedro, La Asunción, Santa Cruz, Los Reyes, Santiago, Zapotla, San Miguel, San Francisco y en el pueblo de Santa Anita.

En Cuajimalpa el carnaval del pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

En Xochimilco el carnaval que se realiza en sus barrios originarios.

En Milpa los carnavales de Villa Milpa Alta y de sus pueblos de San Antonio Tecómitl, San Pedro Atocpan, San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, y San Agustín Othenco

En Tláhuac los carnavales de los pueblos de San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl y Zapotitlan.

En Iztapalapa los carnavales de los pueblos de Santa María Aztahuacan, Santa Martha Acatitla, Los Reyes Culhuacán, Santa Cruz Meyehualco, Santiago Acahualtepec, San Lorenzo Tezonco, San Andrés Tetepilco, San Andrés Tomatlán, Santa María Tomatlán, San Sebastián Tecoloxtitla y los de los 8 barrios (Santa Bárbara, San Miguel, San Ignacio, San Pablo, San José, San Lucas, La Asunción y San Pedro)

El incorporar todas estas celebraciones al inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial del país, supone reconocer la importancia que tienen y la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza cultural que contienen, esto ante los embates de la globalización, de la modernidad y de la creciente urbanización que literalmente ha absorbido ya a muchos de los pueblos y barrios originarios del antiguo valle de Anáhuac. En cuanto a la imperante necesidad de salvaguardar estas manifestaciones culturales, debe reconocerse que además enfrentan otros riesgos como la modificación de su carácter tradicional familiar debido al abuso de alcohol, que deriva en actos de violencia, empleo de armas de fuego, para hacer detonaciones al aire (lo cual se ha tratado de inhibir) otro problema es la falta de recursos económicos de la población y la poca aportación de las autoridades.

“Las fiestas, y los carnavales entre ellas, son fuente esencial de identidad profundamente vinculadas al pasado, pero también al presente, manifestaciones tanto de perdurabilidad como de cambio temporal, nexo de transmisión cultural y de comunicación intergeneracional; porque las culturas y sus diversas formas de expresión están en continua evolución.

Una manera de preservar el patrimonio festivo intangible, en las culturas locales, es mediante su conocimiento, a través de la transmisión intergeneracional de sus formas manifiestas y los valores latentes, así como mediante su divulgación vía las organizaciones culturales y educativa”.2

Resulta importante mencionar que dependiente de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, se cuenta con el Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial respecto del que se menciona “se constituye como una tarea de amplia cobertura para el reconocimiento, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de México. Los diferentes proyectos y actividades parten de una visión plural que incluye la presencia de todos los actores involucrados y de las voces comúnmente ausentes.”3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal para que se incluyan dentro del Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial del país los Carnavales que se celebran en los pueblos y barrios originarios de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México y con ello se adopten medidas de salvaguardia que permitan protegerlas y preservarlas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Jefaturas Delegacionales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos, así como a la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, proporcionen los apoyos necesarios para la realización de los carnavales que se celebran en los pueblos y barrios originarios de las citadas demarcaciones.

Notas

1 http://patrimonio-mexico.inah.gob.mx/www/?page_id=34

2 http://www.ugr.es/~pwlac/G25_49Javier_Marcos_Arevalo.html

3 http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conavim, el Inmujeres y los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo a coordinar acciones a fin de crear y desarrollar los centros de justicia para mujeres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho universal del acceso a la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho, ello implica que las instituciones derivadas y desarrolladas a partir del entramado legal tienen por objetivo primario garantizar el acceso a plenitud a ésta, sin ningún tipo de restricción y distinción de raza, género o clase social o ninguna otra que lastime la personalidad y debido respeto al ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Históricamente, los grupos identificados como minoritarios, eran excluidos sistemáticamente debido a que sus personalidades no entraban dentro de la aprobación de las ideas de normalidad, regla que los hacia aceptables y aptos para el desarrollo de ciertas actividades. El caso específico de las mujeres es que se les otorgo un espacio definido donde podían desarrollar las actividades por algún tipo de aptitud natural hacia esas tareas, dicho espacio como bien conocemos fue e incluso sigue siendo el del espacio doméstico, que evidentemente refiere a un espacio privado.

Así, las mujeres siendo privadas del espacio público y sus actividades, se les negó sistemáticamente el ejercicio y protección que los derechos que los Estados de Derecho Democráticos consensuaron, haciendo invisible el tipo de violencia que las mujeres sufrieron y aún sufren, con la justificación de que su rol consistía en el espacio privado, donde el Estado no debía tener ningún tipo de injerencia, pues las relaciones personales entraban en el ámbito del disfrute de la libertad individual.

A razón de ello se perpetraron e incluso justificaron injusticias con las que las mujeres aprendieron a vivir. Sinrazones que van de los micro machismos, la discriminación, la falta de oportunidades para tener libre acceso a educación y trabajo, hasta el de no asegurar el derecho fundamental a la vida, así como el acceso a la justicia cuando se pone en peligro ésta con cualquier tipo de violencia.

Como le vemos, el acceso a la justicia es fundamental para los Estados de Derecho y ha sido aún más importante para aquellas mujeres que han intentado salir de su círculo de violencia y que han encontrado el respaldo institucional necesario para denunciar.

Entendamos que parte del empoderamiento de las mujeres, tiene comienzo en este punto, donde se marca un alto a la vulneración y al odio contra lo femenino, donde se desvincula la naturalización de la violencia debido a la jerarquía entre los sexos que debe de ser inexistente, en cambio con el debido respaldo institucional, se comienza un circulo virtuoso que fortalece la cultura de la denuncia pero que además asegura a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia de cualquier tipo.

Me pregunto ¿de qué sirven los derechos si no se pueden ejercer?, si una como sujeto de derecho no puede tener acceso a ellos, es por esto que insisto que es exclusivamente por medio de la ampliación del concepto de justicia y su materialización a través de las instituciones que se generan ambientes que dan pie al ejercicio libre de los derechos humanos.

La ampliación del concepto de la justicia, en el caso de las mujeres, implica el desarrollo de las conocidas acciones afirmativas, que tienen por objetivo establecer un piso que ponga en un plano de igualdad a las mujeres frente a los grupos ya consolidados, evitando ante todo techos de cristal.

Desde este aspecto, el Estado Mexicano comprometido con los ideales de igualdad y justicia social, ha puesto en marcha diversas acciones afirmativas, dirigidas en todas las esferas donde existen injusticias contra las mujeres y específicamente, contra la más lacerante como lo es la violencia derivada de las relaciones personales. Por tanto, ha puesto en marcha a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

Los CJM surgen a partir de la falta evidente:

“de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en nuestro país; son espacios donde se integran bajo un mismo techo diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad civil, para brindar atención de manera integral, interinstitucional y multidisciplinaria, en aras de facilitarles el acceso a estos servicios. Parte fundamental de la labor de estos centros es el otorgamiento de asesoría, acompañamiento y patrocinio legal, pues así se podrá fomentar una efectiva cultura de denuncia de delitos en un ambiente de seguridad y protección. La concentración de servicios de salud médica, así como la prestación de servicios sociales y económicos, son necesarios para impulsar el empoderamiento de las mujeres”.1

Como se puede apreciar la especificidad de los CJM reside en que su diseño interinstitucional, pues son unidades integrales diferentes a refugios, casas de acogida, centro de atención de las mujeres y las casas de mujeres, por ello su extensión a lo largo de los estados de la república es de suma importancia.

Hasta el presente año (2017) existen 32 CJM distribuidos en 22 entidades federativas, lo cual deja a 9 entidades federativas sin ningún centro.2 Ya que CONAVIM, según el Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, es el que cuenta con el presupuesto autorizado para apoyar la creación o fortalecimiento de CJM en las entidades federativas y se tiene previsto que en consideración del presupuesto se apoyen de 3 a 5 por año.

En ese sentido y con la firme convicción de que contaré con la sensibilidad de esta soberanía y considerando que:

Primero. En el artículo 1o. de nuestra Carta Magna se establece que todas las personas gozaran los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este aspecto considero que el no establecer Centros de Justicia para las Mujeres se violenta, discrimina y minimiza todo acto que vulnera a las mujeres en sus diferentes contextos, al no tener un respaldo interinstitucional e integral que el diseño de éstos centros asegura. Negando incluso el universal acceso a la justicia.

Segundo. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece en el Artículo 38° Fracción XIII que el programa integral antes referido debe diseñar un modelo exhaustivo de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Por lo anterior solicito a esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las ciudadanas maestra Alejandra Negrete Morayta y licenciada Lorena Cruz Sánchez, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres respectivamente, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen junto con los gobiernos locales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo, las acciones necesarias para el creación y desarrollo de los Centros de Justicia para las Mujeres en las Entidades referidas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente los gobernadores ciudadanos licenciado Francisco Vega de Lamadrid (Baja California), licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (Baja California Sur), licenciado Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa), ingeniero Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), licenciado Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), licenciado Miguel Ángel Yunes Linares (Veracruz), licenciado Arturo Núñez Jiménez (Tabasco), licenciado Carlos Joaquín González (Quintana Roo), para que en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen y realicen los esfuerzos necesarios junto con las autoridades federales que correspondan, para la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres en sus entidades.

Notas

1 Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra las Mujeres 2014-2018 Enlace URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2 014

2 Directorio de los Centros de Justicia para las Mujeres, Enlace URL:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190670/CJM_Ubicaci_n_y_Datos_10_Feb_2017.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Sener a trabajar en un plan viable para la inversión en refinerías y la modernización de la política petrolera en México, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado, integrante del Partido Encuentro Social, de esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

México, es el noveno productor de petróleo en el mundo, sin embargo, nuestro país también es uno de los países que más importa gasolina.

Según cifras oficiales, en el año 2016 se exportaron 9 mil 297 millones de dólares en crudo, mientras se compraron 11 mil 881millones de dólares en gasolina, dejando un déficit de más de 2 mil millones. 1

Además de que México se ubicó como el segundo importador de gasolina a nivel mundial, sólo superado por Estados Unidos.

A pesar de que nuestro país se ubica entre los grandes exportadores petróleo a nivel mundial, es un importador neto de productos refinados del petróleo, porque no tiene capacidad de refinación para satisfacer su demanda interna, ni se han hecho nuevas inversiones necesarias para procesar el crudo pesado.

Pese a saber el déficit que existe en materia de energéticos, se prevé que las importaciones mexicanas sigan creciendo, tanto por la limitada capacidad de refinación interna, como por la apertura comercial de ese energético.

Es decir, existe una dependencia sobre las importaciones de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, para abastecer la demanda, pues el país no tiene la producción suficiente.

Ante esto Thomas Heather, experto en el sector de energía de Haynes and Boone, dijo que “dependemos demasiado de un solo país, que es Estados Unidos, pues de ahí se importa el 70 % de los combustibles mientras que el resto proviene de países de Europa.”2

Y según datos de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, al cierre de 2016, 61.4% de las gasolinas que se venden en México son de importación, es decir, seis de cada 10 litros provienen del extranjero, situación que se ha agudizado desde 2007.

En el país existen seis refinerías; Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Tula y Ciudad Madero. Todas son propiedad de PEMEX, en los términos de la Constitución Política, sin embargo estas plantas son viejas, pues la última fue construida en 1979.

Pese a lo anterior, en los últimos sexenios, no se logró avanzar en un plan viable para invertir en más refinerías. Debido a diversos problemas tales como:

Falta de entendimiento entre gobierno-sindicato y empresa-sindicato, quienes fueron responsables de la determinación del gobierno federal en el sexenio de Vicente Fox, de no construir ninguna de las tres refinerías que, a principios del siglo, consideraban los expertos como necesarias para cubrir el déficit en materia energética.3

Mientras tanto en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno planeó construir una nueva refinería, pero en siete años sólo se edificó un muro. Proyecto en el que se gastaron 620 millones de dólares y dejó a cientos de campesinos sin tierras y con promesas incumplidas.

Además de que políticamente, desde que se anunciaron los planes de construir una refinería en Atitalaquia, el proyecto empezó a recibir fuertes críticas.

Muchos cuestionaron la utilidad de producir gasolina y diésel (gasóleo) en el país a un costo mayor al del mercado internacional.

Y a pesar de que el complejo petroquímico nunca se concretó, cada año la Cámara de Diputados autorizó presupuesto para planes, estudios, nivelar el terreno y construir el muro que lo cercó.

En 2014 la refinería fue definitivamente cancelada. Para ese momento se habían invertido recursos fiscales por más de 9.000 millones de pesos, más de US$620 millones.4

De lo mencionado con anterioridad, podemos destacar que una de las consecuencias de no invertir en refinerías, es la crisis económico-político-social que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos.

Ya que, la problemática a la que se ha enfrentado el país radica en la falta de inversión en nuevas refinerías, pues de no hacerlo se seguirá provocado el crecimiento en las importaciones de hidrocarburos.

El crecimiento en las importaciones es de tal magnitud, que hoy se importa el 62% de las gasolinas de consumo nacional.

Lo anterior de acuerdo con la orden de compra requerida por Pemex Transformación Industrial (antes Refinación) de fecha julio 2016, cuya copia refiere Excélsior, y es corroborada por los reportes de la Auditoria Superior de la Federación.5

De acuerdo a lo anterior en el mes de julio de 2016, México importó 504.6 mil barriles diarios (MBD) sólo en julio para satisfacer 62% de la demanda promedio a nivel nacional, mismo que es de 815 MBD (miles de barriles diarios).6

Aunado a lo anterior, el proceso de adquisición de las gasolinas que cada mes sigue Pemex para poder importar el producto y que también ha documentado en sus reportes la Auditoría Superior de la Federación (ASF),7 no ha sido eficiente, ya que:

• Ha habido meses en los que México importó más litros de combustible de los que realmente estaba preparado para poder recibir.

• La infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto, carro tanque y auto tanque para descargarla ha terminado saturándose y provocando multas millonarias a Pemex.

• El pasado 28 de mayo, Excélsior publicó que a más de la mitad (56.7%) de las gasolinas importadas en 2014 Pemex no les hizo pruebas de calidad o las aplicó incompletas, según un reporte de la ASF.

Además de que desde 2008, ha ido acumulando una gran deuda con PMI Trading por no ingresar la gasolina al país en los tiempos establecidos. Y en diciembre de 2014 la deuda de Pemex era de mil 403 millones de pesos por dos mil 69 demoras, generadas, entre otros problemas, por almacenes ocupados en tierra y falta de cupo en los muelles.8

Con todo lo mencionado durante 2016, Pemex atravesó por el periodo más crítico de productividad en la elaboración de gasolinas. Pues ahora importa 19 mil barriles diarios más que en 2015, pero 88 mil más que en 2013, según los indicadores petroleros que Pemex exhibe mensualmente en su página oficial de internet.9

Aunado a los datos que hasta el momento se han mencionado, se encuentra que en el país las refinerías de Tula y Salina Cruz, concentran 40% de la producción de gasolinas; mientras en Estados Unidos, al que se le compra 80% de gasolina extranjera, operan 139 refinerías.

Por lo tanto, y derivado de las condiciones del mercado mundial en la materia, y en virtud de que en las últimas fechas el Ejecutivo ha instado a los mexicanos para que consuman los productos hechos en México, en su discurso para el relanzamiento de la marca o distintivo Hecho en México , es que se propone analizar la viabilidad para que las refinerías existentes funcionen al 100% y se pueda examinar el crear nuevas refinerías.

Para lo cual es indispensable realizar trabajos viables para consolidar la energía renovable y analizar la posibilidad de invertir en una nueva refinería dentro de una visión de modernización de la política energética de México.

Además de que con ello estaríamos ayudando a mejorar los niveles de seguridad en nuestro y país y sobre todo tendríamos nuevas ofertas de trabajo, para los jóvenes que están interesados en el tema petrolero.

Estoy convencido que debemos dejar a un lado el por qué no y buscar el cómo sí .

Además de que México cuenta con profesionistas con los conocimientos necesarios para producir nuestras propias gasolinas, por lo tanto es que resulta urgente modernizar la política de producción petrolera de México a efecto de incrementar la producción de gasolinas, aceite, diésel y otros derivados, así como profundizar estudios sobre las energías alternativas.

Por lo que es necesario que el Ejecutivo Federal a través de la propia Secretaria de Energía, realice el análisis pertinente, a fin de crear nuevas refinerías en el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Energía, con el objetivo de que se trabaje en un plan viable para la inversión en refinerías, y modernizar de la política petrolera en México.

Suscrita por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Notas

1 Proceso, 6 de febrero de 2017.

2 Nayeli González, Dependemos demasiado de EU en este sector clave, 13 de febrero de 2017, disponible en; http://www.dineroenimagen.com/2017-02-13/83486

3 Esteban Garaiz, “México tiene refinerías para producir gasolina”, disponible en;
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/tag/mexico-tiene-refinerias-para-producir-gasolinas/

4 Alberto Najar, “Gobierno mexicano gastó 620 mdd en una refinería, pero sólo construyó un muro”, en Animal Político, 25 de octubre de 2016, disponible en;
http://www.animalpolitico.com/2016/10/gobierno-mexicano-gasto-620-mdd-una-refineria-la-solo-se-construyo-muro/

5 Claudia Solera, “México ya importa el 62% de las gasolinas; proviene de 8 países”, en Excélsior, 18/07/2016,
disponible en; http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/18/1105599

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Claudia Solera, “Pemex no verifica gasolina importada; informe de la Auditoría Superior”, en Excélsior, 28/5/2017, disponible en; http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/28/1095378

9 Pemex,

http://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx#.WKX6K281_I U

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, con atención de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el sector salud, a los gobiernos estatales y los municipales a asegurar que sus mensajes y recomendaciones preventivos, de preparación, auxilio o recuperación prevean el uso de lenguas indígenas, según la familia o el grupo lingüístico de las comunidades en riesgo, a cargo de la diputada Heidi Salazar Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Heidi Salazar Espinosa integrante de la LXIII Legislatura y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta alta soberanía la presente propuesta con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, entre otros derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, reconoce el de la libre determinación y autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

2. Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión, establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad; y que los gobiernos de los países que lo ratifiquen deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los individuos de estos pueblos tengan la oportunidad de leer y escribir en su lengua materna, o la de su comunidad y la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Que a través de los Acuerdos de San Andrés, suscritos en 1996, el Gobierno Federal se comprometió a reconocer y respetar las especificidades culturales de los pueblos indígenas, así como impulsar políticas culturales que eliminen las incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. En ese sentido, asumió el deber de promover y desarrollar las lenguas y culturas indígenas, por lo que se debe destacar su conocimiento y respeto al contar las lenguas indígenas con el mismo valor social que el español (o castellano, según la Constitución Española de 1978).

4. Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 4, señala que las lenguas indígenas reconocidas en la misma y el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez.

5. Que, en su artículo 5, dicha Ley dispone que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

6. Que, en su artículo 7, el mismo ordenamiento establece explícitamente que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

7. Que, en el artículo que se menciona en el considerando anterior, añade que la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

8. Que, a pesar de dichos mandatos y obligaciones, el propio Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, reconoce que dada la desigualdad y la desventaja social y jurídica en la que históricamente han subsistido los Pueblos Indígenas de México, las culturas originarias enfrentan procesos de debilitamiento que se traducen en desvaloración de lo propio, en deterioro del tejido social y en la pérdida del patrimonio cultural. Este patrimonio es un bien social, que da cohesión al grupo y puede servir, al colectivo al que pertenece, como un factor de desarrollo. Es un recurso social de primera magnitud, es la herencia de los antepasados, al tiempo que es la manera de entender el mundo y resolver la vida en el presente y el legado que se ha de dejar a las generaciones futuras. El patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas está conformado por elementos tangibles e intangibles, entre los que destacan: la lengua, música, baile y danza, rituales y creencias, técnicas productivas, medicina tradicional, juegos tradicionales, artes culinarias, sistemas de valores, organización social que da cohesión a las comunidades indígenas.1

9. Que, de acuerdo con dicho Programa Especial, la población indígena en México generalmente se asienta en localidades pequeñas y dispersas que se caracterizan por tener condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios básicos. Además, por las características de los lugares donde se presentan los asentamientos, se estima que 68% de la población afectada por los desastres naturales son los grupos en situación de pobreza y extrema pobreza.

10. Que, además, el propio Programa reconoce que las viviendas en muchas comunidades indígenas son precarias y vulnerables ante eventos climáticos, porque además se ubican en zonas de alto riesgo tales como laderas de montañas, zonas inundables o a la orilla de corrientes de agua con grandes fluctuaciones durante las épocas de lluvia. De las 34,263 localidades indígenas del país, casi una de cada tres tiene un grado de marginación muy alto; 34 por ciento, alto; y 30 por ciento, medio, bajo y muy bajo.

11. Que el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, en su artículo 62, establece que la Coordinación Nacional impulsará al Sistema Nacional de Alertas con el fin de contar con información, en tiempo real para aumentar la seguridad de la población en situaciones de riesgo inminente.

12. Que, en el mismo reglamento, en su artículo 64, se encomienda a la Coordinación Nacional promover que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomen en cuenta mecanismos de difusión y comunicación para transmitir las Alertas a la población en riesgo y a las autoridades correspondientes, previendo canales y protocolos que permitan una transmisión clara y oportuna y, en su caso, información sobre la Alerta, la cual incluya las instrucciones para atender la Emergencia.

13. Que en el artículo 65 del citado Reglamento se señala que, para el diseño de los Sistemas de Alerta Temprana, se deberán considerar, adicionalmente en su implementación, criterios que tomen en consideración la perspectiva de género, así como las necesidades de personas con discapacidad y grupos vulnerables, entre otros.

14. Que en el nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015 y suscrito por México, entre sus metas se plantea la necesidad de incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.

16. Que, el propio Marco de Acción de Sendai, plantea como una de sus prioridades, velar por que se aprovechen como corresponda los conocimientos y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, para complementar los conocimientos científicos en la evaluación del riesgo de desastres y en la elaboración y aplicación de políticas, estrategias, planes y programas para sectores específicos, con un enfoque intersectorial, que deberían adaptarse a las localidades y al contexto;

17. Que en los considerandos del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales2 se señala que es una obligación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) realizar un catálogo de lenguas indígenas; que éstas deberían ser declaradas lenguas nacionales y oficiales en las regiones donde la población indígena fuera mayoritaria; que es fundamental el reconocimiento jurídico de todas las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional; que en los servicios médicos que ofrece el Estado a la población indígena se utilice la variante lingüística correspondiente a cada región; que los derechos lingüísticos deben ser capaces de dar cabida a dichas diferencias dialectales y a la discontinuidad geográfica sin que éstas sean un obstáculo para su cohesión; y que en la administración pública y en los espacios públicos de las regiones indígenas sean utilizadas obligatoriamente las variantes lingüísticas locales. 3

14. Que el INALI como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objeto, además de promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, y el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación; el de asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia; y entre sus atribuciones la de diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.

15. Que, entre agosto y septiembre del año pasado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) dieron a conocer las Guías de Protección Civil en lenguas Indígenas: Mixteco de San Juan Mixtepec, y Mixteco de Santa Inés de Zaragoza; Tsotsil de Chenalhó, Chiapas; Mazateco de Tuxtepec, Oaxaca; así como Náhuatl de Atlixtac y Náhuatl de Tehuipango.

16. Que el esfuerzo de prevención y reducción del riesgo de desastres que significa la elaboración de las Guías mencionadas en el considerando anterior, debe continuar y ser apoyado, dado que, según el propio Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, en México existen 11 familias, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas.

17. Que, los desastres de origen hidrometeorológico (huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, heladas y sequías) son los de mayor recurrencia, causantes de más del 40 por ciento de los daños y que con más severidad afectan a las comunidades indígenas.

18. Que, tan solo respecto a los frentes fríos que impactan especialmente a las zonas de alta montaña, precisamente donde se asienta el mayor número de comunidades indígenas del país, la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional pronóstico para la temporada 2016-2017, la ocurrencia de 50 eventos.4 Es decir, entre hoy y el 30 de mayo, aún habrán de impactar al país más de 20 sistemas frontales.

Por ello y porque por ley, por política nacional, por compromisos asumidos por México y fundamentalmente, por la obligación del Estado de brindar seguridad y protección a todos los mexicanos y, especialmente, a los más vulnerables, es ineludible impulsar todas las medidas preventivas necesarias, incluyendo los sistemas de alerta temprana, para reducir el riesgo de desastres en las comunidades indígenas, se pone a consideración de esta Asamblea, con carácter de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, con atención a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Sector Salud, así como a los gobiernos estatales y municipales, a asegurar que, invariablemente, en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, a través de los respectivos sistemas de alerta temprana y orientación social, se prevea el uso de lenguas indígenas, según la familia o grupo lingüístico que corresponda a las comunidades en riesgo, ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de algún fenómeno perturbador, potencialmente peligroso, de origen natural o antropogénico.

Notas

1 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, Hacia el reconocimiento pleno de los Derechos y la Inclusión Social de los Pueblos Indígenas, 5) Preservación y fomento del patrimonio cultural, p. 25

2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Diario Oficial de la Federación, lunes 14 de enero de 2008, México.

3 Los textos subrayados son de quien suscribe.

4 Conagua, Se prevén 50 frentes fríos durante la temporada 2016-2017. Comunicado de Prensa No. 631-16 Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016

Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Heidi Salazar Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a cumplir todos los objetivos de la campaña La Sangre nos Conecta a Todos, planteada por la OMS en 2016 como parte del Día Mundial del Donante de Sangre, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su calendario anual tiene una serie de campañas sobre la salud con la finalidad de concientizar a la población y dar a conocer la problemática de salud que se vive desde el nivel local hasta el internacional, por ello es que el organismo ha declarado el 14 de junio como el Día Internacional del Donante de Sangre, esta celebración es una forma de reconocimiento a todas las personas que voluntaria y desinteresadamente contribuyen a dar esperanza de vida a otros seres humanos a través de donar su sangre.

La importancia de mantener un equilibrio entre la oferta y a la demanda de sangre es cada vez más necesario pues “Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas personas”1 .

No obstante una de las tareas más difíciles para incrementar los índices de donantes es la concientización de la población en el reconocimiento de la importancia de la donación voluntaria, pues según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de sangre ha resultado muy complicado y para alcanzar un resultado positivo en este tema se requiere de un incremento sustancial en las donaciones voluntarias no remuneradas.

La OMS señala que en la actualidad existen sólo 62 países en el mundo que mantienen un equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que 40 países siguen dependiendo de las donaciones procedentes de familiares o donantes remunerados, por lo que uno de los objetivos en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre fue el de sensibilizar a los Ministerios de Salud para “que manifiesten su reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometan a lograr la autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas”2 .

Los índices de edad a nivel mundial de acuerdo a datos emitidos por 111 países y que da a conocer la OMS es revelador pues la edad y el sexo de los donadores según el país es una cifra variante que puede servir para tomar algunas decisiones y realizar programas de sensibilización sobre la importancia de donación de sangre.

La gráfica anterior señala que el rubro de 18 a 25 años en los países de renta media y baja, los jóvenes inciden en un 41 por ciento en la donación de sangre, así como el rubro de 25 a 44 años ocupan un segundo lugar con una incidencia del 37 por ciento, por lo que en este sentido es necesario fortalecer la promoción y el compromiso de donadores voluntarios, para aumentar en una primera instancia los índices de donación voluntaria y en una segunda etapa alcanzar y mantener el equilibrio entre la oferta y demanda de sangre.

Por ello es necesario que mediante campañas de promoción de donación de sangre, la Secretaria de Salud Federal, sensibilice a la población en la donación voluntaria pues la población en general desconoce la necesidad de requerimientos de sangre y no visualiza la importancia que tiene donar sangre de manera voluntaria y habitual como parte de su responsabilidad social.

Actualmente se carece de alguna política pública encaminada al incremento de donadores voluntarios, en las que se resalte la necesidad que tienen los bancos de sangre de contar con reservas suficientes para un eventual evento catastrófico y donde se enuncien los beneficios de ser donador constante. Por lo que se hace necesario crear estos mecanismos que faciliten la donación altruista y donde la población se vea beneficiada, al obtener el resultado de sus análisis por medios electrónicos y conocer así el estado que guarda su salud.

De acuerdo al Programa de Acción Especifico “Seguridad de la sangre y de las células Troncales” durante el periodo 2006-2012 se mantuvo el mínimo requerido por la OMS que es de 100 donadores por cada 10 mil habitantes ya que la tasa de donación fue de entre 124 y 135 donaciones. En términos porcentuales 97.3 por ciento de las donaciones se llevó a cabo por el esquema de reposición o familiar, sin embargo este esquema conlleva mayores riesgos en la seguridad sanguínea.

Por otro lado “actualmente, en México, no se supera 3 por ciento de la donación voluntaria y altruista”3 a pesar de que los donantes de sangre voluntarios tienen de cinco a siete veces menos riesgo de transmitir una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, virus B y C de la hepatitis

La “norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, establece disposiciones concretas respecto de los resultados de los análisis sanguíneos realizados a los donadores.

Entre otros aspectos señala:

5.2.4. Para la notificación de los resultados de los análisis de laboratorio que indican que la donación no es apta, se deberá proceder como sigue:

a) Los resultados se entregarán por escrito por personal autorizado, exclusivamente al interesado. Tratándose de menores o incapaces sometidos a procedimientos de autotransfusión, los resultados se entregarán a cualquiera de las personas siguientes: el padre, la madre, el tutor, quien ejerza la patria potestad o el representante legal;

b) La entrega de resultados deberá hacerse siempre mediante consejería y de manera personal. Se proporcionará la orientación pertinente, a fin de que puedan acceder a una atención médica oportuna;

c) Todas las acciones realizadas para los fines de este apartado, deberán registrarse en el expediente del donante o del paciente, y

d) El interesado o, en su caso, cualquiera de las personas señaladas en el inciso a) de este apartado, acreditarán la recepción de la notificación mediante su firma o huella dactilar.

5.2.5. En caso de que en los análisis de laboratorio se advierta que la donación es idónea, los resultados se entregarán por escrito sólo si el interesado o, en su caso, el padre, la madre, el tutor, quien ejerza la patria potestad o el representante legal así lo solicitan.

En este sentido es que el presente instrumento parlamentario tiene como objetivo impulsar los objetivos que se planteó la OMS en este 2016 como parte del Día Mundial del Donante de Sangre y que se resumen en cinco ejes:

• Agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, que permiten salvar vidas humanas, y destacar el tema de la conexión que la sangre crea entre todos nosotros;

• Concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de manera desinteresada, e incitar a quienes nunca han donado, particularmente a los jóvenes que gozan de buena salud, a que comiencen a hacerlo;

• Promover y resaltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de sangre;

• Centrarse en los servicios de sangre como servicio comunitario, así como en la importancia de la participación de la comunidad para poder contar con un suministro de sangre suficiente, seguro y sostenible;

• Convencer a los ministerios de salud de que manifiesten su reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometan a lograr la autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas4 .

Asimismo buscamos contribuir en el impulso de la concientización y el reconocimiento a quienes voluntaria o a manera de reposición han donado sangre para ayudar a salvar vidas, por lo que solicitamos lo siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que realice las acciones necesarias para cumplir con todos los objetivos para la campaña 2016, planteada por la OMS “La sangre nos conecta a todos”.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que tome las acciones necesarias para implementar campañas de información focalizadas a la población de 18 a 45 años de edad para que se conviertan en donantes voluntarios y de repetición.

Tercero: Como parte del reconocimiento a quien dona sangre, se facilite mediante la actualización jurídica o administrativa de los manuales de donación de sangre, la entrega vía correo electrónico de los resultados de los análisis sanguíneos realizados a los donadores voluntarios.

Notas

1 http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/event/es/

2 Ídem

3 Programa de Acción Especifico “Seguridad de la sangre y de las células Troncales”, página 24

4 http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/event/es/. Día Mundial del Donante de Sangre 2016: La sangre nos conecta a todos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a suspender sus planes de pensiones complementarias para mandos superiores, magistrados y jueces a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. En el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2016,1 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) divulgó los montos a los que ascienden los ingresos, egresos, rendimientos y totales disponibles de fideicomisos, mandatos, actos jurídicos análogos sin estructura de los Poderes Legislativo y Judicial y entidades autónomas. Allí se informó de la situación financiera de dos fideicomisos que ejecuta el Poder Judicial: Pensiones complementarias para servidores públicos de mando superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Pensiones complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito jubilados. Estos dos instrumentos financieros se administran a través de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respectivamente. El primero reportó un total disponible por $531,069,766; el segundo totalizó $3,102,779,357.

Segunda. Ambos planes dan un apoyo económico complementario a las pensiones del ISSSTE para los servidores públicos jubilados del Poder Judicial que cumplan con ciertos requisitos. Para ejecutarlos se han creado los fideicomisos señalados en la primera consideración, que tienen origen común. Como parte de la respuesta del Poder Judicial a la reforma constitucional de 1994, el 3 de abril de 1996 se promulgó el Acuerdo General de Administración 4/96 de la SCJN, en el que se estableció el “Plan de Pensiones Complementarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Esto se hizo mediante el fideicomiso 2626-0, prestando el servicio como fiduciaria el Banco Internacional, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BITAL, División Fiduciaria, quien el 30 de septiembre de 1997 asignó el número 4657-4 a este fideicomiso.2 Posteriormente, en el año 2006 se firmó el Acuerdo General de Administración 1/2006, que actualmente rige este Plan de Pensiones Complementarias. El 11 de diciembre de 2013 se firmó el contrato de sustitución fiduciaria en el que Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, reemplazó al fiduciario ya citado, ahora denominado HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, quien asignó el número 80961 a este fideicomiso. En este plan se incluyeron originalmente como beneficiarios también a los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito. Posteriormente, mediante el Acuerdo 28/2005 del 12 de agosto de 2005, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió implementar un plan de pensiones complementarias para Magistrados y Jueces. Esta medida se ejecutó en marzo de 2008, cuando se creó un fideicomiso especial para pensiones complementarias a Magistrados y Jueces.

Tercera. El plan de Pensiones complementarias para mandos superiores de la SCJN se rige actualmente bajo el Acuerdo General de Administración I/2006, que ha sido modificado a través de Acuerdos Generales de Administración emitidos el 5 de febrero de 2013, el 5 de noviembre de 2013 y 4 de noviembre de 2014. Opera como se expone enseguida. En la fracción IX del Artículo 2 se definen quiénes son los servidores públicos que pueden beneficiarse de este esquema:

“Secretario General de Acuerdos, Oficial Mayor, Subsecretario General de Acuerdos, Contralor, Secretario de la Presidencia, Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia, Secretario Técnico de la Presidencia, Director General, Secretario de Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, Secretario de Estudio y Cuenta Coordinador de Ponencia; Secretario de Estudio y Cuenta Coordinador; Secretario de Acuerdos de Sala; Secretario de Estudio y Cuenta (de Ponencia); Secretario de Estudio y Cuenta; Secretario Particular de Mando Superior; Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto, y Titular de Unidad, así como cualquier otro puesto de la misma categoría que en el futuro llegara (sic) a establecerse.”

El artículo 3 define que los beneficiarios son, en primera instancia, quienes se jubilen o se hayan jubilado del cargo de Mando Superior dentro de la SCJN. El Artículo 4 se fija que el monto máximo al cual puede ascender la pensión total por jubilación —equivalente al monto correspondiente por pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) más el monto derivado de la pensión complementaria—es el 80% del salario pensionable mensual al momento de la jubilación.

Para solicitar la pensión complementaria el Artículo 9 fija cubrir estos requisitos: los mandos superiores deben cumplir 65 años, contar con al menos 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y encontrarse trabajando en la SCJN al momento de la jubilación. En el Artículo 13 se establece el esquema bajo el cual se determina el porcentaje del salario pensionable que se recibirá como pensión total integrada en función de los años de servicio y la edad de los beneficiarios. La proporción ascendente de este esquema se puede ver gráficamente enseguida:

Cuadro 1. Relación entre edad de los servidores públicos y antigüedad en el servicio como criterios para fijar el porcentaje de la pensión total integrada:3

Cuarta. Al fideicomiso se hizo una aportación inicial de $155,676,289.55.4 Este monto se ha elevado considerablemente debido a los intereses generados y las aportaciones que ha hecho la misma SCJN mediante recursos presupuestarios e ingresos propios.5 Enseguida se presenta un cuadro con los montos anuales a los que asciende el fideicomiso a partir de 2001:6

Cuadro 2. Monto total disponible en el Fideicomiso 80691 entre los años 2001 y 2016.7

(Cifras en pesos corrientes):

Como se observa, hubo un incremento considerable de recursos en este fideicomiso, que pasó de un capital inicial en 1996 de $155,676,289.55 a totalizar once años después $2,217,878,495.06. La reducción del 2008 en el saldo final se debió a que a partir del 4 diciembre de 2008, bajo el argumento de organizar de mejor forma los programas de pensiones complementarias, se determinó separar en dos fideicomisos para dos planes de pensiones complementarias: uno para Mandos Superiores de la SCJN y otro para Magistrados y Jueces bajo operación del CJF. Para ello, se transfirieron recursos del entonces Fideicomiso 4657-4 de la SCJN al F/676 del CJF.8

Quinta. El Artículo 32 de este Acuerdo establece que el régimen de pensiones complementarias sobre el cual se ha discutido se puede financiar tanto a partir de los propios recursos que genere el Fideicomiso 80961 —rendimientos financieros— cuanto con aportaciones y recursos asignados a la SCJN mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta posibilidad ha permitido que se hayan hecho aportaciones tanto a través de recursos propios que ha generado la misma SCJN como también con recursos fiscales. Esta última situación prevaleció hasta 2012, cuando la SCJN determinó no hacer más aportaciones al fideicomiso 80691 con cargo al erario público. La evolución trimestral de este Fideicomiso desde que se destinaron recursos para el entonces Fideicomiso F/676 se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 3. Evolución trimestral de los saldos del Fideicomiso Pensiones complementarias para servidores públicos de mando superior de la SCJN (cifras en pesos corrientes, años 2008-2016).9

Como se observa en los cuadros anteriores y sus respectivas notas al pie, hubo considerables aportaciones con recursos presupuestales además de los constantes rendimientos financieros. Esta situación terminó en 2013, cuando a raíz de las recomendaciones que emitió la ASF mediante el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 para los movimientos en los que participó la SCJN, la misma Corte determinó frenar las contribuciones al patrimonio fideicomitido mediante recursos presupuestales.21 Esto se hizo para buscar detener la desequilibrada forma como se han pagado las pensiones complementarias para mandos superiores de la SCJN. Esto se puede apreciar mejor en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Porcentajes anuales de los egresos del Fideicomiso para pensiones complementarias destinado al pago de pensiones complementarias como parte del total para cubrir prestaciones de retiro en la SCJN (cifras en pesos corrientes, años 2010-2016).22

El uso tan bajo de los recursos fideicomitidos lo reportó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a través del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 , que retomó lo señalado en el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 para los movimientos en los que participó la SCJN de la misma ASF. En ambos se reporta que sólo el 0.3% de los recursos en fideicomiso se ejecutan para los fines para los que se creó este instrumento financiero. Al confrontar exclusivamente el gasto en pensiones complementarias, el informe concluye que en 2014 el 95% de estas prestaciones quedaron cubiertas con recursos presupuestales, mientras que el 5% restante se pagó a través de los recursos en fideicomiso. La decisión de hacer tan bajo uso de los recursos en fideicomiso se tomó en 2007. La ASF reportó en 2010 que, con base en el Artículo 32 del Acuerdo I/2006, el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN decidió que las pensiones complementarias para los pensionados de la SCJN se pagaran en un 99% con recursos presupuestales y el 1% restante mediante el fideicomiso26

Sexta. A esta situación, añádase el cambio la definición de los conceptos que determinan los criterios para calcular los montos de pensiones complementarias. Desde la firma del Acuerdo 4/96 y el posterior Acuerdo General de Administración 1/2006, se usó como referencia para el cálculo total del sueldo pensionable al salario neto percibido por los funcionarios, que consistía en el monto resultante de la suma del sueldo base, la compensación garantizada y las prestaciones nominales menos el correspondiente impuesto sobre la renta (ISR). No obstante, el 5 de febrero de 2013 el Comité de Gobierno de la SCJN determinó modificar este criterio: se cambió al salario neto por el salario bruto percibido por los funcionarios, que implicó usar sólo el monto resultante de la suma del sueldo base más la compensación garantizada. Esta modificación resultó, en los hechos, en un aumento considerable al total posible del sueldo pensionable, puesto que los montos totales que pueden pensionarse pasaron a ser antes de impuestos.

Cuadro 7. Máximos y mínimos de pensiones complementarias mensuales para mandos superiores de la SCJN tras el cambio de criterios para cuantificar este beneficio.27

Séptima. De manera similar los Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación cuentan con un plan de pensiones complementarias a las que da el ISSSTE. Como ya se mencionó en las consideraciones primera, segunda, cuarta y quinta, este beneficio económico se origina en el año 1996. En sesión conjunta, el 5 de abril de 2005 tanto el Pleno de la SCJN cuanto el Pleno del CJF determinaron destinar los recursos necesarios del fideicomiso 4657-4 para administrar las Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces a este último. Mediante el Acuerdo General 28/2005 del CJF, suscrito en sesión el 13 de julio de 2005 31 se creó el Plan de Pensiones Complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, ahora ya a cargo del CJF. No obstante, fue hasta el 3 de marzo de 2008 que se escindió este fideicomiso del original, dado que en esa fecha se constituyó el fideicomiso número F/676, con entidad fiduciaria IXE Banco, Sociedad Anónima.32 A partir de diciembre de 2013, el fiduciario es Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, quien asignó el número de fideicomiso 80692.33

Octava. Los beneficiarios de este plan de pensiones son quienes se jubilen del cargo de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, tal como se ha especificado en los diferentes Acuerdos que han regulado este programa.34 Las condiciones bajo las que se otorgan las pensiones complementarias a Magistrados y Jueces son similares a las del Plan de la SCJN para mandos superiores; se consideran tanto la edad cuanto los años de servicio en escala idéntica para determinar el porcentaje al cual ascenderá la pensión complementaria en relación con el sueldo pensionable.35 No obstante, a diferencia del régimen que administra la SCJN, en el Acuerdo 35/2010 se estableció que por ningún motivo podrá ser la pensión complementaria menor al 25% del salario neto de Magistrados y Jueces, respectivamente. Este porcentaje mínimo se ha mantenido a lo largo de los diferentes Acuerdos que el CJF ha suscrito al respecto, tanto para los Magistrados y Jueces jubilados cuanto sus beneficiarios.36

Novena. Desde que se formalizó el Fideicomiso F/676 en el año de 2008 no se han hecho aportaciones con cargo al presupuesto. No obstante, como se muestra en los cuadros siguientes, los recursos fideicomitidos representan un porcentaje menor del total de las erogaciones que se hacen por este concepto.

Cuadro 8. Porcentajes anuales de los egresos del Fideicomiso para pensiones complementarias destinado al pago de pensiones complementarias como parte del total para cubrir prestaciones de retiro en el CJF (2010-2016).37

Como se puede apreciar, prevalece el mismo patrón que con las pensiones complementarias para los mandos superiores de la SCJN, puesto que en todos los años examinados las erogaciones del fideicomiso no superan el 10% del total de recursos que se gastan en pagar prestaciones de retiro. No obstante, los rendimientos que han generado los recursos en el fideicomiso superan por mucho los egresos, tal como se comprueba en el siguiente cuadro:

Cuadro 9. Evolución trimestral de los saldos del Fideicomiso Pensiones complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito jubilados (cifras en pesos corrientes, años 2008-2016).41

En poco más de ocho años los recursos en el fideicomiso han crecido en mil millones de pesos tan sólo por los rendimientos financieros y a pesar de las erogaciones que se hacen al mismo. Esto no sólo comprueba lo que ya señaló la ASF para los recursos fideicomitidos para mandos superiores de la SCJN, sino que también puede aplicarse para el caso del plan de pensiones complementarias para Magistrados y Jueces federales jubilados: los fideicomisos no se están empleando para los fines señalados, mientras que se siguen presupuestando la gran mayoría del dinero para beneficiar a estos funcionarios jubilados.

Décima. En sesión del 13 de julio de 2016, el Pleno del CJF determinó cambiar la redacción de la definición del sueldo pensionable, a partir de la cual es que se calcula el monto de la pensión complementaria. En el Acuerdo General del Pleno del CJF que resultó de esa reunión, publicado el 12 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación , se modificaron los Artículos 2, 4, 10, 13, 14 y 15, para considerar como sueldo pensionable hasta el 80% del salario bruto percibido por Magistrados y Jueces en servicio. Anteriormente, el monto total de la pensión complementaria se calculaba a partir de la suma del sueldo base, la compensación garantizada y las prestaciones nominales menos el pago del impuesto sobre la renta. Esta modificación replica el cambio ya señalado que hizo la SCJN al Plan de pensiones complementarias para mandos superiores el 5 de febrero de 2013, que se señaló en la consideración sexta. Esto constituye un aumento de hecho en los montos pensionables que pueden recibir estos funcionarios en retiro, porque se hacen los cálculos con base en ingresos antes de impuestos.

Cuadro 10. Variación en los montos máximos y mínimos de pensiones complementarias mensuales para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.49

No es posible señalar que el estancamiento en los montos máximos y mínimos de las pensiones complementarias de Magistrados y Jueces se debe a los cambios en las reglas como opera este plan. Esto se debió a las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tanto para la ley abrogada cuanto para la ley vigente. Es necesario recordar que mientras que en 2012 la tasa máxima fue de 30%, para el año siguiente disminuyó a 29%, para cambiar nuevamente con la ley vigente a un nuevo tabulador con cuotas más altas y tasa impositiva mayor.

Décima Primera. Dado que en muchas ocasiones ha resultado mayor el pago de comisiones bancarias por administración que el pago de las pensiones complementarias, la ASF ha recomendado en reiteradas ocasiones a la SCJN usar los recursos disponibles en fideicomiso y el cese de la inclusión del pago de pensiones en los presupuestos de egresos cuanto a esta Cámara, para que legisle sobre fideicomisos públicos para fijar candados legislativos a las malas prácticas y abusos que se han dado al recurrir a estas formas de financiamiento. En el Informe de Cuenta Pública 2011 se reportó que:

“[...] los gastos administrativos del fideicomiso se han convertido en una erogación superior a aquellas que se destinan al pago de pensiones complementarias, siendo esta la finalidad principal de los fideicomisos. Por lo que se concluye que los recursos del fideicomiso no se están utilizando para cumplir con su objeto de creación .”51

Se reiteró esto en el Informe de Cuenta Pública 2014 , donde se pide a la SCJN que

“en la elaboración de su proyecto de presupuesto, evalúe la pertinencia de utilizar los recursos disponibles en los fideicomisos en los que participa como fideicomitente, con el fin de que éstos se apliquen al pago de los gastos que actualmente se cubren con recursos del presupuesto de ese Alto Tribunal, los cuales bien pueden pagarse con las disponibilidades de recursos que mantienen los citados fideicomisos y de esta forma cumplir también con los objetivos para los cuales fueron constituidos.”52

En este también se hacen sugerencias a esta Cámara. Primero, para que a través de la Comisión de Puntos Constitucionales se evalúe

“la pertinencia de emitir una legislación general que regule la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos en los que, como fideicomitentes, participan los organismos integrantes del Poder Judicial de la Federación, para de esta forma tener un control de todos los recursos públicos que se encuentran disponibles en los mismos, o de los que a ellos sean transferidos, con el fin de evitar, como en el caso de los fideicomisos en comento, mantener recursos ociosos que no se aplican en los objetivos para los cuales fueron creados, o bien, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales alineados con la situación económica del país.”53

Segundo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere los montos disponibles en los fideicomisos del Poder Judicial para asignar el presupuesto tanto a la SCJN cuanto al CJF, de modo que se empleen los recursos en fideicomiso para los fines por los cuales se crearon y cesen las erogaciones con recursos presupuestales para cubrir estos beneficios.54

Décima Segunda. No es objeto de este punto de acuerdo el demeritar el trabajo que los funcionarios de la SCJN y los Magistrados y Jueces federales desempeñan para fortalecer nuestras instituciones. Se reconoce su papel fundamental para guardar el orden republicano, y también se destaca que, al igual que todas las personas, tienen derecho a una pensión digna que les permita vivir un retiro decoroso. No obstante, cuando se comparan los montos a los que estos funcionarios pueden disponer como pensión con aquéllos de la mayoría de la población, se observa que gozan de privilegios inmorales y ofensivos para el resto de la población. Estos servidores públicos reciben un beneficio económico que legalmente ha sido acotado para el resto de los trabajadores de este país. La misma SCJN limitó a diez salarios mínimos el monto máximo al que pueden pensionarse los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante jurisprudencia en la resolución de contradicción de tesis 285/2015 —que retomó la polémica jurisprudencia 2a./J. 85/2010. De forma similar, este tope se impuso en 2009 a los trabajadores al servicio del Estado en el artículo séptimo del Reglamento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dice:

“ Artículo 7. El monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría, pero el máximo no podrá exceder del cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no podrá exceder diez veces el salario mínimo”.

Tanto en los considerandos que utilizan la SCJN cuanto el CJF para justificar sus planes de pensiones complementarias se apela a la necesidad de garantizar el carácter independiente y autónomo de las decisiones mediante la provisión de recursos económicos suficientes durante la jubilación para mantener un estilo de vida decoroso. No obstante, en sus mismos considerandos reconocen que esta situación no es posible dado el orden normativo de las pensiones mexicanas, que limita el monto máximo posible al que un trabajador puede aspirar a recibir. La incongruencia del Poder Judicial es evidente, porque mientras emite jurisprudencias que limitan la pensión máxima posible al resto de la población recurre a argumentos que los coloca en situación de privilegio. Su demanda por recursos económicos adicionales del Presupuesto para cubrir sus programas complementarios exclusivos deja ociosos los fideicomisos, lo que afecta negativamente las finanzas públicas.

Décima Tercera. Como se establece en los artículos tercero y quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se reconoce que el Poder Judicial posee la facultad de gestión financiera con total autonomía, lo que se traduce en que la tanto la SCJN cuanto el CJF pueden constituir fideicomisos bajo las disposiciones generales que sus órganos administrativos señalen. Esto implica que no puede obligárseles a extinguir los fideicomisos ni a reintegrar a la Federación los recursos que posee, pero sí puede solicitársele que haga uso de los recursos para los fines que han delimitado. Para ello es necesario señalar que estos planes de pensiones complementarias son de carácter unilateral y pueden modificarse en función de la disponibilidad de recursos. En ese sentido, es razonable y conveniente que, ante la adversa situación económica que atraviesa el país, el Poder Judicial contribuya al esfuerzo por reducir gastos onerosos en el presupuesto; cambie la manera como paga sus planes de pensiones complementarias y haga efectivo uso de los fideicomisos hasta donde los recursos lo permitan.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesar el pago de las pensiones complementarias para Mandos Superiores a través de recursos presupuestales y, en su lugar, haga uso de los recursos en el Fideicomiso 80691.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al Consejo de la Judicatura Federal cesar el pago de las pensiones complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a través de recursos presupuestales y, en su lugar, haga uso de los recursos en el Fideicomiso 80692.

Notas

1 Los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública pueden consultarse en este enlace: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union

2 Véase el considerando cuarto del Acuerdo General de Administración I-2006 , p.2.

3 Cuadro tomado del Artículo 13 del Acuerdo I/2006.

4 Véase la cláusula tercera del Contrato de fideicomiso 2626-0, p. 2.

5 Véase la Resolución del Comité de Acceso a la Información Pública de la SCJN 10-2004 . Aquí se establece que, desde 1996 hasta la fecha de elaboración de ese documento, la SCJN hizo aportaciones millonarias en 1997 ($100,972541.20), 1998 ($501,868,932.43), 2003 ($162,483733.64), 2004 ($160,943,616.45).

6 Elaborado con base en la información publicada en el Diario Oficial de la Federación . A partir del año 2001 se obligó a los Poderes Legislativos y Judicial a informar y publicar trimestralmente en ese medio los estados de cuenta de sus fideicomisos.

7 Cifras hasta el 30 de septiembre de 2016.

8 Véase infra , consideración quinta y ss.

9 Elaboración propia a partir de la información publicada en el Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública , Anexos XVII. Fideicomisos sin estructura orgánica , que publica la SHCP trimestralmente.

10 Salvo que se indique, los ingresos son por cuotas de recuperación por la operación de máquinas expendedoras.

11 Hasta 2012 se consolidan el pago de pensiones complementarias, pagos de estudios actuariales y pago de comisiones bancarias por administración. A partir de este año se desglosan los egresos por concepto de pago de pensiones complementarias, pago de comisiones bancarias por administración y pago de estudios actuariales. En la tabla se distinguen entre los egresos por pago de pensiones complementarias y gastos de operación.

12 Ingresos por renta de espacios de máquinas expendedoras, reintegro de pensiones y aportación de recursos presupuestales.

13 Comprende la transferencia de recursos por $1,395,504,283.10 al CJF para el Fideicomiso para el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces, pago de pensiones complementarias, comisiones bancarias por administración.

14 Ingresos por renta de espacios de máquinas expendedoras y, reintegro de pensiones.

15 Comprende la transferencia de recursos al Fideicomiso para el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces por $713,937,472.06, pago de pensiones complementarias, pago de comisiones bancarias por administración.

16 En el Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre de 2008 se reportó esta cifra por concepto de “ingresos por renta de espacios de máquinas expendedoras y apoyo provisional de recursos de la SCJN por $1 618.66.”

17 Aportación de recursos presupuestales por $38,000,000.00 más ingresos por gastos de operación de máquinas expendedoras.

18 Aportación de recursos presupuestales autorizados para el ejercicio fiscal 2010 por $52,089,825.00.

19 Aportación de recursos presupuestales autorizados para el ejercicio fiscal 2011 por $54,173,418.00.

20 En diciembre de 2013 cambió la fiduciaria a Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, quien asignó el número 80691 para este fideicomiso.

21 Véase el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 para los movimientos en los que participó la SCJN , p. 18.

22 Cifras hasta el 31 de octubre de 2016.

23 En el Informe de Cuenta 2011 se establece que a través de esta partida específica se destinan recursos presupuestales al pago de pensiones complementarias. En el Clasificador por objeto del gasto vigente hasta 2010 tuvo el número de partida específica 1505.

24 Incluye el total de erogaciones por este concepto para funcionarios y servidores públicos de la SCJN.

25 Se incluyen gastos de operación (pago de comisiones bancarias por administración y estudios actuariales).

26 Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 para los movimientos en los que participó la SCJN , p. 6.

27 Elaboración propia a partir de los Manuales de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para los años indicados, la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 1 de enero de 2014 y la Ley del Impuesto sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013, actualmente vigente.

28 Corresponde a los de Secretario General de Acuerdos, Secretario General de la Presidencia, Oficial Mayor y Contralor.

29 Corresponde al cargo de Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto.

30 Desde el 1 de marzo de 2013 el criterio para determinar la pensión complementaria es el salario bruto mensual, que incluye el sueldo base más la compensación garantizada o de apoyo.

31 Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de agosto de 2005.

32 Véase Considerando Octavo del Acuerdo 60/2008 del CJF, suscrito el 1 de octubre de 2008.

33 Véase la edición del Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2014, p. 116, n. 1.

34 Artículo 3 del Acuerdo 28/2005, actualmente abrogado; Artículo 74 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, actualmente derogado. En vigencia está el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, emitido el 18 de octubre de 2015.

35 Véase supra , consideración tercera.

36 Además del Acuerdo 35/2010, véanse los Artículos 2, 4, 10, 13 y 14 del Acuerdo General 15/2014; los Artículos 74, 84, 85 y 86 del Acuerdo General del Pleno del CJF 2/2015 del 2 de enero de 2015; los Artículos 2, 4, 10, 13 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 26 de agosto de 2015.

37 Cifras al 31 de marzo de 2016.

38 En el Informe de Cuenta 2011 se establece que a través de esta partida específica se destinan recursos presupuestales al pago de pensiones complementarias. En el Clasificador por objeto del gasto vigente hasta 2010 tuvo el número de partida específica 1505.

39 Incluye el total de erogaciones por este concepto para funcionarios y servidores públicos del CJF.

40 Se incluyen gastos de operación (pago de comisiones bancarias por administración).

41 Elaboración propia a partir de la información publicada periódicamente en el Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública , Anexos XVII. Fideicomisos sin estructura orgánica , que publica la SHCP trimestralmente.

42 En los egresos no se distinguen entre pago de pensiones complementarias, pago de comisiones bancarias por administración ni retenciones del ISR.

43 Comprende desde marzo hasta junio de 2008.

44 La SCJN transfirió en marzo el capital inicial de este fideicomiso por $1,395,504,283.10; en abril de 2008 se hizo una segunda aportación por $713,937,472.06.

45 En los informes publicados en el Diario Oficial de la Federación se incluyen ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras

46 Ídem .

47 Ídem.

48 A partir del mes de diciembre de 2013, la fiduciaria de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal es Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, quien asignó el número 80692 a este fideicomiso.

49 Elaboración propia a partir de los Manuales de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para los años indicados, la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 1 de enero de 2014 y la Ley del Impuesto sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013, actualmente vigente.

50 Por acuerdo del Pleno del CJF del 13 de julio de 2016 se modificó este criterio para igualarlo como aquél empleado desde 2013 para determinar las pensiones complementarias de los mandos superiores de la SCJN. Véase supra , consideración sexta ss.

51 Op. cit. , p. 17. Subrayado mío.

52 Op. cit ., p. 5.

53 Ibídem, p. 8.

54 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a hacer públicos los resultados del convenio celebrado el 12 de septiembre de 2016 con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y a la Sedesol, a dar a conocer las acciones emprendidas por éste con esa entidad, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad1 es considerado el tratado internacional vigente en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Nuestro país se comprometió a atender las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en particular, lo descrito en su artículo 4o. que se señala la necesidad de suscribir medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivos los derechos de este grupo vulnerable de la sociedad mexicana.

Para dar seguimiento al compromiso descrito en el párrafo anterior, se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis),2 bajo el sustento normativo del artículo 38 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).3

Dicha Ley, en su artículo 39 señala que el Conadis promoverá, fomentará y evaluará la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de esta normativa y de aquella que tenga relación con la discapacidad.

Derivado de lo anterior, el Conadis ha sido el principal coadyuvador de la implementación y consecución del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD),4 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, cuyo contenido se centra en el impulso de acciones con las entidades federativas y los municipios a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la LGIPD vía convenios de colaboración.

Es bajo este contexto, que el 12 de septiembre de 2016, el gobierno del estado de México suscribió un Convenio de Colaboración con el Conadis;5 sin embargo, a la fecha no es posible conocer sobre las acciones en favor de las personas con discapacidad como lo son:

a) Los avances y alcances en la realización del Diagnóstico Estatal sobre las Personas con Discapacidad, en la armonización de la legislación estatal con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el establecimiento de protocolos para investigar casos de violencia contra las personas con discapacidad y en la implementación del registro estatal de personas con discapacidad.

b) Las acciones que el gobierno estatal ha emprendido y en su caso, los logros conseguidos en el aseguramiento del cumplimiento de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de México.

Es importante señalar que en la página de internet del Conadis no fue posible conocer que acciones ha emprendido a fin de dar atención a la implementación y cumplimiento de las líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD) en el estado de México.

Por su parte, en el portal de transparencia del gobierno del estado de México6 se conoció que durante el 2016 se ejercerían 323 millones 90 mil 835 pesos en el Programa Atención a Personas con Discapacidad, lo que presentaría invertir de manera anual 608.92 pesos para cada uno de los 530 mil 600 mexiquenses con discapacidad según lo reportado en el quinto informe de labores del gobernador de la entidad; cifra la anterior baja para la atención de las necesidades de este grupo vulnerable de la población.

En ese sentido, se puede concluir que no existen elementos suficientes para poder determinar si los trabajos de coordinación del Conadis con el gobierno del estado de México han arrancado, si han sido efectivos durante los primeros tres meses, ni mucho menos saber si los recursos invertidos por la entidad federativa en el 2016 garantizaron el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Como integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, considero necesario exhortar al gobierno del estado de México a que acredite las acciones que ha implementado para la inclusión de la población con discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD) y al Conadis a describa las acciones que ha establecido en el seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito con el estado de México en beneficio las personas con discapacidad en territorio mexiquense.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a que haga públicos los resultados del Convenio con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad celebrado el 12 de septiembre de 2016, a fin de que de máxima publicidad a las acciones en favor de la inclusión de la población mexiquense con discapacidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social para que en el ámbito de sus competencias dé a conocer las acciones que ha emprendido el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el Gobierno del Estado de México a fin de facilitar el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Notas

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 9 de febrero de 2017.

2 Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), disponible en

https://www.gob.mx/conadis, consultado el 9 de febrero de 2017.

3 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 9 de febrero de 2017.

4 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD), disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2 014, consultado el 9 de febrero de 2017.

5 Convenio de colaboración celebrado por el Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Gobierno del Estado de México, firmado el 12 de septiembre de 2016, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177927/Convenio_de_Coord inaci_n_Estado_de_M_xico.pdf,consultado el 9 de febrero de 2017.

6 Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de México – Transparencia Fiscal, disponible en http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/Igecem_2011, consultado el 9 de febrero de 2017.

7 Quinto Informe de Gobierno – Estado de México, disponible en http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edom ex.gob.mx/files/files/pdf/rendicion-cuentas/informe-gobierno/5to_Inform e_2016.pdf, consultado el 9 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar las acciones conducentes de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos ejecutados, en su caso, por Tekarq, SA de CV; Berso Edificaciones, SA de CV; y Biohábitat Construcciones, SA de CV, con el gobierno de Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

El estado Mexicano ésta sumido en una crisis de falta de credibilidad de las instituciones de gobierno, derivados de los malos manejos de sus gobernantes a través de las malas administraciones que nos han y nos siguen gobernando, la crisis en que se ha sumido al país a causa de la corrupción y la impunidad, hacen que la sociedad salga a las calles a manifestar su descontento, que las redes sociales ten plagadas de denuncias, sin que pase nada u ocurra un cambio real.

No olvidemos que en octubre de 2016, el Foro Económico Mundial señaló que México es la décimo tercera nación más corrupta del mundo y en el primer lugar sí se excluyen a los países menos industrializados, derivado del factor del crimen organizado.

La corrupción es uno de los mayores problemas que debemos enfrentar, para aspirar a ofrecer mejor futuro a las próximas generaciones y eso no podremos lograr hasta que haya una verdadera justicia, que deje atrás la impunidad.

Existen casos, muy visibles como el del Ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente sustraído de la acción de la justicia; El exgobernador de Sonora Guillermo Padres, actualmente detenido y en prisión con un auto de formal prisión por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien se presume habría incluido en sus negocios a su hijo, del mismo nombre; el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien también tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos contra la salud, recibido millones de dólares en sobornos de los cárteles de la droga que actualmente tienen sumido al estado en una ola de violencia que parece no tener fin; El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien está a punto de dejar el cargo en medio de anomalías y acusaciones, ha estado al frente de la administración de la entidad desde 2011, y se le han adjudicado la propiedad de propiedades que asciende a un millón de dólares, algo que contrasta con su sueldo, el cual asciende a la nada despreciable cantidad de 152 mil 576 pesos mensuales, lo que sería un total de un millón 830 mil 912 pesos anuales.

Por si fuera poco, Borge está implicado en la venta ilegal del 50 por ciento de las reservas territoriales de la entidad a amigos familiares y conocidos. Esta venta, además de irregular, fue subvalorada, es decir, que las tierras se vendieron a precios por debajo de su valor.

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, fue uno de los altos mandos, cuando sucedió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cabe destacar que este es uno de los casos más simbólicos de la impunidad que existe en el país.

El ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo, dejó el gobierno por problemas de salud, la dejó en manos de Jesús Reyna quien a su vez la dejó porque se supo de sus nexos con el crimen organizado.

El ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, fue acusado por haber desviado 3 mil 683 millones de pesos, además de ejercicio indebido de funciones, fue vinculado a proceso, pero poco a poco, las acusaciones en su contra han sido desestimadas y parece que eso pasará con la última.

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier fue acusado de desviar recursos públicos, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público y se le dictó Auto de formal Prisión en 2014, un año después, se le exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero permanece en prisión por otros procesos en su contra.

El ex gobernador de Colima Mario Anguiano Moreno, es otro de los que se ha señalado como corrupto, a él se le atribuye un desfalco de 2 mil 500 millones de pesos.1

Y la lista no acaba, ya que estos son solo los gobernadores, pero si pensamos e manera lógica, ellos no actuaron solos, a la fecha no hay datos de las cadenas de complicidad de estos y muchos otros Gobernadores o altos mandos de gobiernos locales y/o federales que de los cuales se conozca su detención o por lo menos estén sujetos a investigación.

A esta lista se suma el hoy Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien durante su paso por el gobierno del estado, lo ha sumido en una ola de sangre y corrupción, derivando en la falta de empleo y oportunidades para su población.

No pasando por desapercibido que de entre las acusaciones que se han vertido en su contra, existe la denuncia pública en el sentido de que:

“...Otorgó al menos 24 contratos de obra pública –que en total suman 130.5 millones de pesos– a las empresas de uno de sus empleados, Jerónimo Bernal Soliveras, quien ocupó el cargo de director general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, hasta en tanto se descubrió el conflicto de interés.

Cabe señalar que los contratos se otorgaron en dos dependencias de la administración morelense –la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Obras Públicas– a dos empresas en que, de acuerdo con la declaración patrimonial de Bernal Soliveras (pública y consultable en Internet) participa como “socio” (junto con su padre, Salvador Bernal Cela): Berso Edificaciones, SA de CV y Tekarq, SA de CV.

E incluso, algunos de los contratos que le fueron otorgados están firmados por el propio Bernal Soliveras, ya como funcionario público y en su carácter de “administrador único” de sus empresas –en otros la firma es de su padre o de una de sus empleadas–, como el número SOP-SSES-DGN-L.P.F.-012/2014, de fecha 31 de octubre de 2014, otorgado a Berso Edificaciones, SA de CV, por la cantidad de 17 millones 200 mil 405 pesos y 45 centavos, y cuyo objetivo fue la “construcción de Centro Comercial Antonio Rivapalacio López, mercado Benito Juárez y mercado Margarita Maza de Juárez”.

Bernal, con el aval de Graco, viola la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos, pues en el artículo 27, fracción X, se establece que “los funcionarios públicos deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

Hasta antes de la administración de Graco Ramírez, el “arquitecto” Jerónimo Bernal Soliveras (de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP no existen datos de que cuente con cédula profesional) se desempeñó como “cadenero” –persona que controla el acceso– en una discoteca denominada Taizz. De acuerdo con las correspondientes actas constitutivas –de las que El Financiero tiene copia–, entre 2012 y 2013 creó sus dos empresas y hoy goza de jugosos contratos del gobierno estatal.

Además, la esposa del funcionario, Elsa Dávila Iragorri, hasta hace poco jefa de Eventos de la Gubernatura, así como la actual jefa de los Servicios de Salud del estado, Georgina Rubio Bravo, y el actual secretario de Salud del estado, Andrik Ruiz de Chávez, fueron todos compañeros de escuela –Colegio Marymountain– de Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente estatal del PRD e hijastro de Graco Ramírez.”...2

Por otro lado también se señalan a altos funcionarios del estado que han sido beneficiados con contratos millonarios de obra pública, cito:

“El actual diputado local por MC Jaime Álvarez Cisneros también recibió contratos para su empresa durante su gestión como secretario de Turismo.

Director general de Biohábitat Construcciones, SA de CV, Álvarez Cisneros fue nombrado, el 1 de octubre de 2012 –el mismo día en que Graco Ramírez tomó posesión de la gubernatura–, como secretario ejecutivo de la gubernatura y el 17 de marzo de 2013, como titular de la Secretaría de Turismo local.

Como director general de Biohábitat Construcciones, SA de CV, Álvarez Cisneros obtuvo, entre 2011 y 2012 –como diputado federal en la LXI Legislatura–, tres contratos de la Comisión Estatal del Agua de Morelos por un monto de 30 millones 599 mil cuatro pesos y 25 centavos (uno por 10 millones 341 mil 323 pesos y 93 centavos; otro por 10 millones 134 mil 564 pesos y 23 centavos, y otro por 10 millones 123 mil 116 pesos y 9 centavos).

Sin embargo, la prueba de que también obtuvo contratos ya como funcionario público es que su empresa aparece en el padrón de contratistas activos en los estados financieros de la Comisión Estatal del Agua correspondientes a 2014 y el cuarto trimestre de 2015.

En ese documento, Biohábitat Construcciones, SA de CV aparece como proveedor con la cuenta 2112-000115. Así se puede apreciar en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net).

Como empresario, el actual legislador también se ha desempeñado como director general de la empresa Operadora de Alimentos Cuernavaca, SA de CV (de 2000 a 2003); como director general de Abastecedora de Medicamentos México, SA de CV (de 2003 a la fecha) y como director general de Biohábitat Construcciones, SA de CV, (de 2008 a la fecha).

En 2015, Álvarez Cisneros –abogado por la Universidad Iberoamericana (generación 1996-2001)– renunció a su cargo público y actualmente es diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano en la LIII Legislatura local, donde preside la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y también es secretario de las comisiones de Agua y Recursos Naturales y Participación Ciudadana , de Reforma Política e integrante de dos comisiones más.

El gobernador miente

La semana pasada, cuando El Financiero hizo pública la relación comercial existente entre el gobierno de Morelos y las empresas de quien hasta entonces se desempeñó como director general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Jerónimo Bernal Soliveras, desde la administración del perredista señalaron que no existían contratos entre Tekarq, SA de CV, Berso Edificaciones, SA de CV y esa administración durante el tiempo en que el exfuncionario estuvo en activo como funcionario.

Sin embargo, de acuerdo con este mismo documento sobre los estados financieros de la Comisión Estatal del Agua de Morelos de 2014 y 2015, estas dos empresas también aparecen como contratistas activas; es decir, cuando Bernal Soliveras se desempeñaba en el cargo público.

Así, de acuerdo con ese documento, a Berso Edificaciones, SA de CV, se le asignó la cuenta número 2113-000027, mientras que a Tekarq Edificaciones, SA de CV, la cuenta número 1124-0-0001-001-15.

Más aún: de acuerdo con ese estado financiero, la Comisión Estatal del Agua tenía, al 31 de diciembre de 2015, un pasivo de menos de 90 días con la empresa Tekarq Edificaciones, SA de CV, por siete millones 650 mil 262 pesos y 10 centavos, lo que confirma que las empresas de Bernal Soliveras sí recibieron contratos mientras éste desempeñaba un cargo público en la administración de Graco Ramírez.

Estado financiero de la Comisión del Agua de Morelos correspondiente al periodo en el que Jaime Álvarez Cisneros era titular de Turismo en la entidad y su empresa, Biohábitat Construcciones, aparece como proveedora.”...3

En ese orden de ideas, y ante el panorama obscuro que vive el estado de Morelos, y muchos otros estados de la República Mexicana, consecuencia de la corrupción y la impunidad, y ante la falta de transparencia por parte del Gobierno del estado de Morelos en el presente asunto, es de exhortarse a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones conducentes de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos ejecutados ,en su caso, por las empresas Tekarq, SA de C.V., Berso Edificaciones, S.A de C.V., Biohábitat Construcciones, S.A de C.V., con el Gobierno del Estado de Morelos y los supuestos conflictos de interés derivados de las relaciones de sus socios y directivos con el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y en su caso hagan públicas las investigaciones al respecto.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la auditoria superior de la federación para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones conducentes de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos ejecutados, en su caso, por las empresas Tekarq, SA de CV, Berso Edificaciones, SA de CV, Biohábitat Construcciones, SA de CV, con el gobierno del estado de Morelos y los supuestos conflictos de interés derivados de las relaciones de sus socios y directivos con el gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y en su caso hagan públicas las investigaciones al respecto

Notas

1 http://regeneracion.mx/top-ten-de-los-gobernadores-mas-corruptos/

2 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-otorgo-24-contratos-por-1 30-mdp-a-uno-de-sus-colaboradores.html

3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-favorecio-con-contratos-d e-obra-publica-a-su-jefe-de-turismo.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer pública la razón de las diferencias entre el Presupuesto de Egresos aprobado por esta soberanía y lo reportado en la Cuenta Pública, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga pública la razón de las diferencias entre el Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara y los registros reportados en la Cuenta Pública, y explique los criterios sociales tomados para esas modificaciones presupuestarias, así como los análisis de afectación de beneficios poblacionales esperados para los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio de 2017, se aprobó bajo criterios de austeridad y máxima prioridad en el gasto, apegados al Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Con el propósito de cuidar el cumplimiento de esos criterios y mantener sanas las finanzas públicas de la federación para este 2017, resulta importante aclarar las diferencias entre el gasto real y el gasto aprobado en esta Cámara de Diputados los últimos tres años, cuando menos1 .

Todo indica que el gobierno federal tiende a gastar más y a gastar muy diferente a lo que se aprueba en esta Cámara. Resulta muy importante observar esa tendencia para revertirla hoy, de no hacerlo la credibilidad y la confianza ciudadana en el proceso presupuestario continuará mermándose, especialmente por el énfasis de austeridad dado por el gobierno federal en un año tan complicado como el que vivimos hoy.

Cuando se revisan los resultados generales, lo primero que salta a la vista es que el gasto real en Cuenta Pública los tres años es mayor al aprobado en el Presupuesto de Egresos; es decir, el gobierno federal gastó más de lo aprobado. En el año 2014 el gasto adicional es superior a los 100 mil millones de pesos y en los ejercicios 2013 y 2015 ese gasto rebasó los 220 mil millones.

Las diferencias globales, sino se aclaran en su totalidad y se desglosan a detalle, ponen en entre dicho la ejecución del gasto, porque se asume una suplencia en la toma de decisión y facultad de esta Cámara para aprobar el Presupuesto de Egresos.

En 2015, los ramos administrativos y generales del Presupuesto de Egresos de la Federación observaron un gasto adicional superior a los 117 mil millones de pesos y a los 136 mil millones, respectivamente. Es decir, el gobierno federal, por conducto de las secretarías de estado, gastó más y gastó muy diferente a lo aprobado. Se aprecian ampliaciones de recursos superiores a los 286 mil millones de pesos y reducciones superiores a los 168 mil millones.

Las diferencias en un segundo nivel directamente en los ramos del presupuesto ponen en entre dicho las prioridades acordadas, en ocasiones en debates acalorados. Tan importante es que se abre paso a dudar del impacto social real del presupuesto de egresos al gastar muy diferente a lo aprobado.

Autorizar un presupuesto anual en la Cámara de Diputados, es cuestión de dineros, pero también es acordar el rumbo y alcances de los beneficios sociales para los mexicanos.

Si no se explican de manera transparente y se justifican con un sentido social las fuertes diferencias a nivel programa, en vez de optar por argumentos burocráticos y simplista, se pone en duda el uso clientelar e indebido del gasto público, especialmente en la operación política en las entidades donde hay elecciones y donde están despachando los funcionarios públicos que mediáticamente perfilan una candidatura.

Cuidemos que no se hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿Para qué se aprueba un Presupuesto de Egresos cada año? Si el ejercicio real se observa más por la gran cantidad de reorientaciones del gasto que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cierto resulta que esa facultad está considerada en la ley, pero es una medida de prevención para mantener sanas las finanzas públicas, no la prioridad nacional y el sentido social con los que se autoriza en esta Cámara. La cantidad de reorientaciones al presupuesto deja mucho qué pensar en las intenciones reales del gobierno federal; no hagamos que la “racionalidad política” se disfrace de “racionalidad administrativa”.

Considerandos

Que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Señala también que la revisión de la Cuenta Pública se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tiene la función de fiscalización que será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo, señala que la Auditoría Superior de la Federación tiene su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; así como fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Al tiempo que tiene a su cargo el poder solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.

El mismo artículo 79 constitucional señala que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Cámara de Diputados, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara.

El artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que la Cuenta Pública del gobierno federal, será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

I. Información contable, presupuestaria y programática conforme a lo señalado en el artículo 46 de esta ley general, así como el análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual, como son ingresos presupuestarios, gastos presupuestarios, postura fiscal y deuda pública.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga pública la razón de las diferencias entre el Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara y los registros reportados en la Cuenta Pública, y explique los criterios sociales tomados para esas modificaciones presupuestarias, así como los análisis de afectación de beneficios poblacionales esperados para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Nota

1 Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 2014 y 2015, Presidencia de la República, publicado en Diario Oficial de la Federación noviembre 2013, 2014 y 2015.

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 2014 y 2015, Auditoría Superior de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir los acuerdos derivados en apoyos millonarios del programa Juntos Podemos/Together We Can e informar públicamente sobre su destino y uso, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Virgilio Dante Caballero Pedraza en nuestra calidad de diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con el portal “Juntos Podemos/Together We Can”,1 éste es un programa en el que participan cinco organizaciones (Parents Alliance, Latinos Together, Siempre México, Integra Institute y Unidos en Salud) y está “encabezado por la Asociación de Empresarios Mexicanos por medio de la AEM-Foundation”. El programa está enfocado en apoyar el desarrollo y bienestar de los mexicanos en Estados Unidos. Desde finales de 2013, lo preside de manera honorífica la licenciada Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de dos gabinetes de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) y ex candidata a la presidencia por ese partido en 2012.

Según información de dicho portal, el programa es un “resultado de más de 15 años de trabajo con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos”. Cuando Vázquez Mota encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social, se creó el programa “3 x 1 para migrantes”, lo que le permitió tener contacto directo con la comunidad mexicana en Estados Unidos, para “identificar sus necesidades y atender sus demandas”.

Segunda. En la página web de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) se publicó una investigación en la que se denunció que, a pesar de que “Juntos Podemos” no puede recibir donaciones directas para financiar sus acciones, otras dos organizaciones encargadas de financiarla (AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. -que dependen de la AEM), han recibido recursos públicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que han sido dirigidos al programa en cuestión, a través de operaciones triangulares.2

Tercera. Ante el señalamiento sobre si las actividades del programa eran financiadas por el gobierno de quien fuera su contrincante en la elección presidencial, Vázquez Mota respondió:

“lo primero que quiero decir es que nunca he recibido un solo peso de recursos públicos, porque jurídicamente Juntos Podemos no tiene ninguna posibilidad de tener dinero alguno [...] ésta no es una fundación ni una organización de la sociedad civil. Lo que hace es tratar de unir, de tocar puertas en Estados Unidos y México”.3

Cuarta. De acuerdo con MCCI, “Juntos Podemos” ha recibido de la actual administración más de 900 millones de pesos, a pesar de no estar registrada como donataria, y los ha recibido desde mayo del año pasado a través de la AEM. Los recursos correspondientes a 2015 fueron verificados con Jorge Santibáñez –director ejecutivo del programa en cuestión–, y los de 2016 fueron corroborados con una ficha informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Lo anterior muestra que las declaraciones de Vázquez Mota no se apegan a la verdad.

Lo que agrava lo anterior es que existe una diferencia de 9 millones de dólares entre lo recibido y lo distribuido en 2015. Aunque MCCI señala que se le preguntó a Santibáñez, quien fuera colaborador de Vázquez Mota cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en reiteradas ocasiones sobre la diferencia de los 9 millones de dólares, simplemente respondió que “no conocía los detalles”.4

Esa diferencia deriva de información con que cuenta MCCI, de acuerdo con la cual la cantidad recibida el primer año de operación del programa involucró 26,1 millones de dólares de fondos gubernamentales, y un desglose por ciudad de los 17 millones de dólares repartidos en 2015, una diferencia de 9 millones de dólares.

Por otra parte, la ficha obtenida de la SRE especifica que la presente administración “ha firmado diversos instrumentos de cooperación con AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc”. Y si bien no dio a conocer los montos que se destinaron a esas dos organizaciones en 2015, sí lo hizo con los correspondientes a 2016.

En la ficha informativa de la SRE se detalla así el financiamiento a “Juntos Podemos”:

“En el presente ejercicio fiscal 2016, como parte de la estrategia de apoyo a nuestros connacionales en Estados Unidos y a fin de multiplicar los recursos públicos y atendiendo las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Programa Sectorial, se han firmado los siguientes memorandos de entendimiento sobre cooperación, con un total de $486, 666,169.35 mdp.

• Consulado de México en Chicago con AEM-USA Foundation, por $137, 884,817.92 mdp

• Consulado de México en Laredo con Parents Alliance Inc., por $143, 845, 972.07 mdp

• Consulado de México en Nueva York con AEM-USA Foundation, por $204, 935, 379.36 mdp

Los recursos se destinan a las asociaciones que habiendo presentado sus propuestas de proyectos, antecedentes, etc. ante nuestros Consulados acreditan ser las organizaciones que conocen y trabajan con nuestras comunidades”.5

Cabe señalar que ni en la página de internet de la SRE ni en la de “Juntos Podemos” se encuentran disponibles los documentos respectivos a esos acuerdos. Tampoco es público el listado de los nombres de las instituciones que reciben los apoyos del programa, como tampoco los montos de cada uno de esos apoyos, o los informes de resultados.

Quinta. Existen versiones sobre una alianza no oficial entre Vázquez Mota y Peña Nieto, la cual supuestamente se formalizó en una reunión en Los Pinos el 19 de febrero de 2015. En esa reunión se habrían pactado apoyos por un total de 26 millones 113 mil 800 dólares para ese año. También se señala que al encuentro acudió en representación de la SRE, Ernesto de Lucas Hopkins, entonces director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).6

Sexta. En la supuesta gestión realizada por parte del gobierno federal en beneficio de Vázquez Mota, podrían estar involucrados Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público y actual canciller; Gerónimo Gutiérrez, virtual embajador de México ante Estados Unidos; y Eduardo Bravo Calderón, entonces presidente de la Fundación AEM.7

Aunado a Bravo Calderón, podrían estar implicados Emilio España, tesorero de la AEM, y Alejandro Quiroz, de Parents Alliance, quienes son propietarios de la marca “Juntos Podemos. “Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, con maquillista incluida, todo con cargo al erario federal que puso Peña a su disposición”.8

Séptima. Ante las acusaciones señaladas, la AEM-USA creó el 21 de noviembre de 2016, el Comité Especial de Gobernanza. Como parte de la reunión de dicho Comité del 25 de enero pasado, en donde se analizaron sus resultados, se estableció que el único vínculo económico entre AEM-USA y la AEM fue un préstamo por 70 mil dólares recibidos en 2016, recursos administrados por Emilio España, sin conocimiento del Consejo Directivo de la AEM-USA.9

No obstante, el Comité “...determinó que existieron situaciones específicas en donde existió un conflicto de interés, pero en ningún caso se generó un beneficio económico personal por parte de los señores Eduardo Bravo, Emilio España y Alejandro Quiroz en su actuar como miembros del Consejo Directivo de la AEM”.10 Cabe señalar, que a pesar de lo señalado por la AEM-USA, ninguno de los tres presuntos implicados labora más para la asociación.

Octava. Es importante conocer si parte de esos recursos se están destinando a la posible candidatura de Vázquez Mota al estado de México, porque se trata de dinero público y de una enredada forma de participación de organismos privados en políticas públicas con respecto a un tema tan importante para el país como son los migrantes.

Cabe recordar lo que argumentó el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, durante una reunión con las juventudes de su partido: “no habrá simulación ni se va a defender a nadie que haya cometido un acto de corrupción”11 .

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga públicos los acuerdos que derivaron en apoyos millonarios al programa Juntos Podemos/Together We Can e informe públicamente sobre el destino y uso de esos recursos.

Segundo. Asimismo, se le hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el marco de sus atribuciones, clarifique los gastos de origen oficial otorgados al mismo, así como su destino, y en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar.

Notas

1 Juntos Podemos/ Together we can . “Misión”. Disponible para consulta en: http://juntospodemos.mx/acerca/

2 Contra la corrupción. ”Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

3 “Gobernar bien, nuestra mejor carta para 2018” (La Jornada, 23 de septiembre de 2016). Disponible para consulta en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/23/politica/014e1pol

4 Contra la corrupción. ”Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

5 Contra la corrupción. ”Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

6 “EPN y Josefina, juntos en Juntos Podemos” (El Financiero, 4 de octubre de 2016). Disponible para su consulta en:
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/epn-y-josefina-juntos-en-juntos-podemos.html

7 Delgado, A. “Coyotaje de Josefina, pura corrupción” (Proceso, 30 de enero de 2017). Disponible para consulta en:
http://www.proceso.com.mx/472452/coyotaje-josefina-pura-corrupcion

8 Ibíd .

9 Delgado, A. “Asociación de empresarios se desmarca de operadores de Vázquez Mota” (Proceso, 2 de febrero de 2017). Disponible para consulta en: http://www.proceso.com.mx/472968/asociacion-empresarios-se-desmarca-ope radores-vazquez-mota

10 Ibíd .

11 “No refrendaremos a corruptos: Ricardo Anaya” (Excélsior, 3 de octubre de 2016). Disponible para consulta en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/03/1120299

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2017.

Diputados: Araceli Damián González y Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a hacer públicos los resultados de la procuración de justicia en 2016 y enero de 2017, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.1

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 3°señala que “la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley”.2

En el caso de Nayarit, en su Constitución Política, en el artículo 7°, señala que “El estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:

I. ...

...

...

XI. La seguridad pública como función del Estado y de los Municipios en sus respectivas competencias señaladas por esta Constitución. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. El Estado y los Municipios en los términos que la ley de la materia señale, establecerán un sistema de seguridad pública y se coordinarán con la Federación con ese fin”.3

Bajo ese contexto, la Fiscalía General del Estado de Nayarit es “la instancia interinstitucional responsable de la coordinación de los organismos encargados de la seguridad pública, de los tres poderes de gobierno y de la sociedad, mediante políticas, lineamientos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional”.4

Según se puede leer en el portal electrónico de dicha fiscalía que tiene como fin “el conservar la paz y el orden públicos que permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la protección de la integridad física y patrimonial de las personas, así como el fortalecimiento del estado de derecho dentro del territorio”;4 en otras palabras, es la responsable de “Preservar el estado de derecho, la paz y el orden público”4 en el estado de Nayarit.

En el Plan de Estatal de Desarrollo Nayarit 2011- 2017 se estableció, entre otros, el Objetivo Estratégico “Gobernabilidad”5 que incluyó la consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia con apego al derecho, a la ética y al compromiso social, cuidando su aplicación en términos de equidad y respeto a los derechos humanos.

En el Quinto Informe de Gobierno de Nayarit, en el apartado Gobernabilidad, en el combate a la delincuencia se puede leer lo siguiente:

a) “Policía Nayairt, la mejor calificada por los ciudadanos del país

b) Nayarit se mantiene entre las entidades más seguras del país

c) Nayarit, entidad donde la ciudadanía se siente más segura de país”.6

Es importante que esos resultados el Gobierno del Estado de Nayarit los soporta con información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI 2016, según se puede apreciar en la página 102 de dicho informe de gobierno en comento.6

Esa información, a la lectura de manera literal, ofrece al lector una percepción de que Nayarit es un estado seguro, no obstante al buscar cotejar esos dichos con la información pública en el Portal de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, numeral 22, Procuración de Justicia7 se identificó una limitante que es la rendición de cuentas; esto es, dicho de otra forma, no fue posible conocer la incidencia delictiva en el Estado de Nayarit por el período de enero a diciembre de 2016 ya que la información pública sólo comprende el período del mes de enero al mes de agosto del 2016, identificando como fecha de actualización la del 10 de octubre de ese año.

Importante es resaltar que no existen registros públicos para consulta de la incidencia delictiva del mes de enero de 2017.

De esa consulta, deseamos enfatizar que la información sobre mandamientos judiciales, órdenes de aprehensión recibidas, ejecutadas, canceladas, negadas y prescritas sólo se encuentra actualizada al mes de enero de 2016.

Lo anterior, impidió hacer un cruce de información con las cifras públicas del portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública - Datos Abiertos de Incidencia Delictiva8 por ese año 2016 y por el mes de enero de 2017, lo que sin duda impide al ciudadano conocer la evolución de la garantía de seguridad y de justicia en el estado, y para los expertos en temas de seguridad pública les impide alimentar de datos un posible estudio de la jurimetría que podrían practicar, entendido como este último concepto como “la medición de los diferentes aspectos del funcionamiento de los sistemas de administración de justicia”.9

Si bien es cierto, que a pesar que se contara con la información actualizada a la que hemos hecho referencia en párrafos anteriores, también sería muy complicado determinar la operación o inoperancia de la Fiscalía General del estado de Nayarit porque nos haría falta conocer los resultados de algunas mediciones periódicas de acciones sustantivas en la impartición de justicia.

No obstante, lo que sí es claro es que sin información nada puede ser medible ni mucho menos ser perfectible y lo que observamos aquí es una falta de profesionalismo en la gestión de rendición de cuentas que limita sin duda la valoración del cumplimiento de objetivos institucionales ligados a la impartición de justicia sin que a simple lectura nos permitiera conocer si la misma se apegó a derecho, a la ética y al compromiso social respetando en todo momento los derechos humanos.

Por lo anterior, y a modo de conclusión, consideramos necesario exhortar al Gobierno del Estado de Nayarit a que transparente y rinda cuentas sobre la impartición de justicia en el estado buscando en todo momento que se ejecute bajo estricto apego a la legalidad.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a que haga públicos los resultados de la procuración de justicia en el año 2016 y por el mes de enero de 2017, a fin de que cumpla con la premisa de máxima publicidad de la información pública y le permita al cualquier interesado conocer la evolución de la garantía de seguridad y de justicia en ese estado.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 15 de febrero de 2017.

2 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 3o., disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 15 de febrero de 2017.

3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 7°, fracción IX, disponible en http://www.congresonayarit.mx/qu%C3%A9-hacemos/compilaci%C3%B3n-legisla tiva/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado-libre-y-soberano-de-nay arit/, consultada el 15 de febrero de 2017.

4 Acerca de “Fiscalía General del Estado de Nayarit”, disponible en http://www.nayarit.gob.mx/gobierno/dependencia.asp?id=8#, consultado el 15 de febrero de 2017.

5 Plan de Estatal de Desarrollo Nayarit 2011- 2017, Objetivo Estratégico “Gobernabilidad, disponible en
https://es.scribd.com/doc/99121911/Plan-Estatal-de-Desarrollo-Nayarit-2011-2017, consultado el 15 de febrero de 2017.

6 Quinto Informe de Gobierno del Gobierno de Nayarit, apartado Gobernabilidad -Combate a la Delincuencia, disponible en http://www.seplan.gob.mx/des/INF_GOB/5to%20INFORME/Gobernabilidad.pdf, consultado el 15 de febrero de 2017.

7 Portal de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, numeral 22, Procuración de Justicia, disponible en http://www.transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=283, consultado el 15 de febrero de 2017.

8 Portal Electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública - Datos Abiertos de Incidencia Delictiva, disponible en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-datos-abiertos.php, consultado el 15 de febrero de 2017.

9 Deficiencias Principales en los Sistemas de Justicia: Propuesta de Medidas Correctoras, Buscaglia – Definición de Jurímetría, disponible en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2199/7.pdf, consultado el 15 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer las investigaciones sobre asesinatos de los ecologistas Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros, ocurridos en la sierra Tarahumara en enero de 2017, suscrita por los diputados María Chávez García, Cuitláhuac García Jiménez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, María Chávez García, Cuitláhuac García Jiménez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputados federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que atraiga las investigaciones sobre asesinatos de los ecologistas Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros ocurridos en la sierra Tarahumara en el mes de enero de 2017, bajo las siguientes

Considerandos

Primero. El domingo 15 de enero del año en curso, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, perteneciente al estado de Chihuahua, fue asesinado de manera artera Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri que se destacó por ser un luchador social y defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara.

Tras la muerte de su padre, Julio Baldenegro, quien también fuera asesinado en 1986 por los traficantes de madera, Isidro tomo el liderazgo en el movimiento por la defensa del territorio que por siglos su comunidad ha habitado y pasó gran parte de sus 51 años de vida protegiendo el bosque contra los caciques y mafiosos que de forma ilegal los explotan.

En 1993, Baldenegro funda la organización no gubernamental Fuerza Ambiental A.C. (FA), dedicada al combate de la tala ilegal de pinos y robles que se encuentra en territorio de los rarámuris, dentro de la Sierra Madre Occidental.

En el 2002 Fuerza Ambiental consiguió de forma pacífica, por medio de marchas y plantones, la suspensión definitiva de la tala del bosque de su ejido, Coloradas de la Virgen, lo que dese entonces le ocasionó a Isidro Baldenegro amenazas y ataques.

Pero, la defensa legitima de los bosques en la sierra tarahumara y de los derechos humanos de la comunidad rarámuri que los habitan no tan solo le ocasionó agresiones por parte de los talamontes, sino también, por parte del estado corrupto que en varias ocasiones utiliza a las instituciones que deberían de velar por la justicia como arma contra los luchadores sociales.

En el 2003 Baldenegro fue detenido por la Policía Judicial de Chihuahua, estando en su propiedad y sin que mediara orden de aprensión. Siendo encarcelado injustamente, con pruebas fabricadas se le acusó por los supuestos ilícitos de narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

En su momento la injusta privación de su libertad ocasionó el repudio internacional y severas crítica contra México por su corrupto sistema policiaco, siendo liberado 15 meses después, cuando un tribunal resolvió que las pruebas aportadas por la policía se contradecían.

En el año 2005, la Fundación Goldman reconoció la lucha de Isidro Baldenegro en defensa del territorio indígena y el bosque amenazado por los taladores, otorgándole a Baldenegro el premio ambiental Goldman, considerado a nivel internacional como el Nobel en protección ambiental, sumándose a un exclusivo grupo de mexicanos que han logrado esa distinción, Edwin Bustillos, Rodolfo Montiel Flores y Jesús León Santos.

En octubre de 2010, por medio de un punto de acuerdo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extendió un reconocimiento por su invaluable labor a favor del medio ambiente y del desarrollo comunitario de nuestro país a los mexicanos galardonados con el premio Goldman, entre los que se encontraba Isidro Baldenegro.

La lucha de Baldenegro continuó, pero, pese a los reconocimientos que merecidamente obtuvo y que lo convirtieron a nivel internacional en una figura respetada, en un héroe ambiental, las amenazas y persecuciones contra él no cesaron. Obligado por las amenazas de muerte que por parte de las mafias de taladores clandestinos pesaban en su contra y de su familia, continuamente se desplazarse hacia otras poblaciones de la sierra Tarahumara, hasta que el domingo ya señalado, pocos días después de su regresó a Coloradas de la Virgen, fue asesinado.

La Organización de las Naciones Unidas ya condenó este artero crimen, en un comunicado expresó la indignación causada por la trágica muerte de este destacado activista ambientalista. En palabras de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, “La muerte de Isidro deja un doloroso vacío no solo en su comunidad, sino en el movimiento global de los derechos humanos.”

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se ha sumado a la condena por el asesinato del reconocido luchador social y pidió castigar a los responsables. Al igual que Amnistía Internacional, organización que ha pedido al gobierno mexicano la investigación inmediata de los hechos, a decir de su directora para América, Erika Guevara Rosas, el asesinato de Isidro Baldenegro “es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas.”

Si bien la Fiscalía General del estado de Chihuahua ha declarado que ya tiene identificado al autor material del asesinato y que para su cobarde acto utilizó un arma de uso exclusivo del ejército. Pese a lo anterior, este despreciable individuo hasta el momento se encuentra prófugo, lo que una vez más a nivel internacional pone en entredicho al sistema de justicia mexicano.

La detención arbitraria de Isidro Baldenegro y su posterior acusación y encarcelamiento en el 2003, mediante la “siembra” de pruebas por la misma policía que hoy supuestamente busca a su asesino, abre severas dudas sobre la imparcialidad y eficacia de la investigación por parte de las autoridades del estado de Chihuahua.

Segundo. El 31 de enero del año en curso el activista ambiental e integrante de la comunidad rarámuri, Juan Ontiveros Ramos, fue asesinado. Según la versión oficial que han manejado diversos medios, en dicha fecha fue “levantado” por dos hombres armados y posteriormente privado de la vida, encontrándose su cuerpo el día 1 de febrero.

Según otra versión difundida por Amnistía Internacional, el pasado 31 de enero hombres armados irrumpieron en el domicilio de Juan Ontiveros, lo golpearon brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. Siendo encontrado el cuerpo del activista en otro lugar del mismo municipio al día siguiente.

Juan Ontiveros se desempeñaba como comisario de policía de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. Tras el asesinato del reconocido defensor del bosque tarahumara, Isidro Baldenegro, acontecido apenas el 15 de enero, Ontiveros encabezó la comitiva de su pueblo para denunciar ante autoridades de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la situación de violencia que prevalece en su localidad.

En varias ocasiones, Juan Ontiveros había proporcionado información al gobierno mexicano sobre los problemas a los que se enfrentan los rarámuris por las actividades ilícitas que las bandas organizadas llevan a cabo en la zona que estos habitan, con este fin, el 20 de enero había participado en una reunión de alto nivel con autoridades estatales y federales.

En el 2015 Juan Ontiveros ofreció su testimonio sobre la problemática en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara en un texto que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión de implementación de medidas cautelares.

Es de preocupar que las agresiones en contra de las comunidades de rurales del municipio de Guadalupe y Calvo sea un problema que ha perdurado durante años y que se ha vuelto más grave en los últimos meses. El que dos promotores de los derechos humanos hayan sido asesinados en la sierra Tarahumara en tan sólo este breva lapso de tiempo es indignante y debe de mover a la acción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero además, varios defensores de estos derechos y de los bosques que trabajan en dicho estado se encuentran en riesgo, desde hace tiempo la violencia contra los activistas es frecuente, líderes de las comunidades y sus familias, así como personal de las ONG han tenido que huir ante las amenazas, ataques de personas armadas y las constantes agresiones del crimen organizado. Por ejemplo, en el año 2013 fueron privados de la vida los defensores de los bosques, Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, cuyas muertes aún siguen sin esclarecerse.

En fechas recientes, el 24 de enero del año en curso, el Relator Especial de la ONU para la situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost, hizo hincapié sobre los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades que sufren los rarámuris y los que buscan se respeten los derechos de sus comunidades.

De hecho, desde el 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a México que adoptara las medidas necesarias para resguardar la vida de los habitantes de la sierra Tarahumara y del personal de las ONG, para que puedan realizar su labor de defensa a favor de los derechos humanos sin ser objeto de violencia, así mismo, pidió que se investigaran los asesinatos de Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, para evitar la repetición de hechos similares.

Con respecto al deceso de Juan Ontiveros, tanto la ONU por medio de su área especializada en los Derechos Humanos (ONU-DH), como Amnistía Internación y la Federación Internacional de Derechos Humanos, ya condenaron el deplorable hecho que privó de la vida a Ontiveros. A decir de ONU-DH, la mejor manera de evitar que este tipo de crímenes contra las y los defensores sigan sucediendo es no permitir que permanezcan en la impunidad y asegurar que las víctimas obtengan justicia y reparación.

En el caso particular de Juan Ontiveros, la Fiscalía General de Chihuahua asegura que el crimen obedece a motivos personales, pero, el que este hecho se haya dado pocos días después del asesinato de Isidro Baldenegro, el que se tengan promotores de los derecho humanos que han sido amenazaron de muerte, el que al día de hoy aún se tengan desplazada de manera forzada por defender los derechos humanos y que los homicidios contra los defensores del medio ambiente sean comunes en esta región da motivos para poder plantear otras líneas de investigación.

Tercero. A pesar del alto impacto social de estos crímenes, la impunidad y la falta de acceso a la justicia imperan en estos delitos. Por ello, resulta imprescindible que se realice una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien o quienes lo cometieron.

Por ello la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de las indagatorias, para recobrar la confianza pública, garantizar el conocimiento pleno de la Verdad y que se haga Justicia, y por ser la única instancia adecuada para garantizar que la indagatoria este orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos sobre el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien o quienes participaron en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

“Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.”

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V....

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...”

En Morena estamos convencidos de que el Congreso de la Unión debe unirse a estas voces de repudio ante este cobarde crimen y enviar nuestras condolencias a los deudos de Isidro Baldenegro, pero también, exigir el esclarecimiento del caso, el que se castigue al autor material y al o a los autores intelectuales, y exhortar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso.

Además, dado que Chihuahua es el Estado que cuenta con el mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México, y ante el recrudecimiento de la violencia hacía ellos, se hace necesaria la intervención del gobierno federal a través de la Gendarmería Ambiental.

El 14 abril de 2016 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) acordaron, mediante un convenio de colaboración, la creación de una División la Gendarmería Ambiental cuya función será prevenir y combatir la incidencia delictiva en materia ambiental y proteger las áreas naturales del país, la cual entro en funcionamiento en diciembre de 2016.

La reforma al Reglamento de la Ley de la Policía Federal1 del 22 de octubre de 2014 señala que se establece la Policía Federal estará integrada, entre otras por, la Gendarmería:

“Artículo 5. ...

I. ...

II. ...

a) a d) ...

e) Antidrogas;

f) Fuerzas Federales, y

g) Gendarmería ;

Artículo 17 Bis.- Corresponde a la División de Gendarmería:

I. Generar condiciones de seguridad pública, mediante el despliegue operativo que realice en cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 8, fracciones I, II, III o XXX de la Ley, en las situaciones siguientes:

a) Ante la presencia de la delincuencia organizada o al alto índice delictivo, que amenacen la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos;

b) Ante la amenaza contra las fuentes de ingresos de las personas, relacionadas con los ciclos productivos, o

c) Ante eventos en los que, por su trascendencia el Comisionado General determine que se requiera de la presencia de esta División para prevenir la comisión de delitos.

Para determinar la existencia de las situaciones a que se refiere esta fracción, se tomará como base, entre otros elementos, el análisis de la información a que hace referencia el artículo 106 Bis, fracción I del presente Reglamento;

II. Implementar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, estrategias integrales para fortalecer la seguridad pública de las personas ante las situaciones a que se refiere la fracción I de este artículo, basadas en el análisis del comportamiento de la criminalidad, considerando las características sociodemográficas, económicas y culturales de las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas y rutas en los que se encuentren desplegados sus Integrantes;

III. Proponer programas de vinculación social y de participación ciudadana que permitan llevar a cabo actividades de apoyo a las comunidades en que se encuentren desplegados sus Integrantes;

IV. Proponer y, en su caso, ejecutar acciones tácticas operativas de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas y rutas en las que se encuentren desplegados sus Integrantes;

V. Supervisar que se realicen las gestiones necesarias ante la Secretaría General para disponer de la infraestructura y el equipamiento que permitan el despliegue operativo itinerante de sus Integrantes y el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Proponer y, en su caso, implementar acciones para brindar seguridad al tránsito de las personas, bienes y servicios en las instalaciones, eventos, comunidades, rutas, regiones o zonas en las que estén desplegados sus Integrantes, en coordinación con las instancias competentes;

VII. Participar, en coordinación con la División de Inteligencia, en la elaboración de métodos de inteligencia que permitan generar estrategias para la prevención e investigación de los delitos;

VIII. Proponer al Comisionado General los protocolos de operación que permitan el desarrollo de sus atribuciones en comunidades indígenas, poblaciones de alta marginación social, personas en situación vulnerable, turistas, migrantes y extranjeros, con respeto a sus derechos humanos, y

IX. Participar en auxilio a la población en acciones de protección civil en coordinación con las autoridades competentes.

La División de Gendarmería y las unidades administrativas adscritas a ésta, no se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 14 de este Reglamento.”

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, condena los asesinatos de los activistas ambientales, Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos.

Segundo. Asimismo, envía sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos de Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos y a la comunidad rarámuri por su irreparable pérdida.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de sus facultades atraiga las investigaciones sobre el caso del asesinato del activista por los derechos humanos Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, para que en el ámbito de sus atribuciones despliegue a los elementos necesarios de la Gendarmería Ambiental en las zonas rurales de la sierra Tarahumara, en especial del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a fin de que garanticen la salvaguarda de la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz pública.

Nota

1 DOF 22 agosto de 2014. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de febrero de 2017.

Diputados: María Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Jalisco a considerar el replanteamiento de las acciones, estrategias y directrices de la política de infraestructura en materia de salud para evitar que el pago de gastos en salud sea cubierto mayoritariamente por la población ante la insuficiencia de instalaciones médicas en el estado, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Todas las personas deberían tener acceso a los servicios de salud que necesiten sin que el pago por ellos las hunda en la pobreza”.

Organización Mundial de la Salud

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1 según lo expresa la Organización Mundial de Salud (OMS).

La OMS define a la “Cobertura Sanitaria Universal como el acceso a intervenciones clave en salud, de suficiente calidad para ser efectivas, para promover, prevenir, curar y rehabilitar a todos los miembros de una sociedad a un costo accesible”.2 Su objetivo es el de asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos.

Enfatiza que para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos:

• Un sistema de salud sólido;

• Un sistema de financiación de los servicios de salud;

• Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;

• Personal sanitario bien capacitado.

En México se ha reconocido que el acceso de toda la población a los servicios de salud es un derecho fundamental que impacta directamente en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – relativo a las garantías individuales – señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.3

En la Ley General de Salud (Ley), el artículo 134 establece que los gobiernos de las entidades federativas tienen como responsabilidad organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general, asimismo elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes y vigilar el cumplimiento de la Ley.

Lo que es una realidad es que la ausencia de infraestructura, equipamiento, personal suficiente y capacitado provoca que en México, pese a la regulación normativa, cuando una familia enfrenta una crisis médica y la cobertura de salud en sus estados, municipios o comunidades no es óptima, sus miembros generalmente están dispuestos a gastar todo lo que tienen y más para resolver el problema.

Los ciudadanos que tienen mucho dinero gastan lo que sea necesario para encontrar un remedio; los que tienen poco agotan sus ahorros, se endeudan y hasta venden algunos de los pocos activos que tienen para resolver la crisis.

En Jalisco, es de dominio público que la falta de servicios médicos es provocada por la relación entre infraestructura física y población afiliada, donde mucha de la población tanto en la zona metropolitana como al interior del estado carecen de servicios médicos.

Lo anterior, se agrava por la heterogeneidad en la capacidad gerencial de los servicios de salud a nivel estatal, el nivel de riqueza y desarrollo históricos del estado y sus municipios y el perfil de riesgo de la población de los 8 millones 022 mil 181 habitantes al 2016 en Jalisco según cifras publicadas en la revista digital del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).5

La situación de la que hablo, la cita perfectamente la Presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso Local de Jalisco, la Diputada local Consuelo Robles Sierra que “dijo que es inaceptable y motiva a un análisis y cuestionamiento el hecho que el estado ocupe el primer lugar nacional de muerte materna” y continúo diciendo que la Secretaría de Salud de Jalisco “no puede argumentar que por falta de presupuesto no se han logrado estándares de materia de salud... “.6

Los ejemplos que podemos citar sobre la falta de infraestructura son numerosos, uno de ellos es el resultado de fiscalización de la cuenta pública 2015 al sector salud Jalisco que emitió el 15 de febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación.

En ese documento, se identificó que la auditoría denominada Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud,7 de tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, número 15-A-14000-02-1026 señaló que de los 4,071,369.4 miles de pesos ejercidos en Jalisco con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud sólo se destinaron 4,872.1 miles de pesos para ocuparlos en el rubro de Bienes muebles, inmuebles e intangibles; en otras palabras, sólo el 0.1% de los recursos antes mencionados se invirtieron en infraestructura de servicios de salud lo que agrava la situación en Jalisco e igualmente grave lo es reportar un subejercicio del 0.2% que denota la displicencia de las autoridades locales en el tema.

Es tiempo que los Indicadores tales como es el de número de consultas externas que se otorgan por afiliado así como información estadística básica pueda ser consultada en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud de Jalisco8 ya que al día no es posible localizarla, así como también se haga público el más reciente informe de gobierno (cuarto) a fin de que no se limite la consulta del ejercicio del gasto gubernamental, la inversión pública y los multicitados indicadores de gestión.

Ante lo expuesto en párrafos anteriores, se abre la oportunidad para que proveedores de servicios sin escrúpulos abusen de los jaliscienses, situación que se agrava si la población requiere ser diagnosticada por un especialista a fin de tener un diagnóstico correcto.

Lo he venido denunciado desde el inicio de la LXIII Legislatura, a pesar de los cambios en la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) es evidente la ausencia de liderazgo y funcionarios de alta capacidad de gestión, no existen, a pesar de los movimientos de mandos en la SSJ resultados que garanticen mejora en la planeación de acciones, estrategias, ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, lo que repercute en la coordinación y supervisión de la prestación de servicios de salud.

Considero que el gobierno de Jalisco debe replantear las acciones que emprende en favor de la infraestructura del estado, partiendo de los indicadores a nivel institucional como estatal que permitía demostrar a la ciudadanía que los funcionarios encargados de la salud observaran las buenas prácticas y una visión de largo alcance, de tal manera que todos podamos monitorear el desempeño de los indicadores de productividad, infraestructura y calidad del servicio para definir en su conjunto medidas encaminadas a fomentar un desempeño más homogéneo y eficiente de su gestión entorno a la salud y su cobertura universal.

Por igual, recomendaría que se utilicen las Herramientas de Consulta para el Diseño de Unidades de Salud, Modelos de Atención y Lineamientos publicados en la página electrónica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de Salud de la Secretaría de Salud.9

Por lo anterior y a modo de conclusión, considero pertinente exhortar al Gobierno de Jalisco a que considere replantear las acciones, estrategias y directrices en materia de infraestructura de salud a fin de evitar que el pago de gastos en salud sea mayoritariamente cubierto por la población y no por el estado y se evite violentar el derecho a la Salud que garantiza la Constitución de nuestro querido México.

Sin infraestructura los esfuerzos en salud en mi estado no serán los que esperan la población.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a que considere replantear las acciones, estrategias y directrices que forman parte de la política de infraestructura en materia de salud a fin de evitar que el pago de gastos en salud sea mayoritariamente cubierto por la población ante la insuficiencia de instalaciones médicas en todo el estado y se evite violentar el derecho a la Salud que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1. Preguntas frecuentas - ¿Cómo define la OMS la Salud?, disponible en http://www.who.int/suggestions/faq/es/, consultado el 20 de febrero de 2017.

2. ¿Qué es la Cobertura Sanitaria Universal?, disponible en http://www.who.int/universal_health_coverage/es/, consultado el 20 de febrero de 2017.

3. Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 20 de febrero de 2017.

4. Artículo 13 de la Ley General de Salud, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 20 de febrero de 2017.

5. Población del Estado de Jalisco 2016 – Revista digital del Instituto de Información Estadística y Geográfica, disponible en
http://iieg.gob.mx/strategos/jalisco-alcanza-8-0-millones-de-pobladores-al-inicio-de-2016/,
consultado el 20 de febrero de2017.

6. Nota periodística “Lamentan Jalisco ocupe primer lugar nacional en mortalidad materna”, portal electrónico de noticias 20 minutos, disponible http://www.20minutos.com.mx/noticia/187772/0/lamentan-jalisco-ocupe-pri mer-lugar-nacional-en-mortalidad-materna/, consultado el 20 de febrero de 2017.

7. Auditoría Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de la ASF CP 2015, disponible en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_1026_a.pdf, consultada el 20 de febrero de 2017.

8. Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud de Jalisco, disponible en http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia, consultado el 20 de febrero de 2017.

9. Herramientas de Consulta para el Diseño de Unidades de Salud, Modelos de Atención y Lineamientos publicados en la página electrónica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de Salud de la Secretaría de Salud, disponible en http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Productos/NuevosModelos.htm l, consultadas el 20 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2016 la revisión de todos los recursos públicos destinados a la operación, el funcionamiento y la oferta de servicios del sector salud en Chiapas, tanto de los ejercidos por el gobierno federal como por el local, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública reveló que Chiapas es una de las entidades que ha incurrido en mayores irregularidades en el ejercicio del gasto público. En el reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace acreedor al gobierno de Chiapas de un importante número de observaciones que dan parte de un daño al erario calculado en 2 mil 934 millones de pesos, convirtiéndose en la cuarta entidad a nivel nacional con el mayor monto observado derivado de las anomalías en el manejo de los recursos públicos.

Entre otros señalamientos, el informe advierte que en Chiapas el gobierno del estado habría trasladado, sin justificación alguna, recursos formalmente asignados a otros rubros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo (FONE) para cubrir en forma irregular el pago de nómina del magisterio, por un monto de 434 millones de pesos. Además, habría dejado de ejercer 170.75 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); habría pagado sueldos a personal del sector salud que no cumplía con los requisitos establecidos; habría ejercido de manera extraordinaria recursos del programa de asistencia social Prospera por 140 millones de pesos y habría dejado de aplicar 410 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)1 .

Asimismo, los resultados de la auditoría de la cuenta pública dieron cuenta de numerosas anomalías en el ejercicio de los recursos pertenecientes al FASSA, en las que habrían incurrido diversas entidades federativas. Destacan inobservancias respecto a la programación inicial del presupuesto, incumplimiento de las reglas de operación, opacidad en los procesos de radicación y vigilancia e incluso desvíos millonarios perpetrados por los gobiernos de Chiapas, Guerrero y Michoacán. En este rubro, en Chiapas, el daño a la Hacienda Pública ha sido calculado en 343 millones 633 mil 100 pesos, causado principalmente por realizar pagos por servicios personales sin documentación probatoria y por conceptos no autorizados, así como por inconsistencias en el entero y presunto desvío de las cuotas SAR y Fovissste.

Según consta en la auditoría número 623-DS-GF, el Instituto de Salud del estado de Chiapas (ISECH), ejecutor de los recursos procedentes del FASSA, habría incurrido en distintas faltas en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes:

- Desvío de recursos del FASSA para pagos por conceptos no autorizados a sus objetivos, entre los que destaca la realización de pagos a 31 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado, ejercicio de los recursos del fondo en su capítulo 100 (Servicios Personales) sin presentar la documentación comprobatoria y pago por servicios de al menos cuatro servidores públicos comisionados a otras dependencias.

- Incumplimiento en el entero de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), de cesantía avanzada y vejez y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), así como del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores del sector a través del pago en nóminas.

- Irregularidades en la apertura de cuentas bancarias para la recepción de los recursos del FASSA, entre las que destaca la falta de notificación de la cuenta a la Tesorería de la Federación para efectos de la radicación de los recursos, el registro de ingresos de otros fondos y programas, retrasos injustificados en la entrega de los recursos que derivaron en intereses transferidos al ISECH y el incumplimiento en el registro de ingresos virtuales por pagos a terceros transferidos de manera directa por la SHCP.

- Ausencia de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

- Incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, pues el ISECH omitió la publicación de los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no requisitó la totalidad de los indicadores y no desarrolló un Programa Anual de Evaluaciones de los recursos procedentes del FASSA.

Todas estas observaciones, que ha servido a la ASF para afirmar con contundencia que el gobierno de Chiapas no ha realizado una gestión eficiente y transparente, apegada a la normativa que regula el ejercicio de los recursos procedentes del FASSA (el fondo más importante que destina la Federación a la garantía del derecho a la salud en los estados), son particularmente agravantes en un estado como Chiapas, en donde los rezagos sociales demandan mayor eficacia de las instituciones y programas sociales dedicados a la salvaguarda del bienestar de la población. Sobre esto, versa en las últimas mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que Chiapas es, por mucho, el estado de la República más afligido por la pobreza económica. De los 5.18 millones de personas que habitan en la entidad, 76.2 por ciento vive en situación de pobreza y 31.8 por ciento lo hace en condiciones de pobreza extrema. Esto quiere decir que más de un millón 600 mil chiapanecos disponen de ingresos tan bajos que, aun si los dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no les alcanzaría para obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana, haciéndolos propensos a la inanición y el detrimento de su salud. Aunado a esto, Chiapas encabeza la lista de las entidades con menor acceso a seguridad social y es uno de los estados con mayores carencias por acceso a servicios de salud. Así, el 82.8 por ciento de los trabajadores chiapanecos no cuentan con las prestaciones laborales que garantiza la Ley y más de un millón 73 mil chiapanecos carecen de cualquier tipo de cobertura médica.

Dada la gravedad de la problemática, Chiapas se ha visto obligado a depender de manera significativa de los recursos públicos que recibe de la federación para combatir estas carencias, convirtiéndose en una de las más importantes entidades receptoras de presupuesto procedente de las aportaciones federales. Sólo en 2016, el gasto federalizado destinado a Chiapas ascendió 66 mil 654.7 millones de pesos, mientras que el gasto federal alcanzó una suma de 4 mil 642.51 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de la asignación de importantes recursos para atender a la población más vulnerable e incentivar el desarrollo económico en la entidad, pocos resultados han podido constatarse, tanto en materia de combate a la pobreza como en la garantía del ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna. Tal como lo han demostrado los informes de la ASF, las evaluaciones del Coneval y diversos estudios de expertos en la materia, esto es especialmente visible en cuanto se refiere al derecho a la salud y la seguridad social, materializados en la crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud pública en Chiapas. Denunciada por trabajadores del sector, organizaciones civiles, agrupaciones de pacientes y ciudadanía en general, la crisis involucra, entre otras cosas:

- Carestía generalizada de medicamentos, materiales y reactivos en hospitales, centros de salud, casas de salud y jurisdicciones, precarizando la oferta de servicios médicos disponibles para la población.

- Asignación de presupuestos raquíticos e insuficientes para cubrir con las necesidades básicas de los centros médicos, incluido el pago de servicios y la compra de combustible para el funcionamiento de ambulancias.

- Instrumental y equipo de diagnóstico médico obsoleto o en pésimas condiciones, agudizadas por la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Excesiva centralización de las partidas presupuestales destinadas a la compra de materiales para el mantenimiento de las unidades de salud.

- Hospitales y unidades de salud inconclusas, así como obras que a pesar de haberse concluido siguen careciendo del equipamiento y recursos humanos indispensables para su operación.

- Radicación irregular de los presupuestos de pasivos correspondientes a jurisdicciones y hospitales.

Así pues, la situación de los hospitales y centros de salud en Chiapas se ha vuelto cada vez más crítica. La insuficiencia de recursos ha derivado en el colapso de la oferta de servicios de salud mientras los nosocomios son incapaces de satisfacer la totalidad de las solicitudes de atención médica e internación que reciben diariamente. La crisis del sistema de salud chiapaneco ha hecho más difícil garantizar la cobertura del esquema completo de vacunación y ha agravado la incidencia de padecimientos crónicos2 , pues a pesar del diagnóstico oportuno, la falta de insumos y medicamentos impide a los doctores avanzar con el tratamiento. Esta oprobiosa situación ha terminado por obligar a las familias de los pacientes a adquirir por cuenta propia sus recetas y pagar por sí mismos los estudios de laboratorio que requieran, habida cuenta de la inopia generalizada que se vive en Chiapas.

En el análisis de la crisis que enfrenta en el sistema de salud pública en Chiapas, especial consideración merece la administración anómala de las retenciones salariales y desvío de los fondos de vivienda, jubilación, seguros institucionales, préstamos personales y demás prestaciones laborales de cientos de trabajadores y trabajadoras adscritos a la Secretaría de Salud e Instituto de Salud en la entidad, ya señalada en el más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. A los señalamientos de la ASF, se agregan múltiples denuncias interpuestas por los propios trabajadores ante la Procuraduría General de Justicia en Chiapas donde se acusa al gobierno del estado de haber incumplido, desde hace al menos diez años, con el depósito a las cuentas institucionales de los descuentos al salario que estos devengan, sin informarles en ningún momento sobre su destino u ofrecer justificación sobre su supuesta “reasignación”. Es decir, aunque conceptos como el SAR, Fovissste, seguros de vida, pagos a terceros, etcétera, aparecen en el talón de pago de los trabajadores como efectivamente descontados, no existe constancia del ingreso de estas aportaciones a las arcas de las dependencias legalmente encargadas de su administración.

Como consecuencia, cientos de trabajadores registran en sus fondos de vivienda y jubilación ahorros considerablemente menores de los que resultaría del cálculo del monto descontando quincenalmente y el periodo de tiempo transcurrido. Otros han debido enfrentar la pérdida de la vigencia de sus seguros privados e institucionales, así como la cancelación del pago de dividendos e incluso algunos han sido demandados por casas de préstamos por el supuesto incumplimiento de sus pagos, amén del aumento por intereses moratorios, sin que ésta situación haya resultado en ningún momento de la irresponsabilidad financiera de los trabajadores.

Ante el desconocimiento de sus derechos y la preocupación por el estado que guardan los servicios de salud en Chiapas, trabajadores del sector han manifestado enérgicamente su repudio contra la conducción que, en materia de salud pública, ha caracterizado al gobierno del estado, encabezado por Manuel Velasco Coello. Para ello, han dirigido incontables oficios, hecho público pronunciamientos, iniciado demandas y sostenido reuniones con autoridades estatales a fin de expresar su inconformidad y denunciar las irregularidades y atropellos cometidos contra su seguridad laboral. Estas acciones han servido para informar con detalle a la autoridad competente de las dimensiones de la crisis, exhortándola a implementar acciones urgentes para frenar su recrudecimiento y devolver a la sociedad chiapaneca el acceso a los servicios de salud que garantiza la ley. Sin embargo, el gobierno del estado, a través de sus instituciones de salud e impartición de justicia, se ha empecinado en responder con indolencia y el sistemático descrédito de sus demandas.

Independiente de las violaciones contra el salario de los trabajadores de la salud en Chiapas, perpetradas con el consentimiento y o indolencia del doctor Francisco Ortega Farrera, actual titular de la Secretaría de Salud en la entidad, la conclusión más preocupante que se desprende de estos hechos es que por años el gobierno del estado ha estado ejerciendo recursos procedentes de las prestaciones de sus trabajadores para fines distintos a los que les garantiza la ley. Asimismo, puede intuirse de las observaciones hechas por la ASF sobre la administración del FASSA 2015 que el gobierno del estado ha manipulado recursos del fondo cuantificados en millones para fines distintos los que prevé la estrategia programática, constituyendo actos inexcusables de corrupción.

En un escenario como éste es importante recordar que, al igual que el resto de las entidades federativas, Chiapas ha recibido de la federación para el ejercicio fiscal en curso un presupuesto anual asignado para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se incluyen los plasmados tanto en el apartado Salud de la parte II del Plan Nacional de Desarrollo como en el eje 2.1 del Plan Estatal de Desarrollo en Chiapas, a decir, la garantía y mejoramiento de la oferta de servicios de salud. Entre las asignaciones presupuestales destacan tres elementos:

El primero y más importante es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA. En 2015, Chiapas recibió por este concepto 3 mil 611.41 millones de pesos; en 2016 la cifra fue de 3 mil 798.91 millones de pesos; mientras que, en 2017, la cifra alcanzó los 4 mil 32.35 millones de pesos. El FASSA reporta un incremento trianual sostenido para Chiapas de 5.66 por ciento. Siguen los recursos adjudicados al Centro Regional de Alta Esencial (CRAE), único centro hospitalario en la entidad cuyo funcionamiento depende del gasto federal. En 2015, el CRAE recibió recursos por más de mil 180.38 millones de pesos; en 2016 el monto asignado fue de mil 235.31 millones de pesos; y en 2017 su presupuesto fue de mil 224.43 millones de pesos. El incremento trianual del presupuesto del CRAE fue de 1.88 por ciento. Finalmente, se contempla la distribución del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud. Por este concepto, Chiapas recibió en 2015 más de 164.45 millones de pesos; en 2016 le fueron asignados 159.22 millones de pesos; y en 2017 se programaron 165.75 millones de pesos. En este rubro, el crecimiento presupuestal trianual fue de 0.79 por ciento.

Para tener certeza sobre el uso, tanto de los recursos asignados desde el Presupuesto de la Federación como del conjunto de retenciones salariales de los trabajadores y trabajadoras al servicio del estado en Chiapas, es menester que la ASF incluya en el Plan Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 un procedimiento de auditoría al gasto federalizado y de cumplimiento financiero de todos los recursos públicos destinados a la operación, funcionamiento y oferta de servicios del sistema de salud pública en Chiapas, tanto de aquellos ejecutados por el gobierno federal, como los ejercidos por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud de Chiapas, a fin de transparentar y dar garantía a la sociedad chiapaneca del correcto uso de los recursos públicos e imputar, en caso de que se comprobara el desvío de fondos del erario, responsabilidades a quienes resulten responsables.

El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata a la Cámara de Diputados a coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la ASF, así como requerir que se le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. En el mismo sentido, la fracción I del artículo 79 del mismo ordenamiento establece que la ASF cuenta con la facultad para “revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores”. Se señala que las entidades fiscalizadas están obligadas a proporcionar la información que se solicite para la revisión y que, en caso de incumplimiento, deberán aplicarse las sanciones correspondientes. En estos casos, la ASF debe rendir informes pormenorizados a la Cámara de Diputados “y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes”.

Asimismo, el artículo 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Cámara de Diputados contará con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que tendrá, entre otras atribuciones, la de “solicitarle que le informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización”. A su vez, el artículo 38 señala que “la Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de las observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización”. Adicionalmente, el artículo 59 establece que “cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío”. Ante esto, la ASF “podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión”. Finalmente, el Título Tercero de la misma normativa, faculta y provee a la ASF del marco jurídico para auditar los recursos federales administrados o ejercidos por órganos de gobierno locales. Destaca la fiscalización directa del gasto federalizado, de las participaciones federales, de la deuda pública, el pago de sueldos y salarios de trabajadores de gobierno, la ministración de recursos y el cumplimiento de los programadas financiados, todos elementos vinculados con la crisis que enfrenta la salud pública en Chiapas.

Es, por tanto, obligación de la Cámara de Diputados y particularmente de la ASF, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, velar en todo momento por el ejercicio adecuado, ajustado a la legalidad y de conformidad con los fines aprobados, de los recursos públicos. Esto es especialmente importante en un estado como Chiapas, en donde, como se ha señalado, la pobreza económica y las carencias sociales mantienen a millones de personas en un grave estado de indefensión que pone en entredicho la validez de los derechos garantizados en la ley y en donde, pese a la cuantiosa asignación de presupuesto para la atención a estas carencias, los resultados en su superación siguen siendo exiguos.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el Plan Anual para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 se incluya la fiscalización de todos los recursos públicos destinados a la operación, funcionamiento y oferta de servicios del sector salud en Chiapas, tanto de aquellos ejecutados por el gobierno federal como los ejercidos por el gobierno del estado, en razón de la crisis que actualmente impera en el sistema de salud pública en dicha entidad.

Notas

1 La Jornada. “Posible daño patrimonial en programas federalizados que operan estados: ASF”. 17 de febrero de 2017.

2 INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Salud en Chiapas . 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a asegurar y transparentar un blindaje electoral del gasto público; y a las dependencias federales, a no retrasar el ejercicio presupuestal autorizado por esta soberanía, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado René Cervera García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a que asegure y transparente un blindaje electoral de todo el gasto público, no sólo de los programas sociales, y al mismo tiempo que las dependencias federales no retrasen el ejercicio presupuestal como fue autorizado por esta Cámara de Diputados, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Cada año electoral se observan dos prácticas concurrentes en el manejo de los recursos públicos. Ambas prácticas son muy cuestionadas, por la falta de transparencia y control presupuestal, por parte de las oficinas locales de las dependencias federales.

La primera práctica se observa en el favor de la rapidez burocrática para autorizar los proyectos en los lugares estratégicos de votación. Son tiempos ya que debe desaparecer ese añejo criterio de las oficinas federales que maneja los recursos públicos ágilmente para los aliados políticos y todo el rigor de la regla de operación para los adversarios electorales.

La segunda práctica dudosa es la reorientación del gasto público de los programas federales hacia esos lugares donde se realizan elecciones. Igualmente son tiempos ya para erradicar la simulación de esa atribución legal de la autoridad hacendaria. La reorientación del gasto no es en sí la naturaleza presupuestaría, sólo es una medida preventiva, cuyo abuso práctico ha distorsionado el manejo de los recursos con el escudo de finanzas públicas sanas.

Por ello, este punto de acuerdo plantea asegurar, por una parte, que los recursos del presupuesto público no se diluyan en lo electoral y, por otra, que los recursos autorizados se gasten como se debe, donde fueron aprobados, sin excusas o cualquier tipo de justificación burocrática a modificaciones presupuestarias.

Que el nuevo sistema anticorrupción inicie aquí con el pie derecho para generar la confianza y la credibilidad que tanto hace falta con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción que utilicen, de cualquier manera, los recursos públicos en hechos electorales.

El próximo junio hay elecciones por gubernaturas en los estados de México, Nayarit y Coahuila, y en Veracruz para ayuntamientos. Para que esos procesos no se afecten en su credibilidad institucional es necesario, el blindaje en todo el gasto público.

Este blindaje es un factor central en la agenda nacional que no debe ser opacado por otros problemas, igualmente importantes como las inconformidades ciudadanas entorno al rumbo que puede tomar la relación con los migrantes mexicanos y el mercado nacional con el gobierno de la nueva administración de Estado Unidos de América.

Es sustantivo observar que ya se aplica el blindaje electoral de los programas sociales. Se reconoce la importancia para evitar el uso clientelar de los beneficios sociales de esos programas a cambio de votos condicionados. Sin embargo, aun aplicando el blindaje, se dan los casos en delegaciones federales por parte de funcionarios públicos.

También se debe erradicar las prácticas de simulación en el manejo de recursos en comunicación social que se desvían mañosamente hacia la imagen de candidatos o hacia el pago de la estructura de promotores, bajo el concepto de proyectos de empleo temporal o proyectos similares. Por ello, la el alcance del blindaje es hacia todo el gasto público.

Considerandos

Que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

Que el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción determina entre otros objetivos:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;

III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

...

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

Que el artículo 31 de la misma Ley General señala que una Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará entre otras propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;

II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior;

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que asegure y transparente un blindaje electoral de todo el gasto público, no sólo de los programas sociales, y al mismo tiempo que las dependencias federales no retrasen el ejercicio presupuestal como fue autorizado por la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2017.

Diputado René Cervera García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al plan de urgencia para salvar a la vaquita marina, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a hacer públicos los detalles del plan de emergencia para salvar a la vaquita marina de la extinción, así como para que en conjunto con la Secretaría de Turismo, Economía y los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa establezcan programas de desarrollo que garanticen una calidad de vida óptima de las comunidades pesqueras en la región de la vaquita marina, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La vaquita marina, Phocoena sinus, es una marsopa y el mamífero marino más pequeño y amenazado del mundo. Sólo se encuentra en la parte más norteña del golfo de California, el único mar interior de México. No ha sido suficiente que la vaquita figure en la norma oficial donde se lista las especies amenazadas o en peligro de extinción para garantizar su supervivencia. Ni en México ni en cualquier otro lugar basta decretar el estado de amenaza de una especie para salvarla.

II. La vaquita vive en las aguas turbias del Alto Golfo de California. Allí evolucionó aislada de otras marsopas, adaptándose a las condiciones particulares de la región. Su vida silenciosa y crítica puede ser un reflejo de su forma de evitar depredadores, como tiburones, orcas y delfines. El trabajo de los últimos veinte años para conocer mejor su biología e historia de vida dice que rehúye del ruido de las embarcaciones con motor, se reproduce con una cría una vez cada dos años y que la tasa de captura incidental provoca que mueran ahogadas más vaquitas de las que nacen y llegan a la edad adulta, presagiando su extinción si no se toman más medidas extremas y urgentes.

III. No todo el mundo, y especialmente los mexicanos, saben que la vaquita es la especie de mamífero en mayor peligro de extinción. Está clasificada dentro las categorías más críticas de las especies amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestres (Cites, 1997) y la norma oficial mexicana (DOF 16 de mayo 1994).

IV. En México, la pesca artesanal es fuente de empleo y alimento para comunidades costeras, para el resto del país y el mercado internacional. Uno de los retos que enfrentamos en nuestro país es abordar el manejo y protección de los recursos naturales con una perspectiva multidisciplinaria. No podemos hablar de la vaquita marina sin hablar de la pesca; y no podemos ignorar que la pesca es la fuente principal de ingresos para las comunidades de la región.

V. México es consciente de la enorme responsabilidad que tiene ante la extinción de la vaquita marina, sin embargo, desde que se estableció la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los esfuerzos para proteger a la vaquita marina han mantenido un enfoque unilateral y no han logrado integrar a la pesca adecuadamente. El resultado son metas no cumplidas y la situación crítica en la que ahora nos encontramos. No sólo con la vaquita marina que está en riesgo de extinción, sino también con pesquerías que han colapsado o disminuido en su valor comercial.

VI. En el Alto Golfo, las estrategias de manejo implantadas hasta ahora, como la zonificación de la reserva, el refugio para la vaquita marina y, más recientemente, la suspensión de pesca con chinchorros de línea, tienen un impacto en la economía de las comunidades locales. A pesar de haber negociado una compensación, no se conoce el valor neto de las pesquerías y tampoco se ha cuantificado el efecto que la suspensión del uso de redes tendrá en la economía local y en el tejido social de las comunidades. Es decir, el dinero que reciben los pescadores por no realizar su actividad siempre se ha decidido en oficinas centrales, por técnicos que visitan o han visitado la región en pocas ocasiones, y con modelos y datos que no han sido presentados a las comunidades, y no se han puesto a disposición del público.

VII. En enero del presente año, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó de un ambicioso plan de emergencia que ayudará a salvar a la vaquita marina de la extinción en el norte del golfo de California. El plan consiste en trasladar algunos ejemplares a un santuario temporal, mientras continúan los esfuerzos encaminados a combatir la pesca ilegal y eliminar las redes de enmalle en el hábitat del cetáceo. El plan de emergencia estará encabezado por el gobierno de la República y será apoyado por un consorcio de expertos en mamíferos marinos de más de una docena de organizaciones de todo el mundo. El doctor Jorge Urbán Ramírez, responsable del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), informó que se encuentra entre los investigadores que intentarán rescatar a la vaquita marina de la extinción.

VIII. Lo que se sabe es que el proyecto planea establecer un área de protección en aguas del Alto Golfo de California, para que esta especie pueda reproducirse sin ser afectado por la pesca de totoaba que se realiza en la región. Si el área de protección no ofrece resultados favorables y no existe recuperación en la población del cetáceo, entonces se intentará obtenerlos a través de la inseminación artificial como último recurso. Una de las novedades en este proyecto, detalló, es la forma en la que los ejemplares serán capturados para luego ser introducidos en el área de protección. En esta tarea se emplearán delfines entrenados por Estados Unidos para maniobras militares, como localizar minas o, incluso, rescatar heridos en alta mar. Estos delfines ayudarán a los investigadores a localizar a las vaquitas marinas por medio de los sonidos que emiten, con lo cual serán capturados y enviados al área de protección.

IX. Aún se están afinando detalles sobre el plan de acción y sobre la función que realizará la UABCS, en el plan se reconoce que hay incertidumbre respecto de la búsqueda, captura y mantenimiento de vaquitas en un santuario temporal, ya que esta marsopa no solo es difícil de encontrar, sino que además suele ser esquiva a los buques motorizados, de ahí que nadie pueda predecir cómo reaccionará.

X. El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita contempla desarrollar instalaciones y un plan de financiamiento para retener ejemplares en semicautiverio hasta por 50 años dentro del Alto Golfo de California. En las previsiones, considera que en caso de que un animal sano no se adapte a las condiciones del corral, “debe ser liberado tan pronto como sea posible en el sitio de su captura y equipado con una etiqueta de satélite para monitorear su supervivencia y movimientos”.

Advierte que como las vaquitas nunca antes se han mantenido en confinamiento, “la respuesta en piscinas de diferentes diseños, su apetito por diferentes tipos de presas, su estado de salud y el estrés general debe ser monitoreado cuidadosamente por personal experimentado”.

XI. México está bajo la mirada internacional de la conservación, ya que la vaquita marina es una especie que sólo existe en el Alto Golfo de California. Por ello, tiene la obligación de llevar a cabo este esfuerzo en pro de la preservación de esta especie. El declive de la vaquita lo ha ocasionado principalmente la muerte accidental que ocurre cuando las marsopas quedan atrapadas en las redes de enmalle de pesca. No podemos permitir su extinción.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, y al licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que hagan públicos los detalles del plan de emergencia para salvar a la vaquita marina de la extinción en el norte del golfo de California.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, para que en conjunto con la Secretaría de Turismo, de Economía y de los gobiernos de los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, establezcan programas de desarrollo que garanticen una calidad de vida óptima de las comunidades pesqueras en la región de la vaquita marina.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al proyecto Mar de Cortés y la factibilidad de emprender su consolidación y expansión, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) bajo el argumento de la promoción del desarrollo de proyectos turísticos diversificados acordes a la tendencia mundial a finales del año 2000 inició el Proyecto Mar de Cortés1 que incluía principalmente la identificación de sitios y propuestas de acción de planeación para la adquisición de reservas territoriales, desarrollo de la infraestructura náutica y carretera.

Se consideró que la región del Mar de Cortés incluiría partes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa debido a que se consideraba contaban con el potencial más alto a nivel nacional para desarrollar el turismo náutico debido a la elevada biodiversidad, a la riqueza de la pesca deportiva, al valor escénico del litoral y a las condiciones favorables para la navegación.

El 6 de febrero de 2001 se consideró al Proyecto Mar de Cortés1 estratégico que tenía como propósito brindar una oferta integral de infraestructura y servicios de apoyo náutico, carretero, y aéreo, mediante la integración de etapas de una red de 20 puertos de abrigo, el desarrollo de un puente terrestre para el traslado de embarcaciones del Océano Pacífico al Mar de Cortés, el mejoramiento de cinco rutas de acceso desde la zona fronteriza para embarcaciones remolcables, la integración de una red aeroportuaria de apoyo y de un sistema de abastecimiento de combustibles, así como acciones para facilitar la internación de turistas y equipos náuticos y el desarrollo de proyectos náuticos turísticos.

Para 2004, se estableció como vigencia del proyecto hasta 2015, fecha en que se consideraba la consolidación del mismo. Su ejecución se sustentaba en tres programas básicos: Regiones Turísticas Integrales, Escalas Náuticas, y localidades de la Costa1 .

Según Fonatur, el fin estratégico de las Regiones Turísticas Integrales era brindar nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo para la población. Por citar un ejemplo, en el estado de Baja California se propusieron 6 circuitos turísticos:

1) Santa Rosaliíta-Bahía de los Ángeles

2) Cataviña-Guerrero Negro (BCS)

3) Bahía de los Ángeles-Bahía de las Ánimas

4) Tijuana-Tecate-Mexicali

5) Tijuana-Ensenada-San Felipe

6) Santa María-Punta San Carlos-San Luis Gonzaga

Por su parte, el Programa de Escalas Náuticas se concibió para desarrollar la infraestructura necesaria y prestar servicios para facilitar la navegación segura de embarcaciones en tránsito a lo largo de los litorales del Pacífico y del Mar de Cortés, mediante la integración y operación de una red de escalas náuticas. En otras palabras, se establecerían como puertas de entrada a las regiones turísticas integrales y serían los centros de intercambio de servicios con instalaciones de bajo impacto, de distintas capacidades de acuerdo con el mercado y las autoridades ambientales, donde se brindarían los servicios básicos de ayuda a la navegación y se facilitarían las gestiones requeridas para la internación de turistas, embarcaciones y equipos y su tránsito por la región.

Finalmente, el Programa de Mejoramiento Integral de las Localidades de la Costa comprendía el reordenamiento urbano turístico, la creación de agencias locales de desarrollo, la adquisición y urbanización de reservas territoriales, infraestructura básica y para el saneamiento ambiental e imagen urbana, así como la promoción de acciones para el desarrollo social y el fortalecimiento de los valores culturales y la identidad de las comunidades.

El proyecto Mar de Cortés se centraría en darle prioridad a las localidades rurales (con menos de 15 mil habitantes) seleccionadas para las escalas náuticas.

Debido a la importancia de los antecedentes antes señalados, me documenté en los avances del proyecto en comento y obtuve los resultados siguientes.

Para el cierre de la administración de Vicente Fox1 , por citar el ejemplo más representativo, se esperaba que estuvieran en funcionamiento en Baja California, el circuito turístico Santa Rosaliíta-Bahía de los Ángeles y las escalas náuticas Santa Rosaliíta y San Felipe, situación que no fue posible corroborar ya que de la consulta de información púbica no identifique algún dato que lo confirmara, quedando esa afirmación en una buena intención.

De la consulta del Informe de Rendición de Cuentas Fonatur Constructora, SA de CV 2006-20122 , sólo fue posible conocer que el Fonatur-BMO construyó dos escalas náuticas en Baja California, la denominada San Felipe y Santa Rosaliíta con un costo de 13.0 millones de pesos y 53.8 millones de pesos, respectivamente.

En la presente administración de Enrique Peña Nieto, del análisis a la información contenida en los anexos de Finanzas Públicas de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuatro trimestre de los ejercicios 2012, 2013 y 20143 no se logró identificar información sobre el Proyecto Mar de Cortés; en lo reportado en el 20153 , se conoció que se realizó un Estudio de Factibilidad Ambiental, Técnica y de Mercado, para la Escala Náutica de Santa Rosaliíta con un costo de 2.7 millones de pesos sin que sea público el documento que dé a conocer su objetivo, alcances y resultados.

Para 20163 , se conoció que se estableció el programa E11 Escalas Náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios a cargo de Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, con objeto de facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico pero se identificó que en los tres primeros trimestres del año, no se reportaron recursos presupuestales ejercidos.

Ante lo expuesto, se evidencia que el proyecto Mar de Cortés se dejado en el olvido, limitando las esperanzas de bienestar que muchos pobladores baja californianos tenían en dicho desarrollo turístico, ya que al día ese proyecto de inversión multianual no ha generado los beneficios que les fueron prometidos.

Pareciera que a la administración del Ejecutivo federal en curso no le es relevante la inversión que en su momento se ejerció en el Proyecto Mar de Cortés, mostrando su desinterés al no darle continuidad a un proyecto que en el papel ofrecería una derrama económica en la zona peninsular.

Lo que es evidente es que a los mexicanos, al no existir información pública se les limita el derecho a conocer el estado físico de la inversión que en su momento a cada uno de nosotros nos costó, si están en funcionamiento o, en su caso, conocer los requerimientos presupuestales que se necesitan para mantenerlos en operación y, en su caso, la factibilidad de que las instalaciones del Proyecto Mar de Cortés sean transferidas para su utilización a las instancias estatales o municipales.

En conclusión, deseo recalcar que la Secretaría de Turismo, a través del Fonatur debe rendir cuentas y transparentar el estado en que se encuentra el Proyecto Mar de Cortés en general, y en particular, dé a conocer la factibilidad de emprender su consolidación o, en su caso, expansión en los estados involucrados.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Turismo a que haga público el estado funcional, operacional y presupuestario del Proyecto Mar de Cortés y la factibilidad de emprender la consolidación o, en su caso, la expansión de ese proyecto.

Notas

1 Proyecto Mar de Cortés, disponible en
http://www.fonatur.gob.mx/es/transparencia/LibrosBlancos/3%20Proyecto%20Mar%20de%20Cortes.pdf,
consultado el 20 de febrero de 2017.

2 Informe de Rendición de Cuentas FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 2006-2012, disponible en http://www.fonaturconstructora.gob.mx/es/transparencia/doctos/IRC_FONAT UR-C_1.pdf, consultado el 20 de febrero de 2017.

3 Anexos del reporte Las Finanzas Públicas de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 20 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

El Día Mundial de la Justicia Social fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de febrero de 2007, con la finalidad de promover los objetivos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, los cuales sitúan el bienestar de las personas como prioritario. Esta declaración surge en un momento político crucial, que reflejaba la necesidad de incluir una fuerte dimensión social en la globalización, que permitiera conseguir mejores resultados y que éstos se repartieran de manera más equitativa entre todos.

Se reconoce a través de esta declaración a la justicia social, como condición sine qua non para la coexistencia armoniosa y próspera, al interior y entre las naciones. La justicia social, junto con los demás valores fundamentales de libertad, dignidad humana, seguridad y no discriminación, son esenciales para el logro de una sociedad sostenible en todo el sentido de la palabra. La justicia social implica la dignificación del ser humano, a través de la elevación del nivel de vida de las personas, el reconocimiento del salario vital, la extensión de las medidas de seguridad social, la garantía de ingresos básicos y la afirmación contundente del significado especial de los derechos fundamentales.

En México las cifras de pobreza aumentan año con año. Las estrategias del gobierno federal por maquillar la realidad del país a través de datos basados en encuestas distorsionadas, quedan sepultadas bajo la realidad aplastante del hambre, el desempleo, la exclusión y la desigualdad. No es sorprendente entonces que, considerando la merma en la calidad de vida de las personas, la delincuencia organizada y la inseguridad encuentren terreno fértil para cosechar sus frutos de violencia y miedo.

A pesar de los cuantiosos montos destinados a estrategias como Prospera o la Cruzada Nacional contra el Hambre, los resultados siguen siendo flojos: al no ser éstas capaces de acabar con la trampa de la pobreza, sirven más bien como instrumentos asistencialistas, clientelares, proselitistas y para desviar los recursos del erario, incluso a través de las universidades públicas. Otras acciones del Estado por garantizar el trabajo de calidad y por reducir la informalidad, como el programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), han resultado insuficientes.

En Morena, somos conscientes de que nos encontramos en un momento histórico donde es inevitable repensar la política pública en torno a la justicia social y a la dignidad del ser humano. Por eso hemos presentado la iniciativa que busca reconocer el derecho al Ingreso Ciudadano Universal, para hacer frente a los problemas de la pobreza, el hambre, el desempleo, pero sobretodo, la liberación de las personas de la enajenación a la que son sujetas como una herramienta más del capital.

El acceso a la justicia social debe garantizar también el cumplimiento de los derechos humanos. Empero, en México consuetudinariamente existe la violación a los derechos de las personas. Casos como los múltiples feminicidios, Ayotzinapa, Nochixtlán y los miles de desaparecidos en nuestro país evidencian que el Estado ha perdido su capacidad para garantizar la seguridad, debido a la imperante impunidad, corrupción y colusión del mismo gobierno con la delincuencia y el crimen organizado.

Morena hace un llamado para que, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, como sociedad nos sensibilicemos, hagamos conciencia y no despeguemos el dedo del renglón hasta que se reconozca que existe un problema sin resolver, y que necesitamos que el gobierno y los estados actúen y tomen medidas urgentes, en beneficio de todas y todos los ciudadanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

De algo que debemos estar orgullosos los mexicanos es de nuestra bandera la cual es considerada la más hermosa del mundo, según, el diario español 20 minutos al hacer una encuesta por internet. Efectivamente nuestra bandera es muy hermosa y es uno de los símbolos de libertad, justicia, y nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos.1

Algo que hay que resaltar es que el general Vicente Guerrero fue el primer militar que juro lealtad ante nuestra Enseña Nacional, y eso fue cuando los Generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclamaron la Independencia de México con un abrazo en el poblado de Acatempan dicha acción se le conoce como el abrazo de Acatempan, esto sucedió el 12 de marzo de 1821. En otro orden de ideas se nos comenta que, un empleado del banco de México llamado Benito Ramírez, organizó por primera vez los honores a la bandera un 24 de febrero de 1935, y esa tradición continuo, hasta que en 1940 el general Lázaro Cárdenas lo declaro oficialmente como el día de la bandera en nuestro país.2

En el curso de la historia han pasado diversas banderas de las cuales se basaron para tener nuestro símbolo patrio actual, por ejemplo está la bandera que utilizo el cura Miguel Hidalgo (1810) al inicio de la guerra de independencia, aunque nunca fue reconocida como el lábaro patrio, aun así los estudiosos de la historia, comentan y consideran que fue la primera bandera.

Durante la guerra de independencia se utilizaron diferentes tipos de banderas, como las que fueron elaboradas por decreto el 3 de julio de 1815 en Puruaran Michoacán y firmada por José María Morelos y Pavón, la creación de estas banderas tenían un objetivo que era la primera para la guerra, La segunda para acciones parlamentarias y La tercera para el comercio, y precisamente fue ahí en ese decreto cuando se empleó por primera vez el nombre de México.

Siguiendo en ese tenor también tenemos la bandera que utilizaron los insurgentes (entre 1812 y 1817) esta tenia los colores azul, blanco y rojo con las franjas en vertical, los colores que escogieron los insurgentes para esa bandera, estaban inspirados en los barcos mercantes que cruzaban los mares entre México y Estados Unidos.

Es bueno recordar que la primera Bandera Nacional oficial fue idea de Agustín de Iturbide y mandándola a elaborar a la ciudad de Iguala, en 1821 es ahí cuando por primera vez que se utilizaron los colores que hoy en día imperan en nuestra bandera, aunque los colores estaban de forma transversal, y no en el orden en que los conocemos, Iturbide instruyó que primero, fuera el blanco, en medio el rojo y por último el verde, ajustándole 3 estrellas de los mismos colores y una corona dorada en el centro con la leyenda, religión, independencia y unión, al tener estas palabras fue que se le nombró de las tres garantías, o llamada también del ejercito Trigarante, porque el blanco significaba religión, el verde independencia, y el rojo unión, y la corona en medio de esta significa la transición hacia el primer imperio en donde Iturbide se autoproclama emperador.

Para el año de 1823 se diseñó la segunda Bandera Nacional , que fue adoptada por el recién establecida República Federal el 14 de abril de ese mismo año, la diferencia con la primer bandera es que en esta los colores fueron acomodados de diferente manera empezando porque ya no eran las franjas transversales sino vertical, después que los colores fueran de izquierda a derecha, iniciando con el verde, seguido del blanco y por último el rojo, y añadiéndole un águila posada en un nopal y con una corona.

Al término del imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso Constitucionalista heredo la bandera tricolor con el águila pero sin la corona, así como incorporándole un ramas de laurel y encino que son los símbolos republicanos, y es desde esa época que solo cambia de posición el águila, ya sea de frente, de perfil, tres cuartos, con la cabeza a la derecha (conservadores) o a la izquierda (liberales) dependiendo del bando, con o sin corona durante el imperio de Maximiliano y de quien ostentara el gobierno (conservadores o liberales) respectivamente.

La tercera Bandera Nacional oficial fue la del segundo Imperio Mexicano. Una vez más, el patrón de colores usado fue el tricolor verde, blanco y rojo con el escudo nacional cargando al centro de la franja blanca. Sin embargo, la proporción de la bandera fue cambiada de 4:7 a 1:2, y cuatro águilas cada una coronada, fueron colocadas en las esquinas de la bandera. El diseño del escudo, ordenado por el emperador Maximiliano l de México, fue diseñado para asemejarse al Escudo Imperial Francés, pero con un toque mexicano. La bandera dejó de usarse en 1867, cuando Maximiliano fue destronado y ejecutado por el ejército federalista.

A la llegada de Benito Juárez al gobierno junto con los liberales que lo apoyaron, impone su laicismo y es de esa manera como cambia el significado de los colores de la bandera y quedan de esta manera: el verde esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes que nos dieron paria y libertad.

Ya para el gobierno de Porfirio Díaz volvieron a cambiar la posición del águila, el general Díaz ordeno que la pusieran de frente con las alas abiertas tipo francés de esos tiempos. Esto lo decretó el 30 de diciembre de 1880.

En el tiempo de la revolución, se tuvo que volver a modificar la posición del águila, el entonces presidente Venustiano Carranza, siguiendo la ideas nacionalistas ordenó que el águila estuviera en el perfil izquierdo encima de un nopal que a la vez este surge de una roca y adornándola con ramas de encino y laurel en la parte de abajo, todo esto lo decreto el 20 de septiembre de 1916.

Esta fue la última gran modificación que se le hizo a nuestro lábaro patrio, porque en el transcurso de los años ha tenido pequeñas modificaciones, en los periodos de los presidentes. Abelardo Rodríguez, (5 de febrero de 1934), Gustavo Díaz Ordaz (27 de diciembre de 1967), hasta el de Miguel de la Madrid (30 de diciembre de 1983).3

Así es como todos los años los mexicanos le rendimos culto a nuestra hermosa Bandera, ya sea elaborándola en algún papel, o comprando una imagen para ponerla en la casa o la oficina y de esta manera disfrutar de su belleza.

Así, ese día, todos los años, todos los mexicanos y mexicanas, le cantamos, recitamos alguna poesía, elaboramos con papel su imagen, ponemos banderas en nuestras casas y oficinas y nos deleitamos con su belleza al verla ondear con el viento, izada a toda asta, recordando con orgullo a los héroes que nos dieron patria y libertad, pero sobre todo representándonos a cada uno de nosotros, porque es nuestra enseña nacional y uno de nuestros símbolos patrios.

Notas

1 https://www.inside-mexico.com/24-de-febrero-dia-de-la-bandera-mexicana/ 3/
Autor Insade México, Titulo 24 de febrero día de la Bandera Mexicana

2 https://www.sintesis.mx/?/articulos/81590/cumple-la-bandera-mexicana-19 3-anos-/nacionales
Autor Agencias/Síntesis, Titulo Cumple 193 años la Bandera Mexicana

3 https://jonkepa.wordpress.com/2008/07/07/historia-de-la-bandera-de-mexi co/
Autor, Jon Kepa, Titulo, Historia de la Bandera de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)