Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emprender una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la cual la Secretaría de Salud elabore una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado “pinzamiento de cadera”. Al tenor de los siguientes

Consideraciones

“La osteoartritis es la forma más común de artritis y una de las principales causas de dolor y discapacidad reportadas a nivel mundial. Esta entidad se ubica dentro de los ocho padecimientos mundiales no fatales y representa el sexto lugar (2.8) de años de vida con discapacidad secundaria por enfermedad.”

Atención del paciente con osteoartritis de cadera y rodilla primer nivel.

Consejo de Salubridad General, México 2014

“El pinzamiento femoroacetabular (PFA) o el síndrome de pinzamiento de cadera es una enfermedad que afecta a la articulación de la cadera en adultos jóvenes y de mediana edad siendo una causa frecuente de dolor.

Ocurre cuando el cuello y la cabeza femoral rozan anormalmente con la cavidad del acetábulo, (Cavidad del hueso coxal en la que se articula la cabeza del fémur.) debido a un conflicto de espacio entre ambos durante el movimiento.

¿Cómo se diagnostica esta lesión?

El pinzamiento femoroacetabular quizá sea la afección de cadera que ha recibido más atención en años recientes en lo publicado sobre cirugía conservadora de la cadera.

Existen dos tipos de pinzamiento femoroacetabular: el pinzamiento tipo pincer, que es causado por el acetábulo. En este tipo de pinzamiento hay una zona de sobrecobertura acetabular anterior que produce el choque entre el borde óseo acetabular y el cuello del fémur cuando la cadera se flexiona; el contacto persistente entre estas dos estructuras con los años produce destrucción del labrum en la zona de prensión entre el borde óseo acetabular y el cuello femoral.

“El pinzamiento tipo cam ocurre por deformidad dependiente del cuello y la cabeza femorales. Esta deformidad se localiza frecuentemente en la superficie anterior de la unión del cuello y la cabeza femoral, y típicamente se presenta como una giba que entra en contacto con el borde óseo y la pared anterior del acetábulo en su superficie articular.”

El labrum, comúnmente, es rechazado en dirección proximal y el choque es entre la superficie articular acetabular adyacente al borde acetabular anterior, lo que produce destrucción de esta porción de cartílago. En casos muy crónicos, el labrum adyacente se puede ver comprometido. El pinzamiento femoroacetabular se ha identificado como una causa de osteoartritis de cadera.

“En general, la cadera es una articulación muy compleja de explorar y evaluar, ya que muchos dolores pueden aparecer en esa zona por distintas causas. El examen clínico es fundamental, al igual que conocer la historia del paciente, saber a qué se dedica y qué deportes práctica. A eso se agregan radiografía de pelvis, cadera y, habitualmente, una resonancia magnética.”

Causas

“Algunos factores pueden conducir al pinzamiento de cadera. Dentro de los factores de riesgo conocidos están el haber tenido una anormalidad del desarrollo de la cadera, junto con factores ambientales durante la vida, tales como el participar en actividades que impliquen movimientos recurrentes de las piernas dentro de rangos suprafisiológicos (movimientos en rangos más allá de los esperables: bailarines, artes marciales, etcétera).

El principal síntoma que indica el paciente al llegar a la consulta es el dolor el cual lo señala hacia la zona de la cadera; y que en ocasiones se irradia hacia la ingle y parte anterior del muslo. Muchas veces este dolor es limitante ya que aparece de manera súbita y restringe al paciente al realizar sus actividades de la vida diaria o el deporte que practica constantemente.

Este padecimiento fue precisado hace diez años aproximadamente y se ha comprobado que era responsable de la gran mayoría de casos de artrosis de cadera que se daba en pacientes de entre 35 y 40 años.

Se considera a la osteoartritis (OA) un problema de salud pública debido a su alta incidencia y prevalencia. La padece al menos 15 por ciento de la población mundial por arriba de los 60 años de edad. Inclusive, se ha determinado que dentro de las enfermedades reumáticas la OA es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide.

Los datos más recientes, sólo 10 por ciento presentaron dolor de rodillas. En la OA de las manos esto no es necesariamente cierto, los síntomas clínicos pueden preceder por meses o años a las manifestaciones radiológicas más tempranas.

La OA de rodillas es la más significativa clínicamente y se incrementa con la edad ya que 33 y 53 por ciento de los hombres y de las mujeres de más de 80 años de edad tienen evidencia 2 radiológica de OA, sin embargo, las manifestaciones clínicas sólo se reportan en 16 por ciento de las mujeres y 5 por ciento de los hombres de más de 80 años de edad.

La Encuesta Nacional de Salud (ENSA II) en cifras más recientes, la ubica como la segunda causa de morbilidad con 14 por ciento en personas mayores de 60 años de edad.

La incidencia de OA de cadera es 88 por cada 100 mil personas al año, la de rodillas 240 por cada 100 mil personas al año. La incidencia de OA de rodillas es 1 por ciento al año en mujeres entre 70 a 89 años de edad.

Los estudios realizados para determinar costos en atención primaria de enfermedades músculo-esqueléticas reportan que la OA ocupa los primeros cuatro lugares en demanda de atención y representa el mismo nivel en lo que se refiere a costos. La carga económica que esto representa es 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en países como Estados Unidos de América (EUA), Canadá y Gran Bretaña.

En México se ha estimado que se destina 0.4 por ciento del PIB a la atención de enfermedades músculo-esqueléticas.

El tiempo de recuperación varía en promedio las 12 semanas, lo cual supone un costo alto para los servicios de salud y seguridad social. Y en el aspecto individual supone una minusvalía emocional que puede ser temporal o derivar en depresión, lo cual conlleva otro tratamiento.”

Las enfermedades de la cadera tienen un alto impacto social debido a la cantidad de pacientes afectados, la potencial incapacidad de los mismos y su elevado costo en términos económicos, existe un problema adicional, los hospitales públicos que tratan este severo problema son limitados, a tal grado que existen estados de la federación que no cuentan con el servicio y supone un traslado al estado más cercano que sí cuente con los tratamientos.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, fue llamado con el nombre del insigne médico gracias a la iniciativa presentada por el diputado Genaro Carreño Muro, la cual fue aprobada durante la LII Legislatura.

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible elabore una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado “pinzamiento de cadera”.

Fuentes

1http://colegiomexicanodeortopediaytrauma.blogspot.mx/20 13/04/atrapamiento-o-choque-femoroacetabular_21.html

2http://bvs.escenf.unam.edu.ar/php/decsws.php?tree_id=C2 3.550&lang=es

3 http://redsalud.uc.cl/ucchristus/MS/RevistaSaludUC/Tips/pinzamiento_de_ cadera.act

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del gobierno local, a disponer medidas a efecto de prever el instrumento de tandeo necesario para el debido abastecimiento del líquido en Iztapalapa en la próxima época de estiaje, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a través del jefe de gobierno de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes

Considerandos

En materia de agua, y del derecho humano a su acceso universal, existen importantes compromisos y responsabilidades del Estado, que desde el ámbito nacional, estatal y el municipal deben ser atendidos y garantizados.

Estos compromisos y responsabilidades de Estado, derivados tanto del derecho nacional como del internacional aplicable, demandan una especial atención y coordinación de la federación entidades federativas y municipios, para lograr el debido abastecimiento de agua en la población, su adecuada gestión y su manejo eficiente, así como para garantizar el cumplimiento del derecho humano a su acceso y disposición, preconizado por el artículo 4 de nuestra Constitución.

Por tratarse de un recurso estratégico y un asunto de seguridad nacional esta asamblea precisa considerar que la falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social, inequidad, marginación, rezago y pobreza; y en general constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y económico del país.

Sabemos que el problema hídrico es lugar común en la Ciudad de México, pero en Iztapalapa el problema es grave y ya bastante crítico dada la vertiginosa expansión demográfica y urbana en esta zona, que registra un aumento en su extensión de 13.5 kilómetros cuadrados por año, sin precedentes a nivel mundial.

Esto demanda una atención especial en la gestión para el abastecimiento de los recursos hídricos en la zona debido a tal densificación de la población, principalmente en épocas de estiaje.

Esta ciudad, en conjunto con los municipios de las entidades federativas circundantes, constituye una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.

Iztapalapa registra, en la Ciudad de México, el más alto crecimiento poblacional y de hacinamiento humano, tanto que actualmente radica ahí una quinta parte de los capitalinos; los cuales arrojan números socioeconómicos muy por abajo de la media capitalina, sobre todo los habitantes de la Sierra de Santa Catarina. A estas condiciones socioeconómicas hay que agregarle la mala, y en algunos casos nula red de suministro de agua potable que sufren los pobladores de las faldas de la Sierra, lo que acentúa más su marginación y rezago.

En el otro extremo, en época de lluvias, las partes bajas de la demarcación sufren de constantes inundaciones como lo son los alrededores de la calzada Ignacio Zaragoza.

La reducción del presupuesto para el ejercicio 2017, que implicó una disminución grave para la capital, impactó seriamente este tema. Por parte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a través del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se aseguró que con ese recorte aplicado en este rubro no podrán iniciar ningún proyecto, y que con los recursos asignados, en el mejor de los casos, podría cumplir con el mantenimiento requerido por la actual red.

Dada las actuales condiciones presupuestales, cualquier mejora en el manejo de la distribución y recolección del agua sería un logro digno de tener en cuenta y traería una mejora en el tejido social.

También sabemos que el agua que consume la ciudad proviene básicamente de dos fuentes: los sobreexplotados mantos freáticos; y, del sistema Cutzamala cuyas condiciones actuales tampoco son las más óptimas, por lo que la sustentabilidad hídrica de la urbe está en peligro, e indiscutiblemente urge buscar medios extraordinarios y fuentes alternativas de abastecimiento de agua, sobre todo en esta zona de Iztapalapa y sobre todo en esta próxima época de estiaje.

De acuerdo con Conagua la precipitación pluvial anual en la ciudad, que se asienta en una cuenca cerrada, es de 700 litros por metro cuadrado, lo que en momentos de intensa lluvia hace que el drenaje sea insuficiente, causando las típicas anegaciones de las partes bajas de la Delegación Iztapalapa.

Este promedio anual de lluvia fue el origen del sistema lacustre del Anáhuac y hoy nos causa inundaciones, pero podría ayudarnos a solucionar uno de los problemas más sentidos de nuestra demacración, la escasez del agua, si se logra impulsar su aprovechamiento y uso sustentable.

La densificación ordenada de población en la zona, que satisfaga las indispensables y mínimas condiciones de sobrevivencia digna de la población, exige al Estado establecer y desarrollar acciones adecuadas para mejorar el aprovechamiento de los medios de subsistencia disponibles tan necesarios como el agua.

La falta de disposición de agua en las instalaciones del sistema de ductos y tuberías de abastecimiento, así como el exceso creciente en cantidad de aguas pluviales que recibe hoy con mayor intensidad la red del sistema de drenaje y alcantarillado instaladas en Iztapalapa, se verían atenuadas con una gestión integrada del recurso, con un manejo eficiente de los medios disponibles para su más óptima administración y provisionamiento, y con una distribución si no equitativa, sí justa, en el abastecimiento en cantidad y calidad suficiente y proporcional a la demanda.

Las autoridades han dejado de desarrollar proyectos innovadores y accesibles que atiendan dichos efectos, y puedan solucionar parte del problema.

Para tal efecto, por ejemplo, en México se desarrolló un proyecto denominado “Isla Urbana” que hoy se puede instalar a bajo costo en casas escuelas comercios y fábricas para cosechar el vital líquido pluvial tanto para usos domésticos como públicos urbanos. En Iztapalapa esto suprimiría el alto consumo de líquido por tandeo que se requiere, y que de todas formas resulta insuficiente para abastecer su creciente demanda. Esto es gestionar el agua.

Otro ejemplo, pensemos en las escuelas. Iztapalapa cuenta con 206 escuelas preescolares, 432 primarias y 96 secundarias lo que nos da un total de 734 planteles. Si cada uno de los edificios donde se ubican los planteles tuviera un área techada de 140 metros cuadrados (que es lo que el filtro Tlaloque procesa), tendríamos una superficie de 18 mil 760 metros cuadrados para cosechar el líquido; y, ésta, multiplicada por los setecientos metros por litro cuadrado anuales, nos resultan doce millones novecientos treinta y dos mil litros anuales, aprovechados y gestionados, atenuando la saturación de la red de descarga y en consecuencia las inundaciones.

El concepto es muy sencillo, la lluvia que se colecta en los techos es desviada al filtro y del filtro en lugar de descargarse en el sistema de drenaje y alcantarillado, se conduce en tubería ligera de plástico a la cisterna o tinacos de la escuela. En este ejemplo la superficie considerada por escuela es solo una fracción de lo que en realidad existe, pues sabemos que los planteles oficiales usualmente son de grandes dimensiones y el listado anterior fue tomado del Directorio de la SEP de escuelas oficiales en la delegación. De la misma manera no se consideraron los planteles de educación media superior ni los de educación superior.

Esto anterior constituye solo una muestra, que se sugiere de innovación sustentable y una alternativa de gestión inteligente del recurso, confrontando costos y beneficios, como mecanismo para disminuir la carga que implica el constante e indispensable abastecimiento de agua por tandeo que demanda Iztapalapa, objeto del presente exhorto.

Por ahora se debe garantizar en todo momento el derecho humano al agua, y que históricamente se ve mermado considerablemente en época de estiaje en la Delegación Iztapalapa, las autoridades tienen el compromiso legal y moral de garantizar el abastecimiento suficiente de agua para los habitantes de la delegación.

Por lo antes descrito someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Sistema de Aguas a través del jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se dispongan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el gobierno de la Ciudad de México a difundir la situación del emplazamiento del sistema ferroviario Tren Toluca-Valle de México, suscrita por los diputados Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la ambiental y económica; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

A su vez, en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a:

“Artículo 4... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.”

Además, en el artículo 6 del Pacto Fundamental se prevé:

“Artículo 6...

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna...”.

Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:

“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable , que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático ...”.

Y, en el 26 de la Constitución federal se prevé:

“Artículo 26.

El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática y deliberativa . Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad ...”.

De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación.

Y, en la Ley General de Cambio Climático , en el artículo 34, se contiene la obligación para las autoridades de la administración pública federal de diseñar e instrumentar programas de movilidad que sean sustentables .

El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).

Para una mejor inteligibilidad, el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico , sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, sería considerado insustentable .

Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas ” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen el derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida , individual y colectiva; y las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.

De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio, en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Entre estos derechos están el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la información plural y oportuna y el derecho a participar , definir y gozar de los beneficios del desarrollo sustentable .

Segunda. El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede, todo lo dirige y todo controla, y un ciudadano que todo lo acepta -característica de la democracia representativa , está siendo redefinido por un nuevo esquema, en el cual los ciudadanos exigen y tienen mayor participación en la gestión de los asuntos públicos : la democracia participativa .

Hoy, los Estados Democráticos de Derecho reconocen que la gestión ambiental debe ser por antonomasia participativa , involucrando a las personas en los procesos de toma de decisiones públicas. (González Ballar, 2001).

Los procesos de toma de decisiones públicas, basados en procesos participativos son un rechazo a los procesos donde frecuentemente los intereses privados prevalecen por encima de los intereses públicos y sobre el bien común (Foster, 2002). Dichos procesos comprenden cuatro áreas integradoras, a saber:

1. El derecho a la participación pública;

2. El derecho de acceso a la información pública;

3. El derecho al desarrollo; y,

4. La aplicación del principio precautorio.

Los principios deben considerarse como un todo indisoluble (Liu, 2001), si se trata de respetar los derechos humanos de las personas, como el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable .

Tercera. El 25 de abril de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó la realización del proyecto denominado “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal ”,1 conocido como “Tren Toluca-Valle de México ”.

De acuerdo con la autoridad federal, el proyecto tiene como objetivo unir “a la capital de la nación (sic), de 9 millones de habitantes, con la capital del Estado de México, el más poblado del país, con casi 17 millones de habitantes. La inversión total será de 44000 millones de pesos”. El tren tendrá una longitud de 57.9 kilómetros , con dos terminales (Zinacantepec y Observatorio) y cuatro estaciones intermedias (Pino Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa fe) (Presidencia de la República. Cuarto Informe de Labores 2015-2016, 39 pág.).

Como puede advertirse, la obra reviste las características de un proyecto de dimensiones sociales, culturales, económicas, de infraestructura y ambientales verdaderamente complejas , lo que ha motivado que diferentes grupos sociales de ambas localidades se sientan agraviados; sobre todo, las personas que viven en las inmediaciones de las vías por donde cruzaran las vías del tren y donde se pretende ubicar las estaciones y terminales.

Además, una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal obtuvo la autorización de la DGIRA, ha solicitado seis nuevas modificaciones sobre el trazo de la ruta del proyecto ferroviario, lo que implica un cúmulo de información relevante que debe ser conocida por los ciudadanos, sin que hasta la fecha las autoridades (federales y de la Ciudad de México) y la empresa concesionaria hayan informado debida y oportunamente a los ciudadanos.

Por lo anterior, es comprensible que diversos grupos sociales consideren que sus derechos a un ambiente sano, a la información y al desarrollo sustentable no fueron ni son debidamente respetados por las autoridades federal y de la Ciudad de México, pues no se les permitió participar en los procesos de consulta que prevé la ley en la materia, respectivamente, es decir: fueron excluidos de proceso de toma decisiones .

Si a lo anterior agregamos que existe información pública que da cuenta de la existencia de otros proyectos que confluirán en la Estación de Observatorio , en la zona poniente de la Ciudad de México –como la extensión de las Líneas 9 y de la 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro–, entonces se comprenderá la alarma y molestia social de las personas avecindadas en las inmediaciones de dicha terminal. Las autoridades han asegurado que dentro de año y medio habrá una concurrencia diaria de al menos 500,000 personas:

“...Observatorio recibirá a usuarios del oriente –por la conexión con Pantitlán por las líneas 1 y 9– y del sureste, pues la línea Dorada traerá gente de Tláhuac, Milpa Alta y Chalco.

Mientras que del Valle de Toluca llegarán mediante el Tren Interurbano y viajeros del Occidente del País llegarán por la central Camionera del Poniente. Más los pasajeros que llegarán por camiones al paradero...”.2

Indudablemente, la concurrencia diaria de medio millón de personas en una zona tan densamente poblada y transitada, traerá afectaciones a la forma de vida de los residentes de las colonias aledañas a dicha terminal, principalmente en su salud física y emocional, en la reducción de los escasos espacios para la convivencia familiar y vecinal, trastornos a la movilidad y congestionamientos viales, acumulación de basura y de desechos, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, contaminación ambiental y lumínica, entre otras.

Cuarta. A lo anterior hay que adicionar que cuando los residentes en la zona aledaña a la terminal Observatorio –que serán afectados negativamente por las obras precisadas– acuden ante las autoridades federales y de la Ciudad de México, para que les informen y les expliquen el estado de avance de las obras y las afectaciones previstas, se encuentran con actos que ponen en entredicho su vocación democrática: les ocultan la información inherente y disponible, remitiéndolos unas autoridades a las otras, lo que violenta sus derechos a un ambiente sano, a estar debida y oportunamente informados y el derecho al desarrollo sustentable.

Es necesario que las autoridades accedan a reunirse para informar debidamente a los ciudadanos que serán afectados negativamente en su entorno, respecto de los mecanismos institucionales, legales, financieros, de infraestructura, etc., que se han previsto para prevenir, mitigar o reparar los efectos negativos de los proyectos aludidos.

El desarrollo del país no puede fincarse sobre la afectación de la vida de las personas. Los beneficios que se atribuyen a los proyectos de infraestructura referidos no pueden ni deben minimizar las afectaciones a la salud física y emocional de las personas, sociales, económicas, ambientales, asociadas a dichos proyectos.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a hacer pública la situación del emplazamiento del sistema ferroviario denominado “tren Toluca-Valle de México”, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a celebrar reuniones de trabajo con las personas que residen en las colonias aledañas a la estación Observatorio, en la delegación Álvaro Obregón, de la ciudad de México.

Notas

1 Oficio SGPA/DGIRA/DG/3773

2 Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Diario Reforma, 27 de junio de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputados: Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de su pensión de retiro y toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. La situación económica del país obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la federación en el manejo eficiente de los recursos públicos, particularmente en relación a las distintas medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y el Banco de México para realizar recortes financieros a las entidades y dependencias de la administración pública federal y, aunado a las medidas adoptadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017, el cual contempla un recorte cercano a los 240 mil millones de pesos a entidades, dependencias y programas federales de gran relevancia social para el país.

Es por ello que se considera fundamental, que el destino de los recursos públicos debe cumplir la finalidad de garantizar el desarrollo del país sin menoscabar los derechos de las personas ni las necesidades básicas sociales que el Estado debe garantizar, por lo que deben quedar eliminadas aquellas erogaciones presupuestales que representan un abuso y una evidente ineficiencia en la administración de recursos públicos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los recursos destinados a los ex presidentes por conceptos de retiro, personal de apoyo y de seguridad, ya que además de los 205 mil pesos mensuales que reciben los exmandatarios como pensión estos pueden llegar a representar un gasto al erario de hasta 5 millones de pesos.

II. El artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características bajo las cuales deben ser administrados los recursos públicos:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

De lo anterior se destaca la obligación de la federación en administrar los recursos públicos bajo los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, entendidos bajo un sentido de responsabilidad social y no de privilegios a servidores públicos como lo representan las pensiones y prerrogativas a los expresidentes.

III. La delicada situación económica que padece nuestro país se ve acentuada por la desigualdad, la cual pareciera haberse establecido como un fenómeno irremediable y de aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”1

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que 10 por ciento de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima del 10 por ciento más pobre.2 Y se caracteriza por tener trabajadores pobres donde: 19 por ciento3 tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; existe una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; no hay mayores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

“En México, para que un ciudadano pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley de Seguro Social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo mil 250 semanas – más o menos el equivalente a 25 año de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”4

La situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro es preocupante, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se señala que “más de 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”5 . Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorrar y poder tener un retiro, “56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante.”6

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada Ahorro y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos? arrojó que “sólo 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que 41 por ciento debe seguir trabajando [...] incluso 20 por ciento de la población mayor de 80 años deberá seguir trabajando.”7

IV. Actualmente existe una opacidad para conocer los recursos públicos erogados por el concepto de pensión vitalicia, así como lo correspondiente al personal de apoyo y seguridad militar que son asignados a aquellas personas que se desempeñaron como presidentes de la República.

Y a pesar de ser una obligación de la Oficina de la Presidencia de la República publicar en su respectiva página de internet de manera permanente el destino de los recursos asignados a los expresidentes, es necesario insistir que prevalece una opacidad sobre los montos, destino y uso de los recursos públicos asignados a los exmandatarios.

Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación denominada Los parásitos del poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes , dan a conocer que los privilegios de los expresidentes son un claro ejemplo de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y, bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los elementos clave del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios.8

V. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

El escenario que presenta nuestro país es desalentador, con una marcada tendencia en la desigualdad social y económica, por lo que es indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos, siendo necesario contar con un gasto responsable de los recursos públicos que permita hacer frente a la desigualdad.

Por lo que es indispensable cuestionar el cómo es posible justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos, en particular la de aquéllos que se desempeñaron como presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República a desistir de su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, particularmente lo correspondiente a gastos en personal de apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Notas

1 Ibídem.

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

3 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos
www.stats.oecd.org/

4 Ibídem pág. 14.

5 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

6 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014,
www.forbes.com.mx

7 Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013, www.forbes.com.mx

8 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso pág. 29.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SHCP a implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, en virtud de los cuales se exhorta respetuosamente a los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a diseñar planes y programas, e implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, así como estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para su fomento industrial, en el sentido de que se atienda esta industria, en especial consideración a que este año diversos factores, como los fenómenos naturales, han ralentizado la producción de sus respectivos productos. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Más que sólo un tequila, es el reflejo de nuestro estilo de vida

Anónimo

El agave es una planta verde y morada del país, que cuenta con más de 300 especies pertenecientes a este género con una gran diversidad en cuanto a formas, tamaños, colores y estrategias de vida, además de una extensa pluralidad de usos y productos relacionados. Destaca al respecto, en cuanto a los destilados de su industria vitivinícola: el tequila (un tipo de mezcal, elaborado a partir del agave azul, agave tequilana), el mezcal (A. cupreata, A. potatorum, etcétera), el aguamiel y el pulque, así como en diversas latitudes el licor de Cocuy (Agave cocui).

El tequila es quizá la bebida más conocida y representativa de México en el mundo, cuyo origen se remonta a un destilado del primigenio municipio de Tequila, Jalisco. Su elaboración parte de la fermentación y el destilado, igual que el mezcal, del jugo extraído del agave, en particular el llamado “agave azul” (agave tequilana), que cuenta con denominación de origen en cinco estados (Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y por supuesto en todo Jalisco, ya que en los tres primeros sólo se puede producir en los municipios fronterizos a Jalisco).

Según la NOM-06-SCFI-2012, el tequila es definido como “bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un productor autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la declaración, derivados de las cabezas de agave de la especie tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49 por ciento de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos en la presente norma y en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío. El tequila es un líquido que puede tener color, cuando sea madurado, abocado, o añadido de un color específico”.

La producción de tequila en el país genera actualmente 60 mil empleos, los cuales son ocupados por 17 mil 500 agricultores, quienes cultivan alrededor de 100 mil hectáreas de agave. En el país, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Michoacán cuentan con denominación de origen del tequila.

De enero a diciembre de 2014 se produjeron 242.4 millones de litros a 40 por ciento alcohol/volumen. Mientras, de enero a diciembre de 2015 se produjeron 248.3 millones a 40 por ciento alcohol/volumen. La exportación total en 2014 fue de 172.5 millones y en 2015 de 182.9 millones a 40 por ciento alcohol/volumen.

Del 1 de enero de 2016 al 1 de agosto de 2016 se exportaron 13 millones 838 mil 831.19 litros de tequila 100 por ciento agave sólo a Estados Unidos de América. En países como China fueron alrededor de 6 mil 804.51. En España 135 mil 590.32 millones de litros exportados.

Además, según información de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, al cierre de 2015 se exportaron casi 183 millones de litros de tequila, 10.4 millones de litros más en comparación con los envíos al exterior que se hicieron de nuestra bebida en 2014, cuando alcanzaron 172.5 millones de litros, logrando así un crecimiento de 6 por ciento, con un valor estimado de 1.3 billones de dólares estadounidenses.

Hemos logrado su exportación a más de 120 países, siendo Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Japón y Brasil las naciones a que más se les exporta.

Resulta por tanto clara y fundamental la necesidad permanente por implantar acciones de mejora para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, máxime si se considera que a principios de este año diversos factores se conjuntaron en afectaciones y preocupaciones para la producción e industria del agave; entre ellas se encuentran principalmente las emanadas por fenómenos naturales.

Según estimaciones preliminares del presidente del Sistema Producto Agave Tequila, Raúl García Quirarte, las heladas presentadas en Jalisco y otras entidades afectaron al menos 9 millones de plantas de agave, principalmente en la zona de los Altos de Jalisco, Arandas y Atotonilco.

Ese fenómeno natural podría representar un desabasto de agave para la industria tequilera en los siguientes tres años, como indicó el líder agavero, quien estimó que el sector requiere entre 40 y 45 millones de agaves al año para elaborar la bebida mexicana.

Además, por supuesto, de los constantes embates que recibe la industria en razón de las importaciones ilegales, las falsificaciones y las adulteraciones de los derivados del agave. Siendo que de acuerdo a cifras del Consejo Regular del Tequila, en 2014 aproximadamente 43 por ciento del mercado de dichos bienes era ilegal, falsificado o de importación irregular. Como muestra de ello, la Comisión de la Industria de Vinos y Licores confirmó que 20 por ciento de la pérdida por bebidas alcohólicas ilegales viene de las importaciones ilegales, 66 por ciento de la producción clandestina y el restante 14 de falsificaciones y adulteraciones.

Finalmente se encuentra lo que para muchos especialistas en la materia es una altísima tasa impositiva del impuesto especial sobre producción y servicios, a la que hacer frente; y a la que en conjunto con todos estos factores, el resultado es una marcada ralentización en la producción de esta importante industria para el mercado nacional.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, en materia de fomento industrial de cada producto derivado del agave, en virtud de lo cual se dan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Economía a diseñar planes y programas, e implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados con una visión de corto, mediano y largo plazos, a efecto de generar ventajas competitivas para el sistema productivo, la integración, el desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de cada producto derivado del agave.

Segundo. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar los estímulos fiscales necesarios a la industria del agave y sus destilados para su fomento y protección.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la Sagarpa a instaurar acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es el principal productor y exportador mundial de aguacate, el cual es comercializado principalmente en Estados Unidos y Canadá. Otros países a donde se exporta son Japón, Francia, Taiwán, El Salvador, Holanda, España, Honduras, Rusia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Alemania, China, Corea, Dinamarca, Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda.

El aguacate es un producto de gran importancia en la agricultura y en la dieta mexicana. Cuenta con más de 150 mil hectáreas plantadas, menos del 1 por ciento de la superficie cultivable nacional, pero aporta cerca del 3.4 por ciento del valor de la producción agrícola total. Nuestro país es el principal productor mundial, aquí se produce el 30 por ciento de la oferta.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en 2015, la producción de aguacate en México fue de 1.6 millones de toneladas, un 6.6 por ciento más que el año anterior y reportó exportaciones de aguacate por 774 mil 600 toneladas valuadas en mil 500 millones de dólares, un crecimiento del 13 por ciento en un año.

México, además de ser el principal productor y exportador, es el principal consumidor de aguacate en el mundo. Los principales estados productores son: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Morelos y Nayarit.

En el estado de Michoacán se cultivan más de 75 mil hectáreas de aguacate de la variedad Hass, cuenta con 11 mil 200 productores, 37 empacadoras y 17 mil huertos de 24 municipios que trabajan el aguacate de exportación y que generan más de 100 mil empleos directos y 200 mil indirectos.

Algunos de los municipios que se beneficiarán con la exportación de aguacate son los siguientes: Acuitzio, Apatzingán, Ario de Rosales, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Periban, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Taretan, Tingüindín y Uruapan.

Esta actividad, por lo tanto, ha contribuido significativamente en la generación de empleos e ingresos a miles de familias, a su vez que se propicia la disminución de la migración hacia Estados Unidos.

Michoacán se ha consolidado como un gran productor agrícola en el país y como principal exportador de aguacate a nivel mundial, lo cual es fruto del cuidado que durante muchos años han puesto los agricultores para ofrecer un producto de calidad, sano e inocuo, y que les ha dado gran prestigio internacional.

En ese sentido se han llevado a cabo campañas fitosanitarias que la Sagarpa ha coordinado durante años junto con el gobierno de Michoacán y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal arrojando como resultado que la producción de aguacate cumpla con los más altos niveles de calidad e inocuidad.

Asimismo, como estrategia para apuntalar la comercialización de aguacate en 2013 se llevó a cabo la alianza entre productores y empresas exportadoras en Avocados from Mexico para posicionar al aguacate mexicano en el mercado estadounidense. Avocados from Mexico se formó como una organización sin fines de lucro encargada de coordinar las actividades de comercialización para la Mexican Hass Avocados Importers Association (MHAIA) y la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México (APEAM).

Estados Unidos es el principal mercado de exportación para México, consumiendo entre el 77 y 79 por ciento de las exportaciones totales. Asimismo, más de 50 por ciento de los hogares estadounidenses consumen aguacate, y México provee casi el 80 por ciento del total.

Lo que se observa es que las exportaciones del aguacate se han concentrado de manera sustancial hacia Estados Unidos, generando una dependencia del comportamiento de la economía de ese país y particularmente de la demanda de sus habitantes.

América Latina, Europa, China, Japón y Canadá son nichos de mercado estratégicos para la diversificación de las exportaciones de aguacate. Cabe señalar que diversos empresarios aguacateros se han pronunciado por impulsar una extensa campaña de promoción del aguacate mexicano en Japón y China, entre otros mercados; y realizar las gestiones necesarias para lograr la disminución de aranceles en esos países. Apuestan al mantenimiento del comercio del fruto tal como está, al tiempo que se trabaja para diversificar sus mercados.

Es estratégicamente necesario que se diversifiquen las exportaciones de aguacate. No es conveniente depender tanto de un solo mercado, sobre todo a la luz de las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno en materia de protección comercial. El gobierno mexicano no debería ausentarse de este proceso, más bien debería acompañar los esfuerzos de los aguacateros a través de la promoción de la fruta en otros países, agilizando trámites y apoyando nuevos esquemas de comercialización del producto.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a instrumentar diferentes acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González , diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la de género; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

En el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a “... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar . El estado garantizará el respeto a este derecho...”.

Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:

“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable , que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático...”.

Y, en el artículo 26 de la Constitución federal se prevé:

“Artículo 26.

A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática y deliberativa . Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad ...”.

De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación . Y, en la Ley General de Cambio Climático , en el artículo 34, se contienen la obligación para las autoridades de la administración pública federal de diseñar e instrumentar programas de movilidad que sean sustentables .

El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).

Para una mejor inteligibilidad, el compromiso intergeneracional al que alude el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico , sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, vulneraría el derecho de las generaciones futuras, o sea: sería considerado insustentable .

Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas ” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida , individual y colectiva; y las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.

En este tenor, en el artículo I, numeral 2, de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, define el derecho a la ciudad “como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad , democracia, equidad y justicia social ”. Y en el artículo XIII, de manera expresa, se contiene el derecho al transporte público accesible, a un precio razonable , y adecuado a las diferentes necesidades ambientales y sociales .

Si bien éste documento es de carácter programático u orientador en al ámbito internacional, las disposiciones citadas son de enorme utilidad para la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la vida de las personas que habitan en las ciudades; Así se ha reconocido en el ámbito de la política pública federal, mediante la elaboración y puesta en marcha del Programa Federal de apoyo al Transporte Masivo (Protram) .

En el ámbito local, en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad , se reconoce de manera explícita el derecho de los habitantes y de las personas que transitan la ciudad a disfrutarla. En consecuencia, se prevé el derecho al transporte público y a la movilidad urbana (párrafo 3.2), con el fin primordial de fortalecer el desarrollo social y económico de las personas .

De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas , sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio , en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Para este trabajo, resulta preponderante tener presente el derecho de las personas a participar, definir y gozar de los beneficios del desarrollo sustentable .

Segunda. El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede, todo lo dirige y todo lo controla, y un ciudadano que todo lo acepta -característica de la democracia representativa , está siendo redefinido por un nuevo esquema, en el cual los ciudadanos exigen el respeto pleno a sus derechos humanos .

Actualmente, los Estados Democráticos de Derecho reconocen que la “prosperidad urbana está vinculada a la nueva visión de la ciudad en el siglo XXI, donde el centro es el ser humano ”.1 Acorde con ello, los procesos de toma de decisiones públicas deben estar orientados a satisfacer las necesidades sociales más apremiantes , dejando de lado los procesos donde frecuentemente los intereses privados prevalecen por encima de los intereses públicos y sobre el bien común (Foster, 2002).

Tercera. De acuerdo con datos oficiales, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) el 60.6 por ciento de los viajes diarios se realizan en transporte concesionado de “baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi)” y sólo 8 por ciento se realiza en alguno de los “sistemas integrados de transporte público masivo (metro, metrobús, tren ligero y trolebús)”.2 Estas circunstancias propician que los traslados en la ZMVM sean largos, agotadores, inseguros y costosos , lo que sin duda afecta el bienestar y prosperidad de sus habitantes.

En un intento institucional de dar respuesta a la problemática de la movilidad, los representantes de los gobiernos federal y de la Ciudad de México han concurrido para impulsar modos de transporte masivos, como los “trenes de pasajeros y transporte urbano masivo ”: Tren Subsurbano Buenavista-Cuautitlán (en operación desde 2005)3 y el Tren Interurbano México-Toluca (en construcción);4 ambos recorridos comunican zonas conurbadas del estado de México y la Ciudad de México.

Cuarta. El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán realiza un recorrido total de 25.52 kilómetros , con dos terminales (Cuautitlán-Estado de México y Buenavista-Ciudad de México) y cinco estaciones intermedias (Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería y Tultitlán).

Las distancias (km) entre terminales y estaciones se corresponden de la manera siguiente:5

Las tarifas por interestación actuales, considerando el “Ajuste Inflacionario (sic)” realizado por la empresa concesionaria (Ferrocarriles Suburbanos, SAPI de CV) son:6

Como puede observarse en las tablas insertas, a pesar de que existen recorridos con 21 distancias diferentes entre sí (entre estaciones y terminales), en correspondencia sólo existen dos únicas tarifas aplicables a tales recorridos. Es decir, las tarifas aplicadas por la empresa concesionaria entre las terminales y las estaciones intermedias son independientes del recorrido realizado y del servicio realmente proporcionado .

Lo anterior puede explicarse así: en el título de concesión se dispuso que el concesionario sería quien establecería las tarifas por interestación (1.1. fracción XIX). En seguimiento a esta disposición, en el Anexo 20 del título de concesión, en el arábigo 5, se estableció –formalmente— dos maneras de fijar las tarifas:

“5. Las Tarifas por Interestación (sic) deberán fijarse atendiendo al recorrido real entre las estaciones o por zonas tarifarias (en adelante “Zonas tarifarias”). Tratándose de Zonas Tarifarias, el Concesionario establecerá al menos dos ...”.

Como puede apreciarse, la autoridad reglamentaria le otorgó a la empresa concesionaria la posibilidad de fijar motu proprio las tarifas mediante dos vías: atendiendo al recorrido real o por zonas tarifarias .

Ante la alternativa recibida, la empresa concesionaria eligió fijar las tarifas por zonas tarifarias . De esa manera los usuarios deben cubrir alguna de las dos únicas tarifas establecidas por la concesionaria, desligadas del recorrido real realizado y del servicio realmente recibido :

“1. Las Zonas tarifarias que el concesionario ha convenido establecer, son las siguientes:

Quinta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2014)8 los mexicanos más pobres destinan hasta el 51 por ciento de sus ingresos para adquirir alimentos y bebidas, el 11 por ciento a gastos de vivienda y combustibles y en promedio el 19 por ciento al pago de servicio de transporte público y comunicación. Este dato fue reafirmado en 2016, cuando se estimó que los hogares “con ingresos más bajos gastan más (en transporte) en términos porcentuales”.9

La limitación de ingresos está asociada a limitaciones de movilidad , debido a que los mexicanos más pobres carecen de vehículos propios para trasladarse de sus domicilios a sus actividades cotidianas; por ende, son quienes utilizan en mayor proporción el transporte público: 70 contra un 8 por ciento de quienes tienen ingresos altos.10

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 60.6 por ciento de los 6.3 millones de viajes diarios se realizan en alguna de las modalidades del transporte público, donde el costo de un viaje representa hasta el 12.5 de los ingresos en los hogares,11 lo cual impacta severamente el bienestar familiar y concomitantemente limita su derecho al bienestar y al desarrollo.

Ante este escenario de adversidades, la defensa de los derechos fundamentales –entre ellos los ingresos– de los mexicanos más pobres es determinante , sobre todo de parte de las autoridades de los tres niveles, quienes, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional Federal, tienen la ineludible obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” de todas las personas.

El imperativo constitucional recién citado incluye a los integrantes o representantes de todo órgano de gobierno, incluyendo a los jueces, legisladores y al titular del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Estado que conforman la administración pública centralizada, como el secretario de Comunicaciones y Transportes .

De esto se sigue que dicho funcionario público, en todos sus actos inherentes al cargo que ostenta –como la expedición del título de concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista —, tiene la obligación de proteger y defender los derechos fundamentales de los mexicanos.

No obstante lo anterior, es indudable que la expedición del título de concesión precisado es violatorio de los derechos de las y los 150 mil usuarios12 que diariamente hacen uso de ese servicio. A pesar de que los usuarios tienen el derecho a una vida digna, al bienestar social y al derecho a la movilidad (el cual incluye un transporte de calidad accesible y económico), ven cómo sus exiguos ingresos les son arrebatados legalmente por la empresa concesionaria, 13 mediante la fijación y aplicación unilateral de las tarifas por interestación por zonas tarifarias, no por el recorrido real realizado y el servicio efectivamente recibido.

Es moral, social y económicamente injusto que la autoridad reglamentaria obligue a las personas (usuarios) a pagar a la empresa concesionaria una tarifa que no se corresponde directamente con el servicio efectivamente recibido, desligada absolutamente del recorrido real realizado y del servicio prestado.

Por ejemplo, si un usuario aborda el tren en la terminal Buenavista y tiene necesidad de viajar a la estación San Rafael, realiza un recorrido de sólo 14.18 kilómetros, pero se obliga a pagar al usuario la tarifa máxima, la correspondiente al recorrido completo: 25.52 kilómetros . En este caso, la tarifa aplicada tiene un sobrecosto del 45 por ciento , ya que se obliga al usuario a pagar 11.34 kilómetros no recorridos.

La autorización a la empresa concesionaria para cobrar por servicios no prestados se traduce en un abuso de poder del secretario del ramo, quien carece de facultades para obligar –al autorizar la tarifa a aplicar— a los usuarios a pagar por un servicio no recibido.

La facultad que tiene el Secretario de Estado para fijar las tarifas asociadas al funcionamiento y operación de los servicios públicos de transportes, no incluye la permisividad para que el concesionario fije unilateralmente las tarifas, desligadas absolutamente de los servicios realmente prestados; por ello, la autorización de las tarifas aplicadas –sujetas formalmente a condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio — es una extralimitación de las facultades legales de dicho secretario.

Ahora, si bien es cierto que en la ley reglamentaria se prevé únicamente el registro de las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, ello no deriva en la discrecionalidad de que el concesionario fije las tarifas según las zonas tarifarias que unilateralmente decida . Es claro que las personas sólo están obligadas a pagar por el servicio efectivamente recibido o el recorrido realmente realizado a bordo del tren.

También es pertinente precisar que, en comparación con otro servicio de transporte similar existente en la Zona Metropolitana del Valle de México, la tarifa máxima autorizada al concesionario del Tren Cuautitlán-Buenavista ($16.00 ) tiene un sobrecosto de al menos el 20 por ciento. Por ejemplo, si atendemos las afirmaciones de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, el costo “real” de un viaje por recorrido completo en el sistema de transporte colectivo Metro es de 13.00 pesos. 14 En cambio, por un recorrido real de 14.18 kilómetros en el tren Cuautitlan-Buenavista (de la terminal de Buenavista a la estación San Rafael), el usuario es obligado a pagar actualmente 16.00 pesos .

Sexta. Además, es necesario que la autoridad reglamentaria verifique el cumplimiento cabal de las condiciones en las cuales la empresa concesionaria debe prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros.

Debido al incumplimiento diario en el tiempo de despacho, frecuencia o salida entre un tren y otro, se provocan innumerables conflictos verbales y físicos violentos entre los usuarios, quienes tienen que esperar hasta veinte minutos o más para abordar el tren, no obstante que la frecuencia recomendable es de seis minutos máximo. Los usuarios que logran abordar el tren en primer lugar riñen con frecuencia con quienes, desesperados por la larga espera, intentan abordar el tren una vez que éste está atiborrado. Esta circunstancia atenta contra la integridad de las personas y viola las condiciones en las cuales el concesionario está obligado a prestar el servicio: oportunidad, calidad y precio .

Además, la empresa concesionaria abusa de los usuarios mediante otra modalidad. Expende tarjetas electrónicas de prepago para que los usuarios puedan acceder al servicio -cobrándolas por supuesto, con vigencia de un año.

Cuando los usuarios recargan las tarjetas que están próximas a vencer –o ya vencieron, la empresa omite dolosamente informales que no podrán utilizar el crédito depositado ante la no vigencia de las tarjetas. Así, cuando los usuarios intentan utilizar las tarjetas con crédito pero no vigentes se percatan de esa artimaña. Ante los reclamos de los usuarios, los responsables de la estación o terminal únicamente se limitan a sugerir al usuario que ¡demande jurídicamente a la empresa!, porque el dinero depositado por adelantado no les será devuelto.

A pesar de las violaciones expuestas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sólo no ha verificado que la empresa concesionaria cumpla con las condiciones en las cuales se obligó a prestar el servicio, sino que la premió: el 23 de febrero de 2012 extendió la vigencia de la concesión de 30 a 45 años, 15 como una forma de compensarla por los abusos cometidos en la prestación del servicio .

Séptima. A pesar del ánimo de quienes no tienen como prioridad la defensa de los derechos de los usuarios , la contraprestación (derecho a aplicar una tarifa) que se deriva del título de concesión a favor de la empresa concesionaria no puede considerarse un derecho absoluto .

Si bien es cierto que del título de concesión expedido por la autoridad a favor de la empresa concesionaria se derivan derechos, también es cierto que los usuarios tienen derechos constitucionalmente protegidos: el derecho a una vida digna y al desarrollo sustentable comprehenden el derecho a no ser despojado de los ingresos económicos legalmente obtenidos; sin que sea jurídicamente justificable que alguna autoridad autorice actos abusivos , como el cobro de tarifas de parte de la empresa concesionaria por servicios de transporte no prestados. El derecho de las personas a una vida digna se traduce en la obligación de toda autoridad de abstenerse de elaborar, aplicar o autorizar a terceros a aplicar actos abusivos .

Ante un conflicto de derechos, debe ponderarse racionalmente la naturaleza misma de los servicios públicos concesionados (transporte), donde el interés público tiene una relevancia determinante: salvaguardar los derechos de los usuarios .

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta Magna y el numeral 13 del Anexo 20 . Tarifas y reglas de aplicación del título de concesión, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumpla con su obligación de proteger los derechos fundamentales de los usuarios del tren suburbano Cuautitlán-Buenavista:

“13. La Secretaria podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento en la aplicación por parte del Concesionario de la Tarifas por Interconexión (sic), según corresponda, y sus reglas de aplicación...”.

(Énfasis agregado)

Finalmente. El desarrollo del país no puede fincarse sobre la afectación de los derechos fundamentales de las personas. Los beneficios que se atribuyen a la operación del tren suburbano no pueden ni deben minimizar los actos abusivos autorizados.

Por lo anterior, someto a la consideración del Honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del tren sub-urbano Buenavista-Cuautitlán.

Notas

1 ONU Hábitat (2016). Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. Senado de la República, LXIII Legislatura- Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. México, página 7.

2 Ob. cit., página 42.

3 Diario Oficial de la Federación 25/10/2005.

4 SCT (2016). Cuarto Informe de Labores 2015-2016. Gobierno de la República. México, pág.39.

5 Título de Concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista. Anexo 20. Tarifa y reglas de aplicación. Apéndice B. Matriz de Distancias. Diario Oficial de la Federación. México, 2005.

6 Apéndice “A Bis-7” del Anexo 20 referido.

7 Tarifas actualizadas, incluyendo IVA: Viaje corto $7.00 (Zona tarifaria A) y Viaje largo $16.00 (Zona tarifaria B). Cfr. Apéndice “B-1 Bis” del Anexo 20.

8 Actualizada al mes de julio de 2015.

9 ONU HÁBITAT (2016). Ob. Cit., pág. 40.

10 Ídem. 40.

11 Ídem, 40.

12 Ramírez Tamayo, Z (2013), Tren Suburbano: un viaje de 10,000 mdd, en Revista Forbes, Sección Negocios, 2 de abril de 2013. México. Visible en página electrónica el 17 de enero de 2017: htpp://www.forbes.com.mx/autor/zacarias-ramirez.

13 De la cual el gobierno federal tiene el 49% de las acciones

14 Jorge Gaviño Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de México, en Atracción360. Grupo Imagen . México, 15 de junio de 2016.

15 Diario Oficial de la Federación, 23 de Febrero de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a implantar medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, a cargo del diputado Víctor Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, para que implementen medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo con cifras históricas proporcionadas por el Banco de México, el peso mexicano ha experimentado en los últimos cuatro años y medio una de las depreciaciones modernas más fuertes de la era moderna, y la más grande desde el periodo diciembre 1994-diciembre 1995, según se puede observar en la siguiente tabla:



II. La devaluación en el periodo 14 de septiembre de 2012 al 16 de enero de 2017 ha superado el 70 por ciento, lo que necesariamente implicará una mayor inflación que aquella que suele existir en los periodos en que la moneda nacional se mantiene estable frente al dólar norteamericano.

III. Uno de los grandes impactos de la depreciación del peso que más ha resentido la población mexicana, especialmente la clase media ha sido sin duda el aumento a los precios de los combustibles, especialmente el de la gasolina, cuyo crecimiento en el mismo periodo se puede apreciar en la siguiente tabla:

IV. De acuerdo a los incrementos referidos –los cuales aún no se detienen pues se calculan aumentos adicionales de alrededor de 20 por ciento en los meses de febrero y marzo del presente año–, la gasolina tipo magna ha aumentado 54 por ciento, que muy pronto será 70 por ciento, casi a la par de la depreciación de nuestra moneda.

V. Por otra parte, el recién electo presidente de los Estados Unidos de América ha propuesto una serie de medidas migratorias y económicas, como la cancelación o renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pudieran llevar a nuestro país a una desaceleración o incluso recesión económica, con las graves consecuencias que ello representaría para la población mexicana en materia de acceso a oportunidades de empleo y de recursos, incluso para la satisfacción de sus necesidades más básicas.

VI. En este contexto económico, la calificadora internacional Fitch Ratings dio a conocer el pasado viernes 9 de febrero del presente año, que México es uno de los países en el mundo con mayor riesgo de sufrir una baja en su calificación crediticia producto de las políticas del presidente Donald Trump, lo que implicaría:

“Los principales riesgos para los créditos soberanos incluyen cambios perjudiciales en las relaciones comerciales; disminución de flujos internacionales de capital; límites a la migración que afecten remesas y confrontación entre líderes mundiales, lo que genera volatilidad en mercados financieros.

Fitch declaró que de concretarse, estos riesgos generarían un escenario desfavorable para el crecimiento económico mundial, presionando a las finanzas públicas, lo que podría tener implicaciones en las calificaciones de algunas deudas soberanas.”1

VII. Ante el panorama anteriormente descrito, el suscrito considera como un imperativo es que el presupuesto gubernamental se ejerza con la mayor disciplina y austeridad posible, de tal forma que sin descuidarse el desempeño de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, se limiten todo tipo de gastos de naturaleza onerosa que no estén plenamente justificados.

Lo anterior en virtud de que el gobierno no es una empresa trasnacional exitosa que pueda darse el lujo de brindar jugosos beneficios a sus empleados, por el contrario, el gobierno mexicano debe ser el primero en ajustarse el cinturón cuando las condiciones económicas en el país sean adversas, y debe ser el principal ejemplo y referencia de ahorro y cuidado de los recursos públicos que le son entregados con mucho esfuerzo por cada uno de los contribuyentes del país.

VIII. Es importante señalar como referencia que otros países y entidades federativas ya han aprobado acuerdos generales o leyes encaminadas a detener o limitar los dispendios y los excesos. Entre algunos de los ejemplos que podemos señalar a nivel país nos encontramos con Jalisco, que en el mes de noviembre del año 2014 publicó su Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que cuenta con 37 artículos divididos en 5 capítulos, y cuya aplicación ha sido exitosa reduciendo los costos erogados en gastos considerados suntuarios, como lo son los seguros de gastos médicos mayores de los funcionarios estatales, y que servirá como referencia para la presente propuesta. Cabe señalar que dicha propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el suscrito votó a favor de su aprobación.

IX. Por otra parte, en el mes de febrero de 2016, fueron publicados por orden del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración pública federal, en los cuales se establecieron límites claros a los funcionarios del Poder Ejecutivo de conformidad a las siguientes razones:

“Que para dar soporte a la implementación de las reformas estructurales y continuidad a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, resulta necesario promover la aplicación de criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad, y

Que es necesario establecer medidas adicionales que permitan una mayor racionalización en el uso de los recursos públicos de la administración pública federal, para lo cual se requiere actualizar el marco normativo que regula el ejercicio de los recursos presupuestarios y de apoyo al desempeño de los servidores públicos facultados...”

Dichos lineamientos establecieron como su objeto: establecer las disposiciones que regulan la asignación de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través de 37 apartados o normas temáticas.

X. Por su parte, el Senado de la República también mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de febrero de 2016 el Acuerdo a través del cual aprobaron sus propios Lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria 2016, en los cuales se establecen en 23 apartados las reglas necesarias para “racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo de la Cámara de Senadores, a través de incrementar la productividad sin afectar el cumplimiento de las metas de carácter legislativo y, en su caso, a la conservación y adaptación de las instalaciones del Senado de la República, así como a cubrir los compromisos propios del desarrollo del trabajo legislativo.”

XI. Un ejemplo latinoamericano relacionado con medidas de austeridad presupuestal en la Directiva Presidencial 01 del presidente de la República de Colombia, publicada en el mes de febrero de 2016, en la cual se señalan como principales rubros los siguientes:

a. Reducción en gastos de comunicación.

b. Reducción de viáticos y gastos de viaje

c. Reducción de gastos de vehículos y combustibles.

d. Reducción en esquemas de seguridad

e. Reducción en gastos de papelería y telefonía

f. Reducción en gastos derivados de servicios públicos

g. Reducción en gastos de nómina

h. Reducción en contratación de servicios personales

i. Modificación de estructuras administrativas y plantas de personal.

Con esta directiva, el gobierno colombiano lanza un claro mensaje a los colombianos sobre la responsabilidad de sus gobernantes de ajustarse a una realidad financiera acorde con las necesidades de la población, mensaje que considero indispensable que transmitamos también desde el Congreso de la Unión a la ciudadanía mexicana, a través de la expedición de la ley que propongo.

XII. El trabajo denominado Calidad de la Administración Pública (Quality of Public Administration ) publicado por la Unión Europea en diciembre de 20152 , en su capítulo 7 establece propuestas para un presupuesto claro, transparente y especialmente ofrece elementos para la construcción de “presupuestos creíbles”. Una de dichas recomendaciones consiste precisamente en la búsqueda de criterios de austeridad para lograr conseguir esa credibilidad ciudadana tan necesaria y a la vez tan olvidada en el ejercicio del gasto público.

XIII Así las cosas, de aprobarse esta propuesta, se fortalecerían las finanzas públicas y sobre todo la credibilidad de las y los mexicanos en el ejercicio presupuestal, pues es demasiado cínico pedirle a la gente que se apriete el cinturón y no establecer al mismo tiempo medidas concretas y obligatorias para todos los funcionarios del gobierno federal.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan a la brevedad posible medidas de austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del presupuesto estatal.

Segundo. Se hace un atento exhorto a las legislaturas de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones expidan leyes de orden estatal en las que se establezcan medidas de austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del presupuesto estatal.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/02/10/donald-trump-pone -riesgo-calificacion-crediticia-mexico-fitch

2 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a revisar la instalación de las antenas de radiofrecuencia o microondas; y a la Ssa, a analizar los efectos producidos en la salud por esas frecuencias, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En julio de 2014, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), con lo cual, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones se incrementó el espectro para mejores telecomunicaciones móviles. La LFTR señala que “Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano.” (Artículo 5).

No obstante, la constante evolución tecnológica alrededor de las telecomunicaciones, genera incertidumbre sobre algunas de sus posibles consecuencias no deseadas, particularmente en el ramo de la salud. En 1996, en respuesta a la inquietud manifestada por el público y los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (CEM) para evaluar los datos científicos existentes sobre los posibles efectos de esos campos en la salud, sin que hasta el momento existan datos concluyentes. En 2016, la OMS realizó una evaluación formal de los riesgos a partir de todos los resultados de salud estudiados en relación con campos de radiofrecuencias. Asimismo, la OMS determina y promueve periódicamente las prioridades de investigación relativas a los campos de radiofrecuencia y la salud para subsanar la falta de conocimientos mediante sus agendas de investigación.1

Se trata de un asunto que genera incertidumbre en el estado de salud de las personas avecindadas en lugares donde existen instalaciones de estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, por lo que es importante que los organismos públicos encargados de vigilar la instalación y operación de estas estructuras, informen y soporten a los municipios, operadores privados, y las diferentes instancias de salud, municipales y estatales, sobre los posibles efectos que tienen éstas.

Por citar un ejemplo, cerca de mil quinientas familias de un total de 6 mil 500 personas con residencia en el fraccionamiento Residencial Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, han denunciado deterioros en su salud, como dolores de cabeza, mareos, insomnio, fatiga, nauseas, irritación de los ojos y casos de cáncer entre los vecinos que habitan en las cercanías de estaciones base.

Es necesario, verificar y atender las denuncias de esta y cualquiera otra comunidad sobre posibles afectaciones en materia de salud y, en su caso, establecer procesos que inhiban cualquier riesgo que implique la instalación y operación de las antenas.

Por ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, debe revisar la instalación de las estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, de la misma manera sean retiradas las que hayan sido instaladas sin los permisos correspondientes y los estudios de riesgo que emita protección civil.

Y de la misma forma, la Secretaría de Salud debe analizar los posibles efectos a la salud que producen las ondas electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, revise la instalación de las estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, de la misma manera sean retiradas las que hayan sido instaladas sin los permisos correspondientes y los estudios de riesgo que emita protección civil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice un análisis de los efectos a la salud que producen las ondas electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.

Nota

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/ consultado el 1 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero 2017.

Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a acelerar en atención de la demanda social el proceso de dictamen de las iniciativas propuestas como solución en los precios de las gasolinas y el diésel y la carga fiscal que repercute en ellos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguientes

Antecedentes y consideraciones

Desde que se dio a conocer el incremento en los precios de las gasolinas, la sociedad mexicana llevó a cabo numerosas movilizaciones en contra de esa decisión, que impacta severamente en su poder adquisitivo. Una característica de estas movilizaciones es que se realizaron casi en todas las regiones del territorio nacional y lejos de ser una expresión de reclamo pasajero, sobresale su constancia, repetición y tiempo durante el cual han permanecido.

Poco a poco se han aclarado las razones de ese incremento, pero no se aceptan las justificaciones gubernamentales.

Por ejemplo, está claro que el gobierno no acepta reducir las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), porque lo consideran una fuente segura de ingresos para la Hacienda Pública. Lo anterior, a pesar de que el IEPS y el IVA de las gasolinas y el diésel representan más de 40 por ciento del precio al consumidor. Cabe recordar que desde el gobierno de Vicente Fox, los funcionarios de Hacienda han expresado su inclinación para imponer impuestos al consumo. En el caso de las gasolinas y el diésel supusieron que la sociedad los toleraría; ya comprobaron que no.

Adicionalmente, como dice la información oficial, nuestro país depende en más de 50 por ciento de la gasolina y el diésel importados para atender al mercado interno. Sin embargo, eso también se ha convertido en una afrenta para la sociedad, porque efectivamente dependemos de la gasolina importada porque los funcionarios gubernamentales de los últimos gobiernos, incluso cuando se registraron ingresos petroleros extraordinarios, no fueron capaces de invertir en el fortalecimiento de la planta productiva de Pemex, que es de todos los mexicanos. En cambio, destinaron cada vez más recursos a la importación de gasolinas y diésel, creando empleos en otros países y contribuyendo a aumentar la rentabilidad de sus inversiones. Y todo parece que eso está amarrado a las comisiones que reciben los funcionarios que participan en la comercialización. Por eso es injustificable y es una demostración de gran cinismo, “explicar” que nuestras gasolinas y diésel son más caras porque debemos importarlas, porque detrás de eso está su incompetencia para cumplir su responsabilidad de aumentar la capacidad productiva de Pemex y lo más grave es que todo indica que también lo hicieron en complicidad para abrir espacios a las inversiones privadas. Eso tampoco lo acepta la sociedad.

Y el último argumento, el relativo al efecto que tiene la devaluación del peso en los precios de las gasolinas al consumidor, también genera malestar porque afecta directamente el poder adquisitivo de los salarios y elimina el aumento al mínimo que, se decía, era de los más altos en los últimos años. El reclamo también lo expresan todos aquéllos que durante los últimos años se han visto obligados a asimilar el efecto de la devaluación del peso sobre sus insumos y materias primas, como son los pequeños productores agropecuarios, que hoy con el alza en los precios de las gasolinas y el diésel están en riesgo de quebrar.

Finalmente, este incremento a las gasolinas es una expresión más del fracaso de 20 años de políticas de “estabilización”, basadas en la importación de bienes e insumos con un tipo de cambio fuerte, a costa de los recursos financieros y de la planta productiva nacional. El alza en el precio de las gasolinas y el diésel puede ser el disparo de salida de progresivas alzas de precios largamente contenidas, a pesar del constante aumento en sus costos.

A todo lo anterior, se debe agregar que el aumento a las gasolinas y el diésel es consecuencia de la decisión de liberalizar ese mercado y busca garantizar a los inversionistas privados la recuperación de las inversiones que deberían realizar y garantizar sus utilidades. Este ha sido un proceso que las autoridades han llevado a cabo de manera desordenada, arbitraria, sin cumplir las condiciones necesarias para la libre competencia que quieren promover, entre otras razones, porque los inversionistas privados están a la espera de obtener mayores ventajas y que se termine de desmantelar a Pemex, para asegurar sus intereses, no los del consumidor.

No obstante, ante el rechazo expresado masivamente en todo el país, finalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vio obligada a hacer correcciones con el propósito de diluir la fuerza de las protestas, pero han sido correcciones sólo parciales, temporales, apoyándose en la recuperación del peso y en el hecho de que los precios internacionales se han movido poco.

Por su parte, en una respuesta desde el legislativo para la sociedad, con el propósito de corregir la situación, las diferentes fracciones parlamentarias también presentaron puntos de acuerdo e iniciativas para reformar la Ley de Hidrocarburos, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Entre otras, se pueden mencionar las iniciativas:

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que presentó la diputada Norma Rocío Nahle García a nombre de legisladores del grupo parlamentario de Morena. Que reforma y adiciona los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, a cargo del senador Mario Martin Delgado Carrillo.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

Que expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular, suscrita por los senadores del grupo parlamentario del PRD.

Dichas iniciativas se presentaron en el mes de enero, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación y dicha comisión hasta el momento no ha convocado a sesión; en tanto, los funcionarios de la Secretaría de Energía y Pemex siguen en el proceso de desmantelar a esta empresa que deberían fortalecer. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía avanza en una liberalización sin sustento legal, violando los requisitos establecidos en la Ley que impusieron. Por eso, urge que la Comisión de Hacienda y Crédito Público convoque a dictaminar, que se realicen reuniones de trabajo con expertos, que se transparente ante la sociedad el costo que se está imponiendo como parte de su reforma energética y que se diseñen opciones viables para impedir la soberanía sobre el suministro de gasolinas y diésel.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhorta a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a los integrantes de la misma, a que en atención a la demanda expresada por la sociedad, aceleren el proceso de dictaminación de las diferentes iniciativas que se han propuesto como solución a los incrementos en los precios de las gasolinas y diésel y a la carga fiscal que impacta en los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a proponer un candidato para director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El paradigma humano de que todos y todas deberíamos de tener acceso a las mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y elegir modos de vida, es el día de la movilidad y la migración. De alguna forma aquellos que han decidido migrar son obligados a trasladarse en busca de oportunidades y realidades ya consolidadas que hagan factible su derecho a la vida.

La migración debido a su volumen es un fenómeno de actualidad que llama la atención, ante todo, por la forma en la que los gobiernos receptores de migrantes han decidido abordar y solucionar el tema, es aún más sorprendente que aquellos países que a lo largo de las décadas se han consolidado como Estados pro democracia y derechos humanos hagan cambios radicales de enfoque, el que hayan reducido su perspectiva sobre quienes si son sujetos de derecho y quienes no por el hecho de tener aspecto, costumbres y origen diferentes, es un retroceso de las sociedades contemporáneas.

Tal es el caso del reciente clima que se vive en Estados Unidos de América (USA), donde el racismo y la discriminación se han visto exacerbados y todavía más preocupante, es que han sido justificadas debido a las ideas expresadas por la máxima autoridad de ese país. El que el presidente Donald Trump llame a mexicanos inmigrantes: violadores y delincuentes, es una pauta que daña a todas y todos los mexicanos que residen en ese país, que daña la identidad mexicana y que además justifica conductas denigrantes, contra todo aquello que parezca mexicano; que van desde la discriminación hasta el desconocimiento y violación de los derechos humanos.

En EUA según datos de Pew Research Center, para el año 2014 se registraba un aproximado de 5.8 millones de mexicanos indocumentados,1 que frente al contexto hostil ya conocido y descrito en los párrafos anteriores, hacen de esta población la más vulnerada a sufrir cualquier tipo de violencia sin que exista alguna consecuencia debido a que todo se justifica detrás del estatus de ilegalidad.

En este contexto de vulnerabilidad que resienten las y los mexicanos y su identidad, el gobierno de nuestro país debe estar más que involucrado; pues es su deber desarrollar estrategias que por medio de sus instituciones den respuestas eficaces a las problemáticas suscitadas por el contexto y que imponen cambiar la realidad a beneficio de los y las migrantes mexicanas. Dicho respaldo en palabras del gobierno es de alta prioridad pues considera que es una misión esencial “coadyuvar a su mejor desarrollo social en el país donde radiquen al tiempo que valora su apego a la cultura y los valores de México”.2

Las instituciones de nuestro país, sobre todo, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la diplomacia y entramado institucional que ha desarrollado, debe actuar, más que nunca, como un respaldo que otorgue certeza a la situación vivida por todos los migrantes mexicanos que residen en E.U.A., respaldando en todo momento a los y las mexicanas que lo necesiten.

Dentro del entramado institucional se encuentra el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que se creó por medio de decreto presidencial el 16 de Abril de 20133 como el “órgano ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el exterior”, dicho instituto fue pensado como respuesta al “requerimiento de una instancia gubernamental con capacidad intersecretarial para atender adecuadamente las nuevas demandas que los mexicanos en el extranjero tendrán en temas como: representación política, salud, deporte, cultura, educación, donaciones, envíos de remesas, infraestructura social y creación de proyectos productivos en sus comunidades”.4

El IME tiene por objetivo: “Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus organizaciones y órganos consultivos, para fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior”.5

El Instituto desde el mes de diciembre del año 2016 se encuentra sin director debido a la renuncia de Alma Eunice Rendón Cárdenas. Ello implica dejar a un lado tareas que debido al contexto norteamericano son tan urgentes e importantes para dar certeza institucional que el cargo de director otorga, entre las funciones que me gustaría destacar debido a la relevancia que el momento exige están:

• La coordinación de acciones a favor de las comunidades mexicanas en el exterior, a través de la red diplomática y consular del gobierno de México.6

• Ejecución de políticas y directrices definidas por el Presidente de la Republica o el Secretario.7

• Coordinar y promover las acciones institucionales en aquellos ámbitos que impulsen el fortalecimiento y desarrollo de comunidades en el exterior en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal.8

• Participar en acciones de beneficio a los migrantes en coordinación con las oficinas públicas y privadas, de apoyo a mexicanos migrantes.9

• Participar en los programas y acciones del gobierno federal encaminados a obtener y proporcionar información en los temas de interés sobre las comunidades en el exterior.10

• Formular y proponer políticas públicas al Consejo Nacional para las comunidades Mexicanas en el Exterior, con base en las necesidades, opiniones e inquietudes expresadas por los mexicanos que residen en el exterior.11

Todas estas funciones apuntan a generar un respaldo institucional, donde los titulares; sus capacidades y conocimientos tienen un papel primario y definitorio para llevar a cabo al desarrollo efectivo de las estrategias planeadas y disminuir el impacto del odio y racismo injustificable hacia nuestros connacionales. Solo así es posible asegurar la certeza institucional, más aun cuando la adversidad del contexto, exige dar respuestas eficaces para los 5.8 millones de mexicanos indocumentados.

Por ello es urgente que nuestras instituciones, de acuerdo a las adversidades que las relaciones entre el gobierno de EUA ha establecido con nuestros compatriotas indocumentados, funcionen correctamente a fin de mantener como lo expone la visión del IME: “un puente de entendimiento a partir del cual se pueda articular la agenda compartida que mediante la asociación de iniciativas y programas de trabajo a largo plazo, contribuyan al mejoramiento e integración de las comunidades mexicanas en el exterior y a fortalecer su identidad cultural y su orgullo por ser mexicanos”.12

Considerandos

Primero. El 16 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en el artículo 1o. se refiere expresamente que: Se crea el IME, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Segundo. El artículo 4o. del decreto anteriormente referido establece que el Director del Instituto será nombrado por el Presidente de la Republica a propuesta del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Tercero. El artículo 5o. del decreto por el que se creó el IME establece que el Instituto tendrá las siguientes funciones:

I. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el extranjero.

III. Fungir como Enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades mexicanas que viven en el exterior.

IV. Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y organizaciones de los Estados.

V. Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

VII. Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar al desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades.

Estas importantes tareas necesitan pronta ejecución frente al hostil contexto creado por las políticas derivadas del reciente mandato del Presidente de EUA Donald Trump.

Cuarto. En el Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores establece en el artículo 47 que: El Instituto de los Mexicanos en el Exterior se regirá por su decreto de creación. Además de su director contara con un director ejecutivo. El director tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar los planes y programas de trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito al pleno de esta soberanía, la sensibilidad en el tema y por lo tanto, el voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso, proponga un candidato para ocupar el puesto de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con el fin de dar el mayor respaldo institucional a nuestros connacionales resididos en Estados Unidos de América.

Notas

1 Pew Research Center Hispanic Trends, Overall Number of U.S. Unauthorized Inmigrants Holds Stady Since 2009, Enlace URL: http://www.pewhispanic.org/2016/09/20/overall-number-of-u-s-unauthorize d-immigrants-holds-steady-since-2009/

2 Manual de Organización de los Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Enlace URL: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/mo-ime-0802.pdf

3 Anterior a ella se encontraba la Oficina Presidencial de Atención a los Mexicanos en el Exterior y también, la Dirección General del Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior.

4 Óp. Cit. Manual de Organización de los Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

5 El Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior es una comisión intersecretarial donde participan 11 secretarias y es encabezada por el presidente de la república y el titular de la SER es el secretario ejecutivo del consejo.

6 Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores en: Manual de Organización del Instituto de los Mexicanos, Art 47 fracción III.

7 Ibídem, artículo 47, fracción V.

8 Ídem. Fracción VII.

9 Ídem. Fracción IX.

10 Ídem. Fracción XI.

11 Ídem. Fracción XII.

12 Op. Cit. Manual de Organización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a vigilar y coordinar por su Secretaría de Educación el cumplimiento en las escuelas públicas y las privadas del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y el Programa de Apoyo Psicosocial, conforme a la Ley para prevenir, atender y erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del estado, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación del estado, vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas del mismo, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, al tenor de lo siguiente:

El 19 de enero del presente año en Monterrey, Nuevo León, hubo una tragedia en una escuela privada de la ciudad. Un estudiante de 15 años de edad llevó consigo un arma al salón de clases y realizó disparos contra su maestra y varios compañeros, para después, suicidarse.

Es importante hacer una reflexión sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Acontecimientos como éste que pasó en Monterrey, hacen dudar acerca de la eficacia de las acciones que desde el gobierno se realizan para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar. El alcance que los jóvenes tienen ahora a situaciones más peligrosas es mucho mayor a la de hace varios años, qué rumbo tomar para que no vuelva a suceder éste tipo de sucesos que tanto dañan a la sociedad, debe de ser prioridad.

En el año 2013, en el Estado de Nuevo León se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el acoso y la Violencia Escolar, que tiene como finalidad, establecer principios, criterios, mecanismos, procedimientos y programas para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de acoso y violencia escolar, ya sea de manera directa o indirecta, dentro o al exterior de las instituciones educativas públicas y privadas.

El artículo segundo de la ley comentada, instruye a las escuelas de educación básica y media superior, a contar con algún psicólogo y/o trabajador social, titulado, con la responsabilidad de coadyuvar en las acciones de prevención, atención y erradicación del acoso y la violencia escolar. Para de esta forma impulsar la cultura de la legalidad y hacer ver a los jóvenes que el estar preocupado por un compañero y comentar su situación con alguna autoridad no es ser mal amigo, si no es ser una persona madura y formar parte de la cultura de la denuncia.

La LPAEAVE preocupada por la violencia escolar crea el Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar, en donde cada escuela tiene la obligación de elaborar un plan anual con la ayuda del psicólogo y/o trabajador social de la escuela, que tengan como pilar fundamental prevenir, atender y erradicar la violencia física, verbal, psicológica, cibernética, sexual y de exclusión social.

Según un estudio realizado el mes de agosto del 2016 por el medio periodístico local El Norte, de las 5,000 escuelas públicas en Nuevo León, solamente 400 reciben atención del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, es decir, el 92% de las escuelas del Estado no cuentan con el apoyo de algún psicólogo y/o trabajador social.1Es por eso que es importante impulsar que las obligaciones para combatir la violencia escolar establecidas en la ley del estado de Nuevo León, sean realmente implementadas por las autoridades correspondientes.

El Estado de Nuevo León no le ha dado la importancia suficiente al programa del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar así como en el Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, y la prueba está en los hechos del 19 de enero. Es por eso que las obligaciones para combatir la violencia escolar establecidas en la ley, deben ser realmente implementadas por las autoridades correspondientes.

Los actos de violencia, anteriormente mencionados, no sólo tuvieron impacto en el ámbito local, sino, a nivel nacional. Pues la nota de lo sucedido, cimbró fuertemente a la sociedad en general. Dada la respuesta de las autoridades educativas federales ante lo sucedido en Nuevo León, de fortalecer el programa Mochila Segura, que forma parte del Programa Escuela Segura, y del cual, según diversas fuentes como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o la Auditoría Superior de la Federación, no se cuentan con indicadores que señalen cómo medir los resultados de su implementación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación del estado, vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas del mismo, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal y locales a fin de generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley General de Educación; y a desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a los maestros, en concordancia con lo establecido en la fracción XV del artículo 33 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe sobre las erogaciones hechas por ella para realizar la Cop13, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Del 2 al 17 de diciembre del año pasado, México fue anfitrión de uno de los encuentros más importantes para la preservación y conservación de las especies y de los ecosistemas: la decimotercera Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (Cop13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en la que participaron 196 países. Esta cumbre tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo.

En el marco de la Cop13, México refrendó su compromiso con el medio ambiente, que se concretizaron en las siguientes acciones:

• Se decretaron cuatro nuevas áreas naturales protegidas. Con ello duplicó su territorio marino protegido y cumplió anticipadamente la Meta 11 de Aichi.

• La Semarnat y la Sagarpa suscribieron un acuerdo histórico para desarrollar acciones conjuntas que eviten que las zonas forestales del país se conviertan en espacios agrícolas y ganaderos.

• Participaron, por primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico, que se integrarán a las futuras reuniones del (CDB). Además, presentaron sus estrategias sobre integración de la biodiversidad.

• Se proclamó por unanimidad la Declaración de Cancún, donde se exhorta a los países miembros del CDB a incluir criterios de integración de biodiversidad en sus políticas públicas.

• Se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción a 2030, así como la Estrategia de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México, que ayudará a convertir la actividad turística en una herramienta más para la conservación y generará recursos para los habitantes.

• Se incluyeron los pronunciamientos de los representantes juveniles, de pueblos indígenas, empresarios, parlamentarios y gobiernos subnacionales, que desde ahora serán parte de las reuniones del CDB.

• Se presentó el acuerdo para proteger la Selva Lacandona a fin de garantizar que se mantenga como zona natural protegida; evitar que no se realicen exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras y promover entre los habitantes de la zona diversos modelos de desarrollo y producción (Semarnat. Logros de México en la Cop13. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/logros-de-mexico-en-la-cop13).

Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de México no lograron en la Cop13 ajustarse el cinturón ante la crisis económica que enfrenta el país, pese a que el presidente Peña Nieto emitió el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, cuyo objeto es promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la administración pública federal y dentro de las estrategias y líneas de acción que se encuentra en la Estrategia 3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gastos de operación con el objetivo de promover la aplicación de criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad.

En días pasados, a través de un diario de circulación nacional se dio a conocer que la realización de la Cop13 en Cancún costó más de 460 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos diarios por los 15 días que duró la cumbre.

No podemos permitir que por una parte, el gobierno mexicano justifique el aumento del precio de la gasolina argumentando que era la única medida para no recortar programas sociales y, por otra parte, se despilfarre el dinero de los mexicanos en encuentros institucionales que no son económicos, racionales ni austeros.

Es lamentable que la Cop13 haya costado tanto, sobre todo cuando a un solo acto se destinó mayor presupuesto que el asignado para el ejercicio fiscal de 2017 para la conservación y preservación de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con el PEF de 2017 al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas se asignaron 44 millones 397 mil 912 pesos.

Quiero concluir con un llamado a los diferentes partidos políticos para que sean congruentes entre el discurso y las decisiones que se toman, y apelando al principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6o. de la Constitución, el cual otorga el derecho a los mexicanos y a las mexicanas de conocer en qué gasta el gobierno, por esto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, a publicar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, un informe relativo a las erogaciones hechas por la dependencia a su cargo para realizar la decimotercera Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Conavim a informar a la opinión pública sobre los avances y resultados de las declaratorias de alerta de violencia de género emitidas en el país, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), maestra Alejandra Negrete Morayta, informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han implementado en el país, bajo las siguientes

Consideraciones

De conformidad al artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la Alerta de Violencia de Género como:

“El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

El objetivo sustancial de la Alerta de Género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

De 2015 a la fecha se han emitido 6 declaratorias de alerta de violencia de género que a continuación se enuncian:

Estado de México: Julio de 2015, 11

Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco solidaridad.

Morelos: Agosto 2015.

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec

Michoacán: Junio 2016.

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Saguayo y Maravatio.

Nuevo León: Noviembre de 2016.

Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Chiapas: Noviembre de 2016.

Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Y Acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas. (Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Veracruz: Noviembre de 2016.

Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

En total se tienen 56 municipios en alerta de violencia de género, adicional a la región de los Altos de Chiapas. Cabe mencionar que las declaratorias se han dado en municipios más poblados en el país.

En ese orden de ideas, se observa en las declaratorias emitidas por la Secretaría de Gobernación que se solicitan a los estados la implementación de por lo menos 3 tipos de medidas:

I. Medidas de seguridad;

II. Medidas de prevención, y

III. Medidas de Justicia.

De las Medidas de seguridad destacan:

1. El diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres, tales como:

• Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos; efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público y establecer y difundir sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia.

2. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para: valorar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución, y buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas.

Sobre las medidas de prevención solicitan:

1. La creación de unidades de género que de manera coordinada operen en todas las instituciones para promover de manera transversal la igualdad entre hombres y mujeres.

2. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

3. Generar campañas permanentes encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, a fin de dar a conocer los derechos de las niñas y mujeres sobre el derecho a una vida libre de violencia, los tipos y modalidades de violencia.

Respecto a las medidas de justicia:

1. Solicitan adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género, el acceso a la justicia y la reparación del daño.

2. Fortalecer la Fiscalías Especializadas en Atención a las Mujeres, con personal profesionalizado y sensibilizado en derechos humanos de las mujeres.

3. Conformación de un grupo de trabajo para revisar y analizar exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaban y anulan los derechos, así como establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones.

Estas son algunas de las medidas que en cada una de las declaratorias de alerta de violencia de género en los estados se han emitido, sin duda marcan una agenda en materia de género demasiado amplia.

Ante esta situación, es indispensable valorar la aplicación de las alertas de violencia de género, por lo anterior esta Cámara de Diputados debe contar con información veraz y fidedigna sobre los avances que se han obtenido con dichas declaratorias de alerta de violencia de género en los 6 Estados, sus aplicaciones y en específico los resultados que se han obtenido ante las medidas tomadas.

De igual forma la sociedad en general debe conocer toda la información referente a las declaratorias de alerta de violencia de género por ser la población directamente afectada. Por lo que se hace un llamado a que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informe a la opinión pública los avances y resultados de las 6 declaratorias de alerta de violencia de género.

Por lo expuesto y fundado solicito que esta asamblea apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, maestra Alejandra Negrete Morayta, para que informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han implementado en el país.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a incrementar los requisitos y procedimientos para proporcionar visa a los ciudadanos estadounidenses, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La política migratoria del Estado mexicano se puede definir como el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados, que con fundamento en principios generales y preceptos contenidos en acuerdos internacionales ratificados por el país, leyes nacionales, reglamentos y normas secundarias en la materia, se plasma en programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Esta política ha tenido cambios sustantivos en la última década, hasta llegar a la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Sin embargo, esos cambios, realizados a través de innumerables programas y acciones, todavía no han sido integrados en un documento que los explicite en forma coherente.

II. “Los primeros esfuerzos para cuantificar a los extranjeros residentes en México a partir de los registros de los servicios migratorios, se organizaron en 1925 por el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, como parte de una tarea mayor para medir la inmigración, emigración y repatriación de mexicanos al país y sistematizar la información disponible con anterioridad. La Ley de Migración de 1926 obligó, por primera vez, a extranjeros y mexicanos a proveerse de una tarjeta individual de identificación para entrar o salir del país, con el objetivo de facilitar la generación de estadísticas migratorias.”1

III. Desde entonces entendemos que tener un aproximado del número de extranjeros en México o cualquier país es complejo, ya que se requiere estar actualizando esta información constantemente, cosa que, en nuestro caso, aún no existía una autoridad migratoria capaz de llevar a cabo esa tarea. La Ley General de Población de 1974, por ejemplo, no obligaba a inscribirse obligatoriamente a un registro para extranjeros que residen temporalmente en México. Por otro lado, en los registros no están señaladas la mayor parte de las bajas que se producen, por salida definitiva del país, por fallecimiento o por la obtención de la nacionalidad mexicana.

IV. En México, el Poder Ejecutivo es el que determina la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deben considerarse las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Debe además establecer mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, y de cooperación con los sectores privado y social, dirigidos a la atención integral del fenómeno migratorio, considerando en todo momento la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional y fronteriza.

V. “La intensidad de la vida transfronteriza en el norte de México, así como la consolidación de comunidades transnacionales entre lugares de origen y destino de migrantes, y de comunidades binacionales en zonas fronterizas, son procesos que en el largo plazo hacen confuso el carácter temporal o permanente de muchos de los movimientos migratorios en esas regiones o la existencia del hecho migratorio en sí. Las estrategias de vida de muchas familias mexicanas en la zona fronteriza con Estados Unidos y la existencia de un sistema migratorio binacional estructurado por años, favorecen la tendencia de que muchos mexicanos nazcan en Estados Unidos y vivan en México. Por otra parte, la forma de vida de muchos estadounidenses pensionados o con recursos suficientes, hacen que tengan viviendas en ambos países y residan parte del tiempo en cada país, por lo que no necesariamente son captados por los censos de población o en los registros migratorios de México, no obstante pueden radicar la mayor parte del año en suelo mexicano. Este fenómeno hace que se tenga un sub registro de extranjeros de nacionalidad estadounidense residiendo en México, situación inversa al sobre registro mencionado antes respecto a los hijos de mexicanos residentes en México nacidos en Estados Unidos.”2

VI. Un esfuerzo importante para impulsar una política migratoria sobre una plataforma común, fue el documento México frente al fenómeno migratorio , publicado en 2005, que se realizó por consenso a iniciativa del Ejecutivo federal y del Senado de la República, con la participación de un grupo integrado por funcionarios del gobierno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil. El documento se enfocó esencialmente en el tema de la emigración mexicana y la reforma migratoria en Estados Unidos. Para atender de manera particular la gestión migratoria en la zona de la frontera sur mexicana, donde confluyen flujos de origen, tránsito y destino de migrantes.

VII. En la actualidad, el gobierno mexicano impulsa una política y gestión migratoria, que tiene por objeto facilitar los flujos migratorios documentados; ordenar y modernizar los procesos de ingreso y legal estancia de extranjeros; lograr el pleno respeto a los derechos humanos de los viajeros y migrantes; mejorar la gestión de control de los flujos migratorios irregulares; y coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad pública y nacional. Estas tendencias se ven claramente reflejadas y fortalecidas en la Ley de Migración de 2011, sin que esto signifique que son todos objetivos logrados a satisfacción.

VIII. En la última década, para facilitar la movilidad internacional de personas y la legal estancia de extranjeros, se desarrollaron diversas iniciativas, entre las que se pueden mencionar3 :

• Cambio gradual hacia un régimen de visas de larga duración y entradas múltiples hasta por 10 años, para turistas y personas de negocio de nacionalidades que requieren este requisito para ingresar al país, así como la simplificación y creación de otros mecanismos para facilitar la entrada de estos.

• La ampliación a 180 días del permiso de estancia, una vez que entran al país turistas, personas de negocio y transmigrantes documentados, independientemente de que su estancia sea más corta. Esto con el objetivo de promover la llegada de visitantes documentados y evitar la realización de trámites de extensión de permisos como visitantes. En el mismo sentido, desde 2008 México participa en el esquema de facilitación a la entrada de personas de negocios en el marco de la tarjeta ABTC (APEC Travel Business Card).

• El programa viajero confiable entre México y Estados Unidos (Global Entry Program), puesto en marcha en 2011 en una primera etapa, permite que miles de mexicanos que viajan por vía aérea puedan internarse tanto a Estados Unidos como a México con rapidez y sin hacer filas en los filtros migratorios de los aeropuertos participantes de ambos países. La segunda fase de este programa, permitirá a los estadounidenses ingresar fácilmente a México.

IX. La actual política migratoria del Estado mexicano se basa en los principios que contiene la Ley de Migración de 2011, los cuales han estado presentes en la gestión y acciones de la política migratoria en las últimas dos décadas, aunque varios de ellos no haya sido posible implementarlos a cabalidad. Estos principios son: respecto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la complejidad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; facilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

X. Desde el 20 de enero del presente año, día en que tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se cristaliza cada día más la seria amenaza de un número mayor de deportaciones y controles más y más estrictos para cruzar la frontera hacia aquel país por parte de mexicanos.

XI. El gobierno federal parece minimizar el problema, pero es evidente, con sólo escuchar las noticias todos los días que nos damos cuenta que esto es ya una realidad; según Los Ángeles Times , se calcula que unos 8 millones de indocumentados podrían estar sujetos a deportación bajo las estipulaciones de la orden ejecutiva de Donald Trump.

XII. El proceso para solicitar la visa americana es el mismo en todos los países. Primero se complementa online un formulario con diversos rubros a llenar, se paga una cuota, se programan dos citas, una para toma de fotos y huellas dactilares y finalmente, la entrevista casi siempre obligatoria.

El día de la entrevista se llevan los documentos solicitados, junto con el recibo de pago, todos los pasaportes vencidos y actuales y la documentación del trabajo, negocio y/o bancos.

XIII. Es de conocimiento general que al momento de llenar el formulario online se requiere tener ciertos requisitos de antemano, por ejemplo, el motivo, el lugar, las fechas y las personas y/o empresas y/o institución a la que se va a visitar. Incluso es por todos conocido que al momento de la entrevista hay que llevar todo tipo de documento que compruebe, primero, solvencia económica, causa de su visita y muestra de su arraigo en México, razón por la cual tiene que salir de Estados Unidos de América. Si se incumple mínimamente alguno de estos requisitos es muy probable que se niegue la visa.

XIV. En contraparte, los ciudadanos americanos pueden visitar la “zona fronteriza” sin obtener un permiso mexicano para turista, definiéndose ésta como un área entre 20 y 30 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, por 72 horas o menos.

Si viajan más allá 30 kilómetros al interior de México o piensan hacer algún negocio en México, deberán obtener un permiso de turista FM-T en alguna oficina del Instituto Nacional de Migración que se localizan en todos los cruces fronterizos, presentando acta de nacimiento y licencia de manejar, o pasaporte americano.

XV. El permiso FMT permite visitar o efectuar viajes múltiples a México por un periodo máximo de 180 días. Como turista, no está autorizado para hacer ningún tipo de negocio en México. Este permiso está disponible en los consulados mexicanos, en los puntos de cruce con la frontera mexicana, en las oficinas de turismo mexicanas, en los aeropuertos dentro de la zona fronteriza y en la mayoría de las aerolíneas con servicios hacia México.

Las aerolíneas normalmente cobran la cuota del permiso en nombre del gobierno mexicano e incluyen el costo dentro del total del boleto de avión (debajo de “impuestos y recargos”) de manera que, en la mayoría de los casos.

XVI. Si la visita de ciudadanos americanos tiene propósitos de negocios se requiere un permiso de negocio FM-N para hacer alguna actividad comercial, incluyendo asistir a conferencias de negocio, conducir juntas, o visitar maquiladoras. El permiso FM-N les permite permanecer en México o hacer múltiples viajes por un periodo de hasta 30 días.

Los empresarios deben completar y entregar una forma (FM-N) autorizando la realización de un negocio, pero no de un empleo, por un periodo de 30 días. México cobra una cuota a todos los negocios y empresarios al momento de ingresar al país. La cuota es de aproximadamente 22 dólares americanos, y el dinero coleccionado es entregado a la Secretaría de Turismo para promocionar el turismo mexicano.

Los viajeros que entren a México por razones ajenas a turismo o negocios o por estadías mayores de 180 días, requieren una visa y deben traer consigo un pasaporte americano válido.

Los ciudadanos americanos que planeen trabajar o vivir en México deben solicitar la visa mexicana apropiada en la Embajada de México en Washington, DC, o al consulado mexicano más cercano en los Estados Unidos.

XVII. Dado el panorama actual y lo que viene con esta nueva administración en el país vecino, resulta de vital importancia que la relación bilateral sea equitativa, en cuanto a derechos y obligaciones. Debemos ser justos, la visa para estadounidenses en México además de ser una fuente de ingresos y reciprocidad diplomática debe ser un control de fronteras en los tiempos de violencia y terrorismo que se viven actualmente.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos.

Notas

1 Rodríguez Chávez, Ernesto; Cobo, Salvador. “Extranjeros residentes en México”, Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación. México, 2012, p.8.

2 Rodríguez Chávez, Ernesto; Cobo, Salvador. “Extranjeros residentes en México”, Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación. México, 2012, p.10.

3 “México-Tendencias y características de la política migratoria desde fines del siglo XX a la actualidad” Organización de los Estados Americanos (OEA)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del vigésimo tercer aniversario de la primera marcha de personas con discapacidad para solicitar a la Cámara de Diputados una legislación integral, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara Diputados, la presente efeméride, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia es la autonomía de las organizaciones sociales. [Jesús Silva Herzog]

14 de febrero de 1994, algunos la conocieron como la “Marcha por el Amor y la Amistad” otros la denominaron “Marcha por la Justicia Social para las Personas con Discapacidad”. Marcha a la que acudieron alrededor de 800 personas de todos los estados del país

Pero, a ella acudieron diversas organizaciones sociales de personas con discapacidad, hubieron organizaciones con filia por Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática, y sobre todo por el Revolucionario Institucional. Además de las filias, acudieron personas con discapacidades motriz, visual, auditiva y mental.

La Marcha, proveniente del Zócalo, concluyó en la entonces entrada principal de la Avenida Congreso de la Unión. Arriba de las escaleras, a las que accedieron las personas en sillas de ruedas mediante una enorme rampa de madera que ese día colocaron para recibir esa manifestación.

En ese sitio, las organizaciones, entre ellas el Frente de Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad, Fundación DIME, Libre Acceso, ADEPAM, la Asociación de Deportes Sobre’ Silla de Ruedas de la UNAM, entregaron a los diputados de la LV Legislatura sus peticiones legislativas. Los legisladores que dialogaron con las organizaciones fueron, por el PRI, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, por el PRD, el diputado Juan Hernández Mercado, y por el PAN, el diputado Marco Antonio García Toro.

Los líderes de las organizaciones entregaron a los legisladores un “documento... resultado de un estudio y análisis realizado por un grupo de abogados con discapacidades, que fueron comisionados por diversas organizaciones de discapacitados...” En el documento aseguraron que las “presentes sugerencias sólo son una pequeña parte de todas las que queremos hacer llegar...por lo cual pueden tener la seguridad de que en su momento oportuno llegarán a sus manos nuevas sugerencias, iguales o más importantes que las que estamos presentando”.

Dicho escrito lo suscribe el Coordinador de la Comisión Legal el 14 de febrero de 1994. Contiene “sugerencias legislativas” a la Ley General de Educación, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Aduanera, a la Ley del Deporte, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley General de Salud; propone crear una Comisión Nacional de Apoyo al Discapacitados. Además de estos tenas legislativos piden un punto de acuerdo para que se revisen los Reglamentos de Construcción y el de Tránsito, del entonces Distrito Federal, proponen la creación de un Registro Nacional de Discapacitados, que los planes de estudios de diversas profesiones contenga información sobre la discapacidad.

Derivado de dicha movilización los diputados del PRI, encabezados por Francisco Arroyo Vieyra presentaron siete iniciativas el 7 de junio de 1994 a la Ley Aduanera, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley General de Asentamientos Humanos, a la Ley General de Educación, a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y al Código Federal de Procedimientos Penales.

En los trabajos legislativos participaron diversas organizaciones sociales de la mayoría del país.

Por el grupo parlamentario del PRI, como consta en el Diario de los Debates de la LV Legislatura participaron las diputadas Paloma Villaseñor, Gabriela Irma Avelar Villegas y Silvia Pinal Hidalgo, y los diputados Mauricio Clarck, Víctor Díaz Palacios, Fernando Navarrete Magdalena, Rubén Pabello Rojas, Guillermo González Díaz, Jorge Uscanga, Rafael Sánchez Leyva, Manuel Correa Ceseña, José Azanza Jiménez, Jesús Bazaldúa González, Juan Morales Salinas, José Guadalupe Enríquez Magaña.

El Partido de la Revolución Democrática presentó Ed 27 de abril de 1994 reformas a la Ley Aduanera, a la de Educación, a la General de Asentamientos Humanos, a la Federal de Protección al Consumidor y a la de Turismo, en una primera fase, posteriormente, el 8 de junio presentó reformas al artículo 102 Constitucional, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley Federal del Trabajo, a la General de Salud y puntos de acuerdo que la Asamblea revise los reglamentos de construcción y de tránsito.

Esta ola que generó la marcha, propició que el Partido Acción Nacional presentara la iniciativa por la que se expide la Ley del Instituto Nacional Pro Personas con Discapacidad que firmaron los diputados Ana Teresa Aranda, Juan de Dios Castro Lozano, César Jáuregui, Gabriel Jiménez Remus y Marco Antonio García Toro, entre otros.

Inclusive, el 24 de mayo de 1994, el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional presentó la iniciativa para crear la Ley Federal para la Integración Social Pro Personas con Discapacidad.

El producto final, que originó, esa movilización de organizaciones de Personas, concluyo en la reforma de las leyes Federal de Protección al Consumidor, General de Asentamientos Humanos, Ley Aduane y la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que este movimiento fue el parteaguas en la visión del Estado sobre las Personas con Discapacidad; ya que sus organizaciones se plantaron frente a este Recinto Legislativo no para protestar, sino más bien para dialogar con los principales grupos parlamentarios y con sus legisladores y elaborar las iniciativas de la que surgieron las reformas vigentes hasta nuestros días.

Pasamos de una visión asistencialista a una visión de derechos humanos.

Como afirma Don Jesús Silva Herzog: “La democracia es la autonomía de las organizaciones sociales”. Hoy le podríamos agregar... y podrían ser el motor de los Poderes de la Unión.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con motivo del 16 de febrero, Suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

Con su permiso, diputado presidente:

Acudo a esta tribuna a propósito de la conmemoración de los 21 años de la firma entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los cuales contienen un piso mínimo de derechos de los pueblos indígenas y criterios para establecer una nueva relación entre el Estado y estos pueblos.

El camino que han debido transitar los pueblos y comunidades indígenas para colocar en la agenda nacional sus reivindicaciones para ser reconocidos en cuanto tales, así como su derecho a la libre determinación y autonomía, ha sido largo y tortuoso.

Para ello, fue necesario un levantamiento armado que posibilitó, reunir al gobierno de México con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional –EZLN- y, organizaciones indígenas afines, con el objetivo de buscar salida a las demandas de esta organización. Estos esfuerzos, realizados en un proceso de construcción de acuerdos amplios, dieron como resultado el 16 de febrero de 1996 la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar .

Vale la pena recordar, que estos Acuerdos no expresan el conjunto de demandas enarboladas por estos actores políticos, son derechos mínimos demandados por Movimiento Indígena Nacional. Quedaron fuera de estos Acuerdos, las autonomías municipales y regionales indígenas, el reconocimiento de sus territorios, su derecho, su representación política en los órganos de representación nacional, entre otros temas.

La reforma constitucional del 2001 en la materia, apenas dibujo algunos de los derechos contenidos en los acuerdos, como han señalado organizaciones indígenas. Esta reforma excluyó una parte sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, acordados en San Andrés Larráinzar.

Hoy igual que ayer, exhortamos a esta legislatura a empeñar la palabra comprometida y a la brevedad, sometamos a la aprobación de este pleno, la iniciativa de la Ley de Concordia y Pacificación sobre Derechos y Cultura Indígena.

Por otra parte, no solamente el reclamo de inclusión de los derechos indígenas ha sido escamoteado; a pesar de las innumerables declaraciones del Gobierno Federal, respecto a la atención de pobreza y desigualdad ancestral en que se encuentran los indígenas y los cuantiosos recursos ejercidos para su atención, estos pueblos presentan un avance lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, las mayores carencias sociales, los menor niveles de ingreso.

En 2012, tres de cada cuatro personas que hablan lengua indígena y poco más de siete de cada diez integrantes de hogares indígenas vivían en pobreza, así lo muestran los datos oficiales,

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, hemos insistido con diferentes propuestas legislativas, para reconocer plenamente el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. Muestra de ello, son las diferentes iniciativas presentadas desde el 2001 a la fecha que recogen los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

En esta Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD, reiteramos nuestro compromiso para incorporar en la legislación, los pendientes que han quedado en el tintero, por ello hemos presentado propuestas para la aprobación de la Ley General de Consulta Indígena, conforme los estándares internacionales y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia, es decir una Consulta indígena previa libre e informada así como la representación indígena en los órganos de representación nacional y, su derecho al desarrollo, desde su perspectiva.

Es momento que el Estado Mexicano sea una expresión real de los intereses de todos los mexicanos que habitamos el territorio nacional, en donde los pueblos indígenas sean un componente fundamental que reclama su plena.

Es la hora de la construcción del Estado Mexicano pluriétnico y pluricultural. Los conminó a comprometerse con acciones concretas para construir legislación e instituciones desde esta perspectiva. Esta será la mejor muestra de compromiso con estos pueblos.

Es cuanto, diputado presidente.

(Rúbrica)

Con motivo del 15 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

El término “cáncer” es genérico y designa un vasto grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo humano y de otras especies, de manera más específica, el cáncer, constituye un crecimiento de los tejidos producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.

El cáncer no es una enfermedad nueva, papiros egipcios que datan de aproximadamente el año 1600 a.C. ya la describían y se cree que fue el medico griego Hipócrates la primera persona en utilizar el término “carcinos” (cangrejo) para denominar al cáncer.

Posteriormente, cuando la primera autopsia fue practicada por el anatomista italiano Giovanni Morgagni en 1761, se pusieron las bases para el estudio científico del cáncer, también conocido como la “oncología”.

Pero no fue hasta el siglo XIX, cuando el microscopio moderno fue inventado, que se comenzó a estudiar el cáncer y así nació el estudio patológico moderno de esta terrible enfermedad.

Al día de hoy podemos afirmar que, el cáncer, es un problema global de salud pública, ya que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con este mal, asimismo, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas.

Ante a este panorama, el doctor Christopher Wild, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), señala que se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y detección precoz para hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a nivel mundial, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.

Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos, por un lado, se comprometen a aplicar de forma efectiva medidas para proteger a sus poblaciones, implementando planes de prevención del cáncer que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo y, por otra parte, realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y fármacos adecuados que permita aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad.

Si bien el cáncer en los niños y adolescentes es una enfermedad poco frecuente, comparada con la tasa de incidencia en otros grupos etarios, lo cierto es que éste presenta algunas diferencias con respecto a las características del cáncer en los adultos.

En primer lugar, el cáncer es una enfermedad difícil de asimilar, no sólo por la idea ampliamente arraigada de que ésta supone una sentencia de muerte, sino porque además el tratamiento suele ser un proceso agresivo que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, cuando se trata de niños, esta experiencia se vive con gran dolor, incertidumbre y miedo.

En segundo lugar, está el hecho de que el cáncer en los niños, a diferencia del caso de los adultos, es difícilmente prevenible. De acuerdo al National Cancer Institute, el cual coordina el programa nacional de cáncer en Estados Unidos y conduce la investigación, preparación profesional, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, no se conoce cuáles son las causas de la mayoría de los cánceres infantiles.

Cerca de cinco por ciento de todos los cánceres en los niños son causados por una mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos). Las mutaciones genéticas que causan cáncer también pueden presentarse durante el desarrollo del feto en la matriz.

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado que derivan en la aparición del cáncer. En los adultos, estas mutaciones genéticas son a menudo el resultado de la exposición a factores ambientales (como el humo del cigarrillo, el asbesto y la radiación ultravioleta del sol). Sin embargo, ha sido difícil identificar las causas del cáncer infantil, debido en gran parte a que el cáncer en los niños es poco frecuente, y a que es difícil determinar si el niño pudo haber estado expuesto temprano en su desarrollo.

Atendiendo a lo anterior, en el caso del cáncer en niños y adolescentes, los gobiernos deben mostrar voluntad política para incrementar de manera progresiva los recursos destinados al financiamiento del diagnóstico temprano, así como del tratamiento oportuno y de calidad para menores de 18 años.

En este sentido, nuestro grupo parlamentario, sabiendo que es necesario contar con mayores recursos presupuestales para combatir esta enfermedad ha presentado diversos documentos legislativos para brindar una mejor atención a nuestros niños con cáncer, entre estos se encuentran tres iniciativas y siete puntos de acuerdo, todos ellos destinados a garantizar a los menores que sufren esta terrible enfermedad el acceso a un mejor tratamiento y con ello elevar el índice de sobrevida.

De la misma forma, con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, se aprobaron diversos acuerdos en la Junta de Coordinación Política con la finalidad de contar con una mayor resonancia en el espacio político nacional respecto a la gravedad del problema.

En el Partido Verde Ecologista de México creemos que el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil debe servirnos para aumentar la consciencia sobre lo difícil que es para los niños y sus familias hacer frente a este padecimiento, por lo cual es imprescindible que como legisladores y como sociedad mostremos todo nuestro apoyo y solidaridad a la causa, pues sólo así se puede ganar la batalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

(Rúbrica)

Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Febrero es un mes con mucho significado para nuestro país, sobre todo para una de las instituciones más importantes, me refiero a las Fuerzas Armadas, ya han pasado 104 años de la fundación del Ejercito Mexicano que al día de hoy cuenta con 192,483 plazas militares, esta rama en tierra de las Fuerzas Armadas de México (FAM), que desde su nacimiento siempre ha tenido la firme convicción de proteger la soberanía y la independencia del territorio nacional, de igual manera garantizar la seguridad interior y tender puentes de ayuda a la población en casos de desastres naturales, también auxilia con obras sociales, esta rama de la FAM depende de la Secretaria de la Defensa Nacional, y tiene como su comandante supremo el presidente en turno.

La historia del Ejército todos debemos hacerla nuestra. ¿Porque?, por el gran empeño que le pone día a día para salvaguardar la independencia de nuestra patria, la libertad, la autonomía y un sin fin de situaciones a las que se expone por el bienestar de nacional.

La creación del Ejercito Mexicano tiene una gran historia, que nos remonta a los tiempos de la revolución, cuando se llamaba Ejército Constitucionalista ya que el entonces recién nombrado presidente Venustiano Carranza con el decreto 1421 por el congreso del estado libre de Coahuila le concediera ese poder desconociendo a Victoriano Huerta como presidente, en el año de 1913, para ser más específico, el 19 de febrero de ese año después del golpe de estado que propino Victoriano Huerta a la presidencia de Francisco I Madero, Carranza formó un ejército con hombres armados, como presidente presentó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo del mismo año, donde se decretó la creación del Ejército Constitucionalista que después con la promulgación de la constitución de 1917 se llamó Ejército Nacional, para que luego en el año de 1948 se denominara Ejercito Mexicano, y que 2 años después en 1950 se instituyera el día del ejército exactamente en la misma fecha que el presidente Carranza dio la orden de que se formara el ejército constitucionalista ósea el 19 de febrero, es así como al día de hoy conocemos a nuestra rama en tierra de la FAM como Ejercito Mexicano.1

El Escuadrón 201 2

Una fase que nos llena de orgullo es la que hizo el heroico Escuadrón 201, este grupo se formó en 1944 por órdenes del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, ya que este le había declarado la Guerra a Alemania por el hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro. En Florida en el año de 1942.

Al estar en guerra con las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón), México colaboro intensamente con el gobierno de los Estados Unidos a donde mando al grupo de perfeccionamiento de aeronáutica que tenía en esos entonces en 1944, para que a la postre, y a partir del primero de enero de 1945 se denominara oficialmente Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual participaría siendo parte integral de la fuerza expedicionaria Mexicana, efectuando numerosas, operaciones de combate en Filipinas y Formosa, haciendo su triunfal retorno en noviembre de ese mismo año.

Un dato que debemos de puntualizar es que el 25 de octubre de 1937 en el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas, cuando se presentó una iniciativa para cambiarle el nombre de “Secretaría de Guerra y Marina” a la de “Secretaria de la Defensa Nacional” teniendo ese nombre hasta la fecha.

Nuestro Ejército Mexicano es un orgullo porque es la parte medular para que nuestro país tenga estabilidad, y paz social, porque día a día se prepara, moderniza evoluciona y fortalece, para cuidar, proteger y defender a la población con absoluto apego a los derechos humanos y a la ley.

Cabe destacar que el ejército tiene 3 planes para afrontar diversas problemáticas.

El primero es: el Plan DN I:

Este plan está diseñado para hacer frente a una eventual invasión extranjera, aunque sabemos que es remota, porque recordemos que México es un país pacífico, y que tiene como bandera la Doctrina Estrada que es la no intervención en asuntos de otros países, así como la cita clásica de Benito Juárez al expresar que “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

El segundo plan es el DN II:

El combatir a las fuerzas subversivas internas como la guerrilla, o el narcotráfico, que tienen el propósito de inestabilizar al país

El tercer plan es: el DN III

Con él se atiende a la población cuando hay un fenómeno de causas naturales, tales como, huracán, terremoto, maremoto y algún otro de menor intensidad.3

El Ejército Mexicano, tiene muy arraigada la doctrina institucional, la cual es hacer invariablemente lo correcto, lo necesario, y dar el máximo en todas las tareas que se les asigna, todas estas acciones hacen que tenga una imagen muy favorable de aceptación confianza y respeto, entre la relación Civil-Militar todo esto gracias al trabajo responsable, a la tenacidad, constancia determinación, entrega y ese gran amor que le tienen a la patria, estos hombres y mujeres que conforman nuestras fuerzas armadas.

El Ejército es un aliado muy poderos en la transformación de nuestro país, al coadyuvar con la paz y el bienestar social, a lo largo de estos 104 años de existencia.

Es por eso que hacemos un reconocimiento al Ejército Mexicano, por estar siempre al pendiente y alerta para que la población pueda vivir con tranquilidad, calma y paz en cualquier parte del territorio nacional.

Notas

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/02/18/19-febrero-dia-eje rcito-mexicano.html

Autor: Publimetro México. Nombre de la publicación: Publimetro. Tema: 19 de febrero día del Ejército Mexicano.

2 http://www.mundohistoria.org/temas_foro/armamento-todas-las-epocas/ejer cito-mexicano

Autor: Metlacoatl. Nombre de la publicación: Mundo Historia. Tema: Ejército Mexicano.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Mexicano

Nombre de la Publicación Wikipedia, Tema, Ejercito Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2017

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 17 de febrero, Día del Inventor Mexicano, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día del Inventor Mexicano se creó en honor al ingeniero Guillermo González Camarena, nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco; científico, ingeniero e investigador mexicano1 quien en el año de 1940, iluminó la televisión con el “Sistema Tricromático de Secuencia de Campos”, pasando así de tener una imagen en blanco y negro, a colores primarios, haciendo más real y atractiva la televisión para todos.2

Cabe destacar que este sistema fue utilizado por la NASA en 1979, haciendo posible el enviar imágenes de Saturno en la misión “Voyager”.3

A partir del día 17 de febrero de 1993, celebramos a los inventores mexicanos que por su ingenio y gran compromiso con su labor han impulsado la innovación y alcanzando grandes logros para nuestro país; permítanme recordar el día de hoy a algunos de los inventores mexicanos importantes:

Luis Ernesto Miramontes nacido en 1925 en Tepic, Nayarit, y licenciado en Ingeniería Química en la UNAM.4 En el año de 1951 una de sus contribuciones más importantes en la ciencia universal resalta la “síntesis de la noretisterona”; haciendo posible con su descubrimiento el primer anticonceptivo oral. Gracias a esto el nombre de Luis Ernesto Miramontes quedó inscrito junto con el de otros grandes como Pasteur, Edison, Bell o los hermanos Wright en el “USA Inventors Hall of Fame”.5

El ingeniero Heberto Castillo, nacido en el año de 1828 en Ixhuatán, Veracruz, y egresado de Ingeniería Civil en la UNAM,6 en 1966 inventó un sistema de construcción denominado “Tridilosa”, el cual reemplaza trabes y losas de concreto reforzado de las técnicas convencionales; dicho sistema ha sido utilizado en más de 200 puentes en nuestra Ciudad, así como en edificios como lo es el World Trade Center de la Ciudad de México, la Torre Chapultepec, el Centro Médico Siglo XXI y el edificio Biosfera 2 (Arizona, EEUU), entre otros.7

Tessy María López Goerne, dirige los Laboratorios de Nanotecnología y Nanomedicina1 en la UAM Xochimilco. Es fundadora de una rama científica, y se ha permitido innovar en el tratamiento del cáncer gracias a la “nanomedicina catalítica”, la cual consiste en trabajar con partículas microscópicas para la creación de terapias que consisten en atacar la estructura celular de tumores cerebrales sin cirugía o quimioterapia alguna.8

La pintura antigrafiti desarrollada por los doctores Víctor Manuel Castaño y Rogelio Rodríguez Talavera y un equipo de colaboradores en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en 2002.9

El concreto traslúcido, invento mexicano creado en 2005 por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres, el cual permite un ahorro de luz significativo, dando iluminación a casas y edificios donde la luz eléctrica no es buena.10

Ejemplos como estos podríamos seguir mencionando, de hecho, nos es frecuente ver en las noticias sobre algún mexicano que ha inventado, adaptado o perfeccionado algo útil para la sociedad, sin embargo, contrario a lo que podríamos pensar, resulta difícil disfrutar del trabajo de estos científicos e inventores pues encontrar el apoyo y recurso a su trabajo es una tarea que resulta imposible en nuestro país.

México cuenta con excelentes y reconocidas universidades, y con esto un importante número de científicos e inventores que han hecho posible un sinfín de creaciones en diferentes campos, desafortunadamente los retos que enfrentan nuestros científicos e inventores radican en el aspecto económico y la poca importancia que el estado le manifiesta a su trabajo.

Un ejemplo de esta problemática se encuentra en la cantidad de becarios que México manda al extranjero, y que no vuelven al país gracias a que el nivel salarial y las oportunidades laborales de acuerdo a su perfil son reducidos.11

Es lamentable que habiendo tanto talento en nuestro país, México apenas contribuya a la producción mundial de conocimiento en menos del 1 por ciento; y si a esto le sumamos que el monto que asciende a la inversión científica del año pasado fue de 0.61 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),12 siendo la cantidad más baja en inversión para investigación y desarrollo entre los miembros de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no parece haber un esfuerzo por revertir la problemática.13

Como consecuencia a la falta de oportunidades, México ocupa el sexto lugar mundial entre los países con más migrantes internacionales altamente calificados, o bien conocido como fuga de cerebros; existiendo una fuerte correlación entre el empleo y el desarrollo de la educación superior, ya que en México los sistemas de educación superior y de empleo presentan crecimientos desiguales. Como ejemplo entre 2005 y 2014, la matricula en las universidades se ha incrementado en un 50 por ciento, pero el empleo formal solamente 18.4 por ciento.14

La fuga de cerebros solamente es una respuesta a la importancia que tiene la inversión en ciencia y tecnología en nuestra sociedad. La inversión en el talento mexicano debería ser considerado primordial para nuestro gobierno. Urge abrir los ojos y darnos cuenta que México produce científicos de calidad que con un poco de apoyo pueden contribuir con creces a su país. Es necesario tomar medidas para crear y apoyar programas de formación e investigación científica en distintos niveles educativos con la esperanza de mejorar la formación profesional.

Actualmente vivimos bajo un modelo de competencia global, en donde es de suma importancia innovar para poder desarrollar ideas de utilidad que den como resultado mejoras para una buena calidad de vida en la sociedad.

Nuestro país tiene un gran potencial para ser inventor, pero necesita un impulso en dirección a la educación, y por supuesto un financiamiento acorde a sus metas.

Apoyemos a nuestros grandes emprendedores a través de la capacitación, educación, oferta de trabajo con perfiles y sueldo de acuerdo a su preparación, así como la protección de derechos a la propiedad intelectual; si México apuesta por el conocimiento productivo, su economía podría llegar a tener mucho éxito en un futuro no muy lejano.

Hoy que se celebra el Día del Inventor Mexicano, debemos reconocer que se necesita la colaboración de todos para incentivar el ingenio y talento de todas las personas que se dedican a investigar, inventar, innovar o crear, ya sea en medicina, ciencia, ingeniería, diseño o cualquier otra rama, con el fin de que cuenten con todo lo necesario para seguir desarrollando su labor con éxito para beneficio de nuestro país.

Notas

1 “17 de febrero día del inventor mexicano”. Secretaría de Economía. http://www.gob.mx/se/articulos/17-de-febrero-dia-del-inventor-mexicano.

2 “Guillermo González Camarena”. UAM.
http://www.uam.mx/e_libros/biografias/GONZALEZ.pdf

3 “10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país”. Fundación UNAM. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/.

4 Luis Ernesto Miramontes, Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ernesto_Miramontes.

5 Luis Ernesto Miramontes, gran químico mexicano. Explorando México.
http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/5/129/.

6 Heberto Castillo, Busca Biografías. http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7016/Heberto%20Cast illo.

7 Heberto Castillo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Heberto_Castillo.

8 10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país. Fundación UNAM. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/

9 “10 aportaciones de los mexicanos a el mundo”. Sin Embargo. 15 de septiembre de 2012.
http://www.sinembargo.mx/15-09-2012/365769

10 10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país. Fundación UNAM. 2 de marzo de 2015. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/

11 “Políticas públicas para evitar fuga de cerebros”. Milenio. 6 de mayo de 2016. http://www.milenio.com/negocios/Avelino_Hernandez_Corichi-Coecyt_en_La_ Laguna-Politicas_Publicas_Coahuila_0_732527087.html

12 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/28/1095377

13 “En la OCDE México es el último lugar en investigación para desarrollo”. Quadratín . 1 de mayo de 2016. https://www.quadratin.com.mx/economia/En-la-OCDE-Mexico-ultimo-lugar-in version-desarrollo/

14 “México, el 6o. lugar en fuga de cerebros”. El Sol de México. 27 de diciembre de 2015. https://elsoldemexico.com.mx/mexico/93099-mexico-6o-lugar-mundial-en-fu ga-de-cerebros

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)