Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4719-VII, martes 14 de febrero de 2017
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a elevar los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles enajenados en la frontera norte, con objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados por el estado de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Con fecha 27 de diciembre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustibles, en el cual dentro de sus considerandos, el titular del Poder Ejecutivo federal expresa de manera textual lo siguiente:
“Para 2017 es necesario mantener el estímulo fiscal actualizado a efecto de reflejar los movimientos de tipo de cambio monetario y de los precios del petróleo, así como establecer una relación más adecuada entre los precios relativos de los tipos de gasolinas.
Que para limitar la posibilidad de una afectación económica, en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América, dada la diferencia de precios entre los dos mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017;
Que la aplicación de la política de precios homologados y escalonados en la frontera norte se realizaba atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América;”
II. En el mismo sentido, el artículo segundo del instrumento en mención establece en que consiste dicho estímulo y la forma en la que será aplicado, de acuerdo a lo siguiente:
“El monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente que deba enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios correspondientes al mes en que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio. Cuando se opte por aplicar el acreditamiento contra los pagos provisionales propios, el acreditamiento aplicado se considerará como impuesto efectivamente pagado.”
III. Si bien el otorgamiento del estímulo en mención es una buena medida para ayudar a la economía familiar de quienes habitamos en la frontera norte, el problema se encuentra en el mecanismo vigente para su aplicación, ya que además de ser optativa la misma, únicamente las grandes empresas o corporativos que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera son los únicos que cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación del mismo, lo anterior a diferencia de los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría de los existentes en la frontera y los cuales se están viendo afectados ante el riesgo de una inminente quiebra, ya que aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo, estos no cuentan con los recursos económicos para absorber durante un mes o incluso más tiempo la diferencia entre el precio por litro pagado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el precio máximo que se tiene que dar al público en los términos de acuerdos tales como el 06/2017, ya que dicha diferencia representa un monto cercano a los 3.00 pesos por litro de combustible.
IV. Es necesario recalcar que resulta urgente la modificación del mecanismo antes mencionado a efecto de que el estímulo pueda ser aplicado de manera general por todas las estaciones de servicio, ya que para contextualizar la situación actual, sirva el caso de Nuevo Laredo, en donde existen 60 gasolineras de las cuales únicamente 10 se encuentran aplicando el estímulo, situación que se agrava en Miguel Alemán, en donde ninguna lo aplica.
Es importante mencionar que de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y de la Cámara de Comercio de Matamoros, las ventas de gasolina en la frontera sur de Estados Unidos subieron entre 45 y 50 por ciento1 tras el aumento de los combustibles automotores en México, lo anterior como consecuencia de que cuando no es aplicado el estímulo, los precios en México resultan mayores en un rango que oscila entre 30 por ciento y 31 por ciento y cuando sí es aplicado, la diferencia es cercana a 15-16 por ciento, situación que pudiera llegar a atentar contra lo establecido en el octavo párrafo de los considerandos del multicitado decreto, el cual a la letra señala que “en el periodo en que la región fronteriza esté sujeta a precios máximos de las gasolinas, el estímulo fiscal aplicable tiene el objetivo de limitar las diferencias entre los precios de dichos combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América a un máximo del 15 por ciento” , con el objeto de ilustrar lo anterior se pone como ejemplo la siguiente tabla:
V. Como es reconocido por el Ejecutivo federal por lo mencionado en el considerando I, la afectación económica en el consumo de combustibles en la frontera norte no sólo es una posibilidad, es una realidad, hecho indubitable de eso es que desde hace ya varios años, dicha zona contaba con precios homologados, los cuales se designaban atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, por lo que en virtud de lo antes expuesto y con la intención de que la frontera norte del país pueda tener condiciones de mayor competitividad y preservar las fuentes de empleo existentes, es necesario que el mecanismo antes mencionado cambie y el estímulo sea aplicado de forma directa sobre las cuotas que correspondan, a efecto de disminuir éstas últimas , esquema que era aplicado anteriormente, permitiendo así que todos los distribuidores se encuentren en posibilidad de aplicarlo en beneficio de las familias de la frontera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a efecto de proteger y buscar beneficiar la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo segundo del decreto publicado con fecha del 27 de diciembre de 2016 mediante el cual “se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se indican.”
Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de frontera puedan acceder a tener la gasolina más barata, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual en tanto se les realiza la acreditación o, en su caso, la devolución correspondiente por parte del Sistema de Administración Tributaria.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, eleven los montos del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, lo anterior con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.
Notas
1 http://www.hoytamaulipas.net/notas/277619/Residentes-de-Matamoros-cruza n-a-Texas-para-cargar-gasolina.html
2 Tipo de cambio de $21.20 al 26/01/17
3 Costo del galón de $1.99 USD al 26/01/17
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.
Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a realizar con la mayor brevedad acciones para finalizar el conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos en Huajimic, de La Yesca, Nayarit, conforme a los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras; al tiempo que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit para que garanticen la seguridad e integridad de las mencionadas comunidades, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El pueblo wixárika, conformado por comunidades indígenas asentadas principalmente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, ha experimentado múltiples invasiones en sus territorios. Estas comunidades son poseedores de gran cantidad de territorios enclavados en la Sierra Madre Occidental, reconocidos por Títulos Virreinales otorgados por la Corona Española.
En la actualidad, las comunidades wixáritari de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, ubicadas en el municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrentan alrededor de 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoriada el 22 de septiembre del año pasado, lograron recuperar 184 hectáreas de las 10 mil que están en proceso.
Los predios recuperados (Bola Negra y Piedra Bola), se ubican en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y se consideran una de las zonas ganaderas más importantes de la entidad. Desde hace varios años, estas tierras han sido ocupadas por ganaderos nayaritas, que hoy, a pesar de las resoluciones judiciales se niegan a desalojarlas. Esta resistencia ha generado un ambiente de tensión entre indígenas y ganaderos, al punto en que llegaron a bloquear caminos y retener por algunas horas a varias personas; ante esto, ambas partes desbloquear los caminos y permitir el abastecimiento de productos alimenticios, esto con la finalidad de promover la apertura del expediente de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya función es intervenir en estos conflictos, mediando entre las partes y en su caso aportando una compensación económica a los afectados.
A la fecha, cuatro meses después de iniciado el conflicto, los afectados no han recibido atención por parte de autoridad alguna, situación que ha generado que los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán, decidieran crear un grupo de auto defensa, con la finalidad de resguardar las tierras que ganaron en juicio y garantizar su integridad física.1
II. La ausencia de atención gubernamental, aunada a la presencia de autodefensas puede derivar en actos violentos. Quedan 15 juicios por ejecutarse, que favorecen a las comunidades wixárika, de persistir la omisión de las autoridades, la violación a derechos humanos será inminente.
Las autoridades deben intervenir conjuntamente y buscar una solución a tan grave conflicto, las autoridades no pueden dejar a la deriva la resolución de un conflicto que está poniendo en riesgo a las mencionadas comunidades. Por ello es necesario solicitar a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se encuentre una solución al conflicto.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad ponga en operación el Programa de Atención de Conflictos en el Medio Rural, a efecto de buscar la suscripción de un Convenio de Finiquito, que ponga fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras.
Segundo. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas, que se encuentran en disputa por los predios Bola Negra y Piedra Bola, ubicados en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.
Nota
1 “Huicholes crean autodefensas para restituciones en
Huajimic”, Milenio Jalisco,
30 de enero de 2017.
http://www.milenio.com/region/huicholes-huajimicu-autodefensa_wixarika-
restituciones-san_sebastian-milenio-noticias_0_893910638.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.
Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad a difundir los resultados de los programas dirigidos a prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente los mexicanos vivimos un entorno de inseguridad, violencia y alta incidencia delictiva, misma que proviene del desacierto en las estrategias encauzadas a combatir eficaz y eficientemente los delitos de alto impacto, como son: el homicidio doloso, el homicidio culposo, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, el robo de vehículo, el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a transeúnte y la violación.
Cabe destacar que estos delitos se han acrecentado de forma desmedida durante el último decenio. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), han señalado que las cifras de muertos y de personas desaparecidas para el periodo 2005-2015 se encuentra en 186,297 y 28,937 personas, respectivamente; con dichos datos encontramos que la comisión de los delitos ha crecido de forma indiscriminada.
Con esos datos nace gran preocupación por parte de la sociedad en torno a la creciente ola de violencia, la cual es recogida por el Observatorio Nacional Ciudadano, organismo que ha indicado en su Reporte sobre Delitos de Alto Impacto que durante el último cuatrimestre de 2016 hubo un aumento en seis de los diez delitos antes mencionados.
Este aumento recayó específicamente en el número de carpetas de investigación instruidas por instituciones de procuración de justicia sobre los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte.
Ahora bien, es pertinente tomar en cuenta las cifras que emanan de cada delito, con el único propósito de clarificar el estatus de peligrosidad e incidencia de cada uno de ellos.
Los homicidios dolosos reportaron 1,974 casos durante el mes de septiembre de 2016; en octubre disminuyeron -5.87%, alrededor de 116 casos. Empero, durante el periodo de octubre 2015 a septiembre 2016 se registraron alrededor de 1,631.42 incidentes mensualmente, mientras que tan solo en octubre de 2016 la cifra se situó en 1,860; es decir, se incrementó un 14.01%.
Respecto al delito de secuestro se iniciaron 145 carpetas de investigación, de las cuales, 108 pertenecen al fuero común y 37 al fuero federal. Cabe aclarar que el 58.62% de las carpetas de investigación se iniciaron tan solo en los Estados de México, Tamaulipas y Veracruz. Un dato que no podemos pasar desapercibido es que a nivel nacional hubo un aumento de 22.38%, al pasar de un promedio de 151.17 en los 12 meses anteriores a 185 en octubre de 2016.
Los robos con violencia aumentaron 3.19% entre septiembre y octubre de 2016, al pasar de 15,258 carpetas de investigación a 15,744. Es de destacar que el Estado de México volvió a ocupar el primer lugar en carpetas de investigación durante el mes, superando a la media nacional en 607.32%, lo que abonó el 22.10% del total nacional.
Durante el periodo de septiembre a octubre de 2016 el robo de vehículo registró un aumento de 0.16% en las carpetas de investigación, pasando de 14,094 a 14,117 casos. El mismo periodo, pero de 2015, registró un aumento de 1.96%, al pasar de 13,500 en septiembre a 13,764 en octubre. Las entidades que aportan más de la mitad del robo total a nivel nacional son: Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, con 50.85%.
El robo a negocio aumentó el número de carpetas de investigación a 463 casos, lo que representa un 7.11% más entre septiembre y octubre de 2016. Cabe resaltar que 2 de cada 10 robos a negocio se cometieron en la Ciudad de México, al contarse 1,518 casos en octubre de 2016.
En torno al robo a transeúnte, las autoridades reportaron 6,006 carpetas de investigación durante el mes de octubre de 2016, en las que el 26.37% (1,584) fueron sin violencia y el 73.63% (4,422) con violencia. Es de mencionar que la Ciudad de México fue la entidad con más carpetas de investigación por este delito, al acumular el 32.78% del total nacional y, junto con el Estado de México, Tabasco y Baja California, acumularon el 68.50% de la media nacional.
Con los datos antes mencionados se pone al descubierto la falta de efectividad de las estrategias y programas por parte de las autoridades, encaminadas a disminuir los niveles en la incidencia delictiva.
Es de mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Gobernación para encargarse de la formulación de programas tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. Así como coadyuvar a la prevención del delito, protegiendo a la población de todo tipo de riesgo, salvaguardando siempre la integridad y los derechos humanos de las personas. Es de subrayar que esas facultades las consigna a la Comisión Nacional de Seguridad.
Bajo esa tesitura, la Comisión ha implementado diversos programas encaminados a prevenir y erradicar la inseguridad en todo el territorio nacional. No obstante, resulta razonable cuestionarse si los resultados han sido los esperados, porque las cifras arriba citadas demuestran un incremento gradual en los delitos de alto impacto, lo que denota que algo no está bien.
Es lamentable que en México la autoridad invierta más tiempo justificando la falta de resultados que trabajando en generar instituciones eficaces y confiables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
A pesar de que el Gobierno Federal ha implementado medidas como indicadores de su progreso en materia de seguridad para lidiar con la delincuencia, el resultado ha advertido un retroceso en la materia, lo cual pone en entredicho las políticas implementadas.
En ese sentido, consideramos urgente hacer un exhorto a la Secretaria de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad para que informen cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar la comisión de estos delitos.
Por otra parte, resulta conveniente que el Comisionado Nacional de Seguridad someta a consideración del Secretario de Gobernación propuestas de políticas, acciones y, en su caso, instrumentos de planeación, así como estrategias en materia de seguridad pública enfocadas a abatir los altos índices delincuenciales propagados a lo largo y ancho del territorio nacional, en aras de volver a vivir en paz.
Estas estrategias deben estar orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por los fenómenos de la delincuencia. Estas estrategias deben aplicarse bajo una visión integral, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía.
Las acciones y estrategias implementadas deben ir acorde con el discurso pronunciado por la autoridad, basadas en el reforzamiento de las acciones de prevención social, el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia.
Por ello, también exhortamos a la Comisión Nacional de Seguridad para que implante nuevas estrategias con esta visión integral, encaminadas a abatir efectivamente el incremento en los delitos de alto impacto.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la mejora de estrategias que combatan los altos índices delictivos, ya que consideramos que vislumbramos un país en paz, donde la gente se sienta segura de salir a sus trabajos, a la escuela o, simplemente, a algún centro de esparcimiento, con total tranquilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que haga públicos los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca las estrategias encaminadas a disminuir los delitos de alto impacto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.
Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a realizar gestiones por la Sagarpa y la Conagua para que los gobiernos estatales y, en su caso, los ayuntamientos destinen recursos de sus presupuestos a impulsar la comercialización y la implantación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, suscrita por el Grupo Parlamentario del PES
Los suscritos, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6; las fracciones I, III,IV y VI del Apartado 2 del artículo 79 y el artículo 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por la que se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a través de los Titulares de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua para que realicen las gestiones necesarias a fin que los gobiernos estatales y, en su caso, municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar, así, con el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y para la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El arranque de 2017, que trajo consigo un cambio de gran calado en la relación económica de Estado respecto del esquema de los precios de los combustibles, para dejar atrás el sistema de subsidios, que políticamente llegó a ser tan conveniente pero a la vez profundamente nocivo para las finanzas públicas y la distribución del gasto hacia los sectores más vulnerables, representó también un momento de especial tensión política y social en que algunos actores apostaron por la desmemoria y por la simple pero enconada protesta.
En Encuentro Social, por nuestra parte, preferimos ir más allá de la protesta para trabajar en el ámbito de la propuesta. En esta ocasión, convocamos a un punto de acuerdo que convoca a la corresponsabilidad y coordinación entre niveles de Gobierno para detonar el crecimiento económico desde el campo.
El sector agropecuario en nuestro país, durante la presente administración, ha tenido logros importantes en materia de producción, comercialización y modernización. México ocupa el sexto lugar mundial en superficie de riego tecnificado, el séptimo en agricultura protegida y el mismo sitio en producción de proteína animal (Martínez, 2016).
De 2013 a 2015 la agricultura ha registrado una tasa media de crecimiento anual de 5.8% y el Producto Interno Bruto agroalimentario representa el 8.1 por ciento de la riqueza nacional, alcanzando un valor de 93,000 millones de pesos (Martínez, 2016).
Actualmente, se producen 13% más toneladas de alimentos en los sectores agropecuarios y pesquero que hace seis años y el valor de la producción es, en términos reales, 26% mayor que en el 2009 y 52% más que en el 2003; asimismo, la rentabilidad por hectárea es de 1,717 dólares por hectárea, monto superior al obtenido por Estados Unidos, Brasil, Argentina o Canadá (Martínez, 2016).
En el primer semestre de 2016, la exportación agroalimentaria alcanzó 15,015 millones de dólares, superando la cantidad de remesas originadas por la venta de petróleo, por lo que la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 2,423 millones de dólares, siendo los principales productos de exportación: cerveza de malta, tomate fresco o refrigerado, chiles y pimientos, berries , aguacate, carne y despojos comestibles, tequila, productos de panadería, azúcar, bovinos vivos, pepino, pepinillo y fresas frescas, cebolla, jugo de naranja congelado, frutas en conserva, coles frescas o refrigeradas, cítricos frescos o secos, carne de porcino, guayaba, mango y mangostanes, y café (Notimex, 2016).
Sin embargo, aun cuando México es uno de los principales países productores de bienes agropecuarios, no tiene autosuficiencia alimentaria. Según el Banco de México, en el primer trimestre de 2016 el valor de las importaciones de productos agropecuarios fue de 5,757 millones de dólares, cifra superior en 1.83% respecto al 2015.
En el mismo tenor, el 48 por ciento de las importaciones agropecuarias se concentran en el maíz1 , soya2 y trigo3 ; asimismo, nuestro país es el segundo mercado más grande para la importación de leche y sus derivados4 . También, se adquieren del exterior grandes volúmenes de semilla de nabo (canola)5 (El Financiero Redacción, 2016).
La dependencia de nuestro país del exterior para cubrir la demanda interna es tal, que se estima que, por ejemplo, para 2019, el 100 por ciento de nuestro consumo de arroz tendrá que satisfacerse mediante la importación del grano; en la actualidad, hay cerca de tres mil productores en 32 mil hectáreas. Ello representa apenas el 12 por ciento de los productores y el 42 por ciento de la superficie que en 2009 había. Hace 16 años, la producción arrocera se llevaba a cabo en 16 estados y actualmente se realiza en tres y más nada (Nayarit y Campeche y escasamente en Veracruz) (Torreblanca, 2017).
Si bien es cierto que, con el Tratado de Libre Comercio, se ha logrado modernizar el sector, también lo es que empresas Trasnacionales Agroalimentarias se posicionaron en actividades estratégicas como el almacenamiento, distribución, importación de granos, insumos y alimentos básicos; por ello, se vuelve una necesidad imperiosa reimpulsar la capacidad productiva de México en materia de semillas, insumos y alimentos, bajo una perspectiva de seguridad y soberanía alimentaria (Cruz, 2017).
En el campo mexicano labora el 13% de la población ocupada, caracterizada por sus bajos niveles de ingreso. En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de 2016 el sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) de la economía nacional trabajan 6 millones 877 mil 619 hombres y mujeres.
En cuanto a sus niveles de ingresos, el 80.8% (5 millones 557 mil 41 personas) no tiene remuneración alguna por su trabajo o recibe hasta 2 salarios mínimos $2,400 pesos con base a $80.04 al día)6.
Así las cosas, la depreciación del peso frente al dólar, el incremento en los precios de la gasolina y diésel y el ajuste presupuestal a los programas presupuestarios de apoyo al campo pueden afectar la producción, rentabilidad y calidad de vida en el sector.
En el último año, la moneda nacional ha estado bajo presión, lo que ha llevado a una depreciación del orden del 26%. Con base en reportes del Banco de México, el tipo de cambio peso - dólar de Estados Unidos de América, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, en enero de 2016 fue de 17.34 y para enero de 2017 esta alcanzó los 21.90, es decir una variación de 26.3%. (Banco de México, 2017).
De este modo, la paridad del peso, según señalan comerciantes, ha encarecido las importaciones de agroquímicos (como ejemplo el herbicida afalón), semillas -maíz amarillo y pasta de soya) así como alimentos gourmet (aceite de oliva, jamones, conservas y accesorios para vino- (Villamil, 2016).
Por su parte, la estructura del costo de producción también se ha visto afectada por el alza en los precios de la gasolina y diésel, en un 38.7 por ciento y 63.3 por ciento, respectivamente. El precio máximo para gasolina en enero de 2016 fue de 8.87 pesos por litro para la gasolina Magna y de 7.90 para diésel7 , mientras que, para enero de 2017, estos fueron de 12.30 para la gasolina y 12.90 para diésel8 (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2015) y (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2016).
Por último, para el presente ejercicio fiscal 2017, se destinarán 70 mil 429 millones 314 mil 191 pesos para los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; esto implica una reducción real del 19.6% respecto al 2016, aun cuando la Cámara de Diputados determinó una ampliación por 8,350 millones de pesos. Con estos programas, las unidades económicas rurales obtienen diversos apoyos para incrementar y desarrollar el capital físico, humano y tecnológico, apoyos a la comercialización, así como e implementación de proyectos productivos9 .
Lo anterior resulta hoy día más relevante, toda vez que el agro nacional enfrenta grandes desafíos en materia de tecnificación y financiamiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, solo el 17 por ciento de las unidades de producción10 cuentan con superficie agrícola de riego11 ; el 33.4% utilizan sembradoras, cosechadoras 18.6%, control biológico de plagas 16.7% y asistencia técnica el 12.1%. En lo que respecta a producción pecuaria, se tiene que el 26.7% utilizan alimento balanceado, asistencia técnica 13.3% y programa de mejoramiento genético 4.3% (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía y SAGARPA, 2014).
Por lo que respecta al financiamiento, tan solo el 10.4% de las unidades de producción obtuvieron crédito y 3.6% obtuvieron algún seguro (Encuesta Nacional Agropecuaria 2014); (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía y SAGARPA, 2014).
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente oroposición con
Punto de Acuerdo
De Urgente u Obvia Resolución, al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las entidades federativas para que se coordinen con los municipios y con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, para destinar recursos de sus presupuestos públicos con la finalidad de hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar, así , con el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y para la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios.
Notas
1 En 2016 la importación de maíz se incrementó en alrededor de 21% (totalizaron 1,448 millones de dólares) y representa una cuarta parte de las importaciones agropecuarias totales y proviene principalmente de Estados Unidos.
2 Con la importación de soya se abastece el 86% del consumo nacional (802 millones de dólares).
3 La importación de trigo representó el 55.6% de la demanda interna total (500 millones de dólares)
4 La importación de leche y lácteos cubre el 16% de la demanda interna total (en el primer semestre de 2016 se importó 989 millones de dólares)
5 La importación, tan solo de Canadá, de semillas de nabo alcanzó un valor de 279 millones de dólares, esta semilla se utiliza para la fabricación de aderezos, margarinas, aceites de cocina y para aditivos para lubricantes industriales.
6 De acuerdo con la ENOE, la población ocupada que recibe ingresos en el sector primario de la economía, al tercer trimestre fue de 1,986,872, los ocupados cuyo ingreso es hasta un salario mínimo 1,829,023, mientras que los que obtienen más de 1 y hasta 2 salarios mínimos es de 1,741,146 de personas.
En el país hay 25 millones 105 mil 960 personas en esta situación, de este modo 22 de cada 100 se encuentran en el sector primario.
7 Con base al Acuerdo 29/2015 por el cual se establecieron estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, se otorgó un estímulo de 3.697 por litro de gasolina menor a 92 octanos y de 5.060 para diésel. Con lo que el precio máximo fue de 8.87 y 7.90, respectivamente.
8 Con base al Acuerdo 100/2016 por el cual se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pequero y agropecuario para el mes de enero de 2017, siendo estos de 3.18 para gasolina menor a 92 octanos y de 3.580 para diésel; con lo que los precios máximos son 12.30 peso litro y 12.90, respectivamente.
9 Con el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para establecer proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas para el desarrollo de las actividades primarias.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria , con lo que las unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Programa de Fomento a la Agricultura , con lo que las unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción con el incremento del nivel tecnológico de los cultivos.
Programa de Fomento Ganadero , con lo que las unidades productivas ganaderas incrementan su productividad.
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con lo que las unidades económicas pesqueras y acuícolas incentivadas incrementan la producción pesquera y acuícola.
Programa de Apoyos a la Comercialización con lo que los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros acceden a esquemas de comercialización, administración de riesgos de mercado, promoción comercial y/o enlaces comerciales.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria con el que se realizan inspecciones Fito zoosanitarias acuícolas y pesqueras de embarques que se movilizan dentro del territorio nacional.
Programa de Apoyos a Pequeños Productores Las unidades económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementan su productividad.
10 El tamaño de la muestra fue de 75,148, de las cuales se obtuvo información de 66,398
11 Existe la percepción en el sentido que, muy probablemente, el campo haya traído más divisas que el petróleo y las remesas de nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos y que tal situación no suele generar un gran compromiso con el país; sin embargo, es indispensable un mayor apoyo por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de más subsidios para modernizar nuestro campo y poder hacerlo más productivo
Referencias
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Villamil, V., 2016. Pega dólar caro a importación agroalimentaria. El Financiero , 16 Junio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.
Diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, Hugo Éric Flores Cervantes, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Alejandro González Murillo, Gonzalo Guízar Valladares, Norma Edith Martínez Guzmán, Ana Guadalupe Perea Santos, Abdies Pineda Morín, Melissa Torres Sandoval (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional a México, sobre el blanqueo de capitales, un encuentro entre diputados, senadores y miembros de aquél para revisar la agenda de prevención del lavado desde la perspectiva del Poder Legislativo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Consideraciones
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI-FATF) es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero. En abril de 1990 dio a conocer “Cuarenta Recomendaciones” las cuales tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.
Estas recomendaciones fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003, para reflejar los cambios ocurridos mundialmente en el tema de lavado de dinero y así evitar futuras amenazas. Fue en el año 2001 cuando emitió las 8 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo las cuales fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la novena recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo.
Asimismo, el 16 de febrero de 2012, publicó una nueva versión de sus Recomendaciones, en las que se integran las medidas esenciales contenidas en las anteriores Cuarenta Recomendaciones, con las 9 Recomendaciones Especiales, que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países (incluido México) para combatir eficazmente y de manera global los mencionados delitos, así como para evitar el uso de los sistemas financieros con fines ilícitos.
La evaluación de la implementación de las nuevas recomendaciones por parte de los países inició a finales de 2013 y terminará antes del 2020. Debido a ello la normativa aplicable en todos los países en la materia deberá tener importantes adecuaciones, con el propósito de ajustarla a los requerimientos que derivan de dichas Recomendaciones y con ellos lograr un mayor grado de apego a las mismas por parte de nuestro país.
El GAFI posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones
1. Los ejercicios de autoevaluación (consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación que guarda la aplicación de los criterios contenidos en las Recomendaciones del Grupo. Tienen por objeto monitorear la evolución de los países respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia, siempre siguiendo como criterio las propias Recomendaciones.
2. Las evaluaciones mutuas (consiste en el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
En las evaluaciones mutuas los países integrantes son sometidos a dicho proceso de evaluación, el cual culmina en un documento (reporte) que da informe de la situación general de cada país evaluado. En el proceso de evaluación participan especialistas de diferentes países (áreas financiera, legal y operativa), quienes integran un equipo evaluador que visita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas.1
El año pasado se realizó un reporte que coordinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la cual se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.
Nuestro país al formar parte de los principales organismos especializados en combatir dicho delito ha realizado importantes avances para fortalecer y combatir los problemas de los delitos antes mencionados, entre los cambios más trascendentes han sido los de penalizar estas violaciones conforme a los más altos estándares internacionales así como la creación y fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención al lavado de dinero aplicables a las entidades financieras y actividades vulnerables no financieras, el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras, entre otros.
Sin embargo, ante las insuficiencias y retos que tiene nuestro país en la materia, es necesario y urgente un reforzamiento de nuestro sistema de prevención y combate al lavado de dinero, delitos precedentes y conexos, así como a la agenda de mecanismos institucionales para la recuperación de activos, como lo es la extinción de dominio.
Ante la implementación de un sistema nacional anticorrupción en las postrimerías de este sexenio y el combate al crimen organizado se hace urgente el consolidar las instituciones en materia de combate al lavado de dinero que hoy por hoy, se encuentran en una situación precaria. De lo anterior da cuenta el IV informe de gobierno del Presidente de la República.
La evaluación del GAFI es una importante oportunidad para que todo el Estado mexicano afine y depure los mecanismos correspondientes y defina activarlos en toda su capacidad. Por tal razón es que se hace pertinente el solicitar una reunión de trabajo con aquellas personas que estarán visitando en los meses de febrero y marzo en representación del GAFI a nuestro país.
En virtud de lo anterior proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales se realice una reunión de trabajo entre diputados y senadores de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Seguridad Pública y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención de lavado de dinero y recuperación de activos.
Nota
1 Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales. Disponible en línea: http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%2 0%20%20130701.pdf 16 de enero 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de febrero de 2017
(Rúbrica)