Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, con atención a la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades educativas locales, a desplegar la  más intensa campaña de difusión sobre el significado de los principios educativos contenidos en el Artículo Tercero Constitucional, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Sofía del Sagrario de León Maza y Heidi Salazar Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben César Camacho Quiroz, Sofía del Sagrario De León Maza y Heidi Salazar Espinosa; diputados integrantes de la LXIII Legislatura y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta alta Soberanía la presente propuesta con punto de Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Este 5 de febrero, es el centenario de nuestra Constitución Política federal.

A lo largo de todo este siglo transcurrido desde 1917, quizá México nunca haya tenido, como hoy, tanta necesidad de honrar y hacer valer la Constitución, en sus principios y normas fundamentales.

Nunca como ahora, los mexicanos de hoy, de cualquier edad, y de cualquier religión, ideas políticas o lugar de residencia o nacimiento, habíamos visto amenazada y agredida a la Nación por algún gobierno extranjero, como ha ocurrido en estos días con las acciones ofensivas y dicterios del Presidente de los Estados Unidos.

Es una agresión arbitraria, infame, sin conflictos, diferencias o causas graves de por medio, que la justifiquen. Es una agresión irresponsable, que alienta la xenofobia y el racismo, atropella la legalidad e impone la razón de la fuerza.

Por eso ha despertado tanta indignación en su propio país y tantas muestras de solidaridad con México en el resto del mundo.

De ahí que, hacia afuera, en nuestra política exterior, resulta vital emprender la más enérgica militancia, tal y como lo define el artículo 89, en favor de la solución pacífica de los conflictos, de la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de la cooperación entre países y, sobre todo, de la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Esa es nuestra mejor defensa y, ante la arbitrariedad y los amagos de agresión y de fuerza, sin duda hoy es también la mejor defensa de la paz en el mundo.

Es claro que no podemos, ni debemos admitir la ofensa; como es cierto también que, ante los amagos de fuerza, nuestra más inteligente y mejor defensa es la Ley.

Por eso, es ineludible aplicar, en los hechos, el mandato del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, para defender a los mexicanos, dentro y fuera del país.

Así como debemos acatar lo estipulado por nuestra carta Magna, también estamos obligados a proceder conforme a lo establecido en los tratados internacionales de los que México es parte.

El Estado mexicano y, por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, -dice el artículo primero constitucional- el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Ello vale para los mexicanos en el territorio nacional, como también para todos aquellos radicados en el exterior y, sobretodo, como está sucediendo, cuando se ven forzados a regresar a México contra su voluntad.

La difícil situación del país, derivada de la agresión externa, nos exige actuar de inmediato, para sortear la coyuntura, pero también, fundamentalmente, nos obliga a repensar el futuro y a trazar nuevas metas de mediano y largo plazos.

Esta exigencia imprime un significado y una importancia estratégicas, superiores, a nuestro artículo 3o. Constitucional.

Hoy cobran un significado especial los incisos b y c de la fracción II del artículo tercero:

Por un lado, ordena que la educación será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 

Por otro, establece que contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Esas son tareas prioritarias, inaplazables, del sector educativo, para reafirmar en maestros y alumnos, los principios, valores y perspectiva histórica de su país.

Por ello, porque más que una efeméride, la conmemoración del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un mandato de acción y porque las circunstancias nacionales no admiten demora, se pone a consideración de esta Soberanía, con carácter de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal, con atención a la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades educativas locales, a desplegar la  más intensa campaña de difusión sobre el significado de los principios educativos contenidos en el Artículo Tercero Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear por la SE, la SRE y la Sectur programas para incentivar el consumo de productos manufacturados en el país, y promover el turismo mexicano, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos de América y a la promoción negativa que hace a nuestro país y sobre todo a los mexicanos, nace la imperante necesidad de crear una campaña de consumo de bienes nacionales, existe la creencia que los productos hechos en otros países no sólo tienen mejor calidad sino también mejores precios, es imperante dar a conocer el catálogo de productos que se producen en territorio nacional, así como centrar los esfuerzos no sólo en la exportación sino en el autoconsumo.

Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. La mayor parte de nuestras exportaciones son para ellos, donde cualquier cambio económico, por mínimo que sea, repercute también en el territorio mexicano.

Las micro, pequeñas y medianas empresas se han convertido en una de las principales fuerzas comerciales del país, ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional, y exportan un producto terminado que puede competir fácilmente con la calidad que requieren mundialmente.

Por otra parte, existen los agronegocios, un sector rezagado en México, que podría ser tan importante como la industria automotriz.

Por ejemplo: los productores de cítricos en México, están enfocados a mercados europeos, donde consumen este tipo de alimentos en grandes cantidades, además de darle otro uso en distintos sectores no alimenticios, no debemos olvidar que la calidad de exportación es muy alta, por lo que una buena opción es que esa calidad sea la que el consumidor local adquiera.

Las estadísticas muestran que la exportación de productos mexicanos genera un superávit en algunos meses del año, esto muestra de que las empresas ya no se conforman solo que expandirse en el mercado interno, aunque muchas veces, el mercado nacional queda fuera, porque dirigen su producción total a mercados externos.

Lo que puede o no afectar la economía interna; como ejemplo el tequila: hay muchas compañías tequileras centradas sólo en el mercado extranjero, y con esto el desconocimiento de su marca en mercado nacional. Esto, por el tipo de producto podríamos considerar que no es importante, por la cantidad de tequilas que se venden en México, sin embargo, con un correcto programa de promoción y estímulos al consumidor, el porcentaje de compra de tequila en territorio nacional se elevaría.

Otro buen ejemplo es el maíz blanco, que se ha convertido en el nuevo combustible orgánico del mundo, beneficiando las condiciones ambientales del planeta pero alterando los mercados donde se produce o comercializa de primera instancia el producto, ya que muchas veces dejan el mercado interno desprotegido y ocasionando aumentos en productos alimenticios provenientes también del maíz.

No se trata de bajar el nivel de exportaciones, se trata de crear estímulos e incentivos para que el consumo interno sea notable, que la calidad de los productos hechos en México sea la misma que los que se exportan.

El consumo es considerado el motor interno para el crecimiento económico porque si crece, las ventas aumentan, los inventarios disminuyen y la producción y empleo también se incrementan, lo que nos puede dar una perspectiva de crecimiento económico del país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha insistido en que a México toca remar para fortalecer su mercado interno, al no haber crecimiento en los otros países que nos servían un poco para ir adelante. Se ha hecho énfasis en que debemos preocuparnos más por nuestra dinámica económica interna para hacer frente al periodo que viene, que será de crecimiento mundial mediocre y altos déficit.

Un buen ejemplo de la práctica que se pretende promover es Brasil, cuyo crecimiento económico, de 2.7 por ciento, en 2011 fue impulsado por el mercado interno.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía subdivide el consumo en dos: privado y gobierno. El año pasado, 85.3 por ciento correspondió al primero (personas y empresas privadas); y 14.7, al segundo.

De acuerdo con la última encuesta nacional de gasto turístico en los hogares, el porcentaje de hogares donde al menos un miembro del hogar viajó y que pasó al menos una noche en el destino (viaje turístico) es de 45.4 por ciento; por otra parte, 31.8 por ciento hizo el viaje de ida y vuelta en un mismo día (viaje de excursionismo); y 22.8 por ciento realizó ambos tipo de viaje. El Distrito Federal es la entidad que más hogares dicen visitar; el segundo, Jalisco; y el tercero, el estado de México.

En la industria automotriz, tenemos mano de obra de primer nivel, muy superior a la de otros países, marcas como BMW y Audi tienen plantas de ensamblado en diversos puntos de la República Mexicana, lo que es muy importante ya que es información que se tiene que dar a conocer no sólo en el país sino en el mundo.

Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad) en diciembre 2016, el crecimiento nominal de las ventas de las cadenas asociadas a la Antad a tiendas totales, incluyendo las aperturas, fue de 8.5 por ciento y a tiendas iguales, sin incluir nuevas, de 5.3 por ciento.

El crecimiento nominal acumulado a tiendas totales fue de 9.7 por ciento y a tiendas iguales de 6.3 por ciento. Las ventas totales generadas en 2016 acumularon 1,516.5 mil millones de pesos.

Algunos factores que influyeron en el comportamiento de las ventas durante 2016:

1. Evolución del tipo de cambio peso-dólar;

2. Mayor competencia entre las cadenas;

3. Problemas de inseguridad pública;

4. Debilidad del mercado interno;

5. Presiones inflacionarias;

6. Inestabilidad económica internacional;

7. Más competencia del comercio informal; y

8. Alto endeudamiento de consumidores.

Durante el año pasado se invirtieron alrededor de 3 mil millones de dólares en la creación de nuevos comercios, así como en la manufactura de productos.

La Antad genera más de 806 mil empleos formales directos. Se considera que el sector también genera un múltiplo de 5 por cada empleo, es muy importante la generación y conservación de empleos.

La desaceleración de China, el fortalecimiento del dólar estadounidense, los precios del petróleo bajos y las tensiones geopolíticas son algunos de los principales factores de riesgo para la economía global.

El alza de la tasa de interés que se dio en 2016 en Estados Unidos puede implicar riesgo al crecimiento de algunas economías en este año que dependen de las exportaciones y verse afectadas por la probable volatilidad que pudiera darse en los mercados financieros.

Una práctica común entre los ciudadanos que viven en zonas fronterizas crucen a comprar diferentes productos a Estados Unidos, de acuerdo con estudios económicos de la Universidad de Arizona, el visitante mexicano genera 2 mil 500 millones de dólares anuales y de éstos 900 millones de quedan en Tucson, Arizona, con promoción eficaz de los productos nacionales e incentivos reales, esta cifra se puede revertir y la generación de dinero se quedaría en nuestro territorio.

La promoción debe ir más allá, cada ciudadano debe entender y conocer los alcances del consumo interno y del gran beneficio que traería a la economía nacional comenzar con esta práctica económica, además de que el sector manufacturero se verá en la necesidad de elevar la calidad de sus productos, en este caso los medios de comunicación masivos son una gran herramienta.

El Fondo Monetario Internacional espera que el crecimiento de la economía mundial será de 3.4 por ciento en 2017; sin embargo, ha reducido su pronóstico de crecimiento para México.

Por las consideraciones expuestas sometemos, de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a llevar a cabo un programa de estímulo al consumo de productos manufacturados en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a dar un alcance mayor e intensificar a través de medios extranjeros la campaña Hecho en México y Visit Mexico.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a promover de manera constante por la Secretaría de Turismo el turismo en México en medios de comunicación nacionales.

Palacio Legislativo federal, a 2 de febrero de 2017.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al diseño de estrategias y desarrollo de programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan reutilizarlos en diversos ciclos escolares mientras no cambie su contenido, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Hortensia Aragón Castillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona por su condición de ser humano tiene derecho a recibir educación. Este derecho compromete al Estado a
“la existencia del servicio de educación básica; que los niños y las niñas asistan a la escuela; permanezcan en ella el tiempo estipulado para realizar sus estudios básicos; transiten de un grado a otro y de un nivel a otro de manera regular; logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, y concluyan estos estudios con oportunidad. Además, la educación ofrecida debe ser para todos, con calidad y equidad”.1

Además, la educación obligatoria que imparta el Estado será gratuita y laica. En lo que respecta al principio de gratuidad obliga
“a garantizar [el] acceso gratuito de todos los niños y todas las niñas a los niveles educativos obligatorios que les corresponda según su edad; ello implica poner a disposición de la población los recursos materiales y humanos necesarios a tal fin”2

Uno de los recursos materiales que utilizan los alumnos como apoyo educativo son los libros de texto los cuales, desde hace más de 50 años, se producen y distribuyen a las escuelas de educación básica de manera gratuita. Los libros de texto gratuito constituyen un “factor fundamental en la formación de los sujetos y, por tanto, como un elemento indispensable para la transmisión del conocimiento”3

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la elaboración, actualización y edición de los libros de texto gratuito y, a las autoridades educativas locales, la de distribuir de manera “oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione” (artículo 19, Ley General de Educación).

Para el diseño, la impresión y la distribución de los libros de texto, la SEP, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) tiene el objetivo de garantizar la suficiencia y la dotación oportuna de libros de texto para la población escolar. En el ciclo escolar 2015-2016, se distribuyeron un total de 203 millones 63 mil 426 libros en escuelas de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación indígena y telebachillerato4 , mientras que en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 183 millones 134 mil 297 libros5 , es decir, un 9.8% menos.

En el ciclo escolar 2015-2016, el costo de los libros de texto gratuito por alumno de educación básica y telebachillerato ascendió a $104.09 pesos, con una matrícula total de 28 millones 893 mil 110 alumnos6 . En cuanto los recursos utilizados para la edición de estos libros de texto, fueron consideradas tres fuentes de financiamiento: la primera, son los recursos que se entregan directamente a la CONALITEG en el Presupuesto de Egresos de la Federación ($2 mil 421 millones 256 mil 988 pesos); la segunda, son las transferencias de recursos de otras dependencias de la SEP ($304 millones 800 mil 416 pesos) y la tercera son los recursos de las entidades que pagan una parte de los libros de texto de Secundaria que van a cada estado ($281 millones 334 mil 319 pesos)7 .

No obstante, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios se comprometen a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente (artículo 4). Con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y los Directores de las escuelas de educación básica deben comprometerse a regular la producción de los libros de texto gratuito a través de la reutilización de éstos por más de un alumno durante varios años, hasta que su contenido sea actualizado. Son varios los libros que pueden ser reutilizados sin ser reciclados, permitiendo bajar el costo de los libros y la tala de árboles. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace “para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles”8.

En el Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 2014-2018, publicado el 08 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se menciona que “el papel utilizado en la producción de los interiores de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2013-2014 sumó la cantidad de 86 mil 157 toneladas”9 , de las cuales se recibieron 25 mil 967 toneladas de papel de desecho recolectadas para permuta por papel nuevo reciclado. El papel de permuta obtenido fue de 1 mil 901 toneladas, es decir, el 2.2% del total de toneladas para la producción de los libros.

Cabe señalar, que el 21 febrero de 2006 se publicó, en el DOF, el decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, “el desecho de papel y cartón existente cuando ya no le sea útil, con la única y exclusiva finalidad de que dicha Comisión los permute por papel reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto”10 . A raíz de este decreto, la CONALITEG está llevando a cabo el programa “Recicla para leer”, invitando a las dependencias y a los alumnos de educación básica a la cultura del reciclaje.

Sin embargo, esto no basta, como se menciona en los párrafos anteriores, la cantidad de toneladas de papel para reciclaje es mínimo comparado con el total de toneladas que se requieren para la producción de los libros de texto gratuito. Por ende, solicito que se desarrollen programas, estrategias y acciones por parte de las autoridades responsables para que los libros de texto gratuito sean reutilizados, es decir, que sean heredados de niño a niño sin que esto implique el proceso de reciclaje, lo cual implicaría no sólo una disminución en los requerimientos de papel sino también una reducción de los gastos de impresión de estos materiales.

Debemos señalar, también, que los compromisos internacionales adoptados por nuestro país en la Convención Marco sobre el Cambio Climático11 y los instrumentos derivados de la misma tales como el Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Cancún y el Acuerdo de París, que recientemente entró en vigor, obligan a nuestro país a generar políticas integrales que prevengan la generación de gases de efecto invernadero, no sólo a través de acciones directas en relación al control de las emisiones contaminantes, sino a través de programas que promuevan y eduquen a la población, principalmente a la infantil, para evitar su generación. Es por ello que las estrategias que aquí se promueven resultan de particular importancia, especialmente, a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas y a los Directores de las escuelas de Educación Básica a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Notas

1 INEE (2009). El derecho a la educación en México. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde http://www.inee.edu.mx/index.php/publicacíones-micrositio

2 Ramírez Raymundo, Rodolfo (2008). “Avatares de una noble aspiración: la gratuidad de la educación pública obligatoria”, en Anuario Educativo Mexicano. Visión retrospectiva. Cámara de Diputados/UPN/Porrúa, página 324.

3 Celis García, Zaida (sin fecha). Los libros de texto gratuitos en México. Vigencia y perspectivas. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/2420.pdf

4 Conaliteg (2016). Costo libros de texto gratuitos ciclo escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde
http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=320

5 Conaliteg (2016). Avance de distribución. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde
http://www.conaliteg.gob.mx/avance_distribucion.php

6 Conaliteg (2016). Costo libros de texto gratuitos ciclo escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=320

7 Ídem.

8 Greenpeace México (sin fecha). El papel y su impacto ambiental. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde http:archivo.estepais.com/inicio/historicos/94/14_Medio%20ambiente_El%20papel_greenpeace.pdf

9 DOF (2014). Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343878&fecha=08/05/2014

10 DOF (2006). Decreto por el que las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 desde

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2120514

11 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Hortensia Aragón Castillo (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a elaborar un estudio regional sobre los niveles de temperatura en Campeche que permita reclasificar la tarifa de electricidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Angel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche que permita una reclasificaciín de la tarifa en el cobro del suministro de energía electrica; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad , el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo .”

Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo define que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, es decir, bajo el mandato de que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica

Continuando con el artículo 25, también se expresa que la ley establecerá entre otros aspectos las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas.

Finalmente, establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Respetable Asamblea:

La generación de energía eléctrica se remonta en México a fines del siglo XIX, a través de instalación de plantas generadoras que se fueron extendiendo en el país, para la producción de diferentes sectores industriales y marginalmente para la iluminación residencial y pública.

Siendo durante el régimen de Porfirio Díaz que se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, 100 más en la Alameda Central e iniciando la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras.

No obstante lo anterior, para 1910, de la entonces capacidad de 50 mega watts (MW) con que nuestro país contaba, el 80 por ciento lo generaban únicamente tres compañías privadas internacionales: The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, ubicada en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México; y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.

En 1937 teníamos 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 38 por ciento contaban con electricidad, proporcionada de manera ineficiente y limitada por las tres empresas privadas comentadas. Donde a las fallas de luz constantes y a las tarifas elevadas , sumémosle que la cobertura no contemplaba desde el punto de vista privado, la urgencia de considerar el servicio para poblaciones rurales, siendo los mercados urbanos más redituables los prioritarios y por tanto en ese sentido se enfocaba el crecimiento de la capacidad instalada de generación eléctrica que ya era en el país de 629 MW.

Para rebatir esa situación que sin duda no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto “... organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”1

La CFE entonces inicia un plan de cobertura universal comenzando a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, posibilitando de inicio el bombeo de agua de riego y la molienda, así como un mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.

En 1938 la CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, se incremento exponencialmente hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y la propia CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54 por ciento de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, mientras que la empresa Mexican Light el 25 por ciento, la American and Foreign el 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44 por ciento de la población contaba con electricidad. Es así, que el entonces presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960.

Con el pasar de los años, previos procesos de integración del Sistema Eléctrico Nacional, adquisición de activos, elevada inversión y unificación de procesos de generación, permitieron que para inicios del año 2000 se tuviera ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70 por ciento a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 km, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año.

A decir de la propia CFE, encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país, “el servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas.”

Hemos querido realizar este breviario histórico para apreciar que efectivamente, desde hace décadas hasta nuestros días, la prioridad del servicio público de energía eléctrica es la cobertura. No obstante, creemos que es tiempo en que debemos fortalecer y en su justa dimensión priorizar también, bajos costos reales de la electricidad en nuestro país.

Lo anterior, por un lado, para cumplir el mandato constitucional referido en los primeros párrafos de la presente proposición en materia de competitividad, donde las empresas productivas del Estado garanticen con su proceder, siempre a través de la ley, alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares al tiempo de proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo sin lugar a dudas la competitividad en todos los niveles, y favorezcan las condiciones de reactivación económica que hoy en día se requiere para la entidad federativa que represento; y por otro lado, para responder a la inquietud de la población campechana que demanda la aplicación en su territorio el pago de una tarifa en el suministro de energía electrica màs acorde a la realidad que impera en el reflejo del calor en sus temperaturas.

El caso que hoy nos ocupa sin duda es un ejemplo de lo que no debería pasar, donde se aminora la competitividad de toda una entidad federativa, Campeche, al no existir respuestas o mecanismos en torno a mejores tarifas eléctricas. Donde se ha vuelto un lugar común solicitar legislativa y administrativamente lo anterior, con justificaciones de sobra válidas y que más adelante repasaremos, donde por una razón u otra, no son atendidas y se denota siempre una especie de inmovilidad institucional para solucionar este continuo reclamo social y empresarial en nuestro Estado.

Nos apremia encauzar un mecanismo que permita obtener parámetros que con certeza permitan a la autoridad en la materia mejorar y/o disminuir las tárifas eléctricas a favor de la población campechana.

Año con año han existido esfuerzos legislativos anteriores al presente, originados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por legisladores de diferentes partidos políticos y con todo el respaldo de la población campechana.

En ellos se ha manifestado que el estado de Campeche posee pocos más de 822 mil habitantes, de los cuales un 75 por ciento es urbana y un 25 por ciento rural, y que actualmente se posee una cobertura del 96.8 por ciento en materia de electricidad.

Que si bien, el suministro de energía eléctrica es un servicio de primera necesidad como en todo México, deberíamos tomar en cuenta que nuestro Estado es un gran productor de energéticos necesarios para el desarrollo de otras entidades y regiones del país.

Además y a diferencia de la media nacional, el Estado cuenta con temperaturas promedio de más de 30 grados la mayor parte del año y en algunas partes de su territorio por encima de los 35 grados, así como registros de humedad absoluta superiores, por lo que resulta necesario utilizar sistemas de enfriamiento y ventilación que ocasionan un consumo mayor de energía todos los sectores poblacionales y productivos.

En promedio un ventilador o un aire acondicionado se encuentra encendido por lo menos 16 horas del día, ocasionando que con solo este hecho se rebasen los 1700 KW autorizados en la tarifa 1C que se aplica en el Estado; de ahí la demanda urgente de cambiar la tarifa a la 1D, 1E o 1F, y aumentar los KW consumidos a 2000 bimestrales, con lo que muchos consumidores campechanos dejarían de pagar tarifas de alto consumo como sucede actualmente, como si sus hogares pertenecieran a grupos poblacionales de alto ingreso lo que a todas luces es incorrecto e injusto. Adicionalmente, el consumidor campechano, por ejemplo, tan solo con una tarifa 1D tendría más dispensas en los de 175 KW horas respecto de los costos de 150 KW horas actual, lo que beneficiara de manera contundente a familias de bajos recursos en la entidad federativa.

Ante esta situación se ha propuesto de manera recurrente a la autoridad una revisión de las tarifas, donde la respuesta más reciente parece girar en un diagnostico que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en materia de temperatura y humedad en la Entidad, donde el resultado vuelve a ser una recomendación negativa a la CFE, dado que la temperatura y la humedad registrada por los equipos de la Conagua en Campeche no nos hacen elegibles para la re tarifación anhelada, además de que se considerán criterios y parámetros del impacto y/o reflejo de calor de forma uniforme para toda la entidad.

En refuerzo de lo anterior, otro argumento que productos legislativos previos han esgrimido, es que el estado se encuentra ubicado en la costa del Golfo de México y con ríos interiores, que provocan que la humedad absoluta sea una de las más elevadas de la República Mexicana; humedad que hace que la temperatura que se registra sea más perceptible por el cuerpo humano, temperatura que por cierto no es perceptible por los medidores meteorológicos de la Conagua, ya que estos miden por separado la humedad y la temperatura atmosférica.

Finalmente, nos encontramos consientes del complejo marco jurídico en torno a la revisión y fijación de tarifas de energía eléctrica, desde la propia Constitución Federal, pasando por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; las normas inherentes a la propia CFE; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley de la Industria Eléctrica y todos los reglamentos relacionados; o bien, Decretos Ejecutivos expedidos en la materia; pero lo anterior no debe ser obstáculo para llevar a buen término un esfuerzo adicional en aras de la justicia energética.

Algo tenemos que corregir, para ajustarnos a los nuevos tiempos; sin duda el incremento de la temperatura global ha dejado arcaicos muchos parámetros administrativos en diferentes áreas del quehacer público, como el que ahora parece limitarnos nuevamente, por ello debemos actualizarlo a través de la autoridad competente.

Si los procesos para la determinación tarifaria en materia de electricidad, no incentivan la competitividad en el país, a todas luces son inconstitucionales, y debemos encontrar las vías adecuadas correspondientes para lograr el objetivo.

No podemos competir como país con tarifas eléctricas caras; en comparación con Estados Unidos por cada peso que ellos pagan, nosotros pagamos, en promedio, 1.25.

No podemos seguir manteniendo ineficiencias administrativas que generan esquemas tarifarios que desincentivan el crecimiento y desarrollo de regiones enteras en nuestro país. A todas luces el esquema de subsidios merece una revisión integral pues ante todo es regresivo. Ni que decir del caso específico de Campeche; ni que decir que al igual que en 1937, unos de los principales retos es la mitigación de las altas tarifas en el cobro de energía eléctrica para los usuarios en el país.

Es por lo anterior, que una vez que se han propuesto varias alternativas en recientes años, insistimos en buscar una solución definitiva. Por lo que procedemos ahora por exhortar a la Conagua para que elabore, con base en sus facultades, un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche.

Necesitamos de manera urgente incorporar al mayor número de localidades campechanas que al presente día, ya registran temperaturas medias mínimas en verano de más de 31 grados centígrados o más, con lo que deberían ser elegibles para tarifas 1D, 1E o 1F.

Lo que la población del estado de Campeche demanda es un trato social y económicamente justo en el marco de las normas vigentes.

Necesitamos posteriormente que la Conagua transmita el estudio en cuestión a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que, con base en él se determine un nuevo esquema tarifario para la entidad, reconociendo que de acuerdo con las disposiciones actuales se tomaran como piso las actuales tarifas aplicadas en el territorio campechano.

Adicionalmente, la situación apremia, pues en el nuevo entorno que representa el llamado cambio climático, la situación relacionada con altas temperaturas en Campeche no mejorará, al contrario; y las horas de uso de ventiladores o de aire acondicionado en el corto plazo registraran incrementos; además la competitividad y reactivación económica que Campeche necesita a favor de su población tiene como condición necesaria brindar tárifas eléctricas que motiven e incentiven la atracción de inversiones en su territorio.

Con base en lo anteriormente expuesto, es que se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, con base en sus facultades, considere elaborar un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche; mismo que, una vez concluido, deberá ser enviado a la Comisión Reguladora de Energía para que evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas en las diferentes localidades y regiones del estado, tomando como piso la actual tarifa aplicada en el territorio campechano.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, considere la realización de un estudio que verse sobre el aporte a la competitividad en el país, por parte de las tarifas eléctricas que se aplican en cada entidad federativa. Lo anterior, con el objeto de dotar de una herramienta adicional a los criterios vigentes para la atención de las solicitudes de re tarifaciones eléctricas.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la enfermedad vascular cerebral isquémica, o infarto cerebral, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la fracción I del artículo 6 y el numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es una alteración neurológica que se caracteriza por su aparición brusca, generalmente sin aviso, con síntomas de 24 horas o más, causando secuelas y muerte.

Este padecimiento puede ocurrir cuando una arteria se obstruye produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral o bien, ser resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo, dando lugar a un derrame.

Existen tres tipos principales de enfermedad vascular cerebral que son los que a continuación se mencionan:

• Trombótico: Cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que es la acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias, causa un estrechamiento de los vasos sanguíneos y con frecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos.

• Embólico: cuando el coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo en el corazón. Una porción del coágulo (un émbolo) se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro, el coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho como para no poder continuar y tapa el vaso sanguíneo, cortando el abastecimiento de sangre. Este bloque súbito se llama embolia.

• Hemorrágico o derrame cerebral: Es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro.

Se calcula que cada año hay entre 150 y 200 mil infartos cerebrales, y quienes sobreviven pueden quedar con secuelas leves o severas, como parálisis, problemas de raciocinio, del habla, visión y en la coordinación motora, que los hace dependientes por completo de otra persona para sobrevivir.

Al año ocurren más de 130 mil muertes en México por enfermedad vascular o infarto cerebral (EVC), cifra que ubica a este problema de salud en el tercer lugar nacional como causa de fallecimiento la causa más común de incapacidad en adultos.

Es menester resaltar que la EVC va en aumento, debido a que 80% de los problemas de este tipo son por ateroesclerosis, como consecuencia de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos o tabaquismo.

Este problema se presenta a partir de los 45 años, sin embargo, si se procura tener una vida sana o se controlan las enfermedades crónicas que lo causan de manera agresiva, disminuye en 80% el riesgo de sufrir un evento vascular cerebral.

Los síntomas pueden variar considerablemente en función de la región del cerebro que esté sufriendo daño isquémico. Esto dificulta en cierta medida el reconocimiento del padecimiento, no obstante, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares cursan con al menos, alguno de estos síntomas:

• Alteración de la fuerza en un brazo, en una pierna o en ambos de un lado del cuerpo,

• Parálisis de la cara o alteración de ésta o del lenguaje,

• Ocurrencia súbita de visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos,

• Aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caídas sin explicaciones,

• Incapacidad repentina para comunicarse, ya sea por dificultad para hablar o entender

• Aparición súbita de dolor de cabeza, de gran intensidad y sin causa conocida.

Estos signos de alarma duran unos minutos y luego desaparecen o preceden a un EVC de mayores consecuencias.

La atención oportuna durante las primeras cuatros horas posteriores al infarto vascular cerebral es de vital importancia ya que en este periodo de tiempo se puede lograr el reducir las secuelas o evitar la muerte del paciente, porque el tratamiento inmediato para destapar la arteria detiene el infarto cerebral; por lo cual se debe activar el Código Ataque Cerebral (Código Ictus) hospitalario.

Los objetivos particulares de este punto de acuerdo son básicamente los siguientes:

• Incrementar el número de casos con IC (Infarto Cerebral) que reciban tratamiento trombolítico.

• Reducir los índices de discapacidad del IC.

• Reducir los índices de letalidad del IC.

• Incorporar en la población general y personal de salud la noción de la EVC como emergencia.

• Promover la creación y uso del Código Ataque Cerebral (o Ictus) para la atención pre hospitalaria del IC.

• Aumentar el número de pacientes en quienes se determine la causa del IC.

• Mejorar la prevención secundaria del IC.

• Aumentar el número de pacientes que reciban rehabilitación temprana.

• Mejorar el acceso a la cobertura en salud de los pacientes con IC.

Es de vital importancia mencionar que la población en México, no cuenta con el conocimiento necesario de los síntomas que pudieran hacer identificables las enfermedades cerebro vasculares y esta puede ser una razón primaria por la cual es fácilmente confundible con otros padecimientos y no se dé la atención con la premura necesaria para así evitar las secuelas que trae consigo o incluso la muerte.

La enfermedad vascular cerebral (EVC); en su conjunto, forma parte del gran espectro de padecimientos denominado “Enfermedades no transmisibles” y aun a pesar del gran porcentaje de mortandad que trae consigo, la normatividad actual no es suficiente y mucho menos específica para este tema; por lo cual no corresponde con la gravedad fáctica real.

Por lo anteriormente expuesto; respetuosamente solicito a esta Soberanía se aprueben los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que elabore una Norma Oficial Mexicana que establezca los criterios, estrategias, actividades y procedimientos aplicables al Sistema Nacional de Salud así como en todas las unidades que proporcionan atención, en relación a las medidas de control y acción que deben seguirse para dar tratamiento a la enfermedad vascular cerebral Isquémica.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, dentro del marco de sus facultades, realice campañas de educación a la población a fin de que se den a conocer las enfermedades cerebro-vasculares isquémicas (Infarto Cerebral), sus síntomas, las condiciones predisponentes (factores de riesgo), así como la importancia y beneficio de ser tratados de manera inmediata.

Palacio Legislativo a 2 de febrero de 2017.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la decisión de Liconsa de comprar en el extranjero leche en polvo en 2016, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y en el numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La empresa paraestatal Liconsa, SA de CV, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su función principal es industrializar y comercializar leche de óptima calidad a precios asequibles para la población más vulnerable. El origen de sus recursos está formado por el Programa de Abasto Social de Leche y el Programa de Adquisición de Leche Nacional.

Segunda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016 se redujeron en 24.8 por ciento, es decir, 540 millones de pesos, los recursos del Programa de Adquisición de Leche Nacional, pese a la importancia de este rubro para lograr el acceso de la población de bajos recursos al bien básico. Por lo que corresponde al PEF de 2017, hubo una reducción de 37.8 por ciento, es decir, de más de 600 millones de pesos, en los recursos del programa en comento.

Tercera. Morena ha presentado reservas, a través de la suscrita, el 12 de noviembre de 2015 y el 10 de noviembre de 2016, para restituir recursos al presupuesto del Programa de Adquisición de Leche Nacional y del Programa de Abasto Social de Leche. No obstante, han sido rechazadas por la mayoría del pleno.

Cuarta. Actualmente, Liconsa adquiere 78 por ciento de la leche en polvo en el país y el restante 22 por ciento en el extranjero.1 El 15 de agosto de 2016, productores mexicanos señalaron que la empresa importó el bien básico a sobreprecio con cargo al Presupuesto de 2016, por lo cual –afirmaron– hay un manejo inadecuado de los recursos de la población mexicana. Lo anterior, ya que cada tonelada de ese producto fue adquirida en 2 mil 470 dólares, mientras que el precio internacional era de mil 880 dólares la tonelada, según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ello implica que la leche se compró 31 por ciento más cara,2 lo cual afectó las finanzas de la institución y redujo la cantidad potencialmente adquirida.

Quinta. José Antonio Meade, ex secretario de Desarrollo Social, afirmó que como la importación cuesta 2 pesos menos es necesario que los productores mexicanos sean más competitivos con los precios del alimento. Aunado a ello, aseguró que el número de productores mexicanos que venden leche Liconsa ha aumentado de 9 mil a 11 mil en un periodo de 4 años. Sin embargo, el funcionario reconoció que ese organismo tuvo un recorte presupuestal de 540 millones en 2016 para comprar leche nacional, dificultando la posibilidad de conservar los niveles de compra.3

Sexta. De acuerdo con el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, empresas transnacionales como Alpura, Lala y Nestlé han sido beneficiadas por el aumento de la compra de leche en polvo en el extranjero, en detrimento de los productores nacionales.4

Séptima. Las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche –acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015– señalan en el inciso 7.2., “Control y auditoría”:

Con el propósito de transparentar ante la comunidad en general el manejo de recursos públicos, se realizarán acciones de control basadas en la revisión del flujo financiero de los recursos autorizados, ministrados y ejercidos, así como su comprobación; igualmente, la inspeccion fisica del programa y sus acciones podrán ser auditadas por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por el Órgano Interno de Control en Liconsa, por la SFP, así como por la Auditoría Superior de la Federacion de la Cámara de Diputados [...]

Por ello hay la facultad del Órgano Interno de Control en Liconsa, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para inspeccionar el flujo financiero de recursos autorizados, así como su verificación. En este caso, se podría auditar la compra de leche en polvo de la empresa paraestatal en comento en 2016, con base en las irregularidades citadas.

Octava. Es inaceptable que se compre leche en polvo a sobreprecio en el extranjero. La justificación de importación es que adquiera el producto a precios más competitivos, favoreciendo a los consumidores; pero en este caso no fue así, por el contrario, se adquirió un volumen menor del que podía ser adquirido, afectado a población de bajos recursos. Asimismo, el gobierno federal ha descuidado a los productores nacionales de leche, cuyo sustento principal proviene de su venta.

Novena. Pedir a los productores que compitan con los precios internacionales no justifica la compra a sobreprecio de la leche. Además, las dificultades en la producción nacional responden en gran medida a la fallida política del gobierno federal para proveer de condiciones adecuadas para una producción más eficiente en el país.

Décima. Tomando en cuenta el aumento de los precios de los productos básicos, es necesario incrementar el presupuesto destinado a los Programas de Abasto Social de Leche y Adquisición de Leche Nacional del Ramo 20, conforme lo señala el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social; de manera particular, favoreciendo a los productores nacionales. El incremento propuesto puede ser cubierto con los recursos provenientes de gasto innecesario en otras áreas de administración o de ingresos adicionales.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, para que la dependencia a su cargo transparente la decisión de la compra de leche en polvo en el extranjero en 2016.

Segundo. Alentar a la Auditoría Superior de la Federación a que revise el procedimiento para la adquisición de leche en polvo por Liconsa, correspondiente a 2016.

Tercero. Solicitar al Ejecutivo federal que tome las medidas necesarias a fin de garantizar los recursos para la adquisición de leche en favor de los sectores más desfavorecidos.

Cuarto. Solicitar al Ejecutivo federal que diseñe una estrategia de apoyo a la modernización de la producción nacional de leche.

Notas

1 “Acusan mala leche en críticas a Liconsa”, en Reforma, 17 de agosto de 2016. Disponible para consulta en http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=917443&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones /articulo/default.aspx?Id=917443&v=4

2 “Importa Liconsa a precio de oro”, en Reforma, 15 de agosto de 2016. Disponible para consulta en http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=91583 0&md5=5e589dd77d4af538d44bcdd08e34feb1&ta=0dfdbac11765226904c16 cb9ad1b2efe&po=4

3 “Acusan mala leche en críticas a Liconsa”, en Reforma, 17 de agosto de 2016. Disponible para consulta en http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=917443&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones /articulo/default.aspx?Id=917443&v=4

4 “Productores acusan a Liconsa de manejo irregular de recursos; solicitan auditoría”, en La Jornada, 19 de julio de 2016. Disponible para consulta en http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/sociedad/035n2soc

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se formulan un extrañamiento y rechazo a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó apoyo a la propuesta del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, de construir un muro entre ese país y el nuestro, a cargo de la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta un extrañamiento y rechazo a las declaraciones del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó públicamente su apoyo a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, de construir un muro entre México y los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. México e Israel establecieron relaciones diplomáticas oficiales desde el 1 de julio de 1952, y desde entonces se han construido puentes entre ambas naciones. México ha reconocido al estado de Israel como un acto de pleno respeto a su soberanía, y siempre ha promovido la paz respecto de los conflictos que le han marcado.

Ambos países forman parte del Sistema de Naciones Unidas, y comparten compromisos en materias tan importantes como los derechos humanos, la cooperación internacional, seguridad y por supuesto el comercio, que se ha beneficiado desde el año 2000 con la firma de un Tratado de Libre Comercio, que además de hermanar a ambas naciones, nos hace socios estratégicos y aliados con altas ventajas competitivas.

En 1999 las exportaciones israelíes a México eran de 125 millones de dólares e importó desde México 14 millones. Mientras que el año pasado México importó más de 400 millones de dólares.

México es incluso el único país del mundo al que Israel ha otorgado derechos de excavación en sus zonas arqueológicas, para recorrer las ruinas cercanas al pueblo de Magdala, distinción que ha demostrado la fortaleza de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

II. México e Israel forman parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, por lo que ambas naciones tienen por compromiso, velar por la igualdad, así como prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación.

III. En días pasados, el primer ministro del Estado de Israel, subrayó a través de su cuenta de twitter que: “El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, declaración que violenta los principios signados por ambas naciones en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación.

IV. La Cancillería mexicana ha expresado ya su rechazo y condena estas declaraciones, por lo que es menester que la Cámara de Diputados, en su carácter de representación popular, y en defensa del interés nacional en álgidos momentos de la actual coyuntura, fije una posición clara y determinada contra este tipo de expresiones.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, condena las declaraciones del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó públicamente su apoyo a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, de construir un muro entre México y los Estados Unidos de América.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta un extrañamiento al primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, por sus declaraciones en apoyo a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, de construir un muro entre México y los Estados Unidos de América.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en reconocimiento a su historia y valores, reitera su amistad con la gran comunidad judía que ha apoyado junto con México, el respeto de los derechos humanos y la lucha por la paz en nuestro país, y en el mundo entero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, la Sener, Pemex y la CRE a ejecutar acciones para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, las acciones necesarias para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustibles en México, a fin de que se oferten precios competitivos en beneficio de los consumidores y sus familias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel recientemente implementada en nuestro país, sin duda alguna ha generado incertidumbre respecto al tiempo que tardará que los importes de los combustibles sean competitivos y acordes a la realidad socioeconómica de la mayoría de la población.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza somos conscientes de que la liberalización más que una decisión arbitraria se trató de una medida necesaria, cuyos impactos reales se percibirán en el mediano y largo plazo; sin embargo, no podemos ser omisos en reconocer que las condiciones que actualmente enfrenta el incipiente mercado de los combustibles son un factor que incide negativamente en el precio final que los consumidores pagan por esos productos.

El contar con un mercado de combustibles en el que se transitó de un monopolio total a un modelo abierto a la competencia, sin contar con una sólida logística de almacenamiento, transporte y comercialización, así como con una consistente inversión en el sector por parte de los nuevos actores fue, sin duda, uno de los diversos factores que generaron la situación que actualmente estamos enfrentando.

Resulta incuestionable que nuestro país debe fortalecer el mercado de combustibles en todos sus procesos, a saber: producción, almacenamiento, distribución y comercialización; y en este orden de ideas es imprescindible contar con las condiciones necesarias que atraigan a nuevos actores, a fin de que la apertura redunde no solo en mejores precios, sino también en la oferta de mejores productos y en un beneficio directo para la población, que es precisamente a quien se busca beneficiar.

Los factores externos como el precio internacional del petróleo y el mercado de divisas inciden inevitablemente en el costo de los combustibles y, lamentablemente, no podemos influir como quisiéramos en dichos elementos, pero está en nuestras manos incidir en los factores internos, y en ellos se debe de trabajar para crear las condiciones necesarias que permitan al mercado fortalecerse y generar los entornos óptimos para que el consumidor sea beneficiado con precios competitivos y una mayor calidad en los productos que se pongan a su disposición.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos de suma importancia que las instancias responsables se avoquen en generar las condiciones necesarias para que aquellos interesados en participar en el mercado nacional de combustibles estén en aptitud de involucrarse con la mayor celeridad en el desarrollo de la infraestructura física necesaria para, en primera instancia, se amplíe la capacidad de almacenamiento, la cadena de transporte y/o distribución y la comercialización al consumidor final.

Debe ser prioritario para las instituciones a cargo de la atención del sector energético favorecer el desarrollo de las condiciones necesarias que garanticen el advenimiento de inversiones; el momento es ahora, la población y, en especial, los sectores de más bajos recursos y mayor vulnerabilidad económica, necesitan del Gobierno Federal acciones puntuales y efectivas que generen, reiteramos, los escenarios óptimos para el desarrollo de un mercado de combustibles competitivo, cuyos participantes estén en posibilidad de enfrentar y participar de una sana competencia, en un mercado que necesita fortalecerse en todos los eslabones de su cadena productiva y comercial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, las acciones necesarias para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustibles en México, a fin de que se oferten precios competitivos en beneficio de los consumidores y sus familias

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero del 2016.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas de 2017, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar el Acuerdo Número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación .

Por su parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que “el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios...”

Ahora bien, la Ley General de Educación en el Capítulo III, De la Equidad en la Educación, establece en el artículo 32 que “las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Se define además que las citadas medidas se encontrarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

Es así, que en el Artículo 33, fracción VIII del mismo ordenamiento, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias: Desarrollarán programas (...) para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación...

Respetable Asamblea:

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015, se encontraron matriculados casi 26 millones de educandos en la educación básica del sistema educativo nacional.

4 millones 800 mil para la educación media superior; 3 millones 550 mil para la educación superior; y 1 millón 790 mil en capacitación para el trabajo.

Con lo que tenemos aproximadamente 36 millones de mexicanos inscritos y recibiendo educación en nuestro país.

De los anteriores, casi 5 millones, es decir el 14 por ciento, se encuentran en instituciones privadas.

Para los fines del presente acuerdo, profundicemos en la composición general anteriormente expuesta: la mitad de estos 5 millones, es decir 2 millones 500 mil niños se encuentran inscritos en escuelas privadas de educación básica; 955 mil en el nivel medio superior; 1 millón 70 mil en el nivel superior y; 360 mil en capacitación para el trabajo.

Lo que se presenta nos indica el comportamiento del número de educandos fuera del sistema público, donde dicho proceder se resume a dos razones: las familias mexicanas determinan inscribir a sus hijos en esquemas privados de educación, porque en cierto momento es una opción viable dado que pueden solventarlo; o bien, porque no les quedo otra opción al no ser aceptados sus hijos en los esquemas públicos.

Tenemos así que de los 26 millones de alumnos en la educación básica, alrededor del 10 por ciento se encuentran inscritos en la educación básica privada; de los 4 millones 800 mil alumnos en la educación media, el 20 por ciento se encuentran inscritos en la educación media superior privada; y de los 3 millones 550 mil alumnos en la educación superior, el 30 por ciento se encuentran inscritos en la educación superior privada.

Sobresale por supuesto el entorno en la educación superior, dónde la educación pública que comprende la federal transferida, la estatal y la autónoma, se ha mantenido más o menos en estos rangos durante los últimos 15 años.

Es decir, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes de la educación superior en el país, se encuentra cursando sus estudios en una escuela privada. Es decir, que posee un costo no subsidiado por el sector público y que debe ser cubierto por el educando y/o sus familias o por algún otro medio.

Si bien el entorno socioeconómico de algunas familias puede solventar el gasto en la educación universitaria privada de los hijos:

¿Qué pasa cuando los hijos de familias de bajos ingresos son rechazados en la educación pública universitaria?

¿Qué sucede cuando quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de estudiar, desean o deciden continuar sus estudios profesionales en los sistemas semi-escolarizados o sabatinos, haciendo un gran esfuerzo porque en la semana trabajan para poder solventar los gastos de su familia y procurar tener también recursos para estudiar y superarse, siendo su única opción las instituciones privadas?

¿Qué pasa cuando no pueden hacerlo por su condición socioeconómica vulnerable?

Para no quedarse sin esta formación, las familias tienen que explorar casi siempre esquemas privados de educación.

En Campeche, por ejemplo, así como en las demas entidades federativas del país, las instituciones de nivel superior privadas que existen, hoy en día se encuentra otorgando educación universitaria a segmentos poblacionales que no son en absoluto de altos ingresos, por lo ya expuesto en el párrafo anterior y por un tema de horarios que los esquemas públicos locales de educación universitaria no ofrecen para quienes tienen que trabajar y hacer el esfuerzo de cubrir sus gastos escolares.

Esta circunstancia hace que exista la necesidad y que no quede otra opción para sufragar los gastos educativos de nivel superior, más que la búsqueda de lo que la propia Ley General de Educación reconoce como becas de manutención.

Sin embargo, cuando las familias no consiguen becas para sus hijos, la educación comienza a posponerse con lo que se incrementa el riesgo de que se abandone el precepto educacional como prioridad formativa, tendiendo los jóvenes por la incorporación temprana al mercado laboral, y lamentablemente a veces en la informalidad.

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, la ley otorga facultades tanto al gobierno federal, con el concurso de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, para impulsar diversos programas de becas.

Las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas.

Asimismo, la propia ley establece que las becas deberán existir tanto en los esquemas públicos como en los privados.

Las becas en la educación privada son definidas, en terminos del artículo 57, fracción III, de la Ley General de Educación y por el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del 2000, en un número mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de alumnos inscritos que cada institución debe otorgar. No obstante lo anterior, casi siempre son insuficientes y por cierto, casi todas son del tipo beca-crédito; en otras palabras, es una deuda que el educando adquiere y que en algún momento tendrá que saldar ya sea con trabajo o de manera pecuniaria.

Respecto de las becas en la educación pública, suelen ser subsidios determinados por un monto aprobado en el presupuesto federal y en los presupuestos de los estados a través del Programa Nacional de Becas o programas estatales respectivamente. Asimismo, todas ellas se basan en formatos a fondo perdido, es decir, no implican en la mayoría de los casos, situaciones resarcitorias pecuniarias para quienes las reciben.

Si bien las diversas becas en ambos esquemas educativos tienen principios comunes para ser otorgadas, como el nivel socioeconómico de los educandos, el promedio de calificaciones, entre muchos otros, que varían de acuerdo con el o los otorgantes, el presente punto de acuerdo pretende abonar en el cabal cumplimento del postulado constitucional que señala la universalidad en el acceso a la educación; así como lo establecido en norma secundaria relacionado con una mayor equidad educativa y con el principio de que las becas y demás apoyos debieran otorgarse preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación y que demuestran además un eficiente desempeño escolar.

Entonces ¿por qué las becas de manutención que se otorgan a traves del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior no respetan estos elementos fundamentales?, becas que se otorgan con recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015 se otorgaron 7 millones 817 mil becas en el país.

De las cuales el 66 por ciento se repartieron entre estudiantes de nivel básico; el 25 por ciento en nivel medio-superior; y el 8.7 por ciento en nivel superior (que incluye becas de postgrado).

Estimados compañeras y compañeros Legisladores:

Las becas que se otorgan a traves del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior atienden a estudiantes inscritos en escuelas públicas; no se ofrecen a los estudiantes que, por las circunstancias ya expuestas con antelación, pudieran necesitarlas y que se encuentran inscritos y cursando sus estudios, con gran esfuerzo personal y familiar, en instituciones privadas, y que forman parte de la población en condiciones económicas vulnerable y en desventaja.

Esto se debe a que uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para obtener becas de manutención gubernamentales, es que el solicitante se encuentre inscrito en algúna Institución Pública de Educación Superior (IPES), 1 quedando negada la posibilidad de solicitarlo y de acceder como beneficiario de las becas cuando los solicitantes se encuentren inscritos en una institución provada, bajo la errónea suposición de que todos estos educandos y sus familias pertenecen a deciles de ingresos superiores.

Tenemos entonces la situación de que, cuando estos jóvenes solicitan alguna beca pública, son rechazados categóricamente.

Lo anterior es sin duda discriminatorio y el programa o los programas en cuestión podrían ser sujetos de algún recurso de inconstitucionalidad.

La política pública en la materia suele pasar por alto y no considera que muchos de esos solicitantes tuvieron que acudir a esas instituciones privadas al ser rechazados por esquemas públicos de educación, es decir, la educación privada nunca fue su primera opción educativa; o bien, porque en sus lugares de origen, no existe una cobertura pública educativa suficiente y las funciones educacionales tienen que ser absorbidas por entes privados.

Además, se olvida que la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en ninguna manera establece un criterio o parámetro diferenciado para quien estudia en una escuela pública o privada, sino que expresamente señala “....a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”. En consecuencia, “Donde la ley no distingue no hay porque distinguir”, de tal forma que no existe argumento legal que impida que la solicitud para el acceso a las becas puedan realizarlo tanto por estudiantes cursen sus estudios en escuelas públicas como por aquellos que lo hagan en instituciones privadas; no obstante a lo anterior queda claro, de igual forma, que para ser beneficiario de una beca se tendrá que acreditar que se enfrentan condiciones económicas y sociales vulnerables, lo cual se encuentra establecido en el marco normativo, se reconoce en la presente propuesta y, desde luego, dentro de los criterios de priorización del programa nacional de becas.

Asimismo, se pasa por alto, de forma específica para las Becas de Manutención del Nivel de Educación Superior, que las propias Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 en su apartado 2. OBJETIVO, 2.1 General expresa “Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico” , siendo que en el Glosario de esas mismas Reglas de Operación se encuentra la siguiente definición “Sistema Educativo Nacional: Está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”.

Bajo ese orden de ideas, la presente propuesta, en lo relativo a las Becas de Manutencion que se otorguen a estudiantes del Nivel de Educación Superior, pretende :

a) Que prevalezca la situación socioeconómica del solicitante y/o beneficiario de una beca, 2 por sobre si se encuentra inscrito en una institución de educación pública o no.

b) Ser sensibles y responder a la necesidad de la población que, aún en condiciones socieconómicas vulnerables, realiza todos los días un gran esfuerzo para acceder a la educación superior.

Conviene aclarar además:

a) La propuesta que se realiza no conlleva el generar impacto presupuestal, sino establecer un mejor criterio para que los estudiantes de educación superior pueda solicitar su acceso a los programas de becas públicos, acorde con los principios establecidos en nuestras normas vigentes.

Se propone que estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan participar en el concurso de asignación del programa nacional de becas; y solamente cuando acrediten los criterios de priorización (por su circunstancia de vulnerabilidad y condición socioeconómica, así como su eficiente desempeño academico) para su elegibilidad, pueden ser beneficiarios.

Cabe señalar además que las propias Reglas de Operación establecen que el otorgamiento de la beca está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017.

b) Estamos en contra de la privatización de la educación, pero a favor del espíritu contenido en el artículo 32 de la Ley General de Educación y que alude a la equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No olvidemos además que como bien se infiere de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, la beca es una opción que tiene los estudiantes en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a modificar el primer párrafo del apartado 1) Población Objetivo, punto II. Apartados del Anexo 2: Becas de Manutención del Acuerdo Número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017, para establecer que en el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes de educación superior inscritos/as en el Sistema Educativo Nacional que comprende Instituciónes Públicas de Educación Superior e Instituciones Particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe) cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que por su conducto consideren instruir a las dependencias o entidades locales encargadas del otorgamiento de becas escolares a considerar que para el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes regulares inscritos/as en en el Sistema Educativo Nacional que comprende Instituciónes Públicas de Educación Superior e Instituciones Particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Notas

1 Ver acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal de 2017 ( Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016).

2 Como lo dispone el acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017 ( Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016): “....cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca,”

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a decretar las zonas de seguridad para la navegación y el sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Considerandos

La pesca y la acuacultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca muestran que del total de las pesquerías evaluadas, 27% se encuentra en deterioro, 53% en máximo aprovechamiento y, solamente, 20% tiene posibilidades de aumento de la producción.

El valor de la producción nacional pesquera y acuícola en nuestro país ascendió a 18 000 millones de pesos, con una participación de 67.3% de la pesca silvestre y con 32.7% por la acuacultura. Destaca por su importancia la captura de camarón, que representa el 50.5% (8 756 millones de pesos) del total, contribuyendo la camaronicultura con el 58.8% (5 147 millones de pesos) y la pesca de camarón silvestre con el 41.2% restante (3 609 millones de pesos).

Sin perder de vista que de los 177 180 puestos de trabajo reportados en 2008 en la actividad, la pesca silvestre participó con 154 598 personas ocupadas que representan el 87.3% del sector. En la última década en este rubro, la acuacultura ha mostrado un aumento importante, pasando del 5.3% con el que participaba en el sector en 1998 al 12.7% en 2008.

Este número de personas ocupadas de acuerdo al Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) de 2009, el personal no remunerado dependiente de la razón social participó con el 56.7%; el personal remunerado, con 25.2% y el personal no dependiente de la razón social, con el 18.1 por ciento.

Siendo un factor fundamental para este sector que en México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El Inegi ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) que la depreciación de los recursos naturales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha oscilado anualmente entre un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011, por lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención

Si bien México cuenta con uno de los litorales más grandes del mundo (11 000 kilómetros de costas) y por ende con un enorme potencial pesquero; y en América Latina es el país con mayor extensión litoral, 40% chileno y cuatro veces el peruano. Sin embargo, México se encuentra por debajo de su potencial productivo pesquero al producir la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte del volumen que produce Perú. México ocupa el lugar 28 con el 1% de las exportaciones a nivel mundial.

Parte de este fenómeno se explica porque las capturas pesqueras en el país se encuentran estancadas, tanto en términos absolutos como relativos, frente a la producción acuícola.

Por un lado, la pesca mantiene los mismos niveles de producción de hace más de 10 años, cerca de 1.4 millones de toneladas de peso desembarcado, y por otro, el país mantiene su posición en capturas marinas en el mundo.

Una estimación reciente (2012) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que estudió 54 pesquerías en México, arroja resultados similares a lo que muestra la Carta Nacional de Pesca: 20% de las pesquerías sobreexplotadas, 63% están a su máxima capacidad y 17% con cierto potencial de desarrollo.

En México, la pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el industrial (o pesca de altura) y el artesanal (o ribereño). El sector industrial está compuesto por cerca de 2,200 barcos, dedicados principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún.

Se estima que este sector emplea a cerca de 47 mil personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos. Mientras dicho sector representa apenas el 20% de los pescadores, captura dos terceras partes del volumen total (68%) y representa cerca de la mitad del valor de la producción nacional.

Por otro lado, de acuerdo a cifras de Conapesca, la flota ribereña representa cerca del 96% de las embarcaciones totales del país (78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110,000 y 190,000 pescadores. El contraste entre ambos es importante, ya que el número de pescadores ribereños es uno de los factores que vuelve la regulación del sector más complicada y por tanto al sector más vulnerable a la pesca irregular.

De ahí la importancia en que el marco jurídico debe estar vigente y aplicarse a cabalidad, toda vez que el Acuerdo Secretarial No. 117 que durante años prohibió que los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades en las denominadas: “Áreas de Prevención y Áreas de Exclusión”, para dedicarse únicamente a las actividades a embarcaciones involucradas con la exploración y producción petrolera, logró el pasado 11 de octubre se abriera a la explotación pesquera según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, en dicho acuerdo se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, tiene el propósito de apoyar a la industria pesquera-camaronera y a miles de familias que dependen de ésta actividad.

Sin embargo, es la fecha que no se publica las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, cuando la autoridad estaba obligada a que saliera para mediados del mes de noviembre del año pasado.

A la letra, el artículo tercero transitorio del acuerdo en comento, establece:

“...Para los efectos de este Acuerdo, las secretarías de Marina; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refieren los artículos primero y segundo de este acuerdo, dentro de los 30 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Las modificaciones posteriores a dichas zonas, se darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y a través de los medios electrónicos identificados en los portales oficiales de cada dependencia .

Por lo anterior expuesto, esta proposición busca exhortar a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento a este artículo transitorio, ya que es fundamental despuntar una actividad primaria como lo es la pesca, para mejorar la situación económica de quienes la realizan, redundando en mejoría económica para nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Instituto Nacional de Pesca y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que den cumplimiento en forma inmediata para emitir las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refiere el artículo tercero transitorio del acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a enero de 2017.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a integrar un grupo plural que dé seguimiento a las acciones emprendidas para atender la remediación ambiental y a la población afectada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas acontecido el 6 de agosto de 2014 en los ríos Bacanuch y Sonora, suscrita por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 6 de agosto de 2014 por fallas en un represo de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, se presentó el derrame al río Bacanuchi, afluente del río Sonora de 40 mil metros cúbicos de sustancia de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado con alrededor de 700 toneladas de metales pesados, entre estos el arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso, plomo, hierro y aluminio.

Esta sustancia escurrió hasta llegar al arroyo Tinajas que desemboca en el río Bacanuchi, para posteriormente pasar al río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa El Molinito, ésta a su vez conecta aguas abajo con la presa Abelardo L. Rodríguez, de la que se surte de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que se contaminaron más de 270 kilómetros de arroyos y ríos, además de los 15.4 millones de metros cúbicos (m3) de agua que contiene la presa. Además resultaron afectados cuando menos 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 de pecuario; 72 de urbano-agua potable; y 45 de diversos usos) ubicados a 500 metros o menos de cada margen del río.

Al día siguiente del derrame algunos habitantes de la zona informan a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora la coloración inusual del río Bacanuchi y algunos pobladores de las riberas del río ya habían entrado en contacto con las aguas contaminadas, fue por estas denuncias que la autoridad empezó a tomar acciones en el asunto, ya que pese a que los responsables de la minera estaban conscientes del peligro que para el ambiente y la población representan los elementos que se encuentran en el lixiviado vertido al río, no fue sino hasta el día 8 de agosto cuando por medio de llamada telefónica notificaron a las autoridad federal y hasta el 12 del mismo mes lo hicieron de manera formal.

Cabe señalar que la visita técnica realizada por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que el incidente se podría haber evitado con el simple mantenimiento mínimo a la pileta, ya que fue la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados y la falta de una válvula en la pileta de demasías, lo que ocasionó la fuga del contamínate que llegó al río, y no a causa de lluvia excesiva, como argumentó en su momento la empresa minera, tratándose de deslindar de su responsabilidad, esta última versión desmentida por el Servicio Meteorológico Nacional. En palabras llanas, fue la displicencia de la minera lo que originó uno de los peores desastres ambientales de origen antropogénico en la historia moderna de México.

El sulfato de cobre es un compuesto iónico integrado por cobre, azufre y oxígeno, con varias aplicaciones en la industria, pero, por su peligrosidad debe de manejarse con precaución, al entrar en contacto con los ojos produce rápidamente irritación en los ellos y en los párpados. Si el producto no se remueve rápidamente irrigando con abundante agua, puede producirse daño visual permanente o prolongado e incluso pérdida total de la vista. En la piel si no se lava a tiempo puede causar quemaduras severas.

La ingestión de este compuesto causa severas quemaduras a las membranas mucosas de la boca, esófago y el estómago, con posibilidad de hemorragias gástricas, nauseas, vómito, dolores estomacales y diarrea. Si se ingiere en grandes cantidades y el vómito no ocurre inmediatamente el sujeto puede presentar envenenamiento sistemático por cobre con síntomas que van desde el dolor de cabeza, escalofríos, pulso acelerado, convulsiones, parálisis llegando incluso a entrar en coma.

Entre los daños que pueden causar a la salud los altos niveles de metales en el agua están varios relacionados con el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis y en el caso del arsénico hasta la muerte por envenenamiento.

El ambiente y las actividades del sector primario también fueron severamente afectados ya que el CUSO4 es altamente contaminante, por ejemplo, el cobre se acumula en plantas y animales y cuando este se encuentra en altas concentraciones en el suelos sólo un número pequeño de plantas pueden vivir, por lo que es una seria amenaza para la producción agrícola, además, tiene influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra, por lo que la descomposición de la materia orgánica puede disminuir debido a esto. Cuando los suelos de las granjas están contaminados con cobre, los animales pueden absorber concentraciones de este metal que dañan su propia salud y la de los consumidores.

En general, para los humanos y el ambiente la peligrosidad de los metales pesados, como los contenidos en el líquido derramado por la minera, es de serías consecuencias, al no ser química ni biológicamente degradables, una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación.

Debido a la alta toxicidad de las sustancias vertidas las autoridades ordenaron a los agricultores y ganaderos de los municipios que conforman la ruta del río Sonora alejar a sus familias y a sus animales del río, así como el uso de 322 pozos y norias, con lo cual la economía de la región se vio trastornado casi al punto de la parálisis, aún meses después los productos lácteos y los cárnicos de la zona eran rechazados por los consumidores, temerosos de que la acumulación de metales pesados y otros tóxicos en leche y carne resultaran nocivos para la salud. Dos meses después del desastre los agricultores seguían sin poder emplear el agua para sus cultivos, se perdieron cosechas completas y las tierras se contaminaron.

De hecho, al mes de agosto del año pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de manera oficial reconocía 360 casos de enfermedades causadas por los metales pesados liberados por la minera. En cuanto a las afectaciones económicas, en los primeros días de investigación sobre el desastre, Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo una evaluación preliminar, sin tomar en cuenta el daño ambiental, las indemnizaciones y las multas que conlleva la contaminación generada por la empresa minera, evaluación que arrojó los siguientes resultados: El daño por gasto familiar extraordinario se calculó por $46’196,718.75 pesos; el daño por inhabilitación de tierras agrícolas se calculó por $86’583,450.00 pesos; el daño patrimonial por pérdida de valor de tierras se calculó por $529’500,000.00 pesos; el perjuicio en liquidez a las actividades turísticas se calculó por $22,785,125.00 pesos; los costos por suspensión del Sistema Comercial Pecuario en $17’758,604.50 pesos. Es decir, nada más en estos rubros más de 702 millones de pesos.

Para dar respuesta a la problemática ocasionada por Buenavista del Cobre en los primeros días de septiembre de 2014 el gobierno federal creó el Grupo de Trabajo Río Sonora, integrado por funcionarios de la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Cofepris, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la coordinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, con la misión de evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo derrame tóxico en el río Sonora.

Posteriormente, el 15 de septiembre del mismo año se firmó un convenio con Grupo México y se creó el Fideicomiso Río Sonora (FRS), con capital inicial de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación, el cual fue sustentado con recursos de la empresa.

La finalidad general del fideicomiso es la de servir, por instrucciones de su comité técnico, de fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación, además ser el mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame.

Del contrato que da origen al FRS se advierte que si el monto de 2 mil millones de pesos resulta insuficiente para la remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud la minera y su subsidiaria Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV (OMIMSA) están obligadas a aportar las cantidades que falten, lo que se advierte en la fracción III de la cláusula cuarta del contrato en comento:

“III. En caso de que el monto comprometido resultara insuficiente para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, previa determinación del comité técnico, las fideicomitentes aportarán los recursos que fueran necesarios para cada situación específica.”

En pocas palabras, mecanismos hay para allegarse los recursos necesarios y suficiente para que Grupo México lleve a cabo el resarcimiento de los daños ambientales, económicos y sociales, causados por su negligencia.

En cuanto a las violaciones a la normatividad ambiental, de entrada, la empresa no contaba con la licencia ambiental única actualizada? no había instalado plataformas y puertos de muestreo, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.

A decir del informe presentado por la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, creada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Grupo México incumplió con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; con la Ley de Aguas Nacionales; la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley Minera; así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para América del Norte, y las 46 normas oficiales mexicanas expedidas por Semarnat en materia de cuidado de aguas residuales, prevención de contaminación de acuíferos, ríos y aguas superficiales, así como de control de residuos peligrosos, entre otros.

En cuanto a la Profepa, ésta afirma que la minera Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Además, no hay pozos de monitoreo, no hay valoración física real de contaminación o infiltración de suelos, no se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo. No hay sistema de captación de fluidos bajo geomembrana de Tinajas, no exhibe un plan de muestreo para identificar especies minerales presentes, y al no existir un plan de muestreo no es posible caracterizar la peligrosidad del mineral que se derramó.

A raíz de las 55 irregularidades detectadas, en marzo de 2015 la Profepa impuso multas a la minera por la cantidad de 23 millones 565 mil 938 pesos, aunque cabe señalar que el monto de estas multas representa 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del mismo año.

También la Profepa presentó ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal contra las empresas Buenavista del Cobre y/o Minera México, la acción interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la Procuraduría General de la República. La acción se derivó a partir de que se tuvo a la vista el acta de inspección número 08082014-SII-I-062, tras cumplir la orden de inspección PFPA/32.2/2C.27.1/113-14, levantada el 8 de agosto de 2014, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Sonora.

Regresando a lo concerniente al Fideicomiso Río Sonora (FRS), en enero de 2015, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, y presidente del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó sobre los avances de las acciones coordinadas por el fideicomiso en la zona afectada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. Durante este evento destacó que el fideicomiso ha realizado pagos y beneficios directos a la población, que equivalen a 10 veces el producto interno bruto (PIB) de la región Río Sonora, correspondiente al periodo septiembre-diciembre.

En dicha reunión el funcionario declaró que en lo concerniente a la salud de la población la Cofepris y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud identificaron y documentaron con expedientes médicos todos los casos, encontrándose dos tipos de afectaciones agudas: dermatitis por contacto con el agua y gastroenteritis por ingesta de la misma.

En cuanto a la remediación ambiental de la zona, informó que la empresa responsable entregó el Programa de Remediación y que este estaba en proceso de evaluación por parte de la Profepa. Además, en esos momentos continuaba el apoyo de Conagua con 20 plantas potabilizadoras portátiles y operaban 34 pozos certificados por Cofepris.

Posteriormente, en agosto del 2015, el FRS presentó su informe de trabajo, mismo que se encuentra en su página web

(http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/internas/nc/com_06agosto15.h tml) enlistan una serie de acciones que a continuación transcribimos.

“Entre las acciones que este último año se han realizado destacan las siguientes:

• Atención médica integral a 10 mil 875 personas, visitas domiciliarias a 4 mil 325 familias, realización de mil 373 consultas médicas y atención especializada a 360 personas con síntomas relacionados con la contaminación por metales pesados.

• Entrega de 36 mil 752 apoyos directos e individuales (en efectivo, cheque o tarjeta de débito), como resarcimiento por daños a la salud, a las actividades agropecuarias y comerciales, a los jornaleros y prestadores de servicio, así como a todas y cada una de las familias que sufrieron el desabasto de agua potable.

• Dotación de más de 333 millones de litros de agua potable a través de pipas.

• Establecimiento de una red de monitoreo ambiental de suelo, agua y sedimento con más de 7 mil 200 muestras levantadas.

• Rehabilitación y apertura de 41 pozos a lo largo del río Sonora.

• Instalación de 10 mil 188 tinacos en todas las casas y edificios de interés comunitario del río Sonora, con torreta, toma de agua y nomenclatura.

• El 4 de noviembre se logró levantar la fase de contingencia.

• Establecimiento de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, que operará por 15 años.

• Constitución de un consorcio de instituciones académicas, nacionales y estatales, coordinadas por la UNAM, para la realización de un diagnóstico ambiental integral de la región del río Sonora.

• Tras la clausura de las operaciones mineras que provocaron el derrame, se ordenaron más de 50 medidas correctivas, cuyo cumplimiento puntual es vigilado por la Profepa. Entre ellas sobresalen la construcción, ya concluida, de dos represos de contención para evitar un nuevo accidente durante la presente época de lluvias.

• Aplicación de un programa de remediación en cinco zonas que conforman la región del río Sonora, que a la fecha ha derivado en la remoción y disposición segura (dentro de los predios de la mina) de más de 6 mil 572 metros cúbicos de suelos y sedimentos contaminados a lo largo del cauce del río Sonora.

• Imposición a la empresa de 4 multas, ya pagadas, por 23 millones 565 mil 938 pesos.”

De los informes presentados por Lacy Tamayo y el FRS se podría deducir que se han hecho las acciones pertinentes para resarcir el daño y remediar el ambiente, pero, esta percepción contrasta con lo que manifiestan los habitantes de la región afectada.

Se multiplican las notas en las cuales se asegura que el agua que emplea la población para su uso personal, doméstico, agropecuario, entre otros, continúa contaminada, que la población afectada en su salud no ha sido debidamente atendida, que los estragos ocasionados por la minera a las actividades económicas siguen empobreciendo a la población.

En noviembre de 2015, más de 2 mil 500 personas afectadas en su salud y/o en su economía demandaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la compañía minera Buenavista del Cobre, entre los demandantes se tienen a los que presentan severas afectaciones en su salud, principalmente en piel, hígado y riñones, por el uso y consumo de agua del río Sonora, el cual, según empresa y autoridades, ya habían terminado de limpiar, pero en los hechos, a la fecha de las demandas cuando menos se habían presentado 600 personas con daños serios a su salud.

Cabe mencionar que hasta la fecha la denuncia penal interpuesta por Profepa como las que han presentado los particulares contra Buenavista del Cobre no han causado estado y tampoco se tienen detenidos.

Además, en julio de 2016 se dieron a conocer estudios realizados por el Instituto de Geografía de la UNAM, en los que se sostiene que el agua de la presa El Molinito está contaminada con metales pesados. El líquido contiene concentraciones de aluminio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo y zinc, siendo las cantidades de aluminio, arsénico, hierro y manganeso superiores a los que establece la “Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano –Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”. Por lo anterior, el consumo de esta agua puede causar cáncer, enfermedades dermatológicas, oftalmológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardiovasculares, entre otras.

En agosto de 2016 la revista Proceso publicó un reportaje titulado Lo que el gobierno oculta sobre el desastre en el río Sonora , en dicho documento entre otros datos que deben de llamar nuestra atención se encuentran los siguientes:

“Bacanuchi, Sonora (Proceso). La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sólo a algunas dependencias federales y sus delegaciones que el fluido tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se filtró a los pozos y tuberías que llevan agua potable a la población de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Además, les comunicó que los enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.

En el apartado “Pozos de agua para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos biológicos).

Los tóxicos de Buenavista del Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares por la tubería de agua potable.

Consultado al respecto, el delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años del derrame que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera”aún están pendientes la edificación de la clínica para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras, no 37 como se anunció primero, con capacidad para separar metales pesados.”

No faltará quien piense que los testimonios presentados por los demandantes son con la finalidad de aprovecharse de un desastre provocado por la negligencia de la minera, al igual que el reportaje presentado por Proceso falsea la verdad con la finalidad de vender la revista, pero, sobre la situación real que se guarda con respecto al derrame de tóxicos se cuenta también con el testimonio de la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, dicha funcionaria apenas el 10 de agosto del año pasado declaró ante el periódico Excélsior que Grupo México no ha cumplido sus compromisos con los habitantes del río Sonora afectados por el derrame de tóxicos, por lo que el gobierno del estado ha tenido que proveer agua potable y atención médica a los damnificados.

La gobernadora también dijo que no se han construido las plantas potabilizadoras que eliminen los metales pesados, además la empresa minera cerró la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental donde se atendía a los enfermos.

El incumplimiento por parte de Buenavista del Cobre se manifiesta en distintos medios, de hecho, hace apenas cuatro meses las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, Susana Corella Platt, Próspero Manuel Ibarra Otero, Héctor Ulises Cristopulos Ríos y Abel Murrieta Gutiérrez, presentaron una proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución en la que se puede leer como parte de la argumentación lo siguiente:

“4. Dentro de los compromisos asumidos por la minera, en el marco del fideicomiso, se encontraba la construcción de 23 plantas potabilizadoras que eliminarían los metales pesados y una clínica especializada para la atención de las personas que tuvieron afectaciones en su salud, causadas por el derrame. (Compromisos que no han sido cumplidos.)

5. La única planta potabilizadora que pudiera operar en la región, se encuentra paralizada ante la negativa por parte de la mina de pagar los costos de energía.

Ante esta situación, el gobierno del estado ha tenido que proveer agua potable a las comunidades dañadas y brindar atención médica a los afectados por el desastre.

6. El gobierno de Sonora no cuenta con instrumentos legales ni financieros para obligar a que la mina resarza los daños, por lo que su gobernadora ha demandado la intervención de la federación.

En este tenor, la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar el respaldo de esta asamblea a los más de 25 mil sonorenses afectados por el peor desastre ecológico en los últimos años en nuestro país, provocado por la industria minera, teniendo como protagonista a la empresa Grupo México. Un desastre al que se suma el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la minera para tratar de subsanar los daños ocurridos.

Por ello solicitamos su respaldo para expresar nuestro más enérgico rechazo a la irresponsabilidad y desdén de Grupo México frente a sus compromisos con las comunidades y familias afectadas por aquel derrame tóxico.

De igual forma, solicitamos su apoyo para exhortar a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones exijan el cumplimiento de los compromisos que corresponden a Grupo México, en el marco del fideicomiso integrado para tal efecto, así como informar sobre el avance de las investigaciones para la determinación de responsabilidades a las que haya lugar.”

Entonces, queda claro que la problemática generada por el derrame de tóxicos en el río Bacanuchi, causado por la displicencia de la minera Buenavista del Cobre no es un asunto superado, se carece de transparencia en cuanto a las medidas para atenderlo y la información con la que se cuenta no coincide con la que presenta la autoridad y el FRS.

Vemos que se requiere seguimiento permanente al problema generado por el mencionado derrame de tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, subsidiaria de Grupo México y la Cámara de Diputados al ser soberana y representante de la ciudadanía viene a ser una instancia adecuada para dicho seguimiento, por medio de un grupo de trabajo integrado por legisladores provenientes de las distintos grupos parlamentarios que conforman la actual legislaturas.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política es el órgano con facultades para crear dicho grupo de trabajo, esto al amparo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por lo tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le correspondan.

Además, de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma ley orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Es de señalarse que en las agendas legislativas de los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara se comparte la voluntad de proteger el derecho humano a un ambiente sano, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma que es factible y conveniente la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes, los particulares y el Fideicomiso Río Sonora, para atender a la población afectada y la remediación ambiental, relacionadas con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancia de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado con metales pesados en el río Sonora, provocada por la minera Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea y acontecido el día 6 de agosto de 2014.

El grupo de trabajo podría tener entre otros objetivos los siguientes:

• Verificar que se esté otorgando la atención médica a las personas que con motivo del derrame sufran padecimientos en su salud.

• Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la empresa, y en caso de incumplimiento pedirle respetuosamente a la señalada procuraduría que actué conforme a derecho.

• Cerciorarse que las medidas de remediación ambiental se estén llevando a cabo, entre estas las necesarias para que las aguas de los ríos, mantos freáticos y la presas afectadas por el incidente en comento recuperen su calidad para suministro de agua potable a la población y las actividades productivas.

• De igual forma, en el ámbito de las facultades de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, velar por el resarcimiento del daño a los afectados en sus actividades productivas, entre estas las agropecuarias y el restablecimiento de las condiciones previas al derrame.

• Dar seguimiento a las denuncias penales que con motivo del derrame fueron presentadas ente la Procuraduría General de la República.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda integrar un grupo plural de diputados para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes, por Buenavista del Cobre, SA de CV, y por el Fideicomiso Río Sonora, para atender a la población afectada y la remediación ambiental, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado y metales pesados, en los ríos Bacanuchi y Sonora, provocado por la minera Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, el 6 de agosto de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputados: María Chávez García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a difundir el fallo sobre la solicitud de alerta de violencia de género contra mujeres para San Luis Potosí, presentada en noviembre de 2015, a cargo de la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Conavim, haga público el fallo a la solicitud de alerta de violencia de género contra mujeres en el estado de San Luis Potosí presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto Nacional de las Mujeres, por los organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas, o por las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

II. El 23 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP) presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de AVGM para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en el estado de San Luis Potosí.

III. Durante el mes de noviembre de ese mismo año, se hicieron los anuncios obligados a los diferentes entes participantes y se conformó el grupo de trabajo encargado de realizar un estudio de la situación que guarda el territorio sobre el que se solicitó la AVGM e integrar las conclusiones correspondientes.

IV. El 2 de mayo de 2016, a partir del análisis de esta solicitud de AVGM, de la información proporcionada por el gobierno del estado de San Luis Potosí, del contexto analizado, de las entrevistas realizadas durante las visitas in situ y de la información adicional solicitada o analizada motu proprio por el grupo de trabajo y tomando en consideración las propuestas del Informe Especial sobre Feminicidios en SLP , se presentaron una serie de conclusiones.

V. El 21 de octubre de 2016, el Ejecutivo del Estado a través de la Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) Erika Velázquez Gutiérrez, entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el “Informe presentado por el Estado de San Luis Potosí, derivado de la solicitud de Alerta de Violencia de género Contra las Mujeres en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín”,1 solicitud que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en noviembre de 2015 y a la cual se adhirió el Gobierno del Estado.

VI. Dicho informe fue recibido por Gretha Jimena Vilchis Cordero, directora de Derechos Humanos de las Víctimas y Agenda de Género de la Conavim. Erika Velázquez señaló que en el informe “se presentan las acciones implementadas a partir de las conclusiones del Grupo de Trabajo que investigó la situación que guardan los municipios señalados. Se trata de acciones que en algunos casos ya se venían realizando y fueron reforzadas para lograr un mayor impacto; en otros casos las recomendaciones nos permitieron tener mayor claridad de las estrategias y herramientas en materia de políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”.2

VII. En las conclusiones se presentaron propuestas a seguir por parte del gobierno del estado para subsanar lo encontrado por el grupo de trabajo:

1. Institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las instancias del estado. Para ello, se propone diseñar procedimientos, lineamientos o rutas críticas de actuación, claras, simplificadas, con responsabilidades definidas y susceptibles de evaluación periódica, a fin de facilitar la atención adecuada y diligente de las víctimas y sus familiares o, en su caso, la canalización de éstas a otras instancias facultadas para ello.

Esta estrategia deberá contemplar el registro adecuado de los tipos de violencia, la capacitación efectiva de las servidoras y los servidores públicos encargados de brindar esta atención, así como una coordinación genuina entre todas las instancias estatales y municipales relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Así como considerar primordialmente a las personas que brindan atención directa y primer contacto.

Llevar a cabo programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos y no discriminación con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud. Asimismo, es necesario crear y aplicar los programas necesarios de contención emocional para el personal que proporciona atención directa a víctimas de violencia.

2. Analizar la pertinencia y realizar las gestiones necesarias para crear una Unidad o Fiscalía Especializada en la investigación de delitos relacionados a la privación de la vida de mujeres por razones de género. La competencia de esta unidad podría ampliarse a cualquier delito relacionado con la violencia hacia las mujeres y deberá contemplar mecanismos para ampliar la cobertura de sus funciones y facilitar la denuncia, como sería la creación de agencias del ministerio público itinerantes para comunidades de difícil acceso y de población indígena, a efecto de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

Para el correcto funcionamiento del aparato de procuración e impartición de justicia; es decir, para la adecuada integración de investigaciones y desahogo de procesos penales, se deberá asegurar la efectiva aplicación del Protocolo para la investigación del delito de feminicidio. De igual forma, se deberán elaborar, publicar y difundir protocolos especializados para la investigación de otros delitos contra las mujeres, como delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas (que incluyan acciones específicas para delitos como acoso y hostigamiento sexuales) y la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.

En ese sentido, se deberán contemplar también mecanismos de articulación entre las distintas agencias ministeriales que atienden a mujeres víctimas de violencia, que incluyan aquéllas encargadas de la investigación de otros delitos como lesiones que son cometidos contra mujeres en el ámbito no familiar, con la finalidad de registrar y atender adecuadamente todos los tipos y modalidades de violencia, pero sobre todo, que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de todos los casos, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, haciendo énfasis en la profesionalización del personal ministerial.

Para la efectiva ejecución de esta propuesta, se deberán impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad.

Las capacitaciones deberán dar a conocer los estándares y criterios establecidos por la SCJN80 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejercer el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad en las determinaciones.

Asimismo, deberán estar diseñadas con un fuerte componente práctico aplicado a sus funciones, así como contar con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto real. El grupo considera que el estado debe incorporar en los procesos un análisis previo que permita establecer que las capacitaciones cuenten con rigor metodológico, teórico y de contenidos, privilegiando la certificación de las personas.

3. El estado de San Luis Potosí deberá tomar las medidas que estime pertinentes a efecto de que se cree una base de datos en la que todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por ley, suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad. Esta base de datos deberá ser actualizada constantemente para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en la materia.

4. Realizar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género, así como una financiación adecuada de programas y acciones encaminados a lograr el fortalecimiento institucional y la igualdad entre mujeres y hombres, destinados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí. Para ello, se deberá considerar lo estipulado en el Pipasevm.

De igual forma, se deberá elaborar, publicar y difundir, en medios oficiales y de otra índole, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

5. Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. En este sentido, se propone la creación de un mecanismo para la implementación de lineamientos que fomenten la perspectiva de género en las actividades inherentes a los medios de comunicación.

6. Fortalecer, monitorear y dar seguimiento a los programas anteriormente señalados, los cuales deberán ser implementados en coordinación con los municipios de la entidad, incorporar un enfoque intercultural y apegarse a los más altos estándares internacionales en la materia. Para ello, se deberá garantizar la existencia de personal especializado para la aplicación de dichos programas.

Además, se deberán abordar temáticas tales como nuevas masculinidades, paternidad responsable, no discriminación, diversidad sexual, derechos de las mujeres, manejo de las emociones y resolución pacífica de conflictos.

7. Generar y financiar campañas de comunicación en materia de concientización de género y prevención de la violencia contra las mujeres, que cuente con estrategias de comunicación claras acorde con lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad); el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 (Pipasevm), y el correlativo Programa estatal, en ese sentido, se deberá contar con objetivos, metas específicas y mecanismos para evaluar su impacto de manera periódica.

Las campañas deberán sustentarse en un programa estatal permanente de comunicación con perspectiva de género, en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Al respecto, el grupo de trabajo considera indispensable que este programa sea el fundamento de las campañas específicas, las cuales deberán tomar en cuenta la diversidad poblacional, cultural y lingüística del estado y estar encaminadas a dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como a la transformación de patrones culturales y a la difusión de las instancias a las que las mujeres víctimas de violencia pueden acudir.

El grupo de trabajo propone que estas campañas incluyan contenidos del ciclo de la violencia; la visibilización de la misma, y sus tipos y modalidades. Asimismo, deberán generarse campañas específicas dirigidas a las personas agresoras de mujeres y a las personas que atestiguan actos de violencia.

8. Impulsar las propuestas de reforma contenidas en el capítulo cinco de este informe, particularmente promulgar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí y del Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

VIII. La titular del IMES ha señalado que por instrucciones del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, se coordinaron ya las acciones tendientes a lograr las mejores condiciones sociales derivadas de las recomendaciones, para que las mujeres vivan sin violencia

IX. Sin embargo, y a pesar de las acciones realizadas por parte del estado, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP, Jorge Vega Arroyo, informó que hasta el momento han detectado dos recomendaciones que no se han llevado a cabo para evitar la emisión de esta Alerta de Género.

X. Corresponde ahora al Gobierno Federal, para que, a través de la Secretaría de Gobernación y particularmente de la Conavim y el Grupo de Trabajo, revisen estas acciones, y determinar si se cumplió con lo recomendado, o bien, señalar que no se trabajó lo suficiente y por lo tanto emitir la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en SLP.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto se Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Conavim, haga público el fallo a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en el estado de San Luis Potosí presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado en noviembre de 2015.

Nota

1 Informe del Grupo de Trabajo Conformado para atender la solicitud AVGM/08/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, del Estado de San Luis Potosí.

2 Entrega del Informe por parte del Estado de San Luis Potosí.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de febrero del 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a implantar medidas de austeridad y disciplina presupuestarias conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas por la actual crisis económica del país, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Actualmente México atraviesa una etapa de incertidumbre económica, derivado de factores como el aumento del tipo de cambio del dólar frente al peso, provocado la desconfianza de los mercados internacionales por el endeudamiento excesivo del gobierno de México y por la depreciación internacional del petróleo, además de los efectos causados por la política proteccionista del presidente de Estados Unidos de América, que han generado abandonar inversiones importantes en México de empresas como Ford y General Motors.

El incremento del precio de las gasolinas ha resultado preocupante para la sociedad por el impacto que esto tendrá en cada una de los precios de la canasta básica así como de los bienes y los servicios que requieren los mexicanos. Por ello los ciudadanos han demostrado su inconformidad manifestándose en prácticamente todos los estados de la república.

Derivado de las muestras de inconformidad, el gobierno federal anunció el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, medida que resultó cuestionable, a la luz de los ciudadanos en virtud de que no se plasmó de manera cuantitativa una verdadera reducción presupuestal en el gasto federal, ni la reconducción de dicho gasto; además de que esta política fue diseñada de forma unilateral sin considerar un panorama transversal que también involucrara a los Poderes Legislativo y Judicial.

Las decisiones del Ejecutivo no abonaron en nada a tranquilizar la incertidumbre económica de los mexicanos, y es que los índices de desconfianza de las instituciones, demuestran que la mejor manera de gobernar es hacer y cumplir con la responsabilidad que nos ha sido delegada.

La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es muy alarmante ya que tanto Presidencia, diputados y senadores están reprobados por la ciudadanía, según la encuesta “México: Confianza en Instituciones 2015”1 realizada por consulta Mitofsky.

Ante la pérdida de confianza de los mexicanos en sus instituciones, debemos mostrar de cara a la sociedad, el verdadero compromiso de los legisladores en conjunto con los demás poderes y reinventar la democracia con instrumentos realmente eficaces con el propósito de impulsar una nueva cultura de la representación y alinear al poder público, con los principios de austeridad y eficiencia del gasto público e incentivar el cumplimiento de los principios establecidos para una digna representación.

En consecuencia de lo anterior, resulta indispensable que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ámbitos federal, estatal y municipal realicen acciones necesarias con el objetivo de establecer un gasto público eficiente, transparente, responsable y acorde al momento por el que atraviesa el país.

Si bien, diversas instituciones y dependencias públicas ya se han pronunciado respecto a realizar medidas de ahorro, austeridad y ajuste del gasto corriente, tales como el Instituto Nacional Electoral, las cuales contempla la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios para 2017, con lo que se ahorrará mil 70 millones de pesos autorizados para dichas obras, así como la reducción de 10 por ciento al salario de los consejeros electorales.

De la misma manera en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados ha aprobado acciones como la eliminación de subvenciones extraordinarias, donde se contemplan los bonos de fin de año y apoyos para el trabajo legislativo. Además de la cancelación de viajes internacionales, no apoyo a vales de gasolina, ni a telefonía celular, así como disminuir en 25 por ciento el gasto en alimentos.

Así como en la Cámara de Senadores también ha aprobado acciones que generan ahorros de más de 150 millones de pesos en donde se detiene el crecimiento del parque vehicular y la reducción de al menos 10 por ciento de los gastos de comisiones, misiones legislativas y viajes de trabajo a nivel nacional e internacional, entre otras.

Por otra parte el Poder Judicial de la federación también se ha sumado a aplicar medidas de austeridad y optimización presupuestal por un monto de hasta por mil 900 millones de pesos.2

Aunque diversas instituciones han mostrado apoyo al sensible entorno económico que enfrenta el país, es importante que este buen ánimo de aplicar medidas de austeridad también sean aplicadas en los congresos de todas las entidades federativas.

Lo anterior derivado de que datos del Informe Legislativo 2016 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC3 , el cual analiza la composición, manejo de recursos y desempeño legislativo de los 32 congresos locales, señala que en 2016, los congresos locales ejercieron 13 mil 66 millones de pesos, un presupuesto mayor al d de Baja California Sur (12 mil 647 millones de pesos).

Por otra parte, dicho informe muestra que en 2015, los 32 congresos locales ejercieron mil 399 millones de pesos más de lo presupuestado, cinco de ellos incrementaron sus presupuestos en más de 25 por ciento, estos son: Hidalgo (55 por ciento), Guanajuato (40 por ciento), Sonora (31 por ciento), Ciudad de México (27 por ciento) y Guerrero (25 por ciento).

Abundando en los datos del informe se muestra que mientras que en 2016 en Puebla el presupuesto por diputado (presupuesto del congreso entre número de diputados) es de 3.5 millones de pesos, en la Ciudad de México es de 27.6 millones de pesos, esto representa una diferencia de 24.1 millones de pesos por diputado.

En este sentido, existe una gran asimetría presupuestal en los congresos estatales. Destacan cinco legislaturas locales: Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Sonora, en donde el presupuesto por diputado es incluso superior al presupuesto por diputado de la Cámara a nivel federal (15 millones de pesos).

Destaca también el informe que los presupuestos de nuestros congresos son superiores a los presupuestos de las cámaras bajas de Japón, Canadá, Alemania, Colombia y Chile.

Resulta indispensable a las legislaturas de los estados el apretarse el cinturón y tomar medidas de austeridad, acorde a la crisis económica por la que atraviesa el país, además de hacer un uso racional y efectivo de los recursos públicos de los que dispone.

Este ejercicio de responsabilidad es imprescindible no solo por la actual coyuntura económica sino por el compromiso que se tiene con la ciudadanía.

Estas medidas además ayudarán a mitigar la desconfianza que siente la ciudadanía frente a su Congreso, ya que sólo 17 por ciento de los mexicanos se sienten representado por su Congreso de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2015.4

Derivado de lo anterior resulta indispensable que ante los efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país, los congresos de los estados y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México implementen medidas austeridad, vinculándolas a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el aplicar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país.

Notas

1 Encuesta, México: Confianza en Instituciones 2015; disponible en el sitio web.
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones; consultada el 20-01-2017.

2 Boletín número 005/2017 “Acuerda PJF medidas de austeridad y optimización presupuestal hasta por mil 900 millones de pesos” disponible en el sitio web
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4449; consultado el 10- 01- 2017.

3 Informe Legislativo 2016; IMCO, disponible en el sitio web
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2016/; consultado el 10- 01- 2017.

4 Informe Latinobarómetro 2015; disponible en el sitio web
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp; consultado el 22-01-2017.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de Chiapas a proteger, respetar y garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Estado e implantar una política de austeridad para reducir en 50 por ciento o más los salarios de legisladores y altos funcionarios locales, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la introducción del modelo neoliberal como paradigma de la economía nacional hace poco más de treinta años, México ha caído en una espiral de degradación económica cada vez más alarmante. La liberalización económica desproporcionada y el adelgazamiento del aparato estatal en favor de quienes hoy conforman una auténtica oligarquía empresarial, sólo ha significado el agravamiento de las condiciones de pobreza y marginación que sufren millones de mexicanos. La desigualdad ha alcanzado niveles ominosos, al punto en que al día de hoy, cuatro millonarios concentran el mismo patrimonio que el 50% de la población más pobre en el país.1

En respuesta a esta problemática, se calcula que desde 1984 a la fecha las administraciones presidenciales han invertido alrededor de 10 mil millones de dólares en programas de atención al pobre. El monto acumulado del gasto federal destinado al combate a la pobreza durante últimos 25 años sumaría así más de 200 mil millones dólares. Sin embargo, a pesar de la considerable cantidad invertida en la materia, poco (o nada) se ha logrado para disminuir efectivamente el número de pobres en México. Por el contrario, las cifras se han incrementado durante los últimos años en forma vertiginosa.

Esta situación ha sido especialmente perniciosa para el Estado de Chiapas, la entidad que concentra el mayor número de pobres en el país. Con una población de 5.25 millones de personas, Chiapas encarna como ninguna otra entidad la crisis del modelo de economía abierta y la política social vigente, mientras evidencia la magnitud de la expoliación que resulta de su aplicación. A pesar de ser la entidad que ha recibido mayores recursos para el combate a la pobreza, las mediciones más recientes de CONEVAL señalan que del total de su población, 76.2% es pobre y 31.8% es extremadamente pobre –tres veces más que el promedio nacional-. Además, 30.7% de su población sufre rezago educativo y más del 82% carece de acceso a la seguridad social.

Asimismo, como producto de la aplicación de una política económica neoliberal que, entre otras cosas, ha traído consecuencias como el desmantelamiento de la actividad productiva del campo e incrementos considerables en la deuda pública, el estado ha presentado por más de tres décadas un desplome continuado del Producto Interno Bruto (PIB) con tasa sostenida por arriba del 3% anual, propiciando la agudización de la ya endémica situación de pobreza de la población chiapaneca.

Las tasas de crecimiento económico que desde hace más de un siglo han caracterizado al Estado de Chiapas, muy por debajo de la media nacional, aunadas a los problemas históricos de desigualdad en la repartición de la riqueza, han dado como resultado que el estado enfrente condiciones de pobreza que rebasan los de por si agudos niveles que el país sufre en el rubro. Basta señalar que en 2013 el PIB per cápita de Chiapas apenas representaba 40.2% del promedio nacional.

La profundización de la pobreza en el estado está marcada por un mercado interno débil y desestructurado. En este sentido, Chiapas presenta la tasa de trabajo asalariado más baja a nivel nacional y una de las más altas tasas de informalidad, que en 2015 alcanzó la cifra de 80%. Sólo en 2012, el empleo formal en el país era proporcionalmente tres veces superior al de Chiapas. La precarización del empleo, aunado a la pérdida del valor real de los salarios se han convertido así en las principales determinantes de las desigualdades económicas. Adicionalmente, la dificultad en el acceso a oportunidades laborales derivada de factores discriminatorios ha agudizado la frágil situación que enfrentan las poblaciones indígenas en el estado.

Esta situación ha colocado a Chiapas en un estado de altísima vulnerabilidad social que lo obliga a depender de manera significativa de los recursos públicos. En consecuencia, Chiapas se ha convertido en una de las entidades que reciben anualmente más recursos a través de las aportaciones federales. Sólo en 2016, el gasto federalizado destinado a Chiapas ascendió 66,654.7 millones de pesos, mientras que el gasto federal alcanzó una suma de 4,642.51 millones de pesos. Chiapas ocupa también un lugar importante en el presupuesto asignado al combate a la pobreza, cuya proporción con respecto al gasto nacional es de un promedio próximo al 10 por ciento. Sólo en el año 2013, en el marco del programa Cruzada contra el Hambre, los recursos financieros estimados para Chiapas fueron de casi 10 820 millones de pesos, prácticamente la mitad de los cuales se destinaron al rubro de salud, seguido del Programa para Adultos Mayores y del programa productivo Procampo.2

En Chiapas, la insolvencia financiera y la ausencia de dinamismo económico se reflejan en una economía estatal en donde el trabajo no asalariado juega un papel dominante y el desempleo es considerablemente alto. De hecho, se estima que la población desemplea en la entidad supera los 85 mil. En términos sectoriales, el sector terciario presenta el mayor grado de penetración en Chiapas, seguido del secundario y la agricultura. Si la cifra se desagrega por sectores, encontramos que el gobierno en Chiapas es la institución que emplea más personal asalariado, seguido sólo por la industria extractiva (incluido el petróleo). La combinación de las cifras de desempleo y subempleo aunado a los bajos niveles salariales en la entidad han traído como consecuencia una fuerte contracción del gasto corriente en las familias. El resultado final es que los niveles de pobreza en el estado parezcan no disminuir en el tiempo, a pesar de las inversiones millonarias en gastos social que tienen al menos veinte años implementándose.3

Derivado de lo anterior, resulta indignante el reciente anuncio difundido por el diputado local del PVEM y vicepresidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, sobre la presunta autorización de despidos masivos en la burocracia estatal, derivado de los recortes presupuestales que sufrirá el estado para el ejercicio fiscal 2017.4 El oprobio es aún mayor si se toma en cuenta que si bien la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 contempló un dramático recorte al presupuesto del Estado de Chiapas de alrededor de 5.2 millones de pesos, su participación en el Presupuesto Anual de la Federación seguirá siendo considerable, pues se calcula en más de 81,891 millones de pesos, uno de los más altos del país.

El advertido “adelgazamiento” de la estructura burocrática en Chiapas fue echado a andar a inicios del año en curso, afectando programas tan importantes como BanChiapas, creado con el objetivo de brindar créditos sin costos financieros a locatarios y pequeños comerciantes; o la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), organismo encargado de coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento de la mujer en Chiapas. Otras instituciones afectadas por el despido masivo de sus trabajadores son el DIF estatal, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Campo, la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y las Casas de Cultura distribuidas en el territorio chiapaneco, entre otras. Sobre esto, diversos medios locales han denunciado que se ha programado el despido de alrededor de 6 mil trabajadores del Gobierno del Estado.

Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy los despidos han afectado a cientos de trabajadores y trabajadoras, entre los que se incluyen personas con capacidades diferentes, cabezas de familia, madres solteras, mujeres embarazadas y personal con notable antigüedad en cada una de las dependencias. El recorte ha significado también la desaparición de delegaciones e instancias de gobierno estratégicas para la atención a la ciudadanía y el combate a la marginación. Entre los cesados se encuentra personal de estructura y otros adscritos a programas a quienes no les fueron renovados sus contratos pese a que algunos llevaban más de diez años laborando bajo esta modalidad.

Esta irregular forma de proceder es bien ejemplificada por los cincuenta y tres trabajadores adscritos al Centro Reproductor Avícola en Teopisca y al Centro de Especies Menores de San Cristóbal de Las Casas, ambos organismos incorporados a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Citados el 09 de enero en las oficinas centrales de la Secretaría, trabajadores y trabajadores tuvieron que recibir anonadados la noticia de que a la brevedad debían acudir a la oficina interna de recursos humanos para firmar su renuncia y recibir la liquidación correspondiente, sin que para ello mediara argumentación o criterio alguno. Casos así se repitan a todo lo largo de la administración estatal.

Sin embargo, a pesar de que el Congreso y el Gobierno del Estado han justificado la cesación masiva de trabajadores mediante el argumento del duro golpe que implicó para la economía de la entidad el recorte presupuestario aprobado en noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, conviene destacar que el pasado 31 de diciembre, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas aprobaron en mayoría el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, mediante el cual autorizaron un gasto total de 81,891 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 0.82% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Así, el monto aprobado supera en 19 mil 369 millones de pesos al autorizado para el primer ejercicio de la actual administración estatal. De hecho, desde 2012 el presupuesto estatal se ha mantenido al alza; sin embargo, como se ha señalado, ha sido insuficiente para garantizar a los chiapanecos finanzas más estables y seguridad en el empleo.

Lo que sí contempló el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2017 fueron sensibles recortes a las Secretarías para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, y de la Juventud, Recreación y Deporte; así como a los Institutos Estatales de Población y Ciudades Rurales; de Acceso a la Información Pública; de Desarrollo de Energías, de Café; para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. El documento también considera reducciones significativas a las asignaciones presupuestarias de la Promotora de Vivienda de Chiapas; la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y la Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable, entre otras. En la mayoría de estos casos, las dependencias sufrieron disminuciones de cincuenta por ciento o más de su presupuesto, en comparación con lo recibido durante el ejercicio anterior. Los recortes a estas dependencias sin duda van en detrimento de quienes dependen de la actividad burocrática para el sostenimiento de sus familias.

En medios de difusión nacional, representantes de los trabadores adscritos a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones denunciaron que no han podido comprobar su ingreso debido a que han retirado los lectores para el registro de su huella dactilar. Lo que es peor, cuando solicitan aclaraciones con el personal de recursos humanos, estos argumentan que la ausencia de tales aparatos obedece a fallas en los sistemas de cómputo. Reportan además que ya se han presentado decenas de despidos en las áreas de informática, obra pública y recursos materiales de la Secretaría, así como de la Comisión de Caminos.5

En contraste, resaltan considerables aumentos a la partida de instituciones vinculadas con la operación política en la entidad. Entre ellas, destaca los incrementos de los presupuestos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 151.5%, y del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado, en 167.2%. Aún más ominoso resulta el incremento en 1,003.1% del presupuesto asignado al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana. Asimismo, el Presupuesto 2017 restablece una partida para la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, por 25 millones 726 mil 243 pesos y aumenta el presupuesto a municipios por más de mil 456 millones de pesos con respecto al año anterior. Por todo lo antedicho, la decisión de despedir a miles de servidores públicos que por años han aportado su esfuerzo y dedicación en favor del desarrollo de Chiapas parece no más que un flagrante acto de avaricia e insensatez e incluso, violatorio de los derechos humanos y laborales de los trabajadores al servicio del Estado en la entidad.

Ante un escenario de austeridad gubernamental como el que hoy se vive en Chiapas, quienes deben asumir la mayor responsabilidad son los titulares y principales autoridades de las instituciones estatales. El costo no puede ni debe ser asumido por la clase trabajadora para quienes su subsistencia depende exclusivamente de su sueldo. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo de Chiapas deben ser omiso a la evidente crisis económica que puede desprenderse del despido masivo de burócratas en Chiapas, amén de que la ocupación en la administración pública constituye la principal fuente de empleo formal y acceso a seguridad social en la entidad.

Como legisladores, debemos asumir una postura firme contra cualquier acto que amenace el cumplimiento de las garantías constitucionales de los mexicanos, entre las que destaca, para este caso, lo señalado en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que en su párrafo segundo versa:

“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo . El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.

Así como lo previsto en el artículo 127 constitucional, que establece:

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas , de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.

...

I-V...

V. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas , en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Chiapas a proteger, respetar y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado.

Segundo: En el contexto de las limitaciones presupuestales que enfrenta la entidad, se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Chiapas a implementar una política de austeridad centrada en la reducción en por lo menos un cincuenta por ciento de los salarios de legisladores y altos funcionarios de gobierno.

Notas

1 Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político . 2015

2 Villafuerte Solís, Daniel. Crisis Rural, Pobreza y Hambre en Chiapas . 2015

3 López Arévalo, Jorge y Núñez Medina, Gerardo. Democratización de la pobreza en Chiapas . 2015

4 Proceso. Burócratas temen despidos tras retiro de relojes checadores en Chiapas . 2 de enero de 2017

5 El Universal. “Crisis pega a burocracia en Veracruz y Chiapas”. 4 de enero de 2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca a investigar y sancionar los hechos cometidos por los integrantes del ayuntamiento San Martín Peras en perjuicio de Gabriela Maldonado Rivera, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerada de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El día 22 de diciembre, en la comunidad de San Martín Peras, en el estado de Oaxaca, fue azotada a latigazos la señora Gabriela Maldonado Rivera.

Según relata la afectada, fue citada en el palacio municipal por el alcalde, al llegar se encontraba el abuelo de la afectada quien fue obligado a golpearla con un látigo después de haber sido sometida por elementos de la policía municipal.

De acuerdo a la declaración realizada, el motivo se centró en que el edil ordenó la acción debido a que ella, junto a otras dos mujeres, se encuentra peleando sus derechos políticos para participar en el cabildo de la comunidad, pues las tres mujeres han impugnado el reciente proceso electoral realizado por la negativa a participar en él debido a su condición de mujer. Si bien se ha validado la elección, actualmente se encuentra el expediente en investigación y desahogo por parte de la autoridad electoral del estado.

En este sentido, la afectada promovió desde el mes de noviembre una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por recibir amenazas, hostigamiento e intimidación debido a su deseo de participar en la elección de autoridades municipales.

Esto sin duda corresponde a una acción de violencia política contra la afectada y sus compañeras que han impugnado el proceso electoral, pues de acuerdo al protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se entiende que:

“la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado.

La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual...”1

Sin duda, la violencia política contra las mujeres es uno de los problemas de género más graves y que menos avance en su erradicación ha tenido.

Bajo el argumento de usos y costumbres, en muchas comunidades se ha excluido de la participación política a las mujeres, en otros casos la actitud de los dirigentes políticos locales es claramente misógina y excluyente con las mujeres a las cuales se les niega la participación política.

Recordemos que la constitución política de nuestro país garantiza la participación política de todos los mexicanos bajo el principio de igualdad.

También, se reconoce la autodeterminación de los pueblos para definir sus formas internas de convivencia y organización social garantizando la participación de hombres y mujeres en ellas.

Por ello, erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y en este caso la violencia política contra ellas es una obligación de todos los diferentes niveles de gobierno y los actores sociales y políticos que participan en los procesos político-electorales, independientemente de los mecanismos formales de organización social y política de las comunidades.

También, diversos tratados internacionales de los que el país es signatario establecen obligaciones para luchar y erradicar la violencia política, como lo son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las cuales establecen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Por las consideraciones antes expuestas, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia, Poder judicial y Comisión de Derechos Humanos, todos del Estado de Oaxaca, a que en el ámbito de su competencia investiguen, promuevan acción penal, sancionen y emitan recomendación en el caso de la violencia física, política y de violación a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, cometidos por los integrantes del ayuntamiento San Martín Peras en perjuicio de Gabriela Maldonado Rivera.

Nota

1 Trife (2016), Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, Trife, Segob, Fepade, INE, Ceav, Conavim, Inmujeres, México, página 19.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y de Chiapas a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación ni desembolso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de la entidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El derecho humano a la salud se encuentra establecido en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud, señalando:

Artículo 4...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 2º las finalidades del derecho a la protección a la salud, a saber:

Artículo 2o . El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Por consiguiente, para dar pleno cumplimiento a la protección a la salud el Estado está obligado, entre otros cosas, a “Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud”, 1 así como “impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud”. 2

En el mismo sentido, el artículo 71 bis del mencionado ordenamiento señala:

Artículo 77 Bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.”

El derecho humano a la salud está igualmente previsto en varios de los instrumentos jurídicos internacionales de los que el estado mexicano, entre los cuales destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 señala:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Así también, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo XI que:

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales , relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica , correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 indica “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental .

Por su parte, la Convención de Derechos de los Derechos del Niño indica en su artículo 24 indica que:

El derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

De la misma forma, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador o Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales señala que:

Toda persona tiene derecho a la salud , entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; por lo que con el fi n de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados parte se comprometieron a reconocer la salud como un bien público y a adoptar medidas tendientes a garantizar este derecho.

Finalmente, en la introducción de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se indica que:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social (...) Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos (...)

Segundo. Desde meses atrás, el estado de Chiapas atrás ha estado padeciendo una severa crisis dentro del sector salud derivada, entre otras cosas, de un desabasto inédito de insumos y materiales médicos en hospitales, clínicas y casas de salud. La situación ha obligado a médicos, enfermeras y trabajadores de la subsección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) a denunciar públicamente la crisis y manifestarse en contra de la falta de presupuesto en el sector.3

En este contexto, trabajadores sindicalizados han denunciado que desde el segundo semestre de 2015 la jurisdicción sanitaria número III, que comprende los hospitales generales María Ignacia Gandulfo y de la Mujer, ambos ubicados en la ciudad de Comitán de Domínguez, y los Básicos Comunitarios de los municipios de Comalapa y Las Margaritas, ha carecido de los recursos suficientes para operar adecuadamente. Esta situación volvió a suscitarse en noviembre de 2016, razón por la cual las ambulancias de la región se vieron obligadas a suspender sus servicios, pues a falta de los recursos económicos para la compra de gasolinas es imposible sostener su operación. Por si esto fuera poco, el problema ha implicado la suspensión de los servicios de alimentación para los pacientes, así como el incumplimiento con pagos por servicios básicos y endeudamiento con los proveedores.

A lo anterior se agrega el desvío y la malversación de las retenciones salariales de por lo menos tres mil trabajadores de la subsección 04 de la Secretaría de Salud del Estado, por concepto de fondos de jubilación, vivienda, seguros institucionales y préstamos individuales que por derecho y legítimo esfuerzo les corresponden. En suma, estos hechos han conducido a una parálisis del sector salud, poniendo con ello en riesgo a la población chiapaneca.

Los trabajadores indicaron que “los hospitales están en escasez. Hay un dinero que tiene que aterrizar mensualmente para compra de alimentos, para compra de gas, gasolina para traslado de los pacientes. El año pasado les quedaron a deber cinco meses. Estamos hablando de 50 millones de pesos sólo el año pasado. Este año de igual forma ya llevamos cinco meses sin que se pueda depositar ese dinero”.4

La crisis en el sector hospitalario en Chiapas ha forzado a médicos, enfermeras y demás trabajadores de los nosocomios a colgar lonas de protesta a las afueras de sus sitios de trabajo desde donde denuncian la carestía de medicamentos, materiales de curación y otros insumos para atender a internos y pacientes que a diario llegan a consulta.

De igual forma, personal de los hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Ocosingo y otros municipios de Chiapas, adherido a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTS), han comenzado a exponer mantas para exigir al gobierno estatal el inmediato suministro de medicamentos para todos los hospitales ante el desabasto que viven.5

Ante la agudización de las protestas, el pasado 16 de enero de 2016, el gobierno del estado de Chiapas, mediante comunicado oficial, informó que “el retraso en el abasto a algunos hospitales se dio por el inicio del ejercicio anual y los procesos licitatorios”.6

Tercero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general número 15 sobre el Derecho a la Protección de la Salud se ha pronunciado directamente sobre el grave problema que representa la escasez de suministros médicos, indicando que

Es preocupante la insuficiencia de recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, la cual genera una falta de capacidad para garantizar de forma efectiva el derecho a la protección de la salud, en muchas ocasiones bajo el argumento de la carencia presupuestal.

La ausencia de infraestructura hospitalaria para la atención de la población y la carencia del equipo y materiales adecuados para la elaboración de estudios y análisis clínicos se traducen en una dilación en la atención de enfermedades o intervenciones quirúrgicas y del tratamiento en general de los pacientes.

Lo anterior constituye una clara violación al derecho a la protección de la salud de los habitantes del territorio mexicano, ya que aun cuando el gobierno (federal y local) tiene la obligación de garantizar la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones públicas de salud, éste omite destinar mayores recursos para tal fin, con lo que se pone en riesgo a la población.

En el numeral 5.5.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, se establece que para una atención eficiente se debe contar con un mínimo de camas censables, quirófanos, salas de expulsión, laboratorio clínico, gabinetes de radiodiagnóstico, anatomía, patología, consulta externa y servicio de urgencias, lo cual difícilmente ocurre en las instituciones públicas del país, circunstancia que se agrava cuando nos referimos a las instituciones que prestan sus servicios en zonas rurales o marginadas.

Otro ejemplo del problema de escasez de recursos por el que pasan las instituciones públicas de salud del país es la falta de medicamentos suficientes para la atención de los padecimientos, que se ha hecho más evidente en los últimos años, lo cual afecta de manera directa a los pacientes, quienes dejan de recibir el medicamento prescrito e interrumpen su tratamiento, lo que ocasiona consecuencias graves en su salud y se ven obligados a destinar recursos económicos a la compra de un medicamento que, por derecho, deben recibir sin costo, de parte de las instituciones públicas de salud.

Lo anterior corresponde a prácticas contrarias al contenido del artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud, que establece como servicios esenciales 14 del sistema de salud el abasto de los medicamentos prescritos por el médico y asociados a los tratamientos, debiendo sujetar la dotación de medicamentos a lo señalado en la receta y a lo establecido en los protocolos o guías clínico-terapéuticas, hipótesis que con frecuencia no se actualiza.

En este contexto, resulta importante destacar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 112 del tomo XI, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que lleva por título “Salud. El derecho a su protección que como garantía individual consagra el artículo 4o. Constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos”. Dicha tesis se refiere a lo siguiente:

La recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que contradiga a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual y del deber de proporcionar por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos”.7

Es por ello que el Estado mexicano no puede permitirse ser omiso ante su obligación constitucional y legal de garantizar el derecho a la salud, y por consecuencia, debe actuar decididamente para frenar la crisis del sistema de salud pública en el estado de Chiapas, que actualmente amenaza la vida y bienestar de millones de personas.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas para que garantice el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de la población del estado de Chiapas ante la emergencia en materia de salud por la insuficiencia y desabasto servicios médicos que afronta el estado de Chiapas.

Notas

1 Ley General de Salud , artículo 6o., fracción I.

2 Ley General de Salud , artículo 6o., fracción VI.

3 Proceso. Denuncian crisis en hospitales de Chiapas por falta de presupuesto. 8 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2jHgOLQ

4 Ídem.

5 Proceso. Médicos de Chiapas enfrentan desabasto de insumos y reclamos de la población. 17 de enero de 2017. http://bit.ly/2kimkaR

6 Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chiapas . Inicia Programa de Abasto 2017 en hospitales de Chiapas. 16 de enero de 2017. http://bit.ly/2jH6CTC

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General 15 sobre el Derecho a la Protección de la Salud. 23 de abril de 2009

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Centro Integralmente Planeado Nayarit, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es innegable que en nuestro planeta existen zonas favorecidas por la naturaleza, sus paisajes son impresionantes, la vegetación es colorida y exuberante y entre ella se observan maravillosos y sorprendentes animales.

México por “su ubicación, complicado relieve, climas e historia evolutiva ha dado por resultado la gran riqueza de ambientes, de fauna y flora que nos colocan entre los primeros cinco lugares en el mundo”1 . Es esta gran diversidad natural la que nos ha ofrecido y ofrece muchas oportunidades de desarrollo y a su vez nos confiere una gran responsabilidad como custodios de la naturaleza.

Lo anterior ha propiciado que se fomente el turismo, hasta el grado de que esta actividad sea considerada como uno de los principales sectores estratégicos del futuro en nuestro país.

Nadie puede dudar sobre la atención, calidez y profesionalismo con el que se trata al turista nacional o internacional, ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles y generalmente garantizando la satisfacción de sus demandas.

Este potencial propicia el desarrollo regional de muchas zonas, pero esto a su vez exige ir desarrollando un entorno competitivo que incluya la infraestructura necesaria para su desarrollo y el mantenimiento de la misma una vez que ha sido desarrollada.

De igual manera, hoy día se busca atender uno de los mayores retos del turismo que es la sustentabilidad, cuya tendencia a la masificación conduce a repensar no sólo los patrones de desarrollo de los destinos, sino en los patrones de consumo que exigen destinos más limpios, más seguros y responsables con el medio ambiente.

En ese sentido, compaginar al turismo y el cuidado de la naturaleza origina el nacimiento de turismo sostenible que tiene como fin lograr que las actividades se desenvuelvan con el menor impacto posible hacia el ambiente y los recursos naturales.

Para lograrlo se requieren de acciones transversales como pueden ser las encaminadas a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de los destinos turísticos sostenibles vía la implementación de medidas de gestión ambiental que protegen la integridad de los ecosistemas, el uso racional de los recursos naturales, la protección directa de la biodiversidad y su impacto sobre el cambio climático y la adaptación de los destinos ante este fenómeno y por igual, fomentan el desarrollo social y cultural de las comunidades involucradas en el turismo sostenible enfatizando en la implementación de acciones que mejoren los medios de vida sostenibles de las personas, en el respeto de las culturas locales y la preservación de los patrimonios culturales tangibles e intangibles.

En nuestro país, en la administración del presidente Vicente Fox, se buscó fomentar el acercamiento entre la demanda y la oferta turística en muchas regiones de país a través de los denominados Centros Integralmente Planeados a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)2 .

Uno de los más destacables por el potencial que proyectaba era el denominado Centro Integralmente Planeado (CIP) en el estado de Nayarit, en lo que se le denomina Riviera Nayarit.

Según lo descrito en el libro blanco Centro Integralmente Planeado Nayarit (CIP Nayarit)”3 que emitió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que es público en su portal de transparencia, el CIP Nayarit se planeó con las características siguientes:

a) Se situaría en la costa sur del estado de Nayarit y al norte de Nuevo Vallarta, abarcaría playas de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela y se planeó en una extensión territorial aproximada de 870 hectáreas.

b) Se orientaría a segmentos de mercado de alojamiento, golf, náutico, vivienda vacacional y naturaleza, considerándolo de bajo impacto ambiental.

c) Se integraría por los polígonos: Litibu, con 152 hectáreas ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, en una primera etapa; El Capomo, con 267.53 hectáreas correspondiente en una segunda etapa y La Peñita, con 445.83 hectáreas (bajo reserva de negociaciones con los ejidatarios) correspondiente a una tercera etapa, ambos ubicados en el municipio de Compostela.

d) Se contemplaba que en todas sus etapas quedaría listo para 2025 con el compromiso para 2025 de crear casi 60 mil empleos directos, lograr una afluencia de un millón 58 mil 500 turistas nacionales y extranjeros y una inversión turística privada de mil 800 millones de dólares.

Para conseguir lo anteriormente descrito se establecieron acciones coordinadas con el gobierno de Nayarit y el municipal de Bahía de Banderas, según lo describe la información del libro blanco Centro Integralmente Planeado Nayarit (CIP Nayarit)” del Fonatur:

a) Para realizar acciones de fomento económico, protección ambiental y de beneficio social como infraestructura regional y urbana, equipamiento y reservas territoriales para el crecimiento urbano de la comunidad Higuera Blanca y en otras localidades en el área de influencia del CIP Nayarit.

b) Establecer coordinadamente con Fonatur un servicio de vigilancia permanente en los predios que integran el CIP Nayarit, con la participación de las fuerzas de seguridad de ese gobierno del estado para evitar futuras invasiones y asegurar la conservación ecológica de su entorno.

El logro de esos compromisos ha tenido una evolución lenta tanto que en el cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo 2015-20164 , la Secretaría de Turismo (Sectur) sólo reportó que “bajo la responsabilidad del Fonatur, se trabaja para que en el desarrollo, modernización o equipamiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP), se aplique la normatividad en la materia y lograr que la infraestructura, diseño urbano y edificación de proyectos turísticos desarrollados por dicha instancia tengan el enfoque de accesibilidad”.

Del análisis del informe de labores antes señalado no fue posible identificar avances que son necesarios para el buen desarrollo del CIP Nayarit como son:

• Seguridad pública tanto en tierra como en mar.

• Protección del medio ambiente y ecosistemas marinos ante pesca ilegal.

• Infraestructura urbana y señalización.

• Infraestructura turística.

• Rutas de transporte público.

Sobre el tema de seguridad, sólo fue posible identificar una nota periodística publicada en el portal electrónico de noticias del diario La Jornada 5 del 26 de enero de 2017, en la que se señala que “inversionistas internacionales españoles del sector turístico solicitaron al gobierno mexicano cuidar la seguridad en los destinos del país”, según lo aseguró el director general del Fonatur, Miguel Alonso Reyes.

Dicha solicitud fue planteada la semana pasada durante la Feria Internacional de Turismo de España, luego de la balacera registrada en Cancún. “Las compañías españolas son las principales inversionistas en México en el sector turístico”, señaló el medio electrónico en comento.

Finalmente, de esa nota periodística se rescata que el funcionario de Fonatur señaló que encaminará sus trabajos a diversificar el producto turístico y consolidar a los centros integralmente planeados que opera como Cancún, Ixtapa, Los Cabos, entre otros.

Lo anterior deja dudas sobre el buen funcionamiento de este CIP Nayarit y de la atención a temas prioritarios entre los que destacan: la necesidad de reactivar acciones en beneficio del uso racional del agua, y de la energía, la protección de biodiversidad y de las áreas naturales y la gestión integral desechos sólidos, a fin de establecer acciones que combatan el cambio climático, y aquellos relacionados con el análisis, evaluación o estudios de riesgos en la región lo que impide contar con planes de prevención, reacción y contingencia ante algún evento de emergencia.

Sin información pública no es posible conocer sobre trabajos o acciones de cooperación de las instancias gubernamentales a nivel estatal y local y ni de los esfuerzos emprendidos en atención a los aspectos sociales en el desarrollo del CIP Nayarit ni de aquellos aspectos sociales ligados a la contribución al desarrollo local; el respeto a las culturas y poblaciones locales; y el rescate y protección patrimonio histórico cultural.

Por todo lo anterior, no existen elementos que permitan determinar que en el CIP Nayarit se asegura el futuro de sus fuentes de agua y energía, de los tesoros naturales y culturales que atraen a los visitantes a ese destino, con la expectativa de ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una experiencia más auténtica y memorable, y del compromiso de emprender la sostenibilidad lo que sin duda también beneficiaría a las comunidades aledañas y a sus pobladores.

Es por todo ello que considero necesario se tenga como prioritaria la consolidación y modernización del Centro Integralmente Planeado en Nayarit, del cuidado de su medio ambiente y litorales y la preservación de las riquezas culturales y fomentar el desarrollo local a través de un trabajo coordinado de las autoridades federales, locales y municipales.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Turismo hacer públicas las estrategias y acciones que se tienen establecidas para fortalecer los esquemas de colaboración y corresponsabilidad con autoridades del gobierno federal, estatal y municipal entorno al Centro Integralmente Planeado Nayarit a fin de transitar a la sustentabilidad turística con un enfoque de economía verde y generar beneficios económicos y sociales del turismo en las comunidades de la región.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacer públicas las estrategias y acciones que se tienen establecidas para fortalecer los esquemas de colaboración con autoridades del gobierno federal, estatal y municipal y corresponsabilidad a fin de proteger, preservar y conservar los ecosistemas en los que se sitúa el Centro Integralmente Planeado Nayarit a fin de atender las peticiones de inversionistas y pobladores de las comunidades que se centran en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de ese destino turístico.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Nayarit hacer públicas las estrategias y acciones que se tienen establecidas con los gobiernos municipales de Bahía de Banderas y Compostela para fortalecer las acciones de seguridad, fomento económico, protección ambiental y de beneficio social como infraestructura regional y urbana, equipamiento y reservas territoriales en las comunidades donde se ubica el Centro Integralmente Planeado de Nayarit a fin de fortalecer la sustentabilidad turística en la región y de generar beneficios económicos y sociales del turismo en esas comunidades.

Notas

1. Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), disponible en http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/riquezanat.html, consultado el 24 de enero de 2017.

2. Centros Integralmente Planeados a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), disponible

http://www.fonatur.gob.mx/transparencia/abre_contenido_i nd.asp?modulo=01-TRFON&cve_sec=1349&inciso=21&indice=3& subindice=&bases/, consultado el 24 de enero de 2017.

3. Centro Integralmente Planeado Nayarit (CIP Nayarit) – libros blancos Fonatur, disponible http://www.fonatur.gob.mx/es/transparencia/librosblancos/4%20cip%20naya rit.pdf, consultado el 24 de enero de 2017.

4. Informe de Labores de la Secretaría de Turismo 2015-2016, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135266/CuartoInformeDeLa bores_Final.pdf, consultado el 26 de enero de 2017.

5. Nota Periodística “Piden inversionistas mayor seguridad en destinos turísticos”, disponible en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/26/piden-inversionistas-cuid ar-seguridad-en-destinos-turisticos, consultada el 26 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a informar al Senado respecto a los términos y las condiciones en que convino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no hablar públicamente del muro fronterizo, y al contenido y la agenda de los temas del supuesto déficit comercial de ese país con el nuestro, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que informe a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión los términos y condiciones en que convino, con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ya no hablar públicamente del muro fronterizo, así como el contenido y agenda de los temas relativos al supuesto déficit comercial de Estados Unidos de América con México y el trabajo conjunto para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de enero de 2017, Donald Trump ordenó, en materia de seguridad fronteriza, al Secretario de Seguridad Nacional que:

Comience a planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México. Para ello debe evaluar los fondos federales disponibles y trabajar con el Congreso para lograr financiamiento adicional.

Construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de asilo, sujeto a fondos existentes.

Contratar a 5 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, sujeto a la disponibilidad de fondos.

Finalizar la política de “captura y liberación”, práctica que deja libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadounidense.

Cuantificar las “fuentes de asistencia federal directas e indirectas al Gobierno de México sobre una base anual durante los últimos cinco años”.

En materia de deportaciones y corte de recursos a ciudades santuario, ordeno:

Contratar 10 mil personas para la Fuerza de Aduanas e Inmigración (ICE), sujeto a la disponibilidad de fondos existentes.

Acelerar deportaciones de los que están en el país ilegalmente priorizando a: los condenados o acusados de delitos, los que hayan cometido una infracción de pago, a los que hayan abusado de la asistencia social y a los que están bajo orden de expulsión.

Que el Fiscal General frene el envío de fondos federales a jurisdicciones consideradas santuario, donde los funcionarios locales hayan declinado hacer cumplir las leyes de inmigración.

Permitir a las autoridades estatales y locales para que actúen como oficiales de inmigración. Esto restablece el programa Comunidades Seguras que fue finalizado en 2014.

Con la ayuda del secretario de Estado, se sancione a los países que se niegan a aceptar el regreso de los inmigrantes indocumentados deportados.

Publicar una lista semanal de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados en jurisdicciones de santuarios.

Crear una Oficina para Víctimas de Crímenes Cometidos por Extranjeros Removibles para “proporcionar servicios” a víctimas y familiares.

Suspensión del programa de refugiados y veto a siete países musulmanes

2. El 27 de enero de 2017, la Oficina de la Presidencia de la República, publico el siguiente comunicado:

Los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron hoy una conversación telefónica

Ambos presidentes han instruido a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sostuvieron una llamada telefónica de una hora, hoy por la mañana. La llamada fue acordada por sus equipos de trabajo.

Los presidentes tuvieron una conversación constructiva y productiva en torno a la relación bilateral entre ambos países, incluyendo el tema del déficit comercial de Estados Unidos de América con México, la importancia de la amistad entre nuestras naciones, y la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas.

Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral.

Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema.

Ambos presidentes han instruido a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva.

3. En la noche del 30 de enero de 2017, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje a los mexicanos, en el cual refirió lo siguiente:

“En mi mensaje con motivo del año nuevo mencioné que 2017 traería grandes desafíos, uno de los cuales es construir una relación positiva con el gobierno entrante de Estados Unidos.

Esa relación debe tener como fundamentos la soberanía nacional, el respeto a nuestra dignidad e independencia, así como los sentimientos de amistad y cooperación entre dos pueblos que son vecinos, amigos y aliados comerciales.

Esta es la posición que México ha adoptado y en la que habremos de ser firmes.

El viernes pasado hablé por teléfono durante una hora con el presidente de Estados Unidos para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos fundamentos que son irrenunciables.

Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia, esta conversación abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos continúen dialogando.

El presidente norteamericano y yo, hemos definido que nuestros representantes sigan haciendo su trabajo y continúen los acercamientos.

Informaré a los mexicanos de los avances y las implicaciones de cada etapa en estas negociaciones.”

4. El artículo 89 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, fracción X, establece que es facultad del presidente de la República: Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado; que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

5. Vinculado al precepto anterior, el artículo 76 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos determina que es facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas.

6. Por otra parte, en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores el despacho de los siguientes asuntos:

...

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; ...

La Ley del Servicio Exterior en su artículo 2 clarifica que el servicio exterior deberá

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

...

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

...

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en la exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional.

La protección de los derechos humanos de los mexicanos que radican en Estados Unidos y aquellos con el carácter de migrantes exige la máxima publicidad en los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, observando los principios de la

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que informe a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión los términos y condiciones en que convino, con el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, ya no hablar públicamente del pago del muro fronterizo; así como el contenido y agenda de los temas relativos al supuesto déficit comercial de Estados Unidos de América con México y el trabajo conjunto para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios de dependencias del Poder Ejecutivo, entidades estatales y órganos autónomos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, según la Guía Compras de Gobierno1 de la Secretaría de Economía comunica y promueve que todo ciudadano mexicano en cualquier momento provea de bienes y servicios.

Sus afirmaciones son claras y precisas y las resumo con tres frases que se identifican en dicha guía: Venderle al gobierno es una de las mejores formas de ver crecer tu empresa, solo debes tomar en cuenta la forma en que el gobierno realiza sus compras, recordando que ser proveedor no es no es una pesadilla ni es un riesgo que solo habría que tomarse en una situación desesperada, de hecho el tamaño de la empresa no es factor para la venta.

En nuestro país, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra Lo anterior, se norman por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 y a su vez, se regulan de manera particular por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público3 que entre muchos aspectos busca asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Año con año, el volumen de adquisiciones del gobierno federal es grande, y es del dominio público que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)4 institución el 19 de enero de 1943 que nace este instituto y entra en funcionamiento el 1 de enero de 1944 siendo una de sus prioridades atender la cobertura de la seguridad social en México dando especial enfoque a las zonas más desfavorecidas del país, se ubica entre las dependencias e instituciones con mayor volumen de compra.

Para entender la magnitud de las compras del IMSS sólo debemos remitirnos a lo descrito en el Programa Institucional del IMSS 2014-20185 , donde esta institución tiene la responsabilidad de brindar “salud y seguridad social a 58 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades. En un día típico, el IMSS atiende cerca de 500 mil consultas; 200 mil niños en sus guarderías; 50 mil urgencias; y cuatro mil intervenciones quirúrgicas diarias. En gran medida esto se consigue por el esfuerzo y compromiso de los 428 mil trabajadores: médicos, enfermeras y personal administrativo, que día a día operan las casi seis mil unidades médicas de este instituto.”

De la revisión de la evolución presupuestal 2014-2015 del IMSS tomando como fuente la información de la Cuenta Pública6 que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que:

a) El IMSS ejerció 3 mil 416 millones 138 mil 117 más a lo presupuestado al inicio de 2014 que totalizó 476 mil 960 millones 996 mil 89 pesos.

b) En 2015, el instituto nuevamente ejerció 23 mil 874 millones 482 mil 448 pesos más a lo presupuestado al inicio de ese año.

De la revisión de las cifras 2014-2015, se identificó que es una limitante de la transparencia el hecho que el IMSS presenté información financiera consolidada e impida conocer la real situación financiera y operacional de cada una de las delegaciones a nivel nacional, lo que ha provocado históricamente que se limite el conocimiento de cómo es que el Instituto ejerció el recurso financiero bajo la premisa de disciplina y eficiencia presupuestaria en cada delegación y a su vez, si su actuar benefició la conservación de las instalaciones del IMSS en términos generales.

La evolución del 2016 no fue posible conocerla ya que en el Portal de Obligaciones de Transparencia-IMSS7 en el numeral IX Presupuesto Asignado-Ejercido señala que la “Institución no tiene sitio de internet de Presupuesto” ni “...Sitio de internet de asignación” y debido a que la publicación de la Cuenta Pública 2016 la reporta la SHCP, en su portal electrónico, hasta abril de 2017.

No obstante lo anterior, el IMSS presentó el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2015-20168 , en el que señaló “que entre las medidas para mejorar los servicios de apoyo a la atención y el otorgamiento de servicios médicos se cuidaron los procesos de contratación con un enfoque transparente y de mejores compras para racionalizar el gasto” y destacó que seguiría “encontrando esquemas de operación que le den día a día sustentabilidad financiera, espacios de mejora operativa, de eficiencia y mejores resultados en la recaudación, en la administración de los recursos financieros, en la contratación de bienes y servicios, y en el uso cada vez más eficiente de esos bienes y servicios”.

No obstante esas buenas intenciones no fueron cumplidas en Jalisco, ya que fue del dominio público la información publicada en la primera plana del Diario Mural9 , periódico de circulación regional, el lunes 23 de enero de 2017, donde se desplegó un encabezado en los siguientes términos “Tienen su favorita en el IMSS Jalisco” y continúo diciendo “proveedores inconformes señalan que los contratos que se firman en la delegación del IMSS Jalisco están arreglados”, haciendo mención del caso de la ciudadana Gabriela Tovar Covarrubias, favorecida con 52 por ciento de las licitaciones de esa delegación por un monto de 121 millones 25 pesos.

Este hecho como tal refleja una problemática sistemática en el proceso de adquisiciones en la Delegación del IMSS Jalisco, lo cual se agrava al no existir información con ese nombre en el apartado de consulta de contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia–IMSS.

Con harás de buscar alguna información que ofreciera mayores elementos sobre lo expresado por el Diario Mural, identifique en Compranet10 , portal electrónico del gobierno federal que concentra información de procesos de adquisición, los procesos de adquisiciones de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS.

Compranet señala que la ciudadana Gabriela Tovar Covarrubias, de 2011 a 2016, registró la celebración de 31 contratos celebrados con la Jefatura del departamento de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios adscrita a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS por 138 millones 367 mil 086.48 pesos sin IVA, correspondientes 22 a procesos de licitación pública por 126 millones 175 mil 345.30 pesos y 9 por proceso de adjudicación directa por 12 millones 191 mil 741 pesos sin IVA.

Sin ser experta en la materia llamó mi atención que en los procesos de adquisiciones descritos en favor de la ciudadana Gabriela Tovar Covarrubias invariablemente dejó de asistir algún representante del Órgano Interno de Control del IMSS, quién sería una pieza clave para dar validez de la legalidad del proceso y del cumplimiento irrestricto de la normatividad aplicable.

Por igual, es notorio que en los procesos licitatorios en los que participa Gabriela Tovar Covarrubias son muy pocos los proveedores que se inscriben, sin que se pudiera identificar los motivos por los cuales la delegación estatal en Jalisco del IMSS no encuentra alternativas a lo descrito.

Lo expresado demuestra que las decisiones tomadas por la delegación estatal en Jalisco del IMSS incumplen las premisas de racionalizar y optimizar el gasto administrativo y de operación sin que fuera posible identificar información pública que justifique sus fallos bajo el argumento de búsqueda consolidadas de compras con otras delegaciones sin éxito o en el caso de refacciones especializadas búsqueda de alternativas para fomentar que nuevos competidores participen en los procesos de adquisición y se logren mejores precios.

Con los elementos de juicio descritos queda la duda si la delegación en Jalisco del IMSS en los procesos que declaró ganadora a Gabriela Tovar Covarrubias debió realizar una segunda convocatoria a la licitación pública al mantenerse los requisitos y el carácter de la primera convocatoria a la licitación pública fomentando así la participación de nuevos actores y búsqueda de mejores precios; o bien, proceder hacer modificaciones a los requisitos iniciales y realizar una nueva convocatoria a licitación pública o determinar, sin remedio una proceso de adjudicación directa. Lo que es claro que el factor tiempo, no puede ser una limitante ya que no fue señalado en los documentos que amparan los procesos que originaron los 31 contratos para esta persona.

De igual manera no existe información pública que permita conocer si una vez adjudicados los procesos de adquisiciones no presentaron demoras en la entrega de la materia de los contratos y si no existieron demoras que implicaran retrasos y gastos adicionales al IMSS.

Lo que es cierto que en estos procesos, principalmente en los licitatorios, no existe evidencia de la participación de testigos sociales siendo estos de mucha valía en todo el proceso de compras, destacándose su relevancia en el evento de la evaluación de las propuestas y fallo ya que brindan legitimidad al resultado final de todo el proceso.

Todo lo anterior, deja duda sobre el cumplimiento de la ciudadana Gabriela Tovar Covarrubias como una proveedora que generé al Instituto Mexicano del Seguro Social la experiencia comercial y técnica necesaria que genere expectativas de ahorro y garantía de cumplimiento requerida por la unidad convocante y que los servidores públicos de la delegación estatal en Jalisco del IMSS cumplieron con su responsabilidad que les confiere su responsabilidad.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Cámara de Diiputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que haga públicas las estrategias y acciones que se tienen establecidas para fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios que limiten comportamientos inusuales o sospechosos entre oferentes (colusión) en favor de la cultura de la legalidad al interior del Instituto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a hacer públicas las estrategias y acciones integrales que se han instrumentado para fortalecer los esquemas de supervisión de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en el Poder Ejecutivo, de los órganos autónomos y de cada ente público del sector paraestatal, a fin de preservar la legalidad de la gestión pública, combatir la corrupción y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación que de acuerdo a sus atribuciones considere en su Plan Anual de Auditorías la revisión financiera a las adquisiciones de bienes y servicios en la delegación estatal del IMSS Jalisco de los ejercicios 2010 a 2016 a fin que de emita una opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Notas

1 Guía Compras de Gobierno, disponible en
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compras-de-gobierno, consultada el 24 de enero de 2017.

2 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 24 de enero de 2017.

3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 24 de enero de 2017.

4 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), disponible en
http://www.imss.gob.mx/, consultado el 24 de enero de 2017.

5 Programa Institucional del IMSS 2014-2018, disponible en
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/PIIMSS_2014-2018_FINAL_230414.pdf, consultado el 24 de enero de 2017.

6 Cuenta Pública 2014-2015 del IMSS, disponible en
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/, consultada el 24 de enero de 2017.

7 Portal de Obligaciones de Transparencia-IMSS, disponible en

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/presupuesto/
showPresupuesto.do?method=begin&_idDependencia=641 Consultado el 24 de enero de 2017.

8 Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2015-2016, disponible en
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informe-2015-2016, consultado el 24 de enero de 2017.

9 Diario Mural, disponible en http://www.mural.com/, consultado el 24 de enero de 2017.

10 Compranet, disponible en
https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones, consultado el 24 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades de la UAM a atender las demandas salariales de los trabajadores académicos y administrativos afiliados al SITUAM, y evitar la huelga, que afectaría las actividades docentes, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una de las universidades públicas con mayor reconocimiento académico en México. Desde su fundación en 1974 se ha distinguido por estar profundamente ligada al entorno social, humano y cultural, conservándose a la vanguardia, con constante investigación y reinvención de la educación superior.

Como universidad autónoma es un organismo público, descentralizado del Estado, basada en los principios de libertad de cátedra y de investigación, e inspirada en todas las corrientes del pensamiento. Cuenta con cinco unidades académicas localizadas en Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa, en la Ciudad de México, Lerma, en el Estado de México y cuenta además con una Rectoría General, cada una con su propia organización interna.

La estructura orgánica de la UAM es la forma en que se organizan las relaciones entre los diferentes órganos y sus autoridades en los que recae el gobierno, la administración y operación de esa casa de estudios que tiene su sede en México. Fue pensada para evitar el centralismo y las arbitrariedades en la toma de decisiones. Por ello, se consideró un modelo basado en órganos colegiados, unidades académicas, divisiones y departamentos, mismos que tienen facultades y obligaciones distintas.

Es en noviembre del mismo año de su fundación que algunos trabajadores de confianza realizaron una convocatoria a una minoría invitándolos a asistir a la Asamblea Constitutiva del COSUAM, maniobra que fue impugnada porque se considera que la organización de un Sindicato supone la participación libre y democrática de los trabajadores. Lo que sucedió en ese momento generó una efervescencia entre los integrantes de la Comunidad Universitaria, que de manera inmediata se reunieron para formar una corriente de opinión contraria al COSUAM. En ese momento inició una verdadera organización de trabajadores que estaba interesada en los asuntos de la constitución del Sindicato autónomo y democrático, dando inicio a recabar firmas entre los trabajadores.

Así empezó la lucha por la organización sindical y para enfrentar los ataques de la patronal, llegando al acuerdo de crear un solo sindicato para las tres unidades; que el espíritu del Sindicato fuera mixto, integrado por trabajadores académicos y administrativos, sabiendo que su construcción estaba ligada a la concepción de la Universidad, identificándose con su proyecto, y así se creó un sindicato independiente, que logró que todos los asalariados se unieran en un interés común.

Así, el martes 4 de marzo de 1975 a las 16:00 horas en la Biblioteca de la Unidad Iztapalapa, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del SITUAM con la presencia de 500 trabajadores de 800 trabajadores de base, donde se dio a conocer al primer Comité Ejecutivo.

Es evidente que la organización y el enfrentamiento que dio el primer Comité Ejecutivo del SITUAM cobraron un papel muy importante dentro de la UAM y constituyó un elemento que demuestra lo que se puede llevar a cabo con la voluntad colectiva de los trabajadores universitarios que superaron las dificultades y pudieron negociar condiciones laborales

Como se establece en el Contrato Colectivo de Trabajo, la revisión del mismo será cada dos años, haciéndose una revisión salarial cada año. El sindicato emplaza a huelga en fecha determinada e inicia negociación con las autoridades universitarias para llegar a un acuerdo.

En algunos procesos de revisión, autoridades y sindicato no han llegado a un arreglo antes de la fecha fijada para la huelga. Podemos citar el 1 de febrero de 2008, cuando estalló la huelga más larga de la historia de esta Institución, dejando sin actividades a más de 45 mil estudiantes por poco más de 2 meses; cuando el SITUAM exigió un 35 por ciento de aumento salarial y el cese a algunas violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo. Al no haber ningún arreglo entre SITUAM y la UAM, en la noche del 1 de febrero se instalaron las banderas rojinegras en todas las unidades de esta casa de estudios. La huelga terminó el 3 de abril de 2008, en el que los trabajadores aceptaron el 3.5 por ciento de aumento salarial y un 50 por ciento de los salarios caídos. Ese mismo día, la institución reacomodó el calendario para que no se perdiera el trimestre lectivo.

Las universidades públicas nos han demostrado con hechos su vocación de servicio por nuestro país. La UAM con sus cuarenta años de operación ha contribuido grandiosamente en los campos de la educación superior, de la investigación científica y humanística; de la preservación y difusión de la cultura y siempre ha estado vinculada estrechamente con la problemática científica, económica, social y ambiental del país.

En la actualidad es una de las universidades con mayor reconocimiento académico en México. En 2015 la UAM tuvo una inscripción de 97 mil 648 alumnos en sus 5 unidades, de los cuales 92 mil 690 presentaron examen, teniendo una de las tasas más bajas de deserción de las universidades mexicanas.

Para 20161 ya es la segunda mejor universidad pública de México; es la segunda en tener un mayor número de profesores-investigadores de tiempo completo con doctorado, de acuerdo al Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM); la segunda en tener mayor número de investigadores incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores(SNI) y la segunda en tener a investigadores en el nivel 3 del mismo, también se encuentra entre las primeras cuatro con el mayor número de patentes otorgadas en México.

El 9 de diciembre de 2016 los afiliados al SITUAM acordaron emplazar a huelga para el 1 de febrero de 2017, que podría estallar si no se llega a un arreglo que satisfaga sus peticiones salariales y las contendidas en lo que se ha denominado su demanda interna.

Las principales demandas de los trabajadores afiliados al SITUAM son el aumento salarial de 20%, y el ajuste al tabulador que comprende al personal administrativo y académico. Asimismo, la satisfacción de otras demandas que buscan la mejoría de los trabajadores y la reparación a diversas violaciones a su contrato colectivo de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana a atender satisfactoriamente las demandas salariales de los trabajadores académicos y administrativos, afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), y evitar una huelga que afectaría las actividades docentes, de investigación y de difusión de la cultura de esta importante institución.

Notas

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana

Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a investigar, observar, recomendar y aplicar las medidas resultantes al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por las declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias realizadas contra mujeres de la entidad, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El día 16 de diciembre se realizó un evento para la entrega de estufas ecologías en la cabecera municipal de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. Ahí, el gobernador del estado Omar Fayad dijo en su presentación que

–las mujeres indígenas– “La que menos (hijos) tiene, tiene tres, por eso se acaban las estufas, ya les dije que ya duerman con ropa, producen mucho chamaco y el riesgo es que los chamacos se queman cuando dejan las estufas adentro del jacal”.

Esta es una declaración discriminatoria y misógina y atenta contra los artículos primero, segundo y cuarto de la constitución.

Es discriminatoria pues se refiere a las mujeres por su condición de indígenas, descalificando su forma de vida y sus prácticas sexuales.

Y es misógina pues hace referencia directa a la mujer, señalándola como el origen de una problemática social.

Sin duda, estas palabras son desafortunadas en un país donde la violencia y la discriminación contra las mujeres sigue siendo un tema de preocupación y ocupación nacional, contrarrestando los esfuerzos institucionales y ciudadanos que pugnan por una sociedad incluyente y respetuosa de las mujeres.

Recordemos que en nuestro país, la mayor discriminación y desigualdad la sufren principalmente las mujeres indígenas y por desgracia las instituciones no han tenido un margen de acción suficiente para erradicar la situación y en parte porque desde las mismas instituciones se fomentan las prácticas y acciones de discriminación.

Por otro lado, el mismo 16 de diciembre, el gobernador Omar Fayad acudió un evento de fin de año con los profesores de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en dicho acto se rifaron premios para los trabajadores. Lo preocupante de la situación es que dentro de los premios el gobernador tuvo la puntada de rifar “una cena” con la secretaria de Educación Pública del estado Sayonara Vargas Rodríguez.

Esta situación es sin duda una acción misógina. La cosificación de la mujer, hacer de ella un objeto que puede ser utilizado como mercancía, es una de las peores prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y en especial de las mujeres.

Y es preocupante porque a pesar de ser “una broma” desvela la idea que se tiene sobre la mujer, en este sentido recordemos que el lenguaje tienen intención, que refleja una visión del mundo y que educa en torno a ella. Po eso la broma fomenta la práctica de cosificación de la mujer y mantiene el patrón de sometimiento al que ha sido sometida por siglos.

Pero no han sido las únicas muestras de discriminación hacia las mujeres pues en junio pasado el gobernador atribuyó la derrota de su partido política en más de la mitad de los municipios del estado a que la ley los obligó a postular mujeres.

Así, vemos con preocupación que el gobernador tiene expresiones discriminatorias hacia las mujeres y violenta la constitución política al menos en sus artículos primero que en su párrafo quinto expresa

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Al artículo segundo punto B que menciona

“B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Y al artículo cuarto en su párrafo segundo, que establece:

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Asimismo, observamos con preocupación que dichas declaraciones y acciones violentan los derechos humanos de las mujeres, al menos en los siguientes artículos:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, observar, recomendar y aplicar las medidas resultantes al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, debido a las declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias que ha realizado contra las mujeres del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la cancelación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 22 de diciembre del 2016, nos enteramos por diversos medios de comunicación que la constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documento liberados ese mismo día por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante el periodo señalado, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.1

“Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó (...) sobornos por alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras públicas. Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones como resultado”, de acuerdo al expediente liberado en Estados Unidos.

“Por ejemplo, en o alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de que un funcionario ayudara a Odebrecht con la obtención de un proyecto. En diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a funcionarios 6 millones de dólares”

Uno de los contratos que consiguió Odebrecht con Pemex Refinación fue a través de adjudicación directa, es decir, sin haber participado en un concurso de licitación junto con otras empresas competidoras.

El 15 de febrero de 2014, Odebrecht firmó un contrato por más de mil 436 millones de pesos con la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de Pemex Refinación.2 El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 tenía como propósito realizar el acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de “aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”. El contrato de Odebrecht tenía fecha de terminación el 10 de agosto de 2015. Sin embargo, el contrato fue modificado el 20 de noviembre de 2014, debido a la inclusión de “volúmenes y conceptos no previstos e incrementos” al monto original pactado.

Por esta modificación, Pemex Refinación pagó un monto extra por poco más de 358 millones de pesos a la empresa brasileña. Es decir, se pagaron casi mil 795 millones de pesos.

Durante este periodo, el director de Pemex Refinación fue Miguel Tame Rodríguez, quien se jubiló de la paraestatal a inicios de este año.

La noticia de los sobornos pagados por Odebrecht en México forma parte de un caso que se sigue en contra de la empresa brasileña, la cual aceptó pagar una multa por 2 mil 600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber entregado sobornos a funcionarios públicos.

México no es el único país donde Odebrecht incurrió en corrupción. Otros países de América Latina donde operó con sobornos fueron Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.

Segunda. Odebrecht comenzó a operar en México en 1991 y ha participado en obras como represa Los Huitles, en Sinaloa, la renovación de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila; mientras que su filial Braskem se unió a la mexicana Idesa para desarrollar el Proyecto Etileno XXI en Veracruz.

En el año 2005, Odebrecht también firmó dos contratos con Pemex Refinación. Pero en ese momento, la empresa formó parte de un consorcio de compañías que ganó una licitación pública internacional. Los contratos PR-OP-L-001/05P y PR-OP-L-002/05P sumaron en conjunto un total de 634.9 millones de pesos. Junto a Odebrecht, el consorcio estuvo conformado por las empresas Proyectos Ebramex, Río San Juan Construcciones y Técnicas Reunidas. Los contratos estuvieron vigentes entre enero de 2005 y abril de 2008.

Tercera. Antes de que se aprobará la reforma energética, en una entrevista realizada por la revista Forbes México, al Director General de Odebrecht Infraestructura México, Luis Weyll, éste anunció que la empresa brasileña contaba con un plan de inversiones en áreas clave como infraestructura y química.3

La compañía que en 2012 reportó ingresos brutos por 41,317 millones de dólares, invertía en México 8,000 millones de dólares en cinco años. De ese monto, la mitad está puesta en proyectos en curso, en su mayoría en uno de petroquímica en el estado de Veracruz que arrancó en 2011.

Aunque el ejecutivo no dio cifras actuales ni proyectadas sobre la operación de la empresa en México, dijo que aunque aún los ingresos representan una parte modesta del total del conglomerado, se espera que “cada vez más ganen más relevancia”.

Las apuestas en México están principalmente en la planta Etileno XXI que Odebrecht construye en Veracruz. Constituye la inversión más grande de la firma fuera de Brasil, de unos 4,000 millones de dólares.

Etileno XXI es una asociación entre Braskem -en la que Odebrecht tiene casi 39 por ciento de las acciones- y la mexicana IDESA. Se espera que cuando entre en operación tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos.4

Otro proyecto en curso es una presa multipropósito en Veracruz, en el oriente del país y con costas en el Golfo de México, con un costo estimado de unos 450 millones de dólares, a ser ejecutado junto con el gobierno estatal.

Además, según la fuente consultada por Morena, están esperando luz verde para desarrollar un proyecto para la construcción de una carretera entre Tuxpan, en Veracruz, y Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas.

Weyll dijo que entre los proyectos en estudio hacia el 2018 hay unos de infraestructura de energía, de agua y carreteras, pero podrían incluir ferrocarriles y aeropuertos.

“Nuestro presidente presentó un proyecto que está muy bien definido y estructurado para los próximos años, ese plan está muy direccionado a infraestructura de agua y energía y transporte y el tema de etanol para poder implementar un proyecto piloto que pueda generar condiciones de competitividad”, dijo Weyll.

El director presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, se reunió el martes con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, para presentar el plan de negocios de la firma, ampliamente diversificada.

Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis refinerías del país; la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo; así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa, en el norte del país.

Cuarta. De las indagatorias realizadas por Morena, se encontró que en marzo de 2013 el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la prestación de servicios. Se trata de un proyecto planeado desde el 2008 y dado a conocer oficial y superficialmente en 2014. En la Gaceta Oficial No.142, en la que se argumenta lo siguiente:5

“En virtud de que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa [...] enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja dotación de agua por habitante, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua, disminuyéndose así la dotación actual del agua por habitante”.

Ante el problema, se propone como solución:

“[...] la implementación de una infraestructura multipropósito, a través del esquema de Proyecto para la prestación de Servicios, cuya autoridad contratante será la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo el amparo de la Ley de Fomento Económico y de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado”.

El proyecto antes mencionado fue concesionado (sin licitación) a la empresa brasileña Odebrecht, la cual desde sexenios anteriores se le ha invertido fuertes cantidades de dinero en la construcción una planta de polietileno (Proyecto Etileno XXI) en Coatzacoalcos. El proyecto Propósitos Múltiples de Xalapa consiste en la construcción de una presa de almacenamiento de agua sobre el río Los Pescados (en la cuenca de La Antigua), un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento.

De esta manera son tres los propósitos que busca cubrir este megaproyecto: abastecer de agua a Xalapa en los próximos 25 años, generar energía con una capacidad instalada de 70 megawatts y “el incremento significativo en la eficiencia anual de los sistemas de riego de los Módulos La Antigua y Puente Nacional del Distrito de Riego 035, así como el control de avenidas para reducción de riesgos de inundaciones en las crecidas del río La Antigua.”

Dicho proyecto implicaba la construcción de una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud que almacenaría 135 millones de m3 de agua (y un embalse de 440 has), los cuales serían bombeados y conducidos en un acueducto de 42 km. desde una altitud de 500 msnm hacia la ciudad de Xalapa a los 1400 msnm. La Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa, integrada por la empresa Odebrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz, operaría los sistemas relacionados con la presa en un lapso de 25 años. Sin embargo, desde un principio la opacidad en la información ha sido la constante. Se sabe por diferentes fuentes de información que la inversión global del proyecto ascendería a los 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 72% del capital correspondería a Odebrecht y el resto al gobierno del estado.

Por si esto no fuera suficiente, el caso más reciente de inversión privada en el que se involucra a la empresa Odebrecht, es con un organismo operador del agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Su origen se remonta al 12 de noviembre de 2002 cuando el gobierno del estado transfiere a los municipios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, apegándose al artículo 115 de la Constitución Política de México. El SAS se conforma en ese momento como un organismo público descentralizado paramunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con recursos provenientes de la ciudadanía.

Cuando se dio a conocer el proceso de licitación para integrar una empresa de asociación pública-privada, se tenía previsto dar a conocer el fallo a favor de una de las empresas concursantes el día 20 de abril del 2015. Sin embargo, las mismas empresas solicitaron al Órgano de Gobierno una prórroga de tiempo para conocer a detalle la situación técnica y financiera del SAS. Aunque se tenía previsto que para el mes de mayo se daría a conocer el nombre de la empresa ganadora, no fue sino hasta el 10 de junio cuando en conferencia de prensa, el director del SAS, José Tello en compañía del alcalde del puerto de Veracruz, dieron el fallo.6 Resultaron ganadoras las empresas Aguas de Barcelona Interagbar de México, SA de CV, y Odebrecht Ambiental S.A., que junto con el SAS integrarán la empresa mixta denominada Grupo MAS. En esta empresa será el Órgano de Gobierno quien controlará las tarifas y la infraestructura. Las empresas tendrán una concesión por 30 años y la inversión de arranque es de más de 7 mil mdp. Grupo MAS iniciará operaciones a partir del 31 de agosto de este año y durante este tiempo se integrará una Comisión de Transparencia para analizar temas como las tarifas del servicio y la situación del sindicato.

Frente a los hechos de corrupción en los que, según las denuncias, están involucrados servidores públicos mexicanos y los diversos proyectos de infraestructura y servicios en los que actualmente participa la empresa Odebrecht, la Comisión Permanente está obligada a pronunciarse. Hacerlo impediría un posible daño patrimonial futuro y aceleraría las investigaciones de las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción; asimismo permitiría identificar a los responsables de dichos actos. Para Morena las y los legisladores debemos atender de inmediato las denuncias de corrupción aquí planteadas y evitar que el malestar social se siga acumulando, en perjuicio de nuestras instituciones y de nuestra débil democracia.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno del Estado de Veracruz y al Congreso de ésta entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos mexicanos.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda el resultado de las investigaciones sobre las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas, en las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, que se deriven de las denuncias públicas de los sobornos que pagó la empresa a servidores públicos mexicanos para obtener recursos del erario público.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a PEMEX, hacer público el estado que guarda el contrato Etileno XXI suscrito con la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.

Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias y haga públicos sus resultados.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Veracruz y a los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.

Notas

1 Apuntan sobornos de Odebrecht a Pemex refinación, Aristegui Noticias, 22 de diciembre de 2016,

http://aristeguinoticias.com/2212/mexico/apuntan-soborno s-de-odebrecht-a-pemex-refinacion/

2 Portal de Obligaciones de Transparencia, Pemex Refinación, contrato: PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato. do?method=consultaContrato&id.idContrato=PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4- 14&_idDependencia=18576

3 Odebrecht ‘pone pausa’ a inversiones petroleras en México, Forbes México, 2 de octubre del 2013,

http://www.forbes.com.mx/odebrecht-apuesta-en-mexico-rod ea-sector-energetico/#gs.1SQ33us

4 Contrato de suministro de Etano “Etileno XXI”, Pemex Gas y Petroquímica Básica, 19 de febrero del 2010, http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/541FEDB5-D791-49D8-9560-98846FE09 EA5/0/contratoetilenoXXI.pdf

5 Palacio Legislativo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial no. 142, 12 de marzo de 2013.

6 Iraís Aguirre, “Presentan Grupo MAS, empresa mixta que sustituye a SAS”, e-consulta.com Veracruz, 10 de junio de 2015, consultado el 19 de junio de 2015, http://e-veracruz.mx/nota/2015-06- 10/municipios/presentan-grupo-mas-empresa-mixta-que-sustituye-sas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Rocío Nahle García.

Con punto de acuerdo, relativo a instaurar un sistema nacional de licencia para conducir por puntos, así como el establecimiento de requisitos para su obtención, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los titulares de las Secretarías de Tránsito y Movilidad de todo el país, para que en conjunto establezcan un sistema nacional de licencia para conducir por puntos, el cual sea obligatorio para todos los conductores de vehículos automotores, así como el establecimiento de requisito forzoso para la obtención de la licencia de conducir, el tomar un curso de manejo con horas práctica establecidas, y la aprobación de un examen riguroso aplicado por una autoridad certificada, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Todos los días nos enfrentamos de alguna forma a la conducción de un vehículo y a sus consecuencias, ya sea de forma directa, o indirecta; desde conducir un vehículo propio, usar el transporte público, o bien, algún transporte alternativo como lo es la bicicleta, y claro está, el escenario más indefenso de todos, el ser peatón.

Desafortunadamente esta experiencia diaria se torna estresante, frustrante y hasta peligrosa por la gran carencia de educación vial que se vive en el país,1 pues a pesar de las reglas estipuladas, en nuestro país prevalece el automóvil ante el peatón.2

Según la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito.3 El 33.9% de las víctimas mortales que se registran en nuestro país encontraron la muerte en una intersección vial, lo que nos habla de nuestra carencia de educación vial.4

El número por accidentes automovilísticos en nuestro país en 2013 era de 24 mil por año, siendo los estados de Tabasco, Distrito Federal y Jalisco donde hasta ese año se corría mayor riesgo de ser atropellado.5

La falta de educación vial tiene severas repercusiones hacia el estado, el cual está soportando un alto costo económico, social y humano, pues de entre las 20 y 25 mil muertes por accidentes viales que registran cada año, se presentan entre 25 a 40 mil discapacitados y un total de 10 millones de afectados a consecuencia de un accidente vial. Así mismo, es importante destacar que alrededor de 1.7% del PIB es el costo relacionado a las pérdidas asociadas a los accidentes viales, teniendo entre otras consecuencias, que los sistemas de salud del país estén sujetos a grandes dificultades ante la necesidad de hospitalizar a más de 750 mil personas accidentadas año con año.6

México es un país, que pese a contar con una legislación adecuada en materia de tránsito y regulación vial, en la práctica, la incivilidad de sus habitantes la convierte en letra muerta.

La ligereza con la que se toman las reglas viales en México es preocupante, pues estamos expuestos a un riesgo constante ante el simple hecho de salir a la calle. Caminar en nuestro país se vuelve una falta contante de respeto al peatón, en la cual los automovilistas, se sienten en derecho de anteponer su tiempo y vehículo antes que el respeto y seguridad del peatón.

Como contraparte es justo decir que no sólo son los automovilistas los que constantemente violan las reglas viales, sino que estas faltas son también cometidas por los peatones, motociclistas, ciclistas, transportistas, etcétera. La falta de cultura vial es palpable cuando se puede identificar a todos los actores involucrados como parte del problema.

Países como Francia, Estados Unidos o España, por mencionar algunos, cuentan con una cultura vial fuerte gracias a que ésta es impartida por terceros; entiéndase, por escuelas autorizadas que enseñan a conducir de una forma integral; es decir, conducir no es la capacidad de manejar un vehículo motorizado, sino conducirlo con respeto a los demás actores que se encuentran en el entorno, saber reaccionar ante percances, tener conocimientos de mecánica básica ante algún problema común del automotor, así como del mantenimiento básico del mismo, y por supuesto, tener consciencia de la responsabilidad que tener un automotor conlleva y de respetar las reglas de tránsito.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en estos países la licencia de conducir está condicionada a tu comportamiento como conductor, es decir, pierdes o ganas puntos, y con esto, la oportunidad de seguir conduciendo, si tu comportamiento al volante no es de acuerdo a las normas.

Aprender a conducir en nuestro país no es una experiencia similar. En México quien te enseña a conducir es tu padre, madre, hermano, tío, etcétera. Y el riesgo que esto conlleva es que aprendes de acuerdo al entendimiento de las reglas de esa personal que como podemos ver, no es algo que deje resultados positivos y mucho menos estandarizados.

El estrés al volante, la muerte de ciclistas y de peatones en México nos habla de la urgencia de tomar medidas distintas. Conducir un vehículo motorizado debería ser un acto de responsabilidad.

Este punto de acuerdo busca que el país adopte un plan integral para cambiar los malos hábitos viales que padecemos. La creación y formalización de una licencia nacional de conducir condicionada a tu desempeño como conductor, aunado a la obligatoriedad de la toma de un curso de manejo, así como un examen más riguroso para la obtención de una licencia, hará posible una concientización y sensibilización de nuestro comportamiento vial, el cual se verá reflejado en una disminución drástica de accidentes viales y un ahorro importante para el sector salud de nuestro país al disminuir las víctimas de accidentes, así como las personas que quedan con alguna secuela a raíz de un percance vial.

Las acciones de este plan integral no causan gasto público alguno, y los ingresos que se obtengan irán directamente a la Hacienda Pública.

Desde 2009, Perú usa una licencia a base de puntos, donde el récord del conductor puede ser consultable en línea. El sistema es de puntos acumulable, por lo tanto, si cometes infracciones, acumulas puntos y pierdes tu licencia.

El límite máximo de puntos para cada conductor es de 100, y si se llega a acumular este número de puntos la licencia es cancelada. Por faltas leves se acumulan entre 1 y 20 puntos, las graves entre 20 a 50 puntos y las infracciones muy graves entre 50 y 100 puntos.

Las faltas tienen un plazo de vigencia de 24 meses desde que se registró la sanción, pero pasado este tiempo los puntos se eliminan y recuperas tu buen puntaje.

En caso de acumular el máximo tú licencia es cancelada durante seis meses, y si pasado este tiempo vuelves a acumular 100 puntos la suspensión será de un año. De igual forma, si vuelves a llegar a los 100 puntos en una tercera ocasión tu licencia será cancelada de forma definitiva de forma que no podrás volver a manejar un vehículo de motor.

Este reglamento de tránsito contempla una “bonificación” para los buenos conductores, pues si en 24 meses no tienen ninguna sanción, son premiados con 50 puntos extra.7

En España el sistema de licencia por puntos empezó el 1 de julio de 2006, su sistema no es acumulativo, sino lo contrario, los españoles cuentan con 12 puntos para los conductores más experimentados y 8 puntos para los novatos.8 Este sistema ya cumplirá 11 años, sin embargo a los 6 años de haberse implementado ya presumía una estadística arrolladora, 50% de los accidentes habían disminuido y los malos hábitos al volante habían cambiado.9

La fatalidad en accidentes de tránsito a raíz de la implementación del sistema de licencia de conducir por puntos ha hecho que en diversos países a los pocos meses, disminuyera de manera importante, ejemplo: en España se ha disminuido un 16,6% la fatalidad en accidentes en tan solo 3 meses, en Francia 11,6% en un 1 año, Reino Unido 8,2% en 1 año, Italia 7,3% en 1 año y en Japón un 29,7% en 5 años.10

Países latinoamericanos Costa Rica, Ecuador cuentan con el sistema de puntos, mientras que Colombia y Chile han analizado la medida.

Estadísticas del Inegi muestran que en el 2014 se registraron un total de 378,240 accidentes en zonas urbanas, de este porcentaje, en el 21.1% de los casos se identificaron varias víctimas heridas; en el 77.8% de los casos sólo daños y desafortunadamente en 1.1% restante, accidentes con al menos una persona fallecida.11

En 2007 en la Ciudad de México ya se había implementado la licencia de manejo por puntos, ésta era acumulativa y con 12 puntos tu permiso de conducir era cancelado,12 sin embargo cinco años después de haber sido puesto en marcha el programa, la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal admitió que el fracaso del mismo fue gracias a cuestiones técnicas y operativas, pues los agentes de tránsito no tenían el dispositivo electrónico el cual se usaba para el registro de los puntos que pierde el conductor infraccionado. Actualmente se pueden seguir acumulando puntos por faltas cometidas y multas, sin embargo esto es ampliamente ignorado.13

Al interior de la república ya ha habido esfuerzos aislados por concretar esta medida. Estados como Tamaulipas han visto en la licencia por punto una propuesta interesante para disminuir sus problemas de índole vial.14

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de la soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los titulares de las Secretarías de Tránsito y Movilidad de todo el país, para que en conjunto establezcan un sistema nacional de licencia para conducir por puntos, el cual sea obligatorio para todos los conductores de vehículos automotores, así como el establecimiento de requisito forzoso para la obtención de la licencia de conducir, el tomar un curso de manejo con horas práctica establecidas, y la aprobación de un examen riguroso aplicado por una autoridad certificada.

Notas

1 “México social: Nuestros rezagos en seguridad vial”. Excélsior, 23 de junio de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/23/1030905

2 “Educación y cultura vial”. Milenio.
http://www.milenio.com/firmas/mario_cordova_espana/Educacion-cultura-vial_18_454334591.html

3 “México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito: OPS”. Organización Panamericana de la Salud. 1 de enero de 2013.

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mexico-ocupa-sptimo-ligar-nivel-mundial-muerte s-accidentes-transito-ops&catid=859:imesevi6-noticias

4 “Estadísticas a propósito del... Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico (tercer domingo del mes de noviembre)”. Inegi. 13 de noviembre de 2015.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf

5 “México pasa “de panzazo” en seguridad vial”. Atracción 360. 26 de noviembre de 2013.
http://www.atraccion360.com/mexico-pasa-de-panzazo-en-seguridad-vial

6 “México social: Nuestros rezagos en seguridad vial”, Excélsior. 23 de junio de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/23/1030905

7 “Puntos más, puntos menos: ¿Sabes cómo ver tú récord de manejo?” Todo Autos. 3 de julio de 2012.
http://www.todoautos.com.pe/portal/sat/papeletas/2277-consulta-puntos-brevete

8 “El carné por puntos, en vigor el 1 de julio”. El Mundo. 6 de octubre de 2005.
http://www.elmundo.es/elmundomotor/200S/10/0S/usuarios/1128S02844.html

9 “Nueve años del permiso por puntos”. 2 de julio de 2016. 20 minutos. http://www.Ominutos.es/noticia/1519751/0/seis-anos/carne-puntos-conduci r/dgt#xtor=AD-15&xts=467263

10 “Licencias de Conducir con Puntaje: Sistema de Sanciones a Implementar en Chile”. Sochitran.
htpp://sochitran.cl/wp-content/uploads/Acta-2011-01-50.pdf

11 “estadísticas a propósito del... Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico (tercer domingo del mes de noviembre)”. Inegi. 13 de noviembre de 2015.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf

12 “12 puntos para perder la licencia de manejo”. El Universal. 11 de marzo de 2011.

http://www.eluniversaldf.mx/home/nota21761.html

13 “Sistema de puntos de sanción en licencias del DF fracasa”. Terra. 3 de septiembre de 2012.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/sistema-de-puntos-de-sancion-en-licencias-del-df-fracasa.
ce16727a9fb89310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

14 “Proponen sistema de control de licencias de conducir por puntos”. El Mercurio. 13 de enero de 2016.
http://www.elmercurio.com.mroonensistemadecontroldelicenciasdeconduciroruntos-82035.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE, la Profeco y la Cofece a conducir una política de precios que apoye la economía de los pequeños productores y consumidores, así como a vigilar y sancionar el alza injustificada de los productos de la canasta básica y los servicios de consumo popular, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Enero ha sido considerado por mucho tiempo como un periodo de “sequía económica” para las familias mexicanas que enfrentan situaciones de precariedad debido a los gastos que representan las fiestas de diciembre.

Desde la mañana del 1 de enero de 2017, los habitantes del país despertamos con una realidad distinta de la de la noche anterior, un aumento de 20 por ciento, en promedio, en el precio de las gasolinas había entrado en vigor.

Desafortunadamente, 2017 será un año en que, en las condiciones presentadas durante los primeros días del año, los problemas económicos no sólo se presentarán en enero, sino a lo largo del año, ya que mientras el salario mínimo apenas aumentó 28.4 por ciento en los últimos 4 años,1 los precios de los combustibles se han incrementado entre 48 y 56 por ciento respecto a 2012.

Evidentemente, el aumento de la gasolina, el gas y la electricidad, repercutirá en la producción agropecuaria y establecimientos como supermercados, tortillerías, restaurantes entre otros, lo que termina impactando a la economía familiar por el consecuente aumento de los precios en productos de la canasta básica.

Alimentos como leche, carnes, huevo, tortilla, pan blanco y frijol registraron alzas de hasta 40 por ciento a sólo 5 días de haber iniciado el año.2

En días recientes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México afirmó que los precios de los productos que integran la canasta básica subirán entre 3 y 10 por ciento como efecto del alza de los combustibles y no en 1 por ciento como afirmó la Secretaría de Economía.3

En efecto, se han detectado alzas injustificadas en tortilla, frijol, huevo, pollo, carne de res, carne de cerdo y cebolla, principalmente en los estados de Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Nayarit, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.4

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, en materia del establecimiento de acciones urgentes y efectivas para combatir el alza de los productos y los servicios de consumo y uso populares que integran la canasta básica.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a establecer acciones urgentes y efectivas para reconducir una política de precios que apoye la economía de los pequeños productores y consumidores y con ello combatir el alza de los productos de la canasta básica y de los servicios de consumo popular, como efecto del alza de las gasolinas, el gas y la electricidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al procurador federal del Consumidor a establecer acciones urgentes y efectivas de inspección, vigilancia y sanción de quienes especulen con los precios de los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia a vigilar y, en su caso, sancionar a quienes realicen prácticas anticompetitivas, tanto en concentración como en la distribución de productos básicos de la canasta básica.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar a la opinión pública sobre las acciones instauradas en la materia.

Notas

1 http://sipse.com/mexico/aumento-precio-gasolina-magna-salario-minimo-me xico-236879.html

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/05/aumento-a-energeticos-gen era-alza-a-alimentos-alianza-campesina

3 Torres, Y. “Canaco ve difícil bajos aumentos en los precios”, en El Financiero, jueves 11 de enero de 2017.

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/13/1139772

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 2 de febrero de 2017.

Diputado Jesús Serrano Lora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Acorde a Lagarde (2007)1 la “brutalidad antifemenina” obligó al Estado mexicano a promulgar una ley con las características de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (LGAMVLV). Es el instrumento legal que surge de la necesidad de proteger a las mujeres mexicanas de la violencia sistemática y de la estructura patriarcal de las instituciones Estatales en México.

La exigencia de conocer el estado en que se encuentra la violencia generalizada en contra de las mujeres, sobre todo, a 10 años de la promulgación de la LGAMVLV, es menester para avanzar en los reclamos que se han materializado no sólo en esta Ley, también en la Ley General para La Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es conocer el impacto real que se ha tenido sobre el reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres en el territorio mexicano.

La necesidad de tener un seguimiento puntual acerca de este instrumento también surge en el marco de la transición hacia la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano. En un principio, el apuntalamiento de proteger a las mujeres de los distintos tipos de violencia fue un acierto enorme de México, pero parte de esta metodología menciona que el seguimiento estadístico y monitoreo constante de las políticas implementadas, es necesario para ir corrigiendo las acciones que no estén adecuadas a la realidad normativa, presupuestal e institucional del Estado mexicano.

Existen distintos tipos de informes y evaluaciones que dan seguimiento a acciones con perspectiva de género como el “Avance de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediciones como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) de la Secretaría de Salud. Pero ninguna de las anteriores logra dimensionar el alcance que la LGAMVLV ha tenido en México.

Acerca del Programa, tiene 13 acciones a seguir acorde al artículo 38 de la LGAMVLV:

“I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género;

V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;

XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, y

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.”

Que es facultad y obligación de la Federación en el artículo 41 de la LGAMVLV, en el inciso IV “Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;” así como el inciso XVI “Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior”,2 pero el más importante que es el inciso “XVII. Rendir un informe anual sobre los avances del programa, ante el honorable Congreso de la Unión;”

Acorde al artículo 42 de la Ley, la SEGOB tiene la obligación de “III. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema;” “Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;”3 “VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;” “XIII. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta ley.”

Por lo que sugiere que las 13 acciones que refiere el Programa, se evalúen a través de los programas presupuestales del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, dado que esta relación intrínseca ayudará a clarificar los objetivos de la política pública con perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, propongo lo siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde a su artículo 42, inciso VIII.

Notas

1 Lagarde y de los Ríos, Marcela, Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en linea] 2007, XLIX (Mayo-Agosto) : [Fecha de consulta: 16 de enero de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120009> ISSN 0185-1918

2 “XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres”

3 También Sedesol en el artículo 43, inciso VII. La SSP en el artículo 44, inciso IX. SEP artículo 45, inciso XIII.

Salón de plenos, a 2 de febrero de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al redictamen de proyectos por el Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo a lo establecido de manera oficial, el Programa de Coinversión Social (PCS), como parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) –órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)–, tiene como objetivo fortalecer y vincular a los actores sociales entre sí y con los distintos organismos de gobierno para que a través de sus acciones promuevan la cohesión y capital social, así como el desarrollo de comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.1

Segunda. Las reglas de operación del PCS señalan, en su numeral 4.2.4, que la valoración de los proyectos que concursan en las convocatorias del Programa estará a cargo de una Comisión Dictaminadora. Los proyectos elegibles deberán presentar una calificación igualo superior al 70% del total de puntos ponderados. Dicho dictamen se realizará en el Sistema y, con respecto a cada proyecto, será definitivo y deberá asentarse en el Acta de Dictaminación.2

Tercera. A pesar de lo señalado en las reglas de operación del PCS, de acuerdo con un oficio del Indesol (29 de febrero de 2016)3, firmado por la maestra María del Carmen Robledo entonces, titular de la Unidad de Enlace de dicho Instituto, se redictaminaron los siguientes proyectos en 2014 y 2015:

Cuarta. De acuerdo con la minuta de trabajo de la tercera sesión ordinaria de la comisión revisora del PCS4 –órgano que no se encuentra contemplado en las reglas de operación del programa–, con fecha 8 de junio de 2014, se analizó el dictamen de tres proyectos que participaron en la convocatoria de “Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG)”.

Dicha comisión revisora aprobó por unanimidad que se organizara una nueva mesa para dictaminar los proyectos en mención, para que los resultados de los mismos se publicaran junto con el resto de los proyectos de la convocatoria “Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG)”, el 20 de junio de 2014.

En la reunión de trabajo, participaron la licenciada María Angélica Luna y Parra, titular del Indesol; la licenciada María Amada Schmal y Peña, directora general adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social; la licenciada Araceli García Rico, directora general adjunta de Igualdad de Género; el maestro Mauricio Bermeo Mendoza, director general adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación; la maestra María del Carmen Robledo Álvarez, entonces directora de Asuntos Jurídicos; y el licenciado Roberto Fernández Sepúlveda, director de Concertación con Actores Sociales.

Quinta. Según información plasmada en el oficio D00100/938/2014 (27/08/2014),5 firmado por la titular del Indesol, dirigido a la entonces directora de Asuntos Jurídicos de ese Instituto, la primera realizó una visita a las instalaciones de la organización Metamorfosis Global, AC, la cual presentó el proyecto “Contribuir al desarrollo integral de personas abandonadas y con discapacidad mental para su inclusión social en la región de Xochimilco, DF”.

De acuerdo con lo señalado en el oficio, Luna y Parra le pide a la Directora que se lleve a cabo una sesión de la Comisión Revisora con la finalidad de estudiar el proceso del proyecto en mención, ya que:

“De la revisión documental del proyecto y la dictaminación se puede apreciar la ausencia de una lectura objetiva e imparcial que lleva a suponer la existencia de un conflicto de intereses [...]. Considero pertinente mencionar que ante tal situación y al percibir la manera en que los dictaminadores desecharon los proyectos sin realmente analizarlos a profundidad, la persona que fungía como secretario técnico de la mesa de dictaminación [...] propuso en reiteradas ocasiones dar por concluida la sesión, para retomarla en otra oportunidad, algo que los dictaminadores no aceptaron, pues preferían acabar con el proceso de una vez.

Sin embargo, Luna y Parra no debate las observaciones de quienes integraron la comisión dictaminadora, personas que según lo establecen las reglas de operación deben tener experiencia o conocimientos en ámbitos relacionados con los proyectos que dictaminen (numeral 4.2.4.1 de las reglas de operación).

La decisión de redictaminación se basa en una visita de campo realizada por la titular del Indesol posterior al dictamen del proyecto ¿A qué se debe que Luna y Parra haya aceptado la invitación de Metamorfosis Global? Tendría entonces que aceptar la invitación de todas las organizaciones cuyos proyectos resultaron no elegibles.

Sexta. Considerando que, en concordancia con las reglas de operación del PCS, el dictamen original debe ser definitivo, se ha mostrado suficiente evidencia para sostener que no procede la redictaminación de distintos proyectos realizada fuera de toda normatividad por el organismo. Este procedimiento no está permitido y se ha llevado a cabo con la finalidad de favorecer a ciertas organizaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna y Parra, que haga públicas las razones por las cuales ha existido re dictaminación de proyectos, aun cuando ésta no es permitida por las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social.

Segundo. Exhortar al Instituto Nacional de Desarrollo Social que dictamine los proyectos que concursan a través de convocatoria abierta en el Programa de Coinversión Social, con apego a las Reglas de Operación del programa, con la finalidad de garantizar la legalidad en el proceso.

Notas

1 Indesol. Programa de Coinversión Social. Disponible para consulta en: https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/programa-de-coinversion -social-34207

2 Diario Oficial de la Federación (DOF). “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2017”. Disponible para consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178401/Reglas_de_Operaci n_PCS_27-12-16.pdf

3 Documento obtenido a través del sistema Infomex.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS que el periodo de conservación del derecho de los asegurados privados de trabajo remunerado se amplíe a 16 semanas posteriores a la desocupación, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numerales 2 y 3, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la consideración del pleno camaral, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de empleo es una de las expresiones más lacerantes de la pobreza en nuestro país; una preocupante realidad que, al lado de las marcadas diferencias salariales, representa uno de los problemas más graves que padece gran parte de los mexicanos.

La economía del país resiente la falta de capacidad recaudatoria del gobierno, la cual incluye los gravámenes que debiera generar el empleo informal que crecen en gran medida en proporción directa al incremento del tamaño de la población en edad de trabajar.

Evidentemente, un sector importante de la población carece de oportunidades para acceder a empleos que favorezcan la subsistencia digna de cada individuo y la de sus dependientes económicos, y con frecuencia se incorporan al empleo informal o a actividades diversas no asalariadas, sin cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que se traduce en la falta de prestaciones sociales que favorezcan el acceso al ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud, entre otros.

Los servicios públicos de salud son insuficientes para cubrir las necesidades de salud de todos los mexicanos. El Seguro Popular, cuyos exiguos servicios no cubren la atención de enfermedades graves y que si bien es un instrumento programático que atempera las insuficiencias para atender y resolver los problemas de seguridad social, no es el elemento idóneo para la resolución de las carencias institucionales en la materia.

Por otro lado, quienes cuentan con un empleo formal, acceden a la prestación de servicios de salud, con la cobertura que propicia el cumplimiento de las cotizaciones correspondientes de los propios trabajadores, al lado de las aportaciones patronales y las del propio gobierno federal.

Es preciso considerar las tendencias del empleo y el desempleo en México, para comprender la gran necesidad de aplicar con la oportunidad debida las previsiones de la Ley del Seguro Social, en materia de la conservación de los derechos de los trabajadores asegurados que quedan privados del trabajo remunerado que, hasta ese momento, les permitía cumplir con las cotizaciones para ser, al lado de sus beneficiarios, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En efecto, el párrafo primero del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, prevé que “el asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios”.

Sin embargo, es de todos conocida que el Estado mexicano no ha podido generar los empleos requeridos para la satisfacción de la demanda que emana del ritmo de crecimiento de la población en edad laboral, frente a la también reconocida escasez de oferta de trabajo formal; en consecuencia, necesitamos de un crecimiento económico real y suficiente para dar empleo a la cada vez mayor oferta de mano de obra.

La problemática de los trabajadores se agrava en virtud de las complicaciones socioeconómicas manifiestas en el excesivo incremento al precio de los combustibles y la creciente carestía de los productos básicos que se presentan aparejadas a una incontenible devaluación de nuestra moneda, en un panorama de incertidumbre que se afirma con las proyecciones del Banco Central y de diversos organismos internacionales, hacia un menor crecimiento económico, lo que pondrá en riesgo un número importante de empleos y acrecentará la inestabilidad laboral.

En virtud de lo anterior, estimamos conveniente atender el contenido de las disposiciones del párrafo primero del Artículo 109 de la Ley del Seguro Social, y observar la necesidad de exhortar al Ejecutivo federal para que en ejercicio de la atribución que le confiere el párrafo segundo del propio artículo 109, en términos que prevén: “El Ejecutivo federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el período de conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior, cuando a su juicio las condiciones económicas y laborales del país así lo requieran, y determinará las condiciones específicas en que operará la conservación de los derechos que al efecto correspondan, los requisitos necesarios para otorgarla y la vigencia que en cada caso se determine. En este supuesto el gobierno federal proveerá de manera oportuna y suficiente al instituto de los recursos necesarios para financiar los costos adicionales que dicha medida represente. El instituto al efecto deberá llevar registros contables por separado de su operación ordinaria.”

El propósito de este exhorto es garantizar a los trabajadores que se quedan sin empleo remunerado, así como a sus beneficiarios, la conservación del derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, por un período mayor al previsto en el párrafo primero del artículo 109, vigente, con base a la creciente generación de mano de obra desocupada y que se incorpora a la informalidad, como consecuencia del escaso desarrollo económico que inhibe la creación de los empleos necesarios para la satisfacción de la demanda de los mismos.

Es evidente que el período legal de ocho semanas previsto para la conservación de los derechos citados, siempre y cuando el trabajador desempleado haya cubierto un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, resulta incongruente con la realidad laboral en el país.

Primero, porque quien haya cotizado de manera ininterrumpida más de las ocho semanas, incluso durante años, tiene el mismo tratamiento injusto, aunque agravado, que representa el período de conservación de derechos previsto en el párrafo primero, y

Segundo, porque aun cuando el trabajador desempleado sólo cuente con ocho semanas de cotizaciones semanales ininterrumpidas, debemos preservarle el acceso irrestricto a su derecho constitucional a la salud, pues se le exige, igual que a los trabajadores con mayor número de cotizaciones semanarias ininterrumpidas, encontrar empleo remunerado en un lapso cuya brevedad se estableció sin tomar en consideración los factores supervinientes que dificultan en la actualidad el acceso al mismo; es decir, no se previó la escasa creación de empleos necesarios para hacer frente a la creciente oferta de mano de obra, pues ambas situaciones han derivado de una economía rezagada frente al crecimiento de la población y sus necesidades más apremiantes.

El problema reside en la imposibilidad fáctica de que el trabajador desempleado cuente con un lapso suficiente para encontrar un empleo remunerado que permita, de alguna manera solventar las necesidades de su familia.

Si hemos de ser respetuosos de los derechos humanos, de las previsiones sobre los éstos establecidas en nuestra carta fundamental y reconocidas en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, y ante la imposibilidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantice por tiempo indefinido a sus trabajadores derecho habientes que pierden su empleo remunerado, así como a sus beneficiarios, la conservación del ejercicio del derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria; sin embargo, no sólo es prudente, sino necesario, ampliar el período en vigor previsto en la Ley del Seguro Social para la conservación de esos derechos, a dieciséis semanas contadas a partir de la pérdida del empleo remunerado por el trabajador asegurado.

En razón de lo anterior expuesto, apelo a la consideración de esta honorable asamblea, para que atienda la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, solicite al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación del período de conservación del derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, hasta por dieciséis semanas posteriores a la fecha en que el asegurado quede privado del empleo remunerado en que venía cotizando, siempre que haya cubierto inmediatamente antes de la privación de su trabajo remunerado, el mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, previsto en el párrafo primero del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, vigente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

La finalidad de celebrar el 2 de febrero de cada año como el Día Mundial de los Humedales es conmemorar la fecha en que se firmó en Ramsar, Irán, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente los que conforman el hábitat de Aves Acuáticas.

La Convención sobre los Humedales reconoce que la conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras con una acción internacional coordinada, en ese contexto, busca que las aves acuáticas en sus migraciones estaciona les pueden atravesar las fronteras y que en consecuencia deban ser consideradas como recurso internacional.

Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el ambiente, es decir tanto a la vegetación, como a la fauna asociada. Estos ecosistemas existen en donde la acumulación de agua se encuentra en o cerca de la superficie del terreno, o bien, donde el terreno está cubierto por agua.

La importancia de los humedales radica en los innumerables beneficios o servicios ambientales que brindan a la humanidad, desde el suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción y biodiversidad, hasta el control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.

Los atributos y funciones de los humedales son fundamentales para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de muchas especies de flora y fauna, así como elementos vitales en la estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones del mundo.

En virtud de que los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, resulta de vital importancia llevar a cabo acciones que aseguren el mantenimiento de sus características ecológicas.

En este sentido, en nuestro país, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha registrado 142 sitios en la lista de importancia internacional, de conformidad con lo establecido en la Convención sobre los Humedales de Ramsar.

Dentro de los sitios registrados se encuentra la Laguna de Términos, situada al suroeste de Campeche, en los municipios de Champotón y Palizada, cuya importancia radica en que es considerada como uno de los ecosistemas lagunares estaurinos más extensos de México.

No obstante, a pesar de los diversos marcos de protección que se han establecido en torno a la Laguna de Términos, la contaminación que generan las embarcaciones ancladas en la misma, ha ocasionado la mortandad de diversas especies marinas.

Otro de los sitios registrados que destaca es el sistema lacustre “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, situado en la parte centro-sureste de la Ciudad de México, de enorme categoría, ya que constituye un ecosistema remanente de la cuenca de México, formado por planicies inundadas naturales y cuerpos de agua inducidos, es un área natural de descarga del flujo subterráneo; su importancia en términos de biodiversidad la determina la presencia de flora y fauna acuática y terrestre, algunas de ellas vulnerables y de distribución muy restringida como el ajolote, aportando un patrimonio genético importante, además de funcionar como zona de alimentación y reproducción de peces y aves.

Al respecto, resulta oportuno señalar, que a pesar de los enormes esfuerzos realizados por los gobiernos, tanto federal como local, para la protección y conservación del humedal de Xochimilco, éste enfrenta graves problemas sociales y ecológicos, y su deterioro ambiental es más que evidente, al grado de que la mayoría de los manantiales que lo alimentaban se han secado; de igual manera la contaminación de sus canales ha llegado a niveles alarmantes, debido a las innumerables descargas de aguas residuales, el uso de insecticidas y fertilizantes químicos en la producción agrícola y el constante crecimiento de la mancha urbana en la zona sujeta a conservación.

En el Partido Verde manifestamos nuestra preocupación por la protección y conservación de los humedales de nuestro país, dada su importancia para preservar la vida en el planeta, al tiempo que refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la construcción de políticas preventivas que garanticen mejores condiciones para dar sustentabilidad a dichos ecosistemas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de febrero de 2017.

(Rúbrica)

Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

¡¡Nosotros podemos, yo puedo!!

El día 4 de febrero del año 2000 se celebró por primera vez, el Día Mundial contra el Cáncer, la institución de esta fecha tiene como propósito es el de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

De acuerdo a información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud,

• “El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo;

• Se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70 por ciento en los próximos 20 años.

• Los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el hombre fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado.

• En la mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago.

• Aproximadamente un 30 por ciento de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.”

Por ello, en esta fecha, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias a implementar campañas destinadas a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún existen sobre el cáncer, de tal manera que mediante la información oportuna se propicie el conocimiento que lleve a la atención adecuada y a su prevención, así como el acceso a tratamientos y cuidados eficaces, de tal manera que se genere el compromiso para reducir el impacto que estas enfermedades tienen en la población.

Muchos son los casos en los que esta enfermedad aniquila la economía familiar y muchos también son los casos en que su atención se vuelve inaccesible, por ello es necesario que el gobierno federal incorpore a su catálogo de enfermedades catastróficas a cualquier manifestación de cáncer, con el fin de que en el país ningún mexicano se quede sin la debida atención médica, garantizando el pleno derecho a la salud señalado en nuestra carta magna.

“Nosotros podemos abatir el índice de morbilidad y mortalidad por causa del cáncer en el país”, hagámoslo con conciencia y con una cultura de prevención.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

El término “cáncer” es genérico y designa un vasto grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo humano y de otras especies, de manera más específica, el cáncer, constituye un crecimiento de los tejidos producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.

El cáncer no es una enfermedad nueva, papiros egipcios que datan de aproximadamente el año 1600 a.C. ya la describían y se cree que fue el médico griego Hipócrates la primera persona en utilizar el término “carcinos” (cangrejo) para denominar al cáncer.

Posteriormente, cuando la primera autopsia fue practicada por el anatomista italiano Giovanni Morgagni en 1761, se pusieron las bases para el estudio científico del cáncer, también conocido como oncología.

Pero no fue hasta el siglo XIX, cuando el microscopio moderno fue inventado, que se comenzó a estudiar el cáncer y así nació el estudio patológico moderno de esta terrible enfermedad.

Hoy podemos afirmar que el cáncer es un problema global de salud pública, ya que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con este mal, asimismo, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas.

Por tal motivo, y para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer acordaron que el 4 de febrero de cada año se conmemorará el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

Por otra parte, a nivel nacional, en 2015 se presentaron 194 mil 686 nuevos casos de cáncer en México y hubo un total de 93 mil 94 muertes por esa causa, lo anterior según un nuevo estudio sobre la Carga Global de la Enfermedad, publicado en la revista JAMA Oncology.

Otros datos que destaca dicho estudio es que en nuestro país el cáncer colorrectal ha tenido el mayor crecimiento en el número de decesos que provoca, tanto en hombres como en mujeres, al pasar de 2 mil 295 fallecimientos en 1990 a 7 mil 486 en 2015, un aumento de 226 por ciento.

Por otra parte, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y también el más mortífero, con 6 mil 892 muertes registradas el año pasado, lo que representa un aumento de 155 por ciento respecto a 1990.

Para los hombres, el cáncer de próstata fue la principal causa de muerte, con 7 mil 719 casos registrados en 2015.

En general, para ambos sexos, el cáncer de pulmón causó más muertes en el país en 2015, con 9 mil 379 fallecimientos, seguido del cáncer de estómago, que provocó 7 mil 943 defunciones.

En el caso de los niños de 5 a 14 años, la leucemia es la principal causa de muerte, al registrar 605 casos el año pasado.

Los datos anteriores provienen de un estudio realizado por el Global Burden of Disease, un consorcio internacional de 2 mil investigadores que analizó datos de 32 tipos de cáncer en 195 países, incluido México.

Las cifras aquí vertidas pueden no significar mucho desde una perspectiva estadística, sin embargo, debemos recordar que cada paciente con cáncer tiene que soportar una gran carga de sentimientos, un gran esfuerzo físico y un gasto económico considerable.

Además, el impacto de la enfermedad no sólo se deja sentir en la persona afectada, sino que al mismo tiempo perjudica las finanzas del Estado y a las personas cercanas del individuo enfermo.

En razón de lo anterior, es que nuestro partido en la presente legislatura ha propuesto diversas iniciativas para combatir el cáncer, sobre todo el cáncer que afecta a los más pequeños, a nuestros niños y niñas mexicanos.

Consecuentemente, quisiéremos reconocer al personal sanitario que día con día atiende profesionalmente a los pacientes oncológicos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, de la misma manera aprovechamos la oportunidad para recalcar que nuestro país cuenta con instituciones e infraestructura oncológicas de altísimo prestigio, las cuales representan un orgullo para todos nosotros.

Quisiéramos, por último, mandar un mensaje a todos los sistemas de salud para que en la medida de sus posibilidades, destinen los recursos necesarios que tengan por objeto informar a las personas sobre los factores de riesgo que pueden originar el cáncer, creemos firmemente que sólo mediante la prevención se puede evitar la emergencia de muchos tipos de cáncer entre nuestra población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2017.

(Rúbrica)