Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear la comisión especial que investigue el proceso de compraventa de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, donados a la empresa Toyota, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.

Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.

En este sentido se hizo del conocimiento público los probables vicios en la adquisición y posterior enajenación de 600 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales, desde el mes de noviembre de 2016, han comenzado los trabajos de instalación de la empresa Toyota.

Ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego ésta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.

De las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota, éstas fueron donadas por la administración estatal, que fueron compradas a ejidatarios por debajo de su precio, a través de presiones.

El problema de fondo es que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.

Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones nacionales y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencia, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.

Durante la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, se solicitó al gobierno del estado de Guanajuato entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información.

Por ello, al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compra-venta, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal un informe respecto a las acciones para participar de los fondos por decomisar al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en los procesos seguidos a él en Estados Unidos y que motivaron la extradición, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero fue extraditado a los Estados Unidos el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alías el “Chapo Guzmán” debido a que los tres magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinaron por unanimidad negar el amparo que el narcotraficante había presentado.

Es necesario mencionar que Joaquín Guzmán escapó de una cárcel de máxima seguridad por primera vez en el año 2001 en esa ocasión las autoridades tardaron más de una década para recapturarlo, sin embargo, en el 2015 a través de un túnel de kilómetro y medio de longitud volvió a escapar. Finalmente, el 8 de enero de 2016 fue detenido en Sinaloa por la Marina Armada de México.

Ha quedado evidenciado que el cártel de Sinaloa tiene todavía una gran capacidad operativa y financiera principalmente en la zona denominada como el “Triángulo Dorado” entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, las estructuras financieras y operativas de trasiego de droga y de mando permanecen intactas, tal pareciera que Joaquín Guzmán Loera despachó desde el penal y ya no desde la sierra.

De igual forma se aprecia que la red de complicidades y encubrimiento con la que contó este criminal para fugarse de un centro supuestamente de alta seguridad aún no se ha desmantelado, y que el sistema penitenciario sigue siendo vulnerable ante la acción de criminales de la peligrosidad como la de Guzmán Loera.

Con la extradición del “Chapo Guzmán” se desprenden diversas preguntas tales como, ¿Qué ha pasado con los fondos de dinero que le sirven de financiamiento para sobornos y compra de cómplices?, ¿se le incautarán bienes raíces, muebles, autos, cuentas bancarias o de inversiones, arsenal, etcétera, para que de una buena vez se debilite a su organización delincuencial?

¿La extradición hacia los Estados Unidos de América en qué condiciones se consumó?, o ¿Acaso la extradición más bien respondió a una decisión política para congraciarse con el nuevo gobierno norteamericano? Porque así como el gobierno estadounidense quería a Bin Laden así quería detener al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera por considerarlo altamente peligroso y letal para su seguridad nacional e intereses. ¿México cedió ante la presión de los Estados Unidos?

Actualmente, en Estados Unidos, a Guzmán Loera se le acusa de tráfico de droga así como líder de una organización internacional de narcotráfico responsable de importar y distribuir toneladas de cocaína en territorio estadunidense. Además, se beneficiaba financieramente por ser el líder de la organización de tráfico de droga al acumular cientos de millones de dólares por la venta de cocaína en la Unión Americana.

De acuerdo con el expediente judicial, el Cártel del Pacífico importaba cocaína a los Estados Unidos con fines de distribución usando diversos métodos, entre otros, en aeroplanos, camionetas, tractotráileres, automóviles y pipas; además, construyeron túneles para contrabandear la droga por debajo de la frontera entre México y EU.

En Estados Unidos tiene abiertos juicios en las cortes del Distrito Sur de California en San Diego, presentada en agosto de 1996; Distrito Sur de Texas, en diciembre de 2001; Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, en julio de 2009; Distrito de New Hampshire en Concord, en junio de 2011 y Distrito Norte de Illinois en Chicago, en abril de 2011; y la más reciente presentada el pasado 23 de enero bajo sello ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York por introducir grandes cantidades de cocaína desde octubre de 2008.

Sólo en los distritos de El Paso, Texas y San Diego, California, fue solicitada su extradición por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidio.1

Tomando en cuenta este contexto, resulta prioritario el análisis del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México a efecto de analizar la viabilidad en términos jurídicos de cómo se realizó la extradición de Guzmán Loera, más allá de cualquier interés político que pueda entorpecer la correcta procuración e impartición de justicia.

En el PAN consideramos que todas estas cuestiones y muchas más deben ser respondidas por las autoridades responsables de la seguridad en México.

Y esto no debe quedar en un diálogo coyuntural entre los poderes sino de observar a fondo la problemática para lograr coincidir en reformas institucionales a nuestro sistema de justicia, así como un cambio de fondo a nivel federal y estatal en los cuerpos policiacos, en el sistema nacional penitenciario y en los sistemas de procuración, administración e impartición de justicia y en general en todo aquello que, desde el sistema penal y de justicia en general, garantice el acceso de las personas a un régimen efectivo en el que se pueda hacer justicia genuina por medio del cumplimiento de la ley y del respeto irrestricto al Estado Democrático de Derecho.

Por tanto, consideramos indispensable que el Ejecutivo Federal informe de manera explícita a esta Soberanía las acciones para participar en los fondos decomisados así como analizar los términos y condiciones en que se llevó cabo su extradición a los Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta de Urgente u Obvia Resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita un informe al Ejecutivo Federal respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo Guzmán” en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron para la extradición.

Nota

1 Periódico Excélsior. Disponible en línea:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/20/1140955 23 de enero de 2017

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 25 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato del líder ambientalista Isidro Baldenegro López, sucedido en Chihuahua el pasado 15 de enero, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A Isidro Baldenegro lo mataron igual que a su padre: a balazos, inicia una nota de la redacción de BBC Mundo.1 La mala noticia recorrió el planeta.

Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri (tarahumara) fue un reconocido defensor de los bosques y de los derechos de los pueblos originarios.

La muerte del activista ambiental, ganador del prestigioso premio ambiental Goldman 2005, sucedió el domingo 15 de enero de este año en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo Chihuahua.

Los detalles que rodean su muerte todavía no están claros, y aún no sabemos los motivos detrás del ataque. Durante su larga lucha, Isidro Baldenegro fue encarcelado injustamente y posteriormente amenazado de muerte en diversas ocasiones. Las amenazas lo llevaron a abandonar varias veces su comunidad. Las versiones periodísticas señalan que su asesinato ocurrió en la casa de un tío suyo. Su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el tórax y en una pierna. Esta última vez, que regreso fue balaceado en su domicilio y por la ausencia de servicios médicos en el área, falleció.

Pero hay causas posibles. Él siguió el ejemplo de su padre, Julio Baldenegro, quien fuera asesinado en 1986 por defender el bosque. Isidro lideraba acciones que buscaban detener la tala ilegal del bosque y recuperar los derechos agrarios usurpados a la población indígena.

Isidro Baldenegro denunció los cacicazgos y las implicaciones del narcotráfico en la zona, por ello, seguramente se había convertido en un hombre incomodo a quienes lo asesinaron. Isidro creía profundamente en la resistencia pacífica y no violenta. Su trabajo férreo de organizar protestas pacíficas contra la tala ilegal en las montañas de Sierra Madre ayudó a proteger esos bosques, y los derechos de su pueblo.

En 1993, Baldenegro desarrolló un movimiento no violento de resistencia de base para luchar contra la tala, obteniendo el apoyo de ONG locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona. Al año siguiente, movilizó un bloqueo humano masivo de la mayoría de las mujeres cuyos maridos habían sido asesinados, lo que resultó en una orden especial del tribunal prohibiendo la tala en la zona.

Después del bloqueo de 2003, Baldenegro fue encarcelado por lo que luego resultaría ser falsas acusaciones de posesión de armas y drogas. Su detención generó solidaridad internacional de importantes ONG ambientales y de derechos humanos, y Amnistía Internacional declaró a Baldenegro preso de conciencia. Liberado en junio de 2004 después de 15 meses de prisión, salió aún más decidido, alentado por el inmenso apoyo internacional. Poco después, él y sus partidarios ganaron otras dos suspensiones de tala del gobierno. Motivado por su éxito, estableció una organización de justicia ambiental.

Isidro Baldenegro fue un líder sin miedo y una fuente de inspiración para tantas personas que luchan por proteger nuestro medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, se debe exigir que pare esa violencia. Defender desde este Congreso a las ciudadanas y los ciudadanos comprometidos con la defensa de sus comunidades y el medio ambiente. Contribuyendo con ello, a que algún día, México sea un sitio seguro para las personas que disientan y organicen movilizaciones por sus derechos, y no como ahora sean asesinadas o perseguidas.

Damos nuestras condolencias más sentidas a la familia, amigos y colegas de Isidro Baldenegro en México y el resto del planeta por estos momentos difíciles.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena y manifiesta su indignación por el asesinato del líder ambientalista, Isidro Baldenegro López.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a que instruya al Procurador de Justicia en el estado, para que de manera independiente, pronta y expedita lleve a cabo las investigaciones pertinentes para procesar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del líder ambientalista, Isidro Baldenegro López, y así garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Nota

Matan en México a Isidro Baldenegro, el conocido activista ambiental ganador del prestigioso premio Goldman. <Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38672959 > [Fecha de consulta: 23 de enero de 2017.]

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a conocer e investigar lo manifestado por el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares respecto al supuesto suministro de medicamentos falsos a niños con cáncer en Veracruz, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En conferencia de prensa, el pasado 17 de enero, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que durante el gobierno de sus homólogos antecesores, la Secretaría de Salud aplicaba “quimioterapias falsas” a niños enfermos de cáncer, manifestando:

“Tenemos ya resultados de un laboratorio que señaló que una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.

Asimismo, refirió que a pacientes con cáncer, incluyendo niños, se les aplicó un medicamento denominado Bevacizumab, asegurando que el mismo era falso y que por esa razón al menos 8 niños perdieron la vida, sin señalar los nombres de los afectados por la supuesta aplicación de sustancias falsas.

Ante dichas manifestaciones, el 18 de enero del presente año, ROCHE, empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos para diagnóstico, externó su postura al respecto, resaltando lo siguiente:

Con motivo de las notas periodísticas publicadas el 17 de enero de 2016 sobre la supuesta aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer en el estado de Veracruz, en las que se menciona a nuestro medicamento Bevacizumab (Avastin), informamos que:

De acuerdo a una investigación realizada en mayo de 2011, la muestra recibida no correspondió a un producto original Roche. La muestra no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por nuestra compañía.

Bevacizumab no es una quimioterapia sino un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal. Su uso no está indicado en pacientes pediátricos.

Es importante aclarar que Bevacizumab es un medicamento que está indicado en pacientes adultos mayores de 18 años para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico, cáncer cervicouterino, cáncer epitelial de ovario, cáncer de mama triple negativo, cáncer renal avanzado, glioblastoma multiforme y cáncer de pulmón de células no pequeñas, como parte de un régimen de quimioterapia combinada profesionales de salud, autoridades regulatorias, servicios de atención al cliente y sus canales de distribución para combatir el mercado de medicamentos falsificados.

Lo anterior, dejando claro que las declaraciones del actual Gobernador son falsas y mal interpretadas, generando un estado de incertidumbre y psicosis ante la sociedad y principalmente, ante los usuarios de los servicios de salud de dicho Estado.

Si bien, es cierto la existencia de un reporte emitido por la referida empresa, lo cierto es que en ninguna de sus manifestaciones hace referencia o aceptación alguna sobre la veracidad de la suministración de la sustancia respecto de la cual emitió su opinión, reiterando que no le consta que medicamentos falsos hayan sido suministrados a pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en el Estado de Veracruz.

La gravedad de las acusaciones, que hasta el día de hoy no tienen sustento alguno, provocaron que el pasado 20 de enero la Secretaría de Salud Federal interviniera, enviando una comisión de al menos 10 personas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al Cecan en Xalapa, para iniciar una investigación acerca de las supuestas quimioterapias falsas; calificando de antemano como una irresponsabilidad del actual Gobernador, haber hecho declaraciones de las que aún no se había llevado una investigación.

Al respecto, resulta indispensable esclarecer la situación que dio origen a la investigación de una sustancia y cuyo resultado ha sido sujeto a diversas interpretaciones, generando temor y descontento entre la población nacional.

Los hechos reales tienen origen en el año 2010, cuando la Química Fármaco Bióloga, Idalia Dávila González, adscrita en ese entonces al Cecan, encargada de farmacia, reportó un medicamento extraño, dando aviso inmediato al Director de la Institución, Doctor Enrique Guzmán García, quien activó el protocolo ordenado por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (Sesver ).

Dicho medicamento, que se pretendía utilizar para una paciente adulta femenina, nunca fue aplicado, ni a ella ni a ningún otro paciente, según las investigaciones que surgieron del protocolo que señala la Sesver y que obra fehacientemente en documentos susceptibles de ser verificados.

Siguiendo dicho protocolo, el área jurídica de la Sesver envió a Grupo Roche una muestra del producto sospechoso para que fuera analizado por la farmacéutica, emitiendo el reporte referido por el actual Gobernador del Estado de Veracruz, en donde efectivamente se señala que “no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por Roche”.

No obstante, de dicho reporte no se desprende alguna afirmación respecto de que el referido medicamento haya sido suministrado a ningún paciente, menos aún a niños como lo ha venido asegurando el Gobernador Yunes Linares.

Como legisladores coincidimos en la gravedad que implica la situación, pues dentro de la cadena de mando en la atención de un paciente en el sistema hospitalario de la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz se cuenta con: enfermeras registradas de turno, médico de tratamiento, jefe de farmacia, directora de oncopediatría, Director del Cecan, Director de Hospitales, Subsecretario de Salud, Secretario de Salud y una Comisión de Calidad de Medicamentos, sin omitir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); autoridades que deberán abonar y participar en la investigación y deslinde de responsabilidades.

Hoy más que nunca es de suma importancia obtener resultados de una investigación seria e imparcial que lleve a esclarecer la situación y sobre todo que otorgue certeza y tranquilidad a los pacientes de dicha institución de salud, sobre la calidad de los medicamentos, procedimientos y personal que han venido trabajando en favor de un sector tan sensible como lo son los niños enfermos de cáncer.

Cifras oficiales demuestran que entre 2005 y 2015, se lograron 200 casos exitosos de sobrevivencia de pacientes pediátricos de cáncer, hechos que son demostrados a través de los expedientes clínicos de dichos pacientes.

Como legisladores y representantes de la sociedad, no podemos hacer eco de notas y manifestaciones sin que exista de por medio una investigación oficial que nos permita emitir una opinión objetiva, misma que al día de hoy no existe y que no podemos permitir se siga dispersando, pues no sólo se ataca a un ex Gobernador o ex Gobernadores, se ataca directamente al profesionalismo de enfermeras, médicos, y en general a quienes laboran en Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, generando reclamos, insultos y reacciones furiosas en general por parte de pacientes y familiares hacia ellos.

Ante las manifestaciones del actuar Gobernador de Veracruz, se ha generado un estado de crisis y psicosis entre la sociedad y pacientes, provocando el primer caso de abandono de tratamiento el día 19 de enero, por parte de una familia que decidió que su hijo (Gael de Jesús Blasquez Pedraza) abandonara el tratamiento oncológico, solicitando el alta voluntaria, argumentando desconfianza hacia el personal médico.

Al percatarse de ésta crisis de credibilidad de la sociedad, el 18 de enero el Gobernador Yunes Linares nuevamente en conferencia de prensa expresó que “médicos y enfermeras no tenían nada que ver”; manifestación que lejos de brindar seguridad y tranquilidad a los pacientes, viene a generar mayor duda sobre si sus declaraciones son ciertas o una estrategia política como lo han referido diversos medios.

Por todo ello, y ante la evidente inexistencia de claridad y sobre todo, ante la notoriedad del caso, los integrantes de la Junta de Coordinación Política consideramos necesario y urgente solicitar a la Procuraduría General de la República, conozca e investigue los hechos referidos en el presente punto de acuerdo.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal, entendiendo por ellos, aquellos que se encuentren previstos en las leyes federales; consecuentemente los delitos tipificados en el Título Décimo Octavo, Capítulo VI de la Ley General de Salud, son competencia de la federación en términos del precepto jurídico antes citado y cuya investigación corresponde al Misterio Público de la Federación, el cual en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra dentro de la estructura de dicha Procuraduría.

Lo anterior, además porque se trata de medicamentos que fueron adquiridos y definidos por el Consejo de Salubridad General, en el marco del Fondo de Protección contra Gatos Catastróficos del Seguro Popular, en términos de los artículos 29 y 77 Bis de la Ley General de Salud y su supervisión y regulación en toda la cadena se encuentra a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos del artículo 3 fracción I, inciso b del Reglamento de la Cofepris.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, a efecto de que conozca e investigue los hechos manifestados por el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, respecto el supuesto suministro de medicamentos falsos a niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General de Morelos en Tetelcingo, Cuautla, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre de Blanca Margarita Cuata Domínguez, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 9 de diciembre de 2014, trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Morelos abrieron dos fosas comunes, de donde se encontraron 119 cadáveres, y se exhumaron sólo 2 que habían sido previamente reclamados, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos.

En el predio, el 28 de marzo de 2014, la Fiscalía General del Estado de Morelos había inhumado de manera clandestina 119 cadáveres en Tetelcingo, Morelos.

Los otros 117 cuerpos fueron exhumados por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en diligencias que se llevaron a cabo entre el 23 de mayo y el 3 de junio de 2016 e inhumados en gavetas individuales en el panteón Jardines del Recuerdo en Cuautla, Morelos.1

Desde entonces, familiares de víctimas de desaparecidos han luchado para que la Fiscalía General del Estado de Morelos informe del ¿por qué se enterraron cuerpos que ya habían sido reclamados?, y ¿por qué se utilizan dos fosas clandestinas para deshacerse de restos cuando existen miles de familias buscando parientes desaparecidos en el país?

La exhumación de los 2 primeros cadáveres de estas fosas clandestinas, se realizó por el reclamo realizado por la familia de una víctima para la entrega de su familiar quien había sido plenamente identificado mediante exámenes periciales 9 meses y 4 días antes de que se le informará que había sido inhumando junto con otros cadáveres aparentemente en calidad de desconocidos.

Ante estos hechos, los familiares de personas exhumadas solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos mediante la interposición de una queja en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y el gobierno del estado, en la que se demanda se castigue a las autoridades y trabajadores implicados en la inhumación clandestina, se investigue la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado y del propio gobernador.

Segunda. El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el periódico Tierra y Libertad el acuerdo número 15/2015 del fiscal general del Estado de Morelos, por el que se crea la Unidad de Investigación del Ministerio Público Encargada de Conocer el Caso Tetelcingo,2 donde el 28 de marzo de 2014 fueron inhumados presuntamente de manera irregular más de una centena de cuerpos de personas no identificadas.

En esta averiguación ha quedado establecido que para inhumar en estas condiciones el cadáver de 118, hubo falsificación de firmas y otros delitos, además de que no se contó nunca con la anuencia de los afectados.

Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres y sin enviar oficios de aviso o solicitud de esos permisos. De hecho, el ayuntamiento de Cuautla ha expresado que no existe ni aviso ni solicitud de algún tipo para este tipo de inhumaciones. El ayuntamiento de Cuautla; Morelos sostiene que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 119 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.

El 27 de enero de 2015, el director de Salud de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, informó al edil, mediante el oficio número DSM/013/15: “En mi archivo no se cuenta con el documento” en el que la Fiscalía o alguna otra autoridad le pondría “en conocimiento en relación con la inhumación realizada el día 28 de marzo de 2014 de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”. Pero además, “no hay acuerdo de inhumación ni oficio que lo ordene, no existe autorización del oficial del Registro Civil para la inhumación y tampoco la expedición del certificado de defunción, permitiendo asegurar que la inhumación resulta ilegal” según lo señalado en el escrito de queja ante el ombudsman estatal por familiares de la víctima.

Por ello, la familia se quejó ante un tribunal por dilación de la justicia. Luego de ello, la juez de control, juicio oral y ejecución Gabriela Acosta Ortega, determinó que existía “omisión dolosa” de las autoridades, así que ordenó al agente del MP que procediera a la investigación de los hechos relacionados con la inhumación ilegal del cadáver.

Con base en esta investigación se puede suponer que los 119 cadáveres fueron inhumados de manera clandestina e ilegal por la ahora fiscalía, pues nunca se notificó al oficial del Registro Civil de Cuautla, y es más, éste nunca dio su autorización ni expidió los certificados de defunción de los cuerpos.

Ahora se conoce de la falsificación de la firma del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, Carlos Alberto Flores García. En otras palabras, alguna otra autoridad o personal de la propia fiscalía habría falsificado la firma de Flores García en un oficio que supuestamente autoriza la inhumación del cadáver, pues se afirma en el documento del 28 de marzo de 2014 que la víctima “se encontraba en calidad de desconocido”.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, demandó investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque es evidente que el caso representa una violación a la dignidad humana y una revictimización.3 Pero, además, Martínez Cruz señala que se han documentado 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, y hasta el momento la Fiscalía carece de protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en este caso, en las fosas clandestinas de la fiscalía.

Tercera. El 25 de noviembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación, y al solicitar información a la Fiscalía General del Estado de Morelos sobre los 119 cuerpos inhumados en 2014, la dependencia le entregó 99 carpetas de investigación.

Casi un año después de haber atraído esta indagatoria, el 30 de septiembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 144/148 sobre el caso de la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad, relacionado con la irregular inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, en las que las cuales dos están dirigidas al gobernador, seis al fiscal general del Estado de Morelos y tres al ayuntamiento de Cuautla.

En estas recomendaciones, al gobernador Graco Ramírez indicó:

Primera. Girar instrucciones a quien corresponda, en concordancia a la Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a efecto de que de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado se brinde una reparación integral del daño que contemple atención médica y psicológica a los familiares de VI1, VI2, V9 y V58, en calidad de víctimas indirectas, afectados por la inadecuada procuración de justicia e irregular inhumación , así como una compensación o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos y se remitan a la comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Girar instrucciones a quien corresponda para que en coordinación con los municipios correspondientes, en un plazo de seis meses contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se recabe la información respecto de los terrenos en donde se advierta o presuma que están siendo utilizados como panteones de manera irregular y, en caso de existir, resguardar el lugar para su preservación y elaborar un calendario en coordinación con la FGE en el que se apeguen al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense que se homologó mediante acuerdos 02/2016, 03/2016 y 04/2016 de la FGE, para que se realicen las acciones para la exhumación y recolección de datos que hagan posible la identificación de cadáveres hallados en fosas comunes que tengan la calidad de no identificados y remitir las pruebas de su cumplimiento a esta comisión nacional.

Por su parte, a la Fiscalía General del Estado indicó:

Primera. Girar instrucciones a quien corresponda para que en concordancia a la recomendación emitida por la comisión estatal, solicite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Morelos la inscripción de los familiares directos de los cadáveres identificados , VI1, VI2, V9 y V58, que fueron inhumados en las fosas comunes del poblado de Tetelcingo, en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, para que tengan acceso al fondo destinado a la reparación del daño y remita a la comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Segunda. En concordancia con la recomendación emitida por la comisión estatal, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad siguiendo los estándares internacionales y se remitan a la comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Tercera. Colaborar ampliamente con este organismo nacional con la queja que se presente ante la instancia competente, así como con la denuncia que formule por las responsabilidades administrativas o los delitos en que pudiese haber incurrido el personal que ordenó, y participó en la inhumación irregular de los cadáveres del 28 de marzo de 2014, del personal ministerial que actuó de forma irregular en las carpetas de investigación de las 119 víctimas inhumadas, así como de los superiores que hayan ordenado y autorizado o tolerado las acciones descritas en la presente; de igual manera se investigue la procedencia de los oficios firmados por los agentes del Ministerio Público en los que se ordenó la inhumación y se remitan a esta comisión nacional las constancias de su cumplimiento. 146/148.

Cuarta. Determinar conforme a derecho y a la brevedad, las carpetas de investigación que se encuentran abiertas y en integración por los hechos que motivaron la presente recomendación y se remitan a esta comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Quinta. Diseñar e impartir cursos de capacitación dirigido a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la FGE de Morelos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, apegados al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, a efecto de que esos servidores públicos reciban la capacitación necesaria para que en la integración de carpetas de investigación en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sexta. Girar instrucciones a quien corresponda para que se realicen todas las diligencias necesarias para lograr la acumulación de las nuevas carpetas de investigación que se iniciaron por lo ilegible de los números adheridos a las bolsas de los cadáveres durante la exhumación de 23 de mayo a 3 de junio de 2016, a las carpetas de investigación anteriores que ya contenían diligencias respecto de cada uno de los cadáveres, con la finalidad de que no se pierdan datos que hagan posible dar con los probables responsables de la comisión de los homicidios y en lo sucesivo se le agreguen chapas (metálicas) de identificación a los cadáveres que se inhumen en calidad de desconocidos y se remita a esta comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Cuarta. La Asociación de Abogados Penalistas de Morelos ha solicitado que “para garantizar la autonomía de los investigadores, es necesaria la creación de una fiscalía especializada e independiente de la propia Fiscalía General, en la que debieran participar abogados penalistas y en la que participara el propio Congreso local”,4 advirtiendo que de las pruebas existentes se pueden desprender delitos como obstrucción de la justicia y violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, más los que se acumulen, es claro que hasta el momento ha existido protección a las autoridades de la Fiscalía General de Morelos , particularmente hacia el hoy ex fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la Procuraduría General de la República en Durango, además de la coordinadora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, y del fiscal regional oriente José Manuel Serrano Salmerón, a través de prácticas dilatorias que entorpecen, obstruyen y ocultan información en relación con los hechos, resulta imposible que la misma Fiscalía General del Estado de Morelos realice una indagatoria imparcial y expedita en contra de su propios funcionarios.

Resulta imprescindible que se realice una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Una investigación de estas características no puede ser realizada por una autoridad que es señalada como responsable de cometer los ilícitos, que para el caso concreto es la propia Fiscalía General del estado de Morelos, por el evidente conflicto de interés existente por la flexibilización en que puede incurrir en la investigación y persecución de autoridades que integran o integraron esta institución.

Por ello, la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de las indagatorias, para recobrar la confianza pública, garantizar el conocimiento pleno de la Verdad y que se haga Justicia, y por ser la única instancia adecuada para garantizar que la investigación se realice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece:

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V. ...

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de sus facultades atraiga el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, para garantizar que se realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación no. 48 /2016 sobre el caso de la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad, relacionado con la irregular inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD_bGgg9bPAhWE8YMKHR65B6YQFggmMAE&
url=http%3A%2F%2Fwww.cndh.org.mx%2Fsites%2Fall%2Fdoc%2FRecomendaciones%2F2016%2FRec_2016_048.pdf
&usg=AFQjCNHjfCBmajZF6-iWhOLRZFkt_jwM9A

2 Acuerdo 15/2015 del Fiscal General del Estado de Morelos por el que se crea la Unidad de Investigación del Ministerio Público Encargada de Conocer el Caso Tetelcingo.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ5_rsdbPAhVLeD4KHXC1DvMQFggbMAA&url=
http%3A%2F%2Fmarcojuridico.morelos.gob.mx%2Farchivos%2Facuerdos_estatales%2Fpdf%2FATETELCINGOFGMO.pdf
&usg=AFQjCNGup4LeExph5Z4fbeokZK30P2cHAQ

3 Ídem.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4JbHx9bPAhXHej4KHSmUBA0QFggdMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F420052%2Flas-fosas-clandestinas-de-la-fiscalia-de-morelos
&usg=AFQjCNFLzUaKzBvzMrwmGXd8BTzVdGHwgQ

4 “Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos”, en Proceso.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05sabxtbPAhWIoD4KHV0lBs4QFggbMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F420052%2Flas-fosas-clandestinas-de-la-fiscalia-de-morelos
&usg=AFQjCNFLzUaKzBvzMrwmGXd8BTzVdGHwgQ

Recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Diputados: Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instancias receptoras de recursos públicos a rescindir en ejercicio de sus facultades todo contrato vigente o previsto para adquirir productos o servicios de Ford Motor Company y General Motors Company, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición de con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la administración pública federal, al Poder Judicial de la Federación, al Senado de la República, a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, a los órganos constitucionales autónomos, a las universidades públicas y a todas las instancias que reciban recursos públicos, a que rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company o de cualquier otra que decida retirar sus inversiones de México debido a las presiones derivadas directa o indirectamente de las actuaciones, amenazas o dichos del presidente de los Estados Unidos de América, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“A los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta”

Enrique Krauze

I. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro país se ha convertido en un líder internacional en la fabricación de automóviles, con lo que a los largo de 22 años ha pasado a convertirse en el principal exportador de autos a los Estados Unidos de América, el mercado más grande del mundo en la materia.

Sin embargo, desde el inicio de su campaña presidencial, el actual presidente de los Estados Unidos de América (EE. UU), Donald Trump, ha amenazado constantemente no sólo el estatus cultural y migratorio de los mexicanos residentes en aquel país, sino que ha manifestado estar en contra de la relación comercial que actualmente existe entre los Estados Unidos y México, poniendo especial énfasis en las plantas automotrices.

Ante el embate trumpista del otro lado de la frontera, que recién comienza y que amenaza con descarrilar la relación comercial que desde el TLCAN mantienen armoniosamente los tres países de América del Norte, las más diversas voces de la intelectualidad mexicana, han urgido porque el Estado mexicano dé muestras de una clara voluntad para enfrentar con firmeza los intentos por atentar contra la economía de los mexicanos y con desincentivar las inversiones internacionales en nuestro país. Así, Enrique Krauze ha señalado que “México necesitó cambiar la fórmula de apaciguamiento empleada hasta ahora”1 en su relación con los EE. UU.

Cabe señalar en tal sentido, que la relación comercial entre México y Estado Unidos, particularmente en el área automotriz, implicó para nuestro país triplicar la producción de automóviles, para llegar a 3.4 millones de unidades en 2015, siendo los EE. UU. y Canadá los destinatarios de 82 por ciento de las exportaciones del país en ese rubro, es decir, 2.7 millones de autos2 Lo anterior ha colocado a nuestro país como el séptimo productor automotriz a nivel mundial.

Sin embargo, dicha relación comercial ha resultado también en importantísimos ahorros en términos fiscales y de recursos humanos para las empresas automotrices extranjeras asentadas en México, que desean en lo fundamental exportar al mercado norteamericano, ya que los salarios en México llegan a ser hasta diez veces menores que los recibidos por un trabajador promedio en los EE. UU.

Uno de los efectos de los últimos embates de Trump a la economía mexicana fue la reciente cancelación de la planta automotriz que la empresa Ford Motor Company tenía planeada en San Luis Potosí con una inversión de hasta mil 600 millones de dólares3 .

Asimismo, General Motors Company, indicó en días recientes que trasladaría hasta 550 empleos de sus filiales en México hacia los EE. UU., y anunció la inversión de hasta mil millones de dólares en aquel país, todo ellos días después de que el presidente Donald Trump amenazara al fabricante automotriz con cobrar altísimos aranceles a sus autos producidos en México4 .

En Movimiento Ciudadano consideramos que el Congreso de la Unión debe ser un baluarte inquebrantable en la defensa de la dignidad y la economía de los mexicanos, y es por ello que este 19 de enero presentamos una petición ante el Comité de Administración en la Cámara de Diputados para la adopción de acuerdo formal que vete la adquisición de vehículos de la marca Ford.

Y es en el mismo sentido que mediante el presente punto de acuerdo se exhorta a todas las instancias del Estado mexicano a adoptar políticas similares en relación con la adquisición de productos o servicios de empresas que hayan adoptado una actitud hostil hacia México derivada de los chantajes y amenazas del presidente Trump y su administración.

Frente a un contexto cada vez más adverso hacia nuestro país, en Movimiento Ciudadano consideramos que todas las instituciones públicas nacionales tienen la responsabilidad de defender los intereses nacionales y de demostrar que México no tolerará las amenazas como método de negociación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la administración pública federal, al Poder Judicial de la Federación, al Senado de la República, a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, a los órganos constitucionales autónomos, a las universidades públicas, y a todas las instancias que reciban recursos públicos, a que en el ejercicio de sus facultades rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company, así como a que se emprendan similares acciones respecto de toda empresa que teniendo filiales o cualquier clase de inversión en México, decida retirarlas debido a las presiones derivadas directa o indirectamente de las actuaciones, amenazas o dichos del presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, o de su administración.

Notas

1 Krauze, Enrique, “Trump amenaza a un buen vecino”, The New York Times , 18 de enero de 2017,

http://www.nytimes.com/es/2017/01/18/como-debe-responder -mexico-a-las-amenazas-de-trump/

2 “Trump sacude los autos en México”, Milenio , 9 de enero de 2017,

http://www.milenio.com/financial_times/ford-planta_en_me xico-donald_trump-ftmercados-negocios_0_880712086.html

3 “El anuncio de Ford va más allá de una planta automotriz”, El Financiero , 4 de enero de 2017,

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-en-la-mir a-de-la-administracion-de-trump-tras-el-anuncio-de-ford.html

4 “General Motors le da gusto a Trump: la automotriz saca empleos de México para llevarlos a EU”, Animal Político , 17 de enero de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/01/general-motors-trump-empleos-mexi co/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y sus homólogas locales a establecer acciones en pro de los hijos de las familias que sean deportadas de Estados Unidos, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno, suscrita por el diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos. En México se ha asumido el compromiso de brindar educación obligatoria desde preescolar hasta el nivel medio superior, lo que significa atender a la población de entre 3 y 17 años de acuerdo con la normativa de la educación obligatoria.1

Luego de las pasadas elecciones presidenciales en el vecino país del Norte, en donde resultó ganador el Candidato Republicano Donald Trump, surge la necesidad de analizar el efecto social que tendrá el nuevo gobierno estadounidense en los distintos sectores de nuestra sociedad.

El balance político estadounidense con una inclinación hacia una extrema derecha conservadora sugiere que hay la posibilidad real de que millones de indocumentados de origen mexicano sean deportados en los siguientes cuatro años, estableciéndose de manera interna mecanismos para dificultar y frenar la migración a Estados Unidos.2

En Nueva Alianza, como partido político comprometido y preocupado por los temas sociales, manifestamos nuestro apoyo y total respaldo a las miles de familias mexicanas que radican en Estados Unidos y que, en este contexto, corren el riesgo de ser deportados ante las medidas discriminatorias que pudieran suscitarse como resultado de esta nueva visión de la política exterior.

Sabemos que ante la falta de oportunidades, nuestros compatriotas de todo el país cruzan por nuestras fronteras en busca de un mejor futuro que traiga a sus familias bienestar y tranquilidad. La migración, con el paso de los años, ha ido en aumento y, al día de hoy, ya no son solamente las cabezas de familia quienes emigran, también lo hacen familias completas como una medida para permanecer unidos.

Mientras que la atención mediática se encuentra enfocada en la deportación de millones de trabajadores indocumentados, no se ha prestado la debida atención al efecto colateral que sufrirán los hijos de estas familias en el aspecto educativo.

En Nueva Alianza consideramos que ante este escenario se deben de analizar los eventuales sucesos y su posterior impacto para nuestro Estado; en el caso particular, el que se deporten familias mexicanas en los próximos meses.

Siendo éste el caso, nos veríamos ante la necesidad de recibir a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres no cuentan con los documentos requeridos que avalen los estudios que sus hijos han realizado en Estados Unidos de América.

Nos encontraríamos en una coyuntura de incremento en la matrícula en los centros escolares de educación básica y superior, y con grupos con un número excesivo de alumnos, donde la intervención pedagógica se dificultaría.

En Nueva Alianza nos preocupa de manera particular los menores que se encuentran en edad de cursar algún grado escolar, y su posible pérdida del periodo en el mejor de los casos, ya que sabemos que existen otros supuestos donde se podría perder un grado completo o se llegaría a casos extremos de abandono, de manera definitiva, de los estudios.

De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución, “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [...] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Ante esa premisa, es nuestro deber, como representantes de la sociedad, velar porque el derecho humano a la educación de los hijos de familias mexicanas que sean deportadas no sea transgredido y que no abandonen o se les niegue, por ninguna circunstancia, el acceso a la continuidad de sus estudios.

La educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo integral del individuo, así como a la transformación de la sociedad. Asimismo, es factor determinante, como se dijo, para ejercitar todos los demás derechos, ya que promueve la libertad y la autonomía personal.

En el país, de acuerdo con el artículo 3o. constitucional, la educación está garantizada a todos los individuos, quienes deben contar con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, sin discriminación ni exclusión.

Todas las autoridades educativas quedan obligadas a privilegiar acciones afirmativas con base en la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia, así como en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte.

No debemos olvidar que antes de ser migrantes, los niños y los adolescentes son personas que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, por lo que deben ser respetados, sin importar su situación migratoria.

Es nuestra obligación proteger y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; en específico, el de la educación.

Estos menores de edad tienen sueños, quieren estudiar y tener una vida plena, y necesitan de todo nuestro apoyo para lograr vivir la vida a la que tienen derecho, con educación y oportunidades iguales.

Instamos a las autoridades educativas a establecer acciones afirmativas en favor de los hijos de aquellas familias que sean eventualmente deportadas de Estados Unidos de América ante las medidas discriminatorias que se susciten por el próximo gobierno de aquel país, a fin de que no se suspenda bajo ningún motivo el ciclo escolar de las niñas, niños y adolescentes que cursen algún grado de estudio.

Por último, se sugieren líneas de atención en las que las autoridades educativas deberán de centrarse:

• Considerar el incremento de libros de texto gratuitos de educación básica para la población que ingresa o se incorpora a los grados por ubicación pedagógica;

• Prever la posible restructuración de turnos vespertinos para atender la demanda educativa de alumnos provenientes de Estados Unidos de América;

• Analizar la aplicación de la norma educativa para revalidación de estudios y ubicación del grado correspondiente con el apoyo del documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-EUA,3 el cual se expide en el marco del memorándum de entendimiento sobre educación entre los gobiernos mexicano y de Estados Unidos de América, y que tiene como objetivo otorgar reconocimiento oficial a los estudios de educación primaria o secundaria que realiza la población migrante que viaja con frecuencia entre México y Estados Unidos, y viceversa, facilitando a los menores su ubicación en la escuela receptora, de acuerdo con el grado que les corresponda. Igualmente, mediante este documento se promueve el registro de calificaciones de los estudiantes, así como la educación continua de esta población; y

• Considerar el problema del idioma.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a establecer las acciones afirmativas necesarias en favor de los hijos de las familias que sean eventualmente deportadas de Estados Unidos de América ante las medidas discriminatorias que se susciten por el próximo gobierno de aquel país, a fin de que no se suspenda por ningún motivo el ciclo escolar de las niñas, los niños y los adolescentes que cursen algún grado de estudio.

Notas

1 Skoog, Christian, representante del UNICEF en México. Niñas y niños fuera de la escuela en México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México, 2016.

2 Hirschfield, Julie (2016). “What Donald Trump’s vow to deport up to 3 million immigrants would mean”, en The New York Times (nytimes.com). Publicado el 14 de noviembre de 2016. Consultado el 25 de noviembre de 2016.

3 Véase http://www.mexterior.sep.gob.mx/2_dtemb.htm

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a reforzar el apoyo legal en materia migratoria ofrecido a los connacionales por los consulados mexicanos en Estados Unidos, suscrita por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Gonzalo Guízar Valladares, diputado federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, a fin de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país con una larga tradición migratoria internacional, la cual muestra características muy exclusivas, ya que su vecindad con una de las potencias económicas más importantes del mundo, Estados Unidos, ha propiciado un constante flujo de personas hacia ese país en busca de mejores oportunidades.

Cifras de Naciones Unidas muestran que México el segundo país con más emigrantes en el mundo con 12.3 millones de personas. Asimismo, de acuerdo con las estimaciones del BBVA Research basadas en la Current Population Survey (CPS) en 2015 había una población de alrededor de 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales 12.2 son migrantes, mientras el resto son de segunda y tercera generación, es decir descendientes de migrantes mexicanos. Lo anterior, significa que alrededor de 10 por ciento de la población nacida en México vive en aquel país.

A partir del anuncio oficial de la aspiración de Donald Trump en junio del 2016 el postulante lanzó su campaña para obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos con un mensaje antiinmigrante centrado en la identificación de la población de origen mexicano con el crimen y la violencia.

En un inicio, las primeras declaraciones, del entonces pre candidato resultaban poco creíbles, sin embargo, el 21 de julio de 2016, el magnate se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano, afirmando que de convertirse en el titular del Ejecutivo estadounidense, pondría en marcha un Plan migratorio que incluiría, además de la construcción de un muro en la frontera con México y la deportación generalizada, la triplicación de los agentes fronterizos y el incremento en los costos de visas para mexicanos.

A pesar de todo pronóstico, refutando a la mayoría de las encuestas electorales, el 18 de noviembre de 2016, el empresario Donald Trump se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos de América, reiterando su propuesta de campaña en la cual estableció realizar deportaciones masivas de todos los migrantes indocumentados de Estados Unidos, declarando que entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados serán deportados o encarcelados en los primeros días de su gobierno.

La postura intransigente del candidato republicano en temas migratorios ha atraído el apoyo de grupos “nacionalistas blancos” incluyendo a varios líderes neo-nazis y supremacistas quienes expresaron su apoyo a partir de la candidatura del ahora presidente.

Es preciso recordar el movimiento migratorio ha sido una constante en las relaciones entre México y Estados Unidos desde el siglo pasado. En las últimas décadas, dicho fenómeno ha prevalecido como uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos dentro de la agenta bilateral.

A partir del viernes 20 de enero ha tomado posesión de la Casa Blanca el empresario Donald Trump, por lo que ha comenzado un periodo tan incierto como peligroso a nivel internacional, por su rechazo a diversas políticas entre ellas la migratoria.

Una de las formas con las que Trump ha generado nerviosismo en México es con la amenaza de bloquear el envío de remesas hasta que el gobierno pague por el muro que el republicado quiere construir en la frontera.

En este sentido, resulta indispensable destacar que México recibe anualmente más de 24 mil millones de dólares en remesas enviadas por inmigrantes en Estados Unidos, más dinero de lo que ingresa por sus exportaciones petroleras. Tan solo en 2015 nuestro País recibió el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 24 mil 771 millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8 por ciento.

Datos del 2015 del BBVA Research indican que México es el principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe con un 37.6 por ciento del total. Guatemala (9.4) y República Dominicana (7.3) ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.1 Cabe resaltar que el monto de remesas recibido por estos dos países (11 mil 394 millones de dólares) es menor que la mitad de lo recibido por el Estado mexicano.

Lo anterior, nos indica que el panorama no es alentador para nuestro país, Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior, ante esta realidad México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales, contemplando seriamente la posibilidad de que millones de migrantes mexicanos pudieran ser deportados.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que instruya reforzar a los consulados en Estados Unidos de América el apoyo legal en materia migratoria a nuestros connacionales que no acepten su salida voluntaria, dando cumplimiento concreto a las obligaciones legales que guarde su situación migratoria.

Notas

1 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/1606_Mexico_Anu arioMigra2016_Remesas.pdf

Recinto de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se respeten la libertad de expresión y el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana por las alzas de los combustibles, suscrita por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete con carácter de urgente resolución a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda atención, a los titulares de diversos Poderes y dependencias que respeten la libertad de expresión así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana en contra de los incrementos en los precios de los combustibles, con base en las siguientes

Consideraciones

La indignación nacional

En cualquier país del mundo existe una resistencia natural a los impuestos y sus incrementos. La existencia misma de las Constituciones Políticas en los Estados Nacionales se debe a la exigencia de rendición de cuentas de los habitantes frente a los tributos. La Carta Magna surgió precisamente en una airada reacción de los nobles en contra del rey de Inglaterra que trataba de establecer y cobrar mayores impuestos. En nuestro país, el poder tributario del Estado se encuentra sujeto a reglas claras para evitar abusos en perjuicio de la población. En la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las contribuciones deberán reunir los requisitos de ser proporcionales, equitativas y contribuir al gasto nacional. La larga historia de casos de corrupción en nuestro país ha generado la percepción de que, además de los elementos anteriores, los impuestos se deben recaudar y aplicar en un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, grandes sectores de la población esperaban que con la alternancia política vendrían cambios significativos en la República, entre los cuales destacaba la conducción y administración honesta de la principal empresa del país: Petróleos Mexicanos Pemex. Se esperaba que se erradicara la corrupción en las numerosas contrataciones que llevaba a cabo la entonces empresa pública, que se contuviera y ajustara a dimensiones razonables la enorme deuda contraída por la empresa principalmente por las desmesuradas pensiones producto de negociaciones con sesgo electoral con el sindicato de sus trabajadores y, finalmente, que se metiera en cintura a la red de distribuidores que expenden cantidades menores de combustibles con la complacencia de los organismos encargados de la defensa de los consumidores. Todo ello en un contexto de precios bajos en un país que se encuentra entre los primeros productores de hidrocarburos con los yacimientos de más alto volumen en el planeta.

Sin embargo, contrario a lo esperado, a pesar de haber gozado de un largo periodo de casi una década de altos precios del petróleo, en lugar de consolidar a Pemex y construir las refinerías que se requieren para asegurar la satisfacción de la demanda creciente principalmente de gasolinas, se optó por distribuir los excedentes petroleros entre los gobiernos de los Estados y el entonces Distrito Federal, con lo cual se puso en riesgo a la empresa que ahora finalmente al haberse seguido la misma línea de administración, agudizada por la reforma energética, hace crisis y se muestra incapaz de dotar de combustibles abundantes y baratos a las y los mexicanos. Al verse obligado a importar cada vez más gasolina, el gobierno federal aprovechó la oportunidad e incrementó el impuesto que se aplica a los combustibles y que ha pasado a ser el principal componente del precio al usuario final. La administración pasada decidió aplicar incrementos mes con mes que los habitantes del país denominaron “gasolinazo” y la irritación social creció en la misma medida.

Las libertades civiles

Desde que México emergió en el concierto de las naciones como un país independiente, nuestras leyes fundamentales han reconocido las libertades civiles. A partir de la frustrada entrada en vigor de la Constitución de 1857 se reconoce en toda su intensidad a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación de las ideas y al derecho de asociación. Son consideradas como las principales entre las libertades y derechos políticos y vistas como el piso mínimo para poder calificar a la organización de un Estado como democrática. La Ley Fundamental de 1917, corolario de un gran movimiento social que tuvo como saldo un millón de muertos, tuvo especial cuidado de reconocer y ampliar las libertades políticas mencionadas en natural reacción hacia la dictadura que por espacio de más de treinta años se había padecido.

En la larga lucha por la ampliación de nuestra vida democrática, han sido las y los periodistas así como los medios de comunicación los protagonistas principales de la libertad de expresión ganando día con día nuevos espacios para el ejercicio de estos derechos. Con la alternancia política y la consecuente efervescencia ciudadana, se consolidaron los avances en el ámbito de la libertad de expresión y desde luego de las restantes libertades civiles y políticas que se han venido mencionando. Es así que a lo largo y ancho del territorio nacional pero principalmente en la capital de la República por ser el asiento de los Poderes Federales se registran a diario docenas de muestras de inconformidad en contra de los más variados temas. A partir de la masacre del 2 de octubre de 1968, los gobiernos subsecuentes se han mostrado reticentes al empleo de los cuerpos de policía para contener los desórdenes que llegan a registrarse durante marchas, mítines y concentraciones. Sin embargo, tratándose del impulso a las llamadas reformas estructurales producto de la anquilosada visión neoliberal, los gobiernos de la alternancia no han dudado en lanzar a las instituciones de seguridad pública en contra de la ciudadanía en lo que ha sido ampliamente documentado como la criminalización de la protesta social.

La natural predisposición contraria al alza de los impuestos aunada a la irritación social acumulada por efecto de la aplicación permanente mensual y ahora anual de los incrementos en los precios de los combustibles, pero principalmente por los hechos de corrupción extendidos en todos los niveles de gobierno, ha provocado que se desborde la indignación nacional en ocasión de los últimos gasolinazos. La mayoría del país ha estado siempre en contra de que la Nación se desprenda de sus recursos naturales en general y del petróleo en particular. Las contadas personas que llegaron a estar en su momento a favor de la reforma energética, tuvieron esa simpatía impulsados por un resorte único: la baja en los precios de las gasolinas. Numerosos personeros de las fuerzas políticas que desde siempre han impulsado la transferencia a particulares del petróleo de la Nación adujeron en distintos tonos que la bondad principal de la reforma energética sería la baja en los precios de los combustibles. Por eso, a la irritación natural en contra de los impuestos y de los precios de la gasolina se suma el desencanto y la frustración de la gran mayoría de la población que se siente engañada y traicionada con motivo de la discusión, aprobación y entrada en vigor de la reforma energética.

La criminalización de la inconformidad social

La gente no ha dudado en salir a las calles a protestar. En toda la geografía nacional se han registrado muestras de inconformidad en contra del último y peor gasolinazo. Los incrementos desmesurados han provocado que la irritación devenga en la auténtica indignación que se manifiesta en marchas en las avenidas principales, mítines en las plazas públicas y bloqueos a las instalaciones y depósitos de combustibles. Desde sus inicios, la espontánea organización ciudadana ha proclamado y venido reiterando que se trata de un movimiento pacífico con el único objetivo de que se dé marcha atrás en la imposición de los altos precios de las gasolinas que afectan sustancialmente a la economía de las familias, que se ven forzadas a distraer una parte importante de sus ingresos para destinarla a la transportación ya sea a las escuelas y al trabajo en vehículos propios o recurriendo al transporte público que de manera inminente sufrirá también alzas en las tarifas.

Las manifestaciones en contra de los altos precios de la gasolina y consecuentemente de la reforma energética que los trajo consigo se venían realizando, tal y como lo proclamaban sus participantes, de manera pacífica. Sin embargo, súbitamente se comenzaron a registrar incidentes contra el orden público. Con la pretensión de viciar el origen legítimo y democrático de las protestas, surgieron sujetos desconocidos que se dieron a la tarea de llevar a cabo saqueos principalmente en tiendas de autoservicio y departamentales. A pesar de la infiltración de estos grupos de desestabilización en las movilizaciones ciudadanas, la población no ha dejado de manifestar su ira en contra de lo que considera un despojo de sus precarios ingresos a través del nuevo esquema de precios de los combustibles y en un contexto de impunidad por hechos de corrupción en el país.

El gobierno federal, cuestionado aún por su propio partido, no dudó en sacar a la calle a los contingentes de granaderos esperando que con el transcurso del tiempo las protestas se diluyeran. No obstante, lejos de disminuir, las muestras de inconformidad en contra de los altos precios de la gasolina se han intensificado y extendido. En este contexto, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California con fecha 8 de enero del año en curso tuvo lugar un bloqueo en los almacenes de combustible de Pemex que surten a dicho municipio y el de Tijuana. Como es natural, los medios de comunicación locales y los nacionales enviaron respectivamente a sus reporteros y corresponsales a cubrir un hecho que resulta desde luego de interés informativo pues se refiere a la cadena de eventos que se ha colocado en primer lugar en el interés de la ciudadanía.

La Policía Federal en lugar de hacer un uso racional de la fuerza y de observar escrupulosamente el respeto a que están obligados de las libertades civiles tanto de expresión como de asociación, optó por la utilización indiscriminada de la fuerza. En efecto, los agentes federales agredieron a Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal, a Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y Univisión y a Jesús Bustamante, fotógrafo del periódico Frontera. A los tres comunicadores se les impidió llevar a cabo su labor informativa y además fueron víctimas de violencia por parte de miembros de instituciones de seguridad pública en las que durante casi quince años se ha hecho una cuantiosa inversión de miles de millones de pesos precisamente para capacitarlos para que lleven a cabo su función dentro de los cauces del Estado de Derecho.

Este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía en su legítima protesta y de las y los periodistas que en ejercicio de la libertad de expresión cubren estos acontecimientos que muchos consideran ya de carácter histórico, deben ser puntualmente sancionados aplicando las leyes de orden penal y de responsabilidad administrativa de los servidores públicos a quienes resulten responsables producto de una investigación profunda y exhaustiva de la Fiscalía General de la República.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión requiere con toda atención al titular de la Fiscalía General de la República para que, de conformidad con la preceptiva en la materia, asuma, lleve a cabo y agote la investigación de los hechos en que las y los periodistas mencionados en el cuerpo de esta proposición fueron agredidos para efectos de que se aplique la ley en todas sus consecuencias a los responsables.

Segundo. Se requiera con respeto al titular de la Secretaría de Gobernación para que gire instrucciones a los altos mandos de la Policía Federal a fin de que garanticen que su intervención en ocasión de las muestras de inconformidad de la ciudadanía en contra de los incrementos en los precios de los combustibles se hagan con absoluta observancia y respeto de las libertades civiles de la población.

Tercero. A los titulares de la rama ejecutiva de los tres órdenes de gobierno se les requiere, con toda atención, para que se abstengan de criminalizar la protesta social en ocasión del incremento de los precios de los combustibles y otorguen la garantía de no repetición de agresiones en contra de periodistas que desempeñan su labor informativa en torno a dichos acontecimientos.

En el recinto del Senado de la República, en la Ciudad de México, a 10 de enero de 2017.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se lamenta la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde cuatro personas resultaron heridas y una perdió la vida; y se exhorta al gobierno de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre las acciones emprendidas para erradicar la violencia escolar en la entidad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero, en la ciudad de Monterrey, específicamente en el Colegio Americano del Noreste, se presentó la mayor tragedia de la que se tenga conocimiento en una escuela. Por desgracia, un alumno ingreso a las instalaciones con un arma de fuego e inmediatamente disparó en contra de su maestra y tres alumnos más, para posteriormente dispararse a sí mismo con el propósito de quitarse la vida.

De acuerdo con información difundida por el gobierno de Nuevo León, tres de las cuatro víctimas resultaron con heridas graves, una se encuentra fuera de peligro y el agresor murió por las heridas de bala que se auto infringió.

Si bien en las escuelas de educación básica, media superior y superior se habían presentado casos de violencia, éstos nunca habían escalado a una situación tan grave como la presentada en días pasados en Nuevo León. El ingreso de un arma de fuego a las instalaciones y la intención del alumno de asesinar a sus compañeros y maestra, marca un antes y un después de la violencia escolar en nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del PRI mostramos nuestra consternación y preocupación por los sucesos ocurridos en la escuela de Nuevo León. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los alumnos y la maestra que resultaron heridos, así como con toda la comunidad escolar que se ha visto afectada por esta tragedia. Las senadoras y senadores del PRI hacemos votos por su pronta recuperación y que sean atendidos de manera integral y profesional por las instancias correspondientes.

Reiteramos nuestra preocupación por la violencia escolar que se vive en las escuelas de todo el país. Sin duda, esta es una fuerte llamada de atención a las autoridades educativas –sean federales, estatales o municipales– para fortalecer las acciones que ayuden a erradicar las conductas violentas que pongan en peligro la integridad física y emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar.

Una situación que debe preocuparnos es que la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, ubica a México como el país con el ambiente escolar más violento de las naciones miembro, específicamente en el nivel de secundaría. El organismo internacional destaca que 6 de cada 10 alumnos sufre intimidación, abusos físicos y agresiones verbales.

Sin embargo, aún estamos a tiempo de poder hacer algo en contra de la violencia escolar, más aún, si pensamos que de ninguna manera queremos que en nuestro país se presenten tragedias mayores como las observadas en las escuelas de Columbine y Connecticut, Estados Unidos, o en Sau Paolo, Brasil, en donde los actos de violencia y manejo de armas cobraron la vida de muchos alumnos y profesores.

En México de ninguna manera podemos acostumbrarnos a ver estos tipos de sucesos. Por ello, es momento de tomar medidas inmediatas para prevenir que los alumnos tengan acceso a las armas e ingresen a las escuelas a causar daños y, sobre todas las cosas, que se permita continúen las agresiones entre alumnos, profesores y directivos.

Sin duda, el gobierno de Nuevo León tendrá la enorme responsabilidad de investigar, con pleno respeto a los derechos humanos y secrecía de las víctimas, las causas que obligaron al alumno agresor a tomar esta decisión equivocada. También de informar a toda la sociedad las acciones se vienen instrumentando para erradicar la violencia en las escuelas.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homologas en los estados, deberá asumir el compromiso de revisar, actualizar y robustecer los protocolos para combatir la violencia en las escuelas, tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Sectorial de Educación vigente, a efecto de evitar futuras tragedias.

Hacemos un llamado a la sociedad, en especial a los padres de familia, directivos de las escuelas y maestros, a poner especial atención en los alumnos que presentan conductas antisociales o problemas evidentes, a efecto de que puedan ser canalizados de manera oportuna para ser ayudados profesionalmente.

Los recientes acontecimientos en el Colegio Americano del Noreste, de Nuevo León, hacen evidente que las autoridades educativas tienen el enorme compromiso de fortalecer los programas de prevención y atención de la violencia escolar con el objetivo de atender de manera integral –con la participación de los sectores salud, seguridad pública, prevención de adicciones, el magisterio, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil– la violencia escolar.

Reiteramos nuestro profundo sentir por el doloroso suceso del Colegio Americano del Noreste. A todas las víctimas, a la comunidad escolar de Nuevo León, expresamos la solidaridad de esta institución fundamental del Estado mexicano.

Por lo expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la tragedia ocurrida en el Colegio Americano del Noreste el pasado 18 de enero y expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de la tragedia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León, a que informe a esta soberanía sobre los avances en la instrumentación de acciones para prevenir, erradicar y atender la violencia escolar en la entidad, asimismo, a realizar una investigación transparente, exhaustiva y expedita para conocer las causas de la tragedia.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, a reforzar las acciones encaminadas para evitar que los alumnos ingresen con armas de fuego o punzocortantes en las escuelas de todo el país, a fin de evitar futuras agresiones en el interior de las escuelas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 25 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a redoblar los esfuerzos de protección de los connacionales en Estados Unidos; y a la SHCP, a garantizar la disponibilidad de recursos para asistirlos y protegerlos, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, así como Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, así como el senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 118, 121, 122, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La red consular de México en Estados Unidos es la más grande que tiene un país dentro de otro. México cuenta con 50 consulados en ese país que ofrecen servicios a una comunidad de 34 millones personas de origen mexicano. De esos 34 millones, 11 millones son nacidos en México. Pese a que esta comunidad está dispersa a lo largo y ancho del territorio estadounidense, una gran parte de los migrantes nacidos en México viven en el sur y suroeste del país.1 Los estados con mayor número de connacionales de este grupo son: California (4.3 millones) –en donde vive la comunidad de mexicanos más grande fuera de México (12 millones de personas de origen mexicano)–, Texas (2.5 millones), Illinois (696 mil), Arizona (515 mil), Georgia (272 mil).2 Más de un cuarto del total de los migrantes nacidos en México que vive en Estados Unidos se concentra en tres ciudades: Los Ángeles (1.7 millones), Chicago (684 mil) y Dallas (610 mil).3

Estos mexicanos, sin importar su condición migratoria, contribuyen todos los días al desarrollo social y económico de Estados Unidos a través de su trabajo. El 93% de la población económicamente activa está empleada. Las personas de origen mexicano representan cerca del 11% de la población de Estados Unidos.4 Los mexicanos en Estados Unidos contribuyen con 8% del PIB de ese país.5 Actualmente son el grupo de migrantes que más empresas abren en Estados Unidos. 1 de cada 25 empresas ahí son propiedad de migrantes mexicanos.6

Segunda. Desde inicios de su campaña presidencial, Donald Trump declaró que deportaría hasta tres millones de migrantes irregulares con antecedentes criminales. El gobierno federal mexicano calcula que esta repatriación podría afectar como máximo a un millón de mexicanos indocumentado s con antecedentes penales.7 Reiteradamente, Trump ha asegurado que eliminará el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA con el que 2.1 millones de jóvenes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos antes de la edad de 16 años quedaron protegidos con permisos de trabajo o estudios con la orden del presidente Obama en 2012.8 La revocación de este programa dejaría vulnerables a alrededor de 585 mil jóvenes o dreamers mexicanos a la repatriación.9

Si Trump instrumenta esta política, sería la segunda deportación de esta magnitud en lo que va del siglo. Durante su administración, el presidente Obama deportó 2.8 millones de personas entre 2009 y 2016. Los mexicanos encabezan la lista de nacionalidades de los deportados.10 Aun así, no estamos preparados para dar la atención y protección que esta comunidad necesita y merece. Es imperante redoblar los esfuerzos de la Cancillería, en conjunto con los tres niveles del gobierno, para ampliar el marco institucional y las líneas de acción existentes para la protección de los mexicanos en el exterior. Particularmente en este momento, México debe promover el empoderamiento de la comunidad migrante que reside en Estados Unidos para proveer una protección real y efectiva frente a las amenazas de expulsión.

En los últimos años, el servicio consular se ha profesionalizado, desempeñando una tarea esencial en materia de la protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior, principalmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor proporción de nuestra diáspora. La Secretaria de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 28, ejerce facultades de protección consular. La fracción II del mismo artículo le confiere específicamente a la SRE la capacidad de dirigir el Servicio Exterior en los ámbitos diplomático y consular. Además de su facultad de dirección, es su labor proporcionar protección a los mexicanos, cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y otras funciones federales señaladas en las leyes.11

De acuerdo con datos del cuarto informe de labores de la Secretaria de Relaciones Exteriores,12 entre el l de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, se atendieron 139,501 casos de protección y asistencia consular en materia de derechos humanos, penal, migratoria, civil, laboral y administrativa, mismos que fueron reportados por la Red Consular de México en Estados Unidos.13 Además, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos atendió 90,494 llamadas en atención a dudas e inquietudes sobre las reformas migratorias en ese país.14

En términos generales, esta asistencia podrá mejorar sustantivamente en cuanto se tenga un registro más completo de los connacionales y de su situación migratoria, económica, penal, educativa, familiar e incluso de salud. El Estado mexicano debe tener muy claro que la comunidad migrante se compone de grupos con distintas características que requieren de un seguimiento especializado a sus condiciones: indocumentados, menores, dreamers, mexicanos de segunda y tercera generación, migrantes temporales o de larga estancia, etcétera. Una base de datos ampliada permitirá ofrecer una atención consular pertinente y oportuna, con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

Ante las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, el grupo migratorio más expuesto lo componen los mexicanos con antecedentes penales. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, en noviembre de 2016 había 127,020 casos de pendientes de recibir una sentencia en Estados Unidos.15 Mediante Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América, dentro del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos, los Consulados de nuestro país suscribieron 349 contratos nuevos con abogados, firmas legales y Organizaciones No Gubernamentales, logrando atender 3,400 casos entre ello de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.16 De igual forma, a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, se atendieron a 185 casos, de los cuales se logrando evitar sentencia de pena de muerte a 32 connacionales durante el mismo periodo.17 Aun así, los consulados deben ofrecer un mayor acompañamiento legal, con servicios profesionales de abogados y un seguimiento que garantice el debido proceso y el ejercicio de los derechos de nuestros connacionales.

En el ámbito educativo, en noviembre de 2015 se aportaron 19 millones de pesos a becas para el programa IME-Becas. Además, se destinaron 40 millones de pesos al programa de Plazas Comunitarias. Con ello, y con la colaboración de 200 organizaciones educativas y fundaciones estadounidenses, se otorgaron 12 mil becas. Además, al 31 de agosto de 2016, había 359 plazas’ comunitarias operando en 40 estados de la Unión Americana.18 El Estado mexicano debe garantizar que el acceso a la educación de los mexicanos en Estados Unidos no quede truncado si se levantan apoyos del gobierno local a los migrantes. Para ello, los consulados pueden, promover programas de educación informal, así como la enseñanza del idioma inglés, que debe ser prioritaria.

Asimismo, debe ampliar los fondos de becas, especialmente en el nivel de educación superior. Esto es particularmente relevante ante la posible suspensión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Children Arrivals - DACA) con la llegada de Trump. Cabe destacar que la Cancillería mexicana destinó $1,133,319.48 dólares para dar apoyo a trámites de DACA a 24,071 jóvenes, entre junio de 2012 y el 31 de mayo de 2016.19 Aunado a eso está la suspensión de la instrumentación de la ampliación del Programa DACA20 y del Programa de Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos (Deferred Action form Parental Arrivals-DAPA), programas que buscan evitar la deportación de un segmento de la población indocumentada en Estados Unidos y les permitan el acceso a múltiples servicios, como la educación.21

En cuanto a las amenazas de gravación de las remesas de nuestros connacionales-que en 2015 alcanzaron los 23,683 millones de dólares–,22 el Estado mexicano debe promover mecanismos para proteger el valor integral de los envíos. Cabe destacar que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro recientemente posibilitó la apertura de cuentas de ahorro vía telefónica, Jo cual podría blindar parte del capital de los migrantes. Asimismo, a través del Programa 3x1 para Migrantes, el gobierno federal, estatal y municipal aportan una suma complementaria al dinero que envían los migrantes a sus familias. Además de esto, pueden instrumentarse esquemas de microcrédito e inversión, así como ampliarse los programas de educación financiera en beneficio de los connacionales y sus familias en México.

Asimismo, en casos de repatriación, deberá garantizarse el acompañamiento legal a los migrantes mexicanos que tengan patrimonio en Estados Unidos, para que no lo pierdan tras su repatriación. Cabe destacar que la Secretaria de Gobernación ha hecho difusión sobre las recomendaciones que los migrantes en peligro de deportación pueden seguir para proteger sus bienes.

Alrededor de 300 jurisdicciones en Estados Unidos cuentan con políticas de amparo a los inmigrantes irregulares.23 Es decir que, en muchas ciudades “santuario” los connacionales gozan de protección legal especial. Trump ha amenazado con retirar fondos federales a los estados que no cooperen con su campaña de deportación, lo que podría provocar el levantamiento del amparo con el que cuentan los migrantes. Pese a esta amenaza, ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles han declarado que continuarán con sus políticas santuario. Aun así, para prevenir la criminalización y repatriación de los que podrán verse afectados, los consulados deberán divulgar no sólo los derechos de los migrantes, sino las leyes y reglamentos locales para que sean debidamente cumplidos y evitar así detenciones.

A nivel general, las políticas de protección consular deben estar focalizadas a las familias susceptibles de sufrir rupturas con las repatriaciones. Se debe centrar la atención en los menores estadounidenses hijos de mexicanos, para evitar la separación de sus padres si éstos son repatriados. Los consulados, si bien ya desempeñan labores en materia de reintegración familiar y de apoyo a personas en situación vulnerable, como en estos casos, es fundamental que se garantice la existencia de elementos y recursos suficientes para que esta labor se mantenga efectiva. Asimismo, cabe mencionar que se requerirá la conjugación de las acciones de los tres niveles de gobierno y de otros actores de la sociedad civil, quienes también se desempeñan en el ámbito de apoyo legal, para atender y dar respuesta a los casos que requieran la re unificación de las familias.

Aunado a todas estas acciones que la Secretaria de Relaciones Exteriores ha adoptado en los últimos años para aumentar la protección de los mexicanos en el exterior, como respuesta específica a las declaraciones de Trump en contra de nuestros connacionales, esta dependencia difundió el pasado 16 de noviembre una lista de 11 medidas.24 Los ejes de las acciones se enfocan principalmente en la rama consular, propiciando la cercanía de los consulados a la población. Los puntos son los siguientes:

1. Difundir entre la comunidad mexicana el Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM). Este número telefónico desde EUA sin costo: 185 54 63 63 95 ofrece un primer punto de contacto con el gobierno de México para quien requiera asistencia, información y protección consular.

2. Activar una línea directa (1800), disponible 24 horas, para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes.

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso de la aplicación gratuita para dispositivos móviles MiConsulmex, que contiene información relevante sobre actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios.

24 SRE (noviembre 2016). Estamos Contigo: Acciones Inmediatas. Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en hllps:/Iwww.gob.mxlsre/prensa/estamos-contigo-acciones-inmediatas

4. Aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, él fin de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades.

5. Con la intención de promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad, se aumentará el número de citas para realizar para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento.

6. Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos.

7. Extender el horario de los departamentos de protección de los consulados con el propósito de atender un mayor número de casos.

8. Acelerar la apertura de Ventanillas de Asesoría Financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular.

9. Reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, en el entendido que las políticas locales determinan, en buena medida, la vida diaria de los mexicanos en EUA.

10. Estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles.

11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.

A todos los esfuerzos administrativos de los consulados deben sumarse campañas de sensibilización que promuevan el entendimiento mutuo, el diálogo y el respeto entre diferentes culturas, para combatir la criminalización, la discriminación y la exclusión generadas por el desconocimiento y la desconfianza. En concreto, esto permitirá prevenir crímenes de odio, los cuales incrementaron en 14% entre 2014 y 2015 contra hispanos,25 y 35% en California (de 60 en 2014 a 81 en 2015).26 Al mismo tiempo, son fundamentales las acciones de la Cancillería para impulsar la integración de una comunidad cuya cohesión y organización no es muy fuerte. Por eso es necesario que se fortalezcan las redes entre la Embajada y los consulados, y la población.

A efecto de que la protección consular pueda seguir profesionalizándose y mejorando para el beneficio de nuestros connacionales, particularmente en la incertidumbre que está generando un discurso xenófobo y agresivo del próximo Presidente de Estados Unidos, es indispensable aumentar las capacidades y los recursos de la Cancillería.

Tercera. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio fiscal correspondiente a 2017 contempla una reducción del presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores del 0.29%, con relación al año anterior. No obstante, los recursos destinados a atención, protección, servicios y asistencia consular aumentaron en un 16.5%, lo que significa un incremento de más de 77 mil millones de pesos.

En ese sentido, es importante destacar que en el presupuesto de los últimos dos años destinados a la Cancillería, los fondos asignados a la protección consular han aumentado en promedio 11.7%, en contraste con una reducción promedio del 1.7% del presupuesto total de la dependencia, como se puede ver en la tabla 1.

No obstante, entre enero de 2016 y enero de 2017, el peso se devaluó frente al dólar en 17.7%, pasando de 18.6 a 21.9 unidades por dólar.27 Así, en términos reales, el presupuesto de la Cancillería y de los consulados se ha contraído. Por ello, resulta imperante dotar a los consulados de recursos suficientes, proporcionales al tamaño de sus servicios y de la comunidad migrante a la que atienden.

En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que fortalezca la red diplomática y consular en Estados Unidos de América, con la finalidad de brindar asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen en ese país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional del Migrante para que coordine una estrategia integral de atención a migrantes y sus familias. Misma que deberá incluir convenios con las entidades federativas, así como con organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para elaborar protocolos de actuación que respondan a la normativa nacional e internacional, para la atención de a la población migrante en retorno, tránsito y destino en situación de vulnerabilidad.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantice la disponibilidad de los recursos necesarios que permitan asegurar la oportuna asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen Estados Unidos de América.

Notas

1 MPI, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, a través de http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics- immigrants-and-immigration-united-states#Mexican Immigrants (último acceso 12 de enero de 2017).

2 MPI. U.S. Immigrant Population by State and County

con datos del US Census Bureau’s pooled 2010-2014 American Community Surveys, a través de http://www.migrationpolicy. org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state-and-county?w id-h=1000&height=850&frame=true (último acceso 12 de enero de 2017).

3 MPI, Mexican Immigrants in the United States, a través de http://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states -3#3 (último acceso 12 de enero de 2017).

4 Pew Research Center. (2016). Origen de hispanos en Estados Unidos. Visto en BBC Mundo. (15 de Marzo 2016). Las verdaderas cifras de los hispanos en EEUU y cuánto poder tienen. Revisado el 13 de enero de 2017. Consultado en

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_intemac ional_elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf

5 BBVA Research, Situación. Migración México, a través de https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/docs/SitMig_2012Jul.pdf (último acceso 12 de enero de 2017).

6 Partnership for a New American Economy, Open for Business, a través de

http://www.renewoureconomy.org/sites/aIUthemes/pnae/open forbusiness.pdf (último acceso

7 Así lo afirmó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en noviembre de 2016. Ver Cámara de Diputados (22 de noviembre de 2016), Nota No. 5048, htlp://www5.diputados.oob.mxlindex.php/esIlComunicacion/Aoencia¬de-Noti cias/2016/11-Noviembre/22/5048-Estima-oobierno-de-Mexico-oue-Donald- Trump-podria-deportar-al-pais-menos-de-un-millon¬de-inmiorantes-indocum entados-afirma-Solis-Acero

8 Rodríguez, M. (2016) “Quiénes son los dreamers y cuál es su situación migratoria”. Revisado el 12 de enero en: http://inmigracion.about.com/od/preguntasfrecuentes/a/Qui-Enes-Son-Los- Dreamers-lnformaci-On-De-La-Dream-Act.htm

9 Estimación calculada a partir de datos del Pew Research Center. Del total de poseedores del apoyo DACA, 78% aproximadamente son mexicanos. Krogstad, J.M. (5 de enero de 2017). “Unauthorized immigrants covered by DACA face uncertain future”. En Pew Research Center. Consultado en http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/05/unauthorized-immigrants -covered-by-daca-face-uncertain-Murel

10 Clemente, A. (2016) “Con 2.8 millones, Obama es el que más ha deportado indocumentados”. El Financiero. Revisado el 12 de enero de 2017 en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-millones-obama-es-el-que-ma s-ha-deportado-indocumentados.html

11 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (1976). Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf

12 SRE (septiembre 2016). “Atención Ciudadana a Connacionales en el Exterior” 4to Informe de labores 2015-2016. p 189-218. Consultado el 12 de enero de 2017.

13 Ibídem. P. 190.

14 Ibídem. P. 199.

15 Universidad de Syracuse. (2016). Immigration Court Backlog Tool: Pending Cases and Length of Wait in Immigration Courts. Consultado el12 de enero de 2017. Revisado en

http://trac.syr.edulphptools/immigration/court_backlog/

16 SRE (septiembre 2016). Op. Cit.

17 Ibídem. P. 191.

16 Ibídem. P. 211

19 Ibídem. P.199

20 En noviembre de 2014, el presidente Obama decretó la ampliación de la medida ejecutiva migratoria DACA. Dicha ampliación ofrecía un amparo a aquellos jóvenes que han vivido en Estados Unidos desde el1 de enero de 2010 y que llegaron al país antes de los 16 años de edad de solicitar los beneficios de la acción diferida. Además, ampliaba el periodo de la acción diferida y la autorización de empleo a tres años; el DACA original lo hacía por dos años y limitaba las condiciones a aquellos llegados a los 16 años, nacidos en o después de 1981 y que entraron a EEUU antes de junio de 2007. No obstante, fue suspendido temporalmente por el Juez. Federal del Distrito Sur de Texas. Consultado en https:/Iconsulmex.sre.gob.mxldouglas/images/stories/BOLETINES/2015/dou- bp-006-15%20¬%20suspensin%2Otemporal%20de%20dapa%20y%20daca%20ampliada. pdf

21 En 2014, el presidente Obama anunció la creación de la Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Legales, programa con el que los inmigrantes irregulares padres de ciudadanos americanos y residentes permanentes podrían ser protegidos contra deportaciones y elegidos para solicitar permisos de trabajo si cumplen ciertas condiciones (febrero 2016). “Deferred Action for Unauthorized Immigrant Parents: Analysis of DAPA’s Potential Effects on Families and Children”. En Migration Policy Institute.

Consultadoenhttp://www.mig rationpolicy.org/research/deferred-action-unauthorized-immigrant-parent s-analysis-dapas-potential¬effects-families

22 SRE, (2016) “Numeralia México-Estados Unidos”.

23 Center for Immigration Studies, (Diciembre 2016). “Sanctuary Cities Continue to Obstruct Enforcement, Threaten Public Safety”. Consultado el 13 de enero de 2017 en:

http://cis. org/Sanctuary-Cities-Map

24 SRE (noviembre 2016). Estamos Contigo: Acciones Inmediatas. Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en

https://www.gob.mxlsre/prensa/estamos-contigo-acciones-i nmediatas

25 MCPhate, M. (2016) “Law Center Finds Surge in Extremist Groups in U.S. Last Year”. New York Times. Revisado el12 de enero de 2017 en: https://www.nytimes.com/2016/02/18/us/law-center-finds-surge-in-extremi st-groups-in-us-last_year.html

26 State of California, Department of Justice. (2016). “Attorney General Kamala D. Harris Releases 2015 California Crime Reports”. Revisado el 12 de enero de 2016 en:

https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general- kamala-d-harris-releases-2015¬california-crime-reports

27 Valores máximos de enero de 2016 y enero de 2017 de acuerdo con datos de Banxico 2017.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.

Senadores: Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Ríos Piter (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el estado de derecho y establecer una mesa de diálogo para resolver la problemática prevaleciente en Teopisca, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde principios de año, diversos ejidatarios de Teopisca, Chiapas, han denunciado que el alcalde, Luis Alberto Valdez Díaz, no ha cumplido la construcción de 297 viviendas que se comprometió a realizar con el carácter de prioritario en una reunión con los ejidatarios el 12 de enero de 2016. El 13 de mayo se entregaron 2 millones 430 mil pesos a la constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV, en calidad de “anticipo para acciones de vivienda”.

A mediados de 2016, los beneficiarios comenzaron a percibir el retraso de las obras. Por ello, el 2 de agosto se celebró una reunión de trabajo entre el presidente municipal, el representante de la empresa constructora y los representantes de los ejidatarios beneficiarios de la obra, debido a los atrasos en los trabajos de construcción de las viviendas. En esta reunión se acordó que la empresa constructora reiniciaría el suministro de materiales y tendría mayor comunicación con el Comité de Vivienda, el Comisariado Ejidal y la Dirección de Obras Públicas.

El 26 de septiembre del mismo año, la empresa en comento se comprometió ante las autoridades municipales y los representantes del ejido de Teopisca a entregar 99 viviendas en condiciones óptimas el 26 de diciembre de dicho año. Por su parte, el ayuntamiento se comprometió a realizar gestiones ante los gobiernos estatal y municipal para lograr la gestión de 50 viviendas más y completar 149 para 2016, lo que representaba la mitad más uno de las 297 viviendas prometidas. Asimismo, el ayuntamiento de comprometió a completar las 148 viviendas restantes en 2017.

No obstante lo anterior, el retraso de las obras fue evidente, y el 7 de noviembre de 2016 se celebró una reunión en la Subsecretaría de Atención Municipal de la Secretaría de Gobierno y del estado, entre los representantes de las localidades, el subsecretario de Atención Municipal, representantes de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres, el presidente municipal de Teopisca y el representante de la empresa constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV. En dicha reunión se acordó un calendario, para que la empresa cumpliera en tres meses sus obligaciones, señalándole que en caso de incumplimiento sería sancionada administrativa y judicialmente, y sería requerida para ejecutar de inmediato los trabajos.

Sin embargo, según reportan los beneficiarios, hasta la fecha únicamente se han construido 7 viviendas. Por ello, el pasado lunes 16 de enero de 2017, un grupo de ejidatarios de la cabecera municipal decidieron suspender el servicio de agua potable y cerraron el edificio de la presidencia municipal, colocando candados en la puerta, para presionar y exigir que el presidente municipal cumpla con sus compromisos. Consecuentemente, otros servicios municipales se han suspendido y las calles lucen llenas de basura provocando un foco de infección para la población.

Desde el pasado viernes 20 de enero, ejidatarios exigen la renuncia de Valdez Díaz y que el Congreso local instale un concejo municipal, donde estén representadas todas las fuerzas del municipio. Ante estos hechos, los agentes rurales, jueces y demás representantes de las 48 comunidades de ese municipio acordaron que el presidente municipal y los directores de las diversas áreas administrativas, despacharán de manera provisional en el ejido Betania.

Acto seguido, se trasladaron los poderes municipales a la comunidad de Betania, en los límites con San Cristóbal de las Casas, donde sesiona el cabildo desde el pasado lunes 23 de enero. Pero, ese mismo día los ejidatarios instalaron el bloqueo en el kilómetro 116, en la Vía Panamericana, tramo San Cristóbal de las Casas-Comitán de Domínguez (en las cercanías de Betania) en demanda de la renuncia del presidente municipal, porque desde octubre del 2015, no ha realizado las obras a que se comprometió en su campaña, ni en la cabecera municipal ni en las comunidades del municipio.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que por conducto de las autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, se garanticen la seguridad y el estado de derecho en Teopisca.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que por conducto de las autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, de manera conjunta y coordinada con el ayuntamiento de Teopisca, se restituyan los servicios públicos del municipio.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de Teopisca, con absoluto respeto de su soberanía y autonomía, respectivamente, a establecer una mesa de diálogo entre los ejidatarios afectados, el presidente municipal de Teopisca, la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres y la Subsecretaría de Atención Municipal de la Secretaría de Gobierno y del estado, que garantice la ejecución de los acuerdos realizados entre estas autoridades y la empresa constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV, en favor de los beneficiarios, a fin de resolver la problemática prevaleciente en el municipio.

Cuarto. Se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la práctica de cesáreas en el país, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos y abarcan todos los aspectos de la vida, como: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, entre otros.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas.

A pesar de lo anterior, siguen existiendo diversas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres, por ejemplo, en algunas regiones sigue habiendo niveles demasiados altos de mortalidad materna.

Por lo anterior, la protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrada en leyes y políticas nacionales firmemente enraizadas en las normas internacionales de derechos humanos.

En el ámbito internacional, una serie de conferencias internacionales realizadas en el marco del alcance de los derechos humanos, como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, han alertado sobre la importancia del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, definiendo a la salud sexual y reproductiva como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.

En nuestro país, el derecho a la protección a la salud se señala en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política que dispone:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general...”

Habiendo dicho lo anterior, reconocemos que las ciencias de la salud tienen como principal objetivo el control de los procesos naturales para mejorar la salud humana y es innegable reconocer los incuantificables beneficios que en este campo han logrado conquistar, sin embargo, en lo referente al parto, se han venido utilizando prácticas de forma sistemática, mecánica y medicada, las cuales muchas veces derivan en situaciones de riesgo y violencia para las mujeres.

“Entendemos por violencia obstétrica toda conducta, acción u omisión, realizada por personal de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”, esto según la definición de Graciela Medina, quien es Abogada y Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza en Argentina.

Y según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, que incluye los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva y la cual se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y después del parto en los servicios de salud.

Asimismo la Doctora Graciela Medina ubica dos modalidades de violencia obstétrica:

• Física: Es cuando se realiza en la mujer prácticas invasivas y suministros de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona que va a parir, o cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades de parto biológico.

• Psicológica: Es el trato deshumanizado, grosero, discriminativo y humillante que recibe la mujer cuando va a pedir asesoramiento, comprende de igual modo la omisión de información sobre la evolución de su parto.

Como ya mencionamos anteriormente, prácticas de la ciencia de la salud como la cesárea pueden salvar vidas pero también las arriesga cuando es innecesario. En nuestro país, miles de mujeres son sometidas a una cirugía que no necesitan y compromete su salud y la de sus bebés. Casi la mitad de los partos en México son realizados por cesárea, tres veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y los motivos señalados por la Organizaciones no Gubernamentales son preocupantes: dinero y comodidad.

De 2010 a 2015, el 45 por ciento de los nacimientos en nuestro país fueron mediante cesáreas, lo anterior, según cifras de la Secretaria de Salud, cuando la OMS recomienda que la tasa no exceda el 15 por ciento. Este aumento no ha producido ningún beneficio sustantivo para la madre o el recién nacido.

Los médicos que aplican la cesárea explican que esta reduce los riesgos del parto natural, sin embargo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), considera que en realidad tiene que ver con los beneficios económicos y la facilidad para los médicos.

“En general es un tema de horarios, pues la espera por un parto natural puede tardarse muchas horas, en ese caso los médicos prefieren inducirlo con oxitocina o programar una cesárea”, lo anterior según Regina Tamés, Directora de GIRE.

Pero el problema no radica en las cesáreas, sino que se abusa de ellas. “Nueve de cada diez bebes pueden nacer por ellos mismos, solo entre 13% y el 16%, aproximadamente, requieren de ayuda directa del ginecobstetra, lo anterior según Norberto Reyes Paredes, subdirector del servicio de ginecología del Instituto Nacional de Perinatología.

La falta de información sobre las opciones de partos naturales, el interés económico de hospitales privados y doctores por obtener altas ganancias y el poco personal médico en el sector salud causan que un alto porcentaje de los partos sean por cesárea.

De 2010 a 2015 ocho de cada diez nacimientos en hospitales privados (2 millones 51 mil) y cuatro de cada diez en hospitales públicos (3 millones 504 mil) fueron por cesárea, según datos brindados por la Secretaria de Salud.

En el sector público hay un gran problema entre el número de médicos y pacientes, por tal motivo muchos médico del sector público prefieren practicar la cesárea, para reducir el tiempo de espera y brindar atención rápida, mas no de calidad, al gran número de pacientes.

En el caso de los hospitales privados, los motivos para practicar cesáreas son diametralmente distintos y obedecen a un factor económico.

A pesar de lo anterior, no puede apelarse a estas situaciones como justificación para violentar los derechos de las mujeres que hacen uso de los servicios de salud y no puede constituir un obstáculo para la adecuada provisión de una atención de calidad, respetuosa y atenta a los derechos humanos.

En cada situación de violencia obstétrica se puede observar la vulneración de más de un derecho, es por ello que urgimos a promover la reflexión y sensibilización del personal de salud sobre este tema en particular para lograr cambiar aquellas prácticas violatorias de los derechos de las mujeres.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de Salud de los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen de manera puntual que el procedimiento quirúrgico conocido como “cesárea” se lleve a cabo de manera responsable y no sea impuesto por el personal médico de los hospitales públicos y privados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar una investigación por presuntas violaciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales por la ciudadana Aída Arregui Guerrero cuando se postuló como candidata a diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 17, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 36, 40, 41, 43, 44, 53, 55, 56, 62, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 134 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

Como puntos fundamentales de esta reforma se encuentran:

1) La creación de la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; 2) Que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; 3) El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe de gobierno de la Ciudad de México; 4) El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; 5) El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, que son órganos político administrativos que se integrarán por un alcalde y por un concejo electos para un periodo de tres años; 6) Se establece el régimen transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

A fin de conformar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la fracción VI del artículo séptimo transitorio de esta reforma Constitucional estableció , entre otras cosas, los requisitos y prohibiciones para ser electo como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, entre los que se indica, en su inciso n) una prohibición expresa para “No ser ministro de algún culto religioso” , y a la letra señala:

“VI. Para ser electo diputado constituyente en los términos del presente apartado, se observarán los siguientes requisitos:

...

n) No ser ministro de algún culto religioso ; y

...”

Segunda. El Constituyente Permanente determinó el procedimiento para la elección de las diputaciones que integrarán la Asamblea Constituyente, con el fin de que los poderes constituidos puedan llevar a cabo sus atribuciones con base en un marco constitucional propio de la Ciudad de México, por lo que el poder revisor de la Constitución otorgó al Instituto Nacional Electoral la potestad de llevar a cabo el procedimiento electoral, el cual, por mandato constitucional debió ajustarse a las reglas generales aprobadas por la autoridad administrativa electoral a través de su Consejo General.

En este orden de ideas el Instituto Nacional Electoral emitió convocatoria respectiva para que los partidos políticos nacionales pudieran participar en la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, registrando listas con fórmulas integradas por propietarios y suplentes, conforme a las reglas establecidas en el artículo séptimo transitorio, Apartado A, fracción I, del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, así como en las previstas en los Lineamientos que para tal efecto emitió el Consejo General del Instituto, la cual dentro en su Base Segunda señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y a la letra dicen:

“Bases

Primera . El domingo 5 de junio de 2016, se llevará a cabo la elección de sesenta diputados y diputadas para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Segunda . Podrán participar como candidatos para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las y los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos :

a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

c) Ser originario de la Ciudad de México o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección;

d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;

e) No estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando de policía en el Distrito Federal, cuando menos sesenta días antes de la elección;

f) No ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

g) No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

h) No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni consejero presidente o consejero electoral de los consejos General, locales, distritales o de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo de dichos institutos, ni pertenecer al servicio profesional electoral nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos, tres años antes del día de la elección;

j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; resultando aplicable en cualquier caso lo previsto en el artículo 125 de la Constitución;

k) No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni magistrado o juez federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

l) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucional del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

m) No ser secretario en el gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública local, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

n) No ser ministro de algún culto religioso ;

o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padrones de afiliados de los partidos políticos, con fecha de corte al 1º de marzo de 2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular postulados por algún partido político o coalición, en las elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente”.1

Sin embargo, a pesar de existir prohibición exprofeso sobre “No ser ministro de algún culto religioso” para poder aspirar al cargo de diputado electo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ha salido a la luz pública información respecto de que la ciudadana Aída Arregui Guerrero , postulada por el Partido Encuentro Social, es ministro de un culto religioso y ocupa el cargo de secretaria de la asociación religiosa denominada “Comunidad Cristina Río Poderoso”, tal y como se desprende de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre de 2010 en el que se señala:

“Diario Oficial de la Federación: 12 de octubre de 2010 .

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Río Poderoso, para constituirse en asociación religiosa .

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada: Comunidad Cristiana Río Poderoso, para constituirse en asociación religiosa? solicitud presentada en la Dirección General de Asociaciones Religiosas, para su trámite respectivo? cuyos datos principales son los que a continuación se señalan:...

III. Estatutos : Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina, la determinación de los asociados, ministros de culto y representantes, mismos que señalan como objeto, el siguiente: Predicar la palabra de Dios a toda persona y hacer de Jesús el Mesías un tema ineludible para todo el mundo. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar nuestra doctrina. Participar por si misma o asociada con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones médicas y de salud, sin fines de lucro .

...

VIII. Órgano de gobierno : De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina “Comité Ejecutivo Nacional”, que se encuentra integrado por las personas y cargos siguientes: Efrén Ruiz Cabral, Presidente, Aida Arregui Guerrero, secretaria y Pablo César López Valle, tesorero.

...

Expedido en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diez. El director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Paulo Tort Ortega. Rúbrica”.2

La diputada constituyente Aida Arregui fue pastora de una iglesia cristiana, según el registro que aparece en la página que habilitó la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados la cual para el Partido Encuentro Social señala:

“ Grupo Parlamentario Encuentro Social

Integrante

Aída Arregui Guerrero

Relaciones públicas

Fue pastora de una Iglesia cristiana

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Av. Congreso de la Unión, Nº 66 Edificio D 4to. piso Col. El Parque
Delegación Venustiano Carranza CP15960 Ciudad de México
Teléfono: 5036-0000 Ext. 57071 y 57075”3

Asimismo la Secretaría de Gobernación mediante oficio número AR-02-R/13969/2015, relativo al expediente SGAR/3503/2010, con número de referencia 10889/2015, de fecha 3 de diciembre de 2015 , emitido por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dirigida al C. Efrén Ruíz Cabral, representante legal de la “Comunidad Cristiana Río Poderoso A.R.” da cuenta a la baja de Aida Arregui Guerrero como ministro de culto religioso ocurrida en septiembre de 2015, donde se asienta que se separa del cargo como ministro de un culto religioso con solo unos meses de antelación al proceso electoral para la elección de Diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es decir que no cumple con el requisito de haberse separado del cargo cinco años antes tal y como marca la ley para ser electo a un cargo de representación popular.

Por otra parte, se ha presentado una queja electoral ante el Instituto Nacional Electoral, la que se encuentra radicada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral bajo el número de expediente UT/SCG/Q/JRT/CG/64/2016 por presuntas las violaciones cometidas por la C. Aida Arregui Guerrero al postularse y ser electa como Diputada al Constituyente de la Ciudad de México sin haberse separado de su cargo como ministro de culto religioso cinco años antes como mandata la Ley.

Es decir, existe evidencia documental, basta y suficiente, de carácter oficial, la cual es prueba plena, de que la C. Aida Arregui Guerrero violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 primer párrafo, 115 primer párrafo, 122 inciso A) fracción I; 130 párrafo primero incisos d) y e); así como la fracción VI del artículo séptimo transitorio inciso n) de la reforma Constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México de 2016.

Igualmente con su postulación y posterior elección la C. Aida Arregui Guerrero transgredió la Base Segunda inciso n) de los Lineamientos que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; Los artículos 4 y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos incisos i) y m); los artículos 380 inciso d) y 442 inciso l) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Todo en razón de haberse registrado para contender como candidata a Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a sabiendas de:

1) Que no cumplía con los requisitos de elegibilidad en razón de NO haberse separado de ejercer como ministro de culto religioso cuando menos cinco años antes de haberse registrado como candidata a diputada para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Encuentro Social;

2) Por haber declarado bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad electoral que sí cubría con los requisitos Constitucionales y legales para contender por el mencionado cargo;

3) Por haber realizado campaña al efecto, estando prohibido por ley;

4) Por haber tomado protesta del cargo una vez electa.

Tercera . La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas (Iglesia) se mantienen separadas teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Es una de las medidas por las cuales se busca el establecimiento de un Estado Laico. La separación Iglesia-Estado está íntimamente relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia.

El principio de separación Iglesia Estado y el sostén del Estado laico mexicano se encuentra consagrado en los artículos 40, 115 párrafo primero, 122 inciso A fracción I párrafo primero y 130 de nuestro Código Político fundamental y que a la letra señalan:

“Artículo 40 . Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal , compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular , teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

...”

“Artículo 122 . La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico . El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.

...”

“Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo . Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados .

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios .

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley”.

Cuarta. Cabe señalar que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, y que tiene como finalidad, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral establece:

“Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley .

Artículo 16 . Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.4

Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos establece:

“Artículo 25 . ...

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión , así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

...

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;”

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a la letra dice:

“Artículo 380 .

1. Son obligaciones de los aspirantes :

a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley;

...

d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias . Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

...”

“Artículo 442 .

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley :

a) Los partidos políticos;

b) Las agrupaciones políticas;

c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular;

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

...

l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión , y

...”

“Artículo 458 .

...

4. Cuando el instituto o los organismos públicos locales tengan conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes .

...”

Asimismo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público indica:

“Artículo 14 .

Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular , ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo . Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses.”

Con base en las disposiciones legales vigentes y a la información existente, no se debió haber aceptado el registro de la Aida Arregui Guerrero para contender al cargo de diputada a la Asamblea Constituyente por el Partido Encuentro Social, ni por ningún otro partido, y mucho menos que ocupe una curul como diputada constituyente, toda vez que no cumple con lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella emanan.

Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta Soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación de oficio por las presuntas violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales cometidas por Aida Arregui Guerrero, al postularse como candidata a diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México través del Partido Encuentro Social a sabiendas de que no cumplía con los requisitos de elegibilidad en razón de no haberse separado de ejercer como ministro de culto religioso cuando menos cinco años antes, de haberse registrado como candidata a diputada, haber declarado bajo protesta de decir verdad ante la autoridad electoral que sí cubría con los requisitos Constitucionales y legales para contender, por realizar campaña al efecto, estando prohibido por ley y tomar el cargo una vez electa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que en plena autonomía de su mandato Constitucional haga un llamado a la C. Aida Arregui Guerrero, a fin de que solicite licencia definitiva a fin de no contaminar y alterar la votación de la Primera Constitución de la Ciudad de México, por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en sus artículos 40 primer párrafo, 115 primer párrafo, 122 inciso A) fracción I; 130 párrafo primero incisos d) y e); así como la fracción VI del artículo séptimo transitorio inciso n) de la reforma Constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México de 2016 y a la Base Segunda inciso n) de los Lineamientos que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; y a los artículos 4 y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; 25 de la Ley General de Partidos Políticos incisos i) y m); 380 inciso d) y 442 inciso l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Notas

1 Convocatoria para la elección de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/E stados/rsc/docs/Convocatoria_AC_CDMX_2016.pdf

2 Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2010. Extracto de la solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Río Poderoso

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV2qoy3xYexAAoPrD8Qt.;_ylu=X3oDMTByOHZ
yb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg/RV=2/RE=1484602409/RO=10/RU=
http%3a%2f%2fdof.gob.mx%2fnota_detalle.php%3fcodigo%3d5162801%26fecha%3d12%2f10%2f2010/RK=
0/RS=SU3Jaf0fUXhSlyjyc2CnG82bgA4-

3 Página habilitada por la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados LXIII Legislatura. http://constitucioncdmexico.com/encuentro-social.html

4 Artículo reformado Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmde.htm

Recinto de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a difundir medidas y acciones de mejora por establecer a fin de transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir las obligaciones de rendición de cuentas señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.

Por tal motivo, el gobierno federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 , la meta nacional México Incluyente con el objetivo de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Para lograrlo se emitió el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-20182 , el cual estaría a cargo de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.

Dentro de las problemáticas que busca el programa en comento se encuentra el desarrollo social de esta población reconociendo que la mayor parte de la población indígena no cuenta con el acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda digna y sus servicios de agua potable, drenaje y electrificación a los que tiene derecho todo mexicano.

Para tal motivo, en dicho programa se estableció, el Objetivo 2. “Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los pueblos indígenas” a fin de dar atención a la Meta Nacional México Incluyente, en lo que respecta a su objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente” y la Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”.

No obstante lo anterior, según los resultados de la Encuesta Nacional de Indígenas3 , elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, se describía la situación de la población indígena bajo discriminación, marginación y pobreza, exclusión y analfabetismo.

Lo anterior, refleja que en México se considera a los indígenas como la población más marginada y excluida, la que no tiene ningún tipo de representación política propia, y son precisamente los pueblos originarios, donde la pobreza es cíclica.

A su vez, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 20154 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México:

• Había 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más de edad que hablaban alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres.

• 45.3 por ciento de la población que hablaba lengua indígena tenía menos de 30 años, esto es, el segmento de la población de 3 a 14 años, representaban 20.4 por ciento y los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento.

• 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena eran analfabetas.

• El porcentaje de niños hablantes de lengua indígena que no asistían a la escuela, en edad preescolar (de 3 a 5 años) era de 64.4 por ciento.

• La escolaridad acumulada de la población mayor de 15 años de edad era de 5.7 años.

Estos resultados confirmaban que aún no se había generado igualdad entre los mexicanos ni mucho menos el impulso al desarrollo individual y colectivo de este segmento de la población.

Para atender esta situación, el gobierno federal dio continuidad al Programa de Apoyo a la Educación Indígena (S178)5 a cargo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas mismo que ha tenido por objeto apoyar la permanencia escolar de estudiantes indígenas en todos los niveles.

Dicho programa opera en cuatro modelos de atención:

• Casas del Niño Indígena, en las que se brinda diariamente alimentación, hospedaje y actividades complementarias a estudiantes indígenas que no cuentan con servicios educativos.

• Comedores del Niño Indígena, en los que se otorga diariamente alimentación y se realizan actividades complementarias.

• Apoyos a Instancias Comunitarias y Organizaciones de la Sociedad Civil que operan espacios comunitarios dirigidos a estudiantes indígenas de nivel básico y medio superior; y

• Becas de Educación Superior que se otorgan mensualmente y apoyo a titulación para estudiantes indígenas que cursan estudios de nivel licenciatura.

En 2016 se identificó la asignación presupuestal de este programa en mil 233.04 millones de pesos, siendo ajustado a mil 025.60 millones de pesos (presupuesto modificado).

De la revisión del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 20166 , se identificó que sólo se habían erogado 661.21 millones de pesos, lo que igual a 64.5 por ciento del presupuesto modificado.

Estos resultados no permiten conocer la cantidad de estudiantes indígenas en las casas y comedores del niño indígena y en las casas y comedores comunitarios del niño indígena que son atendidos, ni mucho menos la población estudiante indígena por grado de estudios que es apoyada con una beca.

En otras palabras, no es posible conocer de manera particular el impacto del programa en la población objetivo, ni conocer la oportunidad y la calidad de los bienes y servicios, ni si éstos cumplen con los criterios mínimos de calidad e higiene o, en su caso, si los apoyos económicos que se otorgan son oportunos; todo lo anterior en gran medida por un monitoreo insuficiente lo que provoca que no se generé información que alimente los posibles acciones de mejora en dicho programa.

Con los datos públicos no es posible conocer el impacto que tiene sobre la permanencia, deserción y aprendizaje de la población indígena que se busca apoyar.

Por igual, no es permisible conocer las localidades de los municipios que da cobertura el programa, ni aquellas en las que el programa aún no opera, situación que no permite conocer si éste evoluciona al ritmo y crecimiento de la población indígena en México, y en consecuencia, saber con precisión si los recursos dispuestos en este programa han sido suficientes o por el contrario escasos y en su caso, deban ser incrementados.

En ese sentido, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena presenta aspectos susceptibles de mejora siendo la principal la del diseño para mejorar las definiciones y métodos de cálculo de la población potencial, objetivo y atendida, cuyo avance no fue posible consultar ni identificar alguna fecha compromiso presumible para su atención.

Por lo anterior y a modo de conclusión, es prioritario exhortar a la directora general de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas a que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y garantice con ello apoyar la permanencia escolar de estudiantes indígenas de todos los niveles educativos, el otorgar servicios de alimentación y hospedaje, así como becas y apoyos económicos para la titulación de estudiantes indígenas de nivel superior y contribuir así a hacer efectivo el derecho a la educación de las comunidades indígenas a nivel nacional.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la directora general de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas a que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y cumpla con el objetivo de garantizar la permanencia escolar de estudiantes indígenas de todos los niveles educativos, el otorgar servicios de alimentación y hospedaje, así como becas y apoyos económicos para la titulación de estudiantes indígenas de nivel superior y contribuir así a hacer efectivo el derecho a la educación de las comunidades indígenas a nivel nacional.

Notas

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 16 de enero de 2017.

2. Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, disponible en http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-i ndigenas-2014-2018.pdf, consultado el 16 de enero de 2017.

3. Encuesta Nacional de Indígenas - UNAM en 2015, disponible en http://www.losmexicanos.unam.mx/indigenas/index.html, consultada el 16 enero de 2017.

4. Encuesta Intercensal 2015 – INEGI, disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensa l/, consultada el 16 de enero de 2017.

5. Programa de Apoyo a la Educación Indígena (S178), disponible en http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?i d=47S178, consultado el 16 de enero de 2017.

6. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 16 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y autoridades de salud y de seguridad pública a implantar con los padres de familia estrategias para prevenir la violencia en las escuelas, suscrita por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero un joven de 15 años, alumno del Colegio Americano del Noreste, ubicado en Monterrey, ingresó al plantel con un arma de fuego, disparó contra varios de sus compañeros y su maestra, para después amenazar al resto y, por último intentar suicidarse.

Esta terrible situación tuvo lugar minutos después de las ocho de la mañana. El agresor, estando dentro del salón de clases, hizo el primer disparo e hirió en la cabeza a uno de sus compañeros que se encontraba a poco más de un metro de distancia. El atacante disparó también en contra de su maestra, quien se encontraba repartiendo hojas a los demás estudiantes. Después del segundo disparo, el resto de los jóvenes intentaron resguardarse bajo sus pupitres. No obstante, el atacante de nueva cuenta utilizó su arma en contra de un compañero que estaba arrinconado y contra dos estudiantes que estaban recargadas sobre la mesa.

Segundos después de haber empezado el tiroteo, de acuerdo a un vídeo filtrado por las autoridades encargadas de la investigación, el joven estudiante hizo una pausa y se llevó la pistola calibre .22 a la cabeza para quitarse la vida; sin embargo, el primer intento no fue exitoso por lo que se encaminó a recargar el arma, la apuntó en su boca y la detonó. Éste cayó de inmediato al suelo, en ese momento, sus compañeros salieron corriendo del aula

El saldo oficial hasta el momento de este lamentable hecho, de acuerdo al Secretario de Gobierno del Nuevo León, Manuel González, es el fallecimiento del agresor en las inmediaciones del hospital donde estaba siendo atendido. Además, permanecen en estado de gravedad tres menores de edad que resultaron heridos durante el tiroteo. Entre ellos se encuentran una alumna de 14 años, un estudiante de 15 y la maestra, quien presenta lesiones en el cráneo. Otro estudiante más de 14 años está fuera de peligro porque solo tuvo heridas de bala en un brazo.

De acuerdo a las evidencias expuestas hasta el momento por las autoridades encargadas y medios de comunicación extraoficiales, los hechos sucedidos en Monterrey tienen características muy similares a los ocurridos en otras partes del mundo, en específico en escuelas de Estados Unidos y Europa.

Se trata siempre de un agresor armado que dispara contra sus compañeros y maestros; que lo hace con precisión y casi siempre a la cabeza y que finalmente se suicida. Los perpetradores suelen padecer problemas emocionales como depresión, que de acuerdo a declaraciones de los padres del agresor, el joven estudiante sufría, por lo que recibía terapia.

En la actualidad son muchos los aspectos que pudieron intervenir, no solo podemos señalar lo personal como el detonante principal para que una persona decida llevar a cabo tales actos, nuestra sociedad está familiarizada con la violencia, la cual en los últimos 20 años se ha recrudecido.

En muchas ocasiones y, sin intención alguna, desde casa se educa a los menores de edad en un ambiente familiarizado con la violencia. No basta con vivir en zonas de alto impacto para ser testigos de la violencia que asola a nuestro país, las tecnologías nos han acercado potencialmente. Resulta sencillo prender la televisión para encontrarnos con la violencia que se genera en las calles, o bien, podemos cambiar de canal y ahí descubriremos que nos ofrecen diversos productos de entretenimiento con alto contenido explícito y violento.

La situación no termina ahí, donde quiera que enfoquemos nuestra atención encontraremos violencia, en la música, en el cine, en los videojuegos, en las redes sociales, en la casa, etc. Dichos aspectos intervienen de manera directa en la formación de personalidad de las niñas, niños y adolescentes.

Es importante que se tomen acciones transversales donde intervengan los sectores de educación, salud, y de seguridad pública, y los padres de familia, con la intención de prevenir situaciones como las acontecidas en días pasados.

No es la primera vez que la violencia alcanza a un plantel educativo, recordemos que en 2014 un estudiante de secundaria asesinó a balazos a un compañero en una escuela ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Si bien en los últimos años se han tomado las precauciones pertinentes en materia de seguridad, como el programa mochila segura, hoy más que nunca necesitamos ya no solo de acciones reactivas que intenten subsanar los daños, es momento de ser proactivos al resolver problemáticas, más aun cuando se trata de nuestras niñas, niños y jóvenes que, por su condición, resultan más vulnerables.

No dejemos que la violencia nos rebase, si bien en momentos como el que hoy vivimos nos sentimos alcanzados, estamos a tiempo de poder revertir posibles situaciones en el futuro.

Nueva Alianza se proclama en contra de la violencia, en esta ocasión en lo que se refiere a los planteles educativos. Por ello, instamos a las autoridades en materia educativa, de salud, seguridad pública y, en especial, a los padres de familia, a generar los espacios y aspectos propicios que den paso a una formación socioemocional para una sana convivencia. Pugnamos porque en cada centro educativo del país se generen estrategias que involucren a los actores que intervienen en la educación y formación de nuestros jóvenes con la intención de informar, orientar, identificar y prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Nuestra Constitución Política nos conmina, en su artículo 4°, a garantizar de manera plena sus derechos humanos,

“[...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [...]”

En la actualidad, una de las principales problemáticas con las que se encuentran los educadores es que los padres han delegado su responsabilidad de primeros educadores, lo cual de a poco pero cada vez más frecuente ha tenido altos costos sociales, morales, afectivos y emocionales.

Por ello, invitamos a los padres de familia, a través de este exhorto, toda vez que ellos son los principales responsables de trasmitir valores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades de Salud y Seguridad Pública, lleve a cabo mesas de diálogo orientadas a identificar y generar estrategias para prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades de Salud y Seguridad Pública, implemente las estrategias provenientes de las mesas de diálogo, con la intención de involucrar a los padres de familia a fin de prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Cámara de Diputados, Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa de Valsequillo, formalmente llamada como Presa Manuel Ávila Camacho, es una presa de México construida en 1946, que ha formado el cuerpo de agua más grande de Puebla, comprende el área del lago de Valsequillo, en el que confluyen los ríos Atoyac –el río Balsas en el estado de Puebla– y Alseseca.

La presa lleva a cabo el servicio ambiental de depuración y retención de sólidos suspendidos para las cuencas del río Atoyac y río Alseseca en los estados de Puebla y Tlaxcala. La contaminación en la presa de Valsequillo es generada por los desechos acarreados en los cauces de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que a lo largo de su recorrido atraviesan parques industriales y empresas dedicadas principalmente a los sectores: textil, químico, construcción, electromecánica automotriz y petroquímica; de igual forma recibe colectores industriales y municipales.

A lo largo de los años se han observado altos niveles de contaminación dentro de la presa, el agua no es potable y el consumirla presenta altos grados de riesgo para la salud. En la población conocida como José Tejaluca, contigua a la presa, se detectan niños que presentan niveles elevados de concentración de plomo en la sangre, deficiencias congénitas en manos, pies así como labio leporino y paladar hendido, todo esto a consecuencia de la contaminación del agua dentro de la presa. A pesar de la contaminación del lago, las personas que habitan alrededor del mismo, continúan utilizando el agua provocando daños irreversibles a su salud.

La plaga de mosquitos, producto de la contaminación del agua de Valsequillo, es el problema más urgente que deben atender las autoridades a nivel federal y estatal, ya que los habitantes de los pueblos y comunidades que habitan alrededor, están obligados a soportar no sólo el fétido olor, sino la plaga que está afectando la vida económica y social de la población, ya que deben destinar un recurso de sus ingresos para ahuyentar a los mosquitos, lo que repercute en su economía y en la calidad de vida. Se presenta también dificultad de emprender proyectos turísticos en la zona, sin el previo saneamiento del embalse y la erradicación de la plaga de mosquitos; se entorpecen actividades como la navegación y la pesca y como consecuencia, la muerte de peces (carpas y tilapias) por las condiciones del agua del embalse, así como de ganado vacuno que se alimentaba de las malezas acuáticas contaminadas.

Los afectados por la plaga de mosquitos son miles de habitantes, cuyos hogares se encuentran a las orillas de la laguna de Valsequillo en las localidades de San Baltazar Tetela, los Ángeles Tetela, San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacán, San José del Rincón, San José Tejaluca, Santa María Guadalupe Tecola y San Pedro Zacachimalpa.

En cuanto a la salud de la población, es notablemente mermada con enfermedades asociadas a la contaminación del río Atoyac como leucemia, déficit de atención, alta concentración de plomo en la sangre en menores de 15 años, enfermedades bacterianas y renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural y afectación de la médula ósea, con independencia de aquéllas que propiamente los mosquitos pueden transmitir.

Es lamentable que las y los poblanos padezcamos permanentemente los embates de la plaga de mosco, ya que desde 2006, hay evidencia hemerográfica, primero de la relación que establecen los pobladores entre la existencia del lirio, la contaminación de la presa y la plaga de moscos, segundo, de lo prioritario para la población de éstos como un problema urgente, así como de la petición por parte de los pobladores a las autoridades para que se retirara esta vegetación acuática, desafortunadamente sin éxito.

Para 2007, las quejas de la población continuaban, como al parecer, la renuencia de la autoridad para retirar el lirio.

Posteriormente, en 2015 nuevamente se presentó la petición de la intervención de a la autoridad para controlar o erradicar a los moscos, mediante medios químicos, sin perderse de vista la necesidad del saneamiento del embalse.

Es de suma importancia dadas las afectaciones económicas, en la salud de los habitantes, el daño al medio ambiente, y la alteración en el modus vivendi , que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen en coordinación para dar solución a la problemática de la presa Manuel Ávila Camacho.

Sobre el relativo, organizaciones civiles y académicos han realizado un diagnostico poco alentador sin la participación, coordinación y destino de recursos públicos para menguar y mejor aún, poner fin a la plaga de mosco. Entre las posiciones de académicos, destacan los distintos retos a enfrentar:

1. Habría que controlar a las industrias que descargan sus desechos en el río Atoyac.

2. El grado de contaminación que presenta.

3. Inaplicación de las leyes ambientales, ya que han demostrado incapacidad para garantizar el mantenimiento y evitar el daño ecológico, han demostrado ser caducas e inoperantes para los fines establecidos.

4. Carencia de coordinación entre instancias que atienden al sector hídrico/hidráulico y las instituciones responsables de la salud.

5. Necesidad de impulsar políticas públicas para la recuperación ambiental de Puebla que incluya el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, la bio remediación y la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

6. Implementación de una solución integral que permita revertir los graves niveles de contaminación de la presa que incluya:

a. Reforestación con plantas nativas en la ribera de la presa.

b. Tratamiento real y eficaz de las aguas que llegan al embalse.

c. Implementación de plantas de tratamiento primario y secundario.

d. Ejecución de medidas de restauración ecológica.

e. Desazolve de la presa, retiro de sedimentos tóxicos.

Es una prioridad del que suscribe atender las múltiples demandas ciudadanas al respecto, quienes de igual forma lo han hecho ante el gobierno del estado sin obtener la atención requerida, restando importancia a lo que es evidentemente urgente. Es momento de comprometernos con las y los poblanos en todos los sectores para que, desde nuestra trinchera, demos solución a tan sensible petición.

Como representantes populares, es nuestra obligación atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos de nuestros distritos, por lo que, en virtud de lo expuesto, someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, atienda las demandas ciudadanas con relación a la plaga de mosco en la presa Manuel Ávila Camacho.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y el gobierno municipal de Puebla, intensifiquen los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos, que contengan recursos a fin de realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus Presupuestos de Egresos, bajo las siguientes:

Consideraciones

Recientemente en Naciones Unidas se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 objetivos que van encaminados a la búsqueda de la igualdad entre la mujer y el hombre, de hecho el objetivo 5 es Lograr la igualdad entre los Géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

Las metas son altas pero los Estados parte que suscribieron los ODS tienen que trabajar para poder lograr la agenda 2030. El empoderamiento de la mujer se observa en las siguientes metas, todas ellas emanadas del objetivo 5:

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Dentro de nuestro andamiaje legal encontramos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el 2012 el Congreso de la Unión realizó una reforma al artículo 15 para que los Gobiernos de los Estados incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

No obstante este mandato, algunas Entidades Federativas no lo han realizado y ello lo observamos con los siguientes datos obtenidos en el documento de trabajo de Inmujeres y ONU Mujeres, La Igualdad entre Mujeres y hombres en la información presupuestaria: Diagnóstico de la información presupuestaria a nivel estatal:

• De los decretos de presupuesto de las 32 entidades federativas solo 16 incluyen algún artículo o capitulo relacionado con la perspectiva de género.

• Sólo 7 de las 32 entidades federativas publican un anexo de género como parte de su decreto de presupuesto.

El presupuesto que se destina para la política de igualdad, sirve para realizar acciones que promover y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Sin embargo, con estos datos estamos muy lejos de cumplir las metas comprometidas en la agenda 2030.

A nivel federal, desde el 2008 se realiza en el Presupuesto de Egresos de la Federación la etiquetación de un anexo de manera transversal para la igualdad entre mujeres y hombres.

De esta forma es mucho más fácil identificar, reforzar y evaluar el presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Tan sólo para este 2017, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos en el anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la cantidad de $27,424,643,718.00 millones de pesos, pero es necesario replicar este tipo de acciones a los estados para que sea contundente y acelerar la igualdad sustantiva.

Por lo que este punto de acuerdo propone exhortar a las y los titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas para que dentro de su próximo presupuesto de egresos cumplan con lo mandatado en el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, e incluyan un anexo especifico con recursos para la política de igualdad de género.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta soberanía apruebe de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los Titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a poner en marcha el plan de austeridad de 2017, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Gaytán Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 50, 51, 74 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación y tiene facultad, para dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se asignó a la Cámara de Diputados la cantidad de 7 mil 629 millones, 432 mil,185 pesos. Sin embargo, para cumplir con las mismas disposiciones presupuestarias, es necesario definir acciones específicas de ahorro con la finalidad de mitigar la incertidumbre económica por la que se encuentra la economía mexicana.

Que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017, debe ser ejercido con criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia; los Diputados Federales en un acto de congruencia y transparencia ante la sociedad mexicana, mandata al Comité de Administración para que aplique lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, les pongo a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a adoptar el siguiente Plan de Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Cámara de Diputados:

Plan de Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Cámara de Diputados

1. El Plan de austeridad presupuestaria deberá garantizar que los recursos generados por las economías y ahorros, se reintegren a la Hacienda Pública Federal.

2. Son sujetos del presente Acuerdo, las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas de la Cámara, el Canal del Congreso, la Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna. No deberán afectar las actividades relativas a la seguridad de los legisladores, servidores públicos y personas que asistan a las instalaciones de la Cámara de Diputados.

3. La Cámara de Diputados deberá atender lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, artículo 16, fracción VIII, párrafo cuarto, en relación a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública.

Adicionalmente se deberán tomar las siguientes medidas:

4. En materia de Servicios Personales:

• Reducir el monto por contrataciones de prestadores de servicios, bajo el régimen de honorarios profesionales, hasta alcanzar una reducción presupuestal por este concepto en un 15%, para el 2017, hasta llegar al 20% en el ejercicio fiscal 2018.

• Reducir en 10% los salarios de los Diputados y funcionarios de alto mando.

• Las estructuras orgánicas no deberán reportar crecimientos, salvo en los casos de excepción que se justifiquen derivado de la labor legislativa y sean previamente autorizados por los Órganos de Gobierno.

• Realizar un análisis organizacional, con la finalidad de generar estructuras eficaces y eficientes, compactar áreas de trabajo administrativas y legislativas.

• Con base en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplique el correspondiente Programa de Reorganización Administrativa, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el referido precepto.

5. En materia de Recursos Materiales y Servicios Generales:

• No adquirir durante el ejercicio fiscal 2017 nuevo parque vehicular.

• Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, y utensilios en general hasta alcanzar un 30% de reducción sobre el presupuesto asignado para tal efecto.

• El uso del fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, incentivando el uso de los medios electrónicos para comunicación y conservación de documentos.

• Reducir los servicios de alimentación en las reuniones de Comisiones Legislativas, hasta alcanzar en un 25% del presupuesto asignado en este concepto de gasto.

• Eliminar el concepto de erogaciones por servicios de telefonía celular.

• No podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas.

• Eliminar el concepto de erogaciones por combustibles, lubricantes y aditivos de vehículos.

• Eliminar el concepto de erogaciones por peajes de carreteras.

• Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán al mínimo indispensable para el apoyo a la tarea legislativa.

6. En materia de viáticos y pasajes a Diputados Federales

• Reducir los gastos destinados a las comisiones, representaciones, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación, foros o viajes de trabajos nacionales e internacionales, hasta cuando menos en un 30% del presupuesto asignado para este rubro. Prohibir la compra de boletos de avión de primera clase. Lo anterior también es aplicable en la participación de asesores, secretarios técnicos de comisiones y personal técnico y administrativo.

7. En materia de servicios oficiales

• Los gastos de ceremonial y de orden social, no se incrementan y se limitarán a lo estrictamente necesario para el trabajo legislativo.

• Los congresos, convenciones, foros y seminarios, se realizarán en instalaciones de la Cámara de Diputados y con los recursos humanos y materiales disponibles de las áreas responsables de los mismos.

8. En materia del ejercicio presupuestario:

• El ejercicio del gasto se hará con estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados, así como a los principios de transparencia, racionalidad y rendición de cuentas.

• Se debe garantizar que las reducciones y eliminaciones de conceptos de gastos, tengan el carácter de regularizable para los subsiguientes ejercicios fiscales.

• Los nuevos proyectos legislativos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, conforme al Acuerdo correspondiente de los Órganos de Gobierno.

9. Reducción de un 15% de las subvenciones parlamentarias:

10. La Contraloría Interna, en el ámbito de su competencia, verificará el cumplimiento de las medidas y obligaciones del presente Acuerdo e informar a los Órganos de Gobierno correspondientes, el avance de las medidas aplicadas al cierre del ejercicio presupuestario 2017.

11. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de llevar a cabo, dentro de sus respectivas áreas y atribuciones, las acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones de este Acuerdo.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Diputada Cristina Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de un programa urgente para el desarrollo económico de Chiapas, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México enfrenta grandes desafíos en el año que comienza, tanto de orden interno como externo. En lo interno, no obstante el carácter positiva y necesario de la apertura del mercado de combustibles en el país, ésta ha ocasionado molestias e inconformidades entre la población, lo cual es más que entendible.

Las contingencias, al igual que las provisiones, responden al tratamiento contable de situaciones de incertidumbre. Se trata de problemáticas que se tratan al unísono, pues tienen relación con la ocurrencia o no ocurrencia de ciertos eventos inciertos en el futuro, en esta ocasión se acentúan los eventos nocivos que recién han arremetido contra la tranquilidad social en algunas entidades al interior de la República Mexicana. Actualmente, la ciudadanía mexicana manifiesta su descontento contra el alza en los precios de los combustibles.

Los inconformes han llevado a cabo numerosas protestas en diversas partes de México contra el aumento en el precio de la gasolina que entró en vigor el primer día del año 2017. Lamentablemente, la inconformidad ha devenido en actos de violencia, como los saqueos registrados en algunos estados, afectando de manera directa a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por igual, toda vez que no sólo se ocasionaron saqueos, sino también daños materiales a los bienes inmuebles de diversos negocios.

No obstante, con concentraciones que varían en el número de manifestantes, específicamente ciudadanos del estado de Chiapas, han salido a las calles a protestar y expresar su descontento, algunos incluso adoptando un carácter agresivo usando como pretexto el aumento al precio de los combustibles.

Varios miles de personas, entre maestros, estudiantes, transportistas y sociedad en general, marcharon en diversas ciudades del Estado para protestar en contra del alza a los combustibles y exigiendo la derogación de las reformas estructurales que lesionan los intereses del pueblo mexicano.

Se han registrado manifestaciones masivas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde más de 20 mil personas marcharon en los puntos centrales de estas ciudades, ocasionando graves disturbios como el saqueo de tiendas y establecimientos comerciales, generándoles enormes pérdidas.

En San Cristóbal de las Casas, más de 700 manifestantes protestaron en contra, no sólo del aumento del precio de la gasolina sino en contra de otras acciones gubernamentales. Asimismo, los manifestantes señalan que los aumentos en los combustibles ya provocaron una cascada de incrementos en otros productos de la canasta básica y del transporte público en el estado, donde las líneas de transportistas han subido el precio unilateralmente.

Por lo anterior, se hace necesario la creación de un programa emergente con la intención de aminorar la contingencia económica actual en Chiapas, atendiendo a su vez las necesidades específicas de la sociedad chiapaneca respecto a las demandas que se han presentado recientemente en la región.

La estrategia central del programa deberá conciliar la austeridad presupuestal con un plan de acciones para tratar de salir a flote de la actual crisis que se vive en Chiapas. Es evidente que cada zona tiene su problemática particular y cada una requiere de atención inmediata, por ello es necesario que se trabaje en conjunto con los sectores empresariales de la entidad para asegurar la satisfacción de sus demandas y complementar el plan de desarrollo, de esta forma se fortalecería el mercado interno del estado, retomando la ruta del crecimiento.

Como antecedente a esta propuesta, el año pasado el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE), diseñaron el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de Campeche y Tabasco, pues en ese momento eran las entidades más afectadas por la crisis petrolera.

El plan pretendía reactivar de manera inmediata la actividad económica que impacta sobre poco más de tres millones de habitantes entre ambas entidades, tanto en la industria petrolera como en sectores clave: turismo, comercial, de alimentos, servicios de empleo y de contabilidad. Dicho programa implicaba la participación también de Nacional Financiera (Nafinsa), pues sería pieza clave para la reactivación económica de los estados petroleros, dado que se contemplaba una inversión de hasta 450 millones de pesos para las Mipyme, agilizando así el pago a proveedores locales de Pemex.

Asimismo, tenemos el caso que se presentó durante 2012, en diciembre, cuando se causaron daños al Hemiciclo a Juárez, dichas anomalías ascendían a mil millones de pesos en daños por robo y destrucción de locales y mercancía, de acuerdo con la Confederación de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). En consecuencia, el gobierno del Distrito Federal (GDF) brindó apoyos económicos a los comercios y empresas que se vieron afectados por el vandalismo, a quienes tenían póliza de seguro, les brindó apoyo con las gestiones jurídicas para agilizar el cobro del mismo y a los que no contaban con él les brindó apoyo económico para que reanudaran sus actividades comerciales.

De igual forma también es necesario poner en marcha el despliegue de otras acciones favorecedoras para las empresas, así como para la nación, pues con ello se impulsa a su vez la generación de empleos e inversión pública. Se reitera que la conservación de dichos puestos de trabajo, depende también en gran medida de las autoridades federales conjuntamente con Chiapas, pues al otorgar estímulos fiscales a las empresas afectadas, éstas compensarán por su parte las mermas, deduciéndolas inmediatamente de los impuestos generados en el ejercicio fiscal de 2016, con independencia de que se debe actuar con todo el peso de la ley en contra los responsables de saqueos y actos vandálicos.

Asimismo, consideramos prudente exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar medidas de solidaridad con las empresas en Chiapas, debido a las afectaciones que han tenido por las movilizaciones de los primeros días de enero.

Por lo anterior, se convoca a las autoridades de la CFE a otorgar descuentos en el cobro de energía eléctrica a empresas dañadas por los recientes acontecimientos en el estado en pro de construir conjuntamente una solución, por la vía de los acuerdos y la conciliación, asumiendo un compromiso social, para evitar que esta problemática siga creciendo y se vuelva más compleja.

De la misma forma se solicita la intervención de Sectur para que establezca un programa de difusión de los grandes atractivos turísticos que tiene el estado como lo son las ruinas arqueológicas, los parques eco turísticos, la ruta del cacao, la piedra de Huixtla, por solo mencionar algunas de sus riquezas naturales, que sin duda alguna impulsará de manera positiva una derrama económica en toda la región que tanto lo necesita y lo demanda por ser una de las regiones más pobres del país.

En atención a lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía (SE), a la Secretaría de Turismo (Sectur) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar un programa emergente para impulsar el desarrollo de la economía en el estado de Chiapas que contemple acciones enfocadas a reactivar las actividades productivas de las empresas más afectadas por las manifestaciones y saqueos que se realizaron durante los primeros días de enero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Chiapas a establecer con autoridades federales y los trabajadores del ramo de salud de la entidad una mesa de trabajo para abordar el tema de retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y vivienda, suscrita por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho humano, íntimamente ligado a la calidad de vida. Su reconocimiento internacional está expreso principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México, la protección a la salud es considerada un derecho fundamental, garantizado por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Carta Magna. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de compromisos jurídicos fundamentales para el Estado y con los particulares. Su incumplimiento, sea por carencia del servicio, omisión o acción, resulta en una falta grave tanto a la responsabilidad del propio Estado como de los profesionales de la salud.

No obstante, para dar cumplimiento efectivo al derecho, los hospitales y unidades de salud administrados por el Estado deben garantizar el abastecimiento suficiente de materiales y medicamentos, así como la infraestructura y equipamiento médico necesarios para el buen desempeño de los servicios de atención a la salud. En México, esta responsabilidad recae principalmente en la Secretaría de Salud, entidad del Gobierno Federal encargada de “proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales de buena calidad y en suficiente cantidad, para el desarrollo de las funciones que tengan asignadas”, tal y como lo señalan la fracción IV del artículo 130 de las Condiciones Generales de Trabajo de la misma secretaría.

Sin embargo, a pesar de ser considerada una garantía fundamental del dogma constitucional mexicano, en el estado de Chiapas el derecho a la salud ha sido sistemáticamente vulnerado, a menudo con el beneplácito, complicidad o indolencia del gobierno en turno. Esta crisis, denunciada en múltiples ocasiones por trabajadores del sector y ciudadanía en general, es producto, entre otras cosas, de:

– La insuficiencia y desabasto de medicamentos, materiales y reactivos en hospitales, centros de salud, casas de salud y jurisdicciones, que su vez repercute en el funcionamiento de las unidades y precariza la oferta de servicios médicos disponibles para la población.

– La asignación de presupuestos raquíticos e insuficientes para cubrir con las necesidades de los hospitales básicos comunitarios,

– La utilización de equipo de diagnóstico médico obsoleto o en pésimas condiciones, así como falta de capacitación permanente para sus operarios,

– La excesiva centralización de las partidas presupuestales destinadas a la compra de materiales para el mantenimiento de las unidades de salud,

– Hospitales y unidades de salud inconclusas, así como obras que a pesar de haberse concluido siguen careciendo del equipamiento y recursos humanos indispensables para su operación,

– La radicación irregular de los presupuestos de pasivos correspondientes a jurisdicciones y hospitales, etcétera.

Por otro lado, el derecho al trabajo, igualmente reconocido en la DUDH y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye el derecho fundamental por el cual toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones laborales equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo, la igualdad salarial, la remuneración digna, la protección social y el derecho de sindicación. Entre las situaciones que se encarga de reglamentar se encuentran la prestación subordinada de servicios personales, la asociación entre trabajadores y patrones y la regulación justa del trabajo. En México, el derecho al trabajo está plasmando en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y, para el caso de los trabajadores de la administración pública federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, que su artículo 43 establece:

“Serán obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley:

...

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

...

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

...

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.”

Al igual que el derecho a la salud, en Chiapas el derecho al trabajo ha sido objeto de serias violaciones perpetradas con el conocimiento y consentimiento del Gobierno del Estado, comprometiendo la economía y certeza laboral de miles de familias que dependen de su ocupación en empleos gubernamentales para sostenerse. La situación ha sido especialmente perniciosa para los trabajadores del sector salud, que han enfrentado la retención injustificada e incumplimiento en los pagos de sus prestaciones sociales, el impago de sueltos por la prestación de servicios de servicios a personal eventual (una deuda que asciende a 18 millones de pesos), la opacidad en la conducción de los programas de profesionalización que les corresponden e incluso la represión contra la organización sindical a través de despidos selectivos y arbitrarios.

Para entender el calado de la problemática del que hoy son objeto los trabajadores al servicio del Instituto de Salud en el Estado de Chiapas (ISECH), conviene tener presente que éstos devengan un salario quincenal que, al igual que con cualquier otro empleado de gobierno, es objeto de una serie de descuentos destinados a cubrir las prestaciones sociales que corresponden por derecho. Entre los conceptos descontados a los trabajadores destacan los siguientes:

– Fondo para el retiro de los trabajadores de la salud y/o jubilación (SAR),

– Fondo para la vivienda del trabajador (Fovissste),

– Seguros de vida (institucionales y privados),

– Préstamos individuales

– Pagos a terceros (descuentos al trabajador por deudas a empresas privadas).

Por años, estos conceptos, que el ISECH descuenta quincenalmente del salario de su personal, han aparecido en el talón de pago de los trabajadores como efectivamente descontados. Sin embargo, para sorpresa de éstos, se ha descubierto que la dependencia ha incumplido por casi diez años con el depósito de tales retenciones en las cuentas respectivas. Como consecuencia, todos los trabajadores adscritos al ISECH poseen menos fondos de los que resultaría del cálculo del monto descontando y el periodo de tiempo transcurrido.

Además han debido enfrentar la pérdida de la vigencia de sus seguros privados e institucionales, así como la cancelación del pago de dividendos. La situación incluso ha escalado al grado de que algunos trabajadores han sido demandados por casas de préstamos por el supuesto incumplimiento de sus pagos, amén del aumento por intereses moratorios, sin que ésta situación haya resultado en ningún caso de la irresponsabilidad del trabajador.

Más allá del grave agravio contra el salario de los trabajadores de la salud en Chiapas cometido por el ISECH, la conclusión más preocupante que se desprende de esta situación es que desde hace 10 años el Gobierno del Estado ha ejercido recursos procedentes de las prestaciones de sus trabajadores para fines distintos a los que establece la Ley. En este sentido, cabe señalar que una de las características más importantes del sueldo de un trabajador es su carácter de inviolable, revocable sólo a reserva de la existencia de una orden del Poder Judicial. Por tanto, la disposición del salario de los trabajadores, sea cual sea la institución a la que pertenezcan, sin consentimiento expreso de ellos u orden judicial en forma, constituye un delito, en este caso perpetrado por el ISECH.

Ante el desconocimiento de sus derechos y la preocupación por el estado que guardan los servicios de salud en la entidad, trabajadores del sector salud en Chiapas han dirigido oficios y sostenido reuniones con autoridades estatales a fin de manifestar su inconformidad con la situación y denunciar las anomalías y atropellos cometidos contra su seguridad laboral. Estas acciones han servido también para informar con detalle a la autoridad competente de las dimensiones de la crisis, exhortándola a emprender acciones urgentes que permitan frenar su recrudecimiento y devolver a la sociedad chiapaneca el acceso a los servicios de salud que garantiza la ley. Entre estas comunicaciones destacan las siguientes:

– 11 de mayo de 2016 : se hace entrega del pliego petitorio que contiende las principales demandas de los trabajadores del sector al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, doctor Francisco Javier Paniagua Morgan.

– 16 de junio de 2016 : es celebrada una reunión de trabajo con la participación del licenciado Salvador Ruiz García, secretario técnico de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas junto con autoridades de la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de Infraestructura y Subdirección de Atención Hospitalaria de la misma dependencia. A la reunión también asiste el secretario de la Subsección 04 del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SNTSA), licenciado Gabriel Vázquez Castillo, así como otros representantes sindicales. De la reunión deriva la suscripción conjunta de una minuta de acuerdos que compromete, entre otras cosas: a) la anulación de todo tipo de recorte de personal; b) un nuevo surtimiento de medicamentos controlados para las unidades médicas; c) la entrega de recursos extraordinarios para la radicación de combustible; d) la regularización del pago de los adeudos de los trabajadores concernientes a sus aportaciones del SAR y Fovissste; e) el pago del adeudo de pasivos o intereses moratorios a cargo del Instituto de Salud; f) el pago puntual del pasivo de sueldos caídos de los trabajadores; g) la liquidación de pagos vencidos de servicios básicos de hospitales y jurisdicciones.

– 19 de julio de 2016 : se entrega oficio de deslinde de responsabilidades al Secretario de Salud y Director General del ISECH, suscrita por la Secretaría General de la Subsección 04 del SNTSA, a propósito del incumplimiento de las minutas firmadas por la Secretaría de Salud para subsanar las precarias condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores.

– 20 de septiembre de 2016 : luego de desdeñar sus solicitudes y negárseles audiencia con el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, miles de trabajadores del sector, aglutinados en la forma asamblea permanente, deciden tomar las instalaciones del ISECH en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resguardándolas hasta el 28 de octubre del mismo año, fecha en que se firma una minuta de acuerdos con el Ejecutivo Estatal para la atención de sus demandas. En la misma fecha se, los trabajadores realizan la entrega del edificio administrativo (por la que consta acta circunstancia de hechos) para así replegar el movimiento a la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

– 20 de octubre de 2016 : se entrega denuncia por violaciones perpetradas en contra de los derechos laborales de tres mil trabajadores adscritos a la Subsección IV de la Sección 50 del SNTSA del estado de Chiapas en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

– 21 de octubre de 2016 : se hace de conocimiento el entonces Secretario de la Función Pública, licenciado Javier Vargas Zempoaltécatl, una denuncia por los actos perpetrados en contra de los derechos laborales de tres mil trabajadores adscritos a la Subsección IV de la Sección 50 del SNTSA del estado de Chiapas.

– 28 de octubre de 2016 : es celebrada una reunión de trabajo entre los representantes de los trabajadores agremiados a la Subsección 04 del SNTSA sección 50 y autoridades estatales, destacando la presencia del doctor Francisco Ortega Farrera, secretario de Salud de Chiapas; el contador público Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda del Estado; el licenciado Jairo Cesar Guillén Ramírez, director de Administración y Finanzas; y el licenciado José Luis Gómez Domínguez, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. De la reunión deriva también la suscripción conjunta de una minuta de acuerdos por la cual el gobierno del estado se compromete, entre otras cosas, a cubrir con el adeudo derivado de las aportaciones pendientes del SAR y Fovissste, a garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y material de curación en todas las unidades de salud y a realizar todos los depósitos que correspondan a los conceptos retenidos a cada trabajador, manteniendo al corriente en el futuro todas las cuentas del SAR, Fovissste, ISSSTE y empresas crediticias y aseguradoras. Finalmente, el Secretario de Salud se compromete a garantizar que no habrá sanción alguna contra los trabajadores que hayan participado en manifestaciones o asambleas, salvaguardando sus derechos laborales.

El descuento vía nómina relativo a los fondos de vivienda, jubilaciones y seguros institucionales de miles de trabajadores del sector salud en Chiapas y la falta en la entrega de dichos recursos a las instituciones respectivas revela no sólo la existencia serios problemas en la forma en que se realizan cotidianamente las operaciones contables, administrativas y jurídicas en el ISECH y la Secretaría de Salud en Chiapas, sino que estas se están llevando a cabo en el marco de la más ignominiosa ilegalidad.

Los hechos que aquí se presentan constituyen evidentes violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Su atención requiere del esfuerzo conjunto del gobierno federal y estatal para que, por un lado, se dé ofrezcan soluciones viables para salir de la crisis en que actualmente se encuentra sumergido el sistema de salud pública en Chiapas y, por otro, se reintegren a las cuentas respectivas los fondos sustraídos al salario de todos los trabajadores y se imputen responsabilidades jurídicas contra quienes resulten responsables del saqueo.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud en el Estado de Chiapas, doctor Francisco Ortega Farrera, para que establezca, en coadyuvancia con las instituciones del gobierno federal, una mesa de trabajo con los trabajadores de la salud en la entidad afectados por la retención injustificada de sus salarios y la malversación de los fondos de jubilación, vivienda y demás prestaciones sociales que por derecho y legítimo esfuerzo les corresponden.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a difundir las medidas y acciones de mejora por establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país vive una época en la cual los ciudadanos está comprometidos con el conocimiento de lo que se hace y sucede en el ámbito gubernamental; es decir, nos importa cada vez más lo que se realiza o se deja de hacer en la gestión gubernamental.

Hoy, los ciudadanos mexicanos nos involucramos más en temas que antes estaban en secreto.

Los mexicanos entendemos que un gobierno abierto debe ser entendido como un nuevo modelo de gestión en el que todos colaboren a fin de producir políticas públicas y acciones encaminadas a construir soluciones colaborativas a problemas públicos, donde la participación y la transparencia sean los principales elementos que atiendan cada una de las demandas sociales, y contribuyan a la rendición de cuentas e innovación social. En resumen, participando todos, se generará valor en el accionar público.

Una de las herramientas que está al alcance de todos es la denominada Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),1 que propicia el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de impulsar lo que hemos descrito en párrafos anteriores: la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Un segmento de la población todavía no tiene la posibilidad de acceder a internet pero esta plataforma ayuda a facilitar y agilizar las peticiones y conocer información de su interés, todo en el ámbito gubernamental.

La PNT está normada en el capítulo único, “De la Plataforma Nacional de Transparencia”, título tercero, “Plataforma Nacional de Transparencia”, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).2

En el artículo 50 de la ley en comento se indica que la PNT incluirá un sistema de gestión de medios de impugnación, que permitiría a cualquier ciudadano emitir una queja ante una respuesta no otorgada, una respuesta ofrecida en términos ajenos a lo solicitado, o simplemente denunciar que el ente obligado a quien se haya solicitado información no haya dado respuesta a la petición original.

Este procedimiento de impugnación está regulado por el título octavo, “De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública”, de la LGTAIP y permitiría facilitar la impugnación vía electrónica, abonando así al proceso de transparencia gubernamental tan anhelado en el país.

Desde el 1 de enero de 2017, la PNT no permite registrar recursos de impugnación impidiendo el uso de esta herramienta tecnología lo cual impide cubrir la expectativa funcional de almacenar datos de forma integral que faciliten su procesamiento digital, y permitan el acceso sin restricción de uso por los usuarios.

Lo relevante es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)3 no ha emitido a la fecha ningún comunicado a la población mexicana que explique los motivos funcionales o técnicos que impiden inscribir una impugnación por la Plataforma Nacional de Transparencia, ni como medida de gobierno abierto, ofrecer bajo fundamento legal alternativas para su inscripción hasta la atención de la falla señalada.

Lo sucedido no es nuevo, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió el 17 de febrero de 2016 un estudio general sobre las tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública,4 en cumplimiento del mandato constitucional que le obliga entregar a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en este caso de 2014, en el que cita la problemática hoy identificada.

En dicho estudio, la ASF concluyó que todos los procesos evaluados en el INAI “presentaron bajos niveles de madurez siendo los de mayor riesgo el de operación, seguridad, continuidad y Monitoreo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), lo que en resumen reflejaría dificultades en los procesos que permiten gobernar, administrar, dar soporte, continuidad de la operación, seguridad en el manejo de la información de forma efectiva y eficiente a las TIC, lo que puede propiciar, entre otros, los riesgos siguientes:

- Falta de alineación de las TIC con las estrategias de la entidad.

- Elevados costos en la operación y en el desarrollo de proyectos.

- Deficiencia en la segregación de funciones y asignación de los roles y responsabilidades del personal.

- Pérdida de información sensible e indisponibilidad de servicios críticos.

- Deficiente entrega de servicios e incumplimiento de programas de trabajo”.

Por lo anterior y a modo de conclusión, el INAI en el uso y administración de la Plataforma Nacional de Transparencia no refleja haber implementado procesos efectivos lo que le imposibilita lograr la totalidad de sus objetivos ligados a la transparencia y rendición de cuentas. Por tal motivo es necesario exhortar al comisionado presidente de este instituto a hacer públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, a fin de que los aplicativos sustantivos, en los que se incluya la impugnación, se garanticen para el uso de todos los usuarios y cumplan con el fin para el que fueron creados, abonando así a la preservación del derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a hacer públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, a fin de que los aplicativos sustantivos, como lo es el del procedimiento de impugnación en materia de acceso a la información pública, se garanticen para el uso de todos los usuarios y cumplan el fin para el que fueron creados, abonando así a la preservación del derecho de acceso a la información pública.

Notas

1 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Consultada el 16 de enero de 2017.

2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultada el 16 de enero de 2017.

3 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, disponible en

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx Consultado el 16 de enero de 2017.

4 Estudio general sobre las tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública, disponible

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_ auditoria/Estudio_General_de_TIC.pdf consultado el 16 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el homicidio de tres menores de edad ocurrido el 14 de enero de 2017 en San Miguel de Allende, Guanajuato, suscrita por el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Miguel Ángel Chico Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II; 95, párrafo 2; 108, párrafos 1 y 2; 276, párrafos 1, fracción I, y 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución , en relación con el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el día 14 de enero de 2017 , al tenor de las siguientes

Consideraciones

A primeras horas del sábado 14 de enero de 2017, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, diversos medios locales informaban que habitantes de sobre un intenso tiroteo de armas de fuego que duró más de una hora, situación que provocó el cierre de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende hasta pasadas las 5 de la mañana. Hasta ese momento no había algún reporte oficial sobre los hechos.1

No obstante, los medios de comunicación informaron que fuentes al interior de Procuraduría General de Justicia del estado manifestaron que sí hubo un enfrentamiento y habrían avisado concentrar a decenas de elementos en la zona alrededor de las tres de la mañana, sin embargo, oficialmente ni autoridades municipales ni la Subprocuraduría habían emitido información alguna.2

Otros medios de comunicación informaron sobre este enfrentamiento y de la muerte de tres menores durante el mismo en un inmueble ubicado en la carretera San Miguel de Allende–Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad La Cieneguita.3

De manera increíble, un día y medio después de ocurridos los hechos y de que versiones extraoficiales se hicieron públicas en múltiples medios de comunicación, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato (SSPE), con fecha 17 de enero, emitieron un comunicado mediante el cual informaron que, como consecuencia de un enfrentamiento armado en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita en San Miguel de Allende, Guanajuato, se verificó la muerte de tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel de 4, 8 y 11 años, siendo la madre de éstos, de nombre Juana Luna, quien informó a las autoridades que su esposo de nombre Antonio Luna, padre de los menores y velador de la finca donde ocurrieron los hechos, fue quien les quitó la vida y que a ella también intentó privarla de la vida.

El Comunicado oficial es el siguiente:

“La PGJE y la SSPE informan sobre la detención de multihomicida y el aseguramiento de una casa de seguridad, armas y droga.

La PGJE y la SSPE informan sobre la detención de multihomicida y el aseguramiento de una casa de seguridad, armas y droga. San Miguel Allende, Guanajuato. 15 de enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado informan sobre la intervención en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita y la captura de un multihomicida. El día de ayer alrededor de las 2:00 de la mañana, mediante un reporte a la Procuraduría General de Justicia del estado se informaba que en la comunidad Ampliación Cieneguita se encontraba un grupo de hombres armados, y el reporte señalaba también que había detonaciones de armas de fuego. Cuando los elementos policiacos arribaron al lugar del reporte fueron recibidos con disparos de armas de fuego, ante ello se solicitó apoyo por parte de los grupos tácticos; ahora se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble toda vez que había aún detonaciones del interior de este hacia los elementos, y ya asegurado el inmueble lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego que fueron aseguradas y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino quien dijo ser su esposa y señalaba a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de 11, 8 y 4 años de edad. La carpeta de investigación se encuentra en su etapa de integración por diversos delitos entre ellos homicidio en grado de parentesco y posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas (drogas), y se ha podido establecer que una de las armas recuperadas, precisamente la que le fue asegurada al ahora detenido es el arma que dio hoy positivo con los elementos balísticos que fueron sustraídos de la corporeidad de los tres menores al momento de la necropsia. El ahora detenido será puesto a disposición del juez de control para la definición de su situación jurídica donde se le imputarán los lamentables hechos de los tres menores privados de la vida, entre otros delitos. Se aseguraron armas largas de grueso calibre, armas cortas y droga. El seguimiento del caso, se realiza conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.”4

Sin embargo, la señora Juana Luna ha desmentido la versión oficial emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Ante el diario local A.M., Juana Luna manifestó que:

“Como cada fin de semana pasarían la noche toda la familia en la finca donde él trabajaba como velador, cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.

La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo.

Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo, de acuerdo con la declaración de Juana, escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, luego de los disparos pudo escuchar que le regresaron el arma y lo obligaron a sostenerla.

“Le dijeron “entréganos esa arma”, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, “¡Ten cabrón, agárrala!, entonces mi esposo se quedó con ella”, después de esto Juana no volvería a ver a sus hijos pues fue llevada a otra parte de la finca junto con su esposo.

En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.”5

Juana Luna también ha manifestado ante los medios de comunicación locales que en el Ministerio Público se dieron muchas irregularidades al momento de recabarle su declaración asegurando que no se asentó lo que ella estaba narrando y que la hicieron firmas hojas en blanco. Esta narración puede encontrarse en el canal oficial de Youtube del medio de comunicación Zona Franca en el siguiente vínculo electrónico: https://youtu.be/PIf0uK_XPQg

Estos trágicos hechos dieron origen a la causa penal 1p3417-5 en la que a Antonio Luna, en un primer momento, se le imputaron los delitos de homicidio en grado de parentesco, posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas así como el de tentativa de homicidio en contra de varios agentes ministeriales.

Sin embargo, el viernes 20 de enero, el órgano jurisdiccional vinculó a proceso, de forma provisional, a Antonio Luna por los delitos de homicidio calificado con agravio de parentesco contra sus tres hijos, además de la tentativa de homicidio en contra de su esposa Juana, el cual fue incluido por la fiscalía de último momento.6, 7

Cabe mencionar que en principio el abogado defensor de Antonio Luna fue un defensor de oficio, sin embargo, lo removió de su cargo por considerar que no estaba realizando una adecuada defensa tomando el caso un abogado particular.

Ante estos hechos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato ha intervenido y ha solicitado a múltiples instancias y dependencias estatales sus informes oficiales para integrar su investigación marcada con el número de expediente 04/17-D. Entre sus diligencias se encuentra la citación de los cinco agentes ministeriales y los 8 elementos de las fuerzas de seguridad pública que intervinieron en el operativo del 14 de enero de 2017 en San Miguel de Allende, quienes, al día de hoy, no han comparecido ante este organismo.8

En un gesto de solidaridad, familiares, amigos y ciudadanos de San Miguel de Allende, han realizado marchas en apoyo de Antonio Luna, quienes aseguran que él no pudo ser culpable del homicidio de sus hijos, hecho que ha puesto sensible a la sociedad y cuestionan la credibilidad de las Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.9

Es innegable que el estado de Guanajuato se ha convertido en uno de los más violentos del país, toda vez que diario observamos que se registran homicidios, robos, entre muchos delitos más, en varios de sus municipios, situación que desde hace un tiempo mantiene en permanente nerviosismo, alerta y con sensación de inseguridad a la población guanajuatense.

Esto da pie a hacer un enérgico llamado a nuestras autoridades estatales para que asuman, de una vez por todas, con responsabilidad su obligación de preservar la seguridad e integridad de todos y cada uno de los guanajuatenses. (Ley de Guaridas Pública de Guanajuato)

Los indignantes hechos ocurridos en San Miguel de Allende el pasado sábado 14 de enero, deja ver que la labor de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, en este asunto, ha sido deficiente y desaseada, con muchas irregularidades y ha generado que la opinión pública cuestione y ponga en entredicho el actuar de esta institución así como el de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Resulta imperante que las autoridades de procuración de justicia y jurisdiccionales en Guanajuato esclarezcan estos hechos que indignan a la sociedad guanajuatense, se llegue a la verdad de los mismos, que la investigación verdaderamente se apegue a derecho y se garantice el debido proceso para determinar la responsabilidad de los ya implicados y de los que aún no lo están para hacer justicia a los tres menores fallecidos Juan Adrián, Mateo y Gabriel.

Estamos ciertos de que una exhaustiva y eficaz investigación sobre lo acontecido en San Miguel de Allende, así como una debida valoración por parte de la autoridad jurisdiccional, con estricto apego y respeto al debido proceso, podrá lograr el arribo a la verdad para determinar la responsabilidad en el lamentable triple homicidio de los menores de edad.

Ante todas las contradicciones que, hasta el día de hoy, se verifican en la investigación de estos hechos, resulta necesario hacer un llamado a las autoridades guanajuatenses para que actúen con estricto apego a derecho y probidad para determinar la responsabilidad de los implicados y de los culpables.

Más aún, es menester solicitar a la Procuraduría General de la República que valore la posibilidad de intervenir y ejercitar su facultad de atracción para conocer del asunto debido a la relevancia que el caso amerita, esto ante las notorias deficiencias y cuestionamientos sobre la pulcritud en el desarrollo de la investigación.

En el mismo sentido, cabe también solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos valorar su intervención en estos trágicos acontecimientos y determinar la existencia de violaciones a derechos humanos.

Por lo expuesto, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su indignación y se solidariza con los habitantes del estado de Guanajuato por el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, derivado de un enfrentamiento con armas de fuego entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato en el interior de un inmueble de la comunidad Ampliación Cieneguita en el municipio de San Miguel de Allende el pasado 14 de enero de 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato para que, en coordinación con los cuarenta y seis municipios de la entidad, realice las acciones necesarias y urgentes tendientes a abatir la inseguridad que afecta los guanajuatenses.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato para que, en coordinación con los cuarenta y seis municipios de la entidad, realice las acciones necesarias y urgentes tendientes a abatir la inseguridad que afecta los guanajuatenses.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato así como al Poder Judicial de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la investigación de los hechos y la valoración de los medios probatorios se realicen con estricto apego a derecho y respeto al debido proceso con la finalidad de esclarecer el lamentable homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, de ser viable acorde a las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de esa institución, ejercite la facultad de atracción para que ésta continúe la investigación de los hechos relacionados con el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017, derivado de las aparentes irregularidades y carencia de pulcritud en la investigación por parte de las autoridades del estado de Guanajuato.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ser viable acorde a las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de esa institución, intervenga en para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos derivado de la investigación de los hechos relacionados con el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017.

Notas

1 http://periodicocorreo.com.mx/balacera-sma-provoca-cierre-carretera/

2 http://zonafranca.mx/registran-balacera-en-dolores-hidalgo-cierran-por- cuatro-horas-carretera-a-san-miguel/

3 http://periodicocorreo.com.mx/encuentran-cuerpos-ninos-tras-balacera-mi nisteriales/

4 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Comunicacion/Formu larios/VerNoticia.aspx

5 https://www.am.com.mx/2017/01/16/sucesos/desmiente-a-pgje-en-caso-de-3- menores-muertos-en-balacera-339812

6 http://zonafranca.mx/ahora-la-pgje-acusa-a-antonio-luna-de-intentar-
asesinar-a-su-esposa-definen-hoy-mismo-si-se-le-vincula-a-proceso/

7 http://www.am.com.mx/2017/01/21/local/vinculan-a-proceso-a-antonio-luna -340932

8 http://zonafranca.mx/desatienden-pgje-y-ssg-la-peticion-de-pdheg-
para-que-declaren-policias-que-participaron-en-operacion-san-miguel/

9 http://zonafranca.mx/en-san-miguel-de-allende-realizan-manifestacion-de -apoyo-a-la-familia-de-los-ninos-muertos/

Dado en el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Senador Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se saluda la integración de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y se formulan votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que permitan superar su crisis económica, humanitaria y social, suscrita por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda la integración de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que permitan que sea superada la crisis económica, humanitaria y social que atraviesa la hermana república sudamericana, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Las elecciones de diciembre de 2015, que le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a diversos partidos políticos de la oposición con 112 escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, el Tribunal Supremo desincorporó a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. La Asamblea Nacional de la República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a la Asamblea en desacato, por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del Parlamento venezolano separó a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades.

II. El pasado 5 de enero del año en curso, en la apertura de sesiones de la Asamblea Nacional, fueron electos para la Junta Directiva como presidente el diputado Julio Borges, coordinador nacional del Partido Primero Justicia; como vicepresidentes, los diputados Freddy Guevara Cortez, coordinador nacional encargado del Partido Voluntad Popular, y Dennis Fernández Solórzano, del Partido Acción Democrática; como secretario, el diputado José Ignacio Guedez, secretario general del Partido La Causa R, y como subsecretario, el diputado José Luis Cartaya.

Una de las primeras acciones de la Asamblea Nacional en el nuevo periodo de sesiones fue declarar el pasado 9 de enero que Nicolás Maduro abandonó el cargo de presidente de la República; la declaratoria señala que no implica un abandono físico, sino un incumplimiento de deberes constitucionales. Inmediatamente, el Tribunal Superior, mediante nota de prensa, señaló que el Poder Legislativo no tiene facultades para destituir al jefe de Estado, lo cual es muestra del constante conflicto de los Poderes Ejecutivo y Judicial contra el Poder Legislativo, electo por sufragio directo del pueblo venezolano.

III. El pasado domingo 15 de enero, el presidente Maduro presentó su informe anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional, en un hecho que atenta contra la Constitución. Maduro señaló que el país enfrenta una “circunstancia excepcional” y acusó a la Asamblea Nacional de estar legislando “fuera de la constitución” y en “desacato” de las sentencias de la Corte.

Durante su discurso, que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario acusó a la mayoría opositora en el Parlamento de promover una acción golpista por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5 mil 291 millones de dólares, lo que representó una caída de más del doble en comparación con 2015, cuando se lograron entradas por 13 mil millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras.

Maduro admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica “difícil” y “compleja” que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un “milagro de Dios, milagro de la revolución”, porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.

Maduro aprovechó el momento para anunciar que, para continuar “cabalgando la crisis”, entrará en vigor el lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó durante todo el 2016. Además, prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad, por lo que el gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado “carné de la Patria”, necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.

Sin embargo, las proyecciones económicas de analistas u organismos internacionales para Venezuela no son esperanzadores; el Fondo Monetario Internacional proyecta en mil 660 por ciento la inflación para 2017, pues en este año habrá continuidad de la política de intervenir en la economía, más regulaciones, inspecciones a empresas, control de precios y del tipo de cambio, lo que se traducirá en más inflación y contracción económica.

Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una “lucha armada continental” si se intenta un golpe de Estado o se trata de “quebrar” a Venezuela y afirmó que de suceder, “se acabaría la paz en este continente”.

Además, decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. En su momento, reiteró que a partir del lunes comenzarán a circular otras nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5 mil y 20 mil bolívares.

Como otra medida económica para proteger a los trabajadores, Maduro anunció que se exonerará del pago del impuesto sobre la renta a las personas que reciban ingresos anuales por debajo de 6 mil unidades tributarias.

Por su parte, el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que Maduro está actuando fuera de la Constitución y los magistrados del máximo tribunal, al avalar la anulación de la Carta Magna, podrían ser juzgados en un futuro en instancias internacionales por “delitos de lesa humanidad”.

Borges exigió a Maduro rendir cuentas por los asesinatos de 100 mil venezolanos que han ocurrido durante su gestión y le pidió explicar cómo es posible que la economía esté “tan destrozada”. Además, opinó que la única solución a la crisis del país es el voto.

Consideraciones

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda la integración de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela deseándole éxito en su trabajo parlamentario, reconociendo su importante papel en el equilibrio de poderes y en la democracia de la hermana república sudamericana.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela contribuyan a generar soluciones para que sean respetados el orden constitucional, el estado de derecho y los derechos humanos, mismos que deriven en la superación de la crisis política, económica, humanitaria y social por la que atraviesa el pueblo venezolano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a considerar la expansión de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío para contrarrestar los frentes fríos venideros, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En ésta temporada invernal el Gobierno del Estado de Chiapas ha implementado programas como “Adiós al Frío” y “Abrigando a Chiapas”, para apoyar a las familias de escasos recursos económicos y proteger su integridad física en tiempos de frío, se han dedicado a entregar cobijas a todas aquellas familias que más lo ocupan debido a las inclemencias del temporal en los municipios de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y Amatenango del Valle, San Andrés Larráinzar y Zinacantán; Chiapas.

Sin embargo, las familias de escasos recursos no solo se encuentran en dichos municipios, si bien son los más fríos de Chiapas, comunidades que habitan en El Porvenir, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Huixtán, Coapilla; padecen bajas temperaturas menores a los 10 centígrados por las noches y por las mañanas, en algunas ocasiones se presentan puntos de congelamiento.

Por ende, la importancia de extender el apoyo a otros municipios es con el fin de cuidar a los niños, personas de la tercera edad y evitar enfermedades respiratorias. En este sentido, es transcendental que la dirección de este apoyo social, este correctamente especificado.

Ya que cifras reportadas por la prensa y la falta de un reporte verídico por parte del Gobierno del Estado, nos conlleva a observar divergencias tanto en cuestión de los municipios beneficiados, como en la cuantía de cobertores entregados. De modo tal que es importante generar certeza en las mismas, para brindar el apoyo a aquellas comunidades que padecerán las bajas temperaturas de la temporada.

Aunado a lo anterior, y adentrándonos en las características necesarias para brindar el apoyo, estudios de la Secretaría de Protección Civil del Estado, se encargaron de realizar un estudio coordinado con la Presidenta del DIF Chiapas para determinar aquellos municipios a los que se les debe brindar el apoyo pertinente para contrarrestar los frentes fríos, determinando que los municipios de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y Amatenango del Valle, serían los beneficiados.

Finalmente, y con el objetivo de contextualizar la necesidad de fomentar y expandir tales programas, recientes estudios del Sistema Meteorológico Nacional se registrarán temperaturas de cero a cinco grados centígrados en regiones serranas dentro de las cuales destaca el estado de Chiapas, donde se presentará cielo nublado, probabilidad de lluvias puntuales intensas de 80 por ciento y ambiente frío, con evento de norte con rachas superiores a 90 kilómetros por hora, este último fenómeno hace referencia a contar con temperaturas menores a 5 grados centígrados.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Chiapas a informar a esta soberanía sobre la cobertura real de los programas “Abrigando a Chiapas” y “Adiós al Frío”, tanto en la cantidad de cobertores otorgados, así como en los municipios beneficiados.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado para que a través de sus dependencias, amplié la cobertura de los programas sociales “Adiós al Frío” y “Abrigando a Chiapas” a los municipios de El Porvenir, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Huixtán, Coapilla y, difunda entre los habitantes del estado, las indicaciones para tomar medidas de seguridad durante la temporada invernal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el día 25 de enero del 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer las investigaciones sobre el asesinato de Isidro Baldenegro López, activista ambiental y defensor de los derechos humanos de la comunidad rarámuri, suscrita por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez y María Chávez García, Diputados Federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El domingo 15 de enero del año en curso, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, perteneciente al estado de Chihuahua, fue asesinado de manera artera Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri que se destacó por ser un luchador social y defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara.

Isidro Baldenegro pasó gran parte de sus 51 años su vida protegiendo el bosque contra los caciques y mafiosos que de forma ilegal los explotan. Tras la muerte de su padre, Julio Baldenegro, quien también fuera asesinado en 1986 por los traficantes de madera, Isidro tomo el liderazgo en el movimiento por la defensa del territorio que por siglos su comunidad ha habitado.

En 1993, Baldenegro funda la organización no gubernamental Fuerza Ambiental, AC (FA), dedicada al combate de la tala ilegal de pinos y robles que se encuentra en territorio de los rarámuris, dentro de la Sierra Madre Occidental.

En el 2002 FA de forma pacífica, por medio de marchas y plantones, consiguió la suspensión definitiva de la tala del bosque de su ejido, Coloradas de la Virgen, lo que dese entonces le ocasionó a Isidro Baldenegro amenazas y ataques.

Pero, la defensa legitima de los bosques en la sierra tarahumara y de los derechos humanos de la comunidad rarámuri que los habitan no tan solo le ocasionó agresiones por parte de los talamontes, sino también, por parte del estado corrupto que en varias ocasiones utiliza a las instituciones que deberían de velar por la justicia como arma contra los luchadores sociales.

En el 2003 Baldenegro fue detenido por la Policía Judicial de Chihuahua, estando en su propiedad y sin que mediara orden de aprensión. Siendo encarcelado injustamente, con pruebas fabricadas se le acusó por los supuestos ilícitos de narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

En su momento la injusta privación de su libertad ocasionó el repudio internacional y severas crítica contra México por su corrupto sistema policiaco, siendo liberado 15 meses después, cuando un tribunal resolvió que las pruebas aportadas por la policía se contradecían.

En el año 2005, la Fundación Goldman reconoció la lucha de Isidro Baldenegro en defensa del territorio indígena y el bosque amenazado por los taladores, otorgándole a Baldenegro el premio ambiental Goldman, considerado a nivel internacional como el Nobel en protección ambiental, sumándose a un exclusivo grupo de mexicanos que han logrado esa distinción, Edwin Bustillos, Rodolfo Montiel Flores y Jesús León Santos.

En octubre de 2010, por medio de un punto de acuerdo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extendió un reconocimiento por su invaluable labor a favor del medio ambiente y del desarrollo comunitario de nuestro país a los mexicanos galardonados con el premio Goldman, entre los que se encontraba Isidro Baldenegro.

La lucha de Baldenegro continuó, pero, pese a los reconocimientos que merecidamente obtuvo y que lo convirtieron a nivel internacional en una figura respetada, en un héroe ambiental, las amenazas y persecuciones contra él no cesaron. Obligado por las amenazas de muerte que por parte de las mafias de taladores clandestinos pesaban en su contra y de su familia, continuamente fue obligado a desplazarse hacia otras poblaciones de la sierra Tarahumara, hasta que el domingo ya señalado, pocos días después de su regresó a Coloradas de la Virgen, fue asesinado.

La Organización de las Naciones Unidas ya condenó este artero crimen, en un comunicado expresó la indignación causada por la trágica muerte de este destacado activista ambientalista. En palabras de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, “La muerte de Isidro deja un doloroso vacío no solo en su comunidad, sino en el movimiento global de los derechos humanos.”

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se ha sumado a la condena por el asesinato del reconocido luchador social y pidió castigar a los responsables. Al igual que Amnistía Internacional, organización que ha pedido al gobierno mexicano la investigación inmediata de los hechos, a decir de su directora para América, Erika Guevara Rosas, el asesinato de Isidro Baldenegro “es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas.”

Si bien la Fiscalía General del estado de Chihuahua ha declarado que ya tiene identificado al autor material del asesinato y que para su cobarde acto utilizó un arma de uso exclusivo del ejército. Pese a lo anterior, este despreciable individuo hasta el momento se encuentra prófugo, lo que una vez más a nivel internacional pone en entredicho al sistema de justicia mexicano.

Por otra parte, si recordemos, en el 2003 Baldenegro fue acusado y encarcelado injustamente, con “pruebas” sembradas por la misma policía que hoy supuestamente busca a su asesino, bajo este antecedente, se abre la siguiente interrogante, ¿cómo vamos a esperar ahora que la misma institución que de manera injusta y arbitraria le privó de libertad, realmente ponga interés en resolver el caso hasta sus últimas consecuencias?

Resulta imprescindible que se realice una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Por ello la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de las indagatorias, para recobrar la confianza pública, garantizar el conocimiento pleno de la Verdad y que se haga Justicia, y por ser la única instancia adecuada para garantizar que la investigación se realice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

“Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.”

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V....

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...”

En Morena estamos convencidos de que el Congreso de la Unión debe unirse a estas voces de repudio ante este cobarde crimen y enviar nuestras condolencias a los deudos de Isidro Baldenegro, pero también, exigir el esclarecimiento del caso, el que se castigue al autor material y al o a los autores intelectuales, y exhortar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena el asesinato del activista ambiental y defensor de los derechos humanos, Isidro Baldenegro López. Así mismos, envía sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad rarámuri por su irreparable pérdida.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de sus facultades atraiga las investigaciones sobre el caso del asesinato del activista por los derechos humanos Isidro Baldenegro López.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, María Chávez García.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los fiscales especializados para la Atención de Delitos Electorales, y en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca a investigar con la mayor brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, Claudia Romo Rodríguez, a investigar a la brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. A pesar de las múltiples medidas tomadas por el Estado mexicano, y de los significativos impulsos de la sociedad civil por hacer visible la violencia política hacia las mujeres, ésta continúa manifestándose de manera preocupante en nuestro país, como una más de las violencias sistémicas que padecen las mujeres en México.

II. Diversos medios hicieron pública la situación de agravio en contra de tres mujeres que fueron agredidas a latigazos en el municipio de San Miguel Peras en Oaxaca el pasado 21 de enero de 2017: Rosa Aguilar, Mariana Díaz y Gabriela Maldonado. Ésta última fue golpeada hasta quedar inconsciente con su hijo en brazos, agredida por su propio abuelo, quien fue obligado por el Presidente Municipal y el síndico de la localidad.

Todo comenzó cuando Rosa, Mariana y Gabriela externaron en las pasadas elecciones de 2016 su interés en participar en la elección local municipal y recibieron comentarios como “aquí no se permiten faldas” y “no pueden entrar porque son mujeres”.

Rosa, Mariana y Gabriela buscaron después de la elección del 7 y 8 de mayo de 2016, ser integradas en la autoridad y tener el derecho de participar en la asamblea. Para eso, acudieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPO) y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia de Santiago Juxchitlahuaca, a interponer su queja logrando que el órgano mandatara la reposición de la elección realizada por Sistemas Normativos Internos. Sin embargo, subrayan las afectadas que en ningún momento la autoridad repuso la elección.

Diversos testimonios han dejado evidencia del constante acoso, amenazas y asedio que vivían estas tres mujeres producto de la queja que interpusieron ante las autoridades electorales estales.

III. De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

IV. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el principio de igualdad, el derecho de todas las y los, ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

V. La Constitución reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35, mientras que establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En su artículo 2, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para [...] decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”. En la fracción III, protege su derecho a: “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega que “en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.”

VI. De acuerdo con la solicitud de acceso a la información 0001700228915, hecha por el Programa de Investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, de las 3 mil 419 denuncias que incluyen a 24 mil 977 personas por presuntos delitos electorales durante el proceso electoral 2015: 70 por ciento de los delitos fueron cometidos por hombres, mientras que un 30 por ciento por mujeres, destaca que de las 70 órdenes de aprehensión por delitos electorales sólo se abrieron 3 averiguaciones previas relacionadas con violencia política hacia mujeres candidatas, situación que pone en evidencia la complejidad para iniciar un proceso de este tipo aun cuando el año pasado en conjunto con diversas autoridades se expidió el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

Señala dicho Protocolo que, la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

VII. La FEPADE, como órgano encargado de la procuración de justicia en materia electoral, tiene la obligación constitucional de promover, garantizar y proteger, el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política de género, por lo que es necesario que en cumplimiento de sus deberes y en coordinación con las instancias locales busquen la justicia en los agravios que han padecido estas tres mujeres mixtecas.

La violencia en contra de estas mujeres indígenas se inscribe en ola de violencia política que vive México y que permanece intacta ante la grave inacción de las autoridades. La múltiple discriminación de la que han sido víctimas estas mujeres, tanto por su condición de género, su identidad cultural y su rol social han generado un escenario que demanda la urgente atención de las autoridades. Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena las agresiones contra las mujeres indígenas: Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales doctor Santiago Nieto Castillo, y a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, licenciada Claudia Romo Rodríguez a investigar a la brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, Oaxaca.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, a vigilar que las autoridades estatales brinden justicia pronta y expedita a las agraviadas, con respeto y garantía de sus Derechos Humanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a intensificar su labor en la sensibilización y promoción de los derechos políticos de las mujeres, especialmente entre las comunidades indígenas y en sus diversas lenguas, mediante programas y materiales específicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en Quintana Roo, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el estado de Quintana Roo.

Consideraciones

A. Exposición de los hechos

1. Durante la madrugada del 16 de enero de 2017, se desarrolló la clausura del evento The BPM Festival , en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Lamentablemente, en el mismo se desarrollaron eventos de violencia que ocasionaron el fallecimiento o lesiones de diversas personas.

2. The BPM Festival comunicó lo siguiente en su cuenta oficial de facebook:

“Es con mucha tristeza que compartimos los reportes confirmados de la policía que las acciones de un sujeto solitario en Blue Parrot hace unas horas, resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos. Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede.

The BPM Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales (Seguridad Pública/Policía Turística) durante el festival, para asegurar el bienestar de todos los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación.

Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias y todos aquellos afectados por estos trágicos acontecimientos.

La familia The BPM Festival”1

3. Diversos medios de comunicación han replicado la información publicada por The BPM Festival sin la aportación de elementos adicionales sustantivos que comuniquen a la sociedad sobre las medidas gubernamentales para atender la situación.

4. El pasado 17 de enero de 2017, se registró una balacera en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ubicadas el municipio de Benito Juárez. El resultado fue la pérdida de la vida de cuatro personas2 .

5. A través de la cuenta de facebook del gobierno del estado de Quintana Roo, el gobernador ha declarado que los hechos ocurridos el pasado 16 de enero revelan que grupos de delincuencia organizada afrontan a un gobierno que no otorga ningún tipo de concesiones hacia los mismos. En sus palabras “el ataque a las instituciones de justicia lo único que revela es que vamos en el camino correcto”3 ; de igual forma, declaró que “he hablado con el secretario de Gobernación con quien he convenido el apoyo del gobierno de la República mediante el envío de fuerzas federales, mismas que ya se encuentran en camino y cuyo objetivo será reforzar el mantenimiento del orden y la seguridad de todos los ciudadanos ”4 , finalmente, afirma que “el estado está bajo control y en orden”5 .

6. El 18 de enero de 2017, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó al secretario general de Gobierno del Estado de Quintana Roo y le cuestionó si “¿Está fuera de control el tema de seguridad en Quintana Roo?”6 ; el secretario respondió lo siguiente: “De ninguna manera, Carlos. Yo creo que es muy claro que el ataque armado que grupos criminales hicieron ayer a la fiscalía de nuestro estado pues se marca en un contexto de combate a la corrupción”7 . De igual forma, se le cuestionaron las causas que originaron el ataque a la fiscalía, a lo que el secretario respondió “nosotros tenemos muy claro que desde luego es un acto del crimen organizado, es muy probable que precisamente pues se dé como una respuesta a todas las acciones que este gobierno ha implementado”8 .

B. Prevención social del delito

1. A partir de las declaraciones de los servidores públicos estatales citados, podría concluirse que la problemática atiende a cuestiones regionales y, en cierta medida, aisladas de la dinámica nacional.

2. No obstante, el Estado mexicano afronta desde hace diez años procesos de combate a la delincuencia organizada a nivel nacional9 que han obligado a coordinar a los tres órdenes de gobierno para compartir inteligencia, capacitación, recursos y estrategias.

3. Más allá del debate sobre la estrategia de seguridad interna y seguridad nacional, existen investigaciones de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, (en adelante CIDE) que alertan sobre fenómenos nacionales visibles alrededor del territorio nacional. Uno de los más importantes es el de la normalización de la violencia.

4. A propósito de lo anterior, Andreas Schedler, investigador del CIDE, argumenta lo siguiente:

“A nivel individual, también hay muchos signos de normalización de la violencia. Con rapidez osmótica y una ligereza que a veces pareciera festejar la transgresión de todos los límites civilizatorios, el lenguaje cotidiano ha sido un lugar privilegiado de normalización de la violencia. (...) Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperable. La normalización simbólica ha sido reforzada por múltiples estrategias de adaptación individual. Quizá la más importante ha sido el autoconfinamiento. En la medida en que el espacio público ha aparecido como territorio violento, los ciudadanos se han refugiado en sus espacios privados. (...) A nivel colectivo, hemos visto un abandono análogo del espacio público. Ha imperado la pasividad ciudadana, puntuada por breves olas de protesta masiva”10

5. A lo largo del trabajo de Schedler, se acompañan cifras a nivel nacional sobre victimización, violencia y tasa de comisión de delitos que hacen evidente la necesidad del diseño de políticas públicas integrales, transversales y focalizadas. Sin lugar a dudas, los dos hechos ocurridos en Quintana Roo no pueden considerarse aislados o resultados de una estrategia del gobierno local en turno, sino que deben entenderse como parte de un fenómeno dinámico de alcances nacionales.

6. Sin embargo, los datos y las investigaciones no pueden dar como resultado la inmovilización gubernamental o el reparto plural de responsabilidades. En nuestro régimen democrático, deben ejecutarse acciones tendientes a fortalecer las redes de solidaridad política, entendida como “la disposición de socorrer a conciudadanos que sufren injusticias graves”11 , que resulte en la atención prioritaria de las necesidades emocionales de la comunidad política: fortalecer el tejido social.

7. Por eso, es relevante que el estado de Quintana Roo, en coordinación con los dos órdenes de gobierno restantes, diseñe políticas públicas con enfoques democráticos para prevenir la comisión de nuevos hechos de violencia. Sin lugar a dudas, el modelo garantista de seguridad pública no puede visualizar como prioritario la ejecución de sanciones, sino esquemas comunitarios de prevención.

8. Así, Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, investigadores del CIDE, aportan elementos fundamentales en el debate académico de seguridad pública para el diseño de nuevos enfoques de prevención social del delito. En sus palabras:

“Las políticas en esta materia son las que se dirigen a influir en la motivación criminal (...) La bibliografía divide estas políticas en dos tipos generales (...): políticas de prevención del desarrollo del delito y políticas de prevención comunitaria del delito. (...) las segundas buscan cambiar condiciones sociales de las comunidades para prevenir la comisión de delitos [por ejemplo, deporte, cultura, etcétera]. En México, si bien hay un grave déficit en el desarrollo de ambas, las políticas de prevención social del primer tipo son mucha más deficitarias y esto explica de forma parcial la alta tasa de reincidencia delictiva. (...) Una política contemporánea para prevenir el delito debe incorporar no sólo a los agentes tradicionales del sistema de seguridad y justicia criminar (policías, jueves y custodios), sino también a agentes de la sociedad civil (académicos y organizaciones de la sociedad civil –OSC-)”12

9. El diseño y ejecución de políticas públicas de prevención social del delito deben atender a realidades diferencias. Particularmente, lo sucedido el pasado 16 de enero obliga a adecuar las acciones hacia la protección de la dignidad de las personas jóvenes: las medidas no pueden coartar el libre desarrollo de su personalidad, sino promoverlo. Por eso, este punto de acuerdo exhorta a distintas instancias ejecutivas a generar nuevos esquemas de protección a la población y, especialmente, a las juventudes, para la realización de eventos de entretenimiento masivo.

10. México cuenta con la ingeniería legislativa suficiente para el diseño de políticas públicas que puedan entender las características regionales, inscritas en una dinámica nacional, para la atención comunitaria de hechos de violencia. En este sentido, resulta prioritario que la Cámara de Diputados, órgano de representación popular, supervise que las acciones ejecutivas para la prevención de la violencia se ajusten a criterios normativos y democráticos. La violencia no puede entenderse desde la arena electoral, sino que debe estudiarse desde las comunidades: las implicaciones sociales de estos fenómenos provocan la exclusión y la pérdida de empatía entre conciudadanos, lo que resulta profundamente antidemocrático.

C. Esquema normativo

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función concurrente entre los tres órdenes de gobierno en los siguientes términos:

“Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) a b) ...

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”13

2. A partir de la lectura del artículo 21 constitucional, puede resolverse que la seguridad pública en el Estado mexicano cuenta con una base mínima compartida para el diseño y ejecución de políticas públicas en la materia. Resalta que la Constitución es enfática en la necesidad de contar con acciones de prevención del delito.

3. El artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios”14 . De esta forma, el Congreso expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que instituye la creación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública: organismo que cuenta con atribuciones en materia de información, certificación y acreditación, así como de prevención del delito y participación ciudadana.

4. Como parte del diseño garantista del modelo penal constitucional mexicano, la Carta Magna reconoce el derecho de las víctimas u ofendidos a que se les repare el daño15 . En este sentido, el Congreso de la Unión ha expedido la Ley General de Víctimas, misma que establece el diseño de instituciones especializadas para la atención inmediata de víctimas y la reparación integral del daño.

5. Las anteriores normas generan las condiciones de operatividad de los tres órdenes de gobierno para coordinarse y atender de manera prioritaria los hechos ocurridos durante los últimos días en Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales de Benito Juárez y Solidaridad a ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para la investigación de los hechos criminales sucedidos durante el 16 y el 17 de enero de 2017.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención del delito focalizadas a la realización de eventos de entretenimiento masivo con perspectiva de juventud.

Tercero. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención social del delito que acompañen a las acciones de combate a la delincuencia organizada.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a coordinarse y ejercer sus atribuciones para garantizar la reparación integral del daño de las víctimas de los hechos criminales sucedidos durante el 16 y el 17 de enero del 2017.

Notas

1 Cuenta de Facebook de The BPM Festival, disponible en: https://www.facebook.com/thebpmfestival/?fref=ts (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

2 Animal Político, Atacan a balazos la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún; hay cuatro muertos, dice el gobernador, disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/01/fiscalia-cancun-ataque/ (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

3 Cuenta de Facebook del Gobierno del Estado de Quintana Roo, video titulado Gobernador Carlos Joaquín informa los pormenores de los acontecimientos de esta tarde en Cancún;, disponible en: https://www.facebook.com/GobQuintanaRoo/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

4 Op. cit.

5 Op. cit.

6 Cuenta de Noticieros Televisa en Youtube, video titulado Quintana Roo no es un narcoestado: Secretario de Gobierno - Despierta con Loret, disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=LvMIj7ymcXY (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

7 Op. cit.

8 Op. cit.

9 Héctor de Mauleón, La guerra de diez años, disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=30935 (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

10. Andreas Schedler, En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015), pp. 15 – 16.

11 Ibíd., p. 219.

12 Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, Perfiles criminales I: Frecuencias y descriptivos, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013), p. 17

13 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

14 Artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

15 Artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar en el ámbito de sus facultades y competencias acciones para que se reconozca la gallística como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad, suscrita por los diputados Karla Karina Osuna Carranco y Christian Joaquín Sánchez Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente

Los que suscriben, diputados Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Chistian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura, a efecto de que en el ámbito de sus facultades y competencias, realice las acciones necesarias para que se reconozca a la gallística mexicana como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La fiesta de gallos es parte inherente de nuestra cultura, que ha sido transmitida de generación en generación y que infunde a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana.

Resulta claro que la gallística cumple con los criterios establecidos por la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003, pues se manifiesta en las tradiciones y expresiones orales, en las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos.

De acuerdo con el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le compete a la Secretaría de Cultura elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como conservar, proteger y mantener el patrimonio cultural de la nación y es la principal dependencia que funge como vínculo con la UNESCO para gestionar el reconocimiento de los elementos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad.

La imagen del gallo de pelea, se ha relacionado culturalmente con valores como la valentía, gallardía, abnegación, entrega, respeto, honor, responsabilidad, lealtad todos ellos con la mexicanidad y con la defensa de nuestros ideales.

El gallo de pelea representa un acervo genético importante para el rescate de otras razas, puesto que su desarrollo se ha dado mediante una exhaustiva selección basada en los mejores atributos fenotípicos y genotípicos.

De acuerdo con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Se entiende por patrimonio cultural inmaterial:

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Algunos especialistas afirman que las peleas de gallos surgieron con la domesticación de esa ave hace ocho mil años en el sureste asiático. Otros afirman que surgieron entre los años 6000 y 1500 antes de Cristo.

En México las peleas de gallos aparecieron en el siglo XVI, décadas antes de que nuestro país fuera declarado independiente. Aunque no hay registros que señalen la fecha exacta de la introducción del gallo de pelea, se piensa que puedo haber sido de forma posterior a la llegada de Hernán Cortés a Cuba, en dónde se importó esta tradición de España.

Durante la colonia las peleas de gallos amenizaban cualquier acto político o festividad en la que participaban todas las clases sociales, desde el virrey, hasta las clases sociales menos privilegiadas.

Las peleas de gallos continuaron antes, durante y después de la Independencia de nuestro país. Durante todo el siglo XIX siguieron proliferando en todo el territorio nacional. En 1828, el ayuntamiento de la Ciudad de México concedió su autorización para que se llevaran a cabo peleas de gallos en esta entidad.

En la actualidad, se estima que se efectúan en nuestro país un promedio de 2 millones de peleas cada año y se calcula que se crían alrededor de 50 millones de aves de combate, de acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística.

Hoy en día las peleas de gallos se practican en todas las entidades de la República, aunque esta tradición sobresale en entidades como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Ninguna ley estatal de protección animal establece una prohibición contundente para las peleas de gallos.

Asimismo, es importante citar que en Aguascalientes y Zacatecas han declarado las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial y por lo menos, treinta y cinco municipios en Veracruz, Michoacán, Puebla, Hidalgo y estado de México están en la misma tesitura.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a efecto de que en el ámbito de sus facultades y competencias realice las acciones necesarias para que se reconozca a la gallística mexicana como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 25 días de enero de 2017.

Diputados: Karla Karina Osuna Carranco y Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rubricas).

Con punto de acuerdo, por el que se condena todo acto de violencia política ejercido contra las mujeres, y se exhorta al Inmujeres a conducir un estudio nacional sobre aquélla, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), define a la violencia hacia las mujeres en su artículo 5º, fracción IV, como:

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La violencia contra las mujeres, refleja un indicador de la democracia de toda sociedad ya que determina la capacidad de las autoridades para entender y establecer mecanismos con el fin de dar solución a esta problemática, así como para castigar a los responsables. Si los mecanismos fallan o no existen, el tejido social de cualquier comunidad, país o nación, se encuentra en un evidente deterioro.

Desgraciadamente en todo el territorio nacional han sido improductivos e insuficientes estos mecanismos, y peor aún, en algunas regiones su impacto es prácticamente nulo. Particularmente en el Estado de México. El acoso, hostigamiento, agresión y violencia en contra de las mujeres es mayor en esta entidad, pues los actos que atentan en contra de su persona, dignidad y seguridad escalan desmedidamente frente a un nulo e indiferente esfuerzo gubernamental.

Estudios cuantitativos comprueban lo anterior. Conforme a lo señalado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre los años de 2005 a 2013, aproximadamente mil 767 mujeres fueron asesinadas y otras mil 500 desaparecieron, en su mayoría adolescentes de entre 15 y 17 años. Tan sólo entre 2011 a 2013, se registraron 840 asesinatos de mujeres en el Estado de México. De ellos, sólo 145 fueron investigados como feminicidios y aunque en julio de 2015 se emitió la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios mexiquenses, activistas y personas defensoras de los derechos humanos afirman que los asesinatos de mujeres contrariamente a disminuir, se han Incrementado, superado así, más de cien casos durante el 2016.

Sumado a esto, existe un sesgo de información institucional que impide conocer de manera precisa el problema de manera total, clara y precisa. Existen dos rostros ocultos que no dicen las estadísticas: los datos oficiales y la nula investigación de los hechos. Por un lado se encuentran las organizaciones civiles que registran un número diferente de feminicidios contrario al de las fuentes gubernamentales. Por otro, los escasos y en ocasiones nulos esfuerzos para investigar los casos de feminicidios que se presentan.

Durante el 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurridas por cada 100 mil mujeres residentes en la entidad.

En el escenario general, la entidad mexiquense ha mostrado su incapacidad como autoridad para enfrentar la violencia que se suscita día a día contra las mujeres. Peor aún, la violencia ha aumentado y se ha expandido en escenarios más específicos y particulares, que ni aun las leyes ni los estudios han considerado: la violencia política hacia las mujeres .

El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres señala:

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público” .

Uno de los grandes problemas de este tipo de violencia es que aun cuando existen varias iniciativas propuestas en las Cámaras del Congreso, México no cuenta con un marco legal específico en materia de violencia política. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres se ha hecho más visible en los últimos años, lo cual se demuestra mediante casos documentados o expuestos por los medios de comunicación y asociaciones civiles, casos que surgen mediante candidaturas simuladas hasta agresiones, amenazas y homicidios por razones de género.

La violencia política debe entenderse como un tipo de violencia que puede tener origen en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro del seno familiar o unidad doméstica, en general en toda relación interpersonal, comunidad, partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse mediante cualquier medio de información (periódicos, radio y/o televisión), tecnologías de información y/o en el ciberespacio. Puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes.

Entre las expresiones de violencia hacia las mujeres, destacan los chismes como dispositivos de control sobre la vida privada, sexual, afectiva o sentimental de las mujeres , al igual que muestras explícitas de discriminación y violencia, que refieren la violación sistemática de sus derechos políticos en todos los ámbitos de participación política abarcando espacios comunitarios, municipales, estatales, regionales, incluso escenarios nacionales.

Muestra de lo descrito anteriormente, nos refiere a la contienda electoral 2014-2015 cuando la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar, denunció que haber sido víctima de agresiones y amenazas, así como de un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal, resultando heridos dos de sus colaboradores.

En abril del año 2016, se registraron dos casos de Violencia Política de Género en el municipio de Ixtapaluca, uno en contra de una funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE) y el otro en contra de una mujer en una casilla. En el primer caso, la funcionaria del INE fue presionada por parte de simpatizantes de un partido político, mientras que en el segundo, la mujer fue golpeada a las afueras de una casilla, impidiéndole que ejerciera su derecho al sufragio.

Estos son sólo algunos ejemplos de la manera sistemática en que las mujeres se enfrentan a situaciones de violencia política, como: acoso político y violencia de género que obstaculizan su designación y participación en puestos de representación popular y cargos de liderazgo.

En el 2015, Roselia Bustillo Marín, investigadora del Centro de Capacitación del Tribunal Judicial Electoral, afirmó que la Paridad de Género para el año 2015, en el Estado de México, se hizo visible la violencia política con la imposición de familiares femeninas en los cargos públicos, quienes al final no actuaron por voluntad, pues se impuso la voluntad de quien las obligo a asumir un cargo.

Estas acciones representan una seria amenaza para la democracia ya que se impide a las mujeres realizar sus campañas políticas o cumplir con las obligaciones de sus cargos. En este sentido, los procesos electorales son anulados mediante la intimidación y la coerción.

La presencia y participación política de las mujeres en México, es aún limitada. Esta realidad se refleja a través de la historia y la conformación de las esferas de poder que permiten hacer visible la desigual situación de género.

Específicamente, en la entidad del Estado de México, encabezada por Eruviel Ávila Villegas, existe una conformación desigual del gabinete. De las 18 Secretarías que lo componen, sólo tres mujeres son titulares: Ana Lilia Herrera en la Secretaría de Educación; Carolina Alanís Moreno en el DIF y Rosalinda Elizabeth Benítez González en la Secretaría de Turismo.

Actualmente, en la legislatura del Estado de México existe un amplio margen que se debe superar en materia de igualdad. Pues de los 78 escaños legislativos, sólo 28 son ocupados por mujeres. A nivel municipal, la participación de las mujeres como presidentas es heterogéneo en todo el país, es decir, en el entonces Distrito Federal (hoy en día Ciudad de México) se puede ver que 31.3 por ciento de las mujeres participan encabezando las delegaciones políticas; mientras que en contraste, en estados como Baja California y Estado de México, es escaso o nulo. Coahuila (12%) y el Estado de México (17%), son las entidades en las que existe una menor inclusión de mujeres en la toma de decisiones del gobierno local.

Las múltiples expresiones de violencia estructural contra las mujeres restringe el ejercicio de su derecho a ocupar cargos de toma de decisiones y poder político. Este tipo de violencia lastima a candidatas, dirigentes y militantes de todos los partidos en distintos estado de la República. No es justo, ni legal permitirlo más.

Para el anecdotario quedarán los registros mediáticos de las candidatas y los medios de comunicación. El no dar seguimiento a las denuncias públicas y sobre todo, el no haber brindado protección a las personas afectadas, lo que resulta a todas luces en impunidad. La impunidad sólo genera la repetición sistemática de estos delitos. La tardanza en la atención de éstos fomenta la inequidad en la participación electoral y en la vida democrática, y en muchos de los casos, obliga al abandono de una aspiración legítima a media contienda.

Se deben de conjuntar esfuerzos a favor de proteger el ejercicio de la participación política de las mujeres y salvaguardar a las candidatas de todo acto que atente contra su vida, su persona, su dignidad y su seguridad, con la finalidad de preservar su integridad y preservar el ejercicio democrático en igualdad de condiciones de mujeres y hombres y de los diferentes grupos de población que conforman su territorio.

Para contar con candidatas a los distintos puestos de carácter público, el cambio tiene que surgir al interior de los partidos políticos, a partir de las campañas internas y en la creación de mecanismos, pero sobre todo de una ley que regule no sólo la prevención y el castigo de dichos actos, también los sancione.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar un estudio a nivel nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena todo acto de violencia política ejercido hacia las mujeres.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta a todos los gobiernos estatales y municipales de México a implementar políticas públicas de igualdad y equidad para combatir la violencia política hacia las mujeres.

Fuentes

- Álvarez, Erick. Fepade registra dos casos de violencia política en Ixtapaluca [en línea] Dirección de URL: http://www.edomexaldia.com.mx/2016/04/fepade-registra-dos-casos-de-viol encia-politica-en-ixtapaluca/. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Bajo el microscopio. Basta de Violencia política hacia las mujeres. Fuente no disponible, Dirección de URL: http://www.bajoelmicroscopio.org/basta-de-violencia-politica-hacia-las- mujeres. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Casos de violencia política contra las mujeres. Bajo el microscopio: Basta de Violencia política hacia las mujeres. Registro de acontecimientos sobre violencia política [en línea], Dirección de URL:

http://www.piensoluegovoto.mx/wpcontent/uploads/2015/05/ Timeline_Colmex_ILSB_140515-1.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género: Participación política de las mujeres 2014 [en línea], Dirección de URL:

file:///C:/Users/user/Downloads/PPD_LM14%20(1).pdf. Consultado el 12 de diciembre de 2016.

- Consulta de la Reforma constitucional en materia política-electoral 2014 [en línea], Dirección de URL:

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Cuotas de género en materia electoral [en línea] Dirección de URL:

http://genero.ife.org.mx/primera-reunion-consejeras_2011 /m1.html. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Dalton, Margarita. Democracia e igualdad en conflicto: las presidentas municipales en Oaxaca [en línea], Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2012, Dirección de URL: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/democracia_igualdad.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Lamas, Marta; Azuela, Maite. Con la cultura en contra. Algunas consideraciones sobre los obstáculos que las mexicanas enfrentan para ejercer sus Derechos Político-Electorales , en Ansolabehere K. y Cerva D., Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México [en línea], Dirección de URL: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/genero_y _dp.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_1712 15.pdf. Consultado el 11 de diciembre de 2016.

- Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (en línea), Dirección de URL: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/publicaciones/. Consultado el 12 de diciembre de 2016.

- Procuraduría General de la República. Registra FEPADE 141 casos de violencia política de género durante el 2015 y 2016. Comunicado 1252/16 [en línea] Dirección de URL:

https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-
politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16. Consultado el 13 de diciembre de 2016.

- S/a. Impera Violencia política en Edomex [en línea], Diario Atizapán, Dirección de URL: http://www.hola-atizapan.com/impera-violencia-politica-en-edomex/. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Talamás Salazar, Marcela; Lascurain Sánchez de Tagle, Sofía. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres [en línea], Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dirección de URL: http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_ 140316.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas y la directora general del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia a verificar la integridad física y emocional de los menores de edad de la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, y garantizar el goce de sus derechos humanos, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), doctora María de la Luz Domínguez Campos, y a la directora general del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Yadira Galván Sánchez a realizar una revisión entre los menores de edad que habitan en la “Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas”, dependiente de la Coordinación de Casas Asistenciales de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de verificar su integridad física y emocional, y garantizar el goce de sus derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y abandono son aquellos que, de acuerdo con el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño “sufren (...) toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. En el Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños y las Niñas, dice sobre el maltrato infantil que “las formas de violencia a las que estará expuesto un niño o una niña variarán según su edad y etapa de desarrollo, especialmente cuando comienzan a interactuar con el mundo fuera del hogar. En el entorno del hogar y la familia, los niños y niñas experimentan agresiones y otros actos de violencia física, sexual, así como prácticas tradicionales perjudiciales”.

II. Según el estudio “Los derechos de la infancia y la adolescencia en Zacatecas” realizado por UNICEF, la invisibilidad de la violencia dirigida hacia niñas, niños y adolescentes se refleja en una baja proporción de denuncias y, por lo mismo, en insuficiencias en la atención en relación con las dimensiones del problema. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes hay que señalar que la pobreza, el trabajo infantil, uniones tempranas, consumo de drogas y alcohol, exclusión escolar y un ambiente hostil en la escuela, así como la violencia en la propia familia, son factores de riesgo que están impactando negativamente en la vida de miles de niños y jóvenes zacatecanos. Mientras que las autoridades no cuentan con sistemas de información concreta que permitan un registro sistemático de los casos y favorezcan la implementación de acciones adecuadas de prevención y seguimiento.

III. Cabe señalar, en lo que se refiere a quejas, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de un promedio de 82 quejas presentadas en los últimos años generalmente solo 1 deriva en recomendación, sobre todo cuando hay casos de gravedad, por ejemplo, los relacionados con el maltrato físico o emocional por parte de maestros, conserjes o prefectos, o de la violencia sexual. Destaca por igual que el Centro de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar según los resultados del citado estudio de UNICEF señalan que se encuentra lejos de cumplir con la adecuada aplicación de la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, que detalla la atención integral que debería proporcionarse a las víctimas y obliga a dar “vista” al ministerio público de los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual.

IV. El pasado 20 de enero se filtró a través de redes sociales una grabación dónde se escucha de la directora de la Casa Hogar, Guadalupe Álvarez, quien solicita que a una niña la bañen con agua con hielos porque se orinó.

V. Dentro de sus atribuciones la Casa Hogar tiene según el Estatuto Orgánico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 15 de junio de 2013, en su Fracción XXI, el: “Supervisar el buen trato y cuidado de los menores por parte del personal asignado en cada área”, situación que ha sido abiertamente cuestionada por los recientes acontecimientos.

Por esta razón, y ante la posible grave situación que viven de los llamados “niños institucionales”, los que viven en casas de asistencias, es que es urgente que se revise se esté cumpliendo con la normatividad vigente, y que los infantes se encuentren en óptimo estado de salud física y mental.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), doctora María de la Luz Domínguez Campos, y a la Directora General del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Yadira Galván Sánchez a realizar una revisión entre los menores de edad que habitan en la “Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas”, dependiente de la Coordinación de Casas Asistenciales de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de verificar su integridad física y emocional, y garantizar el goce de sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación a fin de establecer la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, suscrita por la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del acuerdo parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo a bien someter a su consideración la presente; proposición con punto de acuerdo que presenta la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas.

Antecedentes

El matrimonio infantil, es decir, aquel en el que se involucra a personas menores de 18 años, de acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, forma parte del conjunto de prácticas nocivas que tienen su origen en la discriminación por razón de sexo, género y edad, principalmente.

Al reconocer lo anterior, obedece que de manera conjunta ambos comités adoptaran la recomendación general número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas,1 en donde se les define como:

...prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o interrelacionadas de discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o psíquicos. El daño que semejantes prácticas ocasionan a las víctimas sobrepasa las consecuencias físicas y mentales inmediatas y a menudo tiene el propósito o el efecto de menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y los niños. Asimismo, tales prácticas repercuten negativamente en su dignidad, su integridad y desarrollo a nivel físico, psicosocial y moral, su participación, su salud, su educación y su situación económica y social (párrafo 15)

Ambos Comités reconocen que las prácticas nocivas de mayor prevalencia incluyen: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos de “honor” y la violencia por causa de la dote.

Asimismo, establecen el carácter multidimensional de sus causas, que incluyen: los papeles estereotipados asignados por razón de sexo o género, la supuesta superioridad o inferioridad de uno de los sexos, los intentos por ejercer control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y las niñas, las desigualdades sociales y la prevalencia de estructuras de poder dominadas por el sexo masculino.

En esta recomendación/observación conjunta, se establece que el matrimonio infantil o también denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años2 (párrafo 20). Esta práctica, que afecta principalmente a las niñas, puede ser considerada una forma de matrimonio forzado, dado que una o ambas partes involucradas suelen no otorgar un consentimiento pleno, libre e informado.

En el marco jurídico nacional destaca, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno del artículo 4o., establece que es deber del Estado velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, mismo que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), reconoce a ese grupo de población como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o. constitucional. Esta ley establece los principios rectores y criterios que deben orientar a la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral de niñas, niños y adolescentes, la LGDNNA establece:

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Es necesario recordar que como parte de las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (2015), se incluye que:

A la luz de la observación general N°18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.

Lo cierto es que hasta la fecha no se ha logrado esta armonización en la legislación de todas las entidades federativas del país. En la actualidad:

• En 1 entidad federativa se permite el matrimonio de menores de 18 años de edad: Aguascalientes.

• En 15 entidades se permite el matrimonio de menores de 18 año~ con dispensa, consentimiento o excepciones: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

• En 16 entidades se establece puntualmente que no se permite el matrimonio de menores de 18 años: Baja California’ Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (ver cuadro 1)

Por otra parte, en nuestro país la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), presentada en 2015 por el gobierno federal, señaló en su diagnóstico que el fenómeno de embrazo adolescente está aparejado con el de uniones tempranas. Siendo, al mismo tiempo, consecuencia y causa de las uniones matrimoniales de niñas y adolescentes. Uniones muchas veces impuestas o no deseadas. Estadísticamente, 60% de las 486, 000 mujeres adolescentes madres unidas, vivieron la unión y el primer parto en el mismo año de su vida.

La ENAPEA dio cuenta de que en nuestro país, casi tres cuartas partes de las niñas de 10 a 14 años de edad que tienen un hijo o hija, están casadas o vive en parejas, lo cual entraña riesgos psicológicos y sociales. Asimismo, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad casadas o unidas (16%) es casi tres veces mayor que la proporción de hombres de esta edad (6.2%) que reportan vivir en matrimonio o unión.

En otras palabras, las uniones no se dan en la misma medida entre adolescentes mujeres y sus contrapartes hombres. Por el contrario, la propia ENAPEA mostró que de acuerdo con el registro de nacimientos de la Secretaría de Salud en 60% de los registros de madres adolescentes, el padre es un hombre de 20 o más años, lo cual cuestionaría si las relaciones que llevaron al embarazo fueron consentidas o no. Entre menor es la edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de hombres (los padres) 10 años o más, mayores que ellas. Es contundente el dato: mientras menor edad tiene la madre, mayor probabilidad de que la pareja sea mayor y que exista una mayor desigualdad de poder entre ellos.

La ENAPEA afirma que: el matrimonio u otro tipo de unión, así como el embarazo y el parto a edades muy tempranas, con grandes diferenciales de edades respecto de la pareja, aumentan la vulnerabilidad de estas adolescentes; al propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja y las pone en un riesgo continuo de abuso y violencia sexual basado en la construcción social de un enfoque de género no equitativo ni de igualdad. Al mismo tiempo que hace evidente que este tipo de uniones suele tener mayor inestabilidad, ya que la literatura muestra que las uniones que se dan en la adolescencia tienen cuatro veces mayor riesgo de disolverse en pocos años.

En el análisis del marco jurídico para prevenir el embarazo adolescente, la ENAPEA, puso en evidencia que existe una falta de homogeneidad en los Códigos Civiles Federal y locales respecto de la edad mínima para contraer matrimonio, sugiriendo que: En este contexto se hace necesaria la revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas.

Por lo anterior y tomando en cuenta el marco internacional en materia de derechos de la niñez, la ENAPEA incluyó en el objetivo 2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo, la siguiente línea de acción:

4. Promover acciones legislativas estatales para homologar los Códigos Penales estatales con la normatividad nacional e internacional en sus artículos relativos a violencia y abuso .sexuales de menores. Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación equiparada, violación a menores y matrimonios forzados.

• Impulsar iniciativas en los congresos estatales que homologuen los códigos penales para eliminar la violencia, el abuso sexual y los matrimonios forzados en la población adolescente.

• Promover la búsqueda intencionada, la persecución de oficio y la sanción de delitos de violencia, abuso sexual y matrimonio forzado contra niñas, niños y adolescentes.

En el mismo año de 2015, las doce agencias del Sistema de las Naciones Unidas con representación en México, impulsaron la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.

La campaña constituía un llamado a gobiernos y congresos (a nivel federal y estatal), a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para tomar acciones concretas para eliminar el matrimonio y la unión temprana de las niñas, tanto en la ley y en la práctica.

Para estas agencias: El matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de las niñas y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas.

Las agencias reconocían que la situación en México resulta preocupante, dado que al menos una de cada cinco mexicanas entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad; observando que la tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones y hoy 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad.

La campaña propuso dos objetivos:

1. Generar conversación y acción para prevenir y poner fin al matrimonio y la unión de las niñas, ubicándolas como una práctica nociva, acorde a las realidades locales y nacionales.

2. Llamado a la acción: “De la A(guascalientes) a la Z(acatecas)”, para la armonización legal completa acorde a los textos internacionales para establecer la edad del matrimonio a los 18 años sin excepción.

Por otro lado, el pasado mes de agosto de 2016, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el instrumento de política pública denominado “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que constituye una ruta de mediano plazo para promover y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia dando cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), mediante la articulación de programas, estrategias y acciones, teniendo como fin que esta población alcance su máximo potencial y bienestar.

Los 25 objetivos propuestos responden a los derechos reconocidos en la LGDNNA, y están agrupados según 4 dimensiones utilizadas a nivel internacional por UNICEF (supervivencia, desarrollo, protección y participación). Además tienen una perspectiva de integralidad, es decir, busca que la acción conjunta del Estado tome en cuenta la interdependencia de los derechos.3

Cabe reiterar que la LGDNNA, en su artículo 115, señala que es deber de todos los órdenes de gobierno el coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos de la misma, de conformidad con las competencias previstas en el texto del mencionado ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.

En el dominio denominado “supervivencia”, se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida y como sujetos de derecho significa que el Estado debe garantizarle el acceso a los recursos que les permita conservarla a lo largo de su ciclo de vida, atendiendo las necesidades bio-psico-sociales de conformidad a las etapas del desarrollo.

En este dominio, el quinto objetivo es el relativo a Embarazo adolescente, incorporando lo relativo a las uniones tempranas, por lo que se propone:

Prevenir y reducir el número de embarazos en niñas y adolescentes, así como las uniones tempranas y asegurar apoyos para que las madres y los padres menores de 18 años y sus hijas e hijos puedan ejercer plenamente sus derechos.

Es por todo lo anterior y considerando que las condiciones jurídicas y socioculturales están dadas para asegurar que el matrimonio de personas menores de 18 años se elimine en todas las entidades federativas, sin excepciones o dispensas, es que someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas.

Notas

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/Comité de los Derechos del Niño, Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, 14 de noviembre de 2014

(CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18). En internet: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf

2 Cabe hacer mención, sin embargo, que este documento conjunto, admite la posibilidad del matrimonio entre personas menores de 18 años, al establecer: Como una cuestión de respeto a las capacidades en evolución del niño y a su autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan a su vida, en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legitimas definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición.(párrafo 20) Cuestión que, en el marco de los avances jurídico y culturales de nuestro país, pretendemos sea superada.

3 https://www.gob.mx/segob/articulos/25al25-objetivos-de-mexico-para-gara ntizar -el-ejercicio-de-derechos-a-ninas-ninos-y-adolescentes

Ciudad de México, a 25 de enero del 2017.

Senadora: Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a colaborar –en el ámbito de su competencia– con el gobierno de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a menores con cáncer en el estado; y, en su caso, colaborar para dar atención oportuna e inmediata conforme al derecho de prioridad que tienen los niños y los adolescentes, suscrita por senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI

Las y los suscritos senadores, Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juan Carlos Romero Hicks; Martha Angélica Tagle Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Francisco Salvador López Brito, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias colabore con el gobierno del estado de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones con respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer en el estado y en su caso, colabore para brindar atención oportuna e inmediata bajo el derecho de prioridad que tienen niñas, niños y adolescentes al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer inicia como una alteración celular que provoca un aumento descontrolado de células anormales que crecen de forma invasiva y se propagan a través de los tejidos, lo que perturba el funcionamiento normal del organismo. Cualquier parte del cuerpo es susceptible de ser afectada, de forma tal que existen más de 100 tipos de esta enfermedad. Es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte. La morbilidad y mortalidad por cáncer en México son un problema de salud pública.

En la población de niñas, niños y adolescentes, se considera que el cáncer es una enfermedad poco frecuente con respecto a las personas adultas, sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 constituye una de las principales causas de morbimortalidad entre la población que aún no cumple los 20 años de edad. El Inegi señala que en 2012, en la región de América Latina y el Caribe, aproximadamente 29 mil niños y adolescentes con menos de 15 años fueron diagnosticados con cáncer, siendo leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común. No obstante, debido a los avances en su diagnóstico y tratamiento oportunos, la mayoría de los enfermos de este tipo de cáncer se curan.

De acuerdo con el Inegi, en México se estima que anualmente surgen entre 5000 y 6000 casos nuevos de cáncer en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Igual que en el contexto regional, destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% de los casos, los linfomas representan el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%. La sobrevida estimada en México es del 56% del diagnóstico y la razón de incidencia de casos de cáncer es de 9 casos por 100 mil menores de 18 años para la población no derechohabiente en la República Mexicana.

México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil y representa la primera causa de muerte por enfermedad en niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad, conforme a la cifras preliminares 2013 reportadas por el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).

El pasado 16 enero del presente, el Gobernador del Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que en la Administración del ex gobernador Javier Duarte en el estado de Veracruz, niñas y niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias, El Gobernador Yunes Linares señaló en conferencia de prensa: “Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamente, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”2

Al respecto, es importante destacar que lo anterior, constituye una flagrante violación de diversos derechos que han sido contemplados en nuestra Constitución Política, en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano así como en el marco jurídico local y nacional en materia de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en sus artículos 14 y 16 el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a fin de que niñas, niños y adolescentes vean preservado su derecho a la vida y a que no ser privados de ella bajo ninguna. Asimismo, el derecho de prioridad establece la protección y socorro de niñas, niños y adolescentes en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, entre otras. Es también una violación al derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, y al derecho de discriminación por condición de edad y porque discrimina a las niñas y niños cuya situación económica de sus familias les obligaba a solicitar este servicio público, pero sobre todo es una innegable violación a su derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, para disfrutar del más alto nivel posible de la salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación en materia de salud, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.

La Ley número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece y salvaguarda también todos los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en específico relativo al derecho a la salud, el artículo 43 fracción XVI de esta ley establece la obligación de las autoridades estatales y municipales para asegurar asistencia médica y sanitaria de enfermedades y rehabilitación de salud, mediante programas de detección temprana y atención oportuna de enfermedades tanto curables como de carácter terminal.

Además contempla que el Sistema Estatal de Salud deberá garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. La información dada a conocer por el Gobernador Yunes Linares sobre niñas y niños que recibieron quimioterapia con agua destilada en el Estado de Veracruz debe investigarse por las autoridades a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes y se sancione conforme a la legislación aplicable, así como que se les repare el daño y se restituyan sus derechos de manera oportuna.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias colabore con el gobierno del Estado de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones con respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer en el Estado y en su caso, colabore para brindar atención oportuna e inmediata bajo el derecho de prioridad que tienen niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus competencias continúe con las investigaciones y sancione las posibles conductas por parte de las autoridades de la pasada administración del Estado y el personal de la Secretaría de Salud por la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que determinen las medidas de protección integral y de restitución de los derechos de las niñas y los niños afectados por la aplicación de quimioterapias con agua destilada.

Notas

1 Inegi, 2016. “Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer (4 de febrero)”, consultado el 17 enero de 2017 y disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/can cer2016_0.pdf

2 Nota Periodística del Diario Animal Político, 2017. “Niños enfermos de cáncer recibieron quimios falsas durante el gobierno de Duarte en Veracruz”, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-fal sas-quimioterapias/

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de enero de 2017.

Senadores: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica); Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de una pesquisa exhaustiva sobre la supuesta compra de medicamentos apócrifos suministrados a niños y adolescentes enfermos de cáncer, y pruebas de laboratorio de VIH falsas en las administraciones encabezadas en Veracruz por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación formal y profunda a fin de fincar responsabilidades a las diversas autoridades de los gobiernos de los entonces gobernadores de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, involucrados en la compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tipos de cáncer más frecuente en los niños son: leucemias, linfomas, y tumores cerebrales.

En el tema del cáncer infantil no hay prevención, la oportunidad de supervivencia depende de un diagnóstico temprano. Se presentan casos de niños que a un día de vida son diagnosticados con cáncer.

En México:

• Cada 4 horas muere un niño por cáncer.

• 120 mil personas son diagnosticadas con cáncer al año.

• Más de 70 mil mexicanos mueren al año a causa del cáncer.

• 176 mexicanos mueren diariamente a causa del cáncer

• 7 mexicanos mueren cada hora a causa del cáncer

• Cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama

El cáncer es la segunda causa de muerte infantil en México y también puede generar una discapacidad. Se calcula que 15 por ciento de los niños con cáncer en México nunca reciben tratamiento especializado, de tal manera que la mortalidad de este grupo es absoluta. Aproximadamente 5 por ciento de los niños que mueren en México, mueren de cáncer.

No existe una total homologación de procedimientos por tipos de cáncer. Los protocolos empleados en México han sido superados por los estándares internacionales.

El 40 por ciento de los niños que se curan sufrirán secuelas importantes. Aun las instituciones más reconocidas carecen del equipo adecuado para brindar un tratamiento de calidad. Aun así, 70 por ciento del cáncer es curable cuando se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado.1

El pasado 16 enero del presente, el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que en la administración del ex gobernador Javier Duarte en Veracruz, niñas y niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias, el gobernador Yunes Linares señaló en conferencia de prensa: “Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”2 .

Veracruz desvió recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por más de mil millones de pesos, de la cuenta pública de 2014, y mil 472 millones de pesos más, de la Cuota Social y Aportación Social Solidaria del Seguro Popular.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que México no ha generado mejoras en el sistema de salud a pesar de los recursos destinados en esta administración al sector.

En el reporte sobre los sistemas de Salud: México 2016, la OCDE dijo que el sistema está en estado crítico a 10 años de implementación del Seguro Popular. “Los costos administrativos, 8.9 por ciento del gasto total en salud, son los más altos de la OCDE y no bajaron en la década pasada. El gasto de bolsillo se ubica alrededor de 45 por ciento del gasto total en salud, también el más alto2 , arrojó el análisis.3

Asimismo, se determinó que el sistema de salud mexicano no trabaja de manera eficiente, que la situación de crisis ha ocurrido a pesar de que entre 2003 y 2013 el presupuesto destinado al sector representó un incremento de 2.4 por ciento a 3.2°k del producto interno bruto (PIB) en México.4

Una solicitud de información (0001200244315)5 obtenida en la plataforma Infomex arrojó que en el lapso comprendido entre 2013 y 2014 y el primer trimestre de 2015, el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede, en esta capital, registró 32 decesos de menores de edad, de acuerdo con los “cubos de defunciones” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal.

En el caso de las mujeres, las cifras son más alarmantes, pues de cáncer cervicouterino y de mama fallecieron mil 719 en Veracruz en el periodo señalado, según la dependencia.

Otra solicitud de información (0001200244315) destaca que en el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cervicouterino, mientras que 107 fallecieron por cáncer de mama.

Otro oficio, el SIDSS/DGIS/001602/2015, detalla que en la numeralia de otros tipos de cáncer (colon y recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros), 45 personas (masculinas y femeninas) perdieron la vida en la entidad en los tres primeros meses de 2015.6

Las escalofriantes cifras que aporta la Secretaría de Salud federal señalan que en promedio una de cada diez muertes por cáncer en el país ocurre en Veracruz.

El martes 17 de enero, el ex secretario de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, señaló que no fue el único engaño, sino que también se hicieron falsas pruebas de VIH. “Las que tuvieron que ver con las pruebas falsas de VIH y lo que he estado venido diciendo, lo de los medicamentos falsos, yo lo comenté y existen otros casos mucho más graves que el de los medicamentos de cáncer”, expresó.7

De acuerdo con Nemi Dib, las irregularidades se realizaron antes del 15 de marzo de 2013, cuando el titular de la dependencia era Ricardo Sandoval Aguilar.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación exhaustiva a fin de fincar responsabilidades a las diversas autoridades de los gobiernos de los entonces gobernadores del estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, involucrados en la compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como la realización de pruebas falsas de VIH.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones a fin de hacer efectiva la orden de aprehensión del ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que inicie el trámite de destitución del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, como cónsul del Consulado de Carrera de México en Barcelona España de acuerdo a la fracción IV, artículo 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Notas

1 http://www.canica.org.mx/cancer infantil.php

2 Nota Periodística del Diario Animal Político, 2017. “Niños enfermos de cáncer recibieron quimios falsas durante el gobierno de Duarte en Veracruz”, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017 /Ol/yunes-veracruz-falsas-quimioterapias/

3 https://www.oecd.or/health/health-sistemsOECD-Revíews-of-
Health-Sistems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish. pdf

4 Ibídem.

5 https://www.infomex.gor.mx/gobiernofederal/moduloPublic o/moduloPublico.action

6 https://www.infomex.gor.mx/gobiernofederal/moduloPublic o/moduloPublico.action

7 https://tiempo.com.mx/noticia/68855-ademas de agua en quimios tamb/1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a verificar la calidad de los medicamentos fabricados por las farmacéuticas del país; y a la Fiscalía General de Veracruz, a investigar la posible comisión de homicidio en el caso de los niños fallecidos en el centro de cancerología de la entidad, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En conferencia de prensa el pasado 16 de enero de este año el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, hizo del conocimiento público acciones llevadas a cabo durante el gobierno de su antecesor Javier Duarte.

El gobernador en funciones señalo que “Niños enfermos con cáncer que eran atendidos en el Centro de Cancerología, recibieron agua destilada en vez de medicamentos usados en tratamientos de quimioterapias”.

“Derivado de esa aplicación indebida, nueve niños que padecían leucemia murieron al inicio de la administración de Javier Duarte. Las investigaciones llevadas a cabo en su momento por la Contraloría Interna condujeron a las empresas propiedad de empresarios veracruzanos supuestamente asociados con un diputado federal.”i

Ante estos hechos que pueden constituir la posible comisión de ilícitos es necesario exhortar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley General de Salud, en su artículo 17 bis fracción II el cual señala:

“Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes...”

Y la fracción VI.

“Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;ii

Se realicen la acciones correspondientes para verificar que los medicamentos elaborados por las diversas empresas farmacéuticas del país, entre los que se encuentran los que se adquieren en el sector público para la atención de los millones de derechohabientes del IMSS, ISSSTE, así como hospitales y clínicas del sector salud que dependen de la federación o de cada una de las entidades federativas, se apeguen a las normas oficiales mexicanas establecidas por la propia Secretaría de Salud y normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello se busca evitar acciones fraudulentas en perjuicio de la población, que no solo ponen en riesgo su salud, sino la vida misma de quien acude a las instituciones públicas a procurar el don más importante que puede tener el ser humano: su salud.

De igual manera es necesario dar certidumbre a la población en razón de que los medicamentos empleados en los tratamientos sean efectivamente aquellos que contienen las fórmulas adecuadas y verdaderas a fin de que tengan la confianza que al acudir a las instituciones públicas o privadas de salud, no se están empleando medicamentos sin efectividad, de baja calidad o hasta caducos.

Estas acciones de verificación y control que lleve a cabo la Cofepris deben conducir a la aplicación de sanciones correspondientes a empresas farmacéuticas y a quienes adquieran medicamentos que no cubran los estándares de calidad requeridos por la farmacopea mexicana.

De igual manera se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Veracruz, a llevar a cabo las indagatorias correspondientes para verificar si en el caso que se refiere al inicio de esta proposición, se tienen los elementos necesarios para el fincamiento de responsabilidades por el presumible delito de homicidio en perjuicio de nueve infantes en el Centro de Cancerología de Veracruz, durante la administración del prófugo ex gobernador de Veracruz, acompaña a esta petición un esencial sentimiento de impartición justicia para quienes han sido víctimas de un presumible delito consecuencia de la corrupción e impunidad que durante tanto tiempo ha tenido el Estado de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fin de verificar los estándares de calidad establecidos en la Farmacopea Mexicana para los medicamentos que fabrican las diversas farmacéuticas del país,

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para investigar la posible comisión del delito de homicidio en el caso de los niños fallecidos en el Centro de Cancerología de esa entidad federativa.

Notas

1 Dieron a niños con cáncer agua destilada.

http://www.razon.com.mx/ consultado el 17 de enero de 2017.

2 Ley General de Salud. Cámara de Diputados en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_161216.pdf consultado el 18 de enero de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de enero del 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte a reconsiderar la decisión de retirar a Jalisco la sede de la Olimpiada Nacional de 2017, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La actividad física y el deporte, como derecho humano, representan la forma más acabada de los fines del estado moderno, ya que uno de sus objetivos, conforme lo define el artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es el de:

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 1

De la misma forma, la activación física y el deporte tienen una relación estrecha con la preservación de la salud de las personas, conforme la misma ley, que señala como otro de sus objetivos el:

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; 2

México tiene una amplia tradición deportiva, ya que nuestro país ha sido sede de los más importantes eventos deportivos del mundo. Derivado de ello, el nivel de competitividad de nuestros deportistas se ha ido consolidando gracias a una política de estado que ha hecho posible lograr que el deporte y la actividad física se incorporen de forma gradual en el estilo de vida de nuestra sociedad.

A ello ha ayudado la difusión que se da de las competencias deportivas, tanto nacionales como internacionales. Estos eventos sirven, entre otras cosas, para mandar un mensaje social muy claro, como el de “mente sana en cuerpo sano”, la cual es una adaptación de la frase: Menss?na in corpore s?n? , que es una cita latina que proviene de las Sátiras de Juvenal,3 que a su vez sirve para alentar la actividad física y el deporte como una actividad que logran ese cometido. Calidad de vida al fin.

La olimpiada nacional, creada en 1996, funciona también en esa lógica, ya que es la justa deportiva más importante en nuestro país, donde compiten las y los deportistas más destacados.

Según diversas fuentes “...este certamen involucra cada año a más de 3.5 millones de niños y jóvenes, de entre 8 y 23 años, en todas sus etapas y se considera la principal cantera de talento para la conformación de selecciones nacionales” .4

Es un evento de gran envergadura que sirve como plataforma de preparación para competencias internacionales como: los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, los Campeonatos Mundiales e incluso, para los Juegos Olímpicos.

En diciembre de 2016, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y la Comisión Nacional del ramo (Conade), decidieron que Jalisco fuera la Sede la Olimpiada Nacional. Sin embargo, mediante reunión extraordinaria realizada la segunda semana de enero de este año, es decir hace apenas unos días, el Sinade en conjunto con la Conade, decidieron retirarle la sede de estos juegos a Jalisco, y entregársela a Nuevo León, toda vez que las autoridades de este estado realizaron una propuesta consistente en la aportación de 70 millones de pesos para esta justa deportiva, no importando que hace apenas menos de 2 años la sede de la Olimpiada fue precisamente en esta última entidad.

Tampoco importó, que Jalisco posee una de las infraestructuras deportivas más completas del país, derivado de que en 2011 se realizaron en nuestro estado los “Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011”.

Consideramos que esta decisión representa una ofensa para las y los ciudadanos del estado de Jalisco, y en especial, para las y los deportistas de esta entidad, no obstante la competitividad y relevancia que nuestro estado tiene en relación con las competencias como la Olimpiada Nacional.

Jalisco ha sido 17 veces consecutivas campeón de esta justa deportiva. El deporte y la actividad física tienen un alto significado social para nuestra entidad. El trato dado por las autoridades deportivas de nuestro país nos parece grosero y ofensivo.

Exigimos que se reconsidere esta decisión y se le regrese a Jalisco la sede de esta Olimpiada Nacional.

El deporte y la actividad física no pueden estar supeditados al mejor postor, ni mercantilizada.

Consideramos que esa acción contraviene el espíritu que debe primar en las justas deportivas y en sus autoridades. Es decir el “juego limpio”.

Entendemos que el juego limpio significa “...mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los conceptos de amistad, de respeto del adversario y de espíritu deportivo. Es más que un comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción.” 5

Creemos que Jalisco merece un trato digno y que esta decisión es una actitud antideportiva que debe corregirse, por un sentido de elemental justicia.

El Sinade y la Conade, deben rectificar esta decisión y regresarle a nuestro estado la realización de la Olimpiada Nacional, conforme el acuerdo realizado en diciembre de 2016.

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. De urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Comisión Nacional de la misma materia, a efecto de que reconsidere la decisión de retirarle a Jalisco la Sede de la Olimpiada Nacional 2017.

Notas

1 Versión legal disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 Ibídem.

3 Décimo Junio Juvenal (en latín, Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, 60-Roma, 128) fue un poeta latino, activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de dieciséis Sátiras. La información puede consultarse en

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juvenal.htm

4 Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Nacional

5 Recuperado de https://educacionfisicaenpetrol.jimdo.com/
publicaciones-y-art%C3%ADculos/dec%C3%A1logo-del-deporte/

Referencias:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/

http://es.slideshare.net/Saradelgadorb/el-deporte-y-la-a ctividad-fisica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a atender con oportunidad y vigilar la operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el País, con especial énfasis en Oaxaca, suscrita por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que con debida oportunidad atienda y vigile la operación y el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el país, con especial atención a los ubicados en el estado de Oaxaca.

Consideraciones

Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. Los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones. La mayoría de las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas.1

En México aunque existe un marco normativo sólido que reconoce el derecho a la educación de la población indígena, los indicadores educativos demuestran que gran parte de ésta no puede ejercer este derecho. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, más de 550 mil niños y niñas que hablan alguna lengua originaria están excluidos del Sistema Educativo Nacional, lo que representa el 27.4% del total de esta población.2 Esta proporción es diez puntos más alta que la registrada a nivel nacional.

La educación dirigida a niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,3 que cita en su denominada Estrategia 2.2.3:... “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”. Teniendo como ejes de operación el garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en términos de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

A su vez, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha diseñado el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, mismo que establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, en aras de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el Gobierno Federal, por conducto de la CDI ha instrumentado el “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, que tiene como objeto brindar hospedaje y alimentación a través de las Casas del Niño y comedores del niño indígena, así como fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad a objeto de superar la pobreza e inequidad. Para su operación, se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante Convenio de Colaboración SEP-CDI desde agosto de 2012.

El Programa considera, principalmente, las siguientes modalidades de atención.4

• Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación.

• Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten.

• Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. El programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.

• Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel licenciatura.

Ahora bien, el Acuerdo de Modificación de sus Reglas de Operación del denominado: Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI), en su Objetivo General estipula:5

...Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

En cuanto a sus objetivos específicos, señala como objetivos

• Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y uso adecuado.

• Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las Casas y Comedores del Niño Indígena para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e infraestructura adecuadas.

• Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se encuentren integrados en espacios operados por instancias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas.

• Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa de nivel superior de los jóvenes indígenas.

No obstante lo anterior, distintos albergues escolares indígenas a lo largo del país están descuidados tanto en su componente de infraestructura como de asistencia social-médica especializada para atender debidamente a la población que alberga.

Tal es el caso de las instalaciones de las Casas del Niño Indígena, ubicada en Santo Domingo Tianguistengo, Agencia Municipal de Chazumba en el estado de Oaxaca, que presenta un déficit de profesionales en nutrición y psicología, más allá de sus notables carencias de mobiliario e infraestructura.

Virtud de lo antes expuesto, y con el objeto de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que con debida oportunidad atienda y vigile la operación y el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el país, con especial atención a los ubicados en el estado de Oaxaca.

Referencias:

1. Unicef México.- https://www.unicef.org/mexico.

2. Censo de Población y Vivienda 2010.-

www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010

3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- http://pnd.gob.mx

4. Programa de Apoyo a la Educación Indígena.-

http://www.gob.mx/cdi/.

5. Programa de Albergues Escolares Indígenas.- Reglas de Operación 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la APF a reducir el gasto corriente en sueldos de altos funcionarios, y preparar programas de austeridad como respuesta al alza de las gasolinas, suscrita por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez , integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de enero, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como respuesta al aumento en el precio de las gasolinas, anunció una serie de medidas de austeridad para su gobierno las cuales permitirán un ahorro de 80 millones de pesos.

Dichas medidas incluyen reducción de 20 por ciento en el gasto de gasolina de vehículos oficiales de funcionarios administrativos, así como de su uso en los celulares y de radio en 18 por ciento, pero estas medidas no se aplicarán para unidades de seguridad, procuración de justicia y emergencias.

Además de que mil 500 vehículos dejarán de circular un día a la semana, de igual forma se buscará la conversión del mismo número de unidades de gasolina a gas natural con un esquema de financiamiento especial, lo que representa un ahorro de 4 por ciento.

Se buscará instalar 10 estaciones de carga de gas natural con diferentes modalidades en un periodo de 6 meses para abastecer a este parque vehicular, estas 3 estarán en los sistemas M1, en Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Central de Abasto, otras 4 con modificación de bombas.

También, el jefe de gobierno instruyó a que se amplíe el programa de conversión de calderas de gas LP y diésel a calderas de gas natural. El proyecto autorizado tiene un alcance de 25 calderas en el gobierno de las cuales en este momento, ya se prueban 6 con gas natural en Hospital Rubén Leñero, Hospital Infantil Peralvillo, Infantil de Iztacalco, Xoco, Martín Carrera y Xochimilco y se ampliará a otros lugares, como centros de reclusión preventiva.

Por su parte, el pasado 12 de enero, el gobierno del Estado de México anunció que para atenuar los efectos por la liberación del precio de la gasolina, aplicará una serie de acciones en los rubros de transporte, gasto social, incentivos fiscales y contención del gasto.

Anunció la eliminación del pago de servicios de representación, como comidas y servicio de telefonía celular y radiocomunicación de funcionarios, que no sean de las áreas de seguridad y salud, así como el no incremento a las tarifas del Mexicable y Mexibús.

Los funcionarios que tengan vehículos de asignación directa pagarán el combustible que utilicen, excepto ambulancias y patrullas; y se reducirán en un 50 por ciento los costos en trámites de certificación de actas en el Registro Civil.

Las empresas que generen empleos para adultos mayores o contraten a egresados de nivel técnico, tecnológico o profesional, no pagarán el impuesto sobre nómina, así como aquellas que inicien operaciones.

El gobierno del Edomex subsidiará la adquisición de 60 autobuses que funcionen con un combustible alternativo a la gasolina; y se otorgarán descuentos de hasta un 50 por ciento para la realización de trámites vehiculares a los transportistas.

Asimismo, se incrementará en 10 por ciento el monto de las becas que se otorgan en la entidad, y se exentará del pago del título profesional a egresados de las Escuelas Normales; también se brindará un apoyo directo de 12 pesos por litro de diésel a los productores agropecuarios que utilicen tractores o algún equipo motorizado.

Para disminuir costos de producción, incluyó en su plan destinar más de 180 millones de pesos para la adquisición de fertilizantes y semilla mejorada, así como 160 millones de pesos para apoyar la alta productividad de maíz con adquisición de fertilizante, maquinaria, mejoradores de suelo y semilla mejorada.

A través del programa de “Compras Solidarias” se destinarán 600 millones de pesos, para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mexiquenses que pueden convertirse en proveedores del gobierno estatal.

En tanto que el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que ante la coyuntura histórica difícil y compleja que vive México, y que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones públicas y que alimenta un extendido malestar social, por lo que el INE decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan.

El INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. El monto disponible en el Instituto para este fin ascienden a mil 70 millones de pesos.

Del mismo modo, el Senado de la República, emitió un acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017. Dicho acuerdo contendrá, por lo menos, 30 acciones para reducir el gasto de esta cámara, sin afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de los trabajos legislativos.

El acuerdo se sujetará a establecer una política de “crecimiento cero” respecto de la creación de plazas de estructura y de honorarios, además de que no se incrementará el parque vehicular y se congelarán las plazas que queden vacantes.

Se reducirá, en un 10 por ciento el gasto del Senado de la República respecto del ejercicio 2016 en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y de telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones. Así como los gastos de comunicación social, de impresión digital y de fotocopiado, entre otros rubros.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a que hagan reducción del gasto corriente de sueldos de altos funcionarios, y preparen programas de austeridad, como respuesta al aumento en el precio de las gasolinas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, verifiquen y den seguimiento a los programas de austeridad, y hagan pública la información trimestralmente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputados: María Cristina García Bravo, Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a hacer públicas las acciones de mejora por establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir las obligaciones de rendición de cuentas señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de transparencia en México es referirnos a la necesidad de la sociedad por conocer las normas, reglas y procedimientos que se ocupan y los resultados principalmente del ejercicio del presupuesto y los logros y beneficios para la población.

Ser transparente hoy puede considerarse un privilegio, no todos están de acuerdo con asumir la responsabilidad de incorporar en sus funciones o encargos hábitos como lo son la confianza y la responsabilidad de dar máxima publicidad a sus actos.

A pesar de ello, la mejor herramienta que tiene el ciudadano es hacer valer el derecho al acceso de información, misma que se esperaría se tradujera en certeza y seguridad de que las funciones que se desempeñan son las adecuadas y que su resultado se tradujera en confianza.

No obstante, muchos servidores públicos en México aún no garantizan el acceso a la información pública, no se cumplen con las responsabilidades de transparencia que durante 2016 les obligó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 .

Es importante destacar que México es miembro fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)2 creada en 2011, y a pesar de comprometerse a promover la transparencia de su gestión, la realidad que aún existen áreas de opacidad donde el escrutinio público no más no se puede dar.

Lo anterior sirve de antecedente para exponer la problemática que se presenta en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial de la Federación, donde me enfocaré a presentar lo que sucede en el Consejo de la Judicatura Federal3 (El Consejo).

Deseo expresar que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano de administración que asegura los medios y elementos necesarios para la impartición de justicia en nuestro país.

En el portal electrónico de El Consejo, se señala que es el responsable de dar certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los tribunales y juzgados federales como a la sociedad, teniendo como premisa la eficiencia y eficacia, buscando así a contribuir a lograr una justicia que da respuesta y garantice la seguridad jurídica de los mexicanos.

Es importante destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 20164 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2015, al Consejo de la Judicatura Federal le fue asignado 55,872,115,835.00 pesos, agrupado en el Ramo 03 considerado como autónomo.

Es el presidente de El Consejo quien autoriza el presupuesto y el responsable de dar transparencia a su ejecución y de conformidad con lo descrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación5 .

Bajo ese contexto, se identificó en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el apartado de Transparencia6 , que el ejercicio presupuestal del ejercicio 2016 sólo se reportó hasta el mes de marzo (primer trimestre) en el que se habían ejercido 8,479,964,655.24 pesos, lo que representó 15.2 por ciento del total autorizado para ese año.

El resultado de la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal deja incertidumbre en el ejercicio del mismo y en consecuencia, no permite conocer si las metas y objetivos ligados a las actividades sustantivas de ese Consejos se cumplieron y ofrecieron a la sociedad la garantía de recibir justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

En otras palabras, el desconocimiento de la evolución presupuestal de abril a diciembre 2016, no garantiza el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y en consecuencia, el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito lo que pudo provocar contratiempos y de alguna medida afectar la autonomía, y la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes.

A su vez, se identificó que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 20167 , no fue publicada la información de la evolución del gasto programable del ramo autónomo 03 Poder Judicial.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación remarcó en su Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal8 , publicado en febrero de 2016, que en el Poder Judicial de la Federación se consideraba importante fortalecer el proceso de administración de riesgos, a fin de identificar los de corrupción al interior de cada institución, e implementar controles internos efectivos para prevenirlos, disuadirlos y, en su caso, detectarlos.

En conclusión, en el México de hoy, donde se vive una ola de violencia e inseguridad, misma que ha escalado como resultado de la lucha contra el crimen organizado, aún se identifica la falta de acceso a la justicia lo que provoca violaciones graves a los derechos humanos. Es por ello que la rendición de cuentas es fundamental para reportar a la sociedad que su actuar se realiza sin contratiempos y eliminar la idea que la procuración de justicia es una “simulación”.

Por ello, considero necesario exhortar al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a fin que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y así, garantice el acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial que exigen y claman todos los mexicanos, y privilegie el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito sin contratiempos, ni afectaciones a su autonomía.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a fin que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y garantice con ello el acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial que exigen y claman todos los mexicanos, sin contratiempos, ni afectaciones a su autonomía.

Notas

1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index, consultado el 13 de enero de 2017.

2 Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), disponible en

http://www.opengovpartnership.org/es, consultado el 13 de enero de 2017.

3. Consejo de la Judicatura Federal, disponible en

http://www.cjf.gob.mx/, consultado el 13 de enero de 2017.

4. Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015, consultado el 13 de enero de 2017.

5 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index, consultado el 13 de enero de 2017.

6. Consejo de la Judicatura Federal – Transparencia, disponible en http://www.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm, consultado el 13 de enero de 2017.

7 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 13 de enero de 2017.

8 Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_164 2_a.pdf, consultado el 13 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a presentar un informe detallado de los resultados de la implantación de la NOM-EM-167, y los datos y las consideraciones para haber prorrogado su aplicación, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

En la pasada temporada de ozono de este año, la Megalópolis registró un aumento preocupante en lo que se refiere a la contaminación atmosférica, afectando mayormente al Valle de México. En consecuencia, el 7 de junio, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167, modificando los programas de contingencias ambientales y el programa Hoy no Circula.

El titular de la Semarnat, Rafael Pacciano, dio a conocer los objetivos y estrategias de la norma emergente para la implementación del nuevo sistema de verificación, implementando estándares más altos para aquellos vehículos que circulen en la Zona Metropolitana. Anunció también la asignación de recursos para modernizar el transporte público, la instalación de equipo y monitoreo de la calidad del aire y la homologación de verificación para el transporte federal.

La NOM-EM-167 comprende los estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México y en la misma se establecieron los lineamientos específicos de circulación emergente, para disminuir la concentración de las emisiones de contaminantes.

La NOM, considera los diferentes cambios tecnológicos que ha tenido la flota vehicular, emitiendo límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, así como los métodos de y los procedimientos de certificación a través del nuevo sistema de verificación. Se plantea que la revisión se haga por medio del Diagnóstico a Bordo – OBD2 por sus siglas en inglés-, y estipula que sólo aquellos automóviles que sean certificados por este nuevo sistema podrán circular todos los días. Además, contempla un listado de los vehículos obligados para la nueva certificación vehicular, entre ellos el transporte público federal y local.

Otra de las medidas tomadas por la Semarnat fue un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la norma emergente que implica auditorías a los verificentros de la Megalópolis, estas se podrían llevar a cabo la Profepa, la misma Semarnat y/o autoridades locales.1 En este sentido la Profepa informó sobre su Programa de Inspección2 para garantizar el cumplimiento de la norma, mismo que establece los aspectos a inspeccionar en los centros de verificación siendo algunos, la obligación de que cuenten con el equipo y especificaciones que estipula la norma para la aplicación de los métodos de prueba, así como los reportes de los vehículos verificados y los certificados de calibración del equipo.

El programa prevé realizar visitas a cada uno de los verificentros del Valle de México y de los demás Estados integrantes de la Came entre los meses de julio y diciembre de 2016, estas podrían llevarse a cabo durante toda la semana, incluyendo sábados y domingos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

El pasado 5 de diciembre, en el marco de la COP 13 celebrada en Cancún, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alamán, anunció la prórroga de la norma emergente por otros seis meses y la intención de que la misma se convierta en una norma permanente. En dicho anuncio se refirió a algunas cifras tales como la disminución de los vehículos con holograma cero y el número de verificentros sancionados por parte de la Profepa en la Came.3

Sin embargo, hasta el momento la Semarnat no ha dado a conocer los objetivos alcanzados por la aplicación de la norma emergente y las posibles mejoras en la calidad del aire de los estados integrantes de la Megalópolis, principalmente en la Zona Metropolitana, ni de las acciones emitidas para su debida aplicación. La información que se tiene sobre los resultados de las medidas tomadas hace seis meses es escasa y es fundamental hacer una revisión de la misma para asegurarse de que el trabajo que se está realizando es el indicado o si es necesario hacer modificaciones a la regulación.

Estas son medidas de fundamentales ya que tienen impacto directo en la población, resguardan la salud de todas las personas y garantizan una buena calidad de vida para los ciudadanos por lo que deben ser prioridad para las autoridades federales y locales y debe hacerse una revisión constante de su aplicación y las áreas de oportunidad que puedan tener.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a seis meses de su entrada en vigor, presente un informe detallado de los resultadas de implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación.

Notas

1 Profepa. (2016). Presentación de la NOM-167-Semarnat. 29/11/16, de Semarnat Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101008/Presentacion_Norm a_Emergente__7_de_junio_2016.pdf

2 Profepa. (2016). Programa de Inspección. 29/11/16, de Profepa Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100919/Norma_de_Emergenc ia_-_Evaluaci__n_Vehicular_-_Profepa.pdf

3 “Norma emergente de verificación se prorrogará seis meses”, Capital México, consultado 05/12/16:

http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/norma-emergente -de-verificacion-se-prorrogara-seis-meses/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2017.

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer al titular de la SCT para explicar las razones e implicaciones del posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, senadores de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así? como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual cita a que comparezca al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante esta soberanía para que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, contempla pistas de 5 kilómetros de largo por 60 metros de ancho. La licitación para la construcción de las pistas 2 y 3 llevó varios meses y fueron adjudicados a los siguientes consorcios:

La pista 2 fue adjudicada al consorcio formado por las empresas Coconal y Pavimentaciones Vise, por un monto de 7,926 millones de pesos.

La pista 3 fue adjudicada al consorcio formado por las empresas CICSA, GIA, Prodemex y La Peninsular, por un monto de 7,359 millones de pesos.

Las adjudicaciones se dieron en septiembre y de acuerdo a la empresa Parson responsable de la gerencia del proyecto, los trabajos iniciarían a fines del mismo mes.

La decisión para la técnica de cimentación de las pistas debido a la alta dificultad que representa el tipo de suelo altamente deformable, requirió estudios durante dos años.

En un documento amplio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se describen con detalle las diferentes propuestas que se analizaron para lograr la mejor estabilidad y menor hundimiento en las pistas de aterrizaje en un suelo que presenta subsidencia de entre 20 y 40 centímetros por año.

La decisión adoptada por el Consorcio encargado del Proyecto Ejecutivo, encabezado por la empresa holandesa Netherlands Airport Consultants , fue la técnica conocida como “terraplén con precarga y drenes verticales”.

La técnica consiste en depositar varias capas de materiales en toda la superficie a lo largo de las pistas; primero se colocará una capa de tezontle que permitirá los trabajos de la maquinaria que va a hincar los tubos verticales para el drenaje de agua; enseguida viene una segunda de basalto; la tercera debe ser de un peso equivalente al concreto que cubrirá las pistas y finalmente la “sobrecarga” de una tonelada por metro cuadrado.

Esta “montaña” de materiales provocará un hundimiento acelerado con la extracción de agua que está asociada a las arcillas que conforman el suelo de esa zona. Se supone que la sobrecarga se mantendrá durante un año y al cabo de ese tiempo se procederá a retirar todo el material excedente para dejar las pistas al nivel de suelo y proceder entonces a la colocación del concreto.

Debido a las características de las pistas, la técnica de cimentación, generará a un movimiento de materiales del orden de los 10.0 millones de metros cúbicos por cada una de las pistas. Este volumen “astronómico” de materiales, primero se tiene que adquirir en diferentes bancos para luego transportarlo hasta la ubicación de cada pista y colocarlo de acuerdo al protocolo de la técnica de precarga. Posteriormente, habrá que retirar todo el material excedente y llevarlo a espacios de “tiro” para proceder finalmente a la construcción de las pistas. Esta técnica requiere de equipos de minería de gran capacidad ya que resulta imposible que se haga con los camiones materialistas que hemos visto en el sitio de trabajo.

No obstante, en los últimos días de diciembre del año pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), organismo responsable de la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dio a conocer que analizaba una técnica distinta para la cimentación de las pistas del aeropuerto.

El director del GACM Federico Patiño, anunció que se estaba estudiando la técnica de “vacío” como una alternativa al proceso de cimentación de las pistas.

Esta técnica según explicó, consiste en el hincado de cientos de tubos en el área que comprende la superficie de las pistas, seguido de la instalación de un sistema de bombeo para la extracción de grandes volúmenes de agua, con el objeto de provocar un hundimiento acelerado del suelo en esa área.

Se tomó la decisión de realizar una serie de pruebas experimentales para lo cual se contrató a un consorcio conformado por la empresa mexicana Pimosa y la brasileña Odebrecht.

Según el director del GACM, si estas pruebas tienen éxito, el tiempo para la construcción de las pistas 2 y 3, podrían reducirse en por lo menos dos meses; sin embargo no se conoce el impacto en el precio.

Por lo anterior, es necesario conocer la razón por la cual el GACM ordenó estas nuevas pruebas cuando se supone que los trabajos tanto del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como de la empresa holandesa NACO, que llevaron varios meses, concluyeron que el método idóneo para la cimentación de las pistas era el de “terraplén con precarga y drenes verticales”. Asimismo, conocer la licitación, condiciones de contratación y costos de las pruebas que realizará el consorcio de Pimosa – Odebrecht. Además, por todo lo anterior es necesario saber los avances e inversiones realizados a la fecha por los consorcios que tienen a su cargo la construcción de las pistas 2 y 3.

Suponiendo que fueran exitosas las pruebas que realiza el consorcio de Odebrecht surgen los siguientes cuestionamientos:

-¿Cómo se procedería a una nueva licitación y que pasaría con los contratos adjudicados a los dos consorcios ganadores que ya iniciaron los procesos constructivos?

-¿Mantendrían los mismos consorcios los contratos?

-¿Qué implicaciones tendría esta técnica en materia de costos?, suponiendo que fuera un proceso más económico ¿cuál organismo haría la evaluación? Y ¿cómo se ajustarían los contratos ya adjudicados?

-¿Cuál es el volumen estimado de agua de extracción y que destino se le dará?

-¿Se justifica estudiar una nueva técnica solo para ganar dos o tres meses en la construcción de las pistas?

Es así que es necesario que el Secretario de Comunicaciones y Transportes acuda a esta soberanía para que explique las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a que comparezca al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante esta soberanía para que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que explique a esta soberanía las razones y los cambios propuestos a la técnica de cimentación de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.

Senadores: Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica), Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel

Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades en la construcción del hangar presidencial, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de enero, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer un reportaje en el que se da cuenta de una serie de irregularidades en la construcción del hangar presidencial.

Después de los reiterados escándalos de corrupción que han rodeado al titular del Ejecutivo federal, no es de sorprender que las irregularidades en la construcción del hangar involucren a personajes y empresas cercanas a él; sin embargo, no por ello el asunto deja de ser relevante, máxime cuando el costo del proyecto se incrementó en 70 por ciento.

Según la información dada a conocer, el diseño estuvo a cargo de la compañía SGS de México y Búnker Arquitectura, la primera de ellas fue contratada por el gobierno del estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, para supervisar a OHL en la edificación del Viaducto Bicentenario, que como es sabido, fue objeto en su momento de otro escándalo.

Por otra parte, la construcción corrió a cargo de la compañía Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del tristemente célebre Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es dueño del Grupo Higa, protagonista central del mayor escándalo de corrupción de la familia presidencial: la Casa Blanca, así como de la casa de Malinalco, propiedad del entonces secretario de Hacienda, hoy de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Entre las irregularidades descritas se encuentran el mal diseño del hangar, incorrecta ejecución de la obra, retrasos en la entrega de planos y de la propia construcción, mismos que ocasionaron el retraso y la modificación del proyecto, así como un incremento del costo, que pasó de 685 millones a más de mil 182 millones.

Según la bitácora de la obra dada a conocer por Aristegui Noticias , los planos llegaron tarde y en partes, por lo que Grupo Higa comenzó la construcción sin conocimiento pleno del proyecto y con planos incompletos y con inconsistencias, al grado que nadie podía identificar algunas indicaciones.

Sin embargo, Grupo Higa también cometió errores relacionados con la mala ejecución de la obra, el cambio y destrucción de estructuras ya edificadas, el entorpecimiento de la obra e incluso el incumplimiento de normas de higiene. Así también, la constructora pidió se modificara el techo para dejar una cubierta plana y a dos aguas, con el fin de ahorrar tiempo y dinero.

Se señala que un mes antes de la fecha de entrega y ante los retrasos y las consecuentes sanciones que resultarían aplicables, el contrato fue cambiado para estipular que Grupo Higa sólo sería sancionado si se demostraba que el retraso era su culpa.

Al final, el hangar tuvo un costo 70 por ciento mayor de lo originalmente pactado y sólo funcionará por tres años más, ya que se supone que en 2020 entrará en operación el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Es claro que toda esta serie de irregularidades documentadas y hechas del conocimiento público, deben ser investigadas para deslindar responsabilidades e imponer sanciones. Resulta inaceptable que la actual administración federal, sin el menor rubor, vaya de escándalo en escándalo relacionados con actos de corrupción. Si algo ha caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto, es el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito propio y de sus más cercanos.

La experiencia con el asunto de la Casa Blanca nos demuestra que no podemos esperar mucho de una investigación llevada a cabo por instancias oficiales subordinadas jerárquicamente al presidente de la República; aun así, los hechos deben ser investigados.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás instancias competentes, envíe a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el proceso de licitación y construcción del hangar presidencial.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar de oficio una investigación con motivo de las irregularidades y posibles actos de corrupción relacionados con la licitación y construcción del hangar presidencial y, en su caso, dar vista al Ministerio Público sobre la comisión de conductas probablemente constitutivas de delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2107.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a impulsar y suscribir con la SRE y la Ssa el Convenio 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo causan un profundo sufrimiento y la pérdida de gran número de vidas humanas, además de que su costo económico es elevado. El tema de seguridad y salud en el trabajo, ha constituido una parte esencial de la labor de la OIT desde su fundación en 1919, incluidas sus actividades normativas.1

México es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde el 12 de septiembre de 1931, ha ratificado 79 Convenios de dicho organismo de los 189 convenios internacionales que ha formulado. Entre estos destacan aquellos que versan sobre la salud en el trabajo, particularmente el Convenio 155, Sobre la Seguridad y salud de los Trabajadores, el cual entro en vigor desde 1983.

En el artículo 3o. inciso e de dicho Convenio 155, se define que el término salud en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido, el Estado Mexicano ha tenido a bien expedir reglamentos y normatividades para cumplir con los compromisos que ha suscrito con la OIT, y hace pocos años, como ejemplo de ello se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014 el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado, en donde por vez primera se contempla como riesgos de trabajo a los factores psicosociales.

Por otra parte, es destacable la labor que ha realizado recientemente la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación a la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo, la cual no se modifica desde hace 46 años. En dicha labor de la Comisión, se destaca la inclusión de las enfermedades de trabajo originadas por los factores de riesgo psicosocial y ergonómico, ya que en los últimos años se han aumentado los casos de estrés laboral, lo cual genera afectaciones a la salud de los trabajadores.

Sin embargo, pensamos que es necesario un compromiso nacional tripartito, así como la adopción de medidas en el plano nacional a fin de fomentar la prevención así como una promoción de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. En este tenor es precisamente “la cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud” uno de los punto más novedosos que trata el Convenio 187 de la OIT. Pero como se advierte en el Proemio de esta propuesta, nuestro país que siempre se ha caracterizado por ratificar convenios de la OIT en materia de salud, así como sus recomendaciones, al día de hoy no se ha impulsado la solicitud de firmar este importante instrumento.

Si bien, como se ha mencionado la labor del Ejecutivo Federal por medio de las autoridades del trabajo, en lo que se refiere a la regularización de la seguridad y salud en el trabajo ha sido encomiable, lo cierto es que la aplicación en la práctica adolece de todavía de una efectiva observancia a causa en buena parte de la falta de una cultura de la prevención.

No obstante, es de reconocerse también el despliegue laudable que ha tenido la función de inspección en los centros de trabajo por parte del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que con el propósito de verificar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo, se ha logrado disminuir la cifra de accidentes y muertes en los centros de trabajo. Entre 2008 y 2015 el número de accidentes laborales pasó de 411 mil 651 casos terminados a 385 mil 469, es decir, una baja de 6.36%, de acuerdo con reportes de la STPS, basados en información del Instituto Mexicano del Seguro Social y en lo que respecta a los asegurados, hace ocho años la cifra de trabajadores con seguro de riesgo de trabajo ascendía a 14.2 millones, en 2015 la cantidad era de 17.5 millones y que este año se ha incrementado a 18.6 millones.2

Debido a que este tema cobra una especial importancia para la clase trabajadora, estimamos necesaria la posibilidad que México se involucre en la promoción constante para la seguridad y salud en el trabajo, pues pensamos que no se debe bajar la guardia y es responsabilidad tanto del gobierno como de los trabajadores y los patrones promover las medidas e iniciativas que tengan como fin preservar la seguridad y la salud en los centros de trabajo.

En este orden de ideas, solicitar que nuestro país suscriba y ratifique el Convenio 187 de la OIT, permitiría al Estado Mexicano contraer el compromiso de fortalecer su política en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, máxime que en este sexenio se ha dado un importante paso en lo relativo a la formalización del empleo.

La ratificación de este Convenio permitiría una aplicación más efectiva de las normas que tienen que ver con la seguridad y salud, ya que se promovería el desarrollo de una cultura nacional en materia de prevención, que traería como resultado la reducción de los riesgos y las enfermedades de trabajo.

La adopción de una conciencia se puede dar a través de la cultura de la prevención que se difunda en los sectores de la población, ya que por medio de ella es posible cohesionar las acciones y los esfuerzos para que un cometido tan loable como es la protección de la integridad de los trabajadores, pueda lograrse efectivamente. En este sentido la “cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud” del Convenio 187 de la OIT, toma relevancia y se avoca a un aspecto que aunque pareciese básico y lógico, no se encuentra debidamente desarrollado en las sociedades modernas.3

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, impulsen al Estado Mexicano a que suscriba el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Notas

1 Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo, OIT, consultado en

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_spa n.pdf

2 http://www.informador.com.mx/mexico/2016/692927/6/
descienden-accidentes-laborales-y-defunciones-relacionadas-con-el-trabajo.htm

3 Zavala Gamboa, Óscar. La naturaleza del Convenio 187 de la OIT y la protección de la salud de los trabajadores en México. Una agenda pendiente en Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 11, Julio-Diciembre de 2010, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 269.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.

Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)