Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear la comisión especial que investigue el proceso de compraventa de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, donados a la empresa Toyota, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.

Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.

En este sentido se hizo del conocimiento público los probables vicios en la adquisición y posterior enajenación de 600 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales, desde el mes de noviembre de 2016, han comenzado los trabajos de instalación de la empresa Toyota.

Ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego ésta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.

De las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota, éstas fueron donadas por la administración estatal, que fueron compradas a ejidatarios por debajo de su precio, a través de presiones.

El problema de fondo es que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.

Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones nacionales y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencia, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.

Durante la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, se solicitó al gobierno del estado de Guanajuato entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información.

Por ello, al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compra-venta, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a transparentar el uso de los recursos públicos financieros por devolver a la federación dadas las medidas de ahorro y austeridad para el ejercicio fiscal de 2017, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy más que nunca la sociedad mexicana exige más de sus gobernantes; exige un combate efectivo a la corrupción, a la ineficiencia burocrática, a la opacidad en el manejo de los recursos públicos que en última instancia son aportados por los contribuyentes.

La sociedad hoy dice: ¡Basta al derroche, al dispendio irresponsable e ilegal del dinero público! y por ello los ciudadanos exigen resultados positivos en la correcta administración, aplicación y gestión del presupuesto público.

Hoy como nunca es fundamental la confianza de la sociedad en su gobierno, pero ésta no se la ganan los gobernantes de forma automática, ni muchos menos con discursos retóricos o demagógicos. Esta confianza se gana por la vía de los hechos y los resultados en la gestión de gobernar.

Es necesario recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una cultura de honestidad que exige mecanismos ágiles de participación ciudadana en la planeación, el seguimiento, el control, la evaluación y la retroalimentación de las decisiones públicas.

La estabilidad económica es una condición indispensable para alcanzar un crecimiento económico, dinámico y sostenido, la falta de estabilidad económica se refleja en la presencia de procesos inflacionarios que erosionan los salarios reales, aumentan la pobreza, empeoran la distribución del ingreso, inhiben los mercados financieros y limitan el crecimiento.

Dada la actual crisis económica por la que atraviesa el país, los ciudadanos le exigen, con justicia, al gobierno que también se ajuste el cinturón y haga un uso racional y efectivo de los recursos públicos de los que dispone principalmente para beneficiar a la sociedad.

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la construcción de su nueva sede y solicitó una partida para ello dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017. Sin embargo, y dadas las condiciones económicas en que el país se ve envuelto a inicios del presente año, el INE anunció que reintegrará a la federación los mil 70 millones de pesos autorizados para dicha obra, situación que a la luz de la opinión pública ha sido vista de manera positiva.

Sin embargo a los legisladores del PAN nos preocupa el destino que el Ejecutivo federal dará a dichos recursos devueltos. ¿Qué uso se le dará a los recursos presupuestarios que se devuelvan o sean producto de los ahorros o economías que se generen por parte de diversas instituciones o dependencias públicas?

¿Qué es exactamente lo que hará el gobierno de la República con los recursos que devolvió el INE?

Será importante conocer y dar seguimiento a la forma en que el Ejecutivo utilizará esos recursos que sin duda serán de mucha ayuda ante la situación económica prevaleciente.

Por ello la exigencia en que se transparenten todos los recursos devueltos o generados por medidas de austeridad y que de ellos tenga cuenta el gobierno federal para su aplicación correcta.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transparente los montos y el destino de los recursos públicos que le sean devueltos por motivos de austeridad y ahorro.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento puntual del destino de los recursos devueltos a la federación durante el ejercicio fiscal de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actuar con dignidad y defender la soberanía del país, conforme a la fracción X del artículo 89 constitucional, suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como habíamos alertado durante todos los meses recientes, estamos a unos días de enfrentar un sisma en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos de los migrantes mexicanos que residen en aquella nación debido al arribo al poder de un personaje racista y xenófobo como es Donald Trump.

En días recientes hemos visto con enorme preocupación cómo los nombramientos que ha hecho públicos el presidente electo han recaído en personajes que han mantenido en el pasado posturas radicales contra los migrantes. Estas nominaciones confirman que las propuestas más nefastas hechas por Trump durante la campaña presidencial contra México y contra las y los mexicanos están en ruta de hacerse realidad.

En su momento denunciamos públicamente la falta de previsión del ejecutivo federal sobre los enormes riesgos que se avecinaban para el país así como sobre las posibles consecuencias que acarrearía la victoria de Trump. Durante todo este tiempo el gobierno federal ha actuado de manera reactiva y no propositiva, como obligaría la emergencia nacional que está enfrentando nuestra nación.

Ahora ante la inminente toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero la Cancillería mexicana sigue inerte ante la nueva realidad, argumentando con tibieza que se cuenta “escenarios” y haciendo un llamado a la “no especulación” para no poner bajo una mayor vulnerabilidad a nuestros connacionales.

Es absolutamente absurda y peligrosa la posición oficial manifestada por la Cancillería de esperar hasta la asunción oficial de Trump para comenzar a delinear las estrategias de acción; se está perdiendo un tiempo precioso y nos vamos a arrepentir de no haber construido una posición sólida de Estado para enfrentar los riesgos que se avecinan.

Las medidas anunciadas en semanas recientes por la Cancillería a fin de otorgar auxilio a la población mexicana que reside en Estados Unidos son notoriamente insuficientes. Para enfrentar eficazmente el recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes que impulsará la administración Trump se requerirá mucho más que de un centro de información en Estados Unidos y de otras acciones aisladas como las presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desafortunadamente queda claro que no existe un plan de contención del Poder Ejecutivo para revertir o mitigar propuestas como la construcción de un muro en la frontera, la deportación de los mexicanos indocumentados o la confiscación de las remesas que envían nuestros connacionales al país.

Desde el inicio de su campaña, Donald Trump no ha cesado en sus ataques contra nuestro país y nuestros ciudadanos. Calificó a los inmigrantes sin papeles de criminales y violadores; dudó de la honorabilidad de un juez por ser hijo de mexicanos; dibujó el Tratado de Libre Comercio como una maniobra mexicana para perjudicar a los trabajadores estadounidenses; y prometió la construcción de un muro que habría de ser pagado por México. Ya como presidente electo, no ha moderado su postura y el miércoles anterior, durante una conferencia de prensa, mientras nuestro nuevo canciller insistía en el carácter dialogante de Trump, éste reiteró que construirá su gran muro y que nos lo haría pagar de un modo u otro.

Ante las presiones de Trump como la de forzar a la empresa Ford a suspender la inversión de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, que representaría para el país 3 mil 600 empleos, ha sido evidente la inacción del gobierno mexicano. El gobierno federal ha sido incapaz de poner en marcha un plan de acción para enfrentar la realidad de Trump. Hace falta una política exterior activa, valiente y decidida en defensa de la soberanía del país. Es urgente tomar acciones, por la vía de la política y la negociación, que busquen retener las inversiones en el país. Se debe fijar una postura firme y digna ante Trump.

Lo que ha sido claro es la ausencia de liderazgo en el gobierno federal. Estamos comprobando día con día que el titular del Ejecutivo federal no cuenta con los tamaños suficientes para enfrentar las bravatas del señor Trump. Además, la diplomacia mexicana va a enfrentar retos para los cuales no está preparada.

Por si fuera poco, el nombramiento del señor Luis Videgaray Caso como secretario de Relaciones Exteriores debe ser rechazado. El propio Videgaray ha admitido que no cuenta con los conocimientos para desempeñar adecuadamente el cargo. Se trata de una improvisación. El titular del Ejecutivo Federal deja ver con esta decisión que no importa la capacidad, sino el compadrazgo y la determinación de mantener en el juego político a un probable candidato presidencial del PRI.

Además, y mucho más grave, la designación del señor Videgaray debe ser vista como una imposición del señor Donald Trump por la amistad que aquel mantiene con el yerno de éste; es evidente que ante esta situación, Videgaray está impedido a actuar con firmeza ante el presiente electo de Estados Unidos.

El nombramiento de Videgaray ratifica el extravío de la política exterior de México durante la presente administración. Es insostenible que el presidente Peña Nieto haya decidido nombrar a un canciller por el hecho de haber establecido la relación con el equipo de Trump. Es por tanto absurdo y en contra de los principios de la política exterior. Al determinarse la posición de canciller por su cercanía a Estados Unidos, automáticamente se deja de lado la imperiosa necesidad de fomentar las relaciones políticas y las inversiones extranjeras procedentes de otras latitudes como Europa, Asia y otras regiones en donde existe interés por hacer negocios en México.

Con esta nominación existe el evidente riesgo de Videgaray, quien ha calificado a Trump como una persona “muy amable y negociadora”, en aras de cumplir con las demandas de su amigo Trump, la cancillería bajo su liderazgo, dedique el grueso de su trabajo a complacer los caprichos de Trump, dejando de lado las relaciones de México con el resto del mundo, las cuales, hoy más que nunca, deben reforzarse en una suerte de estrategia de “diversificación protectora”, a efecto de fortalecer la posición negociadora del país y la cabal promoción de sus intereses en el mundo.

Las bravuconadas recientes de Trump contra México han dejado claro que la “gran idea estratégica” de buscar un acercamiento con el entonces candidato republicano fue una estrategia equivocada y fallida. Trump no cambió su forma de ser ni de actuar por el hecho de haber sido invitado con honores presidenciales a Los Pinos, porque no está formado como político, sino como un empresario pragmático que va acomodando sus fichas en función de sus intereses.

Pensar, como lo hicieron Peña Nieto y Videgaray, que organizó la visita en agosto, que podían confiar en Trump, fue ingenuo. Cuatro horas después de despedirse de Peña Nieto en Los Pinos, Trump insistió que México pagaría por el muro. Lo reiteró belicosamente el miércoles pasado en su conferencia de prensa. Sin embargo, la negación en el equipo del Presidente Peña Nieto es absoluta.

Por otro lado, se ha anunciado un nuevo cambio en la representación de México en la embajada de Estados Unidos y en la subsecretaría para América del Norte. Una muestra más de que en los últimos años la política exterior de México con respecto a esta nación ha estado caracterizada por la incertidumbre y la inestabilidad. Tan solo en este sexenio han desfilado cuatro subsecretarios de Relaciones Exteriores para América del Norte y desde que Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos, suman cinco embajadores de México en Estados Unidos, eso sin contar los seis meses de 2015 en los que la representación en Washington estuvo acéfala.

Ante este contexto tan complicado, se requiere mayor firmeza y audacia por parte del gobierno federal. No se debería menospreciar la posibilidad de renegociar, por ejemplo, todo el esquema de cooperación en materia de seguridad (narcotráfico, crimen organizado, inmigración de Centroamérica y el Caribe, etcétera) que se tiene con Estados Unidos, en donde es evidente que México cumple una serie de exigencias que favorecen la seguridad nacional estadounidense, y en donde nuestro país hace el trabajo sucio contra la población de otras naciones hermanas de Centroamérica y el Caribe.

Además, el gobierno federal debe dejar claro que México no hará nada que vaya en contra de la dignidad de nuestro país, como pagar el muro o permitir que se confisquen las remesas o cualquier disposición en ese sentido. El gobierno federal debe ser mucho más firme en su postura hacia Donald Trump. Exigimos acciones específicas y una postura enérgica por parte del titular del Ejecutivo Federal. No es con buenas intenciones como va a enfrentar a Trump con éxito. Tampoco es con enunciados y generalidades.

Esperamos que el titular del Poder Ejecutivo adopte una posición más firme y que coloque a la migración como un fenómeno global que debe involucrar acciones simultáneas de gobiernos, instituciones internacionales y organismos multilaterales.

La posición de México necesita ser mucho más enérgica. Debemos manifestar nuestro absoluto desacuerdo no sólo con pagar el Muro, sino con su existencia misma por todo tipo de razones políticas, económicas, de derechos humanos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir con lo establecido en la fracción décima del artículo 89 constitucional en materia de conducción de la política exterior a fin de defender el principio de autodeterminación de los pueblos, el respeto a nuestra soberanía y la protección y promoción de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, y a hacer frente dignamente y con firmeza a las amenazas que contra nuestro país ha formulado el presidente electo de Estados Unidos de América, Donald Trump.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Diputados Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la emisión de un plan de austeridad que permita reducir los gastos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los primeros días del presente año el país ha vivido diversas protestas y manifestaciones en las calles que aunque han afectado la vida cotidiana de muchos mexicanos, así como la actividad económica de diversos sectores, resultan más que comprensibles.

El detonante de estos eventos ha sido el alza en los precios de las gasolinas y el diésel, medida que resultaba ineludible frente a la convergencia de diversas circunstancias económicas adversas que hacían imposible mantener un esquema de subsidios como el que hasta 2016 venía aplicándose, sin embargo, en el fondo, lo que la sociedad ha puesto de manifiesto es su hartazgo frente a las muestras de dispendio, irracionalidad e ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos, las cuales, lamentablemente, han estado presentes en gobiernos de todos los signos políticos y de todos los niveles, por lo cual resulta urgente tomar medidas en materia de austeridad presupuestaria a través de las cuales los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, perciban que es el gobierno y no ellos quienes realmente se aprietan el cinturón con las restricciones presupuestales.

En este sentido, diversos organismos constitucionalmente autónomos y el Senado de la República han anunciado ya diversas acciones en busca de reducir los gastos que se desprenden del ejercicio del poder público, a fin de generar ahorros mediante un ajuste en las erogaciones en diferentes rubros.

Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció a mediados de la semana pasada, la reducción y cancelación de gastos como: apoyos a telefonía celular, la suspensión de la construcción de dos torres de lo que será su nueva sede; reducción de salarios; revisión del uso de vehículos oficiales, entre otras.

De igual forma, el Senado de la República, el día jueves de esa misma semana, comunicó una serie de medidas que buscan reducir el monto de los recursos económicos que gasta anualmente a través de un Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestaria que implica el incremento cero de plazas y de adquisición de vehículos nuevos; reducción de más del diez por ciento en servicios profesionales, digitalización, telefonía, comunicación social, combustible, gastos de viaje, entre otros.

En ese contexto, cabe recordar que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde hace un año propuso a esta Cámara de Diputados dos acciones que, además de su intención de ser ambientalmente responsables, significarían una reducción de gastos como son: la compra de botellas de agua y papelería. En cuanto al uso racional de papel, sustituyéndolo por medios electrónicos, estimamos que la Cámara de Diputados podría generar un ahorro de casi 51 millones de pesos cada año.

En lo relativo a la compra de botellas de agua, de acuerdo a la información de la Dirección General de Materiales y Servicios, durante la LXII Legislatura, se erogaron poco más de 4.5 millones de pesos en la compra de agua en diferentes presentaciones, con un gasto diario promedio de 5 mil 502 pesos.

A continuación, se presenta el desglose del gasto de agua embotellada realizado por la legislatura anterior:

“... La presentación más popular son las botellas de consumo individual de 350 mililitros, en las que se invirtieron 2 millones 625 mil 788 pesos. En total se han adquirido 64 mil 290 cajas con 24 botellas de 350 mililitros; esto representa un millón 542 mil 960 botellas.

Se adquirieron también 253 mil 680 botellas –21 mil 140 cajas– de 1.5 litros con una inversión de 750 mil 330 pesos. En la compra de 76 mil 432 garrafones de agua se gastó un millón 135 mil 891 pesos”.1

Más allá de estos conceptos, recordemos que hay gastos que provocan la indignación de los ciudadanos en tanto que para el imaginario colectivo representan la existencia de privilegios a los cuales la gran mayoría de los mexicanos no tiene acceso, por lo cual en una época de austeridad como la que hoy vive nuestro país deben ser eliminados.

Por cuanto hace al tema de las erogaciones por cobertura de gastos médicos, la información recabada por diversos medios de comunicación señala que para este año la Cámara de Diputados tiene presupuestado gastar 161 millones de pesos por este concepto.

En lo que se refiere a papelería, la Cámara de Diputados eroga anualmente 37 millones de pesos. Mientras que en energía eléctrica se gastan aproximadamente 22 millones de pesos. Por último, en viajes al extranjero la Cámara de Diputados erogó alrededor de 7.5 millones de pesos. Es decir, solamente en estos cinco rubros citados, botellas de agua, papelería, gastos médicos, energía eléctrica y viajes la Cámara de Diputados podría generar ahorros en este 2017 de alrededor de 233 millones de pesos.

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados ha realizado diversas acciones para reducir el consumo de energía a través del cambio de lámparas convencionales por lámparas ahorradoras, lo que además de ser una medida que ayuda a reducir los efectos del calentamiento global, también significa un importante ahorro económico en los gastos que se generan por este concepto, aún es posible generar un mayor ahorro si se trabaja en inculcar a los trabajadores una cultura de uso eficiente de la energía eléctrica en las instalaciones del recinto legislativo.

Sin embargo, en el PVEM consideramos que es momento de asumir un mayor compromiso con la sociedad que nos exige reducir los gastos superfluos, prescindibles e innecesarios en la Cámara de Diputados, sin que ello signifique afectar el desempeño de los trabajos parlamentarios.

Así, la reducción o, en su caso, cancelación de gastos como viáticos, vales de gasolina, edición de libros, viajes al extranjero, entrega de tarjetas de peaje carretero, papelería membretada, telefonía celular, seguro de gastos médicos mayores y de vida, comunicación social, pago de renta de los vehículos oficiales, reducción del personal de seguridad para los legisladores, por citar algunos, se entendería, sin duda alguna, como un mensaje de solidaridad con los ciudadanos que representamos.

Si bien las restricciones presupuestales han sido necesarias desde el año pasado para hacer frente al difícil panorama económico que se vive a nivel internacional, lo cierto es que 2017 parece ser el año más complicado en ese sentido, además de que el alza en el precio de las gasolinas y el diésel tiene un impacto directo en el bolsillo de muchos mexicanos, más allá de que se ha explicado reiteradamente que el costo del transporte es sólo uno de los múltiples componentes del precio final de un producto.

Derivado de lo anterior, en el PVEM reconocemos que la sociedad mexicana atraviesa un momento complicado y de incertidumbre que la ha llevado a manifestar reiteradamente su descontento porque percibe que carga con la mayor parte de los impactos consecuencia de las restricciones presupuestales del sector público. Por ello tenemos la convicción de que todos los órganos del Estado estamos obligados a sumar esfuerzos para generar ahorros que pudieran ser reorientados hacia sectores prioritarios y la Cámara de Diputados no puede ser la excepción.

Con base en ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone a los órganos de gobierno de esta Cámara emprender diversas acciones que conformen un plan de austeridad que permitan ahorrar recursos de los que ya se tienen presupuestados para el presente ejercicio fiscal y destinarlos al apoyo de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad que pudieran haberse visto afectados por las restricciones presupuestales en este 2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo para la reducción de viajes al extranjero de diputadas y diputados que permita reducir al mínimo los gastos por concepto de boletos de avión, hospedaje y viáticos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo que permita reducir significativamente el presupuesto asignado para comunicación social.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo para la cancelación de gastos prescindibles, innecesarios o que no afectan el cumplimiento de los fines y labores parlamentarias como vales de gasolina para diputadas y diputados, telefonía celular, papelería membretada, alimentos y servicio de meseros para las comisiones, seguros de gastos médicos mayores para legisladores y funcionarios, tarjeta de peaje carretero y el pago de renta de vehículos oficiales.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario general de la Cámara de Diputados para que, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, proponga un plan que permita reducir significativamente la compra de papelería y botellas de agua, así como reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones del recinto legislativo.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar un mecanismo que permita rendir un informe al pleno de los ahorros generados por las medidas de austeridad emprendidas a fin de darles seguimiento y emitir un acuerdo a través del cual esos recursos económicos puedan destinarse a programas en apoyo de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad.

Nota

1 Véase. Informe Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 2015.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Transparencia/Informacion-Finaciera

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a la cancelación de las concesiones, los contratos y los proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos mexicanos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García , integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 22 de diciembre del 2016, no enteramos por diversos medios de comunicación que la constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documento liberados ese mismo día por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante el periodo señalado, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.1

“Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó (...) sobornos por alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras públicas. Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones como resultado”, de acuerdo al expediente liberado en Estados Unidos.

“Por ejemplo, en o alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de que un funcionario ayudara a Odebrecht con la obtención de un proyecto. En diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a funcionarios 6 millones de dólares”

Uno de los contratos que consiguió Odebrecht con Pemex Refinación fue a través de adjudicación directa, es decir, sin haber participado en un concurso de licitación junto con otras empresas competidoras.

El 15 de febrero de 2014, Odebrecht firmó un contrato por más de mil 436 millones de pesos con la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de Pemex Refinación.2 El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 tenía como propósito realizar el acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de “aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”. El contrato de Odebrecht tenía fecha de terminación el 10 de agosto de 2015. Sin embargo, el contrato fue modificado el 20 de noviembre de 2014, debido a la inclusión de “volúmenes y conceptos no previstos e incrementos” al monto original pactado.

Por esta modificación, Pemex Refinación pagó un monto extra por poco más de 358 millones de pesos a la empresa brasileña. Es decir, se pagaron casi mil 795 millones de pesos.

Durante este periodo, el director de Pemex Refinación fue Miguel Tame Rodríguez, quien se jubiló de la paraestatal a inicios de este año.

La noticia de los sobornos pagados por Odebrecht en México forma parte de un caso que se sigue en contra de la empresa brasileña, la cual aceptó pagar una multa por 2 mil 600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber entregado sobornos a funcionarios públicos.

México no es el único país donde Odebrecht incurrió en corrupción. Otros países de América Latina donde operó con sobornos fueron Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.

Segunda. Odebrecht comenzó a operar en México en 1991 y ha participado en obras como represa Los Huitles, en Sinaloa, la renovación de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila; mientras que su filial Braskem se unió a la mexicana Idesa para desarrollar el Proyecto Etileno XXI en Veracruz.

En el año 2005, Odebrecht también firmó dos contratos con Pemex Refinación. Pero en ese momento, la empresa formó parte de un consorcio de compañías que ganó una licitación pública internacional. Los contratos PR-OP-L-001/05P y PR-OP-L-002/05P sumaron en conjunto un total de 634.9 millones de pesos. Junto a Odebrecht, el consorcio estuvo conformado por las empresas Proyectos Ebramex, Río San Juan Construcciones y Técnicas Reunidas. Los contratos estuvieron vigentes entre enero de 2005 y abril de 2008.

Tercera. Antes de que se aprobará la reforma energética, en una entrevista realizada por la revista Forbes México, al Director General de Odebrecht Infraestructura México, Luis Weyll, éste anunció que la empresa brasileña contaba con un plan de inversiones en áreas clave como infraestructura y química.3

La compañía que en 2012 reportó ingresos brutos por 41,317 millones de dólares, invertía en México 8,000 millones de dólares en cinco años. De ese monto, la mitad está puesta en proyectos en curso, en su mayoría en uno de petroquímica en el estado de Veracruz que arrancó en 2011.

Aunque el ejecutivo no dio cifras actuales ni proyectadas sobre la operación de la empresa en México, dijo que aunque aún los ingresos representan una parte modesta del total del conglomerado, se espera que “cada vez más ganen más relevancia”.

Las apuestas en México están principalmente en la planta Etileno XXI que Odebrecht construye en Veracruz. Constituye la inversión más grande de la firma fuera de Brasil, de unos 4,000 millones de dólares.

Etileno XXI es una asociación entre Braskem -en la que Odebrecht tiene casi 39 por ciento de las acciones- y la mexicana IDESA. Se espera que cuando entre en operación tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos.4

Otro proyecto en curso es una presa multipropósito en Veracruz, en el oriente del país y con costas en el Golfo de México, con un costo estimado de unos 450 millones de dólares, a ser ejecutado junto con el gobierno estatal.

Además, según la fuente consultada por Morena, están esperando luz verde para desarrollar un proyecto para la construcción de una carretera entre Tuxpan, en Veracruz, y Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas.

Weyll dijo que entre los proyectos en estudio hacia el 2018 hay unos de infraestructura de energía, de agua y carreteras, pero podrían incluir ferrocarriles y aeropuertos.

“Nuestro presidente presentó un proyecto que está muy bien definido y estructurado para los próximos años, ese plan está muy direccionado a infraestructura de agua y energía y transporte y el tema de etanol para poder implementar un proyecto piloto que pueda generar condiciones de competitividad”, dijo Weyll.

El director presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, se reunió el martes con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, para presentar el plan de negocios de la firma, ampliamente diversificada.

Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis refinerías del país; la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo; así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa, en el norte del país.

Cuarta. De las indagatorias realizadas por Morena, se encontró que en marzo de 2013 el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la prestación de servicios. Se trata de un proyecto planeado desde el 2008 y dado a conocer oficial y superficialmente en 2014. En la Gaceta Oficial No.142, en la que se argumenta lo siguiente:5

“En virtud de que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa [...] enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja dotación de agua por habitante, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua, disminuyéndose así la dotación actual del agua por habitante”.

Ante el problema, se propone como solución:

“[...] la implementación de una infraestructura multipropósito, a través del esquema de Proyecto para la prestación de Servicios, cuya autoridad contratante será la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo el amparo de la Ley de Fomento Económico y de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado”.

El proyecto antes mencionado fue concesionado (sin licitación) a la empresa brasileña Odebrecht, la cual desde sexenios anteriores se le ha invertido fuertes cantidades de dinero en la construcción una planta de polietileno (Proyecto Etileno XXI) en Coatzacoalcos. El proyecto Propósitos Múltiples de Xalapa consiste en la construcción de una presa de almacenamiento de agua sobre el río Los Pescados (en la cuenca de La Antigua), un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento.

De esta manera son tres los propósitos que busca cubrir este megaproyecto: abastecer de agua a Xalapa en los próximos 25 años, generar energía con una capacidad instalada de 70 megawatts y “el incremento significativo en la eficiencia anual de los sistemas de riego de los Módulos La Antigua y Puente Nacional del Distrito de Riego 035, así como el control de avenidas para reducción de riesgos de inundaciones en las crecidas del río La Antigua.”

Dicho proyecto implicaba la construcción de una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud que almacenaría 135 millones de m3 de agua (y un embalse de 440 has), los cuales serían bombeados y conducidos en un acueducto de 42 km. desde una altitud de 500 msnm hacia la ciudad de Xalapa a los 1400 msnm. La Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa, integrada por la empresa Odebrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz, operaría los sistemas relacionados con la presa en un lapso de 25 años. Sin embargo, desde un principio la opacidad en la información ha sido la constante. Se sabe por diferentes fuentes de información que la inversión global del proyecto ascendería a los 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 72% del capital correspondería a Odebrecht y el resto al gobierno del estado.

Por si esto no fuera suficiente, el caso más reciente de inversión privada en el que se involucra a la empresa Odebrecht, es con un organismo operador del agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Su origen se remonta al 12 de noviembre de 2002 cuando el gobierno del estado transfiere a los municipios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, apegándose al artículo 115 de la Constitución Política de México. El SAS se conforma en ese momento como un organismo público descentralizado paramunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con recursos provenientes de la ciudadanía.

Cuando se dio a conocer el proceso de licitación para integrar una empresa de asociación pública-privada, se tenía previsto dar a conocer el fallo a favor de una de las empresas concursantes el día 20 de abril del 2015. Sin embargo, las mismas empresas solicitaron al Órgano de Gobierno una prórroga de tiempo para conocer a detalle la situación técnica y financiera del SAS. Aunque se tenía previsto que para el mes de mayo se daría a conocer el nombre de la empresa ganadora, no fue sino hasta el 10 de junio cuando en conferencia de prensa, el director del SAS, José Tello en compañía del alcalde del puerto de Veracruz, dieron el fallo.6 Resultaron ganadoras las empresas Aguas de Barcelona Interagbar de México S.A. de C.V. y Odebrecht Ambiental S.A., que junto con el SAS integrarán la empresa mixta denominada Grupo MAS. En esta empresa será el Órgano de Gobierno quien controlará las tarifas y la infraestructura. Las empresas tendrán una concesión por 30 años y la inversión de arranque es de más de 7 mil mdp. Grupo MAS iniciará operaciones a partir del 31 de agosto de este año y durante este tiempo se integrará una Comisión de Transparencia para analizar temas como las tarifas del servicio y la situación del sindicato.

Frente a los hechos de corrupción en los que, según las denuncias, están involucrados servidores públicos mexicanos y los diversos proyectos de infraestructura y servicios en los que actualmente participa la empresa Odebrecht, la Comisión Permanente está obligada a pronunciarse. Hacerlo impediría un posible daño patrimonial futuro y aceleraría las investigaciones de las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción; asimismo permitiría identificar a los responsables de dichos actos. Para Morena las y los legisladores debemos atender de inmediato las denuncias de corrupción aquí planteadas y evitar que el malestar social se siga acumulando, en perjuicio de nuestras instituciones y de nuestra débil democracia.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno del Estado de Veracruz y al Congreso de esta entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen todas las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos mexicanos.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones procedentes sobre las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas, en las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, que se deriven de las denuncias públicas de los sobornos que pagó la empresa a servidores públicos mexicanos para obtener recursos del erario público, y presente un informe a esta Soberanía.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a PEMEX, hacer del conocimiento de esta Soberanía el estado que guarda el contrato Etileno XXI suscrito con la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, y presente un informe a esta Soberanía.

Cuarto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias y presente un informe a esta Soberanía.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Veracruz y a los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.

Notas

1 Apuntan sobornos de Obedecht a Pemex refinación, Aristegui Noticias, 22 de diciembre de 2016,
http://aristeguinoticias.com/2212/mexico/apuntan-sobornos-de-odebrecht-a-pemex-refinacion/

2 Portal de Obligaciones de Transparencia, Pemex Refinación, contrato: PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato. do?method=consultaContrato&id.idContrato=PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4- 14&_idDependencia=18576

3 Odebrecht ‘pone pausa’ a inversiones petroleras en México, Forbes México, 2 de octubre del 2013,
http://www.forbes.com.mx/odebrecht-apuesta-en-mexico-rodea-sector-energetico/#gs.1SQ33us

4 Contrato de suministro de Etano “Etileno XXI”, Pemex Gas y Petroquímica Básica, 19 de febrero del 2010, http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/541FEDB5-D791-49D8-9560-98846FE09 EA5/0/contratoetilenoXXI.pdf

5 Palacio Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial no. 142, 12 de marzo de 2013.

6 Iraís Aguirre, “Presentan Grupo MAS, empresa mixta que sustituye a SAS”, e-consulta.com Veracruz, 10 de junio de 2015, consultado el 19 de junio de 2015, http://e-veracruz.mx/nota/2015-06- 10/municipios/presentan-grupo-mas-empresa-mixta-que-sustituye-sas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de su pensión de retiro y toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, suscrita por la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. La situación económica del país obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la Federación en el manejo eficiente de los recursos públicos, particularmente en relación a las distintas medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para realizar recortes financieros a las entidades y dependencias de la administración pública federal y, aunado a las medidas adoptadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, el cual contempla un recorte cercano a los 240 mil millones de pesos a entidades, dependencias y programas federales de gran relevancia social para el país.

Es por ello que se considera fundamental, que el destino de los recursos públicos debe cumplir la finalidad de garantizar el desarrollo del país sin menoscabar los derechos de las personas ni las necesidades básicas sociales que el Estado debe de garantizar, por lo que deben quedar eliminadas aquellas erogaciones presupuestales que representan un abuso y una evidente ineficiencia en la administración de recursos públicos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los recursos destinados a los ex presidentes por conceptos de retiro, personal de apoyo y de seguridad, ya que además de los 205 mil pesos mensuales que reciben los exmandatarios como pensión estos pueden llegar a representar un gasto al erario de hasta 5 millones de pesos.

II. El artículo 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características bajo las cuales deben ser administrados los recursos públicos:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De lo anterior se destaca la obligación de la Federación en administrar los recursos públicos bajo los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, entendidos bajo un sentido de responsabilidad social y no de privilegios a servidores públicos como lo representan las pensiones y prerrogativas a los expresidentes.

III. La delicada situación económica que padece nuestro país se ve acentuada por la desigualdad, la cual pareciera haberse establecido como un fenómeno irremediable y de aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”1

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que el 10 por ciento de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima de 10 por ciento más pobre.2 Y se caracteriza por tener trabajadores pobres donde: 19 por ciento3 tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; existe una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; no hay mayores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

“En México, para que un ciudadano pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 años de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común.”4

La situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro es preocupante, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se señala que “más del 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”5 . Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorra y poder tener un retiro, “56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante.”6

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados de 2013, denominada “Ahorro y futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo el 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que 41 por ciento debe seguir trabajando (...) incluso 20 por ciento de la población mayor de 80 años deberá seguir trabajando.”7

IV. Actualmente existe una opacidad para conocer los recursos públicos erogados por el concepto de pensión vitalicia, así como lo correspondiente al personal de apoyo y seguridad militar que son asignados a aquellas personas que se desempeñaron como presidentes de la República.

Y a pesar de ser una obligación de la Oficina de la Presidencia de la República publicar en su respectiva página de internet de manera permanente el destino de los recursos asignados a los ex presidentes, es necesario insistir que prevalece una opacidad sobre los montos, destino y uso de los recursos públicos asignados a los exmandatarios.

Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación denominada Los parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los ex presidentes dan a conocer que los privilegios de los expresidentes son un claro ejemplo de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y, bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los elementos clave del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios8

V. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

El escenario que presenta nuestro país es desalentador, con una marcada tendencia en la desigualdad social y económica, por lo que es indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos, siendo necesario contar con un gasto responsable de los recursos públicos que permita hacer frente a la desigualdad.

Por lo que es indispensable cuestionar el cómo es posible justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos, en particular la de aquellos que se desempeñaron como Presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

Por lo expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, particularmente lo correspondiente a gastos en personal de apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Notas

1 Ibídem.

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

3 OCDE Distribución del Ingreso, Base de Datos
www.stats.oecd.org/

4 Ibídem página 14.

5 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

6 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014,
www.forbes.com.mx

7 Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013, www.forbes.com.mx

8 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso página 29.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a emprender acciones que fortalezcan la generación de empleo, el mercado interno, el poder adquisitivo y el consumo de las familias, suscrita por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada, el Ejecutivo federal suscribió junto con representantes de las empresas y de los sindicatos el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, con objeto de dar fortaleza a la economía interna mexicana.

Dicho acuerdo busca proteger el bienestar de la sociedad mexicana. El acuerdo anunció una serie de medidas que se deben tomar para garantizar la estabilidad de las variables macroeconómicas y de las microeconómicas.

En Nueva Alianza nos interesa defender el bienestar de las familias mexicanas en lo que se refiere al empleo y al consumo.

Ante el anuncio de la liberalización del precio de los combustibles, de la gasolina y del diésel, principalmente, se generó un ambiente de pánico y, con ello, la amenaza de una escalada de incremento en los precios de los bienes y servicios.

En Nueva Alianza consideramos que es nuestra responsabilidad hablar de la estabilidad de las finanzas domésticas, de que los hogares mexicanos tengan certidumbre en su ingreso, en su consumo y en sus satisfactores cotidianos.

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor ha implantado una serie de estrategias encaminadas a vigilar que no haya abusos de los oferentes de bienes y servicios, entre las medidas aplicadas encontramos multas hasta el cierre de establecimientos.

En Nueva Alianza consideramos que está actuando de manera responsable; sin embargo, también es importante saber quiénes son aquellas personas físicas o morales que pretenden aprovecharse del incremento de los precios del combustible para que de manera unilateral suban los precios de los bienes y servicios.

El acuerdo anunció también que a la banca de desarrollo se destinarán 18 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto asignado para 2017. Con esos recursos se pretende financiar una serie de proyectos a fin de fortalecer el mercado interno.

En Nueva Alianza consideramos que la banca de desarrollo debe volver a tomar un papel protagónico en el desarrollo del país, financiando proyectos y, no sólo a las Pyme sino, también, integrando a las Mipyme.

Las Mipyme son un motor muy importante de crecimiento económico. Efectivamente, generan 75 por ciento de los empleos en el país; además, contribuyen al producto interno bruto en 50 por ciento.

Sin duda, debemos seguir impulsando el desarrollo y la generación de empleos a través de las Mipyme. Los recursos adicionales por 18 mil millones de pesos que se le otorgaron a la banca de desarrollo deben considerar el apoyo a las Mipyme, toda vez que son un eslabón fundamental en el desarrollo de la economía doméstica de las familias mexicanas.

El Fondo Nacional Emprendedor ha sido un instrumento eficiente en la asignación de recursos para las Mipyme; no obstante, para el ejercicio fiscal de 2017 se le asignó 50 por ciento menos de su presupuesto con relación a 2016. Ante este escenario de inestabilidad sería pertinente reconsiderar incrementar su presupuesto.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene por objeto establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida de los trabajadores que lo perciben y de sus familias, de manera que los factores de la producción validen el derecho del trabajador a una vida digna.

Empero, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció que el salario mínimo para 2017 será de 80.04 pesos al día, lo cual consideramos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jefes de familia.

El actual salario mínimo poco ayuda al bienestar de los mexicanos. El poder adquisitivo en el país tiene décadas estancado; por lo menos presenta un rezago de 20 años.

En Nueva Alianza consideramos adecuado el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar; sin embargo, pensamos que se puede fortalecer.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice las adecuaciones presupuestales pertinentes a fin de que se destinen los mismos recursos que tenía en 2016 el Fondo Nacional Emprendedor, con objeto de que las Mipyme fortalezcan la generación de empleo, el mercado interno y el consumo de las familias mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la banca de desarrollo, de los 18 mil millones de pesos adicionales que se le van a asignar considere a las Mipyme en los proyectos que va a realizar, a fin de que éstas generen empleo y fortalezcan el mercado interno y el consumo de las familias mexicanas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en su página de internet publique de manera más clara las personas físicas o morales que presenten el mayor número de quejas en el buró comercial, a fin de que las familias mexicanas conozcan quiénes son los oferentes que atentan contra los precios de los bienes y servicios de la canasta básica.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que su determinación del salario mínimo sea fijada con los precios de la canasta básica, a fin de que las familias mexicanas mantengan su poder adquisitivo en el consumo de los bienes y servicios que la integran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar y valorar la puesta en marcha de políticas públicas que atiendan el eventual cambio en las relaciones comerciales de México con sus socios del TLCAN, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que se analice valore y ponga en marcha políticas publicas ante un eventual cambio en las relaciones comerciales de nuestro país con sus socios del Tratado de Libre Comercio de américa del Norte, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, con base en lo siguiente:

Consideraciones

El discurso del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica hace suponer que no dará marcha atrás a su idea proteger la planta industrial de su país; en tal sentido ha dejado ver que buscara renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e imponer altos impuestos a las empresas que produzcan fuera de su país. Tal situación ha generado gran incertidumbre, principalmente, en la industria automotriz, la cual ha sido amenazada -por el presidente electo- con un posible impuesto del 35 por ciento por la venta de automóviles importados.

Dicha situación ha generado un escenario adverso para nuestra economía, que ha padecido la cancelación y retraso en inversiones que ya se encontraban convenidas; además, los mexicanos hemos tenido que padecer un fuerte deslizamiento de nuestra moneda frente al dólar, entre otras consecuencias más.

Ahora bien, existe un fuerte vínculo entre ambas economías, como lo muestran los siguientes datos:

• En 2015 el comercio entre México y EE.UU. alcanzó los $ 531 mil millones de dólares.

• México es el segundo mayor mercado de exportación de Estados Unidos y el tercer mayor proveedor de bienes.

• En 2015, Estados Unidos exportó 30.8 mil millones de dólares en servicios a México.

Como se podrá apreciar existe una muy fuerte interdependencia económica entre ambas naciones; la cual, ha traído desarrollo y prosperidad a la región; a pesar de lo anterior, el presidente electo Donald Trump, ha manifestado en diversas ocasiones su intención de modificar la política comercial de EE.UU. con el fin de promover el empleo en el sector manufacturero de ese país, para lo cual, ha propuesto modificaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e instrumentar políticas fiscales que obligue a las empresas a repatriar la planta productiva a los EEUU.

Las amenazas del presidente electo ya tuvieron consecuencias económicas en ambos países, por lo cual, resulta necesario que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Economía se dé a la tarea de analizar, valorar e implementar las medidas necesarias para hacer frente a posibles medidas proteccionistas por parte del gobierno de los EEUU.

En este sentido resulta de la mayor urgencia que el gobierno federal a cargo del Presidente Peña Nieto, trabaje en la planeación e implementación de políticas de acción que tengan como finalidad:

1. Diversificar el intercambio comercial de nuestro país con un mayor número de naciones.

2. Crear estímulos, de toda índole, para que en el caso de que el gobierno de EE.UU. imponga altos aranceles a los productos mexicanos, siga resultando atractivo, para las empresas, seguir produciendo en nuestro país.

3. Trabajar urgentemente, en la creación y reactivación de una planta productiva nacional para atender las necesidades del comercio interno; lo anterior, como una medida preventiva, ante el creciente proteccionismo que se está presentando a nivel global.

4. Definir las estrategias legales pertinentes para hacer frente a las posibles acciones anunciadas por la administración entrante de los EE.UU.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación, con carácter de urgente u obvia resolución, de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a fin de que se analice valore y ponga en marcha políticas publicas ante un eventual cambio en las relaciones comerciales de nuestro país con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y el STC-Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales promovidos por ambos ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12, así como a señalar el estado que guardan aquéllos y las sanciones aplicadas en su caso, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro representa la obra de infraestructura más importante de la administración del entonces jefe del gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. No obstante, su financiamiento y proceso de construcción estuvieron plagado de irregularidades que la convierten en un símbolo de la corrupción de ese gobierno.

Luego de que 11 de las 20 estaciones que forman la Línea 12 dejaran de funcionar, se hizo necesario conocer los motivos de dicha situación a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de sancionar a los responsables de presuntas irregularidades en la construcción del proyecto.

Para dicho fin, la Asamblea Legislativa formó la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que en abril de 2015 presentó el informe de su investigación, donde se detallan no sólo los aspectos técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del Metro sino, también, el incumplimiento de distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de la obra, que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco.

El informe citado explica que el gobierno del Distrito Federal, con el argumento de “racionalización” por problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra en 2 mil millones de pesos, que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el informe precisa:

Las modificaciones de la ingeniería básica, del trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como de las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.1

Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente.

La obra se adjudicó en el esquema de precio alzado: de acuerdo con el artículo 44, fracción segunda, párrafo segundo, de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no puede modificarse en monto o plazo ni estará sujeto a ajustes de costos. Los hechos descritos contravienen claramente dicha norma, pues se modificó el monto destinado al proyecto. Asimismo, no se entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron nuevos cobros.

De igual forma, se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio que se presentó en las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en el tramo Tláhuac-Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF concluyó en su dictamen: “El desgaste ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en elementos”.2

Otra de las grandes irregularidades se presentó en el mecanismo para adquirir los trenes que prestarían el servicio en la Línea 12. La Secretaría de Finanzas realizó mediante el oficio número SFDF/ 0328/ 2009 la autorización multianual al STC para contratar un proyecto de prestación de servicios (PPS) de trenes para la Línea 12 mediante el cual se comprometieron parte de sus recursos por un monto de mil 500 millones 152 mil 500 dólares por pagar en un lapso de 15 años.

Con esto no sólo se comprometieron los recursos del Metro durante 15 años, sino que la deuda se adquirió en dólares, que ante la fluctuación del tipo de cambio podría poner en riesgo las finanzas de este fundamental medio de transporte público de la Ciudad de México.

La secretaría argumentó que el esquema de PPS era el más conveniente para realizar el proyecto, pues la Ciudad de México no contaba con recursos “para comprar de contado los trenes”, por lo que este mecanismo no significaría mayor presión financiera. Además, con esta figura, la empresa se encargaría del mantenimiento y la actualización tecnológica durante la duración del contrato, “de tal manera que el Metro siempre tenga trenes como nuevecitos y al final del contrato el Metro se queda con los trenes”.3

La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el PPS para adquirir trenes de la Línea 12 constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica”. En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del gobierno de la Ciudad de México.

La empresa CAF México, SA de CV; y Provetren, SA de CV, continuaron cobrando costos fijos por servicios pese a que 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 no funcionaron por más de 20 meses. La comisión detectó que se realizó la totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, pese a que éstos no habían sido entregados en su totalidad. Resalta que los costos se manejaron en dólares.

La Secretaría de Finanzas había estimado que la Línea 12 costaría aproximadamente 22 mil millones de pesos, mas por las distintas anomalías e irregularidades se estima que su costo ascendió 47 mil millones de pesos.4

La Contraloría General del Distrito Federal ha llevado a cabo 12 auditorías, que han derivado en la aplicación de 99 sanciones a 71 personas. De igual forma se ha fincado responsabilidad penal a 27 personas.

Por su parte, el STC realiza las investigaciones 5G, la cual abarca la adquisición de trenes contratación, recepción y mantenimiento de los trenes; y 24G, que se refiere en el mantenimiento preventivo y correctivo por el STC a la Línea 12, así como 5 investigaciones para determinar la responsabilidad de servidores y ex servidores públicos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que estos procesos se lleven a cabo conforme al principio de máxima publicidad y la estricta aplicación del derecho en los procesos administrativos y penales que se hayan iniciado. Consideramos que en un uso indebido de los recursos públicos no debe haber cabida para la impunidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales que ambas instancias han presentado ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de diversas irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12; asimismo, a señalar el estado que guardan los mismos y las sanciones que, en su caso, se hayan aplicado.

Notas

1 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro (2014), página 112. Disponibilidad:
https://www.scribd.com/embeds/261998218/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true
Consultado el 9 de enero de 2017.

2 Ibídem, página 84.

3 “¿Qué mecanismo se usó para contratar los trenes de la Línea 12?”, en YouTube. Recuperado el 9 de enero de 2017.

4 “Línea 12 costará más que el tren México-Querétaro”, en El Financiero, < http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/linea-12-costara-mas-que-el-tre n-mexico-queretaro.html> Consultado el 9 de enero de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover la estabilidad de precios de los productos básicos por la compra pública a productores nacionales, especialmente a pequeños, no mediante la importación de básicos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrita por los senadores Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa, senadores de la LXIII Legislatura del Senado de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. numeral I , fracción II; 95; 108 numerales 1 y 2; 109; 110; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República presentamos, con el carácter de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno de la república a promover la estabilidad en los precios de los productos básicos por medio de la compra gubernamental a productores nacionales, especialmente a pequeños productores, no mediante la importación de básicos, en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que, el 1 de enero del presente año se registró el primer “gasolinazo” del año, teniendo aumentos del 14.2 por ciento en el precio de la gasolina Magna, del 16.5 por ciento para el diésel y del 20.1 por ciento para la Premium,1 generando protestas sociales que han ido desde las manifestaciones y marchas, hasta el vandalismo y robo de electrodomésticos, pantallas y otros artículos, en diversas tiendas de algunos puntos del país, reportándose 250 robos en tiendas al día 5 de enero del presente.2

2. Que en lo referente al gas LP se han observado aumentos mínimos de 13 por ciento en las zonas con más infraestructura para el reparto, como el Centro de la Ciudad de México, y de hasta 30 por ciento en zonas remotas del resto de la República en el precio al consumidor de este hidrocarburo.3

3. Que la electricidad por su parte tuvo un aumento para el sector industrial [de] (...) entre 3.7 y 4.5 por ciento en comparación con diciembre de 2016, mientras que para el sector comercial, [fue de] entre 2.6 por ciento y 3.5 por ciento en el mismo periodo. (...) En tanto, la tarifa de uso doméstico de ano consumo (tarifa DAC) registra un aumento marginal de 2.6 por ciento de diciembre de 2016 a enero de 2017.4

4. Que con todos estos aumentos la inflación en el mes de enero se espera rebase el 5.5% y Sea la más alta en 17 años.5

5. Que el gobierno federal ante el enojo social que ha ido en aumento por lo mencionado, y siendo que el presidente registra niveles de aprobación bajísimos (24 por ciento en diciembre del 2016),6 decidió promover un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar.

6. Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto indicó que, como políticas para proteger la economía de la sociedad mexicana, el gobierno mexicano se encuentra preparado para dar paso a la ‘importación preferencial’ de productos de la canasta básica, esto en caso de que /os precios sean incrementados de manera desmedida.7

7. Que de acuerdo con Héctor Robles coordinador de Subsidios al Campo [OSC], los pequeños productores conforman 70 por ciento de las unidades de producción, cultivan el 16 por ciento de la superficie laborable del país y producen uno de cada siete alimentos. [Además de que] siete de cada diez productores [de] cinco hectáreas o menos, (...) aportan 40 por ciento de la producción de granos básicos; generan seis de cada diez empleos contratados y todas [las empresas agroindustrial es] trabajan con pequeños agricultores.8

8. Que el gobierno federal, en apego a lo establecido en el artículo 36 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, [determinó que] a partir de (...) [ese] año los programas y apoyos de la Sagarpa proporcionan atención prioritaria a los pequeños productores y a las pequeñas unidades de producción, con base en los esquemas de impulso a la productividad y competitividad.9

9. Que en esta situación de inflación, aumento generalizado de los precios por el impacto del aumento de los combustibles y siendo que el 70 por ciento de los pequeños productores se encuentran debajo de la línea de pobreza y son quienes más se verán afectados por los aumentos, es por lo que se considera que cualquier compra de parte del gobierno, de productos básicos para asegurar precio, realizar a productores nacionales, especialmente pequeños productores.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al gobierno de la república a promover la estabilidad en los precios de los productos, básicos por medio de la compra gubernamental a productores nacionales, especialmente a pequeños productores, no mediante la importación de básicos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Notas

1 Los incrementos de las gasolinas serán de 14.2 por ciento en el precio de la Magna; 20.1 por ciento para la Premium y de 16.5 pera el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.

Animal Político. 27 de diciembre de 2016. Gasolina subiré hasta 20 por ciento en enero de 2017; estos son los nuevos precios. http://www.animalpolitico.com/2016/12/precio-gasolína-aumento-2017/.

2 La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que durante la madrugada los saqu806 ascendieron a 250 en el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Querétaro, Michoacán y Quintana Roo. El Diario. 5 de enero de 2017. Reportan 250 robos en tiendas por ‘gasolinazo’. http://diario.mx/Nacional/201701-05_f81de21a/reportan-250-robos-en-tien das-por-gasolinazo-/

3 El Economista 3 de enero de 2017. Aumento de precios de gas LP rebasa alza gasolinera http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/03aumento-precios-gas-lp- rebasa-alza-gasolinera

4 Animal Político. 2 de enero de 2017. La luz también subiré en 2017 (pero no para el uso doméstico de bajo consumo).
http://www.animalcolitico.com/2017/01/luz-tambien-subíra-2017/

5 La Jornada. 8 de enero de 2017. La inflación en enero será la más alta en 17 años por el gasolinazo.
http://www.íornada.unam.mx/2017/01/08/economía/017n1eco

6 El presidente Enrique Pena Nieto, cumple su cuarto año de gobierno con una aprobación del 24 por ciento entre la ciudadanía y del 16 por ciento entre líderes de acuerdo con una encuesta nacional a mil 200 adultos y un sondeo vía correo electrónico a 920 líderes. Grupo Reforma Blogs. 1 de diciembre de 2016. Mantiene Peña Nieto baja aprobación. http://aruporeforma-blogs.com/encuestas/?cat=38

7 Excélsior. 9 de enero de 2017. México dispuso a importar productos básicos en caso de haber alzas: Peña.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/09/1138750

8 Idem

9 Sagarpa. 10 de enero 2016. Reglas de Operación 2016 promueven mayor inclusión de pequeños productores y simplifican programas: Sagarpa.

http://www,sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletínes /Paginas/201601B002 aspx

Dado en el salón de sesiones del Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Senadores: Fernando Yunes Márquez, Luisa María Calderón Hinojosa (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Chiapas a clausurar de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control, y la resolución judicial correspondiente, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Chiapas para que clausuren de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control, así como la resolución judicial correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2003 inició el proyecto de relleno sanitario en Pichucalco, Chiapas, con recursos de Petróleos Mexicanos. La elaboración del proyecto ejecutivo estuvo a cargo de la consultora Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, SA de CV. De conformidad con lo previsto en la NOM-0083-SEMARNAT-2004, se efectuaron los estudios técnicos relativos a la carta geológica y tectónica y, por último, se realizaron los planos de vulnerabilidad y la descripción técnica respecto a los sitios seleccionados para la evaluación.

El 3 de marzo de 2005 se solicitó la aprobación de la adquisición del predio La Alergia, en la ranchería Mariano Matamoros, Primera Sección, a 13.5 kilómetros de la cabecera municipal, en el tramo Pichucalco-Sunuapa. El 30 de abril de 2005 se aprobó el cambio de uso de suelo para el relleno sanitario municipal, a través del acta de cabildo sesión número 14, con carácter de extraordinaria.

El 19 de mayo de 2006, mediante el oficio número PM/103/06, el ayuntamiento de Pichucalco ingresó para su evaluación al Instituto de Historia Natural y Ecología, el proyecto Relleno Sanitario de Pichucalco, el cual fue autorizado el 22 de noviembre de 2006, mediante el oficio número IHNE/DG/001072/06.

Sin embargo, en marzo de 2007, ciudadanos vecinos al relleno sanitario, a través de la representación del Ing. José Martínez Escobar manifestaron afectaciones que estaban ocurriendo por la contaminación generada por el Relleno Sanitario, extendiendo su solicitud tanto al presidente municipal como al gobernador.

No obstante lo anterior, el 22 de septiembre de 2009 se firmó el convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de destino final de residuos sólidos entre los ayuntamientos de Pichucalco, Juárez, Sunuapa, e Ixtacomitán (administraciones 2008-2010). Y el 17 de enero de 2011 reanudó operaciones el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, para brindar servicio a los municipios de Sunuapa, Juárez, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Solosuchiapa.

En marzo de 2013, los ciudadanos vecinos volvieron a manifestar ante el gobernador y la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural afectaciones por la contaminación generada por el relleno sanitario.

El 24 de marzo de 2014 se llevó a cabo un estudio técnico del funcionamiento del relleno sanitario intermunicipal en Pichucalco, Chiapas; por los Inspectores Federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, quienes emitieron a través de oficio número PFPA/14.2/8c.17.5/0055/2014, la siguiente conclusión:

La disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso en el tiradero en el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco no es realizada de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, lo que ocasiona un impacto ambiental severo, debido a la contaminación de los ecosistemas y deterioro de los recursos naturales; flora, fauna, el agua, aire, suelo o subsuelo. Lo que representa un riesgo a la salud pública y al medio ambiente mantenerlo en dichas condiciones.

En dicho documento se establece la siguiente recomendación:

la clausura definitiva e inmediata del Relleno Sanitario Intermunicipal del municipio de Pichucalco; de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, hasta en tanto no se establezcan las medidas de mitigación.

En el documento referido se menciona que durante el recorrido por el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco no se observó la existencia de medidas para identificar, clasificar, separar, envasar almacenar temporalmente y dar destino final a los residuos peligrosos que ingresa en sitio de disposición final, a pesar que la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que los sitios de deposición final de residuos sólidos urbanos deben de adoptar medidas para que los residuos peligrosos no sean admitidos en el sitio de disposición final; por lo que, la presente conducta realizada por el Relleno Sanitario Intermunicipal del municipio de Pichucalco, no sólo se contrapone con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003 sino, también, se contrapone con los dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento; así como, a las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 Y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, traduciéndose este cumplimiento a la normativa en un riesgo inminente a la medio ambiente y a la salud pública.

En mayo de 2015 se levantó una minuta de acuerdos para dar solución a los problemas generados por el relleno sanitario; en donde el presidente municipal (en ese entonces Ricardo Cruz Kerlegand) se comprometió a acompañar a una comisión que representara a las comunidades afectadas para gestionar la solución al problema ante las instancias gubernamentales estatales correspondientes y que dicho relleno estaría cerrado hasta que las instancias estatales tomaran las medidas necesarias para la solución a los problemas de contaminación.

Sin embargo, ante esta problemática de años y toda vez que los vecinos percibieron como acciones sin soluciones, las actos de las autoridades municipales, se recurrió a autoridades Federales y el 28 de mayo de 2015, el ciudadano José Martínez de Escobar Herrera y otros, por derecho propio, mediante escrito solicitaron el amparo y protección de la justicia federal (juicio de amparo indirecto número 1083/2015-D). El juez sexto de Distrito en Chiapas resolvió otorgar la protección y amparo de la justicia federal el 22 de febrero de 2016. Y si bien el 10 de marzo de 2016; el presidente municipal de Pichucalco, interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el juicio de amparo, el 14 de julio de 2016, por Unanimidad de votos, resolvió el pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mantener el amparo y protección a José Martínez de Escobar Herrera contra el acto reclamado del presidente municipal y otros.

El 25 de agosto de 2016, el juez requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo. El 8 de noviembre de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado promovió un escrito por medio del cual señala que no se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado haya autorizado para el funcionamiento del relleno sanitario.

A su vez, se requirió al presidente municipal de Pichucalco y autoridades municipales responsables, para que de inmediato realizaran las gestiones necesarias para dejar de verter basura y otros desechos tóxicos en el relleno sanitario; en el entendido, que quedo bajo su más estricta responsabilidad. Además, fue apercibido que en caso de no acatar lo antes expuesto, se harían acreedores en lo personal e individual, a una multa equivalente a 500 unidades de medida y actualización; cantidad fijada en virtud de que, al estar en funcionamiento el relleno sanitario en mención, sin contar con la autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, se genera un alto riesgo de contaminación a los ecosistemas y deterioro de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo o subsuelo; todo lo cual, representa un riesgo a la salud pública y medio ambiente; contraviniendo además con ello, la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas.

Por lo expuesto propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, en los ámbitos de sus respectivas competencias, ejecuten la clausura de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control respecto a la contaminación producida y se cumpla la resolución dictada en el juicio de amparo indirecto número 1083/2015-D.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal sobre los riesgos que enfrenta México frente a las medidas transfronterizas que el presidente electo de Estados Unidos de América ha propuesto implantar al inicio de su administración, suscrita por el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a los riesgos que enfrenta México frente a las diferentes medidas transfronterizas que el presidente electo de los Estados Unidos de América ha propuesto implementar al inicio de su administración, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo del proceso electoral para elegir al presidente de los Estados Unidos de América para el período 2017-2020, el hoy presidente electo Donald Trump, anunció en diversas ocasiones su intención de incrementar los impuestos a la importación de bienes manufacturados en México, cuya fabricación originalmente tenía lugar en territorio estadounidense.

De acuerdo con su lógica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha provocado a lo largo de su vigencia que millones de fuentes de trabajo hayan desaparecido en la economía estadounidense, principalmente porque empresas que originalmente fabricaban bienes en ese país, habrían optado por trasladar esos procesos manufactureros a territorio mexicano. Este argumento fue utilizado de manera reiterada, no obstante que ha sido ampliamente documentado que el comportamiento de las cifras de fuentes de empleo cerradas en Estados Unidos frente a las de fuentes de empleo creadas en México no coinciden en absoluto, y tampoco son siquiera cercanas.

Las advertencias del Presidente electo Donald Trump sobre su intención de hacer uso de la política comercial para tratar de obligar a las empresas que arman, fabrican o manufacturan bienes en México y que exportan dichos bienes al mercado de los Estados Unidos, entre otros países, se han tornado cada vez más frecuentes a partir de la jornada electoral que vivió ese país el pasado 8 de noviembre de 2016.

Son múltiples los casos de empresas que han sido objeto de estas advertencias focalizadas. Entre ellos están los casos de la empresa Carrier, Ford, General Motors, Toyota, Chrysler, Fiat o BMW.

Sin embargo, aun cuando las posibilidades de que México, Estados Unidos y Canadá inicien conversaciones para renegociar diversos términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son cada vez mayores, es importante tener claridad sobre los márgenes dentro de los cuales el gobierno de los Estados Unidos puede moverse en cuanto a los niveles de aranceles o de otras medidas transfronterizas para las importaciones de bienes manufacturados como son los vehículos, aires acondicionados, así como otros enseres domésticos como refrigeradores, lavadoras o pantallas planas que se fabrican en México.

Ello, porque no puede pasarse por alto que al mismo tiempo que Estados Unidos tiene compromisos específicos con México en el TLCAN, también tiene compromisos a nivel multilateral en el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC), específicamente los que se conocen como aranceles nación más favorecida, y que en los hechos, se constituyen en el límite superior de aranceles que Estados Unidos podría tratar de imponer a nuestro país. Cualquier arancel por encima de los niveles de la OMC estaría fuera de cualquier lógica legal a nivel internacional y pondrían en riesgo ya no solo el TLCAN, sino más grave aún, el andamiaje multilateral en materia de libre comercio, representado por la OMC.

Si bien es cierto que el Presidente electo Donald Trump ha enviado señales sobre su intención de no apoyar a otros organismos multilaterales como el caso de las Naciones Unidas (ONU), se antoja difícil que de manera unilateral pueda desconocer los compromisos hechos en materia comercial en la OMC, en virtud del elevado costo que ello representaría para la economía, los consumidores y la fuerza laboral en los Estados Unidos.

La continua difusión de las advertencias sobre el posible uso de aranceles u otras medidas a manera de presión sobre diversas empresas que fabrican bienes en México y que exportan parte de su producción al mercado de los Estados Unidos de América ha provocado un escenario de incertidumbre que naturalmente ha tenido efectos adversos sobre la cotización del tipo de cambio del peso frente al dólar de los Estados Unidos.

Ante tal escenario, en la medida en que haya información pública sobre el verdadero alcance que podrían llegar a tener las medidas que de manera informal ha venido anunciado el Presidente electo Donald Trump, la economía mexicana podría empezar a reducir el nivel de incertidumbre y por tanto la volatilidad que impactan negativamente las decisiones de inversión y producción de muchos agentes económicos.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, dentro de un plazo de 10 días naturales, remita un informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los riesgos reales que enfrenta México frente a los diferentes tipos de medidas transfronterizas que el Presidente Electo de los Estados Unidos de América ha advertido que utilizará a partir del inicio de su administración que potencialmente pueden tener efectos negativos sobre la producción o las exportaciones de México.

En el informe requerido en el párrafo anterior, se deberá incluir explicaciones sobre lo siguiente:

a) Los segmentos de la economía mexicana, incluyendo información sobre la evolución reciente de sus niveles de producción, inversión, empleo, así como volumen y valor de sus exportaciones, que podrían verse afectados por la imposición de medidas por parte de la nueva administración de los Estados Unidos de América que tienen por objeto alterar el comercio transfronterizo entre ambas naciones.

b) El nivel máximo de arancel que el gobierno de los Estados Unidos de América podría imponer a las exportaciones de la industria automotriz de nuestro país dirigidas al mercado de estadounidense conforme a los compromisos multilaterales de ese país en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, frente a un escenario en que la nueva administración de Estados Unidos de América insista en replantear los compromisos asumidos con México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

c) Otras medidas distintas a las arancelarias que la nueva administración de los Estados Unidos de América podría utilizar para alterar los flujos de comercio transfronterizo, independientemente de si esas medidas tienen lógica económica, comercial o fiscal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

Senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa por la que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mario Ariel Juárez, en nombre de Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la historia de México, la construcción de la democracia ha tenido grandes avances y no podemos negar que tenemos que hacer todo lo posible por conservar la confianza de los ciudadanos.

Los partidos políticos son una forma de organización para hacer llegar a los puestos de elección popular representantes que al frente de la gestión pública beneficien al país con vocación de servicio. Aunque en muchos casos hemos visto que el funcionario público es el único beneficiado y eso, es lo que causa gran molestia en la ciudadanía y hace que se pierda la confianza en los representantes.

Dentro las reformas electorales ya existe la posibilidad de que existan candidatos independientes, pero su capacidad de gestión se ve reducida de manera importante porque no tiene un grupo de apoyo que fortalezca las iniciativas, proposiciones y gestiones para llevar a buen puerto la representación popular.

Durante mucho tiempo las elecciones estuvieron en manos del gobierno, pero están por cumplirse 20 años de haberse constituido un órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral (INE), que se hace cargo de organizar y supervisar todos los procesos electorales.

No cabe duda de que el motor de los procesos electorales que son supervisados por el INE son los partidos políticos.

En los últimos 40 años ha habido ocho reformas electorales importantes que han sido necesarias para subsanar errores, vicios, costumbres y todo tipo de fallas que entorpecen los procesos electorales.

Para hacerlo posible, el Estado debe considerar una cantidad de dinero importante para dotar al INE de la infraestructura, personal, y materiales de todo tipo necesarios para poder operar.

Pero no sólo se entrega recursos a este Instituto, sino que para que los partidos políticos puedan trabajar para encontrar a las mejores personas que ocupen los cargos de elección popular y difundir sus respectivas plataformas, el Estado también destina un recurso considerable para su funcionamiento. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la cantidad que se debe destinar a los partidos para que cumplan con su cometido.

Por supuesto que a lo largo de la historia se han constituido partidos políticos que se han caracterizado por representar un interés particular y en algunos casos, hasta familiar. Algunos se han disuelto y los recursos se repartieron descaradamente entre sus agremiados. Esto ya no es posible gracias a la última reforma electoral, afortunadamente. Sí creemos que para muchos, el partido político sigue siendo un modus vivendi que les proporciona una buena cantidad de recursos, posiciones políticas y acceso a un círculo político en muchas ocasiones privilegiado.

Para Morena, la razón fundamental para constituirse en partido político ha sido atender la demanda de un gran sector de la población que está harto del abuso del poder y de ver cómo se mantienen los partidos con un financiamiento proveniente del erario público para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Estos recursos se entregan a través del INE, quien además supervisa de manera permanente el uso y comprobación de los gastos. El manejo institucional para su suministro ha servido para equilibrar las condiciones de los partidos políticos para realizar sus labores. Lamentablemente, en muchos casos las expectativas no se han cumplido.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el INE deberá atender lo relativo a los derechos y prerrogativas a los partidos políticos, y para ello se rige por un principio de proporcionalidad, es decir que entre más cargos de elección popular haya ganado el partido, más recursos recibe.

Estos recursos se han convertido en privilegios que han corrompido a las cúpulas a partir del poder político que han adquirido derivado de la gran cantidad de recursos que obtienen.

En Morena no estamos de acuerdo con el exceso de recursos que el Estado destina para los partidos políticos. Estamos convencidos que con la mitad de los recursos los partidos políticos pueden cumplir con sus funciones, lo cual se traduciría en un importante ahorro, más de 2 mil millones de pesos, que bien se podría utilizar para beneficio de la población. Por ejemplo, la modernización de las refinerías que nos permitiría procesar el petróleo que producimos para no tener que importar gasolinas, cuyo costo se ha incrementado derivado de la privatización de los servicios.

Convencidos de que la reducción de recursos para los partidos políticos es algo absolutamente necesario, los diputados de Morena Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala presentaron en septiembre de 2015 una iniciativa de reforma constitucional para reducir sustantivamente los recursos para los partidos políticos.

Lamentablemente y con base en lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa precluyó sin haberse dictaminado en la comisión competente.

Por ello, el pasado 24 de noviembre, los mismos legisladores presentaron nuevamente la iniciativa la cual fue turnada nuevamente para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, conscientes de que la situación actual y la inconformidad social existente por el manejo de la economía del gobierno actual, pongo a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento permanente a los partidos políticos, presentada por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, el pasado 24 de noviembre de 2016.

Dado en la Comisión Permanente en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SHCP, así como a la Cámara de Diputados, a reducir de manera gradual el gasto en compra de equipo militar, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

No obstante que, de manera oficial -y a diferencia de lo que ocurría durante el mandato del ex Presidente de la República, Felipe Calderón-, México no se encuentra en “estado de guerra”, toda vez que, desde 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto retiró de algunas zonas del país al Ejército, con miras a reducir el papel de éste en las tareas de seguridad nacional, por medio de la implementación de una unidad policial especializada, denominada gendarmería.

Sin embargo, un análisis realizado por Insight Crime, revela que, por lo menos en 2014, el Gobierno Federal ha destinado más de mil 300 millones de dólares en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica, a través del programa de Ventas Militares Extranjeras de dicho país, cifra que supera en cien veces lo gastado en años anteriores.

Este aumento en el gasto público para la compra de armas, es, contrario a lo que señala el Gobierno Federal, “una indicación de que la militarización de la guerra contra las drogas está aquí para quedarse”,1 ya que, “después de que las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de 400 mil dólares a más de 1.2 billones de dólares, el gasto se mantuvo por encima de 1 billón en 2013, primer año del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto”.2

Posteriormente, -detalla la investigación-, en 2014 Estados Unidos le vendió a México 2 mil Humvees (vehículos militares multipropósito), por un total de 245 millones de dólares; 3 helicópteros Blackhawk, por 110 millones de dólares -menos de un años después, de que México dispusiera añadir 18 Blackhawks a su flota de helicópteros–,3 a fin de ser empleados en la lucha contra los cárteles de narcotráfico, según informó el Congreso Norteamericano sobre América Latina,4 con un valor total de mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 100 millones de dólares en compras realizadas en año anteriores.5

Consecuentemente, el análisis realizado por Insight Crime, señala que ante el hito histórico que representa el gasto público en compra de equipo militar, se presenta “un panorama inquietante”,6 toda vez que las organizaciones de derechos humanos, “han vinculado el refuerzo militar a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de seguridad”, pues, “aunque el Ejército ha dicho que los reportes de abusos están disminuyendo, otras evidencias sugieren que las autoridades buscan imponerse mediante violaciones de derechos humanos”,7 por lo que Insight Crime considera que el desproporcionado gasto público en equipo militar, es “decepcionante dados los anuncios del Presidente Peña Nieto con respecto al manejo de la seguridad”.8

Sin embargo, el contexto mexicano de agudización de la crisis económica, política y social, requiere de recortes en el gasto público, a fin de favorecer las áreas que de verdad requieren recursos, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por ende, es necesario reducir la importación de armas en México, que ha crecido un 331%, en comparación con el periodo 2006-2010, en donde el 52% del equipo militar proviene de los Estados Unidos de América.9

Por tanto, solicitamos que la Comisión Permanente, exhorte al Titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que implemente las medidas necesarias, para reducir, de manera gradual, la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la honorable Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba año con año, se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Notas

1 México hace historia... en compra de armas a EU; el país “se militariza” , dice un estudio, SinEmbargo, disponible en:
http://www.sinembargo.mx/02-04-2015/1299641

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 EU arma a México: le vende 1,300 mdd en un año... y sin guerra , Proceso, disponible en:
http://www.proceso.com.mx/399679/washington-arma-al-gobierno-mexicano-a-precio-de-oro

6 Op. cit., SinEmbargo.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 ¿De dónde vienen las armas del mundo? , Tercera Vía, disponible en: http://terceravia.mx/

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a informar del estado que guarda la búsqueda de la menor Memfis Marroquín de León, suscrita por la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES

Cynthia Gissel García Soberanes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que informe el estado que guarda la búsqueda y ubicación de la menor de nombre Memfis Marroquín de León; asimismo, para que instruya a la Procuraduría del estado a que intensifique las investigaciones para dar con el destino de la menor, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, con base en la siguiente

Consideraciones

El pasado 14 de noviembre, desapareció en la ciudad de Tijuana, Baja California; la menor de 10 años de edad, de nombre Memfis Marroquín de León, misma que fue vista por última vez en la escuela primaria Eucario Zavala de la Colonia Obrera.

La madre de la menor dio aviso inmediato de la desaparición de la menor a las autoridades correspondientes; sin embargo, estas activaron la alerta Amber hasta el día 17 de noviembre de 2016, lo cual se comprueba con las notas periodísticas que con tal motivo publicaron diversos medios locales.

Esta situación, afecto de forma grave la pronta localización de la menor, pues se perdieron horas valiosas. En este sentido, es que se puede afirmar que existen sospechas fundadas de, por lo menos, una deficiente actuación de las autoridades estatales, en la demora de la activación de la alerta Amber.

De igual manera, se puede observar un deficiente proceso de investigación por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda y ubicación de la menor, lejos de presentar pruebas que acompañen sus conclusiones, han declarado, sin la menor reserva que Memfis había escapado de su casa por problemas familiares; por lo que daban por concluida las investigaciones; como lo público El Mexicano, el 23 de noviembre de 2016 y El Sol de Tijuana, el 25 de noviembre pasado. De igual manera, a través de Grupo Cadena el periodista Alfredo Álvarez, hizo mención a lo antes señalado, en el sentido de que las autoridades de la procuraduría habían concluido que la menor había voluntariamente escapado de su casa derivado de la situación familiar.

Ante la insensibilidad de las autoridades, los familiares y amigos de la menor, realizaron una marcha el pasado 4 de diciembre para solicitar el apoyo de las autoridades y ciudadanía en la localización de Memfis, como consecuencia de la marcha, el viernes 23 de diciembre de 2016, con apoyo de la Cruz Roja Internacional, Asociaciones Civiles y ciudadanos en general, se realizó una búsqueda para localizar a la menor.

El pasado 30 la asociación “Unidos por los Desaparecidos de Baja California”, realizó una marcha, demandando que la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California investigue de forma profesional el paradero de Memfis. Resulta revelador saber que el Estado de Baja California, ocupa el quinto lugar nacional de Personas Desaparecidas, según datos de dicha Asociación.

Los familiares de la menor han solicitado una audiencia para reunirse con el Gobernador y el Procurador del estado, sin que hasta el momento se haya atendido la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California para que informe el estado que guarda la búsqueda y ubicación de la menor de nombre Memfis Marroquín de León; asimismo, para que instruya a la Procuraduría del estado a que intensifique las investigaciones para dar con el destino de la menor.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputado Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa de Valsequillo, formalmente llamada como Presa Manuel Ávila Camacho, es una presa de México construida en 1946, que ha formado el cuerpo de agua más grande de Puebla, comprende el área del lago de Valsequillo, en el que confluyen los ríos Atoyac –el río Balsas en el estado de Puebla– y Alseseca.

La presa lleva a cabo el servicio ambiental de depuración y retención de sólidos suspendidos para las cuencas del río Atoyac y río Alseseca en los estados de Puebla y Tlaxcala. La contaminación en la presa de Valsequillo es generada por los desechos acarreados en los cauces de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que a lo largo de su recorrido atraviesan parques industriales y empresas dedicadas principalmente a los sectores: textil, químico, construcción, electromecánica automotriz y petroquímica; de igual forma recibe colectores industriales y municipales.

A lo largo de los años se han observado altos niveles de contaminación dentro de la presa, el agua no es potable y el consumirla presenta altos grados de riesgo para la salud. En la población conocida como José Tejaluca, contigua a la presa, se detectan niños que presentan niveles elevados de concentración de plomo en la sangre, deficiencias congénitas en manos, pies así como labio leporino y paladar hendido, todo esto a consecuencia de la contaminación del agua dentro de la presa. A pesar de la contaminación del lago, las personas que habitan alrededor del mismo, continúan utilizando el agua provocando daños irreversibles a su salud.

La plaga de mosquitos, producto de la contaminación del agua de Valsequillo, es el problema más urgente que deben atender las autoridades a nivel federal y estatal, ya que los habitantes de los pueblos y comunidades que habitan alrededor, están obligados a soportar no sólo el fétido olor, sino la plaga que está afectando la vida económica y social de la población, ya que deben destinar un recurso de sus ingresos para ahuyentar a los mosquitos, lo que repercute en su economía y en la calidad de vida. Se presenta también dificultad de emprender proyectos turísticos en la zona, sin el previo saneamiento del embalse y la erradicación de la plaga de mosquitos; se entorpecen actividades como la navegación y la pesca y como consecuencia, la muerte de peces (carpas y tilapias) por las condiciones del agua del embalse, así como de ganado vacuno que se alimentaba de las malezas acuáticas contaminadas.

Los afectados por la plaga de mosquitos son miles de habitantes, cuyos hogares se encuentran a las orillas de la laguna de Valsequillo en las localidades de San Baltazar Tetela, los Ángeles Tetela, San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacán, San José del Rincón, San José Tejaluca, Santa María Guadalupe Tecola y San Pedro Zacachimalpa.

En cuanto a la salud de la población, es notablemente mermada con enfermedades asociadas a la contaminación del río Atoyac como leucemia, déficit de atención, alta concentración de plomo en la sangre en menores de 15 años, enfermedades bacterianas y renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural y afectación de la médula ósea, con independencia de aquéllas que propiamente los mosquitos pueden transmitir.

Es lamentable que las y los poblanos padezcamos permanentemente los embates de la plaga de mosco, ya que desde 2006, hay evidencia hemerográfica, primero de la relación que establecen los pobladores entre la existencia del lirio, la contaminación de la presa y la plaga de moscos, segundo, de lo prioritario para la población de éstos como un problema urgente, así como de la petición por parte de los pobladores a las autoridades para que se retirara esta vegetación acuática, desafortunadamente sin éxito.

Para 2007, las quejas de la población continuaban, como al parecer, la renuencia de la autoridad para retirar el lirio.

Posteriormente, en 2015 nuevamente se presentó la petición de la intervención de a la autoridad para controlar o erradicar a los moscos, mediante medios químicos, sin perderse de vista la necesidad del saneamiento del embalse.

Es de suma importancia dadas las afectaciones económicas, en la salud de los habitantes, el daño al medio ambiente, y la alteración en el modus vivendi , que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen en coordinación para dar solución a la problemática de la presa Manuel Ávila Camacho.

Sobre el relativo, organizaciones civiles y académicos han realizado un diagnostico poco alentador sin la participación, coordinación y destino de recursos públicos para menguar y mejor aún, poner fin a la plaga de mosco. Entre las posiciones de académicos, destacan los distintos retos a enfrentar:

1. Habría que controlar a las industrias que descargan sus desechos en el río Atoyac.

2. El grado de contaminación que presenta.

3. Inaplicación de las leyes ambientales, ya que han demostrado incapacidad para garantizar el mantenimiento y evitar el daño ecológico, han demostrado ser caducas e inoperantes para los fines establecidos.

4. Carencia de coordinación entre instancias que atienden al sector hídrico/hidráulico y las instituciones responsables de la salud.

5. Necesidad de impulsar políticas públicas para la recuperación ambiental de Puebla que incluya el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, la bio remediación y la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

6. Implementación de una solución integral que permita revertir los graves niveles de contaminación de la presa que incluya:

a. Reforestación con plantas nativas en la ribera de la presa.

b. Tratamiento real y eficaz de las aguas que llegan al embalse.

c. Implementación de plantas de tratamiento primario y secundario.

d. Ejecución de medidas de restauración ecológica.

e. Desazolve de la presa, retiro de sedimentos tóxicos.

Es una prioridad del que suscribe atender las múltiples demandas ciudadanas al respecto, quienes de igual forma lo han hecho ante el gobierno del estado sin obtener la atención requerida, restando importancia a lo que es evidentemente urgente. Es momento de comprometernos con las y los poblanos en todos los sectores para que, desde nuestra trinchera, demos solución a tan sensible petición.

Como representantes populares, es nuestra obligación atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos de nuestros distritos, por lo que, en virtud de lo expuesto, someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, atienda las demandas ciudadanas con relación a la plaga de mosco en la presa Manuel Ávila Camacho.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y el gobierno municipal de Puebla, intensifiquen los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores establezcan con la mayor brevedad contacto directo con sus contrapartes, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y Orrin Hatch, presidente pro témpore del Senado de Estados Unidos de América, en agenda conjunta, para invitarlos a celebrar reuniones interparlamentarias en territorio nacional y convenir fechas próximas, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas décadas, México y Estados Unidos, hemos forjado una de las relaciones más sólidas, productivas y complejas en el mundo entero que en materia demográfica y económica, entre otros rubros, representa probablemente el caso de integración más exitosa, integral y ambiciosa, entre dos países independientes.

La integración bilateral se ha visto favorecida en prácticamente cada rubro de interés mutuo y se ha institucionalizado en numerosos esquemas de cooperación e intercambio que inciden prácticamente en todos los componentes del diálogo político y la vinculación económica, cultural, artística y social. Ningún país tiene mayor incidencia sobre la vida de los mexicanos que Estados Unidos y viceversa. De ahí que se haga imprescindible favorecer una cooperación propia de socios naturales en una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y de alcance global.

Las acusaciones generalizadas contra los inmigrantes de origen mexicano están fundadas en la intolerancia y el dogmatismo; y contrasta con su enorme importancia y aportación para el desarrollo económico en Estados Unidos. La expulsión masiva de migrantes mexicanos no autorizados, una acción de dudosa legalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, podría adoptar rápidamente dimensiones catastróficas para la economía estadounidense y especialmente para estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas que contribuyen enormemente a la riqueza nacional.

Cabe señalar que 40% de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes de primera y segunda generación que son responsables de alrededor de 10 millones de empleos. Más aún, de acuerdo con un estudio de Partnership for a New American Economy, alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, más de 1 de cada 25 son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. De acuerdo con otro estudio del Selig Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos impulsa el 70% del PIB de Estados Unidos y supera ya 1.5 trillones de dólares, es decir alrededor del 11% de los ingresos totales del país.

La propuesta de grabar o frenar el envío de remesas a México sería equivalente a confiscar ilegalmente recursos privados, donaciones entre familiares. Dicha propuesta, de implementarse indebidamente, provocaría resultados contrarios a los intereses de ambos países. Generaría mayores incentivos a migrar a los Estados Unidos incluyendo al migrante y a todo su núcleo familiar para de esta manera evitar los envíos.

Ninguna frontera en el mundo entero, entre países socios de tantos instrumentos bilaterales y multilaterales de intercambio y cooperación, ha atestiguado la construcción de un muro como barrera simbólica o real para impedir el comercio o la migración. Una decisión de esta naturaleza resultaría un obstáculo para los intereses recíprocos y señaladamente para los de los Estados Unidos. Un muro en la frontera obstaculizaría el comercio, la inversión y la migración, a partir de los cuales, la sociedad y la economía estadounidense se han beneficiado notablemente. No resolvería ninguno de los complejos problemas del desarrollo económico, la seguridad y la integración de la región norteamericana como premisas imperativas para favorecer su competitividad frente al resto del mundo.

Se ha insistido en encabezar una lucha de proteccionismo comercial frente a una realidad inobjetable de generación de empleos. Millones de ellos en los Estados Unidos dependen directamente del comercio con México cuyo volumen reporta un intercambio anual de 580 mil millones de dólares, lo cual deja una enorme derrama de ingresos a ese país. Cada minuto se comercia un millón de dólares entre nuestros países y el 15% de la población de ese país, de origen mexicano, es crucial para favorecer el crecimiento de este intercambio que ha hecho de México, el segundo socio comercial de Washington y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas.

La relación México-Estados Unidos inicia una nueva etapa a partir de la elección presidencial de noviembre de 2016, por la que fue electo Donald Trump. Sus propuestas marcan un cambio sustancial en la agenda bilateral dadas las propuestas que durante su campaña formuló como candidato, presidente electo y que fueron plasmadas en la plataforma del Partido Republicano.

Es notorio la falta de reconocimiento a los múltiples aspectos positivos para ambos países y nuestros pueblos. Cuestiona los profundos lazos comerciales, sociales, culturales, turísticos y de cooperación entre México y los Estados Unidos. Es por ello que se requiere un replanteamiento de nuestra relación bilateral.

El Congreso de la Unión se ha sumado a la política del Estado mexicano para defender la dignidad de nuestro país, defender nuestra soberanía así como para proteger el interés nacional. Los retos y desafíos requieren de unidad en la pluralidad, altura de miras para sumar esfuerzos en favor de la patria y ofrecer soluciones viables para evitar el daño a la prosperidad nacional. El diálogo, como integrantes de uno de los Poderes que constituyen nuestra República, será indispensable para orientar la nueva relación que debemos de diseñar para los próximos años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores establecer a la brevedad contacto directo con sus contrapartes; el representante Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y el senador Orrin Hatch, presidente pro-tempore del Senado de los Estados Unidos de América.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión autoriza a los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a reunirse personalmente con los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de la Unión Americana, en agenda conjunta, para invitarlos a celebrar reuniones interparlamentarias en territorio nacional y convenir fechas próximas. Asimismo, se les solicita reunirse con el vicepresidente electo y presidente del Senado, Michael Richard Pence y los líderes de la mayoría republicana senador Mitch McConnell y representante Kevin McCarthy, el senador Charles Schumer y representante Nancy Pelosi, líderes de la minoría demócrata en ambas Cámaras. La Embajada de México en los Estados Unidos de América organizará dichos encuentros.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.

Diputado Federico Döring Casar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar recortes y ajustes presupuestarios para subsidiar los precios de la tortilla, los hidrocarburos y la energía eléctrica, entre otros artículos, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscribimos, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Sin duda, la decisión del gobierno federal de ejecutar el alza de los combustibles, ha lastimado seriamente la economía de los mexicanos pero ha lacerado aún más su dignidad.

Desgraciadamente, en el año 2012 regresó el viejo “dinosaurio” con una nueva cara a ocupar el poder, mostrando el mismo nepotismo, cinismo, técnicas y prácticas de corrupción que se acrecentaron al interior del partido durante los doce años que el Acción Nacional les relevó.

Hoy, a cuatro años de ese nuevo-viejo gobierno, entre los duros golpes a la sociedad mexicana de los que destacan los escándalos de corrupción de la Casa Blanca y la del actual secretario de Relaciones Exteriores, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapan, la masacre y represión orquestada por el gobierno federal en Nochixtlán, así como la vergüenza de recibir en la Residencia Presidencial al presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual siendo sólo candidato a dicho cargo, humilló, ofendió y atentó contra la dignidad de los mexicanos, encontramos el daño que provoca la decisión tomada por el gobierno federal en el alza a los combustibles.

Esta alza ha provocado aumentos en los bienes y servicios aún más elevados que el impuesto a los hidrocarburos, pues bajo este pretexto, comerciantes y empresarios han establecido nuevos precios que rebasan por mucho, el decretado al combustible.

Ello ha provocado la inconformidad de la ciudadanía, la cual de manera pacífica, ha manifestado su repudio e inconformidad contra esta medida pese a los actos llevados a cabo por el gobierno federal de infiltrar personas que realizan actos vandálicos para desvirtuar la verdadera intención de las manifestaciones.

Frente a esto, resalta una pregunta ¿cómo puede un pueblo no estar inconforme cuando de manera por demás injustificada y bajo someros pretextos de un precio internacional en el combustible, se realizan conductas que atentan no sólo contra la economía, sino además contra la inteligencia y dignidad de la población?

Los últimos acontecimientos suscitados a lo largo y ancho del país, han demostrado el hartazgo de los mexicanos a las decisiones tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, molestia a la que se suma la derivada de la distribución de los recursos para burócratas del Poder Ejecutivo del gobierno federal, el pago de elevadas pensiones y otras prestaciones a los ex presidentes, el destino de recursos públicos para órganos descentralizados como el Instituto Nacional Electoral (INE) –que planea ya la edificación de una nueva sede con lujos y equipamientos no acordes, menos aún necesarios para las funciones y obligaciones para el cual fue creado–, la continuación de obras innecesarias de alto costo como lo es el tren de Toluca o bien la realización de obras aún no ejercitadas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, los viajes al extranjero del Ejecutivo federal y sus “invitados” no oficiales (entre otros muchos).

Al respecto, es menester mencionar que es obligación de todo gobierno brindar a la población un bienestar, seguridad, calidad de vida digna y atención social. Contrariamente a ello, el plan de gobierno del Ejecutivo federal parece alejarse cada vez más de tales fines ejerciendo políticas de gobierno que sumen día a día un estado de incertidumbre, inseguridad y pobreza.

Si bien toda nación necesita la recaudación de ingresos para desarrollar los planes de gobierno que otorguen a los ciudadanos las condiciones de vida digna que necesiten, no es mediante el alza indiscriminada del precio de los combustibles como se debe satisfacer tales rubros.

La realidad es que existen alternativas legales, financieras y administrativas que permiten contar con los recursos y elementos suficientes para hacer un México grande y justo, empezando con la reducción y ajuste de los altos costos que representan los sueldos de los burócratas que conforman la estructura federal, eficientar la recaudación fiscal, así como aplicar los recursos existentes para el mejoramiento de la sociedad y no para la construcción de obras o edificios que más que representar un beneficio a la nación asumen el ejemplo de soberbia y presunción de la figura del Ejecutivo a costa de la marginación del pueblo a través de mantener un bajo nivel de poder adquisitivo, con pésimos y vergonzosos ingresos.

Con todo esto, no se niega la necesidad de contar con instalaciones e infraestructura que permitan el desarrollo global del país, no se trata de dejar de realizar obras que beneficien a los diversos sectores de la sociedad, menos aun de negar a cualquier individuo un ingreso digno y suficiente para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no es viable que se desvíen y destinen recursos estratosféricos en conceptos que resultan innecesarios e incluso humillantes para la mayor parte de los mexicanos, esto es así, derivado de la comparación de los altos ingresos y prestaciones que reciben aquellos que conforman la planilla del Poder Ejecutivo federal frente al precario ingreso de un obrero e incluso de un profesionista que no alcanza a percibir más allá de diez mil pesos mensuales sin contar con las prestaciones que por ley le corresponden.

En este tenor de derroche de recursos, se estima que no sólo es necesario sino vital e imprescindible, realizar un ajuste en el destino de los recursos con que se cuentan y suspender de manera inmediata, toda obra, los viajes del Ejecutivo al extranjero y las aportaciones a las instituciones de gobierno centralizadas y descentralizadas que no sean necesarias para cumplir y desarrollar sus funciones.

Los pocos o muchos recursos existentes en las arcas del gobierno, deben destinarse para atender las necesidades de los ciudadanos, pues son ellos quienes sostienen mediante sus aportaciones fiscales al país, “lo que no es prioritario, no es necesario”, menos aún inmediato. Por lo que en este contexto, se propone un reajuste en el gasto público, en el destino de los recursos públicos a lo que realmente es inmediato y por ello, vital.

Esto se traduce en tomar medidas que permitan amortiguar el daño económico en el gasto diario de los mexicanos, entre ellos, el transporte y los alimentos, por citar algunos. El alza de los precios en los combustibles ha afectado de manera inmediata la elevación en los precios de los artículos que comprenden la canasta básica, como el frijol, el huevo, la tortilla. Lógicamente si lo más elemental se ha elevado afectando así al grueso de la población, pensar en el vestido, alquiler, educación, ahorro y esparcimiento da terror.

Es por ello que el suscrito somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición a efecto de exhortar al gobierno federal para que suspenda de manera inmediata de toda obra innecesaria; el recorte y reajuste de las pensiones y demás prestaciones que indebidamente se entregan a los ex presidentes de la República; los viajes al extranjero que no tengan beneficio o repercusión en pro de la nación; el recorte en el gasto de adquisidores de bienes y servicios no indispensables, con el fin de aplicar tales recursos en el subsidio al precio de la tortilla, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros artículos necesarios e indispensables en la vida diaria de los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta e insta al gobierno federal, a través del titular del Poder Ejecutivo federal y sus dependencias correspondientes, para que de manera inmediata proceda a suspender toda obra innecesaria, a recortar los viajes al extranjero, el gasto de adquisidores de bienes y servicios no indispensables, a reajustar las pensiones y demás prestaciones que se entregan a los ex presidentes de México, sueldos y prestaciones de los órganos que conforman la estructura gubernamental, así como a proceder con la venta de la Casa Blanca y el avión presidencial.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo los actos y acciones necesarias y pertinentes para aplicar los recursos públicos que se obtengan de las acciones de recorte, venta y ajustes señalados en el anterior exhorto, para subsidiar los precios de la tortilla, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros artículos necesarios e indispensables en la vida diaria de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputados: Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Óscar Ferrer Abalos (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Antonio Stefan Garfias, Ana Leticia Carrera Hernández, Araceli Sánchez Madrigal (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), Érick Juárez Blanquet, Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Elio Bocanegra Ruíz (rúbrica), José Santiago López, Armando Soto Espino.

Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos en comunicación social de los gobiernos estatales y los ayuntamientos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el marco de la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno de la República anunció que realizaría una reducción importante en el gasto público, derivado de que el país enfrentaba desde entonces retos importantes en torno a diversas circunstancias económicas que afectaban significativamente las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno.

El paquete económico aprobado para el presente ejercicio fiscal refleja el compromiso de la actual administración de continuar con un manejo responsable de las finanzas públicas, con el único objetivo de velar por la estabilidad económica de la nación y el bienestar de las familias mexicanas, manteniendo el crecimiento económico y fomentando la inversión en los diferentes sectores productivos.

Bajo esta lógica de ajustes cuya realización resultaba indispensable, se acordó comenzar con el proceso de liberalización del precio de los combustibles, el cual se puso en marcha desde el pasado 1 de enero, al establecerse nuevos costos regionales máximos de las gasolinas y el diésel, los cuales reflejan con mayor fidelidad el costo de producción, transportación y almacenamiento de los mismos. A través de la Comisión Reguladora de Energía, de manera gradual y ordenada, se flexibilizarán los precios de los combustibles, mismos que fluctuarán de acuerdo a las condiciones de mercado y cuyo fin último es contar con un mercado competitivo que genere inversión en beneficio de los consumidores.

Las reformas estructurales, en particular la reforma energética, son transformaciones que generarán un impacto positivo para el país, sin embargo, los beneficios de las mismas no han sido percibidos en el corto plazo por la población, en buena medida porque se trata de cambios que requieren un tiempo de maduración y también porque la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros nos condujo a una situación en donde el sostenimiento de determinados esquemas, como el subsidio gubernamental a los combustibles, ponen en riesgo serio la estabilidad económica nacional pero sobre todo los bolsillos de las familias mexicanas.

De cara a los nuevos retos en materia económica que enfrenta nuestro país, es menester que los gobiernos de todos los niveles y sus dependencias, así como los diferentes órganos del Estado asuman el compromiso de manejar de forma austera y responsable los recursos públicos de los cuales disponen, privilegiando la eficiencia operativa y dándole al gasto un enfoque social.

Derivado de lo anterior, y ante el complejo panorama que enfrentamos, es de vital importancia aplicar en el futuro inmediato los mecanismos necesarios para proteger nuestra economía y mitigar los riesgos del contexto económico internacional, el cual se caracteriza por una alta complejidad para el presente año 2017.

En este sentido, el Gobierno de la República ha implementado un plan de reducción de gastos en rubros que no resultan prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico, los cuales representan un ahorro significativo a favor de la economía nacional; un ejemplo de ello es la reducción en el gasto de comunicación social, pues para el presente ejercicio se redujeron aproximadamente setecientos millones de pesos, con el fin de redireccionar dichos recursos a sectores prioritarios y estar en condiciones de hacer frente de mejor manera a las dificultades económicas.

En este contexto, autoridades de distintos gobiernos estatales han anunciado algunas de las medidas de austeridad que adoptarán a fin de contrarrestar los efectos negativos en las familias mexicanas por el alza del costo de la gasolina; entre las medidas más comunes se encuentra la reducción de los salarios de los servidores públicos, estímulos fiscales para los ciudadanos y disminución en gastos de comunicación social.

Aquí cabe hacer una distinción y diferenciar entre comunicación social y gubernamental, la primera, se refiere a todos aquellos mensajes que emiten las instituciones públicas con fines sociales y consiste en un servicio público, en información útil y a la que tiene derecho y necesidad el grueso de la población, no busca persuadir sino que convence por sí misma, el término designa las intervenciones comunicacionales que apoyan las causas consideradas como socialmente buenas e ineludibles para el desarrollo colectivo (entiéndase campañas de vacunación, de empadronamiento, de promoción de servicios comunitarios o de la participación ciudadana). Por su parte, la comunicación gubernamental se refiere a la información que emiten las dependencias con fines informativos, pero sobre todo de promoción institucional o personal, la comunicación gubernamental pretende la persuasión de los individuos y está más cerca de la propaganda e incluso de las campañas electorales.1

De acuerdo a Jorge Bravo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, “En México los programas y campañas informativas (federal, estatal, municipal) en los diferentes medios están rotuladas como de ‘comunicación social, aunque en la práctica, o en un mayor porcentaje, correspondan a comunicación gubernamental. A diferencia de otros países, incluso con el mismo nivel de desarrollo, en México es una costumbre arraigada que los gobernantes en turno anuncien inauguraciones de carreteras, cifras de créditos entregados o viviendas construidas, como si no fuera su obligación emprender e intensificar esas acciones en beneficio de la población”.2

Siguiendo esta lógica, existe un amplio número de campañas que corresponden más al ámbito publicitario que al informativo´, las cuales son susceptibles de ser revisadas para determinar si resultan realmente indispensables para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y cumplir con la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades, o bien, si es que no lo son, analizar la posibilidad de que sean canceladas a fin de recortar gastos superfluos.

Se trata entonces de suprimir las campañas dirigidas a promover la imagen de los funcionarios en turno o anunciar los logros gubernamentales más recientes, para dejar sólo aquellas que sirvan auténticamente a los intereses ciudadanos, pues éstas requieren de cuantiosos recursos públicos y humanos y en ocasiones distan mucho de ofrecer contenidos de auténtico servicio público.

En cuanto al control de los montos gastados en comunicación social, si bien es difícil por diversas circunstancias -como la ausencia de información o la falta de transparencia- determinar una cifra exacta, lo cierto es que existen diferentes estudios que muestran una tendencia creciente de los recursos destinados a ese rubro. Por ejemplo, el estudio realizado por los equipos de investigación de Artículo 19 y Fundar,3 confirma una tendencia generalizada al aumento sustancial en los montos y concluye que el total del gasto en publicidad oficial en 18 entidades federativas se duplicó de 2005 a 2010. Lo anterior, demuestra que el rubro de comunicación social es uno de los presupuestos que pueden ser ajustados en tiempos de austeridad y baja disponibilidad de recursos.

La estabilidad y desarrollo económico, así como el bienestar de las familias mexicanas es una prioridad para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos de que vivimos momentos en los que es menester cerrar filas e impulsar todas las medidas necesarias a favor de la economía familiar, es por ello que nos sumamos a la demanda social de generar ahorros para hacer frente al complejo contexto internacional que afecta actualmente las finanzas públicas.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a reducir significativamente su gasto en comunicación gubernamental, ante el complejo escenario económico que enfrenta el país.

Notas

1 Véase, Bravo, Jorge, “La comunicación gubernamental de Vicente Fox”, El Cotidiano, número 155, mayo-junio 2009, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Pp. 43-45

2 Ibídem. Página 45.

3 Véase, “Diagnóstico 2011. Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas”, Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México, 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero del año 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a garantizar los derechos laborales de los docentes separados injustificadamente de su empleo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2015-2016, y publicar su regularización laboral, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentarios de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El cinco de noviembre del 2013, se reunieron representantes del Gobierno Federal, coordinados por la Secretaría de Gobernación, con la Comisión de Negociación del Movimiento Magisterial, con el objeto de abordar diversas cuestiones relacionadas con la reforma educativa, expuestas en la reunión celebrada el pasado 30 de octubre de 2013, precisándose por parte del Gobierno Federal, entre otros puntos , que ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas, y que además, los maestros conservarán los derecho adquiridos a lo largo de su carrera magisterial.

En el proceso de convocatoria y posterior aplicación, para el Examen de la Permanencia Ciclo Escolar 2015-2016, se presentaron diversas irregularidades como convocatoria fuera de tiempo, emitida por autoridades no competentes, la publicidad de diversas convocatorias sin la notificación correspondiente, formas arbitrarias y no públicas de selección de los sustentantes, omisión en la información sobre bibliografías obligatorias, falta de guías de estudio así como su entrega extemporánea tiempo y forma, coaccionados a participar sin la formalidad prescrita por la ley y las disposiciones reglamentarias emitidas por la propia autoridad.

Las graves acciones ilegales por parte de la autoridad, quien a través de un proceso punitivo, sustentado en amenazas e intimidación, que a través de diversos medios (avisos en sus casas, por teléfono, correo postal, correo electrónico, y un trato degradante e inhumano) viciaron los procedimientos de evaluación que dado como resultado la suspensión de la relación de trabajo de los siguientes maestros:

Jalisco

Morelos

Puebla

Querétaro

Tabasco

Quintana Roo

Estado de México

Veracruz

Aunado a los anteriores, en el Estado de Durango, se registran a 30 profesores que por las irregularidades en el proceso de notificación de evaluación de 2015, no participaron, mismos que no tienen proceso administrativo ni laboral para el cese en el cargo y función, pero tampoco aparecen en nóminas, les permitieron continuar laborando con la condición de presentar la evaluación de noviembre pasado (2016), comprometiéndose incluso, ante notario público. Condición que refleja inseguridad en su relación laboral.

De igual forma a profesores en los Estados de Tabasco y Querétaro que por las irregularidades en el proceso de notificación para la evaluación 2015 no participaron están siendo constantemente hostigados con la amenaza de ser separados de su trabajo, sin mediar proceso judicial alguno.

Resultando que en el proceso de evaluación se han violados los Derechos Humanos de los maestros cesados a la seguridad jurídica, al derecho de audiencia, de petición, del libre ejercicio de la profesión, de las garantías protectoras del trabajo, con lo que, los ahora compañeros separados injustificadamente de su trabajo se encuentran en un estado de excepción al vulnerarse el principio y derecho de la dignidad humana plenamente protegida y garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a esta Comisión Permanente, en los siguientes términos, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron separados injustificadamente de su trabajo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2015-2016 y publique su regularización laboral.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Instituto de Pensiones, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Jalisco a emprender acciones inmediatas para investigar los términos en que ese instituto destinó recursos de los trabajadores de la entidad a la empresa Abengoa, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado de Jalisco, para que tomen acciones inmediatas para investigar los términos bajo los cuales el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco destinó cuantiosos recursos de los trabajadores del Estado de Jalisco a la empresa Abengoa, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los años 2014 y el 2015 el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) adquirió alrededor de 604 millones de pesos de certificados bursátiles a la empresa de origen español “Abengoa” luego de que su Consejo Directivo decidió que invertir el dinero de los servidores públicos en esa empresa tendría atractivos rendimientos.

En el mes de noviembre del 2015, la referida empresa Abengoa, incurrió en mora en el pago de los réditos y capital que debía abonar al IPEJAL, dándose a conocer por medios de comunicación1 que una fuente cercana a Abengoa aseguró en ese momento que:

“La compañía se encuentra negociando el proceso de reestructura de esta deuda con los tenedores, quienes designaron a un despacho legal para tal efecto. Dicho proceso contempla la devolución íntegra de la deuda adquirida.”

En el mes de mayo del año 2016, diversos medios de comunicación2 dieron a conocer que en comparecencia ante diputados locales, el subsecretario de Finanzas del gobierno estatal y miembro del Consejo Directivo del IPEJAL, Hugo Alberto Michel Uribe, minimizó la falta del pago de intereses y capital de la empresa Abengoa a dicho Instituto, señalando que:

“...el riesgo habría que medirlo con distintos parámetros, son 604 millones de pesos de un patrimonio de 30 mil millones de pesos que conforman la reserva técnica de Ipejal.”

Posteriormente, en entrevistas dadas a conocer por Grupo Milenio3 en el mes de agosto del 2016, el presidente del IPEJAL, Francisco Ayón López, aseguró que se tenía la confianza en que se iba a recuperar la inversión realizada con la empresa española, afirmando categóricamente que:

“Es la parte más importante de Abengoa en México que tiene muchos activos y flujo futuro. El problema de la empresa es de liquidez en el corto plazo, no es una quiebra, es una empresa que tiene flujo futuro.”

Por su parte, ante dicho medio de comunicación, el secretario de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado y quien también forma parte del Consejo Directivo del IPEJAL, Juan Pelayo Ruelas, afirmó que los trabajadores también tienen la tranquilidad de que se recuperará la inversión realizada con Abengoa, aunque en un plazo más largo del estipulado originalmente, señalando que:

“En el Ipejal se busca la forma de hacer las inversiones más certeras que no se tenga riesgo, pero a veces se caen en alguna complicación, pero nosotros como miembros del Consejo les fijamos reglas.”

En días posteriores a dichas declaraciones, el Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Partida Morales adivirtió4 que debido al concurso mercantil en el que se encontraba la empresa en España, se corría el riesgo de que se realizará una quita del 70% respecto de los montos adeudados a sus acreedores, por lo que contrario a lo afirmado por Francisco Ayón y Juan Pelayo, sí se encontraba en riesgo el capital invertido en dicha empresa, añadiendo que:

“Aquí el tema es que España para cumplir sus compromisos y sobre todo estando en un tema de concurso mercantil, no estaba facilitando los recursos que se generan aquí, todo lo jalaron a España y no dejaron recursos para pagar en México, la buena noticia es que esto puede acelerar la resolución en México porque ya cerrándose el tema jurídico en España y poniéndose la empresa a trabajar pero con una situación más desahogada, la idea sería que ya no necesite todos los recursos de México y ya se puede llegar a un acuerdo para empezar a pagar en el corto plazo, aquí en las negociaciones no se ha hablado de una quita, sigue habiendo mucho riesgo y vamos a estar muy al pendiente de la situación, sobre todo una vez que ya empiece la mesa de negociación para que las cosas se den de la mejor manera para IPEJAL, y no estamos presionando para que se haga la auditoría.”

De acuerdo a una investigación publicada por la peridista Sonia Serrano Íñiguez5 en mayo de 2016, el IPEJAL adquirió 6 paquetes de bonos por más de 500 millones de pesos entre el 2 de julio y el 12 de noviembre del año 2015, cuando aparentemente ya habían trascendido los problemas financieros de la empresa. En dicho artículo hace el siguiente recuento de las inversiones que el Instituto realizó con la empresa Abengoa:

“El Consejo de Administración del Ipejal autorizó la inversión en estos bonos en 2014. La primera compra se hizo el 2 de julio, por un monto de 50 millones de pesos, que venció al año siguiente y dejó ganancias en intereses por más de 3 millones de pesos.

La autorización de la inversión no aparece en las actas de las sesiones del Consejo de Administración, a pesar de que éstas son información fundamental que debe ser publicada. Al respecto, Hugo Michel dijo que se trata de información reservada.

A partir de la primera compra de bonos, Ipejal hizo tres nuevas adquisiciones, de manera que terminó invirtiendo, entre el 2 de julio de 2014 y el 10 de agosto de 2015, más de 319.1 millones de pesos.

Michel Uribe afirmó que cuando se tomó la decisión para la compra de bonos se valoraron elementos financieros, como la tasa que ofrecían y la calificación favorable que dieron HR Ratings, de HR3, y Moody’s, d MX-3.

Con el argumento de que hubo una recuperación sin dificultades del capital invertido en Abengoa y se obtuvieron rendimientos en 2014, el Comité de Inversión de Ipejal volvió a autorizar la compra de bonos de deuda para el año siguiente, por un monto de 604 millones de pesos.”

En el último capítulo que se conoce de esta historia, el pasado 21 de diciembre del 2016, se hizo público que la juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Gabriela Elena Ortiz González, declaró el concurso mercantil involuntario de Abengoa México, empresa subsidiaria de la compañía española de ingeniería y energía renovable, Abengoa, Sociedad Anónima.

Con la declaratoria del referido concurso mercantil involuntario, hoy más que nunca se puede inferir que se encuentran en riesgo los recursos de los burócratas del estado de Jalisco supuestamente invertidos en dicha empresa, contradiciéndose con ello la postura oficial de la sostenida hace apenas unos meses por los miembros del Consejo Directivo del Ipejal, Francisco Ayón y Juan Pelayo. En ese tenor, considero que es importante no solo que los trabajadores del Estado reciban una explicación clara de cuáles fueron los criterios claros que se tomaron para contratar estos bonos de riesgo y los escenarios que se tienen enfrente, sino que toda la sociedad merece una explicación clara de lo sucedido.

Es importante destacar que el artículo 158 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco dispone que:

El Instituto podrá realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, que esté permitida por las leyes, previo el cumplimiento de los requisitos que las mismas establezcan, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones, en beneficio del patrimonio institucional. Toda asociación deberá someterse a la aprobación del Consejo Directivo en Pleno y deberá ser aprobada por mayoría de cuando menos cinco votos.

En ese sentido, es importante que se conozcan con toda claridad y precisión cuales fueron los criterios que se utilizaron por el Consejo del Instituto para dar cumplimiento a su obligación de velar siempre por la seguridad y rentabilidad de las inversiones que se realicen.

Por otra parte, la propia Ley del Ipejal establece en su artículo 166 las “Responsabilidades Administrativas” de los miembros del Ipejal, señalando que “El incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de esta Ley y sus reglamentos, a cargo de los consejeros, Director General y demás funcionarios y servidores públicos del Instituto, se sancionará de conformidad a las formas y términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, además de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.”

De igual forma, es no podemos olvidar que el Código Penal del Estado de Jalisco dispone la existencia del delito de “Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades”, definiéndolo en dos de sus tipos, en su artículo 152, de la siguiente manera:

Artículo 152. Comete este delito el servidor público que, indebidamente:

IV. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores, con recursos económicos públicos;

V. De a los fondos recibidos por razón de su cargo, dolosamente, una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados, o hiciere un pago ilegal;

En conclusión, considero que en este tema tan delicado, deben de darse a conocer todos los elementos que rodearon la compra de dichos certificados cuando apartentemente ya había información de que podrían ser de alto riesgo, y cuya falta de pago pudiera representar un enorme daño al patrimonio de los burócratas de Jalisco. Hecho lo anterior, y una vez que se tenga toda la información, las autoridades competentes deben deslindar responsabilidades, y determinar si existen o no elementos de responsabilidad administrativa o incluso penal por aquellos que tomaron dicha decisión, de cara a la sociedad y a los trabajadores del Estado, para que se pueda tener absoluta certeza de que no existió un error doloso o culposo detrás de la compra de los certificados bursátiles referidos.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, el siguiente resolutivo con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para que dé a conocer públicamente todos los elementos, actas, acuerdos y documentos que respalden la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, y a través de las dependencias competentes, emprenda inmediatamente las acciones necesarias para investigar los documentos públicos que respalden la decisión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, emprenda inmediatamente las acciones necesarias para investigar los documentos públicos que respalden la decisión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Notas:

1 https://www.am.com.mx/2016/08/11/leon/local/enfrenta-abengoa-otra-deuda -604-millones-de-pensiones-305184

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/20/en-riesgo-604-mdp-de-fond o-de-pensiones-en-jalisco

3 http://www.milenio.com/jalisco/Confia-Ipejal-recuperar-inversion-Abengo a_0_799720063.html

4 http://www.milenio.com/negocios/milenio_noticias-acreedores_Abengoa-inv ersion_Pensiones_Jalisco_0_793720706.html

5 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=38457

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM a emprender acciones a fin de dar facilidades para continuar el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA, y sentar las bases a efecto de convertirla en un programa de asistencia, suscrita por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

En México, y a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México es punta de lanza en investigación científica y humanística; así como en materia de desarrollo tecnológico, con el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación científica.

La innovación tecnológica es un tema fundamental para contar con un mejor desarrollo tanto en el ámbito científico como económico, por lo que resulta primordial apoyar a los estudiantes, académicos y científicos en sus proyectos de investigación.

Durante los últimos años en todo el mundo se presenta una gran problemática en cuestión de salud, ya que el cáncer de seno representa el 25% de los casos de cáncer a nivel mundial, es la primera causa de muerte y discapacidad de las mujeres con neoplasia maligna. En México, la tasa de mortalidad ha aumentado en las últimas décadas, no obstante que las técnicas modernas de detección han incrementado la certeza diagnóstica; los estudios de patología en la que se presentan los pacientes generalmente es en torno a la etapa IIB o superior, esto es, en un grado avanzado de la enfermedad, representando más de 5,000 muertes anuales en mujeres de 25 años. En reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social se aprecia que el costo anual por paciente en etapa I es del 37.35% con respecto al costo de la etapa IV. De acuerdo con el estudio “Impacto económico del cáncer en México” de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el costo promedio por año de tratamiento es de $334,421 pesos por paciente. Es claro que, desde el punto de vista económico, la detección no oportuna del cáncer de mama representa costos directos muy elevados para el sector de salud pública así como también costos indirectos elevados por la disminución en la productividad de la gente que se incapacita por desarrollar esta patología.

Al margen de los claros beneficios económicos inherentes a la detección oportuna del cáncer de mamá, el simple pero importantísimo hecho de salvar vidas justifica cualquier esfuerzo para “ganarle terreno” a dicha enfermedad que no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres, aunque con menor frecuencia.

Ante este escenario en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), de la UNAM Campus Juriquilla, se desarrolló un sistema de detección de patología en las glándulas mamarias por medio de termografía superficial y análisis de imágenes utilizando un software inteligente desarrollado en el CFATA que emplea un algoritmo de autómatas celulares que tiene la capacidad de aprender y reconocer patrones asociados a los tumores. Así, cuantas más imágenes de pacientes se procesen el software tiene mayor capacidad de identificar patrones que caracterizan a los tumores, el cual puede ser de gran ayuda al implementarse como técnica complementaria para la detección oportuna del cáncer de mama.

En el CFATA se tiene la experiencia de más de 10,000 estudios realizados con voluntarias y pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM Querétaro). En el CFATA también se desarrolló un gel que permite obtener hasta un 400% más de contraste y una definición mayor de vasos sanguíneos en las imágenes termográficas.

La idea de la utilización de la termografía se comenzó a gestar en el CFATA de la UNAM Campus Juriquilla, con un trabajo de investigación que tenía como tituló en ese entonces (2011) “Sistema mecatrónico termovisual para detección de cancer de seno”. Esta experiencia sentó las bases para que al siguiente año concursara por recursos para dar continuidad al trabajo. Así, en 2012 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) financió el proyecto bajo el título “Modelo Estadístico referencial de Distribución Térmica en las Glándulas Mamarias por Medio de Termografía”. En 2013 se consiguieron de nuevo recursos por parte de CONCYTEQ con el proyecto titulado “Tipificación de Patologías en Glándulas Mamarias por Termografía”.

Reconozco que ha habido apoyo por parte de algunas instituciones involucradas, lo cual aplaudo, pero también me doy cuenta, que para un proyecto de gran beneficio para la sociedad civil y el sector salud, se requiere de un mayor compromiso por parte de la UNAM, ya que los recursos no son suficientes para cubrir la creciente demanda del servicio así como para reemplazar la única cámara termográfica con la que se cuenta y que está por terminar su vida útil. En caso de no contar con los medios para seguir operando, sería inminente la desaparición de este proyecto que ya ha salvado vidas y que potencialmente podría salvar muchas más.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que a la brevedad tome las acciones pertinentes a fin de dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA de la UNAM, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia, con presupuesto propio para cubrir los gastos tanto de personal como de infraestructura e investigación tecnológica.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión refrenda el apoyo a la estrategia de política exterior del Estado mexicano en materia comercial, migratoria y de inversiones en la nueva etapa de la relación con Estados Unidos de América, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos constituye un cambio de gran relevancia en el escenario internacional y las relaciones de este país con el mundo. Para México, este acontecimiento da inicio a una nueva etapa en la relación bilateral, la representa grandes retos pero también oportunidades.

La relación con los Estados Unidos es de gran importancia para nuestro país. Es nuestro principal socio comercial, con un monto total que supera los 495 mil millones de dólares, es el destino principal del 80% de nuestras exportaciones y el mayor inversor en nuestro país con más de 15 mil millones de dólares, lo cual representa el 53% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.

La relación bilateral va más allá de lo comercial. México y Estados Unidos mantienen una relación histórica de casi 200 años, nuestros lazos de amistad se han consolidado y fortalecido a través de los múltiples acuerdos que se han establecido en materias de diversa índole.

Compartimos una de las fronteras más grandes del mundo con 3 mil 140 kilómetros de longitud, por la cual cruzan diariamente un millón de personas y más de 300 mil vehículos. El flujo comercial que circula a través de la frontera alcanza un millón de dólares por minuto.

Actualmente, la agenda bilateral se ha diversificado, sumándose a los temas comerciales y fronterizos otros de gran relevancia, tales como cooperación académica, científica, medioambiental, cultural y en materia de justicia. La relación entre ambos países es estratégica y de interdependencia, la cooperación es fundamental para lograr el objetivo de hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo.

Estados Unidos es el país en donde más migrantes mexicanos residen (más de 35 millones, de acuerdo con el Pew Research Center), donde destacan California y Texas con más de 12 millones y 9 millones, respectivamente. Nuestros connacionales juegan un rol importante en la vida económica y social de ese país, ya que su trabajo produce cerca de 600 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 8% del PIB estadounidense.

Como países vecinos, existen diversos retos que exigen de compromiso y responsabilidad mutua, tales como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y la migración irregular, por ello, el gobierno mexicano siempre se ha mostrado a favor de la cooperación. El intercambio de información entre agencias de inteligencia de ambos países, es un ejemplo del éxito que la cooperación y el diálogo han tenido en la relación bilateral, ya que gracias a ello se ha logrado capturar a múltiples líderes del crimen organizado.

Con el nuevo gobierno en Estados Unidos, México debe mantener su postura de una nación abierta al diálogo, la negociación, la cooperación y la solución de controversias por la vía diplomática y el entendimiento mutuo. En esta nueva etapa de la relación, nuestro país debe mostrar firmeza y seguridad en el establecimiento de los principales temas de la agenda bilateral, teniendo siempre en consideración nuestro interés nacional y el bienestar de los mexicanos.

En este sentido, el gobierno federal ha anunciado su postura a favor del diálogo, guiado por el optimismo, el pragmatismo y el respeto mutuo entre ambas naciones, velando siempre por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren.

La cancillería mexicana también se ha pronunciado en favor de una postura abierta al diálogo y una negociación digna e inteligente que tenga como prioridad los intereses de México y el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior.

La soberanía, el interés nacional y la dignidad de nuestro país deben ser el eje de nuestra política exterior, y en las negociaciones entre los Estados siempre debe prevalecer la igualdad jurídica y el irrestricto respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos.

Como senadores de la República, velaremos por el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior y por nuestros intereses nacionales y dignidad como país.

Siendo revisores de la política exterior, estaremos atentos a una eventual renegociación de nuestros acuerdos comerciales con los Estados Unidos para evitar que sean dañados los intereses de empresarios e inversores mexicanos.

Asimismo, estamos comprometidos con nuestros connacionales en el exterior, por ello, velaremos por que se respeten los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión refrenda su apoyo a la estrategia de política exterior del Estado mexicano en materia comercial, migratoria y de inversiones en la nueva etapa de la relación con los Estados Unidos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión refrenda su apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso de velar por sus intereses y derechos humanos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dará puntual seguimiento a los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos y velará que se protejan los intereses y las inversiones de los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SFP y la ASF que lleven a cabo una investigación exhaustiva referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por Pemex; y a la Sener, que envíe un informe pormenorizado sobre el costo-beneficio de dicha compra, suscrita por los senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unid Mexicanos, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de e soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo una investigación referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos; y a la Secretaria de Energía se sirva enviar a la Comisión Permanente un informe sobre el costo-beneficio de dicha adquisición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses el Congreso de la Unión y diversas organizaciones ciudadanas han impulsado la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita conocer, con oportunidad y transparencia, el destino y correcto ejercicio de los recursos públicos. No sólo hay que poner atención en los montos y ejercicio del gasto corriente, sino en .las distintas inversiones que entidades descentralizadas y las empresas productivas del Estado realizan. En este sentido, resulta fundamental conocer con oportunidad, los planes de negocios que amparan las inversiones productivas, así como la viabilidad social y económica que dichos negocios aportarán al país.

El pasado 1 de agosto; el periódico Reforma publicó en su primera plana un reportaje sobre la adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014. En ese año, el mismo diario de circulación nacional evidenció el excesivo pago que realizaba la paraestatal en la compra de una planta que tenía en esa fecha más de 30 años de antigüedad. La justificación de la compra en ese momento era la intención de que Pemex entrara en el mercado nacional de fertilizantes.

La planta de Agro Nitrogenado, SA de CV, pertenecía a Fertilizantes Mexicanos, SA de CV, (Fertimex) a finales de los años 70 y fue privatizada en 1992 con el argumento de romper con el monopolio que la paraestatal tenía en la producción y distribución de fertilizantes. En ese año su producción era de 3 mil toneladas mensuales de urea.

La compra de la planta fue realizada por Rogelio Montemayor Seguy, en sociedad con sus hermanos, a través de la empresa Servicorp, en una operación 40 por ciento por debajo de su valor. Posteriormente los Montemayor se asociaron con Grupo Acerero del Norte, hoy Altos Hornos de México, empresa propiedad de las familias Ancira y Autrey, para la operación de la planta.

Durante sus primeros años, como empresa privada, producía un poco más del 60 por ciento de la urea en el país y tenía exportaciones importantes. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la empresa fue perdiendo competitividad y en 1998 solicitó la imposición de cuotas compensatorias a la importación de urea procedente de Estados Unidos, Rusia y Letonia, petición que resultó improcedente.

En 1999 cerró sus operaciones ya que Petróleos Mexicanos suspendió el suministro de amoniaco por adeudos millonarios, además de enfrentar una huelga que los trabajadores estallaron por falta de pago de sus salarios y una demanda por prácticas monopólicas.

En 2000 Petróleos Mexicanos demandó a dos afianzadoras por 155 millones de pesos porque Agro Nitrogenado, SA de CV, no le había pagado el amoniaco que le surtía. En 2008, la empresa se declaró en concurso mercantil, asunto que finalizó el 14 de enero de 2014 y al día siguiente, Petróleos Mexicanos través de su empresa filial PMI Comercio Internacional, SA de CV, anunció la compra de Agro Nitrogenados, SA de CV.

La información disponible hasta este momento, muestra que por tal adquisición se pagaría a Altos Hornos de México, dueña de la planta de urea, 3 mil 575 millones de pesos los que se tendrían que sumar un aproximado de 2 mil millones de pesos más, para rehabilitar las instalaciones y estar en condiciones operativas. Debe destacarse que se planeaba que dicha rehabilitación tardaría 15 meses.

Además, para complementar el proceso de elaboración de fertilizantes, Petróleos Mexicanos pagó 2 mil 148 millones de pesos para rehabilitar una planta de amoniaco en el complejo de Cosoleacaque, a fin de abastecer de materia prima a la planta productora de fertilizantes, a través de un amoniaducto de 28 kilómetros que también tenía que ser rehabilitado para su operación.

Después de dos años siete meses de la compra descrita en la nota periodística, Petróleos Mexicanos ha reportado un avance de 55 por ciento en la rehabilitación de la planta, que será finalizada en 2017 con la generación de mil 400 empleos. Sin embargo, existen serias dudas sobre la rehabilitación y operación de la planta.

En informes públicos de Petróleos Mexicanos, se da cuenta de que el complejo Cosoleacaque está al 100 por ciento de infraestructura en la producción de amoniaco, por lo que se contrapone a los testimonios citados en la nota periodística, con lo que se generan dudas razonables sobre la operatividad y funcionalidad de las instalaciones.

Se desconoce la motivación que Petróleos Mexicanos tuvo para comprar una planta obsoleta e inoperable. En este sentido, es necesario conocer el plan de negocios que la empresa productiva del Estado diseñó para entrar al mercado de los fertilizantes y en especial en costo económico y los beneficios sociales que dicha estrategia tiene prevista.

Se ha generado una gran desconfianza sobre la transparencia, pertinencia y viabilidad económica de la compra realizada en 2014 por las autoridades de Petróleos Mexicanos a una empresa presumiblemente en ruinas y poco productiva, a la cual habría que invertir más en su rehabilitación que en construir una nueva.

Es por ello, que resulta de la mayor importancia el solicitar la investigación a detalle de la motivación, las operaciones, plan de negocios, costos y beneficios asociados que tuvo la dirección general de Petróleos Mexicanos y su Consejo de Administración, para autorizar la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, SA de CV, hace más de dos años.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo una investigación exhaustiva referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos y se sirvan enviar un informe pormenorizado a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Energía se sirva enviar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre el costo-beneficio de dicha adquisición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Senadores: Javier Lozano Alarcón (rúbrica) y Roberto Gil Zuarth (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el gobierno de Chiapas a implantar y apoyar programas de protección y conservación del tapir en áreas naturales, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Tapir Centroamericano (Tapirus Bairdii), es una de las cuatro especies de tapires en el mundo y la única que habita en México. Es el mamífero terrestre más grande del sureste mexicano llegando a medir hasta dos metros de longitud con un peso que va desde los 150 kilogramos a los 300 en los animales adultos. Son considerados “fósiles vivientes” pues son una de las pocas especies de megafauna (como mamuts y perezosos gigantes) que sobrevivieron al fin de la última glaciación durante el final del Pleistoceno; justo cuando los grupos humanos comenzaban a llegar a América.

Los tapires centroamericanos solían distribuirse de manera prácticamente continua desde el norte de Colombia y Ecuador hasta el sur de México. Sin embargo, debido a la cacería y la destrucción de su hábitat, ahora su distribución se encuentra restringida a unos cuantos remanentes de bosque para mantener sus poblaciones.

De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) el tapir de Baird es una especie clasificada En Peligro, y se estima que en las últimas tres décadas su población se ha reducido en más de un 50 por ciento, quedando poco más de 5 mil individuos; y el número sigue en descenso.

El nacimiento dado en cautiverio en el año pasado (Agosto del 2016) de dos ejemplares de esta especie es un gran logro dado por biólogos y especialistas de vida silvestre dado que el Tapir Centroamericano es una especie en peligro de extinción.

Tan sólo en México, el tapir centroamericano se encuentra extinto de manera local en Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán; por lo que sus poblaciones remanentes se concentran en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Oaxaca, con un total de 120 ejemplares, distribuidos en zoológicos y en vida silvestre.

El tapir cumple un papel importante en el ecosistema, pues contribuye al balance del mismo, además, siendo el tapir una especie herbívora, contribuye a la germinación de las semillas al expulsarlas a través de su excremento, lo que logra germinarlas en muy poco tiempo.

Al tapir se le considera como una especie sombrilla, lo que significa que, al proteger al tapir y su hábitat estamos protegiendo otra serie de especies (tanto flora y fauna) que, o se encuentran en una estrecha relación con la ecología del tapir.

La historia de amenaza del Tapir Centroamericano, no es diferente a la de otras especies: está en peligro de extinción principalmente por la reducción y fragmentación de su hábitat; por la caza y una tasa de reproducción baja, pues el periodo de gestación dura aproximadamente 13 meses, tiempo en que solo es posible gestar una cría. Los períodos mínimos entre camadas son de alrededor de 17 meses, ya que las crías permanecen con la madre por lo menos un año, lo que hace más difícil su preservación silvestre. A estos factores hay que agregar que se ha comprobado que los tapires pueden adquirir enfermedades de caballos y ganado vacuno, lo que constituye otro factor de riesgo.

Es importante proteger su hábitat y fomentar la creación de corredores biológicos, la promoción de la educación ambiental e incentivar actividades productivas compatibles con su conservación, así como el apoyo de la sociedad civil para proteger y cuidar las áreas ecológicas.

Así, el tapir es el gigante de Centroamérica, el mamífero terrestre nativo más grande en la región; y está por extinguirse. En Chiapas tenemos la oportunidad de reproducir y liberar en áreas protegidas a ejemplares de Tapir, para conservar la especie y ayudar al balance ecológico.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada implementen programas de protección, reproducción y conservación de ejemplares de Tapir en áreas naturales protegidas del Estado de Chiapas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada implementen programas de apoyo a Instituciones dedicadas a fomentar la reproducción y conservación del Tapir en el estado de Chiapas y así, ayudar al balance ecológico.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 17 de enero de 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos prescindibles o innecesarios que no afecten el cumplimiento de los fines y las labores de los órganos del Estado, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al comienzo de este año nos hemos encontrado con un escenario político, económico y social de gran complejidad. Nuestra divisa cotiza a la baja empujada por la política agresiva dirigida hacia nuestro país por el aún presidente electo de los Estados Unidos, paralelamente, la liberalización de los precios de las gasolinas han causado un comprensible enojo entre la población mexicana, dichos factores han propiciado incertidumbre y ponen en riesgo nuestra economía.

Por lo tanto, consideramos que los tres niveles de gobierno necesitan establecer medidas encaminadas a reducir el gasto público, pero esta reducción no debe ser implementada para recortar el gasto social, por el contrario, se debe suprimir el gasto inútil, vano y estéril.

Un ejemplo de lo anterior, es la medida anunciada el 12 de enero de 2017 por el Instituto Nacional Electoral, el cual suspendió la construcción de dos torres y un conjunto arquitectónico, lo cual supone un ahorro superior a los mil millones de pesos.

Otras medidas de austeridad anunciadas por el Instituto Nacional Electoral consisten en reducir los salarios de los consejeros electorales y de la junta directiva en un 10 por ciento, la renuncia al servicio de telefonía del mismo personal y a la eliminación de las partidas para gasolina de los vehículos.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 11 de enero de 2017 acciones de austeridad con el fin de amortiguar el ajuste en el precio de las gasolinas, entre éstas se encuentran: el que no circulen un día a la semana 1,500 vehículos oficiales destinados a labores administrativas, desde luego, sin involucrar en esta medida a las unidades de emergencia y seguridad pública, asimismo, se reducirá el uso de aparatos de comunicación, como radios y teléfonos móviles de los servidores públicos, y por último se disminuirá un 20 por ciento el consumo de combustible, al tiempo que los recibos de nómina serán electrónicos para evitar el consumo de papel.

En este mismo sentido, el gobierno del Estado de Jalisco, escuchando la indignación de los ciudadanos quienes consideran que los funcionarios públicos gozan de beneficios exclusivos y excesivos que son pagados con el dinero de todos, ha propuesto 10 medidas inmediatas de austeridad, entre las que se encuentran:

• Ningún funcionario público utilizará vehículos de gobierno de forma exclusiva.

• Los vehículos oficiales tendrán un uso utilitario: para que las dependencias presten servicios y cumplan con sus tareas.

• Se subastarán públicamente todos los vehículos de lujo y los que no puedan ser reasignados.

• Se elimina el pago de radios y celulares a funcionarios de todos los niveles.

• Se cancelan los seguros de gastos médicos mayores con empresas privadas para funcionarios y sus familias.

• Se subastarán todos los bienes innecesarios del Gobierno y sus entidades.

• Se promoverá el uso del correo y firma electrónica avanzada para disminuir el consumo del papel.

• Se fomentará el uso del papel reciclado para todos los documentos que no puedan utilizarse de manera electrónica.

• La impresión de publicaciones y papelería indispensable se llevará a cabo en la Dirección de Publicaciones del Estado.

• Todos los viajes al extranjero tendrán que justificar el beneficio que generen para Jalisco.

Medidas similares están tomando municipios como el de Corregidora en Querétaro, que en su Plan de Austeridad 2017 considera la reducción en 10 por ciento al salario de funcionarios de primer nivel, asimismo, queda sin efecto el aumento al salario de los funcionarios municipales de primer nivel anunciado el año pasado, también se limita el uso de vehículos oficiales para asuntos personales, adicionalmente se evita la asignación de teléfonos celulares a funcionarios de primer nivel, se reduce en un 80 por ciento el monto destinado al pago de alimentos en reuniones de funcionarios, se contempla la afiliación de personal de primer nivel municipal al sector salud eliminando los seguros de gastos médicos mayores y se reestructura la entrega de viáticos a personal municipal.

Y esto sólo es un ejemplo, ya que en total son alrededor de 16 estados de la república los que han prometido medidas de austeridad, buscando no sólo sanear sus finanzas, sino al mismo tiempo enviar un mensaje a sus gobernados.

En el estado de Morelos, el gobernador anunció la disminución del gasto corriente y la reducción en 30 por ciento en gastos de comunicación. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que prevé reducir 15 por ciento el costo de la nómina y reducir 10 por ciento el gasto corriente. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mencionó que reducirá 20 por ciento su salario y el del gabinete, además de eliminar bonos para servidores públicos. En Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la eliminación de escoltas, seguros de gastos médicos superiores, pagos de teléfonos celulares, así como restricciones en los viáticos. Como se puede ver, las medidas de austeridad consistentes en la reducción o cancelación de los gastos superfluos que no afectan el desarrollo de las labores y la consecución de los objetivos de las instituciones públicas se están dando en gobiernos de todos los signos políticos y en todos los niveles.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos prudente realizar un llamado para que, dada la realidad nacional, más gobiernos e instituciones estatales asuman medidas de reajuste de sus gastos con el fin de sanear sus finanzas, evitar el dispendio, usar eficientemente los recursos públicos y, por consiguiente, aminorar la irritación social y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Diputación Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los órganos del Estado a abstenerse de realizar gastos prescindibles, innecesarios o que no afectan el cumplimiento de sus fines y labores como la contratación de seguros de gastos médicos privados para sus funcionarios, pagarles la telefonía celular, otorgarles vales de gasolina para vehículos no oficiales y asignar elementos de seguridad pública para su resguardo personal cuando no sea estrictamente necesario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer los programas sociales de apoyo alimentario para proteger la economía de los capitalinos ante la crisis económica derivada del alza de las gasolinas, suscrita por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México se ha distinguido por haber implementado diversos programas sociales con los cuales se ha buscado garantizar diversos derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la alimentación, la capital del país fue pionera en comenzar a formular estas políticas públicas:

Durante su administración al frente del gobierno del Distrito Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador puso en marcha en febrero de 2001 el Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentes Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el Distrito Federal, para el 17 de septiembre de 2003 el entonces mandatario capitalino presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta años, en la exposición de motivos de esta iniciativa se menciona lo siguiente:

“El principal objetivo del Gobierno del Distrito Federal, es establecer en la Ciudad un Estado igualitario y fraterno, donde los pobres, los débiles y los olvidados, encuentren protección ante las incertidumbres económicas, las desigualdades sociales, las desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores.

El Estado igualitario y fraterno que postulamos contempla, entre otras cosas, el derecho a la pensión universal ciudadana.

Por eso, desde el inicio de nuestro Gobierno se estableció un programa de apoyo que otorga a los adultos mayores de 70 años una pensión alimentaria como una pequeña recompensa para quienes, con su trabajo, han hecho posible esta gran Ciudad.

Este programa se justifica por razones humanitarias y porque no podríamos hablar de justicia si los ancianos viven con carencias y en el olvido.”

La referida iniciativa fue aprobada por el Legislativo local por unanimidad el 11 de noviembre de 2003 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2003. El 22 de octubre de 2008 este ordenamiento fue reformado para que la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores se otorgara a partir de los sesenta y ocho años.

En el 2014 la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino realizó un estudio sobre el impacto que ha tenido la Pensión Universal para Adultos Mayores: “El estudio fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y consta de 90 preguntas hechas a los beneficiarios del programa Pensión Universal.

El 84.2 por ciento de 4 mil 744 beneficiarios aseguraron que la pensión universal, que este año tiene un monto de mil 92 pesos, les hace sentirse más felices, en tanto que 14 por ciento no ha tenido cambios en su estado de ánimo.

Son las mujeres las que sienten una mayor felicidad, con 87.2 por ciento de las encuestadas, por 80.7 de los hombres.

La pensión ha hecho que, tal vez por interés, en miles de familias se revalore a las personas de la tercera edad, pues 36 por ciento de los encuestados aseguraron que la relación con sus familiares ha mejorado.

De las personas que reciben la pensión, 39.5 consideraron que hasta antes de obtener esos recursos no contaban con el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

El 80 por ciento de las personas de más de 68 años que reciben la pensión dicen que utilizan la tarjeta para comprar alimentos, o medicinas, además de ser ellos mismos quienes emplean el plástico y no sus familiares o representantes.

La tarjeta les ha permitido no sentirse una carga para sus familias.”

Hasta este mes 520,002 adultos mayores de la Ciudad de México reciben mensualmente $1,075.20., sin embargo y a pesar de que se trata de un derecho establecido en la ley, al menos 100 mil adultos mayores de 68 años, no han recibido su pensión universal, otro problema se presenta porque los trámites para poder comenzar a recibir la pensión llegan a tardar varios meses, con lo que el Gobierno de la Ciudad de México está incumpliendo con la ley afectando así a miles de adultos mayores que desafortudamente no encuentran opciones de empleo acordes a ellos y muchos de los cuales no cuentan con ninguna fuente de ingresos que les permita vivir con dignidad.

Por otra parte en enero de 2009 la Secretaría de Desarrollo Social capitalina encabezada en ese entonces por Martí Batres Guadarrama se puso en marcha el Programa de Comedores Comunitarios, destacando en los lineamientos y reglas de operación de este programa que “entre las líneas programáticas del Programa de Desarrollo Social de la Secretaría, se encuentra la de impulsar el ejercicio de los derechos sociales y el combate a la desigualdad y a la pobreza; así como promover acciones en favor del derecho ciudadano a la alimentación, para mejorar los niveles de salud y nutrición de la población. De igual forma, le corresponde promover y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas de desarrollo social.”

Se trató de un programa exitoso, pionero en el país, para apoyar la economía familiar. En esos comedores comunitarios se sirven comidas completas y nutritivas, por $10.00 (diez pesos 00/100 M.N) Además, de convertirse en una fuente de empleo para los encargados de los mismos, ya que dichos comedores son operados por un comité integrado por vecinos del lugar donde se instala el comedor. Este programa fue complementado con el Programa de Comedores Populares operados por el DIF capitalino, bajo el mismo esquema de los comedores comunitarios, donde también se proporciona una ración de comida por una cuota simbólica de $10.00 y por los Comedores públicos operados por el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México donde la ración de comida es gratuita.

Con todos estos comedores se ha beneficiado a grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y a población en extrema pobreza.

Tan importante resultó este programa que el 8 de diciembre de 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México. Recientemente, el programa Comedores Comunitarios que aplica desde el sexenio pasado el Gobierno de la Ciudad de México obtuvo un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Ante la crisis económica por la que se atraviesa derivada del aumento a las gasolinas, es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México dé cumplimiento a la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y ocho años para que todos los adultos mayores que tengan derecho a la pensión que se otorga en términos de este ordenamiento la reciban puntualmente y para que se amplíe la cobertura de beneficiarios de los Comedores comunitarios, populares y públicos que funcionan en la Ciudad de México.

Con estos programas se beneficia directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables de la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se fortalezcan los Programas de Comedores Comunitarios, Populares y Públicos con la finalidad de ampliar su cobertura de población beneficiaria y para que se observe y cumplan las disposiciones de la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y ocho años residentes en el Distrito Federal, a efecto de que todos los adultos mayores que tengan derecho a la pensión que se otorga en términos de este ordenamiento la reciban puntualmente.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a hacer públicos el uso o destino final de los objetos, los explosivos, las armas y demás materiales transferidos a ella por el Servicio de Administración Tributaria entre abril y julio de 2016, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a lo establecido en el artículo 145 de la Ley Aduanera1 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de conformidad con políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de comercio exterior podrá asignar mercancías a que se refiere ese artículo para su uso, o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, sin que requiera la opinión previa de un consejo asesor que actuara conforme lo determinado en el artículo 207 del Reglamento de la Ley Aduanera2 en comento.

A su vez, el SAT conforme el artículo de la ley antes citada está obligado a enviar mensualmente un reporte de las asignaciones tanto al Consejo como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y en periodo de receso a la Comisión Permanente.

En ese contexto, el SAT remitió los informes mensuales de los meses de abril a julio de 2016 del destino de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, mismos que fueron consultados en la Gaceta del Senado de la República2 .

En dichos informes mensuales se identificó que el SAT entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) diversos bienes, mismos que se anexan en el cuadro siguiente:

Es importante mencionar que de acuerdo con los bienes antes citados existen tanto armas como bienes entre los que destacan artículos de limpieza y aseo, barnices, pinturas, solventes y lubricantes, y productos químicos, mismos que en la página de internet de la dependencia (http://www.gob.mx/sedena) no fue posible identificar su uso o destino final.

Sobre el particular, se identificó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)4 la pregunta con folio número 700231216 en la que se preguntó a la Sedena entre otras cuestiones la fecha de la donación de mil 124 litros de pinturas, barnices, solventes y lubricantes, el estado físico de la recepción y el uso o destino de los mismos. La entidad, respondió de manera textual como sigue:

“Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento de información, resultando aplicable el criterio número 007/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el sentido de que no será necesario que el Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia”.

Del análisis a la respuesta emitida por la secretaría en comento, se desprende la inquietud de si los bienes que se enlistaron anteriormente fueron realmente recibidos, en su caso destruidos o como lo señala el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos5 “los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social”.

En este sentido, es importante que la Sedena se sume a acciones de gobierno abierto, donde busque ser una secretaría más transparente, que rindan más y mejores cuentas y mejore la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, lo anterior con objetivo de mejorar la eficiencia del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Sin lugar a duda, esto requiere de un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración genuinos entre el gobierno y la sociedad civil.

A modo de conclusión, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá generar nuevas maneras de comunicarse con la sociedad a fin de que la participación ciudadana en temas de rendición de cuentas sean acciones que la dependencia no las vea como ajenas o aisladas, si no por el contrario imprescindibles en la relación entre la ciudadanía y autoridades.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional a que haga públicos el uso o destino final de los objetos, explosivos, armas y demás materiales que fueron transferidos por el Servicio de Administración Tributaria en los meses de abril a julio de 2016 a esa secretaría y reportados así al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional según el Reporte de mercancía no transferible al SAE de acuerdo a lo informado por las autoridades aduaneras en los meses señalados, a fin de que con ello dé cumplimiento de buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Notas

1 Ley Aduanera, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 3 de enero de 2017.

2 Reglamento de la Ley Aduanera, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm, consultado el 3 de enero de 2017.

3 Gaceta del Senado de la República, disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2019 , consultada el 3 de enero de 2017.

4 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, consultada el 3 de enero de 2017.

5 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 3 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención médica de pacientes con cáncer de pulmón, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Las que suscriben, María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención médica a pacientes con cáncer de pulmón, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2015 diariamente murieron 216 personas en México a causa de seis diferentes tipos de cáncer. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en México.

Frente a esta grave situación, es necesario destacar las medidas que por su relevancia e impacto deben materializarse urgentemente en acciones:

Se debe evitar la discriminación que sufren los pacientes con cáncer de pulmón: el paciente con cáncer de pulmón merece atención sin importar la causa de su padecimiento. Existe un estigma ligado al cáncer de pulmón puesto que hay quienes creen que los pacientes son responsables de tener la enfermedad debido a hábitos como el tabaquismo. No obstante, 43% de los pacientes con cáncer de pulmón nunca fumaron.

Es necesario realizar campañas de información sobre los otros factores de riesgo: la exposición al humo de leña, las secuelas de tuberculosis pulmonar, la contaminación ambiental, aspiración de sustancias tóxicas en el lugar de trabajo y la exposición al asbesto, radón y algunos minerales. Al día de hoy, el 34 por ciento de la población mexicana utiliza humo de leña para cocinar, es necesario realizar campañas de información sobre las consecuencias de usar el humo de leña en casa e implementar las políticas públicas destinadas a la prevención y/o tratamiento del cáncer de pulmón ajenas al tabaquismo.

Es necesario crear una Norma Oficial Mexicana para la atención del cáncer de pulmón en México, así como homologar las guías clínicas para mejorar sustancialmente la atención a los pacientes en las instituciones públicas de salud. El 80-97% de los mexicanos con cáncer de pulmón mueren en el mismo año en que fueron diagnosticados principalmente por falta de acceso a tratamientos.

Garantizar el diagnóstico oportuno: actualmente más del 90% de los casos son detectados en etapas III y IV lo que contribuye a la alta mortalidad del padecimiento. Debemos asegurar y facilitar el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón y buscar el acceso al mejor tratamiento disponible en cada institución.

Garantizar la atención en el Seguro Popular: De los cinco tipos de cáncer que causan mayor mortalidad en la población mexicana (cáncer de mama, cervicouterino, próstata, colorrectal y pulmón), el cáncer de pulmón es el único que no cuenta con cobertura en el Seguro Popular.

Garantizar los recursos para la atención: Para que sea posible la materialización de la incorporación el cáncer de pulmón en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, es necesario prever una fuente de financiamiento. En razón a lo anterior propongo que los recursos recaudados por el IEPS de tabaco labrado (la LIF-2017 pronostica una recaudación de casi 42 mmdp) sean etiquetados para garantizar la atención del cáncer de pulmón en el Seguro Popular.

Por lo anterior y en aras de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer de pulmón, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, realicen campañas de información que tengan por objeto poner un alto a la discriminación que sufren los pacientes con cáncer de pulmón.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, realicen campañas de información sobre factores de riesgo de Cáncer de Pulmón, además del tabaquismo.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma Oficial Mexicana para la atención del cáncer de pulmón en México.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, garanticen el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón y busquen el acceso al mejor tratamiento disponible.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a formalizar la incorporación del cáncer de pulmón en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el martes 17 de enero de 2017.

Senadoras: María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia.

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, respecto a los gravámenes de las gasolinas, suscrita por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, senadores de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios respecto al impuesto a las gasolinas, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se considera como un impuesto al consumo, caracterizado porque el contribuyente lo puede trasladar a terceros, de manera que no sufra el impacto económico del gravamen, y que el costo recaiga de forma definitiva sobre el consumidor final.

El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco, las bebidas embriagantes, los refrescos y bebidas azucaradas, etcétera, para desincentivar su consumo. Evidentemente, las gasolinas, el diésel y otros combustibles fósiles derivados del petróleo no encuadran en este tipo de bienes, por tratarse de insumos básicos para los medios de transporte, y uno de los factores de mayor impacto en la inflación de los precios de productos y servicios.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que, en el plazo del 1 de enero al 3 de febrero del año en curso, los precios al público de la gasolina tendrán un incremento, quedando de la siguiente forma:

Tipo de combustible Precio al público

Gasolina magna 15.99 pesos

Gasolina premium 17.79 pesos

Diésel 17.05 pesos

Lo anterior significa un aumento de 14.2 por ciento adicional para gasolina magna, 20.1 por ciento gasolina premium y 16.5 por ciento más para el diésel. Asimismo, se dio a conocer la calendarización para la liberalización de los precios de los combustibles, destacando que a partir del 18 de febrero del presente año se actualizarán los precios diariamente.

El impuesto aplicado a las gasolinas ha sido uno de los principales ingresos que han servido de soporte a las finanzas del gobierno federal; tan solo en 2016 se recaudaron más de 140 mil millones de pesos, lo cual nos permite saber mediante un simple cálculo que los ingresos para el sector público con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos para este año será de alrededor de 300 mil millones de pesos. Esta cantidad supera con creces los primeros efectos del daño económico que sufrieron las familias y emprendedores con la tóxica Reforma Fiscal de 2013, misma que mantiene a México en la antesala de una crisis.

Estos 300 mil millones de pesos de sobreprecio que se les está cobrando por la gasolina a los ciudadanos, es el equivalente al total del crecimiento de la economía en su conjunto. Esta tendencia recaudatoria arroja un monto de recaudación mayor en 37.2 por ciento a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, lo cual permite estimar que para finales de 2017 el gobierno habrá recaudado vía impuestos a las gasolinas alrededor de 300 mil millones de pesos. Estos cálculos someros permiten cuestionar severamente las estimaciones recaudatorias de la Secretaría de Hacienda, y afirmar que están muy por debajo a lo real.

Aún más preocupante es que lo recaudado al final de 2016 equivale al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2015, y permite tener un punto de referencia del tamaño del saqueo de recursos que el órgano recaudador realiza a costa del dinero de los contribuyentes. En administraciones pasadas el gobierno federal subsidiaba el precio de la gasolina para que éste fuese menor al precio promedio internacional, es decir, el gobierno apoyaba la economía de las familias. Hoy en día el panorama es completamente distinto: los precios bajos del petróleo a nivel internacional permiten tener precios bajos en la gasolina; sin embargo, se mantienen precios altos, se siguen aumentando como nunca antes y lo que es peor, los ciudadanos subsidiamos las finanzas y el gasto improductivo e irresponsable del gobierno federal.

Es así que la actual administración se ha convertido en depredadora insaciable de la economía de las familias y los emprendedores, pues evidentemente está importando gasolinas más baratas, las vende más caras y se da el lujo de incrementar su precio como nunca antes, atropellando los reclamos de la ciudadanía e ignorando las protestas que anticipan los caros efectos negativos de una medida recaudatoria tan torpe como voraz.

El presidente Enrique Peña Nieto prometió, primero en campaña y luego en los inicios de su gobierno, que con la Reforma Hacendaria por primera vez los mexicanos no tendrían que pagar por más “gasolinazos” los cuales dañan directamente la economía de las familias. El PRI en el gobierno sigue sin dar explicaciones suficientes, claras y razonables a los ciudadanos sobre la decisión de aumentar como nunca antes el precio de las gasolinas, y tampoco ha dado la cara para explicar los impactos que generarán en los bolsillos de las familias los nuevos precios de la gasolina y el diésel.

Es por ello que resulta indispensable que el Ejecutivo federal explique el motivo del incremento confiscatorio y abusivo en el precio de la gasolina y diésel que contradice sus ofrecimientos a favor de la economía de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios respecto a los impuestos de las gasolinas, que dará inicio el 19 de enero de 2017 y concluirá en la fecha que agote su agenda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senadores: Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Francisco Bu?rquez Valenzuela (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Vi?ctor Hermosillo y Celada.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Chiapas a implantar acciones y programas de conservación, saneamiento y remoción de basura en aguas del río Grijalva y el parque nacional Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los gobiernos federal y de Chiapas para que a través de las acciones indicadas se implanten programas de saneamiento y remoción de basura en aguas del río Grijalva, en el Cañón del Sumidero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Cañón del Sumidero es una impresionante falla geológica formada hace aproximadamente 36 millones de años, un largo acantilado de paredes rocosas casi verticales de roca caliza de más de 900 metros de altura, en cuyo abismo fluye el río Grijalva, uno de los más caudalosos de México. Esta composición geológica forma el parque nacional Cañón del Sumidero.

Este sitio de importante diversidad biológica, donde hay especies únicas de orquídeas y bromelias, que concentra 11 por ciento de los mamíferos y 17 por ciento de las aves del país, ha perdido alrededor de 2 mil 600 hectáreas de las 21 mil 789 que estableció el decreto de creación del parque, publicado el 8 de diciembre de 1980.

En Chiapas, una de las visitas obligadas es recorrer en lancha a través del caudaloso río Grijalva el Cañón del Sumidero y apreciar su majestuosidad que nos ofrece con formaciones geológicas naturales, como La Cueva de los Colores.

En 2007 se estimó que en el Cañón del Sumidero se acumulan más de 5 mil toneladas de basura. Para diciembre de 2014 se iniciaron los trabajos para resolver la contaminación y el deterioro de la cuenca del Cañón del Sumidero, sin embargo, no ha sido suficiente, pues en octubre de 2016 Protección Civil del estado retiró alrededor de 500 toneladas de basura.

De las 5 mil toneladas de residuos extraídos anualmente, 85 por ciento es madera arrastrada por la corriente, 10 por ciento piedras y lodo, y 5 por ciento plásticos y otros residuos inorgánicos.

Desde entonces, la solución para la eliminación de la basura en el río Grijalva ha sido un proceso gradual, pues no solo tiene que ver con la remoción de la basura por las instituciones adecuadas, sino también con la educación de la sociedad para evitar que tiren basura en calles o lugares no asignados.

Esta basura, procedente de unos 14 municipios de la zona, es arrastrada por la corriente y lluvias, lo que provoca la saturación del canal, que forma parte del cauce del río Grijalva. El material de desecho impide además la navegación de los turistas y obstaculiza el tránsito de los cocodrilos de la zona. En las partes con mayor densidad de basura, el agua queda totalmente oculta y las aves se pasean entre los despojos y los troncos arrastrados por las corrientes.

La conservación de esta área natural protegida depende de la participación e implicación de los habitantes de los municipios cercanos, así como de turistas.

Una de las consecuencias que trae esta acumulación de basura, recae en la acumulación y saturación específicamente en uno de los atractivos turísticos naturales conocido como “La Cueva de los Colores” donde la acumulación de basura impide y obstaculiza el libre acceso a esta área.

Conservar este majestuoso patrimonio natural se debe realizar por las Instituciones apropiadas, pero también con la participación y compromiso de la sociedad, es por eso que las campañas de educación y concientización pueden ser una alternativa para dar resultados benéficos de conservación ecológica.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Procuraduría Ambiental en el estado se implanten campañas de educación y toma de conciencia ecológica y se lleven a cabo limpiezas y recolección de basura en el caudal del río Grijalva.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en coordinación con el gobierno de Chiapas den seguimiento a los programas de saneamiento y remoción de basura en el área natural protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero para garantizar la conservación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en coordinación con el gobierno de Chiapas se tomen las medidas pertinentes para mantener en condiciones óptimas la formación rocosa natural conocida como “La Cueva de los Colores”, toda vez que se trata de una de las principales atracciones turísticas y parte del patrimonio ecológico del parque nacional Cañón del Sumidero.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al impulso del turismo social, suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Mario Machuca Sánchez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando nos referimos a los derechos fundamentales, cuyos alcances hoy en día tienen vigencia universal, frecuentemente invocamos el derecho a la vida, libertad, conciencia, opinión y otros. Sin embargo, pocas veces o casi nunca relacionamos el derecho de esparcimiento o de recreación como derecho humano fundamental. Este derecho al recreo y al sano esparcimiento es un derecho humano establecido en el artículo 15 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que señala:

Toda persona tiene derecho al descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Es pertinente destacar que el turismo social es un concepto que tiene su base en el derecho que todos los seres humanos tienen de disfrutar de su tiempo libre y gozar de vacaciones en el trabajo, derecho reconocido en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

La Declaración de Montreal de 1996 y su posterior Adéndum de Aubagne de 2006, son documentos de referencia sobre el turismo social, donde se señala que éste debe ser:

a. Forjador de la sociedad, es decir, promotor de la lucha contra las desigualdades;

b. Factor de Potencia Económica, asegurando que los beneficios se reparten en la sociedad;

c. Protagonista del Ordenamiento del Territorio y del desarrollo local, buscando la sustentabilidad; y

d. Socio de los programas de desarrollo mundial para la mejora de la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, la realidad nos muestra que no está al alcance de muchos y que son todavía numerosas las personas que siguen excluidas de los derechos antes mencionados. Por ello se deben establecer las condiciones objetivas y materiales para que los ciudadanos gocen del derecho al esparcimiento y recreación a través del fomento y cuidado de los espacios públicos, parques, jardines, plazas, centros de recreación, etcétera.

A nivel internacional se ha promovido el así llamado “turismo social”, que se presenta como un recurso en la lucha contra la pobreza; otorgando facilidades y accesos a las personas de recursos limitados, adultos mayores, jóvenes, niños, personas con discapacidades para que viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Se puede precisar que se otorgan subvenciones o rebajas sustanciales en las tarifas y se establecen costos más bajos para posibilitar que puedan viajar.

Igualmente, es de señalar que el turismo tiene factores muy significativos en el desarrollo personal, social, económico.

Diversos estudios han demostrado que el esparcimiento y la recreación permiten aliviar los efectos adversos de la fatiga laboral y son un gran beneficio en la salud física y psíquica, que sin lugar a dudas conlleva a tener personas con mejores estándares de bienestar individual y colectivo, ayudando al mejoramiento de las relaciones interpersonales, familiares y de productividad laboral.

Cabe destacar que la importancia del turismo para nuestra economía es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador en el desarrollo local y regional, sino que nos permite difundir los atractivos culturales y naturales de nuestro país, generando una visión positiva de México ante el mundo. México posee una variedad turística enorme que permite el reencuentro entre la población, sus costumbres y paisajes.

Por ello debemos voltear hacia el turismo social, el cual es reconocido como un segmento del turismo doméstico que comprende viajes realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de lucro. Se caracteriza, además, por ser realizado por personas con niveles de ingresos reducidos que no les permiten aprovechar plenamente la oferta de servicios turísticos en el país, por lo que suele recurrir a diversas formas para satisfacer su demanda: aprovechar la oferta institucional destinada a ese segmento; recurrir a prestadores de servicios de precios reducidos, o bien, resolver de manera propia y/o mediante el apoyo de familiares, sus necesidades de alojamiento, transportación, alimentos y recreación. Además, en el concepto de turismo social visto desde el ángulo de la oferta, se asocia generalmente con los conceptos de turismo incluyente, accesible, solidario, y con efectos positivos para las comunidades locales, en síntesis, un “turismo para todos”.

Para que el turismo social sea una realidad el Estado debe establecer y fomentar mecanismos para que todos los ciudadanos disfruten de toda la variedad turística que posee México. Se requiere una oferta de trasportes económicos, visitas a lugares con alojamientos que tengan instalaciones de calidad, alimentos a precios razonables y aprovechar las zonas recreativas públicas, gratuitas como las playas, los parques nacionales, entre otros.

Por otro lado, la Ley General de Turismo en México lo define como aquel tipo de turismo que “comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Es pertinente destacar que en México la inquietud para apoyar el turismo de las masas trabajadoras comenzó a partir de los años setenta del siglo pasado, pero no prosperó en forma masiva; se puso en práctica a través de políticas de subsidio, de apoyo a trabajadores asalariados, y de construcción de infraestructuras destinadas al segmento de turismo social en particular. A lo largo de los años se han diseñado, nuevas orientaciones de políticas hacia el turismo social que eviten el asistencialismo y la segregación de los turistas; pero tampoco se ha visto un resultado favorecedor para esta población antes señalada. Esta oferta es aún insuficiente frente al tamaño y las características de la demanda y enfrenta dificultades para encontrarse con sus potenciales beneficiarios.

En el 2015 se establece una iniciativa nacional, estableciendo diversos convenios y alianzas importantes, lo cual no ha resultado suficiente; un claro ejemplo es que Turissste firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Quintana Roo para promover nuevos paquetes turísticos en la entidad, en especial en la zona Sur, lo que representa una gran aportación para esta población.

En el 2016 da inicio el programa “Viajemos por México”, pero no se han visto resultados favorables. Hay mucho que trabajar para asegurar que las personas que menos tienen, las personas con alguna discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores y las poblaciones indígenas logren ejercer su derecho de disfrutar su tiempo libre, por ello es necesario seguir incidiendo en la política pública, en los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y en la comunidad en general para alcanzar la meta de contar con un sector que garantice “turismo para todos, solidario y sostenible”.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar e incrementar el turismo social y establecer una política de inclusión en el que los derechos al esparcimiento y recreación, sean accesibles para todas las personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instruir a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de su Secretaría de Desarrollo Social para que no exponga en redes sociales a mujeres víctimas de violencia, suscrita por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Ciudad de México tiene a su cargo diversos e importantes programas sociales, entre los que destacan los siguientes: Comedores comunitarios, coinversión para el desarrollo, Reinserción social para mujeres víctimas de violencia familiar y seguro contra la violencia familiar.

En la página electrónica de la referida dirección, se menciona que ésta tiene como objetivo el siguiente:

Formular, promover y ejecutar políticas, estrategias, programas y acciones integrales de gobierno que promuevan la igualdad, la equidad, el acceso a una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad de México reconociendo la diversidad social, sexual, cultural, generacional y de género; poniendo énfasis en las personas, familias y grupos de la población que viven situaciones de exclusión y discriminación que limitan o impiden su acceso a niveles de bienestar más justos y equitativos.

Planear y expedir programas y políticas que promuevan constantemente la igualdad, la equidad, el acceso a una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Por su parte en el artículo 63 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se mencionan con atribuciones de esta dependencia las siguientes:

Artículo 63. Corresponde a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social:

I. Formular, promover y ejecutar políticas y programas sociales que favorezcan la equidad, reduzcan las desigualdades y eliminen los mecanismos de exclusión social de los grupos de atención prioritaria;

II. Promover políticas, programas y acciones sociales, con las instancias competentes del Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y las instituciones de asistencia pública y privada, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria;

III. Promover en el ámbito de su competencia los principios que fomenten la equidad en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la Administración Pública;

IV. Proponer y apoyar la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, orientados al desarrollo de los grupos de atención prioritaria, que tengan como fin propiciar la equidad e inclusión en la sociedad;

V. Diseñar, promover y ejecutar programas y acciones en materia de violencia familiar que determine la Secretaría de Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la ley de la materia; y

VI. Promover el desarrollo integral de la juventud.

A partir del mencionado objetivo y de sus atribuciones reglamentarias, es posible observar que a esta dirección general le corresponde formular, promover y ejecutar políticas, estrategias, programas y acciones integrales de gobierno que promuevan el acceso a una vida libre de violencia, diseñando, promoviendo y ejecutando de manera específica programas y acciones en materia de violencia familiar, en este sentido de la referida dirección dependen las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar que se encuentran ubicadas en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Se trata de unidades en las que de manera interdisciplinaria se atiende a víctimas de violencia, a través de apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social buscando hacer efectivo el derecho de los integrantes de las familias, especialmente las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, sin dejar de mencionar las actividades de prevención, como platicas y talleres, que se realizan en las comunidades, escuelas, entre otros espacios para que la población tenga información sobre la problemática. Así la atención en estas unidades está a cargo de psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, abogadas y abogados, así como personal administrativo. Se trata de servidores públicos con una clara vocación de servicio que realizan con mucho compromiso y profesionalismo su función, que es complicada, ya que el abordar y trabajar con el tema de la violencia, resulta ser muy desgastante.

Sin embargo, y a pesar de la importante función que tienen estas unidades, no han recibido el apoyo institucional que permita su adecuado funcionamiento, así durante la presente administración de Jesús Rodríguez Núñez al frente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, las mencionadas unidades se encuentran abandonadas, con falta de recursos materiales y con un valioso grupo de profesionales a los que no se les ha reconocido lo importante de su quehacer y por el contrario, se ha desvirtuada su función principal que es atender y prevenir la violencia familiar, para ser obligados a realizar diversas actividades que van desde repartir alimentos a peregrinos que asisten a la basílica de Guadalupe, hasta repartir rosca de reyes y tamales en el zócalo de la ciudad.

La debacle en la atención que se proporciona en esas unidades, se evidencia con las siguientes cifras: Durante 2012, se proporcionaron 54 mil 342 servicios, entre ingresos de trabajo social, constancias administrativas, atenciones psicológicas a víctimas, a niñas y niños y a agresores. Lo cual contrasta con el número de servicios proporcionados en 2015 que apenas llegó a los 31 mil 180 servicios. La atención en estas unidades ha venido disminuyendo hasta niveles considerablemente bajos, basta mencionar de manera particular los casos de constancias administrativas, mientras que en 2012 se levantaron 4 mil 76, para 2015 sólo se levantaron 2 mil 315; en cuanto a las atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, en 2012 fueron atendidos un total de 7 mil 584 niñas y niños, mientras que para 2015 sólo fueron atendidos 779; de igual manera en cuanto a los ingresos en el área de trabajo social, en 2012 se reportaron 17 mil 402, y para 2015 sólo se reportaron 11 mil 461.

Esta situación obedece a diversos factores, desde la falta de personal suficiente, hasta el desgaste físico y emocional que ha sufrido dicho personal, por la carga de trabajo y por la asignación de tareas que no corresponden a sus funciones, a lo que ya se hizo referencia anteriormente.

Para tratar de corregir esta situación y apoyar al personal que labora en estas unidades de atención y prevención de la violencia familiar, el suscrito diputado Renato Molina Arias, tuve a bien presentar durante la Comisión Permanente del pasado receso de sesión un punto de acuerdo que fue aprobado en los siguientes términos:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México se refuercen las acciones en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para que el personal cuente con condiciones de trabajo que permitan brindar un servicio de calidad en la prevención y atención de la violencia familiar; asimismo, se solicita remita un informen a esta asamblea de las medidas implementadas.

Desafortunadamente, dicho punto de acuerdo de esta soberanía, no fue atendido por las autoridades capitalinas, ya que no se remitió ningún informe y además los maltratos hacia las y los trabajadores no sólo continuaron sino que se acentuaron, no únicamente en el caso de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, sino también del área de comedores comunitarios, maltratos que terminaron con el despido de al menos una docena de trabajadores el pasado 31 de diciembre, algunos de los trabajadores despedidos contaban con quejas presentadas y admitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin que dicha comisión haya hasta la presente fecha concluido sus investigaciones por las presuntas violaciones a derechos humanos laborales que fueron denunciadas.

En el contexto de estos despidos, el director general de igualdad y diversidad social determinó cerrar y dejar sin servicio por más de una semana la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Cuajimalpa (afectando a las mujeres usuarias de esta unidad), con la finalidad de que las trabajadoras despedidas de esa unidad no pudieran ingresar a la misma, el citado funcionario fue más allá violentando los derechos de estas trabajadoras al no entregarles sus objetos personales que quedaron al interior de la referida unidad.

Es importante mencionar que el propio jefe del gobierno de la Ciudad de México, emitió el 14 de agosto de 2015 el acuerdo denominado “Nueva cultura laboral”, que tiene como principal objetivo conciliar la vida familiar con la laboral para apoyar fundamentalmente a las mujeres trabajadoras, y el 31 de diciembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo sobre estabilidad laboral con la finalidad de brindar certidumbre sobre su empleo y dotar de mayores derechos a las trabajadoras y los trabajadores que prestaban sus servicios bajo el régimen de honorarios, bajo el contexto en el que fueron despedidos trabajadores de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, dichos acuerdos no fueron observados ni respetados por el titular de la referida dirección general.

Durante los pasados festejos navideños, personal de las unidades de atención y prevención de la violencia familiar (abogados/as, psicólogos/as, trabajadoras sociales y administrativos) fueron obligados a disfrazarse de personajes navideños (soldaditos, caramelos, duendes, reyes magos, etcétera) situación a la que no se pudieron oponer los referidos trabajadores, y que no denuncian públicamente ante el temor de perder su empleo.

En otro orden de ideas, cada año entre el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas) y el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos), se realiza la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Esta campaña internacional tuvo su origen en 1991, por iniciativa del primer Instituto de Liderazgo Global de las Mujeres y con la coordinación del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres. En la Ciudad de México había sido la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social la que había tenido un papel central en su organización, realizando diversos actos para para generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, durante la pasada campaña realizada en 2016, se realizaron eventos y acciones con las que se revictimizó e incluso se puso en riesgo a mujeres que fueron víctimas de violencia usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, quienes fueron “invitadas” a rendir sus testimonios sobre la violencia de que fueron víctimas, así el 29 de noviembre de 2016 en la delegación Azcapotzalco y con la presencia del Director General de Igualdad y Diversidad Social se llevó a cabo un evento público denominado “Testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia” , mientras que el 4 de diciembre siguiente, fueron subidas a la red social denominada YouTube una serie de videos donde mujeres que señalan ser usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar hablan sobre su problemática, muchas de ellas se notan evidentemente nerviosas.

Tal vez se pueda argumentar que las mujeres dieron su autorización, sin embargo a partir de la perspectiva de género y el enfoque de derechos con el que la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social debe de actuar, no tenía ninguna necesidad de realizar estas acciones revictimizantes, la citada dirección debió y debe evitar la exposición de las víctimas de violencia, usuarias de los servicios de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, ante su victimario y ante personas ajenas a su situación, evitando repetir la historia delictiva de la cual sufrieron.

En las siguientes direcciones electrónicas es posible visualizar los referidos videos:

https://www.youtube.com/watch?v=i4VoPxjRLU4

https://www.youtube.com/watch?v=Wfa4rGdu9Ss

https://www.youtube.com/watch?v=7Mca7kwpzzc

https://www.youtube.com/watch?v=b_WpLv90nXM

https://www.youtube.com/watch?v=LhNU1az0Dak

https://www.youtube.com/watch?v=21MvdzO3jdo

https://www.youtube.com/watch?v=CyC373l3bGk

https://www.youtube.com/watch?v=XAPD6C4s1mM

https://www.youtube.com/watch?v=COMjlmPeTEw

Dichos videos fueron compartidos y difundidos a través de las siguientes cuentas oficiales de la red social twitter:

@jrodriguez_cdmx que corresponde al titular de la dirección general de igualdad y diversidad social.

@16diasactivismo

Y a través de las cuentas de las titulares de las Unidades de Atención y Prevención de la violencia familiar y del albergue para mujeres víctimas de violencia.

Todas y todos los servidores públicos en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así lo señala el artículo 1o. de la Carta Magna, las conductas que se atribuyen al titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, narradas a lo largo de las consideraciones de la presente proposición, evidentemente se alejan del cumplimiento a este precepto constitucional, por lo que el jefe del gobierno de la Ciudad de México debe de considerar mantener al frente de esta dirección al ciudadano Jesús Rodríguez Núñez.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, para que sus funcionarios retiren de sus cuentas de redes sociales (twitter y YouTube ) aquellos videos e imágenes donde se expone a mujeres que han sido víctimas de violencia, usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar; y para que la referida dirección ni alguna otra dependencia del gobierno capitalino realicen eventos públicos donde expongan a mujeres que han sido víctimas de violencia a dar testimonios sobre la violencia que viven o vivieron.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que instruya al titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social a respetar los derechos humanos de las y los trabajadores de esa dirección general.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México considerar la permanencia del ciudadano Jesús Rodríguez Núñez al frente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a emprender acciones inmediatas para detener la contaminación en la Cuenca del Ahogado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que tomen acciones inmediatas para detener la contaminación en la Cuenca del Ahogado, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes enero del año 2008, un niño de nombre Miguel Ángel López Rocha, vecino del fraccionamiento de La Azucena, ubicado a unos metros de la Cuenca del Ahogado, bebió agua del Río Santiago aparentemente al caer accidentalmente en él, y días después fue internado de gravedad en el Hospital General de Occidente de Guadalajara. Después de estar 18 días en coma, falleció el día 13 de febrero del mismo año. El entonces director de dicho nosocomio, doctor Enrique Rábago Solorio,1 dio a conocer que el motivo del deceso fue consecuencia de una intoxicación aguda por arsénico.

Han pasado ya 9 de años de dicha tragedia, y apenas el día 2 de enero del presente año, se dio a conocer en los medios de comunicación2 la existencia de un estudio realizado por los biólogos Aurora Rosas Ramírez, Josefina Casas Solís y Juan Gallardo Valadez de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el cual se señala la existencia de abundantes bacterias patógenas flotando en el aire en la Cuenca del Ahogado, que se encuentra en los municipios de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto.

Dicho estudio concluye que:

“El predominio de E. coli en todos los puntos estudiados nos indica contaminación de origen fecal. La presencia de E. coli, S. aureus y Salmonella en todos los puntos estudiados representa una amenaza a la salud de la población, es probable que la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias que presenta la población ubicada en el área de estudio pueda ser causada por las bacterias encontradas”

Los resultados de dicho estudio ponen de relieve la existencia de un grave problema que tiene al menos una década siendo señalado por los habitantes de la Cuenca del Ahogado y de las zonas aledañas, y en el cual tristemente no ha existido una autoridad u orden de gobierno que se haga plenamente responsable ni de atenderlo, ni mucho menos de las graves consecuencias a la salud que dicha contaminación ha generado y seguirá generando en miles de pobladores de dicha región.

Cabe señalar que en el mes de agosto del año 2015, se dio a conocer por medios de comunicación3 que el Comité Ciudadano para la Defensa Integral de El Salto que desde el año 2008 a mediados del 2015, diversas enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, insuficiencia renal y leucemia, han causado la muerte de 590 personas que vivían dentro del Polígono de Fragilidad Ambiental (Pofa) de la Cuenca de El Ahogado, y que tan solo en el primer semestre del 2015 habían fallecido 43 de ellas.

Por otra parte, en el año 2012 se dio a conocer un estudio4 elaborado por la agrupación ambiental internacional “GREENPEACE” en conjunto con “Agrupación Un Salto de Vida A.C.” en el cual dieron a conocer que habitantes de 9 municipios se habitaban a menos de 5 kilómetros del cauce de aguas contaminadas precisando que:

“Con base en la propuesta, encontramos que la población total de los nueve municipios que constituyen la zona de estudio ascendió a un total de 1,310,415 habitantes en 2010. Dentro de la franja de riesgo alto habitaban en esta misma fecha 211,331 personas, y 469,840 dentro de la franja de riesgo moderado. Estas constituyen poblaciones que deberían ser objeto de atención especial por las instancias de salud pública. La proporción de habitantes en riesgo, bajo el criterio de zonificación propuesto, es particularmente alta en los municipios de El Salto y Juanacatlán: 51 y 81 por ciento de su población, respectivamente, habitan a menos de 1 km de distancia del río; y prácticamente el 100 por ciento de sus habitantes viven a menos de 5 km.”

De dicho estudio se desprende que el problema es bastante grave, pues se refiere que en Jalisco existen cerca de 1,500,000 (un millón y medio de habitantes) en riesgo de algún tipo de daño producto de la implacable contaminación de la Cuenca del Ahogado y del Río Grande de Santiago, lo que representa básicamente al 20% de la población total del Estado de Jalisco, sin que existan indicios de que alguna autoridad federal, estatal o municipal estén tomando cartas urgentes en el asunto, o siquiera muestren una preocupación que corresponda con el tamaño del problema que esta contaminación representa para la población.

Imagen tomada del estudio referido.

Finalmente, cabe señalar que hace apenas un par de meses, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, señaló que no se puede hablar de progreso y desarrollo cuando en la Cuenca del Ahogado la población padece una terrible contaminación, porque las empresas no cumplen con las normas ambientales,5 sin embargo, desgraciadamente el referido mandatario lleva ya cuatro años en el cargo, y es increíble que en estos cuatro años solamente se limite a reconocer la existencia del problema, sin presentar resultados, ni mucho menos soluciones o acciones claras para solucionarlo.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, los siguientes resolutivos con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, se emprendan inmediatamente las acciones necesarias para la inspección y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos en materia ambiental, del tramo correspondiente a la Cuenca del Ahogado, la cual pertenece a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, tanto de empresas como de fraccionamientos y personas que viertan o hagan descargas en dicho cuerpo de agua.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes, se realice de manera inmediata un análisis a muestras de agua y de aire tomadas de la Cuenca del Ahogado, donde se determine el grado de contaminación y sus principales compuestos contaminantes, los riesgos de los pobladores aledaños así como las acciones a realizar a efecto de proteger la salud de los habitantes de la región.

Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, para que a través de sus dependencias competentes, tome las acciones inmediatas necesarias para proteger la salud de los pobladores de la Cuenca del Ahogado y sus alrededores.

Notas

1 http://concienciapublica.com.mx/rumbo-al-2012/jalisco/
a-cinco-anos-de-la-muerte-del-nino-lopez-rocha-el-rio-sigue-su-curso/

2 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=60456

3 http://www.proyectodiez.mx/
senalan-que-van-43-personas-fallecidas-en-2015-por-contaminacion-en-la-cuenca-de-el-ahogado/

4 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/9/informe_to xicos_rio_santiago.pdf

5 http://www.notisistema.com/noticias/convoca-gobernador-a-atender-la-con taminacion-en-la-cuenca-del-ahogado/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca, la Conagua, la Sagarpa y los gobiernos estatales a implantar un programa urgente interinstitucional de impulso de la acuacultura para incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas, suscrita por la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La senadora de la República, Carmen Dorantes Martínez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a los gobiernos de los estados del país, para que implanten un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura hídrica

De acuerdo con datos de la Conagua, en México se dispone de una infraestructura para el almacenamiento del agua de más de 5 mil presas y bordos, 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacenamiento pero sólo 181 presas son las que acumulan 80 por ciento de toda el agua.

La principal función de las presas es la generación de energía; apoyo a actividades agrícolas, y en menor medida el abrevadero.

Este inventario va en aumento debido a que en años recientes, a través de diversos programas y acciones del Gobierno de la República como el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) en el marco del Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua que opera la Comisión Nacional de Zonas Áridas, se han construido almacenamientos de agua con fines de riego, abrevadero e incluso para consumo humano, aprovechando los escurrimientos, manantiales e inclusive el agua de lluvia en diversas zonas del país.

Sólo en algunos de estos cuerpos se han sembrado peces para desarrollar pesquerías continentales o instalado jaulas flotantes para el cultivo de peces en ellas, desaprovechando la oportunidad de optimizar el uso del agua para fines de generación de alimentos, pues además de cumplir con el propósito para el que fueron creados, el agua de estos depósitos puede ser aprovechada para cultivar en ellos, peces de diferentes especies, según las propiedades fisicoquímicas del agua y convertirse en generadores de un alimento de alta calidad nutricional, de bajo costo económico, con lo que se pueden beneficiar a los habitantes ribereños y de comunidades aledañas.

El sector acuícola y pesquero en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Pesca, la infraestructura acuícola nacional asciende a 1 mil 963 unidades, y se clasifica en cinco categorías:

En ella, se cultivan 61 especies, 40 de las cuales son nativas y 21 exóticas introducidas al país.

La acuacultura es por tanto una actividad prioritaria que debe tomarse desde varios aspectos para potenciar su alcance, tanto a nivel productivo como comercial y de ingresos para las familias.

Basta decir que aporta 15.8 por ciento de la producción pesquera nacional y tiene potencial para alcanzar hasta un 40%.

En los últimos 10 años la actividad ha crecido 3.4 por ciento anual. Sin embargo, no está exenta de ciertas problemáticas y dificultades.

La problemática de la producción pesquera y acuícola de México

Entre los principales problemas que se advierten en la actividad acuícola y pesquera se encuentran aspectos sociales, tecnológicos y de mercado, entre ellos:

• Rezago social en la producción pesquera.

• Limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación.

• Insuficiente avance en modelos de desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo.

• Uso insuficiente de conocimientos básicos científicos y tecnológicos.

• Carencia de recursos suficiente para el desarrollo de nuevos proyectos.

• Carencia de un marco legal que garantice la tenencia legal de la tierra y que facilite el suministro de servicios y atención por parte de los bancos y otras instituciones financieras, particularmente en las zonas rurales.

Pero al mismo tiempo, la acuacultura y la pesca son actividades de gran potencial, ya que pueden desarrollarse en cuerpos de agua naturales, embalses, presas, lagos, pero también en ollas de agua y estanques hechos por la mano del hombre y puede tener un enfoque productivo-comercial o bien de auto consumo, pero en cualquier caso, el impacto del consumo de pescado fresco en la dieta de la población tiene alcances muy importantes, en los que toca al combate al hambre, la nutrición y la salud de niños y jóvenes.

El valor nutrimental del pescado en la dieta diaria

De todos son conocidos los beneficios nutricionales del pescado, los nutriólogos señalan que incluir el consumo de pescado cuando menos una vez a la semana, ayuda a un mejor funcionamiento del organismo humano, gracias a su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.

Por mencionar sólo unos aspectos podemos citar que con la ingesta de 2 raciones de pescado (100 gramos) a la semana se cubren las necesidades de yodo de un adulto. Las concentraciones de hierro en el pescado (2-6 miligramos/100 gramos) son superiores a los de la carne.

Una ración de pescado (100 gramos) cubre 50 por ciento del requerimiento de fósforo en un niño y 25 por ciento en un adolecente.

Las vitaminas, como la A existente en los pescados, por sus propiedades antioxidantes ayuda a prevenir el cáncer y fortalecer el sistema inmunológico, mejorando el sistema cardiovascular y nervioso, además de que el pescado que contiene minerales como el yodo, calcio, magnesio y zinc, indispensables para la buena salud.

Estudios científicos que destacan las cualidades nutricionales concluyen que este alimento sirve para apoyar en la disminución del colesterol y triglicéridos, que previenen la formación de coágulos en sangre, reducen la presión arterial en hipertensos y previenen ataques al corazón, infartos cerebrales y anginas de pecho.

Es por todos estas razones que resulta conveniente pensar que si ya se cuenta con la infraestructura arriba citada y si los problemas que aquejan a nuestra población rural es el hambre y la desnutrición, el cultivo de peces o acuacultura en embalses podría contribuir a paliar esta problemática y sin duda contribuiría junto con otras acciones a mejorar la salud y nutrición de la población rural que cuenta en sus inmediaciones con algún cuerpo de agua.

El potencial de la acuacultura

• La acuacultura es una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria, generar divisas y crear fuentes de empleo. Es fuente de alimento para autoconsumo y para comercialización de los excedentes

• México posee gran diversidad de condiciones climáticas y ecosistemas que contribuyen al desarrollo de un sector acuícola muy diversificado.

• El aprovechamiento del potencial que posee la acuacultura en México depende de la aplicación exitosa de tecnologías eficientes y de procesos de innovación, modernización y reconversión productiva. Por ejemplo, el cultivo de tilapia representa más de 60 por ciento del cultivo en centros acuícolas y productores.

El repoblamiento de embalses y cuerpos de agua

Por estas benéficas consideraciones acerca del desarrollo y uso de la acuacultura para la alimentación, el presente exhorto se plantea el aprovechamiento integral de embalses artificiales y cuerpos de agua naturales para fomentar la acuacultura, es decir compartir dichos recursos para lograr un uso múltiple, con una visión integral del agua, racional sostenible, equitativa y en armonía con los demás usuarios.

Y por esta razón se solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados del país, para que implanten un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con el objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país.

Considerando que entre las acciones que debe cubrir dicho plan, se tienen las siguientes como previas:

• Se requiere complementar la información de carácter limnológico (aspectos físicos, químicos, hidrológicos y biológicos del agua dulce) de estos embalses, apoyados por las instituciones de educación e investigación.

• Fortalecimiento de los centros acuícolas del país, tanto los del sector gubernamental, como los de sector privado, a través de incentivos que permitan garantizar la calidad genética y sanitaria de los peces a cultivar.

• Reforzar la plantilla de extensionistas con formación profesional y experiencia en acuacultura para acompañar a los beneficiarios de los embalses en la incorporación de esta actividad como complemento al resto de las actividades agropecuarias.

Debemos reconocer la importancia que la acuacultura tiene en la contribución a la seguridad alimentaria y que organismos internacionales como la FAO la consideran como una de las fuentes de abastecimiento más importante de alimentos en los próximos años.

Del mismo modo se señalan a continuación algunos aspectos generales para fortalecer la actividad acuícola en todo el país.

Para fortalecer y consolidar esta actividad, se requiere:

• Promover la diversificación y tecnificación de la misma Incrementar su eficiencia productiva.

• Diversificar las líneas de producción e incrementar la rentabilidad económica y social.

• Es la investigación y desarrollo tecnológico sobre aspectos como sanidad, nutrición, genética y manejo ambiental.

Investigación aplicada y transferencia de tecnología en el sector acuícola y pesquero

Teniendo como objetivos:

• Favorecer la adopción de la acuacultura como una actividad productiva sostenible en más comunidades.

• Ampliar el beneficio económico directo en los grupos o comunidades dedicados a la actividad.

• Disponibilidad de alimento con alto contenido proteico como lo es la carne de pescado.

• Promover la capacitación, transferencia de tecnologías, instalación o rehabilitación de infraestructura.

• Ampliar la asistencia técnica para incrementar la base productiva.

• Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura y el recurso acuático en las regiones rurales.

• Desarrollar e incrementar la acuacultura tecnificada.

• Incrementar los niveles de intensificación de los cultivos.

• Obtener estándares altos de sanidad acuícola en poblaciones acuáticas cultivadas.

Resultados positivos de un programa emergente interinstitucional a favor de la acuacultura, pueden impactar a estados como el mío, Hidalgo, que tiene grandes posibilidades de potenciar aún más esta actividad para avanzar más rápidamente en la mitigación del hambre y la marginación en diversas zona de la entidad.

Aquí algunos datos sobre la importancia de la acuacultura en mi estado.

Acuacultura y pesca en Hidalgo

- Se desarrollan en 77 de los 84 municipios es decir 92 por ciento.

- Existen registradas más 700 unidades de producción y 91 embalses en donde existe pesca de autoconsumo y comercial.

- El capital humano lo integran 3 mil 745 acuicultores y 866 pescadores.

- Hidalgo cuenta con excelente desempeño, se producen en promedio 6 mil 291 toneladas anuales de productos acuícolas y pesqueros y tiene lugares importantes en producción que lo destacan de las entidades sin litoral:

• Primer lugar de producción de tilapia

• Segundo lugar en producción total de los estados sin litoral

• Segundo lugar en producción de carpa

• Cuarto lugar en producción de trucha

En suma, la aplicación de la política pesquera en nuestro país, aunado al trabajo de pescadores y acuicultores ha permitido en lo que va de esta administración del gobierno de la República, la producción de pescados y mariscos haya alcanzado ya un millón 752 mil toneladas, de las cuales 325 mil toneladas son obtenidas a través de la práctica de la acuacultura.

En 2015, el valor total de la producción pesquera y acuícola fue de 31 mil 489 millones de pesos, cifra que representó una tasa de crecimiento media anual de 18.3 por ciento en los últimos tres años.

La pesca es uno de los sectores del país con mayor dinamismo nacional, y en acuacultura en México se registra un ritmo de crecimiento de 12 por ciento anual desde hace tres años, mientras que la acuacultura a nivel mundial tiene un aumento del 6 por ciento. El producto interno bruto de las actividades primarias es de 3.1 por ciento y la pesca, caza y captura 9 por ciento.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados del país, para que implementen un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país.

Fuentes

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para un mundo sin hambre

•https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=mBK4VKXtNMHFqAX9pIDwDQ&gws_rd=
ssl#q=investigacion+aplicada+y+transferencia+de+tecnologia+en+el+sector+pesquero+y+acuicola&start =10

• http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es -sobre-pesca-y-acuacultura

•http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es #tcN70144

• http://www.panoramaacuicola.com/articulos_y_entrevistas/2010/03/10/un_innovador_modelo_
tecnologico_de_informacion_y_comunicacion_para_transferir_la_tecnologia_a_la_acuacultu ra_.html

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

Senadora Carmen Dorantes Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conanp a desistirse de implantar el programa de cobro de derechos del área natural protección de flora y fauna Balandra, en Baja California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas a desistir de la implementación del programa de cobro de derechos del Área Natural de Protección de Flora y Fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Balandra, localizada en el municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, misma que cuenta con una superficie total de 2,512-73-07.50 hectáreas, con dos polígonos generales; el polígono general Balandra, con una superficie de 2,250-14-79.00 hectáreas, dentro del cual se ubican cinco zonas núcleo, con una superficie total de 309-05-65.00 hectáreas, y una zona de amortiguamiento con una superficie de 1,941-09-14.00 hectáreas, y el polígono general Ensenada Falsa, considerado zona de amortiguamiento, con una superficie de 262-58-28.50 hectáreas.

La zona conocida como Balandra, ubicada en el Estado de Baja California Sur, representa un humedal costero rodeado de desierto sarcocaule perteneciente al Desierto Sonorense. Uno de los elementos que hacen de este sitio un espacio de gran importancia ecológica, son los manglares que rodean la laguna; estos sistemas de manglares en zonas áridas generalmente poseen una laguna costera, como es el caso de Balandra, con tres especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora mangle), seguido del mangle blanco (Lagunularia racemosa) , y en la parte más alejada de la laguna, el mangle negro (Avicennia germinans), por lo que a nivel nacional estos ecosistemas resultan únicos.

El área de protección de flora y fauna Balandra posee una gran riqueza de especies de fauna y flora de gran importancia biológica y destaca por ser sitio de crianza, alimentación y protección para numerosos organismos, algunos de ellos de gran importancia económica para el país, como el camarón y los pargos, así como por ser sitio de anidación y protección para aves migratorias y residentes, algunas de ellas en peligro de extinción.

Dentro de esta área natural protegida existen zonas donde se pueden realizar actividades turísticas de bajo impacto ambiental por parte de los visitantes quienes se concentran en playa y áreas muy someras donde realizan actividades como observación de flora y fauna, nado y campismo, las cuales se deben realizar sin implicar modificaciones de las características o condiciones naturales originales, a fin de no interferir con los procesos ecológicos presentes.

Cabe mencionar que Balandra es un lugar de gran interés tanto para los sudcalifomianos, como para los visitantes del resto de la República y del extranjero, quienes visitan este lugar cuyo acceso por muchos años se ha mantenido como público, sin otros requisitos más que los del cuidado y la conservación del lugar, tales como la recolección de la basura que pudiera generarse por la visita o la no extracción de especies de la zona.

Sin embargo, recientemente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del área de protección de flora y fauna Balandra (APFF Balandra), anunció que iniciará la implementación del Programa de Cobro de Derechos de dicha Área Natural Protegida.

El anuncio de la instrumentación del cobro de derechos para uso, goce o aprovechamiento recreativo del área, despertó diversas manifestaciones por parte de la población, quienes consideran esta región como patrimonio natural de todos los sudcalifornianos, un espacio público que por muchos años han visitado cotidianamente y de forma gratuita, por lo que no están de acuerdo con el cobro para el acceso a este lugar.

En ese sentido, se solicita a la Conanp a que reconsidere la idoneidad de implementar el cobro de derechos en Balandra, pues hasta el momento, se trata de una zona cuya conservación se ha llevado a cabo mediante las acciones de la misma población que visita el lugar y que cumple con las reglas establecidas de no interferir con las condiciones naturales del lugar, llevando a cabo las actividades permitidas en orden y con apego al reglamento de la zona.

Por otro lado se anunció la exención del cobro de los residentes del municipio de La Paz, así como los menores de 6 años y las personas con discapacidad, lo que se considera que no es suficiente pues se trata de un lugar que visitan personas de todo el estado por lo que en caso de que se concrete la implementación del cobro de derechos, resulta necesario que se incluyan en dicha exención a los residentes de los cinco municipios del estado, siendo indispensable que se considere también la constitución demográfica del estado que implica que un número importante de la población proviene de otros estados y que aunque residan de forma permanente en Baja California Sur no cuenten con identificación oficial expedida por el estado.

Situación por la cual se solicita que se implementen mecanismos para que de concretarse el Programa de Cobro de Derechos se extienda la exención a todos los residentes de Baja California Sur y que se flexibilice la identificación de los mismos con otros documentos que acrediten la residencia de las personas en el estado, tales como comprobantes de domicilio de servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reconsiderar y en su caso desistir de la implementación del Programa de Cobro de Derechos en el área de protección de flora y fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en caso de aplicar el Programa de Cobro de Derechos en el área de protección de flora y fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur, establezca la exención del pago a los residentes de los cinco municipios del estado. Así como a que flexibilice la identificación de los mismos con otros documentos que acrediten la residencia de las personas, tales como comprobantes de domicilio de servicios para el caso de los habitantes que residen en el estado de forma permanente pero que aún no cuentan con identificación oficial expedida por el estado de Baja California Sur.

Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a apoyar los programas de reforestación para proteger y conservar el “árbol de Navidad” en el Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Chiapas es el estado que más aportaciones ecológicas hace al país. Sus sorprendentes atractivos naturales hacen de Chiapas uno de los estados con mayor afluencia turística.

Chiapas es un destino muy particular, ideal para quienes gustan de experiencias llenas de contenido cultural, arqueología, ecoturismo y la contemplación de imponentes paisajes naturales.

La cascada que emana de una de las cuevas de la pared rocosa del Cañón del Sumidero, cuenta con 250 metros de altura, sus aguas han depositado al paso del tiempo carbonato de Calcio y creado una estructura geológica que sobresale en relieve de la pared del Cañón, que tiene la forma de un gigantesco árbol de navidad.

Las filtraciones y escurrimientos de la cascada han contribuido a la formación de humedad y nacimiento de vegetación como el musgo, lo que contribuye a que la formación rocosa tenga más parecido con un árbol de navidad. La vegetación de la pared que forma el Árbol de Navidad mide aproximadamente 750 metros de altura.

Este atractivo natural es considerado un símbolo emblemático en el Parque Nacional Cañón del Sumidero y de todo el estado de Chiapas: un monumento natural único en el mundo visitado cada año por miles de turistas.

En los últimos años el flujo de agua que alimenta a la gran cascada y emergente de una cueva ha disminuido progresivamente: en la época de lluvias el agua continúa cayendo, aunque en menor cantidad, y en otras estaciones del año el escurrimiento es mínimo hasta reducirse a cero, lo que ocasiona que la vegetación generada por la humedad se seque y se pierda.

Las causas de la disminución del flujo hídrico que alimenta la cascada son dos: la deforestación, que es el factor principal que afecta no solo a esta cascada, sino a diferentes áreas ecológicas en el estado; y el impacto antrópico en el altiplano y la progresiva obstrucción de carbonatos que se forman en el interior de la cueva, restringiendo la cavidad.

Esta problemática, es evidentemente un daño para el turismo y un riesgo ecológico para la flora y la fauna que encuentran en esta formación natural, su hábitat.

Rescatar la cascada “Árbol de Navidad” es una acción fundamental de infraestructura turística y ecológica, que permitirá a los turistas disfrutar de una belleza natural en todo su esplendor, todos los días del año.

La reforestación correctamente implementada es una alternativa para proteger y conservar no solo la permanencia del “Árbol de Navidad” sino la permanencia del Parque Nacional Cañón del Sumidero entero, la reforestación de áreas cercanas al parque puede traer beneficios al ambiente, tales como mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo de la erosión.

El proyecto bien implementado de reforestación se realizará utilizando especies autóctonas, es decir, especies nativas que existían en el área, ya que de esta manera se puede mantener el paisaje original, y lo más importante, revertir los daños causados anteriormente, con proyectos de reforestación correctos no se pone en riesgo a otras especies vegetales y animales que forman parte de los macro y micro hábitats que mantienen en equilibrio el ecosistema del Parque.

Para poder preservar la captación de agua que se vierte hacia el sistema de cuevas del Cañón del Sumidero, es necesaria la reforestación en la parte alta del Parque Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Chiapas para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, de manera conjunta y coordinada apoyen los programas de reforestación en ejidos cercanos al Parque Nacional Cañón del Sumidero para la protección y conservación de formación rocosa natural conocida como el “Árbol de Navidad”, presente en paredes del Cañón del Sumidero.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, el día 17 de enero de 2017.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se felicita al gobierno de Colombia y las FARC por la firma el 24 de noviembre de 2016 del acuerdo mediante el que se oficializa el cese del fuego bilateral para alcanzar la paz en el país, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su calidad de integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron en 1964 en la selva del país latinoamericano con el objetivo de “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”, según asegura su carta fundacional.

Las FARC nacen tras una ofensiva del gobierno colombiano contra la “República de Marquetalia”, una comunidad autónoma creada por grupos armados comunistas y liberales en la selva colombiana. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín, apodado Manuel Marulanda o “Tiro Fijo” en honor a un líder comunista caído en combate. Este se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008.

En la década de los ochentas llega el cambio radical en el accionar de las FARC, que se transforma de pequeña guerrilla en una fuerza bajo el mando de un Estado Mayor y dividida en frentes y bloques. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando terreno desde la zona cordillerana hasta tomar la capital.

Segundo . La primera vez que las FARC se sentaron a negociar la paz fue en 1984 con el presidente Belisario Betancourt. Por primera vez un gobierno reconocía a la guerrilla como un interlocutor válido para buscar la superación del conflicto armado. Las FARC se comprometieron a suspender sus secuestros y formaron un movimiento político, la Unión Popular (UP). Tres años más tarde, la UP denunciaba el asesinato de más de 3.500 de sus miembros, incluyendo el de los candidatos a la presidencia Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, con lo cual se rompió el acuerdo.

El gobierno de César Gaviria (1990-1994) consiguió que algunos grupos guerrilleros participaran en la Asamblea Constituyente, pero el poder político siguió tratando a las FARC como un grupo de vándalos.

Andrés Pastrana (1998-2002) encabezó el llamado Proceso de Paz del Caguán, sin resultado.

En 2008 murió Tirofijo, que fue reemplazado por Guillermo León, alias Alfonso Cano, que fue abatido por el ejército en 2011. Entonces llega a la cúpula de las FARC Rodrigo Londoño, también llamado Timoleón Jiménez o Timochenko, que es quien se ha sentado en La Habana, Cuba a refrendar el acuerdo tras negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos que comenzaron en 2012.

Desde fines de 2012, la administración del presidente Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en La Habana un proceso de paz.

Las conversaciones desarrolladas durante cuatro años se basaron en una agenda previamente establecida de seis puntos generales.

Las FARC declararon un cese al fuego unilateral en julio del 2015, lo cual redujo la intensidad del conflicto armado. El gobierno suspendió los bombarderos aéreos.

El conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de aproximadamente 300 mil muertos y más de seis millones de desplazados durante casi 53 años de lucha.

Tercera. El 23 de junio de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sellaron el acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego, el paso previo para dar por terminado el conflicto armado y político.

El anuncio fue hecho por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, en presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko , y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, en esos momentos.

El fin de la violencia firmado en La Habana pretende poner un punto final a un relato regado por el dolor de más de seis millones de víctimas, pero que supone una grieta en la sociedad colombiana difícil de remediar, iniciando un paulatino abandono de las armas de los rebeldes y su reincorporación a la vida civil. .

El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refiere a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y contra quienes amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Se alcanzaron acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla y lucha conjunta contra el narcotráfico., atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional .

Sin embargo, este proceso tiene que ser completado y para ello ha debido surcar varias etapas.

El 2 de octubre de 2016, el acuerdo fue sometido a un referéndum en donde el 50.2% de decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. La abstención, de más del 60%, y la pésima imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación. La posibilidad de participar en política de los líderes guerrilleros y el hecho de que ninguno pagará cárcel siempre y cuando reconozca sus crímenes ha sido la piedra angular de la campaña, a sabiendas de que la mayoría de los colombianos, incluso entre los votantes del sí, no lo ven con buenos ojos.

A fin de salvar este escollo, con voluntad política, talento e imaginación el gobierno de Colombia emprendió nuevamente pláticas con la oposición y volvió a la mesa con la guerrilla para hacer ajustes. Esto dio como resultado modificaciones al acuerdo de paz, para que las FARC dejen las armas en seis meses y sus siete mil combatientes formen un partido político para acabar el conflicto.

Dicho acuerdo fue firmado el jueves 24 de noviembre de 2016, por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño en ceremonia celebrada en Bogotá.

Así mismo se transitó por una ruta legislativa para aprobar el acuerdo de paz a través del Congreso en ese país, el cual fue finalmente aprobado el miércoles 30 de noviembre de 2016.

Cuarta. El calendario fijado para la desmilitarización y entrega de armas se ha iniciado con la puesta en marcha de 19 zonas de desmilitarización y 7 campamentos donde se agruparán los contingentes de las FARC.

El 4 de enero de 2017 el Presidente Colombiano en rueda de prensa confirmó “La voluntad de todos es acelerar al máximo para cumplir cronogramas de dejación de armas”1 y llamó a superar las dificultades que se han presentado en las zonas de agrupación de las FARC.

Anunció soluciones en materia de salud, construcciones de campamentos e intervención de vías han sido respuestas rápidas a dificultades presentadas; hizo precisiones sobre costos de alimentación para miembros de las FARC, extensión de las zonas veredales y resaltó la disminución de la violencia en las fiestas de fin de año.

También informó el Mandatario, que tuvo la ocasión de reunirse con miembros del Secretariado de las FARC para discutir algunos de los temas y ahí “se tomaron decisiones importantes para acelerar muchas de las decisiones que nos permitan comenzar la movilización de las FARC hacia las zonas veredales a la mayor brevedad posible” .

“Uno de esos acuerdos es que vamos a suministrarles a todas las zonas veredales los materiales para que esa construcción se haga por parte de las FARC” lo más pronto que se pueda. Así mismo, indicó con respecto a los alimentos que se suministran a los guerrilleros que en el informe que le fue entregado “me han señalado que se han entregado alimentos a 5.900 hombres de las FARC, todos en buen estado, salvo un problema con unas latas de conserva que afectaron a dos personas”. Advirtió que no hay comidas preparadas como se ha divulgado, solo “víveres es lo que se entrega”. “La alimentación diaria cuesta 16 mil pesos por hombre” , precisó.

En materia de salud el Jefe del Estado informó que “más de 2 mil 500 miembros de las FARC ya están afiliados al Sistema Subsidiado de Salud”. Añadió que se vienen organizando unas brigadas en los puntos de preagrupamiento hoy establecidos, y en los que se han reportado 48 casos de enfermos particulares y todos los 48 casos han sido atendidos de forma oportuna.

Igualmente indicó que en el país hay 19 zonas veredales, 7 puntos transitorios de normalización en 25 municipios de 14 departamentos. “En promedio una zona tiene 11 kilómetros cuadrados de extensión y todas las zonas juntas, este es un dato importante, no suman más 300 kilómetros cuadrados”. Y añadió que el 80 por ciento de estas zonas no cuenta con acueducto y el 50 por ciento red eléctrica, también afirmó que en materia de vías deben intervenirse cerca de 346 kilómetros, trabajo ya iniciado por los ingenieros militares que llevan casi 88 kilómetros intervenidos.

En materia de instalaciones de las sedes el Presidente informó que hay 24 operando, 20 instaladas y 4 son temporales. También precisó que hay 58 observadores en todo el país, 264 observadores en las sedes regionales y 225 observadores en la sedes locales, y ya se “han entregado todos los vehículos que se requerían, 93 vehículos para el mecanismo de monitoreo y verificación y 75 vehículos para protección del mecanismo”.

Informó, además, que 77 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicados en su totalidad. El Presidente afirmó que tanto los alcaldes de Mesetas y de Vistahermosa como los voceros de las juntas de acción comunal “resaltaron cómo ha mejorado la seguridad”.

“Acabamos de tener la Navidad y el Año Nuevo con menos muertos en la historia reciente de Colombia, por cuenta de algún tipo de enfrentamiento con las FARC no hubo un solo muerto”. “Es un momento para Colombia, el más esperanzador, el mundo entero así lo ha dicho”, indicó el Mandatario.

“Los invitó a todos a seguir acompañando con todo entusiasmo este proceso que nos llevar a hacer de Colombia ese país que todos nos merecemos”, puntualizó el Presidente Santos.

Quinta. Es de relevancia promover la paz como instrumento para la convivencia adecuada de los pueblos y las naciones, con el fin último del progreso conjunto de la humanidad en armonía con su entorno y medio ambiente.

Solo la Paz podrá garantizar la mejora de las condiciones e infraestructuras sanitarias, la seguridad alimentaria de los pueblos, y ofrecer oportunidades para potenciar el sistema educativo de niños y niñas en igualdad de condiciones.

Es necesario renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.

Finalmente considerando que los principios históricos de la política exterior mexicana se encuentran establecidos la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se establecen como principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias ; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, y con la finalidad de contribuir a la paz en Colombia, con la consiguiente estabilidad en la región sud continental, lo que contribuye a la inversión y el desarrollo de los pueblos.

Es de suma importancia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como órgano del estado mexicano, contribuya a la misma, a través de un pronunciamiento institucional del poder legislativo, saludando los esfuerzos que se dan en la nación Colombiana a fin de obtener una Paz duradera.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda y envía una felicitación por el histórico convenio firmado el pasado 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, representadas por el comandante Rodrigo Londoño, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en Colombia.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Jalisco a hacer públicos los motivos que le impiden o limitan a celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En términos generales abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales1 .

En Jalisco se considera persona con discapacidad a todo ser humano que tiene ausencia, disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o total que le impida o dificulte su pleno desarrollo e integración efectiva en el medio que lo rodea, de manera temporal o permanente, según lo descrito en la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.2

Es importante destacar que el tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más importante del siglo XXI lo constituye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Convención, nuestro país se ha comprometido a adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

A fin de dar atención a lo dispuesto en la Convención en comento, se publicó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD)4 en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

En el PNDIPD se estableció que tanto gobiernos estatales como municipales incorporaran los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública a través de impulsar acciones en las entidades federativas y los municipios para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD)5 .

En el caso de Jalisco no existe información pública que acredite la existencia de un diagnóstico Estatal sobre las Personas con Discapacidad que sea reciente.

De manera pública se puede consultar el Diagnóstico y Pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco emitido por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco de fecha 28 de agosto de 20126, en que se da a conocer el nivel de cumplimiento de los diversos entes públicos en el estado, en relación a los lineamientos dictados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a esa fecha.

No obstante, como lo referí con anterioridad el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 exhorta a todos los estados de la República incluyendo al de Jalisco a adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que le permitan hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el gobierno de Jalisco al día no ha atendido lo siguiente:

a) Celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis)7 , siendo este el marco jurídico indispensable para facilitar la implantación y cumplimiento de los lineamientos del PNDIPD 2014-2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

b) Hacer públicos los avances sobre la armonización de la legislación estatal con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

c) Dar máxima publicidad a las acciones que el gobierno estatal ha emprendido y, en su caso, los logros conseguidos en el aseguramiento del cumplimiento de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco.

d) Difundir los progresos en establecimiento de protocolos para investigar casos de violencia contra las personas con discapacidad, que incluya la implementación de un registro de la condición de discapacidad, en cada una de las instancias de atención a víctimas de violencia.

e) Dar a conocer los adelantos anuales en el desarrollo o en su caso de la implementación del registro estatal de personas con discapacidad.

Ante lo expuesto, es necesario que el gobierno de Jalisco dé a conocer si las personas con discapacidad que radican en el estado se les garantizan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en esa entidad federativa.

Lo que expreso es necesario ya que anualmente en Jalisco se ejercen recursos bajo conceptos de ayuda para el bienestar de los jaliscienses a través de entrega de los denominados Bienevales para Personas con Discapacidad8 bajo el argumento de innovar la atención a este grupo de la población cambiando los apoyos funcionales por transferencias monetarias para reducir la vulnerabilidad por ingresos sin que esto pueda ser considerada una medida efectiva, oportuna o necesaria de acuerdo a las condiciones de este sector vulnerable de la población ni que esto contribuya a transparentar el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior, considero necesario exhortar al gobierno de Jalisco a fin de acredite los avances y las acciones que ha implantado ante los compromisos que el gobierno mexicano ha suscrito para la plena inclusión de la población con discapacidad y describa los motivos que le han impedido establecer un Convenio de Colaboración con el Conadis en beneficios de las personas con discapacidad en el estado.

En la actualidad no puede existir en el Ejecutivo estatal desinterés por adoptar y transparentar medidas que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

En conclusión, sin información pública que se pueda contrastar, el Gobierno de Jalisco retrasará el cumplimiento de la plena inclusión de la población con discapacidad en México según lo acordado en la resolución A/68/L.1 de las Naciones Unidades, la inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año9, misma que nuestro país suscribió.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco a que haga públicos los motivos que le impiden o limitan a celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, considerando este el marco jurídico indispensable para facilitar la implementación y cumplimiento de los lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y dar máxima publicidad a los avances sobre la armonización de la legislación estatal con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los adelantos en el establecimiento de los protocolos para investigar casos de violencia contra las personas con discapacidad, que incluyan la implementación de un registro de la condición de discapacidad, en cada una de las instancias de atención a víctimas de violencia y finalmente, la evolución anual en el desarrollo o en su caso de la implantación del registro estatal de personas con discapacidad.

Notas

1 Discapacidades, disponible en http://www.who.int/topics/disabilities/es/, consultado el 5 de enero de 2017.

2 Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco, disponible en
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes, consultada el 5 de enero de 2017.

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

4 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2014, consultado el 5 de enero de 2017.

5 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 5 de enero de 2017.

6 Diagnóstico y Pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco emitido por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco de fecha 28 de agosto de 2012, disponible en

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/pronunciamientos/2012/
Diagnostico_y_Pronunciamiento_discapacidad_jal.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

7 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en https://www.gob.mx/conadis, consultado el 5 de enero de 2017.

8 Bienevales para Personas con Discapacidad, disponible en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/20, consultado el 5 de enero de 2017.

9 Resolución A/68/L.1 de las Naciones Unidades, la inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9654/Resolucion-Objetivo s-del-Milenio.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas locales a realizar mención meritoria de los profesionales de la enfermería, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y a los 32 congresos locales, a realizar mención meritoria en honor a las y los profesionales de la enfermería, en su próxima sesión, con motivo del Día de la Enfermera, celebrado el pasado día 6 de enero.

Exposición de Motivos

El médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México, instituyó en el año 1931 el Día de la Enfermera, quien calificara en ese momento la presencia de las enfermeras como un “Regalo de Reyes” para los pacientes.

Por decreto presidencial, el titular del Poder Ejecutivo federal otorga a las y los profesionales del ramo de la enfermería diversos reconocimientos1 entre los que se pueden destacar los siguientes:

• Reconocimiento al Desempeño, desde 1998.

• Reconocimiento al Mérito en Enfermería Graciela Arroyo de Cordero, desde el año 2006.

• Reconocimiento en Enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido, desde el año 2008.

• Reconocimiento en Enfermería María Suárez Vázquez, desde el año 2012.

Estos reconocimientos se otorgan para resaltar las aportaciones científicas y humanísticas de la enfermería como parte fundamental de la mejora continua de la calidad y seguridad de los pacientes.

El Día de la Enfermera se celebra en México el día 6 de enero de cada año a partir de haber sido instituido y esta fecha no debe observarse únicamente como una efeméride más, considero que debemos ir más allá, celebrando en esta Comisión Permanente y en cada uno de los congresos estatales, un reconocimiento a todas y todos los profesionales de la rama de la enfermería, mediante un homenaje a quienes con su disposición, empeño, calidad humana y vocación de servicio, se dedican día a día a proveer no sólo cuidado a los enfermos, sino también compañía, calidez y sensibilidad.

Lo mismo la auxiliar de enfermería, que la enfermera general o las enfermeras especialistas y jefes de piso, todas y todos se esmeran en que los pacientes tengan calidad de vida e incluso aquellos que se encuentran en procesos de fase terminal, no quedan al margen del cuidado y buen trato de las y los enfermeros y no únicamente los pacientes son quienes reciben el buen trato, lo reciben igualmente los familiares de los enfermos quienes por el padecimiento de sus enfermos también ven mermadas sus condiciones de salud.

No existe una sola persona que en su tiempo de vida no se haya cruzado con una o un enfermero, lo mismo en una cita de rutina con su médico general, como igualmente se produce con la visita a algún médico especialista.

Todos en alguna ocasión hemos recibido por parte de estos profesionales de la enfermería, su atención y cuidado.

Las y los enfermeros se convierten en nuestros vigilantes de salud, algunos en compañeros de la soledad tanto del paciente como de sus familiares cuando éstos son tratados en lugar externo a sus lugares de origen o residencia y para estos casos siempre tenemos la palabra cálida, la palmada en el hombro, detalles que significan dosis de atención respeto y cariño que permiten continuar en la lucha por la recuperación de la salud.

El medio informativo en línea El Mañana ,2 , nos refiere en su edición del 9 de enero de 2017, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermería abarca atención autónoma y colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.

Igualmente indica que en nuestro país, instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrecen la carrera de enfermería, sin dejar de mencionar las escuelas de nuestras fuerzas armadas.

Por otra parte señala que de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, hay casi 300 mil enfermeras y enfermeros, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que de cada cien profesionales de enfermería 85 son mujeres.

Asimismo, por cada 100 personas con esta ocupación, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en enfermería.

Finalmente nos indica que a través de la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT) 2013 del Inegi, revela que la enfermería es la segunda ocupación más respetada y valorada por la sociedad mexicana, sólo detrás de los bomberos.

Grandes tragedias han sacudido a nuestro país y de ellas conocimos cómo muchas enfermeras fallecieron con el lamentable terremoto de 1985 mientras intentaban evacuar algunos de los nosocomios de la Ciudad de México.

Otras tantas se quedaron ahí para ayudar al rescate de sus compañeros y de sus pacientes y familiares.

Tal como lo refiere la Presentación Dorada de Enfermería en Desastres, de la publicación Supercourse de Epidemiology , The Internet and Global Healt 3 traducida al español por el doctor Nicolás Padilla Raygoza, Departamento de Enfermería y Obstetricia, División Ciencias de la Salud e Ingenierías, coordinador de Apoyo a la Investigación y Posgrado, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato, México y por la doctora Laura Ruiz Paloalto, Departamento de Enfermería Clínica, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato México, así como por la MIE Rosalina Díaz Guerrero, Departamento de Enfermería y Obstetricia, División Ciencias de la Salud e Ingenierías, secretaria Académica Campus Celaya Salvatierra Universidad de Guanajuato, México.

“La enfermera es el principal profesional de la salud de primer contacto con la comunidad.

Tienen conocimiento excepcional de las poblaciones más vulnerables y esta información puede ser inmediatamente usada en un desastre.

Enfermería reconoce el impacto físico y psicosocial de los desastres sobre el bienestar de los individuos, familias y comunidad.

La enfermera trata no sólo con el stress físico de un desastre, sino potencialmente, más importante, con el temor, peligros, stress e incertidumbre de los desastres.

Enfermeras en desastres, ofrecen apoyo y ayuda a la población y ganan confianza en la reconstrucción de sus vidas y vivir en tiempos difíciles. Entendiendo y encontrando un significado al sufrimiento ayuda a reducir el impacto y a sanar sobre la salud física.”

Las instituciones del Sector Salud reconocen cada día 6 de enero a las y los profesionales de la enfermería que prestan sus servicios en ellas, el Ejecutivo federal igualmente lo hace con los reconocimientos antes ya precisados.

En razón de lo anterior, presento la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente dentro del ámbito de sus atribuciones exhorte a todos y cada uno de los congresos locales para que en su próxima sesión hagan mención meritoria a todas y todos los profesionales de enfermería.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 congresos locales para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen mención meritoria a todas y todos los profesionales de la enfermería de cada uno de los estados, por la importante labor que diariamente desempeñan en el cuidado y atención que brindan a los pacientes en sus distintos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realiza mención meritoria en homenaje a todas y todos los profesionales de la enfermería quienes en su diaria actividad en sus centros de trabajo se destacan por brindar con calidez el cuidado y atención a los enfermos que la requieren.

Notas

1 http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dia-de-Ia-enfermera- 2013

2 http://www.elmanana.com/enfermerasapoYOincondiCionaldelospacientes-3568 445.html

3 www.bibalex.orglsupercourselsupercoursePPT/39011-40001139651.ppt

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se rechaza la posición injerencista de Estados Unidos de América en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela, suscrita por las senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, senadoras Dolores Padierna Luna y María de la Luz Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza la posición de injerencia de los Estados Unidos de América en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela , al emitir la Orden de Continuidad, primero por un año más, del Decreto Ejecutivo de “Declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela” suscrita desde el 9 de marzo de 2015 por el Sr. Barack Hussein Obama II, así como la extensión de la misma hasta el año 2019, con base en las siguientes consideraciones:

Antecedentes

El pasado 7 de abril de 2015 el honorable Senado de la República conoció de la proposición con punto de acuerdo, fundamentando la necesidad de que emitiera un acuerdo de conformidad con los principios rectores de la política exterior de México, principalmente el de la no intervención en los asuntos de otro Estado, rechazando la acción injerencista de Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela con base en la Orden Ejecutiva (decreto) suscrita el 9 de marzo de 2015 por el señor Barack Hussein Obama II, partiendo de los Principios del Derecho Internacional, sobre todo, al principio de la igualdad jurídica de los Estados, a efecto de exhortar respetuosamente al señor Barack Hussein Obama II a derogar dicha Orden. En el mismo tenor, se solicitó que en ese acuerdo, nos pronunciáramos por el más irrestricto respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresar, a la vez, nuestro rechazo a la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 por su claro sentido injerencista en los asuntos internos de Venezuela, además de reiterar el acoso diplomático y económico en contra de un gobierno por demás legítimo y que cuenta con el respaldo de su pueblo. Se trata de una acción unilateral que atenta contra la soberanía de una nación. Y eso, es inadmisible. Estados Unidos de América no tiene jurisdicción para sancionar y promulgar leyes en contra de Venezuela o de aplicar leyes de carácter extraterritorial, su actuación más que responder a los intereses democráticos, responden a intereses imperiales.

Antes de continuar con las consideraciones pertinentes, cabe señalar que en su momento, el honorable Senado de la República remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe dicha Proposición, sin que a la fecha se haya presentado dictamen alguno y como consta en la página oficial del Senado, se señala expresamente lo siguiente: Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Se mantiene en comisiones, por acuerdo de la mesa directiva (04-02-2016) ” Es decir que prácticamente cumpliendo un poco menos de dos años de su presentación, todavía se desconoce la razón de por qué la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, no ha presentado el dictamen correspondiente a la soberanía del Senado, por ello y dada la circunstancia actual de la Orden de Continuidad y de extensión (marzo y abril de 2016) amerita sea la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Siguiendo con nuestra exposición y, volviendo al hecho de la extensión de la Orden Ejecutiva bajo el nombre Declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela; es de mencionar que el argumento de los Estados Unidos de América estriba en que Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad” y lo señala así, el país que se presupone es primera potencia mundial por cuanto hace a su poderío militar, riqueza económica, y desarrollo tecnológico. ¿Cómo un país como Venezuela podría suponer algún tipo de amenaza a la primera potencia nuclear del planeta? La declaración de una “emergencia nacional’ es una herramienta con la que cuenta el presidente estadounidense para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Un análisis nada exhaustivo muestra cómo el verdadero interés de la política estadounidense estriba en las grandes reservas petroleras de Venezuela y su posición geopolítica, sobre todo considerando que el gobierno nacional venezolano, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, han hecho de su principal recurso natural, una política nacional en el ejercicio de su propiedad. La Revolución Bolivariana convirtió al petróleo en un instrumento para consolidar la integración y unión regional, no sólo a nivel de gobiernos y Estados, sino materializando la tan ansiada integración de los pueblos.

El petróleo en suelo venezolano y sus derivados, son propiedad de la nación, no pueden ni podrán ser privatizados jamás. Ahora bien, no es casual este inusitado interés de los Estados Unidos de América en Venezuela, que tiene la mira puesta en la región, dado que su estrategia imperial apuntala a la Amazonía, al Acuífero Guaraní, a los hielos continentales, a las reservas de petróleo y minerales, a la biodiversidad y las condiciones para la reproducción de la vida que tiene la América Latina y El Caribe.

Pese a todas y cada una de las consideraciones expuestas en la proposición, mismas que además recogen la posición que la mayoría de países de nuestro continente, así como de otras partes del mundo, además de las pronunciamientos de los Organismos Regionales Internacionales como el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (New York, 16 de marzo de 2015), la Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP, 17 de marzo del 2015)1 el Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas, Mitad del Mundo, Quito (14 de marzo de 2015).2 En este orden de ideas y con el mismo espíritu que las declaraciones anteriores, el pasado 20 de marzo de 2015, se emitió en Nicaragua, la Declaración de Managua, en la cual, múltiples Movimientos Sociales, Laborales y Cooperativos de América Latina y el Caribe reunidos en Managua, Nicaragua, con motivo del 86 Aniversario del Lanzamiento del Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, escrito por el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, expresan su respaldo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, así como suscriben la Declaración Final de la Cumbre del ALBA-TCP y agrega “4. Que los Movimientos Sociales y Sindicales de Nuestra América lucharemos para que nuestra región sea siempre una zona de paz y ...a rechazar el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que acusa a la República Bolivariana de Venezuela de ser una amenaza para su seguridad nacional, pues tal actitud atenta contra la paz y la estabilidad en la región.”3

La Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales reunidos en la Universidad de Panamá entre los días 9, 10 y 11 de abril de 2015, con más de 3,500 delegados/as representando a centenares de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular expresaron firmemente su posición en contra de la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y que ya ha merecido el rechazo unánime de todos los países de Nuestra América. Como se acreditó en su momento con el Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en rechazo a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama, de ampliar las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. (New York, 16 de marzo de 2015).4

Así como la Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela aprobada por las y los jefes de estado y gobierno que pertenecen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en su III Cumbre realizada en Costa Rica (enero, 2015).5 El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) al igual que lo hiciera el Grupo de los 77 más China, en esencia, todos estos países, México incluido, coincidieron y lo siguen haciendo como veremos más adelante, en expresar su profundo rechazo a la acción de los Estados Unidos de América, de expandir sus sanciones unilaterales contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No es causal, dicha Orden Ejecutiva suscrita por el Sr. Obama, tiene alcances extraterritoriales y afecta a terceros países, sobre todos a los que mantenemos relaciones comerciales con Venezuela.

Es de reiterar que México, en tanto país miembro de los Organismos Internacionales mencionados, además de ser partícipe, ha suscrito las distintas Resoluciones, Acuerdos y Pronunciamientos, lo que nos obliga como nación, a actuar en consecuencia, sobre todo, en este caso, al tratarse de una posición compartida, principalmente de los países de la región, al reiterar que América Latina y El Caribe es Zona de Paz (II Cumbre de la Celac, La Habana, Cuba, 2014) y las implicaciones de una Orden Ejecutiva con carácter injerencista y extraterritorial como la suscrita por el señor Barack Obama, constituye una estratagema no convencional en contra de una nación soberana, además de afectar a terceros países.

Por otro lado y de la misma manera, millones de ciudadanos y ciudadanas de todas partes del mundo, firmaron en contra de la Orden Ejecutiva suscrita por el señor Barack Obama, demandado su inmediata derogación. 13.447.651 firmas fueron recabadas, cerca de 10.420.000 tan sólo en Venezuela, mismas que fueron certificadas por el Consejo Nacional Electoral de dicho país. Ello como resultado de la campaña que internacionalmente se realizó desde el 19 de marzo de 2015 y a la que desde México, se sumaron cerca de cincuenta y cuatro mil firmas de apoyo, todas que fueran entregadas al Presidente Obama por la vía diplomática en el marco de la Cumbre de las Américas (Panamá, 2015) en donde el Presidente Nicolás Maduro, le tendió la mano para resolver los asuntos entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela ha venido enfrentando desde hace casi 18 años, un continuo Plan de Desestabilización, profundizado en estos recientes años de mandato legítimo del presidente Nicolás Maduro, que continúa enfrentando esta Orden Ejecutiva ahora con la extensión de un año y a punto de que el próximo mes de marzo de 2017, el nuevo Presidente norteamericano, Donald Trump, endurezca aún más la política de su país en contra de los gobiernos progresistas como el de Venezuela, sobre todo considerando que la extensión a dicha Orden Ejecutiva se dio mediante una Orden de Continuidad. En efecto, el pasado 3 de marzo del año en curso, el todavía presidente de Estados Unidos de América emitió una Orden de Continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, con el argumento de que la situación de Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos [de América] “, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”, así y mediante esta Declaración de emergencia puede aplicar unilateralmente sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso, al tiempo que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas”.

Es claro entonces que se trata de otra maniobra de Estados Unidos de América que, al entrometerse en la vida interna de otro país soberano y cuestionar a la institucionalidad del mismo, pretende subvertir el orden constitucional y se actúa en detrimento de los Principios del Derecho Internacional.

Las reacciones sobre la Orden de Continuidad no se hicieron esperar, nuevamente, los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos;6 La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas emitió un Comunicado Oficial7 sobre la decisión de prorrogar el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, rechazando la decisión de prorrogar por un año la vigencia del Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, porque, tal como fuera señalado por el Consejo de Cancilleres de la Unión el 14 de marzo de 2015, “...constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.” Igualmente, quienes integran el G77+China aprobó un comunicado en apoyo a Venezuela y en rechazo a la renovación de las sanciones unilaterales impuestas por EUA., tan sólo por mencionar algunos casos de respaldo a Venezuela y contra las acciones unilaterales y violatorias del Derecho Internacional por parte del vecino país del norte, tendiente a la desestabilización de ese país hermano.

Al igual que en 2015, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y sus Estados asociados rechazaron la decisión de los Estados Unidos de América de prorrogar por un año el decreto de “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela.8 De la misma manera, el Movimiento de Países No Alineados, el pasado 11 de marzo del año en curso, declaró que dicha acción era “una medida desproporcionada” al tiempo que reiteró su firme respaldo a la soberanía, integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo porque implica la renovación de las medidas restrictivas unilaterales en contra de la República Bolivariana de Venezuela.9 Lo mismo por lo que hace al pronunciamiento oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)10 Tal cual fue la posición del Grupo de los 77 más China que, en marzo de este año. Este Grupo conformado por 134 países, deploró la decisión del gobierno norteamericano contra Venezuela, al contravenir la Declaración adoptada en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del referido grupo que rechaza “imposición de leyes y reglamentos como impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluyendo las sanciones unilaterales contra países en desarrollo”.11

Más allá de esos apoyos demostrado a nivel internacional y que se han materializado en declaraciones y Resoluciones, es de suma importancia destacar que en la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, en abril de 2015, se planteó la discusión del Decreto, destacando que todos los países condenaban la firma del Decreto Ejecutivo, incluyendo México, aún más, el mismo presidente Barack Obama tuvo que declarar que Venezuela no era una amenaza para los Estados Unidos de América, sin embargo, nunca se realizó la derogación del Decreto u Orden Ejecutiva, y un año después, en este 2016 se amplió y profundizó. El presidente Obama una vez más mintió a la comunidad internacional.

A mayor abundancia, el pasado mes de abril de 2016, el Senado estadounidense, a propuesta del Comité de Relaciones Exteriores aprobó un proyecto de ley que extiende hasta 2019 las sanciones aplicadas por dicha nación a funcionarios del Gobierno de Venezuela. Un proyecto de ley impulsado por el derechista republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, quienes por cierto, retuvieron desde 2015 la designación de Roberta Jacobson como embajadora estadounidense en México, con el fin de que la Casa Blanca le diera “prioridad” al tema de Venezuela. Es así que el 28 de abril de 2016, el Senado estadounidense, aprobó dicha extensión de sanciones contra funcionarios venezolanos hasta 2019 inclusive, la ley que congela sus activos en territorio estadounidense, unas restricciones ya vigentes que de otra forma expirarían a finales de este año.

De esa manera, el Senado norteamericano ha remitido a la Cámara de Representantes, para su dictamen posterior, la iniciativa para extender la terminación de las sanciones con respecto a Venezuela bajo la Ley de Defensa de Venezuela de la Sociedad Civil de 2014 Derechos Humanos denominada “Texto de la Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016” (29 de abril de 2016).12 Con esta acción, Estados Unidos de América muestran su verdadero interés, pese a que sus sanciones no tienen efecto práctico en cuanto a supuestos capitales de ningún funcionario del gobierno de la Venezuela Bolivariana, máxime que las decisiones de un país extranjero, de acuerdo a la norma constitucional de Venezuela, no son ni aplicables ni vinculantes en modo alguno. Se trata entonces de generar –internacionalmente,- la idea de que Venezuela es un país que merece ser intervenido, bien de manera diplomática como ahora y quizá militarmente, y sus recursos naturales como el petróleo, saqueados. Precisamente porque aunado a la Orden o Decreto Ejecutivo, pretenden además aislar internacionalmente a Venezuela, descalificando su gobierno y generando un clima propicio para la intervención de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) e incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Es evidente que el gobierno federal norteamericano no ha cejado en su idea pretenciosa de que la América Latina y El Caribe, sigue siendo su “patio trasero”. La política agresiva de la nación norteamericana contra Venezuela es también contra el resto de los países del continente que cuentan con gobiernos nacionales surgidos de las izquierdas y el progresismo, pues en su intención, no hay otro fondo que volver a tener un control geopolítico de la región, algo parecido a la década de los setentas, cuando edificaron dictaduras genocidas alineadas incondicionalmente con sus afanes imperialistas.

La extensión de la vigencia de dicho Decreto u Orden Ejecutiva, refrenda la hostilidad de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela y de todos los pueblos del mundo que en busca de su soberanía e independencia encuentran en el imperialismo estadounidense su principal enemigo; se instituye, en este sentido en una especie de declaración ofensiva, directa y un claro indicio de peligro para los países de la región, dada la campaña de desprestigio contra el gobierno de Nicolás Maduro con la pretensión de debilitar la soberanía popular, desconocer los logros de la Revolución Bolivariana en estos 17 años de gobierno y alentar las acciones desestabilizadoras impulsadas desde la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con la intención de derrocar al Presidente Nicolás Maduro desestabilizando al país.

Resulta por demás contradictorio que el gobierno federal norteamericano reitere su pretensión de sancionar a Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando es el propio gobierno estadounidense el que, ha sido evaluado por su incumplimiento en la materia. Tan sólo en 2015, los Estados Unidos de América formaron parte de la lista de naciones evaluadas por su mal desempeño en el tema por 47 países en Ginebra (Suiza), durante la Vigésimo Segunda sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

Como se aprecia, Venezuela no está sola y esta Soberanía no puede ni debe dejar de fijar su posición de respeto a los Principios de soberanía, no injerencia y de libre autodeterminación de los pueblos, pues como anoté en la Proposición interpuesta en abril de 2015 ante el honorable Senado de la República, y relativa a la presente, “de esa manera, cualquier conflicto interno sea de Venezuela o de cualquier nación del orbe, debe ser resuelto en el marco de sus respectivas normas constitucionales y por sus propias sociedades sin la injerencia de potencia o Estado extranjero alguno.”

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía se apruebe el presente acuerdo como de urgente y obvia resolución:

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a los Principios rectores de la política exterior de México, principalmente el de la No intervención en los asuntos de otro Estado, se pronuncia enfáticamente por rechazar la acción injerencista de Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela con base en la Orden Ejecutiva suscrita el pasado 9 de marzo de 2015 por el señor Barack Hussein Obama II así como la Orden de Continuidad que extiende un año más las sanciones contra Venezuela de marzo de 2016 y la extensión sobre la misma de abril de 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, principalmente el relativo a la igualdad jurídica de los Estados, exhorta respetuosamente al señor Barack Hussein Obama II a derogar la “Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela ” así como en base al irrestricto respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, expresa su rechazo a la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 por su claro sentido injerencista en los asuntos internos de Venezuela y su clara implicación de efectos extraterritoriales, así como la Orden de Continuidad de marzo de 2016 y de extensión de abril del año en curso (Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016)

Tercero. Remítase el presente acuerdo a través de la Cancillería mexicana al gobierno federal de los Estados Unidos de América.

Notas

1 Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de marzo del 2015

2 Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Mitad del Mundo, Quito, 14 de marzo de 2015.

3 Declaración de Managua. 20 de marzo de 2015.

4 Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en rechazo a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama, de ampliar las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. New York, 16 de marzo de 2015.

5 Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela. III Cumbre de CELAC, Belén, Costa Rica. 29 de enero de 2015.

6 Comunicado Especial de ALBA, Caracas, Venezuela. 8 de marzo de 2016

7 Comunicado Oficial, Secretaría General de UNASUR, Mitad del Mundo, Quito, 4 de marzo de 2016

8 MERCOSUR, Comunicado oficial del 2 de abril de 2016

9 Movimiento de Países No Alineados 11 de marzo de 2016

10 Comunicado especial del ALBA-TCP sobre la extensión de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, mayo de 2016

11 G77+ China rechaza sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, marzo de 2016

12 Texto de la Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016 (Número de Ley: S. 2845 del 29 de abril de 2016

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de enero de 2017.

Senadoras: Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo por los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Lotería Nacional, licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, a que se expida un billete de lotería, a fin de conmemorar los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2017, se conmemorará el primer centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ese texto fundacional, significó sin duda alguna, un enorme avance para tutelar los derechos fundamentales de todos los mexicanos, modificando y perfeccionando la Constitución promulgada en 1857.

La Constitución de 17, plasmó las demandas enarboladas por las fuerzas revolucionarias que participaron en el movimiento armado que inició a finales de 1910, como respuesta, lo sabemos bien, a las enormes condiciones de desigualdad que aquejaban a la mayor parte de la población.

Los constituyentes que redactaron la Carta Magna tuvieron como premisa plantear las tesis más relevantes surgidas del más avanzado pensamiento social, a efecto de plasmar en la norma suprema la defensa irreductible de los postulados de reivindicación social que animaron la lucha armada.

El proceso no fue fácil. Después de largas deliberaciones, los constituyentes, poseedores de un enorme espíritu transformador se trazaron como objetivos centrales lograr un documento final donde se plasmaran, de manera clara y concisa, la orientación progresista que debía modificar el anquilosado pensamiento que caracterizó al régimen porfirista.

El resultado fue un texto constitucional que agrupó, de manera muy particular, los derechos esenciales de que debían disfrutar los mexicanos, tanto en beneficio de sus connacionales contemporáneos, así como de las generaciones venideras.

Reconocida como una constitución de avanzada y una de las precursoras de su tipo a nivel mundial, se convirtió en un sólido instrumento para sentar las bases de un México que inició el camino por un sendero de justicia social, además de generar las condiciones propicias para el surgimiento de instituciones sólidas y modernas que acompasaran las nuevas etapas por las que transitaría el país.

Por lo expresado es imprescindible conmemorar en su justa dimensión el pasaje histórico al que hemos hecho referencia, pues como se ha señalado reiteradamente, quien no conoce su historia, está condenado a repetir muchos errores.

Consideramos que una forma de recordar tan significativo episodio en la vida nacional, puede ser mediante la emisión de un billete de lotería que se una a los varios testimonios que, sin duda alguna, contribuirán a recordar su innegable importancia.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional, licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, director general, a que emita un billete de lotería conmemorativo de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los efectos negativos a la salud de la población por los riesgos de inversión térmica y la concentración de contaminantes en el aire, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se realiza un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los impactos negativos a la salud de la población, por los riesgos de inversión térmica y concentración de contaminantes en la atmósfera durante la época invernal, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando, en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente y éste a su vez, enfría el aire en contacto con él, por lo que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior, lo que disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las dos capas de aire.

La inversión térmica se puede presentar en cualquier época del año, pero durante los meses de diciembre a febrero estas incidencias se presentan con mayor frecuencia, debido al frío y por ende a la capacidad de enfriamiento de la tierra y a las capas de aire más cercanas a ésta.

Este fenómeno natural, por sí mismo no es peligroso. El problema se presenta cuando se conjunta su presencia con emisiones contaminantes en determinado lugar, lo que implicaría efectos nocivos sobre la salud del ser humano y demás seres vivos.

Esto, porque el efecto de la inversión térmica en un lugar contaminado es la acumulación de dichos elementos contaminantes en una masa de aire estática, es decir, que no puede fluir hacía fuera del lugar donde está, generando la concentración de contaminantes de manera muy cercana al suelo, los que se van acumulando por el lapso que dure la inversión térmica. Ahí es donde se presenta el problema grave a la salud, ante la exposición directa de la población a altos índices de contaminación.

Como ya se dijo, en los presentes meses, debido a las bajas temperaturas propias de la época y al ingreso de los denominados frentes fríos, las afectaciones por concentración de contaminantes en las inversiones térmicas son mucho más comunes y peligrosas.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada de frío 2016-2017, se prevé el ingreso de al menos 50 frentes fríos a nuestro país. Disminución en la temperatura que se acentúa de mayor manera a partir de enero, lo que así se ha dejado sentir.

Si a ello agregamos la capacidad de emisiones contaminantes que por obvias razones tienen las grandes ciudades del país, el riesgo en ellas durante el invierno es evidente.

Este fenómeno ha comenzado a hacer presencia desde finales del mes de diciembre. Por ejemplo, en el Valle de México, entre los días 23 y 28 de diciembre se registró una inversión térmica a una altura de 450 metros, contribuyendo a la complicación en la dispersión de contaminantes. El pasado 3 de enero se repitió con una altura de 400 metros.

Recordemos que a principios del año pasado este fenómeno contribuyó a las contingencias ambientales por todos aquí conocidas, con los famosos “doble no circula”, por lo que debemos estar atentos y tomar medidas.

Y es que lamentablemente el invierno es la época del año en la que los factores meteorológicos y el aumento en la cantidad de emisiones provocan incrementos extraordinarios de partículas suspendidas, siendo los niños, adultos mayores y las personas con algún problema respiratorio o cardiovascular la población más sensible y susceptible a sufrir daños más severos a su salud.

Los efectos negativos más comunes por este fenómeno natural asociado con la contaminación son desde los catarros y gripes comunes, irritaciones oculares y de garganta, amigdalitis, sinusitis, resequedad en la piel, tos, dolor de cabeza, ataques de asma, bronquitis, laringitis y hasta la neumonía. Las complicaciones pulmonares son la principal causa de muerte.

Por ello, considero apremiante que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar que el escenario en materia de salud se complique en nuestro país.

Para disminuir los efectos nocivos en la salud causados por una inversión térmica, las autoridades sanitarias recomiendan principalmente, tratar de estar el menor tiempo posible en el exterior cuando se presenta este tipo de fenómeno, disminuir las actividades que requieran esfuerzo físico al aire libre, ya que esto aumenta la respiración y por lo tanto es mayor la cantidad de contaminantes que se inhalan.

Con la finalidad de contribuir a disminuir las emisiones, se recomienda reducir al estrictamente mínimo indispensable el uso del automóvil, incluso compartir el mismo con amigos y compañeros para asistir al trabajo o la escuela, por dar un ejemplo.

Además, el gobierno federal opera una red de instrumentos de medición y monitoreo de la calidad del aíre, que aunado a las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, dan la capacidad de determinar la intensidad y estimar la duración, en su caso, de una posible situación de peligro y la permanencia de una inversión térmica.

Medidas y elementos que de manera conjunta permitirían mitigar las afectaciones que estos fenómenos naturales asociados con las emisiones contaminantes ocasionarían a nuestra población, por lo tanto, la propuesta de que esa comisión se pronuncie a su favor, haciendo patente la preocupación al respecto.

Pronunciamiento que me permitiría proponer a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, al tenor de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta su preocupación por los riesgos a la salud que los fenómenos de inversión térmica y las concentraciones de elementos contaminantes en el aire podrían generar a nuestra población con motivo de su mayor incidencia en la temporada invernal; por lo que se pronuncia en favor de todas aquellas medidas preventivas que contribuyan a minimizar sus impactos.

Segundo. Por tal virtud, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que coordinadamente con los gobiernos locales, se mantenga e intensifiquen las acciones que resulten indispensables para prevenir incidencias que puedan afectar la salud de los mexicanos con motivo del incremento en las posibilidades de inversión térmica, tales como incrementar la difusión de las medidas preventivas mismas entre la población; exhortarle a contribuir con acciones que redunden en la disminución de emisiones contaminantes, realizar operativos de verificación sobre la generación de emisiones en fuentes contaminantes; así como, dar particular seguimiento a las labores de monitoreo de la calidad del aire.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a 17 de enero de 2017.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de Estados Unidos de América a indultar al prisionero político puertorriqueño Óscar López Rivera, suscrita por las senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, senadoras Dolores Padierna Luna y Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno federal y al presidente de los Estados Unidos de América, señor Barack Hussein Obama II, a fin de conceder el indulto al señor Óscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Habida cuenta de que el 9 de junio de 2015, esta soberanía aprobó el dictamen mediante el cual la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera, al tiempo que respetuosamente y por la vía diplomática conducente, se hiciera el exhorto al gobierno federal de los Estados Unidos de América, a fin de obsequiar el indulto al señor Óscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Ello sobre la base de que el artículo II, sección 2 de la Constitución norteamericana le otorga al presidente de los Estados Unidos de América, la autoridad para conceder “Suspensiones de condenas e indultos por delitos contra Estados Unidos” al respecto, cabe señalar que, durante más de 100 años, los presidentes de esa nación han confiado en el Departamento de Justicia y en su Oficina del Abogado de Indultos para que les ayuden en el ejercicio de este poder.

Aunado a lo anterior, cabe recordar que Óscar López Rivera (San Sebastián del Pepino, 6 de enero de 1943) es un preso político puertorriqueño que cumple una larga condena en Estados Unidos de América acusado por las autoridades estadounidenses de ser miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, un grupo que buscaba la independencia de Puerto Rico. En 1999, el entonces presidente Bill Clinton concedió un indulto presidencial a varios prisioneros políticos boricuas, pero López Rivera no aceptó algunas de las condiciones que pretendían imponerle y tampoco quiso dejar al resto de prisioneros políticos no incluidos en el indulto de referencia.

Cabe mencionar que Óscar López Rivera es el luchador anticolonial condenado por la causa de la libertad de Puerto Rico y hoy por hoy, sigue siendo el prisionero político más antiguo del continente, purgando –en una prisión federal dos sentencias que en conjunto suman 70 años de cárcel– en los Estados Unidos de América. Es veterano de la guerra de Vietnam donde fue condecorado por su valor en combate, a su regreso a Chicago, donde residía, e integrándose a las luchas de su comunidad en defensa y afirmación de los derechos de los puertorriqueños.

Fue capturado por esa causa en 1981. Un año antes, en 1980, sus compañeros de lucha Haydée Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, Elizam Escobar, Carmen Valentín, Carlos Alberto Torres, Dylcia Pagán, Adolfo Matos, Alicia Rodríguez e Ida Luz Rodríguez habían sido capturados. Más adelante, en 1983, ocurriría lo mismo con Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez. Antes, también había sido capturado en la ciudad de Nueva York, otro luchador puertorriqueño William Guillermo Morales, y todos asumieron, al momento de sus capturas, la condición de prisioneros de guerra. Como tales, reclamaron la condición de combatientes anticoloniales no reconociendo la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos de América por lo que demandaron ser procesados por un tribunal internacional o por un tribunal de un tercer país que no formara parte del conflicto anticolonial entre Puerto Rico y los propios Estados Unidos de América.

De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la protección que dicho convenio internacional reconoce a los prisioneros de guerra, se extiende también a personas capturadas en conflictos o luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país por parte de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Así lo ratifica también la Resolución 2852 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13 de diciembre de 1973, cuando establece: “Todo participante en los movimientos de resistencia, luchando por la independencia y la autodeterminación si es arrestado, tiene que recibir el tratamiento estipulado en la Convención de Ginebra.” De acuerdo con el referido protocolo, un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial.

El carácter político de los procesos legales seguidos por Estados Unidos de América contra estos prisioneros lo establece la naturaleza de las acusaciones hechas por dicho país contra ellos, donde se les imputó conspiración sediciosa para derrocar al gobierno norteamericano. A lo anterior se suma el carácter desproporcionado de las sentencias impuestas. En el caso de la mujeres capturadas, el promedio de las sentencias impuestas fue de 72.8 años; mientras que en el caso de los varones, el promedio fue de 70.8 años. En el caso particular de Óscar, las sentencias impuestas ascienden a 70 años de prisión.

A través de los años, múltiples resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de Estados Unidos de América, la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños. Tribunales especiales convocados desde la sociedad civil igualmente han demandado su excarcelación y denunciado específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantenido encarcelados. Tales fueron los pronunciamientos del “Tribunal Permanente de los Pueblos”, el cual sesionó durante los días 27 al 29 de enero de 1989 y del “Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y Cárceles de Estados Unidos”, llevado a cabo los días 7 al 10 de diciembre de 1990 en la ciudad de Nueva York. Y, como se señala en el presente ocurso, en el caso particular de Óscar López Rivera, durante la administración de William Jefferson Clinton, en ocasión del indulto que fuera conferido a la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños que para entonces habían cumplido cerca de 20 años de prisión, se ofreció la posibilidad de la excarcelación de Óscar López Rivera unos años después de la salida del primer grupo. Esta oferta fue rechazada por Óscar mientras permanecieran encarcelados otros de sus compañeros, como era el caso de Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán. Estos últimos, sin embargo, ya se encuentran fuera de prisión. Al presente, a pesar el comportamiento ejemplar que Óscar ha mantenido en prisión en los pasados 30 años, la Junta de Libertad Condicional le niega la posibilidad de una salida de prisión.

Al reclamo por la excarcelación de Óscar López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño. Dirigentes políticos, religiosos, comunitarios, representantes del movimiento obrero, de los gremios profesionales, el sector cooperativista, organizaciones juveniles y estudiantiles; en fin, el más amplio conjunto de representantes de la sociedad civil puertorriqueña, demandan la excarcelación de Óscar. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes reclamos desde la comunidad internacional, incluyendo que en este año, incluso varios parlamentarios demócratas pidieron a Obama la liberación del líder puertorriqueño, solicitando una reunión urgente con él, para la discusión de la inmediata liberación a través de una misiva enviada al mandatario a finales de febrero, los congresistas solicitan la liberación de López Rivera, considerado en su país el último preso político puertorriqueño, y apelan al sentido de la justicia del presidente, suscrita por los legisladores Luis Gutiérrez (Illinois), José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York) y el Comisionado puertorriqueño, Pedro Pierluis destaca de la misma que se señale lo siguiente: “A nuestro entender, no hay objetivamente ninguna razón legítima criminal para el encarcelamiento continuo de este hombre de 73 años de Puerto Rico, cuando su pueblo y otros que valoran el clamor de los derechos humanos piden su liberación”.

Esta soberanía no puede soslayar que Puerto Rico sigue siendo un estado colonial hundido en una fuerte crisis financiera en donde el gobierno local se encuentra en bancarrota, pero las leyes estadounidenses (que rigen en la isla), no le permiten acogerse a un plan de quiebra para reestructurar su enorme deuda. Puerto Rico está obligado a pagar su deuda antes de ofrecer los servicios de salud, seguridad y educación al pueblo, a ello se suma la situación de Óscar López Rivera de 74 años, es un patriota encarcelado injustamente por luchar por la independencia de Puerto Rico. Son más de 35 años que ha estado en prisiones estadounidenses. Sus primeros años de encarcelamiento, fueron en el ya “tétricamente famoso” hoyo, donde no tenía contacto físico con sus familiares cuando lo iban a visitar. Varias resoluciones de las Naciones Unidas, cinco premios de Nobel de la Paz, múltiples parlamentos de diferentes partes del mundo y miles de organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, reclaman la inmediata liberación de Óscar. Por ello, estos temas ameritan que no sean ignorados y requieren de inmediata y justa solución, dado que están interrelacionados con la oprobia situación colonial de Puerto Rico, pese a las promesas de Obama de buscar una solución final al estatus de la isla caribeña. Es evidente que los Estados Unidos de América por un lado pregona el respeto a los derechos humanos al tiempo que mantiene una colonia y en su propio territorio mantiene prisioneros políticos, encarcelados como resultado de su lucha anticolonial como es el caso Óscar López Rivera.

Por otro lado, en junio de 2016, el Comité de Descolonización de Puerto Rico de las Naciones Unidas, después de escuchar las deposiciones de 60 personas, entre ellas la del gobernador Alejandro García Padilla , sobre la incertidumbre política que se vive en Puerto Rico, aprobó una resolución a favor de la isla y su derecho a la libre determinación, misma en la que se solicita que se eleve el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de la ONU, y por otro lado promueva un diálogo entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos de América. La medida reconoce que el estatus político actual, especialmente en la coyuntura de una crisis económica y humanitaria, “impide al pueblo puertorriqueño la toma de decisiones soberanas para decidir su futuro”, explicó el embajador de Cuba, Humberto Rivera Rosario. El delegado cubano contó con el coauspicio de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Siria y Rusia. Se exhortó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre el asunto “lo más pronto posible”. La precaria situación fiscal de la isla, enmarcada en una deuda ascendente a 70 mil millones de dólares, ha desencadenado también una propuesta del Congreso de EUA, para imponer una junta de control fiscal , que estará por encima del gobierno local, para reestructurar esa deuda.

El caso de Puerto Rico, regresó al Comité en comento, mismo que ya ha aprobado 33 resoluciones que sintetizan un llamado a los Estados Unidos de América a asumir “su responsabilidad histórica” de facilitar la libre determinación del pueblo puertorriqueño, a lo que se suma el Movimiento de Países no Alineados –que, a través de Irán- también emitió mensajes de apoyo así como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por medio de un representante de República Dominicana.

Lo anterior se liga indiscutiblemente a la resolución que en junio de 2015, el mismo Comité de Descolonización había determinado “el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia y apoya el reclamo de excarcelación para Óscar López Rivera, que ya cumplió 34 años en cárcel por delitos relacionados por su lucha por la independencia de su país.”

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía que apruebe el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución en esta misma sesión

Puntos de Acuerdos

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, nuevamente se solidariza con la demanda de excarcelación inmediata para el luchador independentista Óscar López Rivera, así como saluda la resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable de Puerto Rico a su independencia y libre autodeterminación

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios rectores de la política exterior de México, respetuosamente hace un exhorto por los canales diplomáticos correspondientes al gobierno federal de Estados Unidos a fin de que valore obsequiar el indulto al señor Óscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senadoras: Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar acciones para destinar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recursos provenientes de las devoluciones hechas por entidades autónomas y de la administración pública federal, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las mexicanas y los mexicanos estamos enfrentando la crisis económica más severa de los últimos 20 años debido a la corrupción imperante en las dependencias federales y Pemex, los excesos de la clase política privilegiada y las llamadas reformas hacendarias –que en realidad son medidas impuestas de forma arbitraria, inequitativas y desproporcionales, violentando lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución– así como a la falta de inversión en áreas estratégicas como es el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, actividades que deben ser el pilar fundamental para el desarrollo económico de las naciones, de otra manera, estaremos condenados a ser un país de mano de obra barata.

La falta de interés del titular del Ejecutivo de invertir en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación se vio reflejado desde septiembre del año pasado, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, entregó el llamado “paquete económico” a la Cámara de Diputados, dentro del cual por supuesto estaba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Al inicio de este gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció como uno de sus proyectos más ambiciosos que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crecería anualmente hasta alcanzar un nivel de 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en un plazo de tres años, sin embargo mintió, porque este objetivo no se ha logrado, como también engañó cuando dijo que no subiría los precios de la gasolina y los de la luz y el gas bajarían. Todo lo contrario, entre las decisiones de su administración fue recortar 23 por ciento a estos rubros.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, se aprobó un poco más de 21 mil millones de pesos para el rubro de ciencia, tecnología e innovación, un presupuesto menor en 23.3 por ciento (7 mil 100 millones de pesos) con respecto de la cifra del ejercicio anterior.

En este sentido, y atendiendo al análisis del biólogo Omar Suárez García:

“El presupuesto alcanzará para mantener programas como el Sistema Nacional de Investigadores; el de Cátedras Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), y el Programa de Becas para Estudiantes de Posgrado. Otros programas como el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (Fomix); el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) resentirán el recorte presupuestal. En los hechos, habrá recursos para pagar a investigadores y estudiantes, pero no habrá dinero para financiar sus proyectos de trabajo, por lo que se reducirá bastante su margen de acción. Otro aspecto negativo será el hecho de que se dejarán de crear plazas de profesores e investigadores, en un país con una matrícula creciente de estudiantes de nivel medio superior y superior que requieren recursos humanos para su formación.”1

Debo señalar también que durante la votación del Presupuesto de Egresos, solicité que se disminuyera 10 por ciento del presupuesto etiquetado en el rubro de Prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos, y destinar ese dinero para apoyar al Programa de Infraestructura de Ciencia y Tecnología, que depende directamente del Conacyt, propuesta que no fue avalada por la mayoría de los legisladores del partido de siempre, por lo que este programa tuvo un recorte de 75 por ciento, es decir, en 2016, se destinaron mil 200 millones, y para el ejercicio fiscal de 2017, sólo se le asignaron 300 millones de pesos.

Ante el aumento de 20 por ciento en la gasolina, que entró en vigor este mes, el cual desató protestas en todo el país, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se recortaron 190 mil millones de pesos del gasto del propio gobierno.

El pasado 11 de enero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron cinco medidas de austeridad para eficientar el destino del gasto público, destacando la suspensión de la construcción de su nuevo edifico sede en Viaducto Tlalpan. Es decir, el INE regresará mil 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Cámara de Diputados los reasigne al rubro que decidan los legisladores, es decir, entre ambas entidades se tiene un ahorro de 191 mil 70 millones de pesos.

Convencida de que las medidas de austeridad son las acciones mínimas que debe tomar el gobierno, no en pro de un acuerdo para el desarrollo de económico de México, sino como una respuesta a las demandas que los ciudadanos están exigiendo a través de marchas pacíficas y protestas en las redes sociales ante los abusos y excesos de gastos de una clase política privilegiada y aclarando, que los diputados de Movimiento Ciudadano así como los alcaldes pertenecientes a este partido, estamos haciendo uso de los recursos legales correspondientes para darle “reversa al llamado gasolinazo” con la disminución de 37 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y no afectar la economía de los mexicanos.

Apelo a la sensibilidad de las legisladoras y legisladores, y hago un llamado para que el dinero “ahorrado como medidas de austeridad” sea destinado para cubrir el déficit presupuestal en ciencia, tecnología e innovación: repito, un país que no invierte en estos rubros, está condenado al fracaso; la decisión del gobierno federal de aumentar el precio de la gasolina ha afectado la economía y los ánimos del pueblo mexicano; pero este gobierno, a pesar de los errores cometidos, todavía puede redireccionar el gasto público y utilizar el dinero de los mexicanos y las mexicanas en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país, por lo que solicito a esta Comisión Permanente votar a favor de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al doctor José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público y al diputado Alfredo del Mazo Maza, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias para destinar recursos provenientes de las devoluciones hechas por entidades autónomas y de la administración pública federal, como resultado de sus acciones de austeridad, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Nota

1 Suarez García Omar, Recorte a ciencia y tecnología: Retroceso Histórico, Contralínea , 11 de diciembre de 2016. Disponible en:

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/ 2016/12/11/recorte-a-ciencia-y-tecnologia-retroceso-historico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y la Ssa a implantar con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes políticas públicas de atención de madres adolescentes, suscrita la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México adoptó en el año 2000, una agenda multilateral denominada “Objetivos del Milenio”, en la cual se comprende como una de las metas la reducción progresiva der índice de mortalidad infantil, lo cual debe considerarse como un logro sostenido de nuestro país en los últimos 16 años, para evidenciar el avance que se ha observado basta comparar las siguientes cifras: en 1980 se tenía una tasa de 52 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos en menores de un año y 40.51 en menores de 5 años, en 1990 se ubicaron en 32.5 y 27 respectivamente, hacia el año 2000, fecha en que se firmaron los objetivos del milenio se observaron indicadores en 20 y 16 respectivamente, finalmente en 2015, se tienen indicadores de 12.42 y 133 de acuerdo a estimaciones preliminares del Inegi.

Para ejemplificar dicho progreso se presenta el siguiente gráfico:

Estos datos, colocan a México, en el sitio 120 a nivel mundial, pero en el último sitio entre los países que integran la OCDE, lo cual debe traducirse en una mayor puntualidad para identificar y generar mejores políticas para reducir estas cifras.

De acuerdo con el investigador del Colegio de México Eduardo Cordero (Cordero, 1968) son diversos los factores que originan la mortalidad infantil en el primer año de vida, entre los cuales el autor cita, la nutrición, las condiciones de la vivienda, los ingresos, la existencia y el uso adecuado de los servicios médicos. Es común que estos factores se agrupen en dos conjuntos, el primero denominado endógenos, es decir la falta de viabilidad intrínseca para sobrevivir que proceden de la constitución del recién nacido, sujeta a malformaciones eventuales y a las condiciones que se desarrollan tanto en el embarazo como en el parto y los factores exógenos, abarcan todos aquellos de procedencia extrínseca como las infecciones, las intoxicaciones alimenticias y los accidentes.

De acuerdo con un estudio publicado en 2012 por el Hospital Infantil de México, a través de los investigadores Sonia Fernández, et. al., se identifican los siguientes datos relevantes, por sexo el 56% correspondió a varones y el 44% a mujeres. La muerte neonatal es decir menores de 28 días represento el 63% y el 37% a mortalidad postneonatal, es decir, de 18 días a un año de nacidos. Lo cual hace evidente que son las causas endógenas las atribuibles a la mayoría de los decesos, asimismo se explica que las condiciones exógenas, continúan a la baja. (Fernández & Gutiérrez, 2012), este mismo estudio revela como las principales causas las siguientes:

En efecto se puede hablar de una reducción importante en este indicador, sin embargo, uno de los datos preocupantes y sobre el cual la proposición puntualiza es el desigual comportamiento regional del indicador en comento. Es decir, hay estados donde aún la prevalencia de mortalidad infantil en el estrato de edad de 0 a 1 año es alta, de acuerdo al estudio titulado “La mortalidad infantil en México, 2010” de los investigadores Alejandro Aguirre y Fortino Vela-Peón, muestra que el en 2010 el estado de Guerrero aún mantenía un promedio de 22.8 defunciones por cada mil nacimientos vivos, otros estados como Puebla, Chiapas o Campeche mantenían el indicador por encima de 20 fallecidos por cada mil nacimientos vivos (Aguirre & Vila-Peon, 2010).

De acuerdo al informe presentado por el Estado, a fin de Informar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en 2015, los estados mencionados reportaron los siguientes datos en los indicadores: menores de 5 años y mortalidad infantil: Campeche 16.8 y 13.7, Chiapas 19.2 y 13.7; Guerrero 19.4 y 14.7; y Puebla 18.6 y 15.6, con datos reportados al año 2013, situando la meta nacional en 13.7 y 10.8 respectivamente.

Hay dos factores íntimamente relacionados con la prevalencia alta de este indicador en los estados mencionados, el primero la incidencia de embarazos adolescentes y el segundo la pobreza en dichos estados, de acuerdo al Anexo Estadístico de la Pobreza de Coneval, el porcentaje de personas en pobreza en los estados señalados, es la siguiente: Chiapas 76%, Campeche 50%, Guerrero 67%, y Puebla 61%, señalando que México tiene el porcentaje más alto de embarazo adolescente.

Estos dos factores no generan una resiliencia capaz de reducir las cifras a un dígito, que es la expectativa deseable de la OCDE, por lo que la proposición con punto de acuerdo se manifiesta en puntualizar sobre estos dos factores relacionados con la mortalidad infantil.

De acuerdo con el estudio “Hijo de madre adolescente: riesgos, morbilidad y mortalidad neonatal” de los investigadores Luis Alfonso Mendoza y Martha Arias, et. al., se observa que:

El embarazo en la adolescencia es inevitable verlo con un matiz catastrófico, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, donde el medio proporciona factores como bajo nivel cultural, hacinamiento, falta de programas gubernamentales de apoyo específico a la madre adolescente, etcétera, que actuarán potenciando los efectos adversos que el embarazo traerá a la adolescente (parto prematuro, pre eclampsia, desprendimiento placentario, anemia, mayor número de abortos y cesáreas), así como a las condiciones propias del adolescente (inestabilidad emocional, dependencia económica, inexperiencia, uso de alcohol y otras drogas).

De las repercusiones en el recién nacido, todos los reportes internacionales coinciden en que los problemas comienzan en el útero: desnutrición, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, que junto a la prematuridad, serán las condiciones determinantes en la mayor morbilidad y mortalidad de estos en relación a la población en general. (Mendoza & Arias, 2011)

Aproximadamente el 51% de los embarazos en adolescentes terminan con nacimientos vivos, el 35% en .aborto inducido y el 14% en aborto involuntario o nacimiento de feto muerto (7, 11, 12). Por otro lado, los hijos de madres adolescentes tienen un riesgo aumentado de complicaciones médicas, riesgo que es mayor en las adolescentes más jóvenes. Estos hallazgos concuerdan con los nuestros, donde encontramos que las madres adolescentes menores de 15 años tuvieron hijos con más complicaciones, como mayor prematuridad, infecciones bacterianas, si lis congénita, paladar fisurado y mayor mortalidad. (Mendoza & Arias, 2011)

De acuerdo al siguiente artículo, el empoderamiento de las mujeres y un plan de atención especializado en embarazos adolescentes puede ser clave para un cambio en la tendencia de los mismos, reduciendo los riesgos inherentes de mortalidad infantil y materna:

Según el informe dado a conocer por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi la mitad de los países han adoptado nuevas medidas para evaluar las necesidades de los adolescentes en esta materia, como se los exhortó en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y posteriormente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en la Asamblea de las Naciones Unidas en la que se fijaron las Metas del Milenio, han enfatizado en la necesidad de realizar estrategias por parte de los organismos de cooperación internacional con el fin de reducir la pobreza y potenciar el desarrollo integral de las mujeres. Uno de los elementos priorizados por todas estas conferencias es la necesidad mundial de reducir el embarazo adolescente, lo que, de lograrse, conduciría a beneficios sociales muy importantes.

La mortalidad infantil en madres adolescentes es una de las más altas (25 por mil nacidos vivos), sólo la supera la mortalidad infantil en hijos de madres mayores de 40 años. Cerca del 40% de las adolescentes embarazadas presenta bajo peso durante la gestación, lo que conlleva a que sus hijos también puedan tener bajo peso al nacer. El embarazo en adolescentes está asociado con un riesgo adicional de 20-200% de mortalidad materna, además de mayores probabilidades de prematuridad, bajo peso al nacer y otras complicaciones. En términos de las consecuencias fisiológicas, el embarazo temprano presenta un riesgo intrínseco para la salud de la mujer, pero sólo cuando éste se produce antes de los 16 años. A partir de esta edad, tanto en lo que respecta a la mortalidad infantil como materna los riesgos no son particularmente más elevados en ese grupo que en las demás edades (Rodríguez, 2008).

En consecuencia, la proposición con punto de acuerdo se pronuncia, por realizar un exhorto a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, para que en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, diseñen y ejecuten un Programa Especial de Atención a Embarazos Adolescentes, que considere como ejes fundamentales:

1. Asegurar la salud en todo el proceso del embarazo.

2. Brindar atención médica y psicológica a la madre adolescente sobre los riesgos y consecuencias del embarazo prematuro.

3. Aumentar las campañas de toma de conciencia sobre la salud reproductiva entre las y los adolescentes de México.

4. Procurar el ingreso de madres adolescentes a los programas sociales enfocados a la reducción de la pobreza.

5. Prevenir la violencia obstétrica y cualquier otra forma de discriminación contra las madres adolescentes durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El cual tendrá un efecto positivo en la reducción de la mortalidad infantil, aún presente en la sociedad mexicana.

De acuerdo con los artículos mencionados en el proemio, es que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar políticas públicas de atención a madres adolescentes, que considere entre sus objetivos los siguientes:

i. Asegurar la salud en todo el proceso del embarazo.

ii. Brindar atención médica y psicológica a la madre adolescente sobre los riesgos y consecuencias del embarazo prematuro.

iii. Aumentar las campañas de toma de conciencia sobre la salud reproductiva entre las y los adolescentes de México.

iv. Procurar el ingreso de madres adolescentes a los programas sociales enfocados a la reducción de la pobreza.

v. Prevenir la violencia obstétrica y cualquier otra forma de discriminación contra las madres adolescentes durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Notas

1 Cifras disponibles en:
http://www.gaceta.unam.mx/20150504/bajo-la-mortalidad-infantil-en-mexico/

2 Cifras disponibles en:
http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/ll54-permanente-fragilidad-de-Ia-ninez

3 Cifras disponibles en: http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-reduce-mortalidad-infan/

Bibliografía

Cordero, E. (1968). La subestimación de la mortalidad infantil en México. Demografía y Economía, 2(1), 45-62.

Aguirre, A., & Vila-Peon, F. (Julio de 2010). La Mortalidad Infantil en México 2010. Papeles de Población, 18(73), 1-15.

Fernández, S., & Gutiérrez, G. (2012). Principales causas de mortalidad infantil en México: tendencias recientes. Boletín del Hospital Infantil de México, 2(69), 144-148.

Mendoza, L., & Arias, M. (2011). Hijo de madre adolescente: riesgos, morbilidad, mortalidad infantil. Revista Chilena de Gineco Obstetricia, 5(77), 375-382.

Rodríguez, M. (Enero de 2008). Factores de riesgo para el embarazo adolescentes. Medicina UPB, 1(27).

Sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a intensificar la difusión de información para prevenir riesgos de contagio por el virus del zika y a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus Secretarías de Salud con la del gobierno federal, suscrita por la diputada María Elena Orales López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar la difusión de información sobre la prevención de riesgos de contagio por el virus del Zika, así como a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus secretarías de salud con la Secretaría de Salud del gobierno de la República, con base en las siguientes

Consideraciones

El virus de Zika se ha asociado a las zonas ecuatoriales de África y Asia, hoy representa uno de los retos para los sistemas de salud de América Latina. Muestra de ello fueron las decenas de casos que se presentaron en nuestro país durante 2016 y los casos en Brasil del síndrome de Guillain-Barré en recién nacidos (microcefalia).

La transmisión de esta enfermedad se genera a través del mosquito del género Aedes aegypti , incubado de manera natural en los charcos y agua estancada.

El problema de salud pública que representa este mosquito salió de las áreas tradicionales en 2007, cuando el virus se presentó con el primer brote documentado en las islas del Pacífico, en los Estados Federados de Micronesia. Asimismo, entre 2013 y 2014, otras cuatro naciones insulares del Pacífico han documentado grandes brotes por este virus y en 2015 se detectó el virus por primera vez en América.

En este contexto, se prevé que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño de este año conlleven un gran aumento de las poblaciones de mosquitos en muchas zonas, debido a la presencia de lluvias e inundaciones.

Consecuentemente, ante eventos meteorológicos como los que en fechas recientes acaecieron en entidades como Tabasco y Chiapas, generando inundaciones y encharcamientos, está en nuestra preocupación coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades a prevenir la aparición de brotes de esta enfermedad.

El gobierno dispone de fondos para lanzar una campaña de fumigación contra el vector, sin embargo, esta medida sería insuficiente si la población no elimina los focos donde se crían los zancudos del tipo aedes aegypti . En este sentido es importante que las autoridades locales redoblen esfuerzos para conjuntar y coordinar sus acciones de difusión de información con las de la Secretaría de Salud del gobierno federal para aprovechar el esfuerzo de la federación y aumentar el alcance de la prevención a través de la información.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar la difusión de información sobre la prevención de riesgos de contagio por el virus del Zika, así como a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus secretarías de salud con la Secretaría de Salud del gobierno de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred y las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar e incrementar en el marco de sus atribuciones las campañas de toma de conciencia sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación motivada por razones de género, obesidad y color de piel, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los ejes rectores del Estado mexicano es el reconocimiento, la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, rubro en el que si bien se han alcanzado importantes logros, también prevalecen retos.

Sobre el particular, el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución federal señala que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia ley fundamental establezca.

En el párrafo final del precepto constitucional en comento también se dispone de manera expresa la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En contravención de lo anterior, es incuestionable que actualmente subsisten conductas, en prácticamente todos los ámbitos, que tienden a vulnerar el pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que repercute en el óptimo desarrollo individual y colectivo de la sociedad, la sana convivencia y el acceso a igualdad de oportunidades para la población, situación que nos constriñe en la obligación de impulsar acciones desde el Congreso de la Unión.

Para ponderar la magnitud de los desafíos que persisten, es oportuno referir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 12 de diciembre de 2016 a través del estudio sobre los principales resultados de la Encuesta de igualdad y no discriminación por razón de género, 2015,1 destacó que se han registrado incrementos en los casos de discriminación por cuestiones de género, sobrepeso y obesidad, y color de piel.

El efecto del contexto en que nos encontramos queda de manifiesto en que según el estudio aludido, 40.5 por ciento de las personas encuestadas considera que hay discriminación por ser mujer, mientras que un porcentaje menor (14.3 por ciento) señala que hay discriminación por ser hombre, cifras que permiten advertir una situación ante la cual no podemos ni debemos ser indiferentes.

Los resultados indican que la población mexicana advierte una mayor desigualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos laboral, social y político, con una percepción de 20.8, 18 y 16.5 por ciento, respectivamente. Un caso que llama la atención es el relativo a la discriminación en el mercado laboral, donde 32.1 por ciento de los entrevistados estimó que los hombres reciben salarios más altos y sólo 13 por ciento expresa que las mujeres son quienes reciben mejores salarios.

Además de su gravedad intrínseca, lo anterior se contrapone a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución federal, precepto que dice que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, igualdad que comprende todos los aspectos. Al efecto, un aspecto a considerar, es que 31.2 por ciento de las personas entrevistadas desconocen que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un derecho reconocido en la ley fundamental.

El artículo 1o. de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben contribuir a “garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo”.2

Las cifras en comento son de la mayor gravedad e incompatibilidad con todo régimen que se asuma como democrático y, otra cuestión que resulta de la mayor preocupación es que se han registrado incrementos en la discriminación motivada por cuestiones de sobrepeso y obesidad y, de color de piel.

Respecto a los casos de discriminación por sobrepeso y obesidad, el estudio indica que mientras hace 8 años la percepción de actos discriminatorios por aspecto físico era de 18.7 por ciento, en 2015 la cifra pasó a 26.8. Este tipo de conductas no tienen paliativo alguno, sobre todo, si tenemos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad poseen repercusiones que vulneran la salud y en escenarios extremos, derivan en decesos.

Lo anterior se torna aún más grave si tenemos en cuenta que en México, entre 2012 y 2016, el sobrepeso y la obesidad presentaron un incremento de 34.9 a 36.3 por ciento entre adolescentes de 12 a 19 años de edad; mientras, en el caso de las personas de más de 20 años de edad, la cifra pasó de 71.2 a 72.5.3

Con relación al aumento de casos por discriminación a causa del color de piel, la misma Encuesta de igualdad y no discriminación por razón de género, 2015, muestra que la percepción pasó de 9.3 a 16.6 por ciento, lo cual forma parte de una tendencia que se ha observado de manera permanente durante las últimas décadas en nuestro país a través de conductas constitutivas de racismo.

Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México,4 5 de cada 10 consultados afirmaron que a las personas se les insulta por su color de piel; una de cada cuatro no está dispuesta a que en su hogar vivan personas de otras razas; y cuatro de cada diez opinan que a la gente se le trata de forma distinta por su tono de piel. Aunado a lo anterior, 1 de cada 10 justifica que se insulte a alguien en la calle por su color de piel; y 3 de cada 10 piensan que no se respetan nada los derechos de las personas de otra raza.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalezcan sus acciones encaminadas a combatir y erradicar la discriminación motivada por cuestiones de género, obesidad y color de piel.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar e incrementar en el marco de sus respectivas atribuciones sus campañas de toma de conciencia sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación motivada por razones de género, obesidad y color de piel.

Notas

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_320.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

3 http://www.animalpolitico.com/2016/12/sobrepeso-obesidad-adolescentes-adultos/

4 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer públicas las consideraciones presentadas por Pemex Refinación a la ASF para atender las observaciones que ésta le emitió como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según la revisión Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En palabras más o palabras menos, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza como combustible principalmente en motores de combustión interna, así como en muchos otros usos y aplicaciones.

Según el Plan de Negocios 2017-2021 de Petróleos Mexicanos (Pemex)1 , señala que “el mercado mexicano representa el sexto consumidor de gasolinas, el noveno en gas natural y el tercer consumidor de gas licuado del petróleo”.

No obstante, según nota informativa del diario El Economista , fechada el 20 de septiembre de 20162 , se señalaba que “México se ubicaba como el segundo importador de gasolina a nivel mundial, sólo superado por Estados Unidos, y remarcaba que se preveía que las importaciones mexicanas siguieran creciendo por la limitada capacidad de refinación interna que por la apertura comercial de ese energético”.

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación en su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 realizó una auditoría financiera y de cumplimiento a Pemex-Refinación (PREF) cuyo título fue Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319)3 en la cual informó que el 20 de febrero de 1992, Petróleos Mexicanos celebró el “Contrato de compraventa de productos petrolíferos” con P.M.I. Trading, Limited (P.M.I. Trading), con objeto de importar gasolinas, entre otros productos y que a partir de esa fecha ha celebrado 22 convenios modificatorios, de los cuales se encuentran vigentes los formalizados el 29 de diciembre de 2005 y el 12 de noviembre de 2012.

Los resultados de la revisión en comento se centraron en diversas omisiones por parte de Pemex Refinación mismas que enlisto:

a) Con la revisión del cumplimiento de las cláusulas del contrato y los convenios modificatorios referidos, se constató que PREF no incluyó en el convenio modificatorio del 12 de noviembre de 2012, las garantías de cumplimiento del contrato, penalizaciones por incumplimientos de la entrega del producto por parte del vendedor, indicadores de cumplimiento de las obligaciones contractuales; una cláusula que determine la responsabilidad por actos de corrupción, ni para la rescisión administrativa por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como se señala en el artículo 57 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de enero de 2010, bajo el argumento que la Gerencia Jurídica de Consultoría y Prevención de Pemex determinó ubicar a P.M.I. Trading como empresa filial de Petróleos Mexicanos siendo ésta la única empresa con la que PREF puede efectuar operaciones de importación de petrolíferos, y por tanto, de llegar a una rescisión del contrato se estaría eventualmente imposibilitado de completar la demanda de abasto de combustibles en el país.

b) Asimismo, se detectó que existen condiciones de desventaja para PREF en los convenios modificatorios vigentes , como las inspecciones de calidad y cantidad para la carga y descarga de las gasolinas, son certificadas por un inspector independiente que designa y paga P.M.I. Trading, con lo que pierde imparcialidad en la medición de la calidad y cantidad a la descarga del producto; en la cláusula quinta del convenio modificatorio del 29 de diciembre de 2005, se indica que PREF “...hará su mejor esfuerzo para aceptar el producto...”, aunque las gasolinas no cumplan con la especificación de la fórmula de transferencia; así como la falta de justificación para la determinación de 120 días naturales como término para presentar los reclamos por concepto de demoras. De lo anterior, se detectaron pruebas de calidad no aplicadas, descargas de gasolinas sin reportes de inspección o diferencias en los resultados reportados de las pruebas de laboratorio; asimismo, se detectó que PREF recibió gasolinas que no cumplieron con la calidad solicitada, ya que realizó el cálculo por el ajuste en las fórmulas de transferencia para determinar el precio de las gasolinas que no cumplió con la calidad solicitada; y se determinó que el promedio para presentar el reclamo de las demoras fue de 59 días.

Ese informe de auditoría determinó que las afectaciones económicas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 fueron las siguientes:

a) Por demoras según el análisis del documento denominado Facturas Pendientes de Pago de PR a PMI , ascendió a 1,403,785.5 miles de pesos, observando en adición que el probable pago de las demoras a P.M.I. Trading no garantiza que se erradique la problemática, porque el pasivo se sigue incrementado en dólares, lo que representa un impacto económico en las finanzas de la entidad fiscalizada, toda vez que dichas cantidades deben actualizarse al tipo de cambio de la fecha de pago.

b) De los 312 reportes de inspección seleccionados, en 129 por 19,524,639.8 miles de pesos, se constató que PREF no contó con los reportes de inspección, por lo que no acreditó que se hayan realizado las pruebas de calidad y cantidad establecidas en el Convenio Modificatorio del 12 de noviembre de 2012, del Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos del 20 de febrero de 1992, ya que no nominó a un inspector independiente para realizar una inspección de calidad de las gasolinas recibidas, por lo que no se garantizó que el producto distribuido en el país cumplió con los estándares requeridos conforme al Convenio Modificatorio al 12 de noviembre de 2012, inciso 2 Modificar la Cláusula Quinta del Contrato “Determinación de la Calidad y Cantidad de los Productos: Inspectores Independientes”.

Finalmente, como resultado de esa revisión la ASF emitió a la entidad fiscalizada observaciones para su atención, siendo estas siete recomendaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

No obstante, los resultados alarmantes de esta revisión que practicó la ASF es más preocupante que la ciudadanía no pueda conocer los términos en que la entidad fiscalizada dio atención a las observaciones que determinó al ente fiscalizado, ya que según el Sistema Público de la ASF denominado “Consulta de Auditorías” ubicado en la dirección electrónica http://www.asfdatos.gob.mx/, Pemex Refinación dio atención a dichas observaciones sin que se conozca cuándo se le dio atención ni los términos de esas solventaciones.

En otras palabras, los mexicanos no podemos conocer qué tipo de acciones se emprendieron para corregir lo observado en la importación de gasolinas ni mucho menos conocer los argumentos que se vertieron para evitar ser sancionados los servidores públicos involucrados en la operación de importación de gasolina de Pemex Refinación según esa revisión de auditoría.

Por ello, considero necesario que Pemex Refinación haga públicas las consideraciones que presentó a la Auditoría Superior de la Federación para atender las observaciones que le emitió como resultado de la revisión denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319) y a su vez, la ASF de máxima publicidad a las consideraciones que el ente fiscalizado le presentó y que derivado de su análisis, ese máximo órgano fiscalizador en México determinó que atendían lo observado y permitió así liberar de toda responsabilidad a los servidores públicos de Pemex Refinación.

Considero que esas resoluciones que hoy no se conocen deben ser públicas y a su vez, insumos que permitan a los diputados federales de esta LXIII Legislatura identificar aspectos legislativos que deban ser atendidos a fin de que se garantice normativamente hablando las condiciones para desempeñar la gestión gubernamental de la importación de gasolina en México con efectividad y eficiencia.

A modo de conclusión, Pemex Refinación y la Auditoría Superior de la Federación deben dar máxima publicidad a las acciones y determinaciones que se formularon y las conclusiones que se decretaron a fin de determinar que esa entidad gubernamental dio cumplimiento al contrato y convenio modificatorio para la importación de gasolina en nuestro país en el ejercicio 2014.

Hoy la rendición de cuentas es un acto imprescindible en la relación entre la ciudadanía y autoridades y como lo he expresado tanto Pemex Refinación y la Auditoría Superior de la Federación nos han quedado a deber.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a que haga públicas las consideraciones que presentó Pemex Refinación a la Auditoría Superior de la Federación para atender las observaciones que ese órgano de fiscalización superior le emitió como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según la revisión denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, así como las medidas que haya implementado para evitar la recurrencia de lo observado en la importación de gasolina en los ejercicios 2015 y 2016 y las que haya definido para 2017, a fin de que con ello se dé cumplimiento a las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación a que haga público el análisis y las resoluciones que determinó ante las consideraciones que presentó Pemex Refinación para atender las observaciones que emitió como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según los resultados de la auditoría denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, a fin de dar cumplimiento a las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad mexicana y que los mismos sean considerados insumos que permitan a los diputados de la LXIII Legislatura identificar aspectos legislativos que deban ser atendidos a fin de garantizar, normativamente hablando, las condiciones para desempeñar la gestión gubernamental de importación de gasolina con efectividad y eficiencia.

Notas

1 Plan de Negocios 2017-2021 de PEMEX, disponible en http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx _2017-2021.pdf, consultado el 04 de enero de 2017.

2 México, el segundo que más gasta en importar gasolinas, disponible en http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/20/mexico-segundo-que-mas -gasta-importar-gasolinas, consultado el 04 de enero de 2017.

3 Auditoría financiera y de cumplimiento a Pemex-Refinación (PREF) denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319), disponible en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0319_a.pdf, consultada el 04 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a fortalecer con la SRE las acciones, estrategias y campañas de difusión e información, a escalas nacional e internacional, para promover en el extranjero los atractivos culturales e históricos del país, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país es un lugar privilegiado debido a que tiene diversos sitios turísticos, destacando las construcciones coloniales, playas y reservas naturales, los cuales son reconocidos mundialmente por su amplia gastronomía, música, danza, flora y fauna.

El turismo es un sector que también impulsa el crecimiento económico de las regiones, el desarrollo de los pueblos y prosperidad de las familias. Ante este escenario, es importante que las instituciones del Estado mexicano promuevan esta actividad en el mundo, a efecto de fomentar el empleo, la inversión y el esparcimiento de las personas en los destinos turísticos de México.

Para dimensionar el efecto de esta actividad, baste decir que recibimos en 2015 a 32.1 millones de turistas internacionales, 37.4 por ciento más que en 2012, cuando llegaron 24.3 millones; es decir, se dio un incremento de 2.6, dato que representa el mayor porcentaje del mundo durante este lapso.1

De acuerdo con cifras oficiales del Banco de México, 18.3 millones fueron turistas de internación y 13.7 de turistas fronterizos. Además, 48.9 millones de excursionistas fronterizos y 6.1 millones excursionistas en crucero.2

El turismo en México también genera más de 7 millones de empleos, por si esto no fuera suficiente, juega un papel fundamental en la economía mexicana, ya que representa 8.5 por ciento del producto interno bruto, siendo 88 por ciento turismo nacional.

Lugares como Cancún, con casi 5 millones de turistas; la Ciudad de México, con 2.5 millones; Puerto Vallarta, con 857 mil visitantes; Guadalajara, con 570 mil; y Los Cabos, con 40 mil 248, fueron los más visitados durante el año pasado.

Los pueblos mágicos son otra opción para conocer un conjunto de poblaciones que destacan por su arquitectura, su historia o las leyendas que ahí se cuentan. Estos lugares contribuyen a revalorar las tradiciones y costumbres que como mexicanos tenemos, entre ellos están los siguientes: Mazunte, Huautla de Jiménez, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca; Aculco, México; Palenque, Chiapas; Mascota, Jalisco; e Isla Mujeres, Quintana Roo.

De acuerdo con el estudio La importancia del turismo 2016, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, los cruceros también presentaron un crecimiento de 6.1 por ciento, siendo Cozumel, Ensenada y Mahahual, los más visitados.

El Estudio de la política turística de México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, refiere que en 2015 se generaron más de 15 mil millones de pesos por la derrama económica en el sector turismo. En dicho análisis se enfatiza la importancia de apoyar el comercio local y las pequeñas empresas, así como de realizar inversiones en telecomunicaciones, seguridad y comunicaciones carreteras y aéreas.

Los beneficios de esta actividad se traducen en la generación de empleos y en inversiones, y la ampliación de la infraestructura carretera, aeroportuaria, hotelera y de telecomunicaciones.

Con las acciones hasta ahora emprendidas, como Viajemos Todos por México y Mejora Tu Hotel, el país se encuentra en los primeros lugares con relación a los destinos turísticos a escala mundial. Muestra de ello es que el turismo ha crecido en 8.9 por ciento.3

Se prevé que la tendencia se mantendrá durante este año, ya que se espera un incremento de 1.3 por ciento de turistas y una derrama económica 7.4 por ciento.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estimamos determinante fortalecer la promoción del país. Para ello solicitamos respetuosamente que la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalezca sus acciones, estrategias y campañas de difusión e información para posicionar a los principales destinos como atractivos para el turismo nacional e internacional.

La nación cuenta con todo tipo de ecosistemas y ofrece una amplia gama de ofertas turísticas, desde las relacionadas con zonas arqueológicas, bosques o montañas hasta playas, cascadas o reservas naturales. Ahí radica la pertinencia del presente punto de acuerdo.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fortalecer en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores las acciones, estrategias y campañas de difusión e información a escalas nacional e internacional para promover en el extranjero los atractivos culturales e históricos del país.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/13/pena- nieto-presenta-estudio-de-la-politica-de-turismo

2 https://mexico.quadratin.com.mx/ven-oportunidad-turismo-mexico-economia -emergente/

3 http://nssoaxaca.com/2016/12/14/crece-8-9-el-turismo-en-mexico/

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al programa Prevención y Control de VIH, Sida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 señala que “el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”, situación que provoca que el sistema inmunitario no cumpla su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”.

La OMS, en el documento denominado Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-20212 identifica riesgos en la atención y prevención de esta epidemia:

a) Disparidad respecto al acceso al tratamiento y a la atención en población clave

b) Las violaciones de los derechos humanos y la estigmatización y discriminación generalizadas siguen dificultando el acceso a servicios críticos para las poblaciones clave.

c) Una respuesta al VIH que dependa únicamente de las intervenciones, planteamientos y alcance actuales es una invitación al fracaso; las nuevas infecciones aumentarán, el número de personas con VIH seguirá aumentando, la necesidad de tratamiento crónico y sus costos aumentarán indefinidamente, y la epidemia dejará atrás la respuesta.

d) Con una mejor utilización de los datos sería posible dirigir mejor las respuestas nacionales al VIH en función de la situación epidemiológica de cada país.

En México, según el Programa Sectorial de Salud 2013-2018,3 se estableció la estrategia 1.4 Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones, derivándose líneas de acción para atender la epidemia del VIH, destacando las siguientes:

a) 1.5.4. Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

b) 1.5.5. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras ITS.

c) 1.5.6. Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, sida e ITS, con énfasis en poblaciones clave.

d) 1.5.8. Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la transmisión vertical del VIH.

De su análisis, sólo se aprecian propuestas enunciativas que se suscriben en favor de ofrecer servicios a la población considerada clave y acciones enfocadas, sin destacar acciones en aquellos estados de mayor incidencia, ni enfocarse en la prevención.

Es importante destacar, que la Estrategia y líneas de acción antes citadas sólo atienden una de las cuatro orientaciones estratégicas contenidas en la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021 de la OMS; es decir, México sólo cumple con la orientación enfocada a la obtención de impacto y equidad: poblaciones y lugares, y deja al descubierto las 3 restantes relativas a los servicios e intervenciones esenciales de calidad , la innovación como forma para acelera la atención, y el financiamiento para la sostenibilidad de la atención sanitaria.

Lo anterior, denota que nuestro país sólo busca el ejercicio de presupuesto del Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS4 para atender o mejor dicho reaccionar ante esta epidemia y las Infecciones de Transmisión Sexual, sin que se posible conocer su desagregación a fin de distinguir la cobertura para cada caso y dejando entrever que se deja a un lado la prioridad en la calidad de la atención del VIH/sida y la innovación en cuanto a la atención del tema dando preferencia a las medidas de previsión, lo que impide las acciones tomadas hasta hoy arrojen mayor cobertura y mejor ejercicio del recurso público.

Muestra de ello es que en el 2016, solo fueron asignados 420.7 millones de pesos al Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS, cifra que hubiera permitido asignar 3,138.14 pesos para cada uno de los 134,070 mexicanos vivos que eran considerados casos notificados de VIH y de sida según el estado de evolución registrado de conformidad con lo reportado en el Resumen de la Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos de Sida al 3er Trimestre de 20165 del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida.

En otras palabras, no existe información pública que permitan conocer el recurso presupuestado para la atención de la población con Infecciones de Transmisión Sexual y deja aún lado las acciones de innovación para la prevención del VIH/sida y ITS.

Sobre la evolución presupuestal de esos recursos, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2016,6 refleja que a Septiembre de ese año se habían ejercido 172.5 millones de pesos, lo que es igual al 41.0%, reflejando la falta de compromiso de este Gobierno Federal para consolidar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de estas enfermedades en nuestro país y demostrándonos lo lejos que esta de cumplimentar las cuatro orientaciones estratégicas según la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021 de la OMS.

En ese sentido, se puede concluir que no existen elementos suficientes para poder determinar si los ciudadanos mexicanos diagnosticados con VIH/sida o con Enfermedades de Transmisión Sexual gozan de atención oportuna y de calidad, y si el abasto de medicamentos en las unidades del Sector Salud son suficientes.

Por lo anterior, y a modo de conclusión, nuestro país a pesar de mantener clasificada a la epidemia del VIH/sida como un grave problema de salud pública en México no presta la atención suficiente a esta problemática al no ejercer con eficiencia y oportunidad los recursos que fueron presupuestados para su atención en el 2016, y en consecuencia, deja en incertidumbre el acceso al diagnóstico, tratamiento y cuidados para las personas que viven con VIH.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a que haga públicas las medidas, estrategias, mecanismos de control y acciones de mejora que instrumentará para atender las necesidades de planeación y ejercicio del recurso presupuestal del Programa Prevención y Control de VIH, Sida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a fin de que incidan en la adecuada operación de las unidades médicas y en los servicios médicos que se otorgan a los pacientes con VIH/sida a nivel nacional y se logre promover la innovación en la atención de esta epidemia.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud – Temas de Salud VIH/Sida, disponible en http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/, consultado el 10 de enero de 2017.

2 Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021, disponible en
http://www.who.int/hiv/draft-hiv-strategy-2016-2021_es.pdf?ua=1, consultado el 10 de enero de 2017.

3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf, consultado el 10 de enero de 2017.

4 Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS, disponible en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, consultado el 10 de enero de 2017.

5 Resumen de la Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos Sida al 3er Trimestre de 2016 emitido por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, disponible en
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_3er_trim_2016_1.pdf, consultado el 10 de enero de 2017.

6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2016, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 10 de enero de 2017.

Oficinas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instruir a la Segob para iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones prevaleciente en el sistema penitenciario local y enviar en un plazo de 15 días un informe integral a esta soberanía, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se presentó, a través de una cadena de televisión nacional, una serie de reportajes denominado “Graduaciones del Infierno” que muestra videos y audios de las extorsiones telefónicas y la venta de drogas al interior Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.1

Por ejemplo, se evidenció que los internos ubicados en el dormitorio 7, hacen llamadas intimidatorias a personas, engañándolos que tienen secuestrado a algún familiar, acto en el que cuentan con la complicidad de los servidores públicos.

Dichos reportajes, aunados a diversos sucesos que se han presentado en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, muestran con claridad que no se cumple con la obligación de readaptar y reinsertar exitosamente a quienes cometieron algún delito.

Ya en de febrero de 2011, el entonces fiscal para la Atención del Delito del Secuestro del Distrito Federal, quien hoy funge como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría de la Ciudad de México, declaraba que el 80 por ciento de las extorsiones procedían de la penitenciaría de Santa Martha, y de los reclusorios preventivos Norte y Oriente.2

“De las 800 averiguaciones previas por el delito de extorsión telefónica, alrededor de 80 por ciento provienen de los penales del Distrito Federal. La mayoría de esas llamadas salen de la penitenciaría de Santa Martha y los reclusorios preventivos Norte y Oriente (...) esas investigaciones se han acumulado en los dos últimos años”, señalaba el funcionario, de acuerdo a los reportes periodísticos de la época.

Las estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México publicadas el mes de enero del año 2016, destacaban que de cada 10 internos que son liberados, cuatro reinciden en la comisión de un delito.3

“Actualmente hay 36 mil 501 internos en los 13 penales de la Ciudad de México, de los cuales 14 mil 158 son reincidentes, lo que representa 38.78 por ciento, de acuerdo con la solicitud pública (0101000164615) requerida mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”.

Los principales delitos de alto impacto por los que un ex interno vuelve a ser aprehendido y procesado, son los que cometieron robo calificado con un total de nueve mil 472; homicidio, con 933; armas de fuego y explosivos, con 894; delitos contra la salud, con 665; y privación ilegal de la libertad, con 654 casos.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente es el que concentra el mayor número de reos reincidentes con 5 mil 24; le sigue el Reclusorio Varonil Norte con 4 mil 672, y en tercer lugar el Reclusorio Varonil Sur con 2 mil 284. La Penitenciaría del Distrito Federal concentra 751 internos reincidentes y el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha 288 mujeres que son reincidentes.

Adicionalmente, de los 36 mil 501 internos que están recluidos en la Ciudad de México, más de 50 por ciento (18 mil 791) están acusados de robo calificado, mientras que el homicidio es el segundo lugar por el que se encuentran privadas de libertad cuatro mil 481 personas, la privación ilegal de la libertad (secuestro) ocupa el tercer lugar por el que están recluidas tres mil 18 internos.

También es importante destacar que en los Centros de Reclusión de la capital del país, existe una sobrepoblación de 12 mil 871 presos, ya que su capacidad total es para 23 mil 947 reos y hasta el 23 de octubre del años 2015 albergaban a 36 mil 818 internos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia por medios informativos nacionales.4

“La Oficina de Transparencia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario dio a conocer que el centro con mayor sobrepoblación es el Reclusorio Oriente, donde la capacidad instalada es de 5 mil 631 internos y su población asciende a 12 mil 793 personas. Asimismo, en el Reclusorio Norte la capacidad instalada es de 5 mil 631 y la población era de 10 mil 511 internos; mientras que en la Penitenciaría del Distrito Federal existe una capacidad instalada de mil 851 internos y hasta el 23 de octubre su población ascendía a 2 mil 918”, se lee en el reporte ya señalado.

A su vez, un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica en 2013, revela que el 82 por ciento de los reos de los penales de la Ciudad de México reportaron que sus familiares pagan por llevarles algunos objetos, al 80 por ciento les cobran por entrar con comida, al 57 por ciento por entrar al penal y al 33 por ciento por tener una visita conyugal.

La corrupción policial también aumentó, ya que en 2002, el 36.9 por ciento de los reclusos reportaron que algún policía les pidió dinero o alguna pertenencia, mientras en 2013 esta proporción aumentó a 46.1 por ciento. De acuerdo con este informe las condiciones de vida de los reos, ha empeorado y la corrupción del sistema penitenciario y de seguridad pública va en aumento, en relación con años anteriores.

Además, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México se presentan, en promedio, dos muertes por semana. Tan solo entre los años 2010 y 2015, se registró el fallecimiento de 667 reos, la principal causa son los asesinatos, los suicidios y las enfermedades.

A nivel país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34 extorsiones, la mayoría mediante llamadas procedentes de diferentes centros penitenciarios.5

En septiembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos para el bloqueo de telefonía celular en los penales, medida establecida en el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mediante estos ordenamientos se buscó limitar las señales de múltiples bandas de frecuencia, y atacar el recurrente problema, así como no afectar a los usuarios que residen cerca o que pasan junto a los reclusorios.

En diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor, el dictamen de una iniciativa que reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como las extorsiones a la población.

De esa manera se estableció la obligación de que las autoridades responsables de los equipos para bloquear este servicio en las cárceles y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, presenten informes semestrales sobre su operación, los cuales deben entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

De acuerdo al artículo 32 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponden a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, las siguientes atribuciones:6

• Organizar la operación y administración de los reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados.

• Normar, coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema de Prevención y de Readaptación Social del Distrito Federal.

• Determinar y coordinar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en los reclusorios y centros de readaptación social.

• Participar en la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas en materia de prevención de la delincuencia.

• Coordinar acciones con las instituciones que, dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar la realización de las tareas de prevención de conductas delictivas.

• Vigilar que todo interno participe en las actividades laborales, educativas y terapéuticas necesarias para su correcta estabilidad psicológica, moral y anímica, así como que se le practiquen con oportunidad estudios que muestren su esfuerzo y la evolución de su tratamiento y que mantenga siempre relaciones cercanas con sus familiares y seres queridos.

• Dictar las normas internas y revisar los procedimientos a fin de evitar los fenómenos de corrupción al interior de los Centros de Readaptación Social.

• Cuidar por la seguridad personal de los procesados, así como vigilar por su correcto equilibrio psicológico, moral y emocional.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es importante que las autoridades competentes investiguen las responsabilidades por acción u omisión en las que pudieron haber incurrido todos los funcionarios del Reclusorio Norte, los funcionarios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaria de Gobierno e incluso el propio jefe del gobierno de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Gobierno a iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones que prevalecen en el Sistema Penitenciario de la ciudad; asimismo, para que envíe un informe integral a esta soberanía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las acciones que restablezcan la gobernabilidad y el cumplimiento de las normas aplicables en la materia en todos los reclusorios de la capital del país, así como los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en su Sistema Penitenciario, a fin de prevenir e inhibir la comisión de conductas ilícitas en su interior.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que a través de las instancias competentes implemente de manera inmediata lo estipulado en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en lo referente al bloqueo de señales de telecomunicaciones en el interior de las instalaciones del sistema penitenciario.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que analice la viabilidad de crear una Comisión Especial para analizar las posibles reformas y mejoras al sistema penitenciario de la capital del país, a fin de lograr la adecuada inserción social de los reclusos y evitar actos de corrupción y conductas delictivas al interior de los penales.

Notas

1 http://www.imagentv.com/noticias/imagen-noticias-con-ciro-gomez-leyva/a si-extorsionan-desde-el-reclusorio-norte

2 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/745642.html

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/02/1072503

4 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/03/1055067

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/09/996758

6 http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/subsecretaria/quienes_somos/atribuci ones.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotenal y Pronósticos para la Asistencia Pública a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por irregularidades cometidas en detrimento de dichas instituciones durante el periodo 2000-2012 y a señalar las sanciones impuestas a la fecha, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública son instituciones del estado mexicano, que tienen el objetivo de recaudar recursos para brindar apoyo a los grupos vulnerables de la población mexicana.

El objetivo de la Lotería Nacional es el de apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.1

Mientras que el propósito de Pronósticos para la Asistencia Pública es la obtención de recursos destinados a la Asistencia Pública mediante la organización y /o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia entidad o por terceros.2

Sin embargo, durante el periodo 2000-2006, comenzó el deterioro de estas instituciones de asistencia pública, derivado de diversas anomalías en el manejo de sus recursos.

Un caso emblemático de la corrupción que prevaleció en la Lotería Nacional durante el período señalado, lo constituyen los presuntos desvíos de recursos de dicha institución por parte de la directora Laura Valdés Ruiz, a la organización Vamos México, que era presidida por Martha Sahagún a través del Fideicomiso Transforma México.3

Durante dicha administración, se presentó un cambió en la forma en ejercían las ganancias de la Lotería Nacional y Pronósticos, al dejar de destinarse a obras públicas a través de instituciones de Salubridad y Salud y pasar a un esquema en el que se éstos se entregaban a organizaciones civiles e instituciones privadas a través del Fideicomiso Transforma México.4

La Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública, correspondiente al año 2003, detectó que a través del Fideicomiso Transforma México, se provocó un quebranto a las finanzas de la Lotería Nacional, por 71 millones 725 mil pesos,5 de entre las que destacan las siguientes irregularidades cometidas por las organizaciones a las que se le entregaron los recursos:

– En la donación de recursos a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) por 17 millones de pesos, con el propósito de equipar 88 aulas en el estado de Oaxaca. No obstante, Unete triángulo recursos por un monto de más de 3.3 millones a una subsidiaria, por lo que la ASF señaló un probable un daño al erario público de poco más de 9.3 millones 3 pesos.

– La Asociación Compartamos Alimentos, AC, recibió 2 millones de pesos para entrega de despensas, sin embargo, ésta no acreditó la entrega de las mismas e incluso presentó listas que no correspondía a la fecha de aprobación del recurso.

– En las donaciones otorgadas a la organización del Desarrollo Social (Fiades) para telemedicina por 26 millones de pesos, no se aplicaron de acuerdo al calendario establecido y no se comprobó la aplicación de cerca de 16 millones de pesos.

– Se otorgaron a Provida, 3 millones 495 mil pesos, para la compra de aparatos auditivos y ecosonidos para nueve Centros de Atención a la Mujer; no obstante, el presidente de la organización, Jorge Serrano Limón, destinó el dinero a la compra de ropa íntima femenina.6

El saldo de la administración 2000-2006 para la Lotería Nacional fue la adquisición de una deuda de 3 mil 500 millones de pesos y una cartera vencida de los billeteros de cerca de 1 mil 500 millones de pesos.7

En el sexenio anterior, la situación de las instituciones de asistencia pública no sólo no mejoró, sino por el contrario aumentó el número de irregularidades en el manejo de sus recursos, que derivó en la más profunda crisis que hayan enfrentado.

Basta mencionar, que la Lotería Nacional pasó de destinar recursos para la Asistencia Pública, por un monto de 366 millones de pesos en el año 2006 y de 458 millones de pesos, en 2007; a entregar en 2008 sólo 15 millones e incluso llegar al extremo de no generar recursos a partir del año 2009 y prolongar dicha situación hasta el final del sexenio.8

En abril del año 2009, el entonces Director de la Lotería Nacional Miguel Ángel Jiménez Godínez, fue denunciado por la empresa periodística Megamedia de tratar de contratar publicidad por 6 millones de pesos, para la campaña política del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila. Motivo por el cual presentó su renuncia.9

Pronósticos, no estuvo exento de estas irregularidades durante la administración de Felipe Calderón, pues durante dicho periodo, se distinguió la simulación de sorteos, el desvío de recursos públicos y gastos excesivos en viáticos.10

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HJY-02-0426GB-094 realizada por la ASF, el 22 de enero de 2012, se llevó a cabo el Sorteo Melate y Revancha número 02518, el cual fue manipulado con la intención de defraudar a Pronósticos para la Asistencia Pública, por un monto de 160 millones de pesos. En dicho fraude participaron tanto personal de la institución como trabajadores del proveedor de servicios de filmación.

El fraude tuvo el siguiente modus operandi:

– Previo a la transmisión del sorteo en vivo, los involucrados grabaron una urna con números ganadores.

– Posteriormente compraron los boletos con los números que previamente habían grabado.

– Durante la transmisión en vivo del sorteo sobrepusieron la imagen que previamente habían gravado.11

De los 160 mil 45.3 millones correspondientes al primer lugar, sólo se cobraron 113 mil 623.0 millones de peos (71.0 por ciento). Posteriormente se conocería que dicho sorteo fue manipulado, y se pretendió ganar de forma fraudulenta la bolsa acumulada; el resto por 46,422.3 miles de pesos (29.0 por ciento) permaneció en la entidad fiscalizada.

Ante estos ilícitos, PAP presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, lo que generó cuatro averiguaciones previas, números 71/UEIDALPE/LE/9/2012; 126/UEIDALPE/LE/9/2012; 281/UEIDALPE/LE/9/2012 y 53/UEIDALPE/LE/9/2012

El caso del Sorteo Melate y Revancha número 02518, correspondiente al 22 de enero de 2012, en el que funcionarios de Pronósticos para la Asistencia Pública y trabajadores del proveedor de servicios de filmación manipularon el sorteo con la intención de defraudar a dicha institución por un monto de 160 millones de pesos.

Además, la Secretaría de la Función Pública, inhabilitó a Adolfo Blanco Tatto, exdirector de Pronósticos Deportivos, por 17 años y una multa de poco más 60 millones pesos, así como la inhabilitación de exsubdirector de Pronósticos Gabriel Martínez Guízar, por un periodo de 15 años y una multa económica de más de 46 millones de pesos, derivados de la negligencia administrativa de ambos funcionarios.12

La cartera vencida de la Lotería Nacional pasó de 471 millones de pesos en 2008 a 781 en el año 2012. Por otra parte, las ventas netas durante el mismo período pasaron de 5 mil 809 millones a 5 mil 516.13

Derivado de estas anomalías la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública han perdido la capacidad para cumplir su función de la obtener recursos destinados a la asistencia pública.

La crisis por la que atraviesan las instituciones de asistencia del estado mexicano, es de tal magnitud que cada vez es mayor la necesidad de que éstas reciban mayores recursos federales para poder seguir funcionando.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta apremiante que se conozcan y se sancione a los responsables de las irregularidades que se presentaron en contra de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública que se presentaron durante el período 2000-2012.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Pedro Pablo Treviño Villareal, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y director general de Pronósticos para la Asistencia Pública, para que presente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por diversas irregularidades cometidas en detrimento de dichas instituciones de asistencia pública del estado mexicano, durante el período 2000–2012. Asimismo, para que señale las sanciones que se han impuesto hasta la fecha.

Notas

1 Ley Orgánica de la Administración pública
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4713878&fe cha=14/01/1985> Consultado el 13 de enero de 2017

2 http://www.pronosticos.gob.mx/Paginas/Nosotros/nosotros Consultado el 13 de enero de 2016.

3 La Lotería... al revés, Proceso 29 de julio de 2009,
http://www.proceso.com.mx/117424/la-loteria-al-reves-2 Consultado el 13 de enero de 2017.

4 Ibíd.

5 Daño patrimonial en Lotería Nacional por triangulaciones a Transforma México, Jornada, 1 de abril de 2005,
http://www.jornada.unam.mx/2005/04/01/index.php?section=politica&article=011n1pol
Consultado el 13 de enero de 2017.

6 Donativos amañados por Transforma México, < http://contralinea.com.mx/archivo/2006/febrero2/htm/donativos_transform a_mexico.htm> Consultado el 13 de enero de 2017.

7 La Lotería... al revés, Proceso 29 de julio de 2009, Ibíd.

8 Lotería Nacional 5 años sin otorgar asistencia pública, < http://www.elfinanciero.com.mx/economia/loteria-nacional-anos-sin-otorg ar-asistencia-publica.html> Consultado el 13 de enero de 2017.

9 Jiménez Godínez sale de Lotería; es una medida temporal, aclara, La Jornada, 4 de abril de 2009,
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/09/politica/003n1pol Consultado el 5 de diciembre de 2016.

10 Corrupción panista en Pronósticos,
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/01/19/corrupcion-panista-en-pronosticos/
Consultado el 13 de enero de 2017.

11 Historia de uno de los mayores fraudes a Pronósticos Deportivos, < http://noticieros.televisa.com/mexico/1502/historia-mayores-fraudes-pro nosticos-deportivos/> Consultado el 13 de enero de 2017.

12 SFP multa e inhabilita a ex director de Pronósticos Deportivos, < http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sfp-multa-e-inhabilita-a-ex-dir ector-de-pronosticos-deportivos.html> Consultado el 13 de enero de 2017.

13 Ibíd.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a reforzar e incrementar por la Secretaría de Salud local sus acciones, políticas públicas y programas para garantizar el acceso universal, de calidad y calidez a los servicios de salud y prevenir la mortalidad materna, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los gastos que se han realizado en materia de salud, en el estado de Puebla han aumentado los casos de mortalidad materna, esto significa que más mujeres no tienen asegurado el aseso a las consultas, medicamentos y acompañamiento antes, durante y después de las labores de parto.

Estos casos han sido de tal magnitud que se ha posicionado como uno de los problemas más graves en términos de salud pública en la entidad, en particular, el año 2016 se ha consolidado como periodo con el registro más alto de muertes en los últimos cuatro años, esto de acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Conforme a estas estadísticas, Puebla está en los primeros lugares a nivel nacional con al menos un promedio de 44 decesos por año o por lo menos tres cada mes.1 Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones, entre ellas la 54/2016, a través de la cual solicitó atender las violaciones a los derechos humanos y a la protección de la salud de una mujer y la vida de su recién nacido en el Hospital General del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte.

Los hechos se dieron cuando una mujer de 21 años, con 38.5 semanas de embarazo acudió a dicho hospital tras presentar líquido vaginal y síntomas de trabajo de parto. Después de ser revisada, personal médico le indicó que no presentaba suficiente dilatación y que podría regresar a su domicilio.

Al día siguiente, regresó al hospital donde dio a luz a su bebé, quien perdió la vida por cardiopatía congénita y síndrome de aspiración de meconio. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constató que la mujer que asistió al nosocomio no tuvo acceso a una atención médica adecuada y oportuna que derivó en la muerte del recién nacido.

Ante estos hechos, la recomendación enfatiza en reparar el daño, a través de una compensación y rehabilitación donde se le otorgue a la víctima atención médica y psicología de acompañamiento y seguimiento. Se solicitó a la Jurisdicción Sanitaria 3 para que instrumente cursos integrales de educación, formación y capacitación sobre los Derechos Humanos.2

En el PRI, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer los programas del sector salud que tengan como objetivo asegurar la infraestructura, los medicamentos y el personal suficiente que supere la falta de ginecólogos y de gineco-obstetras.

Servidores públicos del sector salud en la entidad han señalado que no sirve tener espacios hospitalarios en Mecapalapa, Venustiano Carranza, Xicotepec y Huauchinango, si no se cuenta con los médicos que atiendan a los pacientes, de manera eficiente, rápida, adecuada y oportuna3 Por si esto no fuera suficiente, en la entidad la calidad de las consultas y la entrega de medicamentos han sido mal evaluados, muestra de ello, es el reporte correspondiente al segundo cuatrimestre del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud.

Entre los municipios peor evaluados destaca la capital del estado, Izúcar de Matamoros y Zacapoaxtla, en el que se han constatado cierres parciales o totales en las áreas de atención o reducción en los servicios como rayos X, atención general y urgencias, prueba de ello, es la jurisdicción 6 en la colonia Tepeyac, en la cual su centro de salud aparece en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud, sin embargo, no se ofrecen consultas o atención medica de primer nivel.4

La pobreza, la distancia y la falta de información, se deben dejar de constituir como principales limitaciones y obstáculos en el acceso a los servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario, ante lo cual, las autoridades electas también beben tomar las previsiones pertinentes.

La muerte materna durante el embarazo, el parto o puerperio debe dejar de ser un problema de salud pública, debido a que representa una clara violación a diversos derechos humanos de las mujeres, en especial con los derechos sexuales y reproductivos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de Salud de la entidad, refuerce e incremente sus acciones, políticas públicas y programas gubernamentales, a fin de garantizar el acceso universal, de calidad y calidez a los servicios de salud y prevenir la mortalidad materna, como medida ante el aumento de sucesos durante esta administración.

Notas

1 http://www.e-consulta.com/nota/2017-01-04/seguridad/registra-puebla-la-mayor-cifra-de-muertes-maternas-en-4-anos

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_054.pdf

3 http://megalopolismx.com/noticia/13475/puebla-se-ubica-en-el-primer-lugar-a-nivel-nacional-en-muertes-maternas

4 http://www.e-consulta.com/medios-externos/2016-12-23/incumple-salud-en-puebla-con-consultas-y-medicamentos

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Guanajuato a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones la estrategia contra la inseguridad pública y analizar la pertinencia y posibilidad de solicitar apoyo al gobierno federal, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es un derecho de primera relevancia de las personas, en la medida que permite garantizar su integridad física, patrimonio y su propia vida. Es una demanda de la población, que exige una estrecha coordinación de las acciones instrumentadas por los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de nuestra Constitución Política.

De acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible concluir que el total de delitos en el Estado de Guanajuato ha crecido de manera sistemática en lo que va de la actual administración, pese a que la seguridad pública constituye una de las prioridades gubernamentales.

Para dimensionar la gravedad de dicha problemática, basta señalar que según las cifras disponibles, tan sólo en noviembre de 2016, se presentaron 8 mil 441 denuncias, cifra que significa un incremento de 4.9 por ciento con respecto al mismo mes de 2015 y de 13.1 por ciento con relación a noviembre de 2013.1

En este mismo sentido, conforme a datos del Semáforo Delictivo, los eventos de mayor incidencia, fueron los siguientes: lesiones, 893; robo a negocios, 429; robo a vehículo, 417; robo a casa, 281; y homicidios, con 83 casos en el mes de referencia.2

Respecto a noviembre de 2015, el robo a negocio en la entidad aumentó 10 por ciento y 29 por ciento con relación a la media nacional; proporciones similares a las registradas por los homicidios, de 9 y 29 por ciento, respectivamente.

Durante los primeros 11 meses de 2016, la cifra acumulada de denuncias ascendió a 97 mil 215, cifra que significó aumentos de 8.8 y 29.2 por ciento con respecto a 2015 y 2013, respectivamente.

En este contexto de inseguridad, se enmarca la ejecución del excandidato del PRI a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, ocurrida en pasado miércoles 11 de enero.

Esta alza sistemática en la incidencia delictiva, revela el fracaso e ineficacia de la estrategia implementada por el gobierno estatal en materia de seguridad pública, pese a la inversión millonaria destinada para tal propósito durante la actual gestión.

El artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.3

Los datos y hechos son contundentes, evidencian el retroceso en materia de seguridad pública, así como la ineficacia de la estrategia impulsada por el titular del gobierno estatal.

Para los legisladores del PRI, es preocupante el incremento exponencial del número de delitos en la entidad, que afectan el patrimonio y seguridad de los habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la estrategia de combate a la inseguridad pública y analice la pertinencia y posibilidad de solicitar apoyo al gobierno federal con el objetivo de restituir el orden y la tranquilidad ante el aumento sostenido del número de delitos en la entidad.

Notas

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_112016.pdf

2 http://guanajuato.semaforo.com.mx/

3 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/132/
Ley_del_S_de_Seg_Pub_del_Edo_de_Gto_REF_P.O._01Jul2016.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer con las entidades federativas las acciones para optimizar la recolección, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normativa en la materia, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los residuos sólidos son aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.

Los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, los primeros se refieren a sustancias que se pueden descomponer en un tiempo relativamente corto, como las hierbas, hojas, verduras, raíces, vegetales, madera, papeles y cartón principalmente; en tanto que los segundos se descomponen fácilmente y llevan ciclos en degradarse como son los plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos y deconstrucción.

Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población del orbe, no tiene acceso a servicios regulares de recolección de basura, además estima que las ciudades producirán 2,200 millones de toneladas de residuos sólidos al año para 2025.1

También señala que en muchos países de ingreso bajo, los municipios ya gastan entre 20 % y 50 % de sus presupuestos en el manejo de los residuos sólidos, sin embargo, solo logran proporcionar servicios a menos de la mitad de sus ciudadanos.

México no es ajeno a esta grave problemática que atenta contra la salud y el medio ambiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se recolectan 86 mil 343 toneladas de basura al día, es decir, 770 gramos por persona; tan sólo en la Ciudad de México se produce una quinta parte del total nacional.2

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se generan poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año, esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del sol de Teotihuacán y 231 veces al estadio de futbol más grande de nuestro país.3

Ante esta problemática, cabe señalar que la cuestión no sólo está en los residuos sólidos, sino también en quienes la generan y en quienes consciente e inconscientemente la compran. Como ocurre con las gomas de mascar, bolsas de plásticos, entre otras.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo primero establece “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; y garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.4

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 7 fracción XXIII establece “promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos”.5

Ante la prevalencia de dicho problema, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de manera coordinada con las entidades federativas, fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos; asimismo para que instrumenten campañas de concientización, con el objetivo de fomentar las prácticas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad y urgencia de tomar las medidas pertinentes para prevenir los efectos negativos de los residuos sólidos en todo el país, que afectan la salud y quehacer cotidiano de los ciudadanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de manera coordinada las entidades federativas, fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia; asimismo para que instrumenten campañas de concientización entre la población con el objetivo de fomentar las prácticas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental.

Notas

1 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/30/how-to-finance-s olid-waste-management

2 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS_ENCARTE.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de Quintana Roo y de Solidaridad a instaurar de manera coordinada protocolos y políticas que garanticen la seguridad de los habitantes de la demarcación y de los turistas nacionales e internacionales en virtud del incremento de la inseguridad y los recientes hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot, en Playa del Carmen, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección de la vida y la salvaguarda del patrimonio de las y los mexicanos, es una función ineludible que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno, señala que:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

La seguridad pública constituye una de las principales funciones del Estado mexicano, en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo.

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo, en los últimos meses se ha presentado un incremento en las cifras delictivas del municipio de Solidaridad, de octubre a noviembre de 2016, la incidencia de robo de vehículos se incrementó en un 300 por ciento; mientras que de septiembre a noviembre tanto el robo a casa, el robo a negocios y la incidencia en lesiones aumentó en más de un 1000 por ciento.1

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la situación que prevalece en el municipio, que amenaza la tranquilidad y seguridad de los habitantes y de los turistas tanto nacionales como internacionales.

Playa del Carmen constituye uno de los principales destinos turísticos del país, no sólo por su belleza natural y cultural, sino por su amplia oferta deportiva, artística y musical, destacando el DJ Fest y el The BPM Festival que se lleva a cabo a inicios de enero y que tan solo en 2016 atrajeron a poco más de 60 mil turistas.2

La madrugada del lunes 16 de enero de 2017, en el marco del cierre del BPM Festival, se presentó una balacera en el club Blue Parrot de Palaya de Carmen, en que fallecieron 5 personas y 15 resultaron lesionadas.3

El Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado a las autoridades del estado de Quintana Roo, para que cumplan con su función primordial de brindar las condiciones de seguridad necesarias para la protección de la vida, la seguridad y del desarrollo económico de la entidad.

Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y solicitamos a las autoridades que les brinden la asistencia Y apoyo necesario. Deseamos la pronta recuperación de los heridos y esperamos que cuenten con el apoyo por parte de las autoridades estatales.

Hacemos un llamado para que los responsables de estos actos no queden impunes, por los que solicitamos a las autoridades que se realice una investigación pronta, expedita y transparente, asimismo, consideramos apremiante que se instrumenten las acciones que ayuden a prevenir que este tipo de sucesos no se vuelvan a presentar en ningún municipio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al gobierno municipal de Solidaridad para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada instrumenten protocolos y políticas de seguridad que garanticen la seguridad de los habitantes de dicha demarcación, así como el de turistas nacionales e internacionales en virtud del incremento de la incidencia delictiva y los recientes hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot ubicada en Playa del Carmen.

Notas

1 Semáforo Delictivo Quintana Roo
http://qroo.semaforo.com.mx/> Consultado el 16 de enero de 2016.

2 Riviera Maya registra cifras récord de llegada de turistas, El Financiero,
http://eleconomista..mx/industrias/2016/01/04/riviera-maya-registra-cifras-record-Ilegada-turistas
Consultado el 16 enero de 2016.

3 Informa del evento en Blue Parrot
http://www:qroo.gob.mx/inicio/informacion-del-evento-en-blue-parrot/ Consultado el 16 de enero de 2017.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 de enero de 2017.

(Rúbricas)


Efemérides

Con motivo del Día del Compositor, el 15 de enero, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

“En caso de que un compositor pueda decir lo que tenía que decir en palabras, que no se moleste en decirlo en una composición musical.”

Gustav Mahler (1860-1911) Compositor de música clásica y director de orquesta austríaco.

Un compositor es aquel autor de una obra musical o la persona que compone obras musicales, en especial si se dedica a ello profesionalmente.

Personas sin duda, que son capaces de hacer patente las expresiones más fabulosas del ser humano a través de la música y transmitir diferentes sensaciones que tal vez, de otras formas no sería posible, cuando menos, no en la dimensión que sus composiciones musicales lo hacen.

Inspiración, creatividad y trabajo que en nuestro país es reconocido cada 15 de enero en una celebración que se formalizó en 1983, cuando promovió su reconocimiento la Sociedad de Autores y Compositores de Música para conmemorar la creación del sindicato que dio origen a este organismo, aunque cabe decir, según se informa, la celebración data desde 1965.

Esta fecha, es propicia para rendir especial homenaje a cuantos han dedicado su vida a la creación musical, con un magnifico regalo al público, a través de los diversos géneros, melodías, ritmos y sonoridades que elevan el espíritu y contribuyen a la plenitud de la existencia.

Por ello, se convirtió en una fecha formal y general en la que por ejemplo, se homenajea a creadores como Consuelito Velázquez, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel, Luis Arcaraz, Jesús “Chucho” Monge, Tomás Méndez, Alfonso Esparza Oteo, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Víctor Cordero, Gabriel Ruiz, Roberto Cantoral, José Manuel Figueroa, José Guadalupe Esparza, entre muchos otros que han trascendido de manera muy especial.

Un momento estimados compañeros legisladores, para que hagamos este 15 de enero un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que con sus composiciones nos alejan del estrés diario, nos levantan el ánimo, y son capaces de llevarnos a un mundo de tranquilidad y emociones con el sólo hecho de escuchar sus composiciones melódicas.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los compositores en su día.

Dado en la Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con motivo del vigésimo quinto aniversario de los Acuerdos de Chapultepec, a cargo de la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

In Memoriam comandante Schafik Handal

Un día como hoy, 16 de enero, pero de hace 25 años, se firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador, cuyo nombre oficial es Acuerdos de Chapultepec, en virtud de haberse suscrito en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, entre el gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) un jueves 16 de enero de 1992. De esa manera se puso fin a doce años de la guerra civil en el país centroamericano y que constituyen un conjunto de acuerdos firmados en San José de Costa Rica, México y Nueva York, Estados Unidos de América.

Por su parte, las Naciones Unidas, tal cual se desprende de los Acuerdos de Chapultepec, han sido la organización responsable de la verificación del cumplimiento de los acuerdos “Reafirmando el propósito enunciado en el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990 de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”; teniendo presente los Acuerdos de San José, de México y de Nueva York, del 26 de julio de 1990, el 27 de abril de 1991 y el 25 de septiembre de 1991, respectivamente, alcanzados por ellas a lo largo del proceso de negociaciones que han cumplido con la activa participación del secretario general de las Naciones Unidas y de su representante, acuerdos que conforman una unidad con el que hoy suscriben; habiendo concluido la negociación sobre todos los temas sustantivos de la Agenda de Caracas del 21 de mayo de 1990 y de la negociación comprimida de Nueva York del 25 de septiembre de 1991; han alcanzado el conjunto de acuerdos políticos que se enuncia a continuación, cuya ejecución, unida a la de sus anteriores acuerdos ya citados, pondrá término definitivo al conflicto armado salvadoreño”1

Los Acuerdos de Chapultepec no sólo contribuyeron a la pacificación de El Salvador, sino que contribuyeron a la estabilidad de la región. Fue en octubre de 1989, cuando el entonces secretario general de las Naciones Unidas, el señor Javier Pérez de Cuéllar, dio a conocer a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de dicho organismo, el acuerdo suscrito el 15 de septiembre en nuestro país, entre el gobierno salvadoreño y el FMLN para emprender el proceso de diálogo con la única finalidad de poner fin por la vía política al conflicto que se vivía en El Salvador sobre la base de la terminación del conflicto armado, impulsar la democratización del país, garantizar el absoluto e irrestricto respeto a los derechos humanos y promover la reunificación de la sociedad salvadoreña.

A lo largo de estos años, las Naciones Unidas han cumplido con su responsabilidad y el Sistema de las Naciones Unidas, se apresta a celebrar este importante aniversario con un programa de contribución a las actividades que el estado y la sociedad salvadoreña estarán realizando para la conmemoración de los 25 años de la firma, sobre tres aportes principales: La campaña Hacia la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible , que busca fomentar actividades de los artistas, empresarios, universitarios y organizaciones civiles salvadoreñas alrededor de la conmemoración de los acuerdos de paz, la elaboración y publicación Voces de El Salvador , para la cual el Sistema de las Naciones Unidas organizará 16 talleres en el interior del país para discutir con la población salvadoreña sobre el pasado, presente y futuro de la paz y, el concierto Paz 25 – un espectáculo musical que brindará al público un evento cultural digno de la paz con destacadas estrellas salvadoreñas e internacionales. Ello, de acuerdo con el coordinador residente de las Naciones Unidas, Christian Salazar, manifestó: “Queremos contribuir a que la conmemoración de la paz en El Salvador catalice las energías creativas, positivas y propositivas del país para afrontar los retos de la reconciliación y la construcción de una sociedad pacífica, prospera, justa y sostenible.”

Como se asienta líneas arriba, la ONU tiene una relación histórica con el país y su proceso de paz, ya que facilitó las negociaciones y actuó como garante de los acuerdos. Durante el acto de presentación de los planes de conmemoración por parte del gobierno de El Salvador, el coordinador residente manifestó: “Hace 25 años, las y los salvadoreños demostraron que es posible resolver un conflicto armado mediante el diálogo. Esta es una de las razones principales por la cual los acuerdos de paz siguen siendo un referente importante para la nación”.

Así, hoy, en El Salvador, nación cuyo estado se basa en la concepción del buen vivir plasmado en el Plan Quinquenal de Desarrollo que rige todas las políticas y actuaciones del Ejecutivo durante su ejercicio gubernamental, se plantea una visión de país para hacer de El Salvador, el país que brinde la oportunidad del Buen Vivir para Vivir Bien a toda su población, sobre una serie de metas relacionadas con tres pilares fundamentales: empleo, educación y seguridad ciudadana.

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, celebra junto con el pueblo salvadoreño y saluda la iniciativa de Salvador Sánchez Cerén, presidente actual y quien, en su calidad de comandante del FMLN fuera uno de los signantes de los Acuerdos de Chapultepec, la campaña #SoyPaz, mediante la cual la población toda se encuentra involucrada en la construcción de un El Salvador mejor, que parte –oficialmente– de buscar dar un nuevo impulso al objetivo principal de aquel hito histórico para El Salvador: unir al país para el desarrollo y bienestar de la población en un clima de diálogo y entendimiento.

Esta soberanía saluda igualmente que en nombre del gobierno salvadoreño y en representación de negociadores y firmantes de los Acuerdos de Paz, el canciller de la república, Hugo Martínez, solicitara a la Asamblea Legislativa declarar el 2017 “Año de la Promoción de la Cultura de Paz”.

La presente efeméride da cuenta de que los procesos de paz son posibles si media la voluntad política de las partes y el respaldo de la voluntad popular. La Paz en El Salvador todavía presenta retos por superar, pero es ejemplo real de que los conflictos pueden ser resueltos por la vía del diálogo.

Nota

1 Acuerdos de Chapultepec (1992) Archivo Histórico Revolucionario FMLN, 1992.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

Senadora Luz María Beristain Navarrete (rúbrica)

Con motivo del 191 aniversario del natalicio del general Mariano Escobedo, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, recordamos el centésimo nonagésimo primer aniversario del natalicio del General Mariano Escobedo, destacado militar y político mexicano que es reconocido por su gran valor, patriotismo y permanente defensa de la Soberanía Nacional.

Para ponderar la magnitud que representa la figura del General Mariano Escobedo dentro de la historia nacional, basta señalar que en 1867, su intervención fue determinante para recuperar gran parte del territorio nacional que había sido ocupado por tropas francesas. A 191 años de su nacimiento, es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza de su vida.

Mariano Escobedo de la Peña nació en San Pablo Labrador (actual territorio de Galeana), Nuevo León, el 16 de enero de 1826. El hoy homenajeado, fue el más pequeño de los seis hijos que procrearon Manuel Escobedo y Rita de la Peña.

En la primera etapa de su vida se dedicó a las actividades del campo y desde joven se caracterizó por tener una ideología liberal, lo que lo llevó a alistarse como soldado raso para combatir contra la invasión de Estados Unidos.

Además, apoyó el Plan de Ayutla, promulgado en marzo de 1854, el que tenía como parte de sus objetivos centrales, derrocar la dictadura de Santa Anna, para lo cual también desarrolló operaciones militares en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Posteriormente, cuando Ignacio Comonfort, promulgó la Constitución de 1857 (eliminando privilegios eclesiásticos y militares), el General Escobedo se enfrentó a conservadores en el marco de la llamada Guerra de Reforma o de los tres años (17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861).

Con el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma y con Benito Juárez como Presidente de México, éste decidió suspender el pago de la deuda externa lo que provocó la reacción enérgica de los gobiernos de Inglaterra, España y Francia, y aunque logró negociar con los dos primeros, el último aprovechó el contexto para llevar a cabo una intervención armada.

De esta manera, el gobierno francés invadió nuestro país al impulsar el Segundo Imperio, en esta etapa, Escobedo fue distinguido con el grado de general y organizó un ejército que se enfrentó a las tropas invasoras a las que derrotó para posteriormente, el 15 de mayo de 1867, capturar al emperador Maximiliano en Querétaro, quien mostró su rendición al entregar su espada a Escobedo.

Durante la etapa en la que Benito Juárez fungió como Presidente de la República, en distintos periodos fue gobernador de San Luis Potosí y de Nuevo León, Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y Ministro de Guerra. En el ámbito político, también fue designado diputado al Congreso General.

Durante el mandato de Sebastián Lerdo de Tejada, fue nombrado senador y Ministro de la Guerra. Otro aspecto a destacar, es que en 1877 luchó contra Porfirio Díaz, quien había derrocado a Lerdo de Tejada e impuesto una dictadura que se extendió hasta 1911.

A pesar de que no tuvo éxito en su intento de restituir a Lerdo de Tejada, consiguió un acta de diputado que mantuvo hasta el momento de su muerte, la cual ocurrió después de una vida al servicio de México y sus instituciones, en Tacubaya, Distrito Federal, el 22 de mayo de 1902.

Sala de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.

(Rúbrica)