Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear la comisión especial que investigue el proceso de compraventa de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, donados a la empresa Toyota, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.

Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.

En este sentido se hizo del conocimiento público los probables vicios en la adquisición y posterior enajenación de 600 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales, desde el mes de noviembre de 2016, han comenzado los trabajos de instalación de la empresa Toyota.

Ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego ésta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.

De las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota, éstas fueron donadas por la administración estatal, que fueron compradas a ejidatarios por debajo de su precio, a través de presiones.

El problema de fondo es que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.

Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones nacionales y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencia, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.

Durante la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, se solicitó al gobierno del estado de Guanajuato entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información.

Por ello, al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compra-venta, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, del estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit a realizar acciones para que los recursos públicos y los programas sociales no sean utilizados con fines electorales en los procesos locales de 2016-2017, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y del estado de México para que realicen todas las acciones necesarias a fin de que los recursos públicos y programas sociales no sean utilizados con fines electorales en el marco de los procesos locales 2016-2017, bajo las siguientes

Consideraciones

En el año 2017, en los estados de Coahuila, Nayarit Estado de México y Veracruz, se desarrollarán procesos electorales en los cuales se elegirán diversos cargos de elección popular como gobernador, presidentes municipales y diputados locales por principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

De acuerdo a sus legislaciones locales, los cargos a renovarse y los periodos de precampaña y campaña son los siguientes:

Coahuila: Se elegirá 1 gobernador, 16 diputaciones locales de mayoría relativa, 9 diputaciones locales de representación proporcional y 38 ayuntamientos.

Precampaña: Del 20 de enero al 28 de febrero de 2017.

Campaña: Del 2 de abril al 31 de mayo de 2017.

Estado de México: Se elegirá 1 gobernador.

Precampaña: Del 23 de enero al 3 de marzo de 2017.

Campaña: Del 3 de abril al 31 de mayo de 2017.

Veracruz: Se elegirán 212 ayuntamientos.

Precampaña: Del 5 de febrero al 12 de marzo de 2017.

Campaña: Del 2 de mayo al 31 de mayo de 2017.

Nayarit : Se elegirán 1 gobernador, 18 diputaciones locales de mayoría relativa y 12 diputaciones locales de representación proporcional y 20 ayuntamientos.

Las precampañas se realizarán, para el caso de gobernador dentro de los 116 y hasta 77 días antes de la jornada electoral y para la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos dentro de los 69 y hasta 50 días antes de la jornada electoral.

Por tal motivo, tanto el Instituto Nacional Electoral como las Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas antes citadas, han iniciado los correspondientes procesos electorales de acuerdo a sus atribuciones.

Con la finalidad de respetar los principios de legalidad y de equidad durante los procesos electorales, los gobiernos federal, estatales y municipales tienen la obligación constitucional y legal de destinar recursos públicos sin fines electorales así como suspender la propaganda gubernamental durante el tiempo que duren las campañas con la finalidad de garantizar la equidad e imparcialidad en las contiendas electorales.

Esto es, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, contemplan la protección y la imparcialidad del uso de los recursos públicos y establecen las sanciones en caso de que cualquier autoridad o servidor público hagan uso de dichos recursos para inducir al voto o la preferencia hacia algún candidato o candidata.

Tal es el caso de lo establecido en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 449. 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

No obstante la importancia de que no se suspenda la operación de programas sociales y el uso de recursos públicos para la atención de las necesidades de diversos sectores de la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional urge a las autoridades federales y estatales para que sean garantes de que los comicios electorales se realicen en equidad e imparcialidad desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta soberanía apruebe de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno federal y a los titulares de los gobiernos de los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y de México para que realicen las acciones necesarias a fin de que los recursos públicos y programas sociales no sean utilizados con fines electorales en el marco de los procesos locales 2016-2017.

Segundo La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el marco de sus atribuciones, atienda de forma expedita y puntual las denuncias presentadas por la comisión de delitos electorales durante los procesos electorales locales 2016-2017 en los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y del estado de México.

Palacio Legislativo, a 11 de enero de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las secretarías participantes en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar a fin de que informen a esta soberanía y difundan entre los mexicanos las acciones específicas por llevar a cabo, los objetivos cuantificables y los tiempos de ejecución, suscrita por el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular del Ejecutivo federal a que instruya a cada secretaría que participa en el denominado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, a que informen a esta soberanía y difundan entre los mexicanos las acciones específicas que habrán de llevar a cabo, los objetivos cuantificables y los tiempos de ejecución para tal efecto; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de todos conocido lo estipulado en la Ley de Ingresos 2017 en lo referente a la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel, ha generado un enorme descontento social de los mexicanos debido al fuerte impacto económico en sus bolsillos. Cabe resaltar que se trata de un asunto que afecta a toda la cadena productiva del país, lo que para ha provocado un alza generalizada en muchos productos de primera necesidad.

Ante la enorme presión social existente, el pasado lunes 9 de enero el titular del Ejecutivo federal signó con los sectores productivos el denominado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, con el objeto de que no se incurra en un aumento indiscriminado del precio de los productos de la canasta básica, al tiempo de impulsar inversiones y proteger el empleo de las familias mexicanas.

En palabras del primer mandatario se refiere lo siguiente:

“Lo que hoy nos convoca es dar marco a un acuerdo que nos permita emprender acciones, que nos permita ser sensibles a estas definiciones que se han tomado para, con sentido de solidaridad y de responsabilidad social, acompañar a los sectores menos favorecidos para cuidar de la estabilidad de precios, la estabilidad de economía, para cuidar la economía de las familias mexicanas”.

Cabe destacar que en el citado acuerdo se contemplan las siguientes medidas:

Medidas de austeridad, incluyendo reducir el 10% de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales

Se exhorta a los otros Poderes de la Federación, a los Organismos Autónomos, así como a los gobiernos locales, para que adopten medidas

El sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica.

Los sectores laboral y del campo permanecerán atentos y vigilantes, a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso.

El sector gubernamental se compromete a:

Impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley.

Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana.

Mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo.

Emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables.

Realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.

Reforzar acciones en favor de la libre competencia.

Los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

En este sentido, los sectores empresarial, sindical y del campo se comprometen a privilegiar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de los trabajadores del país.

Se impulsará la inversión y el empleo por parte del Gobierno Federal a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privadas, así como con nuevos estímulos y procesos de simplificación que permitan más inversión, particularmente en favor de pequeñas y medianas empresas.

Un Decreto que fomente la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero.

La implementación de las reformas estructurales que elevan la competencia y la inversión en sectores clave de la economía.

Preservar la estabilidad económica

Garantizar un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del Gobierno Federal.

Refrendar el esfuerzo permanente por preservar la estabilidad económica que el Gobierno Federal ha construido en los últimos años mediante un buen balance de política fiscal, política monetaria, sistema financiero y reformas estructurales que se complementen con medidas de transparencia y combate a la corrupción.

Preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho

Se fortalecerá el Estado de Derecho para combatir la corrupción y aumentar la transparencia.

Seguimiento y evaluación

A los acuerdos aquí establecidos, así como a su impacto, se les dará seguimiento a través del Comité Nacional de Productividad, en donde participan representantes del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, productores del campo y de la academia.

Así pues, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar habrá de ser la hoja de ruta que nos permita mantener y ampliar la fortaleza de nuestro mercado interno contribuyendo a superar el panorama que tenemos frente a nosotros.

De lo que se colige que el acuerdo antes referido está lleno de buenas voluntades y generalidades, sin que se señalen las acciones específicas a emprender por las distintas dependencias del ejecutivo federal, ni los objetivos particulares cuantificables y mucho menos los plazos de ejecución.

A juicio de quien suscribe el presente punto de acuerdo, es menester que las dependencias de la administración pública federal hagan llegar a esta soberanía y, mucho más importante, difundan entre los mexicanos las acciones particulares que implementarán para el cumplimiento del “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, los objetivos cuantificables que se perseguirán con dichas acciones y los plazos para su implementación y consecución de resultados. De lo contrario, se estará en presencia de un acuerdo más que en nada beneficiará a los mexicanos que día a día salen a trabajar por un futuro mejor para ellos y los suyos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente Propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa al titular del Ejecutivo federal a que instruya a cada secretaría que participa en el denominado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, a que informen a esta soberanía y difundan entre los mexicanos las acciones específicas que habrán de llevar a cabo, los objetivos cuantificables y los tiempos de ejecución para tal efecto.

Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales y estatales de Morelos a implantar medidas para reducir los niveles de violencia de género en la entidad, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Kofi Annan, afirmó que: “La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” .

Han pasado más de diez años de la declaración anterior y, lamentablemente, la violencia hacia las mujeres se ha incrementado, como botón de muestra, la Organización de las Naciones Unidas refiere en el año 2016 que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida; y son asesinadas al día siete mujeres en promedio.

Sin duda alguna, hablar de los derechos humanos exclusivos para la mujer parece contradecir el carácter universal de los derechos humanos que formalmente protegen a hombres y mujeres por igual, y pone en tela de duda la igualdad humana de los géneros. Por el contrario, la necesidad de establecer derechos, normas e instancias internacionales y nacionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, confirma la dimensión y especificidad de las violaciones a la dignidad humana que ellas enfrentan. Violaciones sustentadas, en gran medida, en la prevalencia de los roles y estereotipos atribuidos cultural y socialmente a las mujeres.

La violencia de género es una de las actividades que nos afectan como sociedad y que laceran a nuestra infancia y a nuestras mujeres, pues la continua exposición a ella la convierte en un acto normal y cotidiano, tanto para quien lo ejerce como para quien la padece. Es por ello, que especialmente los feminicidios, son fuertemente sancionados y perseguidos por las autoridades judiciales e investigadoras, pues en ellos se priva de la vida a una persona por el simple hecho de ser mujer.

En ese sentido, no debemos permanecer indiferentes ante los feminicidios y su incremento como está ocurriendo en el estado de Morelos, lo cual ha sido denunciado y evidenciado por la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, quien en declaraciones recientes afirmó que en el año 2016 se registraron un total de 85 feminicidios.

Sobre el particular, señala también la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del estado de Morelos, que la violencia feminicida en la entidad se rebasó en más de 66 por ciento a la cifra registrada en 2015, pues de agosto de ese año al 22 de diciembre de 2016 se acreditó la comisión de 95 feminicidios. Incluso, a pesar de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, la misma se ha incrementado en dicho estado.

Por eso, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos proponiendo a esta Comisión Permanente hacer un exhorto a las autoridades estatales y municipales del estado de Morelos para que a la brevedad implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles de violencia de género en contra de las mujeres que durante el año 2016 fue denunciado por el Congreso del estado y, en su caso, dictar sentencias condenatorias en contra de los responsables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades municipales y estatales de Morelos para que implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles de violencia de género en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a la cancelación de las concesiones, los contratos y los proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos mexicanos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García , integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 22 de diciembre del 2016, no enteramos por diversos medios de comunicación que la constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documento liberados ese mismo día por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante el periodo señalado, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.1

“Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó (...) sobornos por alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras públicas. Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones como resultado”, de acuerdo al expediente liberado en Estados Unidos.

“Por ejemplo, en o alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de que un funcionario ayudara a Odebrecht con la obtención de un proyecto. En diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a funcionarios 6 millones de dólares”

Uno de los contratos que consiguió Odebrecht con Pemex Refinación fue a través de adjudicación directa, es decir, sin haber participado en un concurso de licitación junto con otras empresas competidoras.

El 15 de febrero de 2014, Odebrecht firmó un contrato por más de mil 436 millones de pesos con la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de Pemex Refinación.2 El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 tenía como propósito realizar el acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de “aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”. El contrato de Odebrecht tenía fecha de terminación el 10 de agosto de 2015. Sin embargo, el contrato fue modificado el 20 de noviembre de 2014, debido a la inclusión de “volúmenes y conceptos no previstos e incrementos” al monto original pactado.

Por esta modificación, Pemex Refinación pagó un monto extra por poco más de 358 millones de pesos a la empresa brasileña. Es decir, se pagaron casi mil 795 millones de pesos.

Durante este periodo, el director de Pemex Refinación fue Miguel Tame Rodríguez, quien se jubiló de la paraestatal a inicios de este año.

La noticia de los sobornos pagados por Odebrecht en México forma parte de un caso que se sigue en contra de la empresa brasileña, la cual aceptó pagar una multa por 2 mil 600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber entregado sobornos a funcionarios públicos.

México no es el único país donde Odebrecht incurrió en corrupción. Otros países de América Latina donde operó con sobornos fueron Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.

Segunda. Odebrecht comenzó a operar en México en 1991 y ha participado en obras como represa Los Huitles, en Sinaloa, la renovación de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila; mientras que su filial Braskem se unió a la mexicana Idesa para desarrollar el Proyecto Etileno XXI en Veracruz.

En el año 2005, Odebrecht también firmó dos contratos con Pemex Refinación. Pero en ese momento, la empresa formó parte de un consorcio de compañías que ganó una licitación pública internacional. Los contratos PR-OP-L-001/05P y PR-OP-L-002/05P sumaron en conjunto un total de 634.9 millones de pesos. Junto a Odebrecht, el consorcio estuvo conformado por las empresas Proyectos Ebramex, Río San Juan Construcciones y Técnicas Reunidas. Los contratos estuvieron vigentes entre enero de 2005 y abril de 2008.

Tercera. Antes de que se aprobará la reforma energética, en una entrevista realizada por la revista Forbes México, al Director General de Odebrecht Infraestructura México, Luis Weyll, éste anunció que la empresa brasileña contaba con un plan de inversiones en áreas clave como infraestructura y química.3

La compañía que en 2012 reportó ingresos brutos por 41,317 millones de dólares, invertía en México 8,000 millones de dólares en cinco años. De ese monto, la mitad está puesta en proyectos en curso, en su mayoría en uno de petroquímica en el estado de Veracruz que arrancó en 2011.

Aunque el ejecutivo no dio cifras actuales ni proyectadas sobre la operación de la empresa en México, dijo que aunque aún los ingresos representan una parte modesta del total del conglomerado, se espera que “cada vez más ganen más relevancia”.

Las apuestas en México están principalmente en la planta Etileno XXI que Odebrecht construye en Veracruz. Constituye la inversión más grande de la firma fuera de Brasil, de unos 4,000 millones de dólares.

Etileno XXI es una asociación entre Braskem -en la que Odebrecht tiene casi 39 por ciento de las acciones- y la mexicana IDESA. Se espera que cuando entre en operación tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos.4

Otro proyecto en curso es una presa multipropósito en Veracruz, en el oriente del país y con costas en el Golfo de México, con un costo estimado de unos 450 millones de dólares, a ser ejecutado junto con el gobierno estatal.

Además, según la fuente consultada por Morena, están esperando luz verde para desarrollar un proyecto para la construcción de una carretera entre Tuxpan, en Veracruz, y Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas.

Weyll dijo que entre los proyectos en estudio hacia el 2018 hay unos de infraestructura de energía, de agua y carreteras, pero podrían incluir ferrocarriles y aeropuertos.

“Nuestro presidente presentó un proyecto que está muy bien definido y estructurado para los próximos años, ese plan está muy direccionado a infraestructura de agua y energía y transporte y el tema de etanol para poder implementar un proyecto piloto que pueda generar condiciones de competitividad”, dijo Weyll.

El director presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, se reunió el martes con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, para presentar el plan de negocios de la firma, ampliamente diversificada.

Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis refinerías del país; la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo; así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa, en el norte del país.

Cuarta. De las indagatorias realizadas por Morena, se encontró que en marzo de 2013 el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la prestación de servicios. Se trata de un proyecto planeado desde el 2008 y dado a conocer oficial y superficialmente en 2014. En la Gaceta Oficial No.142, en la que se argumenta lo siguiente:5

“En virtud de que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa [...] enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja dotación de agua por habitante, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua, disminuyéndose así la dotación actual del agua por habitante”.

Ante el problema, se propone como solución:

“[...] la implementación de una infraestructura multipropósito, a través del esquema de Proyecto para la prestación de Servicios, cuya autoridad contratante será la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo el amparo de la Ley de Fomento Económico y de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado”.

El proyecto antes mencionado fue concesionado (sin licitación) a la empresa brasileña Odebrecht, la cual desde sexenios anteriores se le ha invertido fuertes cantidades de dinero en la construcción una planta de polietileno (Proyecto Etileno XXI) en Coatzacoalcos. El proyecto Propósitos Múltiples de Xalapa consiste en la construcción de una presa de almacenamiento de agua sobre el río Los Pescados (en la cuenca de La Antigua), un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento.

De esta manera son tres los propósitos que busca cubrir este megaproyecto: abastecer de agua a Xalapa en los próximos 25 años, generar energía con una capacidad instalada de 70 megawatts y “el incremento significativo en la eficiencia anual de los sistemas de riego de los Módulos La Antigua y Puente Nacional del Distrito de Riego 035, así como el control de avenidas para reducción de riesgos de inundaciones en las crecidas del río La Antigua.”

Dicho proyecto implicaba la construcción de una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud que almacenaría 135 millones de m3 de agua (y un embalse de 440 has), los cuales serían bombeados y conducidos en un acueducto de 42 km. desde una altitud de 500 msnm hacia la ciudad de Xalapa a los 1400 msnm. La Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa, integrada por la empresa Odebrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz, operaría los sistemas relacionados con la presa en un lapso de 25 años. Sin embargo, desde un principio la opacidad en la información ha sido la constante. Se sabe por diferentes fuentes de información que la inversión global del proyecto ascendería a los 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 72% del capital correspondería a Odebrecht y el resto al gobierno del estado.

Por si esto no fuera suficiente, el caso más reciente de inversión privada en el que se involucra a la empresa Odebrecht, es con un organismo operador del agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Su origen se remonta al 12 de noviembre de 2002 cuando el gobierno del estado transfiere a los municipios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, apegándose al artículo 115 de la Constitución Política de México. El SAS se conforma en ese momento como un organismo público descentralizado paramunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con recursos provenientes de la ciudadanía.

Cuando se dio a conocer el proceso de licitación para integrar una empresa de asociación pública-privada, se tenía previsto dar a conocer el fallo a favor de una de las empresas concursantes el día 20 de abril del 2015. Sin embargo, las mismas empresas solicitaron al Órgano de Gobierno una prórroga de tiempo para conocer a detalle la situación técnica y financiera del SAS. Aunque se tenía previsto que para el mes de mayo se daría a conocer el nombre de la empresa ganadora, no fue sino hasta el 10 de junio cuando en conferencia de prensa, el director del SAS, José Tello en compañía del alcalde del puerto de Veracruz, dieron el fallo.6 Resultaron ganadoras las empresas Aguas de Barcelona Interagbar de México S.A. de C.V. y Odebrecht Ambiental S.A., que junto con el SAS integrarán la empresa mixta denominada Grupo MAS. En esta empresa será el Órgano de Gobierno quien controlará las tarifas y la infraestructura. Las empresas tendrán una concesión por 30 años y la inversión de arranque es de más de 7 mil mdp. Grupo MAS iniciará operaciones a partir del 31 de agosto de este año y durante este tiempo se integrará una Comisión de Transparencia para analizar temas como las tarifas del servicio y la situación del sindicato.

Frente a los hechos de corrupción en los que, según las denuncias, están involucrados servidores públicos mexicanos y los diversos proyectos de infraestructura y servicios en los que actualmente participa la empresa Odebrecht, la Comisión Permanente está obligada a pronunciarse. Hacerlo impediría un posible daño patrimonial futuro y aceleraría las investigaciones de las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción; asimismo permitiría identificar a los responsables de dichos actos. Para Morena las y los legisladores debemos atender de inmediato las denuncias de corrupción aquí planteadas y evitar que el malestar social se siga acumulando, en perjuicio de nuestras instituciones y de nuestra débil democracia.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno del Estado de Veracruz y al Congreso de ésta entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen todas las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos mexicanos.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones procedentes sobre las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas, en las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, que se deriven de las denuncias públicas de los sobornos que pagó la empresa a servidores públicos mexicanos para obtener recursos del erario público, y presente un informe a esta Soberanía.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a PEMEX, hacer del conocimiento de esta Soberanía el estado que guarda el contrato Etileno XXI suscrito con la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, y presente un informe a esta Soberanía.

Cuarto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias y presente un informe a esta Soberanía.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Veracruz y a los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.

Notas

1 Apuntan sobornos de Obedecht a Pemex refinación, Aristegui Noticias, 22 de diciembre de 2016,

http://aristeguinoticias.com/2212/mexico/apuntan-soborno s-de-odebrecht-a-pemex-refinacion/

2 Portal de Obligaciones de Transparencia, Pemex Refinación, contrato: PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato. do?method=consultaContrato&id.idContrato=PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4- 14&_idDependencia=18576

3 Odebrecht ‘pone pausa’ a inversiones petroleras en México, Forbes México, 2 de octubre del 2013,

http://www.forbes.com.mx/odebrecht-apuesta-en-mexico-rod ea-sector-energetico/#gs.1SQ33us

4 Contrato de suministro de Etano “Etileno XXI”, Pemex Gas y Petroquímica Básica, 19 de febrero del 2010, http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/541FEDB5-D791-49D8-9560-98846FE09 EA5/0/contratoetilenoXXI.pdf

5 Palacio Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial no. 142, 12 de marzo de 2013.

6 Iraís Aguirre, “Presentan Grupo MAS, empresa mixta que sustituye a SAS”, e-consulta.com Veracruz, 10 de junio de 2015, consultado el 19 de junio de 2015, http://e-veracruz.mx/nota/2015-06- 10/municipios/presentan-grupo-mas-empresa-mixta-que-sustituye-sas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y la SCT a realizar acciones para proteger los derechos como consumidores de los usuarios del servicio de transportación aérea, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuesta de enero para el año 2017, es la cuesta que más le ha pegado al bolsillo de los mexicanos, con las medidas económicas tomadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que se traducen en un aumento desmedido en los precios de la gasolina, afectará también el precio de los bienes y servicios de manera directa e indirecta.

De manera directa se verán afectados bienes que utilicen como insumos estos combustibles: transporte, electricidad, productos químicos, de limpieza y medicamentos. De manera indirecta, impactará a bienes y servicios que usan el transporte en su operación o comercialización, Julio Soto, economista senior de Consultores Internacionales indicó que tan solo el transporte representa el 40% del costo logístico, por lo que ninguna industria se salvará de estos efectos. De hecho se prevé una variación quincenal en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.9% y de 1.1% para la primera mitad del mes de enero, solo el hecho del alza de las gasolinas le va a sumar 80 puntos a la base a la inflación en la primera mitad del año.

Ante la dura crisis económica que se avecina para todas y todos los Mexicanos, la sociedad civil se organizó para manifestarse contra los abusos que comete el gobierno en turno, al grito de “No al gasolinazo” miles de compatriotas han marchado y siguen movilizándose en diversas ciudades del país para solicitarle al gobierno de la república revierta la decisión tomada respecto al alza de los precios de los hidrocarburos, sin embargo, el presidente de la república, a pesar de las diferentes propuestas para “revertir el gasolinazo” que han hecho diversos Grupos Parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ha mantenido firme en la postura respecto al alza en el precio de los combustibles.

En este sentido, y como representante del pueblo, es necesario que redoblemos los esfuerzos a partir de las facultades conferidas a las diferentes instituciones gubernamentales, para que los proveedores de bienes y servicios no se aprovechen de la crisis económica que atraviesa nuestro país, aumentado los precios de manera unilateral y que no vulneren los derechos de los consumidores mexicanos.

Al respecto, quiero manifestar mi preocupación ante los abusos cometidos por los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y los concesionarios y permisionarios aeroportuarios.

Da acuerdo a declaraciones de la ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, de enero a julio del año pasado, la dependencia recibió mil 200 quejas en contra de las aerolíneas que operan en el país, siendo Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobus las más denunciadas. 1

Entre los perjuicios ocasionados por las aerolíneas a los usuarios se encuentran principalmente las sobreventas de los vuelos, retrasos, cancelaciones, cobros extras o no respetar los precios anunciados.

En lo que respecta a la primera afectación –las sobreventas- a pesar que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil permite a los concesionarios expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, y también establece los derechos que tendrán los usuarios en caso de que se actualice el supuesto, es necesario que la Profeco intervenga para obligar a las aerolíneas a informar a los consumidores, antes de adquirir el boleto, la ocupación del vuelo o en su caso, si se encuentra sobrevendido o no.

En lo que respecta a los retrasos y cancelaciones, las aerolíneas se justifican en la mayoría de los casos, aduciendo al excesivo tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país –siendo el de la Ciudad de México, el más mencionado- o aducen a cuestiones meteorológicas como causantes de la cancelación o el retraso.

Si bien es cierto, ante ambos argumentos –que por cierto, son causas inimputables a la aerolínea y por lo tanto, los derechos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil no son operantes- los usuarios no tenemos manera de corroborar dicha información más que creer en la palabra y buena fe de las operadoras, pero de acuerdo a las cifras de quejas y denuncias antes mencionada, la credibilidad de las empresas que proporcionan servicios de transportación área se ven más debilitados.

Otra de las actuaciones de las aerolíneas que repercuten directamente en el bolsillo de los mexicanos, son los cobros “extras” y la falta de seriedad para respetar los precios promocionados en los sitios de internet.

El artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, estipula de forma clara y precisa que el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

En este orden de ideas, es claro que la aerolíneas violentan este precepto legal, basta con intentar adquirir un boletos través de las páginas de las aerolíneas, al seleccionar las fechas probables para el viaje, inmediatamente se despega una ventana con el precio total del boleto –sea este redondo o sencillo-; cuando seleccionas el viaje que por precio o por horario se ajuste al itinerario y conforme uno va avanzando en el llenado de los formularios para poder adquirir el boleto, poco a poco se va uno percatando que el precio mostrado en la primera búsqueda va incrementando, esto se debe a que las aerolíneas incluyen –sin previa consulta y autorización del consumidor- servicios extras para asignación de asientos, aumento de tarifas por equipaje extra, diversos tipos de seguros, entre otros. Así en cada compra, los consumidores deben de estar al pendiente de qué cargos extras se le están cobrando sin su consentimiento y deshabilitarlos en los formularios. Algunas aerolíneas como Vivaerobús, en ocasiones, no permiten eliminar el cargo extra por asignación de asientos, por citar un ejemplo.

En este orden de ideas, y como medidas para proteger la economía de los mexicanos y para brindar equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y consumidores; es necesario que la Profeco, realice acciones para evitar que las aerolíneas, amparadas en las leyenda de “se aplican restricciones”, sigan vulnerando los derechos de los usuarios al incrementar los precios de los boletos con el pretexto de “cargos o servicios extras” sin el consentimiento del cliente.

La defensa de los consumidores es uno de los temas clave de la sociedad moderna e industrial en que vivimos, calificadas precisamente como “sociedad de consumo”, y es el Estado quien debe ser el principal garante y responsable por la efectiva protección de los consumidores ante los abusos cometidos por las empresas que tienen en sus manos, la concesión del transporte aéreo. Una política que pretenda amparar a una clase de sujetos débiles jurídicamente, necesariamente debe ser impulsada desde el propio Estado. No debemos de minimizar los esfuerzos hechos por la Profeco en la defensa de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, sin embargo, es el Estado por medio de sus instituciones quien tiene la potestad de equilibrar esa desvirtuada relación de fuerzas. No obstante ello, debe ser debidamente destacado que su intervención en la materia no obedece al imperium de ley que lo reviste para hacer coercitivas sus resoluciones, sino que le viene impuesta por su intrínseca obligación de asegurar y preservar el bienestar de la población, sobre todo, en momentos de crisis económica como la que nuestro país está atravesando, por ello, solicito la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y al maestro Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de forma coordinada, realicen las acciones necesarias para que en los aeropuertos del país y por medios electrónicos, se informe en tiempo real y con proyecciones a corto plazo, en lenguaje ciudadano, el estado meteorológico y de tráfico aéreo; con la finalidad de que los usuarios tengan la información oportuna para planear sus viajes o en caso de cancelaciones de vuelos o demoras, puedan ejercer los derechos consagrados en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, emprender las acciones necesarias para eliminar la publicidad engañosa de las aerolíneas respecto a los precios finales de los boletos y los cobros de servicios extras de forma predeterminada, sin consentimiento del usuario y que incrementen el precio final del boleto.

Tercero. Se solicita respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que continúe y amplié en todos los aeropuertos del país, el Programa de Módulos de Asesoría e Información establecidos en la temporada vacacional en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Nota

1 Profeco falló a favor de usuarios en 90% de quejas contra aerolíneas,

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Sedesol, el IMSS y el ISSSTE a informar sobre los resultados de las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias efectuadas en la actual temporada invernal, así como para incrementar las primeras a efecto de disminuir en lo posible la incidencia de las segundas, en especial en la población infantil, embarazadas, adultos mayores y personas en situación de calle, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Regularmente en nuestro país entre los meses de octubre a febrero se desarrolla la temporada invernal que en los últimos años se ha caracterizado por frecuentes cambios climatológicos que han venido a agudizar el impacto en la salud de población considerada como de riesgo (niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años). En efecto, en los últimos días en diferentes regiones del país hemos podido corroborar esta peculiaridad. En algunas entidades federativas y poblaciones, por algunos días se alcanzaron temperaturas superiores a los 25° centígrados y, de un momento a otro, se sucedieron bajas importantes de temperatura, alcanzándose ya en algunos municipios del país temperaturas menores a los 0°.

Estos intempestivos cambios climatológicos, un incremento en el número de frentes fríos que llegan al país y la conjunción de otros fenómenos generan condiciones de riesgo para la salud de población considerada de riesgo como lo son las niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y, en general, personas en situación de calle.

Las regiones en donde el incremento de casos de enfermedades respiratorias aumenta de forma importante en esta época del año se encuentra bien ubicada por las diferentes instancias, desde las de protección civil a nivel municipal, estatal y federal, hasta las responsables de brindar servicios sociales como lo son las instituciones de salud y la propia Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, así como las respectivas instancias gubernamentales de las entidades federativas.

Por otra parte, no podemos olvidar la presencia del virus de la Influenza en sus diferentes variantes pero, en especial, la influenza estacional y la AH1N1, ésta última que, como bien podemos recordar, causó una situación de emergencia nacional en el año de 2009 ante la peligrosidad de los efectos del virus que incluso llevo a la semiparalización del país.

Si bien reconocemos la labor desarrollada por el gobierno federal para implementar diferentes campañas de prevención, tanto a nivel de atención de la población, con un amplio programa de vacunación, como con una ambiciosa y amplia campaña de difusión en medios de comunicación social (radio y televisión), así como en diferentes plataformas de difusión de información (internet, salas de cine, medios impresos y publicidad estática), consideramos que es deseable y posible que las diferentes instancias de salud (Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social), en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, pueden y deben llevar a cabo diversas acciones que permitan aumentar los resultados positivos y conseguir que cada vez un menor número de personas consideradas como “población de riesgo” (niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en situación de calle) se vean perjudicadas en su salud como consecuencia de contraer algún tipo de enfermedad respiratoria.

En efecto, tan solo en la anterior temporada invernal (octubre 2015-febrero 2016), el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó haber otorgado aproximadamente 100 mil incapacidades por enfermedades respiratorias agudas, información que no hace sino corroborar el riesgo de que el número de casos de este tipo de padecimientos tenga un incremento en especial entre la población más vulnerable.

Por ello, en Nueva Alianza consideramos de suma importancia que las diferentes instancias involucradas divulguen información actualizada que contenga datos respecto a las diferentes acciones y programas que se estén implementando actualmente para prevenir el contagio de alguna enfermedad respiratoria, así como de las acciones implementadas para la atención de la población que se encuentre padeciéndolas.

Si bien es importante contar con información general, no es menos relevante que la información remitida tenga especial énfasis en lo relativo a la población más vulnerable, como lo son las niñas y niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas en situación de calle que, por obvias razones, pertenecen al grupo de población con mayores posibilidades de contraer alguno de estos padecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que informen sobre los resultados de las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias efectuadas en la actual temporada invernal, así como a incrementar dichas acciones a efecto de disminuir, en la medida de lo posible, la incidencia de estos padecimientos, en especial en la población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores y población en situación de calle.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar y coordinar por la SE una campaña a efecto de promover la sana y libre competencia entre los empresarios encargados de las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex para beneficiar al usuario final y ofrecer valor agregado, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, desde el ámbito de su competencia, a que se sirva implementar y coordinar una campaña para promover una sana y libre competencia entre los empresarios responsables de las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, a fin de beneficiar al usuario final y ofrecer valor agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En Encuentro Social, alertas de los efectos sociales y económicos que han venido manifestándose recientemente en torno de las recientes alzas a los precios de los combustibles, optamos, en congruencia con nuestro ser y actuar, por privilegiar la ocupación y la propuesta por encima de la preocupación y la protesta.

Así, desde nuestro trabajo parlamentario escuchamos y atendemos las demandas de las familias mexicanas, quienes son piedra angular de la economía de nuestro país y de la sociedad mexicana, encauzándolas por las vías institucionales y legales que nuestra función social, de representantes populares, implica.

Derivado de la reciente liberalización en los precios de los combustibles, iniciada a partir del primero de enero, cuya repercusión esperada –y conocida por 628 legisladores de la presente Legislatura– fue su incremento, se desataron diferentes y múltiples protestas en todo el territorio nacional, desbordándose la molestia social, aderezada por la incitación de diversos y lamentables actores e institutos políticos.

De acuerdo con el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017, aprobada por las mayorías parlamentarias necesarias y conocida por todos los legisladores de ambas cámaras, durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:

I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado.

Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país.

En consecuencia, la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo Núm. A/059/2016 por el que se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017.

De este modo, las fechas de inicio de la fijación de los precios de la gasolina y diésel, bajo las condiciones de mercado son:

• Baja California y Sonora, 30 de marzo de 2017

• Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango, 15 de junio de 2017

• Baja California Sur, Durango y Sinaloa, 30 de octubre de 2017

• Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 30 de noviembre de 2017

• Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 30 de diciembre de 2017

De igual manera, la fracción II del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 dispone:

II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel.1 Adicionalmente, especificará la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.

Así las cosas, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público expidió el Acuerdo 98/2016, por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017.

De este modo, mientras que los precios de la gasolina y diésel no se fijen por las condiciones del mercado (oferta y demanda), aplican los montos máximos fijados por SHCP. Se reitera: son máximos y no mínimos , por lo que los gasolineros pueden jugar con su margen de ganancia y establecer precios por debajo de los máximos, fomentando la competencia en el sector.

Ejemplo y antecedente de lo anterior, es el caso que se presentó recientemente en Colima, donde empresarios gasolineros optaron por bajar el precio de los combustibles a manera de beneficiar al sector agropecuario; específicamente, en el Municipio de Cuauhtémoc son cinco gasolineras las cuales han reducido el costo por litro de los combustibles quedando de la siguiente manera: la Magna se vende en $16.14, esto es 40 centavos menos; la Premium en $17.90, 50 centavos menos y, finalmente, el más importante para la región por ser de uso agropecuario, el Diésel se vende en $17.21, 47 Centavos menos.

Las medidas que han adoptado los empresarios gasolineros al reducir sus ganancias, se justifican en el beneficio que se genera para los agricultores de la zona, quienes de la ayuda de los vehículos a motor diésel producen los elementos necesarios para ser vendidos y, de esta forma generar, una retribución.

El subir el precio a una zona agropecuaria como la de Cuauhtémoc hubiera sido un gran desastre para la economía de las familias del lugar, ya que siendo una de sus principales fuentes de ingreso la agricultura, el aumento en el precio del diésel disminuiría la producción y los costos hubieran sido mayores teniendo perdidas a corto plazo.

Lo anterior, es muestra de la empatía que tienen los empresarios de la zona con los agricultores, ya que otorgan estímulos para que puedan seguir abasteciendo sus herramientas de trabajo como lo son los tractores de diésel.

Por otro lado, el hacer que los empresarios consideren hacer una reducción de entre 50 centavos, 1 peso o 1.50 pesos, significará un gran logro, ya que se estará fomentando una sana y libre competencia entre gasolineros, los que, por otro lado, podrán ofrecer valor agregado a las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD), para resultar más atractivas, por ejemplo:

- Renovación y mantenimiento de servicios sanitarios.

- Paquete de servicio al momento de realizar la carga de combustible (verificación de la presión de neumáticos, verificar niveles de aceite, agua, anticongelante)

- Aseo exterior del vehículo

- Instalación de tiendas de conveniencia.

Tal valor agregado que puede ser ofrecido por todos los empresarios, quienes, al final del día buscarán generar más ganancias basadas en el servicio que ofrece su establecimiento, que por el precio en el que se ofertan los combustibles.

En Encuentro Social sabemos que los subsidios no producen beneficios a las clases más necesitadas ni a la economía nacional; creemos, en cambio, en la libre y sana competencia entre empresarios para motivarlos a reducir el costo por litro de los combustibles, ya que, de este modo, se beneficiará al usuario final, generándose círculos virtuosos de crecimiento económico sin dañar las finanzas públicas.

Sabemos que existen empresarios gasolineros que con, sin, o a pesar de las cúpulas que no ven más allá de sus intereses cortoplacistas y se niegan a aportar su voluntad para fortalecer la economía mano a mano con el Estado Mexicano, están dispuestos a demostrar que la libre y sana competencia es el mejor camino para que México crezca y la sociedad gane.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único. Esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, desde el ámbito de su competencia, a que se sirva implementar y coordinar una campaña para promover una sana y libre competencia entre los empresarios responsables de las Terminales de Almacenamiento y Despacho de Pemex, a fin de beneficiar al usuario final y ofrecer valor agregado.

Nota

1 Para ello considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística , incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, enero 11 de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto por el que se deroga el incremento de los precios de las gasolinas Magna y Prémium, y el diésel vigentes a partir de este 1 de enero, a cargo de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Palafox Gutiérrez, senadora de la República del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que emita el decreto por el que se deroga la decisión de aumentar el precio de las gasolinas, bajo las siguientes

Consideraciones

De mal en peor. Lo advertimos la mal llamada reforma energética y las que le siguen, sean estas la Hacendaria, la de Telecomunicaciones, la Educativa, son simples cortinas de humo. Pero quizá lo más grave de la administración actual es la serie torpezas, de estulticias que ni para su propio beneficio le atinan.

Muchos de los teóricos del marxismo afirmaron que la política económica, sigue siendo economía política. Estos tecnócratas no han entendido “ni papa” de esto. Ya no sé si todo esto que pasa en el país y que lo sufren las clases más necesitadas es un “Elogio a la locura” o es un monumento a la estulticia política. Suicidas en el mejor de los casos.

Observar el incremento desmedido a las gasolinas, después de todos los problemas de corrupción y desprestigio de este gobierno, solo se puede entender por una desmedida ambición o de plano gobernar este país les vino grande, o ambas.

Lo tienen deshecho, a un vilo de la desestabilidad social. Decía Tocqueville que el Estado hace cosas inmensas, pues este gobierno no tiene idea, ni siquiera tantito de lo que es el Estado.

Tenemos enfrente ya los problemas que se avecinan con el triunfo del locuaz, desenfrenado y xenofóbico Donald Trump. La principal industria de exportación en nuestro País, la automotriz ya sufrió su primer revés, sea esta la Ford o la General Motors. Cuando deberíamos estar atentos proactivos, generando nuestra propia agenda que nos blinde de los de los ataques y riesgos que tendremos del exterior, el gobierno receta el aumento desmedido a las gasolinas que desatará, además de la indignación social que ya vivimos, un aumento exponencial en el precio de los alimentos de la canasta básica, que les pegara ‘directamente a los más pobres y a los consumidores que somos todos.

No solo las gasolinas que ahora su precio promedio es de 15.99 pesos por litro de la magna, la Premium 17. 79 pesos, y el diésel 17.05. Pero si uno revisa las 90 regiones que estableció la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la magna llega a tener un precio de 16.33 pesos, la Premium más de 18 pesos. En fin, esto es una barbaridad.

Ya el gobierno implemento otro Pacto de acuerdos ficticios, más bien parece una ocurrencia que nadie cree. También ya se hace uso de sus plumas y santones de la opinión pública para a defender lo indefendible, a fin de que expliquen las razones del aumento. Incluso ha recurrido a la fuerza pública para amedrentar con su poder a los que se manifiestan.

Aunque lo hagan, ya la Comisión Federal de Competencia lo había advertido de la falta de infraestructura para el abastecimiento de combustible. También sabemos, desde hace muchos años, que importamos más del 50% de la gasolina que consumimos. Que solo del 2010-2015 Pemex Refinación perdió más de 660 mil millones de pesos. Y la reforma energética donde quedó. Pues no que ya no habría gasolinazos, lo afirmó el Presidente Peña. ¿En qué quedamos?

La mayoría de la gasolina que se distribuye en el país es en carros tanque (pipas), cuesta trasportarla 13 veces más que hacerlo por ductos y la mitad si se hace por tren. ¿Por qué se sigue haciendo la mayoría de su distribución en pipas? Por la corrupción.

Recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la Constructora brasileña Odebrecht pago jugosos sobornos a altos funcionarios de México (entiéndase la hoy empresa productiva del Estado Pemex) que superan los 200 millones de pesos (10.5 millones de Dólares) en el periodo de 2010-2014. Los contratos que le fueron adjudicados son los más grandes de los últimos años, uno de ellos la planta petroquímica Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, por más de 5 mil millones de dólares; otra la Ramones II, el gasoducto de 450 km. que corre de Nuevo León a San Luis Potosí por un mil 200 millones de dólares; otro más para la modernización de la refinería de Tula, Hidalgo, por un mil 800 millones de dólares. Esta empresa acusada de millonarios sobornos a altos funcionarios mexicanos, por la institución de justicia norteamericana, no de México con todo y su festejado Sistema Nacional Anticorrupción donde todavía ni siquiera contamos con el “fiscal anticorrupción”, Odebrecht se le adjudicaron contratos por la friolera cantidad de 8 mil millones de dólares, algo así como 160 mil millones de pesos, equivalentes a más de tres veces el presupuesto para el 2017 destinado al programa Prospera.

Más aun las tarifas eléctricas se incrementaron de enero de 2016 a enero de 2017 en 53 por ciento la de uso industrial, la comercial en 37 por ciento y la de alto consumo doméstico en 25 por ciento.

Los voceros con sus plumas ya salieron a explicar las sesudas razones del aumento. Que si el precio de referencia es alto porque se han incrementado los precios internacionales del petróleo, que si la depreciación del peso respecto al dólar; que si el costo de transportación, que si seguimos importando el 50 por ciento de la gasolina que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo cierto es que no solo es un golpe brutal a la economía de los más necesitados, sino que el gobierno sigue abonando a su desprestigio porque no sabe qué hacer y de verdad no sabe qué hacer.

Este es un asunto de política económica, de política de Estado, pero estamos muy lejos que estos tecnócratas y su mercado sepan algo de esto. Qué pena, porque ahora sí parece que nos enfilamos, sin remedio aun Estado fallido.

Por lo anterior y en aras de no golpear la economía popular de millones de compatriotas y de darle cuando menos un respiro a la indignación en que hoy nos encontramos, los legisladores de diferentes grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proporción con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto para que, de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución General de la República y demás leyes en la materia, emita el decreto por el que se deroga el incremento a los precios de la gasolina Magna, Premium y Diésel, vigentes a partir del primero de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero del 2017.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Ssa a generar con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes campañas de toma de conciencia sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos de comunicación, información o juego, haciendo énfasis en su incidencia en la obesidad y el sobrepeso infantil como causas de diabetes y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial y el cáncer, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública, la cual pudiera colapsar los Sistemas de Seguridad Social de nuestro país en el futuro próximo sino somos capaces de generar acciones que disminuyan su prevalencia a través de la prevención.

Es importante resaltar que esta enfermedad crónica y degenerativa, tiene como una de sus principales causas, el sobrepeso, la obesidad, la mala nutrición y el sedentarismo asociado a una vida pasiva, carente de actividad física, presente sobre todo en los centros urbanos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición en el año de 2012, cerca de 6.5 millones de adultos en México, habían sido diagnosticados con diabetes, de acuerdo a un muestreo estadístico aplicado a 4,500 personas adultas diagnosticadas con este padecimiento, referido en el documento titulado “Diabetes en adultos”, revela que, el 63.2% de los diabéticos reporto? cumplir con la periodicidad de consultas médicas, donde se realizaron detecciones de colesterol y triglicéridos a 70.6% de los pacientes, y 44.1% refirió toma de presión arterial al menos una vez al mes. Sin embargo, se detectan desviaciones importantes en el cumplimiento de la norma de atención médica: únicamente un porcentaje pequeño de diabéticos reporto? seguir una vigilancia estricta del control metabólico.

El anterior estudio desprende las siguientes recomendaciones, que coinciden con el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo: Debemos actuar ante el reto emergente que representa la diabetes y consolidar la política integral para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el riesgo cardiovascular, que incluya su evaluación sistemática y se enfoque en lograr una mayor sensibilización sobre la diabetes, sus complicaciones y su prevención. La consolidación del programa derivado de esta política debe incluir acciones y guías de actividades aplicables a los distintos proveedores de salud para mejorar la calidad de la atención, tomando en cuenta las necesidades de promoción a la salud, prevención y control de la enfermedad. Sera? importante mejorar la calidad de la información sobre diabetes y sus complicaciones con la creación de registros longitudinales que alimenten las decisiones de política pública y evalúen el uso de recursos destinados a prevenir y controlar estar enfermedad

Es la intención de la Proposición con Punto de Acuerdo contribuir a una cultura que coadyuve al control del sobre peso, como un mecanismo de prevención de la diabetes mellitus en la población adulta futura en México, es decir fortalecer las acciones para niñas, niños y adolescentes con la finalidad de reducir el impacto de la diabetes en las futuras generaciones de México.

La misma Ensanut, a través del documento titulado “Resultados de Actividad Física y Sedentarismo en Personas de 10 a 69 años” arroja lo siguiente: A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la Ensanut 2012, se estima que 58.6% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física organizada (ie participación en deportes organizados) durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizo? uno o dos actividades y 2.5% más de tres actividades, De acuerdo con la clasificación de la OMS,8 en México 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. [...] Cuando se evaluó? el tiempo frente a una pantalla, un indicador de sedentarismo , únicamente 33% de los niños y adolescentes reporto? haber cumplido con la recomendación de pasar un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, mientras que 39.3% reporto? pasar de más de dos y menos de cuatro horas diarias y el 27.7% cuatro o más horas diarias frente a una pantalla. Para el grupo de adolescentes, 36.1% reporto? haber pasado un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, mientras que 63.9% refrió? pasar más de dos horas diarias.

En otras palabras, el uso prolongado de tecnologías de información o de carácter lúdico, están convirtiéndose en una causa fundamental del sedentarismo en niñas, niños y adolescentes, lo que ocasionará un aumento en el sobrepeso y la obesidad, que a su vez tendrá consecuencias directas en la epidemia de la diabetes, si bien es cierto la revolución tecnológica que actualmente vivimos es fundamental, por lo que se propone que el Senado de la República se pronuncie para que la Secretarías de Educación Pública y de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, elaboren campañas que informen a la población sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado de dispositivos de comunicación, información o juego, y su influencia directa en la obesidad y la diabetes.

La Organización Mundial de la Salud, publicó una serie de datos, que coadyuvan a entender las acciones necesarias para reducir la obesidad y el sobre peso infantil:

• En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo período.

• En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%.

• Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.

• Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta.

• La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y cardiopatías.

• La lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses de edad es un medio importante para ayudar a impedir que los lactantes se vuelvan obesos.

De igual forma la inactividad física genera una serie de problemáticas de salud pública, referidas por la OMS, que a continuación se enlistan:

• Un 6% de las muertes mundiales son atribuidas a la inactividad física. Solo la superan la hipertensión (13%) y el consumo de tabaco (9%), y la iguala la hiperglucemia (6%).

• Además, la inactividad física es la principal causa de aproximadamente un 21–25% de los cánceres de colon y mama, un 27% de los casos de diabetes y un 30% de los casos de cardiopatía isquémica.

• Las personas físicamente activas tienen:

– Menor frecuencia de: cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, accidentes vasculares cerebrales, diabetes, cáncer de colon y mama, y depresión;

– Menos riesgo de caídas y fracturas vertebrales o de la cadera;

– Más probabilidades de mantener un peso saludable.

Es por tanto que la Proposición con Punto de Acuerdo se manifiesta en pro de alentar la actividad física y concientizar sobre los daños a la salud, sobre el permanente uso de dispositivos electrónicos en niñas, niños y adolescentes, Para lo cual se considera:

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CEPEUM en su Artículo 4º, establece el derecho a la salud universal, en su más alto nivel posible.1

2. Que la misma CEPEUM, en el Artículo 4º, mandata a través del Principio del Interés Superior de la Infancia, a tomar medidas que permitan el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiado las acciones que más les favorezcan.2

3. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su artículo 503 establece que este grupo poblacional tiene derecho a la salud, para lo cual atribuye diversas disposiciones a cumplir por las autoridades entre las cuales se destacan las siguientes fracciones del artículo en comento:

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VII Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así? como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;

4. Que la Ley General de Educación, señala que uno de los criterios para determinar las políticas públicas, adicionales a lo estipulado en el artículo 3º de la CPEUM, será el fortalecimiento de la actividad física y la práctica del deporte de acuerdo a la fracción IX, del artículo 7, que a la letra dice:

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

Así la proposición con punto de acuerdo coincide con los diversos ordenamientos legales, que promueven la salud en niñas, niños y adolescentes, con lo que su alcance tendrá como finalidad una toma de conciencia positiva sobre los beneficios de la actividad física en los individuos y los riesgos del sedentarismo, asociado a una de sus causar principales en este grupo poblacional como lo es, el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos.

De acuerdo con los artículos mencionados en el proemio es que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a generar campañas de Toma de Conciencia, sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos de comunicación, información o juego, fijando su énfasis en su incidencia en la obesidad y el sobre peso infantil, como causas de diabetes y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial y el cáncer.

Notas

1 Artículo 4: [...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

2 Artículo 4 : [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así? como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [...]

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero de 2017.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México y, a su vez, se solicita un pronunciamiento en favor de una política exterior de Estado a cargo del Ejecutivo federal, en coordinación con el Senado de la República, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 118, 121, 122, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde el anuncio oficial de la aspiración de Donald Trump a la Candidatura Republicana a la Casa Blanca, el pasado 16 de junio de 2015, la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos se convirtió en una de las principales propuestas de campaña, prometiendo en todo momento que los costos serían cubiertos por nuestro país. De hecho, en su plataforma sobre “cómo hacer a América grande de nuevo”, en el tema de migración establece que en el primer día de su mandato se comenzará a construir una muralla físicamente impenetrable en la frontera sur.1

En ese sentido, en las primeras declaraciones, el entonces precandidato argumentó que “cuando México envía a su gente, no manda lo mejor, sino que manda personas con muchos problemas y traen drogas, crimen y son violadores”,2 además de afirmar que nuestros connacionales restan empleos a los estadounidenses y que nos beneficiamos desproporcionadamente del comercio bilateral en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En principio, las propuestas, así como la propia precandidatura de Donald Trump, resultaban poco creíbles. Sin embargo, el 21 de julio de 2016, el magnate se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano a la Presidencia. En su discurso de aceptación ante la Conferencia Nacional de su partido reiteró que, de convertirse en el titular del Ejecutivo estadounidense, construiría un “gran” muro fronterizo para detener el ingreso a territorio estadounidense de la inmigración “ilegal” de las organizaciones delictivas; así como para frenar la violencia y el flujo de drogas hacia ese país.3

De esta manera, y siendo ya candidato, el martes 31 de agosto de 2016, Donald Trump fue recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos, hecho que fue desaprobado por el 82.2 % de los mexicanos.4 En aquella ocasión, el Presidente de México afirmó que “al inicio de la conversación, dejó claro que nuestro país no pagaría por el muro”. No obstante, y cuatro horas después del encuentro, el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos reafirmó en el contexto de la presentación de los 10 puntos de su plan migratorio, en la ciudad de Phoenix, Arizona, su proyecto de construir el muro, mismo que, de acuerdo con él, sería pagado por México.

Contra todo pronóstico, objetando a la mayoría de las encuestas electorales, e18 de noviembre de 2016, Donald Trump se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos de América. El 6 de enero pasado, la cadena de noticias internacionales CNN publicó la intención del presidente electo de solicitar al Congreso de ese país la autorización de fondos del presupuesto estadounidense destinados a 2017, para la construcción .del muro fronterizo entre ambos países. La información fue corroborada en la cuenta de twitter del Presidente Electo, añadiendo que esta medida se tomó por cuestiones de rapidez, y estar en condiciones de cumplir la promesa de campaña, y que México tendrá que reembolsar los fondos erogados. Se prevé que la propuesta presupuestal sea presentada oficialmente en febrero y resuelta en abril próximo.

Segunda. Es imperante recordar que ésta no ha sido la primera ocasión en la que se plantea la creación de un muro entre ambos países, en el 2006, el ex presidente George W. Bush firmó una ley que autorizaba la construcción de un muro de más de mil kilómetros.5 Sin embargo, la construcción del muro se enfrentó a diversos obstáculos, entre ellos la oposición de Organizaciones ambientalistas y la oposición de terratenientes que se vieron afectados por la construcción de cercas y demandaron al gobierno solicitando indemnizaciones de millones de dólares.6

La construcción de un muro enfrenta no sólo obstáculos diplomáticos, también ambientales y económicos. En el acuerdo de fronteras creado en 19707 el cual, se encarga de las construcciones, entre los ríos Colorado y Bravo, se estipula la prohibición de la construcción de cualquier estructura que pueda causar desviación u obstrucción de la corriente normal de los ríos.

Ante esto, el muro propuesto por Trump tendría que construir estructuras para que el muro no provoque inundaciones, permita el paso de sistemas de drenaje y no tenga impactos colaterales en carreteras y edificios fronterizos.

En la cuestión ambiental, diversos grupos defensores de la vida animal y silvestre subrayan que un muro tendría un gran impacto negativo en la vida de especies migratorias y su hábitat natural. La Norma Oficial Mexicana y la Ley para la preservación de Especies estadounidenses protegen cerca de 60 especies a nivel federal que habitan en la región fronteriza y aseguran que la migración de las especies es necesaria para su sobrevivencia y un muro fronterizo limitaría su paso.8 Adicionalmente, se estima que la eventual construcción del muro afectaría el ecoturismo y la economía de las comunidades locales.

Según estimaciones del presidente electo Trump, la construcción del muro costará entre 8 mil millones de dólares y 12 mil millones de dólares. No obstante, según una publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en realidad costará 38 mil millones de dólares,9 costo que el presidente electo planea sea cubierto por las remesas de los mexicanos o con aranceles que también generarían problemas al consumo de los estadunidenses.

Desde la crisis de 2008 la migración desde México se ha reducido hasta ser de tasa cero, según el Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el costo de deportar un mexicano asciende a 12,500 dólares. Si la intención del presidente electo es disminuir el paso de migrantes de México a Estados Unidos resultaría más cara la construcción de un muro que el impacto actual de la migración. De acuerdo con el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), los inmigrantes indocumentados pagan en Estados Unidos cerca de 11,000 millones de dólares en concepto de impuestos. Contribución que se perdería al cumplirse las amenazas del futuro Presidente Donald Trump.10

Tercera. Asimismo, la suscrita está convencida de que más allá de construir muros que dividan a nuestras sociedades, el Estado mexicano debe redoblar sus esfuerzos para promover ante la coyuntura actual una relación franca, directa y propositiva con Estados Unidos de América, y superar con hechos y acciones concretas los obstáculos que ha impuesto la retórica expuesta por el presidente electo Trump contra México y los mexicanos.

En ese sentido, es preciso recordar que México y Estados Unidos recién han cumplido 193 años de relaciones diplomáticas. Los vínculos entre nuestras sociedades son históricamente inquebrantables. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por donde cruzan más de 1 millón de personas al día. Diariamente un millón de personas y 437,000 vehículos transitan de manera ordenada de un lado a otro de la frontera. Asimismo, en Estados Unidos viven más de 35 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 11 millones nacieron en México y 6 millones son indocumentados.

Para ninguno de nosotros es ajena la complejidad y transcendencia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ésta comprende una gran diversidad de temas en los ámbitos político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. A lo largo de la última década, ambos países han promovido una visión de responsabilidad compartida en la atención de los retos comunes que ambos países enfrentan. Destaca también los esfuerzos emprendidos por México y Estados Unidos para modernizar la infraestructura fronteriza que conduzca a cada vez una mayor competitividad y prosperidad en la región de América del Norte.

En materia comercial, es preciso recordar que durante 2015, los intercambios entre México y Estados Unidos equivalieron a 531 mil millones dólares, cifra mayor a la acumulada a través del comercio de ese país con Japón, Alemania y Corea del Sur, en su conjunto. Estados Unidos es el primer socio comercial de México, mientras que México es el tercer socio comercial para Estados Unidos. Las exportaciones de México ascendieron a 294 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 240 millones de dólares, con una balanza comercial positiva de 53 millones de dólares. De acuerdo con cifras del Censo de Estados Unidos en 2014, el comercio bilateral ha crecido en 441% desde 1994, a una tasa promedio anual del 11.3%. Casi 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen hasta hoy de la relación comercial entre nuestros países.

El impacto de la inversión extranjera directa de México en Estados Unidos es también innegable. Desde 2007 ésta se ha casi duplicado y contribuye hoya la generación de más de 123,000 empleos en diversas industrias, desde la construcción hasta los servicios financieros. Por otro lado, Estados Unidos es el principal inversionista en México. De enero de 1999 a septiembre de 2015, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México alcanzó los 192.8 millones de dólares (46.3% de la IED total que ingresó en ese periodo al país).

Igualmente, es fundamental recordar que la comunidad migrante mexicana es emprendedora y genera empleo, contribuyendo de esa manera al desarrollo ya la prosperidad de la sociedad estadounidense y de las comunidades a las cuales han decidido integrarse. De acuerdo con un estudio elaborado por la Fundación BBVA Bancomer en 2012, la población mexicana en Estados Unidos contribuyó en 8% al producto interno bruto de ese país. El impacto de la comunidad migrante en la generación de empleos en Estados Unidos es trascendental (el 12% de los migrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos son mexicanos); Existen aproximadamente 570 mil empresas en Estados Unidos propiedad de inmigrante s mexicanos (1 de cada 25 empresas en el país). Los ingresos generados anualmente por estas empresas están calculados en 17 mil millones de dólares.

Por último, la suscrita recuerda que es preciso construir una política exterior de Estado que permita actuar de manera coordinada y hacia una misma dirección al promover los intereses de México y defender los derechos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza rotundamente la intención del Presidente electo de Estados Unidos de América de construir un muro que divida a la frontera común entre México y ese país, y se compromete con el pueblo de México a no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno que tenga como finalidad cumplir con esa pretensión.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la construcción, a cargo del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en coordinación con el Senado de la República, de una política exterior de Estado y de largo plazo, que permita a ambos poderes de la Unión .actuar conjuntamente a fin de promover los intereses de México en Estados Unidos y asegurar el respeto y protección de los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen en ese país.

Notas

1 Donald J. Trump’s 10 point plan to put America First. Donald J. Trump vision. Revisado el 09 de enero de 2017 en https:/ /www.donaldjtrump.com/policies/immigration

2 Ye Hee Lee, M. (2015). Donald Trump’s false comments connecting Mexican immigrants and crime. The Washington Post. Revisado el 9 de enero de 20 17.

3. Donald J. Trump Republican Nomination Acceptance Speech. Donald J. Trump for President, Inc. Revisado el 09 de enero de 2017 en https:/ /assets.donaldjtrump.com/DJT_Accceptance_Speech.pdf

4 Consulta Mitofsky (2016). Impacto de la visita de Trump a México. Revisada el 9 de enero de 2017 en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/it em/852-visita-trump-mexico

5 El País, Agencias, (2006), “Bush firma la ley que autoriza el muro fronterizo de 1,100 km entre México y EEUU”. El País. Revisado el 9 de enero de 2017 en: http://intemacional.elpais.com/intemacional/2006/10/26/actualidad/11618 13608_850215.html

6 El Universal, (2016), “¿Puede Trump construir un muro en la frontera?” El Universal. Revisado el 9 de enero de 2017 .en: http://www.e1universal.com.mx/articulo/mundo/2016/03/8/puede-trump-cons truir-un-muro-en-la-frontera

7 “Tratado para resolver las diferencias fronterizas, y pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, (1970). Revisado el 09 de enero de 2017 en: http://ordenjuridico.20b.mx/Publicaciones/CDs2011/CDTratados/pdf/B108.p df

8 Brooks, D. (2016), “4 efectos concretos que tendría la construcción del muro que Donald Trump propone en la frontera entre EEUU y México”. BBC Mundo. Revisado el 09 de enero de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36466006

9 Kakaes, K. (2016) “Bad Math Props Up Trump’s Border Wall”. MIT Technology Review. Revisado el 9 de enero de 2017 en; https://www.technology.review.com/s/602494 /bad-math-props-up-trumps-border-wall/

10 Ayuso, S. (2016). Op. Cit.

Recinto de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Senadora Gabriela Cuevas Barron

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las presidentas, síndicas, regidoras electas y funcionarias del estado en condiciones de seguridad y libertad; y, en su caso, investigar y sancionar a los responsables de agresiones contra mujeres, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental, como un requisito básico para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha posibilita- do la definición de la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito político como un tema importante en la agenda internacional de los derechos huma- nos. Sin embargo, tal como apuntan Alda Facio habría que tener presente que la concepción de los derechos humanos ha variado históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido que cada época y cada sociedad le han dado; por ello, el reconocimiento de la necesidad de garantizar la participación política equilibrada entre mujeres y hombres ha implicado una serie de procesos históricos de movilización social que ha tenido como protagonistas a las mujeres en su exigencia por lograr el reconocimiento pleno de su ciudadanía.1

La creencia de que las mujeres no son tan humanas como los hombres al no poseer las mismas cualidades, fue la justificación para su exclusión del ámbito de la política. Con el tiempo dicha exclusión dio pie a la realización de múltiples movilizaciones fe- meninas, así como al desarrollo de una mayor conciencia internacional en torno a los derechos de las mujeres, hasta lograr el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y, por ende, requieren estar plenamente integrados en los instrumentos internacionales de la materia.

Este proceso es fundamental porque da cuenta de las situaciones y fenómenos socio-históricos que han posibilitado traspasar del reconocimiento de “los Derechos del Hombre” al paradigma de los “Derechos Humanos”, tránsito que ha implicado la incorporación de las mujeres como género en lo humano, reconociéndose que son tan humanas como los hombres y, por tanto, la discriminación contra las mujeres, por su condición de género, es una violación a los derechos humanos.2

En México, como en todo el mundo, las demandas de igualdad de género han pasado de ser demandas de los movimientos feministas a incorporarse a la corriente principal de la política. Esa institucionalización de las demandas feministas tuvo, como una de sus consecuencias, la focalización del problema del acceso de las mujeres al ejercicio de la política.

En el caso mexicano, en particular, esa atención se centró, primero, en el establecimiento de un mecanismo de cuota de género y, en un momento posterior, en elevar su efectividad. El tema de la equidad de género y de los mecanismos que se emplean para lograrla de forma más efectiva y ejecutiva han recibido una importante atención en el debate público.

La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca transformarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico. Por ello, la paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar.

Hace dos años las Senadoras de la República, dentro de la llamada reforma política, lograron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50 por ciento de postulaciones para las mujeres.

Sin embargo el resultado adverso de este avance se ha presentado en reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tienen acceso a las candidaturas en los diversos procesos electorales. En los dos últimos años los casos de violencia hacia las mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales, que registran desde asesinatos hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas.

Uno de los casos más emblemáticos es Chiapas donde las mujeres pudieron ser candidatas en 2015 gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se han documentado casos como la golpiza contra la entonces candidata a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, o bien la renuncia de la Alcadesa electa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a dimitir. Sin embargo, una vez electas como alcaldesas, síndicas o regidoras no han ejercido sus funciones. A estos casos se suman las denuncias de funcionarias municipales de Oxchuc, Tecpatán, Amatenango del Valle, Malpaso y San Cristóbal de las Casas, entre otros, que denuncian no poder ejercer sus actividades como autoridades e incluso la retención de sus sueldos.

Es importante mencionar los crímenes contra la precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, asesinada en marzo de 2015; y de Gisela Raquel Mota Ocampo presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada en enero de 2016, un día después de tomar posesión del cargo.3

Existe un vacío en la legislación sobre el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género, ante la falta de determinación por el Congreso de la Unión de legislar en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaria de Derechos Humanos de las Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas(CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Señala que tipo de violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto: “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público” .4

De acuerdo a datos de la FEPADE entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría vinculados con el apoderamiento, destrucción o alteración de material o documentos electorales, de los cuales en 103 casos se abrió una indagatoria y solo 14 personas fueron condenadas, esto debido a como ya lo hemos mencionado, al no existir el delito específico la FEPADE, con el objeto de sancionar la conducta, basa sus denuncias en los tipos penales que se establecen en el artículo 7 de la ley General en Materia de Delitos Electorales.

Aunado a ello, el TEPJF ha conocido de casos donde resuelve que se deben de restituir los derechos vulnerados de las quejosas, tal son los casos de Rosa Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó y de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, sin que hasta el momento se haya podido hacer nada debido a los vacíos que sobre la materia existen.

Es necesario señalar que en el Senado de la República han sido presentadas, por diversas Senadoras, de todos los partidos representados en la Cámara, iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación, con el fin de tipificar y sancionar el delito de violencia política contra las mujeres por razones de género.

Sin embargo y muy a nuestro pesar los casos sobre violencia política en contra de las mujeres por razones de género se siguen multiplicando, muestra de ello es el caso de las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, que han sido víctimas de acoso antes y después de asumir el cargo se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.

De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género.

La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de mujeres en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática. Actualmente sólo 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres.

Después de la incorporación del principio de paridad en la Constitución, en septiembre de 2013, en Oaxaca durante el proceso electoral de 2016, los partidos políticos se vieron obligados a registrar candidaturas que incluyeran 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres, tanto para diputaciones como para presidencias municipales.

En el caso de los municipios que se rigen por SNI el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió en 2015 un acuerdo del Consejo General, a través del cual previene a los municipios para que garanticen la participación de las mujeres en las asambleas y en los espacios de representación comunitaria.

Dichas acciones derivaron en el incremento de la participación política de las mujeres oaxaqueñas en el proceso electoral, y con ello la violencia política en distintas formas, como: campañas de difamación y desprestigio, violencia física, verbal, emocional, amenazas para impedir que ejerzan el cargo, amenazas contra miembros de su familia, entre otras.

Ante la ausencia de la obligación legal hacia los partidos de postular la mitad de candidatos mujeres a nivel municipal, la actuación del Tribunal Electoral, las Salas del TEPJF establecieron una postura firme a favor de la paridad de género, obligando a los partidos políticos a cumplir con ese principio en la integración de las listas de candidatos a los cargos de elección popular, con especial énfasis sobre las postulaciones en el ámbito municipal. El criterio general adoptado por la Sala Superior señala que “la paridad horizontal y vertical a nivel municipal es un mandato constitucional y convencional y, por tanto, su aplicación resulta incuestionable.”

Es decir, es de observancia obligatoria” y que su finalidad es “el adecuado equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, en el caso, en la integración de los Ayuntamientos y con ello lograr la participación política efectiva en la toma de decisiones del mencionado ente público colegiado, en un plano de igualdad sustancial, con el objetivo de consolidar dicha paridad de género como práctica política” (SUP-REC-128/2015). 5

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por Santiago Nieto Castillos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacía las mujeres.

Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, su hermano fue asesinado el mismo día. Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.7

Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.

Diversos grupos de Mujeres oaxaqueñas han hecho un llamado a las autoridades estatales y federales, a los partidos políticos y a las autoridades comunitarias a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca, tanto en el sistema de partidos políticos como a través de los Sistemas Normativos Internos.8

En el caso de las mujeres electas para desempeñar el cargo de sindicas en diversos municipios del Estado, existe la amenaza de que sean destituidas, básicamente para quitarlas de la Comisión de Hacienda, espacio importante para la toma de decisiones y en la que se pretende colocar a hombres.

El 25 de febrero de 2016, la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca aprobó el decreto por el que se adiciona el artículo 401 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que contempla salvaguardar los derechos políticos de las mujeres, incorporando acciones penales contra quienes ejerzan este tipo de violencia, siendo esta la primera entidad del país en tipificar la violencia política de género, contempla imponer prisión de dos a seis años y multa de siete mil a 15 mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad.9

La puesta en marcha de la paridad supone una trasformación radical de las instituciones y de la vida social que, en última instancia, cambiaría la agenda política al reconocer a cabalidad la conjunción entre la vida privada y la pública. Por tanto, su implementación requiere, necesariamente, de normas jurídicas y políticas públicas cuyo objetivo sea no sólo la superación del desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones y poder público, sino también la re- distribución paritaria de las responsabilidades y cargas de trabajo del ámbito privado, contribuyendo de este modo a la desaparición de la dicotomía excluyente público- privado y con ello avanzar hacia una igualdad de facto, esto es, una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno estado de Oaxaca a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las Presidentas, Sindicas, Regidoras electas, y Funcionarias del estado en condiciones de seguridad y libertad y en su caso investigar y sancionar a los responsables de las agresiones contra las mujeres, tal y como lo establece el artículo 401 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a garantizar de manera integral las condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos e imparta cursos para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación.

Notas

1 Medino Espino, Adriana. La participación política de las mujeres: de las cuotas de género a la paridad. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Página 30.

2 Ibídem. Página 35.

3 http://www.milenio.com/politica/
Senado_ignora_iniciativas_tipificar_violencia_politica-violencia_politica_mujeres_0_784121606.html

4 http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_ 140316.pdf, página 19.

5 http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf

6 http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/76

7 http://codicesoaxaca.com/?p=6761

8 http://oaxacadiaadia.com/2016/12/08/oaxaquenas-exigen-alto-a-la-violencia-politica/

9 http://www.equidad.org.mx/index.php/es/2014-11-21-23-07-10/2-uncategorised/
616-tipifican-violencia-politica-de-genero-en-oaxaca

Sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a conceder un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos, suscrita por el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a que conceda un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos realizados en el marco de las protestas por el alza en el precio de los combustibles, de manera que puedan deducir las pérdidas sufridas, directamente del impuesto sobre la renta generado en el ejercicio fiscal de 2016, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México enfrenta grandes desafíos en el año que comienza, tanto de orden interno como externo. En lo interno, la positiva y necesaria apertura del mercado de combustibles en México, ha ocasionado molestias e inconformidades entre la población, y esto, es más que entendible. Sin embargo, es una realidad innegable que la escalada de precios de petrolíferos indispensables para el consumo nacional, como la gasolina, aunado a la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, hacía obligado un ajuste que impidiera el crecimiento del endeudamiento público o el sacrificio de importantes programas sociales, que habrían lastimado aún más a los mexicanos más desfavorecidos. Más importante aún, es que una vez liberalizado el mercado, habrá más competencia y, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda y del tipo de cambio, los combustibles podrían abaratarse en un futuro.

Por desgracia, so pretexto de manifestarse en contra de esta liberalización del precio de los combustibles, algunas personas –con gran irresponsabilidad– convocaron y se organizaron para realizar disturbios y saqueos que afectaron a cientos de establecimientos de distintas empresas, generándoles con ello enormes pérdidas. Para contribuir a la preservación de los puestos de trabajo, las autoridades fiscales federales y de las entidades federativas deben tomar acciones decididas de estímulos fiscales, para que las empresas afectadas compensen en parte estas mermas deduciéndolas inmediatamente de los impuestos generados en el ejercicio fiscal de 2016, con independencia de que se debe actuar con todo el peso de la ley contra los responsables.

El beneficio fiscal aludido se daría en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que han firmado el lunes el gobierno de la República, las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo, en el que definieron acciones que contribuirán a la estabilidad económica y el bienestar de las familias mexicanas.

De este modo, las medidas anunciadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se verían reforzadas y acompañadas con un apoyo extraordinario a los afectados por los actos delictivos a los que nos hemos referido.

En México enfrentamos circunstancias y retos históricos en lo interno como en lo externo, y ante ello, es indispensable responder también con golpes de timón sin precedentes.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que conceda un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos –que se realizaron en el marco de las protestas por el alza en el precio de los combustibles–, de manera tal que puedan deducir las pérdidas sufridas, directamente del impuesto sobre la renta generado en el ejercicio fiscal de 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2016.

Senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener y Pemex a tomar decisiones para garantizar la recuperación de la capacidad de refinación de la empresa, la disposición suficiente de materias primas y la inversión necesaria para operarlas a su máxima eficiencia, produciendo combustibles en beneficio de la población, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La obsesión privatizadora propicia ineficiencia

La obsesión de los funcionarios de los últimos gobiernos, de llevar a cabo una reforma energética privatizadora, se reflejó en su decisión de propiciar el progresivo deterioro de la capacidad productiva de Petróleos Mexicanos, quitándole recursos en exceso, dejando de invertir en ella, corrompiendo sus operaciones y actuando con una rapiña desmedida.

Ese proceso se inició en el gobierno de Fox y uno de los hechos más significativos fue la decisión del equipo de Hacienda, encabezado por Gil Díaz, de financiar la campaña de Calderón, otorgando a Sedesol un presupuesto extraordinario con los ingresos generados por Pemex en el primer semestre de 2006. Eso obligó a la empresa a contratar deuda para mantenerse en operación.

Lo que siguió fueron las operaciones para comprar y revender con pérdidas acciones de Repsol en España, la compra de “floteles”, la renta de plataformas y el financiamiento de una empresa como Oceanografía, a la que constituyeron en un monopolio para el suministro de servicios básicos para Pemex. Todo con una gran irresponsabilidad. Incluso ahora pretenden licitar los yacimientos en aguas someras, que ya han sido explorados y en las que los técnicos y trabajadores de Pemex tienen una gran experiencia y capacidad.

En el área industrial de Pemex, se actuó de la misma forma. Las plantas de refinación se sometieron a diferentes operaciones de reconfiguración que significaron una fuerte salida de recursos, pero ningún resultado. Actualmente las tienen operando a menos del 50% de su capacidad, llegando incluso a suspender operaciones por falta de insumos. Paralelamente se ha apresurado la liberación de las importaciones y ya representan más del 50% de las necesidades nacionales. A su vez, en el caso de las petroquímicas, éstas fueron sometidas a un sistemático proceso de abandono, que desembocó en la venta disfrazada de Pajaritos, a Mexichem, cuya operación fue tan “eficiente” que provocó la explosión de una planta.

Todo ha sido “negocio” para unos cuantos, derroche, incompetencia y una enorme corrupción, identificada en auditorías cuyas consecuencias no trascienden. Ningún plan para construir, capacitar, investigar, integrar, sólo para desmantelar. Han sido por lo menos 15 años de engaños, mentiras, pésima administración y la rapiña más descarada, y todo con el objetivo de crear las condiciones para privatizar el patrimonio petrolero de los mexicanos y entregar el mercado nacional a proveedores foráneos.

Nada de eso es justificable, pero ahora, con el cambio del entorno internacional, proseguir en ese proceso de entrega del patrimonio, de la infraestructura energética y del mercado a empresas extranjeras, es un gravísimo error, que pone en riesgo la soberanía nacional.

Si las grandes trasnacionales manufactureras que tienen operaciones en México han debido aceptar presiones políticas, incluso en contra de sus intereses económicos, ¿cuál va a ser la posición de las empresas extranjeras que adquieran control de yacimientos o de partes del mercado interno, cuando el nuevo gobierno de su país adopte alguna disposición para aumentar los beneficios para su economía? ¿Cómo suponen los funcionarios privatizadores que van a hacer valer los intereses de los mexicanos frente al gobierno estadounidense que ha cuestionado a los organismos multilaterales? ¿Cómo van a responder ante un posible diferendo con sus empresas?

Por eso insistimos. La corrupción, el derroche y la entrega de recursos y mercados a inversionistas extranjeros siempre ha sido injustificable y hoy, más que nunca, es inaceptable.

Por eso nos parece tan absurdo que el presidente Peña y los funcionarios de Hacienda afirmen que el aumento de precios de las gasolinas no es consecuencia de la reforma energética. Eso es falso.

Si no estuvieran obsesionados por expropiar los recursos de los mexicanos, los gobiernos recientes habrían actuado para fortalecer a Pemex, para aumentar su eficiencia y para terminar con la impunidad que caracterizó a su administración.

Hoy las consecuencias las sufrimos todos los mexicanos, menos los “socios”.

La incertidumbre económica

Al debilitarse los precios del petróleo se hizo evidente la vulnerabilidad en la que habían colocado a la economía nacional. Primero el gobierno de Calderón y después el de Peña, al tiempo que avanzaban en la privatización, buscaron compensar la reducción de los precios petroleros, mediante la contratación de deuda, aprovechando las bajas tasas de interés internacionales, para prolongar la aplicación de su insostenible estrategia de estabilización sin soporte sólido, y una gran corrupción.

Sin embargo, aunque la mayoría del PRI, PAN, Panal y Verde aprobó la reforma privatizadora en 2013, el financiamiento se comenzó a reflejar en un preocupante aumento en la deuda externa que, ante la inminente alza de tasas de interés en los mercados internacionales, fue motivo de incertidumbre. A eso se agregó que los débiles precios del crudo impidieron que las “reformas” se reflejaran en una avalancha de divisas, como los deseaban para su beneficio.

Finalmente, la elección de Trump, que terminó de levantar el último velo sobre la incompetencia de las últimas administraciones, encareció aún más el financiamiento externo y aceleró la devaluación del peso.

Todo eso que, en resumen, fue resultado de la mala administración y la corrupción de los últimos gobiernos y la reversión del entorno que hasta 2014 les resultó muy favorable, sumó un conjunto de sucesos que por sí mismos generaron un ambiente de gran inestabilidad económica.

La puntilla la dio el mismo gobierno, con el aumento en los precios de las gasolinas, en una medida en la que buscaron sobreproteger a las empresas que han recibido autorizaciones para importar gasolinas, frente a la posibilidad de mayores precios de importación y, sobre todo, una mayor devaluación del peso, que pudieran encarecer los precios de esos combustibles y poner en riesgo las utilidades de las empresas distribuidoras.

Ignorando el mal humor social que él mismo reconoció, el presidente Peña prefirió garantizar las utilidades de esas empresas. El problema está en que la decisión de incrementar el precio de la gasolina se suma a un conjunto de factores inflacionarios que permanecían contenidos y que ahora encuentran la necesidad de concretarlos, sobre todo porque el tipo de cambio tiende a debilitarse todavía más.

Conviene aclarar que la baja demanda seguirá siendo un factor contra el aumento de la inflación, porque las mayores tasas de interés y la devaluación van a impactar en el financiamiento del consumo. Pero también es cierto que el impacto de las gasolinas es ineludible en los costos de las diferentes actividades, como es el transporte privado y el transporte de mercancías.

Frente a eso, en Morena consideramos que el gobierno tiene la obligación de diseñar una estrategia que permita corregir progresivamente todo lo que se ha hecho mal en los últimos años.

En particular, en los momentos actuales, se requiere que tome todas las medidas necesarias para fortalecer la capacidad productiva de refinados por parte de Pemex, la empresa del Estado.

Para eso, además de suspender la aplicación de las medidas de liberalización del mercado, debe destinar más insumos petroleros y recursos financieros, para revertir la grave situación en la que se encuentran las refinerías de Pemex y el país.

Hay que recordar que, hasta el momento, a pesar de la mayor demanda, la producción de la planta de refinación se mantiene debajo de 50% de su capacidad instalada, mientras que crece la importación de gasolinas hasta representar casi 60% de la demanda nacional.

En buena medida eso se debe a la decisión de las autoridades del sector, a la dirección de Pemex, de no suministrarle crudo suficiente para elevar su producción de refinados.

Se reduce el suministro de crudo a las refinerías

Aunque ha disminuido la extracción de crudo, en lugar de destinar un mayor porcentaje a la refinación, se ha preferido reducir lo menos posible la exportación de esta importante materia prima.

La decisión de no aprovechar plenamente la capacidad instalada y de mantener un sistema de refinación sin atención para adecuarlo a las necesidades crecientes, dio lugar a que la riqueza del país se desaprovechara y hoy nos deja en riesgo de una gran dependencia, no sólo de materia prima –el petróleo-, sino de capacidad de transformación y, lo más grave, en condiciones de vulnerabilidad frente a los cambio de la industria en el exterior.

La corrupción que se generó en las esferas gubernamentales y empresariales a partir de la riqueza petrolera, propició que las propuestas de “reconfiguración” de las refinerías se usaran para enriquecimiento de unos cuantos funcionarios y empresarios, pero no contribuyeron a mejorar la producción nacional, que se mantuvo prácticamente plana y en los últimos años en descenso.

A pesar de las “reconfiguraciones” la producción de refinados no crece

Esa enorme corrupción de los funcionarios de los sexenios recientes, muchos de los cuales hoy se afanan en explotar los recursos petroleros desde la iniciativa privada, fue evidente en la falta de voluntad política de funcionarios y administradores para fortalecer a nuestra principal empresa. Las consecuencias se observan hoy en la enorme dependencia de productos petrolíferos o refinados, que propicia una grave sangría de recursos financieros.

No está de más destacar que a dólares corrientes, del año 2000 al 2015, el total de las importaciones de productos de refinación, eso que las administraciones de los últimos sexenios consideraron que no eran negocio, para el país, representó egresos por 235 mil millones de dólares. Esa pérdida de recursos derivada de una decisión injustificada y a todas luces contra el interés nacional, debería obligarnos a analizar cuidadosamente nuestras decisiones y no, como lo sigue haciendo la actual administración, continuar por el mismo camino que ha representado pérdidas crecientes para el país.

Por supuesto que el costo de la dependencia es mucho más grave si, de acuerdo con las estadísticas de la balanza comercial del Banco de México, se considera el saldo comercial de productos petroquímicos y de origen petroquímico –textiles, plásticos y químicos- que en el mismo período, de 2000 a 2015, sumó un déficit en dólares corrientes de 166 mil 740 millones de dólares.

Por cierto, ninguno de los gobiernos de ese período, incluso el actual, podría decir que no había recursos para llevar a cabo esas inversiones, porque en ese tiempo México recibió ingresos acumulados por exportaciones de petróleo crudo por 464 mil 890 millones de dólares, además de que en esos años las tasas de interés en los mercados internacionales se mantuvieron históricamente bajas.

El problema reside en que, si no corregimos ya las pésimas decisiones del pasado, todo tendremos que importarlo pero sin contar con las divisas para pagarlo.

El déficit anual es mucho mayor si se analiza la balanza comercial petrolera, incluyendo el intercambio de productos petroquímicos. En ese caso, aunque las exportaciones petroleras totales son un poco más altas, por ejemplo en 2015 sumaron 23 mil 172 millones de dólares, las importaciones alcanzaron 33 mil 287 millones de dólares, lo que provocó en ese año un déficit petrolero fuera de 10 mil 114 millones de dólares. Eso, hay que recordarlo, sin duda es consecuencia de su irresponsable obsesión privatizadora.

Se debe recalcar que la necesidad de fortalecer al sistema nacional de refinerías de Pemex es, además, una exigencia para generar valor agregado. Hay que recordar que los productos petrolíferos tienen mejores condiciones de comercialización, comenzando por cubrir las necesidades del mercado interno.

Además, como se señaló al principio, la vulnerabilidad en la que se ha puesto a la economía nacional, propicia que la dependencia de las importaciones de petrolíferos se convierta en un factor de alto riesgo para la estabilidad en la que han empeñado al país y a los mexicanos.

No hay que perder de vista que, además, persiste la incertidumbre acerca de la forma en la que se alinearán los mercados financieros con la economía real. Un probable aumento de tasas limitará la posibilidad de abastecer la demanda de petrolíferos y/o los encarecerá, impulsando un proceso inflacionario.

Por eso es indispensable corregir la estrategia y fortalecer a las refinerías instaladas en el país y recuperar el proyecto de construir una nueva refinería.

Por lo anterior, pongo a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, a que tomen las decisiones necesarias para garantizar la recuperación de la capacidad de refinación de Petróleos Mexicanos, así como la disposición suficiente de combustibles y recursos para inversión en beneficio de la población mexicana.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus atribuciones, audite las condiciones en las que se realizan las importaciones de gasolinas y diésel, así como las condiciones impuestas para su adquisición por parte de los proveedores extranjeros

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SEP a revisar en el ámbito de sus facultades el presupuesto de egresos de 2017 destinado al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos a fin que los recursos se ajusten a su plantilla de personal autorizada y cubran las obligaciones contractuales correspondientes; y a la SHCP, a hacer públicas las acciones iniciadas y por emprender este año respecto a la revisión de los presupuestos asignados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ramo 33, a efecto de que se ajusten a las necesidades y metas planteadas por los ejecutores del gasto a escala nacional, y se eviten los subejercicios que ha reportado la ASF, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vulnerabilidad humana no es nueva, pero está aumentando debido a la inestabilidad financiera y a las crecientes presiones medioambientales como el cambio climático, que tienen un potencial de crecimiento para socavar el progreso en el desarrollo humano.

La reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad de las personas a caer en la pobreza ha sido uno de los ejes centrales de atención del gobierno federal.

Una de las maneras de salir de la marginación y vulnerabilidad es a través de la educación dando prioridad a los servicios educativos para jóvenes y adultos que se ven afectados por factores socioeconómicos y culturales que les impiden su desarrollo.

Según el Programa de Alfabetización y Rezago Educativo 2014-20181 señalaba que la población con rezago educativo en el año 2000 totalizaba 32.6 millones cifra que se redujo en un 2% con relación a los 31.9 millones de personas en esas condiciones en el 2010.

La reducción antes citada es producto del trabajo que emprende a nivel nacional el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA),2 institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su Programa Educativo.

Ese programa plantea el tratamiento de los contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender.

La labor del INEA permite a muchos jóvenes y adultos en México aspirar a mejor su forma de vida y permitirles nuevas oportunidades para su desarrollo.

En el estado de Tamaulipas, según decreto gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado no. 27 de fecha 1 de abril de 2000 se crea el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) 3 con el objeto de desarrollar en el Estado las acciones de alfabetización, primaria, secundaria y comunitaria para adultos y operar los servicios que le han sido transferidos por el INEA.

Según cifras del portal electrónico del ITEA en el 2015, la población tamaulipeca mayor de 15 años con rezago educativo totalizaba 821 mil 232 personas,4 lo que representaba el 31.3 por ciento de la población mayor de 15 años en el estado de Tamaulipas. Importante es destacar que en estas cifras se incluyen 68,769 personas que son reconocidas como analfabetas.

Para atender a la población con rezago educativo el ITEA recibe de la federación recursos provenientes del ramo 33 vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, del ramo 11 y del estado.

En lo que respecta a los recursos federales etiquetados del ramo 33, año con año, han sufrido incrementos como se muestra a continuación:

Presupuesto del ITEA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33)(Miles de pesos)

Como se puede apreciar desde el 2011, el ITEA ha incrementado los recursos del ramo 33 en un promedio global del 2.9%. Con esos recursos ha cubierto sus metas y objetivos que se ha planteado para el combate al rezago educativo.

Sin embargo, de la revisión de los informes de auditoría a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ITEA recurrente ha presentado subejercicios, esto es recursos que no ha utilizado al cierre del ejercicio correspondiente.

Para ejemplificar lo anterior, presento el cuadro siguiente:

Subejercicios Presupuestales del ITEA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33)(Miles de pesos)

Como se puede apreciar desde el 2011 los subejercicios en el ITEA han sido recurrentes y si bien han disminuido esta situación no refleja una adecuada planeación de los recursos que se requieren para la atención de las necesidades de la población mayor de 15 años con regazo educativo.

Lo anterior se ha generado en gran medida por el desconocimiento del ejercicio efectivo del gasto federalizado constituye un significativo espacio de opacidad en la gestión de estos recursos.

En el documento denominado Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado7 elaborado por la ASF en Julio de 2013 se señalaba que era necesario que se implementarán acciones específicas para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades federativas y municipios de informar a la SHCP en los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos y programas, incluso sobre el gasto de ejercicios anteriores.

Si bien el reporte de información ha sido más constante y con información útil, las acciones para revertir los subejercicios no han sido totalmente útiles ya que se siguen presentando.

Es importante recordar que en los últimos años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció la metodología de presupuesto basado en Resultados como indispensable para el presupuestal a fin de estimar presupuestos reales y evitar en gran medida los subejercicios o los sobre ejercicios; sin embargo, en el caso del ITEA estas acciones no fueron efectivas ya que los subejercicios se continuaron presentando.

En la Plataforma Nacional de Transparencia8 se identificó la respuesta del ITEA a una solicitud de información con folio 00217316 en el que se preguntó sobre el ejercicio del presupuesto del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos en el 2014 y en cuya respuesta el ITEA señaló que los subejercicios que viene presentando se generan en el rubro de Servicios Personales debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza un presupuesto con base a un promedio o media nacional, sin considerar en lo individual la plantilla de personal transferido y sus prestaciones por estado, además que en ese 2014, se recibió una ampliación presupuestal de 1,558,200 pesos por concepto de incremento salarial y sus respectivas prestaciones que previamente el instituto ya había cubierto.

Como se aprecia en la respuesta del ITEA los presupuestos del capítulo de servicios personales del Instituto no se adecuan a las plantillas vigentes por lo que se generan subejercicios que son observados por la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con la normativa aplicable y que generan observaciones derivadas de la fiscalización que practican.

Por tal motivo, es obligatorio se replantee anualmente la presupuestación de los recursos que cubran la plantilla de personal del ITEA y que esos recursos excedentes puedan ser asignados a otras actividades del ramo 33 en el estado de Tamaulipas.

Hoy la austeridad debe ser una acción primordial del gobierno federal sin que esta incumpla con la atención, en este caso de la población mayor de 15 años con rezago educativo en Tamaulipas y en su caso, en todo México.

A modo de conclusión, expresó la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisen con mayor minuciosidad la presupuestación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33) que ejerce el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos y aquellas entidades y dependencias que realizan las mismas labores a nivel nacional e inclusive las relacionadas con la educación tecnológica que abarca dicho fondo.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública a que revise, de conformidad con sus facultades, el presupuesto de egresos 2017 destinado al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos a fin que los recursos se ajusten a la plantilla de personal autorizada que labora en dicho Instituto y cubran las obligaciones contractuales correspondientes, a fin de que con ello se dé cumplimiento a las buenas prácticas en materia de austeridad del gasto, transparencia y rendición de cuentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que haga públicas las acciones que ha emprendido y emprenderá en este 2017 respecto de la revisión de los presupuestos asignados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33) a fin de que se ajusten a las necesidades y metas planteadas por los ejecutores del gasto a nivel nacional, y se eviten los subejercicios que ha reportado la Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor fiscalizadora de la Cuenta Pública que sin duda representa un área de opacidad importante en el proceso de gestión de los recursos federales transferidos.

Notas

1 Programa de Alfabetización y Rezago Educativo 2014-2018, disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343876&fe cha=08/05/2014, consultado el 4 de enero de 2017.

2 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), disponible en http://www.gob.mx/inea/, consultado el 4 de enero de 2017.

3 Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), disponible en http://itea.inea.gob.mx/, consultado el 4 de enero de 2017.

4 Población con Rezago Educativo en Tamaulipas 2015, disponible en http://itea.inea.gob.mx/index.php/estadisticas-en-tamaulipas/, consultado el 4 de enero de 2017.

5 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33), disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 4 de enero de 2017.

6 Subejercicios Presupuestales del ITEA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33), disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publi ca/entidades/instituto-tamaulipeco-de-educacion-para-adultos-itea/, consultado el 4 de enero de 2017.

7 Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, disponible en
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/
Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf, consultado el 4 de enero de 2017.

8 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, consultado el 4 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 11 de enero de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa de Valsequillo, formalmente llamada como Presa Manuel Ávila Camacho, es una presa de México construida en 1946, que ha formado el cuerpo de agua más grande de Puebla, comprende el área del lago de Valsequillo, en el que confluyen los ríos Atoyac –el río Balsas en el estado de Puebla– y Alseseca.

La presa lleva a cabo el servicio ambiental de depuración y retención de sólidos suspendidos para las cuencas del río Atoyac y río Alseseca en los estados de Puebla y Tlaxcala. La contaminación en la presa de Valsequillo es generada por los desechos acarreados en los cauces de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que a lo largo de su recorrido atraviesan parques industriales y empresas dedicadas principalmente a los sectores: textil, químico, construcción, electromecánica automotriz y petroquímica; de igual forma recibe colectores industriales y municipales.

A lo largo de los años se han observado altos niveles de contaminación dentro de la presa, el agua no es potable y el consumirla presenta altos grados de riesgo para la salud. En la población conocida como José Tejaluca, contigua a la presa, se detectan niños que presentan niveles elevados de concentración de plomo en la sangre, deficiencias congénitas en manos, pies así como labio leporino y paladar hendido, todo esto a consecuencia de la contaminación del agua dentro de la presa. A pesar de la contaminación del lago, las personas que habitan alrededor del mismo, continúan utilizando el agua provocando daños irreversibles a su salud.

La plaga de mosquitos, producto de la contaminación del agua de Valsequillo, es el problema más urgente que deben atender las autoridades a nivel federal y estatal, ya que los habitantes de los pueblos y comunidades que habitan alrededor, están obligados a soportar no sólo el fétido olor, sino la plaga que está afectando la vida económica y social de la población, ya que deben destinar un recurso de sus ingresos para ahuyentar a los mosquitos, lo que repercute en su economía y en la calidad de vida. Se presenta también dificultad de emprender proyectos turísticos en la zona, sin el previo saneamiento del embalse y la erradicación de la plaga de mosquitos; se entorpecen actividades como la navegación y la pesca y como consecuencia, la muerte de peces (carpas y tilapias) por las condiciones del agua del embalse, así como de ganado vacuno que se alimentaba de las malezas acuáticas contaminadas.

Los afectados por la plaga de mosquitos son miles de habitantes, cuyos hogares se encuentran a las orillas de la laguna de Valsequillo en las localidades de San Baltazar Tetela, los Ángeles Tetela, San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacán, San José del Rincón, San José Tejaluca, Santa María Guadalupe Tecola y San Pedro Zacachimalpa.

En cuanto a la salud de la población, es notablemente mermada con enfermedades asociadas a la contaminación del río Atoyac como leucemia, déficit de atención, alta concentración de plomo en la sangre en menores de 15 años, enfermedades bacterianas y renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural y afectación de la médula ósea, con independencia de aquéllas que propiamente los mosquitos pueden transmitir.

Es lamentable que las y los poblanos padezcamos permanentemente los embates de la plaga de mosco, ya que desde 2006, hay evidencia hemerográfica, primero de la relación que establecen los pobladores entre la existencia del lirio, la contaminación de la presa y la plaga de moscos, segundo, de lo prioritario para la población de éstos como un problema urgente, así como de la petición por parte de los pobladores a las autoridades para que se retirara esta vegetación acuática, desafortunadamente sin éxito.

Para 2007, las quejas de la población continuaban, como al parecer, la renuencia de la autoridad para retirar el lirio.

Posteriormente, en 2015 nuevamente se presentó la petición de la intervención de a la autoridad para controlar o erradicar a los moscos, mediante medios químicos, sin perderse de vista la necesidad del saneamiento del embalse.

Es de suma importancia dadas las afectaciones económicas, en la salud de los habitantes, el daño al medio ambiente, y la alteración en el modus vivendi , que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen en coordinación para dar solución a la problemática de la presa Manuel Ávila Camacho.

Sobre el relativo, organizaciones civiles y académicos han realizado un diagnostico poco alentador sin la participación, coordinación y destino de recursos públicos para menguar y mejor aún, poner fin a la plaga de mosco. Entre las posiciones de académicos, destacan los distintos retos a enfrentar:

1. Habría que controlar a las industrias que descargan sus desechos en el río Atoyac.

2. El grado de contaminación que presenta.

3. Inaplicación de las leyes ambientales, ya que han demostrado incapacidad para garantizar el mantenimiento y evitar el daño ecológico, han demostrado ser caducas e inoperantes para los fines establecidos.

4. Carencia de coordinación entre instancias que atienden al sector hídrico/hidráulico y las instituciones responsables de la salud.

5. Necesidad de impulsar políticas públicas para la recuperación ambiental de Puebla que incluya el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, la bio remediación y la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

6. Implementación de una solución integral que permita revertir los graves niveles de contaminación de la presa que incluya:

a. Reforestación con plantas nativas en la ribera de la presa.

b. Tratamiento real y eficaz de las aguas que llegan al embalse.

c. Implementación de plantas de tratamiento primario y secundario.

d. Ejecución de medidas de restauración ecológica.

e. Desazolve de la presa, retiro de sedimentos tóxicos.

Es una prioridad del que suscribe atender las múltiples demandas ciudadanas al respecto, quienes de igual forma lo han hecho ante el gobierno del estado sin obtener la atención requerida, restando importancia a lo que es evidentemente urgente. Es momento de comprometernos con las y los poblanos en todos los sectores para que, desde nuestra trinchera, demos solución a tan sensible petición.

Como representantes populares, es nuestra obligación atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos de nuestros distritos, por lo que, en virtud de lo expuesto, someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, atienda las demandas ciudadanas con relación a la plaga de mosco en la presa Manuel Ávila Camacho.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y el gobierno municipal de Puebla, intensifiquen los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la ASF a iniciar en el ámbito de sus atribuciones las investigaciones pertinentes derivadas de los hechos denunciados penalmente por la empresa Infraiber contra el presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes, suscrita por la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En lo que va de la presente legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN ha presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una investigación profunda sobre los nexos del gobierno federal y de funcionarios del estado de México con la empresa española Obrascon Huarte Lain (OHL) debido a que se han puesto al descubierto irregularidades en la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense, sin embargo y no obstante los latentes conflictos de interés, la SFP no ha fijado una postura al respecto.

Las irregularidades y presuntos actos de corrupción no sólo se observan en la actuación de la empresa OHL, sino que existen litigios en donde otra empresa se ha encontrado vinculada e involucrada: Infraiber, dedicada a la medición de aforos vehiculares, misma que ha denunciado la modificación, sin un sustento legal, de la concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense que le permitió aumentar las tarifas de peaje en 50 por ciento en ocho años.

A decir de OHL se trata de un conflicto comercial derivado de que el gobierno del estado de México canceló a Infraiber un convenio que le permitiría medir el aforo vehicular en la vialidad mexiquense. Según con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los costos de esta última eran mayores a otros servicios similares.

Derivado de lo anterior, se ha desatado un serio conflicto entre ambas empresas que se encuentra dirimiendo en los juzgados, sin que aún haya una resolución al respecto.

Al caso hay que señalar que más allá de un conflicto legal entre estas dos empresas, hay elementos de fondo que tienen que ver con la contratación de los servicios de ambas por parte de las autoridades locales del estado de México y de funcionarios de la administración federal, que han sido revelados en diversas conversaciones telefónicas dadas a conocer a la opinión pública por los medios de comunicación y que deben ser debidamente investigados.

Es importante señalar que la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido una de las empresas consentidas del actual titular del Poder Ejecutivo, y ha sido Enrique Peña Nieto quien le ha proporcionado todo tipo de facilidades. Veamos algunos datos.

Los vínculos de la empresa OHL con el gobierno del estado de México se remontan a hace más de una década, desde el sexenio del gobernador Arturo Montiel Rojas, cuyos beneficios continuaron con el exmandatario Enrique Peña y permanecen con el hoy titular del Ejecutivo, Eruviel Ávila.

Entre los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, la empresa OHL obtuvo las concesiones de tres obras de alto impacto, cuyas inversiones rebasan los 37 mil millones de pesos. Se estima que los ingresos de esta empresa provienen en 70 por ciento de las concesiones que obtuvo en el estado de México durante los gobiernos de Peña y de Arturo Montiel.

Las concesiones otorgadas a la empresa OHL en el estado de México representan 50.1 por ciento de los ingresos totales de la empresa en el país, así como 63.3 por ciento de sus ingresos por cobro de peajes en las diferentes vías operadas por la empresa.

Esta empresa tiene la participación total del Circuito Exterior Mexiquense, con una extensión de 155 kilómetros y una vigencia hasta el año 2051; al igual que en la autopista Viaducto Bicentenario, con una vigencia hasta 2038 para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de los 32.2 kilómetros que componen esta vía.

De acuerdo con información de la propia empresa la concesión otorgada en 2003 para la construcción del Circuito Exterior Mexiquense tuvo un aumento en la cuota promedio de 7.6 por ciento, lo que superó el incremento inflacionario a nivel nacional, que fue tazado en 4.34 por ciento.

De igual forma en el estado de México OHL obtuvo la concesión para la construcción y operación de la autopista Atizapán-Atlacomulco, que será manejada por la empresa española durante 30 años y unirá el Valle de México con la zona norte del territorio mexiquense y servirá como una alternativa vial para conectar la región del Distrito Federal con la autopista Atlacomulco-Guadalajara.

Así también OHL tiene una participación de 49 por ciento del capital de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), considerado el segundo aeropuerto más importante del centro del país.

El Consejo de Administración de OHL México es encabezado por José Andrés de Oteyza Fernández quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo. Él encabeza la estrategia empresarial de OHL en México, cuyo gobierno le permite gestionar más de 359 kilómetros de carreteras y vialidades gracias a la media docena de megaobras que construyó en la zona metropolitana del estado de México y la Ciudad de México –la televía, un sistema de pago electrónico por circular en ella–, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca (con 49 por ciento de la sociedad) y desarrollos turísticos.

El director general de OHL México es Sergio Hidalgo Monroy Portillo, militante priista y cuyo último cargo, antes de tener este puesto fue el de director general del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Previamente se desempeñó como director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como oficial mayor de la misma.

La relación entre el gobierno de Peña nieto con OHL no tiene límites, lo cual ha llevado a varios analistas políticos, organizaciones sociales y ciudadanos en general a preguntarse ¿qué favores le debe el presidente de la República a esa empresa que le permite lo inimaginable?

Un ejemplo de esto es la detención el 7 de septiembre de 2015 de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, quién realizó denuncias públicas en contra de la empresa de construcción de origen español y sus presuntas irregularidades en la operación del Circuito Exterior Mexiquense y de sus cotizaciones en la bolsa de valores.

En aquél momento, OHL México publicó un desplegado en diarios editados en la Ciudad de México en el cual reconocieron haber presentado una denuncia penal contra la firma Infraiber ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la difusión de desplegados, comunicados y “grabaciones ilícitas y manipuladas en las cuales se pretende extorsionar a la compañía”. La última de éstas apareció en la red social Youtube la noche del lunes 7 de septiembre mientras Díez estaba detenido.

En ella sus autores presumieron que el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido el pasado 6 de abril a directivos de OHL y éstos le hablaron del sistema de verificación de aforos que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por la primera.

Los directivos de OHL le habrían solicitado ayuda para que Infraiber no auditara el tráfico de obras, según una nota que acompaña al audio. Un mes después, coincidentemente, el gobierno del estado de México encabezado por Eruviel Ávila, canceló en definitiva el contrato con Infraiber.

En desplegados periodísticos y en declaraciones públicas se dieron a conocer datos y documentos que buscan demostrar que OHL México ha cometido múltiples actos de corrupción y adulteración. Pero es de interés público saber si existió corrupción entre OHL y funcionarios del estado de México y del gobierno federal, pues grabaciones de audio dadas a conocer involucran al citado secretario Ruiz Esparza, e incluso mencionan una presunta reunión (que se habría considerado “privada”), en abril de este año, entre directivos de OHL y Enrique Peña Nieto para hablar sobre los impugnados sistemas de medición de aforo vehicular en el circuito mexiquense.

Lo que se ha podido observar es la existencia de una red de corrupción en el gobierno del estado de México. Las acciones de justicia deben ir a la raíz de la corrupción y sancionar de acuerdo a la ley a todas aquellas personas que participan activamente desde hace muchos años en la creación de este sistema de corrupción y negocios personales desde la administración pública en el estado de México.

Ante estas situaciones, el día de ayer, 10 de enero de 2017, se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que el abogado de Infraiber, Paulo Diez Gargari interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente de la República y del secretario de Comunicaciones y Transportes federal, sosteniendo que Peña Nieto ordenó retirarle a Infraiber el convenio para medir el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Diez Gargari acusó una “conspiración de estado” por denunciar los actos de corrupción del Grupo OHL.

Como se puede observar se trata de un conflicto sobre el que las autoridades tienen mucho que decir y sobre el que hasta ahora han sido omisas. Es un asunto de orden público en el que el presidente de la República está involucrado y sobre el que ahora la PGR tendrá que informar y dar alguna solución.

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta tanto a la Procuraduría General de la República como a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones, inicien las investigaciones que resulten pertinentes derivados de los hechos denunciados penalmente por el ciudadano Paulo Díaz de Gargari, abogado de la empresa Infraiber, en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por sus vínculos y resoluciones en la asignación y modificación de concesiones del Circuito Exterior Mexiquense que presumiblemente se dieron a favor de Obrascon Huarte Lain (OHL) en perjuicio del erario público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco y la Comisión Nacional de Hidrocarburos a practicar las visitas de verificación a permisionarios de estaciones de servicio y colaborar en las investigaciones y la consiguiente configuración de delitos a que haya lugar, a efecto de aplicar las sanciones derivadas de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel y gas LP a que se refiere la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez e Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

1. En México, además de enfrentarnos al fracaso de la política energética que se implementó mediante la privatización de los hidrocarburos sufrimos cotidianamente la estafa que cometen las gasolineras del país, así como las estaciones que suministran gas licuado de petróleo.

Por tal razón y más aún en este momento en que el propio Ejecutivo Federal ha anunciado la celebración de un “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, se requiere hacer valer la ley y sancionar de manera ejemplar a los permisionarios que la infrinjan, así como evitar a toda costa que quienes se incorporen a este negocio realicen dichas prácticas.

2. La falta de información pública sobre este delito no permite conocer cifras precisas, sin embargo se estima que una de cada tres gasolineras roban a los automovilistas, es decir, nos venden litros de combustible que no lo son, y lo mismo sucede con las estaciones de gas licuado de petróleo que entregan cantidades inferiores a las que registran sus instrumentos de medición.

Como consecuencia de lo anterior, la publicación en 2016 de la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, y la reforma a diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los Órganos reguladores coordinados en materia energética a que procedan en contra de estos defraudadores y se les retire el permiso con el que actúan libremente.

3. En ese orden de ideas, si bien es cierto la normatividad descrita pretende endurecer la punibilidad respecto a la comisión de este delito; también lo es que existe opacidad en los resultados de las verificaciones que se han realizado, lo que hace necesaria la exigencia sobre la trasparencia en la información que permita contar con los antecedentes que faciliten a los consumidores orientación sobre los sitios donde podrían exponerse a una estafa.

De conformidad con la Ley de órganos reguladores en materia energética, se deben realizar estas visitas de verificación, inspección o supervisión, y requerir la presentación de información y documentación en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables respecto de la regulación, autorizaciones y permisos que se hubieran emitido.

Dicha información debe ser pública de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y al mismo tiempo se deben aplicar las sanciones por la tipificación de este delito, en el cual deben intervenir de manera urgente estas instituciones, ya que se está lastimando aún más la economía de la ciudadanía si se le agregan los altos incrementos al precio de los combustibles.

4. Al no conocer detalladamente el tipo de sanción o medidas que se han aplicado, se genera mayor incertidumbre en la población sobre un probable contubernio entre las propias autoridades y las empresas que se dedican a este negocio, ya que se sabe que la mayor parte del tiempo la conducta se repite y las estaciones de servicio continúan burlando la ley.

5. De acuerdo a los datos de Profeco hasta antes de la ley que tipificó este delito, el treinta y seis por ciento de las gasolineras que había verificado, presentaba alteraciones, además de haber detectado otras violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005-SCFI-2011 (sobre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos); sin que a la fecha se tenga conocimiento exacto de las sanciones, la reincidencia, como es que se les ha permitido seguir operando, los procedimientos por infracciones cuando se confirmó la irregularidad de algún proveedor, las multas, clausuras, inmovilización, o el retiro de permisos.

Por tratarse de un delito es indiscutible la intervención del Ministerio Público Federal para acreditar los elementos del tipo penal que correspondan y por ello esta Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al órgano regulador en materia energética en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que coadyuven a las investigaciones a que haya lugar y proporcionen información detallada estas verificaciones haciendo del conocimiento público en su propio sitio oficial el resultado de las sanciones que se apliquen a cada caso en concreto.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que desde sus respectivos ámbitos de competencia, lleven a cabo las visitas de verificación a permisionarios de estaciones de servicio y coadyuven en las investigaciones y la consecuente configuración de delitos a que haya lugar, a efecto de que se la apliquen las sanciones que se derivan de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel, y gas LP a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

Segundo. Se publique en sus sitios oficiales los resultados de las sanciones que se deriven de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel, y gas LP a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos por permisionarios de estaciones de servicio.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y el IMSS a establecer acciones de control y previsión para evitar en periodos vacacionales carencia de personal médico especialista en los hospitales o centros de atención médica en Chiapas, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio social que se observa en el país y en particular en el Estado de Chiapas, obliga a proponer alternativas de atención a las consecuencias que devienen en problemáticas complejas en la calidad de vida de los grupos sociales, particularmente en el ámbito de la salud.

La falta de médicos en temporadas vacacionales es un problema que se presenta en todos los hospitales y centros de salud, mismo que actualmente se encuentran vacíos casi en su totalidad solo cubriendo el 50% de su capacidad productiva, pues es durante las épocas vacacionales, que sólo se cuenta con el 10% del personal médico que se va de vacaciones, es decir, algo que se traduce en una disminución de la calidad asistencial médica, una mayor presión laboral y la desmotivación de los mismos trabajadores, el aumento en las listas de espera, etcétera; pues en los hospitales hay pocos doctores que pueden ser capaces de hacer frente y atender una urgencia o consulta médica programada.1

Ante esta situación, son muchas las molestias presentadas por la población del Estado de Chiapas, debido a la ausencia de médicos capaces de sacar adelante a algún paciente que requiera la atención.

Es incuestionable que esta situación ha evidenciado la falta de coordinación de la Secretaría de Salud y el IMSS, para brindar la atención a la que tiene derecho la población de uno de los Estados más vulnerables del País, porque ésta no brinda un trabajo preventivo ni colaborativo a la salud de los pacientes. Aunado a lo anterior, existe una falta de coordinación entre los hospitales y la jurisdicción sanitaria, pues, y aunado a esto también hay falta de médicos especialistas, que en su lugar dejan médicos pasantes carentes de experiencia y supervisión siendo esto por demás preocupante toda vez que la salud de la población es un derecho constitucional y no se puede dejar a la ligera esta gran responsabilidad y derecho de la sociedad, así mismo, también se propaga la carencia de medicamentos, y esto se agrava aún más debido a la temporada de vacaciones.

Hay situaciones que cobran mayor relevancia donde prevalecen quejas por falta de personal médico, en el Hospital General del municipio de Tapachula, donde se han cerrado un 30% de las camas del hospital, o en las zonas centrales del Estado, donde el número de habitantes aumenta durante los periodos vacacionales y las plantillas médicas no se refuerzan lo suficiente, durante las vacaciones se registra la falta de especialistas, pues aún y cuando existe una plantilla completa no se cuenta con suplentes.2

Situación similar se vive en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” en Tuxtla Gutiérrez, donde alrededor de 679 pacientes han mostrado su malestar ante la falta de médicos de este nosocomio, esta situación provoca que no solo se queden sin recibir atención médica, sino también pierdan tiempo y dinero,3 en estos graves problemas también se ha visto el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, donde se reporta que además de la ausencia médica, existe un desabasto en medicamentos, lo que vuelve inoperante a la clínica.4

La carencia de clínicas, médicos y en general todos los obstáculos que impiden un acceso efectivo a los servicios médicos han terminado por repercutir en las condiciones de salud de los pobladores del Estado de Chiapas.

Es imperativo que las autoridades federales y estatales en la materia de salud desde un ámbito de coadyubancia, puedan resolver a la brevedad esta problemática en los centros médicos y hospitales, ya que son muchos las personas que constantemente acuden en busca de soluciones médicas y que desafortunadamente regresan a sus hogares sin ser atendidos de una manera eficiente.

Se considera imprescindible que la subrogación del servicio por la falta de médicos, no sólo se otorgue en situaciones de urgencias, tipo catástrofes o accidentes, sino que se extienda al servicio de ceder y atender una consulta regular.

De tal forma que los servicios de salud no deben ser interrumpidos, por el contrario, se deben reforzar acciones para que se preste la atención oportuna a los pacientes que así lo requieran.

Debido a lo anterior, es necesario dar una urgente solución a la situación, por ello también se alude un incremento al personal médico especializado en sus diferentes áreas, y se solicita el permiso de apertura para cubrir los lugares cuando los actores salgan de vacaciones, con la finalidad de que con dicho aumento se logren cubrir a los faltantes ya que urge impulsar la reubicación de los especialistas, pues cuando salen de vacaciones no hay quien cubra a los médicos ausentes, por ello, los hospitales y centros médicos en general se ven en la necesidad de suspender las consultas y reprogramarlas posteriormente haciendo caso omiso de la necesidad de atención médica presente del paciente.

En consecuencia, de ésta forma se estarán cubriendo las incidencias que se tienen actualmente y recurrentemente disminuyendo gradualmente los daños a la sociedad en el Estado de Chiapas.

Se sugiere que el personal médico salga de vacaciones de manera escalonada para que hospitales y centros de salud estén funcionando sin dejar de atender ninguna unidad de la Entidad. Así mismo se garantice que se ha realizado el debido suministro de medicamentos, y de ser necesario se conserve un sobre abasto de medicamentos en los hospitales y en los centros de salud en beneficio del paciente.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para establecer acciones de control y previsión, a fin de evitar que en periodos vacacionales exista carencia de personal médico especialista en los hospitales y/o centros de atención médica dentro del estado de Chiapas.

Notas

1 http://encuestam.info/notas/se-queda-sin-doctores-hospital-por-vacacion es/

2 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/urgen-doctores-en-todos-los-h ospitales-1410328847

3 http://www.cuartopoder.mx/cancelanatencionporfaltadedoctores-141358.htm l

4 http://aquinoticias.mx/comunidades-indigenas-de-chiapas-sin-medicos-ni- medicinas-ni-nada/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Pemex y sus subsidiarias que operan en la república a respetar lo establecido en el artículo 375 de la LFT y atender las peticiones que sus trabajadores formulen de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García y suscrita por el senador Carlos Manuel Merino Campos, de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PT, respectivamente

Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena y Carlos Manuel Merino Campos, senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Desde la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical ha sido considerada un derecho fundamental. La propia Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que establece derechos de cumplimiento obligatorio para todos los estados con independencia de que hayan o no ratificado los convenios en cuestión, considera la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98) como derechos universales que deben aplicarse a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, su régimen político o su modelo laboral.

El Convenio 87 sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación de la OIT ratificado por México reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. Asimismo obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y obliga a los estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por su parte, el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato, y garantiza la no injerencia de empleador o de organizaciones de empleadores. Además, obliga a los estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación, así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores para fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo.

Este último convenio no ha sido ratificado por México, aún y cuando ya ha sido avalado por 164 estados, incluyendo todos los países de América Latina, porque existe particular reticencia hacia la obligación del estado de proteger a los sindicatos de actos de injerencia y, sobre todo, de garantizar el derecho a la negociación colectiva.

II. Ciertamente dentro del respeto que debe haber a la autonomía sindical, se necesita vigilar y observar el estado de derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que no puede haber un estado de excepción dentro de los sindicatos, todos deben estar dentro de los parámetros legales.

A pesar de esto, hay varios ejemplos de la intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos, violando el derecho de sindicación, autonomía sindical y contratación colectiva, como es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en donde la intervención de la empresa en la vida interna del sindicato es indudable.

El STPRM se constituyó en 1935, es el sindicato petrolero mexicano que agremia a los trabajadores en categoría de sindicalizados, que trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex) y organismos subsidiarios; tiene 113 mil afiliados, con 36 secciones en la República Mexicana.

El STPRM, está adherido al Congreso del Trabajo, es un organismo que se caracteriza por la recepción de las cuotas de poder que el sistema político le reserva al sindicato para las candidaturas a puestos de representación popular.

Actualmente el gremio petrolero conserva una dirección nacional subordinada al gobierno federal, dirigida por el Senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, quien ha sido denunciado en diversas ocasiones por los afiliados por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

III. Otro grave problema es la alianza que mantienen el STPRM y la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ésta última apoya las violaciones que se cometen contra los trabajadores, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales laborales firmados por México, sostienen que el Estado mexicano no puede ni debe intervenir en la vida interna del sindicato, éste lo hace, permitiendo a la dirigencia sindical el sistemático método de abuso en contra de algunos agremiados al STPRM, quebrantando los derechos de los trabajadores.

Las violaciones cometidas consisten en negar a algunos empleados petroleros sindicalizados, el disfrute de algunos derechos contenidos en el artículo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1, 3, 3 Bis, 5, 6, 17, 18, 33 y 375 de la Ley Federal del Trabajo, así como de las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que rige en la industria petrolera, tales como ascensos y mejoras laborales, permisos de ausencia, trámite de vacaciones, incentivos, imposición de jubilaciones a trabajadores que no la desean o no lo han solicitado, créditos de vivienda y personales, becas e incluso en algunos casos de negarles el derecho de afiliar a sus familiares en el servicio médico a que está obligada la empresa.

Desde hace años persiste la problemática en todas las secciones que componen el STPRM, misma que surge de los malos manejos de los líderes sindicales de este sindicato, siendo afectados miles de trabajadores activos, pensionados y jubilados, a quienes les limitan los derechos y prerrogativas que les corresponden, conforme el contrato colectivo de trabajo, por diferencias sindicales o políticas.

Los requisitos para que Pemex otorgue becas anualmente a los trabajadores sindicalizados, se establecen en la cláusula 171 del contrato colectivo de trabajo, como sigue:

“El patrón otorgará a sus trabajadores de planta para su formación académica en escuelas o facultades reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mil 500 becas anuales, cuya distribución se realizará en términos del acuerdo CMC/014/11 y la asignación se hará a propuesta del Comité Ejecutivo General del STPRM. El monto mensual de las becas será: El sindicato, a través del comité ejecutivo general, propondrá antes de iniciar el ciclo lectivo, candidatos para las becas y el patrón los aceptará con los requisitos siguientes:

• Ser trabajador de planta con una antigüedad de empresa mínima de un año.

• Que los estudios a realizar sean impartidos por instituciones nacionales reconocidas por la SEP.

• Constancia oficial de calificaciones de los estudios del ciclo lectivo anterior con promedio mínimo de ocho.

• Constancia de inscripción del ciclo o estudios a cursar y lista de materias.

• Registrar buenos antecedentes laborales, de aptitud y desempeño.

• Presentar solicitud por conducto del sindicato.”

Sin embargo la realidad es otra, ya que las becas se otorgan únicamente a los trabajadores que simpatizan, o se alinean con los intereses del sindicato o cumplen con la militancia, y su asignación se utiliza como medida de control y represión hacia los trabajadores.

Otro caso evidente de discriminación en la asignación de préstamos de vivienda o de préstamos personales que son otorgados preferentemente a los trabajadores simpatizantes del sindicato, a pesar de que lo establecido en la cláusula 154 el contrato colectivo, que señala:

“El patrón directamente o a través de institución bancaria autorizada, apoyará financieramente sólo a los trabajadores de planta con una antigüedad general de empresa de dos años o más, con cualquiera de los beneficios siguientes:

I. Asignación de vivienda

II. Préstamo con garantía hipotecaria

III. Aportación financiera.”

En el caso de la vivienda el trabajador es obligado a habitar en fraccionamientos, con casas de precios elevados, de baja calidad y hechas por constructores foráneos que sin compromiso alguno, una vez terminada su obra, se pierden y no hay manera de hacer reclamación alguna, y si el trabajador acude al funcionario sindical encargado del área o al secretario general, no existe ni respuesta ni apoyo alguno. Un ejemplo de esto es el del fraccionamiento Mis Blancas Mariposas, de Villahermosa, Tabasco.

Es pues necesario que se dé un trato igualitario a todos los trabajadores que forman parte del STPRM, quienes han luchado por décadas para conseguir dichas prestaciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y subsidiarias que operan en la República Mexicana, para que respeten lo establecido en el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que se atiendan las peticiones que ejerzan sus trabajadores de manera individual, sin detrimento de los derechos colectivos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a que en la administración de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

Tercera. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que se apeguen a la legislación federal y a los tratados internacionales laborales firmados por México, para que se respete el derecho de autonomía sindical de los trabajadores, cumpliendo con la obligación del Estado de no intervención en la vida interna del sindicato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Senador Carlos Manuel Merino Campos

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer público por la SE el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía y, en específico, de los 6 incluidos en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía, haga público el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía (Prosener), y en específico de los 6 objetivos del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

2017 ha comenzado con un turbulento aumento en los precios de los energéticos fósiles de los que destacan las gasolinas y el gas licuado del petróleo (gas LP) en México. La situación que ha generado un malestar generalizado y protestas públicas, ha generado también un efecto inflacionario que habrá de evaluarse al cierre del primer trimestre de este año, pues dicha situación se ha conjugado con una devaluación constante de la moneda nacional.

En el marco de la liberalización de los precios de la gasolina, diversos sectores se han manifestado inconformes, e incluso actores como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), han considerado de un ajuste abrupto con terribles efectos en la economía de las y los mexicanos.

La falta de pericia del gobierno federal para soportar su creciente gasto teniendo que recurrir a más deuda, obligó en años recientes a gravar la gasolina y el diésel con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que privó a los consumidores mexicanos del beneficio de pagar precios bajos de combustibles, cuando el precio de las gasolinas importadas cayó a sus mínimos en este siglo.

México como actor internacional que ha ratificado más de 77 instrumentos internacionales en materia de protección ambiental, tiene también el compromiso de promover la producción y el consumo de energías limpias y sustentables en los próximos años. Si dicha política estuviese en marcha y con buenos resultados, las y los mexicanos podrían enfrentar la liberalización de los combustibles fósiles con alternativas verdes y sostenibles, sin embargo, no existe hasta la fecha certeza sobre los resultados de estos programas, que en muchos casos son mal comunicados a la población.

La Ley General de Cambio Climático indica que para 2024 al menos 35 por ciento de la generación eléctrica debe hacerse a partir de fuentes limpias mientras que en la Ley de Transición Energética, en su artículo tercero transitorio, se subraya que la meta es una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de 25 por ciento para el año 2018, de 30 por ciento para 2021 y de 35 por ciento para 2024.

Sin embargo, la misma Secretaría de Energía confirma en el documento Prospectivas de energías renovables 2013-2027 que no será posible llegar a la meta pese al crecimiento que prevé en fuentes como la eólica o solar, pues aun implementándose todas las medidas posibles se llegará como máximo a 23 por ciento, y eso sólo si se toma en cuenta la energía nuclear1 .

Es por ello, que es urgente saber en razón de la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética el pasado 24 de diciembre de 2015 (poco más de un año), qué tanto se ha avanzado para lograr cumplir este objetivo, toda vez que la ciudadanía requiere de manera urgente alternativas energéticas limpias, y asequibles que brinden una solución real a los problemas de desabasto y encarecimiento de los combustibles fósiles, pero también de episodios como los que sufrió el Valle de México y la Megalópolis durante la primavera-verano de 2016, en el que la calidad del aire se vio afectada dramáticamente debido al consumos masivo de estos combustibles demandan soluciones integrales a estos problemas que de no ser atendidos eficiente y oportunamente seguirán generando mayores problemas a la sociedad mexicana.

Considerandos

I. Desde la Cumbre de la Tierra en Río en 1982, la publicación del informe Brundtland en 1987, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994, las naciones han prestado mayor atención a las consecuencias ambientales, climáticas y de salud pública de las acciones humanas que antes pasaban desapercibidas. México ha sido un actor clave en estos procesos internacionales, sin embargo, no existe a hasta la fecha resultados concretos y tangibles sobre los impactos de las políticas públicas que a nivel interno se han implementado en los últimos años como consecuencia de estos esfuerzos.

II. El aumento en la demanda de gasolinas en México se debe al incremento demográfico, así como al del parque vehicular nacional; sólo éste último promedia un crecimiento anual de 7.9 por ciento en la última década, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La importación creciente de gasolinas es pagada a proveedores extranjeros en dólares para su venta a los consumidores nacionales en pesos. Durante 2016 el peso se depreció 20 por ciento con respecto al dólar estadounidense. Su transporte al país además genera fletes, almacenamiento y distribución que aumentan su costo. Esta situación se ha agravado duramente con la liberalización de los combustibles, pues no existen en la práctica alternativas reales y limpias para hacer frente a tal crisis.

México importó al cierre de 2016, 67 por ciento de los combustibles que consume, es decir 550 mil de 820 mil barriles diarios. En 2015 el peso de las importaciones fue de 54 por ciento.

El incremento se explica por la deficiente operación del Sistema Nacional de Refinación, que por ejemplo trabajó al 46 por ciento de su capacidad de producción en septiembre de 2016; la falta de mantenimiento e inversiones, la escasez de crudo ligero y una normatividad ambiental más severa han mermado la producción de refinados muy por debajo de estándares internacionales de eficiencia, sumado a que nuestro país no ha construido una nueva refinería en casi 40 años, da como resultado que en la actualidad se produzcan los mismos volúmenes de combustibles que en 1978.

III. A pesar de ello, México ha invertido más de 2 mil 100 millones de dólares en proyectos de energías renovables; de los cuales no existe certeza sobre sus resultados.

México cuenta con un amplio y diverso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables que podrían contribuir a cubrir el aumento de la demanda energética, diversificar la matriz de producción y generar seguridad energética a largo plazo. De la reforma energética de 2008 derivaron dos leyes para promover la sustentabilidad de la política energética y reducir la dependencia a los hidrocarburos. No obstante, en ocho años la participación de las energías renovables ha aumentado sólo 5 por ciento.

IV. La actual crisis generada por una liberalización forzada de combustibles fósiles –producto de la reforma energética–, ha evidenciado que en el terreno energético, México se encuentra lejos de la eficiencia, ya que la dependencia por estos combustibles es alta incluso a nivel cultural.

V. Las energías renovables en México, además de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, ofrecen beneficios, permiten tener una matriz de generación eléctrica más limpia, equilibrada, diversa y por tanto menos vulnerable a los vaivenes internacionales de abasto y de precios, menores impactos a la salud por exposición a contaminantes y generación de miles de empleos asociados con la fabricación e instalación de materiales y equipos.

No debemos perder tiempo, debemos acelerar el paso hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía, haga público el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía, y en específico de los 6 objetivos del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ya que de ellos depende la ciudadanía para contar con fuentes alternativas a los combustibles fósiles, frente a la desmesurada y apresurada liberalización de estos energéticos.

Nota

1 “Con las consideraciones de planeación actuales el nivel de generación renovable alcanza el 19.58 por ciento en 2018, se incrementa a 20.62 por ciento en 2024 y reduce su participación de nuevo hacia el final del periodo de planeación. Si se considera la energía nuclear, en 2024 se alcanza solamente un 23.14 por ciento de la generación necesaria mediante fuentes no fósiles (...) Es decir, de acuerdo con los parámetros de planeación aquí descritos no existe certeza sobre las trayectorias que permitan cumplir con los mandatos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático”. Prospectivas de Energías Renovables 2013-2027 SENER.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que se declare la zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, suscrita por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8, numeral 1, fracción II, 58 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación se declare zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, con base en las siguientes consideraciones:

Consideraciones

El pasado 7 del presente mes y año, autoridades de Protección Civil del estado de Oaxaca, alertaron a la población por el evento del Norte, que ocasionaría vientos de más de 100 kilómetros por hora con rachas superiores a los 110 kilómetros por hora y olas de 7.3 metros de altura.1

Estos fuertes vientos en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca ocasionaron una serie de daños como la caída de árboles, cortes a la energía eléctrica, líneas telefónicas e internet, desprendimiento de techos de láminas de viviendas y escuelas, volcaduras de vehículos automotores, 14 tráileres, ya que las rachas de viento fueron de hasta 201 kilómetros por hora, en el tramo carretero de la Venta-La Ventosa.2

Desafortunadamente, hubo tres personas muertas, y una decena de localidades se quedaron sin servicio de energía eléctrica.3

Como Senador de la República por el Estado de Oaxaca, estoy obligado a apoyar a nuestros hermanos oaxaqueños, que enfrentan esta contingencia ambiental que los dejó desprotegidos en sus viviendas. Los municipios más lesionados fueron: Unión Hidalgo, Jalapa del Márquez con sus comunidades Llano Grande, San Cristóbal.

Por todo lo anterior, quiero someter a consideración de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación se declare zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca

Notas

1 https://oaxaca.quadratin.com.mx/alertan-fuertes-vientos-istmo-tehuantep ec/ (consultado el 10-01¬2017)

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/08/937208, (consultado el 10-01-2017)

3 http://despertardeoaxaca.com/fuertes-vientos-siguen-afectando-la-region -del-istmo-de-tehuantepec/ Consultado el 10/01/2017

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 11 días del mes de enero de 2017.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y de San Luis Potosí a emitir por las instancias correspondientes la declaratoria del área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y realizar las supervisiones correspondientes para investigar y, en su caso, sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, situada en la zona conurbada de SLP, suscrita por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del estado de San Luis Potosí, para que a través de las instancias correspondientes, se emita la declaratoria del área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y en su caso sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, situada en la zona conurbada de San Luis Potosí , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El valle de San Luis Potosí se encuentra limitado orográficamente al norte por un conjunto de cerros llamados “Alto La Melada”, al Occidente y Sur por la Sierra de San Miguelito y al Oriente por la Sierra de Álvarez.

El 7 de Abril de 1981 se estableció por Decreto la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, conocida como Sierra de Álvarez, localizada en los Municipios de Armadillo de los Infantes y Zaragoza con una superficie de 16,900 hectáreas. Posteriormente mediante Acuerdo del día 7 de junio del 2000, se recategorizó la zona como área de protección de flora y fauna “Sierra de Álvarez”.

El artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) establece que en las áreas de protección de flora y fauna “...podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria”.

Sin embargo, la recategorización como área de protección de flora y fauna de la Sierra de Álvarez, no se realizó a través de una Declaratoria por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 57 que determina que “Las áreas naturales protegidas (...) se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.

En consecuencia, tampoco se cumple con el artículo 60 de la LGEEPA donde se establece que “Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos:

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;

II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección;

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de las Leyes de Expropiación, Agraria y los demás ordenamientos aplicables;

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área, y

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables;

Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la preservación y protección de las áreas naturales protegidas, serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la presente Ley, las leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, Federal de Caza, y las demás que resulten aplicables”.

En consecuencia, al no aplicarse lo establecido en la LGEEPA, tampoco se cuenta con un Programa de Manejo, incumpliendo con lo establecido en el artículo 65 de la misma ley donde se determina que “ La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas”.

Es por ello que en la Sierra de Álvarez se han permitido diversas actividades que han afectado el equilibrio de ecosistemas y se han detectado y denunciado afectaciones como contaminación de cuerpos de agua.

Estudios académicos han documentado contaminación en los acuíferos del Valle de San Luis Potosí, el cual forma parte de la cuenca hidrológica denominada “El Salado”. Hay que precisar que en el centro de esta cuenca hidrológica se encuentra la zona conurbada de los municipios de San Luis Potosí que en conjunto con los municipios de Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y Zaragoza dependen del suministro del agua subterránea en un 95% para sus distintos usos.1

Se ha encontrado que el origen de metales pesados como mercurio, plata, bario y estroncio en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, se debe a las actividades mineras en los patios de beneficio realizadas poco después de la fundación de la ciudad, que además se llevaron a cabo sin ningún tratamiento de manejo de los residuos.

La actividad industrial y minera ha afectado el equilibrio de la región y alterando los servicios ambientales de la flora, fauna y del ciclo hidrológico. Una de las empresas que se ha denunciado en los últimos años como causante de este desequilibrio es Cal Química Mexicana, S.A. de C.V, dedicada a la extracción y procesamiento de cal y ubicada en el Valle de San Luis Potosí y en zonas del Área Natural Protegida. Fundada en 1966, comenzó a operar en el Municipio de Graciano Sánchez y ha ampliado sus zonas de producción a otros municipios colindantes.

Y a pesar que la Subdelegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de San Luis Potosí, concedió en junio del 2005 a Cal Química Mexicana, S.A. de C.V. la Licencia Ambiental Única, tomando en cuenta que la misma contaba con:

- Autorización en materia de Impacto Ambiental, expedida por el Instituto Nacional de Ecología el 13 de junio de 1995, vigente 5 años y la revalidación de la misma por un plazo de dos años y seis meses, para el Proyecto “Explotación de la Cantera del Cerro Tata Gómez para la Extracción de Piedra Caliza y Ampliación de la Planta de Calcinación ubicadas en el Municipio Villa de Zaragoza. En dicha autorización la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó los problemas ambientales a los que presentaba el proyecto en la zona y se otorgó bajo ciertas condicionantes que la empresa estaría obligada a cumplir.

- Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos otorgado por la Delegación estatal de Semarnat el 18 de agosto del 2000, y

- Licencia Estatal de Uso del Suelo, expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con fecha del 11 de mayo del 2000.

Habitantes de Villa de Zaragoza, activistas de Pro San Luis Ecológico y el Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez, han acusado que la calera Cal Química Mexicana está cometiendo un ecocidio en la Sierra de Álvarez, ante la inacción de las autoridades.2

Diversos actores sociales han denunciado que la empresa ha provocado una destrucción brutal de la Sierra de Álvarez. “Se está muriendo a muchos kilómetros de distancia el bosque que nos da el oxígeno a la ciudad de San Luis Potosí”, además del problema de contaminación del agua superficial y subterránea por la actividad de la empresa calera.

Actualmente la deforestación y la contaminación de acuíferos continúan a pesar de las denuncias realizadas y los efectos nocivos que estos han generado, tanto a los ecosistemas como a los habitantes del Valle de San Luis Potosí y del Área Natural Protegida.

La problemática generada por la empresa Cal Química Mexicana se originó por la falta de certeza jurídica en el manejo del Área Natural Protegida y por la ambigüedad en el cumplimiento de la normatividad por parte del Ejecutivo y de las autoridades locales para hacer efectiva la protección a los recursos naturales y la responsabilidad ambiental. Es por ello que se requiere que se realice la Declaratoria por parte del Ejecutivo Federal y contar con un Plan de Manejo que establezca la zonificación oficial que defina jurídicamente las actividades permitidas y prohibidas en la región afectada. Y en tanto esto se cumple atendiendo lo que establece la normatividad en la materia, es necesario se realice una investigación para establecer la responsabilidad de la empresa y, en su caso, se lleven a cabo acciones de restauración y mitigación en zonas afectadas.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se haga la declaratoria del área natural protegida “Sierra de Álvarez” en la categoría de área de protección de flora y fauna, en San Luis Potosí y se publique el programa de manejo como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dadas las afectaciones a los ecosistemas y a la población por las actividades de la empresa Cal Empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, siendo necesario realizar las supervisiones correspondientes para investigar y en su caso sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo, así como la afectación a la flora y fauna en la zona urbana y conurbada de San Luis Potosí, así como en el territorio del Área Natural Protegida “Sierra de Álvarez”.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luís Potosí, para que a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y a los Municipios donde opera la empresa calera Cal Química Mexicana, SA de CV, inspeccionen la contaminación provocada por la producción y manejo de residuos peligrosos así como el uso de suelo en las zonas de explotación y extracción donde opera dicha empresa.

Notas

1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33222013000100003

2 http://planoinformativo.com/nota/id/460713/noticia/sierra-de-%C3%81lvar ez,-ecocidio-sin-precedentes.html

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 11 de enero de dos mil diecisiete.

Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un margen de deducciones y exenciones del IEPS y el IVA cobrados en gasolina y diésel e implantar una política de austeridad en la administración pública federal para reducir al máximo el gasto corriente, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República en la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado lunes 9 de enero de 2017, el titular del Ejecutivo federal anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Se trata de un acuerdo suscrito por el gobierno federal con los sectores empresarial, laboral y del campo con la finalidad de atender la problemática derivada del incremento a los precios de la gasolina y el diésel que han generado el descontento popular.

En dicho acuerdo las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo de manera conjunta con el gobierno federal se comprometen a realizar las acciones necesarias a fin de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.

En ese sentido el sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de los precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas de especulación, particularmente de los productos de la canasta básica.

Por su parte los sectores laboral y del campo se comprometen a permanecer atentos a efectos de denunciar aquellos casos de abuso.

El sector gubernamental se compromete a impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso, así como modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, mejorando las condiciones de crédito a través de la banca de desarrollo así como emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables y realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.

Por su parte los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

Destaca del acuerdo que tiene como objetivo principal impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.

Asimismo el tercer eje de dicho acuerdo busca preservar la estabilidad económica e impulsar a través de reducir el endeudamiento y establecer otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales, sin que estas medidas afecten los programas sociales.

2. Se trata de un acuerdo a todas luces insuficiente, que no asume un compromiso real con la población afectada, no existe un compromiso claro de revertir el aumento al que se cobran en gasolina y diésel, como tampoco un compromiso claro de establecer un plan de austeridad real en el gasto del gobierno. Tan es así que la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se negó a firmar dicho acuerdo argumentando que la situación económica y social actual exige sí un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, pero que el mismo no se puede construir en tres días, por lo que resulta urgente que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública. Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances, por lo que “particularmente, el gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso”.

3. Al respecto es importante señalar que existen argumentos técnicos y jurídicos que nos permiten sostener que sí hay viabilidad para reducir esta medida.

“Que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel en 2017 no está relacionado directamente con una mayor recaudación federal. En 2016 y de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta noviembre se habían obtenido 263 mil millones de pesos por la cuota fija que se le impone a cada litro de gasolina y que es parte del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Las proyecciones de captación para ese concepto para 2017 son del orden de los 252 mil millones de pesos a precios constantes de 2016, esto es descontando la inflación. Lo que significa que si el gobierno federal desistiera de aplicar el aumento en las gasolinas y el diésel, de ninguna manera dejaría de recibir los ingresos presupuestados para 2017 por lo que no tendría que aplicar recortes a los programas federales, lo anterior sin considerar que los ingresos del gobierno federal pueden ser sustancialmente mayores a lo proyectado en el presente ejercicio fiscal por el aumento en el precio internacional del petróleo y en la cotización del dólar frente al peso”1 .

Por otra parte, de acuerdo con un análisis de la Consultoría KPMG señala que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobran en gasolina y diésel sí se pueden reducir2 .

Dicho análisis señala que “Dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, el monto previsto para este año de recaudación de IEPS es de 433 mil millones de pesos, de ese total, 65 por ciento proviene de lo que se cobra a combustible que son 284 mil millones de pesos y este monto es 75 mil millones de pesos mayor a lo previsto en el 2016”. Como es de observarse si existe un margen para su reducción .

Asimismo señala además que: “Del precio final de la gasolina, 36 por ciento se debe al cobro del impuestos entre IVA y el IEPS, el cual es alto porque hace que el costo de los combustibles represente un gasto muy numeroso para la sociedad en general”. Adicionalmente se agrega que “De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este año el IEPS a gasolina se redujo, pues en 2016 representaba 26 por ciento del precio por cada litro; mientras que para este año significa 22.9 por ciento”. Por tanto es necesario que el gobierno reduzca al máximo su gasto corriente para poder reducir el IEPS a combustibles y así no impactar sobre los recursos que se destinan a programas sociales y a la población.

4. Adicionalmente el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación señala que el Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá: condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Así, la práctica jurídica ha mostrado que la condonación puede ejercerla el presidente de la República mediante un decreto presidencial y son facultades concedidas por el legislador en virtud de una emergencia económica o de una emergencia que provenga de un fenómeno natural.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que con fundamento en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establezca un margen de deducciones y exenciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado que se cobran en gasolina y diésel e implemente una verdadera política de austeridad en las dependencias de la administración pública federal que reduzca al máximo su gasto corriente.

Notas

1 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo general para cancelar las disposiciones de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación de 2017 sobre el incremento de los precios al público de las gasolinas y el diésel, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados jueves 5 de enero de 2016.

2 Hay margen para reducir impuesto a gasolina: KPMG . Periódico El Financiero, lunes 9 de enero de 2017, nota de Elizabeth Albarrán. En

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/01/08/ hay-margen-reducir-impuesto-gasolina-kpmg.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial del ajedrez, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con; punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados para crear la Comisión Especial de Ajedrez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ajedrez es un juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un damero en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas.1

El ajedrez es uno de los entretenimientos de mesa más antiguos y tradicionales, el cual es jugado en el mundo entero, sin distinción de raza, cultura o costumbres sociales.

Se le considera como un deporte, un juego que es favorable para todas las edades en el desarrollo de sus aptitudes mentales, beneficiando socialmente al niños, adolescentes y adultos, contribuyendo en brindar madurez como a nivel personal, un mejor carácter y una mejora en su rendimiento cognitivo.

Por otra parte, las investigaciones que se realizaron para comprobar que el aprendizaje de ajedrez, tiene una influencia positiva dentro del desarrollo de aptitudes numéricas y verbales, al concluir el estudio se demostró que el ajedrez promueve una madurez intelectual anticipada. Dicha observación la realizó el doctor Ferguson, dentro de la cual investigó a los estudiantes dentro de los primeros cuatro años escolares.

En este mismo sentido el estudio realizado por investigadores alemanes, demostró que los jugadores expertos así como los novatos en ajedrez, utilizaban por igual sus dos hemisferios del cerebro al competir en una partida, el estudio logró demostrar que los participantes que practicaban el ajedrez se destacaban por su memoria, pues se debe agregar que esta habilidad es fundamental en el desarrollo para ser un buen ajedrecista, capacidad que influye también en el aprovechamiento y rendimiento escolar, ayuda a mejorar la conducta y aumenta la concentración en los alumnos.

La Comisión del Ajedrez en la Educación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), lo considero como parte del currículo escolar.

El FIDE menciona que los beneficios del ajedrez son:

• Desarrollar la memoria,

• Incrementar la creatividad,

• Enriquecimiento cultural y

• Desarrollo mental.

Otros beneficios son: que genera resolución de problemas y toma de decisiones, ayuda a que el niño o adolescente, cuando enfrente diferentes contratiempos, pueda definir y aplicar una estrategia de solución. A nivel personalidad fomenta la capacidad organizativa y el equilibrio entre lo racional y lo emocional. También ayuda a que el niño acate reglas, que acepte sus errores y se responsabilice de los mismos, fomenta sus propias capacidades y acciones y le ayuden a determinar su desempeño.

El ajedrez ayuda a los niños hiperactivos o con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), esto fue comprobado tras un estudio que realizó el Dr. Hilario Blasco, psiquiatra del Hospital Puerto de Hierro, donde señala que el ajedrez puede sustituir a la medicina en algunos casos de TDAH.2

Se considera que el ajedrez es una actividad que está al alcance de cualquiera, tan solo se necesita un tablero y unas piezas para que el niño pueda aprender a jugarlo, dando como resultado que el niño entre a un universo mágico y enriquecedor, el cual le aportará una serie de beneficios a largo plazo.

Es por lo anterior que es necesario contar con una Comisión Especial del ajedrez, de esta manera se cuente con apoyo, impulso, difusión y supervisión del mismo, implementando estrategias para su promoción y práctica dentro de las escuelas, ferias plazas, etcétera con la finalidad de incrementar su práctica y adquirir sus beneficios y todos los niveles de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine y someta a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial del Ajedrez.

Segundo . La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 http://dle.rae.es/?id=1MllZ9j

2 http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150826/abci-ajedrez-ninos-tdah -201506231424.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a garantizar el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al amparo de las siguientes

Consideraciones

Al sur de Veracruz se encuentran Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, cuya historia en las últimas décadas del siglo pasado está vinculada con el auge de la industria petroquímica, que trajo grandes beneficios a todo el país. La entrada en operaciones del complejo Pajaritos, en 1967, y la construcción de los complejos La Cangrejera (1980) y posteriormente el Morelos (1988) fueron detonantes de la economía regional y nacional.

Con el aumento de las actividades económicas en estas ciudades vino también un incremento importante en la población que las habitan y con ello los problemas que conlleva la continúa urbanización, por ejemplo, el abasto del agua se volvió un asunto crítico.

Los pozos que abastecían el agua a Coatzacoalcos resultaban insuficientes, frecuentemente se contaminaban con las aguas pluviales, la continua deforestación impedía la recarga natural por los terrenos arenosos, ocasionando que algunos de los excedentes fueran vertidos al río Coatzacoalcos o al Golfo; otras más comenzaron a correr por encima de las calles y se desalojaban por donde encontraran su curso según los desniveles del terreno, contaminando las norias que todavía en la década de 1980 estuvieron enclavadas en el vivero municipal.

En una circunstancia semejante se encontraba Minatitlán, ya que al igual que la primera población, su abastecimiento de agua se encontraba en Canticas, perteneciente a Cosoleacaque, este último también ya presentaba problemas en el abasto del vital líquido.

De lo anterior resultó que a principios de la década de los ochentas en numerosas colonias de Coatzacoalcos y Minatitlán el vital líquido en ocasiones estaba ausente por más de dos semanas, lo que ocasiono movilizaciones sociales que consiguieron captar la atención de los respectivos gobiernos municipales y del estatal.

Para garantizar el abasto de agua a Minatitlán y Coatzacoalcos se explotaron varias opciones, entre ellas la construcción de la presa Yuribia, en lo que actualmente es Tatahuicapan, en la sierra de Santa Martha, cerca de manantiales, además en la región se tienen altas precipitaciones pluviales con escurrimientos, por lo que se supuso que el abasto del vital líquido sería ilimitado. De tal forma, la construcción de dicha presa fue la opción que ofrecía los gastos de extracción y distribución más bajos; además de permitir ampliar la red a más poblaciones.

Las obras de la presa y el tendido de los ductos comenzaron en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración que comprendía los 64 kilómetros de tubería de acero que transportan el agua, pero, desde el inicio de los trabajos, los conflictos con los habitantes de Tatahuicapan, ya que su opinión no atendida para realizar la obra, la presencia de los tubos en el manto acuífero fue considerada por los habitantes del lugar como un atentado contra las deidades y seres que ahí viven.

Tatahuicapan es una comunidad indígena con su muy respetable sistema de valores y creencias, en que la relación con los elementos naturales como agua, tierra, flora y fauna tienen un significado distinto al que le atribuye la cultura occidental y cabe señalar que por efectos de diversos tratados internacionales de los que México es parte, estas comunidades tienen derechos sobre los terrenos que tradicionalmente han ocupado y sobre los recursos naturales que en ellos se encuentran.

Además, los habitantes de la localidad de la sierra en donde se encuentra el agua viven en poblaciones con poca urbanización y múltiples carencias de servicios, ellos son en su mayoría indígenas y campesinos que sienten que el recurso hídrico es propiedad de su comunidad, no aceptan fácilmente que se lleven el preciado bien para uso de otros.

Ante la inconformidad por parte de los pobladores de Tatahuicapan para ceder su agua se les ofreció a cambio obras públicas que elevaran su bienestar, lo que resultó en un acuerdo entre autoridades estatales, municipales y representantes de los tatahuicapen?os.

Con la entrada en función de la presa y sus ductos los problemas de agua entubada en Coatzacoalcos y Minatitlán se redujeron para un noventa y cinco por ciento de los habitantes de estas ciudades; sin embargo, “El pacto fue cumplido por Tatahuicapan, pero no por Coatzacoalcos que dejo? obras inconclusas y solamente ha mandado eventualmente alguna máquina para aplanar una calle o abrir un nuevo drenaje” (Roca Guzmán, María Elena. Tradición y modernidad: conflictos y movilizaciones en Tatahuicapan de Juárez, 1984-2010, tesis para obtener el grado de doctorado en historia y estudios regionales, Universidad Veracruzana, 2013). Ello ha generado desde entonces conflictos en los que los tatahuicapen?os toman las instalaciones de la presa y dejan sin agua a Coatzacoalcos y amplias zonas de Minatitlán y Cosoleacaque.

A mediados del año pasado, esta situación se recrudeció, cuando pobladores de Tatahuicapan amenazaron evitar el suministro de agua si el gobierno estatal no daba los recursos para obras que se encuentran inconclusas desde hace varios años, como son el asfaltado de la vía Mezcalpan-Zapotitlán, los puentes Encinalillo y Pilapillo, entre otras. A esas fechas, el gobierno estatal y el de Coatzacoalcos ya habían pagado 2.5 millones de pesos, pero se requerían 17.5 millones más para concluir las obras pendientes.

Ante la falta de la entrega de dichos recursos económicos en noviembre los tatahuicapen?os rompieron una tubería de la presa Yuribia, posteriormente, en los primeros días del presente año habitantes de Tatahuicapan tomaron las instalaciones de la presa para cerrar las válvulas, volviendo a dejando sin agua a más de medio millón de personas. La situación prevaleció hasta el pasado domingo 8 de enero cuando, por mediación del gobernador, se pactó la apertura del sistema de agua, sin que se dieran a conocer los términos de la negociación.

En otro orden de ideas, se ha acusado a Morena de estar detrás de estos “embargos” del agua, lo cual es falso, pero más allá de esto creemos que es sano el que se den a conocer los acuerdos por medio de los cuales se restableció el abastos de agua, además de conminar al gobierno de Veracruz a cumplir con las obras públicas que se les han ofrecido a los tatahuicapen?os y los acuerdos que el actual gobierno acordó para solucionar la confrontación que dejo sin el vital líquido amplias zonas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Con el cumplimiento de los acuerdos ganan todos, por una parte se combate el injusto atraso económico en que se encuentra la población de Tatahuicapan, y por la otra, se garantiza el suministro de agua a tres ciudades de gran relevancia estatal y nacional.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que haga públicos los acuerdos del pasado 8 de enero, entre el gobierno del referido estado y la comunidad de Tatahuicapan, que llevaron a restablecer el suministro de agua de la presa Yuribia. Asimismo, se dé cabal cumplimiento a los diversos acuerdos que el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave ha celebrado con el municipio Tatahuicapan y con la comunidad de este municipio, a fin de que se solucione el conflicto por el uso del agua de dicha presa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que garantice el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, en especial los referentes a las tierras que tradicionalmente han ocupado y los recursos naturales que en estas se encuentran, derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que México es país signatario.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a hacer pública la información estadística integrada en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en observancia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El respeto de las identidades individuales marca un hito paradigmático en las sociedades modernas, que cada individuo tenga la libertad de ser, es la primicia sobre la cual se justifica la ideología neoliberal cuyos principios han sido adoptados por los Estados modernos. Que el neoliberalismo ayude a poner mayor énfasis al individuo, así como su capacidad de auto gestionarse, inhibe que se puedan visibilizar ciertos procesos derivados de estructuras que aún siguen presentes en nuestras sociedades y que influyen en gran medida comportamientos que violentan la integridad personal.

Tal es el caso de la estructura sexual que, al forjar el ordenamiento de la diferencia corporal, dicta comportamientos específicos para unos y para otros, derivados de un tipo de “temperamento” inherente y específico para hombres y mujeres. Cuando la diferencia corporal entre los sexos dicta comportamientos que se derivan de la tradición es evidente que contienen una carga densa de naturalidad y por ende de aprobación basada en el orden natural inscrito en un: “así deben ser las cosas”.

Cuando el machismo es justificado por la naturalidad de los temperamentos, se refuerza las identidades colectivas que hacen a hombres y mujeres, según el machismo: diferentes pero complementarias, pero sobretodo se permite la justificación en el desbalance de las relaciones de poder, empoderando a unos sobre el despojo del poder de otras. Así el hombre como identidad colectiva, es fuerte y agresivo, en comparación con la mujer, que debido a su corporalidad es débil y sumisa.

La violencia de género justamente se deriva de dicha naturalización de las identidades y roles sexuales que logran subsumir las identidades individuales a temperamentos colectivos naturalizados y que evidentemente como anteriormente lo explique, son inherentes y relacionan a los sexos inequitativamente, inequidad que tiene consecuencias inhumanizantes e injustas, donde las mujeres más que ser sujetos son consideradas objetos, de uso, de reproducción y de comodidad para el hombre.

Ejemplo de ello es que a pesar de los reiterados señalamientos de parte de diversas instituciones de orden mundial y nacional, condenando la violencia de género ésta no disminuye; según ONU Mujeres 1 de cada 3 mujeres y niñas en el mundo han sufrido violencia física o sexual, de ellas, menos del 40% han buscado algún tipo de ayuda y entre aquellas que lo hacen, solamente el 10% recurre a la policía. Vulnerando sistemáticamente los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida integra, sana y libre de miedo.

La violencia contra las mujeres, son actos que van desde el espacio privado hasta el espacio público, pues la naturalización de la violencia del hombre atraviesa todas las estructuras que permean la vida de los individuos y en esferas que son tan importantes para el desarrollo y crecimiento personal, como la: personal, laboral, educativa y política.

En dicha última esfera es donde nosotras y nosotros como autoridad garante de la democracia, de la diversidad de voces e intereses a los que da cabida la representación popular, debemos de hacer esfuerzos para no continuar con las inercias que impone la tradición, porque la política y nuestras instituciones, al transversalizar la vida de los individuos, tiene la capacidad y mecanismos suficientes para modificar la cultura que se justifica por medio de la naturaleza, la violencia contra la mujer no es natural, por eso debemos vigilar que sea sancionada, suprimida y eliminada, a fin de garantizar el respeto que todas y todos los individuos merecemos por el hecho de ser, seres humanos.

Cuando se vulnera sistemáticamente a las mujeres, también se vulnera al círculo en el que ella vive y en conjunto el progreso de la sociedad. Una parte elemental para poder incidir positivamente en la disminución de la violencia ejercida contra la mujer, es el reconocimiento de su existencia a nivel extendido, es decir, por medio de la contabilización de los casos existentes, afirmando no solamente la conducta como anormal sino también como medio para conocer el tipo de violencia que se ejerce que va desde la violencia psicológica y acoso sexual en los diversos espacios de desarrollo humano.

En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone en su artículo 17 que uno de los mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres es el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad.

Para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, el ejecutivo deberá publicar el programa integral para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Programa Integral), el cual deberá contener las acciones específicas con perspectiva de género para garantizar la investigación y elaboración de diagnósticos estadísticos sobre los causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia.

Asimismo, este precepto considera que se deberá publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de violencia contra las mujeres (Banavim).

Al respecto, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 establece explícitamente en la estrategia 5.2 que será responsabilidad de la Secretaria de Gobernación “Impulsar el Fortalecimiento de la integración y administración del Banavim para obtener información estadística confiable” así como “promover la elaboración de protocolos para expedir, registrar y dar seguimiento a las órdenes de protección e incorporarlas al Banavim”

Sin embargo, el artículo 44 de la Ley de Acceso señal que establece a la secretaria de seguridad publica integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres, recordemos que el pasado 02 de enero del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el cual se extingue la Secretaría de Seguridad Pública y de acuerdo a lo dispuesto artículo 27 fracción XII, será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes.

Para el caso del país, a fin de cumplir con los objetivos a los que el Estado mexicano se ha suscrito, el Programa Integral, establece que:

“Un compromiso para adoptar políticas públicas y medidas legislativas de acción afirmativa necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas sociales que discriminen a las mujeres y a las niñas, o que producen situaciones de desigualdad o marginación [...] de ahí la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos legales y administrativos que permitan de manera efectiva y sin escatimar esfuerzos, garantizar los derechos humanos de las mujeres, para erradicar las causas de violencia, armonizando los contenidos legislativos nacionales y estableciendo estrategias para impulsar la transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres”.1

Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la creación del Inmujeres y específicamente la implementación del Programa Integral, es difícil asegurar si la violencia ha incrementado, disminuido o únicamente se está visibilizando debido a un proceso de empoderamiento de las mujeres ayudado del uso de las nuevas tecnologías; sin información cuantitativa no podemos medir la eficacia de las políticas impulsados por el Estado Mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta incertidumbre debería ser únicamente especulativa, incluso inexistente, debido a que en el programa integral y en la Ley de Acceso se establece la obligatoriedad de integrar el “Banco Nacional de Datos e Información sobre caso de violencia contra las mujeres (Banavim)” que tendrá por objetivo, conocer en un primer punto la naturaleza de la violencia así como su magnitud, y en un segundo aspecto dar seguimiento a los esfuerzos realizados por las instituciones involucradas en el proceso de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

“Asimismo, la creación de herramientas informáticas adecuadas, la homologación de registros administrativos y el diseño de tableros de control, permitirán que exista una adecuada sistematización de la información generada, con el fin de transparentar los resultados obtenidos que robustecerán el propósito y la vinculación de los esfuerzos en materia de combate a la violencia contra las mujeres”.2

Lo que podemos apreciar a lo largo de la lectura del programa, es que, la recopilación de datos, sistematización y publicación sería un gran avance en el conocimiento de la violencia de la que son víctimas las mujeres en las diferentes esferas en las que se desarrollan, así como reconocer el avance en la aplicación de los protocolos y a su vez si se está accediendo o no a la justicia para último conocer la reparación del daño, de forma que se asegure a las mujeres su natural derecho a una vida libre de violencia.

En este punto yo me pregunto cómo es qué se puede medir la efectividad de las políticas adoptadas si no se cuenta con información estadística confiable, debido a la no adecuada integración e incluso desaparición del Banavim, ya que el enlace URL donde se debe publicar mensualmente de acuerdo al Programa Integral o semestralmente de acuerdo a la Ley de Acceso, las estadísticas de los datos registrados es inaccesible, es importante precisar que en lo referente a los plazos para la publicación de la información, también existe una diferencia de criterio entre lo dispuesto por la Ley y lo dispuesto por el Programa Integral.

El abandono al Banavim me hace pensar que las autoridades siguen omitiendo la importancia de la violencia contra la mujer como un cáncer que inhibe el crecimiento no solo personal sino también de la sociedad. Así como todo el proceso por el cual se ha planeado la erradicación de la violencia.

Concuerdo con la intención expuesta en el programa integral y considero que es más que necesario y urgente la utilización del Banavim, a fin de que este mecanismo se establezca como eje rector del programa, ya que este instrumento es idóneo para visibilizar la situación de violencia contra las mujeres en el país, materializando la integralidad que se propone al abarcar todos los tipos de violencia y todos los sectores donde se realiza, así como la reparación del daño y el debido acceso a la justicia, colaborando a fortalecer la cultura de la denuncia. Además, pienso, permitirá la disminución de los casos de feminicidios, al poder detectar casos de violencia temprana.

En este sentido considero más que necesario hacer pública que debiera estar integrada en el Banavim, respetando en todo momento, el derecho a la protección de los datos personales, en términos de la legislación aplicable, con el objetivo de hacer viable el debido cumplimiento tanto de la Ley General como del Programa Integral y con la firme convicción de que la justicia debe ser para todo ser humano sin importar el género, por lo anterior, solicito a esta asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al ciudadano licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a hacer pública la información estadística integrada en el Banco Nacional de Datos e Información sobre caso de violencia contra las mujeres (Banavim) observando lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Programa Integral para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado 30 de abril de 2014, enlace URL:

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=04&day=30

2 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CRE a informar sobre la metodología para determinar los precios máximos de las gasolinas y el diésel, el otorgamiento de estímulos fiscales especiales para Campeche y sus municipios, y las razones por las cuales la frontera sur se excluyó del otorgamiento de los estímulos fiscales asignados a la frontera norte, suscrita por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

Con fecha 23 de diciembre de 2015 fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicables a los combustibles solamente para las ciudades fronterizas con Estados Unidos de América en su franja fronteriza de 20 hasta 45 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional.

Con fecha 4 de marzo de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo para Fronteras que tiene como objeto el otorgamiento de subsidios que se destinarán a coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, incluyendo a Baja California Sur.

Por otra parte, derivado de los efectos económicos adversos que han tenido las entidades federativas que dependen fuertemente de su actividad de la industria petrolera, con fecha 6 de mayo de 2016 el titular del Ejecutivo federal anunció el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, que son un paquete de acciones estratégicas para incentivar la actividad económica de esta región del país mediante el apoyo a la economía de las familias y de las empresas.

Con fecha 20 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número A/059/ 2016 que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que busca ir liberando paulatinamente, por regiones de norte a sur, los precios antes mencionados derivado de las condiciones y demandas del propio mercado.

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, que contempla como base los costos de logística y distribución aplicables al suministro de los combustibles mencionados en las distintas regiones del país.

Con base en los acuerdos antes mencionados, la Comisión Reguladora de Energía estableció los precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel por regiones durante el período comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017; así como, los montos de estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos de América y precios máximos al público de dichos combustibles, vigentes del 1 al 10 de enero de 2017.

Exposición de Motivos

Con relación a los precios máximos al público por región y en especial por lo que se refiere a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que forman parte de un área geográfica común como es la península de Yucatán, se advierten tratamientos diferenciados que ubican a Campeche con precios promedio máximos de mayor cuantía con relación con Yucatán, no obstante que Campeche históricamente es la principal entidad federativa productora del petróleo, que es la materia prima de la cual se procesan y producen las gasolinas y el diésel.

De la misma manera, se observa que Campeche cuenta con precios promedio máximos más altos que Tabasco, quien también es un importante productor de este importante recurso natural no renovable.

En los comparativos que a continuación se presentan, pueden observarse con claridad estos tratamientos diferenciados que consideramos son incongruentes y por lo menos inconsistentes, que ameritan ser revisados tomando en consideración todas las variables intrínsecas que necesariamente deben ser valoradas.

Nota 1: En el caso de la gasolina menor a 92 octanos, en Campeche en comparación con Yucatán se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más; para la gasolina mayor o igual a 92 octanos se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más; y en el caso del diésel se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más.

Nota 2: En el caso de la gasolina menor a 92 octanos, en Campeche en comparación con Tabasco se pagará en promedio por cada litro un centavo más; para la gasolina mayor o igual a 92 octanos se pagará en promedio por cada litro un centavo más; y en el caso del diésel se pagará en promedio por cada litro dos centavos más.

De lo antes detallado en cuanto al precio máximo promedio fijado a estos combustibles derivados del petróleo, por la Comisión Reguladora de Energía, se advierte con claridad que son más altos para Campeche, no obstante que Campeche es y ha sido históricamente principal productor del petróleo del cual se obtienen los combustibles derivados: gasolinas y el diésel, debiendo ser todo lo contrario por su condición intrínseca de entidad federativa productora del petróleo y en consecuencia, también entidad federativa receptora de los efectos e impactos económicos, políticos y sociales como los que ahora de manera negativa atraviesa mi estado.

En el comparativo con Veracruz, acontece lo mismo; es decir, los precios promedio máximos al público respecto de las gasolinas y el diésel son más bajos que los asignados a Campeche. Para la gasolina menor a 92 octanos en Veracruz se pagará 15.58 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 15.67 pesos por litro. Para la gasolina mayor o igual a 92 octanos en Veracruz se pagará 17.36 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 15.67 pesos por litro; y, para el diésel en Veracruz se pagará 16.66 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 16.74 pesos por litro.

Por lo tanto, la asignación de precios máximos que se dio a conocer, nos parece inequitativa y contraria al interés de los campechanos y la aportación histórica que Campeche ha hecho al país. Por lo que como representante popular es mi obligación expresar el descontento e interés de la entidad que represento de ser considerada de manera similar a los demás estados del Golfo.

Es por ello que consideramos indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Reguladora de Energía explique pormenorizadamente las razones por las que el precio máximo promedio al público de las gasolinas y el diésel es mayor en Campeche que el asignado al resto de los estados ubicados en el Golfo de México.

Por otra parte, con relación a los montos de estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos de América, y toda vez que se han anunciado acciones y compromisos por el titular del Ejecutivo federal dentro del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, se considera que existen razones eficaces y suficientes para que ese mismo tratamiento fiscal se le asigne a Campeche.

En promedio los estímulos fiscales para diversos municipios de Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, permiten vender las gasolinas a precios inferiores a los máximos autorizados para el resto de los estados de la república y se pueden apreciar con claridad en el cuadro siguiente:

No obstante, que aunque es preciso y claro que los fines de dichos estímulos fiscales es tener precios más competitivos con respecto a los de nuestro vecino país del norte, también es cierto que los municipios de las entidades federativas que tienen frontera sur, como son los municipios de Calakmul y Candelaria en mi estado se encuentran –de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– en situación de pobreza extrema, por lo que apoyarles con estímulos fiscales especiales similares les ayudaría considerablemente a la economía de las familias y de la productividad local, basada principalmente en las actividades agropecuarias y forestales, y particularmente apoyaría a incentivar el turismo en Calakmul, que cuenta con el único Patrimonio Mixto de la Humanidad en México.

No omito señalar que Campeche tiene frontera con dos países, Belice al sureste y la República de Guatemala al Sur.

En razón de la crítica situación económica por la que atraviesa Campeche, a consecuencia de la disminución de los precios del petróleo y con ello, de la reducción de su actividad económica, aunado a que ha sido históricamente el principal productor de petróleo a nivel nacional, exijo respetuosamente un trato equitativo y justo con relación a las demás entidades del país.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración y aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Reguladora de Energía a fin de que informen detalladamente en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos de las gasolinas y el diésel, así como los criterios que se usaron para la determinación del cronograma para la flexibilización de los precios al público para el estado de Campeche y los municipios que lo integran en comparación con las demás entidades del país ubicadas en el Golfo de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se otorguen estímulos fiscales respecto de los precios de las gasolinas y diésel para el estado de Campeche y en especial para el municipio de Carmen.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a fin de que informe las razones por las que a la frontera sur se le excluyó del otorgamiento de los estímulos fiscales asignados a la frontera norte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero de 2017.

Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que implante por la Segob y la SRE una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, a cargo de los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Máximo García López, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II, del numeral 1, y III, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, implante una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Taiwán tiene una población de 23 millones de habitantes, con una superficie de 36 mil kilómetros cuadrados. En los últimos años Taiwán se ha comprometido con el desarrollo de semiconductores, energía solar fotovoltaica, información y comunicación, transporte y otras industrias de capital y de tecnología intensiva, logrando así que sean una importante base de la industria de la tecnología global.

La relación México-Taiwán se ha profundizado gradualmente con el beneficio mutuo en los últimos años, en términos de las relaciones de comercio e inversión. Para México, Taiwán es el tercer país inversionista de la región Asia-Pacífico (después de Japón y Corea del Sur). Es el séptimo mayor proveedor y noveno mayor socio comercial de México. El total de las empresas taiwanesas llegan a alrededor de 300, principalmente en los estados de Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y otros lugares. El monto de inversión llega a más de mil millones de dólares.

Ante el posible ingreso de Taiwán al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP), se anticipa un aumento sustancial de la inversión bilateral México-Taiwán, pues México cuenta con amplios recursos humanos de alta calidad, abundantes recursos naturales y fomento a la inversión extranjera directa. Los industriales de Taiwán ven a México como uno de los países más idóneos para la inversión.

Por lo que respecta al intercambio académico entre México y Taiwán. El gobierno de Taiwán ofrece anualmente diversos programas, como las becas para estudiar chino mandarín, de estudios profesionales, posgrados y cursos para los estudiantes mexicanos destacados. Durante los últimos 20 años, Taiwán ha otorgado casi 700 becas, para mexicanos que han tenido la oportunidad de estudiar en Taiwán.

Además, la cooperación México-Taiwán también es manifiesta en la educación superior: La Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad Nacional Chengchi, la Universidad Tamkang, y la Universidad Católica Fu Jen, entre un total de siete universidades, han firmado acuerdos, respectivamente, con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Iberoamericana y otras instituciones.

Cada año hay diversos intercambios de alumnos entre escuelas o proyectos para incentivar el estudio de los alumnos en el exterior.

Actualmente la relación entre México y Taiwán se encuentra en una de sus mejores etapas, sin embargo, es necesario fortalecerla mediante la eliminación de uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos taiwaneses, la visa para ingresar a nuestro país.

Desde 1930 México ha mantenido la “Doctrina Estrada” como eje de la política exterior y en el caso de China y Taiwán, el Estado mexicano se sujeta al principio de “una sola China” que implica el reconocimiento de Taiwán como parte integral de la República Popular China.

En enero de 2012, Estados Unidos de América exentó a los nacionales taiwaneses de visa para ingresar a Estados Unidos. En razón de lo anterior, si México eliminó dicho requisito a los portadores de visa americana, debería implantar una medida de facilitación migratoria a los nacionales de países que no requieran visa norteamericana, como lo es actualmente el caso de los nacionales de Taiwán.

Es importante mencionar que en América, países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, Belice, Ecuador, El Salvador, Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Perú, entre otros, han otorgado la exención de visado a los ciudadanos taiwaneses.

En Europa se han sumado a la exención de visa para Taiwán: Francia, Italia, Alemania, España y el Reino Unido; Australia, Japón y Corea, también les han otorgado el privilegio de la exención de visado.

México y Taiwán son naciones con muchas coincidencias y similitudes, los dos estamos formados por gente hospitalaria, cálida, trabajadora y con deseos de superación.

Hoy nuestra nación es una economía abierta con importantes acuerdos de libre comercio, cuenta con capital humano joven y altamente capacitado. Nuestro país ofrece costos competitivos, seguridad a los inversionistas extranjeros y una posición geográfica estratégica.

El gobierno de Taiwán considera que la eliminación de visa por parte del gobierno de México, sería una medida que reflejaría la excelente relación entre los dos países y que incentivaría una mayor inversión de empresas taiwanesas en nuestro país; fortalecería el turismo y el intercambio educativo y cultural entre nuestras naciones.

Ante los retos de la situación económica mundial; ningún país puede enfrentar los problemas globales por sí mismos, necesitamos amigos y aliados y hoy más que nunca México debe fortalecer sus relaciones comerciales y de turismo con otras naciones, especialmente cuando la experiencia ha sido exitosa.

Necesitamos expandir nuestros horizontes y para ello debemos eliminar los obstáculos que se presentan para el fomento a la inversión y el turismo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República, para que a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República, para que a través de la Secretaría Relaciones Exteriores, solicite al gobierno de Taiwán que bajo el principio de reciprocidad internacional, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos mexicanos que visiten dicho país.

Diputados: María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Máximo García López.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a analizar y, en su caso, revertir el acuerdo relativo a la actualización de las cuotas especificadas en materia del IEPS sobre gasolinas y combustibles, publicado el 27 de diciembre de 2016 en el DOF, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se actualicen las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre gasolinas y combustibles al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía publicaron el acuerdo por el que se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017), las 7 regiones de frontera (válidos del 1 al 10 de enero), y los municipios que componen cada región.

La división del país en 90 zonas estableció precios diferenciados de las gasolinas aumentando hasta en 20 por ciento la tarifa de los combustibles en orden a una liberación de los precios y considerando diversos factores como el pago del precio real, de impuestos y transportación y logística.

De acuerdo con las versiones de las autoridades hacendarias y de energía, el artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos dispuso que hasta el 31 de diciembre de 2017 el precio de las gasolinas y el diésel estaría sujeto a un precio máximo.

El Ejecutivo federal establecería mediante acuerdo el precio máximo considerando:

a) Diferencias relativas por costos de transporte entre regiones;

b) Modalidades de distribución y expendio al público;

c) Ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía; y,

d) Precios internacionales de estos combustibles.

El 18 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) modificando el modelo de precios máximos dispuesto en el artículo transitorio decimocuarto de la Ley de Hidrocarburos.

Para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecería una banda con valores mínimos y máximos para los precios máximos de los combustibles para que los precios máximos fluctúen de forma consistente con referentes internacionales adelantando la liberación definitiva de precios a partir del 1o. de enero de 2018.

De esta manera, las autoridades dicen que la estrategia en materia de regulación de precios máximos al público hasta el 31 de diciembre de 2017 debe incentivar la entrada de nuevos competidores al mercado y facilitar la transición ordenada de un esquema de precio único a nivel nacional a uno de libre mercado. De acuerdo con la fracción I, inciso c) del artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en relación con los mercados de gasolinas y diésel, se establecía que a partir del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían bajo condiciones de mercado adelantándose para el 2017 de conformidad con el artículo decimosegundo transitorio, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

De igual forma, el artículo decimocuarto transitorio, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos estableció que a partir del 1 de enero de 2017 o antes, si las condiciones del mercado lo permitían, los permisos para importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables.

A mayor abundamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuotas aplicables a los combustibles automotrices, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año.

De esta forma, el 27 de diciembre pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. Según el acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año para determinar las cuotas aplicables a los combustibles automotrices, a los combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel destinadas a las entidades federativas. Así el acuerdo, en vigor desde el 1 de enero de 2017, determina lo siguiente:

Artículo Primero. El factor de actualización aplicable para el año de 2017 a las cuotas a las que se refieren los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es de 1.0330, resultado de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2016, que fue de 121.953 puntos, y el mencionado índice correspondiente al mes de noviembre de 2015, que fue de 118.051 puntos, procedimiento establecido conforme a lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Segundo. Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles automotrices a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

Artículo Tercero. Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

Artículo Cuarto. Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel previstas en el artículo 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

No obstante, las medidas han resultado impopulares impactando la economía de los más pobres y debilitando más y más el poder adquisitivo de las familias mexicanas. En orden a lo anterior, y dado el ajuste de los precios, se refleja la falta de sensibilidad social que quiere preservar la macroeconomía sin importar la estabilidad de los más pobres.

Es por lo anterior que, si se ha adelantado la liberalización de precios, las autoridades hacendarias del Poder Ejecutivo revisen y, en su caso, reviertan el acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios sobre gasolinas y combustibles en tanto haya las mejores condiciones que protejan, principalmente, la economía de las familias mexicanas.

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, analice y, en su caso, revierta el acuerdo relativo a la actualización las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre gasolinas y combustibles publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, Pemex, la SHCP, la CRE y la Profeco a reducir de manera urgente el alza de hidrocarburos como la gasolina y el diésel, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las campañas políticas en general, se presentan como la coyuntura para proponer, crear, modificar plantear y expresar las promesas que el político en cuestión llevará a cabo, a fin de reparar todo aquello que se conciba como un área de oportunidad a mejorar.

El actual representante del Poder Ejecutivo de nuestro país hizo 23 propuestas durante su participación en el primer debate presidencial.

A la luz del estado que guarda la sociedad y la economía mexicana, parece conveniente hacer, aunque sea grosso modo, un repaso de las promesas hechas y de lo acontecido:

• Crear tribunales especializados para dirimir diferencias de competencia (en relación con su propuesta contra los monopolios);

• Incrementar tres veces la inversión en ciencia y tecnología;

• Impulsar reformas estructurales como la hacendaria;

• Crear un sistema de seguridad social universal;

• Aplicar impuestos justos y progresivos para que quien más gana, pague más, y revisar las atribuciones fiscales de los tres niveles de gobierno;

• Crear una gendarmería nacional;

• Erradicar la pobreza alimentaria;

• Implementar un seguro de riesgos de trabajo y el seguro de desempleo;

• Pensión universal para los adultos mayores;

• Modernizar Pemex, con la participación del sector privado;

• Bajar el precio a combustibles y hacerlos menos contaminantes;

• Incrementar apoyos al campo;

• Ampliar la cobertura educativa;

• Incrementar la producción agropecuaria; entre otras.

En varias de las promesas, sin duda el Presidente ha cumplido en haberlas llevado a la práctica, aunque sus beneficios, fueron cuestionados desde un inicio respecto de su carácter realmente positivo y, sobre todo, en los resultados que han mostrado hasta la fecha.

Los casos más sonados son el de las reformas estructurales mencionadas, como fueron la energética y lo relacionado con los precios de las gasolinas y la hacendaria, relacionada con la política fiscal.1

Los mexicanos seguimos esperando que la reforma energética coadyuve a impulsar el crecimiento de la economía y de la economía de las familias.

Desde 2012, el precio de gasolina ha ido en contra de lo prometido en campaña y de lo acordado en el Pacto por México:2

Baste como muestra, la gráfica anterior que refiere el aumento de alrededor de 6 pesos en el precio de la gasolina, concerniente a los últimos cuatro años.

Por otro lado, se ha señalado que la liberalización del mercado de las gasolinas fue parte del Pacto por México y aseguró esta medida traerá a México beneficios que se verán reflejados en dos años o hasta en ocho.3

El Pacto por México que fue creado bajo el estandarte de “Desarrollo económico y bienestar social” incluía entre sus objetivos y promesas, legislar a favor de una reforma energética que diera como resultado el abaratamiento de la gasolina para el consumo de los ciudadanos mexicanos, así como el de las tasas de interés para que se desencadenara una oleada de préstamos que mejoraran el funcionamiento de la economía mexicana, sin embargo, tanto las promesas como el Pacto mismo, fracasaron.

Obedeciendo a la Teoría de los Precios de Friedman, el establecimiento y determinación de un precio debe obedecer a 6 ejes rectores:4

1. Evaluación del Mercado

2. Oferta de Competidores

3. Establecer si el producto es duradero o no

4. Contemplar costos fijos y variables

5. Utilidad deseada

6. Propuesta de Valor final

Aplicando los ejes anteriormente mencionados al particular caso de la gasolina en nuestro país, la misma, sería concebida como producto no duradero -al cual el mercado mismo exige un precio bajo- debido a que es un producto que cubre una necesidad básica e inmediata que se consume rápidamente.

El alza del precio de la gasolina en México ha dejado a la gasolina magna en 15.99 pesos por litro, la Premium en 17.99, y el Diésel en 17.05. Sin embargo, al mismo tiempo, estaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) venden en Estados Unidos la gasolina en menos de la mitad de ese costo, es decir en US$0,40 por litro, el equivalente a 7 pesos, mientras que el diésel lo ofrece en un promedio de 9 pesos.

¿Por qué Pemex vende gasolina más barata en Estados Unidos que en México? La empresa dice que es parte de una estrategia para competir en el mercado estadunidense.5 Mientras que, asegura que los precios para transportar la gasolina a México son muy elevados, ya que las refinerías de nuestro país no tienen la capacidad de satisfacer la demanda interna de este combustible, porque no han sido adaptadas para procesar el crudo pesado de los nuevos yacimientos del país.

Este petróleo se envía a refinerías estadounidenses donde se convierte en gasolina, que regresa a México, y por consiguiente, el costo del proceso se suma al precio final.

En ese caso, podríamos argumentar que también se compra el combustible a otros países, como Taiwán, Singapur, España o China. Diariamente se importa un promedio de 398.000 barriles de gasolina, según datos de Pemex.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el aumento en el precio, obedece al proceso natural de la liberalización del mercado de hidrocarburos, y por consiguiente, al retiro del subsidio que proporcionaba el Gobierno Federal, lo cual le significaba un gasto de 2 mil millones de dólares mensuales y el cual –argumentan- se destinará a subsanar la deuda pública del país.

Por el contrario, la gasolina que las franquicias de Pemex venden en Texas no tiene esos gravámenes y por eso su precio es menor. Además su costo se regula de acuerdo con las variaciones del mercado, lo cual empezará a ocurrir en México a partir de 2017, y de acuerdo con la reforma energética, estará completa en 2018.6 Las autoridades aseguran, que el hidrocarburo no ha llegado a su valor real,7 lo cual abre otra interrogante preocupante, ¿Cuál su valor real, y cuál será el costo alrededor del cual fluctúe el mercado?

Indiscutiblemente, el primer factor de alarma lo supone la depreciación del peso –de 18 por ciento en 2016— y el mayor precio de la gasolina en Estados Unidos, como consecuencia del alza en las cotizaciones del petróleo, cambió fuertemente el escenario previsto por el Gobierno Federal cuando decidió proponer que se adelantara de 2018 a 2017 la liberalización del mercado de gasolina, planteamiento que fue aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos para el próximo año.8

Otro factor alarmante ante el alza del precio del hidrocarburo es, el salario mínimo, que refleja el poder adquisitivo con el que cuentan los mexicanos. Actualmente se encuentra establecido en 80.04 pesos diarios. En contraparte, la canasta básica -un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas a partir de su ingreso -tiene un costo de 1327 pesos. La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios.9

Así, por ejemplo, en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica (alrededor de 54 pesos por hora) y al día de hoy son necesarias 193 horas laborales.10

Simultáneamente, las personas que no gozan de la comodidad de un automóvil se verán afectadas. Considerando que, el abastecimiento de los principales productos de consumo es llevado a cabo de manera terrestre, el aumento a la gasolina incurre en el aumento de los precios de las materias primas y los productos de primera necesidad. Como resultado, se ve reflejado en el aumento de las tarifas del transporte público, que además de ineficiente e insuficiente, será costoso gracias al aumento del precio de la gasolina y el diésel.

Existen economistas que coinciden en que esto traerá un golpe al bolsillo mediante la inflación de los precios de productos y servicios que los mexicanos pagan, usen o no vehículo.

“A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina”, dijo a BBC Mundo el analista Gerardo Esquivel, doctor en economía por la Universidad de Harvard (EUA).11

Con respecto a lo expuesto por la SHCP, en 2017 habrá tres elementos que harán que un litro de gasolina o diésel será más caro o más barato, dependiendo de la región, estado y municipio en donde se compre.

• Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el costo de la gasolina, y el precio a nivel internacional será la referencia: ya no estará sujeto al precio que el gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones financieras y hasta políticas.

• Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o barato si una localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un puerto, si el combustible es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta más o menos almacenarlo.

• Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de recaudación llamado IEPS a cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá aplicando y no se incrementará en 2017, según promete el gobierno mexicano.

A pesar de que lo anteriormente mencionado puede traer consigo beneficios, el actual y elevado precio del litro de gasolina, deja un estándar muy alto para las nuevas gasolineras que entren a invertir y competir con Pemex, de manera que los nuevos precios que estas establezcan, no estarán muy por debajo del que se encuentre rigiendo en el momento de su entrada a México.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia puntualizar, que a pesar de la liberalización del mercado de hidrocarburos, todas las empresas que comiencen a competir con su marca, serán abastecidas únicamente por Pemex. De acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la venta de un solo producto no impulsará una competencia efectiva, y tampoco da margen a una baja de precios.12

Con respecto a la banda establecida en 2016 - aumentos del 3%- la ley establecida el mismo año, prevé que podían existir cuotas adicionales. Si esto sucede, los contribuyentes podrían pedir la devolución del sobrecosto mediante una declaración. El problema radica en que 60% de la fuerza laboral del país está en la informalidad, sin posibilidad de reclamar una devolución

En concreto, si Pemex no puede dejar de pagar los gravámenes que la importación de la gasolina le significa, no existe ninguna posibilidad de que los precios disminuyan, ni de que el mercado fluctúe en un rango sostenible para la economía mexicana.

En definitiva, resulta indignante la promoción de la idea de la flexibilización del mercado, cuando la planeación no erradica el monopolio de Pemex, dejando a un lado la posibilidad de crear una competencia real y efectiva, que extinga la insostenible situación en la que lo anterior posiciona a la economía mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, a reducir de manera urgente el alza de los precios de los hidrocarburos, como son la gasolina y el diésel .

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/las-promesas-de-enrique-pena-nie to-cumplidas.html

2 http://www.proceso.com.mx/467875/los-gasolinazos-en-los-sexenios-calder on-pena-graficas

3 http://www.24-horas.mx/beneficios-por-liberalizacion-de-la-gasolina-se- veran-en-2-o-hasta-8-anos-diputado-del-pri/

4 http://www.pymempresario.com/2013/05/6-puntos-para-determinar-el-precio -de-tu-producto/

5 http://www.animalpolitico.com/2015/12/por-que-pemex-vende-gasolina-en-e u-a-la-mitad-del-precio-que-en-mexico/

6 http://www.forbes.com.mx/3-escenarios-negativos-del-nuevo-gasolinazo-en -2016/#gs.QyPZ7pE

7 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151230_pemex_gasolina_barata_ mexico_eeuu_an

8 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/20/alza-de-hasta-22-5-en-el- precio-de-gasolina-en-2017-preve-citibanamex

9 http://www.profeco.gob.mx/lacanasta/canasta.asp

10 http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/

11 http://www.animalpolitico.com/2016/12/gasolinazo-gasolina-aumento-2017- precios/

12 http://www.forbes.com.mx/3-escenarios-negativos-del-nuevo-gasolinazo-en -2016/#gs.QyPZ7pE

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a impedir la disposición final de salmuera residual de la empresa de participación estatal mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV, en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García, diputados federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente productivos por la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, su contribución es relevante para la productividad pesquera de las áreas costeras adyacentes, sirven de zona de reproducción, desove, alimentación y refugio de un número muy importante de especies animales y protegen a las zonas costeras ante las inundaciones asociadas al impacto de fenómenos meteorológicos extremos, pero desafortunadamente estos ecosistemas son altamente sensibles a la contaminación de origen terrestre.

En México tenemos uno de los sistemas o complejos lagunares que por las especies que lo habitan, de forma temporal o permanente, está considerado como uno de los más importantes del mundo, encontrándose este en la parte central de la península de Baja California, sobre la costa del Océano Pacífico, conocido como Complejo Lagunar Ojos de Liebre-Guerrero Negro-Manuela.

Esta importancia que para el ambiente tiene dicho complejo es reconocida desde hace décadas, en 1972 por medio de dos decretos, el primero del mes de enero la Laguna Ojo de Liebre es declarada Zona de Refugio para Ballenas y Ballenatos, el segundo, fechado en el mes de septiembre la declara Zonas de Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre. En marzo de 1980 el decreto expedido en enero de 1972 fue modificado para aclarar que la zona de refugio incluye las lagunas Manuela y Guerrero Negro.

El 30 de noviembre de 1988 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la reserva de la biósfera “El Vizcaíno”(Rebivi), ubicado en el municipio de Mulegé, BCS., quedando el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela como parte de esta reserva. En dicho decreto por el que se crea la Rebivi se puede leer:

“Que en el litoral del Océano Pacífico se encuentra un sistema de lagunas conocida como Manuela, Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San Ignacio, a las que anualmente migra la ballena gris, para cumplir su ciclo biológico, constituyendo al mismo tiempo un singular refugio para diversas aves acuáticas migratorias y residentes, como el ganso de collar y el águila pescadora que tienen las más altas poblaciones invernales y de nidantes a nivel mundial, además de que albergan una enorme riqueza faunística.”

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1993 la Laguna Ojo de Liebre es incluida en la lista indicativa de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como bien natural, bajo el nombre de Santuario de Ballenas de El Vizcaíno. En esta lista se inscriben “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.”1

A decir de la UNESCO, Semarnat y Conanp: “El Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, es el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris (Eschrichtius robustus ). La ballena gris está presente en la costa occidental y en las lagunas costeras de Baja California Sur y en particular en las de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno durante el invierno. En estas áreas las ballenas llevan a cabo la crianza y su apareamiento, siendo éstas las etapas más importantes y delicadas de su ciclo biológico.”2

En el año 2000, con la finalidad de homogenizar las distintas categorías con que se habían creado las áreas naturales protegidas se recategorizan conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente varias de estas áreas, entre estas se encontraba la Zona de Refugio para ballenas y ballenatos Complejo Lagunar Ojo de Liebre, que comprende la Laguna del mismo nombre, así como las lagunas denominadas Manuela y Guerrero Negro, pasando esta zona a ser la Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre.

El 2 de febrero de 2004, si incluyó a la Laguna Ojo de Liebre como sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). En la ficha Informativa de Ojo de Liebre se menciona que además de proteger a la ballena se tienen otras especies de mamíferos marinos que encuentran refugio en sus aguas, como lo son el lobo marino (Zalophus californianus ) y el delfín (Delphinus delphis ), ambas especies con estatus de protección especial según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010. A su vez destaca por su importancia la presencia de la tortuga prieta o tortuga verde (Chelonia mydas ) que está en categoría de peligro de extinción según la citada norma y que utiliza a esta laguna como sitio de alimentación.

En cuanto a las aves, se tiene la presencia del ganso de collar (Branta bernicla ), cuya subespecie nigricans se encuentra amenazada en México y en las aguas del complejo lagunar el 25 por ciento de su población inverna, junto con otras especies, como pelicanos grises, blancos, águilas pescadoras, y en general se llegan a encontrar más de 270,000 aves playeras de distintas especies. Siendo que en el 2009 la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras (RHRAP), designa al Complejo Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro como Sitio de Importancia Internacional RHRAP.

En términos generales, son alrededor de 20 especies en peligro de extinción, entre ellas cuatro especies de tortugas marinas: laúd, la tortuga verde, tortuga carey, y golfina, las que encuentran refugio en sus aguas, por lo que no es de extrañar que el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela cuente con los instrumentos jurídicos para su protección descritos en párrafos anteriores.

En cuanto a las actividades económicas que se llevan a cabo en el sistema lagunar se tienen las relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de la pesca y la extracción de la sal, sobre esta última actividad se puede decir que es de gran importancia para la región y para todo nuestro país.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Sectorizada a la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería. En la estructura de su capital social, participa con el 51% de las acciones el Gobierno Mexicano a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49% restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation.

ESSA es de las salineras más grande del mundo, con volúmenes de producción por encima de 8 millones de toneladas anuales y sus propias instalaciones en Isla de Cedros para la carga de embarcaciones, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180,000 toneladas.

El proceso por medio del cual se obtiene la sal consiste en bombear agua de mar a lagunas de evaporación donde el contenido de sales se concentra, para posteriormente pasar a otra serie de vasos denominados cristalizadores, la sal precipita, principalmente como cloruro de sodio con una pureza del 99.70 por ciento y es cosechada como sal de alta calidad. Como parte del manejo que se realiza para obtener sal de buena calidad, la fracción líquida remanente (salmuera residual), se desecha de los vasos de cristalización a una concentración de 29° Bé (29 grados Baumé, equivalentes aproximadamente a 290 gramos de sales totales por kilogramo de salmuera, es decir, 29 por ciento de sales en solución).

Dados los niveles de producción de sal en Guerrero Negro, los diques en los que se deposita la salmuera residual están al límite de su capacidad y la superficie que ocupan sobrepasa las 4,000 hectáreas, en la que están depositadas cuando menos trecientos millones de toneladas de salmuera residual (Cloruro de magnesio -MgCl2- más otros componentes) más los fondos sólidos asentados en los vasos de almacenamiento de forma líquida y a estos habrá que agregar entre 10 a 17 millones de toneladas al año.

Como la producción de esta salmuera residual es inevitable, se obtienen anualmente cuando menos 10 millones de toneladas de la misma, lo que crea un serio problema ambiental o un área de oportunidad para allegar una cantidad importante de recursos económicos para la empresa y para el estado mexicano.

Esta oportunidad económica se da debido a que la salmuera residual contiene altas concentraciones de MgCl2, compuesto mineral con múltiples usos para la industria, entre estos se tiene que se utiliza en la fabricación de productos textiles, papel, agentes ignífugos, cemento y en la refrigeración.

De hecho, en el año 2013, la empresa Packsys, SA de CV, mostro interés en adquirir toda la salmuera residual, más la que se fuera produciendo como resultado de las operaciones de ESSA, situación que se formalizó por medio de un contrato de compraventa y suministro de exclusividad entre las dos empresas, firmado el día 3 de enero de 2014.

En dicho contrato ESSA se compromete a venderle a Packsys esta salmuera y la que se vaya produciendo, fijándose un precio de venta por tonelada de 4.00 dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, cuando el producto (salmuera) sea entregado a pie de vaso y de 6.50 dólares si la salmuera se entrega en un lugar que el mismo contrato señala.

Es decir, lo que se consideraba un residuo, resultó tener valor comercial y de hecho hay quién está dispuesto a pagar por él, por lo que se volvió un activo de ESSA que debiera estar incluido contablemente como parte de su patrimonio, simplemente, de la salmuera acumulada la empresa podría obtener cuando menos 1,200, millones de dólares y de la que se acumula anualmente 40 millones de dólares.

Con el cambio en la dirección de ESSA, esta empresa dejó de cumplir varios de los compromisos contraídos por su administración anterior, algunos de estos la favorecían en cuanto al precio de venta de su sal y en el caso que nos ocupa se negó a entregar la salmuera a Packsys, lo que ha ocasionado que ESSA enfrente demandas judiciales por parte de los afectados.

En lugar de vender la salmuera residual, de forma irracional ESSA pretende regresarla al complejo lagunar, gastando fuertes sumas de dinero para esto, lo cual resulta inexplicable, máxime cuando la empresa ha reconocido que es posible venderla. Por medio de la respuesta a la solicitud de información No. 1010100026716, sobre la pregunta expresa del por qué ESSA en lugar de tirar la salmuera que anualmente se produzca, la vende, esta empresa reconoció que el venderla era una opción para deshacerse del residuo en comento.

Con respecto a la parte económica de esta situación irracional, en que una empresa de la cual el estado mexicano es el mayor accionista pretende destruir un activo y además gastar fuertes sumas de dinero para esto, la diputada Norma Rocío Nahle García, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, misma que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de noviembre 2016.

Para la presente proposición lo que deseamos resaltar es el peligro ambiental en que se pondría al Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, de concretarse la disposición final de la salmuera residual en sus aguas.

Los vertimientos de salmuera en el agua de las lagunas, en este caso, Guerrero Negro, puede ocasionar alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de las aguas, como son; afectaciones en la salinidad; en la proporción de los iones principales y alteraciones asociadas a los cambios de salinidad que se reflejan con cambios en la densidad y en la capacidad de retención del oxígeno disuelto, entre otras.

Los efectos que a la vida marina puede generar la salmuera no son de poca importancia, los impactos biológicos potenciales se asocia principalmente a los cambios osmóticos severos a los que se verían expuestos los organismos por una exposición directa y prolongada con este residuo y a los impactos adicionales en su fisiología producto del desbalance iónico de los compuestos principales en la mezcla resultante (agua salmuera); particularmente en el ion magnesio. Otros impactos no toxicológicos se asocian a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que caracterizan a este residuo.

Si bien ESSA argumenta que la disposición final de la salmuera en Guerreo Negro será controlada y en la manifestación de impacto ambiental se desprende que el proyecto consiste en diluir de 100:1 la salmuera residual en estado líquido que genera el proceso de producción de sal industrial por el proceso de evaporación de agua de mar.3 Para lograr lo anterior, se requiere instalar la infraestructura (estaciones de bombeo fijas y portátiles, canales, diques, vaso regulador, tendido de tuberías de alta densidad, sistema de descarga, difusores, etc.) para transferir la salmuera residual del proceso de producción de sal industrial desde las áreas de almacenamiento hasta el puerto Venustiano Carranza B.C. en Laguna Guerrero Negro. En este sitio se establecerá un vaso regulador y un sistema de difusión para reincorporar al mar la salmuera de manera controlada y segura para la vida marina.

Ante esto hay que reflexionar que siempre existirá el peligro de un accidente que dañe severamente el valioso ecosistema que representa el sistema lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, siempre estará presente, ante desperfectos, accidentes o alguna eventualidad en el sistema de desecho que aumente significativamente la salinidad del agua de la laguna, el daño ambiental y la afectación a las especies protegidas puede ser muy severo, como se ha podido constatar por los derrames accidentales de salmuera que acontecieron a finales del siglo pasado, mismos que ocasionaron la mortandad de tortugas marinas, peces y otros organismos.

Por ejemplo, la muerte de los quelonios en 1997 fue investigada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y dio origen al informe técnico “Mortandad de tortugas marinas en la Laguna Ojo de Liebre B.C.S.”, fechado en 1998. En el referido informe se da cuenta de los estragos al ambiente y las especies que lo habitan.

Del análisis realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después del derrame accidental a la salmuera residual sabemos que contiene altos valores en las concentraciones de varios elementos minerales, entre estos se tienen floruros, magnesio, mercurio, plomo, arsénico, potasio y sodio, que impactaron la salud de diversos organismos en contacto con la salmuera, lo que confirma que estas aguas de mar hipersalinas resultan de alto riesgo para la vida acuática.

En las muestras tomadas en el agua de la laguna después del derrame de la salmuera se constató que los dinoflagelados habían desaparecido, lo cual no es de poca importancia. Los dinoflagelados después de las diatomeas son considerados como el grupo más abundante y diverso de microalgas del fitoplancton, la talla de estos organismos va de 5µm hasta 2mm y en ocasiones desarrollan estructuras anexas como aletas, cuernos o espinas. Pueden producir su propio alimento, mediante la fotosíntesis, aprovechando para ello la energía solar y algunos compuestos inorgánicos, aunque algunas especies se alimentan de otros organismos y la mayoría tiene la capacidad de combinar ambos mecanismos de nutrición. Por lo mismo, como parte del fitoplancton, son la base de la cadena alimenticia de moluscos filtradores, como ostiones y almejas, peces herbívoros, larvas de peces, crustáceos. De lo anterior se infiere que el “accidente” con la salmuera afectó toda la trama trófica de la mencionada laguna.

Además, organismos más complejos como los peces no salieron mejor librados, especies como la lisa desaparecieron de la zona afectada, siendo que las disecciones efectuadas mostraron lesiones causadas por un choque osmótico, ocasionando daño profundo en branquias que impidieron la oxigenación y en general el colapso de los órganos internos que generaron fuertes hemorragias.

En cuanto a las tortugas, la conclusión del informe fue la siguiente: “Un derrame o aporte puntual con elevada concentración salina y otros minerales provoco un choque osmótico o variación en la osmolalidad del agua de mar fue la causa de la mortandad de 94 tortugas marinas (Chelonia mydas agasizzi según científicos extranjeros, o Chelonia agasizzi según científicos mexicanos) registrada a finales del mes de diciembre de 1997 en la laguna “Ojo de Liebre”, BCS.”

ESSA pretende restarle importancia a su pretensión de poner en peligro el complejo lagunar, al decir que las descargas serán solo en la Laguna de Guerrero Negro, más precisamente en Puerto Venustiano Carranza, pero, como su nombre lo indica el Sistema o Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, es precisamente eso, un sistema, las tres lagunas forman un todo, son una unidad, lo que pasa en una afecta a las demás, como lo dejó en claro el “Decreto por el que se modifica el diverso de 6 de diciembre de 1971, declarándose como zona de refugio para ballenas y ballenatos las aguas del complejo Laguna Ojo de Liebre, ubicados en Baja California Sur.” Publicado en el Diario Oficial Federación del 28 de marzo de 1980, cuando en este documento se afirma: “Que el complejo lagunar que geográficamente se conoce como Laguna Ojo de Liebre, comprende las Lagunas de Guerrero Negro y Manuela.... el Decreto mencionado en el considerando primero (haciendo referencia al decreto de 1972 por el que se declarada la Laguna Ojo de Liebre como zona de refugio para ballenas y ballenatos), no se hace referencia a las Lagunas Guerrero Negro y Manuela, lo cual ha dado lugar a confusiones que han ocasionado diversos problemas, ya que siendo una unidad, se dan las mismas condiciones en las lagunas que forman el complejo.”

De igual forma en el programa de manejo Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre podemos leer: “La Reserva de la Biosfera está constituida por las lagunas: Guerrero Negro y parte de Manuela, que en conjunto con la Laguna Ojo de Liebre conforman un complejo lagunar que se interrelaciona a través de la Bahía Vizcaíno, conectadas mediante un canal de mareas, si bien este canal es de poca profundidad permite la comunicación de ballenas y embarcaciones.”

Por otra parte, otra de las preguntas referentes a la salmuera residual que se le hicieron a ESSA por medio de la solicitud de información número 1010100026716 fue la siguiente; “¿Tiene permiso para tirar 17 millones de toneladas anuales?”, a lo que la empresa respondió: “Si, otorgado por Semarnat, mediante oficio número S.G.P.A.DGIRA.DIA-0977/03, fechado 22 de mayo de 2003, y prorrogado hasta junio del 2018, mediante oficio número DGPA/DGIRA/DG/03360, del 16 de mayo de 2016”

Es decir, ESSA obtuvo un permiso para desechar en el complejo lagunar conforme a la normatividad vigente de 2003, consiguiendo una prorroga en el 2016, pero, en el año de 2016 la autoridad facultada para autorizar el desechar la salmuera residual en alguna laguna costera es la Secretaría de Marina (SEMAR), esto por efectos de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), publicada en el DOF del día 17 de enero de 2014. La LVZMM en su artículo 1 establece su el objetivo bajo el siguiente texto:

“Artículo 1. La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.”

En su artículo 2. define lo que es un desecho y cuáles son las zonas marinas mexicanas, en cuanto a la definición de desecho tenemos que:

“I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;”

Y en lo referente a las zonas marinas mexicanas tenemos que se definen como:

“XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.”

Por su parte la Ley Federal del Mar (LFM) en su artículo 3o. menciona cuales son las zonas en comento:

“Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:

a) El Mar Territorial

b) Las Aguas Marinas Interiores ...”

La LFM especifica en su artículo 36. “Son aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la presente Ley y que incluyen: ...

V. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.”

Entonces, queda más que claro que el Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela es una zona marina tutelada por la LVZMM.

En cuanto en qué casos se puede hablar de vertimiento, la LVZMM señala lo siguiente:

“Artículo 3. Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

...

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura , y...”

Para el caso que nos ocupa, ESSA cae es los supuestos de la fracción I del artículo 3., pero también en la fracción VI, ya que para la eliminación de la salmuera residual como desecho pretende colocar en el lecho de la laguna marina estructuras consistente cuando menos en difusores y tuberías.

En cuanto al permiso para el vertimiento, la LVZMM señala en su artículo 5 que es la Semar la autoridad en materia de vertimientos con las facultades de “Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias... Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;”.

Regresando al hecho de que la salmuera residual tiene utilidad, tiene un precio, puede ser vendida por ESSA y esto como la misma empresa ha declarado es una opción alterna a su disposición final en la Laguna Guerrero Negro. Este hecho por sí mismo imposibilita su disposición final en dicha laguna o cualquier otra zona marina mexicana, ya que la LVZMM señala en su artículo 11. lo siguiente:

“Artículo 11. El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias... deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas...”

La misma ley en su artículo 12., primer párrafo, obliga a Semar a negar el permiso cuando existe otras opciones para el supuesto desecho:

“Artículo 12. No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.”

En otro orden de ideas, vemos que ESSA no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo y por efectos de la ley en la materia, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo.

El pedirle a ESSA que cumpla con lo establecido en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no es violentar su derecho en cuanto a la irretroactividad de una ley, es decir, extender la norma vigente desde el 2014 sobre hechos pasados.

Al respecto cabe tomar en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la tesis histórica “Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”,4 misma que a continuación transcribimos:

“Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma [tesis histórica].

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Para el caso que nos ocupa ni ESSA dispuso de la salmuera residual cuando no existía la LVZMM, la Semarnat le dio la prorroga cuando ya estaba vigente la LVZMM y lo más importante, al momento no ha ejecutado los actos o supuestos que le fueron autorizados por la Semarnat, entonces, aquí cabe la parte de la tesis citada que a la letra dice:

“...en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Y por lo mismo ESSA no puede sin violar la LVZMM desechar su salmera residual como lo pretende hacer.

De todo lo anterior reiteramos, no se comprende el por qué la necedad de querer hacer la disposición final de la salmuera residual en las aguas del sistema lagunar, a costa de grandes gastos en infraestructura y operación, poniendo en peligro a uno de los ecosistemas de mayor relevancia que tenemos, contraviniendo la normatividad vigente, cuando esta salmuera realmente se ha convertido en un activo de la empresa, con un alto valor económico.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus facultades otorgada por la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y demás ordenamientos aplicables, impida la evacuación, eliminación, introducción o liberación en el Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, o en cualquier otra parte de las zonas marinas mexicanas, de la salmuera residual resultante de la producción de sal (cloruro de sodio) que efectúa la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, por sus potenciales efectos nocivos para el ambiente, por existir otras alternativas viables de reutilización y por lo mismo, su disposición final en aguas del Complejo Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, sería en contravención de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Notas

1 Artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. (Diario Oficial de la Federación del día 23 de enero de 1984).

2 UNESCO, SEMARNAT y CONANP. “Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, Bien de Patrimonio Mundial Natural, disponible en: http://designacionesunesco.conanp.gob.mx/vizcaino.php

3 100 partes de agua de mar por 1 de salmuera residual.

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 7, Pleno, tesis P./J. 87/97; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 8.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 347, Pleno, tesis 294.

Nota: Histórica en virtud de que fue modificada por la tesis P./J. 123/2001, de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones las acciones encaminadas a prevenir en los planteles de educación básica la discriminación contra niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva y de calidad es un aspecto fundamental para su desarrollo integral. Particularmente, una educación incluyente implica que todas las personas, independientemente de su origen, condiciones sociales, culturales o personales tengan acceso a la enseñanza.

La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 28 establece que “Los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular, (...) fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas”1 .

En nuestro país, el artículo 1o. de la Constitución establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

No obstante lo anterior aún persisten retos en esta materia, sobre todo, en niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica y que sufren trastornos por déficit de atención con hiperactividad, cuyas características principales son la dificultad para enfocar y mantener la atención modular, el nivel de actividad y controlar el comportamiento impulsivo que se traduce en conductas inapropiadas que no son acordes con la edad y el nivel de desarrollo, y que lo afectan en distintos ambientes.

Por ejemplo en la escuela, dicho comportamiento se manifiesta con bajo rendimiento escolar y problemas con sus compañeros, y en la familia, con desobediencia de los padres, rivalidad con sus hermanos, dificultades de socialización, aislamiento intimidación y victimización.

Es frecuente que los niños desarrollen problemas de conducta que los hacen difíciles de manejar y estar más expuestos a ser rechazados y, por tanto, presentan baja autoestima.

Según la Fundación Valle del Lili, los niños que padecen este trastorno tienen un rendimiento escolar inferior al que les correspondería para su capacidad intelectual, 30 por ciento de estos repiten por lo menos un grado escolar y suelen tener dificultades para cumplir con las pautas, manejarse de forma independiente y responder a los límites que se les pone en el hogar y en la escuela2 .

Se estima que la prevalencia mundial es de 3 a 5 por ciento en niños de edad escolar y en México del 5 por ciento aproximadamente3 .

El Informe Anual 2015 UNICEF México, apunta que la situación de la infancia en nuestro país, es de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de las cuales 32.4 por ciento están en la primera infancia (0 a 5 años), 33.7 en edad escolar (6 a 11 años); y 33.9 por ciento son adolescentes (12 a 17 años)4.

Asimismo, señala que 96.2 por ciento de los niños y niñas de entre 6 y 14 años asistieron a la escuela en 2015. A pesar de los avances en materia educativa, aún 11.82 por ciento de los niños y niñas que viven en zonas rurales no sabían leer ni escribir5 .

La Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual ha señalado en diversos medios de comunicación en que 93 por ciento de los niños sobredotados son confundidos y mal diagnosticados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a pesar de sus diferencias, lo cual genera un manejo inadecuado y por lo tanto la pérdida de sus capacidades6 .

Se afirma que de cada 3 casos de niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad dos corresponden a casos de sobrecapacidad intelectual. Por lo tanto, 66 por ciento de los diagnósticos de trastornos se encuentran equivocados.

En este mismo sentido, señala que 84 por ciento de los niños sobredotados tienden a ser distraídos en clase, lo cual puede llegar a ser visto como un problema de aprendizaje o de capacidades; sin embargo, esta situación se presenta debido a que los niños con sobrecapacidad intelectual aprenden más rápido que sus compañeros y se aburren fácilmente con temas monótonos.

Tan sólo en la Ciudad de México se han identificado más de 900 posibles casos de niñas y niños con este trastorno en escuelas primarias7 .

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 13, fracción XX, segundo párrafo que “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición”8 .

En este contexto, resulta necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastornos por déficit de atención e hiperactividad en planteles de educación básica del país.

Estamos convencidos en la trascendencia que representa la discriminación entre las niñas, niños y adolescentes de padecer trastornos de hiperactividad, por ello, seguiremos trabajando para que juntos podamos seguir transformando un país más incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad en planteles de educación básica del país.

Notas

1 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

2 http://www.valledellili.org/media/pdf/carta-salud/CSOctubre_2009.pdf

3 http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/
CatalogoMaestro/158_GPC_DEFICIT_ATENCION_HIPERACTIVIDAD/Ssa_158ER.pdf

4 http://donaunicef.org.mx/informe-anual/#inicio

5 http://donaunicef.org.mx/informe-anual/#nuestroTrabajo

6 http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2015/07/2 9/alumnos_inteligentes_discriminados_363490_1013.html

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/201 5/10/31/premian-ninos-con-deficit-de-atencion-e-hiperactividad

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CRE a aplicar en el ámbito y ejercicio de sus atribuciones el subsidio correspondiente para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte con su referente estadounidense, suscrita por los diputados Leticia Amparano Gámez y José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales Leticia Amparano Gamez y José Everardo López Córdova, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Primer Receso del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Reguladora de Energía, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, evalúen y en su caso instrumenten medidas para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte del país, con su referente en los Estados Unidos de América.

Consideraciones

Desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto, el Gobierno se ha caracterizado por tomar decisiones erróneas de forma reiterada que han lesionado gravemente a nuestra economía y el bolsillo de millones de mexicanos y el sector empresarial.

Cuando se presentó el proyecto de reforma fiscal en 2013 y cuya aplicación inicia en 2014, en congruencia con los principios que dieron origen a nuestro partido los diputados de Acción Nacional fuimos críticos en señalar que era una reforma fiscal tóxica que lo único que generaría, serían mayores ingresos al gobierno federal sin ningún tipo de beneficios a los mexicanos y sin incentivos fiscales prudentes para impulsar nuestro sector productivo.

La oposición que mostramos como partido la reflejamos en el voto en contra de dicha reforma en octubre de 2013 porque la reforma presentada por el presidente Peña Nieto era a todas luces una propuesta altamente regresiva.

No nos equivocamos en señalar que lesionaría no sólo al contribuyente cautivo, sino también a gran parte de nuestro sector empresarial, condicionando sin duda, el crecimiento económico de nuestro país y los ingresos y el bienestar de muchos mexicanos.

En este contexto, a partir de ésta reforma hacendaria la región fronteriza ha sufrido los estragos de las malas decisiones que ha tomado el gobierno de Enrique Peña ya que una de las decisiones fue homologar el IVA en nuestra región del 11 al 16 por ciento. Esta decisión generó de inmediato una inflación en la región y un impacto negativo en el comercio fronterizo.

No obstante que el gobierno federal reconoció los posibles efectos negativos de homologar el IVA en la frontera y que atendió la demanda de los diputados de Acción Nacional para crear por primera vez el Fondo para Fronteras con una inversión inicial de 3 mil millones de pesos, éste ha tenido claroscuros en su ministración y ejecución. El primer año de su aparición, ninguna entidad federativa recibió los recursos pactados.

Por otro lado, bajo la justificación de que el fondo había sido inoperante la Secretaría de Hacienda decide de tinta y plumazo desaparecer en el Presupuesto de Egresos 2015 dicho fondo, dejando una vez más sin recursos a nuestra región.

En 2016, ante un intenso periodo de negociación, los diputados de Acción Nacional hicimos posible que se incorporara una vez más en el Presupuesto de Egresos el fondo por un monto de mil 600 millones de pesos. En 2017 éste fondo apenas alcanzó los 750 millones de pesos.

En suma, a pesar de los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo tal parece que el gobierno federal se ha empeñado en dañar a la economía de la región fronteriza reduciendo año con año los apoyos que necesita la región.

Hoy, una vez más nuestra región se ve afectada. La decisión de incrementar el precio de las gasolinas en más del 20 por ciento ha puesto en jaque al sector gasolinero de prácticamente todas las entidades federativas que conforman la frontera norte del país, pues los efectos colaterales han generado un incremento en el precio de las gasolinas que pone en desventaja al sector con respecto a los empresarios del país vecino.

Así, el precio de la gasolina magna se incrementó en casi 44 por ciento, el precio de la gasolina premiun en 30 por ciento y el precio del diésel en 19 por ciento.

Hoy, mientras que en algunas regiones de California y Texas el precio de la gasolina oscila en 15.79 pesos y 12.24 pesos por litro, en México se paga hasta 17 pesos generando una situación de poca competitividad con respecto a los gasolineros de Estados Unidos ya que los habitantes de nuestra región prefieren trasladarse unas horas con el propósito de ahorrarse unos pesos.

Es importante decir que éste incremento desproporcionado del precio de los combustibles, aunado al desabasto en algunas regiones ha generado el descontento no solo de los consumidos, sino también de sector empresarial que se dedica a este giro.

En el discurso quedaron los argumentos del presidente Peña de prevenir que las gasolinas en la frontera se incrementarán en más del 15 por ciento con el fin de hacer competitivo al sector.

Además, el gobierno federal incumple de alguna manera uno de los objetivos planteados en el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles vinculado con limitar la posibilidad de una afectación económica, dada la diferencia de precios entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América.

En suma, el gobierno federal no ha aplicado de forma correcta los incentivos que han sido creados para tales propósitos.

Es por ello que a través del presente punto de acuerdo, los diputados de Acción Nacional manifestamos ante la sociedad nuestro desacuerdo con la forma en que ha manejado la aplicación de estímulos y subsidios el gobierno federal, pues no creemos en que la responsabilidad de mantener precios competitivos deba recaer en los empresarios gasolineros, pues de origen, la decisión del incremento en el precio de los combustibles en la región fronteriza ha sido del propio gobierno federal.

Es la federación a través de las instancias correspondientes quien debe actuar con responsabilidad mediante el establecimiento de una política de precios de las gasolinas, acordes a nuestra economía interna, a través de políticas públicas y programas fiscales, así como garantizar la estabilidad de la economía y de nuestro sector productivo en su conjunto.

Así ello, los diputados de Acción Nacional proponemos el siguiente punto de acuerdo con el objeto de que se garantice el subsidio a las gasolinas para asegurar un precio competitivo en la frontera norte del país y se evite poner en riesgo el flujo de efectivo de los empresarios por tal situación.

Las condiciones actuales por las que atraviesa nuestra economía, a partir de las malas decisiones del gobierno federal exigen que se garanticen los derechos de los empresarios mediante los mecanismos fiscales que sean necesarios.

En términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Reguladora de Energía, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, evalúen y en su caso instrumenten las medidas para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte del país, con su referente en los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Leticia Amparano Gamez, José Everardo López Córdova (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la SE a difundir un informe pormenorizado sobre el estado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y presentar un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por Estados Unidos de América a productos de México, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante su campaña Donald Trump, dijo que evaluaría continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que es uno de los peores que ha firmado Estados Unidos (EU). El presidente electo de Estados Unidos, en consecuencia, iniciará un proceso de reforma al TLCAN desde el primer día de su gobierno, el próximo 20 de enero de 2017.

De acuerdo con un documento de su equipo de transición, la política comercial de Trump durante sus primeros 200 días de administración, incluye la renegociación o salida del acuerdo comercial de la región.

El documento fija tres plazos para resolver qué ocurrirá con los tratados comerciales. En el día 1 comenzará la renegociación del TLCAN, lo cual será avisado a México y Canadá, para lo que se realizará un estudio que evalúe los efectos que tendría para la sociedad estadounidense.

En el día 100, el gobierno de Trump seguirá con las negociaciones del tratado y revisará las condiciones de comercio de China. En el día 200 se tendría un panorama más detallado de si EU deja o se mantiene dentro del TLCAN, o busca tener solo acuerdos bilaterales con México y Canadá.

El plan propone cinco puntos que desarrollará durante los primeros 200 días de su gobierno: la primera es la renegociación o abandono del TLCAN; en segundo lugar detener el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), que se mantenía en un estatus de negociación con la Unión Europea, y Trump también rechaza.

Como tercer y cuarto punto es detener las importaciones injustas y el comercio inequitativo; como quinto punto está devolver los trabajos manufactureros y disminuir las regulaciones impositivas a negocios.

El planteamiento del presidente electo destaca que puede haber consecuencias negativas si se sale del acuerdo comercial trilateral, pero señala que se mitigarían si Estados Unidos consigue tratados bilaterales con esos países.

Según el mismo proyecto, el representante de Comercio de Estados Unidos notificaría a México y Canadá que tiene la intención de proponer algunas enmiendas al TLCAN, que podrían incluir medidas sobre la manipulación monetaria, el etiquetado del país de origen y las normas ambientales y de seguridad.

Recientemente, y en referencia específicamente para el sector automotriz, el presidente electo de Estados Unidos agradeció a la empresa Ford su decisión de dar marcha atrás a un plan para construir una planta en San Luis Potosí, y llevar esa inversión a territorio estadounidense creando 700 empleos para la población de ese país.

En abril de 2015, Ford había anunciado una inversión de 2 mil 500 millones de dólares (mdd) para ampliar sus operaciones en México. Dicha empresa destinaría 1 mil 300 millones de dólares en la ampliación de su fábrica de motores en el estado de Chihuahua, en la que espera producir dos nuevos tipos de equipos diésel. Los mil 200 millones de dólares restantes serían para instalar una planta de transmisiones en Guanajuato, en alianza con la alemana Getrag.

En tanto, Fiat Chrysler señaló que invertiría mil millones de dólares y que crearía 2 mil empleos en plantas en los estados de Ohio y Michigan, para construir nuevos vehículos SUV y camionetas. Ambas compañías dijeron que los nuevos planes responden meramente a razones de negocios, no a la presión de Trump.

El presidente electo de Estados Unidos, ha mencionado que las compañías en el sector automotor (un sector tan tradicional como importante todavía para el desarrollo económico de ese país) y otras industrias no están haciendo lo suficiente para crear empleos en ese país.

No obstante, la automotriz General Motors (GM) fabricará su nuevo vehículo tipo SUV modelo Terrain en México, además de que mantendrá la producción del compacto Chevy Cruze en sus instalaciones en el país, pese a las amenazas del presidente electo Donald Trump.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, rechazó que GM considerara transferir su producción de autos pequeños de México a Estados Unidos debido a que los proyectos de manufactura de un vehículo no pueden ser revertidos fácilmente.

Por su parte, pese a las advertencias de Donald Trump de imponer altos impuestos a los vehículos que se importen desde México, las automotrices alemanas aseguraron que continuarán con sus planes.

Recientemente Donald Trump señaló que Toyota construirá una nueva planta en Baja (California); sin embargo la nueva fábrica de la automotriz que construye en México para armar el Corolla está en Guanajuato.

La edificación de esta planta inició apenas en noviembre pasado, y contempla una inversión de 1 mil millones de dólares. Se prevé que inicie operaciones en 2019 y genere 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos.

Según especialistas el TLCAN tiene 20 capítulos, y en todos EU tiene intereses importantes para sus exportadores e inversionistas, cualquier afectación a estos intereses es contraproducente para EU. No obstante, la postura proteccionista de Donald Trump ha generado preocupación en diversos sectores.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Economía, para que hagan público un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el estado actual que guarda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, se presente un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos de América a productos de México, como del sector automotor.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Banco de Comercio Exterior y a Nacional Financiera para que en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan publica la estrategia de financiamiento en caso de modificarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para los apoyos a la industria.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: María Cristina Teresa García Bravo, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la Profeco a diseñar e implantar políticas encaminadas a mantener y vigilar los precios de los productos de la canasta básica, suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La canasta básica se define como un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas mediante uso de su ingreso.

Muchos mexicanos carecen de ingresos para adquirir bienes y alimentos necesarios, resultando inalcanzable la canasta básica, en 2014, el porcentaje de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, es decir, para comprar la canasta alimentaria alcanzó 24.6 millones de personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval señal que la canasta básica debe cumplir tres objetivos: 1) contener aquellos productos representativos de los hábitos de consumo de la población, 2) cuya ingesta permita alcanzar el valor requerido de energía, y 3) debe incluir todos los grupos de alimentos desde frutas hasta alimentos de origen animal. A partir del 1 de enero de 2016 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) estableció el salario mínimo en 73.04 pesos diarios, con esta cantidad apena alcanza para comprar 83 por ciento de la canasta básica.

En 2015 existe una población trabajadora que gana hasta dos salarios mínimos, equivalente a 4 mil 206 pesos mensuales, así 39 de cada cien mexicanos se encuentran en dicha condición.

En total son 19 millones 725 mil trabajadores del país con tal nivel de percepciones y que pueden ser formales o informales, de acuerdo con la encuesta más detallada sobre ocupación y empleo que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que abarca hasta el tercer trimestre de 2015.

El salario mínimo vigente resulta ínfimo por sí mismo, no alcanza a cubrir la llamada Canasta Obrera Indispensable (COI) o la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), parámetros que se usan para conocer el nivel de vida de los trabajadores. Con el paso de las décadas ha existido una pérdida de compra de 83.62 por ciento lo que le permite sólo adquirir el 15 por ciento de la COI. Lo que expresa claramente que el poder adquisitivo ha disminuido con el tiempo y sigue esa tendencia, acumulando una pérdida de compra de 83.62 por ciento a lo largo de los años.

“La Canasta Obrera Indispensable (COI) representa el precio de una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia obrera de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a, canasta integrada por 35 bienes y servicios (27 alimentos, 3 productos de aseo personal y el hogar, transporte (metro, metrobús o microbús), energía eléctrica, gas y agua. No incluye otros gastos, como renta de vivienda, vestido y calzado, educación, salud, diversiones. En relación a la CAR (canasta recomendable-modelo-ideal) es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un(a) joven, un(a) niñ@. Para su contenido, estructura y ponderación para consumo diario, se consideraron aspectos nutricionales, dieta, de tradición, hábitos culturales. Está conformada por 40 alimentos, su precio no incluye gastos en su preparación. El CAM realiza un seguimiento de su precio desde hace más de 15 años. Es importante recordar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos en pago de renta de vivienda, transporte, vestido calzado, etcétera.

En 2015 el precio de la CAR se incrementó a 205.90 pesos y el salario mínimo diario de 70.10, ya únicamente se podía adquirir 34.05 por ciento de la CAR.1

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a mantener y vigilar los precios de los productos que componen la canasta básica.

Nota

1 http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122-mexico-se-agud iza-la-superexplotacion-del-trabajo-continua-la-perdida-del-poder-adqui sitivo-del-salario-de-9-65-con-pena-nieto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al dictamen de las iniciativas que modifican la Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición por Particulares presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de abril de 2015 fue aprobada por el pleno del Senado de la República modificación del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobada por ésta el jueves 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el proceso de aprobación del Constituyente Permanente.

Finalmente fue publicada el miércoles 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece en el artículo segundo transitorio:

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Segunda. Actualmente, en la Cámara de Diputados se encuentran presentadas las siguientes iniciativas sobre el tema:

1. Con fecha 29 de septiembre de 2015 fue presentado ante el pleno de esa Cámara del Congreso de la Unión un proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura.

En dicha iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para análisis, discusión y dictamen el mismo día y año.

2. Con fecha 9 de diciembre de 2015 se presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas por los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual fue turnada igualmente para su estudio a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República están presentadas al menos las siguientes iniciativas sobre la misma materia:

1. El 13 de febrero de 2014, la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa de Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

2. El 19 de noviembre de 2014, el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas.

3. El 9 de diciembre de 2014, la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó iniciativa por el que se reforman los artículos 215-A y 215-B del Código Penal Federal y se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de desaparición forzada de personas.

4. El 3 de septiembre de 2016 fue entregada a diversas senadoras y senadores iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada de por parte de las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, respaldada por 274 organizaciones, que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos. Esta iniciativa fue presentada formalmente ante el pleno el 17 de septiembre de 2015.

5. El 10 de diciembre de 2015 el Ejecutivo federal presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.

Asimismo, la sociedad civil, a través de los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, la cual aglutina a organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, organizaciones populares y sociedad civil, han presentado iniciativa que expide una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares, ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el 6 de septiembre de 2016 ante la de Diputados y el 14 del mismo mes y año ante la de Senadores.

Tercera. El tema de desaparición forzada de personas ha cobrado especial importancia en nuestro país dada la enorme cantidad de personas desparecidas según datos oficiales. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa.

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que integra los datos de personas “no localizadas” 28 mil 937 hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, se encuentran desaparecidos por todas las entidades del país, cifra que denota la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota al país. Esto debe y puede ser detenido mediante una acción concertada y cohesionada del estado mexicano. El baño de sangre debe parar.

Por ello hacemos hincapié en las obligaciones que tiene el Estado mexicano en regular el delito de desaparición forzada. Como antecedentes de ello exponemos lo siguiente:

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18 de marzo de 2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9 de abril de 2002).

Que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.

Que el 4 de mayo de 2012 se suscribió una solución amistosa con el Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.

Que el 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Que del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad.

Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de 2016, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, el Estado mexicano debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

Aunado a lo anterior, en el marco de la comparecencia ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas en febrero de 2015, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la legislación “es un reto inmediato. Primero tenemos que lograr esa reforma constitucional y después la ley antes de que termine esta legislatura”. Calculó que el proceso para la nueva legislación podría terminar en junio de ese año (Excélsior. “La ley contra las desapariciones forzadas, en junio”, 4 febrero de 2015,

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional
%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w).

Cuarta. Conforme a lo anterior, considerando que el plazo otorgado por el Constituyente Permanente para que el Congreso de la Unión se legisle en la materia venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión, en la LXIII Legislatura incumpla el mandato constitucional.

Es decir, el plazo establecido en el mandato constitucional establecido en el artículo referido a fenecido en exceso, sin que a un año de distancia ninguna de las Cámaras haya dictaminado las diversas iniciativas que de manera formal se encuentran presentadas ante ellas, lo cual constituye una omisión legislativa, la cual implica incluso responsabilidad del Estado mexicano en general y para el Poder Legislativo en particular.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte , así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley .

...

...

Es decir, conforme a lo dispuesto por la disposición constitucional se encuentra establecida la obligación de “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover , respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En consecuencia, el Congreso de la Unión, en tanto que encarna una autoridad del Estado mexicano, se encuentra obligado a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, lo que para el caso concreto implica expedir una legislación general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Así, la responsabilidad del Estado por los hechos, acciones u omisiones imputables al Poder Legislativo está implícitamente contemplado en el precepto constitucional, y en consecuencia la omisión legislativa resulta un acto abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del estado constitucional de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la no discriminación, igualdad jurídica, el acceso a la justicia y la supremacía de la Constitución.

Afrontar la grave crisis humanitaria que padece nuestro país es una deuda que el Estado mexicano mantiene con todas las víctimas sus familias en particular y con toda la sociedad en general.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, el SAT, la Segob, la Sedena, la Ssa y la SE a emprender con las entidades federativas, los ayuntamientos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México acciones relacionadas con la industria pirotécnica, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Servicio de Administración Tributaria, a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional , de Salud y de Economía, para que, en coordinación con las entidades federativas, los ayuntamientos del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, emprendan diversas acciones relacionadas con la industria nacional de la pirotecnia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de diciembre de 2016, alrededor de las 14:50 horas, ocurrió una desafortunada explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito, ubicado en el municipio de Tultepec, estado de México, la cual dejó un saldo de treinta y seis personas fallecidas y alrededor de una treintena de heridos, en un momento en que muchos clientes se surtían de fuegos artificiales para acompañar sus festejos en ocasión de la temporada navideña.1

Fue tal la magnitud del estallido, que la vibración provocada por la explosión se sintió en los municipios vecinos de Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, desde donde se veía una gigantesca columna de humo, y cuyo fuego no fue controlado sino hacia las 17 horas, terminando por desaparecer prácticamente los 300 locales comerciales de dicho tianguis.

Para atender el suceso, fueron desplegados en la zona 450 policías estatales, 250 municipales y 50 federales, además de 180 militares que aplicaron el Plan DN-III.

La Procuraduría General de la República informó que en total ocurrieron seis explosiones y por ello abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lamentablemente, no es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza, puesto que otras tragedias similares ya habían ocurrido en este mismo lugar en 1998, 2005 y 2006, aunque también existen registros que en ciudades como Celaya, Veracruz, México y Tlaxcala han tenido verificativo esta clase de desgracias, las cuales cobran casi siempre víctimas mortales, muchos de ellos menores de edad. Incluso, el mismo día de los hechos motivo de la presente proposición, en el estado de Hidalgo también ocurrió otro estallido.

Tras las explosiones en el mercado de San Pablito, subsiste en la opinión pública un ambiente de cierta proclividad a sugerir mayores restricciones a las actividades relacionadas con la pirotecnia en el país, llegándose incluso a sugerir su total prohibición o la necesidad de dejar de reconstruir el mercado devastado.

Tales sugerencias, aunque respetables y atendibles, dejan de lado dos aspectos fundamentales que no pueden en nuestra respetuosa consideración obviarse: 1) el arraigo que tienen los fuegos artificiales en las festividades cívicas y religiosas de nuestro país; y, 2) la importancia que tiene esta actividad para la subsistencia de miles de personas, ello aunado al hecho de que una prohibición seguramente acarrearía un comercio clandestino de artificios pirotécnicos difícil de controlar por las autoridades competentes.

La pirotecnia es milenaria y su presencia en México data desde la Nueva España, habiéndose ligado ésta a festividades lúdicas y religiosas, siendo el sustento en la actualidad de cuando menos 5 mil familias.2 Constituye una actividad artesanal e industrial lícita y regulada, pero riesgosa, que exige la aplicación de severas medidas ambientales y de seguridad. La pirotecnia es actividad digna que debe apoyarse con mejor vigilancia, capacitación y seguridad industrial, sin clandestinidad ni extorsión.

De hecho, para la celebración de numerosas festividades como la Independencia Nacional o la conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe, resultan impensables para muchas personas sin el estallido de fuegos de artificio.

De acuerdo con algunos especialistas, en México hay 2 mil 400 permisos para producir o vender pirotecnia, de los cuales 544 se concedieron a habitantes de Tultepec, siendo San Pablito el sitio de venta legal de material pirotécnico más grande del país, donde existen los implementos más modernos y sofisticados para la fabricación de los fuegos artificiales.3

La fabricación anual de pirotecnia -80 por ciento desde Tultepec- posiciona a México como el principal productor en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil y entre los cinco países más importantes del mundo junto con China, España y Perú,4 lo cual no se ha traducido en la exportación de tales bienes y el posicionamiento de dicha actividad, situación que resulta incomprensible dada la ventaja comparativa que significa nuestra vecindad con los Estados Unidos de América, un mercado potencial lleno de oportunidades al cual no se ha accedido adecuadamente.

Más allá de cualquier pretensión en el sentido de establecer un mejor marco regulatorio a la pirotecnia nacional, lo cierto es que resulta indispensable aprender de estos lamentables acontecimientos y promover la adopción de medidas destinadas a mejorar la infraestructura existente, capacitar a los productores y distribuidores, vigilar adecuadamente esta actividad y prevenir la importación ilegal de fuegos artificiales, medidas que en su conjunto se traducirán en menos accidentes y menos víctimas fatales o heridos de gravedad, sobre todo entre aquellos niños que se divierten con la quema de cohetes sin la vigilancia de adultos responsables.

Asimismo, es necesario promover la certificación de todos los involucrados en la cadena comercial, así como establecer políticas dirigidas a incorporarlos a la formalidad, esto con miras a modernizar esta actividad y así fomentar la exportación de nuestros productos, aprovechando, como ya mencionamos, nuestra cercanía con los Estados Unidos y el talento de nuestros productores, cuyas creaciones se cuentan entre las mejores del mundo.

En este sentido, hay quienes proponen la adopción de las siguientes medidas, las cuales nos parecen sumamente sensatas:

• Proscribir de manera definitiva la venta de artificios en puestos ambulantes;

• Mejorar la construcción de bodegas y expendios;

• Ofrecer capacitación para la fabricación, embalaje, transporte y venta de pirotecnia;

• Prohibir la presencia de menores de edad en los talleres y mercados;

• Incentivar el manejo correcto de inventarios;

• Hacer efectivas las restricciones contenidas en los reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, a efecto de que la quema de pirotecnia se realice de forma segura y sin atentar contra el orden público;

• Promover la autorregulación, a fin de que las reglas se cumplan en cada puesto, sin necesidad de la presencia de la autoridad, y

• Fortalecer la inspección para que se monitoree el correcto y legal funcionamiento y operación de la pirotecnia.

Es cierto que existen numerosas actividades en nuestro país que se desarrollan de manera contraria a lo previsto en la ley, pero pocas resultan tan peligrosas ni con tantas posibilidades de crecimiento como la pirotecnia, por lo que se vuelve necesario dejar de ver a ésta como un problema y empezar a percibirla como una oportunidad para miles de familias que ponen su creatividad al servicio del entretenimiento y la convivencia social.

Derivado de lo anterior, y atendiendo al contenido de los artículos 27, fracción XXXII, 29, fracciones XVI y XVII, y 39, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con los artículos 2 y 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, creemos que es necesario educar al público consumidor sobre los riesgos que implica el uso de fuegos artificiales, por lo que proponemos se exhorte a las secretarías de Gobernación , de la Defensa Nacional y Salud, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realicen campañas educativas permanentes que induzcan a fomentar la responsabilidad o a reducir la posesión, la portación y el uso de materiales pirotécnicos, esto en el marco de los sistemas nacionales de Salud y Protección Civil, pues estas dos últimas materias constituyen facultades concurrentes que involucran a los tres niveles de gobierno.

Asimismo y de conformidad con el artículo 34, fracciones I, II, IV, X Bis, XV, XXII, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y atendiendo a las posibilidades de crecimiento de la pirotecnia y a la necesidad de que ésta se desarrolle de manera segura y ordenada, se propone a la Secretaría de Economía la adopción de todas aquellas acciones que resulten de utilidad para fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de pirotecnia, procurando la organización de los productores, su inclusión en la formalidad, el establecimiento de empresas y cooperativas, la certificación a los productores, la complementación y mejora de normas oficiales mexicanas en la materia, la capacitación y la generación de habilidades destinadas al emprendimiento y la innovación, así como para que se comprenda el desarrollo de los mercados y la obtención de créditos para insertarse en ellos de manera exitosa.

También se propone se exhorte al Servicio de Administración Tributaria el reforzamiento de las medidas destinadas a prevenir y sancionar el contrabando de pirotecnia, toda vez que el contrabando de artificios pirotécnicos, además de ilegal, pone en riesgo a los productores nacionales y significa un peligro para la salud de las personas, ya que se carece de controles de calidad sobre tales productos.

Finalmente, se propone que esta Soberanía exhorte a la Procuraduría General de la República a fin de que concluya a la mayor brevedad posible la averiguación de los hechos suscitados en el mercado de San Pablito y, en caso de ser procedente, ponga a disposición de las autoridades judiciales a los autores de tales hechos, proveyendo en todo momento de la asistencia jurídica a las víctimas de tan lamentable suceso.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Salud a efecto de que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realicen campañas educativas permanentes que induzcan a reducir o a fomentar la responsabilidad en la posesión, portación y uso de materiales pirotécnicos, en el marco de los sistemas nacionales de Salud y Protección Civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo acciones dirigidas a fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de pirotecnia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a efecto de que refuerce todas aquellas medidas destinadas a prevenir y sancionar el contrabando de pirotecnia.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que concluya a la mayor brevedad posible la averiguación de los hechos suscitados en el mercado de San Pablito y, en caso de ser procedente, ponga a disposición de las autoridades judiciales a los autores de tales hechos, proveyendo en todo momento de la asistencia jurídica a las víctimas.

Notas

1 Con información del portal www.proceso.com.mx

2 http://jornada.unam.mx/2016/12/21/estados/031n1est

3 Revista Proceso, número 2095, 25 de diciembre de 2016, pág. 6.

4 Fernández-Castillo, Francisco, Ventaja Competitiva, “Caer 100 veces en la misma piedra”, periódico Reforma, 28 de diciembre de 2016, consultado en http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx? id=103960

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales con el federal en cuanto a la tipificación del delito de feminicidio, suscrita por la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada de la LXIII de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se estima que entre 2007 y 2012, un promedio anual de 60 mil mujeres en el mundo fueron víctimas de homicidios, representa 16 por ciento de los homicidios intencionales1 .

Los hechos de violencia contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos y dan origen a obligaciones específicas de los estados de acuerdo con el derecho internacional. Los estados de América Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Son de particular relevancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En la última década los feminicidios en nuestro país se han incrementado alarmantemente. De la nada, un día comenzamos a mirar en los medios masivos de difusión a más y más mujeres desaparecidas primero, y luego encontrados sus cuerpos ya sin vida. Mujeres que han sido violentadas brutalmente.

Nuestro país ocupa uno de los diez primeros países a nivel mundial en feminicidios por armas de fuego. Es una de las 25 naciones que concentran la mitad de todos los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas a escala mundial.

La violencia que se ejerce día con día en contra de las mujeres y niñas, en todos los ámbitos, constituye una violación a sus derechos humanos. Y que tiene impacto en todos los ámbitos de su vida: social, salud, libertad, educación, desarrollo y su propia vida. Que finalmente se ve vulnerada cuando el delito es cometido.

El feminicidio comprendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el estado y sus agentes, por acción u omisión; ha despertado la alarma en diversos espacios de la comunidad internacional. A partir del fenómeno que hizo conocido en países de Centroamérica y México, un concepto originalmente de las ciencias sociales fue permeando en la opinión pública hasta llegar a los ordenamientos jurídicos.

El maltrato hacia la mujer en nuestro país es casi cultural. La mujer ha sido sometida durante décadas: en los hogares, en la sociedad, en el ámbito laboral, emocional y económicamente. Y también muchas mujeres han logrado impulsar e impulsarse ellas mismas y contagiarlo a otras mujeres. Estas mujeres son quienes desde sus puestos logran cambios en cuanto a la violencia y la cultura que existe.

Con la reforma al Código Penal Federal2 en el año 2012, se tipifica el feminicidio como delito autónomo.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Sin embargo no fue hasta el año 2007 en que en respuesta a la exigencia nacional e internacional se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vidal Libre de Violencia (LGAMVLV). Esta ley define por primera vez en México, en el ámbito normativo, la violencia feminicida y contempla como parte del proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres3 . En un inicio a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo de la página oficial4 , no es posible acceder al link de acceso a información pública.

Además de la incorporación del delito en el Código Penal Federal, en el ámbito estatal 30 entidades federativas han incorporado en sus códigos penales el delito de feminicidio. Encontrándose pendiente de tipificar en los estados de Chihuahua y Nayarit.

Y es importante señalar que 16 entidades federativas cuentan con tipos penales homologados a la tipificación del delito federal de feminicidio como son: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En algunas de las entidades federativas es necesaria la homologación con el Código Penal Federal, ya que presentan inconsistencias que pueden llegar a impedir la correcta investigación y sanción del delito de feminicidio, como en los casos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas5 .

Es imperante que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres; deben aplicar la NOM 0466 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad. En la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia por parte de los servidores públicos, así como la re-victimización hacia las mujeres a través de acciones de muchos funcionarios que culpabilizan a las mujeres que van a denunciar a sus agresores.

Todas estas prácticas deben modificarse. Capacitar a los cuerpos ministeriales y darles a conocer las últimas actualizaciones legislativas tanto para la procuración de justicia como en tema de derechos humanos.

Cuando se habla de crímenes asociados al odio de género, no estamos hablando de un simple homicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres. Expresan situaciones contra las mujeres y niñas.

Lo preocupante es que los feminicidios en México siguen presentándose en su forma más cruel, brutal y dolorosa.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2005 a 2013, unas mil 767 mujeres han sido asesinadas en el estado de México, y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que entre el 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento y que 95 por ciento de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso: en varias entidades el asesinato de mujeres es de 15 veces más alto que el promedio mundial.

En seis años, más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, casi la mitad de ellas con armas de fuego. Lo anterior ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo7 .

De acuerdo al documento en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas. Y de acuerdo a éste mismo la opacidad es uno de los problemas. En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron mil 909 feminicidios en el país (ya comprobados y verificados). Nuestro país fue, entre el 2011 y el 2014 el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios.

El 20 de abril de este año fue publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014 8 .

En el que señala que:

• En 2014 ocurrieron 2 mil 289 casos de feminicidios en México.

• Entre 1985 y 2014 son 47 mil 178 defunciones de mujeres presuntamente por homicidio.

Cabe hacer hincapié en que se carece de estadísticas oficiales reales, debido a que muchas de las denuncias presentadas por los familiares ni siquiera son perseguidas de origen por feminicidio, ya sea porque la víctima está desaparecida o porque sólo se persigue el delito de homicidio. De lo anterior es que no se pueda tener con certeza una cifra oficial.

Lo preocupante es que nuestra sociedad está acostumbrándose a vivir el día a día con los feminicidios. Niñas desaparecidas y luego encontradas muertas comienzan a tomar las primeras planas de periódicos internacionales9 . Pero, aún más allá de lo que nos deba preocupar la opinión pública internacional, es nuestro deber implementar acciones que verdaderamente auxilien, no sólo a la justicia o a los servidores públicos a castigar éste tipo de actos ilícitos, sino también dar a conocer a la sociedad en general, que nuestro país de ninguna manera seguirá permitiendo que sigan sucediendo este tipo de acciones en contra de las mujeres.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXIII Legislatura con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a los congresos locales de las entidades federativas a que a la brevedad homologuen el Código Penal Federal con sus códigos penales locales, en materia de la tipificación del delito de feminicidio.

Notas

1 http://www.genevadeclaration.org/measurability/
global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_070416.pdf

3 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

4 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

5 Estudio realizado por el CEDIP.

6 http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/
Violencia_familiar_sexual_y_contra_las_mujeres_criterios_par.pdf

7 http://www.genevadeclaration.org/measurability/
global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html

8 https://www.gob.mx/conavim/documentos/la-violencia-feminicida-en-mexico-aproximaciones

9 http://www.proceso.com.mx/?p=401355

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar una solución inmediata a fin de disponer de nuevas tiendas duty free en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para brindar el servicio con altos estándares de calidad e imagen que merecen los millones de usuarios de la terminal aérea y, en consecuencia, volver a recibir los ingresos generados por esta actividad, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como todos sabemos, la dinámica de los aeropuertos reproduce la cotidianidad de una ciudad de manera casi exacta. Son, en sí mismos, una mini ciudad. El papel de los aeropuertos en el crecimiento económico se puede considerar desde tres puntos de vista. En primer lugar, los aeropuertos son grandes generadores de puestos de trabajo en las actividades directamente asociadas a la canalización del tráfico aéreo. En segundo lugar, las empresas dedicadas a actividades de alto valor añadido tienden a localizarse en territorios que disponen de aeropuertos con una oferta extensa de conexiones aéreas. Finalmente, la actividad turística en que se sustenta en gran parte en el tráfico que proporcionan los aeropuertos. En este punto cabe destacar que la contribución de los aeropuertos al crecimiento económico se centra especialmente en la economía del área urbana o región de referencia, mucho más que en la economía nacional.

Con respecto al impacto directo de la actividad desarrollada en las instalaciones aeroportuarias supone la creación de 950 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros transportados. En la misma dirección, si se añade el impacto indirecto, que es el resultado del desarrollo de actividades logísticas en zonas próximas al aeropuerto, y el impacto inducido, debido al gasto generado por los trabajadores asociados a las actividades directa e indirecta, la creación de puestos de trabajo llega a los 2 mil 950 por cada millón de pasajeros transportados. En términos de valor añadido, el mismo estudio cuantifica que el peso económico de los aeropuertos representa, al menos, el 2-3 por ciento del producto interno bruto de la región correspondiente1 .

Asimismo, los aeropuertos ejercen una función que va más allá de su misión de transporte y trascendencia económica. Constituyen un enlace territorial internacional directo en un ámbito de globalización, y como tal, son elementos fundamentales de la planificación territorial. El efecto territorial de los aeropuertos, la acción pública, y la propia dinámica del sector privado son los tres marcos en los que se inserta el valor social y económico de estas infraestructuras.

En el caso de nuestro país, de acuerdo con el Informe sobre acciones relevantes de la SCT (enero 2013-junio 2016), el transporte aéreo alcanzó crecimientos históricos, tanto en el volumen de pasajeros como en el de carga: 35 y 15 por ciento, respectivamente; la oferta de asientos disponibles se incrementó en 28 por ciento y la flota aérea creció 23 por ciento. Casi todas las aerolíneas están renovando sus aeronaves, por lo que la antigüedad promedio es de 9 años. Los concesionarios invirtieron entre 2013 y 2015 cerca de 9 mil 500 millones de pesos en más de 28 aeropuertos, lo que significa 64 por ciento más que en los primeros tres años de la administración anterior.

El mismo documento señala que las condiciones de infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han mejorado de manera importante con relación a 2012. En el primer semestre de 2016, se inauguró la nueva sala 75, que además de mal diseño tenía una sobre saturación operativa, lo que permitirá aumentar su capacidad de atención de 350 a 2 mil pasajeros por hora. Asimismo, se amplió la sala 33-A para recibir al Airbus 380, que desde enero cubre vuelos regulares entre la Ciudad de México y París. Empezó a prestarse el servicio de internet gratuito por wi-fi y se continúan las inversiones en mantenimiento para el hundimiento de la Terminal 2.

Los grandes aeropuertos hub (Concentrador: punto de intercambio o centro de distribución de tráfico de personas y mercancías), han desarrollado una incesante actividad comercial en su interior. Actualmente, el AICM tiene 350 negocios de 20 giros diferentes, desde las llamadas duty free , hasta las tiendas de maletas y artesanías, farmacias, tiendas de marca, bancos, casas de cambio, restaurantes y bares.

Las tiendas libres de impuestos, –duty free –, se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso y mayores generadoras de empleo en los aeropuertos, operadas en su mayoría por grandes empresas a nivel internacional, En el caso de la Terminal 2 las tiendas de salida eran operadas por la marca comercial La Riviera Duty Free de la empresa panameña Grupo Wisa.

Sin embargo, desde mayo de 2016, todas las tiendas duty free en las salidas de la Terminal 2 del AICM se encuentran cerradas. En la prensa escrita se ha señalado que el motivo de este cierre radica en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaba investigando los concesionarios de las mismas, el Grupo Waked y Wisa. El gobierno norteamericano señaló a esa empresa como “organización de lavado de dinero”, así como a una red de 68 negocios, incluido el Balboa Bank & Trust con operaciones en Colombia y Panamá. De inmediato las autoridades de ese país ordenaron cancelar a sus connacionales todo tipo de relación.2

Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (EUA), las 105 tiendas de La Riviera en Panamá, Colombia y México quedaron inhabilitadas de hacer operaciones con bancos de ese país. La medida alcanzó a Banamex-Citi; Visa; MasterCard, y American Exprés. Sólo faltaba que el gobierno mexicano, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuara, cosa que ya hizo. Después de las indagatorias y mediante la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se determinó cancelar la autorización de la franquicia La Riviera Vive Contigo México SA de CV, para operar como depósito fiscal para la venta de mercancías libres de impuestos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Grupo Wisa, mediante su compañía La Riviera, desde hace ocho años incursionó a través de las tiendas libres de impuestos, en dicha terminal aérea. La virtud de los negocios duty free es que parecen inmunes a los efectos de la crisis económica al interior de las terminales aéreas de la Ciudad de México. José Antonio Aguilar, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, señaló? que estos negocios suelen ser atractivos, en buena medida, debido a que el mayor número de personas que viaja goza de un alto poder adquisitivo. Según cálculos financieros el mayor nivel de ventas en un aeropuerto es de las tiendas duty free , con 100 millones de dólares al año.

Paradójicamente, en el caso particular al que nos referimos a inicios de este año trabajadores de la empresa La Riviera Vive Contigo México SA de CV, que hasta junio pasado manejaba nueve tiendas duty free en la Terminal 2 del AICM, se manifestaron en esa terminal aérea. Los inconformes señalaron que desde octubre la empresa no les había pagado sus sueldos y que tampoco recibieron aguinaldo.

Los empleados informaron que a partir de la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se cerraron las tiendas en mayo pasado, llevándose la mercancía. “A partir de ahí se despidió y liquidó a más de 70 por ciento” de los trabajadores; sólo personal administrativo, de ventas y de almacén permanecieron en las oficinas de La Riviera Vive Contigo, ubicadas cerca de la Terminal Uno del AICM.3

Sorprende que hasta la fecha, las autoridades del AICM no hayan emprendido alternativas para resolver esta situación y brindar el servicio acostumbrado, lo cual ha resultado en detrimento de los más de 3 millones de pasajeros internacionales que anualmente salen de la Terminal 2, que no tienen oportunidad alguna de realizar sus compras de artículos libres de impuestos como sucede en cualquier aeropuerto internacional. En adición a la mala imagen que genera que las diferentes tiendas duty free , alrededor de mil 200 metros cuadrados, se encuentren cerradas en el principal aeropuerto del país, pero la preocupación principal reside en que la suspensión de operaciones ha generado pérdidas al erario superiores a los 12 mil millones de dólares anuales.

Debido a que no existe información clara y precisa acerca de la problemática que se vive en el espacio comercial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad México y que ello repercute en quebrantos económicos para la terminal aérea y mermas para el propio gobierno federal, además de pérdidas de fuentes de empleo para trabajadores de los comercios que ahí se desarrollan y afectaciones a los pasajeros, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelva esta situación de manera inmediata para que se normalice la actividad económica y comercial de tan importante centro de traslado aéreo del país, considerando que cada día que se demore esta decisión genera un quebranto para el erario.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que de manera apremiante implementen una solución inmediata para que se disponga de nuevas tiendas duty free en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para brindar este servicio bajo altos estándares de calidad e imagen que merecen los millones de usuarios de la terminal aérea y, en consecuencia, vuelva a percibir los ingresos que esta actividad genera.

Notas

1 Aeropuertos y globalización: Opciones de gestión aeroportuaria e implicaciones sobre el territorio , por Germà Bel y Xavier Fageda. Universidad Autónoma de Barcelona, septiembre de 2006.

2 Darío Celis, Excélsior, 25 de mayo de 2016.

3 Periódico La Jornada , 2 enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/ 2016, suscrita por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nuestra calidad de diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho en que vivimos significa la obligación de que todas las autoridades que nos gobiernan se ajusten en sus actividades cotidianas a actuar conforme a derecho dentro del marco jurídico supremo que se establece desde nuestra Constitución Política General hasta la norma jurídica de menor jerarquía, por lo mismo toda decisión emitida por órgano administrativo siempre debe estar sujeta a los procedimientos regulados por la ley aplicando y respetando en todo momento los derechos humanos fundamentales de los gobernados.

Resulta que autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero , en la Ciudad de México han aplicado procedimientos administrativos completamente carentes de la garantía de legalidad, infundados y faltos de motivación legal alguna tal y como lo disponen los artículos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

En lo conducente dichos numerales mandatan lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona , familia, domicilio, papeles o posesiones , sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento .

En el contexto de la ilegalidad en que actúan autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, en la actualidad se afectó y molestó ilegítimamente a la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, persona de la tercera edad y propietaria de la lavandería La Burbuja Azul, ubicada en la calle de Oriente 91, número 2436, colonia Emiliano Zapata, código postal 07880, en la citada Delegación Gustavo A. Madero, a la que en un procedimiento totalmente viciado de origen dentro del expediente –SV/INVEA/EM/090/2016 por conducto del licenciado Ignacio Ruíz Avilés, director jurídico de la Delegación Gustavo A. Madero, se ordenó la suspensión de actividades y en consecuencia la clausura de la lavandería La Burbuja Azul, única fuente de ingresos para cubrir sus necesidades más elementales de subsistencia, por lo que con el proceder de dicha autoridad administrativa se viola por igual en perjuicio de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, el párrafo primero del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho al trabajo lícito que ejercía dicha ciudadana.

La ciudadana Martha Elva Pineda Matus, promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México demanda en contra de las autoridades delegacionales en Gustavo A. Madero solicitando la nulidad de los actos ilegalmente realizados por dichas autoridades administrativas , correspondiéndole a la Primera Sala de dicho tribunal tramitar y resolver sobre el particular, emitiéndose sentencia en el juicio número I-63001/2016 el 19 de septiembre del año en curso, en el cual en sus puntos resolutivos y en particular el cuarto se decretó la nulidad de los actos ejecutados por autoridades de la delegación Gustavo A. Madero en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, ordenando la restitución en el goce de los derechos indebidamente afectados con la suspensión de actividades y clausura de la lavandería en comento, para lo cual se le dieron quince días a dichas autoridades delegacionales para dar cumplimiento a dicha sentencia, lo cual a la fecha no ha sido así, no obstante estar insistiendo en que se cumpla la sentencia en cuestión.

Cabe mencionar que el procedimiento instaurado por las autoridades administrativas en la Delegación Gustavo A. Madero ha sido tan aberrante jurídicamente que los artículos en que se fundaron ni siquiera corresponden su aplicación al giro de lavandería, observándose que en el actuar de dichas autoridades se cometió una grave injusticia en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, tratándose inclusive de una discriminación, interpretándose dicha exclusión como el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera.

Toda autoridad en el actuar cotidiano de sus funciones administrativas deben fundarse ineludiblemente en la ley y no actuar por consigna en detrimento del soberano, se menciona lo anterior toda vez que dicho órgano administrativo en Gustavo A. Madero para ratificar su ilegal, arbitrario y discrecional proceder en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, con fecha 16 de diciembre de 2016, clausuré definitivamente el negocio de lavandería La Burbuja Azul e impuso una multa por la cantidad de $17,991.68 (diecisiete mil novecientos noventa y un pesos 68/100 m.n. en el expediente SV/INVEA/EM/ 090/2016 a la ciudadana arriba mencionada, por lo mismo la restitución de las garantías violadas en el ilegal e infundado procedimiento no se ha realizado y continúa el despojo de los derechos constitucionales dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo, y de no ser molestada en posesiones de la residente Martha Elva Pineda Matus.

Por todo lo anteriormente expresado y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al ciudadano Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional en la Delegación Gustavo A. Madero a que instruya al director jurídico de dicho órgano administrativo, licenciado Ignacio Ruiz Avilés a que dé cumplimiento a la sentencia que dictó el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/2016, restituyendo en el goce de sus derechos indebidamente afectados de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, respecto de la lavandería de su propiedad La Burbuja Azul, retirando los sellos de clausura que se encuentran colocados en el mencionado negocio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputados: María Chávez García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el por el que se exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y al STC-Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales planteados ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12, y a señalar el estado que guardan aquéllos y las sanciones aplicadas en su caso, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro representa la obra de infraestructura más importante de la administración del entonces jefe del gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. No obstante, su financiamiento y proceso de construcción estuvieron plagado de irregularidades que la convierten en un símbolo de la corrupción de ese gobierno.

Luego de que 11 de las 20 estaciones que forman la Línea 12 dejaran de funcionar, se hizo necesario conocer los motivos de dicha situación a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de sancionar a los responsables de presuntas irregularidades en la construcción del proyecto.

Para dicho fin, la Asamblea Legislativa formó la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que en abril de 2015 presentó el informe de su investigación, donde se detallan no sólo los aspectos técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del Metro sino, también, el incumplimiento de distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de la obra, que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco.

El informe citado explica que el gobierno del Distrito Federal, con el argumento de “racionalización” por problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra en 2 mil millones de pesos, que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el informe precisa:

Las modificaciones de la ingeniería básica, del trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como de las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.1

Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente.

La obra se adjudicó en el esquema de precio alzado: de acuerdo con el artículo 44, fracción segunda, párrafo segundo, de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no puede modificarse en monto o plazo ni estará sujeto a ajustes de costos. Los hechos descritos contravienen claramente dicha norma, pues se modificó el monto destinado al proyecto. Asimismo, no se entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron nuevos cobros.

De igual forma, se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio que se presentó en las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en el tramo Tláhuac-Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF concluyó en su dictamen: “El desgaste ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en elementos”.2

Otra de las grandes irregularidades se presentó en el mecanismo para adquirir los trenes que prestarían el servicio en la Línea 12. La Secretaría de Finanzas realizó mediante el oficio número SFDF/ 0328/ 2009 la autorización multianual al STC para contratar un proyecto de prestación de servicios (PPS) de trenes para la Línea 12 mediante el cual se comprometieron parte de sus recursos por un monto de mil 500 millones 152 mil 500 dólares por pagar en un lapso de 15 años.

Con esto no sólo se comprometieron los recursos del Metro durante 15 años, sino que la deuda se adquirió en dólares, que ante la fluctuación del tipo de cambio podría poner en riesgo las finanzas de este fundamental medio de transporte público de la Ciudad de México.

La secretaría argumentó que el esquema de PPS era el más conveniente para realizar el proyecto, pues la Ciudad de México no contaba con recursos “para comprar de contado los trenes”, por lo que este mecanismo no significaría mayor presión financiera. Además, con esta figura, la empresa se encargaría del mantenimiento y la actualización tecnológica durante la duración del contrato, “de tal manera que el Metro siempre tenga trenes como nuevecitos y al final del contrato el Metro se queda con los trenes”.3

La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el PPS para adquirir trenes de la Línea 12 constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica”. En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del gobierno de la Ciudad de México.

La empresa CAF México, SA de CV; y Provetren, SA de CV, continuaron cobrando costos fijos por servicios pese a que 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 no funcionaron por más de 20 meses. La comisión detectó que se realizó la totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, pese a que éstos no habían sido entregados en su totalidad. Resalta que los costos se manejaron en dólares.

La Secretaría de Finanzas había estimado que la Línea 12 costaría aproximadamente 22 mil millones de pesos, mas por las distintas anomalías e irregularidades se estima que su costo ascendió 47 mil millones de pesos.4

La Contraloría General del Distrito Federal ha llevado a cabo 12 auditorías, que han derivado en la aplicación de 99 sanciones a 71 personas. De igual forma se ha fincado responsabilidad penal a 27 personas.

Por su parte, el STC realiza las investigaciones 5G, la cual abarca la adquisición de trenes contratación, recepción y mantenimiento de los trenes; y 24G, que se refiere en el mantenimiento preventivo y correctivo por el STC a la Línea 12, así como 5 investigaciones para determinar la responsabilidad de servidores y ex servidores públicos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que estos procesos se lleven a cabo conforme al principio de máxima publicidad y la estricta aplicación del derecho en los procesos administrativos y penales que se hayan iniciado. Consideramos que en un uso indebido de los recursos públicos no debe haber cabida para la impunidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales que ambas instancias han presentado ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de diversas irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12; asimismo, a señalar el estado que guardan los mismos y las sanciones que, en su caso, se hayan aplicado.

Notas

1 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro (2014), página 112. Disponibilidad:

https://www.scribd.com/embeds/261998218/
content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true Consultado el 9 de enero de 2017.

2 Ibídem, página 84.

3 “¿Qué mecanismo se usó para contratar los trenes de la Línea 12?”, en YouTube. Recuperado el 9 de enero de 2017.

4 “Línea 12 costará más que el tren México-Querétaro”, en El Financiero, < http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/linea-12-costara-mas-que-el-tre n-mexico-queretaro.html> Consultado el 9 de enero de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar las reglas de operación respecto al pago de contraparte pari passu en las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México según su capacidad financiera y situación económica actual, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo, a reajustar las reglas de operación con respecto al pago de contraparte “pari passu” en las entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según su capacidad financiera y su situación económica actual.

Consideraciones

El artículo 7, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se refiere a las aportaciones concurrentes entre las entidades federativas y en su caso los municipios con recursos federales.

En esta fracción se señala un criterio general sobre las reglas de operación y condiciones para todas las entidades federativas por igual, sin tomar en cuenta la situación financiera por la cual está atravesando cada entidad.

Cabe señalar, que hay una gran desigualdad en la situación actual de cada estado de la Republica y su solvencia tiende a ser diferente, con lo cual muchas entidades no pueden cumplir con los requisitos establecidos por la federación, creando una desigualdad en términos de desarrollo socioeconómico entre las entidades.

Tomando en cuenta las capacidades estructurales y coyunturales de las entidades, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)1 clasifica a la Ciudad de México, Baja California Sur y Aguascalientes como las entidades más competitivas, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las peores situadas en este índice, esto da como referencia que no todas las entidades federativas están en las mismas condiciones para hacerle frente a un pago de contraparte con la federación y la finalidad de corregir las desigualdades no se logra porque las zonas geográficas en la Republica con menores capacidades de pago son las mismas donde más se necesita el recurso y el apoyo federal.

Esta desigualdad abarca otras áreas. Por ejemplo, al analizar las calificaciones crediticias de los estados emitidas por las calificadoras2 , la situación de los estados tiene una tendencia similar colocando a los estados con mayor índice de competitividad con una mejor calificación crediticia.

La desigualdad regional dentro de la República Mexicana resulta notoria, y al momento de no considerarse en los programas de pago de contraparte con la federación, no se logra cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo en la meta de “México Próspero” al no detonar el crecimiento sostenido de la productividad mediante la generación de igualdad de oportunidades, lo cual ha derivado en mantener los índices de pobreza extrema con una tendencia a la región sureste del país3 .

Un ejemplo en la desigualdad en esta forma de operar es el Seguro Popular, en el que la mezcla de recursos está claramente marcada entre la federación y los estados, ya que la mayoría de sus afiliados pertenecen a los deciles más bajos en el país. En dicho programa los estados del centro y norte de la Republica suelen cumplir con las condiciones de pago de contraparte establecido por Federación, mientras que los estados del sur tienen serios problemas para poder hacerle frente a su obligación de pago en este programa.

Esta situación se replica en diversos programas, lo cual hace más grande la brecha entre las regiones del país. Al no tener recursos para hacer frente al pago de contraparte con la federación, los estados del sur y sureste tienden a caer en un ciclo negativo en términos de desarrollo regional, ya que están en desventaja financiera en comparación con los estados del norte del país, lo cual se vuelve un ciclo en el cual el desarrollo económico se focaliza en ciertas regiones del país.

Por lo expuesto, queda claro que al ser las mismas reglas de operación y porcentajes para el Ejercicio Fiscal de 2017, para todas las entidades federativas, en realidad se acrecienta la desigualdad socioeconómica entre las regiones del país.

Por tal motivo al Grupo Parlamentario del PRD le resulta fundamental, ajustar y negociar los porcentajes de pago de contraparte con la federación según sea la situación particular de cada entidad federativa. Para que todas las entidades tengan la capacidad de acceder a los programas federales, y lograr un desarrollo sostenido en todas las regiones del país.

Por lo expuesto se somete a la consideración de ésta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo, haga un reajuste a las reglas de operación con respecto al pago de contraparte “pari passu” en las entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según su capacidad financiera y su situación económica actual.

Notas

1 http://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2014-las-re formas-y-los-estados/

2 http://www.fitchratings.mx/sector/FinanzasPublicas/Edos/default.aspx

3 http://ciep.mx/situacion-de-las-entidades-federativas-2015/

Dado en la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover con sus homólogas locales, en el marco de sus atribuciones, campañas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, la población mundial padece diferentes tipos de enfermedades, entre las que destaca la trombosis, que es la formación de coágulos de sangre potencialmente mortales en las arterias (trombosis arterial) o en las venas (trombosis venosa). Una vez formado, el coágulo puede ralentizar o bloquear el torrente sanguíneo normal e incluso desprenderse y trasladarse hacia un órgano.

Los coágulos son responsables de las tres primeras causas de muerte cardiovascular entre la población: infarto del corazón, accidente cerebrovascular y la tromboembolia venosa (TEV). Pero ello puede ser prevenible si se detectan y atienden oportunamente los factores de riesgo.

De acuerdo con información de los especialistas, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes, la inmovilidad en hospitalizaciones y ser mayor de 50 años, son los principales factores de riesgo para desarrollar trombosis.

Cabe señalar que pasado 13 de octubre se llevó a cabo la tercera edición del Día Mundial de la Trombosis, una campaña iniciada en 2014 por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés), que es la principal organización sin fines de lucro en el mundo dedicada a difundir información para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la trombosis y trastornos hemorrágicos.

Debido al alcance y consecuencias de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido entre uno de sus objetivos fundamentales, reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles en un 25 por ciento para el año 2025.

Los datos son duros y alarmantes, y hay poca conciencia sobre sus riesgos, síntomas y prácticas preventivas en torno a dicho padecimiento. Para dimensionar su magnitud, basta señalar que según datos de la OMS, esta condición la sufren anualmente 52.8 millones de personas en todo el orbe. Una de cada cuatro personas muere por motivos asociados con la trombosis, representando una de las principales causas de muerte y discapacidad.1

De igual manera, tres de las causas esenciales de muerte cardiovascular se vinculan con la trombosis. En Europa, medio millón de personas mueren a causa de TEV anualmente, cifra equivalente a más que el conjunto total de muertes causadas por el sida, el cáncer de mama y de próstata y accidentes automovilísticos; mientras que en los Estados Unidos, es del orden de entre 100 mil y 300 mil personas, lo que significa alrededor de 500 mil hospitalizaciones.2

Nuestro país no escapa a esta grave problemática. En efecto, la trombosis representa una de las primeras causas de muerte, convirtiéndose en un serio problema de salud pública en todo el territorio nacional, en perjuicio de la salud y calidad de vida de miles de mexicanos.

La Secretaría de Salud estima que la incidencia anual es de entre 400 mil y 500 mil casos. Se estima que pierden la vida 120 mil personas por enfermedades del corazón.3

La protección de la salud constituye un derecho fundamental de la población, el cual es indispensable para su desarrollo pleno e integral, así como para el acceso a otros derechos formalmente reconocidos. Así lo establece el artículo 4o. de nuestra Constitución Política.

En tal virtud, es necesario crear conciencia y generar acciones orientadas a reducir los graves efectos producidos por la trombosis, padecimiento que es prevenible, si se atiende de manera oportuna.

En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para garantizar la protección de la salud de toda la población, motivo por el cual reconocemos la urgencia de impulsar campañas informativas e implementar políticas preventivas, con el propósito de reducir las consecuencias producidas por la trombosis y, de esta manera, mejor el bienestar y calidad de vida de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país.

Notas

1 http://es.worldthrombosisday.org/issue/thrombosis/

2 https://www.cardiologia.org.mx/cursos/2016/trombosis_MEDICOS/

3 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=36

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir e integrar políticas, programas y proyectos que apoyen la productividad, el control y la competitividad de las actividades pesqueras y acuícolas del país, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 28 entidades federativas del país cuentan con unidades económicas destinadas al sector pesquero, las cuales hacen un total de 19 mil 119, así como 177 mil 180 trabajadores dedicados a la pesca y acuicultura animal formal, razón por la cual, existe un gran potencial pesquero. No obstante lo anterior, las actividades pesqueras se constituyen en uno de los sectores menos favorecidos, ignorados y no potencializados por las políticas públicas.

La pesca y la acuicultura son actividades económicas que además de proporcionar alimento al aprovechar un recurso natural, representa una fuente de ingresos para muchas familias. En las zonas costeras, la pesca es una actividad importante, resaltando que en los estados que no se encuentran cerca del mar, también se realizan actividades pesqueras, ya sea en presas, lagunas o en granjas piscícolas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 35, establece la facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de fomentar la actividad pesquera, mediante una entidad pública dependiente denominado: Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), el cual tiene la obligación de proponer programas, políticas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas que incrementen la competitividad y el desarrollo del sector de carácter regional, estatal y municipal, así como la necesaria labor de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia.

Dicho Consejo está conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el objeto, facultades y obligaciones del sector, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias competentes en las materias de los gobiernos locales.

Las características económicas, productivas y las necesidades sociales de cada estado, hacen necesaria no sólo la proyección y aplicación de una política general que trate de cumplir con una estrategia marcada en un Plan Nacional de Desarrollo, sino también el cumplimiento de políticas conjuntas, opiniones y observaciones técnicas que respondan a la atención de las necesidades específicas de cada zona o región productora. De ahí que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su numeral 23 estableció que la Sagarpa promoviera la integración de Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura en todas las entidades federativas del país.

Sin embargo, se encuentra reflejado que sólo las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuentan con un Consejo Estatal de Pesca, donde sus actividades no se encuentran reflejadas en portales propios y al mismo no existe un enlace en portal oficial de la Sagarpa-Conapesca; a su vez es en las entidades de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz donde a la fecha no se refleja la existencia de un organismo del sector.

Conforme a los últimos datos estadísticos y atendiendo a un comparativo mínimo, en Perú por ejemplo es el mayor productor en volumen de pesca dentro de los países del continente Americano con 6 mil 964 toneladas al año, seguido por EUA y Chile, observándose que México ocupa el cuarto lugar; lo anterior no es tan alentador cuando se compara la extracción de cada país con la extensión de sus litorales, ya que Perú cuenta sólo con 2 mil 414 kilómetros y nuestro país con 11 mil 122 kilómetros. De ahí, la necesidad de voltear las miradas y dirigir los esfuerzos al sector pesquero en México, ya que de esto depende también la seguridad alimentaria y la competitividad del país en la materia.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es y será indispensable que las políticas públicas sean construidas en un terreno de coordinación interinstitucional, legalidad, funcionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, pero sobre todo con las voces de todas1 y todos los habitantes a quienes van dirigidos, pero no sólo con la participación de productores organizados o sociedad organizada, sino también por las y los pescadores individuales o ribereños que sin formar parte de una asociación, sociedad, fondo o agrupación hacen de la pesca legal su forma y sustento de vida.

Concatenando lo anterior, es necesario que la Sagarpa, por conducto de la Conapesca, realice los esfuerzos necesarios para complementar la normatividad vigente y fomente la instalación de todos los Consejos Estatales de Pesca de los estados costeros y no costeros, tomando en cuenta que sólo existen en los estados de Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa, Chiapas y Tlaxcala, respetando y promoviendo la participación de todas las unidades económicas y productivas en lo individual y en lo colectivo.

Asimismo, en un ejercicio de publicidad y transparencia, se permita observar a las instituciones educativas, investigación, producción, dependencias, así como a la sociedad en general, el avance y los alcances de la instalación y el número de éstos, y la operación de los Consejos Estatales de Pesca dentro de su Portal de Internet-Pagina Web, ya que hoy en día no se encuentra reflejada ni contabilizada, y no existen enlaces internos que permitan el seguimiento específico y puntual de cada estado al aplicar y promover proyectos y políticas que impulsen el sector pesquero.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que proceda a la instalación de los Consejos Estales de Pesca en aquellas entidades donde no existan, atendiendo a lo establecido por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para transparentar, difundir los programas y proyectos ejecutados por los Consejos Estatales de Pesca instalados y por instalar en aquellas entidades donde no existen, debiendo hacer pública esa información en los portales de transparencia y en la página o sitio web de la dependencia.

Nota

1 13 por ciento de los 7 millones de productores legales que trabajan todos los días en el sector primario del país son mujeres. Fuente Sagarpa.

Dada en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 11 de enero de 2017.

Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2017, suscrita por el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación .

Por su parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que: “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios...”

Ahora bien, la Ley General de Educación en su Capítulo III, De la Equidad en la Educación, establece en su artículo 32 que: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Se define además que las citadas medidas se encontrarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

Es así, que en el artículo 33, fracción VIII del mismo ordenamiento, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias: “Desarrollarán programas (...) para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación...”

Respetable asamblea:

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015, se encontraron matriculados casi 26 millones de educandos en la educación básica del sistema educativo nacional.

4 millones 800 mil para la educación media superior; 3 millones 550 mil para la educación superior; y 1 millón 790 mil en capacitación para el trabajo.

Con lo que tenemos aproximadamente 36 millones de mexicanos inscritos y recibiendo educación en nuestro país.

De los anteriores, casi 5 millones, es decir el 14%, se encuentran en instituciones privadas.

Para los fines del presente acuerdo, profundicemos en la composición general anteriormente expuesta: la mitad de estos 5 millones, es decir 2 millones 500 mil niños se encuentran inscritos en escuelas privadas de educación básica; 955 mil en el nivel medio superior; 1 millón 70 mil en el nivel superior y; 360 mil en capacitación para el trabajo.

Lo que se presenta nos indica el comportamiento del número de educandos fuera del sistema público, donde dicho proceder se resume a dos razones: las familias mexicanas determinan inscribir a sus hijos en esquemas privados de educación, porque en cierto momento es una opción viable dado que pueden solventarlo; o bien, porque no les quedo otra opción al no ser aceptados sus hijos en los esquemas públicos.

Tenemos así que de los 26 millones de alumnos en la educación básica, alrededor del 10% se encuentran inscritos en la educación básica privada; de los 4 millones 800 mil alumnos en la educación media, el 20% se encuentran inscritos en la educación media superior privada; y de los 3 millones 550 mil alumnos en la educación superior, el 30% se encuentran inscritos en la educación superior privada.

Sobresale por supuesto el entorno en la educación superior, dónde la educación pública que comprende la federal transferida, la estatal y la autónoma, se ha mantenido más o menos en estos rangos durante los últimos 15 años.

Es decir, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes de la educación superior en el país, se encuentra cursando sus estudios en una escuela privada. Es decir, que posee un costo no subsidiado por el sector público y que debe ser cubierto por el educando y/o sus familias o por algún otro medio.

Si bien el entorno socioeconómico de algunas familias puede solventar el gasto en la educación universitaria privada de los hijos:

¿Qué pasa cuando los hijos de familias de bajos ingresos son rechazados en la educación pública universitaria?

¿Qué sucede cuando quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de estudiar, desean o deciden continuar sus estudios profesionales en los sistemas semi-escolarizados o sabatinos, haciendo un gran esfuerzo porque en la semana trabajan para poder solventar los gastos de su familia y procurar tener también recursos para estudiar y superarse, siendo su única opción las instituciones privadas?

¿Qué pasa cuando no pueden hacerlo por su condición socioeconómica vulnerable?

Para no quedarse sin esta formación, las familias tienen que explorar casi siempre esquemas privados de educación.

En Campeche, por ejemplo, –así como en las demás entidades federativas del país– las instituciones de nivel superior privadas que existen, hoy en día se encuentra otorgando educación universitaria a segmentos poblacionales que no son en absoluto de altos ingresos, por lo ya expuesto en el párrafo anterior y por un tema de horarios que los esquemas públicos locales de educación universitaria no ofrecen para quienes tienen que trabajar y hacer el esfuerzo de cubrir sus gastos escolares.

Esta circunstancia hace que exista la necesidad y que no quede otra opción para sufragar los gastos educativos de nivel superior, más que la búsqueda de lo que la propia Ley General de Educación reconoce como becas de manutención.

Sin embargo, cuando las familias no consiguen becas para sus hijos, la educación comienza a posponerse con lo que se incrementa el riesgo de que se abandone el precepto educacional como prioridad formativa, tendiendo los jóvenes por la incorporación temprana al mercado laboral, y lamentablemente a veces en la informalidad.

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, la ley otorga facultades tanto al gobierno federal, con el concurso de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, para impulsar diversos programas de becas.

Las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas.

Asimismo, la propia ley establece que las becas deberán existir tanto en los esquemas públicos como en los privados.

Las becas en la educación privada son definidas, en términos del artículo 57 fracción III de la Ley General de Educación y por el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del 2000, en un número mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de alumnos inscritos que cada institución debe otorgar. No obstante lo anterior, casi siempre son insuficientes y por cierto, casi todas son del tipo beca-crédito; en otras palabras, es una deuda que el educando adquiere y que en algún momento tendrá que saldar ya sea con trabajo o de manera pecuniaria.

Respecto de las becas en la educación pública, suelen ser subsidios determinados por un monto aprobado en el Presupuesto Federal y en los presupuestos de los Estados a través del Programa Nacional de Becas o programas estatales respectivamente. Asimismo, todas ellas se basan en formatos a fondo perdido, es decir, no implican en la mayoría de los casos, situaciones resarcitorias pecuniarias para quienes las reciben.

Si bien las diversas becas en ambos esquemas educativos tienen principios comunes para ser otorgadas, como el nivel socioeconómico de los educandos, el promedio de calificaciones, entre muchos otros, que varían de acuerdo con el o los otorgantes, el presente punto de acuerdo pretende abonar en el cabal cumplimento del postulado constitucional que señala la universalidad en el acceso a la educación; así como lo establecido en norma secundaria relacionado con una mayor equidad educativa y con el principio de que las becas y demás apoyos debieran otorgarse preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación y que demuestran además un eficiente desempeño escolar.

Entonces ¿por qué las becas de manutención que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior no respetan estos elementos fundamentales?, becas que se otorgan con recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015 se otorgaron 7 millones 817 mil becas en el país.

De las cuales el 66% se repartieron entre estudiantes de nivel básico; el 25% en nivel medio-superior; y el 8.7% en nivel superior (que incluye becas de postgrado).

Estimadas compañeras y compañeros legisladores:

Las becas que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior atienden a estudiantes inscritos en escuelas públicas; no se ofrecen a los estudiantes que –por las circunstancias ya expuestas con antelación– pudieran necesitarlas y que se encuentran inscritos y cursando sus estudios, con gran esfuerzo personal y familiar, en instituciones privadas, y que forman parte de la población en condiciones económicas vulnerable y en desventaja.

Esto se debe a que uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para obtener becas de manutención gubernamentales, es que el solicitante se encuentre inscrito en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES); 1 quedando negada la posibilidad de solicitarlo y de acceder como beneficiario de las becas cuando los solicitantes se encuentren inscritos en una institución probada, bajo la errónea suposición de que todos estos educandos y sus familias pertenecen a deciles de ingresos superiores.

Tenemos entonces la situación de que, cuando estos jóvenes solicitan alguna beca pública, son rechazados categóricamente.

Lo anterior es sin duda discriminatorio y el programa o los programas en cuestión podrían ser sujetos de algún recurso de inconstitucionalidad.

La política pública en la materia suele pasar por alto y no considera que muchos de esos solicitantes tuvieron que acudir a esas instituciones privadas al ser rechazados por esquemas públicos de educación, es decir, la educación privada nunca fue su primera opción educativa; o bien, porque en sus lugares de origen, no existe una cobertura pública educativa suficiente y las funciones educacionales tienen que ser absorbidas por entes privados.

Además, se olvida que la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en ninguna manera establece un criterio o parámetro diferenciado para quien estudia en una escuela pública o privada, sino que expresamente señala “....a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”. En consecuencia, “Donde la ley no distingue no hay porque distinguir”, de tal forma que no existe argumento legal que impida que la solicitud para el acceso a las becas puedan realizarlo tanto por estudiantes cursen sus estudios en escuelas públicas como por aquellos que lo hagan en instituciones privadas; no obstante a lo anterior queda claro, de igual forma, que para ser beneficiario de una beca se tendrá que acreditar que se enfrentan condiciones económicas y sociales vulnerables, lo cual se encuentra establecido en el marco normativo, se reconoce en la presente propuesta y, desde luego, dentro de los criterios de priorización del programa nacional de becas.

Asimismo, se pasa por alto, de forma específica para las Becas de Manutención del Nivel de Educación Superior, que las propias Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 en su apartado 2. Objetivo, 2.1 General expresa “Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico” , siendo que en el Glosario de esas mismas Reglas de Operación se encuentra la siguiente definición “Sistema Educativo Nacional: Está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”.

Bajo ese orden de ideas, la presente propuesta, en lo relativo a las Becas de Manutención que se otorguen a estudiantes del Nivel de Educación Superior, pretende :

a) Que prevalezca la situación socioeconómica del solicitante y/o beneficiario de una beca, 2 por sobre si se encuentra inscrito en una institución de educación pública o no.

b) Ser sensibles y responder a la necesidad de la población que, aún en condiciones socioeconómicas vulnerables, realiza todos los días un gran esfuerzo para acceder a la educación superior.

Conviene aclarar además:

a) La propuesta que se realiza no conlleva el generar impacto presupuestal, sino establecer un mejor criterio para que los estudiantes de educación superior pueda solicitar su acceso a los programas de becas públicos, acorde con los principios establecidos en nuestras normas vigentes.

Se propone que estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan participar en el concurso de asignación del programa nacional de becas; y solamente cuando acrediten los criterios de priorización (por su circunstancia de vulnerabilidad y condición socioeconómica, así como su eficiente desempeño académico) para su elegibilidad, pueden ser beneficiarios.

Cabe señalar además que las propias Reglas de Operación establecen que el otorgamiento de la beca está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017.

b) Estamos en contra de la privatización de la educación, pero a favor del espíritu contenido en el artículo 32 de la Ley General de Educación y que alude a la equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No olvidemos además que como bien se infiere de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, la beca es una opción que tiene los estudiantes en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a modificar el primer párrafo del apartado 1) Población Objetivo, punto II. Apartados del Anexo 2: Becas de Manutención del Acuerdo Número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017, para establecer que en el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes de educación superior inscritos/as en el Sistema Educativo Nacional que comprende Instituciones Públicas de Educación Superior e Instituciones Particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que por su conducto consideren instruir a las dependencias o entidades locales encargadas del otorgamiento de becas escolares a considerar que para el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes regulares inscritos/as en el sistema educativo nacional que comprende instituciones públicas de educación superior e instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Notas

1 Ver Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016).

2 Como lo dispone el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016): “...cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca,”

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, siendo los 11 días del mes de enero de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Fonatur, el ayuntamiento de Benito Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Quintana Roo a exhibir las autorizaciones y hacer del conocimiento público las razones de que hayan sustituido parte de la ciclopista de Cancún, suscrita por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Se ha causado un terrible daño por parte de empresas privadas a la ciclopista de Cancún, en el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. Inexplicablemente diversos particulares se han apropiado de esta ciclopista y la han destruido con la autorización presuntamente ilegal de la administración municipal y posiblemente con la anuencia Federal, pues esta obra forma parte de los proyectos realizados por Fonatur.

2. Sin que se tengan datos precisos sobre dichas autorizaciones, se construyó en sustitución de este espacio patrimonio cultural de los cancunenses y único en la República Mexicana, una ciclopista que está pegada a la banqueta. Se trata de 10 kilómetros desde el kilómetro cero hasta Playa Chaacmool, que de manera ilegal se ha adueñado Villas Pescadores y el hotel Temptation.

3. Se requiere por tanto una explicación de la autoridad federal, municipal y los particulares que aprovechando las fiestas de fin de año sin que se conozca la razón aparente por la cual se realizó esta modificación, están afectando a la ciudadanía que contaba con un espacio digno para la práctica del deporte.

4. Es imprescindible señalar la importancia del espacio público porque este cumple con una gran variedad de funciones dentro de la sociedad que permiten el desarrollo de la cultura, la recreación personal y colectiva, el desarrollo físico, el encuentro y la interacción con otros miembros de la sociedad, entre muchas otros aspectos.

El espacio público permite conocer la historia y la cultura de la ciudad, y en este caso en particular se trata de un lugar que ha desencadenado fenómenos sociales positivos como la apropiación para la recreación, por ello es que no se puede arrebatar de manera arbitraria como se ha hecho.

Mucho menos sin que se planteen estrategias de mejoramiento y se hayan tomado en cuenta las demandas de la sociedad para garantizarles mayor calidad en ellos, este no es el caso. Por el contrario se obstruye el derecho de este espacio, así como a la identificación de las personas con sus lugares de origen, su propio sentido de pertenencia, identidad, y tradición que permite exista mayor interés por parte de los ciudadanos de atender, cuidar y exigir dichos espacios.

5. Llamar la atención de las autoridades, en sus diferentes niveles, ya sea municipal, estatal y/o federal, por hacer prevalecer este tipo de espacios sobre el interés de unos cuantos particulares, implica acercar a quienes no cuentan con otros medios para hacerlo, a su derecho a tener esparcimiento.

Esta recreación, la ciclopista ha adquirido un reconocimiento y una importancia relevante en la vida actual por sus beneficios, independientemente de los estratos sociales, económicos, educativos; lo cancunenses son dueños de este espacio, le han dado un sentido de pertenencia porque hasta ahora así lo demuestra su sociedad, satisface sus necesidades, y no permitiremos que les sea arrebatado de forma inexplicable y sin que hayan sido tomados en cuenta.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Turismo y al ayuntamiento de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de dicho Municipio, para que exhiban las autorizaciones y hagan del conocimiento público las razones por las cuales sustituyeron parte de la ciclopista de Cancún afectando a la población que la empleaba para la práctica de actividades deportivas, con lo cual se vulnera de manera grave su derecho a la salud y se genera un detrimento importante respecto al acceso a este tipo de espacios recreativos de la sociedad en su conjunto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.

Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).


Efemérides

Con motivo del aniversario luctuoso de Andrés Henestrosa Morales, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

En el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, recordamos el noveno aniversario luctuoso de Andrés Henestrosa Morales, extraordinario poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, historiador y periodista oaxaqueño.

Nació el 30 de noviembre de 1906 en Ixhuatán, Oaxaca y falleció el 11 de enero de 2008 en la Ciudad de México. A nueve años de su sensible deceso, los legisladores del PRI, recordamos y homenajeamos su vasta trayectoria.

Antes de hacer referencia a algunos de los pasajes más emblemáticos de su vida, es importante precisar que creció en un núcleo familiar donde se encontraban concentradas las tres sangres substantivas de México: india, blanca y negra, además, de la huave y la filipina.

Llegó a la Ciudad de México a la edad de 15 años y estudió durante un año en la Escuela Normal de Maestros, periodo en el que pudo dominar el idioma español. Después ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y de ahí a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde cursó estudios de derecho.

Posteriormente, se desempeñó de manera notable como profesor de literatura mexicana e hispanoamericana en la Escuela Normal Superior y la Escuela Nacional Preparatoria; en este mismo tenor, fungió como jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue director de El Libro y el Pueblo y Letras Patrias.

En el ámbito político, sobresale su participación en el Congreso de la Unión, siendo diputado y senador (en los periodos de 1958 a 1961 y de 1964 a 1967); además de su participación en la campaña a la presidencia de 1929, emprendida por José Vasconcelos, que tuvo entre sus premisas a la promoción de la cultura y educación a través de la alfabetización de la población.

Igual de importante es señalar que fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua (desde 1964); presidente de la Asociación de Escritores Mexicanos. Las acciones en comento hicieron que en 1993, la Asociación de Escritores de Oaxaca y el gobierno del estado de Oaxaca crearan el Premio y Medalla Andrés Henestrosa.

También se desempeñó como colaborador de importantes medios informativos, tales como El Nacional, Excélsior, Revista Mexicana de Cultura, y Revista Universidad de México. Por otro lado, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, como creador emérito (desde 1993).

En 1936, la Fundación Guggenheim le otorgó una beca para realizar un estudio sobre la cultura zapoteca en Estados Unidos y a partir de los resultados, fonetizó el idioma zapoteco, lo transcribió al alfabeto latino y publicó un breve diccionario zapoteca-castellano, en el que dicho alfabeto se puso en práctica.

Don Andrés Henestrosa siempre fue un ferviente promotor de la cultura zapoteca y de la cultura en general, lo que le permitió ser reconocido con múltiples distinciones, entre ellas, el Premio Elías Sourasky en 1973; Premio Ciudad de México en 1990; Premio Internacional Alfonso Reyes en 1991; Medalla Ignacio Manuel Altamirano en 1992; Premio René Cassin en 1992; y Medalla al Mérito Benito Juárez en 1993.

Otros premios son la Medalla Belisario Domínguez en 1993; Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1994; Premio Guie’Xhuuba en 1996 (Juchitán, Oaxaca); y el Orden Nacional al Mérito en el grado de comendador en 1998 (Ecuador).

Más adelante también recibió el Premio Universidad Latinoamericana en 1999 y un año después, la Universidad del Claustro de Sor Juana, Casa Lamm, los centros universitarios de Integración Humanística y Estudios Universitarios de Londres le entregaron una de las 17 medallas a los sabios de fin de siglo XX.

A dicha lista se agrega que en 2003, le fue otorgada la Medalla de Oro Bellas Artes, ese mismo año recibió la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri (la cual es otorgada por la Cámara de Diputados) y Medalla al Mérito (otorgada por la Universidad Veracruzana) y finalmente, en 2007, la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el doctorado honoris causa.

Debido a sus notables aportaciones en la difusión y promoción de la cultura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconocemos y homenajeamos a don Andrés Henestrosa Morales.

Sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.

(Rúbrica)