Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al Ejecutivo federal diversas acciones sobre el mercado de gasolinas y diésel, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales y senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Exposición de Motivos

Nuestro país está inmerso en dos procesos paralelos en cuanto a los mercados de gasolinas y diésel, y es muy importante mantenerlos separados. Por un lado, está el proceso de flexibilización de los mercados que es producto de la Reforma Energética. Por otro, está el ajuste a los precios máximos para enero de 2017 y la metodología que se vaya a estar empleando para su determinación a lo largo de este año.

En cuanto al proceso de flexibilización, es un proceso que sin duda es positivo para los consumidores. La flexibilización implica que pasaremos de un monopolio de Estado a un mercado de combustibles con diversidad de oferentes, y donde se detonarán inversiones en todos los sectores de la cadena de suministro: transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. A medida que tengamos más suministradores de combustibles y no dependamos de un solo productor, disminuirán las posibilidades de caer en situaciones de desabasto como los que observamos a finales de 2016. Asimismo, los consumidores tendrán una variedad de opciones para elegir en dónde comprar sus combustibles y lo harán en donde les ofrezcan las mejores condiciones.

Sin embargo, para asegurar que todos estos beneficios potenciales se materialicen, debemos darle un seguimiento muy puntual a la correcta implementación y difusión de la Reforma Energética, por lo que es necesario solicitar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Energía, proporcione a esta Soberanía un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra dicha implementación y de la perspectiva de la misma durante 2017. Asimismo por lo que respecta a la correcta y adecuada difusión, implementar una campaña nacional de información, mediante la cual se dé cuente a la sociedad, subrayadamente a los consumidores potenciales, de los avances del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel en la región correspondiente.

De igual forma, para generar las condiciones que doten al consumidor de información actualizada que le permita elegir la mejor opción para comprar combustibles, se considera conveniente exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Comisión Reguladora de Energía, y al momento de haberse concretado la flexibilización de los mercados de los combustibles, haga del conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región, especificando los precios de venta de los combustibles vigentes.

Por otro lado, el Titular del Ejecutivo anunció que se mantendrán precios máximos a los combustibles durante 2017 en aquellas regiones en donde aún no se flexibilicen los mercados. En la determinación de esos precios máximos, se advierten tres cambios importantes. Primero, se tendrán, a diferencia de lo que ocurre actualmente, precios regionales que reflejen el costo real de llevar los combustibles a cada punto de venta. Cabe notar que se advierte que ese ajuste debería de ser neutral en promedio en el país, si bien se generan diferencias entre regiones. Segundo, los precios máximos se actualizarán de manera más frecuente, para que a partir de mediados de febrero se tengan ajustes diarios. Esto per se no genera un sesgo en ninguna dirección para el ajuste en precios.

Asimismo, se anunciaron los precios máximos que estarán vigentes durante enero de 2017, los cuales presentan un aumento promedio de 14.2% para las gasolinas Magna, 20.1% para la gasolina Premium y de 16.5% para el diésel. El Titular del Ejecutivo ha justificado este ajuste en los precios por el aumento que se ha observado en el costo internacional de los combustibles que se consumen en el país. Cabe señalar que, efectivamente, el acuerdo al que llegó la OPEP para restringir la producción de crudo de sus países miembros, junto con la cooperación de países no miembros como Rusia, llevó a un aumento en el precio internacional del petróleo. Además, el Titular del Ejecutivo ha señalado que el ajuste a los precios no se debe a ningún impuesto nuevo ni a ningún aumento de los mismos. También es importante recalcar que, en caso de que los precios efectivamente reflejen el costo internacional de los combustibles y no un aumento en impuestos, la única manera en que no se hubieran dado los ajustes y se hubieran mantenido precios artificialmente bajos, es si se hubiesen incrementado otros impuestos o que se reasignaran recursos que ya están siendo utilizados para financiar el gasto social y productivo del Gobierno Federal.

El entorno de mayores precios de los combustibles a nivel internacional implica un reto para los hogares del país y tenemos la responsabilidad de revisar que efectivamente los ajustes a los precios reflejen única y exclusivamente los mayores precios internacionales. Para que la ciudadanía tenga plena certeza de que los ajustes a los precios se encuentran debidamente justificados en las condiciones de los mercados de los combustibles, esta Comisión Permanente considera de la mayor importancia solicitar al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue a esta Soberanía un informe pormenorizando detallando la metodología y la memoria del cálculo que se realizó para determinar los precios máximos en enero de 2017.

Por último, a finales de 2016 vivimos un periodo atípico en el suministro de combustibles. En varios estados de la República, vimos situaciones puntuales de falta de combustibles, debido a problemas de mal tiempo en los puertos que retrasaron los cargamentos de combustibles que PEMEX importa y a compras anticipadas por parte de muchos consumidores. Sin embargo, también hay que reconocer que estos problemas se vieron agravados por diversos incidentes de tomas clandestinas en la infraestructura de transporte de petrolíferos, que redujeron la capacidad de PEMEX de llevar los combustibles a los puntos de venta. Por ello, se considera indispensable solicitar al Ejecutivo Federal, mediante PEMEX, que redoble los esfuerzos para garantizar el abasto de los combustibles en todo el país; a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que continúe y se fortalezcan los operativos de vigilancia en gasolineras, con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación y de posibles abusos; y a través de la Procuraduría General de la República, a que agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan presentado por delitos contra la economía pública.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional entiende la complejidad y justificación de la implementación del tema, al tiempo que es sensible y solidario respecto al descontento de una gran parte de la población, por tal motivo, es obligación de los legisladores como representantes de la ciudadanía, dotar de elementos veraces que permitan aclarar y entender cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo, de lo que en su oportunidad la mayoría de los Grupos Parlamentarios, aquí representados, aprobamos convencidos: la Reforma Energética.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta Soberanía de manera pormenorizada, en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las 7 de frontera norte. Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos.

Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de Secretaría de Energía, presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la Reforma Energética y de la perspectiva de la misma durante 2017; asimismo implemente una campaña nacional de información, mediante la cual se dé cuenta a la sociedad, subrayadamente a los consumidores potenciales, de los avances del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel en la región correspondiente.

Tercero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de Petróleos Mexicanos, garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país.

Cuarto: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, continúe y en su caso fortalezca, el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.

Quinto: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción I, inciso A, del Código Penal Federal.

Sexto: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que, al momento de haberse concretado la flexibilización de los mercados de los combustibles, haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región, especificando los precios de venta de los combustibles vigentes, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia en beneficio del consumidor.

Séptimo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Reguladora de Energía, para que expliquen ante esta Soberanía las razones e implicaciones de las medidas adoptadas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de enero de 2017.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a una reunión a los titulares de Pemex, la SHCP y la Comisión Reguladora de Energía para informar a esta soberanía sobre el desabasto y el alza de gasolinas, suscrita por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Alejandra Gutiérrez Campos, integrante de la LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, por el que cita a una reunión de trabajo a los siguientes funcionarios públicos: a José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos a efecto de que exponga las razones detonantes de la situación de desabasto de gasolinas en diversas Entidades Federativas del país y entregue un informe de las medidas implementadas para su solución y de las acciones que eviten la ocurrencia de dicho fenómeno en otras regiones del país; al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña y al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, para que expliquen el aumento al costo de las gasolinas y reporten el monto de recaudación proyectado por el cobro de impuestos a las gasolinas, todo lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde el 21 de diciembre del 2016, se ha reportado y presentado en los Estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Querétaro, entre otros; la situación crítica de desabasto de gasolina en las estaciones de servicio.

Situación que ha provocado una severa afectación a las cadenas productivas en dichos Estados, a la movilidad de los ciudadanos tanto residentes como de visitantes que se transportaban en automóviles.

De igual manera, ha provocado un fenómeno de especulación y compras de pánico, esto último puede desencadenar conflictos de carácter social y de un incremento en el riesgo a los ciudadanos por la posible venta de gasolina en recipientes no aptos para su transportación y almacenaje.

De acuerdo con información proporcionada por los medios de comunicación, las causas del desabasto son: 1) Aumento en la demanda por el producto debido a la época decembrina, 2) Baja en la producción de Pemex originado principalmente por un proceso de revisión y desmantelamiento de equipo viejo y obsoleto de la paraestatal en varias refinerías lo que impidió el envío de combustible tanto por ductos como a través de pipas, 3) Fallas en los ductos por falta de mantenimiento, 4) Falta de pipas, 5) Especulación por los precios ante el anuncio de que se incrementaría el costo de las gasolinas, 6) Tomas clandestinas y 7) Trato discriminatorio de Pemex hacia estaciones de servicio porque éstas no han firmado de recibido el nuevo modelo de venta y comercialización que entró en vigor a partir del 1 de enero del presente.

Sin embargo, las autoridades no han informado con precisión las acciones que están tomando para contrarrestar esta situación de desabasto ni tampoco atinan a esclarecer en qué porcentaje inciden las tomas clandestinas para la falta total de gasolina o en qué medida la baja de producción por parte de Pemex, por no contar con equipos nuevos y acorde a las nuevas circunstancias del mercado de combustibles o la negación de la paraestatal para proporcionar las gasolinas a las estaciones de servicio que no han firmado de recibido el nuevo modelo de contrato para ventas y comercialización, provocan dicho desabasto.

¿Cuál es la causa detonante de la falta total de gasolina? Y ¿Qué están haciendo las autoridades para que se resuelva urgentemente y a la brevedad este problema grave de desabasto de gasolina? Estas son las preguntas que debe responder el titular de Pemex.

Por otra parte, el incremento desproporcionado en los costos de las gasolinas ha originado malestar social, indignación y protestas a lo largo y ancho de todo México, si bien es cierto que, por una parte, es necesario liberar el costo de la gasolina y abrir el mercado de combustibles para abaratar sus costos y ser más competitivos en beneficio de los consumidores, el Gobierno de la República con su tóxica reforma fiscal ha provocado el encarecimiento de las gasolinas, porque lo que encarece a los combustibles aún más en este momento son los impuestos que cobra el gobierno federal y no así el comportamiento del mercado.

No tiene nada que ver con la reforma energética, el problema son los impuestos que el gobierno federal está cobrando por la gasolina. Lo reiteramos, una y otra vez, por cada litro de gasolina que cualquier persona compre, 6 pesos son impuestos, 4 corresponden al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y aproximadamente 2 pesos corresponden al IVA, al Impuesto al Valor Agregado.

Es demanda de toda la sociedad mexicana que el Gobierno de la República reduzca aún más la tasa impositiva a los costos de las gasolinas por ser el factor real de su encarecimiento.

Es por ello que se considera pertinente también que esta soberanía tenga una reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade y con el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, para que a través del dialogo republicano se hagan las aclaraciones pertinentes y se informe con precisión el alza en los costos de las gasolinas y saber cuánto recauda el gobierno federal por concepto de impuestos a las gasolinas.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo a José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos a efecto de que exponga las razones que detonan la situación de desabasto de gasolinas en diversas Entidades Federativas del país y entregue un informe de las medidas implementadas para su solución y de las acciones que eviten la ocurrencia de dicho fenómeno en otras regiones del país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo al Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Lic. Guillermo Ignacio García Alcocer a fin de que informen a esta Soberanía el monto de cobro de los impuestos a las gasolinas, el monto de recaudación proyectado para 2017 a través de los precios a los combustibles, así como el impacto y las repercusiones que tendrá la Estrategia de Apertura Gradual para el Mercado de Gasolinas y Diésel en México, así como el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.

Diputada Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo general para cancelar las disposiciones de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación de 2017 sobre el incremento de los precios al público de las gasolinas y el diésel, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Héctor Javier García Chávez, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Tomas Octaviano Félix, Rafael Hernández Soriano y las diputadas Cristina Ismene, Gaytán Hernández, María Concepción Valdés Ramírez, Hortensia Aragón Castillo y María Teresa Cristina García Bravo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo considerado como de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes hechos y consideraciones:

Primera. Que en septiembre de 2016 el titular del Poder Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su propuesta de Ley de Ingresos la cual contenía dos artículos transitorios por los cuales se pretendía adelantar en forma gradual el proceso de liberación total de precio de las gasolinas y el diésel contemplado en la Ley de Hidrocarburos y cuyo plazo límite está fijado para el 31 de diciembre de 2018. Lo anterior significa que el proceso de liberación e incremento del precio de los combustibles es producto y consecuencia de la reforma energética.

Segunda. Que así lo afirma y lo confirma la propia exposición de motivos de la Ley de Ingresos para 2017 que de manera profusa y sin dejar lugar a interpretación expresa de manera clara que se trata de “consolidar la reforma energética” para abrir “la posibilidad de que participen actores complementarios a Petróleos Mexicanos (Pemex), generando así mercados competitivos más eficientes de abasto de la energía que requiere el país para crecer”. En esa exposición de motivos el Ejecutivo Federal afirma que “El papel de los mercados competitivos es ciertamente una de las piezas clave de la reforma energética”. Y justificó el incremento que propuso ya que “Al confluir en condiciones de competencia empresas de distintas dimensiones y orígenes, cada una de ellas tiene la presión de encontrar las opciones de menor costo y mayor eficiencia para proveer de los bienes y servicios necesarios a sus clientes”. Lo anterior significa que en el incremento del precio de los combustibles está contemplando el margen de ganancias que deberán obtener las empresas importadoras, distribuidoras y expendedoras de combustibles.

Tercera. Que esta medida específica fue aprobada en la Cámara únicamente por los partidos gobernantes PRI y PVEM y su aliado el Partido Encuentro Social además de un pequeño grupo de legisladores del PAN y el diputado independiente. La votación de esta medida fue la más cerrada de todo el paquete económico con 238 votos a favor y 203 votos en contra. Lo anterior significa que casi la mitad de la pluralidad representada en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a esta medida y que miente con dolo quien afirma lo contrario, el sentido de las votaciones fue la siguiente:

PRI: 191 a favor; PVEM: 29 a favor; PES: 9 a favor; PAN: 8 a favor e independiente: 1 a favor.

PRD: 47 en contra; PAN: 94 en contra; Morena: 33 en contra; Movimiento Ciudadano: 19 en contra y Nueva Alianza: 10 en contra.

Cuarta. Que el pleno de los diputados del PRD expresó con su voto de manera clara y contundente su rechazo a esta medida. Advertimos de manera oportuna el daño que esta medida ocasionaría a las empresas instaladas en el país, a los agricultores y a todas las familias mexicanas, especialmente a las de medianos y bajos ingresos con la consecuente alza en el precio de las mercancías, los servicios y el transporte público. Denunciamos de manera clara que esta medida sólo estaba orientada a beneficiar a las compañías petroleras trasnacionales y a las nuevas empresas mexicanas conformadas por ex directores de Pemex y ex funcionarios del gobierno federal. El Diario de los Debates, el registro de las votaciones, pero sobretodo el testimonio gráfico y videográfico es incuestionable: ¡El PRD dijo no al gasolinazo!

Quinta. Que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel nada tiene que ver con la eliminación del subsidio al precio de estos combustibles ya que fue eliminado desde 2015 cuando se cambió el “esquema de precios administrados de gasolinas y diésel” a un “esquema de precios máximos”. El Ejecutivo federal justificó esa medida como parte de la reforma energética incentivando a que los privados que “pudieran competir en determinados mercados con precios menores al precio único nacional lo pudiera hacer con libertad”. En ese contexto de precios máximos las gasolinas nunca bajaron de precio, en el mejor de los casos lo hicieron una sola vez y sólo de manera marginal para luego volver a subir, lo cual obedece a que los combustibles tienen una demanda “semi inelástica”. Lo anterior significa que el precio de los combustibles no puede bajar por el simple hecho que las empresas, los transportistas, agricultores y parte de las familias difícilmente dejarán de consumir combustibles ya que es un insumo necesario para el desarrollo de sus actividades, es así que los privados siempre podrán venderlos a un precio máximo.

Sexta. Que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel en 2017 no esta relacionado directamente con una mayor recaudación federal. En 2016 y de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Hacienda hasta noviembre se habían obtenido 263 mil millones de pesos por la cuota fija que se le impone a cada litro de gasolina y que es parte del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Las proyecciones de captación para ese concepto para el 2017 son del orden de los 252 mil millones de pesos a precios constantes de 2016, esto es descontando la inflación. Lo que significa que si el gobierno federal desistiera de aplicar el aumento en las gasolinas y el diésel, de ninguna manera dejaría de recibir los ingresos presupuestados para 2017 por lo que no tendría que aplicar recortes a los programas federales, lo anterior sin considerar que los ingresos del gobierno federal pueden ser sustancialmente mayores a lo proyectado en el presente ejercicio fiscal por el aumento en el precio internacional del petróleo y en la cotización del dólar frente al peso.

Séptima. Que el efecto negativo de los incrementos en el precio de las gasolinas y el diésel en las empresas y en las familias era absolutamente previsible por parte del gobierno federal y por esa razón es que decidieron adelantar un año el proceso de incremento en el precio de esos combustibles justo para administrar y dosificar el descontento de manera tal que en para el 2018 pudieran reducir el costo político de cara al proceso electoral del 2018 sin tener que faltar a los compromisos establecidos con las compañías petroleras transnacionales y las nuevas empresas nacionales.

Octava. Que el gobierno federal y los que apoyaron con su voto esta medida no estaban en la capacidad de prever un escenario económico tan adverso como el que se está presentando para el 2017 ya que la nueva conformación política en los Estados Unidos de Norteamérica traerá como consecuencia un menor volumen de las exportaciones que realizamos hacia ese país y un menor monto o cancelación de las inversiones en el nuestro lo que inevitablemente traerá como consecuencia una contracción de la actividad económica y el empleo la cual se agudizará con el incremento en el precio de la gasolina y el diésel. Lo anterior significa que todo será más caro: los alimentos, el transporte, los créditos para las personas, el financiamiento para las empresas, los insumos para el comercio y la industria que no podrán absorber los costos de los incremento y tendrán que despedir personal.

Novena. Que el incremento en el precio de los combustibles promovido desde el gobierno federal puede desbordar el descontento social el cual tiene causas muy profundas como la enorme desigualdad social, la violencia criminal y el agravio que lo gobernantes profieren a los ciudadanos por sus actos de corrupción. En el PRD acompañamos y entendemos las causas de protesta ciudadana la cual consideramos total y absolutamente legítima.

Décima. Que en el PRD no apostamos a un mayor deterioro de la frágiles condiciones de estabilidad social y económica por ello es que conminamos al Presidente de la República a reconocer y rectificar su error y dar marcha atrás en la implementación del llamado gasolinazo por lo que lo exhortamos a hacer uso de las facultades que le confiere la fracción I de artículo 89 constitucional y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal además delas prevenciones establecidas en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo expuesto y fundado se pone a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXIII Legislatura con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta al presidente de la República para que en uso de las mismas emita un acuerdo de carácter general a efecto de cancelar las disposiciones establecidas por los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2017 en relación con el incremento de los precios al público de las gasolinas y el diésel.

Dado en la Comisión Permanente, a jueves 5 de enero de 2017.

Diputados: Hortensia Aragón Castillo, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalba, Ana Leticia Carrera Hernández, Tomás Octaviano Félix, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Cristina García Bravo, Omar Ortega Álvarez y Rafael Hernández Soriano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades ambientales locales y federales a elevar las cuotas por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación, restauración y mantenimiento cuando se autorice el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y áreas verdes, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paso de los años, el país ha experimentado una transformación drástica del paisaje, con lo cual se han visto afectados de modo significativo, no sólo los elementos paisajísticos, sino fundamentalmente los ecosistemas que alberga nuestro territorio.

De acuerdo con ONU-Hábitat, el ritmo de crecimiento demográfico, así como la concentración y distribución de la población son elementos fundamentales en la configuración de las dinámicas y estructuras urbanas, por lo cual para el análisis de la evolución de las ciudades en México es necesario revisar sus tendencias.

A consecuencia de los intensos flujos migratorios del campo a la ciudad de los mexicanos que buscan en ellas oportunidades para mejorar su calidad de vida, principalmente en los ámbitos laboral y educativo, México es hoy un país eminentemente urbano, de cada 10 personas más de 7 residen en localidades mayores a 15 mil habitantes.

Al comenzar la primera mitad del siglo pasado, poco menos de 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas; para 1990 la proporción ascendió a 71 por ciento, mientras que para 2010 alcanzó casi 78.

Esta situación ha provocado que la población se distribuya de forma desigual entre asentamientos urbanos de diferentes tamaños, concentrándose fundamentalmente en las 59 zonas metropolitanas que se reconocen en nuestro país, en las cuales se desarrolla la mayor parte de la actividad económica nacional, pues ahí se generan tres cuartas partes del producto interno bruto.

Con lo anterior creció exponencialmente la demanda de productos y servicios en las ciudades pues sus nuevos pobladores requieren satisfacer sus necesidades básicas y tener acceso a bienes públicos esenciales. Este acelerado crecimiento de las ciudades generó a su vez la expansión de las manchas urbanas, las cuales han invadido terrenos con valor ecológico, afectando irremediablemente los servicios ambientales que éstos brindan.

Pese a los esfuerzos implantados para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa la conservación de los ecosistemas aledaños a las mismas, pues los constantes e injustificados cambios en el uso de suelo provocan serias alteraciones ecológicas.

El daño causado afecta no sólo los recursos naturales, como resulta evidente, sino que tiene también implicaciones para la salud y el bienestar de las personas, pues cabe recordar que las áreas verdes aportan servicios ambientales que no podrán ser sustituidos con ningún otro mecanismo artificial por más eficiente que éste sea.

Hoy, la existencia de las áreas verdes en las ciudades es de vital importancia para el desarrollo de las mismas, pues son éstas el único pulmón del cual dispone la población urbana en la mayoría de los casos. En este sentido, resulta de relevancia generar una conciencia ambiental cada vez más participativa en el conocimiento y la conservación del entorno natural.

La preservación de las áreas verdes en las ciudades se ha convertido en una preocupación no sólo de carácter institucional, sino cada vez más en una inquietud de la sociedad que enfrenta en su cotidianidad los efectos adversos que producen la proliferación de obras de construcción, principalmente para fines habitacionales, comerciales y de entretenimiento que no se apegan a los principios y criterios de desarrollo urbano sustentable, poniendo en verdadero riesgo a las zonas de conservación ambiental que rodean o están inmersas en los centros urbanos.

Estamos conscientes de que la demanda de servicios de vivienda y otros bienes y servicios generada por el acelerado crecimiento de la población en nuestro país, principalmente en las ciudades, debe ser satisfecha, sin embargo, se debe ponderar la conservación y cuidado del entorno por encima de las ambiciones económicas de los desarrolladores de vivienda y zonas comerciales.

Otro de los grandes obstáculos para la adecuada conservación de los recursos naturales en nuestro país, especialmente de las áreas con cobertura vegetal, es la presión que sobre ellos ejercen diversas actividades agropecuarias. Para nadie es un secreto que ante el aumento en la demanda de alimentos y materias primas que ha generado el crecimiento poblacional, las zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería han ido ganándole terreno a las superficies forestales.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la deforestación mundial se mantuvo en niveles altos en las últimas décadas, sobre todo para convertir los bosques a tierras agrícolas. Aunque el ritmo neto de pérdida durante los últimos 10 años ha sido menor respecto a la década anterior (1990-2000: 8.3 millones de hectáreas por año, a una tasa de 0.2 por ciento anual), la pérdida continúa siendo alta: para el periodo 2000-2005 se calculó en 4.8 millones de hectáreas anuales (a 0.12 por ciento anual) y para 2005-2010 se elevó a cerca de 5.6 millones (a 0.14 anual).1

En cuanto al caso de nuestro país, el tema de la deforestación se ha caracterizado por la disparidad en las estimaciones que diferentes fuentes arrojan sobre este problema. Tan sólo en los últimos veinte años se han generado cifras que van desde las 155 mil hasta 776 mil hectáreas deforestadas al año, como lo muestra la siguiente tabla:

No obstante la disparidad en las cifras, no deja de ser preocupante el cambio permanente de una cubierta dominada por árboles hacia una carente de ellos, cuyas principales consecuencias son la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ambientales que prestan los bosques y selvas. En este sentido, resulta necesario impulsar acciones que permitan cubrir las necesidades propias del desarrollo nacional, pero siempre con estricto respeto al medio ambiente, procurando en todo momento aplicar prácticas sustentables y logrando con ello un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la protección ambiental.

Uno de los instrumentos para lograr lo anterior, es el caso de la compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la cual tiene como propósito llevar a cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados, para que una vez lograda su rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso del suelo; entre ellos, la restauración del ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, la captura de carbono, la recuperación paulatina de la biodiversidad, la producción de oxígeno, entre otros.

No obstante la utilidad de la compensación ambiental, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la Evaluación económica de instrumentos de política: compensación de biodiversidad y la evaluación de impacto ambiental, publicada en septiembre de 2010 por el Instituto Nacional de Ecología,2 ante la falta de un marco jurídico claro y exhaustivo este instrumento funciona de forma errática y con un amplio margen de discrecionalidad. Esto es, en determinados proyectos con impactos ambientales similares, la carga obligacional en materia de compensación es excesiva mientras que en otros es insuficiente. Es decir, no hay una regla de uniformidad.

Para corregir la situación descrita, la Comisión Nacional Forestal publicó el 31 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodología para su estimación, cuyo principal propósito es sentar los criterios precisos de aplicación para el mecanismo de compensación ambiental, lo cual brinda mayor certeza tanto a sujetos obligados como a autoridades.

Pese a que lo anterior representa un avance, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos imprescindible que las autoridades encargadas de imponer las cuotas de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, eleven significativamente las mismas de modo tal que se desincentive la tala de árboles.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales, locales y federales, correspondientes a elevar las cuotas por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación, restauración y su mantenimiento cuando autoricen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y áreas verdes.

Notas

1 Véase El medio ambiente en México 2013-2014. Ecosistemas terrestres. Deforestación, Semarnat. Consultado el 3 de enero de 2017. Disponible en línea:

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/02_ ecosistemas/2_3.html

2 Disponible en

http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/2010_inst_pol_i nf1.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo.

Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Jorge Aréchiga Ávila, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar los criterios éticos, económicos y tecnológicos, y los precedentes tomados en cuenta por la Comisión Nacional de Hidrocarburos a fin de asignar a BHP Billiton la licencia para explorar el campo Trión, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , según la siguiente

Consideraciones

El 5 de diciembre del presente año mediante un boletín de prensa la Secretaría de Energía (Sener), informó que la empresa australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México se convirtió en el primer socio de Petróleos Mexicanos (Pemex) al adjudicarse el contrato de licencia para el desarrollo del campo Trion en aguas profundas.

El boletín informó que todos los contratos licitados bajo la modalidad de licencia, se han asignaron con base a la propuesta de regalías adicionales realizadas por los participantes. En esta licitación la regalía adicional de las posturas ganadoras fue de 14.3 por ciento en promedio. Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio entre 59.8 por ciento y 66.1 por ciento del valor de las utilidades de los proyectos. El contrato prevé además un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos en caso de que se observen precios de los hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos. La oferta de recursos implica que el Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización recibirá un bono inmediato por 62.4 millones de dólares, y que Pemex no deberá incurrir en gastos hasta que se hayan cubierto 1,974 millones de dólares en el proyecto.

La empresa BHP Billiton fue creada de la fusión, entre la australiana Broken Hill Proprietary (BHP) y la británica Billiton en 2001.

Billiton se fundó en 1851, en una mina de estaño ubicada en una isla poco conocida de Indonesia, isla Billiton (Belitung). Billiton se transformó en líder global del sector de minería y metales y en un importante productor de aluminio y alúmina, cromo, minerales de manganeso y aleaciones, carbón energético, minerales de níquel y titanio. Billiton también desarrolló un importante y creciente portafolio de cobre.

Broken Hill Proprietary comenzó en la mina de plata, plomo y zinc en Broken Hill, Australia. Constituida en 1885, BHP participó en el descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de mineral de hierro, cobre, petróleo y gas, diamantes, plata, plomo, zinc y una amplia gama de otros recursos naturales.

Actualmente BHP Billiton Ltd. es una de las mineras más grandes del mundo y opera en siete segmentos: petróleo; aluminio; metales básicos; materiales de acero al carbono; diamantes y productos especiales; carbón energético; y materiales de acero inoxidable. Entre los activos de BHP Billiton en América Latina figura una participación de 57,5 por ciento en la mina chilena Escondida, operaciones de mineral de hierro en Brasil, además de proyecto de cobre en Perú y de carbón en Colombia. BHP Billiton es un exportador de carbón energético y metalúrgico para la industria acerera, así como un productor de mineral de hierro, cobre, aluminio primario, manganeso y ferroaleaciones de cromo.

La firma también tiene importantes participaciones en operaciones de petróleo, gas, gas natural licuado (GNL), níquel, diamantes, plata y minerales de titanio. A partir del 1 de marzo de 2016, comenzó a regir un nuevo modelo operativo que agrupará las operaciones de la firma en tres nuevas áreas: Petróleo, Minerals Americas y Minerals Australia.

BlackRock posee 1 millón 526 mil 898 de las acciones de BHP con un valor de más de 106 millones de dólares. Asimismo posee más de 45 billones 415 mil 956 millones de acciones de Vale, con activos por 1 mil 432 millones de dólares.

La minera Vale do Rio Doce fue fundada el 1 de junio de 1942 como empresa pública del gobierno federal de Brasil, en 1997, Vale pasó totalmente a manos privadas después de que el Gobierno Federal de Brasil vendiera el 41,73 por ciento de sus acciones por un monto de 3,338 millones de dólares. Actualmente la empresa opera en los sectores de minería, logística, energía siderúrgica y petróleo, y es uno de los mayores operadores logísticos de Brasil. También es la segunda compañía minera más grande del mundo, y el mayor productor mundial de Hierro y segundo en Níquel. En el sector de la energía eléctrica, la compañía participa en consorcios y actualmente opera nueve plantas hidroeléctricas.

En 2015 ambas empresas resultaron responsables de la rotura de dos diques en un gran depósito de residuos mineros propiedad de Samarco (empresa conjunta entre Vale y BHP). El evento fue evaluado como el mayor desastre minero en Brasil. El pueblo Bento Rodrigues fue cubierto por lodo tras la rotura de dos diques.

El gobierno brasileño pidió una compensación de 43 mil millones de dólares a la empresa Samarco para compensar los daños económicos y ambientales por la ruptura de una represa en el 2015 que dejó 19 muertos y provocó un desastre ambiental de grandes proporciones.

Según el levantamiento realizado por Lindsay Land Boweker, éste es el mayor desastre relacionado con presas de relaves en los últimos 100 años, por la cantidad de desechos que fueron esparcidos. El lodo de desechos mató personas y animales, destruyó varias ciudades en el estado de Minas Gerais y, siguiendo el curso del rio Doce (el quinto mayor de Brasil), atravesó el estado de Espirito Santo, desembocando en el mar Atlántico. El cauce del rio Doce tiene 853 km de extensión y, aproximadamente, 3,4 millones de personas viven en la región. Al llegar a la boca del río, el lodo entró en el mar y hasta ahora los expertos no saben con seguridad cuál será la dirección que tomarán los relaves ni su dinámica en el océano. Se estima que el lodo podrá llegar a las playas del Caribe y afectar profundamente la vida marina, exterminando algunas especies.

No obstante, del desastre ecológico que en junio del presente año de la que fue co-responsable la empresa BPH Billiton, entrará al negocio del petróleo en México como socio de Pemex.

Por su parte, BlackRock es un verdadero titán de las finanzas internacionales por la cartera total de activos que maneja (incluyendo bancos, fondos de inversión y corporaciones). Lo más sorprendente de BlackRock se encuentra en la forma como se configura su propiedad. Entre los mayores accionistas propietarios de esta firma, se encuentran Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley y el Citigroup. Se trata de los bancos que, de acuerdo con Simon Johnson, exprincipal economista del Fondo Monetario Internacional, y James Kwak, exconsultor de McKinsley & Co, son los responsables del cataclismo económico de 2007-2008 (Johnson y Kwak, 2010). Inclusive, algunos de ellos continúan bajo investigación federal del gobierno estadunidense por malversar fondos del Programa de Alivio de Activos en Problemas, que ese país desarrollara para reactivar su sistema financiero.

Curiosamente, durante este periodo las ganancias de BlackRock se incrementaron de 2.98 billones de dólares en 2006 a 5.64 billones de dólares en 2008, es decir, 189.3 por ciento en dos años.

Una de las cuestiones más inquietantes cuando observamos a BlackRock es la red de intereses económicos y políticos que posee: exministros de finanzas, como Altman; exfuncionarios del Banco Mundial, como Abdlatif Yousef Al-Hamad, que también fue ministro de Hacienda y Planificación de Kuwait (1981-1983); antiguos directores generales de bancos, como Deryck Maughan, de Citigroup; vicepresidentes de empresas, como Dennis Dammerman, de General Electric.

Particularmente, sobresale un nombre importante para México, Ralph Schlosstein, actual director general de Lehman Brothers, que al mismo tiempo se desempeña como CEO (chief executive officer, director ejecutivo) de Evercore Patners, un broker financiero para grandes corporaciones que operan en territorio nacional bajo el nombre Protego. Ésta es dirigida en México por Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante el periodo 1988 a 1994. En 2012, Evercore adquirió el 20 por ciento de la empresa Diavaz DEP, que firmó con Pemex el primer contrato de exploración y explotación en 2008 para el campo Ébano–Pánuco con vigencia de 10 años.

Éstos son sólo algunos nombres del staff que integra BlackRock en lo que podría clasificarse como una red de tráfico de influencias y cruzamientos directivos, que tiene por objetivo asegurar la reproducción de las inversiones y los intereses de los clientes de BlackRock alrededor del mundo.

Pero, sobre todo, es un hecho que estamos observando la conexión de intereses entre el sector financiero más poderoso del planeta y uno de los monopolistas más grandes del mundo, donde el papel que ocupa México es el de una economía de tránsito que permite recomponer la rentabilidad de los grandes bloques de inversiones, mientras se extraen recursos naturales.

La designación de Isaac Volin Bolok Portnoy, como director de PMI (empresa filial de Pemex), causa expectación por su amplia experiencia laboral desarrollada en BlackRock, accionista importante en BHP, una de las nuevas socias de Pemex.

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ni sus empresas productivas ni las filiales, como es el caso de PMI, podrán celebrar acuerdos con personas con las que haya conflicto de interés.

Artículo 76. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emitirá las disposiciones a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, observando en todo momento los principios establecidos en la presente Ley, conforme a las bases siguientes:

(I-V)...

VI. Establecer políticas que regulen los casos en que la empresa se abstendrá de considerar propuestas o celebrar contratos, entre otros, con personas que:

a) Tengan conflicto de intereses con Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o sus empresas filiales.

...

Que de acuerdo a la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, señala lo siguiente:

VI. Conflicto de interés : La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Público en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Irregularidad que esta también tipificada en el Código de Ética de Pemex publicado en febrero de 2016; que en su capítulo 3. Directrices de Ética Corporativa establece que:

3.4 Conflicto de intereses

Buscamos prevenir conflictos de intereses, a fin de garantizar procesos limpios y transparentes.

El conflicto de intereses se presenta cuando por razones de parentesco, amistad, intereses patrimoniales o cualquier otra, una persona favorece intereses propios o de terceras personas sobre los de Pemex.

3.5 Relación con terceros

• Nuestras relaciones de negocio serán conducidas de acuerdo a los principios éticos de la empresa y sin anteponer otros intereses a los de Pemex.

• En nuestras prácticas comerciales se dará estricto cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anticorrupción vigentes.

• Nos comprometemos a no contratar personas o empresas proveedoras y/o contratistas que incurran en cualquier práctica que no se apegue a lo establecido en este Código.

• Fomentamos la adhesión de proveedores y/o contratistas a este Código y al compromiso de altos estándares éticos.

• El personal de Pemex es libre de participar en actividades políticas en apego a su derecho democrático, siempre y cuando las realice fuera de horarios laborales, instalaciones, sin utilizar bienes de la empresa y sin hacer referencia a su relación con Pemex.”

El acatamiento del Código de Ética del servicio público, es considerado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entrara en vigor en julio de 2017, que establece en el artículo 16:

Artículo 16 . Los servidores públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

No obstante, éste criterio que ya existe en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos aún vigente, la cual establece en el artículo 49, que:

Artículo 49. La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la ley, emitirá un Código de Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad.

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate.

Es decir, todos los funcionarios de la administración pública federal y las empresas productivas del Estado, están obligados a seguir el código de ética del servicio público.

De la transcripción anterior se desprende que todo funcionario público debe acatar el código de ética del servicio público, el cual marca como una irregularidad administrativa, el conflicto de interés.

Por su parte, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, establece en su artículo 1, que la son materia de revisión y fiscalización todas las situaciones irregulares que se denuncien dentro de ejercicio fiscal en curso o en anteriores:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.

Así, es materia de la Auditoría Superior de la Federación investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas, las irregularidades en la designación del director de PMI por su experiencia laboral desarrollada en BlackRock y de la asignación de la licencia de explotación del campo Trion a la empresa BHP Billiton, por no considerar el desastre ecológico en Brasil en junio de 2016, desastre de la que fue co-responsable la empresa BPH Billiton.

Criterio fundamental establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Por lo antes expuesto pongo a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una auditoría sobre los criterios que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tomó en cuenta para asignar la Licencia a la empresa BHP Billiton para explotar el campo Trion.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía no entregar la Licencia referida en el resolutivo anterior a la empresa BHP Billiton hasta que la Auditoría Superior de la Federación entregue a esta Soberanía el informe solicitado

Tercero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación emita, en el ámbito de sus atribuciones, una opinión jurídica respecto a la designación del director de PMI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para discutir, analizar y, en su caso, aprobar acuerdos en materia económica que garanticen un subsidio a las gasolinas en el país durante 2017, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de discutir, analizar y, en su caso, aprobar los acuerdos en materia económica que garanticen un subsidio a las gasolinas en el país durante el año 2017, con base a los siguientes:

Considerandos

En días pasados, el Ejecutivo federal anunció el incremento a las gasolinas que se distribuyen en el país, dicho incremento oscilará alrededor de un 20 por ciento de incremento con referencia al establecido actualmente.

Esta noticia trae consigo la aplicación de una política económica fortalecida por el Poder Legislativo Federal a través de la aprobación de la Ley de Ingresos para el año próximo, pero desafortunadamente no sólo se trata de una mala estrategia proyectada por el partido en el poder, sino también es consecuencia de un entorno desfavorable producto de una depreciación del peso frente al dólar además del alza en las cotizaciones del petróleo a nivel mundial.

Es de resaltar la inconformidad de millones de personas quienes prevén un escenario peor en la economía de las familias debido a tal incremento en las gasolinas, pues indudablemente se encarecerán todos los productos de consumo diario, principalmente aquellos de la canasta básica y sin medida ni clemencia serán castigados aún más los hogares más necesitados.

Haciendo memoria debemos dejar en claro que el Gobierno Federal encabezó un esfuerzo impresionante por traer al país una nueva política energética, hoy consolidada en la reforma energética,1 donde únicamente hemos podido observar que no se logra brindar un mecanismo que garantice una lógica de producción de energías de fuentes renovables y amigables al ambiente como lo fue tan pregonado desde la expedición de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.2

Esto por desgracia lo único que ha provocado es que se siga alentando la producción y el consumo de energéticos de origen fósil o mejor dicho de otra manera, de fuentes no renovables. Lejos de llevar a cabo el refrendo a la promoción y el subsidio a otras alternativas de producción de energéticos, para el interés que hoy nos ocupa, no sólo se espera el alza en los precios de las gasolinas, sino también del gas y demás productos extraídos del petróleo. Tema por demás controvertido pues se prefiere lacerar aún más el bolsillo de los consumidores que pagar los costos de una importación costosa de gasolina.

Hace ya una legislatura que se viene escuchando que la reforma energética traería buenos resultados para los mexicanos. Por el contrario, en este momento estamos viviendo momentos de crisis por el contexto político-económico internacional, pero además por la represión del propio gobierno sobre la población.

Hasta la fecha no se ha sabido mínimamente de la aplicación de precios bajos en hidrocarburos gracias a la reforma energética; las gasolinas y el diésel principalmente se encuentran muy caras y por si no bastara hoy se anuncian nuevos incrementos para los primeros días del 2017.

Para rematar, en voz de diversos funcionarios públicos la propuesta de un nuevo subsidio queda lejos a conveniencia de la recaudación que tendrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a que se argumenta que sólo un aproximado al 20 por ciento de la población sería la que resultaría beneficiada.

Contrario a ello, en diversas ciudades del país ya se dejan ver manifestaciones, existe un descontento generalizado y prevalece una enorme especulación; mucho se sabe que quienes resultarán únicamente beneficiados con estos incrementos de precios son los sectores pesqueros y agrícolas, sin embargo las millones de familias que apenas pueden con sus gastos de manutención diaria se están viendo amenazadas por estas medidas.

Se sabe que el aumento será graduable, que habrán precios máximos por regiones y que no todas las ciudades del país sufrirán al mismo tiempo el alza, sin embargo se vive un clima de inestabilidad social ya que todos y de alguna manera sentiremos las repercusiones del incremento del precio a la gasolina.

Sin duda el incremento del precio de la gasolina aumentará la inflación y con ello el serio problema de afectar directamente a la clase más pobre del país, desafortunadamente son ellos quienes más consecuencias tendrán lejos de encontrar un apoyo del gobierno para no sufrir tan dura carga.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano abogamos por un esquema que amortigüe el impacto del incremento de precio en las gasolinas principalmente pensando en los sectores más vulnerables de la población del país.

Proponemos que sea abierta la discusión sobre la implementación de un subsidio a la gasolina y el diésel en condiciones similares a las que se tenía hasta 2015, esto con la finalidad de contener los altos costos que los consumidores directamente tendríamos que cubrir a consecuencia de lo caro que se nos vende la gasolina desde el extranjero, de las fuertes inversiones de forma masiva para la exploración y explotación del petróleo; de esta última hablamos de 114 mil millones de dólares para tales fines.3

Es necesario tomar en cuenta que los mexicanos dependemos de proyectos gubernamentales sanos, que apunten a políticas de fomento productivo con las que se pueda garantizar el crecimiento económico en el mediano y largo plazo de tal suerte que no se vean comprometidas las capacidades productivas del presente y sin medidas retroactivas como esta que pongan en riesgo la estabilidad económica de millones de familias.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio será el día miércoles 11 de enero de 2017 y concluirá una vez que se desahogue el asunto por el cual se convoca.

Segundo. El asunto que se discutirá en la Cámara de Diputados será: la aprobación de los acuerdos en materia económica que garanticen un subsidio a las gasolinas y el diésel en el país durante el año 2017.

Tercero. El asunto que se discutirá en la Cámara de Senadores será la ratificación de los acuerdos en materia económica que garanticen un subsidio a las gasolinas y el diésel en el país durante el año 2017.

Notas

1 Peña Nieto Adelanta Plazos de la Reforma Energética. Economía y Finanzas. Revista Forbes México, Portal Electrónico. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/pena-nieto-adelanta-plazos-de-la-reforma-energ etica/#gs.OYOhGTI

2 Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Secretaría de Gobernación. Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013

3 Petroleras, con 114 mil mdd para encender la Ronda Uno en México. Empresas, Diario el Financiero. Disponible en:

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/petroleras-con-1 14-mil-mdd-para-encender-la-ronda-uno-en-mexico.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los cuatro días del mes de enero de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a realizar acciones para atender y resolver la pronta liberación del joven estudiante mexicano detenido en Riga, capital de Letonia, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, los familiares de Daniel Reynoso, quien es estudiante de ingeniería mecánica eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus estado de México, radicado en Riga, Letonia, y quien se encuentra detenido en un centro de reclusión de esta ciudad, aseguraron que el joven fue detenido de manera injustificada y que violaron sus derechos humanos, por lo que exigen su liberación inmediata.

En entrevista con El Universal, Luis Alberto Reynoso, padre del joven estudiante, manifestó que su hijo viajó a ese país desde agosto pasado en un intercambio escolar a la Universidad Técnica de Riga, gracias a su buen desempeño escolar.1

Sin embargo, el estudiante mexicano Daniel Reynoso de 23 años fue detenido el pasado 20 de diciembre del 2016 acusado por presuntamente no saldar la renta de un departamento, y sustracción de una tarjeta de crédito.2 , no obstante, los policías nunca se identificaron, no mostraron orden de aprehensión y le quitaron su pasaporte al estudiante mexicano, y actualmente el joven estudiante mexicano está pasando un tiempo encarcelado en la etapa de investigación que no es justificable.3

A pesar, que han tenido el apoyo de Carlos Arredondo, cónsul de México en Letonia, así como de la embajada de México en Suecia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en ningún momento las autoridades judiciales de ese país se pusieron en contacto con algún diplomático mexicano para informarle de la situación del connacional.4

Si no es por su novia, con la que estaba cuando fue aprehendido, no hubiéramos sabido de su detención. Las autoridades nunca llamaron al consulado, ni a la embajada o algún diplomático mexicano. Violaron sus derechos humanos. Supimos gracias a que su novia se puso en contacto con el cónsul mexicano de aquí y a que él se puso a investigar en dónde, cómo, por qué lo detenían y por qué no le habían dado informe a él inicialmente, brindando su apoyo al joven estudiante y su familia.5

Pese a lo anterior, al estudiante le fueron violados varios derechos humanos, porque además de no haber informado a las autoridades diplomáticas mexicanas, el joven firmó documentos que nunca entendió y no se le han podido suministrar medicamentos para la hipertensión que padece, de acuerdo a lo manifestado por el padre del joven estudiante mexicano.6

Mi hijo es hipertenso, toma medicamentos, los cuales no nos han permitido que se le suministran. Según que las medicinas se las iba a dar el médico interno, pero al parecer no se las han dado de la forma adecuada. Nada más le han dado unos medicamentos, pero no en su totalidad como debe ser y como le fueron recetados por el médico.7

El padre del joven manifestó que los expertos del buffet de abogados que contrató le han indicado que tendrán que indagar todo lo sucedido, por lo que la investigación podría llevarse hasta dos meses. Debido a esta situación, a pedido más apoyo por parte del gobierno mexicano para poder liberar a su hijo y resarcir el daño que les ha ocasionado esta situación, la cual califica como una injusticia.8

Pido más apoyo para poder liberar a mi hijo, que es lo que más quiero, quien está de manera injusta privado de su libertad. Estos días han sido horribles. Después quiero buscar que me ayuden a ver la manera de que me puedan regresar los gastos, los cuales han sido y son muy fuertes.9

En un comunicado, la cancillería informó que está brindando asesoría y apoyo legal al estudiante mexicano y detalló que el joven enfrenta cargos por presunta sustracción de tarjeta de crédito, delito por el cual las autoridades letonas determinaron mantenerlo bajo arraigo precautorio, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y concluir el caso.10

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró que debido a que no hubo notificación consular y a que la embajada de México en Suecia no fue informada en su momento de la detención, se solicitó, a través del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia, información sobre el caso a las autoridades policiales y responsables de la investigación. Además se entregaron notas verbales a los Ministerios de Justicia e Interior de Letonia.11

Así, la secretaría confirmó que desde el primer día de la detención, el cónsul y la encargada de negocios en la embajada de México en Suecia, así como la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, han mantenido una permanente comunicación con Reynoso, sus familiares y las autoridades letonas, manteniendo su firme apoyo en la defensa del connacional, así como se solidarizan con sus familiares.12

En este sentido, es importante también tener en cuenta y destacar que las autoridades de ese país no avisaron al consulado mexicano sobre su detención, y a la fecha las autoridades de Letonia no les han proporcionado ningún tipo de información que demuestre que el joven estudiante es culpable y sus familiares afirman que no han podido ver ni hablar con su familiar de ninguna forma desde que fue arrestado el pasado 20 de diciembre de 2016.

El estudiante, según el informe, además es hipertenso, y ya ha firmado papeles en otro idioma que no reconoció. Aunado a que, sólo el abogado, contratado por la familia y el cónsul de México en Letonia, Carlos Arredondo, ha podido verlo.

Es entonces, que este jueves 5 de enero del presente año, cumple quince días desde que fue privado de su libertad sin que el gobierno de Letonia hasta la fecha haya demostrado evidencia alguna para justificar su detención, esta privado de su libertad sin pruebas, y basados en suposiciones y siguen prolongando la fecha en la que podrían liberarlo.

Ante este panorama, se hace necesario hacer un llamado a las autoridades en Letonia, y organismos internacionales, y sobre todo a las autoridades mexicanas para que puedan ayudar a la familia de Daniel Reynoso, estudiante del Tecnológico de Monterrey campus estado de México, que se encuentra actualmente preso en Riga, Letonia, a resolver su pronta liberación, ya que esta situación es injusta, fuera de la legalidad y donde es notoria la falta de ética y evidente la violación a los derechos humanos de Daniel.

Puesto que, durante su detención, la cual se realizó sin orden de aprehensión, se violaron diferentes disposiciones establecidas en la Convención de Viena, ante estos hechos anteriormente expuestos, es por lo que elaboro el presente exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad apoye en el proceso legal y se dé solución a esta situación que atenta contra los derechos humanos de este joven estudiante mexicano.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consular a favor de nuestro connacional y se dé solución a su situación que atenta contra sus derechos humanos y se dé su pronta liberación, asimismo, que a través de los canales diplomáticos correspondientes, se solicite la información sobre connacionales presos en Riga, Letonia.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los mexicanos en Letonia que se encuentren recluidos en este lugar.

Notas

1 Pedro Viña y Caña, Acusan violación a derechos de mexicano en Letonia, EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional SA de CV, Agencia de Noticias de El Universal, 31/12/2016, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/12/31/acus an-violacion-derechos-de-mexicano-en-letonia.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Familiares no han podido ver a mexicano detenido en Letonia, El Grupo Milenio, Milenio Digital, 3 de enero de 2017, 10:45 am, Ciudad de México, http://www.milenio.com/policia/daniel_reynoso_lesperance-mexicano_deten ido_letonia-riga-tarjeta-milenio-noticias_0_877712315.html

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Denuncian detención arbitraria de mexicano en Letonia, cumple nueve días privado de su libertad sin que el gobierno de Letonia haya demostrado evidencia alguna para justificar su detención, periódico El Financiero, redacción 29 de diciembre de 2016, última actualización 29 de diciembre de 2016,

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/denuncian-detencion -arbitraria-de-mexicano-en-letonia.html

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar por la Secretaría de Economía, vía la Profeco, los instrumentos, las acciones y las campañas a que hubiere lugar contra el alza injustificada de los productos de la canasta básica derivada del aumento de los precios al público de los combustibles, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía vía la Procuraduría Federal del Consumidor para que, desde el ámbito de su competencia, se sirva implementar los mecanismos, acciones y campañas a que hubiere lugar, contra el alza injustificada de los productos de la canasta básica derivada del aumento en los precios al público de los combustibles, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En Encuentro Social estamos resueltos a continuar defendiendo los legítimos intereses y la calidad de vida de todos los mexicanos; es por ello que, sin perjuicio de reconocer que los subsidios a los combustibles eran una medida insostenible y regresiva que beneficiaba en poco o nada a las personas y las familias que menos tienen, del mismo modo utilizamos las vías legales e institucionales de que disponemos, en tanto integrantes del Estado Mexicano, para paliar los efectos que el ajuste habrá de traer consigo y evitar daños colaterales indeseados e injustos.

Después que, durante años, los controles de precios se ligaran a subsidios que distraían recursos valiosísimos para tareas de infraestructura y desarrollo social y mantuvieran situaciones económicas artificiales que ampliaran la brecha entre ricos y pobres, sin la más elemental observancia de las leyes del mercado, desde hace al menos un par de paquetes económicos, las mayorías parlamentarias aprobamos medidas que fueron del puntual y absoluto conocimiento de 628 legisladores de ambas cámaras y que se encaminaban a la reducción hasta la desaparición de subsidios al costo de los combustibles y su inminente liberación.

Hoy, que actores políticos se deslindan y fingen llamarse a sorpresa de lo que, reiteramos, fue del oportuno conocimiento de todos los Diputados y Senadores, en Encuentro Social aportamos propuestas y vamos más allá de las protestas, diferenciando aquéllas cuyo origen y vocación ciudadana respetamos por su independencia de intereses electorales y cortoplacistas, los que, por desgracia, están ostensiblemente detrás de otras movilizaciones, respecto de las que guardamos una distancia crítica por su tendencia manipuladora.

Sabedores que el incremento en los precios de los combustibles habrá de impactar necesariamente en el costo de la canasta básica, en Encuentro Social tenemos igual claridad en el hecho que, aprovechando la confusión inicial de los ajustes transitorios y su impacto en la economía y competitividad nacionales, habrá proveedores de bienes y servicios que buscarán detonar y potenciar injustificadamente los efectos razonablemente esperables de la liberación aludida.

Actualmente, la medición mensual de los precios de los productos de la canasta básica, alimentaria y no alimentaria, corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus componentes; así se registran las variaciones que se presentan en los precios de los productos y un desglose detallado.

En los últimos días, con el pretexto del alza en el precio de los combustibles, se ha reportado un alza injustificada de hasta un 10 por ciento en muchos de los precios de los productos de la canasta básica, generando una tensión mayor a la esperada en la relación salarios-inflación.

Así, baste recordar que el pasado 1 de diciembre de 2016 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), decidió elevar el monto del salario mínimo de 73.04 a 80.04 pesos diarios, incremento que entró en vigor el 1 de enero de 2017; el efecto del alza, si alguno, quedó pulverizado con los aumentos injustificados a la canasta básica, alejando la situación del añorado ideal de ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los mexicanos.

De este modo, una persona que percibiera el salario mínimo estaría recibiendo 2 mil 401.2 pesos, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Coneval. A continuación se muestran los contenidos y valores de las canastas alimentarias de zonas rurales y urbanas, así como el contenido y valor de la canasta no alimentaria de zonas urbanas y rurales a noviembre del año 2016.1

Al mismo mes y año aún no operaba el nuevo monto de 80.04 pesos y con el salario mínimo, vigente entonces, de 73.04 pesos, se podría abarcar con mayor solvencia la canasta alimentaria urbana ya que el valor mensual por persona era de mil 355.72 pesos; con mayor razón, era más accesible la canasta alimentaria rural, toda vez que el valor mensual por persona arrojaba 969.53 pesos.2

No obstante lo anterior, mención aparte amerita, a continuación, la canasta básica no alimentaria, que de igual forma es fundamental para la calidad de vida de las familias mexicanas, en la que sus componentes principales son el transporte público, educación, vivienda y cuidados de salud.

Se observa que, con el anterior salario mínimo, al mes una persona estaría recibiendo 2 mil 191.20 pesos, con lo cual ya era imposible cubrir el monto total de la canasta básica alimentaria más la no alimentaria en su dimensión urbana, la cual resultaba en un monto de 2 mil 748.64 pesos.3

Entendemos que con la reciente alza en el precio de los combustibles, todos estos productos tenderán a subir de igual manera, con lo cual, el nuevo monto de salario mínimo de 80.04 pesos diarios quedaría muy por debajo con relación a los nuevos precios de la canasta básica, ya alimentaria y/o no alimentaria, rural o urbana.

En tal sentido, para Encuentro Social, la adversidad debe ser enfrentada, desde el Estado Mexicano, para bien de la sociedad y con honestidad política e intelectual; no resulta entendible, entonces, pretender contralegislar el paquete económico de 2017 o de 2016 sólo para evadir las necesarias responsabilidades que el caso amerita, ignorando las herramientas con que el gobierno federal cuenta para implementar las medidas indispensables, a fin de evitar que las familias mexicanas resientan efectos arbitrarios e injustos de una situación transitoria de ajuste con límites y alcances esperables y razonables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo , al tenor del siguiente resolutivo:

Único. Esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía vía la Procuraduría Federal del Consumidor para que, desde el ámbito de su competencia, se sirva implementar los mecanismos, acciones y campañas a que hubiere lugar, contra el alza injustificada de los productos de la canasta básica derivada del aumento en los precios al público de los combustibles.

Notas

1 Tabla realizada por el Coneval, Evolución de las líneas de bienestar y de la canasta alimentaria, consultado en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-can asta-basica.aspx

2 Tabla realizada por el Coneval, Evolución de las líneas de bienestar y de la canasta alimentaria, consultado en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-can asta-basica.aspx

3 Tabla realizada por el Coneval, Evolución de las líneas de bienestar y de la canasta alimentaria, consultado en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-can asta-basica.aspx

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, enero 5 de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a los titulares de la SHCP y de Pemex a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a cargo del senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, senador Carlos Manuel Merino Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exponer los fundamentos que el Ejecutivo tuvo para emitir la decisión de elevar los precios de las gasolinas y aplicar la liberalización del comercio de las mismas en las modalidades y plazos establecidos en la circular 193 y siguientes de la SHCP, de fecha 27 de diciembre pasado, así como los efectos económicos y sociales que desencadenan tales medidas. Asimismo, se cita al licenciado José Antonio González, titular de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del estado, para que explique la situación que guardan los procesos de producción, comercio exterior e interior de las gasolinas y las medidas a adoptar para salvaguardar la integridad de la empresa y proveer una respaldo eficiente y sostenible a la planta productiva nacional y, en general, a los consumidores residentes en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los partidos políticos que firmaron el eufemísticamente llamado pacto por México quedaron al descubierto sobre quiénes son sus verdaderos patrones y han dicho hasta el cansancio que el agresivo aumento de precios a las gasolinas y el diésel no es consecuencia de la mal llamada reforma energética de 2013 sino a la subida del precio del dólar y el barril del petróleo unos, y a la reforma fiscal otros, cuando la realidad es que se debe a la planificada entrega del patrimonio nacional a manos del capital privado nacional y extranjero, el cual ha sido uno de los golpes más perversos a la soberanía del país.

El afán de entrega de los bienes nacionales es lo que delata a estos partidos políticos, quienes permitieron que los apetitos privados, sobre todo externos, dicten, mediante la liberalización de precios de los energéticos, la sujeción definitiva de nuestro modo de vida a lo que establezcan los mercados internacionales: que compre quien pueda, que se enriquezcan los importadores y comercializadores oligopólicos, que el gobierno se devalúe en casta de vividores de impuestos parasitarios, regalías ridículas, permisos y contratos que sólo funcionarios y mercaderes pactan sin verdadero control institucional.

Porque las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las empresas productivas del Estado, apuntaladas con los organismos reguladores no son sino la explosión de una muy repetida cauda de “ajustes” de precios -siempre al alza-, producidas desde la gran inflación de 1971 y los incontables que se han aplicado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Ambos gobiernos, que sin imaginación y respeto por la población trabajadora y consumidora, siempre con la falsa retórica del bienestar para la mayoría pero con resultados contrarios, asestan sacrificios una y otra vez a toda la población, no sólo a los consumidores directos de las gasolinas y la electricidad sino a las que dicen defender, a los más de 60 millones de pobres del país.

La gente se opone al incremento desmedido y abarcador de precios de los energéticos, en este país con todavía abundantes recursos naturales, no sólo porque lesiona por enésima vez sus precarios salarios, pues incluso para las clases de ingresos media y alta les es de un autoritarismo inaceptable el enviarles el mensaje “al cabo a ustedes les sobra dinero”, en lugar de que el gobierno demuestre probidad en el manejo del gasto, agilidad y eficiencia en sus responsabilidades constitucionales por enésima vez deciden ajustar a los más pobres y a la cada vez más menguada clase media.

Son muy diversas las situaciones en que la postura oficial elude u oculta información en temas de interés nacional, casi siempre bajo el manto de la corrupción, el de la materia energética no es la excepción, no obstante las consecuencias de la reforma constitucional y leyes secundarias aprobadas por el PRI y el PAN no eran difíciles de prever, y son las siguientes:

1. El aumento de las gasolinas, el diésel, el gas y las tarifas eléctricas sí es una etapa esperada de la Reforma Energética aprobada por el PRI y el PAN en el Congreso, aquí se ocultó la información verídica de principio a fin. Achacar otros motivos es tratar de eludir los costos políticos de su actuar.

2. Las finanzas públicas están más quebrantadas de lo que menciona el gobierno, principalmente por la corrupción y el mal manejo del gasto, lo cual es un elemento de la subida de precios de la gasolina, para captar recursos adicionales.

3. Esta agresiva política de precios, simultánea y voraz, no es acorde con en el contexto de recesión de la Economía, ya que ahora ésta se profundizará y ampliará, elevará la inflación y el desempleo lo cual es contrario al proceso de ¨inversión productiva¨ justificado por el gobierno.

4. La decisión de adelantar el aumento de los precios fue de naturaleza política más que económica, de cara a la elección del 2018.

5. Se adelantó el aumento sin considerar la capacidad real de logística y distribución de la gasolina en las diferentes regiones del país, lo que propicia escasez en algunas zonas y la alegría de los operadores en el mercado negro.

6. El precio de los combustibles respecto al salario es de los más altos en el mundo, por lo que es una gran mentira que se tienen precios “competitivos”; y

7. El sector agropecuario será uno de los más afectados, tanto en la producción como en la comercialización ya que los precios de los combustibles en las regiones rurales establecidas por la Comisión Reguladora de Energía son más altos.

Forma y fondo inaceptables. Hay un estilo en la administración moderna y asertiva: el de la objetividad del terreno en que se sitúa, el de la verdad en los argumentos y propósitos y en el respeto por el bienestar general como fuerza mandante, esos son los gobiernos que valen lo que cuestan, que ganan credibilidad, que construyen una sociedad próspera y pacífica.

A partir del mes de febrero el gobierno establece -de hecho- una escala móvil de precios de las gasolinas para que los pobrecitos inversionistas particulares no se vayan a descapitalizar, en principio para que vean que el inocente mercado de consumidores mexicano es jugoso y apacible.

Ya que los gobiernos del PAN y del PRI tiraron por la borda el “bono fiscal”, de más de 50 años en que la sociedad se quejaba pero entendía los por qué de la creación de nuevos impuestos y la elevación de tasas y tarifas públicas, ahora el gobierno recurre a manipular el IEPS para tener un piso seguro en la Ley de Ingresos.

Lo más grave es que el gobierno federal carece de un modelo sano para afrontar los desafíos del nuevo contexto mundial. Son varios los riesgos ya cercanos que impactarán los márgenes del gobierno y la población mexicana, como la posible contracción del comercio internacional, la elevación del costo de los préstamos, la presión migratoria y la difícil inversión global.

Mala forma de prepararse ante las fuertes presiones que vienen, incluso puede calificarse de insensata por quienes empujan el macro-gasolinazo de año nuevo, toda vez que el único interés es el desmantelamiento de Pemex y la consabida entrega de los bienes nacionales.

Por estas razones, es conveniente escuchar de viva voz de los titulares del sector energético de México los datos duros que les llevaron a tomar tan graves decisiones, la manera en que suponen recuperar la estabilidad de las relaciones mercantiles y sociales que ha costado mucho tejer, en qué forma México podrá recuperar su seguridad y soberanía energética, alimentaria y financiera, pues todas ellas son interdependientes.

El Ejecutivo hizo a un lado, en 2013 y 2014, al Congreso en la orientación de la política energética del país, enviando la directriz de modificar 21 leyes reglamentarias además de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales que hoy queda probado NO SIRVEN AL INTERÉS DE LOS MEXICANOS.

Exigiremos respuestas claras y decisiones legítimas. O reconocen los errores y su corrección o el pueblo mexicano ejercerán sin contemplaciones su Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, a que comparezca ante el pleno de ésta, a efecto de que fundamente las razones económicas y sociales en que se basó el gobierno de la República para anticipar su programación energética, la política de precios en materia de gasolinas y el impacto que las alzas anunciadas tendrán en los sectores económicos así como en la carestía generalizada que de ello se deriva.

Segundo. Esta soberanía, a través de su Comisión Permanente, cita respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, licenciado José Antonio González Anaya, a que comparezca ante el pleno de la misma, a efecto de explicar el grado de fortaleza que guarda la empresa productiva del Estado bajo su dirección, las reales condiciones de competencia que actualmente existen en la industria, las causas del declive productivo de Pemex y las razones de la baja refinación nacional de los hidrocarburos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, como máximos órganos reguladores del sector energético, a colaborar con objetividad y legalidad con el gobierno federal así como con los usuarios en la búsqueda de economías y abasto en favor de la planta productiva nacional y de los consumidores residentes en el país. Específicamente se sugiere considerar las propuestas de desarrollo energético de los técnicos y profesionistas en activo y jubilados de Pemex, del Instituto Mexicano del Petróleo y procesar debidamente –junto con el Congreso Mexicano– las demandas de la ciudadanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Senador Carlos Manuel Merino Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de peaje del tramo carretero Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa, en Veracruz y Puebla, suscrita por el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Yunes Landa, senador de la República en la LXIII Legislatura, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

El estado de Veracruz cuenta con una geografía muy particular, ya que, a pesar de ser el undécimo estado con mayor extensión territorial, contando con 71,826 kilómetros cuadrados, cuenta con 720 kilómetros de litoral. El estado colinda con diversas entidades federativas, al norte con Tamaulipas, al sur con Tabasco, Chiapas y Oaxaca y al poniente con Puebla, Hidalgo y San Luís Potosí. Internamente, la división territorial del estado es de 212 municipios y está conformado por 7 regiones con características muy peculiares, tanto de relieve como climatológicas, que hacen de este territorio uno de los más ricos y diversos del país.

De ahí que sean las carreteras uno de los factores más importantes para incentivar el desarrollo económico y social de nuestra entidad y del país.

Es importante destacar que el 97 por ciento del total de pasajeros que se desplazan en el país lo hacen por la vía terrestre, al igual que el 56 por ciento del total de la carga nacional.

Al ser dicha infraestructura carretera la columna vertebral del transporte en México y, desde luego, en Veracruz, es importante que tanto su construcción como su mantenimiento se planifiquen de forma estratégica, con el fin de potenciar el crecimiento económico y mejorar la capacidad de movilidad de la población.

Para Veracruz, es esencial que las condiciones de sus caminos sean las mejores posibles pues es una entidad que, por su ubicación geográfica, realiza actividades económicas primarias y secundarias que abastecen a otros estados del país, por lo que transitan camiones de carga pesada que llevan, preponderantemente, las producciones de las cuales dependen el sustento de muchas familias mexicanas.

Veracruz es también un estado con gran potencial turístico que es visitado por nacionales y extranjeros, pero que, por ahora prefieren no transitar por algunos puntos de la entidad debido a las condiciones en las que se encuentran las carreteras que ponen en peligro sus vidas, perjudicándose así la imagen de la entidad y a las familias cuyos ingresos dependen de este importante sector.

Ante el incremento en el costo del peaje del tramo carretero en comento, traigo a colación la proposición con Punto de Acuerdo que presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente el 28 de abril de 2015, debido, entre otras presuntas irregularidades, que presentaba la autopista “Perote - Banderilla y Libramiento Xalapa” , particularizando que el cobro de la tarifa no era el adecuado de acuerdo a las medidas geométricas de la vía.

Cabe mencionar, que la concesión del tramo de la autopista “Perote - Banderilla y el Libramiento Xalapa” fue otorgado a la empresa Concesiones Autopista Perote Xalapa, SA de CV, inicialmente, como una carretera tipo “A2” que posteriormente se modificó, junto con la ampliación del tiempo de la concesión, para que fuera una autopista tipo “A4” . Sin embargo, la autopista presumiblemente sigue sin cumplir con las características dimensionales correspondientes a una carretera tipo “A4” , debido a que cuenta con medidas menores a las requeridas para una vía de este tipo. Si bien la geografía por la que cruza es muy variada, el trazo que se le dio a este tramo y por no contar con las correctas características dimensionales, se genera un peligro para los usuarios, ya que cuenta con curvas y pendientes muy pronunciadas.

La importancia de este tramo carretero deriva de que es una de las carreteras de mayor concurrencia del estado, ya que conecta al Centro del mismo de forma directa con los estados de Tlaxcala y Puebla, vías necesarias para llegar a la Ciudad y al Estado de México.

Debemos recordar que ante las altas tarifas y los aumentos generados en los últimos años en las dos casetas de peaje ubicadas en este tramo carretero, las autoridades locales y estatales se vieron obligadas a crear medidas especiales para que los camiones de carga circularan por este tramo y evitaran transitar principalmente por avenidas de la ciudad Capital de Xalapa, Ver. Cuyas funestas consecuencias están ampliamente documentadas.

Aunado a lo anterior, nos toma por sorpresa el hecho que la operadora de la autopista “Perote - Banderilla y Libramiento Xalapa” haya realizado, a partir del 1 de enero de 2017, un aumento de $15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.) en la caseta ubicada en el tramo “Perote - Banderilla” .

Al respecto, es importante tomar en cuenta que para el caso de las carreteras y autopistas concesionadas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la encargada de fijar las cuotas que tienen permitido cobrar las concesionarias.

De ahí que al consultar, el día de hoy, el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este fija el cobro para dicho tramo carretero, en el caso de automóviles, por un total de $259.00 (doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), como se desglosa a continuación:

Tomando como referencia la tabla que tiene como tarifa vigente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el costo total que tendría que cobrar la concesionaria por el tramo “Perote-Banderilla” debería ser de $124.00. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2017 el precio por cruzar esta caseta es de $139.00, es decir, $15.00 más que lo estipulado por el órgano rector.

En tal virtud, este punto de acuerdo tiene como objetivo manifestar las posibles irregularidades que puedan afectar a la población del estado de Veracruz, que represento ante el Pacto Federal, al igual que los turistas y usuarios que nos visitan y lo transitan.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de cobro de peaje correspondiente al tramo carretero de “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de enero de 2017.

Senador Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a comparecer ante la Comisión Permanente al director general de Pemex y el secretario de Energía para abordar el tema de desabasto de gasolina y diésel en el país, a cargo del senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Fernando Torres Graciano, senador de la república en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1 fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno, para su discusión y, en su caso, aprobación, proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a que comparezcan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los ciudadanos José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos; y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, para que aborden el tema de desabastos de gasolina y diésel en el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), denunció que durante la primera quincena del mes de diciembre de 2016, en la zona metropolitana de Guadalajara se registró escasez de gasolina Premium en algunas estaciones de servicio. Asimismo, indicó que Querétaro, Puebla, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, registraron problemas de escasez de gasolina Magna.1

Para el fin de semana del 23 al 25 de diciembre de 2016, se reportó desabasto de gasolina en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Durango y San Luis Potosí.2

Para el último fin de semana de 2016, Pemex informó que se registró desabasto de gasolina en diversas estaciones de servicio, principalmente en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y en algunos municipios del estado de México.3

Por ejemplo, el último fin de semana de 2016, de las 283 gasolineras que operan en Puebla 150 quedaron sin servicio debido al desabasto de combustible, lo anterior de acuerdo con Rafael Zorrilla Alanís, presidente de la Organización Nacional de Expendedores del Petróleo, AC.4 Y prevé que el desabasto continúe en la entidad, aunque para el martes 2 de enero de 2017 afirmó que eran alrededor de 50 las gasolineras sin ofrecer servicio por falta de combustible.5

El presidente de Amegas afirmó el pasado 2 de enero que hasta el momento sigue el problema de desabasto en el país, reflejándose en la mitad de los estados.6

Problemas de desabasto como el que se ha descrito en los párrafos anteriores, no es nuevo y tiene antecedentes muy recientes. Por ejemplo, en enero de 2015 se reportaba que por lo menos en 12 estados del país se reportaba desabasto de gasolina, derivado de la ordeña de ductos y la inseguridad, siendo los afectados Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Puebla y Tlaxcala.7

En julio de 2015 nuevamente se registró desabasto de combustibles en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua, debido a la falla de un nuevo sistema de facturación, el mantenimiento de las refinerías de Cadereyta y de Salamanca, y las tomas clandestinas en los ductos.8

El desabasto de combustible, que se presentó en 2016 a partir de diciembre, tiene algunos elementos recurrentes, las tomas clandestinas en los ductos, las fallas técnicas que se presentan en los ductos, nuevo mantenimiento a las refinerías del país, sumándose un factor importante, la especulación de los precios, conforme a la política de liberación gradual de los mismos, en dónde en los primeros meses del presente año, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la encargada de fijar los precios máximos al consumidor final, para posteriormente ser fijado por las reglas del libre mercado, esto es, a través de la oferta y la demanda.

Reconociendo que el uso de combustibles fósiles en nuestro país, como la gasolina y el diésel, son factores clave en la productividad de las diversas actividades económicas, y en la que se presenta una demanda que va en ascenso, no es sano para el país que se sigan presentando problemas de desabasto de combustibles.

El desabasto de combustibles es un detonante que genera una cadena de complicaciones para la economía y bienestar de la nación, los combustibles son indispensables para el buen funcionamiento de las cadenas productivas de las diferentes actividades económicas del país, desde las actividades agrícolas hasta la prestación de bienes y servicios, por lo que se podría ver afectado no sólo la generación de empleos, sino la permanencia de ellos.

Asimismo, la falta de combustibles, podría mermar algunas de las tareas que tiene que cumplir el Estado, como el brindar seguridad a través de patrullajes, la recolección de basura, el servicio de transporte público, entre otros.

Así como un efecto directo para la población en general, que mermaría su calidad de vida, pues vería afectados sus traslados a sus lugares de trabajo, de esparcimiento, a los centros de salud o para atender alguna urgencia médica, entre otras muchas necesidades, que requieren de traslados a lugares distantes de sus viviendas.

El artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos dispone que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, será responsable de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional, para lo cual podrá instruir, previa opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Petróleos Mexicanos, a las demás empresas productivas del Estado y al Centro Nacional de Control del Gas Natural llevar a cabo los proyectos que considere necesarios para la generación de beneficios sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo económico, en términos de la Ley de Hidrocarburos y de la política pública en materia energética del país.

Para la industria de los hidrocarburos, el transporte es una parte importante de su cadena de valor y una parte sustantiva en la distribución a los centros de consumo, al ser una materia prima indispensable para todas las industrias del país.

En razón de lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a que comparezcan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los ciudadanos José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos; y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, para que aborden el tema de desabastos de gasolina y diésel en el país.

Notas

1 Romo, P. (19 de diciembre de 2016). “Denuncian presión de Pemex para firma de nuevos contratos”, en El Economista. Recuperado de
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/19/denuncian-presion-pemex-firma-nuevos-contratos

2 “Éstas son las causas del desabasto de gasolina en México” (27 de diciembre de 2016), en Animal Político. Recuperado de
http://www.animalpolitico.com/2016/12/gasolina-causas-desabasto-mexico/

3 “Al menos en 64 gasolineras, desabasto de combustibles: Pemex” (2 de enero de 2017), en El Financiero. Recuperado de
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/al-menos-en-86-gasolineras-desabasto-de-magna-pemex.html

4 Hernández, G. (2 de enero de 2017). “Cierran por desabasto más de la mitad de las gasolineras que operan en Puebla”, en Proceso. Recuperado de
http://www.proceso.com.mx/468309/cierran-desabasto-la-mitad-las-gasolineras-operan-en-puebla

5 López, V. (2 de enero de 2017). “Expendedores prevén que continúe desabasto de gasolina en Puebla”, en Milenio.
Recuperado de http://www.milenio.com/estados/cierre_gasolineras_puebla-escases_gasolina-desabasto
_hidrocarburos-precio_gasolina_0_877112372.html

6 “Sigue desabasto de gasolina; se refleja en la mitad de estados: Amegas”. Con José Cárdenas (2 de enero de 2017).
Radio Fórmula. Recuperado de http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=652378&idFC=2017

7 “Se agrava desabasto de gasolina en México” (12 de enero de 2015), en Oil & Gas Magazine.
Recuperado de https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2015/01/se-agrava-desabasto-de-gasolina-en-mexico/

8 Meana, S. (5 de julio de 2015). “Desabasto de gasolina será cubierto con importaciones”, en El Financiero. Recuperado de
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desabasto-de-gasolina-sera-cubierto-con-importaciones.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Senador Fernando Torres Graciano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la SHCP, la Sener, Pemex y la CFE para explicar a los ciudadanos mediante esta soberanía el alza de las gasolinas, la energía eléctrica y el gas LP a juicio de los mexicanos, a cargo del senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente;164, numeral 1, 169 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se cita a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya; y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez; a fin de que expliquen a la ciudadanía a través de esta soberanía, el grave e injustificado aumento a las tarifas en las gasolinas, energía eléctrica y gas LP en perjuicio de las y los mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace apenas un año, en cobertura nacional, durante su mensaje de Año Nuevo difundido el día 5 de enero del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que 2014 fue un año de contrastes que dejó como lección que México no puede seguir igual, que el país “debe seguir cambiando para bien” (sic), por ello, anunció siete acciones en favor de la economía familiar para 2015, entre las que destacó la reducción de los precios de la energía eléctrica, la suspensión del incremento mensual de las gasolinas: “ya no habrá gasolinazos”, se afirmó con contundencia.

Con la aprobación en al Congreso de la Unión de la reforma energética se desplegaron intensas campañas en los medios de comunicación en donde se anunciaban los supuestos beneficios de la misma, entre ellos, la inmediata y casi mágica disminución del precio al público de los energéticos, un manejo más responsable de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) una situación de franca y abierta competencia de la que los mexicanos saldríamos sumamente beneficiados debido a que el mercado abierto permitiría contar con una mayor diversidad de combustibles y empresas participantes y que con la competencia los precios debían de bajar, que Pemex se colocaría a la altura de las mejores empresas del mundo en su ramo y se respetarían las condiciones laborales de quienes desarrollan sus actividades profesionales en ella.

Con el paso de los meses, la situación de la entonces empresa paraestatal, hoy denominada empresa productiva del estado, empeoró drásticamente, situación que quedó de manifiesto con el anuncio de un importante recorte de personal que al final del año de 2015 ascendió a un 7.5% de su nómina, es decir, 11,735 personas despedidas injustificadamente de la empresa a la que sirvieron toda una vida, afectando con ello la economía de miles de familias mexicanas.

Con datos de analistas y expertos en recursos humanos y dada la situación financiera del país, se calcula que para el año 2017, Pemex despida aproximadamente al 30% de su plantilla laboral, perjudicando irremediablemente la sustentabilidad económica de regiones completas del territorio nacional como el caso del sureste mexicano pues actualmente Campeche y Tabasco cuentan con las mayores tasas de desempleo a nivel nacional debido a estas medidas y son regiones eminentemente petroleras cuya existencia misma se basa en la extracción y procesamiento de hidrocarburos.

Por otro lado, la reducción de los ingresos operativos llevó a la empresa a cubrir sus faltantes de recursos con un aumento en sus niveles de deuda. En los...últimos cinco años pasó de 54 mil a 87 mil millones de dólares, en cierta forma, apoyado por las tasas mínimas tanto en México como en el exterior. Otro factor que afectó las de por sí deficientes finanzas de Pemex fue la creciente deuda laboral, principalmente por un aumento en el pago de pensiones.

En ese sentido, la deuda financiera de Pemex es una de las más grandes a nivel mundial para firmas energéticas, ya que superó a la de la inglesa BP y la estadounidense Chevron juntas con un total de 98 mil 87 millones de dólares al cierre de la primera mitad del 2016.

De acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de ese mismo año, la petrolera inglesa BP tiene una deuda financiera de 50 mil 607 millones de dólares, mientras que la americana Chevron alcanzó los 39 mil 487 millones de dólares. En suma, 90 mil 94 millones de dólares, ocho mil millones por debajo de lo que adeuda la petrolera mexicana al cierre de junio de 2016.

La deuda financiera de Pemex es tres veces mayor a la de la petrolera noruega Statoil y la de Exxon, que por separado reportaron más de 29 mil millones de dólares, cada una.1

La crisis financiera por la que atraviesa Pemex no sólo ha dejado a miles de familias sin sustento, pasando la factura al sureste mexicano, evidenciando el abuso de años de ser tratada como la caja chica del gobierno en turno, también ha comprometido el trabajo de sus proveedores de productos y servicios a quienes durante el año de 2015 les adeudó 58 mil millones de pesos.

Pemex se encuentra, como empresa y como soporte financiero para diversas actividades del país en graves problemas, debido a pasivos superiores a los activos, a su elevadísimo endeudamiento, a ventas neta en picada y números rojos que en el 2015 cerraron en 353,000 millones de pesos.

Si Pemex no ha suspendido sus operaciones al día de hoy, es porque a diferencia de otras empresas, está encuadrada bajo un hibrido legaloide denominado “empresa productiva del estado” y no es declarada en quiebra por la constante inyección de recursos que se le “prestan”, cuando lo que debiera suceder es no generar pasivos ni comprometer sus utilidades bajo la voraz e impagable carga fiscal que va al bolsillo de cada burócrata, a la pensión de sus altos mandos en retiro o en ocasiones, para el financiamiento de operación político electoral.

Lo sorprendente es que, a 70 años de saqueo de la empresa petrolera de los mexicanos, ésta se acostumbró a ser conducida bajo políticas depredadoras y rapaces, pero aun así, la riqueza energética de la nación dio para sobrevivir a ello.

Desafortunadamente para los Mexicanos, la reforma energética se convirtió para la historia y para testimonio de las próximas generaciones, en el certificado de defunción de Pemex y aunque desde la izquierda se afirmó que la solución a los problemas de esta empresa no se encontraban en una tóxica y entreguista reforma como la aprobada, los partidos aliados hicieron oídos sordos y calificaron como verdaderas herejías las propuestas progresistas, entre ellas, la de hacer cambios de fondo aunque se vulneren intereses de los poderosos, una reestructuración financiera, un trabajo de saneamiento, su retiro como “cuerno de la abundancia” del Presupuesto de Egresos de la Federación, reinvertir sus ganancias no en burocracia sino en desarrollo de tecnología a fin de elevar su productividad y construir más refinerías a efecto de evitar la dependencia de gasolinas de otros países y con ello, su aumento mensual.

La izquierda progresista propuso medidas que cualquier empresario emprendedor aplicaría para su negocio y no quebrar, medidas razonables y justificadas desde la perspectiva de la lógica del negocio.

Sin embargo, el consorcio parlamentario que se adjudicó para sí el exclusivo derecho de aprobar la reforma energética tal y como se las dictó el presidente de la República, hizo oídos sordos a la posibilidad de incorporar estas medidas y al ratificar esta propuesta, sentenciaron a Pemex a una lenta y complicada desaparición que en los denominados “gasolinazos” encuentra su más claro síntoma.

Escuchar el término “gasolinazo” se convirtió en un tema de cada mes para las y los mexicanos debido a los constantes incrementos que vinieron desde 2015, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ya no los habría gracias a las reformas energética y hacendaria:

A pesar del compromiso presidencial anunciado primero como una de las bondades de la reforma energética y ratificado en diversos espacios públicos y en su red social personal, el pasado 27 de diciembre de 2016, el gobierno federal anunció un importante incremento en los precios de las gasolinas, consecuencia de comprar hoy en el exterior seis de cada diez litros que se consumen y del resultado de una política energética de total y absoluta dependencia.

Con este anuncio, los mexicanos tendremos a partir de enero de este año, un mercado inédito de gasolinas en casi 80 años de existencia de Pemex, y se debe a que entra en marcha un nuevo esquema de venta de gasolinas producto de la llamada reforma energética pues ya no habrá un precio único fijado por el gobierno, ni estaciones de una sola empresa (Pemex), sino varias marcas y gasolineras que alentarán una supuesta competencia, sin embargo, la transición no será fácil pues apenas el pasado martes 27 de diciembre, el gobierno mexicano anunció nuevos precios; un nuevo y exorbitante “gasolinazo” de hasta un 20% de incremento.

En México existen tres variedades de gasolina que a partir de enero tendrán un nuevo precio máximo promedio por cada litro que implica un aumento:

• Magna: 15,99 (US$0,77) +14,2%

• Premium 17,79 (US$0,85) +20,1%

• Diésel 17,05 (US$0,82) +16,5%

México se dividirá en 90 regiones con precios alrededor de esos promedios, siete serán regiones fronterizas, y el resto del interior del país.

Aunque se afirma que durante todo este mes, el precio máximo promedio se mantendrá fijo, es decir, no habrá ni aumento ni retroceso en el costo de cada litro de gasolina, diversos economistas coinciden en que esto traerá un golpe demoledor al bolsillo mediante la inflación de los precios de productos y servicios que los mexicanos pagan, usen o no vehículo, pues a nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina.

Pero por si todo eso no fue suficiente, el día 2 de enero de 2017, sin haber tenido tiempo de recuperarse del primer golpe, el bolsillo de los mexicanos recibió el segundo, ya que comenzó ese día con otro anuncio negativo para la economía mexicana: el alza en el precio de las tarifas eléctricas para la industria, los servicios, los comercios y los usuarios de alto consumo, además de un aumento significativo al gas LP.

En dicho anuncio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en enero de 2017 las tarifas para el sector industrial se aumentan entre 3.7% y 4.5%; en tanto que para el comercial se incrementan entre 2.6% y 3.5%, mientras que las de uso doméstico de alto consumo –conocida como tarifa DAC– registran un alza marginal de 2.6%.2

Como país ya no solo estamos enfrentando el fracaso de las políticas económicas de un gobierno, nos hemos convertido en sus patrocinadores directos para disponer siempre de recursos, dándonos una serie de explicaciones por los aumento en los energéticos que van desde lo absurdo hasta lo irreal, sin fundamento económico, sin información más allá de “es consecuencia de los precios internacionales”, sin mencionar que aunque en México la gasolina es barata, en comparación con otros países de Latinoamérica, considerando con los ingresos de los mexicanos, esta resulta ser de las más caras del mundo.

Hoy, los expertos en la materia no encuentran explicación alguna que permita comprender el alza de los energéticos en la magnitud que el gobierno lo estipuló, ya que sólo las cúpulas de la Secretaría de Hacienda, Pemex y CFE conocen en verdad el trasfondo de estos aumentos. Los cuales sólo se vislumbran corno un nuevo negocio para algunos cuantos.

Pero no debemos olvidar, á1 final de estos argumentos que lo más grave de todo esto no es afectar nuevamente a los mexicanos económicamente, sino la gran cantidad de mentiras y promesas falsas que se utilizaron para lograr sus objetivos políticos y económicos, es la traición a la confianza y a la estabilidad de los mexicanos lo que hoy lacera a nuestro país.

El analista Gerardo Esquivel, doctor en economía por la Universidad de Harvard (EE.UU), menciona que “a nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina”. A su vez, el director de la escuela de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey (México), prevé un incremento de hasta 3% en la inflación; que dará como resultado afectaciones al poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

No se necesita tener amplios conocimientos en finanzas .públicas para comprender una regla básica de las economías como .México cuya petróleo dependencia se encuentra sujeta a la volatilidad del mercado, regla que afirma que todo aumento a las gasolinas o a la energía eléctrica tiene una repercusión directa en los costos de producción y de transporte de mercancías y en la las tasas de inflación por supuesto, lo cual directamente afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Si aumenta la gasolina, aumenta el costo del transporte de mercancías, el costo del trasporte de personas y los productos de la canasta básica.

Por ello, ciudadanos de 30 entidades federativas, se han visto en la necesidad de salir a las calles, hartos de este aumento al precio de la gasolina, siendo algunos de los estados más afectados con bloqueos de carreteras, tomas de casetas de cobro y saqueos el estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Veracruz y Jalisco. A pesar del unánime descontento social, el secretario de Hacienda y Crédito Público justificó la medida mencionando que “la alternativa es que hubiéramos usado otros impuestos para mantener el precio de la gasolina bajo, que recortáramos otros programas sociales”.

Es decir, para el actual gobierno mexicano no existe otra opción que perjudicar a los mexicanos más necesitados ya sea, afectando su nivel de bienestar y costo de vida vía aumento a las gasolinas o limitando el gasto social, es decir, recortando los programas de apoyo y combate a la pobreza.

Sin embargo, este gasolinazo no es el único aumento programado pues las medidas anunciadas mencionan que las dos primeras semanas de febrero los precios tendrán un ajuste semanal y a partir del 18 de febrero, los precios máximos serán fijados diariamente por lo que el precio de cada litro de gasolina podría ser más caro de un día para otro.

En este año habrá tres elementos que harán que un litro de gasolina o diésel será más caro o más “barato”, dependiendo de la región, estado y municipio en donde se compre:

Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el costo de la gasolina, y el precio a nivel internacional será la referencia; ya no estará sujeto al precio que el gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones financieras y hasta políticas, con ello el propio gobierno federal reconoce que los manejos de las finanzas de Pemex pasaban por un componente de conveniencia política.

Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o barato si una localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un puerto, si el combustible es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta más o menos almacenarlo, con ello el gobierno tiene el pretexto ideal para iniciar una escalada de precios ya que en México son pocas las refinerías y las que existen se encuentran a punto de cerrar.

Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de recaudación llamado IEPS a cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá aplicando y no se incrementará en 2017, según promete el gobierno mexicano; sin embargo, aunque el IEPS es un impuesto que cuando fue creado tenía por objeto ser direccionado al productor y no al consumidor final, se convirtió en el pretexto financiero idóneo para cargarle dicho tributo al mexicano.

Con este nuevo esquema los mexicanos enfrentarán dos efectos negativos para su economía: desembolsar más dinero para llenar el tanque de gasolina para los conductores, y aumento en las tarifas del transporte público para los usuarios, pues la gasolina tiene un efecto multiplicador importante, más que muchos otros precios; el otro efecto más indirecto y menos evidente es en el aumento en los productos que se trasladarán a los consumidores, desde un mueble, prendas de vestir, alimentos, semillas, todo, el productor tendrá un incremento en sus costos variables debido a su pago adicional en su combustible.

México pagará la gasolina más cara del mundo con respecto al poder adquisitivo de cada uno de los habitantes; mientras que a un trabajador de Noruega que gana 466 pesos por hora le bastan 3 horas y media de su jornada diaria para llenar un tanque de gasolina de 40 litros, un mexicano que gana el salario mínimo requeriría destinar el sueldo íntegro de ocho días de trabajo para llenar ese mismo tanque de gasolina.

Un tercer efecto negativo del cual se habla poco, es la pérdida de competitividad de México, que podría hacerse un país menos atractivo para la inversión, si el Banco de México trata de aplicar políticas coercitivas contra la inflación.

Por su parte, el director general de Pemex, licenciado José Antonio González, afirma que en estas medidas hay una “lógica de mercado natural pues si el precio de la gasolina sube, subirá en México, y si baja, también bajará”, dijo en una entrevista radiofónica este martes.

Lo que no se ha mencionado es, que estos aumentos son para que el gobierno federal cuente con mayores recursos para operar con su enorme y obesa burocracia, para no endeudarse y para seguir tapando un hoyo financiero que ellos mismos crearon como consecuencia de un irresponsable manejo de la economía mexicana.

Asimismo, es evidente la construcción y puesta en marcha de un patrón de conducta por parte del propio gobierno mexicano por generar las condiciones para una inminente quiebra de Pemex, ejemplo de ello es, que desde el mes de octubre del presente año, la Dirección General de Pemex determinó sacar de operación cinco plantas de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, por un plan emergente de paro de unidades, ante la inminente falta de insumos para continuar operándolas, y porque “no hay dinero para nuevas órdenes de surtimiento”. Aunque esta refinería ha sido la productora de una amplia gama de combustibles y energéticos, como las gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre (USA), Pemex Diésel y Diésel UBA, Turbosina y asfalto Pemex, entre otros, en un oficio enviado el 7 de octubre, se anunció a los ingenieros que operaban las plantas que se pararían actividades en las unidades porque no hay recursos para realizar órdenes de compra de los insumos básicos: sosa cáustica, ácido sulfúrico y aceite ISO-150, y sólo contaban con inventarios para menos de cuatro días y se les instruyó a recolectar los remanentes los cuales solamente tenían una duración para cuatro días más de operación.

La trascendencia social de esta planta procesadora ‘de hidrocarburos no sólo radica en que más del 40 por ciento de la población de Salamanca y sus alrededores depende de su funcionamiento, sino que para el desarrollo del país es importante, dado que es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico.

Esta situación es consecuencia de los pésimos manejos financieros cuya intención es la quiebra de la empresa productiva del Estado; directores van y vienen y ninguno ha podido o ha querido intentar una gran reestructura de la empresa, por el contrario, Pemex es utilizada como un espacio que otorga jugosas liquidaciones a sus mandos, ejemplo de ello es el emblemático caso de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero.

De acuerdo con información periodística y datos de la propia empresa, se encuentra acreditada una liquidación de un millón 801 mil pesos, a pesar de que en el historial del servidor público aparecerá como despido.

Históricamente el sector energético suele recompensar con generosidad la incapacidad e inoperancia de sus altos funcionarios en perjuicio de su propia viabilidad financiera; por ello es fundamental que este Senado de la República haga un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación y a todas y cada una de las entidades defiscalizaci6n para que se revisen los estados financieros de Pemex durante la administración actual y muy en particular, de la administración del ex director Emilio Lozoya Austin.

Ese es el resultado de la reforma energética y su rotundo fracaso. No llega la inversión esperada, crece el número de despidos de personal técnico altamente calificado, se malbaratan los bienes de Pemex, se entregan a particulares campos petroleros consolidados, complejos petroquímicos y se o concesionan las pocas refinerías del país como la de Ciudad Madero.

Lo que el régimen actual le hizo a Pemex y CFE, nos lo empieza a hacer a los mexicanos; hace años estas empresas eran para ellos un pozo infinito e inacabable de recursos; hoya ese pozo lo quieren sustituir con el ingreso de cada uno de nosotros.

Es por todo lo anterior que es deber de los funcionarios que orquestaron este mega gasolinazo y aumento de las tarifas de energía eléctrica, dar cuenta de sus actos y decisiones a la ciudadanía, la cual mediante promesas y engaños confió en el compromiso hecho por el gobierno federal de que bajarían los costos de las gasolinas y la luz, no obstante hoy nos topamos de frente con la realidad y con los constantes y excesivos aumentos en los precios de las gasolinas y, energía eléctrica, razón por la cual esta soberanía en representación de todos los mexicanos, debe citar a comparecer a las autoridades antes mencionadas a fin de que expongan las razones y justifiquen cuáles fueron los motivos reales, para implementar una de las decisiones más complejas y perjudiciales de la última década para el bolsillo de los millones de mexicanos.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República cita a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya; y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez; a fin de que expliquen a la ciudadanía por medio de esta soberanía, el grave e injustificado aumento a las tarifas en las gasolinas, energía eléctrica y gas LP en perjuicio de las y los mexicanos, así como el impacto real que esta medida tendrá en la economía de los habitantes del país.

Segundo. El Senado de la República hace un exhorto al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que considere en el programa de auditoría a realizarse en el año 2017, una profunda revisión de los estados financieros de la empresa productiva del estado denominada Petróleos Mexicanos, durante el periodo de 2012 a 2016.

Tercero. El Senado de la República solicita de manera respetuosa al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, un informe pormenorizado acerca del funcionamiento, viabilidad operativa, estado financiero y laboral de los empleados de las refinerías de Salamanca, Minatitlán y Madero, y hace un respetuoso llamado a las autoridades de la empresa productiva del Estado a respetar de manera inobjetable los derechos laborales de cada una de las personas que ahí laboran.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mxleconomialdeuda-de-pemex-mas-que-bp-y-che vron_juntas.html

2 http://saladeprensa.de.gob.mx/boletines/show/8409/

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero de 2017.

Senador Rabindranath Salazar Solorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conanp a formular y emitir los programas de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas carentes de ellos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados federales y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) señalaba que habíamos llegado a un momento en la historia en que debíamos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que pudieran tener para el medio ambiente.

Por ignorancia o indiferencia se pueden causar daños inmensos e irreparables a la naturaleza de la cual dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad mejores condiciones de vida en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Así, la defensa y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se han convertido en una meta imperiosa para la humanidad.

Para lograr un medio ambiente sano resulta de vital importancia preservar, restaurar y utilizar racionalmente la diversidad biológica de la Tierra. Lo anterior requiere implementar acciones efectivas para detener la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los recursos naturales, a fin de garantizar la conservación de los diferentes ecosistemas, asegurando el suministro de servicios esenciales para la vida en nuestro planeta y el bienestar humano, tales como la provisión de agua; captura y almacenamiento de carbono; y fortalecimiento en la resiliencia al clima.

En este sentido, la protección del hábitat ha demostrado ser la manera más efectiva para conservar la biodiversidad, motivo por el cual países de todo el mundo han optado por el rescate y conservación de zonas con un alto valor ambiental para la humanidad, a través del establecimiento formal de áreas naturales protegidas. Estos espacios naturales representan la principal herramienta de la cual disponen los gobiernos para canalizar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, fomentando su aprovechamiento racional y sustentable.

Administradas adecuadamente, las áreas naturales protegidas pueden jugar un papel importante en la resolución de los desafíos ambientales que el mundo enfrenta en la actualidad, tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica y la respuesta a los desastres naturales.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en nuestro país son zonas del territorio nacional, y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Las ANP se crean mediante un decreto presidencial y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según las categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Las ANP permiten cierto grado de aprovechamiento por parte de las comunidades locales; las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la LGEEPA, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico correspondientes.

Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas a nivel mundial se han conceptualizado como planes o programas de manejo, programas de conservación, programas de conservación y manejo, planes rectores, planes directores, etcétera.

En México estos instrumentos han sido denominados planes de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo, programas operativos anuales y/o programas de conservación y manejo. En la actualidad, el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas define al Programa de Manejo como el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración de las ANP, que deberá contener entre otros datos, la especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se ajustarán las obras y actividades que se vienen realizando en las mismas, en términos de lo establecido en el Decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.1

El Programa de Manejo tiene como premisa básica lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las ANP, además de establecer y fortalecer los vínculos entre el ámbito institucional y los diferentes actores en las políticas de conservación para el cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas ANP.2

Por su parte, el artículo 65 de la LGEEPA establece la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de formular, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate.

El mismo ordenamiento de mérito señala en su artículo 66 que los programas de manejo de las ANP deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV. Los objetivos específicos del área natural protegida;

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y

VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

Como se señaló más arriba, las áreas naturales protegidas pueden jugar un rol de trascendencia para mitigar problemas ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis hídrica, especialmente cuando son administradas de manera correcta y eficiente, lo cual incluye, por supuesto, que cuenten con un programa de manejo adecuado y que éste se siga rigurosamente. De modo tal que para salvar la biodiversidad y conservar nuestro patrimonio natural no basta con establecer formalmente áreas naturales protegidas sino que es imperativo y prioritario definir puntualmente las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las mismas.

México cuenta actualmente con 181 ANP en diferentes categorías (45 Reservas de la Biósfera; 66 Parques Nacionales; 5 Monumentos Naturales; 8 Áreas de Protección de Recursos Naturales; 39 Áreas de Protección de Flora y Fauna; y 18 Santuarios) que suman 90 millones 638 mil 620 hectáreas del territorio nacional.

Es de destacar que el Gobierno del Presidente Peña Nieto ha dado muestras claras de su compromiso con la conservación y salvaguarda de la biodiversidad en nuestro país, la cual no sólo es patrimonio de los mexicanos, sino de la humanidad entera; ejemplo de ello fueron los decretos de creación de cuatro nuevas ANP (Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano; Sierra de Tamaulipas; Pacífico Mexicano Profundo; e Islas del Pacífico) firmados el pasado 5 de diciembre, con lo cual México dio un paso firme y decidido en el cumplimiento de las Metas de Aichi.

No obstante lo anterior, sólo 108 de las 181 ANP (es decir el 59.6%) cuentan con el programa de manejo correspondiente, las cuales se enlistan a continuación:3

La falta de los programas de manejo representa un obstáculo serio para la adecuada protección de las ANP, pues ello provoca diversas afectaciones en dichas zonas, por ejemplo, cambios de uso de suelo, expansión de la ganadería extensiva, erosión de suelos, desarrollo urbano desordenado, extracción ilegal de especies, así como contaminación del agua y del suelo, poniendo en riesgo sus objetivos de conservación.

De los 108 programas de manejo de las ANP que ya cuentan con estos, 40 (más de la tercera parte) fueron publicados por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, cuyos funcionarios han manifestado, en reiteradas ocasiones, la intención de que al finalizar el sexenio todas las ANP de nuestro país tengan su programa de manejo.4

Entre las ANP que no cuentan con programa de manejo destacan las siguientes por su importancia y por el tamaño de su superficie:

Para quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México resulta importante exhortar a la autoridad correspondiente a llevar a cabo las acciones necesarias para que todas las ANP de nuestro país cuenten a la brevedad con su correspondiente programa de manejo en aras de conservar mejor nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Del mismo modo, consideramos de relevancia exhortar a la autoridad a realizar una revisión integral de aquellos programas de manejo que ya han sido emitidos, especialmente aquellos cuya antigüedad es mayor, a fin de garantizar que estos sigan cumpliendo con los objetivos de conservación de dichos espacios.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a formular y emitir los programas de manejo ambiental de las Áreas Naturales Protegidas que aún no cuentan con ellos, así como a analizar la posibilidad de replantear y actualizar aquellos que lo requieran para cumplir mejor con los objetivos para los que fueron creadas.

Notas

1 Véase, Términos de referencia para la elaboración de programas de manejo de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/TERMINOS%20DE%20REF-PAGINA.pdf

2 Ibídem.

3 Véase, Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de México, disponible en línea:
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo?idiom=es

4 Véase, Todas las Áreas Naturales Protegidas tendrán plan de manejo: Semarnat. Periódico El Universal, miércoles 19 de octubre de 2016.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/19/todas-las-areas-naturales-protegidas-tendran-plan-de-manejo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Jorge Aréchiga Ávila, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos estatales faltantes a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por muchos años, una de las demandas más importantes de los trabajadores ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.

Pese a los cambios en los mercados del trabajo resultado de la globalización y de la reestructuración productiva, México realizó una reforma laboral aprobada el 30 de noviembre de 2012, que incrementó la rotación laboral, flexibilizó las formas de contratación y de despido y que han dificultado un aumento significativo en los conflictos laborales.

La estructura y el proceso en la justicia laboral mexicana se han mantenido intactos desde su fundación, a finales de 1920. En consecuencia, el ritmo de modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.

Tras un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas que resultó en la necesidad de valorar la situación actual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. A decir de los expertos, la revisión de la impartición de justicia, debe incluir la autonomía y su forma de integración que actualmente es tripartita.

Así, el titular del Ejecutivo elaboró una propuesta de iniciativa el 28 de abril de 2016 que fue enviada a la Cámara de Senadores, y que tiene por objeto consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente.

Esta reforma propone tres premisas fundamentales:

1. Que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o local según corresponda.

2. Propone replantear la función conciliatoria y centra esta función en los centros de conciliación donde se propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz para las partes.

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, por lo que se propone crear un organismo descentralizado de la administración pública federal.

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos.

Establece que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, las reformas o adiciones. El dictamen en el Senado fue aprobado el 13 de octubre de 2016 y turnado como minuta a la Cámara de Diputados, donde fue votada a favor por el pleno el 4 de noviembre de 2016, para remitirla a los congresos estatales.

El siguiente paso es el que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta (la mitad más una) de las legislaturas de los estados, quienes aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional, siguiendo al efecto el procedimiento y las formalidades que establezca su constitución y leyes reglamentarias locales, específicamente para las reformas a la Constitución General de la República o, en su defecto, el proceso general de formación de las leyes locales.

Remiten su acuerdo, aprobatorio o no, a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Cuando la cámara cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados (la mitad más uno) hará el cómputo y declaratoria de reforma constitucional y remite el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación.

Después de un mes y medio de haber recibido la minuta del proyecto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Mexicana, sólo seis estados han cumplido su obligación, de acuerdo con lo antes mencionado: Coahuila, Quintana Roo, Campeche, estado de México, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán. Por ello es urgente seguir avanzando en su estudio y, en su caso, aprobación.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente u obvia resolución sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a su soberanía, a los congresos de las entidades federativas que faltan de hacerlo para que con la mayor brevedad aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a los titulares de la SHCP, la Sener y la Comisión Reguladora de Energía a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el tema de la liberalización del mercado de la gasolina, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 93 constitucional, en su segundo párrafo establece que:

“Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”

En este sentido, hoy tenemos ante nosotros un conflicto que requiere nuestra la máxima atención pues la ciudadanía exige respuestas y demanda acciones para solucionar el conflicto, nos referimos al drástico aumento del precio de la gasolina y el desabasto que se ha vivido las últimas semanas del año.

Por ello se hace necesaria la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de dar cuenta del proceso de liberalización del mercado de la gasolina.

Recordemos que en 2013 se realizó la reforma energética por la cual se le dio apertura al sector energético para la participación de privados.

Y en 2014 se realizaron las reformas secundarias en materia energética, en particular la Ley de Hidrocarburos plantea la participación de privados en el expendio de gasolina al público, la cual se planteó iniciar en 2017.

Sin embargo, la liberalización a la importación de la gasolina se contempló realizarlo en 2018, pensando en un proceso gradual que se ajustara a las condiciones de mercado sin un impacto drástico sobre los bolsillos de la población y en general sin impacto drástico en los niveles de precios.

A pesar de ello, las autoridades hacendarias determinaron la apertura del mercado de las gasolinas para este 2017, imponiendo de esta manera un drástico golpe a los bolsillos de las familias mexicanas.

Y esto es así porque el aumento contemplado es prácticamente de golpe, pues se han fijado la apertura para un periodo de apenas dos meses, fijando precios máximos para dos periodos, de enero al 10 de febrero y del 11 al 17 de febrero, a partir del 18 de febrero el precio se fijará diariamente con respecto al mercado.

Es decir, en dos meses se tendrán precios de gasolina conforme a los niveles internacionales, los cuales están muy por encima de lo que actualmente se tienen.

La gravedad de la situación se ve reflejada en el comparativo internacional de poder adquisitivo respecto al salario mínimo/precio de gasolina, como se observa en el cuadro siguiente con datos hasta diciembre de 2016.

Como se observa en el cuadro anterior, si bien México tiene una de las gasolinas más baratas, tiene el salario diario más bajo, por ello adquirir un litro de gasolina representa 17.2 por ciento del salario diario, es decir casi una quinta parte. En este sentido llenar un tanque de gasolina le cuesta al mexicano más de una semana de trabajo.

Si comparamos con Noruega, el país que tiene la gasolina más cara, el promedio del costo de la gasolina es de 1 por ciento del salario y le cuesta a un ciudadano apenas medio día tener el tanque lleno. A un brasileño le cuesta dos días y representa apenas un 4.1 por ciento de su salario diario.

Por ello, la forma en la que se está liberalizando el mercado de gasolina es un durísimo golpe a las finanzas familiares de miles de mexicanos pues este precio estimado aumentará sustancialmente, hasta 20 por ciento del precio actual en el caso de la gasolina premium.

Sin embargo, existe la suspicacia sobre el verdadero motivo de la liberalización de las gasolinas adelantada.

Sin duda existen fuertes presiones sobre las finanzas públicas, pues el bajo precio del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar disminuirán la captación de recursos financieros del gobierno federal, situación que se conjuga con una esperada baja de remesas por parte de los connacionales en el Estados Unidos debido al posible efecto Trump.

Asimismo, la recesión económica en la que se encuentra el país, el bajo nivel de producción y el desempleo, ahora sistemático, que vive la nación no permite ampliar la base de contribuyentes formales, lo que merma la capacidad de tributación del gobierno.

Bajo este panorama, el aumento de las gasolinas aparece como una válvula de escape, pues se estima que los recursos captados vía Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentarán en 36 por ciento con respecto a 2016.

Es decir, se cargará el costo financiero del gobierno a las familias mexicanas a través de un impuesto oculto, pues gran parte del aumento de las gasolinas irá a las arcas del gobierno federal.

Aunado a esto, en los últimos días de 2016 hemos visto que el desabasto, la especulación y el mercado negro de la gasolina se han disparado, afectando a miles de mexicanos.

Más preocupante aún es la actitud que ha asumido el crimen organizado, quien ha tomado como bandera de legitimación la lucha por el abasto de combustible, pues ha amenazado a los empresarios del sector con tomas y quemas de gasolineras bajo el pretexto de proteger a las familias.

Por ello, hoy es necesario dar cuenta a la ciudadanía de los efectos reales de la reforma energética y de la liberalización del mercado de las gasolinas y hacer que los responsables de pregonar que con esta reforma bajarían el precio de la luz, el gas y la gasolina den la cara.

Se ha mentido a la ciudadanía, es momento de decir la verdad y hablar de frente a los ciudadanos.

Por ello, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de abordar el tema de la liberalización del mercado de la gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP, en el ámbito de sus facultades, acciones para generar esquemas de reducción de cargas fiscales que permitan minimizar el efecto inflacionario y supriman los obstáculos para generar empleo derivados de la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel, suscrita por la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Karla Karina Osuna Carranco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus facultades, realice acciones para generar esquemas de reducción de cargas fiscales que permitan reducir el efecto inflacionario y eliminen los obstáculos para la generación de empleos, derivados de la eliminación del subsidio en el precio de la gasolina y el diésel, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con los artículos 2o., fracción I, incisos d) y e); 2o.-A, fracción II; y 8o., inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la obligación de realizar el pago de dicho gravamen corresponde al fabricante, productor o importador de gasolina o diésel.

No obstante, los efectos negativos que las acciones de recaudación sumados a la determinación de los precios tienen sobre la inflación y la falta de generación empleos resulta preocupante; principalmente por la insuficiencia de esquemas de reducción de cargas fiscales.

Es necesario tener presente que el IEPS en realidad es un impuesto indirecto, ello en la medida que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan a sus clientes.

De enero a noviembre de 2016, las acciones de recaudación permitieron que se rebasara la meta para ese año, pues se logró el cobro de 239 mil 364 millones de pesos, por encima de los 184 mil 438 millones de pesos que se habían programado; ello, según datos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pese a que uno de los objetivos de las reformas efectuadas era avanzar hacia la consolidación de una cuota fija del IEPS para 2016, así como mayor compra de combustibles, el establecimiento de un precio inestable de la gasolina puede generar efectos negativos en la economía de los consumidores y de quienes se convierten en los contribuyentes finales de dicho impuesto.

La eliminación de los subsidios a la gasolina por el gobierno federal durante 2016 canceló la posibilidad de mantener un precio independiente al establecido globalmente, lo cual elimina el gasto fiscal para el gobierno y permite una mayor recaudación, pero amenaza con trasladar una carga negativa en la economía de los ciudadanos.

Durante 2017, la cuota aplicable por litro de gasolina Magna será de 3.18 pesos, lo que de acuerdo con la Ley de Ingresos para este año generará una recaudación de 257 mil 466 millones de pesos por concepto del IEPS federal y un incremento de 73 mil 28 millones de pesos con relación a lo programado para el año anterior.

No debe desestimarse que ese impuesto aplicado a la gasolina termina sumándose al precio de ese producto y gravándose con un 16 por ciento correspondiente al impuesto al valor agregado.

Con esta gran masa de recaudación, el Ejecutivo federal está obligado a transparentar el uso de los recursos y a garantizar su efectividad mediante su aplicación de políticas públicas de carácter social, que beneficien a los ciudadanos y les garanticen el ejercicio de sus derechos humanos y garantías constitucionales.

Asimismo, será necesario generar esquemas de reducción de cargas fiscales que permitan el dinamismo económico y la generación de empleos, así como la protección de la capacidad adquisitiva del salario.

Es preciso tener claro que a la gasolina se le carga el IEPS federal al igual que el estatal que es aplicado y recaudado para otorgar recursos a las entidades federativas, por lo que resulta fundamental la deliberación del tema por parte del poder legislativo de cada entidad y de la Ciudad de México.

Con base en lo expuesto en el presente documento, me permito poner a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus facultades, realice acciones para generar esquemas de reducción de cargas fiscales que permitan reducir el efecto inflacionario y eliminen los obstáculos para la generación de empleos, derivados de la eliminación del subsidio en el precio de la gasolina y el diésel.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a reunión al titular de la SHCP, el gobernador del Banco de México y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía para que expliquen el incremento de los precios de la gasolina en todo el país y sus efectos inflacionarios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Omar Ortega Álvarez, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países en donde más horas se trabaja y el de peor sueldo promedio, ya que los profesionales cobran 1 dólar por hora.

En nuestro país, los profesionales mexicanos trabajan más de 2 mil 200 horas por año sin que eso signifique una digna remuneración salarial y por ende, una mejor calidad de vida, obteniendo un monto muy por debajo del promedio de todos los países de la OCDE.

Aunado a esto, con información de un estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que mide diferentes dimensiones para calcular la pobreza entre las que se encuentra el nivel de ingreso: en el bienestar mínimo el ingreso mensual por integrante de familia es de al menos mil 242.61 pesos, en el entorno urbano, y de 868.25, en el rural, y la línea de bienestar es de 2 mil 542.13 pesos (urbano) y mil 614.65 (rural).

Además, el estudio destaca que la pobreza en México aumentó en dos millones de personas entre 2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones de personas (45.5 por ciento) a 55.3 millones de personas (46.2 por ciento).

En este contexto de inequidad e injusticia económica en donde sólo un pequeño sector se ve beneficiado a costa de una base trabajadora explotada, el gobierno federal vuelve a brillar por su cinismo político afectando los bolsillos de la gente a la que debería rendirle cuentas en lugar de ajustárselas.

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel son hoy una realidad tal y como lo advirtió el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a finales del año 2016, lo que significa un incremento de: 20 por ciento en la gasolina Premium (de 14.81 a 17.79 pesos por litro en promedio); 14 por ciento en la gasolina Magna (de 13.98 a 15.99 pesos por litro en promedio); y 16.5 por ciento en el diésel (de 14.63 a 17.05 pesos por litro en promedio).

Este es el mayor aumento en muchos años y el peligro es todavía más grande porque acorde con lo anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), habrán actualizaciones de dichos precios máximos el 4 y 11 de febrero próximos. Además, a partir del 18 de febrero el ajuste será diario.

La perspectiva de que bajen los precios de las gasolinas y el diésel es remota porque acorde con la fórmula establecida por la SHCP para la fijación de los mismos, uno de los componentes es el precio de referencia internacional de los combustibles que depende a su vez de los del petróleo. Asimismo, serán las comunidades más alejadas y vulnerables las que más afectadas se verán por los incrementos en el transporte de los combustibles.

El problema no sólo radica en el alza de los precios de las gasolinas y el diésel, sino el impacto de estos incrementos en los precios de se extenderán al resto de la economía, pues como lo ha advertido el Banco de México habrá una escalada generalizada de precios en los meses siguientes.

Ya lo han advertido economistas y analistas, “por cada punto porcentual que sube la gasolina Magna, la inflación se incrementará directamente en 0.37 puntos porcentuales. Un aumento de 20 por ciento en todo el país implicaría, por ende, una subida en la inflación en el mes de 0.84 por ciento. Eso sólo por gasolina, y sin considerar la “cascada” de aumentos que seguiría.

El peor impuesto a los pobres es la inflación, han repetido una y otra vez las autoridades hacendarias.

De eso trata el golpe perpetrado el día de ayer por el gobierno federal, de generar un proceso inflacionario que afectará fuertemente los bolsillos de los mexicanos en especial de los más pobres.

Lo anterior demuestra que los beneficios de la reforma energética no son reales ni se reflejan en los bolsillos de los ciudadanos, por el contrario, cada vez salen más perjudicados.

Frente a este panorama, no se puede dejar de cuestionar la eficiencia y eficacia de nuestro sistema de recaudación y el desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el último año de ejercicio.

Finalmente, es urgente hacer un llamado a todos los niveles de gobierno para que en el marco de las diferentes protestas que se han anunciado frente a la problemática descrita, impere el estado de derecho y se garantice la libertad de expresión y manifestación, plenamente.

Los funcionarios públicos no podemos ser omisos ante las quejas y denuncias de la ciudadanía a la cual nos debemos y no le debemos más que todo nuestro trabajo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía para que expliquen con detalle el aumento de los precios de las gasolinas, su implementación, el número de regiones en que han dividido al país para dicho propósito, las etapas de la liberación y la prospectiva en términos de precios.

Segundo. La Comisión Permanente cita a reunión de trabajo al gobernador del Banco de México para que explique los efectos inflacionarios que los incrementos de los precios de las gasolinas tendrán sobre la economía nacional.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que audite el desempeño de Pemex Refinación, en el último trimestre de ejercicio.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a garantizar los derechos de libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel.

Dado en la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalba, Leticia Carrera Hernández, Tomás Octaviano Félix, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Hortensia Aragón Castillo, Cristina García Bravo y Rafael Hernández Soriano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a elaborar en el ámbito de sus facultades estudios técnicos justificativos para ampliar el polígono de protección de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados federales y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Archipiélago de Revillagigedo está constituido por tres islas: Socorro, Clarión y San Benedicto; así como por el Islote Roca Partida, el cual forma parte de una cordillera submarina que representa la cima de volcanes que emergen sobre el nivel del mar. Se localiza en el Océano Pacífico a 382 kilómetros de Cabo San Lucas en la Península de Baja California y a 661 kilómetros del Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

El Archipiélago de Revillagigedo fue descubierto el 21 de diciembre de 1533 por dos navíos españoles (“La Concepción”, al mando de Diego Becerra y ‘’San Lorenzo’’ bajo las órdenes de Hernando de Grijalva) cuya misión era explorar el Océano Pacífico; las naves desembarcaron en la Isla de Santo Tomás (hoy Socorro). Después, en 1542, Ruy López de Villalobos descubre la Isla de Santa Rosa (hoy Clarión), la más lejana de la costa, a 1,100 kilómetros de Manzanillo; y en 1779 fue descubierto por José Camacho el Islote Roca Partida.

En el año 1790 el Conde de Revillagigedo ordenó la ocupación de las islas y poco después, en 1793, el capitán James Colnett, marino inglés, fue capturado por un navío español en Isla Socorro mientras realizaba sondeos, colectaba organismos y levantaba cartas del lugar. Fue llevado prisionero a San Blas, ubicado en el actual estado de Nayarit, y fue posteriormente liberado por el Conde de Revillagigedo. En agradecimiento, el capitán Colnett nombró al grupo de las cuatro islas Archipiélago de Revillagigedo, como se les conoce actualmente.1

La importancia de dicha zona radica en la diversidad de flora y fauna que genera un conjunto único de procesos biológicos y ecológicos. Sus características ecosistémicas, aunadas a sus particularidades geológicas, son objeto de interés científico en diversos campos de estudio sobre biodiversidad, biogeografía y evolución. Las condiciones insulares de las Islas Revillagigedo las convierten en un laboratorio natural para estudiar los fenómenos de colonización, dispersión y adaptación de diversas especies.

El archipiélago posee un alto porcentaje de la reserva genética del Pacífico Oriental y cuenta con especies endémicas de reptiles, crustáceos y moluscos. Presenta elevados niveles de endemismo en cerca del 33% de sus plantas y del 100% de la avifauna terrestre. Por esta razón, el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves lo considera como un área de importancia primaria en cuanto respecta a aves endémicas, equinodermos y peces.

Revillagigedo es una zona de alimentación, crecimiento y anidación de cuatro de las seis especies de tortugas marinas que habitan en las costas mexicanas. En sus aguas se reproducen y habitan también numerosos peces de importancia comercial como el atún, la sierra, el tiburón y la langosta. Las zonas costeras y someras son importantes para las ballenas jorobadas que se reproducen, crían y amamantan a los ballenatos en sus aguas. La productividad de las aguas resultado de afloramientos es responsable de una alta biodiversidad, por lo que el archipiélago es considerado como un “oasis” para la flora y fauna marinas.

En este ecosistema se encuentran algunas especies en peligro de extinción, como el cenzontle y el tecolote enano, así como especies amenazadas, entre ellas, el gavilán de cola roja y el perico verde.

Atendiendo a su riqueza natural y a los beneficios ambientales que aportan todos los elementos en dicha zona, en 1994 el Archipiélago de Revillagigedo, fue decretado como Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera.

A pesar de ello, la zona ha venido enfrentando diversos problemas que han deteriorado su naturaleza y, consecuentemente, ponen en peligro la preservación de la misma; dicha problemática tiene su origen en fuentes propias de sus características naturales, como la presencia de huracanes, sismos, actividad volcánica, especies invasoras terrestres, erosión y degradación del suelo. Sin embargo, el elemento más preocupante es la intervención negativa del hombre en la zona, por ejemplo la pesca ilegal y el turismo no racional ni sustentable, cuyos efectos han provocado la acumulación de residuos sólidos e incluso la generación de incendios forestales.

No obstante que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con el Programa de Inspección y Vigilancia en la Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, ello no evita que barcos de pesca, comerciales y deportivos, penetren en sus aguas protegidas intentando aprovecharse ilícitamente de la rica fauna marina del lugar.

Del mismo modo, el turismo irresponsable genera residuos sólidos, fundamentalmente plásticos, que son confundidos por las aves marinas cuando buscan su alimento, lo cual pone en riesgo su conservación.

Ante la necesidad de preservar dicha riqueza ecológica, diversos organismos gubernamentales y miembros de la comunidad científica diseñaron el Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2007.

La conservación de nuestros recursos naturales es, sin duda alguna, una tarea fundamental para el Estado mexicano, las acciones llevadas a cabo durante décadas en el Archipiélago de Revillagigedo son un ejemplo claro del compromiso por establecer más y mejores mecanismos para su protección. El resultado de dichas acciones, sumadas a las características excepcionales de belleza y riqueza natural, paisajes terrestres y marinos, sus ecosistemas, procesos biológicos y ecológicos, así como la biodiversidad del lugar, hicieron que las Islas Revillagigedo cumplieran con los criterios establecidos por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural para quedar inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Dicha inscripción fue aprobada en julio del año pasado por el Comité del Patrimonio Mundial reunido en su 40ª sesión celebrada en Estambul, Turquía, sobre la base de un expediente presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), e integrado con apoyo de los miembros del Consejo Asesor de la Reserva, investigadores y expertos de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de la Secretaría de Marina; implicando además, la coordinación y el trabajo interinstitucional con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado de Colima y la Secretaría de Gobernación.

Este hecho reafirma la posición de México como el país número uno de la región de América Latina y el Caribe, y el sexto a nivel mundial, con mayor número de lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, con un total de 34, de los cuales seis corresponden a la categoría de patrimonio natural y uno más a la categoría mixta, por acreditar valores tanto culturales como naturales.

En el Partido Verde Ecologista de México, celebramos y reconocemos los esfuerzos realizados para alcanzar este gran logro, sin embargo, consideramos que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada preservación de las Islas Revillagigedo, pues existe superficie circundante que no sólo puede, sino que debe ser igualmente reconocida y protegida.

El área protegida por la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo cubre sólo las primeras nueve millas marinas, no obstante, de acuerdo a los expertos, el espacio resulta insuficiente para proteger las especies altamente migratorias que viven en ese espacio natural.

El doctor Enric Sala, director ejecutivo del proyecto National Geographic Pristine Seas, el cual tiene como objetivo identificar, examinar, proteger y restaurar los últimos lugares verdaderamente salvajes en el océano, a través de la exploración, la investigación científica y el análisis político-económico para el establecimiento de reservas marinas donde la biodiversidad pueda prosperar de manera efectiva, señaló recientemente que:

“Las Islas Revillagigedo son el lugar más salvaje de los mares mexicanos, y uno de los lugares del mundo donde he visto mayor número de mantas gigantes y tiburones. México tiene la oportunidad de expandir la protección de ese Patrimonio de la Humanidad y crear un legado histórico de conservación medioambiental”.

Lo anterior nos obliga, como legisladores, a asumir el compromiso de preservar nuestro patrimonio natural e impulsar las acciones necesarias para materializar su efectivo resguardo y conservación, para lo cual resulta imprescindible encontrar un mecanismo que permita extender el polígono de protección de este Archipiélago más allá de la superficie que hoy se encuentra amparada.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, en el ámbito de sus facultades, elaboren estudios técnicos justificativos necesarios, con el objeto de que se lleve a cabo la ampliación del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo.

Nota

1 Véase, Programa de Conservación y Manejo Reserva de La Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, primera edición, Conanp-Semarnat, México 2004. Pp. 10-13.

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manej o/revillagigedo.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 05 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Jorge Aréchiga Ávila, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del IEPS y demás disposiciones fiscales relacionadas con los precios de las gasolinas, y se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar de inmediato el incremento de las gasolinas y el diésel anunciado en el acuerdo 98/2016 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su efecto negativo en la economía de los mexicanos y la planta productiva del país, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, así como por los senadores Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del PRD y Carlo M. Merino Campos del Grupo Parlamentario del PT

Quienes suscriben, diputados Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo los siguientes

Antecedentes

Como parte de las atribuciones que le confiere la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con la actualización de las cuotas aplicables al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles automotrices, el 27 de diciembre el gobierno federal publicó el acuerdo mediante el cual dio a conocer el ajuste a los montos que se aplicarán durante este 2017. Los incrementos en las cuotas del IEPS no son muy altas, porque sólo corresponden al efecto de la inflación, por lo que el factor de actualización fue 1.033.

Paralelamente se dieron a conocer los precios máximos aplicables a esos combustibles, señalando que a partir del 1 de enero de este 2017, el precio de la gasolina magna aumentó dos pesos, para alcanzar un precio promedio ponderado de 15.99 pesos por litro, un incremento mensual de 14.4 por ciento; en la Premium el alza fue de 2.98 pesos, a 17.79 pesos por litro, con un incremento mensual de 20.1 por ciento; y en el caso del diésel, el precio del litro subió 2.4 pesos, a 17.05 pesos por litro, 16.5 por ciento más.

Eso, además del establecimiento de 90 regiones, en las que los precios tendrían una variación de 1.25 pesos entre el precio más alto y el más bajo, en función de los costos de distribución y almacenamiento entre las diferentes regiones.

Es importante explicar las razones por las cuales resulta alto el incremento en las cuotas definitivas del IEPS en enero de 2017, en comparación con diciembre de 2016. Esto se debe a que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el transcurso de 2016 se observó un progresivo aumento en el precio de referencia que es el costo al que se paga el litro de gasolina. Este precio de referencia aumentó, debido a incrementos en su cotización en los mercados internacionales y, particularmente por el efecto de la devaluación al expresar el precio de referencia en pesos. Por consiguiente, la cuota definitiva del IEPS descendió progresivamente, porque la cuota del IEPS fue afectada por la aplicación de subsidios vía la cuota disminuida y el estímulo fiscal.

Así, por ejemplo, en el caso de la gasolina Magna la participación de la suma de los impuestos en el precio al consumidor pasó de representar 45 por ciento en enero de 2016, a 35 por ciento en diciembre; en el caso de la Premium, los impuestos comenzaron representando 38.2 por ciento, aumentaron hasta 41 por ciento en marzo y en los meses siguiente disminuyeron hasta llegar a 29.9 por ciento en diciembre. Paradójicamente, en el caso del diésel el porcentaje de la carga impositiva en su precio es mucho mayor. En enero representó 53.4 por ciento del precio y subió a 56 por ciento en febrero, 55 por ciento en marzo y posteriormente redujo su participación para terminar diciembre en 42.8 por ciento.

Para 2017, la propuesta de SHCP busca recuperar el monto de impuestos establecidos en enero de 2016, sin estímulos, más la inflación estimada, unos centavos arriba de los registros de enero de 2016.

No obstante, es conveniente señalar que el cobro del IEPS a las gasolinas ha resultado muy atractivo para la obtención de recursos fiscales. A pesar del “subsidio” que supuestamente se aplicó en el transcurso de 2016, hasta septiembre el IEPS a las gasolinas ya había permitido captar, 217 mil 924 millones de pesos, 61 mil 289 millones adicionales a los estimados originalmente. Para 2017, en la Ley de Ingresos aprobada por la mayoría legislativa, SHCP propuso captar 284 mil 432 millones de pesos por IEPS a gasolinas.

De esa manera, el impuesto a las gasolinas compensa en parte la caída de la recaudación por derechos petroleros. La disminución de los derechos petroleros fue provocada por la decisión de los gobiernos de los últimos sexenios de no utilizar productivamente los recursos proporcionados por las exportaciones petroleras, que hasta 2014 llegaron a aportar divisas que superaron los 40 mil millones de dólares cada año.

El problema está en que, como se observa en la gráfica, los últimos gobiernos decidieron utilizar buena parte de esas divisas para adquirir bienes, como las gasolinas, que se podrían haber producido en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Actualmente la dirección de la empresa mantiene a sus refinerías operando a menos de 50 por ciento de su capacidad. Eso sólo demuestra su propósito de desmantelar a esta empresa.

En ese contexto, se observa que en el caso del precio de referencia sí se advierte un incremento importante: en la Magna, el precio pasó de 5.44 pesos por litro en enero de 2016, a un estimado de 7.61 en enero de 2017; en la Premium, de 6.07 a 9.08, y en el Diésel, de 5.23 pesos por litro, a 8.79 en enero de 2017. Así, se estima que los precios de referencia para cada uno de esos productos tendrán incrementos en términos reales de 35.5 por ciento; 44.9 por ciento y 62.8 por ciento. Y como no están dispuestos a fortalecer a Pemex, ahora los funcionarios argumentan que no podemos prescindir de esas importaciones.

Nosotros, en Morena insistimos en que este tipo de decisiones son consecuencia inevitable del abandono presupuestal, de la voluntad de desmantelar la capacidad productiva de Pemex, para justificar su reforma energética.

El secretario de Hacienda ha expresado que el alza no es consecuencia de la reforma energética, que se debe a incrementos en los precios de las gasolinas. Y sobre esa base, el secretario debería estar muy preocupado para obligar a la actual administración de Pemex, a operar sus refinerías a toda su capacidad y con la máxima eficiencia.

Esa decisión correctiva es de la mayor urgencia, considerando que, todo indica, parece que estamos en un proceso alcista:

• Incluso si se permiten las tecnologías más depredadoras, los costos de extracción del crudo tienden a aumentar. Y habría que suponer que en algún momento se tendría que corregir ese tipo de decisiones, porque el deterioro ambiental y de recursos hidráulicos puede representar un costo demasiado elevado para la sociedad.

• Hay una relativa estabilidad en las cotizaciones internacionales e incluso podrían aumentar, debido al acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por cierto, esa alza genera una renta que, en el marco de la reforma energética, ya no será todas del Estado mexicano; ahora las empresas privadas tomarán lo que consideran su parte.

• Los precios del crudo –y las gasolinas– pueden variar en función de la fortaleza del dólar respecto de los precios de las materias primas. Si hay una devaluación del dólar, aumentan los precios de las materias primas. Si se fortalece el dólar, como podría suceder por las alzas de tasas por parte de la Reserva Federal, los precios del crudo y las materias primas se podrían debilitar y entonces eso afectará los ingresos de los productores y quizás propicie nuevos recortes a la producción.

Lo cierto es que las decisiones de los últimos gobiernos nos han puesto en una situación muy difícil. Si caen los precios del crudo, se debilitarán más los ingresos del país, lo que repercutirá en la paridad del peso y aumentará el precio de referencia en la moneda nacional, encareciendo a la gasolina importada. Si sube el precio del petróleo, aumentarán los rendimientos de las empresas participantes en el sector, pero también los de las gasolinas importadas. Nada de eso se puede desvincular de los objetivos de los últimos gobiernos, de llevar a cabo la reforma energética.

La decisión de cobrar impuestos a las gasolinas, confirma la vulnerabilidad en la que se encuentra la economía nacional, a consecuencia de la falta de compromiso con el país, de la irresponsabilidad, la corrupción, la impunidad y la ineptitud, que resulta inaceptable ante las circunstancias del país.

Es por eso que consideramos necesario que se suspenda el aumento a los precios de las gasolinas que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En particular, es necesario que se suspenda la aplicación del aumento al precio del diésel, hasta en tanto no se desarrolle un programa eficiente, concreto de apoyo productivo a los sectores agropecuario, industrial y de servicios de transporte. Organizaciones de productores como El Barzón, han denunciado el incumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, para apoyar a los productores. Eso no puede continuar.

Antes de aumentar los precios de los energéticos se debe aplicar un programa de austeridad que permita reducir las necesidades de gasto, sin afectar lo importante y la inversión. Sobre todo se debe combatir la corrupción y la impunidad que permite la opacidad en las filiales y subsidiarias de Pemex. Urge que se investiguen a las administraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de Pemex, de 2000 a la fecha, para castigar a aquellos exfuncionarios que no cumplieron con su responsabilidad y obligación de administrar con compromiso y eficiencia a esa empresa.

Se debe investigar todo posible enriquecimiento inexplicable y conflicto de interés de aquéllos exfuncionarios que ahora compiten por apropiarse de partes de la empresa; que se anulen las pensiones extraordinarias obtenidas sin apego a la ley. Que se termine con la corrupción a nivel federal, de los estados, de los poderes y órganos autónomos.

En particular, antes de esos incrementos, se deben asignar de inmediato los recursos necesarios para que las refinerías de Pemex trabajen a toda su capacidad, para evitar que se importe más de 50 por ciento del consumo nacional y se sancione a quien no cumpla con esa responsabilidad.

Es indispensable que se excluya de cualquier operación comercial y de explotación de yacimientos a las empresas privadas en las que participen como funcionarios, socios o asesores, funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y en general del sector hacendario y energético.

Si no se toman esas medidas, para evitar la corrupción y el despilfarro, se podría generar un grave problema social y una creciente inflación. Insistimos, sólo será posible hacer frente a los problemas que se avecinan, mediante el combate a la corrupción e impunidad y el diseño de políticas públicas más eficientes, basadas en el compromiso con el pueblo de México.

Urge hacer frente a las circunstancias de corrupción e incompetencia que han alcanzado niveles inaceptables, y más ahora que el entorno internacional nos impone nuevos retos que, por cierto, demandan una gran responsabilidad de los funcionarios públicos.

Es por todo lo anterior que se propone los siguientes puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un Período de Sesiones Extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar las Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y demás disposiciones fiscales relacionadas con los precios de las gasolinas, que dará inicio el 10 de enero de 2017 y concluirá en la fecha que agote su agenda

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República cancelar de inmediato el incremento de las gasolinas y el diésel, anunciado en el Acuerdo 98/2016 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su impacto negativo en la economía de los mexicanos y en la planta productiva del país.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya de manera urgente una estrategia que permita recuperar la fortaleza productiva de la planta industrial de PEMEX y en particular de su capacidad de refinación y transformación, así como de fomento a los sectores agropecuario e industrial y al servicio de transporte

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República y a sus secretarios de despacho, para que antes de que tomen decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, demuestren en su actuar un claro compromiso a favor de la austeridad republicana, contra la corrupción e impunidad en el mal uso y apropiación indebida de recursos públicos, y se instaure un esquema de participación democrática que garantice una mayor eficiencia y eficacia del gasto y la inversión

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).
Senadores: Carlo M. Merino Campos, Mario Delgado Carrillo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo a retractarse y evitar declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias, así como adoptar el enfoque de no discriminación en su actuar institucional como mandatario estatal, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El día 16 de diciembre se llevó a cabo un evento para la entrega de estufas ecológicas en la cabecera municipal de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. Ahí, el gobernador del estado, Omar Fayad, dijo en su presentación que:

[Las mujeres indígenas] “La que menos (hijos) tiene, tiene tres, por eso se acaban las estufas, ya les dije que ya duerman con ropa, producen mucho chamaco y el riesgo es que los chamacos se queman cuando dejan las estufas adentro del jacal”.

Esta es una declaración discriminatoria y misógina, y atenta contra los artículos primero, segundo y cuarto de la constitución.

Es discriminatoria pues se refiere a las mujeres por su condición de indígenas, descalificando su forma de vida y sus prácticas sexuales.

Y es misógina pues hace referencia directa a la mujer, señalándola como el origen de una problemática social que es responsabilidad del Estado.

Estas palabras son, sin duda, desafortunadas; sobre todo en un país donde la violencia y la discriminación contra las mujeres sigue siendo un tema de preocupación y ocupación nacional, contrarrestando los esfuerzos institucionales y ciudadanos que pugnan por una sociedad incluyente y respetuosa de las mujeres.

Recordemos que en nuestro país la mayor discriminación y desigualdad la sufren principalmente las mujeres indígenas, y que por desgracia las instituciones no han tenido un margen de acción suficiente para erradicar la situación; en parte porque desde las mismas instituciones se fomentan las prácticas y acciones de discriminación.

Por otro lado, el mismo 16 de diciembre, el gobernador Omar Fayad acudió un evento de fin de año con los profesores de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en dicho acto se rifaron premios para los trabajadores. Lo preocupante de la situación es que dentro de los premios el gobernador tuvo la puntada de rifar “una cena” con la secretaria de educación pública del estado Sayonara Vargas Rodríguez.

Esta es, sin duda, una acción misógina. La cosificación de la mujer: hacer de ella un objeto que puede ser utilizado como mercancía, es una de las peores prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y en especial de las mujeres.

Es preocupante porque a pesar de ser “una broma” desvela la idea que se tiene sobre la mujer. En este sentido, recordemos que el lenguaje tienen intención, que refleja una visión del mundo y que educa en torno a ella. Po eso la broma fomenta la práctica de cosificación de la mujer y mantiene el patrón de sometimiento al que ha sido sometida por siglos.

Pero no han sido las únicas muestras de discriminación hacia las mujeres por parte del gobernante. En junio pasado, atribuyó la derrota de su partido política en más de la mitad de los municipios del estado a que la ley los obligó a postular mujeres.

Vemos con preocupación que el gobernador tiene expresiones discriminatorias hacia las mujeres y violenta la constitución política al menos en sus artículos primero que en su párrafo quinto expresa:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Al artículo segundo, punto B, que menciona:

“B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Y al artículo cuarto en su párrafo segundo que establece:

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a retractarse y evitar declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias, así como adoptar el enfoque de género y no discriminación en su actuar institucional como gobernador constitucional del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2016.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a fortalecer con sus homólogas locales y en el marco de sus atribuciones las acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno de los casos de hepatitis C en el país, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho fundamental e indispensable para el pleno desarrollo de las personas establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política.

Actualmente, la población sufre diferentes tipos de enfermedades, entre ellas la hepatitis C, concebida como el padecimiento del hígado provocado por el virus del mismo nombre, el que a su vez es causado por una infección. Puede ser aguda como crónica, su gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida.

Dicho virus se transmite a través de la sangre y una de las causas de infección más comunes tiene que ver con la práctica de inyecciones poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y la transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar.

El virus de la hepatitis C (VHC), causa infección aguda y crónica, la primera se distingue por ser asintomática y muy raramente se asocia a una enfermedad potencialmente mortal. Cerca de 15 a 45 por ciento de las personas cuentan con este padecimiento la cual elimina el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno, en tanto que 55 a 85 por ciento restante desarrolla la infección crónica y en estos caso corre el riesgo de padecer cirrosis hepática, a los 20 años es de 15 a 30 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen entre 130 y 150 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C y aproximadamente 700 mil personas mueren cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con hepatitis C1

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), apunta que en las Américas las hepatitis virales causan más de 125 mil muertes al año y la gran mayoría de estos fallecimientos es por hepatitis B y C2 .

Por otro lado, se estima que 57 por ciento de los casos de cirrosis hepática y 78 por ciento de los casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C. Aunado a lo anterior, se estima que actualmente, una de cada 20 personas que han contraído una hepatitis vírica sabe de su infección, y sólo se trata a una de cada 100 personas que la padecen.

En la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Hepatitis Víricas 2016-20213 y acordaron las primeras metas mundiales para reducirlas.

Una de las metas es tratar a 8 millones de personas que sufren hepatitis B o C de aquí a 2020. El objetivo a largo plazo, partiendo de las cifras de 2016, es reducir en 90 por ciento la incidencia de las hepatitis víricas y en 65 por ciento la mortalidad por estas enfermedades de aquí a 2030, lo que correspondería a su eliminación como problema de salud pública.

Las hepatitis virales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y su prevención y control requiere de la mejora continua de las acciones de vigilancia epidemiológica.

Para el caso de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se registran cada año 24 mil casos de hepatitis A, B y C. De este total, alrededor de mil 900 casos corresponden a hepatitis C, y 750 al tipo B, por lo que se han desarrollado diferentes medidas preventivas y de tratamiento apegadas a las recomendaciones de OMS y OPS.

La Asociación Mexicana de Hepatología, señala que 85 por ciento de los casos de la hepatitis evoluciona a una forma crónica y se tiene evidencia de que 20 de cada 100 pacientes pueden evolucionar a cirrosis en 20 años; y sólo 7 por ciento de las personas infectadas desarrollan cirrosis.4

La Asociación Mexicana de Hepatología refiere que alrededor de un millón de mexicanos padecen hepatitis C, la mayoría de ellos no saben que la padecen5 .

En este contexto, el gobierno federal ha instrumentado importantes acciones para atender este problema por ejemplo “cada año se aplican seis millones de vacunas contra hepatitis B, con lo que se garantiza la inmunización de los dos millones y medio de niños que nacen cada año en nuestro país”6 .

Entre 2000 y 2014 se han suministrado más de dos millones de dosis de este biológico a la población adolescente, a fin de cubrir aquellos niños que no fueron vacunados en el momento de su nacimiento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha señalado que en lo que va de este año, se han aplicado 300 mil dosis de esta vacuna en personas adultas, así como a grupos considerados de riesgo, como profesionales de la salud7 .

En nuestro país existe un número importante de personas que cuentan con este padecimiento y a la vez carecen de información veraz y confiable que permita la caracterización epidemiológica de estos padecimientos.

En consecuencia, es necesario fortalecer las acciones de vigilancia, para lo cual es fundamental contar con procedimientos específicos que permitan la detección, notificación, seguimiento y clasificación de los casos, donde la función del laboratorio es determinante.

Asimismo, es crucial preponderar el análisis de la información que haga asequible la detección temprana de riesgos y la implementación de acciones de prevención y control correspondientes.

De la misma manera, resulta imprescindible contar con los mecanismos de evaluación del sistema de vigilancia de las hepatitis y con el personal suficientemente capacitado.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que el asunto abordado representa una problemática de salud pública, por ello, seguiremos trabajando por un mayor bienestar social para que las y los mexicanos puedan mejorar su calidad de vida y juntos podamos seguir transitando por un México más incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno los casos de hepatitis C, en el país.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/, consultado el 19 de diciembre de 2016.

2 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=
12334porciento3Aopsoms-alienta-paises-americas-reducir-muertes-por-hepatitis
&Itemid=1926&lang=es, consultado el 19 de diciembre de 2016.

3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250578/1/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?ua=1,
consultado el 19 de diciembre de 2016.

4 http://hepatologia.org.mx/informacion-para-pacientes/padecimientos/19-hepatitis-c,
consultado el 19 de diciembre de 2016.

5 http://www.informador.com.mx/suplementos/2016/698011/6/
mexicanos-viven-sin-saber-que-tienen-hepatits-c.htm, consultado el 20 de diciembre de 2016.

6 http://www.gob.mx/salud/prensa/
en-mexico-se-registran-cada-ano-24-mil-casos-de-hepatitis, consultado el 20 de diciembre de 2016.

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sedena que remita un informe sobre las medidas de seguridad y los criterios tomados en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el mercado San Pablito, de Tultepec, México, tras las explosiones del 20 de diciembre de 2016, suscrita por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que remita a esta soberanía un informe detallado de las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en Mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec, estado de México, luego de las explosiones suscitadas el pasado 20 de diciembre de este año al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de diciembre de 2016, fueron registradas diversas explosiones en el Mercado de San Pablito en el municipio de Tultepec, estado de México, dejando 35 muertos y al menos 48 heridos de acuerdo con la lista difundida por el gobierno del estado de México.1 Entre las personas fallecidas, de acuerdo con datos del periódico el Universal se encontraban ocho niñas y niños, menores de edad, una niña y 7 niños. Asimismo, se contabilizaron 12 niñas, niños y adolescentes lesionados, en edades que oscilaban desde el primer año de edad hasta los 17 años. Algunos de ellos, han sido trasladados a Galveston, Texas, para ser atendidos gracias a la intervención de la Fundación Michou Mau.

El municipio de Tultepec, tiene la tradición de la pirotecnia y la mayor parte de su población tiene como modo de vida esta actividad comercial (alrededor de 130 mil personas se dedican a ésta). En este municipio mexiquense se concentra alrededor del 40 por ciento de los permisos nacionales para su elaboración, comercialización y transporte.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece en su artículo 2o. que la aplicación de este mandato legal corresponde al Presidente de la República; a la Secretaria de Gobernación (Segob), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las demás autoridades federales en los ámbitos de su competencia.

De acuerdo con los artículos 40, 41, 42, 43 y 45 de la ley en comento, corresponde a la Sedena dictar las medidas relativas a actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones y explosivos, entre ellas, las actividades como la pirotecnia y las relacionadas con el uso de pólvora: Asimismo, la Sedena tiene la facultad de expedir licencias y permisos para la compra, almacenamiento y venta de esta actividad, los cuales han sido incorporados dentro de las disposiciones de esta ley (capítulos II, IV y V).

De igual manera, el artículo 69 de la ley referida establece expresamente que:

Artículo 69. Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en esta ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de la Defensa Nacional para practicar visitas de inspección.

Y en el mismo sentido el artículo 72 señala que:

La Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere este título.

Cabe señalar, que en 2005 y 2006 se registraron explosiones en el Mercado de San Pablito, e inclusive fue la propia Sedena después de estos acontecimientos quien supervisó y certificó la remodelación del mercado de San Pablito.

En marzo de este año, fue celebrada en su sexagésima octava edición la Feria Nacional de la Pirotecnia; en la cual el presidente del Mercado de Artesanías, German Galicia Cortes, “indicó que los visitantes al Mercado de San Pablito, tendrían la certeza de visitar un lugar con las medidas de seguridad necesarias tales como extintores, agua, arena, pico de pala y personal calificado para actuar en caso de algún accidente”.2

Por otro lado, es importante destacar que todos los años en diversas fechas conmemorativas en nuestro país, sectores públicos y privados relacionados con la salud, recomiendan la prohibición de fuegos artificiales, con el propósito de evitar que la población y en especial, niñas, niños y adolescentes se vean afectados por este tipo de actividades. No obstante, los recientes acontecimientos dan muestra de la necesidad de concientizar a la población mexicana de la magnitud, los factores de riesgo y la repercusión de las lesiones que traen consigo actividades como la pirotecnia y en especial, aquellas en las que se ven involucradas niñas, niños y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado mexicano, afirma que todos los niños tienen derecho a disfrutar de un ambiente sin riesgos, al abrigo de las lesiones y de la violencia. Y derivada de esta, es que en diciembre de 2014 en el marco de la Convención, se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Esta ley establece el derecho de prioridad a fin de que se les asegure a niñas, niños y adolescentes “prioridad” en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente que: se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria: se les atienda antes que las personas adultas en todos los servicios; en igualdad de condiciones, y se les considere para el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Aunado a lo anterior, la legislación señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo; a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan su desarrollo, crecimiento sano, saludable y armonioso, tanto físico como mental; así como del nivel más alto de salud, de manera gratuita. Para tales efectos, resulta necesario que las autoridades en los tres niveles de gobierno implementen medidas para reducir la morbilidad y mortalidad; la prestación de asistencia médica y sanitaria necesaria; adoptar medidas tendientes a la eliminación de prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de las niñas, niños y adolescentes.

En este marco, cabe resaltar que datos del “Informe mundial sobre prevención de lesiones en los niños”3 señalan que las lesiones y la violencia son una de las principales causas de muerte infantil en todo el mundo, y provocan cada año cerca de 950 mil defunciones en niños y jóvenes menores de 18 años; es decir, cada hora mueren innecesariamente más de 100 niños. Las lesiones no intencionales representan casi el 90 por ciento de estos casos. De acuerdo con este informe, las quemaduras por fuego en niños de 1 a 9 años, representan el onceavo lugar de las quince causas principales por las que mueren niñas, niños y adolescentes. El doceavo lugar en niñas, niños y adolescentes entre 10 y 14 años, y el séptimo lugar en adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Además de las defunciones por lesiones no intencionales, decenas de millones de niñas y niños requieren atención médica-hospitalaria por lesiones no mortales. Muchos de ellos quedan con algún tipo de discapacidad y a menudo con consecuencias de por vida. La necesidad de atención y rehabilitación y la posibilidad de que sufran discapacidades permanentes pueden tener una gran repercusión en su futuro, salud y educación, así como en su inclusión social y en los medios de subsistencia de sus padres, madres y tutores.

El informe muestra que la mayoría de las lesiones mortales en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años se debieron a colisiones por accidentes de tránsito, ahogamientos, quemaduras por fuego, caídas o intoxicaciones. Estas cinco categorías constituyen el 60 por ciento de todas las defunciones de niños debidas a lesiones. La tasa de mortalidad por lesiones de los niños es más de tres veces mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Y en el caso de las muertes debidas a lesiones por fuego o llamas, la tasa en los países de ingresos bajos es cerca de 11 veces mayor que en los países de ingresos altos, siendo 6 veces mayor en el caso del ahogamiento, unas 5 veces mayor en lo que respecta a las caídas y 4 veces mayor en el caso de las intoxicaciones.

Las capacidades físicas y mentales de la niñez, su grado de dependencia, el tipo de actividades que realizan y sus comportamientos arriesgados cambian sustancialmente a medida que crecen. Pero cuando están en desarrollo, su curiosidad y su necesidad de experimentar no siempre van parejas con su capacidad de comprender o de responder al peligro, con el consiguiente riesgo de padecer lesiones. Por lo tanto, sus lesiones están muy relacionadas con el tipo de actividades que realizan, lo que, a su vez, se relaciona con la edad y la etapa del desarrollo.

En México, según datos del 2009 existió un incremento en la incidencia de quemaduras de 109 mil 479 quemaduras registradas en 2007 a 114 mil 385 en 2008. Las estadísticas de ese año mostraron que un 5 por ciento de las quemaduras registradas son severas y 52 por ciento ocurren en menores de 15 años. La mayoría de estos lesionados (cuatro de cada cinco menores de 15 años) son menores de 5 años.4 De acuerdo con este estudio en México, las quemaduras son una de las causas más frecuentes de atención médica en las salas de urgencias. Siendo niñas, niños, adolescentes y las personas adultas mayores los grupos más vulnerables de la población. Más del 18 por ciento de los lesionados hospitalizados no sobrevive, a diferencia del 5.4 por ciento reportado en otros países. Por otra parte, si las quemaduras no ocasionan el deceso, éstas pueden producir secuelas graves. El informe muestra que las quemaduras son un problema de salud pública poco estudiado en México y de hecho no hay publicaciones que describan la epidemiología de las quemaduras fatales y no fatales.

En los últimos días, y debido a la situación que cientos de personas se encuentran viviendo en el municipio de Tultepec, el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado de México, han informado a través de diversos medios de comunicación la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por la explosión del pasado 20 de diciembre, así como la puesta en marcha de un proyecto de reconstrucción del Mercado de San Pablito, a partir del mes de enero de 2017.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, remita a esta Soberanía un informe detallado de las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en Mercado de San Pablito en el Municipio de Tultepec, estado de México, luego de las explosiones suscitadas el pasado 20 de diciembre de este año.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaria de Salud, continúe brindando asistencia médica inmediata a la población, que ha sido víctima de las explosiones en el Mercado de San Pablito, en el Municipio de Tultepec, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto al principio de división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular del gobierno del estado de México, para que en el ámbito de sus competencias, realicen acciones necesarias para la concientización de la población sobre los factores de riesgo y la repercusión de las lesiones que traen consigo actividades como la pirotecnia y en especial, aquellas en las que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a su análoga en el estado de México, a proteger los derechos y atender de manera inmediata las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de las explosiones en el Mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec, estado de México, el pasado 20 de diciembre.

Notas

1 Consultado el 23 de diciembre de 2016 y disponible en: http://edomexinforma.com/tultepec/

2 (20-12-2016) Presumieron mercado de Tultepec como el más seguro de Latinoamérica. Diario en línea, El Universal
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/12/20/
presumieron-mercado-de­tultepec-como-el-mas-seguro-de

3 UNICEF, OMS/OPS, (2008), Informe Mundial sobre prevención de lesiones en los niños, disponible en
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77762/1/WHO_NMH_VIP08.01_spa.pdf

4 Orozco-Valerio M.J (2012), Gaceta Médica de México, “Tendencia de mortalidad por quemaduras en México 1979-2009”,
disponible en: http://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n4/GMM_148_2012_4_349-357.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de enero de 2017.

Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conago a celebrar con la mayor brevedad reunión extraordinaria a fin de diseñar e implantar un plan de acción conjunto para atender a los connacionales que sean deportados debido a la política migratoria anunciada por el presidente electo de EUA, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, senador de la República a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a efecto de que a la brevedad posible se reúnan en sesión extraordinaria, con la finalidad de diseñar e implementar un plan de acción conjunto para la atención de los connacionales que con motivo de la política migratoria anunciada por el presidente electo de Estados Unidos de América, Sean Deportados. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los 33.5 millones de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 8% del PIB de Estados Unidos. Su mayor aporte se da en áreas como la agricultura y la pesca, además de destacar en la apertura de empresas y el establecimiento de plazas laborales.

Entre 2000 y 2008, sin considerar el efecto de la crisis, la contribución de los migrantes indocumentados al crecimiento del PIB estadounidense fue por lo demás contundente, con un aporte del 32%; de ese aporte el grupo de inmigrantes que más contribuyó a dicho incremento fue, precisamente, el de los mexicanos, con una contribución del 11% al crecimiento total.

Asimismo, los migrantes mexicanos en los Estados Unidos permiten el desarrollo económico de México a través del envío de remesas hacia sus familiares, aportando aproximadamente el 76% de la inversión extranjera directa captada en México.

No obstante, el presidente electo de los Estados Unidos amenaza con deportar, a partir del 20 de enero próximo a todos nuestros connacionales, no sólo a aquellos que se encuentran con el carácter de indocumentados, sino además, a aquellos que cuentan con la residencia norteamericana.

Es preocupante que este fenómeno migratorio alcanzará y afectará de manera grave a los menores de edad, pues al menos nueve mil niñas y niños mexicanos ingresan ilegalmente a los Estados Unidos cada año, lo cual pone en un riesgo latente su integridad física y sicológica.

En enero de 2013, las y los mexicanos, de manera muy particular las y los oaxaqueños, celebrábamos la voluntad histórica del presidente Barack Obama respecto de aplicar una profunda reforma migratoria, en la que por fin se reconociera la aportación de la comunidad migrante a su economía. Era además una discusión que desde hace años resultaba necesaria para garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los migrantes, máxime en el marco de iniciativas como la Propuesta 187 en el Estado de California y muchas otras hasta llegar a la Ley SB1070 en Arizona en 2010, que criminalizaban a los mexicanos migrantes y endurecían las medidas de vigilancia o deportación.

Desafortunadamente, el señor Donald Trump pretende, además de deportar a nuestros connacionales, implementar medidas con el objeto reforzar la seguridad en la frontera, lo que en los hechos implicará la militarización de toda la franja fronteriza.

Sin duda alguna, es deber del Estado Mexicano implementar políticas públicas que atiendan de manera puntual las necesidades de nuestras y nuestros connacionales que serán deportados a partir del 20 de enero de este año, salvaguardando el bien intrínseco del ser humano, la familia; su integridad física y su integración inmediata a la vida cotidiana de sus entorno social, es decir, que se les proporcione acceso a un empleo digno y bien remunerado, que cuenten con las facilidades de obtener todo aquel documento que permita ejercer su derecho a la identidad (acta de nacimiento, credencial de elector, licencia de conducir, etc.), que se les permita incorporarse a las escuelas de todos los niveles, incluido el superior y se les brinde un servicio de asesoría y representación en caso de que necesiten que sus pertenecías les sean enviadas a su nuevo lugar de residencia

Ante estos acontecimientos públicos, los representantes populares respetamos las decisiones internas que emita el Gobierno de los Estados Unidos en ejercicio de su soberanía, pero también es claro que el tema de la reforma migratoria tiene consecuencias para nuestros connacionales; por ello, es inminente realizar un pronunciamiento de solidaridad hacia nuestros hermanos mexicanos indocumentados, deseando que pronto su situación migratoria se regularice, adquiriendo cabalmente el ejercicio de sus derechos universales como seres humanos, tales como el derecho a la alimentación, salud, educación, familia, trabajo digno y libre tránsito.

Por ello, considerando que la situación de los migrantes indocumentados ocupa no sólo el quehacer político y legislativo de todos los países del mundo, sino que también atrae la preocupación y la participación de los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, resulta imperante que el Gobierno Federal y los estatales implementen medidas urgentes que atiendan la grave crisis humanitaria que se avecina.

En virtud de lo anterior, resulta inaplazable que la Conferencia Nacional de Gobernadores se reúna y emita no sólo una postura, sino que diseñen un plan de acción conjunto para atender a los connacionales que inminentemente serán repatriados, a efecto de garantizarles el respeto y ejercicio de sus derechos humanos.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a efecto de que a la brevedad posible se reúnan en sesión extraordinaria, con la finalidad de diseñar e implementar un plan de acción conjunto para la atención de los connacionales que con motivo de la política migratoria anunciada por el presidente electo de los Estados Unidos de América, sean deportados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las de las entidades federativas a abstenerse de negar la atención médica y garantizar el derecho a la salud a los migrantes mexicanos retornados al país.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a efecto de que dispongan de equipos de personal capacitado que den acompañamiento y asesoría a los migrantes mexicanos que sean retornados a México.

Dado en el salón de sesiones, a los cinco días del mes de enero de 2017.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a elaborar en el ámbito de sus facultades estudios técnicos justificativos para ampliar el polígono de preservación de las áreas naturales protegidas convergentes en la Selva Lacandona, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Selva Lacandona comprende un territorio aproximado de 1.8 millones de hectáreas, se localiza en las montañas del oriente de Chiapas, entre Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque, y los recientemente formados Maravillas, Tenejapa, Marqués de Comillas y Zamora Pico de Oro. Asimismo, abarca una parte de Tenosique, Tabasco.1

La región lacandona cuenta con un complejo sistema hidrológico que abarca 53 por ciento de la cuenca del río Usumacinta, cuya conservación es clave para la estabilidad de 1 millón de hectáreas de pantanos formados por el delta de los ríos Grijalva-Usumacinta.2

El principal tipo de vegetación representado en esta región terrestre prioritaria (RTP) es la selva alta perennifolia. La Selva Lacandona constituye un continuo con las regiones de Calakmul y Sian Ka’an, a través de las áreas forestales del sur del Punto Put3 y de Quintana Roo (también consideradas RTP) y de las selvas del Petén que interconectan ambas zonas de México.

La Selva Lacandona se caracteriza por su incuantificable riqueza natural, ya que es una zona conformada por selvas tropicales húmedas, las cuales se consideran ecosistemas terrestres clave para la preservación de más de 70 por ciento de las especies del planeta y para la provisión de recursos y servicios indispensables para el desarrollo y bienestar humanos, como el agua, los nutrientes del suelo, la regulación del clima, así como la correcta realización de los ciclos de carbono y de nitrógeno.

Según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la región de la Selva Lacandona es una de las de mayor riqueza biológica del país ya que cuenta con 625 especies de mariposas y alberga aproximadamente 15 por ciento de especies de plantas de México.

En la zona de la reserva de Lacan-Tun se encuentran alrededor de 3 mil 400 especies de árboles y plantas, entre las que destacan el canshán, la caoba, el laurel, la amapola, las orquídeas, los helechos, el chicozapote y el hule.

Por lo que hace a la fauna, se han registrado 114 especies de mamíferos, 345 especies de aves, 84 especies de reptiles. Hay presencia de fauna considerada rara, endémica, amenazada o en peligro de extinción, tales como el tapir, la nutria de río, el jaguar, el mono araña, el águila arpía, el cocodrilo de río y la tortuga blanca, entre otras. La Selva Lacandona representa la localidad de mayor riqueza de murciélagos de México.

Debido a su importancia ambiental, la región de la Selva Lacandona cuenta con 398 718.93 hectáreas bajo alguna modalidad de conservación, que constituyen 37.85 por ciento de su superficie, que a su vez representan 26.51 por ciento de la superficie protegida en Chiapas y la convierte en la mayor área natural protegida de la región, como se detalla en el siguiente cuadro, obtenido del Programa Regional de Desarrollo 2013-2018, del gobierno de Chiapas:4

El gobierno federal ha visto en los decretos como áreas naturales protegidas un mecanismo exitoso para abonar a la conservación efectiva de zonas con una riqueza ambiental indispensable para la subsistencia de dichas superficies, pero también para los recursos naturales que dependen de los servicios ambientales que aportan.

En la región de la Selva Lacandona convergen siete áreas naturales protegidas de jurisdicción federal; cuyo decreto no afecta la propiedad de la tierra, sólo la regula mediante un programa de manejo; no permite establecimiento de nuevos núcleos agrarios y el usufructo de los recursos naturales puede hacerse únicamente para beneficio de las poblaciones aledañas legalmente establecidas.

Las siete áreas naturales de la Selva Lacandona son consideradas una fábrica de agua y de nutrientes que fluyen por arroyos y ríos hasta su desembocadura en el Golfo de México, aportando así los alimentos necesarios para las diversas poblaciones de peces existentes en la zona.

No obstante las evidentes riquezas y bondades naturales de la Selva Lacandona, las características sociales propias del lugar suponen un grave desequilibrio ecológico, debido principalmente al crecimiento poblacional exponencial y desordenado, así como el cambio de uso de suelo, como los principales factores de presión sobre los ecosistemas naturales.

Dicho crecimiento poblacional trae consigo la demanda de servicios necesarios para la subsistencia de las personas que ahí habitan. Por ello, la mayor parte de la selva se ha venido transformando en tierras de cultivos y potreros para agricultura y ganadería.

Hoy, debido a dicho fenómeno poblacional, miles de hectáreas están abandonadas por ser consideradas infértiles; son desecados ríos y arroyos; se erosionan los suelos y las orillas de los cuerpos de agua; se contamina el suelo y el agua con agroquímicos o simplemente por la mala disposición de los residuos sólidos, generando con ello la pérdida de los principales hábitats propios de la enorme biodiversidad existente.

No menos agresivos para la conservación de la Selva Lacandona resultan los actos que constituyen un delito, por ejemplo la caza, la pesca y la tala ilegal, que han puesto en riesgo a diversas especies de flora y fauna. Como muestra de lo anterior, basta citar el caso de la guacamaya roja, una de las aves más emblemáticas de la zona, la cual se encuentra en peligro de extinción a consecuencia de la presión ejercida sobre su hábitat natural.

Si bien con la creación de áreas naturales protegidas se han fijado bases sólidas para la preservación de los recursos naturales existentes en México, especialmente en una de las zonas más ricas ecológicamente hablando –como la Selva Lacandona–, lo cierto es que se deben seguir implementando acciones que permitan asegurar una efectiva protección y conservación de nuestro patrimonio natural, pues además de establecer alternativas para combatir frontalmente los efectos negativos del cambio climático se deben atender los aspectos sociales que en esa región repercuten de manera negativa en el ambiente.

Es indispensable generar conciencia en la sociedad para garantizar una participación conjunta en la protección de zonas con alto valor ecológico, pues sólo a través de la corresponsabilidad se logrará un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

Sin duda, una vía exitosa para lograrlo es orientar la atención hacia aquellas áreas consideradas de alto valor ambiental para otorgarles una declaratoria de protección; así como la ampliación de las superficies de conservación de las ya declaradas, como las existentes en la Selva Lacandona, pues ello abona a frenar los fenómenos negativos que han venido deteriorando la zona en perjuicio del ambiente y de sus propios pobladores.

No podemos soslayar que México tenía originalmente 12 millones de hectáreas de selvas húmedas, que se distribuían desde el sur de Tamaulipas hasta la frontera con Guatemala y que gracias a la deforestación registrada en los últimos 40 años para establecer asentamientos humanos, infraestructura, cultivos agrícolas, ganadería, entre otros usos incompatibles con su conservación, en la actualidad sólo queda un escaso millón de hectáreas, una mitad en los Chimalapas y la otra en la Selva Lacandona.

En el caso particular de la Selva Lacandona, estos ecosistemas ocupaban, en los años sesenta, alrededor de 1 millón 800 mil hectáreas, que se han reducido únicamente a una cuarta parte.5 De acuerdo con la Conabio, la apertura de la carretera fronteriza y la exploración y explotación petrolera han acentuado el fenómeno de la devastación de la selva, la cual presenta hoy gran fragmentación.6

En virtud de lo anterior, y atendiendo a los compromisos que como país tenemos para lograr mayor superficie de protección en la figura de áreas naturales protegidas, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de sus facultades, elaboren estudios técnicos justificativos con objeto de que se amplíe el polígono de protección de las áreas naturales protegidas que convergen en la región de la Selva Lacandona, en Chiapas y Tabasco.

Notas

1 Véase, Lacandona RTP 138, Conabio.
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_138.pdf

2 Véase Selva Lacandona, Alianza WWF-Fundación Carlos Slim.
http://awsassets.panda.org/downloads/fs15_chiapas_lacandona.pdf

3 El Punto Put es el sitio geográfico en México donde convergen Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en la península de Yucatán.

4 Véase Programa Regional de Desarrollo 2013-2018. Región XII, Selva Lacandona, gobierno de Chiapas, junio de 2014.
http://www.ped.chiapas.gob.mx/ped/wp-content/uploads/ProgReg/2013-2018/2013_PRD_12_Selva_Lacandona.pdf

5 Véase Carabias, Julia y De la Maza, Javier, “La Selva Lacandona: adversidades y oportunidades”, en revista Este País, diciembre de 2014.

6 Véase Lacandona RTP 138, Conabio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo.

Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Jorge Aréchiga Ávila, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se invita al titular de la SHCP a reunirse con los integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para analizar los escenarios generados a partir de los cambios en el entorno internacional, así como las medidas previstas en la dependencia a su cargo en materia de ingresos, gasto e inversión, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputada Rocío Nahle García y diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo los siguientes

Antecedentes

El 20 de octubre del presente año, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, tomando en cuenta fundamentalmente el escenario inercial que con algunos ajustes presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica para 2017.

Era un escenario que apenas contemplaba la posibilidad de ajustes derivados del alza de tasas por parte de la Reserva Federal, un riesgo limitado de volatilidad en los mercados financieros internacionales, un crecimiento de la economía de Estados Unidos de 2.2% y precios del petróleo deprimidos.

Así, para 2017 se propuso como marco macroeconómico un crecimiento del PIB de entre 2 y 3%, una inflación de diciembre a diciembre de 3.0%, un tipo de cambio ajustado de los 18.20 pesos propuestos por el Ejecutivo, a una paridad de 18.62 pesos por dólar en promedio, una tasa de interés nominal de 5.3% para fines de 2017 y un déficit en cuenta corriente de 3% del PIB. Asimismo, se propuso ajustar la producción de petróleo de 1,928 mil barriles a 1,947 mil barriles diarios, con un precio ponderado del barril de 42 dólares.

No obstante, en estos momentos las condiciones macroeconómicas han cambiado de manera importante. Por ejemplo, desde antes de que se aprobara la Ley de Ingresos, la especulación en torno al nivel de la deuda pública, su costo y el efecto de las tasas de interés en Estados Unidos, mantuvieron la presión sobre la paridad, de modo que el tipo de cambio para solventar obligaciones entre junio y octubre de 2016 registró un promedio de 18.75 pesos por dólar. Después, la posibilidad y el triunfo del candidato republicano, Donald Trump, aumentaron la presión y en noviembre y los primeros días de diciembre el promedio de la paridad para solventar obligaciones en moneda extranjera fue de 20 pesos por dólar.

A su vez, existe la posibilidad de una recuperación en el precio del petróleo. El acuerdo de la OPEP de finales de noviembre ha generado un ambiente positivo en la industria petrolera, que podría mejorar los precios de exportación del crudo, con el consiguiente beneficio para Hacienda y, si actúan responsablemente, también para Pemex. Esa alza de precios podría revertirse si los productores de crudo de Estados Unidos, mediante fracking, lo encuentra atractivo para aumentar su producción y nuevamente hacer caer esa cotización. Pero, por lo pronto, el acuerdo de la OPEP no estaba en los escenarios de Hacienda.

No está de más señalar que como consecuencia de esto último también se podría presentar un aumento en los precios de las gasolinas. Conviene recordar que como consecuencia de la mala administración de nuestras refinerías, actualmente México importa más de 50% de las necesidades del mercado nacional, por lo que una alza en los precios de esas importaciones, agravado por el efecto de un peso más débil, puede tener un grave impacto en las condiciones de vida de la población, en la estabilidad de precios y seguramente en las finanzas gubernamentales. ¿Se va a seguir debilitando la capacidad de transformación de PEMEX?

A lo anterior se agrega un factor de gran importancia, que es la política que aplicará en su país el presidente electo en Estados Unidos. Lo que ha dicho que va a hacer, independientemente de su carga racista y si se limita a México o es generalizado, puede tener graves consecuencias para la política que se utilizó en el diseño de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2017. Es fundamental que, en reunión de trabajo, se analice qué efectos podría tener para la economía mexicana la decisión de Trump de bajar la tasa de impuestos a las empresas a sólo 15%

Insistimos, uno de los temas que consideramos se deben analizar en detalle es el cambio en la política comercial y fiscal de Estados Unidos. Más allá de las implicaciones que pudieran tener en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se deben analizar las consecuencias que tendría la decisión de reducir la tasa máxima de impuestos a las empresas a 15%, además de revisar los impuestos a las personas físicas.

Cabe recordar que el actual gobierno estadounidense y los países de la OCDE se involucraron en una corrección de las consecuencias que tenían para las finanzas públicas los múltiples regímenes fiscales en el contexto de los acuerdos comerciales. El reconocimiento de la OCDE, de que las grandes trasnacionales utilizan las diferencias de tasas impositivas y la falta de vigilancia de sus operaciones para eludir el pago de impuestos en sus países de origen y en los que invierten, dio lugar a negociaciones para frenar el abuso de las trasnacionales.

Una consecuencia de esos esfuerzos fue, por ejemplo, la pretensión de la Comisión Europea de obligar a Irlanda, que aplica tasas impositivas atractivas para atraer inversiones, de cobrar 13,000 millones de dólares correspondientes a la estimación de los impuestos que habría generado Apple en 10 años, si se le aplicaran las normas fiscales de la Unión.

Ese diferendo sigue. Pero ahora, la elección de Trump y sus propuestas fiscales modifican todos los términos de esa negociación. No es lo mismo que se proponga a Irlanda que le cobre a Apple, a que se busque obligar al gobierno de Estados Unidos a no afectar los términos de las disposiciones fiscales relativamente acordadas.

La propuesta de Trump puede tener graves consecuencias incluso para su propio país, aunque crea, como lo hace el actual gobierno mexicano, que la menor inversión pública podrá ser cubierta por la inversión privada en educación, salud e infraestructura.

No obstante, en lo inmediato, su propuesta obliga a revisar el acuerdo para evitar la doble tributación que se firmó con el vecino país en el marco del TLCAN, y probablemente todos los que se han firmado desde 1994 a la fecha, aunque algunos de ellos ya fueron ajustados recientemente.

Por otra parte, se requiere saber qué avances tiene Hacienda en relación con esas disposiciones acordadas en el marco de la OCDE, toda la información de las operaciones de las trasnacionales, como lo señala el Artículo 76-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Este artículo establece, entre otras obligaciones, que las empresas trasnacionales deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate: declaraciones anuales informativas de partes relacionadas que deberá contener información referente al grupo empresarial multinacional, su estructura organizacional, la descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras con sus partes relacionadas, la posición financiera y fiscal, así como indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes relacionadas y con partes independientes; utilidades o pérdidas antes de impuestos; impuesto sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre la renta causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas acumuladas; número de empleados; activos fijos y de mercancías, entre otra información.

Sin duda, esa información podría ayudar los legisladores y a la sociedad a comprender la importancia y beneficios de las empresas trasnacionales y las estrategias que se deben seguir para aprovechar su operación en beneficio de la economía nacional.

En el nuevo entorno, en el que se modifican las circunstancias de operación del comercio internacional y de la inversión extranjera directa, es conveniente saber qué se hace por parte de las autoridades mexicanas, los contactos con los demás países integrantes de la OCDE, cuáles son sus posturas; qué acuerdos ya se habían alcanzado con las empresas trasnacionales instaladas en México y la evaluación de los responsables de la Hacienda Pública, acerca de los probables cambios legislativos para hacer frente a las nuevas condiciones.

Es por eso que consideramos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, puede enriquecer la información de la que dispone el Congreso, en la actual situación, en la que sería recomendable adoptar posiciones proactivas que permitan prever los impactos de la nueva realidad.

Si bien en Morena estamos convencidos de que en la discusión de la Ley de Ingresos para 2017, Hacienda mantuvo su estrategia de reservar ingresos probables para su utilización discrecional en el transcursos del año -como es el caso de los probables remanentes del Banco de México, los mayores ingresos por exportaciones de crudo y un mayor volumen en las ventas de gasolinas en el mercado interno, así como el uso de los fideicomisos alimentados con recursos de ejercicios anteriores-, las declaraciones del presidente electo en Estados Unido superan con mucho las previsiones que pudo hacer Hacienda. Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, a sostener una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para analizar los escenarios que se han generado a partir de los cambios en el entorno internacional, así como las medidas que se están previendo en la dependencia a su cargo en materia de ingresos, gasto e inversión,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar talleres, exposiciones, cursos y pláticas sobre la discriminación en escuelas públicas y privadas a nivel directivo y docente para erradicarla, suscrita por el diputado Germán Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a implementar talleres, exposiciones, cursos y pláticas, acerca de la discriminación escolar en escuelas públicas y privadas a nivel directivo y docente, para la erradicación de la misma al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La discriminación es la acción de distinguir o separar unas cosas de otras, tomando en cuenta sus diferencias1 ; es decir, tratar a los demás de manera diferente; esto puede ser desde su apariencia, hasta por su origen étnico, preferencia sexual, color de piel, etcétera. Lastimosamente, la discriminación sigue siendo una práctica que aún persiste en la actualidad, ya sea en el área laboral, familiar, escolar, entre otros.

Discriminar es una acción tan común que a diario la realizamos consciente o inconscientemente, ya sea por el contexto general que estamos viviendo, por el grupo social al que se pertenece, por la educación que se recibe, etcétera.

Desafortunadamente nuestro sistema educativo no es la excepción, y la discriminación se lleva a cabo entre los mismos estudiantes, y peor aún, desde el nivel directivo y docente.

En la comunidad de San Juan Atepec, del estado de Oaxaca, la profesora de una primaria fue denunciada por familiares de unos menores, a causa de violencia escolar, acoso, agresiones y sobre todo por discriminación racial que efectuaba en contra de ellos2 .

Un caso similar se presentó en la preparatoria 11 del Sistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), en la entidad de Colima, en la cual una estudiante transgénero tuvo que vivir hostigamientos, discriminación y acoso por parte de la misma directora del plantel, la cual incluso logró expulsarla del mismo. La joven tuvo que recurrir al apoyo por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima interponiendo una denuncia en contra de la directora.3

En Sonora se presentó un caso muy peculiar, ya que un menor de cuatro años se enfrentó a su corta edad a un problema gracias a su apariencia. El personal de la escuela no estaba de acuerdo con el corte de cabello del menor, ya que, según el reglamento de la institución, el largo del cabello que tenía el menor estaba prohibido. A razón de esto el niño fue acreedor a una suspensión y hasta expulsión de dicha institución educativa. En este caso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervino en el asunto y resolvió a favor del menor pues concluyó que el niño había sido víctima de discriminación por su aspecto personal motivado por un estereotipo social, y la escuela tuvo que pagarle más de 96 mil pesos por daños al menor.4

En la Ciudad de México se ha incurrido también en casos similares en las últimas semanas, pues una institución privada infantil, le restringió el acceso a formar parte de la misma a un par de niños de 1 y 3 años de edad, por venir de una familia conformada por lesbianas. La institución se excusó diciendo que las personas que inscribían a sus hijos en la institución no tendrían bien visto que dos personas del mismo sexo estén a cargo de los menores, además de que lo consideraban un mal ejemplo para los compañeros de los niños.5

La discriminación que es llevada a cabo desde la escuela, un espacio que debería ser de aprendizaje y tolerancia, y que en cambio es llevada a cabo por los docentes, directivos y administrativos, es un reflejo del grande problema al que nos enfrentamos.

Es preciso educar y hacer entender las acciones y circunstancias que llevan a la discriminación, así como plantear los protocolos y esquemas para enfrentarlo; es denigrante saber que las personas que deberían impartir educación y la promoción de los buenos valores en nuestra sociedad, aún sigan practicando algún tipo de discriminación movido por creencias absurdas y por encima de la misma ley.

A pesar de estar establecida en la ley suprema, y de que contamos con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, no respetamos ni hacemos valer nuestro derecho de un trato digno ante los demás o a tener las mismas posibilidades de encontrar un trabajo, desarrollar alguna actividad recreativa o a ingresar a alguna escuela o área específica, pues nos encontramos sujetos al pensamiento personal de un particular o de una institución, ya sea pública o privada.

En una encuesta realizada por el Conapred, los jóvenes señalaron que los principales motivos por los cuales no encuentran empleo es por preparación insuficiente, por su apariencia, inexperiencia, edad, por estar estudiando, no tener suficientes relaciones sociales y contactos y por tener o padecer alguna enfermedad6 .

La apariencia se ha convertido en un tipo de discriminación que los jóvenes perciben en su intento de encontrar trabajo, donde cinco de diez jóvenes creen que ese fue el motivo principal.7

Las inseguridades que sufren nuestros jóvenes y adultos son alimentadas desde la infancia donde en un aula, consciente o inconscientemente realizamos algún tipo de discriminación que nace desde un “inocente” apodo que está motivado por el color de piel, origen étnico, apariencia física o nivel socioeconómico.

Por todo lo anterior mencionado creo prioritario el acercamiento de las autoridades escolares hacia los maestros y personal de todas las instituciones educativas en general, para realizar conciencia de toda acción que resulte en contra de los derechos humanos de los estudiantes, así como la impartición de técnicas, protocolos y las modificaciones de reglamentos internos para detener la discriminación y brindar un ambiente sano en las instituciones escolares.

La sociedad mexicana debe detener todo acto que menosprecie a las personas por su apariencia, orientación sexual, forma de pensar o cualquier otra forma de discriminación, especialmente toda discriminación que es impulsada en los planteles escolares, pues es ahí donde nuestros niños y jóvenes son formados.

Considerandos

La Constitución en su artículo 1 párrafo quinto, establece la prohibición a toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.8

De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece como derecho fundamental de todo mexicano la impartición de una educación, basada en el respeto, igualdad y responsabilidad ya sea en escuela pública o privada sin distinción alguna9 .

El Código Penal Federal en su artículo 149 Ter, establece las penas que va de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a la comunidad y con una multa que puede llegar hasta los doscientos días de unidad de medida y actualización, desglosando los tipos de discriminación que pueden presentarse en lugares como escuelas, lugares de labores, recreativos o sociales.10

En Chile se cuenta con la Ley de Inclusión Escolar, una reforma referente a la selección de escuela por parte de los padres, tutores y alumnos, donde el proceso de admisión será conforme a los principios de transparencia, educación comprensiva, accesibilidad universal, equidad y sobre todo la no discriminación para las y los alumnos y familias, respetando las garantías de su constitución y tratados que sean parte.11

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar talleres, exposiciones, cursos y pláticas, acerca de la discriminación escolar en escuelas públicas y privadas a nivel directivo y docente, para la erradicación de la misma.

Notas

1 “El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación”. CONAPRED. Salazar Ugalde, Pedro y Gutiérrez Rivas, Rodrigo. Diciembre 2007. http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E-09-2007.pdf

2 “Detienen a maestra que discriminaba a niños indígenas en una escuela primaria de Oaxaca”. Proceso . La redacción. 17 de Febrero del 2016. http://www.proceso.com.mx/430437/detienen-a-maestra-que-discriminaba-a- ninos-indigenas-en-una-escuela-primaria-de-oaxaca

3 “Joven transgénero denuncia discriminación por parte de la directora de su escuela en Colima”. Proceso.com.mx. Pedro Zamora Briseño. 27 de septiembre del 2016.

http://www.proceso.com.mx/456545/joven-transgenero-denun cia-discriminacion-parte-la-directora-escuela-en-colima

4 “Conapred resuelve a favor de Axan, el niño expulsado por llevar cabello largo; escuela debe pagar 96 mil pesos”. Sin embrago.mx. 4 de mayo de 2016. http://www.sinembargo.mx/04-05-2016/1656574

5 “Tres escuelas de la CDMX se negaron inscribir a los hijos de una pareja del mismo sexo”. Animal Político . Manu Ureste. 28 de noviembre de 2016. http://www.animalpolitico.com/2016/11/discriminacion-familia-gay-homopa rental/

6 “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México”. Consejo Nacional para prevenir la Discriminación . Enadis 2010. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

7 Ídem.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

9 Ídem.

10 Código Penal Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf

11 “De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado”. Biblioteca del congreso Nacional de Chile .

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Quintana Roo a establecer contribuciones proporcionales, idóneas y necesarias para conservar el ambiente, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina¸ Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo de Quintana Roo a establecer contribuciones proporcionales, idóneas y necesarias para la protección y conservación del medio ambiente.

Consideraciones

A. Del derecho fundamental a un medio ambiente sano

1. La modificación constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de junio de 2011, estableció un nuevo paradigma constitucional para transitar de un modelo vertical en donde el Estado otorgaba garantías a sus habitantes hacia un modelo garantista en donde se reconocen derechos humanos que corresponden a cualquier persona por naturaleza.

2. El nuevo paradigma constitucional trajo consigo la generación de un bloque de regularidad constitucional que incorpora materialmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todas las normas que se refieran a derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte.1

3. En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de cualquier persona, mismo que deriva en un amplio catálogo de obligaciones de los tres órdenes de gobierno para la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. En específico, se ha reconocido el derecho fundamental en los siguientes términos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(El énfasis es propio).

A esta redacción normativa, se incorpora, a través de una interpretación conforme, el contenido de las disposiciones relativas al mismo derecho contenidas en la amplitud de Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

4. Como cualquier derecho fundamental, el derecho humano a un medio ambiente sano contiene un núcleo normativo que, en este caso, puede traducirse de la siguiente forma:

...el derecho humano a un medio ambiente sano significa diversidad de efectos y modalidades, requiere acciones positivas y/o negativas, acciones de abstención, de protección, de información, participación (...), para su debida protección y goce2

Además de esta pluralidad de derechas o aristas, es derecho a un medio ambiente sano es un derecho subjetivo, difuso y fundamental, y por lo tanto se requieren las vías idóneas de protección jurisdiccional, debe ser entendido como un fin en sí mismo para encaminar las acciones del Estado y de la sociedad, el cual generará obligaciones para el primero de los nombrados y derechos y obligaciones para los segundos3 .

5. La Poder Judicial de la federación ha abonado en el estudio normativo del derecho humano a un medio ambiente sano y ha determinado lo siguiente:

Derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. La eficacia en el goce de su nivel más alto, implica obligaciones para el Estado y deberes para todos los miembros de la comunidad.

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas”4

(El énfasis es propio).

B. Test de proporcionalidad

1. Las actuaciones de tutela pueden implicar imposición de cargas, como puede ser la aprobación de una contribución, para generar las condiciones institucionales de garantía. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de acciones debe sujetarse a un estudio de proporcionalidad que determinará su constitucionalidad conforme a los siguientes criterios:

Test de proporcionalidad. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental.

El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo.5

Primera etapa del test de proporcionalidad. Identificación de una finalidad constitucionalmente válida.

Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir. En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos.6

Segunda etapa del test de proporcionalidad. Examen de la idoneidad de la medida legislativa.

Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a un derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad de una medida legislativa podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.7

Tercera etapa del test de proporcionalidad. Examen de la necesidad de la medida legislativa.

Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. Lo anterior supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares, o bien las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida elegida por el legislador es inconstitucional. En caso contrario, deberá pasarse a la cuarta y última etapa del escrutinio: la proporcionalidad en sentido estricto.8

Cuarta etapa del test de proporcionalidad. Examen de la proporcionalidad en sentido estricto de la medida legislativa.

Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se han llevado a cabo las primeras tres gradas del escrutinio, corresponde realizar finalmente un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Esta grada del test consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. De este modo, la medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, la medida será desproporcionada y, como consecuencia, inconstitucional. En este contexto, resulta evidente que una intervención en un derecho que prohíba totalmente la realización de la conducta amparada por ese derecho, será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a regular en ciertas condiciones el ejercicio de tal derecho. Así, cabe destacar que desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, sólo estaría justificado que se limitara severamente el contenido prima facie de un derecho fundamental si también fueran muy graves los daños asociados a su ejercicio.9

2. Lo anterior obliga a los Poderes Legislativos del Estado mexicano a hacer compatibles las normas expedidas a los criterios de validez constitucional anteriormente mencionados. En este sentido, cualquier medida que imponga cargas para la ciudadanía, aun tratándose de una acción encaminada a tutelar un derecho, debe analizarse a través de un test de proporcionalidad para determinar que una finalidad sea constitucionalmente legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto.

C. Planteamiento del problema

1. El pasado 15 de noviembre de 2016, se presentó ante el Poder Legislativo de Quintana Roo la iniciativa de decreto (sic) por la cual se adiciona el capítulo XXIX denominado “De los derechos de saneamiento ambiental que realice el municipio”, dentro del Título Tercero denominado “De los Derechos”, el cual comprende los artículos 132 Bis, 132 Ter, 132 Quáter y 132 Quinquies, todos de la Ley de Hacienda del municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo10 , a cargo del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. De la interpretación del contenido normativo de la iniciativa, se deduce que la misma tiene por objeto tutelar el derecho humano a un medio ambiente mediante la imposición de una contribución, causada por actividades de hospedaje mercantil, para el procesamiento de residuos sólidos.

3. En la iniciativa se argumenta que el municipio de Solidaridad ha crecido “con tasas muy por encima de la media nacional” como consecuencia de la principal actividad económica: el turismo. De acuerdo con la iniciativa, se afirma que lo anterior ha provocado una brecha de insatisfacción (sic) dado que la capacidad de respuesta del municipio de Solidaridad no ha crecido al ritmo de las demandas ciudadanas locales, principalmente aquellas que se refieren al alumbrado público, la seguridad pública y el saneamiento de residuos sólidos. Se advierte la ausencia de datos cuantitativos en el análisis legislativo.

4. De igual forma, la iniciativa asevera que la problemática planteada crece al tomar en cuenta a la población flotante, principalmente integrada por turistas y funcionarios. De igual forma, se advierte la ausencia de datos cuantitativos en el análisis legislativo. En el mismo orden de ideas, se utiliza la siguiente gráfica cuya fuente no es citada:

5. Se afirma que lo anterior resulta en la necesidad de que el tratamiento de residuos sólidos urbanos busque generar sustentabilidad (sic) para evitar que los mismos den al mar.

6. La iniciativa ofrece otra afirmación: la relación entre la percepción del turista y el clico de la vida de un destino turístico (sic) mismo que se busca explicar a partir de una cita incompleta. En palabras del instrumento legislativo, la falta de capacidad de respuesta del municipio afecta la percepción del turista y, por lo tanto, al turismo. Para ilustrar la afirmación, se utiliza la siguiente gráfica cuya fuente no es citada:

7. Como conclusión general, se afirma que lo anterior debe resolverse mediante un “proyecto que garantice la disminución y abatimiento de esta brecha” diseñado bajo la premisa “no puede existir un proyecto sin una fuente de financiamiento”. En concreto, legislador local propone lo siguiente:

• Crear un derecho ambiental que se disfrute (sic) por los visitantes, el cual debe ser cuidado (sic) cuya continuidad debe ser procurada.

• Se propone que la contribución se cause cuando se actualice el supuesto de renta de cuarto en hotel, posada, motel, casas de huéspedes y hostales mediante una tarifa única fija (veinte pesos por noche) que la persona moral deberá enterar ante el municipio. El derecho se denominará “derecho de saneamiento ambiental”.

D. Estudio del planteamiento.

1. En pleno respeto a la autonomía del Poder Legislativo de Quintana Roo, y en la búsqueda del cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en especial, su bloque de regularidad constitucional) y de las diversas leyes generales en materia de protección al medio ambiente, de aplicación vinculante en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, se establecen los siguientes razonamientos.

2. Como ya ha sido expuesto, cualquier carga a la ciudadanía debe ser sujetarse a un estudio de proporcionalidad, aunque la misma se refiera a una acción de tutela. En este caso, se pretende imponer una contribución que puede significar una medida desproporcional y que inhiba al turismo local.

3. Para determinar que esta medida persiga una finalidad constitucional válida, se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterios suficientes para orientar al legislador federal y local para el diseño tributario garantista, especialmente cuando se persiguen fines extrafiscales, como el que nos ocupa:

Fines extrafiscales. Corresponde al órgano legislativo justificarlos expresamente en el proceso de creación de las contribuciones.

Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.11

(El énfasis es propio).

4. Es así como el legislador federal y local pueden darle un uso social al derecho tributario para generar acciones de tutela como puede ser la redistribución de los recursos o inhibir el consumo de bienes que, aunque inelásticos, resultan socialmente dañinos.

5. Tanto para el honorable Congreso de la Unión, como para los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano siempre constituirá una finalidad constitucional válida. De igual forma, y como ya fue dicho, el derecho tributario constituye una medida idónea dado que permite recaudar recursos, inhibir o fomentar acciones, perseguir fines extrafiscales, etcétera.

6. No obstante, la medida propuesta, aunque persigue una finalidad constitucional válida mediante una medida idónea, resulta desproporcional. Lo anterior se justifica desde el análisis de dos vertientes: la primera se refiere a la falta de justificación sobre las consecuencias en el turismo que actualiza el interés de la Cámara de Diputados; la segunda se refiere al diseño normativo de la medida.

7. La intención de establecer la tasa fija propuesta obliga a estudiar su validez normativa ya que se observan disposiciones inconstitucionales que violan el ámbito de protección del principio de proporcionalidad en materia tributaria, conforme al siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Determinación presuntiva de contribuciones. Su análisis a la luz del principio de proporcionalidad tributaria.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Asimismo, ha señalado que, conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente debe determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es en el causante en quien recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. Así, la autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias e identificar, por consiguiente, su capacidad para contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, la determinación presuntiva de contribuciones por parte de la autoridad tiene lugar cuando el contribuyente violenta el principio de la buena fe, y como resultado de ello la autoridad no está en aptitud de conocer con veracidad las operaciones por él realizadas; de ahí que la función de la presunción es, por tanto, dar certeza y simplicidad a la relación tributaria, ante el incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales. Consecuentemente, el análisis del principio de proporcionalidad tributaria, en el caso de presunciones relativas, implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran tenga un mínimo y no un máximo de justificación, por lo que la elección del medio para cumplir tal finalidad no conlleva a exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si las presunciones relativas son legítimas desde el punto de vista constitucional, con dos condiciones: 1) que correspondan a criterios de razonabilidad, es decir, que no se establezcan arbitrariamente, por lo que al analizar la legitimidad constitucional de una presunción en materia fiscal, a este Tribunal Constitucional le compete determinar si el ejercicio de esa facultad contrasta manifiestamente con el criterio de razonabilidad, es decir, que se revele en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder; y, 2) que la prueba en contrario que admitan se establezca dentro de límites precisos y objetivos, a través de medios idóneos para destruir tal presunción.12

(El énfasis es propio).

8. A la luz del criterio jurisdiccional, cabe mencionar que el Poder Judicial de la Federación ha establecido excepciones para poder considerar a tasas fijas constitucionales. Éstas deben obedecer a criterios que por sí mismos garanticen el cumplimiento del principio de proporcionalidad como el impuesto empresarial de tasa única, conforme a lo siguiente:

Empresarial a tasa única. El artículo 1 de la Ley del Impuesto Relativo, al establecer una tasa fija de 17.5 por ciento, no viola el principio de proporcionalidad tributaria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que la imposición de una tasa fija, por sí misma, no viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, determinó que las tasas progresivas son el parámetro más adecuado o recomendado para gravar la capacidad económica de los contribuyentes, y que dicha regla es aplicable cuando el objeto a tributar son los ingresos totales; sin embargo, nada impide al legislador que establezca tasas fijas en específicas manifestaciones de la riqueza, lo cual implica que también sea jurídicamente válido establecerlas en el universo de impuestos que van más allá de esos indicadores, como es el caso de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que tiene como objeto gravar los ingresos brutos percibidos por los contribuyentes por la realización únicamente de las actividades señaladas en su artículo 1. En consecuencia, toda vez que la base del tributo se integra de restar la totalidad de los ingresos gravados, al total de las deducciones autorizadas en la ley, y que a dicho resultado se le aplica la tasa fija de 17.5 por ciento, lo que da lugar al impuesto a enterar por el contribuyente, se tiene que cada sujeto pasivo del impuesto empresarial a tasa única tendrá una base gravable proporcionalmente distinta a la de los otros, lo que producirá que la tasa fija establecida en el numeral 1 de la mencionada ley, haga soportar cuantitativamente en forma distinta a cada contribuyente, aun tratándose de personas físicas, por lo que se concluye que la proporcionalidad exigida no estará determinada por sí sola en dicha tasa, sino en la constitución de la base gravable de cada sujeto contribuyente conforme a sus ingresos brutos, sea persona física o moral, de manera que, entre más alta sea dicha base, mayor será el impuesto a pagar y a la inversa, entre menor sea la base gravable, menor será el tributo a cubrir.

(El énfasis es propio)13

9. En este sentido, la propuesta legislativa no cumpliría con los estándares de validez constitucional al establecer una tasa que no distinga la capacidad contributiva de los contribuyentes. Adicional a esto, una contribución regresiva establece incentivos negativos que impactarían en la decisión del turista al momento de elegir su destino y se actualizaría el interés nacional de esta Cámara de Diputados para generar equilibrios entre el diseño fiscal nacional y el fomento de actividades turísticas. Prueba de lo anterior, fue la aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017 que no modifica las contribuciones causadas por actividades turísticas.

10. Respecto a la finalidad propuesta, se observa deficiencias argumentativas que, acompañadas de la falta de fuentes, darían como resultado la inconstitucionalidad de la contribución:

a. La protección al derecho humano a un medio ambiente sano sin duda obliga a los legisladores a establecer medidas legislativas, como ha sido descrito en el presente punto de acuerdo. Sin embargo, el instrumento no establece ningún argumento que demuestre idoneidad de la medida para perseguir el fin propuesto, ni sus efectos en actividades económicas y turísticas. Esto implicaría una medida arbitraria respecto a la esfera de protección normativa de las personas.

b) No se argumenta que el tratamiento de residuos sólidos, especialmente mediante políticas de reciclaje no pueda diseñarse mediante la legislación general y local correspondiente. De igual forma, no se desarrolla un análisis de las finanzas públicas en la materia que aseguren la necesidad, a la luz de un juicio de proporcionalidad14 , de establecer una contribución para garantizar la protección al derecho humano a un medio ambiente sano.

c) No se demuestra que la medida no impactaría en el turismo local al establecer incentivos negativos al turista, aspecto fundamental dado el escrutinio que el órgano jurisdiccional de control constitucional realiza para determinar la validez de los fines extra fiscales de las contribuciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Legislativo del estado de Quintana Roo a establecer contribuciones proporcionales, idóneas y necesarias para la protección y conservación del medio ambiente.

Notas

1 Para abonar en el entendimiento del bloque de regularidad constitucional, véase Graciela Rodríguez, Juan Arjona, Zamir Fajardo, Bloque de Constitucionalidad en México , (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, y otros, 2013), disponible en

http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/Bloque%20de%20c onstitucionalidad.pdf (Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2016).

2 Gustavo Adolfo Alanís Ortega, Derecho a un medio ambiente sano , página 632, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steriner, coords., Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana , (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México, Konrad Adenauer Stiftung, Tomo I, 2013).

3 Obra citada.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.), disponible en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e 10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522medio%2520amb iente%2522%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Cla se=DetalleTesisBL&NumTE=206&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-10 0&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012127&Hit=4&IDs=2012221,2012125,2012126,2012127, 2012130, 2011965, 2011977, 2011808, 2011457, 2011357, 2011358, 2011372, 2011316, 2011008, 2010366, 2010225, 2009904, 2009832, 2009794, 2009448&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 4 de octubre de 2016).

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXIII/2016 (10a.), disponible en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1 0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=test%2520de%2520pro porcionalidad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase =DetalleTesisBL&NumTE=33&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013156&Hi t=8&IDs=2013136,2013143,2013144,2013146, 2013152, 2013154, 2013155, 2013156, 2012994, 2012266, 2012220, 2012181, 2011402, 2011120, 2010541, 2010390, 2009796, 2008527, 2007342, 2007343&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2016).

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXV/2016 (10a.), disponible en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1 0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=test%2520de%2520pro porcionalidad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase =DetalleTesisBL&NumTE=33&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013143&Hi t=2&IDs=2013136,2013143,2013144,2013146,2013152,2013154,2013155,201 3156,2012994,2012266,2012220,2012181,2011402,2011120,2010541,2010390,20 09796,2008527,2007342,2007343&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&Tema= (Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2016).

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), disponible en:

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.a spx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=test %2520de%2520proporcionalidad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Or den=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=33&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID =2013152&Hit=5&IDs=2013136, 2013143, 2013144, 2013146, 2013152, 2013154, 2013155, 2013156, 2012994, 2012266, 2012220, 2012181, 2011402, 2011120, 2010541, 2010390, 2009796, 2008527, 2007342, 2007343&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2016).

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.), disponible en

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.a spx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=test %2520de%2520proporcionalidad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Or den=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=33&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID =2013154&Hit=6&IDs=2013136, 2013143, 2013144, 2013146, 2013152, 2013154, 2013155, 2013156, 2012994, 2012266, 2012220, 2012181, 2011402, 2011120, 2010541, 2010390, 2009796, 2008527, 2007342, 2007343&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2016).

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXXII/2016 (10a.), disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1 0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=test%2520de%2520pro porcionalidad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase =DetalleTesisBL&NumTE=33&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013136&Hi t=1&IDs=2013136, 2013143, 2013144, 2013146, 2013152, 2013154, 2013155, 2013156, 2012994, 2012266, 2012220, 2012181, 2011402, 2011120, 2010541,2010390, 2009796, 2008527, 2007342, 2007343&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2016).

10 La iniciativa no es consultable de forma electrónica en la página del Poder Legislativo de Quintana Roo, por lo que se anexa copia de la iniciativa (con sello de recepción ante el congreso local) y se entiende que las citas se remiten al contenido del anexo.

11 Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a./J. 46/2005, disponible en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1 0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=finalidad*%2520cont ribuciones*&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=D etalleTesisBL&NumTE=102&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=3&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=178454&Hit= 71&IDs=175578, 175887, 176200, 176742, 176889, 177326, 177321, 177510, 177610, 177837, 178454, 178308, 180313, 180809, 180799, 181236, 181319, 181323, 181955, 182554&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Te ma= (Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2016).

12 Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a. CLXVIII/2014 (10a.), disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1 0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=contribuciones*%252 0proporcionalidad*&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1& Clase=DetalleTesisBL&NumTE=130&Epp=20&Desde=-100&Hasta= -100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2006241&Hit=15&IDs=2012243, 2011429, 2011239, 2010536, 2010286, 2009683, 2009134, 2009244, 2008890, 2008257, 2008203, 2007829, 2006367, 2006239, 2006241, 159822, 159821, 159819, 2004487, 2004081&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&T ema= (Fecha de consulta: 21 de noviembre 2016).

13 Semanario Judicial de la Federación, Tesis: I.3o.(I Región) 2 A (10a.)¸ disponible en:

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.a spx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=tasa s*%2520fijas*&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase =DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000223&Hi t=2&IDs=2000214, 2000223, 163163, 165045, 165639, 165465, 165462, 167499, 167498, 167497, 167489, 169392, 170237, 195154&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Te ma= (Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2017).

14 Claudia Villaseñor Goyzueta, Proporcionalidad y Límites de los Derechos Fundamentales: Teoría General y su reflejo en la jurisprudencia mexicana , (México: Porrúa, Escuela Libre de Derecho y Universidad Complutense, 2011), páginas 91-102.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares y los funcionarios de las dependencias de la administración pública correspondientes a efecto de que concluyan el proceso señalado en el artículo 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, en materia de trabajadoras y trabajadores domésticos, suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los titulares y funcionarios de las dependencias de la administración pública correspondientes a concluir el proceso que señala el artículo 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, con base en las siguientes

Consideraciones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 11 de julio de 2011, durante la centésima conferencia internacional, con 369 votos, el Convenio 189, con el cual se consolida el reconocimiento de condiciones dignas y derechos laborales a favor de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Este acontecimiento fue un parteaguas en que se logró sensibilizar a los Estados Miembros para aprobar un instrumento legal, de ámbito internacional que aborda temas coyunturales para atender y dar solución a la situación laboral de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, otorgando pleno reconocimiento de los derechos laborales y humanos de este sector.

De los 396 países que firmaron el convenio,1 sólo 22 gobernantes2 han cumplido la ratificación, demostrando que los intereses de la comunidad, el compromiso, solidaridad e interés social, va más allá de las diferencias políticas o de los intereses propios y de los discursos.

Resulta alarmante que de los 22 países que lo han ratificado, sólo 10 sean latinoamericanos: Uruguay, Brasil, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

Más aún, preocupa y ocupa que México aún no ratifique el convenio, máxime cuando de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el primer trimestre de 2016 se dio cuenta de que 29.1 millones de la población se encontraba en la informalidad laboral, lo que representaba 57.4 por ciento de la población ocupada. De ese universo, 2.3 millones (7.9 por ciento) correspondían al servicio doméstico remunerado,3 de los que 95 de cada 100 empleados son mujeres; sin embrago, es destacar que todo empleado doméstico tiene riesgos y no cuenta con seguridad social.

No debemos olvidar que todo convenio internacional es vinculante para los estados Miembros que lo suscriben, pues la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 y 1986, concuerdan en que los tratados son acuerdos celebrados por escrito entre dos o más Estados, que crean derechos y obligaciones entre ellos.

Partiendo de esta premisa, el gobierno mexicano está obligado a ratificar el Convenio 189 de la OIT, para con ello cumplir en la generación de mecanismos, medidas y normas que garanticen la protección de los derechos a los trabajadores y las trabajadoras del hogar; una tarea aún pendiente, a más de cinco años de su aprobación.

El artículo 1 del convenio señala que una trabajadora o un trabajador doméstico es “toda persona que realice el trabajo doméstico dentro de una relación de trabajo”;4 por tanto, al reconocer la existencia de una relación laboral, se deben reconocer y cumplir los derechos y obligaciones que ello implica, lo cual va más allá del régimen laboral en el que se encuentre la persona; se trata de un acto de justicia social y reconocimiento pleno de los derechos humanos.

De acuerdo con los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el proceso para ratificar el convenio faculta e involucra al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para opinar sobre la pertinencia y procedencia de suscribirlo, y una vez firmado –suscrito por el Estado mexicano–, sea remitido a la Cámara de Senadores a efecto de que la instancia legislativa, lo analice, discuta y ratifique, hecho que compromete a hacer que se observe y se cumpla.

Mucho hemos referido y hasta presumido las reformas constitucionales del 2011 en materia de derecho humanos; pero poco hemos demostrado con hechos sobre la convicción y compromiso para ello.

Es el momento idóneo para que el Ejecutivo federal concluya la parte del proceso que le corresponde, a fin de que sea posible que el Senado revise y en su caso, apruebe hacer realidad la ratificación del Convenio 189 de la OIT, en beneficio de los mexicanos que efectúan algún tipo de trabajo doméstico fundamental para dinámica del hogar.

El reconocimiento de derechos laborales que propician justicia social, certeza jurídica, igualdad y respeto a los derechos humanos, derechos que bajo ninguna circunstancia se negocian, menos aún se postergan.

En diversas ocasiones, el Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Senadores, y de Diputados por separado, ha exhortado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinar acciones y emitir la opinión correspondiente para suscribir el Convenio 189 de la OIT, lo cual no ha sucedido. Esto, con fundamento en el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados:

Artículo 6o. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.

El 29 de marzo de 2016 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el oficio número 200/SDT/047/2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a incorporar programas de promoción y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas; desarrollar programas que promuevan y faciliten su afiliación a los sistemas de seguridad social por parte de sus empleadores, así como valorar la pertinencia de adherirse al Convenio 189 de la OIT, en materia de trabajo doméstico, con el objetivo de equiparar nuestras leyes con la legislación internacional en materia laboral y de derechos humanos.

En lo que nos ocupa, y que deriva en valorar la pertinencia de la suscripción del Convenio 189, se limitó a señalar en la parte del dictamen:

el año pasado (2015) se formó un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de transitar hacia la eventual ratificación del Convenio 189. El proceso emprendido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comprende el análisis y estudio profundo de la legislación y normativa reglamentaria de aplicación nacional, que resultaría necesario armonizar de acuerdo con aquel instrumento internacional.

También se trabaja en el diseño de una metodología, conforme a la cual se realizarán las consultas que el propio instrumento internacional dispone que deben efectuarse de manera previa a la solicitud de ratificación. Por lo pronto, se puede informar de diversas consultas celebradas con entidades y dependencias federales como la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres. Lo mismo ha sucedido con la Organización Internacional del Trabajo, tanto en su oficina en México como en su sede central, en Ginebra, Suiza...

Es urgente la opinión definitiva sobre la pertinencia o no de la suscripción del Convenio 189 de la OIT por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las dependencias involucradas, en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; lo anterior en virtud de que es inverosímil que a más de un año de iniciar los trabajos, según dicho por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se cuente con la opinión pertinente para su suscripción o no.

Por lo expuesto presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los titulares y los funcionarios de las dependencias de la administración pública correspondientes a efecto de que concreten acciones inmediatas para concluir el proceso señalado en el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, “sobre trabajadoras y trabajadores domésticos”.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública la información sobre la situación actual del proceso de dictamen del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de tener la certeza de que las dependencias de la administración pública cumplen su responsabilidad legal.

Notas

1 http://ratificacion-convenio-189.blogspot.mx/2012_10_01_archive.html Consultado el 27 de septiembre de 2016.

2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P113 00_INSTRUMENT_ID:2551460:NO Sitio consultado el 27 de septiembre de 2016.

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016_05.pdf

4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
Sitio consultado el 27 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente a convocar a periodo extraordinario de sesiones a las Cámaras del Congreso de la Unión, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente presento el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Ante la inminente crisis económica e inflacionaria detonada por el aumento de precios de los combustibles, el GPPRD ha presentado, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la Ley de Ingresos para echar atrás el “gasolinazo” en sus artículos primero y décimo primero, y para derogar el artículo décimo segundo de los transitorios de la mencionada ley.

Los aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), son resultado de la reforma energética 2013-2014 aprobada por el PRI y el PAN.

Esto es así porque en la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2014 por el PRI y el PAN se contempló que los precios de las gasolinas tendrían un proceso de liberalización que concluiría en 2018; sin embargo, en la Ley de Ingresos para 2017 se incluyeron y aprobaron una serie de disposiciones por las que se determinó adelantar para el próximo año la fijación de los precios de las gasolinas por el “mercado”.

El PRD se opuso enfáticamente a dichas medidas y en la discusión de la Ley de Ingresos para 2017, nos reservamos el contenido de los artículos 25, 26 y décimo segundo transitorio.

Lo advertimos en su momento y hoy es una dolorosa realidad para los mexicanos, la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel significa un incremento de: 20% en la gasolina premium (de 14.81 a 17.79 pesos por litro en promedio); 14% en la gasolina magna (de 13.98 a 15.99 pesos por litro en promedio); y 16.5% en el diésel (de 14. 63 a 17.05 pesos por litro en promedio).

Es el mayor aumento en muchos años y el peligro es todavía más grande porque acorde con lo anunciado por la SHCP y la CRE, habrán actualizaciones de dichos precios máximos el 4 y 11 de febrero próximos. Además, a partir del 18 de febrero el ajuste será diario.

La perspectiva de que bajen los precios de las gasolinas y el diésel es remota porque acorde con la fórmula establecida por la SHCP para la fijación de los mismos, uno de los componentes es el precio de referencia internacional de los combustibles que depende a su vez de los del petróleo. Siendo el caso que en 2016 el petróleo ha observado un constante incremento que lo ha llevado de menos de 20 dólares por barril en enero de este año a 44.66 dólares al 23 de diciembre pasado. Más todavía, el Banco Mundial incrementó de 53 a 55 dólares su estimación del precio del barril de petróleo para 2017. Lo que puede ser aún mayor con el acuerdo alcanzado por la OPEP y otros países, incluido México, para reducir su oferta de crudo y así aumentar más su precio.

Cabe también destacar que el impacto de estos incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel se extenderán al resto de la economía, pues como lo ha advertido el Banco de México se generará un fuerte impacto negativo en la inflación, es decir, habrá una escalada generalizada de precios en los meses siguientes.

Las mismas autoridades hacendarias han repetido hasta el cansancio que el peor impuesto a los pobres es la inflación, y justamente de eso trata el golpe perpetrado por el gobierno federal: generar un proceso inflacionario que afectará fuertemente los bolsillos de los mexicanos en especial de los más pobres.

Es por ello que el GPPRD y diversos grupos parlamentarios han presentado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, diversas iniciativas para revertir el gasolinazo, y evitar la crisis inflacionaria y la inestabilidad política que ha detonado esta medida, la cual está generado protestas y manifestaciones de diversa índole por todo el país, que incluye la toma de edificios públicos, estaciones de gasolina y carreteras. Este conjunto de iniciativas deberán ser turnadas y dictaminadas de inmediato, para poder ser discutidas en el marco de un inminente periodo extraordinario en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Desde la discusión de la reforma constitucional en materia energética en 2013, los legisladores del GPPRD alertaron de sus efectos nocivos a la población, pero no sólo entonces el PRI y sus aliados desoyeron las advertencias; sino también en diciembre pasado, cuando decidieron adelantar e imponer algunas de sus implicaciones más dañinas.

Por ello ahora el GPPRD demanda a los partidos del gobierno y sus aliados que reconsideren su política de agresión a la sociedad mexicana, porque la protesta popular crece y será su absoluta responsabilidad hasta dónde puedan llegar sus consecuencias. Estamos a tiempo de remediar esta situación y apostar a la armonía social y al desarrollo del país, sin ofender y lastimar a la gente, sobre todo a la gente con menos ingresos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo extraordinario de sesiones a ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, cuya fecha de inicio será el 19 de enero del presente año y concluirá una vez que se desahogue el objeto para el cual se convoca.

Segundo. El objeto que se abordará en dicho periodo de sesiones extraordinarias serán las reformas relativas a la:

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de enero de 2017.

Diputados: Hortensia Aragón Castillo, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Ana Leticia Carrera Hernández, Tomás Octaviano Félix, Cristina Ismene Gaytán Hernández, María Cristina Teresa García Bravo, Omar Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a considerar la viabilidad de declarar áreas naturales protegidas el desierto semiárido de Zacatecas; la Sierra de la Giganta, en Baja California Sur; el sistema lagunar Bacalar, en Quintana Roo; y la cuenca del río Usumacinta, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano, así como para el desarrollo económico y social. En concordancia con lo anterior, existe un reconocimiento general de que la biodiversidad representa un bien de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.

Los ecosistemas desempeñan un papel fundamental para el bienestar humano. Los servicios de los ecosistemas son beneficios que las personas recibimos de éstos y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de vida. Los servicios que prestan los ecosistemas se clasifican en cuatro tipos: 1. De provisión (alimentos, agua, energía); 2. Servicios de regulación (como la purificación del agua y la regulación climática); 3. Servicios culturales (educación y ocio); y 4. Servicios de soporte, los cuales mantienen todos los demás servicios (ciclo de nutrientes y formación del suelo).

Así, los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para disponer de servicios como la regulación del clima, fijación de carbono, fertilidad del suelo, polinización, filtración de contaminantes, provisión de agua limpia, control de las inundaciones, recreación y valores estéticos y espirituales, lo cual, sin duda alguna, repercute en la prosperidad de la sociedad humana, y no sólo en su economía, sino también en la salud, las relaciones sociales, el ejercicio de las libertades y la seguridad.

La región de América Latina y el Caribe es considerada el territorio con la mayor diversidad biológica en el planeta y está formada por diferentes países (Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela) considerados megadiversos; es decir, que poseen la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi 70 por ciento de todo el planeta. México es uno de estos países porque cuenta con alrededor de 200 mil especies diferentes y es hogar de entre 10 y 12 por ciento de la biodiversidad mundial.

México ocupa el cuarto lugar mundial en cuanto a diversidad de flora se refiere, al contabilizar más de 26 mil especies de árboles y plantas; por otro lado, la complejidad de los paisajes con montañas, confieren una gran variedad de ambientes, de suelos y de climas, por lo cual somos considerados el segundo lugar con mayor número de ecosistemas; además, ocupamos la cuarta posición internacional en el total de especies albergadas (2 mil 500 de ellas se encuentran protegidas en la legislación).

Lo anterior demuestra que somos un país ampliamente favorecido por la naturaleza, situación que trae aparejada una gran responsabilidad y compromiso respecto a la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, sobre todo si consideramos que en los últimos años las actividades humanas, como la deforestación, el crecimiento de la frontera agropecuaria, la cacería y la sobreexplotación pesquera, han puesto en peligro la subsistencia de millones de hectáreas de bosques, selvas, humedales y zonas costeras, ocasionando la pérdida de miles de especies silvestres.

Si bien para reducir la pérdida global de biodiversidad en las próximas décadas es necesario realizar cambios estructurales en la forma de producción y de consumo que considere un ordenamiento integral y un enfoque ecosistémico en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, se requiere además ampliar la superficie de espacios naturales en alguna categoría de protección.

Tradicionalmente, la conservación de la naturaleza ha sido identificada con la protección de las especies raras y emblemáticas, o con la protección de sus hábitats y de paisajes naturales. La protección de las especies y de sus hábitats es la base fundamental de las actuales estrategias y políticas para la conservación de la biodiversidad en el mundo, lo cual se materializa a través de la designación de áreas protegidas.

La comunidad internacional, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableció recientemente las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, las cuales forman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos, los cuales deberían ser alcanzados en 2020.

Dichos objetivos forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en el año 2010 por la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica.

La misión del Plan Estratégico es, en esencia, “detener la perdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza...”

En específico, nos interesa resaltar la meta 11, la cual indica que para 2020, al menos 17 por ciento de la zonas terrestres (incluyendo las aguas continentales) y 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, deberán conservarse por medio de sistemas de áreas protegidas administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativas y bien conectadas.

Es decir, la comunidad internacional nos está mostrando el camino a seguir para conservar mejor nuestros ecosistemas y nos recuerda que es el establecimiento formal de áreas naturales protegidas una de las vías para lograr dicha meta.

Las áreas naturales protegidas se han convertido en la piedra angular de los esfuerzos para proteger las especies amenazadas del mundo y, con mayor frecuencia, se reconoce su papel esencial no sólo como proveedoras esenciales de servicios ecosistémicos y recursos biológicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias de mitigación del cambio climático.

Las tendencias mundiales recientes nos demuestran que la superficie terrestre del planeta que está siendo protegida con fines de conservación de la diversidad biológica está aumentando en forma constante, del mismo modo que la designación de áreas marinas protegidas también ha registrado un incremento.

Casi un cuarto de los países han sobrepasado la meta de proteger 17 por ciento de su superficie terrestre, como lo señalan las metas de Aichi. Se estima que el ritmo actual de crecimiento de las áreas naturales protegidas, tanto terrestres como marinas, sea suficiente para que en 2020 se cumplan las metas porcentuales señaladas, lo cual implica un enorme esfuerzo por parte de los gobiernos de diferentes países que han mostrado un mayor compromiso con el medio ambiente y su cuidado, pues no se trata sólo de que crear espacios naturales para la conservación sino de administrarlos de manera eficaz y equitativa.

En el caso particular del país, las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según las categorías establecidas en la ley.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra actualmente 181 áreas naturales protegidas, correspondientes a 6 categorías (45 reservas de la biosfera, 66 parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 39 áreas de protección de flora y fauna, y 18 santuarios), que suman 90 millones 638 mil 620 hectáreas del territorio nacional. La superficie protegida equivale a 10.77 por ciento de nuestra superficie terrestre, incluyendo las aguas continentales, y a 22.64 por ciento del mar territorial del país.

El gobierno del presidente Peña Nieto ha demostrado un fuerte compromiso con la conservación de la diversidad biológica del planeta. Ejemplo de ello es la reciente creación de cuatro áreas naturales protegidas (reserva de la biosfera del Caribe mexicano; sierra de Tamaulipas; Pacífico mexicano profundo; e islas del Pacífico) y cinco zonas de salvaguarda (plataforma de Yucatán y Caribe mexicano; toda la península de Baja California; los 142 manglares del país; la sierra de Tamaulipas; y la Selva Lacandona) en el marco de los trabajos de la decimotercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad.

Lo anterior representó un paso significativo respecto al cumplimiento de las Metas de Aichi, pues prácticamente se triplicó la superficie de áreas naturales protegidas en el país. Felicitamos al gobierno de la república por los logros hasta ahora obtenidos, pero al mismo tiempo creemos pertinente hacer un llamado para que se lleven a cabo acciones a fin de que el país cumpla en el corto plazo el compromiso de asignar alguna categoría de protección a 17 por ciento de la superficie terrestre del territorio mexicano.

Consideramos que hay diferentes espacios naturales que por su valor ecológico son susceptibles de convertirse en áreas naturales protegidas, por ejemplo, el semidesierto zacatecano, la Sierra de la Giganta, la laguna de Bacalar y la cuenca del río Usumacinta.

El desierto semiárido de Zacatecas cuenta con valiosos recursos naturales y ecosistemas de importancia para la conservación. Se caracteriza por su riqueza florística, con especies endémicas y prioritarias de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Los objetos de conservación más relevantes son, en particular, las especies como el pino johanis, cactos, agaves, halcón peregrino, el murciélago de cabeza plana, berrendo (en proceso de reintroducción), oso negro, perrito de las praderas y mariposa monarca (sitio de reposo). Algunas de ellas están bajo esquemas de uso intenso o no sustentable, particularmente las especies de flora no maderables.

En esa zona se encuentra la mayor población de águila real, considerada una especie emblemática y símbolo de nuestra identidad nacional. Las principales actividades económicas llevadas a cabo en la región y que han generado efectos ecológicos adversos son la minería y la ganadería extensiva.

Hay un estudio previo justificativo para la declaratoria del Desierto Semiárido de Zacatecas como Reserva de la Biósfera, elaborado por la Conanp, no obstante, éste se ha encontrado con la oposición de diversos sectores cuyos intereses no están alineados con la adecuada conservación del ambiente.

La Sierra de la Giganta, localizada en Baja California Sur, constituye un gran corredor biológico, con un alto nivel de endemismo para cactáceas y vertebrados terrestres, además de gran representatividad de las zonas áridas montañosas de la península. La región ha sido fuertemente afectada por el furtivismo y la introducción de especies exóticas, por tal motivo creemos que vale la pena salvaguardar las especies únicas que habitan en dicho ecosistema como la ambrosia, el palo de fierro, que puede vivir mil años y producir una de las maderas más densas y duras del mundo, el puma y el borrego cimarrón. Igualmente, debe destacarse que ya existe un estudio previo justificativo, elaborado por la Conanp en junio de 2014, para convertir a la Sierra de la Giganta en reserva de la biosfera.

Consideramos prioritario que la extensión de la laguna de Bacalar sea declarada área natural protegida, sobre todo porque en los últimos años se ha deteriorado la salud de dicho ecosistema. En 2011, el gobierno de Quintana Roo declaró el parque ecológico Laguna de Bacalar área natural protegida de jurisdicción estatal, mas ello no ha resultado suficiente para su adecuada protección.

Por citar un ejemplo de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado problemas de contaminación causados por el incumplimiento del programa de ordenamiento ecológico del parque, la proliferación de desarrollos habitacionales irregulares y la descarga de aguas residuales y lixiviados de basureros a cielo abierto en la zona, lo cual pone en peligro los ciclos biológicos de diversas especies endémicas y migratorias.

Ante esa situación, y para evitar que el sistema lagunar de Bacalar se siga dañando poniendo con ello en riesgo su estado de conservación, consideramos preciso que dicha zona se convierta en un área natural protegida de jurisdicción federal.

Bacalar contiene elementos representativos de ambientes costeros y terrestres donde predomina la influencia de los escurrimientos de agua dulce provenientes de lluvias y que son altamente relevantes para el mantenimiento del ciclo hidrológico de la región, incluyendo la bahía de Chetumal y parte del Río Hondo en su conjunto.

Además, a gran escala, la biodiversidad del sistema lagunar Bacalar es de gran riqueza contando entre ella a especies de flora y fauna características de ambientes lacustres y algunas que incurren en ambientes salobres y marinos.

Por último, está el caso de la cuenca del río Usumacinta, considerada una de las zonas más ricas del mundo en materia de biodiversidad, pues en ella se encuentran zonas con una enorme importancia ecológica, como la Selva Lacandona, considerada el centro de más alta diversidad biológica en el trópico, no sólo de México sino de América Septentrional.

Los valores ecológicos y paisajísticos de la cuenca del Usumacinta son únicos y diversos ya que la presencia de zonas de vegetación primaria como las selvas altas perennifolias permiten el desarrollo de procesos ecológicos de relevancia como zona de reproducción y refugio de especies como el tapir, el jaguar, la guacamaya verde y la guacamaya roja.

Si bien ya hay un área natural protegida de jurisdicción federal en el cañón del Usumacinta, la cual es un área de protección de flora y fauna, es menester señalar que ello ha resultado insuficiente para garantizar la conservación integral de todo el ecosistema.

El polígono de protección actual del cañón del Usumacinta ampara únicamente a Tenosique, Tabasco. Sin embargo, es vital que se salvaguarde todo el sistema hidrográfico, incluidos los municipios chiapanecos del Alto Usumacinta, localizado en la frontera de México-Guatemala.

En suma, con el presente punto de acuerdo intentamos lograr que el gobierno de la república brinde protección a estos cuatro grandes ecosistemas, los cuales, por diversas circunstancias, presentan un equilibrio frágil que requiere ser restaurado.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que considere la viabilidad de declarar áreas naturales protegidas el desierto semiárido de Zacatecas; la Sierra de la Giganta, en Baja California Sur; el sistema lagunar Bacalar, en Quintana Roo; y la cuenca del río Usumacinta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo.

Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Jorge Aréchiga Ávila, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a difundir los riesgos de la contabilidad utilizada por la emisora OHL México, SAB de CV; a la SFP, a difundir el resultado de las revisiones practicadas a las carreteras concesionadas; al gobierno del estado de México, a difundir las condiciones establecidas en los títulos de concesión y modificaciones acordadas con OHL; y a la ASF, a difundir avances de la auditoría instruida por este Congreso a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Como ya se ha señalado, el interés de Morena de combatir la corrupción y la impunidad en sus diferentes manifestaciones, nos ha llevado a mantener la atención en las concesiones y esquemas como los Proyectos de Prestación de Servicios o de Asociaciones Público-Privadas, entre los que se han encontrado proyectos con graves irregularidades, como son las que se presentan en las relaciones de la empresa OHL con funcionarios federales y del Gobierno del Estado de México.

En particular, donde participa OHL se identifica una forma de hacer negocios poco transparente, con altos costos para el país y para los usuarios de los servicios concesionados. El esquema es tan perverso, que incluso cuestiona la ventaja de aplicar esquemas que supuestamente deberían significar un menor costo para el usuario y las finanzas públicas.

Por otra parte, es necesario considerar que a partir de la devaluación que ha registrado el peso y de la posibilidad de que inicie un período en el que se intensifique la incertidumbre, debemos explorar otros esquemas de financiamiento y construcción de infraestructura. Por la debilidad de la economía y las condiciones del entorno, será muy difícil mantener la fortaleza del peso y para las constructoras de capital foráneo no será tan rentable invertir en el país, por lo que depender de las empresas de capital foráneo se convertirá en un factor inflacionario.

En el caso de OHL, a pesar de que le han permitido continuos incrementos en las cuotas de peaje, con lo que ha mejorado sus ingresos y utilidades obtenidas por su operación en pesos en México, no sucede lo mismo en el caso del corporativo, que los cambia a euros, que se han encarecido.

En Morena hemos insistido en la necesidad de investigar las concesiones y los contratos en los que participa OHL, porque consideramos que, primero, deben transparentarse todas esas operaciones, para que las ciudadanía y los legisladores tengamos claro el costo-beneficio de esos esquemas de financiamiento que se utilizan cada vez con más frecuencia por parte del gobierno federal, además de que los promueve en los estados.

Sobre todo, se deben investigar y sancionar los actos indebidos, los abusos, las complicidades de funcionarios y empresarios en contra de los usuarios, de inversionistas, de las finanzas públicas y del patrimonio de familias y comunidades, por las obras construidas mediante ese esquema.

En el caso de OHL, el 28 de julio de este año trascendió que la empresa Infraiber solicitó los resultados de la auditoría realizada a las obras que opera OHL en el Estado de México, ordenadas por el gobernador Eruviel Ávila, que serían la base para autorizar el incremento del peaje en el Viaducto Bicentenario.1 Apenas el 22 de agosto se dio a conocer la respuesta de una auditoría que hizo el órgano de control interno a OHL, en la que observaron la metodología utilizada por la empresa para la actualización de los precios de los materiales de obra; le observaron el incremento en la inversión realizada al sistema de peaje por 197 millones de pesos; por falta de documentación comprobatoria, 37 millones de pesos. Asimismo, se atribuyó al gobierno del Estado de México haber dado a conocer que sancionará a la empresa por irregularidades estimadas en 296 millones de pesos.2

Las observaciones de la CNBV

No obstante, salvo esas notas periodísticas, prevalece un alto grado de opacidad en torno a las obras contratadas por el gobierno del estado de México y otras entidades con OHL. El 15 de septiembre de 2015 promovimos un punto de acuerdo solicitando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hiciera público el resultado de la supervisión que ha realizado en uso de sus atribuciones legales, a las acciones de OHL que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Esa información se hizo pública a principios de este año 2016. En sendos oficios, la CNBV comunicó a OHL México SAB de CV, a la Organización de Proyectos de Infraestructura SAPI de CV (OPI), a la Concesionaria Mexiquense, SA de CV (Conmex) y al auditor independiente Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, SC (Deloitte), porque todos habían sido acreedores de la imposición de sanciones administrativas, fundamentalmente por difundir información errónea y no elaborar correctamente sus estados financieros.

A partir de la investigación realizada por la CNBV, el 10 de marzo de 2016 le impuso multas a OHL México, SAB de CV, por 7 millones 408 mil 446 pesos, por elaborar de forma inadecuada los estado financieros de 2011, 2012, 2013 y 2014. Una vez que analizó los argumentos de la emisora, la CNBV aplicó esas sanciones debido a que concluyó que OHL “presentó el registro de operaciones que no cumplían con las características cualitativas fundamentales”; también “registró como activo intangible las operaciones que por sus características debieron ser registradas como gastos, ya que sólo representan una operación accesoria imprescindibles para el mismo, debiendo entonces ser reconocidas como gasto al ser parte del desembolso de una partida intangible”.3

En la misma fecha, en otro oficio, la CNBV comunicó a la emisora sanciones administrativas por un millón 205 mil 971 pesos, por haber infringido el artículo 28, fracción III, inciso b de la Ley del Mercado de Valores en materia de aprobación de operaciones celebradas por partes relacionadas durante el ejercicio 2011 por un millón 205 mil 971 pesos; por un millón 256 mil 572 pesos, por la misma falta durante el ejercicio 2012; por la misma razón, por un millón 305 mil 561 pesos, durante 2013; en 2014, por un millón 884 mil 120 pesos. En total, otros 5 millones 652 mil 225 pesos.4

Adicionalmente, por difundir información errónea en el reporte anual 2014, publicado el 16 de junio de 2015, derivado de una inconsistencia en su política contable, le impuso una sanción por una suma de 6 millones 309 mil pesos.5 Asimismo, por elaborar de manera inadecuada sus Estados Financieros de 2012, 2013 y 2014 conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por la CNBV, en lo que se refiere al registro de rentabilidad garantizada en los estados de Posición Financiera, le impuso otra sanción de 5 millones 310 mil 320 pesos.6

Por lo que respecta a la Concesionaria Mexiquense, SA de CV (Conmex), la CNBV determinó que publicó información errónea en el Prospecto de Colocación de los Certificados Conmex, razón por la cual le impuso una multa de 6 millones 56 mil 100 pesos y por difundir información errónea en su Reporte Anual 2014, le impuso otra multa por 6 millones 309 mil pesos,7 en total 12 millones 365 mil 100 pesos. Adicionalmente, por elaborar de manera inadecuada los estados Financieros de 2014,8 le impuso una sanción de 6 millones 28 mil 600 pesos, por lo que deberá pagar un total de 18 millones 393 mil 700 pesos. Es conveniente recordar que el 14 de diciembre de 2012 Conmex suscribió la Quinta Modificación al título de concesión, acordando una ampliación a la vigencia de la Concesión hasta el 31 de diciembre de 2051, lo que modificó las condiciones de las tarifas aplicables al Circuito Exterior Mexiquense; por cierto, en un documento de Conmex posterior a esa modificación, al que hizo referencia la CNBV pero no identificó, señala que en caso de que no se alcancen los flujos estimados de vehículos que den la rentabilidad esperada, entonces se considera que Conmex requeriría una ampliación de 6 años adicionales para recuperar el saldo de la inversión pendiente de recuperar.

La CNVB también estableció sanciones administrativas para la Organización de Proyectos de Infraestructura SAPI de CV (OPI), por difundir información errónea en el prospecto de colocación de los certificados OPI, 6 millones 309 mil pesos y por difundir información errónea en su Reporte Anual, por 6 millones 309 mil pesos.9 En total, 12 millones, 618 mil pesos. Adicionalmente, por elaborar de manera inadecuada los Estados Financieros de 2014, le impuso una sanción de 6 millones 28 mil 600 pesos.10 En total, 18 millones 927 mil pesos.

En total, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso al corporativo y sus filiales multas que sumaron 62 millones de pesos , por faltas cometidas y reiteradas durante cuatro años, 2011, 2012, 2013 y 2014. Como se observa, es una sanción simbólica, asumiendo que la información errónea no implicó riesgos para los inversionistas.

La CNBV también investigó a Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. (Deloitte), auditor independiente de OHL. El 28 de octubre de 2015, en el oficio de emplazamiento, le señaló11 que la evaluación y análisis en las auditorías de los estados financieros consolidados de las emisoras OHLMEX, Conmex y OPI de los años 2012, 2013 y 2014, no se apegaron a las normas y procedimientos de auditoría, no ajustando su conducta al artículo 87, fracción I, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores.

Una vez recibidas las respuestas de la calificadora, la CNBV emitió su resolución señalando “por no cumplir ciertas normas y procedimientos de auditoría reconocidos por esta Comisión, al evaluar, entre otros aspectos las interpretaciones efectuadas por los especialistas, en términos de lo antes expuesto en las auditorías de los estados financieros consolidados de las emisoras OHLMEX, Conmex Y OPI de los años 2012, 2013 y 2014”, impuso una sanción de 4 millones 213 mil 609 pesos.

Como una muestra de las faltas cometidas por el Auditor Independiente, la CNBV explica que debió analizar que el registro contable de la rentabilidad garantizada , se hubiera llevado a cabo correctamente. Apunta que el Auditor Independiente “aplicó deficientemente las normas y procedimientos de auditoría con relación a la evaluación razonable de la política contable, en concordancia con la evaluación razonable de la política de auditoría contable que debió haber realizado para determinar conforme a la CINIIF12,12 si el Registro Contable de la Rentabilidad Garantizada como activo financiero era adecuada con base a la determinación de la existencia de un derecho incondicional para recibir efectivo de los gobiernos concedentes”. La CNBV afirma que si el Auditor hubiese realizado tal evaluación, debió concluir que aunque las concesionarias tienen derecho a la obtención de dicho Rendimiento de las Concesiones, el mismo se obtiene una vez agotado el procedimiento de Obtención de la Contraprestación Total, no implicando un derecho incondicional de pago en efectivo a su favor”.13

En el mismo sentido, la CNBV rechazó los argumentos que en diferentes informes utilizaron OHL, OPI y Conmex para presentar sus resultados, señalando que en varios años, en las cuentas consolidadas, utilizaron erróneamente el concepto “derecho incondicional de cobro”, porque según la emisora, el gobierno concedente tiene la posibilidad de elegir entre ampliar la concesión o abonar en efectivo el importe de la “Rentabilidad Garantizada”. Como la posibilidad de otorgar prórrogas tiene un límite temporal por parte del gobierno concedente, desde 2012 la emisora decidió registrar la rentabilidad garantizada como una cuenta por cobrar, por lo que por sí misma decidió registrarla como un activo financiero. Este activo financiero, según la concesionaria, resultaría de la diferencia entre la rentabilidad real obtenida por la operación de los proyectos y la rentabilidad garantizada establecida en el Título de Concesión.14 Por consiguiente, argumenta que la rentabilidad garantizada no depende de la cantidad de usuarios que utilicen las vías concesionadas, sino del monto de la inversión y la tasa interna de retorno pactada.

Ante ello, la CNBV aclaró que esa obligación del gobierno sólo aplica cuando el déficit en el aforo se presente por causas ajenas a la concesionaria, pero en tanto no se reconozca dicho déficit, deben ser considerados como activos intangibles. Incluso, la CNBV argumentó que el derecho incondicional de la concesionaria a recibir en efectivo la rentabilidad garantizada no subsiste en caso de no obtener los aforos proyectados, porque las modificaciones al Título de Concesión, necesariamente implican modificaciones al derecho de la concesionaria de cobrar el déficit en caso de que este se presente. La CNBV aclara que no es lo mismo registrar correctamente ese derecho de cobro como un activo intangible, en lugar de considerarlo un activo financiero, son dos conceptos diferentes. En otro argumento, la CNBV advierte que el título de concesión limita la rentabilidad garantizada, porque el capital invertido por la concesionaria es capital de riesgo.

Además, la CNBV señaló que en los informes anuales y en los prospectos de inversión encontró diferencias e inconsistencias en las cifras sobre tráfico de vehículos, sobre los ingresos por peaje, en los resultados de operación y la situación financiera publicadas en el informe anual del ejercicio 2014, entre sí o con respecto a las contenidas en la quinta modificación al Título de Concesión de Conmex y la primera modificación al Título de concesión de Viaducto. También encontró diferencias entre la rentabilidad garantizada en las diferentes secciones del reporte anual 2014 y la rentabilidad garantizada incluida como política contable de los estados financieros consolidados, incluido en un anexo del informe anual de 2014.

En particular, en lo que se refiere a un informe de la emisora sobre su política contable, la CNBV concluye que hay una clara inconsistencia en la elaboración y presentación de sus estados financieros consolidados, en lo correspondiente a la rentabilidad garantizada. De acuerdo con el oficio de la CNBV, una vez revisada la información, confirmaron la existencia de infracciones a los artículos 368 en relación con el 2, fracción XII, de la Ley del Mercado de Valores. El artículo 368 prohíbe la difusión por parte de las emisoras de información que induzca a error respecto a su situación financiera, administrativa, económica o jurídica, que pueda inducir a error.

Como se comprueba, la CNBV encontró que OHL aplica una política contable que de manera ficticia fortalece sus resultados y genera confusión entre los probables inversionistas.

Cumplimiento parcial

No obstante, los resolutivos y la sanción por parte de la CNBV no son determinantes en la corrección de las prácticas de divulgación por parte de OHL.

Esto se comprueba al revisar el reporte anual de OHL México correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015. Al explicar su información señala que la presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. No obstante, al explicar los factores de riesgo, entre ellos señala que la información financiera ajustada contenida en la nota 21 de los Estados Financieros Auditados de la Compañía no es comparable con el resto de su información financiera. Esto se debe a que la información financiera incluida en la nota 21 de los Estados Financieros Auditados (Véase – Información Financiera Seleccionada) se incluyen únicamente con la finalidad de cumplir con las observaciones contenidas en los oficios de fechas 15 de marzo y 23 de marzo de 2016 emitidos por la CNBV por virtud de los cuales dicha comisión consideró que la Compañía, OPI y Conmex habían llevado a cabo el registro de la rentabilidad garantizada de manera inadecuada, conforme a la CINIIF12 (Acuerdos de Concesiones de Servicios). No obstante lo anterior, aclara, la información financiera contenida en dicha nota no se encuentra auditada y se presentó con la única finalidad de reflejar el tratamiento de la rentabilidad garantizada conforme al criterio de la CNBV. Por tanto, dicha información financiera ajustada no es comparable con la información financiera de la Compañía, por los ejercicios 2015, 2014 y 2013.15

Con esa explicación, encontramos en el cuerpo del informe16 estados consolidados de resultados que no siguen las recomendaciones de la CNBV, en los que la emisora incorpora el renglón de “Otros Ingresos de operación”, que son precisamente los observados por la CNBV. El problema para OHL está en que esos ingresos son fundamentales para sanear los resultados de cada ejercicio.

De acuerdo con esas cifras de OHL, sus ingresos en términos reales cayeron 16.6% en 2014 y 12.6% en 2015. Esa disminución se explica fundamentalmente por una reducción de 63% en 2014 en los ingresos por construcción y de 80% en 2015, por lo que pasaron de representar 18.6% de los ingresos totales en 2013, a 8.1% en 2014 y 1.8% en 2015. Conviene señalar que esta caída se compensa por una reducción semejante en los costos de construcción.

También influyó una baja de 11.0% en 2014 en el renglón que OHL reporta como “Otros ingresos de operación”, a lo que siguió otra contracción de 16.1% en 2015. Sólo los ingresos por cuotas de peaje aumentaron en monto, 14.9% en 2014 22.5% en 2015, por lo que su participación en los ingresos totales pasó de 15.9% en 2013, a 22.0% en 2014 y 30.9% en 2015.

Gracias a ese comportamiento de los ingresos, apoyado por el registro indebido del renglón “Otros Ingreso de operación”, esta emisora logró superar sus costos e incrementar la utilidad al final de cada uno de los ejercicios reportados, de 6,698 millones en 2013, a 7,192 en 2014 y 7,558 en 2015.

En la explicación sobre la Nota 21 “Evento Posterior” a los Estados Financieros Auditados de la Compañía, menciona la Nota 1 a los estados financieros. Informa que el 18 de marzo de 2016,

“la entidad y sus subsidiarias OPI y Conmex, presentaron escritos ante la CNBV, donde informaron a esta, la forma y términos en que darán cumplimiento a las observaciones contenidas en los oficios del 15 de marzo de 2016, ofreciendo como proceso de remediación, revisar la forma en la que deberán llevar a cabo el registro de la rentabilidad garantizada considerando la naturaleza y términos de los Títulos de Concesión, a fin de buscar una interpretación del registro de la rentabilidad garantizada conforme a la CINIIF 12 que resulte razonable para la CNBV, en el entendido de que en tanto se define la forma en que se deberá llevar a cabo dicho registro, deberá mostrar en una nota a los estados financieros los efectos que se tendrían de aplicar el tratamiento contable requerido por la Comisión. El 23 de marzo de 2016, la CNBV con el fin de contribuir al desarrollo equitativo, eficiente y transparente del mercado de valores, buscando salvaguardar los intereses del público inversionista y contribuir de la mejor forma posible a la toma de decisiones de inversión, emitió oficio autorizando a la Entidad y sus subsidiarias OPI y Conmex el plan de remediación, por lo que se presenta la siguiente información conforme lo autorizado por la CNBV, el cual consiste en: 1) no registrar la rentabilidad garantizada como activo financiero y 2) realizar los ajustes correspondientes en los resultados de la emisora”.17

Con esta nota se demuestra que las observaciones de la CNBV no fueron respetadas por la emisora. Cabe señalar que si se aplican los criterios de la CNBV el resultado de la emisora no es una utilidad, sino que en todos sus ejercicios habría registrado pérdidas.

Lo cierto es que OHL siguió presentando sus reportes financieros sin considerar las observaciones que le hizo la CNBV.

En línea con lo anterior, con el método aplicado por OHL, la hoja de balance muestra una clara mejora, en comparación con el que resulta respetando las observaciones de la CNBV. Para 2015, en el esquema de OHL, en el activo de largo plazo se observa, en el renglón de Inversión en concesiones, neto la cifra de 102 mil 859 millones, 627 mil pesos; en cambio, apegándose a las observaciones de la CNBV, en ese mismo renglón el monto registrado es de sólo 47 mil 19 millones, 996 mil pesos.

En consecuencia, el total de activos en el método de OHL fue de 120 mil 958 millones 428 mil pesos, 92.2% superior al activo total por 62 mil 932 millones 85 mil pesos que se obtiene si se aplican las disposiciones de la CNBV.

Por lo que se refiere a los pasivos totales, en el esquema de OHL suman 53 mil millones 706 mil pesos, 46.2% por arriba del registro obtenido mediante el método de la CNBV 36 mil 248 millones 817 mil pesos.

A su vez, el capital contable para OHL es de 67 mil 957 millones 722 mil pesos, 154% arriba del registro obtenido mediante el esquema de la CNBV, que alcanza la suma de 26 mil 683 millones, 268 mil pesos.

Así, queda claro que en la contabilidad que presenta OHL en su informe anual le favorece y con el registro de Otros ingresos de operación ofrece la imagen de fortaleza sensiblemente superior al resultado que tendría con las disposiciones determinadas por la CNBV.

Ese comportamiento que ha mantenido la emisora en su relación con los posibles inversionistas se repitió en 2016. En los resultados no auditados del tercer trimestre (“3T16”) y los nueve meses (“9M16”) del periodo terminado el 30 de septiembre del 2016, reporta sus ingresos por cuota de peaje, los ingresos por construcción y también el de Otros Ingresos de Operación.

Respecto al renglón Otros Ingresos de Operación, en su informe correspondiente al cierre del tercer trimestre, OHL reitera los argumentos utilizados en los informes anteriores, en el sentido de que:

Los “contratos de concesión de Conmex y Viaducto incluyen cláusulas por las que se garantiza que dichas concesionarias tienen derecho a recuperar en el plazo contractual el capital invertido incrementado con una tasa interna de rentabilidad real anual neta de impuestos (10% en el caso de Conmex y 7% en el caso de Viaducto). Dichos contratos también establecen que en caso de que finalice la concesión sin que se haya recuperado completamente el capital invertido más la rentabilidad garantizada acumulada, el concedente podrá extender el plazo de la concesión o liquidar el monto pendiente de recuperar”.

Y agrega, pasando por encima de las disposiciones de la CNBV y sin la nota que incluye en su informe anual, agrega:

“En función de lo anterior, una vez iniciada la operación, las concesionarias contabilizan como utilidad neta de cada periodo el importe resultante de aplicar las mencionadas cláusulas de rentabilidad garantizada. Para ello, las concesionarias registran como Otros Ingresos de Operación (y como UAFIDA por Otros Ingresos de Operación) la diferencia entre la utilidad neta calculada con base en las cláusulas de rentabilidad garantizada y la utilidad neta obtenida por las operaciones”.

“El importe de Otros Ingresos de Operación se contabiliza con contrapartida en la inversión por concesión considerando los correspondientes efectos tributarios”.

“Durante el 3T16 los otros ingresos de operación, mismos que no representan flujo de efectivo, aumentaron 13.3% pasando de Ps. 2,714.8 millones en el 3T15 a Ps. 3,075.8 millones en el 3T16 mientras que para los 9M16 los otros ingresos de operación aumentaron 16.2% alcanzando los Ps. 7,304.3 millones”.

OHL México en España

La decisión de OHL de no hacer caso a las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se refleja en el reporte que presenta el corporativo español en el mercado de valores hispánico.

Por ejemplo, en la página 21 del informe que presentó el corporativo en el mercado de valores español correspondiente al tercer trimestre el Corporativo advierte:

“El Grupo, a finales del ejercicio 2015, procedió a presentar las sociedades concesionarias con cláusula de Rentabilidad Garantizada (en las que existe un derecho incondicional de cobro en efectivo) bajo el modelo de activo financiero”.

Y aclara:

“Esta presentación no tiene impacto alguno en los resultados, ni en los fondos propios consolidados ni en los activos del Grupo, pero pasan a registrarse las ventas relativas a todas concesiones de activo financiero como “Otros ingresos de explotación”, al igual que ya se venían registrando en las sociedades concesionarias con Rentabilidad Garantizada”.

No obstante esa aclaración, la información que proporciona en la página 23 de su informe al tercer trimestre, señala:

La cifra de negocio de Concesiones, que asciende a 407,5 millones de euros, ha tenido un incremento del +26.6% a pesar de la devaluación del tipo de cambio medio del peso mexicano frente al euro del 17.0%. Eliminando ese efecto (mediante la aplicación de los mismos tipos de cambio del periodo anterior) las Ventas habrían tenido un incremento del +43.0%.

Asimismo, dedica un apartado para identificar y explicar el comportamiento del renglón de Otros ingresos de explotación. Señala que en estos ingresos:

“En Otros ingresos de explotación, que ascienden a 494.2 millones de euros a septiembre de 2016, el Grupo incluye principalmente los ingresos relacionados con las concesiones de activo financiero, y en especial los correspondientes a las concesionarias mexicanas con cláusula de Rentabilidad Garantizada”.

En la misma página, el Grupo OHL analiza el comportamiento del Resultado Bruto de Explotación (EBITDA), en la que apunta que:

“El EBITDA de Concesiones supone el 90.1% del EBITDA total del Grupo, y asciende a 514.4 millones de euros, un -4.9% inferior al registrado al 30 de septiembre de 2015, debido a la devaluación del peso mexicano frente al euro. Sin ese impacto ni el del cambio de perímetro (por la venta de MLO) el EBITDA de Concesiones habría tenido un crecimiento del +14.8%”.

Y dos párrafos después, reconoce:

“La práctica totalidad del EBITDA del Grupo procede del exterior, y principalmente se genera en México (un 86.7%)”.

Es importante señalar que de las ventas totales del período enero-septiembre, del Grupo OHL, sus ingresos totales sumaron 3 mil 116.9 millones de euros, de los cuales sólo 407.5 millones de euros, que representaron 13% del total, fueron generados por concesiones; 2 mil 615.2 millones de euros fueron generados por la división de Ingenierías y Construcción, 83.9% del total y, la división de Desarrollos aportó 94.2 millones de euros, aportando sólo 3% del total.

Lo curioso es que sólo en el caso de las operaciones en México se hace referencia a la rentabilidad garantizada para una inversión de riesgo.

Lo interesante de toda esa información, es que si bien el informe del Corporativo español minimiza el impacto de las operaciones en México, en sus cifras se observa que la principal fuente de liquidez del grupo son las Concesiones (página 9) y el EBITDA por Tasa Interna de Retorno Garantizada aportó 330.2 millones de euros, 64% del EBITDA total.

Incumplimiento reiterado, contabilidad mexicana

De lo anterior se puede concluir que:

• No obstante la aclaración del Corporativo, sus resultados y su desempeño como empresa dependen en un alto grado de sus operaciones en México.

• De sus operaciones en diversos países, sólo menciona a México como fuente de recursos por rentabilidad garantizada.

• Si el registro de la rentabilidad garantizada ha sido considerado por la CNBV como una operación irregular y no sustentada en flujos en efectivo, entonces el registro como ingresos por parte del Corporativo, que lo que ayuda a mejorar todos sus resultados, es un engaño no sólo para los inversionistas en México, sino también para los inversionistas españoles.

Todo eso ha generado cuestionamientos acerca de la capacidad reguladora y sancionatoria de la CNBV, no sólo con OHL, sino también para su auditor interno Deloitte. Estas prácticas de omisión y corrupción que han caracterizado a los funcionarios de los últimos gobiernos ya es motivo de análisis negativos por parte de participantes de los mercados internacionales que ven en la corrupción un impedimento para invertir en nuestro país.

En particular, en lo que se refiere a las perspectivas de OHL, en octubre y noviembre las calificadoras internacionales como Fitch Ratings y Moodys la han puesto en perspectiva “negativa.

La firma señala incluso que el ambiente económico de México, uno de los mercados estratégicos de OHL, para apuntar a que “puede registrar un impacto negativo” debido a la posibilidad de cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Por otra parte, en México, sin vincularlo a su relación con OHL o a la sanción que le impuso la CNBV, el 30 de noviembre de 2016 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., que en México actuó como representante de Deloitte, el auditor independiente de OHL.

La situación de OHL y la relación con funcionarios corruptos no puede ignorar las denuncias acerca de que se ha beneficiado mediante la intervención cómplice, un tipo de cabildeo, por parte de funcionarios y de ex altos funcionarios del gobierno federal y del estado mexicano.

Tampoco puede ignorarse que las relaciones de esa empresa con funcionarios corruptos ejemplifica las características que se proponen e imponen en el diseño de los proyectos de prestación de servicios y de las asociaciones público-privadas, y en particular el riesgo de que los títulos de concesión impliquen algún tipo de indexación que signifique una sangría continua para los usuarios y las finanzas públicas de los estados y del país.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dé a conocer las sanciones a las que se ha hecho acreedora la empresa OHL, por mantener en sus reportes la posibilidad de divulgar información errónea.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes den a conocer los resultados de las auditorías realizadas a las obras concesionadas o realizadas en asociación con empresas privadas, especificando el costo-beneficio de las mismas.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del Estado de México haga públicos los términos de los títulos de concesión; las obligaciones que derivan de las cláusulas relacionadas con la rentabilidad garantizada; las auditorías realizadas a las obras y asociaciones acordadas con OHL; el costo financiero que representan, los pagos realizados y comprometidos, los costos para los usuarios y los beneficios proporcionados a la empresa.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación dé a conocer la situación en la que se encuentra la auditoría solicitada en el punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2015 a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la empresa OHL.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/07/28/infr aiber-solicita-datos-de auditoria-ohl-en-edomex

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/08/22/ohl- responde-auditoria-en-el-estado-de-mexico

3 Páginas 74, 75, 78,79 y 80 del Oficio No. 210-119784-MMP/2016, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

4 Página 61 y 62 del Oficio No. 210-119792-SCP/2016, OHL México, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

5 Páginas 6 y 23 del Oficio No. 210-119793-LRN/2016, Expediente: 211.11S.11”2015”/1452/4, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

6 Páginas 6 a 38 y 46 del Oficio No. 210-119809-HVR/2016, Expediente: 211.11S.11”2015”/1450/, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

7 Páginas 21, 33 y 34 del oficio número 210-119795-LRN/2106, Concesionaria Mexiquense, SA de CV, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

8 Página 40, del Oficio No. 210-119811-HVR/2016, Concesionaria Mexiquense, SA de CV, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

9 Página 31 y 32 del Oficio No. 210-119798-IRN/2016, Expediente: 211.115.11 “2015”/1456/4 del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

10 Página 40 del Oficio 210-119813-HVR/2016, Expediente: 211.115.11 “2015”/1455 del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

11 Página 3 del Oficio No. 210-119773/2016, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, de la Dirección General de Delitos y Sanciones, de la CNBV, del 28 de enero de 2016.

12 CINIIF12. Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera, el 12 es referente a los acuerdos de concesión de servicios.

13 Página 24 y 25 del Oficio No. 210-119773/2016, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, de la Dirección General de Delitos y Sanciones, de la CNBV, del 28 de enero de 2016.

14 Página 29, 30 y 31 del Oficio No. 210-119811-HVR/2016, Expediente. 211.115.11 “2015”/1474, del 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Delitos y Sanciones, de la CNBV.

15 Página 17 del Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

16 Página 126 del Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

17 Página 130 del Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los hechos violatorios de derechos humanos cometidos el 2 de enero de 2017 en Guadalajara contra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La orientación de la vida tanto de hombres como de mujeres depende completamente de sistemas de pensamiento que vinculan a los seres en el mundo social. La mayor vinculación existente se ha obtenido a partir del desarrollo de la política, en específico de los Estados, que generan y administran modos de vida según una lógica de lo aceptado, a través de la creación de identidades paradigmáticas como lo es la ciudadanía.

Las experiencias que han llevado a la conformación del sistema de pensamiento actual, generan tres ideales sobre los que se basan los Estados occidentales: La búsqueda de la libertad, igualdad y la justicia, la materialización de dichos principios, se forma a partir de la adopción de la democracia por parte de los Estados.

Así como para los griegos lo natural era ser ciudadano, la ciudadanía sólo se hacía factible bajo tres principios: bajo el ideal de la igualdad, el disfrute de la libertad de pensamiento, de expresión y de acción y por último la creencia en la participación de los ciudadanos. Que las democracias actuales se encuentren inspiradas en las ideas de las democracias griegas conlleva que la democracia no debe ser reducida al régimen político como muchos años se entendió, a la elección de gobernantes, al contrario, es todo un sistema que da pie ante todo a la participación y al diálogo entre ciudadanos y ciudadanas.

Precisamente el diálogo como político y como democrático, requiere de la libertad para la extensa expresión de ideas a fin de construir un mundo que logre vincular a la diversidad de personas para hacerlas comunidad. La democracia como principio que se vive y que es parte del pacto entre Estado-sociedad, se concreta ante otros Estados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades”1 estableciendo: el derecho a la vida, libertad de la persona, trabajo profesión, industria y comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia y libertad de imprenta2 . Cuando los Estados y sus gobiernos limitan la libertad de la personas, en todas sus dimensiones antes referidas, laceran la integridad de la democracia, la justicia y generan graves problemas de gobernabilidad, pero aún más importante lastiman la integridad de la ciudadanía de la que ellos también forman parte y por la que ocupan ese puesto de representación popular, porque es solo a través del voto de los ciudadanos que se obtiene soberanía en el ejercicio del poder conferido al puesto.

Invito a que dejemos de ver a la democracia como sinónimo del régimen político, pues no es únicamente la división de poderes, no es exclusivamente votos, partidos y elecciones, es ser ciudadano o ciudadana ejerciendo derechos inherentes a la humanidad sobre un piso de tolerancia y respeto, donde Estados y gobiernos más que obligados deben ser y actuar siempre en consonancia a dicho margen de principios que es el sistema democrático.

Si nos inclinamos a ver a la democracia únicamente como un proceso de elección de gobernantes, los ciudadanos son reducidos a electores, circunstancia que nos inhibe del goce de los principales derechos establecidos en el pacto entre Estado, gobierno y sociedad, pacto por el cual las sociedades han encontrado paz y armonía.

Desde la aprobación de las reformas constitucionales de 2011, que tienen como finalidad garantizar el respeto de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en nuestro país (incluyendo la libertad de expresión y de manifestación), parece ser que nuestros gobernantes entendieron de forma contraria las reformas hechas por el Congreso de la Unión, y se han dedicado a menoscabar y violentar cada uno de los derechos fundamentales de las y los Mexicanos. El Estado ha demostrado debilidad para cumplir sus fines: la pobreza extrema va en aumento, igual que la inflación y la inseguridad; por el contrario, ha instaurado un régimen comparado con las dictaduras instauradas a mitad el siglo XIX; en donde la fuerza coercitiva del Estado –a través de la militarización del país y la ampliación de facultades para los cuerpos policiales- se manifiesta en contra de la ciudadanía y no a favor; se ocupa para reprimir la voz del pueblo y no se utiliza para hacerla valer.

Casos como la masacre encubierta por policías federales y estatales bajo el mandato del gobernador Eruviel Ávila, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, o el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en donde el presidente de la República lejos de informar a la ciudadanía sobre el paradero de los estudiantes y castigar a los que resulten verdaderamente responsables, premia al general Alejandro Saavedra Hernández, ascendiéndolo al puesto de contralor general de la Secretaría de la Defensa Nacional (recordemos que fue el general Saavedra quien estuvo a cargo de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y era jefe del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014, conocidos como el caso Iguala o Ayotzinapa), debemos sumar lo sucedido el día 2 de enero del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Recordemos que el pasado 27 de diciembre del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, firmado por José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual, en su artículo 1, fracción tercera, inciso a), establece que la vigencia de los precios máximos al público será el aplicable del 1 de enero de 2017 y estará vigente desde las 0:00 horas de ese día hasta las 3:59´59” del 4 de febrero de dicho año; y en otro comunicado, la dependencia señaló que los precios promedio a nivel nacional vigentes serán de 15.99 (pesos mexicanos) para gasolina Magna, 17.79 para gasolina Premium y 17.05 para el diésel.

Según la SHCP “estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y el diésel de 14.2 por ciento, 20.1 por ciento y 16.5 por ciento respectivamente, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016; mientras que el salario mínimo pasó de 73.04 en 2016 a 80.04 pesos diarios en 2017.

El llamado “gasolinazo” ha causado un descontento de la comunidad, a pesar de las promesas hechas por el presidente Enrique Peña Nieto, que con motivo de las reformas estructurales y energéticas impulsadas por su gabinete y respaldadas por los partidos de siempre, el precio de la gasolina no aumentaría en los próximos años, promesa, que a mediados del año pasado fue quebrantada, al aumentar los precios de la gasolina Premium y el diésel.

Sin embargo, para el 2017, con información del diario El Universal, el impacto del exacerbado aumento en la gasolina y el diésel, un incremento a los bienes y servicios se dará de forma directa e indirecta. De manera directa se verán afectados bienes que utilicen como insumos estos combustibles: transporte, electricidad, productos químicos, de limpieza y medicamentos. De manera indirecta, impactará a bienes y servicios que usan el transporte en su operación o comercialización, Julio Soto, economista senior de Consultores Internacionales indicó que el transporte representa el 40 por ciento del costo logístico, por lo que ninguna industria se salvará de estos efectos. De hecho se prevé una variación quincenal en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.9 por ciento y de 1.1 por ciento para la primera mitad del mes de enero, solo el hecho del alza de las gasolinas le va a sumar 80 puntos a la base a la inflación en la primera mitad del año.

Ante la dura crisis económica que se avecina para todas y todos los mexicanos, la sociedad civil se organizó para manifestarse contra los abusos que comete el gobierno en turno, al grito de “No al gasolinazo” miles de compatriotas marcharon en diversas ciudades del país para solicitarle al gobierno de la república revierta la decisión tomada respecto al alza de los precios de los hidrocarburos.

Con información del diario El Mural, y de acuerdo a las imágenes y videos difundidos a través de las redes sociales como facebook y twitter, la marcha organizada por la sociedad civil para manifestarse en contra del alza en los precios de la gasolina, en Guadalajara, Jalisco, fue reprimida por la policía estatal.

La marcha para manifestarse contra el gasolinazo terminó enfrentando a antimotines estatales y manifestantes. Aunque la manifestación se disipó en Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, un grupo de personas continuó su marcha hacia la Calzada Independencia.

Aproximadamente 10 de ellos, algunos con el rostro cubierto, comenzaron a aventar botellas y diversos artículos hacia el grupo de policías que estaba en la calzada. El grupo policial replegó la agresión y comenzó a lanzar gas lacrimógeno. “El gas lo aventaron a todos los que estaban ahí. Si fueron como unas 10 latas y ya la gente se empezó a dispersar, ya la gente estaba más tranquila y aun así siguieron aventando el gas”, indicó Luis, quien asistió a la manifestación.3

Compañeros legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como representante del pueblo, quienes depositaron su confianza en mí a través del voto, y por la investidura que mi cargo representa, en aras de consolidar un verdadero Estado democrático (en el sentido amplio de la palabra, y no en lo referente exclusivamente a la forma de gobierno), exhorto a que no despertemos viejos fantasmas que nos recuerdan a las tiranías, al totalitarismo y a las dictaduras, a evitar nuevas-viejas omisiones y violaciones a derechos tan básicos como el de expresión porque de dicha forma no solo violamos el derecho de expresión, también violentamos el derecho individual de pensar críticamente y en general de progresar como sociedad y como individuos.

Entendamos que prohibir y atacar la manifestación de las ideas, tal y como sucedió en Guadalajara, no viola únicamente el derecho humano de libre pensamiento y expresión, también viola el derecho ciudadano de manifestarse en contra de aquello que se considera injusto.

Las sociedades griegas, creadoras de la democracia, constituyeron al diálogo como el aspecto de mayor relevancia para los hombres libres, porque solo a partir de él, el hombre como individuo podía desarrollarse, ahora la coyuntura nos pone el reto y nosotros a partir de nuestras acciones y como principales detentores de la soberanía popular debemos responder a la altura, reforzando nuestra democracia a partir del respeto, del diálogo y la ciudadanía, impidiendo casos tan lamentables como los ocurridos en Guadalajara.

En este sentido, y con la firme convicción que contaré con la sensibilidad de esta soberanía para esclarecer los hechos y garantizar a los ciudadanos el ejercicio a la libertad de expresión y asociación, como piezas claves para la formación de un verdadero estado de derecho, y considerando que:

Primero. El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Segundo. El artículo 12 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Jalisco, señala que elementos de los cuerpos de seguridad pública, deberán basar su actuación en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez velando por el respeto irrestricto de los derechos y garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los otorgados en la particular del Estado, así como el respeto permanente de los derechos humanos; y que de acuerdo a la nota periodística y las evidencias que circulan en redes sociales de la manifestación llevada a cabo el día 2 de enero en la ciudad de Guadalajara, los elementos de seguridad pública del estado violentaron el derecho consagrado en el precepto constitucional antes mencionado.

Tercero. Que el artículo 7 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el estado de Jalisco establece que dicho organismo está facultado para investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violación a los derechos humanos por actos u omisiones de los servidores públicos, autoridades estatales o municipales.

Cuarto. Qué el artículo 3 párrafo segundo y artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, faculta a este organismo autónomo para que ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su recomendación, para atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la recomendación correspondiente, solicito a esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos doctor Luis Raúl González Pérez, para que en caso de presentarse el supuesto previsto por el artículo 3 párrafo segundo y artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigue y realice las recomendaciones necesarias en relación a los hechos violatorios a derechos humanos sucedidos el 2 de enero del año en curso en la ciudad de Guadalajara.

Segundo. Se exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco, doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, para investigar y determinar la existencia de violación a los derechos humanos por las actuaciones de la Policía Estatal contra los ciudadanos de Guadalajara que ejercieron el derecho a manifestarse en la vía pública contra el alza del precio de la gasolina.

Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para que garantice el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente, el de la libertad de manifestación, a sus gobernados, y tome las medidas necesarias para que los ciudadanos no sean reprimidos por expresar sus ideas.

Notas

1 CNDH, ¿Cuáles son los derechos humanos? Información obtenida de dirección URL:
http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_derechos_humanos

2 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos; Información obtenida de dirección URL:
http://www.un.org/es/documents/udhr/

3 Leyva Adriana, “Dispersan manifestación con gases”, diario El Mural, Guadalajara Jalisco, 2 de enero de 2017.
Disponible en: http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1015615
&md5=410e8ffbe9ca2d47265f4969baa9e507&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)