Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4612-VI, martes 6 de septiembre de 2016
Con punto de acuerdo, relativo a la investigación que se sigue sobre la empresa Oceanografía, SA de CV, y sus accionistas, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presente punto de acuerdo tiene el propósito de obtener la información y citar a comparecer a los principales funcionarios de las dependencias que han estado involucradas directamente en las investigaciones y el juicio por concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV.
De acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la atención y seguimiento del caso de la empresa Oceanografía SA de CV, del Senado de la República, el principal accionista es Amado Omar Yáñez Osuna, con 75 por ciento de las acciones; él se caracteriza por ser uno de los principales empresarios beneficiarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y en parte por el de Enrique Peña Nieto, en licitaciones asignadas y al menos en lo que se refiere a no llegar al fondo del asunto.
Los otros accionistas son, con un 15 por ciento, Energy Group México SAPI SA de CV, del que son accionistas Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, también familiar de Arely Gómez González, procuradora general de la República y los hermanos Rodríguez Borgio, empresarios gasolineros. Grupo Aknuuk SA de CV, con 5 por ciento, en el que se llegó a decir que cuenta con inversiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Inmobiliaria Amagdez SA de CV, con 4.94 por ciento, la cual también es de los Yáñez; y Carlos Daniel Yáñez Osuna, con 0.003 por ciento y finalmente Alberto Duarte Martínez un 0.003 por ciento.
La Comisión del Senado también destaca que en las revisiones de la Cuenta Pública a Petróleos Mexicanos (Pemex) en los años 2005, 2006, 2007 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró serias irregularidades en la forma de operar de la empresa que dieron lugar a un sin número de observaciones, mismas que fueron reportadas, en su momento, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados entre las que se encontraron beneficios y contratos aprobados a pesar de no cumplirse con los requerimientos de las licitaciones a esta empresa.
Según ese informe, en 2006 se detectaron pagos de sobreprecio por la renta de buques; el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), el 6 de diciembre de 2007. Ese mismo año, la Cámara de Diputados creó una comisión legislativa para darle seguimiento al pliego de observaciones. Un año después, el Ministerio Público federal determinó el no ejercicio de la acción penal.
La empresa Oceanografía, SA de CV, y sus principales accionistas volvieron a la luz pública a raíz de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó, el 11 de febrero de 2014, de los procesos de contratación del gobierno, luego que Pemex encontró, en una revisión interna, ciertas irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas y declaraciones patrimoniales falsas o alteradas, y manifestaciones falsas en sus propuestas para celebrar los contratos con la institución y más aún desde que el gobierno federal (PGR-SAE) tomó la administración de la empresa Oceanografía SA de CV. Petróleos Mexicanos, según sus declaraciones, dejó de producir más de ochenta mil barriles de petróleo diarios lo que evidentemente ha causado un perjuicio por los malos manejos de los recursos públicos, lo que evidentemente resulta grave ante la situación financiera por la que está pasando el país actualmente.
El informe señala que tanto Citigroup Incorporated, como Pemex, comenzaron la revisión de la exposición del crédito a Oceanografía, SA de CV, y de su programa de financiamiento de los últimos años. La medida de inhabilitación se publicó en el Diario Oficial de la Federación mediante una circular en la que se comunica a los estados, dependencias y entidades de la administración pública, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Oceanografía SA de CV, por encontrarse inhabilitada por un año, nueve meses y 12 días.
El 28 de febrero de 2014, Citigroup Incorporated informó que había descubierto un fraude en contra de su filial mexicana el Banco Nacional de México (Banamex) relacionado con la firma de servicios petroleros de Oceanografía SA de CV. Derivado de lo anterior, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía SA de CV, luego de que el grupo bancario Citigroup Incorporated anunció la baja de sus resultados en 2013, por la cantidad de 235 millones de dólares netos, sin que aún se consideraran los montos que derivaron del supuesto fraude.
Se estima que la empresa Oceanografía SA de CV cometió un presunto fraude en contra de Banamex por la cantidad de 400 millones de dólares, derivados de la cesión de derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados entre la empresa y Pemex, por un total de 585 millones de dólares, de los cuales únicamente se encontraban respaldados por la paraestatal 185 millones de dólares, esto a través de estimaciones alteradas y aumentadas de sus activos y contratos con petróleos mexicanos, así también derivado del aseguramiento de esta empresa que según dichos oficiales de los funcionarios, era una empresa que se utilizó para realizar actividades ilícitas, se puso en concurso mercantil con la finalidad de liquidar a los trabajadores y cuidar las fuentes de empleo pero, esta situación no es facultad de la procuraduría ya que ésta solo está facultada para perseguir delitos no para administrar la empresa, como indebida e ilegalmente lo ha venido haciendo, pues una empresa que sirve para cometer delito no puede ingresar a concurso mercantil, pues la fecha no se ha hecho con ninguna otra empresa de gente relacionada con delincuencia organizada, y por otro lado a la fecha tampoco se ha liquidado a los trabajadores de la empresa ni se les ha pagado, por lo que evidentemente que no se cumplió con esta situación y por el contrario se ha hecho uso de esta institución para administrar la empresa del familiar Martín Díaz Álvarez, de la actual procuradora general de la República, Arely Gómez, al grado de que no se ha dado su extradición a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra, y se ha perjudicado a los trabajadores al no ser liquidados por las autoridades que tiene la obligación constitucional de cumplir con ella, como funcionarios y con las leyes secundarias, por ello tienen la obligación legal de cumplir tanto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como las demás autoridades del trabajo, en liquidar a los trabajadores conforme les corresponda el no hacerlo indudablemente que violenta los derechos de los trabajadores, por lo que es necesario saber cómo se liquidó a los trabajadores, si ya se liquidó a todos o faltan por liquidar; si faltan, por qué no se han liquidado; si se pagaron despachos externos, cuánto se les pagó, por qué motivo se les contrató; por qué motivo se contrató a un sindicato si no existía y no era necesario pagar a éste, por qué se le pagó dinero de los trabajadores si no existía un sindicato y nunca se había pagado en perjuicio de los trabajadores, en relación al barco OSA Goliat, donde está este barco, y porque no está en aguas nacionales si fue asegurado por la Procuraduría General de la República, porque el barco Titán causó daños ecológicos, qué se ha hecho para resolver este tema, si tenía brazo propulsor, si no tenía, quién lo tiene y por qué; si es un prestador de servicios por qué no se pagó para evitar que el barco encallara, a todos, a cuántos se les ha pedido servicios durante la administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, si se le ha pagado sus servicios como dice la ley o ha pedido créditos, que pasó con el equipo de futbol Gallos Blancos, por qué si se aseguraron los bienes de Amado Omar Yáñez Osuna, y éste tenía acciones y era dueño del equipo, por qué se permitió su venta, quién recibió los recursos de la venta de este equipo, por qué se ordenó su levantamiento del aseguramiento, quién provee de los recursos económicos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para el manejo de la empresa, cuánto se le ha dado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la administración y operación de la empresa, lo anterior a fin de determinar si existe o se ha usado a las instituciones sólo para manejar a la empresa. Finalmente, el 27 de febrero de 2014 se publicó el acuerdo de aseguramiento de la empresa y en julio de ese año entró en concurso mercantil administrándose a la empresa por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Es importante precisar que existe no sólo la denuncia de Banamex en contra de Oceanografía SA de CV, sino también de particulares como Exincomer SA de CV, y de instituciones públicas como Pemex, por lo que es necesario saber qué ha pasado en estas investigaciones, qué se ha hecho para proteger a las víctimas de esta empresa y sus socios.
Hasta ahora, las acciones no han derivado en una investigación que profundice los términos de los contratos las licitaciones, las declaraciones patrimoniales alteradas, la forma en que Oceanografía se convirtió en un proveedor de servicios estratégico y las participación de funcionarios y empresarios, incluso ejecutivos de Banamex, en una serie de eventos que provocaron la salida en octubre de 2014, de Javier Arrigunaga, su director general, y de Manuel Medina Mora de Citigroup, uno de los más altos funcionarios del corporativo.
En ese sentido, se considera que la participación de los funcionarios de la PGR, SAE, SAT y CNBV en lo que debería ser el cumplimiento de sus responsabilidades, ha puesto en riesgo recursos y patrimonio del sector público. Cabe señalar que, según un informe de la comisión de investigación del Senado, entre 2003 y 2013 obtuvo 106 contratos por 46 mil millones de pesos y en 2013 obtuvo 6 contratos por 3 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere al desempeño de la procuradora, se advierte la presunción de un conflicto de intereses, ya que aun reconociendo que Oceanografía fue un instrumento para desarrollar actividades delictivas, que por consiguiente debió ser intervenida para proteger la fuente de empleo de una empresa que creció de manera acelerada y llegó a tener una importancia estratégica bajo la cobertura de funcionarios corruptos, facilitada por la intervención de Martín Díaz, familiar del exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz. De hecho, cuando era senadora, la actual procuradora Arely Gómez, se excusó de participar como presidenta en la comisión investigadora del caso Oceanografía, por reconocer públicamente que tenía vínculos familiares en cuarto grado con Martín Díaz, lo que le impedía desempeñarse en el cargo por claro conflicto de interés como lo prevé la ley.
Quizás eso explique porqué la funcionaria no promovió una intervención para investigar lo que se podría considerar el resultado de una sistemática y compleja trama de corrupción, que en apenas tres sexenios llevó a una empresas que en el año 2000 estuvo en riesgo de ser embargada, a formar un emporio gracias a las relaciones con funcionarios corruptos1 y a los jugosos negocios a costa de Petróleos Mexicanos y del patrimonio nacional. Así, optó por dejar que Oceanografía fuera intervenida mediante concurso mercantil, sólo para sanearla financieramente y del lavado de dinero, sin investigar los hechos delictivos que habrían provocado un grave daño al patrimonio nacional.
Es necesario que la procuradora aclare la magnitud del daño a los distintos afectados, las intervención de los funcionarios de los distintos niveles, de las instituciones financieras y de las instancias reguladoras que propiciaron este fraude que en otros países habrían obligado a declarar a exsecretarios de Energía e incluso a expresidentes. El abuso de Oceanografía es tal que incluso se sabe de uso indebido de propiedades privadas en Campeche, que fueron invadidas por Oceanografía con la protección de funcionarios públicos. Por eso es necesario que comparezca la procuradora Arely Gómez, porque también es necesario saber por qué, una vez detenido en Estados Unidos, Martín Díaz, no fue posible extraditarlo a México, para que aquí declare cómo llevó a cabo sus operaciones ilícitas.
La evolución del Concurso Mercantil no deja lugar a dudas y el convenio aprobado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe V Consuelo Soto, abre la posibilidad de que este terrible caso de corrupción sea olvidado. En dicho convenio se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, en consecuencia, dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos. Asimismo, y sin perjuicio de lo determinado en los numerales citados, al existir incidentes y acciones preparatorias pendientes de resolver, deberán llevarse a su conclusión, según lo que en derecho proceda.
Finalmente, establece, con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso mercantil. Por lo que en su momento se ordenará al conciliador la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos.
No se debe olvidar que el juez Felipe Consuelo Soto fue el mismo que intervino en el caso de Mexicana de Aviación, caso en el que salvo algunas que supuestamente reflejaban sensibilidad para con los trabajadores de la empresa, en realidad no hizo nada, en ese caso, para recuperar la fuente de empleo y castigar al responsable de la crisis. Todo indica que sólo buscó librar de responsabilidades a un empresario corrupto consentido del régimen y es lo que está haciendo ahora con Oceanografía.
El problema está en que su propuesta de convenio no ha sido aceptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El miércoles 23 de marzo2 , trascendió que el SAT impugnará ese fallo porque implica el desconocimiento de un crédito mercantil por 18 mil millones de pesos. Lo cierto es que se requiere que el SAT despeje las dudas que existen acerca de la deuda de Oceanografía con esa instancia de recaudación y, sobre todo, se debe aclarar cómo se protegerán los recursos públicos afectados.
En el caso del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quedó claro que su intervención administrativa no tuvo la intención de investigar las causas del acelerado enriquecimiento del dueño de Oceanografía, de sus relaciones con los funcionarios de Pemex, así como las condiciones contractuales que fueron determinantes en el sorprendentemente acelerado crecimiento de la empresa privada.
Es importante tener presente que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como administrador de la empresa en concurso mercantil estaba obligado a realizar inventarios de bienes y registrar e informar en detalle los adeudos y pasivos fiscales, para que fueran considerados por el juez en el análisis del caso. El SAE informó al Senado que “La Ley de Concursos Mercantiles otorga al juez facultades para proteger los activos de la empresa, proteger los derechos de los trabajadores y reconocer a sus acreedores sin detener sus operaciones. La demanda de concurso mercantil y las medidas cautelares “han permitido el flujo de recursos a la empresa para mantener su operación, proteger la masa concursal y maximizar el flujo de recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones más urgentes”. Y menciona que eso es necesario dado que “su operación es de importancia nacional en razón a los servicios que presta a Pemex y Pemex Exploración y Producción”3 .
El problema está en que ahora que se ha comenzado a divulgar la posibilidad de que se firme el convenio con los acreedores, que permita levantar el concurso mercantil, aún hay denuncias de empresas y empleados que ofrecían sus servicios a Oceanografía, que no han recibido una respuesta a sus demandas de protección de derechos por parte del interventor. En contra de lo establecido por la Ley de Concursos Mercantiles, incluso, hay denuncias de propietarios de terrenos cercanos a los muelles, que les fueron invadidos por Oceanografía, con el apoyo cómplice de autoridades locales, porque de esa manera aumentaba los activos que presentaba como garantías para negociar créditos. Nada de eso ha sido atendido como lo ordena la ley por parte del interventor del SAE.
Sin embargo también es importante cuestionar por qué si Pemex ha sufrido perjuicios por la conducta delictiva de sus funcionaros al dar los contratos no se ha detenido a nadie a la fecha, porque si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, depende del Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ésta al ser administrador de Oceanografía SA de CV no le informó al juez de concurso mercantil del adeudo multimillonario de impuestos de la empresa y los pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y viceversa por qué si la SHCP sabía que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes administraba esta empresa no le cobró o compareció al concurso mercantil en tiempo como lo señaló el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, para que se le reconociera el carácter de acreedor y se le pagaran los impuestos y consecuentemente los recursos públicos de la nación y en su lugar hubo omisiones dolosas o culposas pero que desde luego implican responsabilidad de los titulares del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Procuraduría General de la República, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ese actuar se sabe que hizo que se perdiera el cobro de casi 18 mil millones de pesos, sin embrago el SAE puede pagar aun así, de manera voluntaria, en una autodeterminación fiscal, por qué no se ha hecho sería la pregunta, así en todos los casos señalados el sector energético sigue sufriendo pérdidas y los beneficiados por no cobrar esos impuestos es el familiar de la procuradora y sus socios.
Así también éstos se benefician por el cobro de dinero de la empresa a Pemex, por los contratos numero 428237849, 428233804, 420832824, y 428232804 por lo que al ser Pemex una empresa de energía nacional indudablemente se perjudica a la nación, y evidentemente no se ha detenido al prófugo y familiar de la procuradora, así ésta no actúa para castigar las omisiones de los funcionarios señalados, y a los responsables de cada institución relacionada, por el contrario deja de actuar y es omisa al realizar sus actividades y facultades.
Efectivamente, el funcionario del SAE argumentó que se dedicó a sanear la empresa, como una forma de garantizar esos derechos. El problema está en que no ha explicado cómo lo hizo, si en el informe de la intervención reconoció que Oceanografía tenía obligaciones de pago por 17 mil 823 millones de pesos y sólo disponía de activos líquidos por un mil 76 millones de pesos. ¿Otra vez incurrieron en contratos abusivos a costa de Pemex?
Finalmente, se requiere la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que explique la calidad de la regulación que se aplica en México y de la fuerza de las sanciones que se imponen ante malos manejos o ilícitos. Es importante conocer cuál fue la verdadera causa de la salida del director de Banamex y de la remoción de Manuel Medina Mora, porque esos hechos no se pueden desvincular de las investigaciones en torno a las acciones ilícitas de Oceanografía.
Hoy que se pretende cerrar el caso de uno de los hechos delictivos más importantes de los últimos años, sin culpables, sin sanciones, sin una investigación a fondo, en la que los funcionarios responsables dejaron muchas preguntas sin responder a la comisión especial del Senado, persisten muchas dudas y la importancia del tema no permite dejarlas en el olvido. Urge que los funcionarios involucrados proporcionen el Libro Blanco de la intervención a Oceanografía, y de las operaciones que hicieron para sanear su funcionamiento.
Es importante señalar que ahora después de todo lo antes manifestado resulta que el señor Amado Omar Yáñez Osuna lavó dinero en el asunto Panama Papers o Papeles de Panamá comunicación de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca, que revela el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. Así este personaje también está involucrado y acaso tampoco el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como administrador sabía de esto, o lo ocultaba indebidamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco sabía o también era omisa, y la procuraduría qué hará, si a la fecha no ha actuado en ningún momento, en contra del familiar de la procuradora a pesar de existir incluso las averiguaciones AP/PGRJQR0/QR0-IV1090/2012, PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 y UEIORPIFAM/AP/05/2014 relacionadas por actividades ilícitas, que incluso se publicaron en la revista Proceso , con todo lo anterior por lo que es evidente que se debe remover de su cargo al ser tan ineficiente en su desempeño, pues incluso en este caso, los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack-Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios, y evadir situaciones fiscales entre otras.
Así entonces, qué acaso la procuradora no sabe investigar y no sabe que en la investigación se aseguraron los bienes de Martín Díaz Álvarez, y señor Amado Omar Yáñez Osuna, es decir se deben asegurar la empresa Grupo Gasolinero México, pues el señor Martín Díaz Álvarez es socio en 50 por ciento de esta empresa según los panamá papers.
Los más importante en este asunto es el aseguramiento y que el concurso era para proteger a los trabajadores, y no se les ha pagado ni sueldos ni indemnizaciones en su totalidad, que es lo que está pasando, no se les quiere pagar o se trata de cansarlos, al final el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el responsable de esta situación y la Procuraduría General de la República, también pues ésta debe liberar los recursos, sin embrago es de destacarse que el juez del concurso mercantil referido ante la falta de pagos, dio una instrucción de etiquetar el pago de un fideicomiso y utilizar ocho millones ochocientos treinta y cinco seiscientos cincuenta y ocho pesos con 65 centavos, para esos pagos, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, indebidamente y en claro desacato a un mandato judicial, dice que ocupó el dinero en otro gasto a pesar de existir una orden de pago directa a los trabajadores, siendo un mandato judicial el cual en todas las instancias ha quedado firme por la ilegal postura del SAE, sin que a la fecha se les haya pagado a los trabajadores, prueba de ello lo son los acuerdos y peticiones de los trabajadores que obran en el expediente, el SAE tratando de evadir el pago total a los trabajadores, que no tiene por qué esperar ante el problema de la empresa en la que los trabajadores, no intervinieron ni formaron parte.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora general de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que difundan las medidas que han llevado a cabo en el ámbito de sus respectivas responsabilidades para proteger el patrimonio público y las razones de por qué no se han denunciado o realizado las investigaciones pertinentes por las omisiones señaladas en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV; así como hagan públicas las indagatorias que existen en su contra y de particulares como Exincomer SA de CV, y de instituciones públicas como Pemex.
Segundo. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora general de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que difundan las medidas realizadas, en el ámbito de sus atribuciones, para proteger a las víctimas de esta empresa y sus socios, y pagar a los trabajadores, los cuales tienen derecho de prelación de conformidad con la legislación vigente.
Tercero. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora general de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalen, en el ámbito de sus competencias, las condiciones en que se llevó a cabo el proceso de liquidación de los trabajadores y el destino de todos los activos, incluidos el barco OSA Goliat y el equipo de futbol Gallos Blancos, así como las acciones efectuadas para complementar el pago de los trabajadores.
Cuarto . Se exhorta a la procuradora general de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en su caso, y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sancionen por posibles delitos ambientales a los responsables de los daños causados por el barco Titán que era administrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Notas
1 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/opinion/nacional/199287-oceanografia- los-bribiesca-gil-diaz-los-perez-jacome-otra-vez
2 http://www.jornada.unam.mx/2016/03/23/economia/023n3eco
3 “Informe a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República”. Septiembre de 2014, páginas 42
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al desvío de recursos de programas sociales de la Sedesol para apoyar las campañas electorales del PRI en Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
El Grupo Parlamentario de Morena ha solicitado en distintos momentos que la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncien contra el desvío de recursos públicos para favorecer a partidos y candidatos durante las campañas electorales, perpetrado por funcionarios federales y locales. Un asunto que lleva varios años ventilándose y que no ha tenido una resolución satisfactoria de las autoridades encargadas de investigar, perseguir y castigar los ilícitos es el desvío de 800 millones de pesos a manos de ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal adscritos a la delegación de Veracruz, para destinarlos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Los hechos que a continuación reseñamos dan cuenta de una red de corrupción en esta entidad durante el actual gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En abril de 2013, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, dio a conocer las grabaciones de unas reuniones en las que, supuestamente, se evidencia la estrategia del PRI para comprar votos con recursos públicos y programas sociales.
Ante ello, el PAN interpuso una denuncia en contra del gobernador de la entidad, Javier Duarte, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y a otros 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, la cual ya estaba siendo investigada por la PGR, encabezada en su momento por el priista Jesús Murillo Karam.1
Ante la efervescencia del conflicto, Madero escribió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le expresa que funcionarios federales de su administración y los gobernadores de los estados donde gobierna el PRI no respetan los acuerdos y compromisos suscritos en el Pacto por México.2
En respuesta, a través de un comunicado, el gobierno de Veracruz rechazó cualquier injerencia en el proceso electoral y expresa que todos sus servidores públicos tienen la instrucción de mantenerse al margen de dicho proceso y no vincular sus funciones con la actividad política y en horas y días hábiles de trabajo.3
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional manifestó su interés por que los supuestos hechos que habían sido denunciados se investigaran a cabalidad por las autoridades competentes.
Ante los hechos mencionados, el 18 de abril de 2013, Rosario Robles Berlanga, en ese tiempo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció la destitución de seis funcionarios de la dependencia y la suspensión de uno, acusados de utilizar recursos públicos para favorecer al PRI en los procesos locales.4
El 27 de abril de 2015, dos años después, el senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz.5
Aunque reconoció que la denuncia de hechos se basa en filtraciones, que podrían tratarse de “un conflicto dentro de los grupos políticos del PRI en Veracruz” y un “fuego amigo”, el legislador remarcó que “el tipo de información que se ofrece es gente de adentro, que tiene acceso a documentación oficial, que conoce la distribución de las tarjetas, tiene acceso a los programas de beneficiarios, hizo un trabajo especial para acreditarlo y pues evidentemente, el objetivo central es (Marcelo Montiel Montiel, ex delegado de la Sedesol en Veracruz)”.
Encinas apuntó que el desvío –según las filtraciones– podría ascender a 500 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el senador detalló lo siguiente:
El pasado jueves 16 de abril del 2015, alrededor de las 14:00 horas, fue entregado en mis oficinas del Senado de la República, un sobre conteniendo una carta dirigida a mi persona, suscrito por “Funcionarios honestos de la Sedesol de Veracruz”. Ese sobre incluía una USB, con información relacionada con esa dependencia, donde se presentan diversos documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de al menos 500 millones de pesos...
Tras el análisis de la misma y la consulta a diversas fuentes considero que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de la Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos.
Cabe mencionar que el presunto desvío de los recursos que hoy presentamos, son distintos a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondiente a la cuenta pública de 2013, donde se señala que el estado de Veracruz, donde residen más de 4.1 millones de mexicanos en situación de pobreza, fue la entidad de la república que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013, casi el doble de Michoacán, entidad que aparece en segundo sitio...
Hay que recordar también como ese mismo año, el PAN exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y Más, que dio lugar al desafortunado comentario del presidente Peña Nieto en defensa de la titular de la dependencia con el famoso “Rosario no te preocupes, hay que aguantar”.
Escándalo que por cierto hizo tambalear al Pacto por México; que retrasó la presentación de la reforma financiera, y que costó el empleo a varios funcionarios menores de la Sedesol en Veracruz, así como la separación del delegado en el estado, Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario estatal de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, actual delegado y personaje central en las denuncias que en unos momentos más presentaremos...
La información que se nos entregó, ésta que vamos a entregarles también a ustedes, corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diversas facciones del PRI, y esta mantiene el formato y orden originales; no ha sido editada ni modificada.
Se trata de una USB que con 623 archivos que ocupan 10.8 GB, contienen un video que da soporte a las siete partes en que se presenta la información, más una carpeta de archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de la Sedesol en Veracruz...
Los capítulos que integran esta denuncia son
Robo de apoyo a jornaleros agrícolas
Robo de tarjetas bancarias
Robo de cheques –falsificación de firmas
Obras fantasma del programa 3x1 de Migrantes
Robo en el apoyo a gestores voluntarios
Obras fantasma Programa Empleo Temporal
De acuerdo con la información contenida, de los 8 millones de pesos de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios.
Se documenta, o se pretende documentar también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos.
De la misma forma se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de las facturas.
Y finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos, indicó el senador.
Como lo había publicado el sitio de Aristegui Noticias en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.
Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. A Ranulfo lo sustituyó Montiel Montiel.
El 28 de abril de 2015, Pablo Ruiz Domínguez, empleado externo de la delegación de Veracruz de la Sedesol, presentó ante la Procuraduría General de Justicia denuncia formal contra los señores Marcelo Montiel Montiel y Wiliado Córdoba Mortera, quienes se desempeñan como delegado estatal y jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación Veracruz ; con la finalidad de describir el modus operandi de una presunta red de corrupción que operaba el delegado estatal.
La denuncia formal concluía que los servidores públicos denunciados habían cometido los delitos ejercicio indebido de servicio público; abuso de autoridad; coalición de servidores públicos; uso indebido de atribuciones y facultades; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; peculado; falsificación de documentos en general; fraude; y, delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos.
El 20 de mayo de 2015, el ex diputado Juan Bueno Torio por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó al segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República investigaran el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 de los programas de Jornaleros Agrícolas, programa de Empleo Temporal, programa 3x1 Migrantes y programa de Gestores Voluntarios de la delegación de la Sedesol de Veracruz.
El punto de acuerdo del ex diputado Juan Bueno, cuya versión aquí recogida aparece en una de las demandas, expresa:
El Partido Acción Nacional declaraba su preocupación contra la Cruzada contra el Hambre, pues por su estructura temían que pudiera ser utilizada para desviar recursos en beneficio de los funcionarios de la Sedesol. Después fuimos testigos, en 2013, de la finalidad electoral que se daba a los recursos en Veracruz. Ha quedado claro que la secretaria Rosario Robles gozó del encubrimiento del Poder Ejecutivo, no se puede olvidar el “No te preocupes, Rosario”. Hoy, más que nunca, podemos observar que a dos años de estos lamentables hechos, Rosario Robles sigue impune y cometiendo los delitos que la caracterizan y benefician. Sin duda, Robles no tiene de que preocuparse, los que nos debemos preocupar somos los mexicanos que nos tenemos que enfrentar a la maquinaria de instituciones corruptas que abanderan la actual administración del PRI.
Ha sido demostrado, a través de las pruebas que presentamos, la forma ruin con la que los funcionarios de la Sedesol se conducen para substraer los recursos de los beneficiarios. Un ejemplo de esto son los cheques que se entregan por motivo de la Cruzada contra el Hambre en la que la delegación Veracruz solicita mediante oficio que éstos le sean entregados sin la leyenda “No negociable” para poder ser cobrados en caja mediante endoso con firma falsa.
Otro ejemplo es el desvío de los recursos de Jornaleros Agrícolas: los jornaleros presentan su trámite ante la Sedesol, el cual es aprobado; sin embargo, los recursos son entregados a través de tarjetas bancarias a granel en la delegación de Veracruz. Es en este punto donde los funcionarios falsifican la firma de los beneficiarios para hacer uso directo de estas tarjetas y retirar en cajeros automáticos los recursos.
Todos estos casos están claramente evidenciados en los videos que proporcionamos a la Procuraduría General de la República. En ellos se encuentran las firmas falsificadas cotejadas con las originales de las credenciales del INE de los jornaleros; los cheques “no negociables”, así como el oficio mediante el cual los solicita; el pago disminuido a los capacitadores; obras fantasmas, así como las tarjetas bancarias y la forma en la que retiran el dinero.
Por tal motivo, es necesario que se sigan las investigaciones correspondientes contra la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el delegado de la dependencia en Veracruz, Marcelo Montiel. Debe ser prioritario que se tomen acciones en contra de los funcionarios que persisten en su intención de vulnerar el sistema administrativo de México, pues con ello afectan directamente a las personas que debemos representar con dignidad y honestidad.
Debemos hacer que la Sedesol sea una institución confiable, capaz de establecer un buen sistema de rendición de cuentas, que promueva la igualdad y la calidad de vida de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos en general.
La rendición de cuentas puede y debe ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza para los mexicanos que tanto necesitan; no basta la nueva ley anticorrupción; no es suficiente el Código General de Procedimientos Penales. Lo que más falta es transparencia que garantice a las personas sus oportunidades de salir adelante y mejorar su calidad de vida.
Con base en las denuncias penales interpuestas por el Partido Acción Nacional contra funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), delegación Veracruz, queda claro que se debe esclarecer el destino final de los 800 millones de pesos.
Como se observa, el desfalco de los recursos de Veracruz, probablemente, ha sido destinado para enriquecimiento ilícito de los servidores públicos implicados, así como un inminente y claro desvío hacia las campañas electorales.
Es un acto abominable que la Sedesol de Veracruz, sea cual sea la intención por la que esos recursos no llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del empobrecimiento de la población que debía ser beneficiada por los diversos programas de la institución. Es necesario entender que programas de apoyos como el destinado a jornaleros, puede ser la única oportunidad que tengan estas personas de impulsar su desarrollo laboral y económico. Es decir, esta delegación de la Sedesol está minando el futuro de los beneficiarios en Veracruz.
Con estos hechos han quedado de manifiesto las vulneraciones de diversos programas de recursos que emanan de la Sedesol, tales como el Programa de Ayuda a Jornaleros Agrícolas, el programa 3x1, la Cruzada contra el Hambre y el Programa de Gestores Voluntarios.
El 29 de julio de 2015, la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión resolvió:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones realice una auditoría a los recursos federales asignados a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, en los ejercicios de 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios; e informe a esta soberanía sobre los resultados de dicha auditoría.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe a esta soberanía sobre las medidas de seguridad para garantizar el cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios de la delegación de la Sedesol de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios de 2013 y 2014.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en un término no mayor de 15 días naturales, informe a esta soberanía, en caso de ser legalmente procedente y con pleno respeto de la confidencialidad de las averiguaciones previas, el estatus de la investigación sobre el probable uso indebido de recursos públicos en los programas señalados en el presente punto de acuerdo.6
El 5 de febrero de 2016, el señor Alejandro Worg Ramo, en su carácter de ciudadano de Coatzacoalcos, Veracruz, interpuso denuncia electoral contra el señor Víctor Rodríguez Gallegos ante el Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue tramitado ante la Secretaría Ejecutiva del mencionado organismo en el procedimiento especial sancionador con número de expediente CG/SE/CD29/PES/AWR/004/2016.
En ésta se expone que la finalidad de denunciar a Víctor Rodríguez Gallegos es para que se le negara el registro como precandidato a diputado uninominal o por mayoría relativa en tanto que
El señor Víctor Rodríguez Gallegos se desempeñó como subdelegado administrativo de la delegación en Veracruz en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal hasta mediados de abril de 2015. Y durante el tiempo que estuvo desempeñando este cargo se vio involucrado según diversos medios periodísticos en una serie de señalamientos e imputaciones por desvío de recursos federales para fines distintos al beneficio social; iincluso es un hecho público y notorio que existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de diversos funcionarios de dicha Delegación estatal en donde se les involucra con desvíos de recursos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, donde de manera fraudulenta se falsificaron las firmas de los beneficiarios y que los recursos se obtenían por medio de tarjetas bancarias y que ese dinero no se lo iban a entregar a los supuestos beneficiarios sino que lo iban a cobrar funcionarios de la Sedesol porque ese dinero se requería para ser usado para campañas políticas. En esa denuncia se menciona que estaban promoviendo como candidato a diputado a Víctor Rodríguez Gallegos, quien se desempeñaba como subdelegado administrativo de la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social; lo mismo sucede con todos los demás programas de la Sedesol de la cruzada contra el hambre en la delegación de Veracruz, donde funcionarios de la Sedesol solicitan que todos los cheques de todos los programas de apoyos personalizados a beneficiarios se emitan omitiendo la leyenda “No negociable” con la finalidad de que estos cheques puedan ser endosados con firmas falsas y cobrados por los mismos funcionarios de la Sedesol a través de una gran red de corrupción orquestada por el mismo delegado. En estos hechos denunciados también se le relaciona al señor Víctor Rodríguez Gallegos en situaciones donde se falsifican las firmas, endosan cheques, substraen tarjetas bancarias para cobrar el dinero destinado a los beneficiarios. En esta misma denuncia se menciona que estos funcionarios localizaban obras ya terminadas y se dedicaban a armar documentalmente los expedientes en escritorio sin hacer las obras específicamente en el Programa 3x1 para Migrantes de la Sedesol. Existen también malos manejos con los Gestores Voluntarios, quienes no obstante que la delegación de la Sedesol de Veracruz recibió 7 millones de pesos para estos gestores voluntarios no se les entregó dinero alguno. Lo mismo sucedió con el Programa de Empleo Temporal (PET), donde más de 60 por ciento del presupuesto del programa PET fue robado por funcionarios de la Sedesol de Veracruz. Incluso, en la edición del 4 de enero de 2016 en el medio informativo El Demócrata aparece el artículo “Víctor Rodríguez, el derroche”.
Como damos cuenta, las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, así como las denuncias presentadas por el empleado de la delegación estatal de Veracruz y un ciudadano ante la PGR, muestran evidencias del posible modus operandi de servidores públicos para desviar recursos públicos a campañas de candidatos del Partido de la Revolución Institucional. En estas denuncias se han visto involucrados el señor Víctor Rodríguez Gallegos, quien se desempeñaba como subdelegado administrativo de la delegación de Veracruz, los señores Marcelo Montiel Montiel y Wiliado Córdoba Mortera, quienes se desempeñaban como delegado estatal y jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación Veracruz.
En vista de que el pronunciamiento de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2015 no fue respondido adecuadamente por las autoridades involucradas y porque las posibles faltas administrativas y los probables delitos cometidos por los ex funcionarios citados permanecen impunes, Morena propone que la Cámara de Diputados insista en conocer la situación que guarda el caso y pida la intervención del actual secretario de Desarrollo Social para evitar que hechos como los denunciados se repitan.
Por lo expuesto ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso la Unión exhorta al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, a difundir las acciones tomadas contra el probable desvío de recursos públicos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios de la delegación de la Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, correspondiente a los ejercicios de 2013 y 2014, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, en los que se han visto involucrados los señores Víctor Rodríguez Gallegos, ex subdelegado administrativo de la delegación estatal de Veracruz; y Marcelo Montiel Montiel y Wiliado Córdoba Mortera, ex delegado estatal y ex jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente, de la Sedesol de la misma entidad, en virtud de que se presume un daño al erario.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones, difunda los resultados de las auditorías realizadas al posible desvío de recursos públicos para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional asignados a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, en los ejercicios de 2013 y 2014 correspondientes a los programas sociales de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios, en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura el 29 de julio de 2015.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que haga públicas las medidas de seguridad tomadas para el cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios de la delegación de la Sedesol de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios de 2013 y 2014, en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura el 29 de julio de 2015.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República que difunda en el marco de la legislación que la rige el resultado de las investigaciones y actuaciones sobre el probable uso indebido de recursos públicos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios de la delegación estatal de la Sedesol de Veracruz, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014,7 en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura el 29 de julio de 2015.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en el marco de sus atribuciones, difunda las investigaciones realizadas a los servidores públicos involucrados en el posible desvío de recursos en la delegación estatal de la Sedesol de Veracruz, en los ejercicios de 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional.
Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a que haga públicas las acciones que se tomaron contra el probable desvío de recursos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios de la delegación de la Sedesol de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional y de los servidores públicos involucrados, ya que se presume un daño al erario.
Notas
1 Caso Veracruz: documentos del PAN, PRI y Duarte sobre desvío de recursos, Aristegui Noticias, 18 de abril de 2013, http://aristeguinoticias.com/1804/mexico/operacion-electoral-en-veracru z-documentos-del-pan-pri-y-javier-duarte/
2 Partido Acción Nacional, Carta a Enrique Peña Nieto, 17 de abril de 2013, https://es.scribd.com/doc/136756885/Carta-del-PAN-pdf
3 Comunicado del gobierno de Veracruz, 17 de abril de 2013,
https://es.scribd.com/doc/136757593/Comunicado-Gobierno- de-Veracruz-pdf
4 Destituyen a 6, y sólo “separan del cargo” al operador principal de la Sedesol en Veracruz, Aristegui Noticias, 18 de abril del 2013,
http://aristeguinoticias.com/1804/mexico/robles-solo-sus pende-temporalmente-a-delegado-de-sedesol-tras-casoveracruz/
5 Denuncian otro presunto desvío de recursos en Veracruz, Aristegui Noticias, 27 de abril de 2015,
http://aristeguinoticias.com/2704/mexico/alejandro-encin as-pide-investigar-probable-desvio-de-recursos-en-veracruz/
6 Dictámenes de puntos de acuerdo aprobados en la LXII Legislatura, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de Apoyo Parlamentario,
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/dictameneslxii_pa. php?tipot=%20&pert=&idacut=2197
7 Dictámenes de puntos de acuerdo aprobados en la LXII Legislatura, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de Apoyo Parlamentario
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/dictameneslxii_pa. php?tipot=%20&pert=&idacut=2197
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado a analizar la política exterior seguida por el Ejecutivo federal al invitar a Donald Trump, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, a partir de las siguientes
Consideraciones
Primera. Desde hace más de año y medio, específicamente desde el 23 de febrero de 2015 el magnate estadounidense Donal Trump ha emprendido una serie de ataques verbales racistas en contra de México y los mexicanos, pidiendo que México dejará de enviar criminales a su frontera sur y señalando que México estaba estafando a Estados Unidos.
Sus comentarios comenzaron cuando el director de origen mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganó 3 premios Oscar por su película “Birdman”. A partir de ahí se han dado una serie de comentarios entre los que pueden destacarse:
• “Construiré una gran barrera en la frontera sur y haré que México pague por ello, marquen mis palabras...”
• “México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando gente con un montón de problemas... Están trayendo drogas, el crimen y a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos...”
• “México no es nuestro amigo...”
• “Un país sin fronteras, simplemente no es un país”.1
• Estas declaraciones racistas dieron pie a un enfrentamiento de las cadenas de televisión Univisión y NBC, con el multimillonario por las transmisiones del concurso de Miss Universo. Y a ellas siguieron una ruptura de la empresa la televisora mexicana Televisa que se deslindó de cualquier relación con el magnate estadounidense debido a sus comentarios ofensivos, informando su decisión a través de un comunicado: “Para Grupo Televisa es inaceptable cualquier forma de relación comercial con el certamen Miss Universo y con las empresas que forman la organización Trump2 ”. Y continuó con la cancelación de proyectos de Carlos Slim con Donald Trump; el portavoz, Arturo Elías Ayub, informó la noticia al declarar que Ora TV, empresa productora fundada por Slim, canceló un programa con una de las empresas de Trump3 .
Así, lo que comenzó como comentarios racistas de un ciudadano estadounidense acaudalado en contra de nuestro país y los mexicanos, derivó un problema que afectaba empresas mexicanas, pero pronto pasó a ser una preocupación cuando Donald Trump se postuló como precandidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, y ahora ha evolucionado en un problema de política exterior al concretarse su victoria en la contienda interna de ese partido y que desde el pasado 21 de julio de 2016 fue oficialmente nombrado, en la convención del Partido Republicano, como candidato a suceder al actual presidente Barak Obama en la Casa Blanca.
Segundo. Esta preocupación se vio reflejada el 15 de septiembre de 2015 cuando la Cámara de Diputados votó y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo mediante la que se expresa la condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en Estados Unidos de América4 .
Punto de acuerdo en lo que se expresa que:
Los Estados Unidos Mexicanos, fieles a los principios que rigen su política exterior, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han mantenido una permanente conducta de respeto a los procesos democráticos que se llevan a cabo en otras naciones del mundo, cuando se trata de países con los que se tienen estrechas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, como es el caso de Estados Unidos de América.
Para nadie son un secreto los lazos de amistad y respeto que unen a México con su vecino del norte: Estado Unidos son el principal socio comercial de nuestro país, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuestra frontera ubicada entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo y es nuestro territorio el principal lugar de residencia de ciudadanos estadounidenses fuera de su país.
...
La historia es sabia y da muestras sobradas de la trascendencia que han tenido los valores de nuestros pueblos en el desarrollo democrático de la región: fueron los padres fundadores de las trece colonias quienes influenciaron los sueños libertarios de Miguel Hidalgo; el apoyo de Abraham Lincoln a la causa republica resultó decisivo para el triunfo de Benito Juárez frente a los franceses; juntos, México y Estados Unidos unieron sus fuerzas en el Pacífico para combatir a las fuerzas del Eje; César Chávez, un humilde jornalero de origen mexicano es hoy un ejemplo de los valores igualitarios que distinguen a la sociedad estadounidense.
Es por esto que nos sentimos sorprendidos y lastimados por el tono utilizado a lo largo de su campaña por el señor Donald John Trump en contra de los migrantes mexicanos y de nuestro gobierno. Dichos que afortunadamente no representan el sentir del pueblo de Estados Unidos y que no reflejan el aprecio que la sociedad de ese país tiene por la diversidad, elemento que, lejos de constituir una amenaza, es una virtud digna de ser imitada.
Trump, en su intento por alcanzar la presidencia de su país, ha tildado a nuestros connacionales de delincuentes y los ha caracterizado como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, llegando incluso a proferir amenazas en contra de México.
...
El derecho de libre manifestación de las ideas no pasa por la criminalización de una comunidad que en mucho ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de un gran país, como los son Estados Unidos de América, nación a la que no le escatimamos respeto y amistad, tal y como también lo hicieron otros gigantes de su historia: Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy.”
Tercero. Sin embargo, a pesar de todos sus insultos u y ofensas contra nuestro país y los mexicanos radicados en Estados Unidos de América, el pasado 31 de agosto de 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de manera sorpresiva, se reunió en privado, con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien aceptó su invitación para visitar México; además, en un mensaje vía twitter, el Ejecutivo federal afirmó que cree en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo y, principalmente, para proteger a los mexicanos donde quiera que estén.
Hasta la fecha no existía registro de que algún presidente de Estados Unidos haya invitado formalmente a candidatos a la presidencia de México; como tampoco hay antecedente de que aspirantes a la presidencia de Estados Unidos hayan sido invitados al país por el Ejecutivo federal.
Está invitación a un candidato de otro país durante pleno proceso electoral, con evidentes efectos políticos dentro de una contienda constitucional, rompió con la tradición histórica de México y con los principios rectores de la política exterior incluidos en la Constitución Política los que encontraron cabida en el artículo 89 fracción X relativo a las facultades del Presidente de la República en asuntos internacionales5 . De esta suerte quedó establecido que el Ejecutivo Federal en la conducción de la política exterior debería ajustarse a los siete principios normativos de “La autodeterminación de los pueblos; La no intervención; La solución pacífica de las controversias; La proscripción del uso de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; La igualdad jurídica de los Estados; La cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”6 .
Por si esto fuera poco, durante su estancia en nuestro país, el candidato republicano la Casa Blanca, en ningún momento se retractó por haber llamado violadores y asesinos a los inmigrantes, ni por querer obligar a su vecino del sur a pagar un gigantesco muro. Incluso a su regreso en los Estados Unidos de América, en Phoenix, Arizona, tras su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el candidato señaló “México pagará el muro, pero aún no lo sabe”7 .
Cuarto. Así, en vista de este grave desatino en materia de política exterior y en el entendido que es facultad del Senado de la República analizar lo concerniente a la política exterior según lo señalado en el artículo 76, fracción I, que señala:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso”.
Someto a la consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que en uso de la facultad establecida en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analice la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal al invitar a Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, y su recepción en la residencia oficial del Poder Ejecutivo federal.
Notas
1 Trump versus México: el recuento de la polémica en 10 puntos. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipu5Gum_jOAhUC2S YKHb5wBugQFghdMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2 015%2F06%2F30%2Ftrump-vs-mexico-el-recuento-de-la-polemica-en-5-puntos&usg=AFQjCNHjek1rtDCl_v9EqC874cggD-eXDw
2 Ídem.
3 Ibíd.
4 Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4426-VI, martes 15 de diciembre de 2015.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/201512 15-VI.html#DictamenaD2
5 Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción reformada Diario Oficial dela Federación 11-05-1988. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_150816.doc
6 Méndez-Silva, Ricardo, “Bases Constitucionales de la Política exterior”, Problemas actuales del derecho constitucional, estudios en homenaje a Jorge Carpizo, Serie G: Estudios Doctrinales, Número 161, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1994. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/883/25.pdf
7 La Jornada, miércoles 31 de agosto de 2016. México pagará por el muro, pero aún no lo sabe, dice Trup.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx naeHtPjOAhVCYiYKHZ0MBHYQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.m x%2Fultimas%2F2016%2F08%2F31%2Fmexico-no-lo-sabe-pero-pagara-por-el-mur o-reitera-trump&usg=AFQjCNFdpTyLIHMhIxmw7sc8U6Pi0ilq1w
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.
Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a declarar persona non grata al empresario Donald Trump, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en materia de política exterior, considere que el empresario Donald Trump sea declarado por el gobierno federal como persona non grata, debido a que de forma reiterada se ha pronunciado de manera ofensiva y discriminativa en contra de México y de su gente.
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A partir del 16 de junio del año en curso, el empresario estadounidense Donald Trump hizo pública su aspiración para contender por la candidatura del Partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, expresándose desde ese momento a la fecha de forma ofensiva, peyorativa y discriminativa hacia México, su gente y en contra de los inmigrantes latinoamericanos que llegan a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.
Asimismo es preciso citar de manera textual las siguientes frases que el empresario estadounidense ha declarado con énfasis a cerca de México y de su gente:
• “Debemos construir un gran muro entre México y los Estados Unidos
• Ha sido increíble. Vamos a ganar y establecer fronteras fuertes, vamos a construir un muro y México va a pagar. Vamos a ser grande otra vez.
• ¿Cuándo podrían decir los demócratas o Hillary “hay que construir un muro, una gran pared, y México va a pagar por ello?” ¡Nunca!
• ISIS está operando un campo de entrenamiento a 8 millas fuera de nuestra frontera sur. Necesitamos un muro, ¡Deducir los costos de México!
• Me encanta la gente de México, pero no es nuestro amigo. Nos están matando en la frontera y nos están matando en el empleo y el comercio. ¡Lucha!
• Si yo fuera presidente, el sargento Andrew Tahmooressi sería liberado de la cárcel con una sola llamada telefónica ¡Y si no lo hicieran México pagaría el precio como nunca antes!
• El Oscar fue una gran noche para México y ¿Por qué no? Ellos están estafando a los Estados Unidos más que cualquier otra nación
• Nuestra frontera está siendo violada a diario por criminales. Debemos construir un muro y reducir la ayuda exterior a México.”1
Dichas manifestaciones causan molestia, rechazo e indignación a los mexicanos y mexicanas ya que nos depara perjuicio que él empresario estadounidense Donald Trump se exprese de forma discriminativa hacia nosotros y peor aún haga público su desprecio y repulsión hacia nuestra gente, por lo que no se puede permitir que este tipo de personas sea bienvenida en nuestro país y mucho menos sea nuevamente recibido, ya que insisto su forma ofensiva de pronunciarse al catalogar a los mexicanos como criminales y violadores atenta contra nuestra integridad psicoemocional y sobre todo vulnera nuestra dignidad como personas y nadie tiene el derecho de violentarla.
Cabe hacer mención que el empresario estadounidense Donald Trump arremete en contra de los inmigrantes latinoamericanos, refiriéndose a los mismos como lo peor que tiene México y que llega a su país para criminalizarlo y acabar con sus fuentes de empleo, situación que nos depara perjuicio toda vez que nuestros hermanos mexicanos que emigran a los estados unidos en busca de nuevas oportunidades, es gente que trabaja de sol a sol, y que con el sudor de su frente dignamente se gana los dólares que le pagan, resaltado que los inmigrantes mexicanos son de mucha valía ya que gracias a su trabajo colaboran al desarrollo de Estados Unidos.
Sin embargo Donald Trump lanzó su candidatura afirmando que México enviaba a través de su frontera “drogas” y “violadores” anunciando que por tal motivo construirá un muro en la frontera y haría que “México lo pague”. Hasta ahora, es la única promesa de campaña que mantiene de forma consistente y reitera en casi cualquier comparecencia pública.
Por lo que conviene citar textualmente lo que Trump contesto en una entrevista de la cadena Fox Sean Hannity cuando se le preguntó si seguía manteniendo su plan de construir un muro. “Nos están matando en la frontera, nos están matando con el comercio, tenemos un déficit comercial con México de casi 60.000 millones de dólares al año. Así que se puede construir un muro pagado por ¡México, México!”
Afirma que “debe haber un muro en la frontera sur”. No dice en ningún momento que haya que hacer lo mismo con la frontera norte con Canadá. Asimismo Trump respondió una y otra vez sin dudar sobre la necesidad de expulsar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, incluidas aquellas familias que tienen hijos ciudadanos estadounidenses. “Se tienen que ir, enfatizó de forma insistente.”2
Por lo que impera la necesidad de considerar a Donald Trump como persona non grata derivado de valorar sus declaraciones ofensivas y discriminativas en contra de México y de su gente.
¡Basta ya de que este empresario estadounidense ofenda, denigre y manche la figura de las y los mexicanos!
Nadie tiene el derecho de atentar contra la dignidad de la gente mexicana, pues somos un país competitivo, con gente de valores y principios, que sabe el significado de lo que es trabajar, de lo que es luchar día a día, gente solidaria, guerrera orgullosamente mexicana que pese a las circunstancias que se viven sabe salir a delante de manera honrada y que sobre todo ama el país donde vive y a su gente, por lo que no se debe de permitir que Donald Trump siga manifestándose de forma discriminativa y ofensiva en contra de México y peor aún sea recibido en nuestro País.
De conformidad con lo citado con antelación es aplicable el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que a la letra dice: “en cualquier momento, y sin tener que explicar su decisión” declarar a cualquier persona de un cuerpo diplomático persona non grata . Una persona así declarada es considerada inaceptable y normalmente es requerida por su país de origen para que regrese. Si no regresa, el Estado “puede rechazar reconocer a la persona en cuestión como miembro de la misión.”3
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en materia de política exterior, considere que el empresario Donald Trump sea declarado por el gobierno federal como persona non grata, debido a que de forma reiterada se ha pronunciado de manera ofensiva y discriminativa en contra de México y de su gente.
Notas
1 http://www.sandiegored.com/noticias/78098/Trump-declarado-persona-non-g rata-en-Mexico
2 http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/elecciones/lo-que-trump-dijo-y-lo -que-ahora-dice-sobre-inmigración
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo de seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de julio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Patricia Elena Aceves Pastrana, Araceli Damián González, Delfina Gómez Álvarez, y Modesta Fuentes Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. El 19 de junio de 2016 tuvo lugar un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal de Oaxaca y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y habitantes de la localidad de Nochixtlán, Oaxaca, en la carretera México-Oaxaca, durante un operativo que tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales autopista 135-D y carretera federal 190, ambas en su cruce ubicado en Asunción Nochixtlán, así como restablecer el orden público.
Este enfrentamiento suscitado entre las fuerzas de seguridad durante más de 12 horas continuas tuvo como consecuencia la muerte de 9 personas, 94 heridos de bala y más de cien heridos con fracturas y golpes, todo derivado del enfrentamiento.
Segunda. Ante tal situación el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos, se exhortó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión de Seguimiento de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de julio de 2016.
En este orden de ideas, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, en el que se establece que sus actividades serán “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”.
Además, dicho acuerdo señala que la vigencia de la Comisión será “hasta que considere atendido el objetivo para el que fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades”.
Tercera. Del informe oficial de actividades presentado por la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, se desprende que:
1) No existen ningún detenido ni persona alguna está siendo sometida a proceso penal o administrativo, a nivel local o federal, por el uso desmedido de la fuerza pública en el cual resultaron asesinadas 9 personas, 94 fueron heridos de bala y cerca de un centenar de habitantes resultaron heridos por contusiones;
2) Al momento no se ha reparado el daño sufrido por las víctimas;
3) Los pagos realizados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas sólo son un reembolso de gastos médicos y funerarios previamente efectuados por las familias de las víctimas;
4) Se revictimiza a los afectados toda vez que no se cumple con la obligación del Estado establecida en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna, que establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.... En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos , en los términos que establezca la ley”;
5) Existe responsabilidad de los mandos superiores jerárquicos basados en su omisión para actuar cuando tenía el deber de hacerlo para detener las infracciones graves de derechos humanos ocurridas durante 12 horas consecutivas;
6) Es necesario que las Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de Oaxaca se aboquen a realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, a fin de castigar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.
En este orden de ideas, existen hechos y cuestiones que por sí mismos justifican la creación de una Comisión Especial para el Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, en la LXIII Legislatura, como son los siguientes:
1. Las 9 víctimas fatales y las 94 heridas de bala, así como las heridas por fracturas producto de los hechos violentos no han encontrado justicia toda vez que no se ha consignado a ninguna persona como responsable material o intelectual delos hechos, y por consiguiente, la violación de derechos humanos de todas las personas vinculadas al caso no ha cesado;
2. Todavía es necesario adoptar todo tipo medidas, para dar seguimiento a las acciones tendientes a consignación y castigo de los responsables;
3. Las investigaciones deben continuar y ser realizadas por personal del más alto nivel en el ámbito federal y local;
4. Se debe acelerar y garantizar una investigación rápida y exhaustiva sobre estos “terribles abusos” y que se llegue a fondo sobre lo ocurrido a las víctimas;
5. Se debe garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales a los familiares de las víctimas y sus representantes, y asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba;
6. Se debe asegurar la vida de los familiares de las personas involucradas en los hechos de Nochixtlán, Oaxaca;
7. Se debe asegurar la reparación del daño integral que incluya la indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición de este tipo de abusos.
Cuarta. Considerando que las conclusiones del informe de la Comisión de Seguimiento de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de julio de 2016 se desprenden que las investigaciones oficiales no han concluido y que existen amplios aspectos por resolver, y teniendo en cuenta que el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”;
Y que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento jurídico, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de “presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos acuerdo...”
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se íntegra un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.
El grupo de trabajo estará integrado por ocho diputados, uno por cada grupo parlamentario con representación en la Cámara, y tomará sus decisiones por consenso: en caso de no lograrse éste, las adoptará mediante el sistema de voto ponderado.
Segundo. La conformación de dicho grupo será definida por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Tercero. El grupo de trabajo tendrá los siguientes objetivos:
a) Dar seguimiento dar Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.
b) Verificar que se esté otorgando la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación a las víctimas.
c) Evitar la revictimización de los afectados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicho grupo podrá allegarse de la información que considere pertinente: asimismo, podrá reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, así como con instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con el marco normativo aplicable. Igualmente, el grupo de trabajo podrá solicitar los archivos de legislaturas anteriores que se relacionen con la materia.
Quinto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo podrá establecer sus propias reglas de funcionamiento.
Sexto. La duración del grupo de trabajo será la de la presente legislatura, debiendo presentar, de manera periódica, un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.
Diputadas: Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Araceli Damián González, Delfina Gómez Álvarez, Modesta Fuentes Alonso.