Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar el establecimiento de un programa de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a vigilar el cumplimiento de la normatividad y sancionar a quienes contaminen el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por las autoridades respectivas la inseguridad prevaleciente en Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover a escala nacional el uso de sistemas para captar agua pluvial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de convenios con Liconsa, SA de CV, y el estímulo del abasto de leche nacional para los programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar los estudios técnicos justificativos sobre la declaratoria de área de refugio para tiburón ballena, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por las autoridades correspondientes la protección de la vaquita marina y la totoaba, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca sobre las demandas penales dirigidas contra pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el operativo Juárez en 2006, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Guerrero a actualizar el Código Penal de la entidad para garantizar que en la impartición de justicia se observen la jurisprudencia y los tratados internacionales al emitir resoluciones, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Segob a integrar un registro de solicitantes de asilo político y asilados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir la opinión técnica del Consejo Estatal Forestal de Puebla respecto al cambio de uso de suelo para el proyecto inmobiliario y club de golf Cola de Lagarto, en Atlixco, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y diversos gobiernos locales a difundir las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito una comisión especial para evaluar el modelo de adquisiciones en México, suscrita por los diputados Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano
• Con el punto de acuerdo, relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implantación de acciones para actualizarlos y difundirlos, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos locales, a garantizar y respetar la labor de los defensores de derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear un programa para detectar con oportunidad el VIH/sida en embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear la comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y los Sistemas Operadores de Agua estatales a garantizar el acceso, la cantidad y la calidad de agua recibida por los habitantes del país, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del SAT, el SAE, la PGR y la CNBV a difundir las medidas en curso para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de Oceanografía, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Veracruz a consignar ante el juez de la causa en turno el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar con las Procuradurías de los estados un proceso de simplificación y armonización de procedimientos para activar la Alerta Amber, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de la averiguación previa sobre Walter Suk por el delito de abuso sexual contra menores de edad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Tamaulipas a implantar acciones para mejorar el índice de seguimiento de denuncias, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Consar a instaurar vías para que las Afore vuelvan eficientes sus sistemas de información, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a implantar medidas para prevenir y detener la violencia sexual contra las mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Efemérides

• Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con motivo del aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar el establecimiento de un programa de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Brenda Borunda Espinoza, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Naica es un pueblo, situado en el centro-sur de Chihuahua, perteneciente al municipio de Saucillo, dedicado a la minería. Cabe resaltar que la mina de Naica era hasta el 31 de octubre de 2015, la principal productora de plomo en México y es, además mundialmente conocida por las formaciones de cristales que se encuentran en su interior.

El primer descubrimiento minero en Naica ocurrió en 1794, cuando se encontró la primera veta de mineral, sin embargo fue hasta 1828 que comenzó su auge provocando la fundación del pueblo, incrementando de forma inmediata el crecimiento de la población, fundándose la Compañía Minera de Naica, fue el 27 de julio de 1911 cuando alcanzó la categoría de cabecera del nuevo municipio de Naica, debido a su importancia. Sin embargo, con la Revolución Mexicana, se paralizaron las actividades mineras, llegando casi al abandono del pueblo, motivo para que el 3 de febrero de 1922 mediante un decreto fuera suprimido como municipio e incorporado al de Saucillo.

Es hasta 1928, que la actividad minera de Naica se restablece, en un principio con compañías estadounidenses y posteriormente por la Compañía Mexicana Peñoles, siendo hasta hace poco una de las más productivas de Chihuahua, toda vez que después de 80 años, la mina de Naica, concluyó con el contrato colectivo de trabajo de más de 700 trabajadores dentro de los cuales 500 eran sindicalizados, luego de no poder continuar con las labores propias tras la inundación suscitada al interior de la mina, ocurrida en diciembre de 2014.

Después del intento por continuar con el rescate de la mina y continuar con la extracción de metal y tras invertir 290 millones de pesos durante poco más de seis meses, no fue suficiente, pues de los 520 trabajadores restantes con los que contaba la mina, alrededor de 140 trabajadores se retiraron de forma voluntaria, mientras que el resto ante la imperiosa necesidad de mantener un empleo, se vio afectado al recibir un salario tabular, pues al no haber otra fuente de empleo en el poblado resistió hasta el fin de las labores de la mina.

Es importante señalar que la sección 30 de Naica además de perder su única fuente de ingresos dejará de existir también al interior del Sindicato Minero.

Ante tal situación, es menester de los suscritos solicitar la atención del gobierno federal para proponer la atención inmediata al poblado de Naica y crear fuentes alternas de empleo para las poco más de 700 familias afectadas por el cierre de la mina con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

En la entidad mencionada, actualmente se presenta no solo una afectación al ingreso familiar sino también a la vida misma, toda vez que se han quedado sin gota de agua, originado por el cierre inminente de la mina. Por ello, se corre el riego de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, toda vez que el Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, a fin de enfrentar y superar el hambre y delinear las acciones para revertir la pobreza a través de la construcción de un México Próspero. Detallando el camino que promueva la generación de empleos, buscando terminar con la pobreza. Es importante recordar que durante el funcionamiento de la mina se tuvo una producción de 14 mil 862 toneladas de plomo, 10 mil 987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata contenidos en concentrados de plomo y zinc, al cierre del tercer trimestre de 2014.

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros pobladores mineros el no contar con un empleo digno.

El acuerdo con fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, es el instrumento jurídico indicado para brindar una solución al problema que atraviesa Naica. Toda vez que la población citada con anterioridad merece ser sujeta de recibir los beneficios que marca en el artículo decimoquinto de dicho fondo tal y como son:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Además de que para desarrollar las actividades citadas, pueda dotárseles de empleos toda vez que en el mismo artículo Décimo Quinto se hace referencia a ésta opción; pues a la letra dice “Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las Entidades Federativas, Municipios o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los Recursos como garantía o fuente de pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos de infraestructura señalados en el presente artículo.

Para efectos del párrafo anterior, y siempre que se actualice el supuesto previsto en la fracción III del artículo Noveno del Acuerdo, el Comité aprobará la aplicación de los Recursos para el pago de aquéllas obligaciones señaladas en el párrafo que antecede.”

Y para 2016 el panorama para los mineros de Naica y sus familias debe cambiar y no agravarse, debido a la sinergia que se logra con este empeño de la política social de nueva generación instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, totalmente positiva al ser una labor colectiva, en donde hay una visión de desarrollo regional sustentable, con la que se generarán las obras de impacto en beneficio directo de las mujeres y jóvenes, de los niños y las niñas de las familias mineras.

La creación de este Fondo Minero producto, de la reforma fiscal, se traducirá en Naica en generación de empleo, lo que significará ingresos y bienestar. Porque la mejor manera de combatir la pobreza en Naica será con crecimiento económico, generación de empleos y con la distribución adecuada del ingreso, toda vez que la actividad minera ha contribuido significativamente no sólo al Estado sino a los objetivos planteados en la política llevada a cabo por el Ejecutivo federal.

Por las razones expuestas ante esta Asamblea, y con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos respetuosamente ante esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de emprender acciones a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, aplicando la atención inmediata de los recursos para establecer un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo en el estado de Chihuahua, creando fuentes alternas de empleo, con los recursos establecidos de conformidad a lo establecido en el artículo decimoquinto del citado fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputados: Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a vigilar el cumplimiento de la normatividad y sancionar a quienes contaminen el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Arturo Álvarez Angli y diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 16 de marzo, es de referirse la problemática que actualmente se presenta en el río Atoyac, el cual nace del deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada, en el estado de Puebla.

El río Atoyac penetra en el territorio del estado de Tlaxcala, de donde vuelve al territorio poblano para regar el extenso valle de Puebla-Tlaxcala. En el sur del municipio de Puebla es embalsado en la presa Manuel Ávila Camacho, conocida también como la Presa de Valsequillo.

Atraviesa los valles de Atlixco y Matamoros. Los tres valles constituyen la zona más poblada del estado de Puebla y concentran buena parte de la actividad agrícola e industrial del estado.

Lamentablemente, el río Atoyac está siendo contaminado por la actividad humana de 38 municipios de Tlaxcala y 22 del estado de Puebla,1 que descargan sus aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, lo cual ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección capaz de causar enfermedades como hepatitis, cólera y cáncer.

Dentro de los principales causales de la contaminación del río Atoyac se encuentran las descargas que realizan en éste compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metal-mecánicas, automotrices y de autopartes, así como productoras de papel.

Desafortunadamente, el río Atoyac es considerado uno de los afluentes más contaminados del país, pues se calcula que diariamente se lanzan 146 toneladas de materia orgánica, 68.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados a lo largo de sus 400 kilómetros de longitud.

No sólo se trata del lugar al cual van a parar las aguas negras de una ciudad, sino del incumplimiento de la normatividad respecto de las descargas de drenaje pluvial.

De acuerdo con datos de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, hay un registro de 400 permisos otorgados a particulares propietarios de industrias textil, mecánica, automotriz, química, cosmética y papelera, entre otras, para realizar descargas en el río, aunque se estima que la cifra de quienes realizan esta práctica supera las 3 mil 500 plantas, de las cuales se ignora si cuentan con un equipo de pre-tratamiento de aguas, es decir, si cumplen o no con los requisitos ambientales para su operación.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el año 2015 fueron clausuradas definitivamente cinco empresas en Puebla y Tlaxcala, del mismo modo que se cerraron otras 22 de manera temporal, toda vez que las empresas examinadas incumplieron con la NOM-001-SEMARNAT-1996.2

Se debe precisar que uno de los problemas que imperan en el río Atoyac, es que la mayoría de las empresas no vierten directamente sus desechos en zonas federales o en los afluentes del mismo, sino que las plantas están conectadas a los drenajes municipales o de los organismos operadores de los servicios de agua, y de ahí sus desechos hídricos son lanzados al río.

La contaminación del río Atoyac afecta a más de 2 millones 300 mil pobladores de 22 municipios de Puebla, por donde corre el caudal.

Es por ello que los diputados promoventes, considerando que ningún proyecto económico debe estar por encima de la salud de los ciudadanos y de la debida conservación de los recursos naturales del país, solicitamos que se aplique correctamente la normatividad ambiental vigente a efecto de revertir el alarmante nivel de deterioro y contaminación que presenta actualmente el río Atoyac, lo cual afecta sensiblemente al 40% de la población que vive en sus márgenes.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen el cumplimiento de la normatividad ambiental y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales, locales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, frenen de manera inmediata la descarga de residuos en el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Notas

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Avanza Profepa en el Rescate del río Atoyac-Zahuapan, en Tlaxcala (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7697/1/mx.wap/
avanza_profepa_en_el_rescate_del_rio_atoyac-zahuapan_en_tlaxcala.html

2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Halla PROFEPA descarga de aguas residuales clandestinas en río Atoyac, Puebla (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en: www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5420/1/mx.wap/halla_profepa_descarga_ de_aguas_residuales_clandestinas_en_rio_atoyac_puebla.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 31 días del mes de marzo del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por las autoridades respectivas la inseguridad prevaleciente en Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan; por el contrario, durante este gobierno se ha observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano, el Estado de derecho brilla por su ausencia.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y el 40 por ciento respectivamente en comparación con el inicio del año anterior. Los dos primeros meses del 2016, han sido el peor inicio de año para Veracruz en materia de inseguridad y violencia. Durante enero y febrero de 2015 se contabilizaron 68 homicidios dolosos; y en ese mismo periodo de 2016 se registraron 139 asesinatos, es decir, 71 crímenes más, que representan un aumento del 114 por ciento.

En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, todas las cuales fueron previamente “levantadas” con violencia; en otras zonas del estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una persona decapitada en una playa de Alvarado; el 12 de agosto fue asesinado un líder de manifestantes en Tixtepec; el 2 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque; el 3 de diciembre fueron asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque; el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos.

De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“En la totalidad de esos robos se ha usado la violencia y los asaltantes han causado lesiones a los pasajeros; incluso hay denuncias de que en esos atracos se han cometido ultrajes contra mujeres.

En el reporte sobre incidencia delictiva de 2014, se sitúa a la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se dieron en todo el país, con 48 reportes en total.

Estos robos significan no sólo que la ciudadanía está más expuesta a viajar por la noche, sin importar que usen líneas de primera clase como la de ADO, sino el fracaso en materia de seguridad pública en carreteras para el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y también para cada comisaría de la Policía Federal de la división Caminos en la entidad.

En esos robos se concentra, por ejemplo, los más de 15 asaltos a camiones de pasajeros registrados a lo largo del año pasado en carreteras del sur del estado; los tramos más peligrosos fueron la federal 180 por el lado de Acayucan, Jáltipan y Minatitlán.”1

De la violencia no queda exenta la capital del estado en donde desde octubre pasado por “el alto índice de violencia, la empresa Servicio Urbano de Xalapa (SUX) suspendió su ingreso en seis colonias de la ciudad después de las 21:00 horas. Además de que han implementado diversos protocolos de seguridad con la finalidad de proteger a los choferes.... En estos sectores poblacionales desde julio a la fecha incrementaron los asaltos a conductores y pasajeros por sujetos con armas de fuego u objetos punzocortantes.”2

El pasado 11 de enero se reportó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se trata de José Benítez de la O, de 24 años de edad; Mario Arturo Orozco, de 27 años; Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz, ambos de 25 años de edad; así como Susana Tapia Garibo de 16 años; diversos medios de comunicación han dado cuenta de este acontecimiento que resulta doblemente preocupante si se considera que fueron policías estatales quienes los detuvieron y fue desde ese momento que se desconoce su paradero, así lo señalaron diversos testimonios. Los jóvenes desaparecidos se dirigían del Puerto de Veracruz, en donde pasaron su periodo vacacional, hacía Playa Vicente su lugar de origen; el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la congregación Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos 100 kilómetros de Tierra Blanca.

El Fiscal General del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ha confirmado la detención de cuatro elementos de la policía adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con base en Tierra Blanca, como presuntos responsables de la desaparición forzada de los cinco jóvenes, el funcionario estatal dio cuenta de la existencia de videos que incriminan a los elementos policiacos en esta desaparición.

Estamos ante la presencia de un lacerante caso más de desaparición forzada que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”3

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, en Veracruz aumentó la incidencia de los delitos de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, de hecho la misma encuesta estima que para el 2014 en el estado de Veracruz se denunció sólo 13.7 por ciento de los delitos, esto significa que 86.3 por ciento de los delitos cometidos no se denunciaron, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia.

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todas y todos, hasta los más pequeños, de acuerdo con el resultado de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el 7 de junio pasado, de los 88 mil 139 niños veracruzanos que participaron en la primer categoría (de seis a nueve años), 66 mil 516 de ellos dijeron sentirse inseguros en la calle. La Envipe citada anteriormente revela que el nivel de percepción sobre inseguridad pública en Veracruz en 2015 es de 80.5 por ciento, además 53.2 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, y es que “de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de delitos, en particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros desde el 2010 a la fecha”.4

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, siendo las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se ha comenzado a instrumentar el mando único policial.

La región en la que se dio la desaparición de los cinco jóvenes es ya considerada por muchos de sus habitantes como una región de terror, y es que en efecto la cuenca del Papaloapan ha sido agobiada los últimos años por el crimen y la violencia, la cuenca del Papaloapan se integra por municipios de Veracruz, Puebla y Oaxaca, entre los municipios veracruzanos encontramos Playa Vicente, Tierra Blanca y Tres Valles, recordamos que en este último municipio a mediados de 2014 fueron halladas 13 fosas clandestinas de donde se extrajeron al menos 32 cuerpos y diversos reportes dan cuenta de la desaparición de más de 80 personas en esta región, también recordamos que en mayo de 2015, el reportero veracruzano Armando Saldaña Morales fue hallado en los límites de Oaxaca y Veracruz, en Cosolapa, con al menos cuatro impactos de bala.

La ola de violencia que azota al estado de Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero paradójicamente otro factor que se menciona como responsable de esta escalada de violencia y particularmente del aumento de desapariciones forzadas es la inusual presencia de policías y militares en esta entidad, en la cual como ya se mencionó se ha instrumentado el llamado “mando único policial” en al menos 60 de sus municipios, así en opinión de diversas organizaciones:

“Las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primer lugar nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 desapariciones forzadas”5

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial como estrategia de combate al crimen organizado, que ya se ha visto no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que el mando único no ha logrado frenar la infiltración de las policías, las que siguen siendo afectadas por el fenómeno de la corrupción. El gobernador de Veracruz Javier Duarte en entrevista telefónica para “Xeu Noticias” refirió: “La seguridad pública por parte del gobierno de Veracruz está en todo el estado (...) En 67 municipios nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad pública, es decir 67 alcaldes no se tienen que preocupar por la seguridad pública, pueden dormir tranquilamente porque el que es el responsable en estos 67 municipios es un servidor”.6

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes, ni los veracruzanos “pueden dormir tranquilos” ante el clima de inseguridad que existe en la entidad.

“Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad.”7

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos.

Amnistía Internacional en su documento Enfrentarse a una pesadilla . La Desaparición de personas en México , refiere que “Entre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26 mil personas como desaparecidas o no localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados...

A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del estado o bandas de delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes.8

Indudablemente, este caso nos hace recordar de forma inmediata, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la Policía Municipal; no queremos bajo ninguna circunstancia que estas infames desapariciones comiencen a ser la constante.

Un gremio muy afectado por la violencia que se vive en Veracruz es el de los periodistas, así entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 de ellos, sin duda ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo. Condenamos el artero asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, quien recordamos, apenas el pasado 8 de febrero fue sustraída violentamente de su domicilio.

Las mujeres también son víctimas de la violencia que se vive en Veracruz, los feminicidios van a la alza, lo que ha dado lugar a que se solicite la declaratoria de alerta de género para la entidad. Sin dejar de mencionar la situación que vive la población homosexual y transexual, Veracruz es una de las entidades que registra un alto índice de crímenes de odio por homofobia y transfobia, los cuales en su gran mayoría han quedado impunes, no existe atención por parte de las autoridades estatales para erradicar la violencia contra este sector de la población.

Recientemente se ha dado a conocer el lamentable caso de una adolescente víctima de una violación por parte de sus compañeros de la escuela. Este caso es uno más de la larga lista de expedientes negros que se han acumulado en el cajón de la impunidad, ya que varios medios de comunicación han documentado que este grupo de jóvenes conocido como Los Porkys, ha obtenido privilegios al amparo del poder producto de las relaciones que sus padres mantienen con altos funcionarios del gobierno local.

Asimismo, en estos días nos hemos enterado de la desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio de Papantla, perpetrada por siete agentes de seguridad locales. De acuerdo con testimonios contenidos en la indagatoria 326/2016, la mañana del sábado anterior Noé Martínez López, Alberto Uriel Pérez (de 19 años) y Luis Humberto Morales (de 18) circulaban en un vehículo Chevrolet Aveo rojo por la ciudad de Papantla. Los siete agentes de Papantla son acusados de participar directamente en la desaparición forzada de los civiles. El resto de los elementos de la corporación permanecen acuartelados en la comandancia, donde rinden declaración mientras se inspecciona armamento, equipo e instalaciones.

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa a las tendencias de un clima general manchado por la impunidad, la corrupción, la complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las instancias de la vida pública en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático que se extiende por todo el territorio veracruzano aunado a la incapacidad de brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las instancias de los gobiernos estatales y municipales; se puede concluir que se trata de un Estado fallido que ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus ciudadanos.

Este deleznable escenario bélico habilitado por la estructura estatal corrompida por el crimen organizado, facilita las formas más radicales de la violencia represiva. Como lo señala la distinguida politóloga Pilar Calveiro,9 este esquema de violencia estatal, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior del Estado.

Urge, en consecuencia, rescatar al Estado de Veracruz de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y urgente establezca una coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana.

Segundo. Esta Soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal a considerar entre las acciones a realizar en el estado de Veracruz las siguientes: una intensa y permanente campaña de prevención del delito en todos los municipios de la entidad; revisar y rediseñar la estrategia de mando único implementado en diversos municipios de la misma; establecer presencia policiaca permanente en las zonas del estado que presentan altos índices delictivos; fortalecer los operativos de vigilancia en todas las carreteras de la entidad para frenar los robos con violencia; acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada que se han cometido durante los últimos cinco años, para que dichos ilícitos se esclarezcan y no queden impunes y brindar medidas de protección al gremio periodístico ante la violencia extrema de que han sido víctimas varios de sus miembros.

Notas

1 http://eldelsur.com/2015/02/22/ocupa-veracruz-primer-lugar-nacional-en- asaltos-carreteras-de-acuerdo-al-sesnsp/

2 http://eldelsur.com/2015/10/13/
suspenden-urbanos-servicios-en-6-colonias-de-xalapa-por-elevados-indices-de-inseguridad/

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

4 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones

5 http://www.rebelion.org/noticidada.php?id=182041

6 http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=744874

7 http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55 -de-las-desapariciones-ai/

8 http://amnistia.org.ar/sitio2/2015/category/documentos/page/4/?id=80

9 Pilar, Calveiro, Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, Siglo XXI Editores, 2012, p.15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover a escala nacional el uso de sistemas para captar agua pluvial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en atención a sus facultades promueva a nivel nacional, el uso de los sistemas de captación de agua pluvial como parte de una política de cuidado al agua, desarrollo sustentable y preservación del medio ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente es parte fundamental del quehacer político y sobre todo social, en el día a día.

Todo esto, motivado por el deterioro y las considerables consecuencias negativas que hemos creado en nuestro medio ambiente, y por derivación en nuestra propia calidad de vida.

En este sentido, la sustentabilidad en el desarrollo, la eficiencia en la disposición de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza, el adecuado manejo y procesamiento de desechos, la reducción de emisiones contaminantes, el mejor aprovechamiento de las energías y el cuidado del agua entre otras medidas, son cada vez más, una constante en nuestra conducta diaria.

A pesar de que se ha logrado avanzar al respecto, nos hemos dado cuenta que aún falta mucho por hacer y el camino es todavía largo.

Cabe señalar que los efectos del cambio climático representan un peligro para todos; derivado del incremento de la temperatura global que estudios oficiales, determinan, ha sido en 0.8 grados centígrados.1

De continuar así y en esa tendencia; dependencias internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo, han señalado que sus consecuencias serían devastadoras para la raza humana y su progreso, destacando 6 efectos:

1. Sobre la producción agrícola y seguridad alimentaria, se estima que los afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI por las carencias de alimento.

2. Se advierten problemas por la carencia de agua e inseguridad de la misma, estimando que para finales del siglo, 1,800 millones de personas podrían habitar en regiones con severa escases de agua.

3. Sobre el aumento en el nivel del mar y la exposición a desastres meteorológicos, de llegar el aumento global de la temperatura a 3 grados centígrados, obligaría a más de 330 millones de personas a migrar por las inundaciones que se presentarían.

4. En lo referente a la pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, con un aumento del calentamiento global de 3 grados centígrados, 20 o 30% de las especies terrestres podrían extinguirse irreversiblemente.

5. Sobre las amenazas a la salud humana; se concluye que las personas expuestas a enfermedades como el paludismo, aumentarán considerablemente en forma exponencial.

6. Finalmente, los daños económicos podrían provocar una recesión del 20% del PIB mundial, lo que en la economía mundial seria completamente desastroso.2

En nuestro territorio, la realidad no es distinta ni estamos ajenos a padecer las consecuencias de todo lo anterior.

Las conocemos y sobre todo; las hemos sufrido.

Un ejemplo de esto es que se tiene registrado que en la década 2000 - 2010 las emisiones de gases contaminantes y generación de desechos o residuos, se incrementó desproporcionadamente, colocándonos como el primer lugar en América Latina en la emisión de este tipo de gases.3

Todo ello, con las conocidas consecuencias, económicas, sociales y ante todo, en la salud pública.

Sobre nuestros recursos naturales, el panorama es igualmente desolador; entre el año 2005 y el año 2010 se registró en promedio la pérdida anual de 160 mil hectáreas de bosques.4

Como es sabido, lo anterior nos ha generado importantes factores de devastación y erosión del suelo, con un amplio impacto zonal.

Sobre el uso y manejo del agua, el panorama es alarmante; el 30% de la extracción de agua para consumo humano en nuestro territorio se obtiene mediante fuentes no sustentables o sin el mínimo control ambientalmente.

En contraparte y de manera desafortunada, la tasa de recolección de aguas pluviales que tenemos; está entre las más bajas mundialmente.5

Lo anterior es incomprensible, en primer lugar porque México ocupa la cuarta posición a nivel mundial en lo que se refiere a biodiversidad y en segundo lugar porque tenemos la capacidad y los medios, así como la imperante necesidad de corregir esta situación debido a que el 60% del agua para nuestro consumo proviene de fuentes superficiales como ríos, lagos y arroyos, el restante 40% de fuentes subterráneas; mientras que, únicamente el 4.8% del agua de lluvia se filtra al subsuelo para recargar los mantos acuíferos.6

En la actualidad, la carencia de agua es un problema latente con una importante tendencia a agravarse. Estadísticas oficiales estiman que al menos 13 millones de mexicanos en todo nuestro territorio padecen o sufren el desabasto de este vital líquido y cerca de 3.3 millones de viviendas conllevan el mismo problema.7

Cabe señalar que las cifras anteriores son solo una muestra de las grandes proporciones de personas así como de hogares, que se verían seriamente damnificados por escases de agua derivada de las afectaciones a nuestro medio ambiente.

El desabasto de agua a la fecha, sigue siendo un problema que no se ha solucionado ni tampoco atendido de manera decisiva; y a pesar de lo anterior, los criterios de construcción y de expansión de grandes desarrollos ya se de vivienda o uso comercial, industrial y de servicios, siguen siendo ajenos, insuficientes o tímidos para cooperar en corresponsabilidad ante este asunto.

Las soluciones están ahí, son conocidas y están al alcance; tanto de las autoridades como de los particulares; lo que parece hacer falta es la voluntad de una parte y el efectivo compromiso de la otra; para aplicarlas.

Un ejemplo de ello; es que en la actualidad, la recolección de agua pluvial; sigue siendo una solución menospreciada y subvalorada, y a pesar de ser una importante herramienta, sigue estando como un invaluable recurso desestimado.

Es incomprensible que tanto las autoridades y los particulares del ramo de la construcción, hagan de lado un método tan eficaz y ancestralmente utilizado, como lo es la recolección y el aprovechamiento del agua pluvial; por considerarlo una herramienta costosa, con bajo beneficio económico, a pesar de que el social y el ambiental es alto.

Su efectividad probada, por encima de su costo -que hay que reconocer es inicialmente alto-, se basa en que en nuestro país recibimos en promedio 1500 millones de metros cúbicos de agua al año por lluvia, ya que nuestra condición climática establece una estación húmeda con una media de entre 6 meses al año, es decir de mayo al mes de octubre; destacándose que en la actualidad los efectos climáticos han extendido el periodo de lluvias y además aumentado la periodicidad, la cantidad de agua que llueve y la fuerza de éstas, en una gran medida.8

Con los datos anteriores, se estima que sin una eficiencia alta en el sistema de captación de agua de lluvia, durante un año en una vivienda de tamaño promedio; se estaría ahorrando como mínimo el 15% del consumo de agua para uso doméstico de ese hogar.9

Por ende, es clara la necesidad de insistir en el uso e instalación de este tipo de sistemas en todo nuestro territorio nacional como una medida de impacto positivo tanto social, ambiental e incluso económico para los particulares, por el ahorro que les representaría en sus pagos por el agua que consumen.

Con ello, podemos afirmar que la recolección de agua pluvial es un importante esfuerzo que estamos desaprovechando de manera desafortunada y sobre todo de forma deliberada y consciente.

Esta situación no puede seguir así, porque por cada año que estamos dejando pasar sin hacer nada al respecto; estamos desperdiciando en el drenaje público una importante cantidad de agua para nuestro uso y aprovechamiento, y sobre todo la oportunidad de hacer algo más por nuestro planeta y su medio ambiente, así como para nuestro futuro como sociedad y civilización.

Además y de antemano, en este sentido estamos todos obligados a actuar, tanto autoridades como particulares; y nosotros los representantes populares no podemos ni debemos ser ajenos o excluirnos de ello.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la fracción III de su artículo 15, es muy clara al respecto.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a II. ...

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;

IV. a XX.10

Como se puede apreciar en la fracción tercera del artículo anterior, el cuidado y la protección a nuestro medio ambiente es un ejercicio de corresponsabilidad que no solo es competencia de las autoridades y responsabilidad únicamente de la sociedad civil organizada.

Actuar de manera activa y propositiva para el efecto, es obligación de todos por igual y como se puede percibir, al hacerlo; estamos dando importantes avances en materia de sustentabilidad; y ese es precisamente el espíritu del presente punto de acuerdo.

Estaríamos realizando un transcendental esfuerzo ambiental, a la par de sentar un importante precedente.

Estamos ante un tema que debemos asumir como un valioso esfuerzo que no puede, ser medido en términos de costo-beneficio económico; sino como inversión ambiental y para nuestro futuro.

Sin duda alguna reconocemos que la inversión inicial para implementar un sistema de captación de agua pluvial en cualquier inmueble seria significativa, pero a la vez no se puede omitir su elevado beneficio e impacto positivo para nuestro país y en general para todos como sociedad.

En la actualidad y sobre este tema en particular, la captación de agua pluvial debemos de asumirla como una tarea pendiente que nos involucra a todos.

Requerimos actuar, e insisto en no asumir lo anterior como un gasto sino como una inversión en nuestro futuro y en la herencia que dejaremos a esas generaciones, un mejor México para que vivan en él.

Como representantes populares, no podemos ni debemos mantenernos al margen de actuar a favor del bienestar en común y del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en atención a sus facultades promueva a nivel nacional, el uso de los sistemas de captación de agua pluvial como parte de una política de cuidado al agua, desarrollo sustentable y preservación del medio ambiente.

Notas

1 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

3 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

4 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

6 Estadísticas del Agua. Conagua.

7 Censo de Población y Vivienda. Inegi.

8 Dirección General de Geografía. Cartas de Tipos de Clima. INEGI:

9 Guía del Agua y la Construcción Sustentable. Agua.org

10 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 15.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del 2016.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de convenios con Liconsa, SA de CV, y el estímulo del abasto de leche nacional para los programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, e incentivar el abasto de leche nacional para los programas de desarrollo social al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La producción diaria de leche en México alcanzó en 2010 casi los 30 millones de litros que representaron alrededor del 77 por ciento del consumo nacional, estimado en unos 39 millones de litros diarios. El déficit de 9 millones diarios, el 22 por ciento del consumo, se complementó por la importación.

El 80 por ciento de la producción nacional de leche se concentró en 11 Estados fundamentalmente. Los dos productores principales son Jalisco que produjo mil 967 millones de litros anuales y Coahuila con mil 328 millones de litros anuales al 2010 haciendo el 30 por ciento de la producción del país. No obstante, la industria lechera nacional enfrenta retos que amenazan su desarrollo y que van desde los de índole climático, naturales hasta los comerciales y de tratados internacionales. Uno de los mayores desafíos es la competitividad y vencer la dependencia del exterior.

Liconsa, SA de CV, es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad bajo una distribución de precios subsidiados con el propósito de elevar la nutrición de millones de mexicanos debajo de la línea de bienestar, fundamentalmente en niños de 6 meses a 12 años de edad y otros sectores vulnerables de la población, como mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia; mujeres de 45 a 59 años; enfermos crónicos y personas con discapacidad y adultos de 60 y más años.

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 destaca en su diagnóstico que la desnutrición en menores de cinco años disminuyó considerablemente entre 1988 y 2012. La emaciación (bajo peso para talla) decreció de 6.2 por ciento a 1.6 por ciento y el indicador de bajo peso descendió de 10.8 por ciento a 2.8 por ciento en la población menor a cinco años, sin embargo la desnutrición crónica mantiene una incidencia en millón y medio de menores de cinco años registrados en el año 2012. De acuerdo con los planes y resultados, los productos Liconsa demostraron su incidencia en la mejora de los indicadores de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, gracias al consumo de la leche fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12 nutrientes fundamentales para el crecimiento.

En 2015, el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche aglutinó a seis millones cuatrocientas mil personas concentradas, fundamentalmente, en los municipios atendidos por la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En ese mismo año, la distribución para los beneficiarios se realizó en 9 mil 826 puntos.

De acuerdo con el informe de labores de Sedesol septiembre de 2015, respecto al Programa de Adquisición de Leche Nacional, se autorizó un presupuesto de 2 mil 783.2 millones de pesos ejercidos, en esa fecha según el informe, el 100 por ciento, mismos que adquirieron alrededor de 624.7 millones de litros de leche fresca y en polvo con una derrama económica superior a los 3 mil 714.8 millones de pesos beneficiando a 11 mil 124 productores nacionales.

Actualmente, el padrón de proveedores nacionales de Liconsa asciende a 11 mil 248 productores. En 2014, Liconsa compró 778.5 millones de litros de leche a productores nacionales; para 2015, la cifra alcanzó niveles récord al ascender a más de 800 millones de litros.

Una de las metas prioritarias para el logro de los objetivos de Liconsa es dejar de importar para activar el mercado interno e incentivar y apoyar a los productores nacionales para beneficiarlos en la compra de leche; se trata de privilegiar la adquisición de leche mexicana por encima de la extranjera, pese a que esta tiene un precio más bajo: 3 pesos con 90 centavos, contra 6 pesos con 20 centavos por litro de producción nacional.

Liconsa es una de las empresas principales que importan leche en polvo para el abasto social. Se realizaron importaciones de leche en polvo por aproximadamente el 20 por ciento del total del consumo interno. Liconsa complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina. Estos países son excelentes productores de leche y la sobre oferta del alimento lleva a la compra más barata a diferencia de la leche producida en el país.

Una de las mejores soluciones que permitirían mejores garantías de compra a los productores nacionales es que Liconsa realice más convenios con los gobiernos de los Estados y los Sistemas DIF de las entidades federativas a fin de que la empresa provea de leche de calidad y suficiente para dotar a los diferentes programas de desarrollo social y a los programas de desayunos escolares para contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y escolar con raciones alimenticias pertinentes que permitan el aprovechamiento escolar, disminuyan la población en desnutrición o en riesgo de padecerla que asisten a planteles públicos de educación preescolar y primaria, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas en marginación.

Es también oportunidad para vencer el intermediarismo que eleva los precios de la leche además del fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la producción del alimento, disminuir los impactos y, sobre todo, incentivar la eficiencia productiva de la industria lechera que beneficie la producción nacional a través del abasto social para los grupos vulnerables beneficiados a través de los distintos programas de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de los estados a considerar la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, y así incentivar la compra de leche nacional para abasto y consumo de los beneficiarios de los distintos programas estatales de Desarrollo Social.

Segundo. Se exhorta a los Sistemas DIF de las entidades de la Federación a considerar la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV y así incentivar la compra de leche nacional para abasto y consumo de la población infantil beneficiada con los distintos programas de desayunos escolares.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar los estudios técnicos justificativos sobre la declaratoria de área de refugio para tiburón ballena, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tiburón ballena (rhincodon typus ), el pez más grande del planeta, se encuentra en todos los mares tropicales cálidos del mundo salvo en el Mar Mediterráneo. Esta especie se avista ocasionalmente en aguas oceánicas, pero por lo general se le observa alimentándose en grupos cerca de las costas. Aunque esta especie está ampliamente distribuida por todos los mares, la frecuencia con la cual se observan en la mayoría de éstos es baja, salvo en algunas zonas costeras aparentemente preferidas, donde se observan de manera habitual en grupos relativamente grandes durante determinados meses del año (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –Cites–, 2002).

Generalmente se considera al tiburón ballena como un animal solitario; sin embargo, puede exhibir agrupaciones masivas de más de 100 individuos o mostrar asociaciones pequeñas de 5 a 20 organismos (Beckley, et al ., 1997; Colman, 1997a).

Según la información disponible, su distribución se caracteriza por apariciones altamente estacionales, con la aparición de grupos de tiburones ballena durante algunos meses en lugares donde el zooplancton, su alimento, abunda como resultado de la freza periódica de peces o invertebrados (Fowler, 2000; Norman, Heyman, et al. , 2001).

La especie se caracteriza por ser altamente migratoria y el seguimiento de algunos ejemplares mediante satélites demuestra que sus migraciones suelen ser de muy larga distancia y duración (Norman, 2002).

En ese orden de ideas, podemos localizar al tiburón ballena en zonas de aguas someras cerca de los estuarios y la desembocadura de cuerpos de agua. La presencia del tiburón ballena se asocia con la etapa de reproducción de corales, peces y cangrejos (Norman, 1999).

El hábitat en el cual vive el tiburón ballena es altamente vulnerable a la contaminación, por este motivo el desarrollo económico y demás actividades humanas amenazan su existencia, tal como sucede en la zona marina del noreste de la Península de Yucatán al sur del Golfo de México, área donde confluye una muy variada biodiversidad, producto de un ambiente propicio para ello.

Actualmente, en México la observación y nado con tiburón ballena a través del aprovechamiento no extractivo, es una actividad importante y económicamente rentable para muchas comunidades aledañas al mar; sin embargo, de no regularse puede ocasionar daños a las áreas de distribución del tiburón ballena y su hábitat.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha incluido dentro de su plataforma política 2015-2018, la protección de los océanos y de los mares de todo tipo, considerando como pieza fundamental la preservación de la flora y fauna que en ellos se encuentran, tal es el caso del rhincodon typus o tiburón ballena.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que la conservación de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna del país requieren de un mayor conocimiento para lograr su manejo sustentable, del mismo modo, afirma que los mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de espacios que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico, como es el establecimiento de áreas de refugio de ecosistemas representativos, de alta biodiversidad o amenazados.

En congruencia con lo anterior, consideramos que es necesario proteger al tiburón ballena, llamado también “pez dominó”, “damero” o “pez dama”, representante de la familia rhincodontidae , perteneciente al orden de los orectolobiformes .

Cabe señalar que, a pesar de tener una distribución mundial, se tiene poco conocimiento de los hábitos del tiburón ballena, y fuera de las áreas de congregación se sabe poco de esta especie que, como ya se mencionó, es altamente migratoria.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), relativa a las especies de flora y fauna que se encuentran en riesgo, el tiburón ballena está catalogado como especie amenazada , lo cual significa que se trata de una especie que podría desaparecer en el corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

A nivel internacional el tiburón ballena es capturado por su carne y por el alto valor de sus aletas; su comercio está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) pero, a pesar de los esfuerzos internacionales por la conservación de la especie, sus población van en declive, por lo que se hace necesario reforzar las medidas encaminadas a preservarlo.

En México, el tiburón ballena se encuentra protegido por la Ley General de Vida Silvestre y su captura está prohibida por la Norma Oficial Mexicana 029, de pesca responsable de tiburón.

Las características fisiográficas de la zona marina del noreste de la península de Yucatán, al sureste del Golfo de México, ocasionan que ahí se concentre el mayor número de especies de tiburón ballena registrado en el mundo, sin embargo, el turismo está provocando grandes impactos sobre las poblaciones del mismo, a pesar de existir una reserva de la biósfera, así como planes de manejo.

La Semarnat, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, otorga permisos de avistamiento de la especie con reglas claras y códigos de conducta para los turistas. No obstante, el área de distribución del tiburón ballena es más grande que los polígonos de protección. Esto produce un turismo mal regulado que impacta en la conducta del tiburón ballena en uno de sus sitios de mayor congregación en el mundo. Cuando no se siguen las indicaciones establecidas para la observación correcta y no invasiva, los impactos pueden producir abstinencia del contacto con humanos, inmersiones más largas y hasta abandono del hábitat, además de los daños físicos provocados por los golpes con embarcaciones o cortes provocados por las propelas.

En este contexto, creemos pertinente solicitar a la Semarnat que considere la elaboración de un estudio técnico justificativo, en los términos que establece la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 65, 66 y 67, en los cuales se hace alusión a la figura de áreas de refugio para especies acuáticas que, de acuerdo a la ley, se podrán establecer en aquellos casos en que:

“ Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento; por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones” .

Lo anterior da cuenta de la procedencia de una eventual declaratoria del Área de Refugio para proteger al tiburón ballena en la zona de concentración que corresponde a la franja marina del noreste de la península de Yucatán, al sureste del Golfo de México.

En virtud de lo aquí expuesto ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus facultades, elabore los estudios técnicos justificativos para la declaratoria de Área de Refugio para tiburón ballena, en la zona de distribución de esta especie en la confluencia del Atlántico Sur y el Mar Caribe, a fin de que puedan establecerse medidas de aprovechamiento no extractivo sustentable, y se evite el impacto sobre las poblaciones de esta especie en su área de mayor congregación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por las autoridades correspondientes la protección de la vaquita marina y la totoaba, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es una de las áreas de nuestro país con un alto grado de biodiversidad, siendo además el único mar en el mundo que pertenece a un solo país. En sus aguas habitan 36 especies de mamíferos marinos; 31 especies de cetáceos; cinco de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo; más de 700 especies de peces, mantarrayas y tiburones, además de 210 variedades de aves, y poco más de 6 mil especies de macro invertebrados.

Como parte de esta riqueza biológica podemos también congratularnos de contar con un gran número de especies endémicas, es decir, especies que nada más se pueden encontrar en una región del mundo.

Dentro de las especies endémicas de nuestro país tenemos a la vaquita marina (Phocoena sinus), también conocida como marsopa del golfo de California, con apenas 1.5 metros de largo es la especie de cetáceo1 más pequeño del mundo, siendo su área de distribución la parte norte del Golfo de California, desde el delta del río Colorado hasta la línea imaginaria que conecta Puertecitos en Baja California y Puerto Peñasco en Sonora.

Por otra parte, en lo referente a las actividades económicas que se desarrollan en las aguas del Golfo de California es de destacarse la pesca, este mar con una extensión 258 mil 593 kilómetros cuadrados y más de 900 islas provee de aproximadamente 62 por ciento de las capturas nacionales, por lo que se considera la zona pesquera más importante de nuestro país.

Ya desde el siglo XVI especies del golfo de California fueron intensamente explotadas, como fue el caso de la ostra perlera, que pasó de ser una especie representativa de la parte sur y centro del golfo, a encontrarse próxima a la extinción. Posteriormente otras especies de este rico mar estuvieron sujetas a la captura intensiva, en su momento ballenas y otros mamíferos marinos que frecuentaban estas aguas o habitaban permanentemente en ellas fueron llevados al borde de la desaparición.

Como ya se mencionó, el golfo de California tiene una gran importancia pesquera, por lo que también algunas especies de peces han sido sobreexplotados, tal es el caso de la totoaba, pez que actualmente se encuentra en peligro de extinción y por lo mismo desde el año de 1975 en veda permanente.

De hecho, ya desde hace décadas se advirtió la necesidad de proteger a las especies que habitan en el golfo de California, por lo que las medidas tendientes a este fin comienzan a mediados del siglo pasado y van desde la declaración como “zona de refugio para todas las especies” en 1955 por la desaparecida Dirección de Pesca e Industrias Conexas, hasta el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 1993.

En el caso particular de la vaquita marina, a inicios de la década de 1970, varios investigadores se interesaron por la existencia de este cetáceo, realizándose reportes que incrementaron el conocimiento de su biología y el estado de salud de su población, concluyéndo que se trataba de una población aislada, reducida y amenazada. Inicialmente se sugirió que la captura incidental en redes pesqueras, la falta de aportes de agua del río Colorado al alto golfo, la contaminación y la endogamia podían afectar severamente a esta especie, por lo que se comienza a temer por la sobrevivencia de la misma.

Por varias décadas en la zona de distribución de la vaquita se desarrollaron actividades pesqueras, siendo la totoaba y el camarón los recursos que daban origen a esta actividad de manera comercial a gran escala, de hecho, la vaquita nunca fue el objetivo de captura, pero como consecuencia colateral de las operaciones de las flotas que pescaban las especies comerciales, las vaquitas marinas caían en las redes como pesca incidental, causando su muerte.

Así a partir de la década de 1990, se establecen las primeras medidas para proteger a la vaquita con la prohibición del uso del chinchorro totoabero (red agallera de más de 12 pulgadas de luz de malla) en todo el golfo de California (Diario Oficial de la Federación 13 de febrero de 1992) y la creación, en 1992, del Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba, CTPVT. Este comité logró conjuntar esfuerzos para la conservación por parte de organismos gubernamentales, centros de investigación, de educación superior y de organizaciones no gubernamentales, que en 1993 culminaron con el establecimiento de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con una superficie total de 934,756 hectáreas (Diario Oficial de la Federación 10 de junio de 1993).

En 1997 se establece el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), con el mandato de desarrollar un plan de recuperación para la especie basado en la mejor información científica disponible y que además considerara los impactos socioeconómicos de cualquier potencial regulación, por medio de alternativas pesqueras, económicas y sociales. Posteriormente, a mediados de 2005 se dio la conformación del grupo Alto Golfo Sustentable, el establecimiento del Área de Refugio para la Protección de la Vaquita (Diario Oficial de la Federación, 8 de septiembre de 2005) y su Programa de Protección (Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2005).

Pero, pese a las medidas que se han tomado para proteger a esta irremplazable especie, ésta cada vez se acerca más a la extinción, ya en 1997 la Cirva estimó el tamaño de la población en alrededor de 567 individuos, para 2012 la Cirva estimó que se tenía una población de 200 vaquitas y para el 2014 en un máximo de 97 individuos. Del último reporte de la Cirva, correspondiente a su reunión de 2014 se puede leer:

“A pesar de todos los esfuerzos hechos a la fecha, los datos más recientes muestran que la población de vaquita está disminuyendo a una tasa de 18.5 por ciento por año. La mejor estimación de abundancia actual es de 97 vaquitas de las cuales menos de 25 podrían ser hembras sexualmente maduras. La vaquita se extinguirá, posiblemente en 2018, si la captura incidental en redes de pesca no es eliminada inmediatamente. Por lo tanto, el Cirva recomienda firmemente que el gobierno de México promulgue regulaciones de emergencia estableciendo una zona de exclusión de redes agaleras cubriendo totalmente el área de distribución de la vaquita (no solamente el refugió ya existente) empezando en septiembre de 2014.

Esfuerzos anteriores de vigilancia en el mar han fallado y la pesca ilegal se ha incrementado en años recientes a lo largo del área de distribución de la vaquita, especialmente por el resurgimiento de la pesquería de otra especie en peligro, la totoaba. Sin embargó, ya no es suficiente con eliminar sólo la pesca ilegal como ha sido recomendado muchas veces en el pasado. Con menos de 100 vaquitas restantes, toda la pesca con redes agalleras debe ser eliminada. Para salvar a esta especie de la extinción, las regulaciones deben prohibir a los pescadores el uso, posesión o transporte de estas redes dentro de la zona de exclusión y esto debe ser acompañado de programas de vigilancia en mar y en tierra. CIRVA recomienda que el Gobierno de México proporcione vigilancia suficiente para asegurar que la pesquería con redes agalleras sea eliminada dentro de la zona de exclusión. Cirva ademas recomienda que todas las herramientas de vigilancia disponibles dentro y fuera de México, sean aplicadas para detener la pesca ilegal, especialmente la captura de totoabas y la comercialización de sus productos.”2

Continúa el citado informe presentando la siguiente gráfica.

En fechas recientes, atendiendo en parte a las recomendaciones del Cirva se tiene la expedición en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de abril de 2015 del “Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y palangres operadas con embarcaciones menores, en el norte del golfo de California” y el 16 de abril de 2015 el titular del Poder Ejecutivo federal anuncia la puesta en marcha de la estrategia integral para preservar el ecosistema marino del alto golfo de California.

Pero, no obstante estos anuncios y acuerdos tan solo hace unos cuantos días en el alto Golfo de California se encontraron tres ejemplares de vaquita marina muertos, con escoriaciones y laceraciones en la piel como las que les causarían el enmalle en las redes de pesca para totoaba, pez que como ya señalamos también está en peligro de extinción, vedada su pesca, pero que sigue siendo objeto de captura por parte de los pescadores furtivos.

Para que se tenga alguna esperanza en la recuperación de esta especie la captura incidental de ésta debe de ser de tasa cero, es decir, no se puede permitir que ni una sola vaquita muera por las actividades pesqueras.

El que se hayan encontrado ejemplares muertos por actividades de pesca ilegal no debería de haberse presentado, el marco jurídico para la preservación de esta especie está hecho, contamos con leyes como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con normas oficiales y el Código Penal Federal también tipifica como delito conductas aplicables al caso que nos ocupa, entonces, el problema es de aplicación de estas normas, es un problema de gobernabilidad, de actuar como autoridad, de no ser un “país sin ley”, de que las autoridades, sobre todo las federales hagan su trabajo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a que en el marco de las atribuciones y facultades conferidas respectivamente a estas instituciones, intensifiquen de manera eficiente y eficaz las acciones para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus) y la totoaba (Totoaba macdonaldi).

Notas

1 El orden de los cetáceos (Cetacea ) engloba a varias familias de mamíferos marinos como las ballenas, cachalotes, zifios, delfines, orcas y marsopas. En total alrededor del mundo existen alrededor de ochenta especies de estos animales.

2 Reporte de la quinta reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva-5), julio de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada María Chávez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca sobre las demandas penales dirigidas contra pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el operativo Juárez en 2006, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición de con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Durante los años 2006 y 2007 el Estado de Oaxaca vivió una ola de protestas sociales que involucraron primeramente a las clases magisteriales locales pero que posteriormente implicaron a grandes sectores populares del Estado, que exigieron la destitución del entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, así como la desaparición de poderes. Las protestas derivaron en un grave conflicto social en el marco del cual se produjeron homicidios, desapariciones, hostigamientos, tortura, detenciones arbitrarias y una represión generalizada por parte de los cuerpos de seguridad estatales y federales.

Los profesores de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se habían instalado en el Zócalo central de la capital del Estado como forma de protesta hasta el cumplimiento de su pliego petitorio. Sin, embargo, el 14 y 15 de junio de 2006 el entonces gobernador Ulises Ruiz ordenó el desalojo de la plaza, lo que produjo un severo enfrentamiento con los manifestantes, que respondieron con piedras y palos, resultando en la retirada de las fuerzas de seguridad. A raíz de ello, fue constituida la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que integró a diversas organizaciones sociales y populares que se adhirieron a las demandas del movimiento magisterial. La APPO tuvo como objetivo primordial la destitución del Gobernador Ruiz Ortiz.

Durante la tarde y noche del 27 de octubre, ocurrieron diversos enfrentamientos entre miembros de la APPO y un grupo de radicales con filiación priista, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas, entre las que se cuenta al periodista estadounidense William Bradley Roland, quien murió abatido en plena calle por un disparo de arma de fuego. Ante la imposibilidad de resolver el conflicto mediante otras vías, el gobernador Ulises Ruiz solicitó de forma urgente y formal al entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada, la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el conflicto oaxaqueño.

La PFP ingresó finalmente el 29 de octubre y desalojó violentamente el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, mediante la utilización de vehículos antimotines, disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos, y después de enfrentarse durante más de dos horas a los manifestantes. El saldo fue de tres personas muertas y más de una treintena de detenidos. La APPO se retiró del centro histórico y se replegó hacia el campus principal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

La escalada de violencia e incertidumbre en la vida pública se extendió hasta bien entrado el 2007 y sus consecuencias en términos económicos, sociales y culturales continúan resintiéndose en la entidad.

II. Las comisiones de la verdad son instrumentos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza de la ciudadanía en las mismas, respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

«Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema de casos y peticiones.»1

En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que se ocupa, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente:

«iii) Tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos [...] con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.»2

Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que el mismo debe ser eliminado.

Es por ello que las recomendaciones emitidas por los informes finales de las comisiones de la verdad deben ser atendidos por las autoridades implicadas en las mismas, pues de otro modo no sólo se atenta contra el derecho a la verdad que dichas comisiones persiguen sino que se perpetúa el círculo vicioso que en principio dio origen a las violaciones de derechos humanos sobre las cuales se investiga.

III. La “Ley que crea Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007”, fue publicada el 19 de octubre de 2013 y tiene por objeto garantizar el derecho a la verdad a través de la creación de una comisión de la verdad que investigue los hechos que le dan nombre.

Dicha comisión de la verdad estuvo integrada por el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien la encabeza; así como por la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González.

La Comisión de la Verdad de Oaxaca informó en septiembre de 20153 que tras sus investigaciones, y luego de un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, se logró la consignación de los responsables de la ejecución extrajudicial del activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Arcadio Hernández Santiago, ocurrida el 2 de octubre del año 2006.

El 29 de febrero del presente año, la Comisión de la Verdad de Oaxaca informó sobre el término de sus labores y presentó a la sociedad un informe final en que se consignan graves señalamientos al Estado por su desempeño durante el virtual estallido social ocurrido en 2006:

«El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.»4

Igualmente, la Comisión de Verdad estableció que en la represión y tortura ejercida contra manifestantes durante el conflicto se produjo un “patrón de actuación” por parte del Estado, lo que se enmarca en lo señalado en el numeral anterior:

«Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.»5

Asimismo, la Comisión de la Verdad de Oaxaca emitió recomendaciones a las autoridades de la Administración Pública Federal, entre las que destacan las referidas a la revisión de las demandas penales contra las administraciones federales encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón:

«La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.»6

En el mismo sentido, la Comisión recomienda a la Procuraduría General de la República, revisar las actuaciones de los principales funcionarios federales encargados de los operativos en Oaxaca durante 2006 y 2007:

«...se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.»7

Además, la Comisión estableció que durante el conflicto oaxaqueño fueron ensayados por parte de las autoridades un conjunto de procedimientos para fortalecer la impunidad y que condujo a la actual crisis de derechos humanos:

«... el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.»8

Es por todo lo anterior que los hallazgos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca obligan al Estado mexicano a acatar cabalmente sus recomendaciones, dado que en la actual crisis de derechos humanos que padece México, se requieren de decisiones firmes y claras que recuperen el rumbo, guíen a la rendición de cuentas y coloquen en el centro de la agenda pública a los derechos humanos, de otro modo, las autoridades estarían contribuyendo a continuar con el actual clima de impunidad, violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a atender a cabalidad las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca en su informe final, en el sentido de revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales de 2000 – 2006 y 2006 - 2012, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño investigado por dicha Comisión; así como para revisar la actuación de los ex funcionarios federales señalados por víctimas y actores del mismo conflicto como responsables de dirigir acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

Notas

1 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 agosto 2014,

(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad -es.pdf), p.61

2 Ibídem, pp.59-60

3 “Comisión de la Verdad logra consignación de homicida de policía comunitario en Oaxaca”, La Jornada, 8 de septiembre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/08/comision-de-la-verdad-log ra-consignacion-a-homicidas-en-oaxaca-9843.html

4 Resumen ejecutivo del informe Comisión de la Verdad “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, 29 de febrero de 2016, http://comisiondelaverdadoaxaca.org.mx/informe-de-la-comision-de-la-ver dad-ya-sabemos-no-mas-impunidad-en-oaxaca/

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Guerrero a actualizar el Código Penal de la entidad para garantizar que en la impartición de justicia se observen la jurisprudencia y los tratados internacionales al emitir resoluciones, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ricardo Taja Ramírez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia y abusos dirigidos hacia las personas, en especial en niñas y mujeres, están presente en muchas regiones del país.

El problema se encuentra en grandes urbes como la Ciudad de México hasta en pueblos, tal es el caso del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

Es sabido que existe un importante foco rojo que debe atenderse en el caso de Acapulco, derivado de la explotación sexual que diario se observa en las calles del puerto, junto a ello podemos definir claramente tipos penales como: abusos deshonestos, trata de personas, estupro, violaciones, entre otros.

La grabación que hizo una persona con su celular sobre los hechos que el canadiense Walter Suk estaba realizando con dos niñas, fue ventajoso, humillante y lastimoso para las menores.

Consta en medios impresos y electrónicos que la persona caminaba por la avenida costera miguel alemán a la altura del edificio Oceanic 2000, cuando se percató que una persona de edad avanzada besaba en la oreja a una menor y después le daba besos en la boca, por ello comenzó a grabar y enfrentar al sujeto y llamó a la policía.

Según información de la Fiscalía General del estado de Guerrero de fecha 29 de marzo, informó que el ciudadano canadiense Walter Suk, fue consignado ante el juez quinto penal del Distrito Judicial de Tabares la noche del 28 de marzo, como probable responsable del delito de abuso sexual de personas menores de edad y corrupción de personas menores de edad (doloso).

El inculpado de 68 años y de origen canadiense fue ingresado al Centro de Reinserción Social la noche del 28 de marzo a las 22:50 horas, bajo el pedimento penal número 079/2016, antes de fenecer el término constitucional a las 17:50 horas del 29 de marzo, de acuerdo a la averiguación previa número TAB/EDS/02/0272/2016.1

Se señala en medios de información que el fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez, confirmó que Walter Suk, originario de Quebec, Canadá, “va a tener derecho a la libertad bajo fianza”.

Olea Peláez dijo que el canadiense es acusado de pedofilia y rechazó que haya lagunas en la ley penal de Guerrero, sino al contrario, está bastante adelantada.

El fiscal afirmó que hablaría con el juez para que analice que el presunto pedófilo, ya que es extranjero y se puede sustraer a la acción de la justicia, para que no lo deje en libertad, y solicitaría también que entregue su pasaporte para que no pueda salir del país.2

Claramente se observa que el padre, quien estaba a unos metros de distancia, no hizo nada para quitar de las manos del canadiense a las menores. Las interrogantes son muchas.

¿Cuántas personas realizan los mismos actos lascivos con menores en Acapulco?

¿Estaba el padre de acuerdo con el canadiense?, si es así, ¿por qué?

¿Cuál es el real daño físico o psicológico que sufrieron las menores?

¿Cómo integró la averiguación previa el Ministerio Público en este caso?

¿Cómo resolvió la autoridad el auto de sujeción o no a proceso?

Son muchas las preguntas y respuestas que faltan de aclarar

En muchas ocasiones, los códigos penales de las entidades federativas, están desactualizados y no corresponden a la realidad social, hasta contravienen lo dispuesto en otros estados de la República o la federación.

No se conoce el status migratorio del canadiense, si esta como turista, está ilegal, donde vive y de donde provienen sus recursos económicos para estar en el país. De ello deriva la imposición del tipo penal o el sustento legal para sujetarlo a proceso.

Una carpeta de investigación es un asunto serio que involucra a las partes, la Fiscalía y el Tribunal superior de Justicia tienen que garantizar el equilibrio y la justa aplicación del derecho en sus resoluciones.

Cierto es que están obligados a la observancia del respeto a los derechos humanos del imputado Walter Suk, para ello deben tender los puentes de comunicación con el consulado de Canadá en Acapulco y que el detenido cuente con su defensor.

Se debe investigar el consentimiento del padre, cómo y con quien van a vivir las niñas ahora, cuál es su situación y como están impactadas las menores.

Tenemos la obligación todas las personas físicas y morales, así como las instituciones del Estado, de acatar lo que establece el artículo 133 constitucional.

“Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar delas disposiciones que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, es el denominado autocontrol constitucional”

Las resoluciones que emita la autoridad deben ser claras y fundadas en derecho, no caben declaraciones que no se sustenten en el análisis y estudio de la norma o las fuentes del derecho.

Se dice que el caso del canadiense Walter Suk, es la única averiguación previa por pedofilia en todo el Estado, ¿será cierto?, acaso no se darán más casos, no tan solo en Acapulco, sino en todo el Estado.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al honorable Congreso de Guerrero a revisar y, en su caso, actualizar el Código Penal local.

Segundo. Se exhorta a los servidores públicos y administradores de justicia de la Fiscalía General y del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero a observar la aplicación de Jurisprudencia y Tratados Internacionales en las resoluciones que emiten, con el fin de que no se existan dudas en las investigaciones, como en el caso del Imputado canadiense Walter Suk.

Notas

Tomado de http://162.144.81.164/~fge/2016/03/29/
consigna-fge-a-ciudadano-canadiense-ante-el-juez-quinto-penal-de-acapulco/ el 29 de marzo del 2016.

2 Tomado de
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/29/1083436 el 29 de marzo del 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Segob a integrar un registro de solicitantes de asilo político y asilados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha observado a México su preocupación por la crisis humanitaria de menores de edad acompañados o no, niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados que llegan o utilizan como ruta de tránsito nuestro país escapando de sus lugares de origen ante los escenarios de violencia que ponen en grave riesgo su vida. El señalamiento es ante la falta de instrumentos para identificar, ayudar, proteger, brindar representación legal a estos infantes; además ha señalado que las detenciones de los menores solicitantes de asilo son muy prolongadas; y visualiza puntualmente la ausencia de datos sobre el número de solicitudes de asilo y refugio hechas por niñas y niños.

2. Dichas observaciones son acompañadas por recomendaciones las cuales coinciden con las obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos de la infancia protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y demás leyes aplicables, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3. El sistema de protección internacional del Estado Mexicano se funda en el principio internacional de non-refoulement o no devolución; y frente a la infancia, rige por encima de todo, el actuar según el interés superior de la niñez, de conformidad con la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño, por lo tanto, este marco se aplica incluso para las niñas y niños que no hayan logrado obtener el reconocimiento de la condición de refugiado; esto último reforzado por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y el Protocolo de 1967 suscritas en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 que indican como deber de los Estados parte el reconocerles el derecho a una protección integral, especial y reforzada a los infantes migrantes.

4. El asilo en México y expresado en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 y reformado el 30 de octubre de 2014, solamente define el asilo por causas políticas.

La definición de Refugiado se hizo conforme a la definición Regional de Refugiado de Cartagena y la Convención de Ginebra en su Artículo 2 Fracción VIII que indica que la condición de refugiado es el estatus jurídico del extranjero reconocido como refugiado, que deberá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CG Comar).

Respecto a la protección complementaria, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político determina que la Secretaría de Gobernación deberá otorgar a los extranjeros dicha protección cuando no puedan ser devueltos a su país de origen porque su vida está amenazada o en peligro de ser sometido a tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes.

5. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Unicef, el número de casos de niños, niñas y adolescentes que migran sin compañía de un adulto aumentó 333 por ciento de 2013 a 2015, situación que requiere atención para la garantía de sus derechos; estos datos también son motivo de alarma para la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación que hace notar un crecimiento del 470 por ciento del flujo de migrantes menores presentados ante el Instituto Nacional de Migración que en 2010 fue de 4 mil 043 niñas y niños, y para 2014 se tuvo un registro de 23 mil 96 menores.

6. En cuestión de datos de niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de protección a nuestro país la Comar ha publicado estadísticas generales de 2015 que arrojan que los menores solicitantes son originarios del Salvador con 64 niñas, niños y adolescentes, Honduras con 64; Guatemala 10; India 2 y Nicaragua 1, teniendo 141 solicitantes en total de los cuales 22 abandonaron el procedimiento y 27 desistieron; mientras que 92 lo concluyeron, 44 de estos fueron reconocidos y 35 no lo son. Cabe resaltar que de las cifras publicadas por la Comar donde señala tan solo a 44 niñas, niños y adolescentes no acompañados reconocidos como solicitantes de asilo, frente a los más de 120 mil niños latinoamericanos sin padre o tutor que cruzaron la frontera de México con Estados Unidos en 2015, de acuerdo con datos actualizados a marzo de 2016 que dio a conocer la representante de la Unicef en nuestro país.

7. Lo anterior se suma a dos situaciones:

• Datos de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR en México; indican que al menos el 20 por ciento de los menores migrantes tienen intención de quedarse en el país para huir de la violencia y la inseguridad de sus sitios de origen, por lo que son candidatos a la protección; de los cuales se tiene registro de 404 originarios del Salvador, 908 de Honduras y 805 de Guatemala.

• Un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los Estados Unidos y el Caribe indica que se entrevistó a “102 niños mexicanos de los cuales el 64% manifestaron necesidades potenciales de protección internacional. El 32% hablaron de la violencia en la sociedad, el 17% de la violencia doméstica, y el 12% mencionaron las dos anteriores. El 7% manifestaron haber vivido en situaciones de privación. A diferencia de los niños de los otros tres países, los niños mexicanos son a menudo reclutados por el crimen organizado y otros actores criminales para trabajar como guías para la industria del tráfico de personas. Además de su pequeño tamaño y gran tolerancia para tomar riesgos, es de gran conocimiento que si estos niños son capturados serán simplemente retornados a México. Un sorprendente 38% de los niños de México habían sido reclutados a la industria de tráfico de personas – precisamente por su edad y vulnerabilidad.”

8. La Comar señaló en 2014, durante el taller Protección Internacional de los Refugiados que el número de solicitudes generales de asilo se incrementó en más de 65 por ciento con respecto a 2013 en que se recibieron mil 196 solicitudes, de las cuales entre 30 y 40 por ciento recibieron la protección internacional. Sin embargo el documento “Tendencias Globales” de la ACNUR advierte que en 2014 México tuvo 2 mil 872 solicitudes de asilo en calidad de pendientes; en este rubro respecto a niñas y niños el reporte “Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos” de ACNUR y el Center for Gender & Refugee Studies indican que en 2014 México dio protección complementaria únicamente a dos menores de entre 5 y 11 años originarios de Honduras; mientras que a los niños, niñas y adolescentes de El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Venezuela quedaron en cero. En este reporte también se señala el incumplimiento del gobierno mexicano a lo indicado en el Artículo 52 fracción V, de la Ley de Migración que refuerza la prohibición de la detención migratoria y que además señala que mientras se resuelva la condición como refugiado se debe autorizar la estancia por razones humanitarias.

9. Cabe mencionar que con la problemática aquí expuesta con las cifras vertidas por diversas instancias internacionales y a pesar de que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político indica en su Artículo 14 Bis fracción III, que en materia de Asilo Político, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados, no se tiene registro alguno de manera oficial donde se conste que se está cumpliendo con esta obligación, por lo que la presente Proposición con Punto de Acuerdo pretende instar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en coordinación con la Secretaría de Gobernación establezca un mecanismo para contar con tan importante herramienta estadística y de información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lleve a cabo el Registro actualizado de solicitantes de asilo político y asilados, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, genere información desagregada respecto a niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 31 días de marzo de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir la opinión técnica del Consejo Estatal Forestal de Puebla respecto al cambio de uso de suelo para el proyecto inmobiliario y club de golf Cola de Lagarto, en Atlixco, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional. Adicionalmente el país cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas de vegetación hidrófila.1

Esta riqueza natural constituye un privilegio y enorme potencial para el desarrollo del país. Sin embargo, a su vez representa para las presentes generaciones una gran responsabilidad frente al futuro de las nuevas generaciones, debido a que “la conservación y buen uso de los ecosistemas forestales se traduce en beneficios que representan servicios ambientales, como son: la preservación de los recursos agua y suelo a través de la captación de agua y recarga de mantos acuíferos, la regulación del clima, la captura de carbono y generación de oxígeno, la conservación del hábitat natural, fertilidad y diversidad biológica, la recreación y belleza escénica, entre otros”.2

No obstante lo anterior, México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo, se ha considerado que la causa principal es el cambio de uso de suelo forestal a otros usos.

En este tenor, resulta de particular relevancia un proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar en el Estado de Puebla y que implica el cambio de uso de suelo en áreas forestales en una superficie de 83.42 hectáreas.

Por su importancia, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en biodiversidad de bosques y territorios naturales y cuenta con una superficie forestal de un millón 674 mil 763 hectáreas que equivale al 49 por ciento de su territorio, la superficie forestal corresponde en su mayoría, a selvas bajas y a bosques coníferos, además de tierras áridas y semiáridas que en conjunto constituyen la riqueza natural del territorio, de acuerdo con el Inventario Estatal Forestal y de Suelos elaborado por Conafor.

De ahí la trascendencia de que en el Estado se realicen políticas públicas adecuadas que permitan aprovechar e incrementar su riqueza natural, y a la vez conservarla.

Al respecto, la empresa Promotora Cola de Lagarto S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA), para el proyecto denominado “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, el cual implica el cambio de uso de suelo en áreas forestales con una superficie de 83.42 hectáreas.

La superficie total del proyecto es de 221.44 hectáreas, de las cuales: i) 88.61 pertenecen a la zona núcleo del Área Natural Protegida Sierra de Tentzo, ii) 49.41 corresponde a un área agrícola y iii) 83.42 pertenecen a un área forestal.

La Sierra del Tentzo fue declara Área Natural Protegida de jurisdicción estatal, en su modalidad de reserva estatal, en abril de 2011, la cual se ubica en 13 municipios del Estado de Puebla, entre ellos Atlixco, con una superficie total de 57,815.28193 hectáreas.

La finalidad de la Declaratoria fue preservar el ambiente natural de la región el cual constituye una zona biogeográfica representativa de la Entidad y que presenta características ecológicas originales.

El “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto” se ubica en el municipio de Atlixco, Puebla, hacia el suroeste de la capital del Estado a una distancia de 35 kilómetros.

El uso actual de suelo que se encuentra en la zona del proyecto es una combinación de suelo de uso agrícola y de uso forestal, este último catalogado por el Inegi como vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino.

El proyecto consiste en la construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos que incluye una Casa Club de tipo campestre y dos pequeños lagos, así como un conjunto habitacional campestre de 222 unidades unifamiliares con superficies desde 950 hasta 3,000 m2.

Para la construcción del campo de golf será necesaria la afectación de 52 hectáreas del terreno, de las cuales 28.6 se ubican en terrenos agrícolas y 23.4 se ubican en la zona forestal.

Asimismo, será necesario realizar un cambio de uso de suelo forestal en una superficie de 83.42 hectáreas, lo cual implica sustituir superficies de cubierta forestal por infraestructura vial, casas, construcciones campestres y pistas de campo de golf.

En la MIA se manifiesta que de la evaluación de los impactos sobre los factores ambientales se obtuvo una relación de 81.25 % de impactos negativos que recaen sobre los recursos naturales atmósfera, suelo, agua, vegetación y fauna, y el 18.75% restante corresponde a impactos positivos relacionados con los beneficios que tendrá el proyecto en la sociedad y la economía.

La MIA para obtener la autorización del cambio de uso de suelo se encuentra en trámite ante la Semarnat, la Secretaría tiene la atribución de regular el uso de los recursos forestales y promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país. En este sentido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece la regulación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), el cual se define como: “La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales”.

Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la LGDFS, la Semarnat podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción , previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y con base en el estudio técnico justificativo en dónde se demuestre que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua y disminución de su captación y que el uso alternativo propuesto sea más productivo a largo plazo.

Asimismo, la Semarnat, en términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28 de la misma ley, se sujetará a lo que establezcan la LEGEEPA, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Asimismo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

En consecuencia, se estima indispensable que en el procedimiento de evaluación del “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, la Semarnat, en el ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa revisión de la normatividad aplicable y del impacto ambiental que implicaría el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales y se realicen los estudios necesarios que garanticen que el proyecto no contraviene el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los habitantes que se encuentran en el municipio de Atlixco.

Lo anterior, debido a que el cambio de uso de suelo constituye uno de los factores de mayor impacto ambiental adverso por destrucción de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, pérdida de suelos fértiles, perturbación de dinámica hídrica y emisiones de CO2.3

Por otra parte, el “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, sujeto a evaluación de impacto ambiental, afectará una amplia zona forestal con 81.25 % de impactos negativos que recaen sobre los recursos naturales, por lo que resulta procedente solicitar a la Semarnat tome en cuenta en el resolutivo de impacto ambiental, las opiniones de grupos de expertos en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 24 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.

De igual forma por la importancia de los servicios ambientales que prestan los recursos forestales y con base en el derecho de acceso a la información resulta procedente que la Semarnat transparente el procedimiento de cambio de uso de suelo para la realización del “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, ubicado en Atlixco, Puebla, incluyendo la opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de Puebla.

Se reconoce que con la realización de proyectos de desarrollo se podría incentivar la economía regional, por lo que no existe oposición a la construcción de obras que propicien el desarrollo económico y social de la región, pero sí oposición a las obras que impliquen amenazas o daños al medio ambiente.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a valorar y ponderar, al resolver sobre la autorización en materia ambiental del proyecto denominado “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, localizado en Atlixco, Puebla:

a) La opinión técnica de grupos de expertos conforme artículo 24 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del Impacto Ambiental, y

b) Organizar una reunión pública de información, en términos de la fracción III del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa revisión de la normatividad aplicable y del impacto ambiental que implicaría el cambio de uso de suelo forestal en una superficie de 83.42 hectáreas, para la realización del “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, ubicado en Atlixco, Puebla y ordene se realicen los estudios necesarios que garanticen que el proyecto no contraviene el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los habitantes que se encuentran en el municipio de Atlixco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga pública la opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de Puebla respecto al cambio de uso de suelo forestal en una superficie de 83.42 hectáreas, para la realización del “Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto”, ubicado en Atlixco, Puebla.

Notas

1 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j2215s/j2215s00.pdf

2 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/641/estimacion.pdf

3 http://sds.uanl.mx/pdf/131023_4.1_UsoyCambioUsoSuelo.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 31 días del mes de marzo de 2016.

Diputados: Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y diversos gobiernos locales a difundir las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. De acuerdo con la revisión de las cuentas públicas efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como con las auditorías practicadas al ejercicio de gasto federalizado e información procedente de organismos civiles y de los gobiernos estatales, el ejercicio de los recursos destinados a programas diversos en Salud es bastante opaco e ineficiente, y varias entidades federativas del país han estado subejerciendo diversos recursos del presupuesto destinado a Salud, específicamente el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, de una manera reiterada desde, al menos, el año 2012.1

Las conclusiones sobre el desempeño del sector muestran que el desorden en materia de licitaciones y cumplimiento de metas afecta principalmente al Seguro Popular, dejándose inconclusos programas de modernización tecnológica sin que nadie reclame la entrega de resultados por contrataciones pagadas a precios millonarios. A pesar de que en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012, se estableció la meta de llegar a la cobertura universal en 2012, al cierre de ese año el 6.2% de la población, equivalente a 7.1 millones de personas, no tuvo acceso a los servicios de salud.2

II. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF denunció subejercicios superiores a 23.2 por ciento en los estados,3 descontrol federal sobre el dinero que no se aplica a nivel local, pagos sin comprobar, aumento de transferencias al margen de lo autorizado e incumplimiento en la pregonada cobertura universal de salud, así como desabasto de medicamentos, provocado, entre otras causas, por la inexistencia de un programa anual de adquisiciones y una inadecuada planeación e indicadores de desempeño.

Ese mismo año, según la ASF, los subsidios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 2,574.9 millones de pesos destinados a las 31 entidades, no se ejercieron en 27 de éstas, representando un monto de mil 105.6 millones de pesos; y si bien 26 reportaron como ejercidos mil 265.8 millones, no acreditaron su correcta aplicación.4

Evidenciándose casos graves como el de Chiapas, donde la verificación física de los recursos transferidos mostró que la cuarta parte de los mismos fueron utilizados para fines diferentes a los que se habían autorizado.

En el caso del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, la ASF identificó opacidad en las reglas de operación y en los convenios para la transferencia de los apoyos económicos celebrados con las entidades federativas, al tiempo que se carece de los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que garanticen la transparencia en la aplicación de estos subsidios.

En 2012, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) otorgó 196.6 millones de pesos de apoyos económicos a las entidades federativas para cubrir el incremento en la demanda de servicios de salud de nuevos afiliados, así como para la impartición de talleres, pero no comprobó la aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación de 153.2 millones de pesos. Por otra parte, los estados de Tabasco, Veracruz y Zacatecas no ejercieron ni reintegraron a la Tesofe 3.7 millones radicados para el equipamiento de “Bancos de Leche Humana”. Adicionalmente, la comisión entregó 124.6 millones de pesos a 37 unidades médicas, sin que contaran con el dictamen de acreditación de prestación de servicios bajo criterios de capacidad, calidad y seguridad.5

III. En la revisión de las cuentas correspondientes a 2013, de una muestra de 33 auditorías realizadas por la ASF al FASSA, 32 a las Entidades Federativas y una a la Secretaría de Salud, se determinaron, entre otros, los siguientes resultados relevantes:

Recursos no devengados (incluye rendimientos financieros y penas convencionales) por 2 mil 331.6 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Transferencia de recursos a otras cuentas distintas al Fondo sin acreditar su destino por 1 mil 916.3 millones de pesos, en los Estados Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos del Fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de impuesto local sobre nómina por 386.1 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Otros montos por aclarar por 153.1 millones de pesos, en los estados de Campeche y Jalisco.

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 120.6 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.6

En lo referente al Seguro Popular las principales observaciones ese año, fueron entre otras, las siguientes:

Recursos no devengados incluye rendimientos financieros y penas convencionales por 9 mil 155.4 millones de pesos, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos o Programas, y no reintegrados por 2 mil 954.1 millones de pesos, en los estados de Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.

Otros montos por aclarar 1 mil 658.7 millones de pesos, en los estados de Campeche, Chiapas y Jalisco.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores por 669.7 millones de pesos, en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas.7

Lo anteriormente expuesto indica que sólo en 2013, se observa en estos programas un subejercicio de aproximadamente 11 mil 487 millones de pesos, más una cantidad insuficientemente comprobada o no aclarada que asciende a 5 mil 144.1 millones.

IV. Las mismas prácticas fueron detectadas por la ASF durante 2014, denunciando que específicamente 24 entidades no ejercieron, o lo hicieron con anomalías, los recursos que les fueron asignados para el sector salud.

De una muestra de las auditorías reportadas, la ASF encontró, entre otras, las siguientes anomalías respecto del FASSA:

Recursos no devengados por 1,954.5 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o transferidos por la tesorería estatal con oportunidad por 1,054.4 millones de pesos en los Estados de Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del FASSA, o que corresponden a ejercicios anteriores por 866.3 millones de pesos en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto, y/o contratos por 834.4 millones de pesos en los Estados de Campeche, Coahuila, Jalisco, México, Michoacán y Nuevo León.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos, y no reintegrados por 791.1 millones de pesos en los Estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa.8

En cuanto al Seguro Popular, de una muestra de las auditorías reportadas por la ASF, algunas de las anomalías detectadas fueron las siguientes:

Recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fechas de la auditoría por 5,870.5 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja california, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la tesorería estatal con oportunidad por 3,200.7 millones de pesos en los Estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 2,946.8 millones de pesos en los Estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Sinaloa y Veracruz.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos o programas, y no reintegrados por 511.5 millones de pesos en los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz .9

En cuanto al Programa para el fortalecimiento de la Calidad de los servicios de salud, el monto de los recursos no devengados durante 2014 ascendió a 1,092.5 millones de pesos, y esto lo detectó la ASF en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

También se detectó un subejercicio en la aplicación de los recursos del Prospera. De acuerdo con la ASF los recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fecha de la auditoría fueron por 562.4 millones de pesos, y esto se dio en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.10

La ASF fiscalizó los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Los resultados mostraron que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no contó con criterios metodológicos actualizados para estimar la población programada, potencial, y objetivo, del Seguro. Además, la ASF indicó que los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y que la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2014 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo establecido en el mandato. Asimismo, la ASF señaló que la CNPSS otorgó un financiamiento para que 57 millones 300 mil personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud, sin embargo, no se dispuso de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.11

Sobre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) la ASF señaló que en términos generales, el Sistema no cumplió con las disposiciones legales y normativas que deben ser aplicables durante los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registró presupuestal y contable, entre otros.12

Por si eso fuera poco, la ASF señaló que el diseño del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” no fue congruente con las atribuciones mandatadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, no se dispuso de información para valorar las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que debía realizar el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ( CNEGSR) en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico-uterino y de mama. Y tampoco se dispuso de criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población de responsabilidad institucional, impidiendo realizar con ello una valoración objetiva de su desempeño y su contribución en el mejoramiento de la salud reproductiva de la población.13

Los resultados obtenidos por la ASF señalan que en 2014 también el programa “Reducción de la mortalidad materna” presentó deficiencias en su diseño por lo que, de seguir su tendencia de desempeño, calculó que sería en 2030, (15 años de retraso), cuando México podría alcanzar la meta establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de 22.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos.14

V. Cabe destacar que de acuerdo con un informe que remitió al Senado, incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que durante 2014 que hubo también un menor ejercicio en el gasto en salud. Fue 15 mil 937 millones de pesos por menores recursos destinados al Seguro Popular y al Seguro Siglo XXI, a los Programas de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios y Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y actividades de apoyo administrativo.15

Estamos hablando de que durante los años 2012 a 2014 se ha tenido un subejercicio de, por lo menos, 16 mil 200 millones de pesos en la aplicación del presupuesto destinado a diversos programas de salud, hecho que se ha venido convirtiendo en una tendencia reiterada que pone en riesgo la política social por parte de los gobiernos federal y algunos estatales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, y a los gobernadores de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, así como a jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que hagan públicas las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud y a diversos programas del mismo sector, y a que difundan las medidas que están tomando para resarcirlo y castigar a los responsables.

Notas

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, ASF, Cámara de Diputados, febrero de 2014, página 163.

2 Ibíd., página 163.
3 Ibíd., página 163.
4 Ibíd., página 170.
5 Ibíd., página 164.

6 Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, UEC Unidad de Evaluación y Control, febrero de 2015, página 60.

7 Ibíd., página 61-62.

8 Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, UEC, Unidad de Evaluación y Control febrero de 2016, página 122.

9 Ibíd., página 123-124.
10 Ibíd., página 126.
11 Ibíd., página 72.
12 Ibíd., página 72.
13 Ibid, página 70.
14 Ibíd., página 71.

15 http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/013n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de marzo de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito una comisión especial para evaluar el modelo de adquisiciones en México, suscrita por los diputados Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El gobierno ha suscrito tres convenciones internacionales anticorrupción; en el marco del G-20 se encuentra la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, a nivel regional se encuentra la Convención Interamericana contra la Corrupción, mientras que a nivel internacional se tiene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En este mismo sentido, fundamentados en el Artículo 60 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que versa acerca de la “Capacitación y Asistencia Técnica”, en sus incisos, I, II, IV, VI y VII se transfieren las capacidades de un Estado Parte para solicitar la asistencia técnica para la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción.

Por encima del 50 por ciento de la población en México percibe que los niveles de corrupción en el gobierno han aumentado de forma alarmante. La gran mayoría de la población considera que la corrupción es un problema muy serio que se ha caracterizado por estar presente principalmente tanto en los partidos políticos, como en el Congreso de la Unión y en las policías con un 91, 83 y 90 por ciento respectivamente. Estos indicadores son una muestra clara que las acciones gubernamentales han dejado mucho que desear y que en lugar de buscar atacar de frente la corrupción, han coadyuvado a su permanencia.

Si consideramos que la percepción general respecto al sistema judicial es de un 80 por ciento de corrupción, y donde la gente ha tenido que desembolsar “sobornos” para poder acceder a recursos judiciales que en teoría deberían de ser gratuitos y expeditos, nos ayuda a sostener la tesis del Instituto Mexicano para la Competitividad, donde muestra que la corrupción representa un costo por persona de $165 pesos al día, misma que permea en la vida cotidiana de los ciudadanos y repercute de manera directa en la economía familiar, situación que ha incrementado de manera significativa la desigualdad. Esta práctica, de acuerdo al Banco de México, le cuesta al país alrededor del 9 por ciento del PIB anual, cantidad que es equivalente al 80 por ciento de la recaudación de impuestos a nivel nacional de acuerdo al Banco Mundial.

El informe “Peace and Corruption 2015” afirma que a medida que los costos en corrupción aumenta, los índices de paz disminuyen. De acuerdo, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entre los factores que afectan a las instituciones gubernamentales se encuentran la violencia, el crimen organizado y la confianza en los servicios policiales. Para dicha organización México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores, situación que se hace evidente al considerar que el costo de la violencia durante el año 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el “Índice de Paz Global 2015”, costo muy superior al 15 por ciento estimado por Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En los últimos años hemos sido testigos de grandes muestras de corrupción por parte de funcionarios de alto nivel de nuestro gobierno en materia de licitaciones, asimismo las empresas contratistas son favorecidas estos funcionarios quienes otorgan favores de alto valor económico a cambio de viajes de lujo, propiedades a precios de oferta o recursos monetarios. Los casos más representativos en lo que va del sexenio han recaído en el caso de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto y su esposa, la casa de Malinalco del Secretario Videgaray, la del Secretario Osorio Chong en Las Palmas, el fraude carretero del Viaducto Bicentenario en el Estado de México o el malogrado proyecto del tren México-Querétaro cuyo consorcio ganador fue Grupo Higa, contratista que se le conoce por su cercanía al presidente Peña Nieto.

Una de las acciones más recurrentes, tanto por el gobierno federal como por los estatales, ha sido la violación a los plazos de licitaciones. Las altas tasas de contratos irregulares han resultado en un alto número de contratos promedio por proveedor, situación que debería representar un foco rojo. Los estados con el mayor porcentaje de contratos irregulares son Baja California Sur con 24 por ciento, Nuevo León18.2 por ciento, Aguascalientes 17.1 por ciento, Estado de México 15.9 por ciento, Jalisco 15 por ciento y Veracruz 13 por ciento, mientras que el gobierno federal representa un 2.5 por ciento. Desafortunadamente, para muchos de los casos antes mencionados la sanción de los actos ilícitos cometidos se mantiene en espera permanente con miras al olvido de la sociedad y de la misma justicia.

El ejecutivo ha manifestado a lo largo del presente sexenio su firme compromiso con el combate frontal contra la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Según palabras del presidente EPN a mediados de marzo del presente año, el combate a la corrupción y la impunidad es tarea de todos. Al mismo tiempo manifestó que la corrupción no es privativo del ámbito público, sino también del privado y que a veces “van de la mano”.

A pesar de que la corrupción es considerada un mal endémico a nivel de Latinoamérica, el caso de nuestro país vecino Guatemala nos demuestra que es posible movilizar a una sociedad para exigir justicia; logrando dar golpes a las estructuras criminales y de corrupción en el estado, revelando redes de tráfico de influencias para beneficiar a empresas privadas, esquemas corruptos de financiamiento, y llegando a procesar incluso a sus funcionarios de más alto nivel.

Lamentablemente en México el combate frontal contra la corrupción se ha mantenido enérgico a nivel discursivo pero cobarde en su ejecución, carente de acciones concretas y frontales que permitan un verdadero avance hacia la transparencia. La falta de independencia, autonomía y margen de acción por parte de las instituciones encomendadas para erradicar y sancionar los actos de corrupción, ponen en evidencia la urgente necesidad de la participación de un ente imparcial e independiente que constituya un primer paso contundente contra un mal que ha sido caracterizado por el propio presidente como un “cáncer social”.

Por lo antes expuesto, se propone ante esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que bajo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción solicite a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), una comisión especial para la evaluación del modelo de adquisiciones en México que contemple: un muestreo de los proyectos de inversión y adquisiciones realizados en el presente sexenio y; un estudio y análisis de los 10 proyectos o adquisiciones de mayor inversión a realizarse en lo que resta de la actual administración. Dicha Comisión deberá presentar sus conclusiones que incluirán un estimado del costo de mercado del proyecto o adquisición y una lista de proveedores de reconocida integridad, con capacidad para cumplir con los objetivos de los proyectos o adquisiciones correspondientes.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que con base a los resultados del estudio y análisis de la comisión especial, lleve a cabo las acciones correspondientes que permitan licitar, concesionar y ejecutar dichos proyectos y adquisiciones bajo un marco de transparencia y eficiente rendición de cuentas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputados: Daniel Adrián Sosa Carpio, José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).

Con el punto de acuerdo, relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implantación de acciones para actualizarlos y difundirlos, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Matías Nazario Morales, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según cifras que nos presenta el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, en su Reporte de Cambio Climático de 2014, los desastres provocados por esta problemática han ido en aumento exponencialmente, cada vez se presentan temperaturas más extremas, tanto bajas como altas; la atmosfera y los océanos se han sobrecalentado, generando que el hielo de los polos se derrita, ocasionando a su vez el incremento del nivel del mar y el cambio de las corrientes marítimas, también se han apreciado fuertes precipitaciones en diversas regiones del mundo.

La injerencia del ser humano es más que clara, muestra de ello es que la producción de gases invernadero se ha incrementado desde la época preindustrial, y en los últimos años se han presentado los niveles más altos de la historia.1

México es un país que por su locación geográfica tiene una enorme riqueza y diversidad, pero al mismo tiempo existen cuestiones naturales que pueden afectar a la población de nuestro país, somos un país que cuenta con 11, 122 km de longitud de costas2 y nuestro territorio está encima de cinco placas litosféricas,3 distintos volcanes, etcétera; por esto y más México ha sufrido a lo largo de su historia con un sinfín de imprevistos por fenómenos naturales que desgraciadamente han cobrado la vida de muchos y un enorme costo económico. En base a esto el Estado mexicano tiene que cambiar su visión sobre estos temas, de reactiva a preventiva.

Se ha hecho bastante para generar protocolos, sistemas e instituciones que puedan atender las afectaciones a las que nuestro territorio es proclive. La Tormenta Manuel en 2014 es un ejemplo de la mala planeación, rectoría y ejecución que ha tenido el gobierno mexicano en las situaciones en las que la población lo necesita más, en especial los sectores más vulnerables de la población. México tiene el objetivo de ser un país desarrollado y su gobierno debe tomar este reto, debe crear instituciones que prevean y actúen de forma en que garanticen la seguridad de los mexicanos en todos los ámbitos existentes, debe de generar políticas públicas integrales que promuevan la sustentabilidad y la planeación ante siniestros de diferentes índoles, tiene que buscar los esquemas y opiniones de los expertos para encontrar soluciones correctas a los problemas del futuro.

En junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático”, el cual tiene como objetivo dar cumplimiento al derecho fundamental a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma garantizar la rectoría del desarrollo nacional, de manera integral y sustentable, a través de la regulación y fomento de actividades que demande el interés general, según lo establecido por el artículo 25 de la Carta Magna. Dentro de las herramientas, que contempla esta estrategia para cumplir con estos mandatos constitucionales se encuentra el Atlas de Riesgo.

La estrategia de la prevención establece tres pasos fundamentales. Primero, conocer los peligros y amenazas para saber dónde, cuándo y cómo nos afectarán. Segundo, identificar y establecer en el ámbito federal, estatal y municipal, las características y los niveles actuales de riesgo ante los fenómenos. Por último, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente los riesgos a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura, mejorando normas y procurando su aplicación; y finalmente, preparando e informando a la población para que sepa cómo actuar antes, durante y después de una contingencia.4

El Atlas de Riesgo es una herramienta que permite identificar los diferentes riesgos, el grado de exposición y la vulnerabilidad con la que nos afectan diversos siniestros, a través de estudios específicos; con el objetivo de minimizar los efectos de los mismos hacia la población, la infraestructura y el territorio nacional. Son sistemas que integran información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta la comunidad y su entorno.5

La elaboración del Atlas Nacional de Riesgo está fundamentada por la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Cambio Climático y la fracción XXII del artículo 19° de la Ley General de Protección Civil, las cuales confieren la atribución a la Federación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Mismo que tiene la tarea de crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, la aplicación y la coordinación de tecnologías.

Debido al terremoto de 1985 en la Ciudad de México, se propusieron muchas iniciativas para generar esquemas para la prevención y cuidado de la ciudadanía en situaciones catastróficas. El gobierno Federal estableció el Sistema Nacional de Protección Civil y el Gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en relación con la prevención de desastres sísmicos; por su parte la UNAM decidió impulsar a su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de investigación y desarrollo en prevención de desastres. Estas tres ideas concurrieron en la creación del Cenapred, con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación.6

El Cenapred integra el Atlas Nacional de Riesgos, con base en los Atlas Estatales y Municipales e información de instancias académicas y el Gobierno Federal. Mismos que deberán ser elaborados por las Entidades Federativas y los Municipios, a través de sus unidades de Protección Civil, de acuerdo con lo establecido en la primera fracción I del artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático, el cual también contempla que se deben considerar los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y las zonas de mayor riesgo.

Los Atlas de Riesgos deben incluir los siguientes tipos de fenómenos:7

• Geológicos: Sismo, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y hundimientos.

• Hidrometeorológicos: Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormenta de nieve y granizo.

• Químico – Tecnológicos: Incendios, explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames.

• Sanitario – Ecológicos: Epidemias, plagas, contaminación del agua, aire y suelo.

• Socio – Organizativo: Accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, concentración o movimientos masivos de población.

La estructura y contenido del Atlas Nacional de Riesgos es una plataforma informática apoyada en sistemas de información geográfica y bases de datos, entre las que podemos mencionar los mapas de peligros por fenómenos perturbadores, mapas de susceptibilidad, inventarios de bienes expuestos, inventarios de vulnerabilidades, mapas de riesgos y escenarios de riesgos.

Un Atlas de Riesgo tiene como finalidad, el ayudar a orientar los planes de desarrollo urbano y así gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de riesgo; mejorar los procesos de contratación de seguros de infraestructura estratégica; valorar los posibles escenarios de afectación por la presencia de algún fenómeno natural y facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre; así como brindar seguridad a las inversiones públicas y privadas en eventos perturbadores.

Sus utilidades pueden ser muy variadas, entre las cuales podemos enlistar las siguientes:8

• Conocer la frecuencia y la intensidad de los peligros en el territorio.

• Identificar los procesos físicos y sociales que genera el riesgo.

• Visualizar proyecciones a futuro del impacto de un fenómeno.

• Implementar medidas preventivas en infraestructura expuesta a un riesgo.

• Estimar el costo del impacto de un fenómeno.

• Estimar las necesidades de las áreas declaradas en emergencia o desastre.

• Concientizar a la población sobre los riesgos a los que está expuesta.

• Orientar políticas públicas para disminuir el riesgo, y por lo tanto, los desastres.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Conferencia Nacional de Gobernadores, y a las unidades de Protección Civil estatal, informen a la ciudadanía del estado actual del atlas de riesgo nacional o estatal, según corresponda.

Segundo. Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades antes citadas, a redoblar esfuerzos en actualización y difusión de los atlas de riesgos.

Notas

1 IPPCC. Climate Change 2014. . Synthesis Report, Nueva York: UNEP; WHO, 2014.

2 INEGI. Cuéntame... Economía. Pesca. 2010. http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema =E (último acceso: marzo de 2016).

3 Servicio Geológico Mexicano. Evolución de la Tectónica en México. Marzo de 2014. http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica -mexico (último acceso: marzo de 2016).

4 Cenapred; Segob. «Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos.» Cenapred. 2014. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf (último acceso: marzo de 2016).

5 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. «Atlas de Riesgos.» Seguridad. Guanajuato. s.f.
http://seguridad.guanajuato.gob.mx/atlas.php (último acceso: marzo de 2016).

6 Cenapred. Antecedentes. s.f.
http://www.cenapred.unam.mx/es/dirQuienesSomos/Antecedentes/ (último acceso: marzo de 2016).

7 Cenapred. «Atlas de riesgos: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLA SDERIESGOS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

8 Cenapred. «Atlas de riesgos: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLA SDERIESGOS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

Referencias bibliográficas:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. «Ley General de Cambio Climático.» Cámara de Diputados. Mayo de 2015. 1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130515.pdf (último acceso: marzo de 2016).

—. «Ley General de Protección Civil.» Cámara de Diputados. Junio de 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614. pdf (último acceso: marzo de 2016).

Cenapred. Antecedentes. s.f.
http://www.cenapred.unam.mx/es/dirQuienesSomos/Anteceden tes/ (último acceso: marzo de 2016).

—. «ATLAS DE RIESGOS: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLA SDERIESGOS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

Cenapred; Segob. «Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos.» Cenapred. 2014. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Congreso Constituyente. «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.» Cámara de Diputados. Enero de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm (último acceso: marzo de 2016).

INEGI. Cuéntame... Economía. Pesca. 2010. http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema =E (último acceso: marzo de 2016).

IPPCC. Climate Change 2014. . Synthesis Report, Nueva York: UNEP; WHO, 2014.

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. «Atlas de Riesgos.» Seguridad. Guanajuato. s.f. http://seguridad.guanajuato.gob.mx/atlas.php (último acceso: marzo de 2016).

Semarnat. «Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático.» Diario Oficial de la Federación. Junio de 2013.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013 (último acceso: marzo de 2016).Servicio Geológico Mexicano. Evolución de la Tectónica en México. Marzo de 2014. http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica -mexico (último acceso: marzo de 2016).

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 31 de marzo de 2016.

Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos locales, a garantizar y respetar la labor de los defensores de derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, establece en el artículo 1o. que

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en los planos nacional e internacional”.

2. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declara que el criterio identificador de quién debe ser considerado defensor o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no.

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los estados y por tanto genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”, y la estima fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también en la existencia plena de la democracia y el estado constitucional de derecho.

4. La Declaración sobre Defensores de la ONU indica diversas medidas que los estados deben adoptar para permitir y no obstaculizar el ejercicio de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.

5. Derivado de lo anterior, se adoptó en nuestro país el acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, y la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011 establece en su artículo primero lo siguiente:

“La Secretaría de Gobernación, por conducto del secretario, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales.”

6. Por su parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en 2012 tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

7. Sin embargo el panorama en México no refleja la aplicación de la ley anterior, situación que se refleja en el segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, el cual señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos. Poniendo en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.

8. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional han señalado que en México son las familias quienes están impulsando la defensa de los derechos humanos, por lo que es importante reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad sobre todo en un contexto marcado por la constante intimidación a éstos por actores tanto estatales como no estatales.

9. Entre los casos actuales de violación de los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, podemos resaltar el particular de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero; detenida el 21 de agosto de 2013 por soldados del Ejército y de la Marina y trasladada al penal federal de Tepic; acusada de secuestro por una acción en el desempeño de su cargo, reconocido por el gobierno estatal; sin embargo Nestora fue privada de su libertad.

10. Los casos de violencia y vulneración de sus derechos que atentan contra la integridad y vida de las defensoras y defensores de derechos humanos se cristalizan en amenazas, hostigamientos, agresiones, desapariciones, riesgos y asesinatos. La progresión de agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y los casos no atendidos son reflejo de una realidad que lacera la vida diaria de todas y todos los mexicanos y deja expuesta la cultura de impunidad y de nulo acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de derechos humanos y atiendan las obligaciones establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear un programa para detectar con oportunidad el VIH/sida en embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida,1 la estimación de adultos y niños viviendo con VIH y sida es de 170,000 y que cada año 9,300 personas lo adquieren, y un dato muy preocupante es que el porcentaje de personas infectadas que no lo saben es del 50%.

25 años de sida en México, logros desaciertos y retos, segunda edición. 2 Dice: La lucha contra el VIH/sida en México se sustenta en el fortalecimiento de las políticas de prevención, que incluyen la educación sexual, los métodos para evitar el contagio, como el uso del condón, el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales, y el combate al estigma y la discriminación asociados a este padecimiento. En México la incidencia del VIH/sida tuvo un crecimiento inicial relativamente lento, pero después presentó una fase de crecimiento acelerado que alcanzó su máximo en 1999. Entre 2000 y 2003 se mantuvo estable y empezó a descender en 2004. La tasa de mortalidad en adultos de 25 a 44 años inició una fase de descenso a finales de los noventa, que continúa a la fecha. En las mujeres la mortalidad se incrementó ligeramente entre 1997 y 2004, pero en los hombres se redujo. Los casos acumulados registrados hasta el final de 2006 sumaban poco más de 110 300 y se estima que más de 182 000 adultos son portadores del VIH. México ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en cuanto al número absoluto de casos, después de Estados Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ubica en el lugar 23. La epidemia de SIDA en México afecta sobre todo a grupos que mantienen prácticas de riesgo: la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es de 23%, en trabajadoras del sexo es de 2% y en usuarios de drogas inyectables de 6%, contra sólo 0.3% en la población general adulta. Es muy posible que la mortalidad por esta causa se contenga en el mediano plazo en nuestro país como resultado del desarrollo de nuevos antirretrovirales y el incremento del acceso a ellos. En México, desde 2003, todos los pacientes con VIH/sida tienen acceso gratuito a estos medicamentos. Es importante, sin embargo, no bajar la guardia y fortalecer las acciones tendientes a abatir la transmisión del virus. La principal vía de transmisión en México es la sexual; por esta razón es fundamental seguir promoviendo las prácticas preventivas, incluyendo el uso del condón, y combatir el estigma y la discriminación asociados a esta infección y este padecimiento. El objetivo final de estas estrategias es disminuir la transmisión del VIH en los grupos más vulnerables y evitar que se extienda a la población general. El programa de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual ha tenido un fuerte componente preventivo que ha estado basado en las mejores prácticas recomendadas internacionalmente y sustentadas en evidencias científicas, entre las que se incluyen la distribución gratuita y focalizada de condones y la detección de sífilis en mujeres embarazadas. Además se ha dado seguimiento a los pacientes con enfermedades de transmisión sexual y a los pacientes bajo tratamiento con antirretrovirales. Estas medidas, sumadas a las dirigidas a garantizar la calidad de la sangre para transfusión, han permitido atenuar tanto la incidencia como la mortalidad por sida.

Se estima que en el ámbito internacional existen 2.3 millones de niños menores de 15 años que viven con VIH, y más del 90% de ellos se infectaron por transmisión vertical, esto a pesar de que desde hace más de 10 años existe suficiente evidencia científica sobre las intervenciones pertinentes para disminuir en más del 98% la posibilidad de transmisión del VIH madre-hijo.

Las mujeres con VIH que se embarazan tienen del 20 al 45% de posibilidades de transmitir el virus a su hijo, si ésta no recibe alguna intervención comprobada que permita disminuir este riesgo a menos del 2 por ciento.

Las intervenciones que han demostrado su eficacia para prevenir la transmisión perinatal en el plano mundial son:

• Fortalecer el acceso a servicios de planificación familiar de calidad a toda mujer con VIH o sida

• Identificación sistemática de las mujeres embarazadas que se encuentran infectadas por el VIH en los servicios de salud prenatales a través de la oferta de pruebas de detección

• Garantizar que toda mujer embarazada con VIH o sida tenga acceso al tratamiento integral; evitando en lo posible el uso de esquemas profilácticos de último minuto con nevirapina, que han demostrado menor eficacia y mayor riesgo de presentación de resistencia viral

• Acceso a las intervenciones obstétricas seguras recomendadas en mujeres embarazadas con VIH y sida, como la cesárea electiva

• Consejería y apoyo para la alimentación artificial del bebé.

En resumen el documento dice: Podemos concluir que los desafíos para la prevención de la transmisión perinatal se encuentran vinculados a:

• Generar y analizar la información necesaria para identificar las principales razones por las que en México no se está logrando el impacto deseado en la prevención de la transmisión perinatal

• Identificar de manera oportuna a toda mujer embarazada infectada, garantizando la oferta de la prueba de detección a toda mujer embarazada, con consejería y en un marco de respeto a sus derechos

• Garantizar que toda mujer embarazada que sea detectada con VIH reciba el tratamiento antirretroviral altamente efectivo recomendado antes del parto y el paquete de intervenciones recomendado para su situación dentro de un esquema de atención integral para el VIH y el embarazo

• Mejorar la calidad, calidez e integralidad de los servicios dirigidos a personas con VIH, atención prenatal, natal, postnatal, planificación familiar, cáncer cervicouterino y violencia familiar y de género

• Instrumentar acciones de manera interinstitucional e intersectorial para incrementar la percepción de riesgo, la adopción de medidas preventivas y el empoderamiento de las mujeres que tienen la mayor vulnerabilidad para infectarse por VIH y otras ITS

• Incrementar las opciones y el apoyo a las mujeres con VIH, como una estrategia de oportunidad y de justicia social, que permita disminuir su dolor y las consecuencias negativas para ella y sus hijos; sobre todo considerando que más del 90% de los casos de transmisión perinatal son prevenibles si se actúa a tiempo

Fundamento legal

Aunado a lo anterior y de acuerdo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice en su cuarto párrafo textualmente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 3 de febrero de 1983).

Así como también el artículo 17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dice: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Y el artículo 18 de esta misma ley que dice: En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

En el artículo 50 de la misma dice: Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. Reducir la morbilidad y mortalidad;

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las Niñas y adolescentes;

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre estas;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida.

Así como también el Código Civil de la Federación en el Artículo 22 dice: La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para la creación de un programa intersectorial e interinstitucional para la detección oportuna del VIH/sida en mujeres embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, garantizando que reciban el tratamiento adecuado, en un marco de respeto a sus derechos.

Notas

1 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia /L_E_V_S.pdf

2 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/SIDA25axos-26mar.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear la comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano

El que suscribe, Diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las compras realizadas por el gobierno federal en sus diferentes formas, alcanzan año con año montos importantes y de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas compras pueden llevarse a cabo por cualquier de los tras siguientes métodos: Licitación pública, la que puede ser nacional o internacional, Invitación Restringida a cuando menos tres personas o bien, Adjudicación directa. Esta última generalmente ocurre cuando el bien o servicio que se contrata puede estar vinculado con la Seguridad Nacional o sólo existe un proveedor exclusivo de dicho bien o servicio.

Por su parte, la licitación pública se define de manera general como la principal herramienta por la que el gobierno promueve la competencia entre particulares asegurando obtener, mediante este proceso, las mejores condiciones de servicio, precio, calidad, generación de empleo, crecimiento económico y sustentabilidad en beneficio del interés público.

De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, editado por la UNAM, el interés público se define como: “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”.

Es pertinente precisar que en el proceso de licitación pública el gobierno es tan sólo un interventor cuya responsabilidad central es la invariable salvaguarda del interés de la Nación.

En este marco durante la presente administración han salido a la luz una gran cantidad de casos que evidencian la sospecha fundada de favoritismos y actos de corrupción. En esta legislatura diversos Grupos Parlamentarios han presentado claros puntos de acuerdo en los que denuncian diversas irregularidades en los procesos de licitación, invitaciones y adjudicaciones de bienes y servicios.

Uno de los más relevantes, presentado por Morena, solicita hacer públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en relacionados con la participación de la empresa OHL México y sus filiales con Pemex, CFE y la SCT, solicitando a la ASF auditorías profundas para determinar las responsabilidad de funcionarios y empresarios.

Hay también denuncias públicas sobre licitaciones que implican miles de millones de pesos en otros ámbitos. Por ejemplo hace unos días el nuevo director general de IMSS denunció ante la Cofece revisar una denuncia sobre una presunta colusión de laboratorios para ganar una licitación de pruebas de laboratorio y diagnóstico promovida por este instituto. Paralelamente en una licitación, en donde el SAT es la entidad convocante, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, conocido como PITA, la empresa ganadora no cumplió con los requisitos planteados en la Ley y en la propia convocatoria lo cual constituye una ilegalidad y debe, sin duda, ser sancionado y corregido.

Lo anteriormente expuesto es tan solo un botón de muestra de graves irregularidades que presentan los procesos licitatorios. En este sentido es crucial para el desarrollo del proceso democrático que el Poder Legislativo, en el uso pleno de su facultad fiscalizadora, señale las deficiencias del Poder Ejecutivo para que estas se corrijan en beneficio del interés público al margen de favoritismos y actos de corrupción para el beneficio de unos cuantos.

Es por ello que haciendo uso responsable de las herramientas que la Ley nos proporciona solicitamos la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y los Sistemas Operadores de Agua estatales a garantizar el acceso, la cantidad y la calidad de agua recibida por los habitantes del país, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El acceso, la calidad y la cantidad del agua están estrechamente vinculados a la pobreza. La falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social e iniquidad; la carencia de este servicio básico afecta prácticamente todos los aspectos de la vida de los individuos y es uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano y económico.

El acceso universal al agua potable es esencial en la lucha contra la pobreza, pero además es un factor fundamental para la gobernanza. La inequidad que se manifiesta en la carencia de este servicio público deteriora el tejido social y magnifica la exclusión de los grupos más marginados de la población.

Por ello, la provisión de agua limpia y saneamiento es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de desarrollo mundial.

Igual que la mayor parte de los países del mundo, México enfrenta un serio problema en relación con el agua potable. Aunque en febrero de 2012 se incluyó en el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, lo cierto es que casi 9 millones de mexicanos carecen del vital líquido; de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales.

En 2012, el país alcanzó cobertura de agua potable y alcantarillado de 92 y 90.5 por ciento, respectivamente; sin embargo, este dato esconde violaciones al derecho humano al agua, ya que incluye a personas que tienen red pero el agua la reciben por tandeo y/o es de mala calidad para consumo humano.

La Organización Mundial de la Salud señala que cuando la cantidad de agua es intermitente, aumenta el riesgo de que se contamine; esto también deriva en riesgos para la salud por el funcionamiento insuficiente de los sistemas de saneamiento.

Si bien la mayor parte de las personas que carecen de acceso al agua se encuentra en zonas rurales, existe un grave problema de acceso a este servicio en las zonas urbanas del país. En las ciudades mexicanas, la provisión de agua es menor en la periferia que en las partes centrales; el acceso depende del nivel de ingreso.

Las zonas donde vive la población con mayores recursos económicos tienen mejores servicios de agua y saneamiento en términos de calidad y frecuencia. La gente de las áreas más pobres es la que más paga por el líquido ya que compra aguas de pipa, agua embotellada para beber y filtros para limpiarla, e incluso tienen que acarrearla.

La Ciudad de México es un claro ejemplo de cómo la mala prestación del servicio de agua potable es fuente de iniquidad social y obstáculo para el desarrollo integral de sus habitantes.

Según datos del Inegi, los mayores problemas de contaminación en el agua se presentan en el valle de México y el sistema Cutzamala, seguidos por la península de Baja California. En 2005, 20 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México recibían agua potable por tandeo y tenían problemas con la calidad del líquido.

La antigüedad de gran parte de la red, el mantenimiento deficiente, entre otras causas, genera un elevado índice fugas, que se estima entre 36 y 40 por ciento; y 88 por ciento de las aguas residuales no recibe tratamiento. A ello se añade la insuficiencia de inversión en el sector, que generalmente se dedica a la solución de emergencias o programas con visión de corto plazo.

El 24 de julio de 2015, el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que 12 por ciento del agua en la capital es de mala calidad y ésta se suministra principalmente en la parte oriente, específicamente en Iztapalapa, una de las áreas con mayor nivel de pobreza de la capital.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, entre los principales problemas en el sector de agua potable y saneamiento en México destacan:

• Riesgos para la salud pública.

• Manejo insustentable de los recursos hídricos.

• Ausencia de estándares de servicio y mecanismos de rendición de cuentas.

Como bien señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a menudo, los grupos e individuos locales carecen de acceso a la información, son excluidos de la toma de decisiones acerca del agua y, por tanto, no disponen de capacidad de acción.

Sobre el último punto me dirijo a esta soberanía, a fin de que todos los sistemas operadores de agua del país tengan la obligación de contar con un sistema integral de indicadores de la calidad y cobertura del servicio de agua potable que puedan ser evaluados por instancias ciudadanas.

La iniciativa constituye un mecanismo innovador y estratégico para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en un esquema de buena gobernanza.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a los Sistemas Operadores de Agua estatales a garantizar el acceso, la cantidad y la calidad de agua que reciben los habitantes del país, buscando cumplir lo señalado en el artículo 4o. constitucional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del SAT, el SAE, la PGR y la CNBV a difundir las medidas en curso para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de Oceanografía, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presente punto de acuerdo tiene el propósito de citar a comparecer a los principales funcionarios de cuatro dependencias que han estado involucradas directamente en las investigaciones y el juicio por concurso mercantil de la empresa Oceanografía, SA de CV.

De acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Caso de la Empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República, el principal accionista es Amado Omar Yáñez Osuna, con 75 por ciento de las acciones; él se caracteriza por ser uno de los principales empresarios beneficiarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y en parte por el de Enrique Peña Nieto, al menos en lo que se refiere a no llegar al fondo del asunto.

Los otros accionistas son, con un 15 por ciento, Energy Group México SAPI, SA de CV, del que son accionistas Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, y los hermanos Rodríguez Borgio, empresarios gasolineras. Grupo Aknuuk, SA de CV, con 5 por ciento, en el que se llegó a decir que cuenta con inversiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Inmobiliaria Amagdez, SA de CV, con 4.94 por ciento, la cual también es de los Yáñez y Carlos Daniel Yáñez Osuna, con 0.003 por ciento y finalmente Alberto Duarte Martínez un 0.003 por ciento.

La Comisión del Senado también destaca que en las revisiones de la cuenta pública de Petróleos Mexicanos, Pemex, en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la Federación encontró serias irregularidades en la forma de operar de la empresa que dieron lugar a un sinnúmero de observaciones, mismas que fueron reportadas, en su momento, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Según ese informe, en 2006 se detectaron pagos de sobreprecio por la renta de buques; el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, el 6 de diciembre de 2007. Ese año, la Cámara de Diputados creó una comisión legislativa para darle seguimiento al pliego de observaciones. Un año después, el Ministerio Público federal determinó el no ejercicio de la acción penal.

La empresa Oceanografía, SA de CV, y sus principales accionistas volvieron a la luz pública a raíz de que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó, el 11 de febrero de 2014, de los procesos de contratación del gobierno, luego que Pemex encontró, en una revisión interna, ciertas irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas.

El informe señala que tanto Citigroup Inc., como Pemex, comenzaron la revisión de la exposición del crédito a Oceanografía, SA de CV, y de su programa de financiamiento de los últimos años. La medida de inhabilitación se publicó en el Diario Oficial de la Federación mediante una circular en la que se comunica a los estados, dependencias y entidades de la administración pública, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Oceanografía, SA de CV, por encontrarse inhabilitada por un año, nueve meses y 12 días.

El 28 de febrero de 2014, Citigroup Inc. informó que había descubierto un fraude en contra de su filial mexicana el Banco Nacional de México, Banamex, relacionado con la firma de servicios petroleros de Oceanografía, SA de CV. Derivado de lo anterior, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía, SA de CV, luego de que el grupo bancario Citigroup Inc. anunció la baja de sus resultados en 2013, por la cantidad de 235 millones de dólares netos, sin que aún se consideraran los montos que derivaron del supuesto fraude.

Se estima que la empresa Oceanografía, SA de CV, cometió un presunto fraude en contra de Banamex por la cantidad de 400 millones de dólares, derivados de la cesión de derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados entre la empresa y Pemex, por un total de 585 millones de dólares, de los cuales únicamente se encontraban respaldados por la paraestatal 185 millones de dólares. Finalmente, el 27 de febrero de 2014 se publicó el acuerdo de aseguramiento de la empresa y en julio de ese año entró en concurso mercantil.

Hasta ahora, esas acciones no han derivado en una investigación que profundice los términos de los contratos, la forma en que Oceanografía se convirtió en un proveedor de servicios estratégico y las participación de funcionarios y empresarios, incluso ejecutivos de Banamex, en una serie de eventos que provocaron la salida en octubre de 2014, de Javier Arrigunaga, su director general, y de Manuel Medina Mora de Citigroup, uno de los más altos funcionarios del corporativo.

En ese sentido, se considera que la participación de los funcionarios de la Procuraduría General de la República, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Sistema de Administración Tributaria y Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo que debería ser el cumplimiento de sus responsabilidades, ha puesto en riesgo recursos y patrimonio del sector público. Cabe señalar que, según un informe de la comisión de investigación del Senado, entre 2003 y 2013 obtuvo 106 contratos por 46 mil millones de pesos y en 2013 obtuvo 6 contratos por 3 mil millones de pesos.

Por lo que se refiere al desempeño de la procuradora, se advierte la presunción de un conflicto de intereses, ya que aun reconociendo que Oceanografía fue un instrumento para desarrollar actividades delictivas, que por consiguiente debió ser intervenida para proteger la fuente de empleo de una empresa que creció de manera acelerada y llegó a tener una importancia estratégica bajo la cobertura de funcionarios corruptos, facilitada por la intervención de Martín Díaz, familiar del exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz. De hecho, cuando era senadora, la actual procuradora Arely Gómez, se excusó de participar en la comisión investigadora, por reconocer que tenía vínculos familiares en cuarto grado con Martín Díaz.

Quizás eso explique porqué la funcionaria no promovió una intervención para investigar lo que se podría considerar el resultado más acabado de una sistemática y compleja trama de corrupción, que en apenas tres sexenios llevó a una empresas que en 2000 estuvo en riesgo de ser embargada, a formar un emporio gracias a las relaciones con funcionarios corruptos1 y a los jugosos negocios a costa de Petróleos Mexicanos y del patrimonio nacional. Así, optó por dejar que Oceanografía fuera intervenida mediante concurso mercantil, sólo para sanearla financieramente, sin investigar los hechos delictivos que habrían provocado un grave daño al patrimonio nacional.

Es necesario que la procuradora aclare la magnitud del daño a los distintos afectados, las intervención de los funcionarios de los distintos niveles, de las instituciones financieras y de las instancias reguladoras que propiciaron este fraude que en otros países habrían obligado a declarar a exsecretarios de Energía e incluso a expresidentes. El abuso de Oceanografía es tal que incluso se sabe de uso indebido de propiedades privadas en Campeche, que fueron invadidas por Oceanografía con la protección de funcionarios públicos. Por eso es necesario que comparezca la Procuradora Arely Gómez, porque también es necesario saber porque, una vez detenido en Estados Unidos Martín Díaz, no fue posible extraditarlo a México, para que aquí declare cómo llevó a cabo sus operaciones ilícitas.

La evolución del concurso mercantil no deja lugar a dudas y el convenio aprobado por el juez tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe V Consuelo Soto, abre la posibilidad de que este terrible caso de corrupción sea olvidado. En dicho convenio se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, en consecuencia, dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos. Asimismo, y sin perjuicio de lo determinado en los numerales citados, al existir incidentes y acciones supuratorias pendientes de resolver, deberán llevarse a su conclusión, según lo que en derecho proceda.

Finalmente, establece, con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso mercantil. Por lo que en su momento se ordenará al conciliador la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos.

No se debe olvidar que ese Juez fue el mismo que intervino en el caso de Mexicana de Aviación, caso en el que salvo algunas que supuestamente reflejaban sensibilidad para con los trabajadores de la empresa, en realidad no hizo nada, en ese caso, para recuperar la fuente de empleo y castigar al responsable de la crisis. Todo indica que sólo buscó librar de responsabilidades a un empresario corrupto consentido del régimen y es lo que está haciendo ahora con Oceanografía.

El problema está en que su propuesta de convenio no ha sido aceptada por el Servicio de Administración Tributaria. El miércoles 23 de marzo2 , trascendió que el SAT impugnará ese fallo porque implica el desconocimiento de un crédito mercantil por 18 mil millones de pesos. Lo cierto es que se requiere que el SAT despeje las dudas que existen acerca de la deuda de Oceanografía con esa instancia de recaudación y, sobre todo, se debe aclarar cómo se protegerán los recursos públicos afectados.

En el caso del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quedó claro que su intervención administrativa no tuvo la intención de investigar las causas del acelerado enriquecimiento del dueño de Oceanografía, de sus relaciones con los funcionarios de Pemex, así como las condiciones contractuales que fueron determinantes en el sorprendentemente acelerado crecimiento de la empresa privada.

Es importante tener presente que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, como administrador de la empresa en concurso mercantil estaba obligado a realizar inventarios de bienes y registrar e informar en detalle los adeudos y pasivos fiscales, para que fueran considerados por el juez en el análisis del caso. El SAE informó al Senado que “La Ley de Concursos Mercantiles otorga al juez facultades para proteger los activos de la empresa, proteger los derechos de los trabajadores y reconocer a sus acreedores sin detener sus operaciones. La demanda de concurso mercantil y las medidas cautelares “han permitido el flujo de recursos a la empresa para mantener su operación, proteger la masa concursal y maximizar el flujo de recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones más urgentes”. Y menciona que eso es necesario dado que “su operación es de importancia nacional en razón a los servicios que presta a Pemex y Pemex Exploración y Producción”3 .

El problema está en que ahora que se ha comenzado a divulgar la posibilidad de que se firme el convenio con los acreedores, que permita levantar el Concurso Mercantil, aún hay denuncias de empresas y empleados que ofrecían sus servicios a Oceanografía, que no han recibido una respuesta a sus demandas de protección de derechos por parte del interventor. En contra de los establecido por la Ley de Concursos Mercantiles. Incluso, hay denuncias de propietarios de terrenos cercanos a los muelles, que les fueron invadidos por Oceanografía, con el apoyo cómplice de autoridades locales, porque de esa manera aumentaba sus activos que presentaba como garantías para negociar créditos. Nada de eso ha sido atendido como lo ordena la Ley por parte del interventor del SAE.

Efectivamente, el funcionario del SAE argumentó que se dedicó a sanear la empresa, como una forma de garantizar esos derechos. El problema está en que no ha explicado cómo lo hizo, si en el informe de la intervención reconoció que Oceanografía tenía obligaciones de pago por 17 mil 823 millones de pesos y sólo disponía de activos líquidos por un mil 76 millones de pesos. ¿Otra vez incurrieron en contratos abusivos a costa de Pemex?

Finalmente, se requiere la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que explique la calidad de la regulación que se aplica en México y de la fuerza de las sanciones que se imponen ante malos manejos o ilícitos. Es importante conocer cuál fue la verdadera causa de la salida del director de Banamex y de la remoción de Manuel Medina Mora, porque esos hechos no se pueden desvincular de las investigaciones en torno a las acciones ilícitas de Oceanografía.

Hoy que se pretende cerrar el caso de uno de los hechos delictivos más importantes de los últimos años, sin culpables, sin sanciones, sin una investigación a fondo, en la que los funcionarios responsables dejaron muchas preguntas sin responder a la comisión especial del Senado, persisten muchas dudas y la importancia del tema no permite dejarlas en el olvido. Urge que los funcionarios involucrados proporcionen el “Libro Blanco” de la intervención a Oceanografía, y de las operaciones que hicieron para sanear su operación.

Por lo motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora general de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que difundan las medidas que han llevado a cabo en el ámbito de sus respectivas responsabilidades para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía, SA de CV.

Notas

1 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/opinion/nacional/199287-oceanografia- los-bribiesca-gil-diaz-los-perez-jacome-otra-vez

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/03/23/economia/023n3eco

3 “Informe a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República”. Septiembre de 2014, páginas 42.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica) y Rogerio Castro Vázquez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Veracruz a consignar ante el juez de la causa en turno el expediente inv. minist: 592/15/1esp/ver/05 mesa i, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o intimidación, aprovechándose de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima.

El delito de violación, según lo establecen la legislación, jurisprudencia y los diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos: la copula, la falta de consentimiento de la víctima ya sea utilizando violencia física o moral.

• Cópula. La cópula es la acción de “juntarse sexualmente”, según cualquier diccionario. Esta definición de uso común no es suficientemente precisa para el derecho penal, que se aplica de manera muy estricta.

• Falta de voluntad y violencia. Es elemento normativo que indica que debe usarse la fuerza corporal o romper con otra conducta la voluntad de pasivo.

Bien jurídico tutelado

Se protege la libertad sexual, es decir la actuación sexual. La violación sexual se configura cuando la actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual de otro sujeto.

Sujetos del delito

• Sujeto Activo. Puede ser cualquier persona física independientemente del sexo que con violencia física o moral efectúa el coito con otra persona.

• Sujeto pasivo. Puede ser cualquier persona con independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, púber o impúber etcétera.

Objetos del delito

• Objeto jurídico. Es el bien jurídicamente tutelado por la norma penal; éste es, la libertad sexual de todo individuo de realizar relaciones sexuales con el sujeto que quiera.

• Objeto material. Es el sujeto pasivo, ya que en su cuerpo se realiza el fin del delito, o sea, el coito por medio de la violencia tanto física como moral.

Clasificación del delito de violación

• En función de su gravedad.

• La violación, es considerada como un delito, dentro de la clasificación bipartita, debido a que su sanción va a estar a cargo de la autoridad judicial no en una autoridad administrativa como sucede con las faltas.

• En orden a la conducta del agente.

• En este punto, los delitos pueden ser de acción o de omisión y dentro de este último supuesto, de omisión simple y de comisión por omisión.

• El ilícito de violación es eminentemente de acción, porque en su ejecución, necesariamente deben efectuarse movimientos corpóreos o materiales.

• Por el resultado.

• Es un delito material, porque en su realización se produce un resultado material, el cual es la cópula obtenida mediante violencia física o moral.

• Por el daño que causan.

• La violación es de lesión debido a que causa un menoscabo al bien jurídicamente tutelado, el cual es la libertad sexual que poseemos todos los individuos.

• Por su duración.

• Es de realización instantánea, en el mismo momento de su ejecución se consuma el acto delictivo; se comete mediante la realización de una sola acción única, o bien, de una compuesta por diversos actos que entrelazados producen el resultado, atendiéndose esencialmente a la unidad de la acción.

• Por el elemento interno.

• Es un ilícito doloso, porque el agente tiene la plena voluntad de realizarlo; es decir, al efectuar la cópula por medio de la violencia física o moral, es evidente que desea el resultado del hecho delictivo.

• En función de su estructura.

• Es simple, porque en su contenido, únicamente se tutela un bien jurídicamente tutelado, el cual es la libertad sexual.

• En relación al número de actos.

• Es unisubsistente el delito de violación, debido a que se ejecuta en un sólo acto, al realizar la cópula por medio de la violencia física o moral.

• En relación al número de sujetos.

• Es unisubjetivo, porque el texto legal así nos lo expone al mencionar las palabras “Al que...”, con lo cual entendemos que basta la participación de un sólo sujeto para que se colme el tipo penal.

• Por su forma de persecución.

• Es de oficio, por lo cual la autoridad tiene la obligación de perseguirlo aún en contra de la voluntad del ofendido; no opera el perdón del agraviado.

• En función de su materia.

• Es un delito de relevancia en materia común, debido a que será sancionado en la jurisdicción del estado o de la Ciudad de México, según en donde se cometa.

En días pasados a través de las redes sociales se dio a conocer la carta del señor Javier Fernández ¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! Carta de un padre destrozado a los familiares de los victimarios de su hija en donde les exigía que pararan las calumnias en contra de ella, a pesar de haber aceptado la comisión un delito tan grave como lo es de violación de una menor.

Los presuntos responsables de estos hechos y señalados por la víctima son Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de empresarios y políticos veracruzanos, que han gozado de la impunidad que impera en el estado en específico de la fiscalía general y su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, quien no ha determinado, ni siquiera ha consignado al juez de la causa el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I.

El tema de la impunidad en Veracruz no es un tema nuevo, se matan periodistas, desaparecen jóvenes a manos de elementos de seguridad, secuestros, homicidios, feminicidios y como este caso, violaciones a la seguridad y libertad sexual de las mujeres.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, doctor Javier Duarte de Ochoa, así como al fiscal general del estado de Veracruz, maestro Luis Ángel Bravo Contreras, para que se determine y consigne a la brevedad al juez de la causa en turno, el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar con las Procuradurías de los estados un proceso de simplificación y armonización de procedimientos para activar la Alerta Amber, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El protocolo nacional de la Alerta Amber en nuestro país fue publicado y puesto en operación el 2 de agosto de 2012, sin embargo este mecanismo ha sido poco difundido por las autoridades ministeriales de México. La Alerta Amber es un sistema masivo de notificación de menores de edad desaparecidos, de cero a 18 años que se ha puesto en práctica en varios países debido a su alta efectividad.

2. Amber es un acrónimo en inglés de las palabras America’s Missing Broadcasting Emergency Response y se relaciona con el caso de la niña Amber Hagerman, quien fue secuestrada y días después localizada sin vida en Arlington, Texas. En el mecanismo de la alerta se establece que en el robo, desapariciones y secuestro de menores de edad, las primeras horas del delito son vitales para que la autoridad y sus organismos policiales intervengan, ya que ésta se emite inmediatamente por medios de comunicación, televisión, radio, internet, pantallas electrónicas, para que la foto sea conocida por el mayor número de personas y pueda evitarse el delito.

3. Para activar la alerta se requiere de la denuncia y que la autoridad que conozca de la misma “considere” que la persona menor de 18 años se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional; de este modo la autoridad ministerial una vez que valida la desaparición del menor, cuenta con su foto, de los sospechosos y “suficientes” datos adicionales, realiza la Alerta Amber a nivel nacional, aunque en el protocolo se tiene estipulado que exista una pre-alerta en la cual se pueda iniciar la búsqueda aun cuando el caso no cumpla con todos los “criterios” de una alerta.

4. El gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada son los principales involucrados en la puesta en marcha y aplicación de la Alerta Amber, a quienes se suman la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. También están involucrados la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5. Para poder activar la Alerta Amber, los autorizados son la Procuraduría General de la República a través de la coordinación nacional, y cuando sea necesario, se coordinará con los enlaces estatales, ya que la solicitud se enviará al enlace de la Secretaría de Seguridad Pública quien activará la alerta a través de Plataforma México, con la información vertida en un formato único. En un siguiente paso, los medios de comunicación en los que se podrán apoyar las autoridades para la difusión son TV, radio e internet, a través de redes sociales.

6. De conformidad con el protocolo establecido el 2 de agosto de 2012, cada entidad federativa contará con una Coordinación Estatal de Alerta Amber, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la procuraduría general de justicia de cada estado o fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del protocolo como enlace Amber; las funciones del enlace será determinar los casos de la activación, actualización y desactivación de la alerta, además de coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión.

7. Los protocolos estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la administración pública federal que integran el programa nacional y remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la coordinación nacional, además de reportar al enlace de la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) de las entidades federativas, cada caso que sea susceptible de activación de una alerta o prealerta y todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para alimentar la base de datos a nivel nacional.

8. La función de Alerta Amber-México, es lograr con éxito la localización y la reintegración a sus hogares de las niñas, niños y adolescentes, a pesar de que la alerta ha sido una herramienta útil en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir alguna lesión, aún falta afinar este protocolo y estandarizar criterios en todos los estados de la República en pro de las niñas, niños y adolescentes, en este tenor el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dentro de sus observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México externó su preocupación por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha dado como resultado un alto número de asesinatos de niñas y niños; y en ese contexto se ve amenazado el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de niñas y niños y una de las preocupaciones del comité es el alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de diez años; en ese sentido instó al Estado mexicano a simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber con el fin de realizar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna.

9. A pesar de la aguda problemática por la que atraviesa el país en materia de desapariciones, aún se carece de cifras precisas sobre la desaparición de niños, a pesar de que este fenómeno debiese ser una emergencia nacional, por su incremento en los últimos años. La tendencia al alza de las desapariciones de menores coincide con el aumento del crimen organizado y la guerra que emprendió el estado contra los grupos criminales, esa violencia armada que se ha generalizado en México en los últimos años ha tenido un impacto negativo en la dinámica de la vida de los adolescentes y de los niños, la generalidad en los estados de la República es que lleve 72 horas abrir una averiguación previa por una denuncia de desaparición y no se diga en el caso de mujeres adolescentes, pues sus familiares encuentran siempre reticencias para que sea iniciada una investigación por la desaparición de mujeres jóvenes menores de edad.

En el caso de la Ciudad de México, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) que en teoría tiene el grado más alto de efectividad en localización de personas desaparecidas tiene un número muy pequeño de policías judiciales con serias limitaciones financieras y lo más grave: incapacidad técnica y profesional para hacer investigación de los casos. Con esto, la desaparición de un niño vinculándolo a una hipótesis al crimen organizado lleva la garantía de impunidad, lo que se repite en todos los estados.

10. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha solicitado al Estado mexicano actúe ante la creciente percepción de un mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas, y que se cuente con un sistema de respuesta completa, un sistema único o disponibilidad pública de datos para visibilizar el problema. Lo que sin duda ha repercutido en el desarrollo de las últimas generaciones de niñas y niños mexicanos, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 personas ya no dejan salir a sus niños a la calle o al espacio público por miedo a la inseguridad.

Es necesario generar sistemas de información únicos que permitan conocer la dimensión de la desaparición, extravío, ausencia de niños y adolescentes en todo el país, porque aún y cuando existe el Programa Nacional Alerta Amber es competencia estatal contar con su información o el registro de sus casos de desaparición. Por lo que también debiese ser urgente y prioritario para el Estado mexicano estandarizar los protocolos de alerta y búsqueda de niñas y niños desaparecidos en México.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con las procuradurías estatales, inicie un proceso de simplificación y armonización en las entidades federativas de los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber con el fin de realizar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna, eliminando criterios discrecionales y subjetivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de la averiguación previa sobre Walter Suk por el delito de abuso sexual contra menores de edad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en el artículo 79, fracciones IV y VI y el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario Morena presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Este pasado domingo, se detuvo en Acapulco, Guerrero a un ciudadano canadiense de nombre Walter Suk de 68 años de edad bajo la “supuesta” conducta de pederastia, ejercida contra una menor de 3 años de edad. Se le ingresó a la Agencia de Delitos Sexuales del puerto de Acapulco, el Ministerio Público en Delitos Sexuales integró la averiguación previa TAB /EDS /02/0272/2016 por el delito de abuso sexual de personas menores de edad, donde debe encontrarse hasta el momento. Sin embargo se teme que este individuo quede libre el día de hoy hacia las dos de la tarde, porque en el estado de Guerrero, la pederastia no se tipifica como delito grave y puede salir libre con una fianza de cincuenta mil pesos. Este hecho está rodeado de varias agravantes, primero la conducta ilícita fue grabada con un celular y se aprecia que la menor fue manoseada y besada cuando por lo menos el testimonio grabado muestra que el padre de la menor estaba presente, pero otros testimonios afirman que también estaba la madre, que no sabemos si es Juana Epitacio Santos, madre de una de las menores afectadas, que fue quien presentó la denuncia por besar y tocar a su pequeña cuando se encontraba en la avenida Costera Miguel Alemán, También periodistas locales, refieren que estas conductas son pasadas por alto tanto por las autoridades como por los comerciantes de la zona de tal forma, que le llaman a este lugar “el paraíso de los pederastas”. También se evidencian un alto grado de descomposición social y familiar, la vulnerabilidad de pequeñas y pequeños que se vuelven susceptibles al halago y que sin saber plenamente qué sucede permiten tocamientos que devienen más tarde en violaciones de desconocidos que les ofrecen desde alimentos hasta juguetes o alguna prenda de vestir. Esto transforma a toda esa población infantil en sujetos explotados sexualmente, pues quedan enganchados en las redes de la prostitución infantil.

Por lo anteriormente expuesto y con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga el caso de la averiguación previa TAB /EDS /02/0272/2016 por el delito de abuso sexual de personas menores de edad (doloso) contra Walter Suk.

Segundo. Se exhorta de la manera más respetuosa y con estricto apego a su Soberanía, al Congreso del estado de Guerrero para armonizarla legislación de la materia, para que esta clase de delitos sean tipificados adecuadamente y se aplique a quienes los cometan todo el rigor de la ley.

Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Tamaulipas a implantar acciones para mejorar el índice de seguimiento de denuncias, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho requiere para su consolidación instituciones fuertes, capaces de cumplir los objetivos en que sustentan su existencia. La ley se convierte de esta manera en el eje rector del actuar de instituciones y autoridades que componen la estructura estatal.

Asimismo, la impartición de justicia figura entre las funciones principales del Estado, pues es este quien mediante las diversas leyes y reglamentos busca la convivencia armónica entre los miembros de la sociedad.

La capacidad para imponer los límites de actuación de las autoridades, así como las sanciones o penas a los infractores, resulta ser de vital importancia en medida que permite identificar y castigar todo tipo de abuso que perturbe la paz social y que impida un desarrollo integral para los ciudadanos.

Sin embargo, en México, la impunidad y la corrupción han permeado en gran medida a las instituciones encargadas de dicha función. Falta de prontitud y nulo carácter expedito de la justicia, disminuyen de manera significativa la calidad de impartición de justicia en nuestro país y hacen evidente que una justicia a destiempo es una injusticia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, realizada por el Inegi, la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y perseguir el delito en el país, ha ocasionado que 73.2 por ciento de la población de 18 años o más, considere que vivir en su estado es inseguro, situación que repercute en la economía familiar, pues genera un costo promedio por persona en gasto en medidas de protección de 5 mil 861 pesos a escala nacional.

La falta de credibilidad institucional, la baja percepción de seguridad de la ciudadanía y los procesos poco expeditos repercuten de forma directa en el número de delitos que son denunciados, ya que de acuerdo a la misma encuesta se estima que 92.8 por ciento de los delitos que se cometieron en 2014, no fueron denunciados y por ende, no se realizó averiguación previa, acrecentando así el número de delitos que no fueron castigados o sancionados por una institución judicial.

De las denuncias realizadas, 58.8 por ciento no fue resuelto, lo cual es de suma preocupación, pues muestra la incapacidad de las instituciones para dar seguimiento a los procesos judiciales, y peor aún para dar resolución a los problemas e impartir justicia.

En el caso particular del estado de Tamaulipas, y de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, los cinco delitos del fuero común con mayor incidencia son: robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, otros robos y lesiones.

Sin embargo, por su ubicación geográfica, en la frontera norte del país, en Tamaulipas se han registrado casos de abusos graves hacia los migrantes, siendo el caso de los 72 migrantes asesinados por un cártel mexicano en 2010 uno de los más conocidos y objeto de múltiples recomendaciones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), principalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de fallas en la investigación y en los procedimientos realizados.

En los últimos cinco años, la CNDH ha emitido numerosas recomendaciones a las autoridades locales tamaulipecas por indebida procuración de justicia principalmente en casos de desaparición y trata de personas. La cifra negra que se registra en Tamaulipas es de 91.9 por ciento, porcentaje que muestra que la mayor parte de los delitos que se cometen en la entidad no son denunciados ante las autoridades.

Pese a que el mayor porcentaje de delitos en dicho estado no se denuncia, las instituciones encargadas de la procuración de justicia muestran su incapacidad en lo que refiere al seguimiento a los delitos puesto que, de 36,867 averiguaciones previas determinadas, sólo hay 3 mil 895 causas penales en primera instancia abiertas.

De los 43 mil 26 inculpados o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas abiertas, sólo hay 4 mil 902 procesados o imputados registrados en las causas penales en primera instancia. Y de estos 4 mil 902 procesados, únicamente hay 2 mil 42 sentenciados en las causas penales en primera instancia totales.

Por lo anterior se estima que en la entidad, por cada averiguación previa y carpeta de investigación abierta, se aprehende y se sentencia a 0.05 personas.

Dichas cifras son muestra clara de la poca calidad y eficiencia de la procuración de justicia en la entidad, así como un factor de alta importancia en lo que a la confianza ciudadana se refiere. La impunidad es un fenómeno social patológico y genera incentivos perversos en el sistema en el que se presenta, también incrementa la corrupción y aumenta de manera significativa el número de delitos que quedan sin ser denunciados, investigados y, en su caso, castigados.

Como tamaulipeco y ciudadano consciente de los problemas que aquejan a la región, a fin de impulsar acciones que permitan fortalecer nuestro gobierno, me permito señalar que el sentimiento de desconfianza hacia los servidores públicos e instituciones encargadas de brindar justicia a la población, los trámites de denuncia sin resolución y, por supuesto, la percepción generalizada de inseguridad, son muestra clara de la ineficiencia e ineptitud con la que opera actual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Lo anterior ha dado pie a que continúen los altos índices de violencia e inseguridad, donde más de 3 millones de personas viven con el temor de ser secuestradas, desaparecidas o incluso asesinadas a la vista de todos y en total impunidad.

Por lo expuesto se propone ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al procurador general de Justicia del Estado de Tamaulipas a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar los índices de seguimiento de denuncias, subsanando las múltiples deficiencias que hasta el momento han impedido una pronta y efectiva expedición de justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Consar a instaurar vías para que las Afore vuelvan eficientes sus sistemas de información, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante a la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es una prestación complementaria del Sistema de Pensiones, el cuál fue creado el 1o. de mayo de 1992. Mediante éste, el trabajador va creando un fondo que aumenta sus recursos para que al momento de su retiro pueda llevar una vida más digna.

Se compone de una cuenta individual a nombre de cada uno de los trabajadores y está conformada por dos subcuentas:

• La subcuenta de ahorro para el retiro.

• La subcuenta del Fondo de la vivienda.

Como es una prestación adicional para los Trabajadores al Servicio del Estado, son las propias dependencias y entidades donde laboran los trabajadores, quienes tienen la obligación de realizar las aportaciones por lo que no afecta tu salario.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tiene como labor fundamental regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las Afore, esto significa que Consar regula a las Afore de la siguiente manera:

• La Consar establece las reglas para que el SAR funcione adecuadamente,

• Vigila que se resguarden adecuadamente los recursos de los trabajadores.

• Supervisa que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la Comisión (Régimen de inversión).

• Se asegura de que brinden la información requerida para los trabajadores, es decir, que te envíen tu estado de cuenta tres veces por año.

• Está facultada para imponer multas a las Afore y sanciones a los empleados de éstas en caso de algún incumplimiento.

Estas funciones se complementan en materia de rendición de cuentas con lo que se establece en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en su art. 18 fracción IV la cual establece que las afores tienen la obligación de enviar, por lo menos tres veces al año de manera cuatrimestral , al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales de acuerdo a lo que señala la propia legislación.

De esta manera las Afore tienen la obligación por Ley de entregar un Estado de Cuenta, el cual es el documento con el que se puede demostrar que es el dueño de una Cuenta Individual, y es requerido para diferentes trámites como: retiros, créditos de vivienda y cambios de Afore.

Sin embargo, en fechas recientes se han acercado diversas organizaciones y gremios sindicales para exponer sus demandas de diferentes temas de orden laboral entre los que se encuentra el recibir su estado de cuenta que permite conocer los movimientos que tienen los fondos de los trabajadores ya que no llegan de manera puntual en el mejor de los casos, o simplemente no llegan. Lo que ocasiona incertidumbre en el trabajador acerca del manejo y destino que tienen estos fondos que formaran parte de los montos de su pensión.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, instrumentar las vías necesarias para lograr que las afores eficienticen sus sistemas de información, entregando en tiempo y forma sus estados de cuenta a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a implantar medidas para prevenir y detener la violencia sexual contra las mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes para detener las violaciones sexuales a mujeres en el transporte público de la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Existe una amplia evidencia que documenta que la violencia de género tiene un impacto mayor sobre mujeres que sobre hombres, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los espacios públicos en que las mujeres enfrentan mayor violencia está el transporte público, el cual es un ámbito poco estudiado y en el que ocurren delitos sexuales que no se denuncian. Ello representa un problema grave de discriminación que limita la seguridad, libertad de tránsito y movilidad de las mujeres en el espacio urbano, lo que afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo.

II. Un informe de 2008 realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, subraya que debido a la realización de múltiples actividades, se ha observado en distintos estudios que las mujeres realizan desplazamientos más cortos y a lugares más diversos en el entramado urbano que los hombres, tales como dejar a los/las hijos/as en guarderías o escuelas, hacer las labores de abastecimiento familiar y de compras relacionadas con las necesidades familiares, llevar a las y los hijos o parientes al médico, realizar gestiones o trámites familiares, etc., lo que ocasiona que utilicen el transporte público de una manera más frecuente.

De este modo, la violencia sexual cotidiana a la que están expuestas las mujeres en el transporte público implica para muchas ampliar los tiempos de traslado al buscar vías alternativas seguras, asumir mayores costos en el traslado al buscar modos de transporte seguros aunque más caros, delimitar las rutas, los espacios, los modos y los horarios de traslado, lo cual redunda en una serie de limitaciones que las mujeres deben tomar en consideración al momento de decidir llevar a cabo un desplazamiento.

Aunado a lo anterior, la violencia sexual en el transporte es una situación que tiene como consecuencia inmediata que las mujeres sientan inseguridad y temor al utilizar con libertad este espacio, lo cual tiene, a su vez, repercusiones negativas en su movilidad, independencia y autonomía.

III. Aunque las cifras ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no son concluyentes, el estado de México es una de las entidades con mayor prevalencia de violaciones sexuales. La impunidad que goza este delito en la entidad ha sido documentada por diversos medios desde hace poco más de 6 años.

La violencia contra las mujeres en el estado, generó que el pasado 29 de julio de 2015 la Secretaría de Gobernación declarara para once municipios de la entidad, la alerta de violencia de género en el marco de lo establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IV. Las cifras oficiales señalan que el Estado de México ocurren en promedio 246 casos de violaciones sexuales al año, según estadísticas oficiales, sin embargo tan sólo el primer trimestre del año pasado se registraron hasta 350 casos.

V. El estado de México ha sido una de la entidades más marcada por la violencia sexual en los medios, teniendo incluso casos paradigmáticos, como el de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco, o la fuga y recaptura de César Armando Librado, El Coqueto, quien violó y mató por lo menos a siete mujeres. Y las bandas de violadores que operan en taxis y microbuses piratas. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco.

VI. El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.

VII. De las problemáticas más graves que se presentan en el transporte público del estado de México, destacan los asaltos a mano armada que han ocasionado muertes, acoso sexual hacia mujeres, violaciones y el maltrato constante de los conductores hacia los pasajeros; formas de violencia cotidiana que enfrentan los usuarios de transporte mexiquense.

Sin embargo, los programas de atención del delito como la instalación de cámaras de vigilancia, o de botones de pánico, cubren hasta la fecha apenas el 1 por ciento del total de unidades del transporte público que circula diariamente en la entidad.

VIII. Una encuesta realizada por “El Poder del Consumidor”, y la encuestadora Dinamia el año pasado arrojaron que ser mujer y subirse a un microbús representa el escenario en el que resulta más probable sufrir acoso sexual en el transporte público.

La pesquisa tuvo como muestra a 1,400 usuarios que atraviesan por puntos críticos de movilidad entre el Distrito Federal y el Estado de México. De los resultados más relevantes destaca el hecho que el 32% de ellos aseguró que alguna vez ha sido víctima de acoso en el transporte. La mayoría de los casos han sido de mujeres, ya que 48% contestó que lo ha sufrido, pero también hubo 17% de hombres que aseguró haber sido acosado.

En seis de cada 10 casos, se ha tratado de acoso físico, y en otros dos, de tipo verbal. Además, hay 15% que considera que fue objeto de acoso visual y 5% dice que lo ha sufrido en todas sus formas.

IX. En diciembre de 2012, la PGJEM reconoció un incremento de violaciones en transporte público a partir del citado caso del “coqueto” sin embargo, nunca se hicieron públicas las medidas del gobierno estatal para combatir este delito en franco aumento y que hoy sigue cobrando víctimas.

X. El pasado 25 de marzo una de estas violaciones que repetidamente han sido documentadas en medios –sobre todo a través de testimonios que nunca terminan en denuncias, o que si lo hacen jamás obtienen justicia-, fue narrada por la periodista Elisa Alanís, del diario El Universal, en el que con un sano afán de no revictimizar a su compañera, quien fuera la persona ultrajada, omitió su nombre en su columna.

La violación ocurrió en el transporte público, como muchas más que se hallan descritas en diversos medios –sobre todo aquellos de nota roja, que a diario dan cuenta del horror que se vive en la entidad-, y que generalmente tienen como escenario esa periferia de la ahora Ciudad de México, dónde se encuentran Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Tláhuac, Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Cuatitlán Izcalli, Atizapán, Naucalpan, y sobre todo Ecatepec, que ha sido una de las demarcaciones más señaladas.

La realidad es que la precaria calidad de vida de las personas que viven en la periferia de una de las Ciudades más grande del mundo, así como sus problemas tienen su epítome en la violencia de género que hoy perturba la vida de las familias mexiquenses.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes para prevenir y detener la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público de la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

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Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Jim Sinclair

El niño autista tiene una mirada que no mira, pero que traspasa. En el lactante, se suele observar un balbuceo monótono del sonido, tardío y una falta de contacto con su entorno, así como un lenguaje gestual que rompe paradigmas cuándo nos regala una sonrisa.

En sus primeras interacciones con los demás, lo primero que se detecta es que no sigue a la madre en sus intentos de comunicación y puede entretenerse con un objeto sin saber para qué sirve; sin embargo las personas con autismo poseen naturalmente una amplia gama de competencias y manifiestan diversas esferas de interés, pero todas ellas comparten la capacidad de hacer de nuestro mundo, un mundo mejor. Por ello, desde el 18 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación e interacción social, cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y repetitivo que se prolonga a lo largo de la vida.

Infortunadamente esta problemática no se reduce solo a nivel salud, sino que se extiende en todos los aspectos de la vida, pues quedan al margen de un desarrollo integral y afecta la satisfacción de necesidades fundamentales, tales como: educación, alimentación, vivienda, empleo, es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos.

El autismo es una condición permanente que afecta a millones de personas en todo el mundo, no está bien comprendido en muchos países y en demasiadas sociedades se excluye a quienes lo padecen. Estas actitudes, además de constituir una violación de los derechos humanos, suponen una enorme pérdida de potencial humano. Se calcula que más de 80 por ciento de los adultos con autismo están desempleados.

Las investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle.

Entre las trabas que se deben superar para desencadenar este potencial encontramos: una escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una discriminación generalizada.

Se calcula que en México existe un niño con síndrome de autismo por cada mil, por lo que del total de la población infantil que asciende actualmente a 37 millones, hay alrededor de 37 mil niños con esta enfermedad.

La investigadora y psicoterapeuta del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, Amalia Gómez Cotero, en la presentación de su libro La contratransferencia com o tentativa d e cura con niños autistas, afirmó que para atender adecuadamente a los menores autistas se requiere un maestro especializado por cada cinco niños. Para satisfacer la demanda nacional deberían prepararse 7 mil profesores para atender las necesidades de este sector de la población en el país.

Los diputados ciudadanos estamos conscientes que la atención a infantes con esta limitación es insuficiente, tanto en centros de salud públicos como privados, por lo que realizaremos las acciones necesarias para cubrir las necesidades de este sector de la población que está en constante crecimiento, a fin de garantizarles el acceso a los derechos fundamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Celebrar y honrar a los intelectuales en cada país, es una práctica común en muchas democracias del mundo, más aún cuando el legado cultural de esos intelectuales ha dejado huella significativa en la cultura mundial.

El 31 de marzo de 1914 nacía en un México convulsionado por una guerra revolucionaria, quien es considerado el máximo exponente mundial de la cultura mexicana, Octavio Irineo Paz y Lozano.

A los diecisiete años publica sus primeros poemas en la revista Barandal (1931). Posteriormente dirige las revistas Taller (1939) e Hijo pródigo (1943). Es durante un viaje a España donde al conocer a distintos intelectuales de la época, donde recibe una fuerte influencia poética.

Estudió en las facultades de leyes y filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y amplió sus estudios en Estados Unidos. Tras concluir la Segunda Guerra Mundial (1939-45), recibió una beca de la fundación Guggenheim y posteriormente ingresó al servicio exterior mexicano.

Su incursión en la diplomacia de México le permitió estrechar lazos importantes en el mundo intelectual y cultural, tal es el caso que durante su estancia en París, Francia, conoció al poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Breton e intensificó su relación con el poeta Benjamín Péret. En 1955, formó un grupo poético llamado “Poesía en Voz Alta”, al tiempo que comenzó a colaborar con la Revista Mexicana de Literatura y El corno emplumado. A través de las publicaciones de aquella época, defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo.

En 1962 fue nombrado embajador de México en la India, actividad diplomática que dio por terminada en 1968, cuando en un acto de protesta por lo sucedido con la muerte de estudiantes en Tlatelolco, renunció a ser embajador.

Los años venideros los dedico a seguir escribiendo y a difundir su obra, lo que le permitió fundar dos importantes revistas dedicadas a las artes y la política: Plural (1971-1976) y Vuelta (1976-1998).

A lo largo de su trayectoria fue merecedor de numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Cervantes (España), el Premio Ollin Yoliztli (México) y el Premio Thomas Stearns Eliot (EUA).

En 1990, y después de toda una vida dedicada a las letras y un sin número de reconocimientos recibidos alrededor de todo el mundo, Octavio Paz se convirtió en el primer mexicano en recibir el premio nobel de literatura, distinción que ningún otro connacional ha recibido.

Octavio Paz muere en la Casa de Alvarado, en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México.

A ciento dos años del natalicio de quien podría ser el principal personaje de la cultura contemporánea en nuestro país, aún nos falta inscribir su nombre en el Muro de Honor de este recinto legislativo él. Falta mucho por reconocer y honrar su labor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

El fragmento anterior condensa de forma muy clara el pensamiento del hombre a quien hoy recordamos. En paz , poema celebre del literato, no solo es poesía, sino una filosofía de vida; nos abre una ventana con cristales transparentes en donde uno puede juzgarse a sí mismo a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer.

Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, en una casa que como dijo, se desmoronaba físicamente pero los libros eran sus cimientos. El hombre que fue galardonado con el premio nobel de literatura en 1990, habló y escribió sobre diversos temas: política, cultura, amor, erotismo, sexo, poesía, vida, arte, México, el mundo, y más.

En el marco de la conmemoración de su natalicio, los Diputados Ciudadanos recordamos el contenido crítico de sus escritos sobre la realidad política mexicana y sus actores, la democracia y el papel de los intelectuales.

A pesar de que este literato mexicano hizo carrera en el Servicio Exterior Mexicano, Paz no fue un político ni su carrera literaria estuvo vinculada al poder o partido alguno. Tampoco fue su faceta de ensayista la más reconocida, ni abordó la política desde una trinchera académica.

No obstante, dedicó textos en sus libros y artículos en revistas y periódicos a explorar la realidad política de México y el mundo, así como las interrelaciones entre los países; a analizar cómo han evolucionado los sistemas políticos a través de la historia hasta nuestros días, y a adelantar posibles vías de solución a los problemas de las sociedades.

El historiador Enrique Krause, escribió al respecto: “Octavio Paz no era un santo, y para muchos no era un santo de su devoción (...) fue un gran poeta del amor, pero también fue un gran poeta en prosa que amó mucho a su país. Y lo exasperaba su país, lo decepcionaba; a veces lo deslumbraba y no pocas lo hacía feliz”

Paz renunció a ser embajador de México tras la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, también criticó el “dedazo”, como se conoce a la práctica presidencial realizada por la partidocracia que sometió a México en un falaz sistema democrático durante 70 años, “El dedo señala a los criados”, indicó el escritor en Cuestión de Palabras en 1943.

Criticó la falta de líneas de acción del Partido Acción Nacional, al no haber formulado un proyecto nacional nuevo y viable que se ofrezca como una opción distinta a la del Partido Revolucionario Institucional. “El crecimiento del PAN expresa no tanto una tendencia ideológica como el descontento de muchos ciudadanos”, indicó Paz en su columna Hora Cumplida, publicada en la Revista Vuelta en octubre de 1988.

En “Pequeñas Crónicas de Grandes Días” describió puntualmente lo que sucedía al interior de la incipiente izquierda mexicana, “el nuevo partido (el Partido de la Revolución Democrática que fue fundado en 1989) está amenazado de división por su misma heterogeneidad (...) Son un catálogo de sentimientos, gustos, disgustos y obsesiones”, dijo al respecto.

Podría seguir citando ejemplos del pensamiento de Octavio Paz en todas las disciplinas que incursionó, pero ese no es el objetivo de esta efeméride, por el contrario, en el marco de la conmemoración de su natalicio, debemos hacer conciencia de que muchos de los problemas sociales y políticos de México y el mundo descritos en prosa o poesía aún están vigentes, hoy es tiempo de reflexionar y poner manos a la obra, para que el próximo nobel de literatura que tenga México, no sea por las críticas hacia el Estado, sino por el reconocimiento del esfuerzo de todos los grupos políticos para construir una nación libre de corrupción, amigable con el medio ambiente y con una justa distribución de la riqueza.

Hoy los invito a que nos acerquemos a las bibliotecas públicas, a las librerías o que descarguemos a través del internet las obras de Octavio Paz; es obligación de todos los mexicanos leer: El laberinto de la soledad, Luna silvestre, Salamandra, Blanco, Libertad bajo palabra, El ogro filantrópico, Conjunciones y disyunciones, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe; sólo entonces, podemos exclamar:

¡Vida nada me debes, vida estamos en Paz!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El día 31 de marzo se conmemora el natalicio de Octavio Paz Lozano. El escritor, ensayista, poeta y diplomático mexicano nació durante el periodo de la Revolución Mexicana en la ciudad de México en el año de 1914.

Durante su infancia fue criado por su madre, tía y abuelo. Éste último, un soldado intelectual. La causa de su padre, Octavio Paz Solórzano, lo llevó a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que “junto con otros intelectuales progresistas, se unió a la sublevación agraria dirigida por Emiliano Zapata”.1

Su formación académica incluyó la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, Berkeley y una etapa en España, periodo en el que se “sumó a la lucha antifascista en plena Guerra Civil”.2 Paz participó en la fundación de la revista Taller , “que marcó el surgimiento de una nueva generación de escritores en México, así como una nueva sensibilidad literaria”.3

Concluido este periodo, Octavio Paz tuvo una etapa en la que participó como diplomático en diversos países entre los que podemos mencionar Japón, India y Francia. Durante su estadía en el país galo, Paz escribió su mítica obra El laberinto de la Soledad, en la que reflejó, de manera fiel, la identidad y sentir de los mexicanos.

En 1968, decidió renunciar a su nombramiento como diplomático del servicio exterior mexicano debido a la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. En 1971 y 1976 fundó las revistas Plural y Vuelta , respectivamente. Y en 1980 fue nombrado Doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. Entre otros de sus premios destacados se encuentran “el Miguel Cervantes en 1982, el más importante del mundo de habla hispana, y el Nobel de Literatura en 1990”.4

Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano consideramos que, hacer lo correcto, es conmemorar el natalicio de Octavio Paz lozano, un mexicano ilustre que a través de la riqueza del contenido de sus obras se convirtió en “uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia”.5

1 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Octavio Paz: Aporte a la Salud Intelectual del País . URL:
http://www.cultura.df.gob.mx/centenarios/index.php/octav io-paz

Consultada en línea el día 20 de marzo de 2016.

2 Ibídem.

3 Universidad Nacional Autónoma de México, Premios Nobel Mexicanos: Octavio Paz . URL: http://www.nobel.unam.mx/octaviopaz/biografia.html

Consultada en línea el día 20 de marzo de 2016.

4 Ibídem.

5 Biografías Cortas, Octavio Paz . URL: http://www.biografiascortas.com/2012/08/biograf-de-octavio-paz.html

Consultada en línea el día 29 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)