Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Proposiciones Informes Convocatorias Invitaciones


Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Puntos Constitucionales, con opinión de Educación Pública y Servicios Educativos

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Presentada por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, Movimiento Ciudadano.

Expediente 1645.
LXIII Legislatura.
Primera sección.

2. Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Productos Ecológicos y Sustentables.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 2780.
LXIII Legislatura.
Sexta sección.

Ciudad de México, a 6 de junio de 2016

Atentamente

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)

Presidente



Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al periodo enero-marzo de 2016

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 113.2016.DGVP.147, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo de enero-marzo de 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se mencionan, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario


México, DF, a 25 de mayo de 2016.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

Como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, se establece que es atribución del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores económicos y las regiones en las que ésta se ubica.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviar a usted dos ejemplares del informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-­marzo de 2016, para que por su amable conducto sea remitido al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)

Director General de Vinculación Política

Del Banco de México, con la que envía el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de dos mil dieciséis, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de dos mil dieciséis, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)

Gobernador del Banco de México

De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con la que remite respuesta al punto de acuerdo relativo al robo de identidad

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Vicepresidente

Presente

En relación al oficio DGPL-63-II-5-1002, expediente número 1471, de fecha 29 de abril del presente año, en el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Procuraduría Federal del Consumidor, y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales contra robo de identidad derivada de la sustracción de datos personales, específicamente en los casos de correo electrónico, redes sociales y banca electrónica, me permito informa lo siguiente:

Desde luego que esta comisión nacional coincide puntualmente con todos los considerandos y antecedentes que fueron tomados en cuenta para que esa honorable Cámara de Diputados aprobara el punto de acuerdo en comento. Sin embargo consideramos que si bien es importante alertar al público en general respeto del robo de identidad en correo electrónico, redes sociales y banca electrónica, situaciones más asociadas al phishing , pharming , smishing o el skimming , esto es, al envío de correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fiables e intentan, mediante el engaño, obtener datos confidenciales del usuario, particularmente nombre, dirección, claves secretas o NIP y números de cuenta o de tarjetas, sean de débito o crédito, la realidad es que el robo de identidad cubre un amplio espectro que puede adoptar diversas modalidades y causar afectaciones, incluso de carácter fiscal o reputacional.

Al respecto y después de un periodo de tiempo en el que diversas autoridades vinculadas al tema de la suplantación o robo de identidad, estuvieron analizando la problemática, su tendencia y las acciones que cada una de ellas podría adoptar de manera individual y colectiva en materia preventiva y/o correctiva, el 18 de febrero, fungiendo como testigo de honor el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, fueron firmadas las Bases de Colaboración para Inhibir la Suplantación o Usurpación de Identidad , en virtud de que la suplantación es un problema real creciente y grave, por 1o que resulta imprescindible que las instituciones del estado y, en particular, el sistema financiero, hagan de la protección de la identidad una prioridad, sobre todo desde el punto de vista preventivo, sin soslayar la atención puntual de los casos que pudieran tratarse de un posible robo de identidad, cualquiera que fuera su modalidad.

En este sentido, las bases de colaboración suscritas, tienen como propósito fundamental definir el marco de colaboración y coordinación entre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación de Bancos de México (ABM), además de la Condusef para realizar diversas acciones de carácter transversal a fin de inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para la constitución de hechos ilícitos de robo de identidad, en el ámbito de su competencia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Entre las acciones comunes a realizar se encuentra la de difundir entre el público en general las medidas preventivas y correctivas para evitar ser víctimas de este hecho delictivo, mediante la distribución del material que elabore la Condusef o cualquiera de las partes, conforme lo permitan los medios de que dispongan cada una de ellas.

De igual forma, se establece que orientarán a las personas que se encuentren ante un presunto robo de identidad, para que inicien el procedimiento correspondiente ante la Condusef y presenten la denuncia ante la autoridad ministerial competente. En caso de que tal situación pudiera tener un impacto fiscal, la CNBV y la Condusef darán el aviso correspondiente al SAT y a la Prodecon.

En particular, la Prodecon iniciará una investigación de oficio, cuando la Condusef, la CNBV o el SAT hagan de su conocimiento un posible robo de identidad, la cual represente una probable contingencia fiscal para el contribuyente perjudicado; cuando sea procedente, solicitará al SAT el informe que manifieste si acepta o no los términos en que el contribuyente planteó el acuerdo conclusivo.

En el caso de la CNBV, atenderá aquellos requerimientos de información que el SAT y las autoridades, ministeriales señalen como prioritarios por formar parte de la investigación de un posible robo de identidad. También dará seguimiento de aquéllos casos en que las entidades financieras requeridas manifiesten no contar con la información y documentación solicitada por las autoridades competentes, particularmente en los procesos de atención de la Conducef debiendo ésta estar integrada en sus expedientes en términos de la normatividad aplicable para, en su caso, iniciar los procedimientos de sanción correspondientes.

Por su parte, el SAT establecerá un protocolo de acción y seguimiento para la atención de casos sobre la probable suplantación ante el aviso que le presente cualquiera de las partes que suscribieron las bases, en el ámbito de su competencia.

En caso de que proceda, el SAT también participará en los procedimientos de acuerdos conclusivos en los que el contribuyente que se encuentra sujeto a un acto de fiscalización, argumente que fue víctima de suplantación, a fin de darle oportunidad para que aporte todos los elementos de prueba con los cuales haya acreditado ante la instancia o autoridad competente dicha suplantación, así como el pronunciamiento oficial de la referida instancia o autoridad respecto a la configuración del delito y, en consecuencia, que los hechos u omisiones detectados por la autoridad fiscal no son imputables al contribuyente.

Por su parte, el INAI se ha comprometido a proporcionar apoyo técnico y documental en el diseño, formulación y desarrollo de los distintos cursos de capacitación, académicos, diplomados, seminarios y conferencias relacionados con la protección de los datos personales, así como a proporcionar el material didáctico específico relativo al robo de identidad.

También coadyuvará en la implementación de acciones preventivas para evitar el robo de identidad, así como para orientar a los posibles afectados a dónde recurrir para resolver su problemática, entre otras acciones que se ha comprometido efectuar.

Por su parte, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENEC), el INE difundirá entre la población materiales explicativos relativos al robo de identidad, emitiendo recomendaciones pertinentes para prevenir el uso indebido de la credencial para votar como elemento de identificación y establecerá con los firmantes de las bases diversos mecanismos para coadyuvar a la validación de credenciales para votar utilizadas como identificación, además de que procurará la realización de mejoras en los formatos de las credenciales para votar que dificulten su falsificación.

Por lo que respecta a la Condusef, se comprometió a elaborar y difundir materiales explicativos sobre la suplantación y las medidas preventivas y correctivas que podrán adoptar los usuarios de servicios financieros, mismos que compartirá con las partes firmantes de las bases.

De igual forma, orientará y asesorará a los usuarios de servicios financieros que se encuentren ante una posible suplantación a través de la página de internet www.condusef.gob.mx; en el teléfono 01 800 9998080 o en cualquiera de sus seis delegaciones regionales y 30 subdelegaciones, además de que orientará y asistirá al usuario para que denuncie el posible hecho ilícito ante la autoridad ministerial competente, ello como medida de protección.

Es importante señalar que para cumplir con su cometido, la Condusef puso en operación el pasado 19 de febrero un Protocolo de Posible Robo de Identidad (PORI) específico para que su red de oficinas de atención a usuarios realice la asesoría y, en su caso, el registro de las reclamaciones por usurpación de la identidad, bajo un procedimiento estandarizado que, entre otras cosas, busca dar una atención integral. Es decir, se proporcionará al usuario la guía para levantar la denuncia ante Ministerio Público, también se les proporcionará el Reporte de Crédito Especial (RCE) para que lo revise y, en caso de detectar la existencia de un crédito no solicitado o autorizado por él, se solicite preventivamente a las sociedades de información crediticia el bloqueo automático del citado historial crediticio.

Cabe precisar que la gestión de este tipo de asuntos se realizará directamente en el proceso Conciliatorio que al efecto está establecido en nuestro marco jurídico, pudiendo continuar con el dictamen, arbitraje y/o la defensoría legal gratuita. De toda esta información se desprenderá una base de datos que será compartida con las autoridades competentes, para que tomen las acciones que procedan en atención a sus propias atribuciones.

Desde luego que las bases establecen que de esta información y de la que obtengan los propios participantes de acuerdo con sus atribuciones, se podrán desarrollar sistemas de alertas ante una posible suplantación de identidad; validar de forma inmediata las identidades de los clientes o usuarios de servicios financieros; detectar de forma temprana la posible suplantación; estudiar metodologías y esquemas de operación utilizadas para la comisión de este tipo de actos y, en caso necesario, impulsar la modificación o creación de ordenamientos legales que sean necesarios para combatir este tipo de actos ilegales.

Es así que podemos informar que del 19 de febrero al día último de abril de este año, a través del protocolo PORI, se han llevado a cabo un total de mil 346 acciones de defensa, compuestas por 430 asesorías, otorgando 75 reportes especiales de crédito y se han bloqueado por tres meses la consulta a las sociedades de información crediticia en 230 asuntos. Además, se han iniciado 598 procesos de conciliación y se han solicitado 13 dictámenes.

Por lo que respecta al tipo de producto financiero, se puede señalar que 304 conciliaciones se refieren a tarjeta de crédito (50.8 por ciento del total), 120 (20.1 por ciento) a créditos personales, otros 92 (15.4 por ciento) a crédito al auto y en 25 (4.2 por ciento) asuntos a créditos de nómina. Incluso, se han otorgado tres conciliaciones relacionadas con créditos hipotecarios.

En cuanto a las causas que originaron el reclamo, en 309 asuntos correspondió a créditos otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el usuario, otros 250 a que el usuario no reconoce haber celebrado el contrato de un producto financiero con la institución financiera correspondiente y otros 214 casos que el afectado no solicitó la emisión de una tarjeta de crédito. En conjunto, estas causas representan el 66.4 por ciento del total, como se observa en los cuadros siguientes:

No obstante lo anterior, es conveniente señalar que la Condusef, desde el año pasado consideró conveniente, dado la incidencia de casos detectados, analizar a fondo la problemática y, después, con los resultados obtenidos, convocar el 14 de septiembre de 2015 a una rueda de prensa a fin de comunicar a través de la radio, televisión y medios impresos los resultados y el comportamiento que mostraba el problema de la suplantación de identidad.

En dicha rueda de prensa se informó que durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40 por ciento con respecto al mismo período de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258. Cabe destacar que de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude en dicho periodo, 2 corresponden a un posible robo de identidad.

Sobre el monto reclamado por los usuarios, en el primer semestre del año ascendió a 118 millones de pesos, 19 por ciento más a lo reclamado en el mismo período de 2014 y de este monto el saldo abonado fue de 69 millones de pesos, es decir 58 por ciento.

Además, para complementar las acciones en beneficio de los usuarios, en esa misma rueda de prensa se informó que se ponía al alcance del público un tríptico que brinda a los usuarios algunas recomendaciones para evitar el robo de identidad, así como lo que se tiene que hacer en caso de que se detecte que hubiera sido víctima de la usurpación de tu identidad, el cual puede ser consultado en una sección específica denominada “Robo de Identidad” en nuestra página www.condusef.gob.mx; sección que contiene, además de estadísticas relacionadas con el tema, otro tipo de información útil.

Por otro lado, en atención a la problemática detectada, esta comisión nacional emitió el 5 de octubre del año pasado una recomendación general a la ABM referente al robo de identidad, con la finalidad de que las instituciones bancarias tomaran las medidas necesarias para proteger los intereses de los usuarios en la contratación y uso de productos o servicios financieros, en el sentido siguiente:

Primera. Tomar las medidas necesarias para verificar la autenticidad y legalidad de las identificaciones que los clientes presenten para la contratación y uso de un producto o servicio financiero, considerando aquellos documentos de identificación previstos en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Segunda. Implementar como acción conjunta con los establecimientos afiliados y comisionistas de dichas instituciones, requerir a los clientes una identificación al momento de realizar la operación solicitada.

Tercera. Revisar permanentemente las medidas de seguridad en sus sistemas y procesos de manejo de información, a fin de asegurar la inviolabilidad de los datos personales de los usuarios.

Cuarta. Verificar que los terceros con los que compartan sus bases de datos se hagan responsables del correcto uso y salvaguarda de la información.

Quinta. Ampliar la difusión por parte de las instituciones financieras, de los elementos básicos para prevenir e inhibir el robo de identidad.

En el mismo sentido, se le propuso a la ABM analizar la posibilidad de establecer el mecanismo del Arbitraje para los casos de posible robo de identidad, cuando no se pudo llegar a la conciliación. Lo anterior con el fin de facilitar y acortar el tiempo de solución al usuario y que la institución financiera pueda quebrantar el recurso y en el marco de las facultades derivadas de la reforma financiera.

Esta propuesta surge ante el incremento de casos no resueltos a favor del usuario, a pesar de que la institución financiera no acredita, con documentales, que el usuario es quien realmente solicitó el producto.

En reforzamiento a las propuestas que señala en punto de acuerdo en comento, en breve esta Comisión Nacional firmará un convenio de colaboración con la Profeco, en el cual se establecen, entre otras acciones, bases de coordinación para abordar de manera conjunta y más robusta la atención y seguimiento de las controversias que se presenten en materia de robo de identidad que puedan implicar operaciones en las que se encuentren involucradas tanto instituciones financieras como empresas comerciales o de servicios, a fin de dar una solución integral a la problemática que enfrentan las personas afectadas.

En el mismo sentido, se reforzarán las actividades de difusión conjunta para la prevención de este tipo de situaciones, tanto a nivel de publicaciones, programas de radio, televisión o cualquier otro medio informativo como las propias páginas de internet de ambos organismos, de conformidad a las posibilidades presupuestales, a fin de que el público en general esté mejor informado en cuanto la protección de sus datos personales; qué medidas preventivas puede adoptar y, llegado el caso, los pasos que deben seguir en caso de haber sido objeto de robo de identidad, para recibir un servicio más integral.

Adicionalmente, se firmará un convenio de colaboración y ya se están realizando pruebas con el Instituto Nacional Electoral, para que la Condusef pueda verificar, a través de sistemas biométricos (huella), que las identificaciones de los usuarios quienes acuden a Condusef están vigentes. Esta medida se toma debido a que es la credencial del INE la que se ha detectado como el instrumento de identificación más recurrente para acreditarse en los casos de posible robo de identidad.

En suma, la Condusef ha tomado y continuará tomando diversos tipos de acciones directas e indirectas encaminadas a reforzar, a través de distintas estrategias y medios a su alcance, campañas de prevención para evitar, abatir o inhibir en lo posible el robo de identidad, así como el de atender con prontitud y de la mejor forma posible los casos que se presenten por este motivo e informar a las autoridades competentes cuando así corresponda.

Atentamente

Licenciado Luis Fabre Pruneda (rúbrica)

Vicepresidente

De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, con la que envía respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los organismos e instituciones de los estados a sustituir en los instrumentos jurídicos, sociales y culturales la palabra “equidad” por “igualdad”

Diputada Daniela de los Santos Torres

Vicepresidenta de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL-63-11-2-715 presentado el 12 abril del año en curso, por el que da a conocer la aprobación del acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual, en su resolutivo, señala:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora y a los gobernadores de las entidades federativas del país, a los Congresos estatales, a todas las instancias de mujeres en las entidades federativas, así como a todas las instancias de mujeres de la Ciudad de México, y en general a todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivo lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso hacia la igualdad sustantivo de las mujeres, misma que debe insertarse en el ámbito social, cultural y jurídico del país.”

Con base en lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

Se realizó el convenio para la igualdad entre el gobierno del estado de Guanajuato y el Instituto Nacional de la Mujeres, con el objetivo de impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en el estado. Estas acciones están encaminadas a fortalecer los sistemas estatales de igualdad y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante su participación activa y programática en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El SIAM 075 se conforma por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría General de Justicia. Los principales servicios con los que cuenta el SIAM 075 son:

• Atención integral mediante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses con asesoría legal y atención psicológica.

• Contención psicológica mediante el servicio de atención en crisis psicológica de la Secretaría de Salud.

• Atención e información para el seguimiento de denuncias mediante la Procuraduría General de Justicia.

• Atención inmediata a incidentes que pongan en riesgo la integridad o el patrimonio de la mujer, mediante la Secretaría de Seguridad Pública.

• Atención integral mediante el sistema DIF, a través de orientación jurídica y atención psicológica. Con estas acciones contribuimos a la creación de espacios en los que se fomenta la cultura de la denuncia en vías de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Así, ponemos a su alcance ser vicios integrales e interinstitucionales que coadyuvan en pro de la igualdad.

Implementamos el programa de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores Públicos del Gobierno de Guanajuato 2015-2018. La finalidad de este programa es formar e instruir a los servidores públicos para que puedan incorporar nuevos paradigmas en materia de género y contribuyan así a la promoción y gestión de políticas transversales para la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

De la misma manera, en el contexto del fortalecimiento de las acciones que promueven la equidad e igualdad entre los géneros, impulsamos el uso apropiado de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género; asimismo, estructuramos un proyecto de iniciativa de reforma y adición a disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, a efecto de incorporar dicho lenguaje en su texto normativo.

Así también, se usa la palabra igualdad, en la denominación de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato.

Las anteriores acciones, entre otras que el gobierno del estado de Guanajuato realiza a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el estado.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, 8 de abril de 2016.

Licenciado Salvador García López (rúbrica)

Secretario de Gobierno

De la Secretaría de Gobierno de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta al titular y a los funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal

Cuernavaca, Morelos, abril 29 de 2016.

Diputada Daniela de los Santos Torres

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal

LXIII Legislatura

Presente

En atención y respuesta a su oficio número DGPL 63-II-8-0917, dirigido al gobernador constitucional del estado, por el que se le comunica el acuerdo aprobado por ese órgano legislativo exhortando al titular y funcionarios de primer nivel de este Poder Ejecutivo hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, por instrucciones del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, me permito hacer de su conocimiento que dentro del plazo establecido en la normativa local, el gobernador, los secretarios de despacho, los subsecretarios y los titulares de los organismos descentralizados, han presentado de manera pública sus declaraciones, las que pueden ser consultadas en la dirección electrónica http://morelos.gob.mx/declaraciones-patrimoniales-publicas-2015/*

Además, es conveniente informar a usted que el 3 de febrero de 2016, presenté ante el Congreso del estado de Morelos, por instrucciones del señor gobernador, una iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de publicitación de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de manera obligatoria, para los servidores públicos de mando superior en el Poder Ejecutivo local, acreditándose así el compromiso del gobernador constitucional del estado con la transparencia y combate a la corrupción, anexando al presente copia de dicha iniciativa.

Hago propicia la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Maestro en Ciencias Matías Quiroz Medina (rúbrica)

Secretario de Gobierno

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, con la cual remite respuesta a punto de acuerdo relativo a impulsar y coordinar medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación e incorporar previsiones a fin de que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 9 de mayo de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Con fundamento en el artículo 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, doy respuesta a su oficio DGPL 63-11-4-788, de fecha 27 de abril de 2016, mediante el cual comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, el contenido del dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, sobre el particular puntualizo:

Adjunto encontrará los diversos DG/ DJPAl0828/ 2016 y DG/ DJPA/ 0846/ 2016, signados por la encargada de despacho de la Dirección General del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, en el que se atiende su comunicado; consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado en el ocurso DGPL 63-II-4-788.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica)

Consejero Jurídico del Gobierno del Estado


Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo.

Ingeniero Felipe Reyna Romero

Coordinador General de Protección Civil
Oaxaca

En atención del oficio número STPEE/ G3/ 2016/ 374, suscrito por el secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, recibido en es te instituto el 15 de abril de 2016, por medio del cual remite el oficio de número DGPL 63-II-4-788, emitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta al gobierno del estado a impulsar y coordinar medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación e incorporar previsiones para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza rea/.a la seguridad nacional.

Por lo anterior, solicito respetuosamente su apoyo para en el ámbito de su competencia, conforme a sus atribuciones y facultades, .remita a este instituto las acciones que impulsen y coordinen las medidas para reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica frente a los efectos del cambio climático, así como los instrumentos en que se consideren las medidas destinadas para dicho fin, con la finalidad de que este instituto integre el informe correspondiente para dar cumplimiento al exhorto citado.

Adjunto al presente el oficio descrito en el preámbulo, con el objeto de que verifique los alcances del exhorto y remita toda la información relacionada con ‘el mismo. .

Agradeceré de antemano que remita la información solicitada a más tardar el 22 de abril del año en curso, para presentar el informe final en tiempo y forma a la Consejería Jurídica del gobierno del estado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciada Gabriela Reyes Mendoza (rúbrica)

Encarga del Despacho


Agencia Municipal de Reyes Malecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres

Consejero Jurídico del Gobierno del Estado

Presente

En atención del oficio de número STPEE/ G3/ 2016/ 374, de fecha 13 de abril de 2016, suscrito por el secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo y a su similar CJGEO/ DGCNPL/ DRPLA/ 1065/ 2016, recibidos en este instituto el 15 y 18 de abril de 2016, respectivamente, por medio del cual instruye atender el oficio de número DGPL 63-11-4-788, emitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta al gobierno del estado “impulse y coordine medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen provisiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a seguridad nacional.

Referente a lo anterior, informo lo siguiente:

I. Mediante el oficio de número DG/ DJPA/ 0677/ 2016, de fecha 18 de abril de 2016, este instituto solicitó el apoyo a la Coordinación General de Protección Civil de Oaxaca, para efectos de que remitiera información relacionada con el exhorto, toda vez que dicha Coordinación de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección Civil para Oaxaca, le corresponde la formulación y conducción de la política de protección civil que incluyan criterios de prevención/mitigación y la variable de riesgo/vulnerabilidad, sin embargo a la fecha no se cuenta con la respuesta por parte de la citada dependencia, por lo que, una vez que se cuente con la misma, se remitirá a esa consejería en alcance al presente. Adjunto copia simple del oficio en comento.

Ahora, las acciones que este instituto realiza en materia de mitigación y adaptación para el cambio climático son las siguientes:

II. Formulación del Programa Estatal de Cambio Climático. Dicho instrumento tiene como objetivo establecer las estrategias, lineamientos, así como mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático, con el cual se pretende lograr los objetivos específicos siguientes:

a) Consolidar a Oaxaca como un estado resiliente ante los efectos del cambio climático, para asegurar la conservación del capital natural, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural, así como coadyuvar al desarrollo económico bajo un carbono y al bienestar de la población, considerando un enfoque de igualdad de género e interculturalidad.

b) Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos del estado, a través de un esquema de economía baja en carbono que promueva mayor competitividad en los bienes y servicios que provee.

c) Lograr una participación activa e informada de todos los sectores de la sociedad con relación a los impactos que el cambio climático tiene sobre Oaxaca, a fin de fomentar una respuesta coordinada, oportuna y eficiente.

d) Generar sinergias para potenciar los cobeneficios que resulten de la instrumentación de las medidas de mitigación y adaptación que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población en el estado.

e) Establecer componentes de mitigación, como medidas para reducir o prevenir emisiones de contaminantes de efecto invernadero; acciones que van desde cambios tecnológicos, reordenamiento del transporte público, uso de energías renovables hasta cambios en las actividades económicas y en los patrones de comportamiento de los consumidores.

f) Establecer componentes de adaptación, los cuales consisten en la planeación de escenarios en .temas de cambio climático, para estimar las repercusiones de posibles cambios de temperatura y precipitación pluvial en un futuro cercano y el de los periodos de retorno de fenómenos hidrometeorológicos extremos, para determinar el riesgo de la población, los sistemas productivos, la infraestructura estratégica y los ecosistemas en Oaxaca.

g) Seguimiento y actualización del. Atlas de Riesgo como instrumento intersectorial de gestión (por ejemplo, Protección Civil, Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Seguridad Hídrica).

h) Planeación del uso de suelo con criterios de prevención del riesgo y fomento de la resiliencia.

i) Seguimiento al sistema estatal de información meteorológica y climática de Oaxaca, en apoyo de los programas de alerta temprana.

Para formular el PECC, se elaboraron los instrumentos siguientes:

i. Dos inventarios de gases de efecto invernadero, bases 2005 y 2008 en el que se incluyen los sectores: energía; procesos industriales, agricultura, uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) y residuos.

ii. Proyecto “Hacia el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Oaxaca”.

iii. Estudio de análisis de los sectores estatales con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su relación con variables y actividades económicas (2012).

iv. Atlas de Cambio Climático, dicho instrumento contiene datos y mapas de las regiones, distritos y municipios en materia de clima, cambio climático, clima extremo, parámetros bioclimáticos y sequía meteorológica de Oaxaca (2012). Para su consulta se encuentra en la página http://atlasclimatico.unam.mxloaxaca.

v. Talleres de concienciación en las regiones del estado, así como la propuesta del arreglo institucional para abordar el tema en la materia.

vi. Proyecto de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático (2013).

Dichos instrumentos se adjuntan al presente en medio digital, así como el proyecto del PECC.

Una vez publicado el PECC, en el Periódico Oficial del Estado, la implantación y el seguimiento serán a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el Comité Técnico de Cambio Climático(CTCC) de la CICC.

No omito comentarle que mediante escrito de fecha 6 de abril de 2016, el coordinador general del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México (PRM), remitió a este instituto el informe final del proyecto Reducción de riesgos de desastres en las inversiones públicas, privadas y sociales de adaptación al cambio climático en los procesos de recuperación y desarrollo en Oaxaca”. Dicho proyecto se adjunta el presente en medio digital.

De lo expuesto, el gobierno del estado con la formulación del PECC y del Programa de Reducción de Riesgo de Desastres en las inversiones públicas, privadas y sociales de adaptación al cambio climático en los procesos de recuperación y desarrollo en Oaxaca, se encuentra realizando las acciones que impulsarán y coordinarán las medidas para llevar a cabo acciones a corto, mediano y largo plazo para la incorporación de las estrategias de mitigación para reducir y prevenir las emisiones de contaminantes de efecto invernadero, de mitigación de riesgos y de adaptación, para reducir vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura frente a los efectos del cambio climático.

Por lo expuesto, en el marco de las atribuciones de este instituto, para la formulación, el diseño y la implantación de las estrategias que coadyuven al combate de los efectos negativos de cambio climático, a través del PECC, solicito que se tenga atendiendo lo establecido en el exhorto emitido por Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, reciba un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El respeto al derecho ajeno es la paz.


Licenciada Gabriela Reyes Mendoza (rúbrica)

Encargada del Despacho


Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 18 de abril de 2016.

Ingeniero Felipe Reyna Romero

Coordinador General de Protección Civil
Oaxaca

En atención del oficio de número STPEE/ G3/ 2016/ 374, suscrito por el secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, recibido en este instituto el 15 de abril de 2016, por medio del cual remite el oficio de número DGPL 63-II-4-788, emitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta al gobierno del estado para que se impulse y coordinen medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional.

Por lo anterior, solicito respetuosamente su apoyo para en el ámbito de su competencia, conforme a sus atribuciones y facultades, remita a este Instituto las acciones que impulsen y coordinen las medidas para reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica frente a los efectos del cambio climático, así como los instrumentos’ en los que se contemplen las medidas destinadas para dicho fin, a fin de que este instituto integre el informe correspondiente para dar cumplimiento al exhorto citado.

Adjunto al presente el oficio descrito en el preámbulo, con el objeto de que verifique los alcances del exhorto y remita toda la información relacionada con el mismo.

Agradeceré de antemano, remita la información solicitada a más tardar el 22 de abril del año en curso para presentar el informe final en tiempo y forma a la Consejería Jurídica del gobierno del estado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciada Gabriela Reyes Mendoza (rúbrica)

Encarga del Despacho


Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 2 de mayo de 2016.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado

En alcance de mi similar de número DG/ DJPA/ 0828/ 2016, de fecha 27 de abril del año en curso, por medio del cual se remitió información para atender el exhorto turnado mediante el oficio DGPL 63-II-4-788, suscrito por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, referente a que se “impulse y coordinen medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional”.

Por lo anterior, adjunto al presente copia del oficio de número CEPCO/ DIDGR/ 0109, fecha 27 de abril de 2016, suscrito por el coordinador general de Protección Civil de Oaxaca, por medio del cual remite información correspondiente para atender el exhorto descrito en el párrafo anterior, así como un disco compacto con la información soporte descrita en el oficio en comento, lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

Licenciada Gabriela Reyes Mendoza (rúbrica)

Encarga del Despacho


Oaxaca de Jáurez, Oaxaca, a 27 de abril de 2016.

Licenciada Gabriela Reyes Mendoza

Encarga del Despacho

Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable

Presente

En respuesta del oficio número DG/ DJPA/ 0677/ 2016, de fecha 18 de abril de 2016, dirigido a la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el cual hace mención del similar DGPL 63-II-4-788, suscrito por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la cámara de Diputados, por medio del cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado para que se impulse y coordine mediadas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos de cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional.

Ante ello me permito informar lo siguiente:

El gobierno de Oaxaca ante los daños que ha sufrido el estado por la ocurrencia de fenómenos naturales (de origen geológico e hidrometeorológico), combinado con la alta vulnerabilidad existente en la entidad, en los últimos tres años ha enfocado esfuerzos a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil a incentivar la cultura de la autoprotección para la reducción de riesgos de desastres y la adaptación del cambio climático a través de las siguientes acciones:

1. Establecer una estrategia enfocada en la gestión integral de riesgos, que permita mitigar los daños ante la ocurrencia de los fenómenos adversos en los cuales los efectos del cambio climático ya empiezan a incidir en el comportamiento y características de los mismos. Esto ha sido posible en la actualidad con la aplicación de la estrategia denomina Gestión integral de riesgos para el estado de Oaxaca (EGIR), cuyos objetivos principales son: 1. Prevenir, reducir, controlar los riesgos de desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia social.

Para ello el EGIR en su concepción y desarrollo contempla los procesos de: 1. Planeación; consistente en la conformación de un inventario de bienes estratégicos en la entidad, que fue proporcionado por todas las dependencias estatales y con el cual se determinó su ubicación geográfica, su registro histórico de siniestralidad y su posible valor de reconstrucción, 2. Organización; proceso de cuantificación de riesgo consistente en la identificación de vulnerabilidades de los bienes. identificados respecto a probables danos, y 3. Instrumentación y establecimiento de un esquema de administración de riesgo; que permitió primeramente efectuar una estimación de pérdidas probables, simulando un número determinado de escenarios adversos en función de la amenaza interactuando con las vulnerabilidades y en un segundo paso, definir un esquema de administración de riesgos, permitiendo ubicar aquellos riesgos o perdidas que pueden ser “absorbidos” por el Estado y los que pueden ser transferidos a un sistema de aseguramiento, para con ello definir el límite de cobertura de pago de afectaciones posibles para el estado.

Toda esta EGIR finalmente converge en una plataforma Geo espacial con un enfoque de.

sistema de información geográfica dinámico que permite visualizar de forma sencilla los posibles niveles de riesgos que pueden ocurrir en la Entidad al conjuntar los inventarios de bienes Estatales (Caminos, puentes, infraestructura educativa, de salud entre los más importantes), con el estudio de los fenómenos naturales que inciden históricamente en la entidad para determinar escenarios de riesgos con pérdidas probables que permitan visualizar la capacidad de la Entidad para asumir los costos de afectaciones y cuáles pueden ser transferidos a esquemas de aseguramiento, siempre cuidando que sean cumplidos todos y cada uno de los lineamientos establecidos para este tipo de sistemas por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del Sistema Nacional de Protección Civil.

También permitirá incentivar una adecuada planificación estatal basada en la prevención y la reducción de riesgos de desastres para con ello mitigar las pérdidas para el Estado de Oaxaca ante escenarios adversos de emergencia o de desastre.

La habilitación de la EGIR ha sido contemplada en la Ley Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado de Oaxaca, a través del esquema denominado Gestión Integral de Riesgos de Oaxaca (GIRO), en el Capítulo 1; Disposiciones Generales en su Artículo 4; numeral XXXIV, en el Titulo Tercero: De los Instrumentos, Atlas de Riesgos Estatales y Municipales, programas y cultura de ‘protección civil y prevención de riesgos de desastres; y en el Capítulo 1 De los Instrumentos, Atlas de riesgos Estatal y Municipales y programas de protección civil; en su Artículo 61.

2. En coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se han efectuado el proyecto “Reducción de riesgos .de desastres en las inversiones públicas, privadas, y sociales, y adaptación al cambio climático en los procesos de recuperación y desarrollo en el estado de Oaxaca” en el periodo 2014-2016, con el cual se han alcanzado los siguientes resultados:

Resultado 1. Identificar los actores, diagnosticar sus capacidades e integrar el enfoque de riesgos en la planeación.

Asimismo se estableció una vinculación con Instituciones del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que tienen gran impacto en el desarrollo de Oaxaca, entre las cuales se encuentran:

Resultado 2. Disponer y acceder a la información de riesgos y a 10$ escenarios de cambio climático para la planeación y toma de decisiones.

Con objeto de fortalecer la toma de decisiones por ‘parte de los responsables del desarrollo, la Coordinación Estatal con el apoyo del PNUD elaboró un diagnóstico de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos (EGIR) (iniciativa promovida por la Secretaria de Finanzas), con el fin de identificar las principales fortalezas y debilidades del sistema para emitir recomendaciones para su instrumentación y operación así como su potencial transformación en el sistema de Gestión Integral de Riesgos de Oaxaca (GIRO), que tiene como objetivo integrar información de peligros, vulnerabilidades y riesgos que sea accesible para la toma de decisiones en el desarrollo del estado.

Contar con acceso a información de riesgos en el territorio estatal permite mejorar la toma de decisiones para la planeación del desarrollo, es por esta razón que se llevó a cabo la recopilación y análisis de la información de riesgos y escenarios de cambio climático disponibles para el estado de Oaxaca, sin embargo, es importante que esta información sea accesible y se encuentre disponible para los tomadores de decisiones tanto a nivel estatal como municipal, por lo cual se recomendó a la Secretaria de Finanzas integrar dicha información en su plataforma EGIR.

Resultado 3. Generar y aplicar una metodología de reducción de riesgos de desastres, e implementar un programa de capacitación en la prevención de riesgos y adaptación al cambio climático.

Las herramientas y metodologías elaboradas son:

- Ficha Genérica de Identificación y Análisis de Riesgos para obras o proyectos,

- FIAR-PNUD, contextualizada al estado y Manual de Usuario.

- Ficha de Análisis de Riesgos contextualizada al sector’ caminos y puentes.

- 1 ficha de Análisis de Riesgos contextualizada al sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero (deberá aplicarse en varios proyectos, de manera que se analice la pertinencia y eficacia del instrumento).

- 1 formato de Plan Municipal para la Prevención de Riesgos de Desastre (homologación a partir del Plan Municipal de Reducción de Riesgos de Desastre de PNUD con el Plan de Contingencias de Cepco aplicable a los 570 municipios del Estado.

- 1 Formato de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)-PNUD, contextualizada al estado.

- 1 Formato de Registro Histórico de Eventos; CEPCO, asesoría de PNUD.

- 1 Estrategia de comunicación de Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

- 3 Talleres de comunicación: “El rol de la comunicación en la reducción del riesgo de desastres”, dirigido a los voceros y portavoces del gobierno del estado, actores que tomaron el diplomado y a personal de la Coordinación de Protección Civil.

Se asesoró y capacitó a 172 representantes de Instituciones del gobierno estatal, gobiernos municipales y asociaciones civiles en el uso y aplicación de la ficha de análisis de riesgos para obras o proyectos de inversión pública como se detalla a continuación:

Resultado 4. Analizar buenas prácticas de prevención de riesgos, del beneficio de la prevención de riesgos de desastres y remitir recomendaciones de política pública y asesoría para elaborar una propuesta de seguimiento y financiamiento que trascienda.

Durante el proceso del proyecto el Programa de Mitigación de Riesgos PMR-PNUD, en Coordinación con la CEPCO, impulsó acciones de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, a fin de generar buenas prácticas de RRO/ACC, lo cual fue posible en función de la voluntad, capacidad, recursos, y compromiso de los actores involucrados. Además se identificaron buenas prácticas comunitarias e institucionales que el mismo gobierno, sociedad civil o la comunidad generaron, con o sin apoyo del PMR-PNUO. Las buenas prácticas identificadas fueron sistematizadas por los Asesores Regionales e incluidas en la Guía Municipal de Política Pública y RRD/ACC y “Análisis y Estrategia de Política Pública y RRD IACC en procesos de desarrollo de Oaxaca”, y tenemos documentos de buenas prácticas para 11 municipios, aparte de las buenas practicas comunitarias relacionadas con el proyecto de la alianza y fomento social Banamex. Algunas buenas prácticas han servido para formular recomendaciones de política pública.

El resultado de la política pública se integra considerando que los diagnósticos; mapeos, capacitaciones, herramientas y asesorías son ingredientes para generar la política pública. A partir de estas actividades, combinada con las asesorías, capacitaciones, foros y acompañamiento del personal del PMR-PNUD, se logró generar los siguientes resultados más importantes en la política pública de RRD y ACC: Por medio .de la asesoría en la RRD y el acompañamiento, se aportó en el proceso de la construcción de la Ley Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Cámara de Diputados del gobierno del estado, con varios documentos de recomendaciones, se logró la construcción de la nueva Ley Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, publicada en enero 2015.

Asimismo se logró anaiízar e integrar los análisis de riesgos y algunas. herramientas de RRO (FIAR, Planes de Trabajo etc.), en los sectores más vulnerables a desastres, los caminos y puentes, el sector agropecuario, y en cierta medida el sistema de planeación e inversión del Estado. También se logró mejorar la coordinación y vinculación entre CEPCO y el IEEOS. Toda la información obtenida de las asesorías estatales, municipales, talleres y asesorías específicas en política pública se sistematizó y resumió en dos documentos: (1) un documento de análisis y estrategia de la política pública (y marco legal) de desarrollo con RRD y ACC (en revisión), y (2) un documento guía de política pública de RO y ACC a nivel municipal..

Se anexan los documentos de soporte que se mencionan en este reporte.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Felipe Reyna Romero (rúbrica)

Coordinador Estatal de Protección Civil

De la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza y a regularizar el abasto de medicamentos para combatirla

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, abril 29 de 2016.

Diputada Daniela de los Santos Torres

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, doy respuesta a su oficio DGPL 63-11-8-0871, de fecha 25 de febrero de 2016, mediante el cual comunicó al titular del Poder Ejecutivo del estado, el contenido del acuerdo por el que la Cámara de Diputados “exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto del medicamento, en el sector salud, para combatirla.” Sobre el particular adjunto el ocurso 38/38.3.3.211249/2016, y anexos, signado por el doctor Ángel Alfonso Quintero Martínez, director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual informa sobre lo exhortado. Consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con el comunicado.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

El respeto al derecho ajeno es la paz

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica)


Asunto: En relación con las campañas de información y abasto de medicamentos.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres

Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca
Ciudad Administrativa Edificio 7

En atención al oficio CJGEO/DGCNPUDRPLC/693/2016 fechado el 1 de marzo de 2016 en el que hace mención del oficio número DGPL 63-II-8-0871 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por medio del cual hace de conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado a intensificar las campañas de información para las campañas de información en la prevención de la influenza en todos sus tipos, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud para combatirla, informo lo siguiente:

1. La Subsecretaría de Salud de nivel federal en video conferencia con los homólogos de los estados el 26 de febrero, informa sobre el panorama epidemiológico de influenza en el país, asimismo sobre las recomendaciones de continuar la vigilancia epidemiológica de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), del mismo modo sobre asegurar la atención de los pacientes que requieran el tratamiento específico a base del Oseltamivir de acuerdo al lineamiento federal para la vigilancia epidemiológica de influenza, así como la instalación de filtros escolares por el personal de educación de los planteles educativos, con la finalidad de detectar casos con fiebre o con cuadros respiratorios para su envió y valoración en la clínica de salud correspondiente y de esta manera dar tratamiento, en caso de requerirlo evitar el contacto con el alumnado y de este modo prevenir los brotes de infecciones respiratorias en dichos planteles.

Por lo expuesto, se celebró el viernes 26 de febrero la reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica para otorgar a los integrantes del sector salud (IMSS Régimen Ordinario, IMSS Prospera, Pemex, Sedena, Semar, DIF, Secretaría de Salud de Oaxaca, ISSSTE, Regulación Sanitaria) las indicaciones emitidas por el subsecretario federal.

2. De acuerdo a los lineamientos de Temporada Invernal, misma que dio inicio en la Semana epidemiológica 41 de 2015 a la semana epidemiológica número 11 de 2016, se refuerza la difusión de las medidas preventivas hacia la población general para evitar las infecciones respiratorias entre ellas influenza, también se solicita garantizar la atención y notificación de los casos, reforzar la vacunación contra la influenza en grupos vulnerables de acuerdo a los lineamientos del programa de vacunación universal; dichas acciones se han realizado en el transcurso del periodo mencionado en las unidades de primer y segundo nivel del sector.

3. Previo al inicio de temporada invernal se dota de tratamiento Oseltamivir a las jurisdicciones sanitarias las cuales a su vez distribuyen el medicamento a las unidades de su área de responsabilidad reforzando en aquellas que se encuentran en las localidades de más alto riesgo así como a las 11 USMIS del estado, el canje de las recetas médicas y estudio epidemiológico ante la sospecha de caso de ETI/IRAG detectados por médicos particulares y los facultativos de las instituciones. El tratamiento ya mencionado es otorgado por el Cenaprece, Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades, por lo anterior se asegura el otorgamiento del tratamiento, no omito mencionar que es necesario que en los procedimientos se apeguen a los lineamientos nacionales y a la Guía de Práctica Clínica.

No omito mencionar que las acciones de salud como reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de influenza son actividades que se continúan todo el alto y que las medidas básicas de prevención y las recomendaciones generales como el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social ante la sospecha de ser portador de una enfermedad respiratoria, la no automedicación, la solicitud de asistencia médica en el inicio temprano de los síntomas para evitar complicaciones; son del dominio público agradecemos el apoyo de su fortalecimiento y difusión desde el ámbito de su competencia, para la prevención de potenciales contagios sobre todo en oficinas públicas o recintos de conglomeración de personas por causas específicas de cualquier índole durante la temporada invernal que es el periodo de mayor riesgo de contagio de esta enfermedad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz


Doctor Ángel Alfonso Quintero Martínez (rúbrica)

Director de Prevención y Promoción de la Salud


Memorándum

Atención: Doctor Ángel Alfonso Quintero Martínez

Asunto: Solicitud de información.

Por medio del presente, anexo oficio número CJGEO/DGCNPL/DRPLC/693/2016, de fecha 1 de marzo del año en curso, firmado por el licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien solicita un informe mediante copia certificada sobre la atención brindada al exhorto emitido a través del oficio DGPL 63-II-8-0871, suscrito por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Agradeceré se atienda este asunto, asimismo solicito a usted dar respuesta directa al peticionario y proporcionamos copla de la misma para conocimiento del secretario, haciendo referencia al número de memorándum Indicado en la parte superior.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz


Licenciada María Teresa Sánchez Wolf (rúbrica)

Coordinadora Institucional


Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, marzo 1 de 2016.

Ingeniero Héctor González Hernández

Encargado del Despacho de la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca.
JP García 103, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Atención: Licenciado Martín Mario Méndez Ruiz
Director de Asuntos Jurídicos.
Privada de la paz, número 101, colonia Figueroa.

Con fundamento en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en estrecha relación con los numerales 8, 20 y 49, fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, doy seguimiento al oficio STPEElG412016/205, suscrito por el secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo del estado, mediante el cual le remite para su atención y efectos procedentes el oficio DGPL 63-II-8-0871, suscrito por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mismo que acompaño en copia simple para mayor ilustración.

En virtud de lo anterior y a efecto de atender puntualmente dentro del término de 10 días hábiles, lo instruido por el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, solicito a usted respetuosamente tenga a bien enviar a la Consejería Jurídica, las documentales en copla certificada, que atiendan a lo exhortado por el Congreso de la Unión.

Sin otro asunto en particular le envío un cordial saludo, reiterándole mi distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz


Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica)

Consejero Jurídico del Gobierno del Estado


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de febrero de 2016.

Ingeniero Héctor González Hernández

Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud

Presente

Reciba por este medio un cordial saludo, al tiempo de remitir a usted, para su atención y efectos procedentes, por instrucciones del gobernador constitucional del estado, el oficio número DGPL 63-II-B-Q871 recibido en esta oficina el 29 de febrero del año en curso, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por medio del cual hace de conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, así como regularizar el abasto del medicamento en el sector salud, para combatirla.

En este sentido, solicito amablemente tenga a bien coordinarse con las instancias de gobierno correspondientes, así como con el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, a objeto de dar respuesta a .dicha solicitud, misma que deberá notificarse a esa honorable Cámara vía Consejería Jurídica en un término no mayor a 10 días hábiles, marcando únicamente copla a esta Secretaría Técnica.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

El respeto al derecho ajeno es la paz


Licenciado Alejandro Cerda Figueroa (rúbrica)

Secretario Técnico del Poder Ejecutivo



Iniciativas

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, recibida del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, las instituciones en materia de seguridad pública y protección civil han sido en todo momento reconocidas por su labor, la entrega y el profesionalismo con el que realizan su trabajo.

La sociedad en su conjunto las reconoce con su respeto, aprecio y cariño, por ser ellos con el desempeño de su función, quienes están cerca de la gente en las buenas y sobre todo, cuando más se requiere el apoyo, en las situaciones desagradables y que en muchos casos está expuesta la integridad e incluso la vida de las personas.

No obstante, con el paso del tiempo, la diversificación de las situaciones de peligro entre sociales y familiares, y en mayor medida por el actuar de algunos miembros de estas corporaciones en el desempeño de su trabajo o en su conducta durante su tiempo libre, muchas de estas corporaciones han perdido su prestigio ante la sociedad.

Sin embargo y afortunadamente, entre las pocas que quedan ampliamente reconocidas, hay una que se distingue y que se ubica seguramente en primer lugar en materia de reconocimiento, cariño y aprecio social a pesar del tiempo.

Me refiero en particular a nuestros siempre heroico, Cuerpos de Bomberos.

Cabe señalar que de acuerdo a la Encuesta sobre la Percepción Pública en México de 2013, la profesión de bombero es la más respetable entre la población, por encima incluso de la enfermera, el médico y el investigador científico.1

Los Cuerpos de Bomberos en nuestra historia son leyenda, datan –según los registros– de 1873 cuando fue el momento en el que se creó oficialmente el primer Cuerpo de Bomberos destacado en el Puerto de Veracruz.

A partir de esa fecha se inició su tradición de valor, entrega y sobre todo de cercanía, respeto y cariño con la sociedad mexicana, condición que sin duda alguna guardan hasta el día de hoy, con más fuerza y vigencia.

Fue tal el desempeño de sus elementos, que incluso cabe destacar en 1951 por decreto presidencial se le otorgó a las corporaciones de bomberos en toda la nación el carácter de heroicos.

Es indiscutible que los bomberos desde siempre, han sido salvadores de vidas, apoyo en materia de protección civil, de percances y además, motivo de ejemplo y orgullo nacional.

Los bomberos en nuestro país, incluso han sido y son ejemplo de nuestra niñez y fuente de inspiración en nuestra juventud.

A la fecha, no hay persona alguna que mire pasar a un bombero camino a cumplir su labor, y no sienta una profunda admiración y respeto al ser humano que va dispuesto a entregar si es necesario, su propia vida para salvar la de alguien más.

Sin embargo, no nos hemos atrevido ni hemos sido capaces de ver que ellos también, necesitan ser salvados.

Hoy en día la situación que enfrentan los bomberos en su día a día, desafortunadamente no se centra únicamente en sofocar incendios, salvamento de personas, atender contingencias o accidentes automovilísticos, derrames de substancias peligrosas o en resumen, a exponer su propia vida.

Enfrentan también problemas en cuanto al equipamiento requerido para el desempeño seguro de su trabajo, en la retribución salarial para atender sus necesidades personales y las de su familia, en las prestaciones que le den certeza jurídica y garantía en el desempeño de su labor ante un infortunio, y además por si lo anterior fuera poco,en algunas ocasiones graves dificultades al interior de su corporación y en el desempeño mismo de sus funciones, solo por mencionar algunas.

De acuerdo a expertos en el tema, existen en nuestro país cerca de 428 corporaciones de bomberos, integradas por elementos que realizan su noble labor de tiempo completo, en condiciones inseguras, sin equipo, protección y en muchos casos –específicamente cerca de 9 mil bomberos– sin salario alguno.

Otro importante número de bomberos, dependen de aportaciones voluntarias, de la caridad de las personas o bien, de recursos entregados por patronatos, para percibir un sueldo “ficticio” que se ubica por debajo del salario mínimo, como retribución a su labor y único medio de subsistencia para su familia.

El panorama es todavía mucho más desolador, si nos referimos a las prestaciones sociales, seguro de vida, protección jurídica, seguro o cobertura de servicios médicos al menos para ellos por el desempeño de su labor, porque imaginarlo para sus hijos como actualmente lo perciben elementos de seguridad pública, es un sueño inalcanzable.

Aunado a lo anterior y al ver pasar a ese bombero a cumplir su deber, no imaginamos que en sus pensamientos, al lado de la firme convicción en su ser de entregar incluso su vida o estar dispuesto a sufrir quemaduras graves, va de la mano el problema de enfrentar en cualquier momento un despido injustificado porque “un superior” vendió su plaza y requiere deshacerse de él, sin ni siquiera recibir algún tipo de indemnización que por ley le correspondería.

Los riesgos de su primer labor o encomienda, que es la de sofocar incendios, son muchos, pero principalmente están expuestos a sufrir quemaduras por dos cuestiones, primero son los peligros propios e inherentes de su trabajo y segundo, porque carecen del equipo necesario que los proteja.

El asunto no es menor, las quemaduras son sumamente peligrosas, incapacitantes y de una larga, dolorosa y costosa recuperación.

Ello, en función de la gravedad y la penetración de éstas en la piel.

Básicamente se identifican 4 tipos o grados de quemaduras a las que están expuestos día a día los bomberos:

Quemadura de primer grado: esta quemadura sólo afecta a la capa más externa de la piel, la epidermis. Es por esto que es una lesión superficial. Los síntomas que presenta son hinchazón de la piel, sequedad, enrojecimiento y dolor.

Quemadura de segundo grado: estas quemaduras, además de lesionar a la epidermis, afectan una porción de la dermis. Quien padece una quemadura de segundo grado presenta síntomas como hinchazón, ampollas, dolor, enrojecimiento, sensibilidad al aire y pérdida de piel.

Quemadura de tercer grado: en este tipo de quemadura la dermis y la epidermis quedan destruidas, es por esto que se habla de quemaduras totales. Estas destruyen las terminaciones nerviosas y también pueden llegar a afectar a los huesos, tendones y músculos. La zona afectada queda de color blanco o carbón. Los síntomas que tienen quienes padecen estas enfermedades son, entre otros, edema, grasa expuesta, piel seca, que adquiere un color café, blanco o negro y eliminación de piel. Además, esta quemadura se caracteriza por ser indolora, a causa de la destrucción de los nervios.

Quemadura de cuarto grado: estas quemaduras dañan a los huesos y músculos. No solo pueden ser producto del contacto con líquidos calientes, fuego, electricidad, sino también por frío o congelación.2

Además de lo anterior, derivado de lo extenuante de su labor, del estrés que sufren por el riesgo de su trabajo y las circunstancias a las que se enfrentan, y de lo intenso de la preparación en cuestiones de condición física y psicológica que deben mantener como requisito para hacerle frente a su faena, están expuestos a sufrir la denominada “muerte cardiaca súbita”.

Estudios no oficiales señalan que es la muerte cardiaca súbita, una de las causas más comunes por las que los bomberos pierden la vida, solo después de las propias y derivadas de atender un siniestro.

Lo anterior es particularmente delicado, porque expertos en la materia señalan que la muerte cardiaca súbita, se puede presentar en más de la mitad de sus casos, sin una sintomatología previa.3

Además, a pesar de que los factores de riesgo son bastantes y bien identificados para esta causa de muerte, se reconoce que uno de los mayores factores de riesgo para sufrirla es debido a la realización de un esfuerzo físico y estresante muy intenso y prolongado.4

Justamente es lo anterior, la mejor descripción del trabajo que realizan los bomberos al atender un incendio o una situación de emergencia donde están en peligro la vida de víctimas, además de la propia.

Además, hay que añadirle a lo intenso y prolongado de las situaciones de riesgo que los bomberos padecen durante su trabajo, la alta frecuencia de estos eventos que tienen que atender.

Al respecto, las cifras son contundentes, se tiene registrado que en un año, en promedio nueve de cada cien habitantes, pierden su hogar a causa directa de un incendio.5

Asimismo se reconoce que en promedio se registran poco más de 50 mil víctimas directas de este tipo de percances en nuestro país.6

De igual forma y como un ejemplo de la labor extenuante e incluso en muchos casos sobrehumana, que los bomberos tienen que realizar, cabe señalar que en el caso específico de los incendios forestales, desde el 1 de enero hasta el 14 de abril del presente año, se han registrado 4 mil 539 eventos.7

Este impresionante número de incendios forestales, que vale la pena destacar es una cifra que está dentro del promedio anual, ha exigido para su atención y combate de 103 mil 158 días/hombre, es decir 103,158 días que a la fecha -el primer tercio del año-, nuestros bomberos han expuesto su salud y sobre todo su vida.

Frente a lo anterior insisto, 80 por ciento de estos seres humanos, mexicanos y heroicos bomberos, realizan esta labor sin las prestaciones necesarias y justas, sin el equipo adecuado y sin la certeza jurídica que los proteja a ellos y sus familias.

Como se puede apreciar indiscutiblemente, la cantidad de incendios, sus daños, consecuencias y el número de víctimas directas e indirectas, son muchas, periódicas y sobre todo rebasan la capacidad de atención de los elementos en activo de nuestros Cuerpos de Bomberos, situación que les exige el doble o triple de su entrega y su capacidad física, para como lo han hecho en todo momento, acudir en nuestro rescate y auxilio.

Estas situaciones de indiscutible entrega por parte de nuestros bomberos, los ha convertido en verdaderos héroes nacionales, sin embargo este reconocimiento no es suficiente para ganarse el sustento de sus necesidades básicas y las de su familia, ni tampoco les ha alcanzado para sacarlos de la invisibilidad salarial y de prestaciones en la que se encuentran sumergidos históricamente.

Esta situación no es posible y mucho menos admisible.

Tenemos una enorme deuda de gratitud y sobre todo de reconocimiento, para nuestros bomberos.

Hemos sido opacos en la atención de sus necesidades, e incluso una sociedad indiferente ante los peligros que los asechan.

Por ese motivo y como espíritu de la presente iniciativa, es que propongo que de las aportaciones federales que todos los municipios de nuestro país reciben, tengan la obligación por ley de destinar una parte, para la atención de las necesidades de sus bomberos.

Ello, en primer lugar porque todos hemos necesitado, necesitamos o de manera lamentable estaremos expuestos a requerir del auxilio directo de un bombero.

O bien, con la labor que ellos realizan, por ejemplo al contener y sofocar un incendio forestal, nos benefician de manera indirecta a nosotros en el presente y nuestros hijos en el futuro, al preservar y proteger –incluso con su vida- nuestros bosques y áreas verdes que cada vez son menos y que siempre serán vitales.

Propongo que esta asignación se realice en específico, en los fondos de aportaciones federales, porque en la redacción de la ley en su artículo 37, se contemplan ya la “atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”9 .

Con este artículo, los municipios en la práctica, están facultados para realizar gastos en materia de equipamiento para las fuerzas policiacas o bien para las derivadas de la protección civil de sus habitantes.

No obstante, es necesario incluir a los bomberos porque ellos comparten en mayor medida, el riesgo que asumen las fuerzas policiacas y superan en frecuencia las contingencias que enfrentan en promedio, las autoridades de protección civil.

Cabe destacar, que en 1993, dentro del marco de diversa reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, se adicionó un capitulo nombrado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, como una medida encaminada a reforzar la descentralización presupuestal y reforzar las capacidades presupuestarias de los municipios.

Es en ese capítulo y en específico en el ya mencionado anteriormente, artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, es en donde considero que se deben de garantizar los recursos para solventar las necesidades básicas de los Cuerpos de Bomberos de los municipios en función del objeto del artículo que a la letra dice:

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.”10

Como puede apreciarse con lo anterior, con la reforma que propongo no estaríamos inventando un nuevo gasto, ni tampoco dejando de atender una necesidad por atender otra, por el contrario, con la reforma que propongo estaríamos atendiendo una urgencia y una inversión en nuestra propia seguridad al tener cuerpos de bomberos equipados, capacitados y sobre todo con la percepción del justo salario que les corresponde.

No podemos ser ajenos ni omisos, ante las necesidades apremiantes que todos conocemos y disimulamos ver, que padecen nuestros bomberos en todo nuestro país.

Esta soberanía y quienes la integramos, estamos obligados y facultados a hacer algo al respecto.

Necesitamos atender esa deuda histórica que se tiene con los Heroicos Cuerpos de Bomberos que con vocación, nos brindan su labor y servicios.

Como integrantes de la sociedad y representantes populares, debemos reconocer que el trabajo de los bomberos motiva, porque con la misma entrega arriesgan su vida propia, por la de otro ser humano, o por cualquier ser vivo.

Debemos de tener desde esta soberanía, la capacidad para valorar, que para un bombero no importa el riesgo a enfrentar, porque por más pequeño que sea el ser vivo a salvar y proteger, es una vida por la que sin titubear se exponen con valor.

Sin duda alguna al término de su día a día, nuestros bomberos con su labor se llevan la tranquilidad de su conciencia, pero desafortunadamente no llevan de la mano, la tranquilidad a su subsistencia y la de su familia.

Lo anterior, lo debemos detener. Estamos obligados desde esta soberanía a responderle a nuestros bomberos y a nuestra sociedad en su conjunto.

Por ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo37de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de los requerimientos de su Cuerpo de Bomberos y las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor en el siguiente ejercicio fiscal que corresponda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Encuesta sobre la Percepción Pública en México. INEGI 2013.
2 Fuente: http://www.tiposde.org
3 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
4 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
5 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
6 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
7 Reporte acumulado 2016. www.camafu.org.mx
8 Reporte acumulado 2016. www.camafu.org.mx
9 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37.
10 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37. Texto vigente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2016.

Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 31 de 2016.)

Que reforma y adiciona diversas leyes administrativas para prevenir la usurpación de identidad, recibida de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas leyes administrativas para prevenir la usurpación de identidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El robo de identidad o mejor dicho “Usurpación de Identidad” puede definirse como el acto de suplantar la identidad de una persona, mediante el uso de información personal y financiera de ésta, con el fin de obtener de forma fraudulenta un beneficio y se ha vuelto un problema que cada día un mayor número de ciudadanos padece.

En este sentido, de acuerdo con las cifras emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el número de reclamaciones por usurpación de identidad recibido por dicha Comisión se ha incrementado de 4 mil 564 en 2011 a 28 mil 458 en 2015, lo cual representa un aumento del 518 por ciento en un periodo de 5 años.1

La siguiente tabla ilustra el citado incremento en los años señalados:

Algunas instituciones de crédito tales como Banco Santander, SA, American Express, SA, HSBC México, SA, Banamex, SA, y Banorte IXE concentran una gran cantidad de estas reclamaciones, de acuerdo con datos de la misma Condusef.

Al incrementarse, por tanto, el volumen de las reclamaciones, en consecuencia, se incrementan los montos defraudados a las instituciones financieras o, en su defecto, a las personas cuya identidad fue robada, como se verá en los siguientes datos arrojados en el reporte que al efecto emite la citada autoridad:

Conforme a dichas cifras, el monto de los reclamos en 2015 llegó a la cantidad de 118 millones de pesos, en tanto que en 2011 ascendía únicamente un total de 15 millones de pesos.

Por tanto, los quebrantos ocasionados por la usurpación de identidad han sufrido un incremento del 686% del 2011 al 2015, en otras palabras se han incrementado seis veces.

Ahora bien, en muchos de los casos la institución financiera no resuelve de forma favorable al reclamante, sino que éste, debe acudir a otros medios, como un juicio en contra de la institución correspondiente, o bien, pagar de su patrimonio el monto defraudado, como se verá en las siguientes estadísticas:

De acuerdo con esto, durante el año 2015 las instituciones financieras abonaron a los usuarios 69 millones de pesos, lo cual equivale al 58% del monto total reclamado (118 millones de pesos), por lo tanto, las personas afectadas por este tipo de delito tuvieron que afrontar un daño de 49 millones de pesos.

La misma comisión ha señalado que México ocupa el 8° lugar a nivel mundial en este delito.2

Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México esta conducta es tipificada como delito, de acuerdo con el artículo 211 bis del Código Penal para el Distrito Federal, en los siguientes términos:

Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días de multa.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

A nivel federal, si bien no existe específicamente dicha conducta tipificada como delito, ésta se sanciona como fraude genérico, a saber:

Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Sin embargo, a nivel administrativo no existen específicamente normas que prevengan estas conductas aplicables a las entidades financieras, donde como se mencionó líneas arriba es el ámbito en el que se presentan.

Lo que se tiene legislativamente hablando son normas que establecen que las entidades financieras, en términos de las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están obligadas a tener medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal (operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero-, terrorismo, financiamiento al terrorismo y terrorismo internacional).

En otras palabras, las actuales obligaciones en materia de conocimiento del cliente a cargo de las entidades financieras, previstas en las diversas leyes que las regulan y las disposiciones al efecto emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resultan insuficientes para prevenir la usurpación de identidad, ya que dichas obligaciones fueron establecidas para combatir una problemática diferente, esto es la prevención de lavado de dinero y, por tanto, atienden a operaciones y montos determinados, en tanto que, en la usurpación de identidad es altamente frecuente en la contratación de líneas de crédito otorgadas por cantidades menores, por lo cual, la documentación que integra dichas cuentas, así como los usuarios que las tramitan, no son objeto ni sujeto de una verificación exhaustiva o por lo menos razonable por parte de las entidades financieras.

Ahora bien, si bien es cierto que la Usurpación de identidad no tiene relación necesaria con los delitos de lavado de dinero y el terrorismo, el cumplimiento algunas de las obligaciones que se imponen a las entidades financieras (bancos, casas de bolsa, operadoras de fondos, entre otras) a través de la Ley Federal para Prevenir y Detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contribuyen a disminuir los casos de usurpación de identidad, ya que algunas de esas obligaciones están encaminadas al debido conocimiento del cliente e información necesaria para la prestación de un servicio financiero, por ejemplo, las siguientes:

1. Integrar y conservar un expediente de identificación de cada cliente, previamente a que abran una cuenta o celebren un contrato para realizar operaciones de cualquier tipo, el cual debe cumplir con la documentación e información que se señala en las disposiciones correspondientes.

2. Antes de que una entidad establezca o inicie una relación comercial con un cliente, deberá celebrar una entrevista personal con este o con su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos de identificación respectivos y asentará de forma escrita o electrónica los resultados de la entrevista.

3. No establecer o mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, por lo que solo pueden abrir cuentas o suscribir contratos hasta que los clientes hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos de identificación.

De igual forma, en los últimos años el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal hemos hecho esfuerzos por lograr un sano equilibrio en la prestación de servicios financieros, en la protección de los derechos de los usuarios y en la prevención de delitos que afecten los servicios de banca y crédito, éstos últimos como motores de la economía de nuestro país. Como resultado de dichos esfuerzos, el 10 de enero de 2014, se emitió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado el 10 de enero de 2014, mediante el cual se hicieron profundos ajustes a la prestación de servicios financieros.

Por su parte, para el gobierno federal ha sido una preocupación constante este tipo de prácticas que va en aumento y que dañan gravemente el patrimonio, la seguridad jurídica y el bienestar de las personas. En el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 se contempla la necesidad de combatir este fenómeno.

“...Es necesario incrementar el uso de herramientas tecnológicas para atender con mayor efectividad el fenómeno emergente y creciente de los delitos cibernéticos que conllevan un alto impacto a la sociedad (extorsión, trata de personas, pornografía de menores) y a la economía ?fraude electrónico, robo de identidad y delitos contra derechos de autor.”3

Incluso, el 18 de febrero de 2016 el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría para la Protección del Contribuyente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asociación de Bancos de México, así como los institutos Nacional Electoral y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la propia Condusef formalizaron un convenio de colaboración para combatir coordinadamente el robo de identidad en el territorio nacional.

Sin embargo, el aumento en los casos de usurpación de identidad, hace necesario darle continuidad y formalidad legislativa a los avances señalados para proteger a los usuarios de servicios financieros, ajustando el marco jurídico aplicable a las entidades financieras, a fin de establecer lineamientos adicionales que deberán seguir las entidades previo a contratar algún producto o servicio financiero con sus clientes, para una debida identificación del cliente.

Por ello, en opinión de la suscrita legisladora se hace necesario que:

1. Las entidades financieras establezcan mayores medidas de seguridad en el otorgamiento de créditos y apertura de cuentas, que estén específicamente dirigidas a prevenir este problema, tales como visitas al domicilio del cliente, corroboración de información financiera con otras entidades, verificación de identificaciones (por ejemplo, a través del portal del Instituto Nacional Electoral).

2. Las autoridades supervisoras pongan mayor énfasis en la revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de identificación de clientes, por parte de las entidades financieras.

Por tanto, propongo la reforma a diversas disposiciones que regulan a las entidades financieras la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir la usurpación de identidad y facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan las disposiciones de carácter general que establezcan los lineamientos que las entidades financieras deberán seguir, previo a la contratación de productos y servicios financieros con sus clientes, para prevenir la usurpación de identidad y la correspondientes afectación en el patrimonio de la propia entidad financiera o de terceros. Es importante que dichas disposiciones prevean la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de usurpación de identidad, por parte Secretaría y las Comisiones antes referidas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Con base en lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, y Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

“Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 115 de Ley de Instituciones de Crédito, 212 de la Ley del Mercado de Valores, 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 129 de la Ley de Uniones de Crédito, 91 de la Ley de Fondos de Inversión, 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Ley de Instituciones de Crédito:

Artículo 115. ...

...

...

...

I. ...

II. ...

a. El adecuado conocimiento e identificación de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

...

Ley del Mercado de Valores

Artículo 212. ...

I. ...

II. ...

III. ...

a. El adecuado conocimiento e identificación de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

...

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo 95 Bis. ...

I. ...

II. ...

III. ...

a. El adecuado conocimiento e identificación de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

Ley de Uniones de Crédito.

Artículo 129. ...

I. ...

II. ...

i. El adecuado conocimiento e identificación de sus socios y terceros con los que realicen operaciones, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus socios y terceros ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

Ley de Fondos de Inversión.

Artículo 91. ...

I. ...

II. ...

...

...

a. El adecuado conocimiento e identificación de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

Ley de Ahorro y Crédito Popular

Artículo 124. ...

I. ...

II. ...

...

...

a. El adecuado conocimiento e identificación de sus clientes, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

...

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 72. ...

I. El adecuado conocimiento e identificación de sus Socios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional, las plazas en que operen, así como recurrir a cualquier medida necesaria para evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios ;

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán emitir disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deberán cumplir para evitar la usurpación de identidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere este Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas

1 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2015/com71_reclamaciones-r obo-identidad.pdf
2 http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf
3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014

México, DF, a 25 de abril de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 31 de 2016.)

Que adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 31 de mayo de 2016

Alejandro González Murillo, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El impulso que se ha dado durante las últimas administraciones, al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido significativo; sin embargo, aún se requiere de un mayor apoyo gubernamental para hacer posible el pleno desarrollo de este importante sector de la producción.

A pesar de lo anterior, hoy, las Mipymes representan la base de la economía nacional; según datos del censo económico del Inegi, en 2014 habían más de 5.6 millones de Mipymes que empleaban a cerca de 29.7 millones de mexicanos, se trata, entonces, de la mayor fuente de trabajo del país.

En este sentido, resulta de la mayor relevancia redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo del sector. Hoy, más que siempre, requerimos apoyar y fomentar la creación de Mipymes para encauzar el emprendimiento de las y los mexicanos; además, dicha medida resulta eficaz, en la disminución de la economía informal que tanto daño causa a las finanzas públicas de nuestro país.

De esta manera, las Mipymes, pueden y deben ser un medio, efectivo y eficaz, para favorecer una mayor formalidad de nuestra economía; ello, con el consabido mejoramiento de las prestaciones laborales en nuestras fuentes de trabajo.

Al respecto, es importante señalar que las Mipymes proporcionan estabilidad al mercado laboral nacional gracias al gran número de trabajos que generan. Ahora bien, la cantidad de empleos va de la mano con los bajos costos salariales; el simbólico nivel de inversión que implica la apertura de una MIPYME así como su flexibilidad administrativa y operativa.

Sobre el último punto, hay que destacar que una administración y operación sencilla, es una de las principales fortalezas de las Mipymes: dicha mayor flexibilidad les permite adaptarse de mejor manera a los cambios del mercado y posibilita emprender proyectos innovadores en mejores condiciones, de forma más rápida y eficiente.

Actualmente, México atraviesa por una delicada situación económica como consecuencia del desplome en los precios del petróleo y la crisis financiera mundial. Esta crisis no ha permitido crecer a la economía, generando la precariedad de los ingresos y un déficit en la creación de empleos, lo cual afecta, de manera muy particular, a las y los jóvenes; quienes requieren ocuparse laboralmente y no encuentran trabajo digno.

Por tal razón, la presente iniciativa busca adicionar una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que la Secretaría de Economía promoverá, orientará, fomentará y estimulará el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; a través de la implementación de programas, proyectos y fondos públicos.

Con dicha propuesta, se busca impulsar la puesta en marcha de programas, políticas y fondos públicos que impulsen el desarrollo de las Mipymes como factores económicos que desinhiban la economía informal; generen empleos dignos y contribuyan a la reactivación económica de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIV del artículo34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXIV Bis. (...)

XXIV Ter. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; a través, de la implementación de programas, proyectos y fondos públicos.

XXV a XXXIII. (...)

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Comisión Permanente. Mayo de 2016.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 31 de 2016.)

Que deroga las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

Quienes suscriben, diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social surgió como resultado de un largo proceso, derivado del perpetuo estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad.1

El hombre se encuentra en constante enfrentamiento contra un mundo en el cual se tiene que adaptar constantemente, se enfrenta a las enfermedades y por consiguiente a la necesidad de prevenirlas; al igual que tiene que hacer frente a las vicisitudes de la vejez y de la imposibilidad de subsistir por sus propios medios.2

La necesidad de seguridad del hombre ha sido el principal impulso del progreso de la humanidad. Es por esto que el hombre se ve en la necesidad de crear núcleos en los cuales pueda desenvolverse e identificarse. El núcleo más básico del hombre es la familia y es a partir de este núcleo que surgen organizaciones sociales mucho más amplias que velan por la solidaridad y la protección mutua.3

En los núcleos más amplios de la sociedad es que surgen las organizaciones de trabajo y desarrollo en las cuales el hombre es libre de ejercer sus derechos y libertades, sin embargo, se encuentra en la naturaleza del hombre la constante búsqueda de protección hacia sí mismo y hacia su núcleo más próximo –la familia–. La seguridad social tiene claramente como base uno de los instintos más primitivos del ser humano y por eso es concebida como4

Parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual.5

Sin embargo, hasta 1941 con la Carta del Atlántico y en 1942 con la Declaración de Washington que esta expresión –“seguridad social”– no tuvo mayor significado, pues aquí se proclama: “Todas las naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico, social a fin de garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social”.6

En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1948 fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 establece:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.7

De igual manera, en el artículo 25 se establece:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.8

México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, admitido el 7 de noviembre de 1945, siendo de esta manera uno de los países con mayor participación en la asamblea mencionada.9

Gracias a ésas y otras muchas más declaraciones internacionales, en 1943 se creó en el país la Ley del Seguro Social, la cual dio origen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que comenzó a funcionar en 1944.10

Este decreto es producto de la Revolución Mexicana de 1910, la cual culmina con la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que en el artículo 123, fracción XXIX, establece:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Otra institución de suma importancia en el país es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes. Los gobiernos estatales y organismos públicos descentralizados pueden contratar los servicios del ISSSTE para afiliar a sus trabajadores mediante la celebración de convenios.11

Entre los afiliados a esta institución se encuentran

18 dependencias federales, 8 órganos autónomos, 68 organismos descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 fideicomiso público, 6 agrupaciones, más los Poderes Legislativo y Judicial, como afiliados por ley, decreto o acuerdo; 13 gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos descentralizados y 5 Poderes Legislativos y Judiciales, así como 62 municipios y 4 organismos descentralizados municipales, forman el grupo de afiliados al ISSSTE.12

Ambas instituciones cuentan con servicios de pensiones para sus derechohabientes que, por mandato constitucional, convencional y legal, se hace extensivo a sus dependientes económicos sean hijos menores y cónyuge supérstite.

La reforma integral de la Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995 materializó muchas de las importantes demandas que no cumplía en toda su extensión la ley de 1973.

A su vez, las principales reformas aprobadas en las últimas legislaturas están relacionadas con el mejoramiento de las pensiones para los trabajadores del ISSSTE, del IMSS y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En la LVII Legislatura se aprobó una reforma de la Ley del ISSSTE que aumentó el monto de las pensiones y modificó su forma de cálculo en beneficio de los trabajadores.

En la LVIII Legislatura se dieron varias reformas importantes. La primera fue una amplia reforma a la Ley del Seguro Social que, entre otras cosas, dispone que no puede haber pensiones inferiores a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se aprobó también una iniciativa para que los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tengan el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos acumulados hasta esa fecha en las Subcuentas del Seguro de Retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro acumulados en la Subcuenta del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, vigente a partir del 1 de julio de 1997, incluidos los rendimientos generados por dichos conceptos.

Todo lo anterior, sin contar las más de 10 reformas dadas durante los últimos 10 años tendentes siempre a ampliar el espectro de protección para derechohabientes en cada uno de los ramos referidos en el párrafo anterior.

No obstante, pese a los avances que se han tenido, se ha conservado una disposición notoriamente inconstitucional y que vulnera los derechos de las personas. Generalmente mujeres, pero con igual agravio a hombres que se ubicarán en el supuesto de la norma. En efecto, el artículo 132 de la Ley del Seguro Social a la letra establece:

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace; y

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.

El artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece:

Artículo 136. No tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del trabajador o pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio; y

III. Cuando al contraer matrimonio el pensionado recibía una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el trabajador o pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

No obstante, sobre las disposiciones transcritas, en particular en lo que se refiere a la fracción I de ambas disposiciones, podemos advertir que deviene en inconstitucional ya que se trata de una restricción arbitraria, no razonable y no justificada en atención de la prueba de proporcionalidad que ha construido el Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un amparo en revisión resuelto en fechas recientes,13 el máximo tribunal de la nación ha resuelto la inconstitucionalidad de dichas disposiciones. De acuerdo con la resolución en comento, dicha disposición:

... permite un trato desigual e injustificado al establecer un requisito arbitrario –consiste en que el matrimonio tenga una duración de seis meses a la muerte del asegurado–, cuando el ordenamiento jurídico no está sujeto para su validez a tiempo de espera ni a condición, pues el único requisito de existencia es su celebración ante autoridad competente.

Se establece un trato distinto a los beneficiarios de la pensión al brindar seguridad social condicionada a requisitos desiguales, arbitrarios y subjetivos, pues el plazo de seis meses que establece dicho artículo no tiene razón de ser ni es legalmente justificado, ya que una esposa no es más ni menos por el hecho de haber o no transcurrido el paso que aquí se establece.

No se debe permitir que el artículo restrinja indebidamente los derechos de las esposas que tienen menos de seis meses de casadas y que no tienen hijos, pues dichas condiciones violan los derechos humanos de igualdad, equidad y seguridad social, al restringir indebidamente los derechos de las personas miembros de las familias y beneficiarios, por lo que se viola lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución, 16, punto 3, y 25, punto 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 17, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo tildado de inconstitucional establece un trato desigual a las viudas de los asegurados al condicionar el matrimonio para efectos de pensión en el régimen obligatorio del seguro social, privándolas injustamente de un beneficio al que tienen derecho y dando un trato desigual, inicuo y discriminatorio entre iguales.

En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se establece:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

”Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

”Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

”[...]

”Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así se advierte que los principios de igualdad y no discriminación implican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser ley suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

El principio de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que se pueden crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcionada, discriminatoria de las personas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad.

La pensión por viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, no debe ser motivo para no otorgarla por circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir seis meses de matrimonio o que hubiese o no procreado hijos.

En otras palabras, para la procedencia de la pensión de viudez la ley la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro del periodo señalado posterior a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo, porque si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance –del trabajador o pensionado–, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse.

En el último párrafo del artículo impugnado está establecido que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos la ley sin mayor explicación hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez.

En razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, en la ley no se expresa justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de lo previsto en el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria del derecho de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

La condición establecida en la primera fracción de ambos artículos citados deviene inconstitucional, pues las leyes que los contienen atienden los mismos objetivos de la seguridad social descritos en los primeros párrafos y ambas restricciones resultar injustificadas por arbitrarias y sin atender el criterio de razonabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las mismas razones aducidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social pueden ser aplicadas con un criterio de analogía a la fracción I del 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En consecuencia, ambas disposiciones deberán ser derogadas a fin de garantizar a los cónyuges supérstites el derecho de una pensión por viudez aun si no se cumplieron seis meses de matrimonio: término arbitrario y sin soporte jurídico constitucional.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero. Se deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace; y

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido dependientes económicos junto con el asegurado o pensionado.

Segundo. Se deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 136. No tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio; y

III. Cuando al contraer matrimonio el pensionado recibía una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el trabajador o pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

2 Ídem.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.

6 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

7 Organización de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

8 Organización de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

9 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

10 Universidad de las Américas Puebla. (2006). Historia de la seguridad social y sus definiciones . Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo II: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/bobadilla_o_rc/cap itulo2.pdf

11 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (17 de febrero de 2006). Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Seguridad Social:

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/C omisiones/3_ssocial.htm

12 Ídem.

13 Diversos medios de comunicación dieron cuenta entre el 4 y 5 de mayo de 2016 de la resolución de la SCJN.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de mayo de 2016.

Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Mayo 31 de 2016.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el senador Héctor David Flores Ávalos, en nombre de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

La suscrita, Elva Lidia Valles Olvera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVII al artículo 3o.; reforma el artículo 4o., la fracción I del artículo 5o., el artículo 8o., el artículo 14; la fracción VIII del artículo 15, la fracción IV del artículo 161; y adiciona la fracción VI al artículo 190, todos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de relevo generacional, con base en la siguiente

I. Exposición de Motivos

Este proyecto de iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene como finalidad considerar al relevo generacional y la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y demás productivas del medio rural como parte de las estrategias que contribuirán en un futuro a: 1) garantizar las necesidades de seguridad alimentaria del país, la permanencia de jóvenes rurales en su lugar de origen y revalorar las labores del campo; 2) provocar en el sector rural nuevas y atractivas oportunidades de desarrollo y crecimiento para la juventud del medio rural y de las zonas urbanas; así como 3) Elevar la productividad de las población rural a fin de fortalecer la cohesión y capital social de las comunidades.

En México, las zonas rurales son núcleos de población dispersos y muy heterogéneos, donde la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, mismas que han permitido a los habitantes de estas zonas mantener cierto grado de autosuficiencia, a través del aprovechamiento de sus recursos naturales.

Sin embargo, a principios del siglo XX con la expansión demográfica y del sector industrial, estas actividades a nivel de pequeños productores comenzaron a rezagarse y debilitarse en el aspecto productivo, social, cultural y económico. Más adelante, con la rápida globalización y reformas de los mercados mundiales surgieron oportunidades pero también retos para el sector productivo y económico del medio rural.

Al respecto, diversos especialistas coinciden en que los constantes procesos de transformación estructural que sufren las zonas rurales, también se deben, entre otros aspectos a la liberación del comercio mundial, al desarrollo de tecnología, presencia de nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores, y a fenómenos sociales tales como la migración, la inseguridad, la masculinización del campo, tasas de baja fecundidad, y el envejecimiento de la población rural.1

En México, se han retomado también los análisis y estudios vinculados con los impactos de los diversos problemas sociales que afectan el aspecto productivo del sector rural. Uno de los problemas detectados es el proceso de transición demográfica que se ha experimentado en dicho sector, la cual se caracteriza con el envejecimiento de la población y se acentúa con la disminución en la tasa de fecundidad, el crecimiento de la esperanza de vida de la población y la migración principalmente en áreas rurales. Tales condiciones generan un impacto negativo en los niveles de producción rural del país.

En este contexto, es importante señalar algunos datos demográficos considerados dentro del estudio sobre envejecimiento de la población rural en México, que realizaron conjuntamente la Sagarpa y la FAO en el año 2014.2 Entre los datos relevantes de dicho estudio se informó respecto a la población general que la esperanza de vida en 2008 fue de 75.1 años y pasará en 2050 a 82 años, lo que traerá consigo una mayor presencia de población de edad avanzada, así lo reportó el Consejo Nacional de Población.

Otro dato relevante dentro del proceso de envejecimiento de la población son los cambios en la relación entre los grupos poblacionales. Así, en el año 2005, había 21 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños, y se prevé que esta relación se irá incrementando, y con el tiempo llegará a 88 adultos por cada 100 niños en 2032 y se duplicará hasta 167 adultos mayores por cada 100 niños para el año 2051.

Mientras en los datos demográficos para el sector rural y pesquero de México, predominan los responsables mayores de 55 años, aunque existen subsectores con responsables más longevos, como el subsector agrícola, lo que supone que en 10 años más se enfrentarán a un fuerte reto para mantener el nivel de producción actual, si consideramos la disminución de fuerza y vigor que por causa del deterioro biológico sufre el cuerpo humano con la edad.

En este orden, los datos muestran que los responsables de las Unidades Económicas Rurales (UER) tienen en promedio 54.6 años y que casi el 60 por ciento tienen más de 50 años; es decir, que solo un poco más del 40 por ciento de los responsables son jóvenes y, dentro de este grupo, la mayoría son mujeres.

Ahora bien, con relación a los rangos de edades por sector económico, se reportó en dicho estudio que 28 por ciento de los productores pesqueros tienen entre 40 y 50 años, mientras que 59 por ciento de los productores agrícolas y ganaderos son predominantemente mayores de 50 años. Para este último sector la transición poblacional se puede dar en un período de 10 años, cuando evidentemente dicha población alcance una edad en la cual existe naturalmente una disminución de la fuerza laboral masculina.

De acuerdo con los datos citados, se informó en dicho estudio que se tendrían consecuencias negativas debido a una reducción del factor productivo mano de obra en el campo, por lo tanto, es urgente generar las condiciones para que las actividades agrícolas y ganaderas sean atractivas para retener a los productores jóvenes que allí se encuentren, o atraer a las nuevas generaciones.

El envejecimiento de los productores rurales tiene sus implicaciones para la producción, el manejo y administración de los recursos naturales en el sector agropecuario. Dicha situación que impone retos a la política económica y social dirigida al sector rural para atender el reemplazo por generaciones jóvenes y que deberá suponer: 1) que la presencia de productores jóvenes en el sector agropecuario garantice dicho reemplazo; 2) que en el caso de existir titulares en edad avanzada y con la existencia de hijos en las UER, estén dispuestos a continuar con la unidad de producción familiar.

Otra parte importante a observar dentro del envejecimiento de los productores rurales, son los efectos sobre algunas variables productivas como son: 1) la tenencia de la tierra; 2) la dinámica productiva; 3) las capacidades técnico-productivas; 4) el acceso a los mercados; 6) el acceso al crédito; y 7) los apoyos gubernamentales.3 Cada variable se reporta con sus propias peculiaridades.

1) Respecto a la tenencia de la tierra , se reportó que más del 60 por ciento de los propietarios de tierras tienen una edad que oscila entre 50 o más años, en contraste con el 46 por ciento de los responsables de las UER que rentan la tierra. Estos datos implican que para las nuevas generaciones de productores que pretendan en un futuro ampliar sus capacidades productivas y que requieren tierras, tendrán que provenir por herencia; o del mercado, lo que permitirá un registro detallado de tierras disponibles, pero productivamente inactivas, ya sea por cuestiones de edad o por la migración del propietario.

2) En cuanto a la Dinámica productiva , se informó que el 57 por ciento de los responsables de UER con actividad predominantemente agrícola son mayores de 50 años, lo que implica que en una década más esta población estará en muchos casos iniciando el proceso de disminución de su capacidad productiva. A pesar de dichas cifras, el estudio reporta que: a) no se aprecia en el campo un relevo generacional que sustituya las labores de producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos, la cual se prevé sea mayor en el futuro debido al crecimiento poblacional; b) se prevé el abandono de predios debido a la rigidez del mercado de tierras para transferir la propiedad a la población joven que aún se encuentra en el campo.

3) Otra variable se refiere a las Capacidades técnico-productivas y empresariales , que guardan una estrecha relación con los bajos niveles de escolaridad prevaleciente entre los productores agropecuarios y pesqueros. El 21 por ciento de los productores no tienen ningún tipo de instrucción, lo que limita el acceso a nuevas tecnologías y mercados, lo que puede influir en las capacidades empresariales. Sumado a lo anterior, se encuentran los productores que solo tienen algún grado de educación primaria, que alcanzan el 57 por ciento, y que ven limitadas sus capacidades para insertarse en los procesos productivos dinámicos y poder competir en los mercados.

Para la asistencia técnica , se reportó que solo el 9% de los responsables de la UER tienen algún tipo de capacitación que brinden información sobre las posibilidades de desarrollo del sector agroalimentario, el uso de tecnologías o las oportunidades de mercado y solo el 7 por ciento de ellos continúan aplicando las recomendaciones técnicas que le hizo el prestador de servicios.

Este recurso es utilizado principalmente por los productores mayores de 40 años, lo que indica la necesidad de replantear esta estrategia ya que la adopción de tecnologías puede estar condicionada por la edad del responsable de UER y su nivel de escolaridad, por lo que sería conveniente reorientar la capacitación hacia los productores más jóvenes.

4) En cuanto al acceso a los mercados se obtuvo en dicho informe que una cuarta parte de los productores agrícolas en México no tiene acceso a los mercados, porque su producción se limita al autoconsumo. Este segmento se caracteriza porque el 6 por ciento de los responsables de UER tiene menos de 30 años, mientras que el 37 por ciento de los responsables tiene entre 30 y 50 años, el 25 por ciento entre 50 y 60 años y el 32 por ciento tienen 60 años o más.

5) Respecto con el acceso al crédito , el 6% de los responsables de las unidades económicas rurales contrajeron un préstamo con alguna entidad bancaria. Los préstamos bancarios se concentran en los rangos de edades más elevados.

6) Por su parte los apoyos gubernamentales en el medio rural, reflejan que el 60 por ciento de los programas entregados para apoyos al campo son recibidos por productores mayores de 50 años, mientras que los propietarios más jóvenes reciben solo el 5 por ciento de los programas totales. Lo anterior se explica en parte porque una de las condicionantes para acceder a los programas es mostrar la propiedad de la tierra en el medio rural, la cual está en manos de responsables de UER de mayor edad. El fenómeno sobre el envejecimiento de la población rural, es un desafío que se presenta en las actividades productivas del campo no solo de México sino también de otras partes del mundo, así nos encontramos referencias en países de América Latina como Nicaragua, Colombia, Perú y Honduras, quienes se encuentran preocupados y ocupados ante la problemática que representa particularmente el envejecimiento del campo . Estos países emulan experiencias de otros lugares de Europa como España, Francia y Holanda, quienes se vinculan a través de organizaciones de pequeños productores para compartir experiencias y trabajos relacionados que atienden el envejecimiento de la población rural a través del relevo generacional .4

Otra referencia, son las experiencias de los países de la Unión Europea, quienes también han tomado medidas para atender a los jóvenes productores, las cuales pretenden evitar el proceso de envejecimiento de los trabajadores en sus actividades del campo y garantizar el relevo generacional. Dichas medidas permitirán la transferencia de conocimiento e innovación y el intercambio de experiencias profesionales entre los distintos países.5

Estas acciones, dejan ver que la discusión del relevo generacional se encuentra sobre la mesa en el contexto internacional. La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que de acuerdo con las políticas que algunos países están adoptando sobre el desarrollo rural y territorial, se han detectado áreas prioritarias de atención entre éstas se encuentra el cambio generacional en el campo.6

Ante esta problemática México no es la excepción, en la actualidad existen diversas declaraciones de investigadores, académicos, líderes de organizaciones campesinas y agroindustriales, incluso desde este recinto legislativo ya se ha expresado la preocupación por la insuficiente estructura institucional para atender el envejecimiento del campo , la falta de un relevo generación, la falta de arraigo de los jóvenes rurales en sus lugares de origen, la falta de programas y de oportunidades que hagan atractiva la permanencia de las nuevas generaciones en las actividades productivas del campo.

Para algunos expertos el relevo generacional, se define como “el proceso de traspasar en vida o no, la herencia (corresponde al capital y bienes) y la sucesión (se refiere al poder, el gerenciamiento) a la nueva generación”. Esto es importante aclarar, ya que en muchos casos solo existe el traspaso de la herencia, donde el titular les pasa a sus hijos el título de propiedad o de los animales, pero las decisiones la sigue tomando el titular, y en muchos casos, el titular ronda los 90 años.7

Respecto al relevo generacional, resta subrayar la importancia que tiene este proceso para alcanzar una reactivación del agro mexicano, la inclusión de nuevas generaciones que inyectarían innovación y fuerza a las actividades productivas y económicas para el desarrollo del campo mexicano. Además, impulsar el relevo generacional en las zonas rurales evitaría la migración hacia centros urbanos, la vinculación a grupos armados y la participación en actividades ilícitas, dada las condiciones históricas de vulnerabilidad de los campesinos y la dinámica de los conflictos armados.

En nuestro país, el aspecto del envejecimiento de la población en el medio rural, también se corrobora con los datos presentados por la reciente Encuesta Nacional Agrícola 2014 (ENA, 2014) que informa con respecto a la edad del total de los productores rurales lo siguiente: destaca que el 40.5 por ciento es mayor de 60 años, el 22.2 por ciento de entre 26 a 45 años, mientras que solo un 1.2 por ciento corresponde a los productores jóvenes de entre 15 a 25 años de edad.8

Ahora bien, respecto a la extensión territorial de las zonas rurales para realizar actividades productivas en el campo, La (ENA, 2014) informa que las unidades de producción agropecuaria abarcan una superficie total de 109.3 millones de hectáreas, mientras que la superficie agrícola total de las unidades de producción, es de 27.5 millones de hectáreas, que representan el 25.2 por ciento de la superficie total en todo el país, de los cuales el 81.5 por ciento corresponde a la superficie sembrada o plantada, mientras que el 18.5 por ciento no lo está.

Estos números nos permiten tener una referencia de la enorme extensión territorial y potencial que tiene el país para realizar las actividades agropecuarias, agroindustriales o agro empresariales por mencionar algunas de las actividades productivas y económicas que se realizan en el sector rural, lo que representa un espacio de oportunidad para el desarrollo y crecimiento de sus habitantes, principalmente para las nuevas generaciones y a quienes se les debe impulsar desde los diversos sectores involucrados tanto públicos como privados que ofrezcan condiciones y oportunidades atractivas para reactivar el trabajo y el gusto por las actividades económicas en el sector rural.

Es por eso que uno de los principales desafíos para nuestro país, es mostrar a las nuevas generaciones que el campo es atractivo y se encuentra lleno de posibilidades para desarrollarse.

En esta lógica, se sostiene que los jóvenes del medio rural son el futuro de las actividades económicas del sector y sobre todo para la seguridad alimentaria. Sin embargo, éstos enfrentan muchas distracciones para su participación directa en las actividades productivas, como el actual modelo de joven exitoso, la migración a labores mejor remuneradas y las pocas opciones para desarrollar iniciativas productivas como el acceso a crédito y a los programas de apoyos necesarios para desarrollar sus actividades en el medio rural.9

Otra barrera que enfrentan los jóvenes en el medio rural, es la poca garantía a sus derechos sociales como el acceso a la salud, educación, vivienda y los servicios de transporte y comunicaciones e infraestructuras, un dato que corrobora la falta de acceso a la educación es el presentado por la (ENA, 2014), revela que 8 de cada 10 productores del campo carecen de estudios o cuentan sólo con educación primaria, además los fenómenos sociales como la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, entre otras. Todas estas condiciones hacen que el medio rural no sea suficientemente atractivo como para retener a los jóvenes y estos emigren buscando mejores oportunidades en las zonas urbanas. Por ende, es necesario invertir para mejorar las condiciones de bienestar social del medio rural y en las políticas y programas especiales de apoyos productivos dirigidos a este sector.

Un elemento principal para echar andar el engranaje del proceso del relevo generacional, además del intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades, transferencia de bienes, entre otros, son los apoyos productivos directos a la población joven. De acuerdo con las Naciones Unidas, se tiene que reconocer que los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico. Todas sus capacidades como su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que viven.10

En esta lógica, las Naciones Unidas han definido a la Juventud como el período de vida de entre los 15 y 24 años de edad, esta rango establecido lo confirma un estudio de la Organización Mundial de Salud (OMS), que subdivide en tres categorías a las edades de las personas de 10 a 24 años (10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24 años) de tal modo que de acuerdo con el desarrollo de su físico, capacidades y autonomía el rango de edad de un joven se define entre las dos últimas.11 En México, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, (Imjuve), establece que la juventud, es toda aquella población comprendida entre los 12 y 29 años de edad.

Los referentes que arriba se citan, tanto de la OMS/ONU como del Imjuve respecto al rango de edad para los jóvenes, nos ayudará a precisar el rango de edad para definir el componente del joven productor del medio rural. Además se tomará en cuenta la edad que establecen las reglas de operación del anterior programa operado por la SRA, Programa del Joven Emprendedor Rural y Tenencia de la Tierra, que ubica al joven emprendedor entre los 18 y 39 años de edad.

Para efectos del presente proyecto consideramos que la edad marco para los jóvenes productores del medio rural sujetos a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de los programas y apoyos que se dirijan a este sector será de los 18 a los 29 años de edad. Tomando como edad mínima la referida en el citado programa de jóvenes emprendedores y como edad máxima la que establece los citados organismos internacionales.

Una vez limitada la edad del joven productor, es preciso dar algunas cifras de este segmento, de acuerdo con los datos presentados por el INEGI a propósito del día internacional de la juventud 2015, en México residen 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 24.9% de la población total. Un dato interesante muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6%) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.2% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.12 Esta condición deja ver el desdén con el que se abordan las oportunidades laborales para los jóvenes, no obstante las cifras, se les puede considerar como una oportunidad para invitar a los jóvenes a innovar y desarrollarse en las labores del agro mexicano.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la ONU, establece dentro de sus lineamientos aumentar la rentabilidad de la agricultura y el atractivo de la vida en zonas agrícolas con acciones por parte del gobierno para mejorar los servicios culturales y educativos y establecer otros incentivos para hacer que las zonas rurales resulten más atractivas para los jóvenes, también considera que los gobiernos locales y nacionales, en cooperación con las organizaciones juveniles, deberían organizar actividades culturales para propiciar los intercambios entre jóvenes del campo y de la ciudad.13

Aunque uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la inclusión laboral de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para incrementar su productividad, y que además la propia Procuraduría Agraria reconoce la necesidad del sector rural de jóvenes comprometidos con el agro a fin de mantener y elevar su producción y su competitividad, diversos especialistas en asuntos rurales sostienen que difícilmente se asumirán dichos retos si no se fomenta como prioridad el relevo generacional en el campo.14

En este contexto y de acuerdo con un informe sobre perspectivas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2012, la situación se complicará, pues se estima que en los próximos 40 años habrá que incrementar 60% la producción para alimentar a la población mundial, razón por la cual consideran a los jóvenes clave para garantizar la seguridad alimentaria.

El gobierno federal re-sectorizó en el año 2015 el Programa de Jóvenes Emprendedores y Tenencia de la Tierra que anteriormente operaba la Sedatu a la Sagarpa, insertándolo como un componente del Programa de Pequeños Productores y además se modificaron en buena medida parte de los objetivos del anterior programa, en el que sí se atendía el tema del relevo generacional como un medio para propiciar el arraigo de los jóvenes rurales en su lugar de origen.15

A este proyecto, se suman las inquietudes de las iniciativas presentadas por otros compañeros legisladores; como el proyecto planteado por el Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN en noviembre del 2014, que buscó reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el objetivo de adicionar una atribución al Instituto para impulsar proyectos productivos agrícolas sustentables en los jóvenes del medio rural de todos los sectores de la sociedad. Otro proyecto también fue presentado por el Senador Manuel Cota del grupo parlamentario del PRI en diciembre del 2015, cuyo objetivo era reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para dar prioridad a los productores jóvenes en la entrega de programas sectoriales, lo que podría ser una medida que propicie que se mantengan en el campo.16

Estos intentos por ajustar el marco normativo ante el problema que presenta el envejecimiento de la población dedicada a las labores del sector agrícola en el medio rural, sumada con las inquietudes de los especialistas y dirigentes de organizaciones agroindustriales nacionales y de la comunidad internacional, devela que las políticas en materia de juventud no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población joven, son programas de corto plazo, lo cual no contribuye al desarrollo integral de todos los sectores de la sociedad, disminuyendo las oportunidades futuras en la juventud rural.

De no revertirse la tendencia del envejecimiento en el campo, los especialistas aseguran que se verá amenazada la competitividad y productividad del sector, lo que traería serias repercusiones para la autosuficiencia alimentaria en el futuro, para la rentabilidad y tecnificación del campo. Coinciden también en que, de no propiciarse el relevo generacional, difícilmente podrá alcanzarse la transformación que se propone el gobierno federal.17

Si bien, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla la atención a los jóvenes, ha sido insuficiente, pues no se dejan ver la solidez en las políticas y programas especiales dirigidos a este grupo. Razón por lo que es conveniente, dar importancia en los programas y apoyos a los jóvenes, considerarlos como la fuerza del cambio y del relevo generacional, así como un grupo estratégico para el fortalecimiento futuro de la soberanía y seguridad alimentaria.

De acuerdo con el estudio de la Sagarpa y de la FAO, se presentaron al inicio de este proyecto algunos datos de los efectos del envejecimiento sobre algunas variables productivas. Al respecto, el mismo estudio refiere algunos desafíos y/o acciones que deben tomarse en cuenta en el mediano plazo por las políticas públicas del estado Mexicano en favor de los jóvenes productores rurales y/o del relevo generacional y que a continuación se describen.18

Para el fortalecimiento del mercado de tierras que se desprende de la tenencia, se observó que el relevo generacional en el campo mexicano se ve limitado por la dificultad de acceso a la tierra por parte de la población joven. Ello demanda que se realicen las innovaciones institucionales pertinentes para flexibilizar el mercado de la tierra, de manera que la tierra que actualmente obra en manos del 60% de los propietarios, mayores de 60 años pueda ser transferida tersamente y sin problemas.

Para el fortalecimiento de la educación , el relevo generacional debe ir acompañado del mejoramiento del capital humano. Ello requiere fortalecer los esquemas de cobertura y calidad de la educación formal en el campo mexicano. A fin de promover e impulsar una cultura empresarial de los productores rurales, mediante la cual se facilite la innovación tecnológica y la inserción en los mercados de las UER, trayendo consigo un efecto multiplicador de bienestar en el campo.

Otro desafío para las políticas públicas del estado, se deriva del desarrollo de capacidades técnico-productivas. Para coadyuvar en el relevo generacional, se requiere fortalecer los esquemas de educación funcional, mejorando los servicios de capacitación y asistencia técnica.

Respecto al acceso a los apoyos gubernamentales . La política pública debe jugar un papel central a través de pertinentes políticas de fomento, para impulsar la producción y el desempeño del sector productivo rural y facilitar el ingreso de población joven a la producción agropecuaria. En este contexto, parece indispensable revisar el marco normativo respecto a las condiciones de acceso a los apoyos gubernamentales, favoreciendo el ingreso de productores jóvenes.

Una vez planteada la problemática con cifras duras de la transición demográfica que lleva a un envejecimiento de la población y a la imperiosa necesidad de considerar prioritario políticas de relevo generacional en materia de: tenencia de la tierra, educación, desarrollo de capacidades técnico-productivas y acceso a apoyos gubernamentales para fortalecer el incremento de la productividad y competitividad del sector primario; la sustentabilidad ambiental; la seguridad y soberanía alimentaria; y en general el desarrollo rural sustentable como elementos fundamentales de la Ley de Desarrollo Rural Sustentables.

Se propone reformar los primeros capítulos de la ley, toda vez que en ellos se localizan los aspectos generales que se aplican a las políticas públicas para los diversos órdenes de gobierno en términos de productividad, capacitación, empresas rurales, financiamiento, entre otros.

Con lo anterior se busca armonizar los programas existentes, los apoyos productivos y económicos a favor de los jóvenes rurales y/o relevo generacional, a fin de establecer políticas públicas concurrentes y transversales, por los tres órdenes de gobierno, orientadas a garantizar el relevo generacional para lo cual es fundamental hacer las reformas conducentes en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de asentar las disposiciones jurídicas que permitirán cumplir con este propósito.

Así también, se pretende establecer dentro de los objetivos de las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno en el medio rural el promover y favorecer el bienestar social y económico rural mediante el relevo generacional como un objetivo que permitirá garantizar la continuidad de las actividades productivas en el medio rural.

Se propone considerar que existen áreas rurales con necesidad de relevo generacional por lo cual debe haber políticas diferenciadas y prioritarias por parte del Estado, así mismo se consideró que la política de población es estratégica para el desarrollo rural sustentable, al contribuir a armonizar fenómenos demográficos con procesos de orden económico, político, social y cultural a través de acciones que promueven el crecimiento y la distribución territorial de la población de acuerdo a las capacidades de desarrollo que presentan las diferentes regiones del país, por lo cual lograr que se implante una cultura de relevo generacional en las áreas rurales incidirá en la dignificación y fortalecimiento de las actividades productivas rurales para que más jóvenes se arraiguen en sus localidades y sean parte fundamental del desarrollo rural sustentable.

Para las zonas de atención prioritarias se considera, que el aumentar la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano permitirá asegurar el relevo generacional, para lo cual es indispensable la capacitación, el extensionismo, la asistencia técnica, así como las acciones que se establecen en la definición propuesta de relevo generacional.

Se establezcan apoyos específicos para los jóvenes productores que favorecerán el relevo generacional, los cuales deben quedar contemplados con una previsión presupuestal, lo que significa una mayor certidumbre de que las disposiciones establecidas con este fin podrán llevarse a cabo.

Dicho lo anterior y considerando que uno de los principios que rigen al Partido de Acción Nacional (PAN), determina que el campo exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo a quienes no han trabajado libremente, hasta capacitarlos como productores autónomos.

Que sólo a través de garantizar el relevo generacional en el campo mexicano será posible contribuir al desarrollo rural sustentable, entendido como lo señala la ley en comento, “El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”.

Que dentro de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, es lograr un México Incluyente a través de impulsar las capacidades técnico-productivas de los sujetos agrarios mediante programas sociales y la inserción en procesos productivos y de comercialización, priorizando el apoyo a los jóvenes del medio rural para desarrollar actividades productivas y facilitar el relevo generacional de los sujetos agrarios. Así como incorporar el uso de tecnologías para potenciar la producción de la tierra y apoyar a los jóvenes del medio rural, para que se facilite el relevo generacional de los sujetos agrarios.19

Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, considera como una problemática del sector agroalimentario a los impedimentos legales para transferir la propiedad agraria; el envejecimiento de los sujetos agrarios y los flujos migratorios hacia las zonas urbanas u otros países. Pero también establece algunas líneas de acción a favor del relevo generacional y los jóvenes productores rurales, tales como fomentar la productividad agroalimentaria mediante el acceso a servicios financieros y asesoría empresarial apoyándose en servicios de garantías, intermediarios financieros e impulso a los emprendedores con especial atención a los jóvenes y mujeres, así como lograr que jóvenes emprendedores constituyan su propia agro-empresa, con el fin de mejorar sus ingresos.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente proyecto de iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Decreto

Único: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los siguientes artículos: se adiciona la fracción XXVII al artículo 3o.; se modifican el artículo 4o.; la fracción I del artículo 5o.; el artículo 8o.; el artículo 14; la fracción VIII del artículo 15; la fracción IV del artículo 161; y por último se adiciona la fracción VI al artículo 190, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Relevo generacional: proceso gradual y progresivo para transferir experiencias, conocimientos y desarrollar capacidades a los jóvenes productores rurales que se dediquen preponderantemente a las actividades agropecuarias y agroforestales a fin de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, la sustentabilidad ambiental, la productividad y competitividad y, en general, al desarrollo rural sustentable.

XXVIII. a XXXIV. Se recorren fracciones

Artículo 4o. Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector, promueva el relevo generacional y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 5o. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante el relevo generacional, la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V. ...

Artículo 8o. Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico y con necesidad de asegurar el relevo generacional, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.

...

Artículo 14. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles en términos de asegurar el relevo generacional .

...

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a VII. ...

VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable con énfasis en la cultura del relevo generacional

IX. a XIX. ...

Artículo 161. Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:

I. a III. ...

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano para asegurar el relevo generacional , mediante la capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el Extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral;

V. a XII. ...

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

VI. Apoyos dirigidos a desarrollar las capacidades de los jóvenes productores rurales que se dediquen preponderantemente a las actividades agropecuarias y agroforestales para favorecer el relevo generacional que contribuirá al desarrollo rural sustentable.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Hierro, Francisco, El relevo generacional de la población agraria: la visión del derecho comunitario y la realidad del derecho interno. Dialnet, Anuario de la Facultada de derecho, Universidad Rey Juan Carlos, 2007, disponible en línea revista Dialnet.

2 Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Ciudad de México, 2014.

3 Ibídem, nota 2, Implicaciones del envejecimiento de los responsables de UER en el sector rural y pesquero de México, página 29.

4 Coscione Marco, Comercio Justo y relevo generacional: la experiencia colombiana de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle, Revista economía solidaria, Colombia, 2013, disponible en http://www.economiasolidaria.org/files/Articulo_comercio_justo_y_rel evo_generacional

5 Experiencias de Relevo Generacional, Unión europea. PDF

6 Trigésima primera Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, 26 al 30 de abril de 2010, “Desarrollo Territorial Rural y sus Implicancias Institucionales en América Latina y el Caribe”, disponible en http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k7838s.pdf

7 Perrachón, Julio, Relevo generacional: ¿Cuándo deseo que ocurra? Consecuencias y posibles soluciones, Plan Agropecuario , http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/

8 Encuesta nacional Agropecuaria, ENA, 2014, Inegi-Sagarpa, disponible en www.inegi.gorb.mx

9 FAO, CTA y FIDA, “Los jóvenes y la agricultura: Desafíos clave y soluciones concretas” 2014, disponible en

http://www.fao.org/3/a-i3947s.pd

10 Ámbito del Desarrollo de los Jóvenes, Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, ONU, en línea.

11 Informe Técnico de la OMS, Salud para Jóvenes: Un desafío para la sociedad, 2000, en línea.

12 Panorámica de la población joven desde la perspectiva de su condición de la actividad, INEGI, 2013, disponible en Inegi en línea.

13 Ídem, nota 7.

14 Comunicado de la Procuraduría Agraria, en línea en su página oficial

15 Reglas de Operación de Jóvenes emprendedores y Tenencia de la Tierra y Reglas de operación de Arráigate, disponible en línea.

16 Oliveros Usabiaga, José Luis, Diputado del grupo parlamentario del PAN, Proyecto de iniciativa artículo 4 fracción XVII de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, noviembre del 2014 y Senador Manuel Cota del grupo parlamentario del PRI, gaceta legislativa, en línea.

17 El campo Mexicano busca jóvenes, El informador. Mc, 2014,

http://www.informador.com.mx/economia/2014/515442/6/el-c ampomexicanobusca-jovenes.htm Ibídem, nota 2, página, 40.

18 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013- 2018, Gaceta parlamentaria, en línea.

19 Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, en línea.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2016.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural. Mayo 31 de 2016.)



Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia, a emitir y publicar la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de juicios políticos, con la finalidad de iniciar la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, recibida de los diputados Jorge Triana Tena y Rafael Hernández Soriano, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, respectivamente, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

Los suscritos diputados Jorge Triana Tena y Rafael Hernández Soriano, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los Resolutivos Décimo Tercero y Décimo Quinto del Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día; emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con fecha miércoles 4 de mayo de 2016, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Con fecha miércoles 13 de abril de 2016, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión suscribió un acuerdo mediante el cual se instó a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia de aquella colegisladora, para que a la brevedad se integrará la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

II. Este acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con fecha jueves 14 de abril de 2016, bajo el número de publicación: 4508-XI.

III. En este acuerdo, se especifica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de Juicios Políticos, quedará integrada por cinco miembros de cada una de las Comisiones de Gobernación, y de Justicia, así como de un secretario de cada una, y sus respectivos presidentes, quedando de la siguiente manera:

IV. Actualmente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados tiene bajo su resguardo cerca de trescientas denuncias mediante las cuales, diversos actores ciudadanos solicitan iniciar juicio político a diversos funcionarios o servidores públicos; sin que a la fecha, estos expedientes se hayan turnado para el inicio de su procedimiento a la instancia legal y jurídicamente correspondiente, es decir: la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, o Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, tal y como ha sido nombrada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

V. Es imperante, que quienes integramos las Cámaras de la Unión, y particularmente la de Diputados, dignifiquemos el ejercicio de representatividad que nos ha conferido la ciudadanía, y que en aras de contribuir a generar un respeto sólido al marco de derecho nacional, ejerzamos sin proteccionismos políticos el ejercicio legal y constitucional al que estamos obligados, y en acatamiento al mandato Constitucional contenido en los artículos 109 y 110 de nuestra Carga Magna, demos inicio a la atención de las denuncias ciudadanas, para sustanciar todos aquellas que ameriten procedimientos en materia de responsabilidad de todos los servidores públicos que frente a la ciudadanía y al Estado mexicano, han incurrido en conductas presumibles que ameritan la procedencia de un juicio político.

En mérito de lo expuesto y fundado, quien suscribimos coincidimos en someter a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones ordinarias de Gobernación, y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que emitan y publiquen la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de juicios políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dado en el Recinto de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 31 de mayo de 2016.

Diputados: Jorge Triana Tena y Rafael Hernández Soriano (rúbricas)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Mayo 31 de 2016.)

Con punto de acuerdo, por el que solicita la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, recibida de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016

La suscrita, diputada Irma Rebeca López López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En razón de diversa información que cuestiona la imparcialidad y transparencia de los procesos de licitación pública realizados por el gobierno federal presente, durante los últimos días de marzo, un punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

En este orden de ideas la simple consideración de que el gobierno federal es tan sólo un interventor cuya responsabilidad central es la invariable salvaguarda del interés de la nación y que a la luz de los hechos no está cumpliendo con esta encomienda, se hace necesario que esta soberanía haga efectiva su facultad de fiscalización y, de manera paralela a los organismos que nos hemos creado para el efecto, fortalezcamos la supervisión de los procesos de licitación federales.

Botones de muestra hay, desgraciadamente, muchos. Las concesiones otorgadas a la empresa OHL por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las denuncias de colusión de proveedores para ganar licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la denuncia de licitaciones a modo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las groseras resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para favorecer empresas en esquemas como el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, conocido como PITA, en el cual existen elementos que cuestionan seriamente la legalidad del millonario fallo que favoreció al licitante.

Tan es así, que de la versión publicada por el mismo SAT en la página http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.htm, se desprende que la empresa ganadora subcontrata a los recursos humanos solicitados en el Anexo VIII Formulario para Evaluación de Puntos y Porcentajes, de las bases de la licitación, incumpliendo con esto el requisito que prohibía dicha figura, otro requisito infringido es la acreditación del dominio de herramientas del equipo de trabajo del director responsable de obra, ya que no se presentó la certificación del perito en el área de vías terrestres, de igual forma se transgredió el fin de la licitación, en virtud de que el plan de trabajo de la empresa hoy adjudicada considera mil 44 días para la prestación del servicio, esto quiere decir que no se cubrirían los niveles de servicio requeridos en las bases de licitación, toda vez que el horario es de 24 horas los 7 días de la semana, dando un total de mil 461 días en virtud de que el contrato tiene una vigencia de 48 meses.

Paralelamente, la sospechosa inacción del SAT con grandes consorcios empresariales en el pago de obligaciones fiscales, ha generado que dejen de ingresar a las arcas públicas casi 60 mil millones de pesos en el último año, lo que ha generado un crecimiento significativo de los créditos fiscales del gobierno.

En un entorno nacional en donde los ciudadanos exigen empleados gubernamentales comprometidos con el interés general y no con el propio, en donde se demanda el castigo ejemplar a funcionarios y empresarios que se coluden en actos inconfesables de corrupción para satisfacer una ambición que es incompatible con el nuevo ánimo de la nación, es prioritario que esta soberanía haga, como se ha mencionado, uso pleno de su facultad fiscalizadora, y señale las corruptelas de los funcionarios del Poder Ejecutivo para que estas se corrijan en beneficio del interés público.

En virtud de lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que se cree la Comisión Especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la compras del gobierno federal.

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación y deberá funcionar de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero. Para la integración y el nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la compras del gobierno federal se estarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Cuarto. La Comisión Especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la compras del gobierno federal, tendrá vigencia a partir de la creación de la misma, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2016.

Diputada Irma Rebeca López López (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Mayo 31 de 2016.)



Informes

Del diputado Hernán de Jesús Orantes López, correspondiente a la sesión del Parlacen, del miércoles 25 al viernes 27 de mayo de 2016 en Guatemala

Me permito presentar un informe sobre las actividades realizadas durante mi visita a la República de Guatemala, para participar en el Parlamento Centroamericano, Parlacen, en calidad de observador, del miércoles 25 al viernes 27 de mayo del presente año.

Actividades

En la sección protocolaria de la sesión del viernes 27 de mayo, presenté “juramentación” ante el Parlacen en calidad de observador.

Durante el desarrollo de la sesión, en la sección de iniciativas destacó la presentación de una para “instar a los jefes de Estado y de gobierno de los países de Sistema de la Integración Centroamericana a que tomen medidas para impulsar acciones a mejorar el rol del Parlacen dentro del sistema de la integración centroamericana”.

En la sección de dictámenes sobresalió un “dictamen conjunto sobre la iniciativa AP/1268-276/216, para exhortar a los Estados parte del Sistema de Integración Centroamericana a constituir la región en una zona de paz”.

Por otra parte, a invitación de la embajadora de México en Guatemala, maestra Mabel Gómez Oliver, participé en la presentación en la Embajada del “Informe de trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala”, con la presencia del vicepresidente de ese país, Jafeth Cabrera Franco, en la que intervinieron los investigadores Thelma Aldana e Iván Velázquez.

Asimismo, realice acercamiento con otros distinguidos representantes ante el Parlacen, con el fin de estrechar lazos de amistad, así como hermanar a los municipios de la frontera sur de México con los correspondientes del norte de Guatemala.

Atentamente

Diputado Hernán de Jesús Orantes López



Convocatorias

De la Comisión de Relaciones Exteriores

A la reunión que se sostendrá con una delegación de diputados al Parlamento Federal de Alemania, para inaugurar el Año Dual de México y Alemania 2016-2017, el lunes 6 de junio, a las 10:30 horas, en la sala de juntas Gilberto Bosques Saldívar (edificio D, planta baja).

Atentamente

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez

Presidente

De la Comisión de Seguridad Social

A la reunión de junta directiva por efectuarse el jueves 9 de junio, a las 9:30 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio D, segundo piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior, celebrada el martes 5 de abril de 2016.

4. Revisión de los anteproyectos de dictamen sobre iniciativas pendientes del primer año de la LXIII Legislatura.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente

Diputada Araceli Damián González

Presidenta

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

A la reunión plenaria que se llevará a cabo el martes 14 de junio, de las 17:00 a las 19:00 horas, en la zona C del edificio G.

En la sesión se presentará el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Atentamente

Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

De la Comisión de Asuntos Migratorios

A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 15 de junio, a las 9:00 horas, en el mezanine sur del edificio A.

Atentamente

Diputado Gonzalo Guízar Valladares

Presidente

De la Comisión de Ciencia y Tecnología

A la séptima reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 15 de junio, a las 9:30 horas, en el mezanine, ala norte, del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria.

4. Palabras de bienvenida, por el presidente.

5. Bienvenida, semblanza y presentación del coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, doctor Elías Micha Zaga.

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

7. Presentación general de la iniciativa por la que se reforma el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y secretaria de la comisión.

8. Asuntos generales:

a) Invitación al sexagésimo séptimo Congreso internacional de astronáutica, que se llevará a cabo del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2016 en Guadalajara, Jalisco.

Atentamente

Diputado José Bernardo Quezada Salas

Presidente

De la Comisión de Protección Civil

A la octava reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 15 de junio, a las 9:45 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Verificación de quórum.

3. Aprobación del orden del día

4. Aprobación de las actas correspondientes a la sexta y séptima reuniones ordinarias.

5. Presentación del informe sobre la atención otorgada a las iniciativas presentadas entre febrero y junio.

6. Asuntos generales:

a) Intervenciones de directivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

• Xavier Moya, coordinador del Programa de Apoyo para la Reducción de Riesgos de Desastres del PNUD;

• Katyna Argueta, directora del PNUD México; y

• Édgar González, director de Desarrollo Sustentable del PNUD.

b) Reunión con el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AC, sobre el tema “Medidas de seguridad y protección civil en estaciones de servicio”.

Atentamente

Diputada María Elena Orantes López

Presidenta

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 15 de junio, a las 17:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

c) Asuntos generales.

d) Clausura y convocatoria para la siguiente reunión.

Atentamente

Diputado Jorge Triana Tena

Presidente



Invitaciones

De la diputada Maricela Contreras Julián

Al Encuentro latinoamericano de líderes en el control del tabaco, que se llevará a cabo el martes 7 de junio, a partir de las 9:30 horas, en el salón Legisladores de la República.

Programa preliminar

• 9:30 a 10:00 horas: Registro.

• 10:00 a 10:30 horas: Inauguración/Presentación.

Diputada Maricela Contreras Julián

Doctor Manuel Mondragón y Kalb, Comisión Nacional contra las Adicciones, Conadic

Diputado César Camacho Quiróz, Junta de Coordinación Política*

Doctora Vera Luiza da Costa, Secretariado del Convenio Marco para el Control del Tabaco, CMTC

Doctor Mauricio Hernández, Instituto Nacional de Salud Pública

Adriana Blanco, Organización Mundial para la Salud/Organización Panamericana para la Salud

Diputado Jesus Zambrano Grijalva, Mesa Directiva*

Representante del Senado de la República*

Doctor José Narro Robles, secretario de Salud*

• 10:30 a 11:15 horas

La epidemia mundial de tabaquismo: necesidades y acciones urgentes

Vera Luiza da Costa, Secretariado del CMCT

Eduardo Bianco, Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco, Uruguay

Adriana Blanco, OMS/OPS

Patricia Sosa, Campaign for Tobacco Free Kids

• 11:15 a 11:30 horas

Receso

• 11:30 a 12:45 horas

Casos de éxito

Verónica Schoj, Argentina

Jaime Arcilla, Colombia

Miguel Asqueta, Uruguay

Sonia Covarrubias, Chile

Mónica Andrei, Brasil

Carlos Farías, Perú

Teresa Arrieta, Costa Rica

• 12:45 a 13:45 horas

Situación en México y los pasos a seguir

Instituto Nacional de Salud Pública

Conadic

Organizaciones de la Sociedad Civil

Frente de Legisladores por un México Libre de Humo

• 13:45 a 14:00 horas

Acuerdos y Compromisos

• 14:15 a 14:30 horas

Cierre.

* Por confirmar

Contactos: Maestro Miguel Ángel Guerrero López, Cámara de Diputados, 50360000 extensión 56325

Maestro Érick Antonio Ochoa, Fundación Interamericana del Corazón México, Teléfono 52 080 020.

Atentamente

Diputada Maricela Contreras Julián

De la Comisión de Ciencia y Tecnología

Al curso Forjando innovadores protegidos, que se llevará a cabo el miércoles 8 de junio, a las 9:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Módulo introductorio

Sesiones: 1

Duración: 1 hora

Objetivo del módulo: Introducir a los asistentes al sistema de propiedad industrial y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

Tema: Concepto de Propiedad Intelectual.

Descripción del contenido: Definición de propiedad intelectual según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Derechos de autor y variedades vegetales.

Descripción del contenido: Derechos de autor y sus características.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Propiedad intelectual.

Descripción del contenido: La propiedad industrial y mencionar brevemente las figuras jurídicas que se protegen.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Variedades vegetales.

Descripción del contenido: Exponer brevemente este tipo de protección y mencionar al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Sagarpa) como la autoridad responsable.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Antecedentes.

Descripción del contenido: Mencionar a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Creación.

Descripción del contenido: Mencionar la fecha de creación y definición jurídica del IMPI.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Objetivos.

Descripción del contenido: Mencionar los objetivos del instituto.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Organización.

Descripción del contenido: Mencionar de manera general la forma en que se constituye el IMPI.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Oficinas centrales y regionales.

Descripción del contenido: Mencionar la ubicación y área de atención de las oficinas centrales y regionales del IMPI.

Tema: La propiedad industrial y sus beneficios.

Descripción del contenido: Como los títulos de propiedad industrial al ser activos intangibles adquieren valor, lo cual es un beneficio para la empresa y las personas físicas titulares de éstos.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas que deberán formular conclusiones.

Horario: 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 1. Signos distintivos

Sesiones: 1

Duración: 2 horas.

Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán los diversos signos distintivos que pueden utilizar, así como el mecanismo de registro.

Tema: Marcas.

Subtema: Tipos de marcas.

Descripción del Contenido: Definir los tipos de marcas que existen: nominativa, innominada, mixta y tridimensional.

Tema: Marcas.

Subtema: Marcas colectivas.

Descripción del contenido: Definir el concepto de marca colectiva, quiénes y cómo se puede utilizar.

Tema: Marcas.

Subtema: Impedimentos legales.

Descripción del contenido: Describir los impedimentos legales de acuerdo con los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tema: Avisos comerciales.

Descripción del contenido: Definir los avisos comerciales.

Tema: Nombres comerciales.

Descripción del contenido: Definir los avisos comerciales.

Tema: Denominaciones de origen.

Descripción del contenido: Definir qué son, para qué sirven y cuáles son las denominaciones de origen mexicanas.

Tema: Ventajas del registro marcario.

Descripción del contenido: Explicar a los asistentes cuál es la ventaja que se obtiene al realizar el registro de signos distintivos.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Herramientas informáticas en el trámite de signos distintivos.

Descripción del contenido: Explicar el uso de la Clasificación de Niza; Marcanet y el llenado de solicitud a través de Marca en Línea.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Presentación de la solicitud.

Descripción del contenido: Explicar cómo y dónde se presenta la solicitud, los documentos anexos que se requieren y tarifas correspondientes.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 2. Invenciones

Sesiones: 1

Duración: Una hora con 30 minutos.

Objetivo del módulo: Los asistentes distinguirán las diversas figuras jurídicas que pueden utilizar para la protección de invenciones, así como el mecanismo de registro de éstas.

Tema: Patente.

Subtema: Conceptos básicos.

Descripción del contenido: Explicar brevemente qué es una patente, y las partes que conforman el documento de información técnica.

Tema: Patente.

Subtema: Requisitos de patentabilidad.

Descripción del contenido: Definir los conceptos de novedad, estado de la técnica, actividad inventiva y aplicación industrial.

Tema: Modelo de utilidad.

Subtema: Conceptos básicos.

Descripción del contenido: Qué es un modelo de utilidad y sus características.

Tema: Diseño industrial.

Subtema: Dibujo industrial.

Descripción del contenido: Explicar la figura de dibujo industrial y sus características.

Tema: Diseño industrial.

Subtema: Modelo industrial.

Descripción del contenido: Describir el modelo industrial y las características que debe poseer.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Búsqueda de información tecnológica.

Descripción del contenido: Mencionar la importancia de la búsqueda de información tecnológica como un paso previo al trámite, haciendo énfasis en el análisis del estado de la técnica.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Llenado y presentación de la solicitud.

Descripción del contenido: Exponer cómo hacer el llenado de la solicitud, especificando la diferencia entre cada una de las diferentes figuras jurídicas de protección, asimismo explicar cómo y dónde se presenta la solicitud, además de las tarifas correspondientes.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 15 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 3. Servicios de información tecnológica

Sesiones: 1

Duración: 1 hora, con 30 minutos.

Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán qué es para qué sirve la información tecnológica.

Tema: La información tecnológica de patentes.

Subtema: Conceptos básicos sobre información tecnológica de patentes.

Descripción del contenido: Definir la importancia de la información tecnológica de patentes.

Tema: Uso de la información tecnológica al interior de la empresa.

Subtema: El aprovechamiento de la información tecnológica de patentes por parte de las empresas.

Descripción del contenido: Explicar cómo la información tecnológica puede contribuir al aumento de la competitividad de las empresas.

Tema: Formas de acceder a la información.

Subtema: Acceso electrónico.

Descripción del contenido: Mostrar el acceso a las distintas bases de datos.

Tema: Formas de acceder a la información.

Subtema: Presencial.

Descripción del contenido: Describir el Centro de Información Tecnológica y sus servicios, así como los costos de éstos.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 15 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Atentamente

Diputado José Bernardo Quezada Salas

Presidente

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Al panel Diálogos constitucionales, con el tema “Dinámica constitucional: vigor y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, que tendrá lugar el miércoles 8 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestro José Gamas Torruco, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, presidente del Comité del CEDIP.

Informes: CEDIP. Teléfono: 5036 0000, extensiones 58135 y 52263.

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A la presentación del ejemplar de bolsillo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por efectuarse el miércoles 15 de junio, a las 18:00 horas, en el salón Legisladores de la República (edificio A, segundo piso).

Objetivos: Propiciar la lectura de la Constitución, y facilitar la consulta del texto que contiene los derechos fundamentales y sus garantías para generar una comunión con el pueblo de México.

Aforo: 150 personas.

Programa

18:00 a 18:10 horas. Presentación del licenciado Sadot Sánchez Carreño.

18:10 a 18:25 horas. Comentarios del presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, doctor Diego Valadés Ríos.

18:25 a 18:40 horas. Comentarios del doctor Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

18:40 a 18:55 horas. Intervención del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Informes: CEDIP. Teléfono: 5036 0000, extensiones 58135 y 52263.

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al segundo Seminario sobre conservación voluntaria de predios, que se llevará a cabo el jueves 16 de junio, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios, situado en el edificio G.

Atentamente

Diputado Arturo Álvarez Angli

Presidente

De la Comisión de Reforma Agraria

Al diplomado Políticas públicas para el desarrollo rural: evaluación y estrategia que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizará los viernes y sábados, hasta el 18 de junio, de las 16:00 a las 21:00 horas y de las 9:00 a las 14:00, respectivamente.

Atentamente

Diputado Jesús Serrano Lora

Presidente

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Al Diplomado en derecho electoral , que en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, se impartirá hasta el jueves 4 de agosto.

Módulos

I. Democracia como régimen político

1. Regímenes políticos

1.1. Regímenes no democráticos

1.2. Regímenes democráticos

2. Democracia: tipos y calidad de democracia

2.1. Cómo definir la democracia

2.2. Tipos de democracia

2.3. La calidad de la democracia

3. Desarrollo democrático en México

3.1. La época del partido hegemónico

3.2. Reformas electorales y transición

3.3. Componentes importantes de la democracia mexicana

3.4. Evaluación de la democracia mexicana

II. Derecho electoral sustantivo

1. Elecciones, soberanía y representación

1.1. La soberanía y la representación en su relación con las elecciones y el voto

1.2. Elecciones y democracia

1.3. México y sus elecciones: marco constitucional y legal

2. Partidos políticos como sujetos de derecho electoral

2.1. Concepto y evolución de los partidos políticos

2.2. Tipos de partidos políticos

2.3. Funciones de los partidos políticos

2.4. El sistema de partidos en México

2.5. Régimen vigente de los partidos políticos en México

3. Participación política de los ciudadanos

3.1. Mecanismos de participación ciudadana

3.2. Mecanismos de participación en México

III. Sistemas electorales y de partidos

1. Sistemas electorales

1.1. Elementos de los sistemas electorales

1.2. Clasificación por familias de los sistemas electorales

2. Sistemas de partidos

2.1. Clasificación de los sistemas de partidos

2.2. Interacciones en los sistemas de partidos

2.3. Sistema electoral y de partidos en México

2.4. Interacciones entre los sistemas electorales y de partidos

3. Elementos constitutivos de los congresos mexicanos

3.1. Conformación del Congreso federal

3.2. Conformación de los congresos locales

IV. Autoridades electorales

1. Autoridades y gobernanza electoral

1.1. Introducción a las autoridades electorales

1.2. Las autoridades electorales en México

2. Autoridades administrativas

2.1. El Instituto Nacional Electoral

2.2. Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)

3. Autoridades jurisdiccionales y en materia penal

3.1. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

3.2. Suprema Corte de Justicia de la Nación

3.3. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

V. Proceso electoral federal

1. Definiciones, principios y actos previos al proceso electoral

1.1. Definiciones y principios del proceso electoral federal

1.2. Geografía electoral

1.3. Registro de partidos políticos

1.4. Registro de agrupaciones políticas nacionales

1.5. Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar con fotografía

2. Etapas del proceso electoral federal (Parte 1): Preparación de la elección I

2.1. Observadores electorales

2.2. Mesas directivas de casilla

2.3. Encuestas

2.4. Aprobación de documentación y materiales electorales, definiciones y características

2.5. Integración de los consejos locales y distritales

3. Etapas del proceso electoral federal (parte 2): Preparación de la elección II

3.1. Listas nominales

3.2. Candidatos

3.3. Registro de coaliciones

3.4. Precampañas electorales

3.5. Campañas electorales

3.6. Fiscalización

4. Etapas del proceso electoral federal (parte 3): jornada electoral

4.1. Instalación de casillas

4.2. Recepción de la votación

4.3. Escrutinio y cómputo en las casillas

4.4. Clausura de casilla y remisión del expediente electoral

5. Etapas del proceso electoral federal (Parte 4): Resultados y declaración de validez

5.1. Recepción, depósito y salvaguarda de los expedientes electorales

5.2. Programa de Resultados Electorales y Preliminares (PREP)

5.3. Cómputos distritales y recuento de votos

5.4. Declaración de validez

5.5. Dictamen y declaración de validez de la elección presidencial

5.6. Consecuencias del proceso: Pérdida del registro y liquidación de los partidos políticos

VI. Derecho sancionador

1. Derecho sancionador y el procedimiento ordinario sancionador

1.1. Antecedentes y principios del derecho sancionador

1.2. Procedimiento ordinario sancionador (POS)

2. Procedimiento especial sancionador y la individualización de la sanción

2.1. Procedimiento especial sancionador (PES)

2.2. Individualización de la sanción

VII. Medios de impugnación y nulidades

1. Sistema de medios de impugnación (Parte 1)

1.1. Marco constitucional y legal

1.2. Principios procesales de los medios de impugnación

1.3. Reglas generales

2. Sistema de medios de impugnación (Parte 2)

2.1. RVV, RAP, REP

2.2. JDC, JRC, JIN, REC

2.3. JLI y CLT

3. Nulidades en materia electoral (parte 1)

3.1. Principios del sistema de nulidades

3.2. Nulidad de la votación recibida en casilla

4. Nulidades en materia electoral (parte 2)

4.1. Nulidad de la elección

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

De la Comisión de Puntos Constitucionales

Al diplomado Análisis político y campañas electorales , que con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 1 de agosto al 9 de diciembre, de las 8:00 a las 10:00 horas.

Informes e inscripciones del miércoles 1 de junio al viernes 3 de julio, de 10:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 50360000 (extensión 58127), 0445529212480 y 0445514226478, en el e-mail: diplomado.camara@gmail.com, en http://diplomadocamara.com así como en la oficina de la convocante, tercer piso del edificio D.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales, antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización, liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y en general, el comportamiento cultural, tendencias y estudios en materia política, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la gestión del cambio político.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de análisis, interpretación, prognosis, estrategia y formación de habilidades teóricas y prácticas para la formulación de escenarios de comportamiento político, estrategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios de alta competitividad y con patrones de conflictividad política y jurisdiccional.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación

80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulos, temario y fechas

Ceremonia inaugural: 1 de agosto

Módulo I

Constitucionalismo y sistema político

• La Constitución a 100 años

• Los derechos políticos

• Los derechos individuales

• Los derechos económicos

• Los derechos sociales

• El sistema republicano democrático

• El régimen presidencial contemporáneo

• Prospectiva política

Fechas: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17,19 de agosto.

Módulo II

Reforma del Estado, cambio político y sistema de partidos

• Ciencias sociales y ciencia política

• Conceptos fundamentales del Estado y del sistema político

• Cambio político mundial

• Transiciones democráticas en América, Europa, Asia y África

• La democracia en América latina

• Crisis político y cambio

• El gobierno de coalición

• La reelección en cargos de elección popular

• Análisis de perspectiva en candidaturas ciudadanas, segunda vuelta, reelección y comportamiento partidista

• Características de las campañas y el voto en los sistemas de mayoría y en los de representación popular

• El Instituto Nacional de Elecciones: funciones y reglas

• La reforma política y electoral en México

• La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• La Ley General de Partidos Políticos

Fechas: 22, 24, 26, 29, 31 de agosto, 2, 5, 7, 9 de septiembre.

Módulo III

Campañas: Etapa preelectoral. Organización electoral, el equipo de campaña, estrategias de promoción del voto, diseño del financiamiento

• Análisis para la estrategia:

- Tipos de electorados

- El conteo de los votos

- Procedimientos de votación

• Elementos de planeación electoral

- Las reformas electorales en México, 1996-2007 y sus repercusiones más relevantes en la preparación de campañas

- Estadística sociodemográfica y económica

- Formulación y análisis de las plataformas electorales

- Estructura regional y distritación electoral

- Factores clave de la preparación de campañas

- Legislación y desarrollo de las precampañas

• Derechos, deberes y obligaciones en campaña

• Las prerrogativas y las franquicias

• Estrategias para la obtención de recursos

• Diseño y operatividad del cuartel de campaña

• Administración de recursos humanos y materiales adecuados para la campaña

• Diseño, estandarización y manejo de la imagen del candidato, el comité y el equipo de campaña

• Conceptualización y gestión de los sistemas de medición de la intención de voto y de resultados preliminares en la jornada electoral

Fechas: 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30 de septiembre, 3 de octubre.

Módulo IV

Campañas: Etapa electoral

Las precampañas, factores clave:

- Preparación de la precampaña

- Consideraciones legales

- Recursos financieros

- Transparencia y ética

- Movilización y propaganda

- El voto en el extranjero

- Reclutamiento de voluntarios

- El presupuesto electoral. Formulación y estructura

Opinión pública:

- Investigación de opinión pública y estrategia war room

- Formación de la percepción y de la opinión pública

- Las encuestas de opinión pública en las campañas: grupos de enfoque, cuestionarios, muestreos, análisis e interpretación

- La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Marketing

• Gestión de imagen

• Persuasión y opinión pública

- Los debates electorales

- Técnicas para el manejo de crisis y la comunicación estratégica

- Registro de candidatos

- Etapas y elementos de la jornada electoral (casillas, consejos distritales, representantes, documentación electoral, etcétera).

La observación electoral

Fechas: 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 de octubre

Módulo V

Campañas: Etapa postelectoral

• Valoración del desempeño institucional y político del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales

• Valoración del desempeño institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales estatales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

• Los resultados electorales y la nueva conformación del mapa político-electoral

• La LXIII Legislatura. Agendas potenciales y la ruta hacia 2018.

• El sistema de medios de impugnación en materia electoral

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

• Elementos clave de la litis electoral, la judicialización electoral como factor clave para la legitimidad de los candidatos y las campañas

Fechas: 26, 28, 31 de octubre; 4, 7, 9, 11, 14, 16 de noviembre.

Módulo VI

Taller de estrategias de debate, marketing y comunicación política en las campañas

• Conceptualización de la opinión pública

• El esquema general de una campaña

• Investigación de opinión pública y estrategia (war room )

• Diseño de cuestionario

• Introducción al diseño de cuestionario

• Principales sesgos y efectos que deben evitarse

• Tipos de encuestas y sus límites

• Orden de las preguntas y su influencia entre ellas

• Preguntas abiertas y cerradas

Introducción al muestreo:

• Diseño y análisis de encuestas por muestreo

• Muestreo aleatorio simple

• Muestreo aleatorio estratificado

• Muestreo por conglomerados

• Muestreo sistemático

Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• Comunicación, marketing e imagen institucional

• Imagen deseada y gestión de imagen

• Construcción de la imagen pública

• Mensajes clave

• Persuasión y opinión pública

Fechas: 18, 23, 25, 28, 30 de noviembre; 2, 5, 7 y 9 de diciembre.

(Programación sujeta a cambios)

Atentamente

Diputado Daniel Ordóñez Hernández

Presidente

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al sexto Premio nacional de investigación social y de opinión pública.

La fecha límite para recibir trabajos es el 31 de agosto de 2016.

• Primer lugar: 150 mil pesos.

• Segundo lugar: 75 mil pesos.

• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y 51299.

http://www5.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente

Maestro Ernesto Cavero Pérez

Subdirector de Opinión Pública