Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular la atención y el tratamiento de la insuficiencia renal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosalinda Muñoz Sánchez, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los riñones permiten la eliminación, en la sangre, de los residuos que provienen de la destrucción de las células del organismo y de la digestión de los alimentos; regulan la cantidad de agua y de electrólitos, como el sodio (sal), el cloro o el potasio en el organismo.

Una modificación del funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran correctamente la sangre provoca un desequilibrio en las sales minerales y en el agua, pudiendo provocar complicaciones severas, conocidas como insuficiencia renal1 .

En el año 2002 la National Kidney Foundation de Estados Unidos en las guías K/DOQI definió a la insuficiencia renal crónica (IRC) como la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular2 .

Las enfermedades renales tienen muchas causas, pero se las puede agrupar bajo algunas categorías:

• Aguda o crónica

• Adquirida o hereditaria

• Primaria (que no resulta de una enfermedad generalizada)

• Secundaria (que resulta del curso de ciertas enfermedades generalizadas)

La insuficiencia renal es un problema de salud pública a nivel mundial, el número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o hemodiálisis o, en su defecto, de trasplante renal y por lo tanto se incrementa progresivamente el costo de atención.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón existen actualmente en México 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 personas con tratamiento continuo de diálisis. En otros países el promedio de enfermos renales oficialmente censados son 0.1 por ciento de la población total3.

Asimismo, el Centro Nacional de Trasplantes estimó que se deberían realizar 5 mil trasplantes anuales y reportó que en el año 2005 se realizaron un total de 2001, de los cuales 28.6 por ciento (573) fueron provenientes de donadores cadavéricos y en 2006 se realizaron 2 mil 800 trasplantes con el mismo porcentaje de donaciones cadavéricas.

Se ha estimado que 55 mil pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis y que al menos la misma cifra no tiene acceso a este tipo de tratamiento4 .

En México seguimos luchando contra este padecimiento, tal es el caso de Veracruz, donde el pasado 27 de julio de 2015 se registró un número 10 veces mayor de insuficiencia renal crónica que en el resto del país, tal es el caso de Joaquina Cuellar, quien trabaja como auxiliar de enfermería en Tierra Blanca. Hace 8 años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y este fue su testimonio:

“Me comencé a agitar, a cansarme, entonces pasé con un doctor y ese doctor me mandó a hacerme unos estudios y por ese estudio se dio cuenta que mis riñones ya no estaban funcionando; cuando recibí la noticia todo se me vino encima, casi en shock; pues sentí mucha tristeza; sí, y dejar a mis hijos, pero aquí estoy con vida5 .

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, entre los años 2008 y 2012 se presentaron 265 defunciones por insuficiencia renal en Tierra Blanca6 .

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en México alrededor de 10 millones de personas padecen enfermedad renal crónica, de los cuales aproximadamente 160 mil se encuentran en fase terminal, mientras que Tlaxcala, lugar que orgullosamente represento, ocupa el tercer lugar nacional en muertes por causas de insuficiencia renal crónica.

De acuerdo con datos del Censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese año se registraron 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal. La entidad con más incidencia fue el estado de México, con mil 487, seguido del Distrito Federal, con 948, Jalisco con 920; en Puebla ocurrieron 756, en Guanajuato, 604 y en Nuevo León, 3927 .

En 2013, la Secretaría de Salud reconoció que los esfuerzos para incrementar los trasplantes renales, que son la mejor alternativa para enfrentar la insuficiencia renal crónica, han sido insuficientes, mostrando que por el problema que representa los altos costos de los tratamientos no todos los enfermos tienen garantizada la atención médica, pues si la diálisis y hemodiálisis se incorporaran al Seguro Popular se requerirían nueve mil 100 millones de pesos al año, más de 90 por ciento del total del dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, con el que se pagan. Un total de nueve mil 276 personas en nuestro país esperan un riñón, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes8 .

Lo más grave de la Insuficiencia Renal Crónica en México es la gran desigualdad; los enfermos renales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están cubiertos cien por ciento con terapia de reemplazo renal, mientras que los del Seguro Popular no9 .

La insuficiencia renal crónica, además de ser un padecimiento que degenera a quien la padece, sufre de inequidad frente a otras enfermedades, pues no está dentro del catálogo de patologías que cubre el programa Seguro Popular.

El nefrólogo del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guillermo García García, asegura que el Seguro Popular tiene una deuda grande con la comunidad de enfermos insuficientes renales, porque a pesar de ser una enfermedad catastrófica por el gasto que requiere, no se ha agregado al catálogo de patologías a ser atendidas.

“El Seguro Popular, que se suponía iba a venir a resolver este problema, han pasado ya 11 años de su creación y todavía no cubre esta enfermedad”.

Una persona con esta enfermedad paga de 80 a 170 mil pesos anuales en sus tratamientos, dependiendo si es diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal.

García señala que es común observar que los pacientes y familiares se endeuden y vendan el poco patrimonio que tienen para poder solventar los costos de la enfermedad.

“Cuando no tienen cómo llevar los gastos, se abandona el tratamiento y conduce a una muerte segura”10 .

Según, una nota publicada el pasado 9 de enero en La Jornada San Luis , el profesor Eduardo Hernández Ibarra, profesor investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó que el Seguro Popular es el sistema para brindar protección financiera en salud a más de la mitad del país que no tiene acceso a la seguridad social, y detalló que la atención que brinda depende de un catálogo de intervenciones cuyo funcionamiento es similar al de un seguro privado, puesto que sólo cubre determinados aspectos de una enfermedad.

Indicó que las personas afectadas por la enfermedad renal crónica necesitan realizar terapias sustitutivas como diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues “sus riñones ya no hacen la función que deberían hacer o no lo hacen de la manera óptima”. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos es cubierto por el Seguro Popular, motivo por el cual deben ser pagados directamente por el bolsillo del paciente11 .

Esta situación representa un problema serio si se ve reflejado en cifras, ya que aquella persona que tenga el padecimiento y no cuente con el recurso necesario para atenderlo, o bien no esté asegurado por una de estas dependencias, recurrirá al Seguro Popular sin una respuesta favorable por falta de recurso; lo cual a largo o corto plazo, podría ser causante de muerte.

Es necesario impulsar el apoyo a los ciudadanos, ser la voz de los que realmente lo necesitan y atender a sus necesidades.

La enfermedad renal es considerada un desafío global que urge sea atendido.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Notas

1 http://salud.ccm.net/faq/6777-insuficiencia-renal-definicion

2 http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02_feb_2k9.pdf

3 http://hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/insuficiencia_renal.pd f

4 http://hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/insuficiencia_renal.pd f

5 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/problemas-renales-ca usan-mas-muertes-tierra-blanca-veracruz/

6 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/problemas-renales-ca usan-mas-muertes-tierra-blanca-veracruz/

7 http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_26 1574425.html

8 http://www.excelsior.com.mx/2013/03/15/889138

9 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/02/19/
prioridad-que-seguro-popular-cubra-enfermedad-renal

10 http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/517679/6/hay-inequidad-en-tra tamiento-de-la-insuficiencia-renal.htm

11 http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/enfermedad-renal-evi dencia-abandono-del-seguro-popular/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León a continuar con los recursos legales a su alcance respecto a posibles errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río, suscrita por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del PVEM

Las suscritas, Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El secuestro es el delito más lacerante de la sociedad que en los últimos años ha adoptado el rostro más perverso de la criminalidad no respetando la vida, la integridad ni la tranquilidad de las personas o la legalidad sobre la cual está soportado nuestro sistema de justicia, generando así percepciones de impunidad, injusticia y desconfianza hacia las instituciones, las corporaciones policiacas o la fuerza del estado.

El secuestro exprés, secuestro de migrantes, secuestro de periodistas, secuestro con fines de explotación sexual, secuestro simulado o cualesquiera otra de las modalidades que adopta este delito, lo que daña de raíz el tejido social no sólo por el estigma de violencia que se siembra en la sociedad sino por el fenómeno de impunidad que nos obliga como sociedad a debatir sin censura las medidas que tendremos que tomar para defendernos de un mal que amenaza la libertad, la seguridad y el libre desarrollo de las personas, baste decir que el secuestro se ha convertido en un negocio rentable pues en México 60 por ciento de los casos no se denuncian y el otro 40 por ciento restante, aunque se denuncie no cuenta con las garantías suficientes para llegar a la fijación del castigo a los responsables.

Desafortunadamente estas fallas del sistema se traducen en un déficit de gobernabilidad, de confianza en las policías encargadas de perseguirlo sin estar profesionalizadas para el mismo como se evidenció con el caso de la reciente liberación de cuatro secuestradores y homicidas del empresario Damián González del Río, por considerar que se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso, coalición de derechos que consternó a la sociedad neolonesa pues a su juicio se liberaran peligrosos criminales que ponen en riesgo la paz y la seguridad en ese estado, a pesar de las justificaciones que diera el juez segundo penal en Monterrey, Raymundo Martínez, en su sentencia, como consecuencia se propone el presente punto de acuerdo mediante el cual se exige se revise con lupa la sentencia y actuaciones del Juez que otorgó la liberación de estos criminales1 , y se revoque el sentido apelando a la justicia para la víctima, sus feudos y la sociedad, asimismo se exhorte a las autoridades jurisdiccionales a abstenerse a liberar a criminales encontrados culpables sin causa justificada ya que se inhibe el déficit de justicia frente a los fallos judiciales que terminan por ofrecer una salida fácil a los delincuentes del sistema penitenciario.

Asimismo, recordemos que es en este contexto en el que secuestradores, homicidas buscan los huecos de la ley, “los tecnicismos” para escapar de la justicia lo que motivó que en los últimos tres sexenios se hayan implementado reformas y estrategias para formar un frente común entre los legisladores, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las organizaciones de la sociedad civil Alto al Secuestro, Causa Común, entre otras organizaciones no gubernamentales (ONG) para hacer frente a este flagelo y alcanzar una mayor efectividad en la persecución del delito, la justicia, y la equidad hacia las víctimas y sus derechos. Se destacan más sanciones, mayores mecanismos de actuación y la especialización de las unidades de investigación y persecución de este delito en los estados.

Es público que en 2012 las tasas de secuestro en nuestro país aumentaron 400 por ciento y ello motivó a una generación de legisladores a proponer mayores sanciones para este delito y presentar soluciones más efectivas para este fenómeno delictivo.

En este marco, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) promovió la Ley Antisecuestro, con sanciones ejemplares para quien privara de la vida a otro ser humano, para evitar que una mente perversa que se atreve a mutilar, abusar sexualmente e incluso asesinar, quedara impune frente a una sociedad que clama justicia y exige estado de derecho. Se avanzó con convicción en sancionar hasta con 40 años de prisión, prácticamente prisión vitalicia para los secuestradores que violen, torturen, mutilen o asesinen a sus víctimas.

La propuesta del PVEM en materia de secuestro logró avances significativos, consiguió establecer una mayor coordinación entre autoridades, que el gobierno federal focalizara el combate a este delito a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro y la creación de fiscalías especializadas en los estados para la persecución de este delito, del mismo modo propone un fondo para las víctimas de este delito.

En este mismo orden de ideas una segunda generación de reformas y acuerdos de coordinación en el gobierno actual lograron abatir significativamente este delito, cifras proporcionadas por las autoridades estatales y federales, de enero a noviembre de 2015, precisan que este delito disminuyó 27 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2014, lo que evidencia un avance; sin embargo hay que continuar combatiendo este delito hasta alcanzar el objetivo es reducirlo a tasa cero, en esa misma dirección fortalecer los fallos judiciales que castigan con ejemplaridad a estos peligrosos delincuentes.

Los resultados son alentadores, sin embargo una realidad lacerante se impone ante este flagelo, los índices bajan pero la credibilidad en el sistema de administración y procuración en este delito también, se denuncia menos, se multiplican las bandas criminales y se cometen errores en los procedimientos que terminan por desplomar la armadura del estado frente a este delito. En el caso que motiva este punto de acuerdo es por una resolución judicial donde todos los esfuerzos para sancionar a cuatro secuestradores y homicidas se vienen abajo en claro detrimento de la credibilidad de las instituciones y la confianza en las autoridades.

Es por esto que en el caso de la reciente liberación de cuatro sujetos que fueron sentenciados por secuestro y homicidio de su víctima en Nuevo León, nos obliga a exhortar a la procuraduría a defender sus procedimientos en vista de que la sociedad se ha manifestado con preocupación y repudio por la medida jurisdiccional, para evitar que se traicione su confianza en la justicia y en la contundencia del sistema penal en su conjunto.

Estos hechos de liberar culpables claramente merece la condena de la sociedad pues el bien jurídico lesionado es la seguridad de las personas, el orden público y la paz, que exigen de autoridades, policías e impartidores de justicia una mayor responsabilidad al momento de liberar a secuestradores y homicidas que han sido señalados como culpables después de haberse aplicado los procedimientos y las leyes.

En suma, el secuestro es un delito de alto impacto que rebasa a jueces, ministerios públicos, policías, e instituciones encargadas de la procuración de justicia, porque la inseguridad que estamos enfrentando compra conciencias, armas, voluntades y hasta resoluciones a favor de sus causas.

Es por esto que el PVEM llama, para la protección de la vida y seguridad de las personas, que el estado extreme acciones y esfuerzos para restituir la justicia en el caso de los asesinos del empresario mexicano.

Los mexicanos no merecen vivir con el temor a ser secuestrados, a ser privados de la vida o la integridad por un tecnicismo que termina por liberar a los captores y responsables de la privación de la vida de un miembro respetable de la sociedad.

Son nuestros actos como legisladores, como ciudadanos, los que sabrán elegir por vencer al estado de impunidad, de malos hábitos de ministerios públicos o policías que terminan por aumentar la inseguridad.

Es por esto que es oportuno este punto de acuerdo, ya que en los últimos días se ha sacudido al estado de Nuevo León por una exoneración que opaca el criterio judicial, el PVEM hace un llamado de vida a la Procuraduría del Estado de Nuevo León para que rectifique a través de la apelación el sentido de la resolución que estableció la libertad de los captores, y así revertir la espiral de impunidad al escudo de una garantía constitucional como el debido proceso para que no se replique este caso y en el largo plazo encuentren la vía mayores grupos de la delincuencia organizada para salir libres o se traduzca en la exoneración de las bandas criminales que imperan en el país.

Consecuentemente alzamos la voz para que la resolución definitiva de este caso sirva para desarticular las bandas criminales, para advertir que no se permitirá avasallar las leyes que sancionan el secuestro ni continuar con la impunidad que subyace de los fallos judiciales que exoneran a estos delincuentes por falta, acción o, en el caso, omisión del estado.

Reiteramos, este caso coaliciona varios derechos entre “víctimas y victimarios” a partir de la resolución del juez segundo penal en Monterrey, Raymundo Martínez, que debe ser revisada pues no hay razón ética en los defensores o en los jueces que alcance para liberar a los cuatro sentenciados por el plagio y la muerte del ciudadano Damián González del Río, sin explicar cómo y por qué se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso.

En los hechos para la sociedad neolonesa se evidencia:

a) Que un empresario dedicado a la construcción fue plagiado el 30 de julio de 2012 por hombres que irrumpieron en su negocio en Santa Catarina y se lo llevaron con el objetivo de pedir rescate.

b) Que pese a que su familia pagó en tres ocasiones el rescate, sus captores decidieron quitarle la vida al empresario de 31 años.

c) Que el cuerpo del empresario fue hallado el 4 de agosto de 2012, con signos evidentes de violencia y

d) Que el 17 de agosto de 2012, luego de las investigaciones, se llevó a cabo la detención de los probables responsables:

Diego Zárate Ibarra, de 30 años, alias “El Negro”;

José Fidencio Armendáriz Guardiola, de 20, alias “El Perro” o “El Monstruo”;

José Antonio Porras Ramírez, de 43, alias “El hecho Garras”, y

José Ángel Álvarez Lázaro, de 36, alias “El Gogy” o “El Pelón”.

e) Que los acusados de plagio y homicidio, los cuatro fueron sentenciados en dos ocasiones -en 2013 y en 2015-, y en ambos casos recibieron condenas de hasta 90 años de cárcel.

f) Que no se ha responsabilizado a los policías o a los agentes ministeriales cuyas fallas de actuación han derivado en la liberación de los sentenciados por estos delitos de secuestro, homicidio, entre otros delitos.

Este fallo evidenció la fragilidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que por una parte avanzó en profundizar derechos fundamentales de máxima importancia en el tema de derechos humanos, al tiempo de dar mayores responsabilidades a quienes intervienen en la aplicación de las leyes en un proceso penal para fundar sus resoluciones, pero que deja en sospecha el actuar de las autoridades, siendo:

1) Que el juez asumió la responsabilidad de liberar por tecnicismos a los cuatro sujetos y ahora podría enfrentar responsabilidad ante la judicatura por ese fallo.

2) Que el Ministerio Público, que integró deficientemente la averiguación previa, dio continuidad a los errores que provenían desde la detención de los inculpados.

3) Que México aún no cuenta con policías capacitados para aplicar criterios tan estrictos como los establecidos en el nuevo sistema penal; que cientos de criminales pudieran salir libres por errores cometidos por los policías y, como en el caso, que no existen procedimientos para sancionarlos por sus errores u omisiones; evidenciando que el mando de policía requiere capacitación y certificación.

4) Que las víctimas, sus deudos y la sociedad en general, se encuentra indignados pues se libera a cuatro sujetos cuya culpabilidad fue demostrada no obstante su consternación por la resolución y el criterio de los jueces al liberar a cuatro secuestradores y asesinos en detrimento de la paz social.

5) Que la representación del estado ha sido insuficiente, que se debe apelar a su intervención pues la sociedad demanda una explicación profunda de por qué se están liberando estos asesinos que fueron sentenciados conforme a los procedimientos y las leyes aplicables; y cuestionar si la sentencia del juez segundo penal en Monterrey, Raymundo Martínez González, fue apegada a derecho.

6) La judicatura que debe revisar que los jueces estén capacitados y sean sujetos, en su caso, a procedimientos ante un grave desvío de la justicia y, en su caso, sancionar los errores u omisiones.

Recordemos, la impunidad es una de las más graves amenazas a nuestro sistema de justicia, ya que sólo 7 por ciento de los delitos son denunciados, y de ese porcentaje sólo el uno por ciento es castigado, ya sea por deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales, por ciertos abusos por parte de las autoridades de investigación o instrucción y en ese sentido hemos optado por uno más garantista de protección de los derechos de las víctimas y sus familiares, especialmente frente al paradigma de derechos humanos.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León continúe con los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa de errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de los cuatro secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, y hagan público el resultado de sus actuaciones.

Nota

1 Las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 modifican el artículo 21 de nuestra Carta Magna para quedar, en su párrafo tercero, de la siguiente manera: “... La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputadas Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal a destinar y ejercer con oportunidad los recursos autorizados para los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, estableció en el artículo decimocuarto transitorio que:

Las dependencias y entidades competentes deberán destinar de manera oportuna, transparente y equitativa los recursos públicos que tengan autorizados o los que sean reasignados en los programas que incluyan acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación , a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, a la inclusión y el desarrollo de las mismas.

Las dependencias y entidades, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

Las dependencias y entidades entregarán un reporte a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual integrará un informe que enviará a las Comisiones de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de octubre para su seguimiento.

De esta disposición transitoria del Presupuesto, se desprenden las siguientes obligaciones:

Primera. El ejercicio del presupuesto dirigido a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, expresados en los programas de la administración pública federal se deberán de ejercer de manera oportuna, transparente, y con equidad. Esta disposición incluye recursos asignados o resignados para el fin en comento.

Segundo. Prevé, que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social las dependencias y entidades revisarán sus programas con la finalidad de incluir acciones que propicien la inclusión de las personas con discapacidad; y

Tercero. Establece la obligación de entregar un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión de estos recursos públicos.

El artículo 70 constitucional convierte a esta disposición obligatoria al dotarla del carácter de decreto .

La atribución exclusiva de esta Cámara sobre la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es complementada con la de fiscalización y seguimiento, por lo que resulta fundamental que en plano del ciclo presupuestario la Cámara de Diputados esté debidamente informada de la ruta financiera y administrativa por la que pasan los recursos públicos aprobados.

Artículo 41, fracción II inciso t) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá en los anexos y tomos las previsiones de gasto que correspondan para la atención a grupos vulnerables.

Dichos recursos se encuentran previstos en el Anexo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. De acuerdo con este Anexo, los recursos ascienden a $54, 127, 780, 931.00 pesos.

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2015.

Específicamente, algunos de los recursos etiquetados para la atención de las personas con discapacidad son el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, los recursos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y los recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para la Atención a personas con discapacidad.

Por lo que se refiere al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el 29 de enero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

El capítulo VI de los lineamientos, en referencia con la proposición, señalan que las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos.

El anexo 20.1 prevé la distribución del fondo por entidad federativa.

Además de lo anterior el decreto del presupuesto 2016, por vez primera incluyó la perspectiva de inclusión, al reflejar esta condición en diversos artículos del mismo.

En el artículo 10, se prevé la continuidad del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

En el artículo 17, se ubica uno de las disposiciones más importantes para la inclusión, que se vincula con el derecho humano al acceso a la información pública. Este precepto prevé en su fracción

VI. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, subtítulos o en su caso tecnologías que permita el acceso a los contenidos de campañas en televisión a las personas con discapacidad auditiva.

Es la norma que obliga al Estado mexicano a que las campañas en televisión se hagan uso de subtítulos que garanticen el derecho a la información alrededor de 695 mil personas con discapacidad auditiva.

En relación con las mujeres con discapacidad, el Decreto del Presupuesto 2016, prevé que en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 se deberá identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad. Con lo que las dependencias de la administración pública federal que participan en este programa deberán implementar acciones a favor de ellas.

Cabe mencionar, que una de las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que México cuente con presupuesto para la igualdad, en su Recomendación 10:

10. El Comité recomienda al estado parte a establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad [...]

De manera específica, la ONU, en su Recomendación número 14, en materia de mujeres con discapacidad, señala.

14. El Comité recomienda al estado parte a:

(a) Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

(b) Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.

En relación con la disposición transitoria, materia de la presente proposición, el artículo 28, establece que la evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones. Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar matrices de indicadores para resultados deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales de equidad de género, juventud, discapacidad, y etnicidad.

Con lo que las acciones y programas dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad serán objetos de evaluación, bajo los criterios de la Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El artículo 29 del presupuesto representa uno de los mayores avances, en materia presupuestaria de los últimos decretos de presupuesto referentes al tema de la discapacidad, debido a que en este año los programas sujetos a reglas de operación deberán promover el principio inclusión de las personas con discapacidad.

Finalmente, por lo que se refiere a las disposiciones en el Presupuesto en materia de discapacidad, el artículo 32 señala que los programas de subsidios del Ramo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; la inclusión de las personas con discapacidad.

Lo anterior muestra la importancia de que la administración pública dé inicio a los trabajos para preparar la metodología con la que se van a evaluar los programas destinados a la inclusión de las personas con discapacidad.

Es de urgente necesidad que sea atendido con atingencia la proposición, las condiciones en las que viven las personas con discapacidad lo demandan:

• 5 millones 739 mil personas declararon tener dificultad para caminar, moverse, subir o bajar (en adelante caminar o moverse); ver, aun usando lentes (ver), hablar, comunicarse o conversar (hablar o comunicarse); oír, aun usando aparato auditivo escuchar; vestirse, bañarse o comer (atender el cuidado personal); poner atención o aprender cosas sencillas (poner atención o aprender); limitación mental es decir, son personas con discapacidad. Cifra que representa 5.1 por ciento de la población total del país.

• 58 por ciento de las personas de este grupo poblacional señala tener limitación para caminar o moverse. Le siguen las dificultades o limitaciones para ver (con 27.2 por ciento), escuchar (12.1 por ciento), mental (8.5 por ciento), hablar o comunicarse (8.3 por ciento), atender el cuidado personal (5.5 por ciento) y finalmente, para poner atención o aprender (4.4 por ciento).

• De cada 100 personas con discapacidad mayores de 12 años, 42 están casadas; 8 en unión libre; 22 solteras; 21 viudas; 7 separadas o divorciadas. Es decir, la mitad de dicha población se encuentra casada o unida.

• 68.8 por ciento de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud, porcentaje ligeramente superior al de la población sin discapacidad (66.4 por ciento). De ellos, 46.7 por ciento están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 37.2 por ciento al Seguro Popular o para una Nueva Generación, 10.9 por ciento al ISSSTE, 2.7 por ciento a una institución privada; 2.4 por ciento a otra institución no definida y 1.5 por ciento a Pemex, Defensa o Marina.

• En promedio, 56 de cada 100 personas con discapacidad de 3 a 29 años asisten a la escuela.

• Sólo 48.2 por ciento de los niños de 3 a 5 años van a la escuela.

• 34.1 por ciento de las personas con discapacidad de 6 a 14 años de edad no sabe leer y escribir.

• Entre la población con discapacidad, 27.9 por ciento no tiene estudios, 45.4 por ciento terminó al menos un año de primaria, 13.3 por ciento uno de secundaria, 7.3 por ciento uno de media superior y 5.2 por ciento uno de superior.

• La tasa de participación económica de la población con discapacidad es 29.9 por ciento, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas.

• De cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes.

• De cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 39 son empleados u obreros, 38 trabajadores por cuenta propia, 6 jornaleros o peones, 6 ayudantes, 5 trabajadores familiares sin pago y 3 patrones o empleadores.

• 14 por ciento de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7 por ciento gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9 por ciento de uno a menos de 2 SMM; 16.5 por ciento de 2 a menos de 3 SMM; 11.2 por ciento de 3 a menos de 5 SMM; 5 por ciento de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2 por ciento, 10 y más SMM.

• Sólo 51.3 por ciento tiene prestaciones; porcentaje bajo en relación con el de su contraparte sin discapacidad (68.2 por ciento). En este marco, 43 de cada 100 asalariados con discapacidad gozan del derecho a aguinaldo, 42 de cada 100 a servicio médico, 35 de cada 100 a vacaciones con goce de sueldo, 30 de cada 100 reciben ahorro para el retiro, 23 de cada 100, reparto de utilidades y 12 de cada 100, otras prestaciones.

• De cada 100 personas con discapacidad de 12 años y más, 30 reciben dinero derivado de programas de gobierno (Oportunidades, Procampo, becas, ayudas a madres solteras y adultos mayores, entre otros), 15 de jubilaciones o pensiones, 8 de personas dentro del país, 4 de personas fuera del país y 2 de otras fuentes de ingreso.

• Del total de población con discapacidad de 3 años y más, 7.9 por ciento son hablantes de lengua indígena, aproximadamente 450 mil personas.

Resulta necesario que las dependencias y entidades acuerden oportunamente con la Secretaría de Desarrollo Social la metodología que ocuparán para evaluar el ejercicio de los recursos públicos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad. Lo anterior, ya sistematizado, permitirá a la Cámara de Diputados planear con mayor eficiencia el próximo ejercicio presupuestario.

Finalmente, con esta proposición, coincidirán las facultades del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de discapacidad al establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad e incluir en el Presupuesto de Egresos recursos para la implementación y ejecución de la política pública, previstas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

Es por lo que con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que destinen y ejerzan de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno de Aguascalientes a concluir la construcción del libramiento carretero poniente de la capital del estado, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. El Estado de Aguascalientes es la única de las entidades federativas de la República con las que su capital no cuenta con un libramiento carretero concluido. El proyecto lleva casi 20 años sin realizarse desde que en la década de los 901 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo desarrolló en coordinación con el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

La concesión para la construcción del Libramiento de la Ciudad de Aguascalientes fue otorgada por la Federación al Gobierno del estado, y esta a su vez, a empresas privadas. Hasta la fecha, la segunda etapa del proyecto ha estado sin concluirse, dañando y poniendo en peligro la vida y la seguridad vial de los habitantes. Se estima que del total de vehículos que circulan por la ciudad de Aguascalientes, 28.7% son unidades transporte de carga pesada,2 trasladando muchas veces materiales peligrosos.

2. Según el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2014 del Inegi, el estado de Aguascalientes cuenta con un total de 2,348 km de carreteras dentro de la red nacional de carreteras; de los cuales 365 km son carreteras troncales federales, 1,025 km son alimentadoras estatales y 626 km son caminos rurales, además de los 1,309 km de carreteras pavimentadas.

La carretera 45 sur conecta a la entidad con el estado de Jalisco, cruzando todo el estado hasta Zacatecas. Asimismo, la carretera 70 que corre de oriente a poniente; conecta al estado con Jalisco y con San Luis Potosí ambos pasando por Zacatecas, tal y como se puede observar en el siguiente mapa del Atlas de carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

3. El estado de Aguascalientes ha tenido un crecimiento económico marcado por la industria automotriz de la empresa japonesa Nissan, y sus filiales como Jatco, Unipress, Yorozu y Calsonic, entre otras. La Dirección de Control de Producción de Nissan informa que casi el 70 por ciento de las firmas que dotan a esta empresa de autopartes y otros insumos necesarios para el ensamblaje de unidades de motor, cuenta con sucursales en la república mexicana, concretamente en la región del bajío conformada por Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, así como en la Ciudad de México y la zona fronteriza con los Estados Unidos. Esto ha producido que Aguascalientes tenga un crecimiento económico más alto que el promedio nacional (8%)3 trasladando el 29.35% de las actividades económicas en el estado sean industrias de manufacturas.4

De esta manera, Aguascalientes forma parte de este corredor industrial que transporta un tonelaje determinado diario y que ingresa, sin la existencia del Libramiento carretero, por el Tercer Anillo Periférico de la Ciudad de Aguascalientes. Según la Estadística Básica de la Dirección General de Autotransporte Federal, en Aguascalientes el parque vehicular de transportes de carga federal es de 9,852,5 sumada a los 39,277 de Guanajuato, 22,392 de Querétaro, 19,792 de San Luis Potosí y 3,742 de Zacatecas, dando un total de 95,055 de vehículos de autotransporte de carga en la región.

4. La falta de un libramiento en esta ciudad provoca dos problemas fáciles de identificar: daño en la infraestructura vial y riesgo en la seguridad de los demás vehículos y transeúntes. Si consideramos que cada lámina de acero utilizada para la elaboración de un automóvil pesa aproximadamente 1,800 kilogramos,6 misma que se enrolla y se transporta en vehículo de carga por carretera, al llegar directamente a la ciudad Aguascalientes sin libramiento, la seguridad vial de los vehículos privados poco se garantiza, y la infraestructura urbana que no tiene la capacidad para soportar automotores con este tonelaje se deteriora.

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se tiene un registro de poco menos de 10 mil unidades pesadas en Aguascalientes que pasan por avenidas no adecuadas de la ciudad y al año realizan un cruce alrededor de tres millones 650 mil unidades de carga pesada.

Por otro lado, datos recientes del Municipio de Aguascalientes registran que en 2014 y 2015 se suscitaron en promedio 248 accidentes relacionados con el autotransporte de carga pesada. En lo que va de este año, ya se tienen contabilizados 24 accidentes entre los que se encuentran coaliciones con automóviles, motociclistas y volcaduras.7 Además, se contabilizaron en 2015, dos mil 756 infracciones a conductores de transporte pesado, por circular en horario prohibido, según la Dirección de Tránsito y Movilidad del Municipio de Aguascalientes.

5. A pesar de esto, el Gobierno del Estado ha dado poca garantía de su avance, sin dar a conocer información relevante de la concesión y la situación económica financiera, física y jurídica que guarda el Libramiento. En un acuerdo de Reserva de Información con fecha del 19 de agosto de 2015, el Gobierno del Estado por medio de la Dirección General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones dio a conocer que el Título de Concesión para el Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes es información clasificada como reservada.

Este hecho ha sido constatado por distintos líderes sociales y sectoriales de la región como el Consejo Coordinador Empresarial, el Colegio de Ingenieros Civiles, AC, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, que afirman la poca apertura de las autoridades estatales y federales para informar los avances, el estatus o las condiciones de la construcción, a pesar de que la concesión fue otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado de Aguascalientes, y esta a su vez, desde el 30 de septiembre de 2009 informó que la segunda etapa del libramiento sería terminado por medio de una concesión a favor del Consorcio integrado por las empresas Cemex Concretos, SA de CV, y las compañías de Aguascalientes Pavimentos y Maquinarias, SA de CV, Grupo Ingenieros Civiles y Arrendadores de Maquinaria, SA de CV, Maquinaria e Ingeniería, SA de CV, K Grupo Empresarial del Centro, SA de CV, y L.I. Desarrollos, SA de CV.

6. El Plan Nacional de Desarrollo establece en su Estrategia 4.9.1, en el sector carretero, la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos, así como garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones física de la red y sistemas inteligentes de transporte. Además, es responsabilidad de la Federación dar trámite y seguimiento a esta obra ya planeada y concesionada. El artículo 5, fracción tercera de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federales establece que es responsabilidad de la Secretaría otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; así como vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación.

7. En conclusión, la terminación de la construcción del Libramiento para la Ciudad de Aguascalientes favorecerá a la región económicamente y permitirá que se prevengan mayores accidentes viales que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, además del costo en infraestructura vial que puede provocar el alto tonelaje del autotransporte de carga. Sin embargo se requiere que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Aguascalientes presten interés a esta construcción en beneficio de la región.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes concluyan la construcción del libramiento carretero poniente en la ciudad de Aguascalientes.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes para que informe a la opinión pública la situación económica financiera, física y jurídica que presenta el proyecto del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes.

Notas

1 Plan Municipal de Desarrollo Urbano Municipal de Aguascalientes 1998 – 2004.

2 Datos de los vehículos registrados obtenidos por el Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos (SIMBAD) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.

3 Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes.

4 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

5 Vehículos tanto de carga general como especializados.

6 Almexa. Laminados en Aluminio. Consulta en su portal de internet el 8 de febrero de 2016: http://www.almexa.com.mx/aplicaciones-del-aluminio/automotriz/

7 Datos proporcionados por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2015.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a evitar en su interior actos discriminatorios por enfermedades como el VIH, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Marina/ Armada de México es una institución militar de carácter nacional, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, contribuyendo a la permanencia y supremacía del Estado Mexicano.

Garantiza el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí, o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, entre otros; así como la prevención y control de la contaminación marítima, la protección y vigilancia del medio marino dentro del área de su responsabilidad, la mitigación de los efectos adversos de los agentes perturbadores, tanto de origen natural como los antrópicos en contra de la sociedad y su entorno, aplicando siempre con éxito el Plan Marina de auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre.

conforme al tercer informe de labores 2014-2015, se aprecia que la institución contribuye como una dependencia responsable y decidida del gobierno federal, para lograr las condiciones de paz y desarrollo, con profundo respeto de los Derechos Humanos y el reconocimiento absoluto de la equidad e igualdad entre hombres y mujeres; resaltando como característica de sus integrantes: los altos valores, la gran responsabilidad, la firme decisión y el firme actuar, siempre, al servicio de la patria; reconociendo, que existen necesidades insatisfechas, pero resaltando que la Secretaría de Marina busca satisfacerlas con calidez y calidad tanto en el ámbito personal y familiar.

Es así que cada uno de los elementos de nuestras Fuerzas Armadas no se encuentran exentos de la protección constitucional en materia de Derechos Humanos, protegidos por el derecho humano fundamental a la No discriminación, conferido a cada hombre, cada mujer, cada joven y cada niña o niño, que incluyen; el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, preferencia sexual o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales.

Es decir; el derecho de todas las personas para estar libres de cualquier tipo de discriminación en todas las áreas y en todos los niveles.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ...Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole...Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley...Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,... Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha evidenciado la violación al derecho humano de la no discriminación, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional de este país, por realizar actos discriminatorios a aquellas personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), solicitando al Estado mexicano, la realización de una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad, lo que llevó al titular de la Secretaría de Gobernación el pasado junio de 2015, a llevar a cabo un acto público en las Instalaciones del Museo de la Memoria y la Tolerancia, donde se evidencio la escasa asistencia de integrantes de la Sedena, reflejando el débil compromiso de los principales actores en la construcción de una mejor sociedad.

Bajo la misma tesitura, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado a la protección de los derechos humanos y laborales de los portadores de esta enfermedad activos en la Sedena, con más de diez militares, discriminados y despedidos, ordenando su restitución y reinstalación.

La Secretaría de Marina, como integrante de nuestras tres fuerzas armadas, no debe estar exenta a contribuir al esfuerzo constante para erradicar la discriminación en todas sus formas hacia cualquier ser humano, por ello someto las siguientes

Consideraciones

Primera: Conforme a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, coloca a la Semar como la institución más sólida y confiable del Estado mexicano, aún por encima de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, para el grueso de la población de los Estados Unidos Mexicanos, la Marina es sinónimo de honor y lealtad.

Segunda: En días pasados, se hizo del conocimiento público, de la baja de un cabo perteneciente a la institución, lo que constituyó un acto lamentable de discriminación debido a que dicha acción fue por ser portador de lo que en un inicio se determinó como un “trastorno inmunológico indeterminado”, razón por la que se vio obligado a iniciar por más de diez años una batalla legal e ideológica de un marino en defensa de su trabajo, honor, reputación, vida privada y familiar, integridad, psicológica, por ser portador del virus del VIH. Después de un largo proceso judicial obtuvo una resolución favorable que ordenaba su reinstalación; sin embargo los actos de discriminación persisten por parte de algunos integrantes de la Marina/Armada de México que presta sus servicios en misma Institución.

Concatenando lo anterior se trata de que las y los mexicanos, vivamos en una sociedad, donde la discriminación en todos sus niveles y esferas incluyendo al militar, no sea parte de nuestra vida cotidiana. Realizando esfuerzos conjuntos para alcanzar la integración de una sociedad donde sea prioritario terminar con las desigualdades, satisfaciendo las necesidades más apremiantes como la injusticia, la discriminación y el deterioro de los valores sociales y éticos, que han contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, abuso del poder y la barbarie que impera en hechos cada vez más frecuentes de la vida diaria.

Tercera: Con forme al Reglamento Interno, es facultad del Secretario de Marina tramitar y resolver los asuntos de su competencia, las cuales puede delegar a los funcionarios subalternos como el Oficial Mayor encargado de conducir las relaciones laborales de la Secretaria, así como del Inspector y Contralor General de la Marina, facultado para imponer sanciones disciplinarias.

Es por ello que, como integrante de la Comisión Ordinaria de Marina, se exhorta al alto mando de esta Institución para que se eviten y erradique todo acto de discriminación al interior de nuestra Armada de México, y que a su vez se inculque en la Educación Naval en lo que respecta al adiestramiento, capacitación, formación y posgrado con una visión total de respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Sumemos esfuerzos para lograr una sociedad, en donde la Marina en la tierra en el aire y en mar, actúa con respeto irrestricto a los derechos humanos.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con carácter de

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Marina para que en el ámbito de sus facultades, realice las acciones pertinentes a fin de que se eviten actos de carácter discriminatorio, con motivo del padecimiento de enfermedades tales como el virus de inmunodeficiencia humana o cualquier otra, y se asegure la protección y confidencialidad a los datos personales, en beneficio de sus integrantes al interior de esa institución y se publiquen los logros obtenidos.

Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar entre la ciudadanía campañas informativas sobre los cambios del Conaculta, ahora como tal dependencia, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 3 de septiembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto anunció como parte de su tercer informe de gobierno, la creación de la Secretaría de Cultura.1

En cumplimiento a lo anterior, el diez de septiembre del mismo mes y año el ejecutivo presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados mediante la cual presentaba proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura.

Una vez cumplimentado el proceso legislativo, el 10 de diciembre del año 2015 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía mediante el cual se creaba la Secretaría de Cultura, en tanto que el 15 de diciembre fue aprobado por la Cámara revisora, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 del mismo mes y año.

El precedente de la hoy nueva Secretaría de Cultura, fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) creado en el año de 1988 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

A 27 años de la creación del Conaculta, la realidad era que ya no podía seguir siendo dependiente de otra Secretaría Federal, de ahí el beneficio de transformarla en una Secretaría más.

La creación de la Secretaría de Cultura fue una reforma administrativa, organizacional e institucional mediante la cual se fortalece a las instituciones culturales, incorporando este sector a la Administración Pública Federal Centralizada.

Entre las funciones de la nueva Secretaría de Cultura encontramos el cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.

La Secretaría de Cultura impulsará la creatividad artística e intelectual del país, así como las televisoras y radiodifusoras con contenido eminentemente cultural, para difundir, desarrollar y dar más accesibilidad al rubro, a los bienes y a los servicios culturales obtenidos por medio del Estado mexicano.

Con esta secretaría se hace efectivo el derecho a la cultura establecido en el párrafo décimo segundo, del artículo 4 Constitucional que señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

La cultura debe ser accesible para todos, por ello y en virtud de los cambios expuestos resulta importante que la ciudadanía esté enterada de la creación de la nueva Secretaría de Cultura, su integración, sus funciones, los asuntos de su competencia y sus atribuciones a efecto de que quienes estén interesados en el arte y la cultura puedan acceder a este sector, ahora de la Administración Pública Federal Centralizada.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Cultura para que en la medida de sus posibilidades presupuestarias realice campañas de difusión mediante las cuales informe a la ciudadanía los cambios que ha tenido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ahora como Secretaría de Cultura, su integración, sus funciones y los asuntos de su competencia.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/09/03/1043704.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero del 2016.

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Pemex a cancelar los contratos licitados y asignados que no garanticen mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos es, junto con la administración pública, uno de los principales adquirientes de bienes y servicios en el país. Por esa razón, las convocatorias para adquisiciones de bienes y servicios que lleva a cabo esta Empresa Productiva del Estado tienen una gran importancia para el universo de empresas proveedoras.

El esquema que se aplica actualmente, es diferente al que se utilizaba hasta antes de las reformas aprobadas en 2013. Ahora a Pemex ya no les serán aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tampoco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

El nuevo marco legal promovido por el Ejecutivo quedó establecido en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en su Capítulo III, denominado “Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras”. En dicho Capítulo, se establece que para realizar este tipo de operaciones, Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas sí deberán basarse en el artículo 134 de la Constitución Política, “con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación”.

Pemex reconoce que las reformas han implicado cambios estructurales y organizacionales profundos, que impactan en diferentes procesos de la empresa, pero particularmente en los administrativos y financieros. De entrada, señala que como consecuencia de la reforma, Petróleos Mexicanos integra siete empresas productivas subsidiarias, con una nueva regulación entre ellas, incluyendo lo relativo a adquisiciones, contrataciones, administración de proyectos, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo pronto, Pemex trata de definir la Relación con Proveedores y Contratistas (RPC), reconociendo las interacciones de Petróleos Mexicanos con la industria, diseñando el conjunto de acciones y mecanismos necesarios para generar ventajas competitivas para Petróleos Mexicanos. Para ello se propone colaborar con proveedores clave, generando valor al bien o servicio adicional al establecido contractualmente para satisfacer una necesidad operativa. La RPC que propone Pemex busca realizar acciones que superan los límites establecidos por la relación contractual Pemex-Empresa, mediante esquemas de mejora continua que redunden en beneficio de la calidad, innovación, tiempo de entrega y logística, entre otros. El propósito es que sistemáticamente superen las condiciones establecidas contractualmente e incluso la normatividad aplicable a fin de distinguirse ante un mercado competido.

En la concepción de la dirección de Pemex, la RPC se basa en un tratamiento diferenciado de proveedor a proveedor, que si bien parte de criterios firmes y reconocidos generalmente, busca dar un trato individual e incluso personal al proveedor. Y agrega que la RPC no trata de obtener un mejor costo o el cumplimiento de determinadas especificaciones, sino superar las expectativas con las oportunidades de mejora que en cada caso lo posibilite la relación comercial entre Pemex y la empresa.

Y explica que la Relación con Proveedores y Contratistas considera la vinculación de la oferta con la demanda; la relación de los participantes en la cadena de suministro; la gestión integral de la cadena de suministro; los procesos, tecnología y personas para soportar las operaciones, y la gestión empresarial.

Con el propósito de adoptar las mejores prácticas internacionales para la definición de estrategias de contratación de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, la función de “procura y abastecimiento” se orienta a la Gestión por Categorías, utilizando como principal herramienta de transformación la Metodología de Abastecimiento Estratégico, la cual está en proceso de generalizar su aplicación en Petróleos Mexicanos y empresas productivas subsidiarias, lo que permitirá maximizar el valor económico de las contrataciones y la reducción de costos a través de nuevas y/o mejores condiciones de contratación.

Como parte de ello, Pemex divulga el nuevo marco legal, el programa anual, la normatividad de Metrología y Administración que deberán cumplir los bienes y servicios, así como los calendarios preliminares de concursos abiertos y los contactos con las áreas contratantes. Es decir, busca cumplir con la formalidad.

No obstante todo lo anterior, existe una gran preocupación entre proveedores y ciudadanos, por la consistencia entre lo establecido normativamente y lo realizado en la práctica.

Por ejemplo, en relación con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Empresa Productiva, Pemex ha establecido que debe ser elaborado de manera conjunta por las áreas responsables de la programación, siguiendo las directrices que emita el Consejo de Administración y respetando el presupuesto. Deberá estar publicado a más tardar el 15 de noviembre del año previo al que se pretendan llevar a cabo las Contrataciones. Aclara que este Programa será de carácter indicativo y podrá ser actualizado de forma trimestral, y contendrá la descripción general de las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se pretendan contratar durante el ejercicio fiscal de que se trate y de aquellas que consideren ejercicios plurianuales; sus montos estimados para cada ejercicio y proyectos a que estén asociados, considerando el techo presupuestal autorizado.

A pesar de esos compromisos, la consulta del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios es un ejercicio complejo, porque la página de. Pemex no lo presenta en un archivo que permita realizar operaciones y genera dudas acerca de la calidad de la información que ofrece. No aclara cuántas piezas o servicios requiere de cada uno, en qué región o como parte de qué proyecto y mezcla los requerimientos de proyectos complejos como unidad, con los correspondientes a partes o refacciones. Además, en algunos casos la descripción es incomprensible y lo más grave es que no marca cuáles son los requerimientos multianuales o si no los contiene.

Por ejemplo, el archivo para 2016, en formato PDF proporciona una demanda total superior a 330 mil millones de pesos, cifra superior a la inversión presupuestada en 2016, que de acuerdo con la clasificación Análisis Funcional Programático Económico (Efectivo) es de 293 mil millones de pesos. Claramente, no se limita al monto del presupuesto aprobado.

Al clasificar los casi 10 mil registros que componen el Programa anual para 2016, se observa que 148 bienes y servicios por contratar representan 80 por ciento de los 330 mil millones de pesos. De manera más precisa, los 65 requerimientos con valor superior a un mil millones de pesos cada uno, suman 222 mil millones de pesos, 67 por ciento del total.

Sólo el proyecto más caro, Servicios Integrados para la Perforación, Terminación y Reparación de Pozos Petroleros de la Región Marina de Aguas Someras tiene un requerimiento por 26 mil millones de pesos.

Esto es, el programa no vincula requerimientos con objetivos y prioridades.

Pero lo más grave es que, al no establecer el orden de importancia, no se puede tener una idea de cómo se debe adecuar la administración de este programa, considerando la necesidad de ajustar gastos no prioritarios. Hay gastos de gastos que suponen necesidades que, en las condiciones actuales por las que atraviesan la economía nacional y Pemex, se podrían resolver de otra forma.

Es el caso del Sistema Integral de Servicios de Transporte, que en el programa para 2016 tiene un presupuesto por 2 mil millones de pesos.

Por cierto, este esquema ha sido puesto en práctica en diferentes dependencias públicas, como una forma de ahorrar en la movilización de personal, mantenimiento y cumplimiento de obligaciones para los vehículos y el personal que los opera. Esta movilización incluye múltiples necesidades, como la posibilidad de traslados en ambulancias.

En lo que corresponde a Pemex, en las bases para la participación de las empresas interesadas, se define que el servicio se prestará a Pemex en 5,530 vehículos, más un número mínimo de operadores y responsables de talleres y de la coordinación de esos transportes mediante un sitio web en los ejercicios de 2016 a 2019. El presupuesto registrado en el Programa para 2016, de 2 mil millones de pesos, se dispara a 4 mil 751 millones de pesos en cuatro años.

No está de más señalar que en este proceso de licitación para la asignación de los contratos de las diferentes partidas, se incurrió en posibles irregularidades que dieron lugar a un litigio de parte de uno de los participantes, por lo que el ejercicio presupuestal está suspendido mientras se mantenga la disputa legal. Al final, este tipo de procesos, aparentemente muy avanzados, implican tal complejidad que se corre el riesgo de no definir y no valorar correctamente la propuesta de cada una de las etapas del proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 134 constitucional.

Es muy probable que en este servicio se puedan identificar las prioridades de transporte, lo realmente necesario y que eso permita reducir el presupuesto dejando sólo lo más importante. Y como ese gasto, seguramente podrán identificar otros que permitan ahorrar recursos no indispensables para la operación de Pemex.

Por otra parte, para evaluar la calidad del gasto es indispensable que Pemex, como se desprende de la presentación en su página, mejore realmente la calidad de su información y la proporcione de manera completa, transparente, en archivos amigables, con los informes de avances también en archivos modificables. Como señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere que sea pública, accesible, oportuna y con posibilidades de ser analizada.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, para que en el ejercicio de su programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, en los diferentes procesos de licitación y asignación de contratos aplique los principios de máxima publicidad, transparencia y austeridad y facilite el acceso de los ciudadanos a esa información y la que derive de los informes de avances en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia trasparencia.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que cancele los contratos que se hayan licitado y asignado que no garanticen para el Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, como lo establece el artículo 134 constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Tonalá a realizar acciones a fin de que el Cuerpo de Bomberos local goce de equipamiento, capacitación y requerimientos para desempeñar su labor, así como de una justa remuneración, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante siglos, los hombres permanecieron trabajando en línea y en equipo, pasándose unos a otros, de mano en mano; cubos con agua para arrojarlos al fuego; sus brazos y músculos parecían quemarse por el esfuerzo y la temperatura de las llamas pero el trabajo en conjunto lograba resultados.

Algunas de estas técnicas, aplicadas siglos atrás, se mantienen hasta nuestros días.

Durante el siglo XX hubo contribuciones de marcas y técnicas a diferencia de los siglos anteriores. El poder hidráulico contribuyó a la fabricación de los snorkels que permiten desplazar una canastilla de seguridad sobre el humo y las llamas, hacía arriba o abajo y de un lado al otro y acceder casi a cualquier parte mientras se arroja una cortina de agua que protege a los ocupantes de ésta.

Plataformas giratorias, grandes bombas contra incendios, torres de agua, equipo para urgencias químicas; son los equipos con que trabajan los bomberos de esta posmodernidad, para combatir incendios en casas, oficinas, fábricas, bodegas, incendios forestales; hasta incendios de aeronaves o accidentes con productos derivados del petróleo, y gran diversidad de urgencias.

Por generaciones se ha reconocido no solo la invención del ser humano sino la labor contra incendios, como el producto del arrojo de hombres que arriesgan su propia vida ante cualquier tipo de urgencia y contingencia.

Los bomberos, además de su actividad principal que es combatir el fuego, se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito, entre otras.

Según datos del Inegi, en México hay 676 estaciones, departamentos o direcciones de bomberos. Jalisco y el estado de México son las entidades que más estaciones tienen, con 78 cada una.

Pese a lo arriesgado que tiene una profesión como esta, descubrimos que algunas autoridades municipales no protegen a sus trabajadores para las diferentes emergencias que atienden, como el Municipio de Tonalá; la entidad cuenta con una población de 478 mil 689 personas y una superficie de 166.1 kilómetros cuadrados y sin embargo, los escasos recursos económicos y humanos con que cuenta la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, tiene como efecto negativo, que el Heroico Cuerpo de Bomberos de este municipio cumpla sus funciones con eficacia; al no contar con el equipo y vehículos adecuados.

Ante las desventajas han trabajado como se puede, se espera que se renueven los equipos con una mayor inversión para esta dependencia. Actualmente la dirección de Bomberos de Tonalá cuenta con tres motobombas, una pipa de agua y siete vehículos ligeros, con los que atienden las incidencias diarias del municipio, con las cuales no se pueden dar abasto para responder a las emergencias con las que cuenta el municipio.1

No olvidemos que el mes pasado un bombero perdió la vida cuando brindaba un servicio; el bombero Martín Merloz cayó a la noria y murió producto del impacto a pesar de las atenciones que se le brindaron. ¿Cuántos más elementos será necesario que mueran para brindarles mejores condiciones en su trabajo, y darles las herramientas para ofrecer apoyo a la ciudadanía que tanto lo necesita?

Hoy, los incendios son más complejos y peligrosos (con productos de alta inflamabilidad, utilizados en la vida cotidiana), y es una obligación para todo bombero, conocer el fuego que debe combatir.

Debe saber no sólo como apagar un incendio sino cómo se inicia, se desenvuelve y los efectos que puede producir. Estos conocimientos son de vital importancia para la capacitación y entrenamiento de todo bombero, y son el preludio para entender la historia de cómo el hombre se ha enfrentado al fuego con eficacia. Es claro que se necesita capacitación pero no pueden acceder a ella, porque el municipio argumenta no contar con los recursos necesarios para brindársela.

Debido a las características propias de sus responsabilidades, es claro que se enfrentan a grandes peligros en su trabajo diario, por ejemplo: inhalación de humo, quemaduras, golpes de calor, aplastamientos, accidentes causados por electricidad, intoxicaciones, y a largo plazo deficiencias respiratorias, cardiacas y cerebrales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la prestigiada revista de medicina New England Journal of Medicine, entre los bomberos que mueren en el trabajo, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Según los resultados, apagar incendios conlleva un riesgo de muerte cardiaca hasta 100 veces más elevado que en la población general.2

Sin embargo, pese a la ingente responsabilidad y los peligros inherentes al oficio de proteger la vida de los otros exponiendo la propia, el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio aludido, carece del equipamiento que proporciona la seguridad necesaria para el desempeño diario de sus funciones, aunado el exiguo sueldo que resulta insuficiente e indigno para la noble labor que realizan.

La problemática se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional para los bomberos, por ello, es importante realizar y fomentar este tipo de puntos de acuerdo para elevar la dignidad de la persona que labora en la adversidad, así como el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con la ciudadanía mexicana, someto a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al presidente municipal de Tonalá a realizar y tomar las medidas pertinentes a fin de que el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio citado goce del equipamiento, capacitación y requerimientos necesarios para realizar con oportuna atención los siniestros que se presenten, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo que corren.

Notas

1 http://www.1070noticias.com.mx/proteccion-civil-y-bomberos-de-tonala-co n-deficit-de-equipo-y-vehiculos/

2 New England Journal of Medicine 2007, 356: 1207-1215.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Imjuve a actualizar y, en su caso, sustituir los indicadores de tasa de desempleo en población joven, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Alejandro González Murillo, Diputado Federal del Grupo Parlamentario Encuentro Social de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018 se estableció como uno de sus objetivos: el incrementar las oportunidades de las los jóvenes para acceder a los sistemas educativos, productivos y de obtención de vivienda.

En lo que respecta al acceso a sistemas productivos, en el Programa Nacional de la Juventud, se estableció como indicador de seguimiento, la Tasa de Desempleo en población joven (15 a 29 años).

Este objetivo e indicador, están alineados al Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 que busca impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y la ocupación productiva, como objetivo, y como indicadores:

1) Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio nacional de empleo y

2) Hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral.

Por su parte, el propósito del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, a su vez se encuentra inscrito en el objetivo 4.3.2 Promover el trabajo digno o decente, correspondiente a la Estrategia Nacional México Próspero.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo decente, como aquel que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral; significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

De acuerdo al marco jurídico nacional, las y los trabajadores tienen derecho a aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, reparto de utilidades, jornadas diarias de trabajo de 8 horas máximo, acceso a instituciones de salud, y salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, entre otros derechos.

Lo anterior, resulta relevante ya que, como se mencionó más arriba, el indicador del Programa Nacional de la Juventud vinculado al ámbito laboral se concentra en el desempleo, el cual ha pasado de 8.9 por ciento a 7.2 por ciento1 , de acuerdo a los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es decir una reducción de 1.7 puntos porcentuales, lo cual daría una impresión de que la situación laboral de los jóvenes ha mejorado. La cantidad de jóvenes desocupados ha disminuido en más de 109 mil, en el periodo 2014-2015.

Sin embargo, algunos elementos de las condiciones de trabajo de los jóvenes subordinado y remunerados2 , se han deteriorado tales como: I) jornadas de trabajo mayores a 48 horas a la semana, II) caída de los ingresos mayores a 2 salarios mínimos, III) acceso a instituciones de salud y V) trabajos sin contrato escrito (Ver cuadro 1)

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud, para que sustituya el Indicador 1.2. denominado Tasa de Desempleo en Población Joven, correspondiente al Programa Nacional de Juventud 2014-2018 por uno que, además de considerar el desempleo, incorpore elementos vinculados al trabajo digno o decente, de conformidad con lo establecido en la Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno o decente correspondiente a la Meta México Prospero del Plan Nacional de Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y desarrolle propuestas de iniciativas respecto al marco legal en materia de derechos colectivos indígenas, suscrita por integrantes de las Comisiones Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas

Los diputado federales Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante el pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, solicitando respetuosamente el carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde se asume el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliar su participación y representación política, garantizar su acceso pleno a la justicia, respetar sus manifestaciones culturales, asegurar su acceso a la educación intercultural y plurilingüe de calidad, así como impulsar la producción y el empleo en las regiones indígenas.

II. Que los Acuerdos de San Andrés derivaron de las negociaciones encaminadas a la pacificación del conflicto armado que estalló el 1 de enero de 1994, cuando los pueblos indígenas de Chiapas alzaron la voz para exigir justicia, reconocimiento a sus derechos y respeto a su dignidad. Por lo tanto, dichos Acuerdos son producto del diálogo y la voluntad de paz y reconciliación entre los actores del conflicto armado.

III. Que los firmantes de los Acuerdos de San Andrés se comprometieron a enviar los Acuerdos a las instancias de debate y decisión nacional, a fin procesarlas como reformas legislativas por las que se reconocerían plenamente los derechos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como su contribución fundamental en la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

IV. Que en noviembre de 1996, ante las dificultades para construir el consenso en torno a la expresión legislativa de los Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, Cocopa, elaboró y presentó a las partes una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

V. Que al no haber acuerdo entre las partes en torno a la iniciativa de la Cocopa, la realización de la reforma constitucional se postergó hasta abril de 2001 y los preceptos constitucionales quedaron plasmados, básicamente, en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Que en su momento, diversos actores como el EZLN, algunos integrantes de la Cocopa, la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, numerosos presidentes municipales y representantes indígenas, entre otros, manifestaron su inconformidad con la reforma constitucional de 2001, por considerar que no incorporaba algunos temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

VII. Que algunos de los temas pendientes de legislar, siguen constituyendo un intenso reclamo de los pueblos indígenas de México, como lo son el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público y el derecho a la consulta, entre otros temas relevantes.

VIII. Que diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el Estado mexicano, reconocen derechos fundamentales de los pueblos originarios, razón por la cual constituyen referentes inequívocos para determinar los temas pendientes de legislar en México.

IX. Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas realizada en 2014, en Nueva York, que México se compromete a garantizar el proceso de armonización de la legislación nacional siguiendo el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Con sustento en las consideraciones expuestas, los Diputados Diego Valente Valera Fuentes, Presidente de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas y Vitálico Cándido Coheto Martínez, Presidente de la Comisiones de Asuntos Indígenas, someten a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se crea un grupo de trabajo coordinado por las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que el grupo de trabajo considere pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputados: Vitálico Cándido Coheto Martínez, Diego Valente Valera Fuentes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Segob un grupo de trabajo interinstitucional a fin de establecer medidas para disminuir accidentes en las zonas urbanas por donde cruzan vías férreas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente proposición pretende atender de manera progresiva, integral e institucional las causas que originan los accidentes de los ferrocarriles en las zonas urbanas.

Para ello se propone que el Ejecutivo de la Unión instruya a las dependencias de su esfera, competentes en la materia que estamos exponiendo.

De acuerdo con Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes,1 la infraestructura ferroviaria está constituida por 26,727 km de vías, de las cuales 20,722 km forman parte de las troncales y ramales, en su mayoría concesionada, 4,450 km son vías secundarias y 1,555 km son particulares. El Sistema Ferroviario Nacional moviliza mayoritariamente productos industriales (48%), seguido de productos agrícolas (24%), minerales (14%) y petróleo y sus derivados (8%)

En el año 2012, comprendían el sistema ferroviario 26,727 kilómetros, un 77.5 eran principales, el 16.6 secundarias y 5.8 de particulares. Un 66.6 eran concesionadas, es decir 17,799 kilómetros. El 31.6% para Ferromex, a KCSM se le concesionó el 16%, a Ferrosur, el 7.3, a Chiapas-Mayab el 5.8, y otros concesionarios 5.9%.

El programa sectorial señala que solamente el 12% del volumen de carga y menos del 0.01% de los pasajeros se mueve en ferrocarril.

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, fracción VII, prevé que:

“A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VII. Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación.”

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU- es competente, para participar en el grupo de trabajo interinstitucional que se sugiere crear, ya que en su artículo 41, fracción I, incisos a) y c) le da competencia para intervenir en lo relacionado con el desarrollo urbano ordenado:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

La atribución concreta de planeación la Sedatu, la adquiere de la fracción X del artículo en comento:

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado.

La Ley de la Policía Federal, involucra a esta dependencia en el proyecto del grupo de trabajo que se sugiere en este instrumento parlamentario. El artículo 8 fracciones III, inciso a) y XXXV, prevé:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas , los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

XXXV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación ;

La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 26 de enero de 2015, creo la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para fungir como árbitro entre el Estado y los concesionarios y los permisionarios del servicio ferroviario.

Esta agencia cuenta con la atribución de emitir “recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario”

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario prevé en su artículo 4: “Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

Asimismo, prevé el 59 que las infracciones a lo dispuesto en la ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

Finalmente, la Secretaría de Gobernación, en razón del artículo 27, fracción X es la dependencia encargada de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Por lo que podemos afirmar que con la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Policía Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se integrará un grupo de trabajo que cuentan con las atribuciones necesarias para que, en coordinación con las entidades federativas y municipios y los representantes de las organizaciones de permisionarios y concesionarios ferroviarios, puedan construir medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas.

Ya se ha expuesto en anteriores instrumentos legislativos propuesto los últimos casos en los que se ha involucrado el ferrocarril con accidentes en centros urbanos:

• 1 de octubre de 2015, en Zacatecas2 un tren carguero descarriló en plena zona urbana dejando un saldo de cinco personas lesionadas y cuatro vehículos dañados.

• 25 de septiembre de 2015 en la zona urbana de San Ramón en Nogales, Sonora. Una falla en las líneas ferroviarias provocó que al menos 15 vagones que transportaban vehículos descarrilaran.

• 25 de septiembre de 2015. En un centro urbano de Saltillo una locomotora arrastró un autobús del transporte público; el saldo preliminar es de nueve lesionados.

• 29 de agosto de 2015. Descarrilan cuatro vagones de un tren de carga en la zona urbana de Aguascalientes.

• 28 de agosto de 2015. Descarrila tren e impacta varias casas en Nuevo León.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que se somete a la consideración del pleno camaral, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al secretario de Gobernación, implemente un Grupo de Trabajo Interinstitucional que establezcan medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicac iones_y_Transportes.pdf

2 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/descarrila-tren-carg uero-zacatecas/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reanudar y terminar por la SCT y Pemex la obra del Puente de la Unidad, en Carmen, Campeche, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos, para que a la brevedad se reanuden los trabajos y se termine la obra del puente de La Unidad en el municipio de Carmen, en el estado de Campeche, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El puente de la Unidad es una obra que favorece la conectividad entre Isla Aguada con la Isla del Carmen en el estado de Campeche. Esta obra vial representa el segundo puente vehicular más largo en la entidad dado que tiene una longitud de 3,222 metros, que permite el tránsito vehicular de carga en sus diferentes configuraciones, así como el paso de automóviles y autotransporte de pasajeros que viajan a la península de Yucatán.

Desde un contexto histórico, el puente cuenta con 34 años de servicio al ser construido y puesto en operación en 1982, pero fue en la administración del Presidente Felipe Calderón que al terminar su vida útil se tomó la decisión de anunciar el inicio de la construcción del Nuevo puente de la Unidad, en la Isla del Carmen en Campeche.

La nueva estructura que sustituirá a la antigua tiene como prioridad mantener de forma segura la conectividad entre Isla del Carmen y el macizo continental. Para esta obra se autorizó una inversión pública de 850 millones de pesos y a ejecutarse a través de Petróleos mexicanos siendo licitada y adjudicada al Grupo Tradeco siendo programada su terminación en 2014.

De acuerdo a sus características físicas el puente cuenta con mil 502 pilotes que soportan las cargas propias del puente, 549 trabes, 108 tramos de losa de concreto reforzado, con 10 metros de ancho y una superficie de rodamiento de siete metros, una altura de siete metros sobre el nivel del mar, y una altura del barandal de 1.20 metros.

Hoy en día el proyecto se encuentra abandonado, no se tienen avances físico tangibles de la obra, el puente actual presenta daños severos estructurales sobre todo en los pilotes, así como también un deterioro de la carpeta de rodamiento, esta situación presenta un alto riesgo para los usuarios al utilizar esta obra de infraestructura. Además, por su importancia dicho puente tiene un importante aforo vehicular de cerca de 2 millones de vehículos anuales que hacen uso de esta importante vía de comunicación.

El puente se encuentra concesionado desde 2005 al Gobierno del Estado y representa una importante derrama económica para la entidad, tan sólo la Secretaria de Finanzas del Estado reporto que de enero a septiembre del 2015 el puente dejó ingresos por concepto de peaje por más de 123 millones de pesos.

Es urgente que esta obra se termine a la brevedad por los altos beneficios que proporciona a los usuarios de la región, siendo un importante paso estratégico que permite el tránsito de vehículos que se trasladan a la península. De igual forma, el puente le permite a Petróleos Mexicanos expandirse en el mar en la Sonda de Campeche, teniendo como principal plataforma de operación la isla.

El municipio de Carmen ha sido uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico del país. De acuerdo al Inegi el Carmen cuenta con una población de 221,024 habitantes siendo el segundo más poblado del Estado, sólo superado por el municipio de Campeche con 259,005.1

Hoy las ciudades más prósperas son aquellas que poseen el más alto nivel de ingreso per cápita, esto permite la competitividad y el desarrollo económico. Pero es preciso que se tengan importantes niveles de inversión en infraestructura que permita aumentar los índices de productividad, empleo y bienestar.

Es urgente que la obra se culmine a la brevedad, hoy tenemos que anteponer la seguridad de los usuarios que transitan por el puente, no olvidemos el antecedente de la terrible tragedia de la panga en el que se tuvo el fallecimiento de más de cien personas que no llegaron a su destino.

Actualmente el puente de la Unidad es altamente transitado y en consecuencia es responsabilidad del Gobierno Federal que su utilización no represente ningún peligro para todo aquel viajero que utiliza esta vía de comunicación.

Por otro lado, la importante contribución económica que genera el Ayuntamiento de Carmen a la económica nacional, es primordial que la obra del puente se culmine a la brevedad posible y que no sea afectada con el recorte anunciado por el Gobierno, donde aplicará medidas de ajuste preventivo al gasto público para 2016 por 132.3 mil millones de pesos que se darán en 100 mil millones de pesos para Pemex, y 32.3 mil millones a programas presupuestarios de la Administración pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Petróleos Mexicanos, para que a la brevedad se reanuden los trabajos y se termine la obra del puente de La Unidad en el estado de Campeche

Nota

1 Censos Económicos Inegi.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de febrero del año 2016.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por la SEP un programa para elevar el aprovechamiento de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación pública diseñe e implemente un programa para elevar el aprovechamiento educativo de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 9 de febrero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo público el informe intitulado “Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito”,1 que es resultado del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) que se aplicó en 2012 a estudiantes de 15 años de edad de 64 países.

El informe, como su nombre la indica, aborda por vez primera el problema de los estudiantes de bajo rendimiento y las vías para abatir dicha problemática. Los resultados del informe señalan que para los países integrantes de las OCDE el promedio de bajo rendimiento es de 23 por ciento en matemáticas, 18 por ciento en lectura y 17.8 por ciento en ciencias. Para México la situación es más dramática pues las cifras de bajo rendimiento escolar alcanzan el 54.7 por ciento en matemáticas, 41.1 por ciento en lectura y 47 por ciento en ciencias.

Conforme a la nota que la OCDE elaboró para México,2 si bien se han observado avances entre 2003 y 2012 la realidad es que “más de 805,000 estudiantes mexicanos de 15 años tuvieron un bajo rendimiento en matemáticas, y unos 450,000 estudiantes tuvieron un bajo rendimiento en las tres asignaturas (matemáticas, lectura y ciencias). Aproximadamente 80 por ciento de los estudiantes de 15 años en México asiste a escuelas donde 30 por ciento o más de los estudiantes tienen bajo rendimiento en matemáticas, cerca de 60 por ciento asiste a escuelas donde la mitad o más de los estudiantes tienen un bajo rendimiento, y aproximadamente 19 por ciento asiste a escuelas donde un 80 por ciento de los estudiantes tienen un bajo rendimiento”.

Cabe resaltar que el bajo rendimiento escolar no es resultado de un factor en lo particular, antes bien se explica por la combinación de varias barreras y obstáculos. En México la probabilidad de tener un bajo rendimiento en matemáticas “es mayor para los estudiantes socio-económicamente desfavorecidos, las chicas, los estudiantes de origen inmigrante, los que hablan una lengua en casa distinta a la utilizada en la escuela, los que asisten a escuelas en zonas rurales, los que no han recibido educación preescolar (o han recibido un año o menos), y para los que han repetido curso”.

Se está en presencia de factores que escapan a los individuos y que tienen que ver con las condiciones económicas y sociales, con su género, con el lugar en el que habitan, con la calidad de inmigrante, con hablar lenguas indígenas, con la falta de acceso al preescolar, y demás. Son entonces los factores vinculados con el origen social los que determinarían las posibilidades de éxito o fracaso educativo y, en consecuencia, las posibilidades laborales y económicas de los sujetos.

A dicho respecto cabe subrayar que el bajo rendimiento escolar tiene efectos individuales y sociales a largo plazo, pues como se afirma el informe de la OCDE “los alumnos con un rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios; y cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas, el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado”.

Urge que el bajo rendimiento escolar se ponga en el centro de la agenda educativa del país. Hay que implementar políticas públicas en esta área. Por ello, se formula el presente punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública diseñe e implemente un programa nacional para los estudiantes de bajo rendimiento escolar. Es inconmensurable el impacto que este tipo de políticas tendrá en la vida futura de nuestros niños y, a partir de esto, inclusive en el crecimiento económico del México que tanta falta nos hace después de más de treinta años en que ha prevalecido un modelo económico de estancamiento estabilizador.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente Propuesta con Punto de Acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública diseñe e implemente un programa para elevar el aprovechamiento educativo de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico.

Notas

1 Disponible en www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento .pdf

2 Disponible en www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-low-performers-Mexico-SPA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la armonización legislativa en los estados con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas es un fenómeno complejo y multifactorial, considerada hoy como una forma moderna de esclavitud. Este fenómeno resulta condenable y configura conductas delictivas graves, toda vez que resulta en formas de extrema violencia contra mujeres, niñas y niños, indígenas y personas de la tercera edad, que socaban su dignidad y violan sus derechos humanos fundamentales.

En razón de lo anterior, es menester desde los ámbitos federal, local y municipal visibilizar la problemática y trabajar de manera conjunta tanto en las normas jurídicas como en las políticas públicas necesarias que permitan su adecuada prevención y sanción, en aras de avanzar con pasos firmes hacia su erradicación, así como ofrecer atención integral y oportuna a las víctimas.

México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, y en la clasificación mundial está entre los primeros 28 países y es el quinto en América Latina (lo anteceden Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana). “Lamentablemente, a lo largo del territorio nacional prevalece la impunidad ante la falta de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas de trata”1 .

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la trata de personas es una actividad altamente lucrativa, se estima que cada año las ganancias por producto de este delito ascienden a 32 mil millones de dólares anuales. De este monto apenas 10 mil millones de dólares corresponden a la venta inicial de la persona, el resto de las ganancias son el producto neto que emana de la explotación continua y permanente de estas víctimas. Para el crimen organizado la trata constituye la tercera fuente de ingresos, sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas.

Como acertadamente señala el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, desde hace más de siete décadas el Estado mexicano ha adquirido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, compromisos que han tenido como propósito el reconocimiento expreso de los mismos en el sistema jurídico nacional y en la implementación de políticas públicas que garanticen su goce y ejercicio pleno.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas en México (2014), nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales relativos no sólo a la trata de personas sino también a fenómenos delictivos relacionados con ella, por ejemplo, la esclavitud y las prácticas que le son análogas, los trabajos forzados, el trabajo infantil, la explotación sexual de mujeres y personas menores de edad, y la violencia contra la mujer.

Bajo el anterior orden de ideas, es de precisar que la ley general en la materia define a la trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación [...] se entenderá por explotación de una persona a: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita”.

Sin embargo, debemos señalar que, lamentablemente, la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, no ha encontrado ni eco ni referencia en la mayoría de las entidades federativas.

Actualmente existen 22 estados de la República que no han llevado a cabo la armonización correspondiente con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Es decir, desde más de 3 años estas entidades federativas han omitido su responsabilidad en la materia, mostrando no sólo poco interés ante este grave problema sino también poca solidaridad con las víctimas.

Es justo decir entonces, que solamente Baja California, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Quintana Roo han cumplido con su responsabilidad y con el mandato de ley, lo cual en este espacio es necesario reconocer.

En razón de lo anterior, debido a la gravedad del problema, lo aberrante de este delito y la necesaria y urgente atención que las víctimas exigen y merecen, me permito poner a consideración de esta asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales y a los poderes ejecutivos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, para que realicen las acciones conducentes a efecto de armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como a establecer las medidas materiales y presupuestales necesarias que permitan atender integral, oportuna y cabalmente a las víctimas.

Nota

1 file:/S=5FEN=5FMATERIA=5FDE=5FTR_=%20ATA_DE_PERSONAS_DESDE_LA_PERSPECTIVA
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a difundir una evaluación del costo, sector participante, destino y beneficio que representan las aportaciones de México a organismos internacionales, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Como consecuencia de las relaciones que nuestro país debe desarrollar con el exterior en un mundo globalizado, se han firmado numerosos tratados y acuerdos con otros países y organismos multinacionales. Nuestro país está obligado a coexistir con la comunidad internacional y no puede prescindir de llegar a esos acuerdos que idealmente le permitirían preservar la soberanía y los intereses nacionales.

Esa actividad implica asumir compromisos políticos y sociales, además de participar en foros. Esa es una de las formas en las que se expresan las posturas de las naciones con respecto a la problemática internacional y se realiza dentro de los límites determinados por la política exterior definida por cada país.

Los acuerdos internacionales también obligan a realizar aportaciones económicas, las cuales en teoría deben contribuir a asegurar la operación de los organismos o respaldar acciones de solidaridad con el exterior. Eso lo hacen los países con el propósito de asegurar que sus posturas serán consideradas, para demostrar que tienen capacidad para cumplir con lo que acuerdan y, eventualmente, para tratar de influir en las orientaciones generales de la política mundial.

México tuvo en el pasado una participación destacada, promoviendo el derecho de las naciones a su desarrollo independiente, el respeto de las soberanías y por el desarme nuclear. Ahora no se tiene esa presencia y actitud; hoy se observa más bien una posición de seguidismo a los dictados de las grandes potencias.

No obstante que la posición de nuestro país ya no alcanza el protagonismo y la independencia del pasado, en los tres años de esta administración su presencia en los espacios internacionales representa un costo presupuestal cuyo uso y beneficio debería ser informado con mayor detalle por parte del gobierno federal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para administrar las relaciones con el exterior la Secretaría de Relaciones Exteriores ejerció un presupuesto de 8,610 millones de pesos en 2014 y de 10,374 millones de pesos en 2015, además de que dispone de un presupuesto aprobado para 2016, de 7,841 millones.

Parte de los recursos de la dependencia se destinan a gastos administrativos y de inversión, para pagar a nuestros embajadores y personal de las embajadas. Por cierto, en algunos períodos se ha cuestionado la decisión de abrir o cerrar embajadas en los distintos países y eso sucede con más fuerza en los períodos de ajuste presupuestal como el que vivimos ahora; la decisión que se tome al respecto demostrará las prioridades de las relaciones con el exterior. Esa disyuntiva se presentará si persiste la debilidad económica de nuestro país.

En ese contexto, se ha manifestado la preocupación de algunos sectores en lo que se refiere a las aportaciones que se hacen para apoyar los gastos aprobados por los organismos internacionales. En ese aspecto, en nuestro país existe una gran opacidad acerca del propósito, el destino, la importancia y el beneficio que representan esos recursos.

Por ejemplo, considerando sólo el concepto de gasto 4900, “Transferencias al Exterior”, se observa que en los tres últimos años se destinaron para ese concepto 12 mil millones de pesos, con un promedio anual de alrededor de 4 mil millones de pesos. De esa cifra, la Secretaría de Relaciones Exteriores aporta cerca de 2 mil millones de pesos anuales; el resto lo proporcionan otras dependencias que en los diferentes sectores tienen tratados con el exterior.

El problema de este gasto es que las instituciones nacionales, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores, no cuentan con capacidad para hacer el seguimiento de los compromisos a los que está obligado nuestro país, su cumplimiento, su costo, la fecha de entrega de las contribuciones y su beneficio para los mexicanos. Eso quedó demostrado con los trabajos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las auditorías de desempeño realizadas en las Cuentas Públicas 2012 y 2013, en torno a la administración y seguimiento del cumplimiento de los tratados internacionales.

Como referencia hay que considerar que la ASF analizó los registros de los tratados internacionales vigentes en 2013, así como los mecanismos establecidos para cuidar su cumplimiento. La ASF comprobó que en ese año los tratados internacionales que había firmado México y se encontraban vigentes alcanzaban la suma de mil 368. De ese total, 743 o 54.3 por ciento eran de tipo bilateral, y 625 o 45.7 por ciento fueron multilaterales. Su seguimiento involucraba a 21 áreas de la Secretaría, entre Direcciones Generales y la Consultoría Jurídica, pero la que concentraba el mayor porcentaje era la Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales, con 213 acuerdos, equivalentes a 15.6 por ciento del total.

Asimismo, la ASF informó que en la revisión de la información sobre los tratados internacionales vigentes en México durante 2013, su ejecución estuvo a cargo de 64 entes públicos, de los que 49, o 76.6 por ciento del total, eran entidades del Poder Ejecutivo federal; 5, que representan 7.8 por ciento del total, correspondió a órganos constitucionalmente autónomos; 4, que equivalen a 6.2 por ciento del total fueron establecidos por órganos de los gobiernos locales; además, 3 por el Poder Judicial Federal; 2 por el Poder Legislativo Federal y 1 por un organismo internacional. Por ramos de la Administración Pública Federal, en 2013 había 375 Tratados que tenían como institución ejecutora a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores; le seguía en importancia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 257 y Comunicaciones y Transportes, con 242 tratados.

La ASF también revisó los esquemas de coordinación que se aplicaban con las entidades de la Administración Pública Federal, para cuidar el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados. Comprobó que no se contaban con los registros que permitieran con un grado de seguridad razonable, el cumplimiento de los acuerdos.

En ese contexto y tomando en cuenta que la actual posición internacional del gobierno mexicano requiere un menor esfuerzo diplomático, se estima que es posible hacer una revisión de qué tan justificados están los recursos destinados a las aportaciones y los beneficios que representan para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus atribuciones proporcione a la sociedad una evaluación del costo, sector participante, destino y beneficio que representan las aportaciones que hace México a organismos internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las instituciones de procuración de justicia locales a participar en la alimentación de la base de datos nacional de la PGR sobre registros de ADN de las personas desaparecidas y no identificadas, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las instituciones de procuración de Justicia de los 32 estados de la república para que participen de manera permanente y coordinada en la alimentación de la base de datos nacional sobre registros de ADN de las personas desaparecidas y de aquellas no identificadas que mantiene la Procuraduría General de la República, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México la desaparición de personas ha alcanzado una dimensión alarmante. Para las y los familiares, esta desaparición significa una tortura permanente, un dolor que no cesa, la desaparición con carácter de forzada o no, es una grave violación a derechos humanos, una violación múltiple y continuada de varios derechos humanos. Constituye una violación de las normas del derecho internacional.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 1o., párrafo 2, de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas1 , todo acto de desaparición sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas2 , admite que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.

México sufre por la desaparición de alrededor de 25 mil mexicanas y mexicanos. Ante esto, las autoridades deben mostrar una estrategia nacional urgente, clara y coordinada entre todas las instituciones de persecución de delitos; de acuerdo a demandas de las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos en México que apoyan a las y los familiares de personas desaparecidas, los mecanismos de investigación forense son parte del sistema de procuración de justicia que se han descuidado en nuestras instituciones en la investigación, localización e identificación de personas no identificadas y desaparecidas.

Estamos ante un problema enorme de criminalidad, cuya investigación, sanción y reparación del daño recae particularmente en las autoridades estatales por lo que se debe exigir a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de los estados una coordinación con la Procuraduría General de la República en temas de investigación, alimentación de registros y bases de datos a fin de servir con mayor eficiencia a las familias de las víctimas que desesperadamente buscan a sus desaparecidos y merecen una respuesta efectiva, una investigación científica y coordinada. La falta de una estrategia coordinada nacional para manejar los restos hallados en las fosas comunes clandestinas ha llevado a la identificación errónea de restos encontrados por las autoridades mexicanas. Las consecuencias de la identificación errónea de los restos y su entrega a las familias es irreparable, ya que provoca que esa familia no continúe buscando a su pariente y que otra familia no pueda tener los restos del suyo, lo que significa una tortura interminable pues nunca podrán encontrarlo. Se creerá que se está haciendo justicia a unas víctimas, cuando en realidad, la entrega errónea es el comienzo de un ciclo de sufrimiento y daño irreparable.

Desde la sentencia sobre el caso conocido como Campo Algodonero en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano crear mecanismos de búsqueda, bases de datos, identificación de restos y protocolos específicos para la exhumación de cadáveres.

En marzo de 2011 México recibió la visita del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe3 relativo a su visita, estos expertos emitieron recomendaciones al Estado mexicano, entre sus afirmaciones dijeron que: “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres”.

La estrategia debe contar con una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y de acceso a la información sobre los casos de desapariciones forzadas.

De acuerdo al tercer informe de labores de la Procuraduría General de la República4 , PGR, 2014-2015, se destacan la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el Sistema de Índice Combinado de ADN, denominado Sistema CODIS5 , la Base de Datos AM/PM, así como de la elaboración de los protocolos homologados de investigación en materia de desaparición forzada y tortura, que, según se informó por la propia PGR, incorporan las recomendaciones nacionales e internacionales y las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial. Se afirmó que a partir del inicio de operación del CODIS de noviembre de 2011 a junio de 2015, se han ingresado 24 mil 258 perfiles genéticos, con lo que se han identificado a 415 personas que se encontraban en calidad de desaparecidas.

En mayo de 2014, el secretario de Gobernación informó que de 2006 a 2012, 27 mil personas habían sido reportadas como desaparecidas, por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que dicha institución tenía registro de 24 mil 800 personas desaparecidas; existe un número indeterminado de cadáveres sin identificar en las morgues o en fosas comunes a cargo de los gobiernos estatales, gobiernos que no proporcionan datos de cuántos cuerpos sin identificar tienen en sus investigaciones; finalmente, según declaraciones a un medio impreso nacional6 , de la directora de Biología Molecular del Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, a la fecha el sistema de la procuraduría cuenta con 28 mil 600 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, lo que arroja la identificación promedio de 10 personas al mes, pareciera que el resultado es magro comparado con el número de personas buscadas por sus familiares.

Cualquiera que sea el cómputo exacto de víctimas de desaparición forzada en México, es alto y denota deficiencias y lentitud en su búsqueda. Esta situación es particularmente grave por lo que concierne a las personas migrantes desaparecidas en tránsito por México; algo no está funcionando.

Estos recursos que reporta el gobierno federal, deben ser aprovechados al máximo por las instancias de procuración de justicia en México, la investigación científica incluye contar con una red aprovechable de datos genéticos, que almacene perfiles genéticos obtenidos a partir de muestras biológicas como sangre, saliva, elementos pilosos, semen y restos óseos que se encuentren relacionados con una investigación de tipo ministerial o judicial. Sin la participación coordinada y permanente de todas las instancias de investigación ministerial, esta estrategia del Estado mexicano no está aportando mucho a la búsqueda de localización de las personas desaparecidas o identificación de víctimas.

Desde 2014 el gobierno federal a través de la PGR ha anunciado la creación de una base de datos denominada: Red Nacional de la Base de Datos de Genética Forense, sin embargo no hay información cierta de que exista y que se alimente permanentemente con información de otras instancias para impulsar en el país las investigaciones científicas.

La coordinación institucional que se espera, implica que los criterios para recabar estos datos deberían ser estándares en las distintas agencias del ministerio público o fiscalías, laboratorios periciales forenses y otras instituciones relevantes, a fin de asegurar la utilidad del sistema. Implica que cada procuraduría o fiscalía general de justicia debe contar con protocolos de búsqueda, localización e identificación de personas estandarizados con los que cuenta la PGR, la cooperación debe ser estrecha y eficiente para la investigación y transparente para las víctimas indirectas que son las familias.

Es innegable que las familias de las personas desaparecidas se enfrentan a una dispersión en la metodología, criterios heterogéneos en la recolección, conservación y tratamiento de las muestras genéticas, descuidos, que puede propiciar su extravío o pérdida. Algunas procuradurías o fiscalías estatales pueden no tener recursos, o personal especializado forense o laboratorios para la correcta toma, conservación e identificación de las muestras biológicas, en estos casos se debe solicitar colaboración la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR. Las investigaciones deben dar certeza a las y los familiares y la coordinación institucional es indispensable.

La desaparición forzada de personas ha resurgido en México con una fuerza estremecedora desde que en 2006 comenzó la llamada “guerra contra las drogas”. A diferencia de lo que se vivió en nuestro país en los años de la llamada guerra sucia en que las desapariciones tenían motivos políticos, hoy en día no sólo se comete en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, sino que se extiende a amplios sectores de la población.

Son precarias las medidas para fortalecer un registro preciso de los casos de desaparición, las mismas autoridades ofrecen datos contradictorios sobre el número de desaparecidos, algunas otras no aceptan que sean desapariciones forzadas. Como si el problema no fuera mayúsculo, se sigue re victimizando a los familiares de las víctimas, son constantes las quejas por las omisiones en el procedimiento para la obtención de los registros de ADN y su cotejo con bases de datos; hay casos de confusión de la autoridad en la identificación de restos que resultan no ser de la persona buscada. Los restos humanos encontrados en fosas clandestinas siguen siendo tratados de manera irresponsable, sin observar técnicas forenses adecuadas sobre manejo de restos, entre otras deficiencias del sistema.

Cabe señalar, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, abogará por que la nueva legislación en materia de desaparición forzada, cuya discusión se desarrolla actualmente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como en distintos foros de las organizaciones de la sociedad civil, establezca claramente la obligación del gobierno federal de crear un registro nacional de datos genéticos y la obligación de todas las autoridades federal y locales para que alimenten y compartan la información de esta base de datos, que tenga un apartado para desglosar los registros de niñas y mujeres desaparecidas y defina claramente que el procedimiento de recolección, conservación y confronta de la evidencia biológica se ajuste a los más altos estándares internacionales en la materia.

Actualmente 24 estados cuentan con el tipo penal de desaparición forzada en sus respectivos códigos penales. Desconocemos cuántos cuentan con protocolos estandarizados para la búsqueda e identificación. Ante esta realidad, es necesario que el sistema de justicia en México se organice y coordine bajo criterios de máxima eficiencia y transparencia.

Por lo anterior me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a todas las instituciones de procuración de justicia estatales a que diseñen y apliquen protocolos de investigación, búsqueda, localización e identificación forense de personas desaparecidas, con enfoque de género en el caso de mujeres, procurando su estandarización con la metodología de los protocolos de la Procuraduría General de la República y contengan los más altos estándares internacionales en la materia forense y de investigación.

Segundo: Se exhorta a las instituciones de procuración de justicia estatales a remitir las muestras biológicas de material genético y o compartir sus registros de evidencia de ADN con la base de datos denominada CODIS a cargo de la PGR, para fortalecer las investigaciones en la búsqueda de personas desaparecidas o no identificadas y se apoyen en la institución federal en la metodología de obtención y procesamiento de las muestras biológicas.

Notas

1 Resolución 47/133, 18 de diciembre de 1992.

2 Artículo 5o. de la Convención, que inicia su vigencia en México el 23 de diciembre de 2010; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011.

3 Visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011, informe A/HRC/19/58/Add.2.

4 http://www.pgr.gob.mx/informesinstitucionales/Documents/INFORME%20DE%20 LABORES/2015.pdf, página 91.

5 Combined DNA Index System, su nombre en inglés. Se informó que este sistema es un software diseñado y creado por el Federal Bureau of Investigation, que permite almacenar, clasificar, cotejar y analizar perfiles genéticos.

6 La Jornada, viernes 12 de febrero de 2016, página 20.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales del empleador en materia de determinación de cuotas obrero-patronales, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En materia de seguridad social, cobra especial importancia para los derechohabientes el fondo de pensiones o fondo para el retiro a que tienen derecho, pues representa, en la mayoría de los casos, el único ingreso que tendrán en un futuro para hacer frente a sus necesidades básicas.

Los beneficios en materia de seguridad social, tienen como punto de partida la aportación de cuotas obrero-patronales, que son determinadas por los propios patrones, según se señala en el artículo décimo quinto de la Ley del Seguro Social, tomando como base el salario base de cotización del trabajador.

Considerando que es el patrón y el trabajador quienes complementan las cuotas obrero patronales y que el pago de las mismas representa uno de los mayores gastos para los empleadores y las empresas, cabe la posibilidad de que aquellos realicen actos o acudan a prácticas que tengan por objeto evadir o incumplir con dichas obligaciones, evidentemente esto en perjuicio de los trabajadores. Con la intención de evitar dichas prácticas la Ley del Seguro Social prevé, en su artículo 304-A, como infracción la presentación al Instituto Mexicano del seguro Social (en lo sucesivo el Instituto) de cédulas de determinación de cuotas obrero patronales con datos falsos, y lo sanciona con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente.

A efecto de prevenir y detectar los actos antes mencionados, se ha determinado que aquellos patrones que cuenten con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por contador público autorizado. Asimismo, se ha embestido al Instituto con la facultad de ordenar y practicar visitas domiciliarias, mismas en las que podrá requerir la exhibición de documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del seguro Social y demás disposiciones aplicables.

Por todo lo antes expuesto se genera la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se envíe un respetuoso exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que, al practicar visitas domiciliarias a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y demás disposiciones aplicables, procure y preste especial atención en el cumplimiento del patrón en materia de determinación de cuotas obrero patronales.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2016.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez

Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas de la autopista Perote-Banderilla y libramiento de Xalapa, Veracruz, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La construcción de infraestructura carretera debe en todo momento buscar la integración y comunicación de las comunidades en todas las entidades del país, debiendo propiciar la reducción de costos de operación tales como reducción en consumo de combustible, desgaste de neumáticos, mantenimiento de vehículos y la reducción también de los tiempos de traslado para las personas y mercancías, incluso reduciendo la emisión de gases contaminantes y los impactos ambientales durante su construcción y operación.

Las concesiones carreteras son actos públicos mediante los cuales el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, en este caso el derecho a construir, operar, conservar, mantener y explotar una autopista de cuota durante un tiempo determinado, hasta 30 años prorrogables por otro periodo igual, y debieran siempre estar supeditadas a la preservación del interés público, el interés general sobre el interés particular, sin dejar de considerar justo que por ello se pueda tener una ganancia para el titular de la concesión.

La autopista Perote-Banderilla y libramiento de Xalapa es una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 14 de febrero de 2008, a favor de la empresa Concesionaria Autopista Perote Xalapa, SA de CV, Copexa, los dos tramos suman un total de 59.6 kilómetros, 30 y 29.6 kilómetros, respectivamente, ambos en Veracruz.

La autopista cuenta con cuatro carriles, un túnel y dos viaductos y la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora, reduciendo los tiempos de traslado de 1 hora a aproximadamente 25 minutos.

La autopista cuenta con dos plazas de cobro, una por tramo carretero. El tramo Perote-Banderilla tiene las siguientes tarifas vigentes: motocicletas 56 pesos, automóviles 111 pesos, autobuses de 2, 3 y 4 ejes 118 pesos, camión de 2, 3 y 4 ejes 129 pesos, camión de 5 y 6 ejes 150 pesos, camión de 7, 8 y 9 ejes 302 pesos, y eje excedente de automóvil 57 pesos. El tramo libramiento Xalapa tiene las siguientes tarifas vigentes: motocicletas 66 pesos, automóviles 134 pesos, autobuses de 2, 3 y 4 ejes 140 pesos, camión de 2, 3 y 4 ejes 255 pesos, camión de 5 y 6 ejes 324 pesos, camión de 7, 8 y 9 ejes 396 pesos, y eje excedente de automóvil 67 pesos.

Las tarifas antes referidas ya incluyen el reciente aumento efectivo a partir de enero de 2016.

Hiram Ortiz Ibarra, director general adjunto de la empresa concesionaria Copexa, reconoció que las tarifas de ambos tramos son las más altas de toda la red carretera en el país, sin embargo las justifica en función de los recursos invertidos en su construcción, a razón de 4.11 pesos por kilómetro en el caso de los automóviles.

Otros tramos carreteros con dimensiones en kilómetros semejantes al de la autopista Perote-Xalapa tienen tarifas que fluctúan entre 70 y 130 pesos, resultando esta entre 2 y más de tres veces más cara.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la facultad para el establecimiento y revisión de las tarifas de las autopistas de cuota, fundamentada en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 5o. de la Ley Caminos, Puentes y Autotransportes Federal la faculta para que establezca las bases generales de regulación de tarifas, velando siempre por la utilidad pública.

Cabe hacer mención que la reducción de las tarifas es un tema recurrente solicitado tanto por autoridades municipales como por legisladores federales sin que a la fecha la petición haya sido atendida, o al menos se haya dado una respuesta con argumentos debidamente sustentados que expliquen la persistencia en mantener las tarifas en esos niveles.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga públicos los criterios que se consideraron para autorizar las tarifas de la autopista Perote-Banderilla y libramiento de Xalapa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que privilegiando el interés general, revise la concesión que el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV, opera, y tome las medidas pertinentes con la finalidad de ajustar y reducir las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y libramiento Xalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a exentar del pago en parquímetros a personas adultas mayores y con discapacidad, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas dos décadas, colonias como Reforma-Lomas, Polanco, Condesa, Roma, Florida, entre otras, se han convertido en lugares de atracción, principalmente por los bares, restaurantes, cafés y demás comercios que allí se establecieron. Incluso, esta zona de la ciudad no sólo es visitada por habitantes de la capital de la República sino por visitantes del interior del país, así como por turistas extranjeros.

Lo anterior, aunado a la remodelación de parques, zonas habitacionales y nuevas oficinas, no sólo ha hecho que la propia zona tuviera mayor plusvalía, sino también que tuviera cada vez mayor demanda de servicios y espacios públicos para dar atención al crecimiento exponencial de las actividades económicas y habitacionales, las cuales exigen una eficiente administración en la planeación urbana para garantizar el derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Uno de los problemas más recurrentes con los que se encontró el gobierno de la Ciudad México, fue el aumento drástico de la congestión vial en la zona y en consecuencia pérdidas económicas y sociales horas-hombre, empobrecimiento del paisaje urbano, incremento de la emisión de contaminantes, más allá que se redujo en gran medida la seguridad de los peatones. Asimismo, surgió la necesidad de ofrecer servicio de estacionamiento a corporativos, locatarios, vecinos y oficinistas.

En ese sentido, las autoridades, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, colocaron los llamados parquímetros (sistema EcoParq) en el ánimo de ordenar el espacio urbano de la zona y generar recursos para la mejora del espacio público. Actualmente, EcoParq opera en 26 colonias de las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, y administra 26 mil 674 cajones de estacionamiento en vía pública con mil 580 equipos.

Esa estrategia quedó alineada con los ejes de movilidad, habitabilidad y espacio público del Plan Verde de la Ciudad de México y que tiene como propósito lo siguiente:

a) Recuperación y regeneración del espacio público.

b) Mejorar la movilidad de la zona y las condiciones de congestión que la aquejan.

c) Incrementar los niveles de disciplina posicional y buen uso del espacio público. Es decir, evitar el estacionamiento en doble fila, sobre la banqueta, accesos peatonales y otros lugares prohibidos e incentivar el estacionamiento de corta duración.

d) Reducir el uso del automóvil para transportarse hacia, desde y al interior de la zona.

e) Disminuir los tiempos de traslado.

f) Reducir la emisión de gases contaminantes, la exposición a contaminantes criterio y los niveles de ruido.

g) Reducir el número de accidentes viales que suceden en la zona y, en general, mejorar las condiciones de seguridad1 .

Si bien es cierto que estos objetivos incluyen una serie de componentes a considerar como políticas de movilidad, rescate y recuperación de espacios públicos, además del cuidado al medio ambiente, no consideran una política de accesibilidad dirigida a los grupos vulnerables como usuarios de la vía pública, tales como personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que 10.1 millones de personas adultas mayores, es decir con más de 60 años, corren el riesgo constante de sufrir percepciones prejuiciosas y cuyas consecuencias van desde el desempleo y el abandono hasta la negación de oportunidades y de sus derechos fundamentales.

Por su parte, los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010, sobre personas adultas mayores, reconocen los niveles de exclusión, de falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoriamente independientemente. La condición de exclusión en la cual se encuentran muchas de estas personas en nuestro país se debe fundamentalmente a la discriminación que se ejerce en su contra en razón de su edad.

En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad; 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos; 37.3 por ciento identifica como su mayor problema a la enfermedad, así como la falta de acceso a servicios de salud y medicamentos; mientras que 25.9 por ciento considera que su principal dificultad se debe a los problemas laborales.

Ahora bien, la Norma Mexicana para accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público dispone que un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad debe medir 3.80 metros de ancho por 5 metros de largo. El espacio debe garantizar que el descenso de las personas sea seguro y puedan maniobrar con las herramientas que utilizan para su traslado.

Por su parte, el artículo 203 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala que se dispondrá de espacios exclusivos para vehículos que cuenten con distintivo oficial para personas con discapacidad. Es importante señalar que datos de la Secretaría de Movilidad señalan que en la Ciudad de México circulan 17 mil 204 vehículos con matrículas destinadas para personas con alguna discapacidad, por lo cual resulta preocupante que de los casi 25 mil cajones de estacionamientos con parquímetro sólo 0.02 por ciento está destinado a personas con discapacidad.

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal dispone en su artículo 29: “En zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública el conductor de un vehículo con placas de matrícula para persona con discapacidad tiene preferencia en la utilización de los espacios disponibles.”

Ante este contexto de desventaja de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, se vuelve necesario empoderarlos y que estos segmentos de la población sean vistos desde la perspectiva de que su inclusión no es una prerrogativa discrecional, sino una obligación de la autoridad.

Es decir, no es posible construir una sociedad, un estado, si no se parte del pleno reconocimiento de la igualdad de las personas consagrado en un sinnúmero de instrumentos, nacionales e internacionales de inclusión social y protección a los derechos humanos que son fundamentales para su desarrollo.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a exentar del pago de parquímetros a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad como una acción compensatoria para alcanzar la igualdad e inclusión de estos sectores de la población, así como hacer efectivo su derecho a la accesibilidad.

Nota

1 Implementación de Parquímetros en Polanco. Estudio línea de base 2013. http://mexico.itdp.org/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al alza de la tortilla en el país, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México tiene 59 razas y miles de variedades distribuidas en todo el territorio nacional que serán contaminadas si se permite la siembra de maíz transgénico en México. El maíz es la herencia, el sustento y la base de la alimentación y de la economía de los mexicanos, y a su vez es reconocido como pilar de la cultura indígena y campesina; es un insumo fundamental para el futuro de la agricultura ante el cambio climático y las inestabilidades de los sistemas socioeconómicos. Preservarlo libre de transgénicos y como bien común es nuestro derecho y obligación. (Véase: sinmaiznohaypais.org).

En 2011 se concretó vía una reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La garantía del derecho a la alimentación exige vigilancia permanente de los factores que afectan la nutrición y que tienen que ver con la disponibilidad, acceso y consumo de los alimentos que a su vez dependen de la producción, importación y abasto de éstos.

Para muchos analistas y académicos resulta inverosímil que un país como México, donde el maíz se considera un alimento básico, que a lo largo de la historia ha alimentado y dotado de identidad a las familias mexicanas, hoy en día se tenga que importar debido al abandono sistemático de nuestro campo, por parte del gobierno y la apertura a formas antinacionales de producción de este grano.

La dependencia alimentaria mexicana se disparó en los tiempos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En los últimos 15 años, nuestro país incrementó 400 por ciento las importaciones de alimentos, en 1980, entes de la conversión neoliberal el país importaba 27 por ciento del consumo nacional de arroz, para 2010 se adquirió en el exterior 75 por ciento; en cuánto al maíz importábamos 17 por ciento y hoy importamos 35 por ciento, por lo que respecta al trigo traíamos de fuera 10 por ciento y ahora se importa 42 por ciento. De continuar con estas políticas en 20 años estaremos importando 80 por ciento de los alimentos de consumo cotidiano.

El fenómeno de la desnutrición en México está presente, cada año mueren ocho mil mexicanos por ésta condición. Según censos oficiales recientes, hay más de 50 millones de pobres en el país, 15 millones viven en pobreza extrema y cinco millones de niños padecen hambre. La seguridad alimentaria afecta a 28 millones de mexicanos. La mitad de la población de cerca de 334 municipios –principalmente indígenas– se encuentra en condiciones de pobreza extrema.

Con estos datos afirmamos que México no cumple cabalmente con los estándares de soberanía alimentaria. Esta categoría ha sido definida por diversos especialistas como: el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias, y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.

Actualmente, la tortilla concentra 8.3 por ciento del gasto en alimentos de los hogares mexicanos, muy por encima del 5.4 y 5.3 que se destina a la leche y refrescos, o del 4.4 y 4.3 para pollo o bistec, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El sistema de información de integración de mercados de la Secretaría de Economía revela que la tortilla aumentó hasta más de un peso por kilo en tortillerías.

La tortilla ha registrado un incremento acumulado de 92.9 por ciento en su precio entre 2005 y 2015, según la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece. Asimismo, esta comisión ha emitido 17 opiniones sobre concentración e iniciado 12 investigaciones por prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla entre 1996 y 2010, de las cuales 10 derivaron en sanciones.

En las últimas semanas se ha visto incrementado el precio de la tortilla en varios estados de la República y ha pasado de los 12 pesos, hasta 15, 17 o 24 pesos por kilogramo, debido a conductas de empresas que han especulado con el precio del grano en nuestro país, afectando seriamente el consumo y el ingreso de por sí precario, de las familias mexicanas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía para que a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, se inicien las investigaciones y se sancionen a las empresas que han incurrido en prácticas monopólicas que tienden a incrementar arbitrariamente el precio del maíz y en el marco de sus atribuciones, reestablezcan el precio de la tortilla.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofece a realizar acciones para asegurar la libre competencia en la compraventa del maíz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, realizar las acciones necesarias para asegurar la libre competencia en la compra-venta del maíz, con la finalidad de evitar prácticas desleales de comercio que afecten directamente el precio de la tortilla, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La tortilla de maíz es el símbolo más antiguo de la cultura culinaria de nuestro país. Sin importar la clase social a que se pertenezca, la tortilla se consume a diario por el 94% de los mexicanos, acompañando los platillos típicos de nuestra gastronomía.

Su origen es tan antiguo como la historia del maíz. En el Popol Vuh se cuenta que Quetzalcóatl bajó al Mictlán, lugar de los muertos, y allí tomó unos huesos de hombre y de mujer y fue a ver a la diosa Coatlicue. La diosa molió maíz junto con los huesos, y con esa pasta se creó a la humanidad.

Las evidencias que se han encontrado para ubicar los primeros cultivos de maíz datan del año 7000 A.C. La elaboración e ingesta de la tortilla tiene una antigüedad similar. Actualmente la tortilla se prepara con maíz cocido con cal, proceso comúnmente llamado nixtamalización.

Según cifras de la Organización Mundial de la Alimentación, FAO, el 45 por ciento del consumo nacional de calorías proviene de alimentos derivados del maíz. México es el principal consumidor de tortilla en el mundo, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a las 22 millones de toneladas de tortillas al año.

La tortilla provee energía por su alto contenido de carbohidratos; además es rica en calcio, potasio y fósforo. También aporta fibra, proteínas y algunas vitaminas como la A, tiamina, riboflabina y niacina, principalmente.

En nuestro país es muy común encontrar tortillerías en casi cualquier lugar. Pero también hay muchas regiones en las que todavía se siguen vendiendo tortillas hechas a mano. Con ellas se preparan una infinidad de platillos como tacos, flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totopos, chimichangas, entomatadas, enfrijoladas, tostadas, papatzules, sopa de tortilla, chalupas, burritos, sincronizadas, entre otros.

Con todo lo anterior, nos damos cuenta que la tortilla ha ganado un lugar importante en la cultura gastronómica del mundo y que sin ella muchos platillos tendrían un sabor muy diferente y otros simplemente no existirían.1

Desafortunadamente, en los últimos meses en diversos medios de circulación nacional y local se ha puesto de manifiesto el alza del precio de la tortilla; al respecto la Central Campesina Cardenista (CCC) afirmó que el incremento en el precio del kilogramo de tortilla, que oscila entre 12 y 20 pesos, es motivado por la especulación del intermediarismo y las grandes corporaciones agropecuarias que buscan incrementar no solo sus ganancias sino los precios de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores2 y no por falta de producción de maíz.

Con información del diario La Jornada,3 el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y Senador por el Estado de Nayarit, Manuel Cota Jiménez, presentó una denuncia ante la Profeco por el aumento “excesivo” del precio de la tortilla, el cual no se justifica ya que la cotización internacional del grano es de 148 dólares la tonelada y en el país se venden entre dos mil 800 y tres mil pesos la tonelada.

También expresó en un comunicado que “No existe ningún fundamento para el alza del precio del alimento pues en el ciclo agrícola 2014-2015 la tonelada se vendió a tres mil pesos. No se vale especular a costa de los campesinos, además insumos como la gasolina, diésel y luz, entre otros elementos para la transformación del maíz han bajado de precio”.

De acuerdo con el informe de la Comisión Federal de Competencia Económica, tres grandes empresas, una harinera y dos comercializadoras concentran 20% de la capacidad de los almacenes de granos identificados en el país, ya sea como propietarios o como arrendatarios de aquéllos.

De manera específica Maseca (Gruma) posee 4.3 millones de toneladas de capacidad, lo que representa 14% de la capacidad total de 2011; Portimex posee una capacidad de 1.3 millones de toneladas (4%), y Cargill de México cuenta con capacidad de almacenar 0.7 millones de toneladas (2%).

En el ámbito estatal, Chiapas presenta un alto nivel de concentración en la propiedad de los almacenes, dado que dos empresas (Gruma y Sumasa) concentran 60% de la capacidad de almacenamiento.4 De acuerdo a la información proporcionada por los medios de comunicación, así como la información obtenida del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, si existe un incremento de precios en el kilogramo de tortilla, alcanzando en términos porcentuales un aumento de hasta el 12% en el estado de Campeche.

TABLA 1: Comparativo del precio en valor real y porcentual del Kilogramo de tortillas por entidad Federativa, tomando como referencia la fecha de inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto al 15 de febrero de 2016.

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.


Considerandos

1. En las economías de mercado tanto en su faceta interna como externa se encuentran con comportamientos mercantiles que discriminan y depredan precios, afectando a productores y consumidores.

En este sentido, se conoce como prácticas restrictivas, aquellas prácticas comerciales cuya finalidad directa es restringir o eliminar la competencia; manipulando el mercado o producto de un servicio, línea de producción o servicio, o bien, una cadena productivo o incluso una rama industrial.

Para efectos del Comercio Internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha definido al monopolio como:

Actos o comportamientos de ciertos agentes económicos que por medio del abuso o adquisición del abuso de una posición dominante de mercado, limita el acceso de los competidores o restringe la competencia, provocando un efecto adverso en el comercio internacional, particularmente en los países en desarrollo, y en el desarrollo económico de estos países, o que pueden llevarse a cabo mediante acuerdos formales, informales, escritos o verbales, o por convenios entre agentes económicos, que tengan el mismo efecto.

2. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

3. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

4. Por su parte, el artículo 12 de la Ley citada supra, establece las siguientes atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica aplicables al caso concreto:

I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley;

II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;

III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley;

IV. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tengan conocimiento.

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, someto a consideración de la Comisión Dictaminadora, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Federal De Competencia Económica, realizar las acciones necesarias para asegurar la libre competencia en la compra-venta del maíz, con la finalidad de evitar prácticas desleales de comercio que afecten directamente el precio de la tortilla y en consecuencia la capacidad adquisitiva de las y los mexicanos.

Notas

1 La Tortilla, una tradición muy nutritiva. http://www.mexicoproduce.mx/articulos/tortilla.html

2 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/piden-intervencion-de-profeco-y- cofece-para-frenar-alza-en-tortilla-395

3 Denuncia CNC ante Profeco aumento excesivo del precio de tortilla. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/14/denuncia-cnc-ante-profeco -aumento-excesivo-del-precio-de-tortilla-4716.html Domingo, 14 de febrero de 2016.

4 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/02/11/exigen-frenar-aumento- precio-tortilla

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y los presidentes municipales a iniciar los trámites conducentes a obtener la certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La naturaleza del hombre es malvada. Su bondad es cultura adquirida.

Simone de Beauvoir

La suscrita, Laura Nereida Plasencia Pacheco , diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que desde el 2003 el Instituto Nacional de las Mujeres creó el MEG: 2003, o modelo de equidad de género, cuyo objetivo fue el desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de género en las organizaciones, para institucionalizar las políticas de igualdad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo.

De la misma forma la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación estableció, en 2011, la Guía de Acción contra la Discriminación: “Institución Comprometida con la Inclusión” (Guía ICI), con el fin de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, educativas, empresas y organizaciones sociales de todo el país en la construcción de la cultura de igualdad laboral y no discriminación.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir del 2009, instrumentó la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. El objetivo de esta Norma se estableció con el fin de evaluar y certificar las prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, implementadas en los centros de trabajo además de dar cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral, previsión social, clima laboral adecuado, accesibilidad, ergonomía y libertad sindical.

Quiero decir que los elementos más trascendentes de estos tres mecanismos, así como sus resultados, han hecho necesario el que las tres instituciones propongan un nuevo instrumento denominado: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, como parte de las experiencias, resultados y lecciones aprendidas, y, sobre todo, del máximo consenso por parte de las tres instituciones, con la finalidad de consolidar las bases institucionales de lucha contra la discriminación en los centros de trabajo.

Estas dependencias de gobierno están conscientes que la transformación de los centros de trabajo requiere corresponsabilidad, compromiso, conocimientos y herramientas eficaces para lograr el desarrollo institucional u organizacional de los mismos, así como en relación con su entorno.1

Deseo señalar que el Comité de CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres) ha hecho recomendaciones a nuestro país en el sentido de impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en su legislación los principios de no discriminación y de la igualdad entre hombres y mujeres, lo que en la especie podría contribuir la adopción de la norma antes descrita, es decir, la NMX-R-025-SCFI-2015.

Para una servidora, como presidenta de la Comisión de Igualdad de género y como mujer, resulta de suma relevancia que las instituciones públicas de todas las entidades del país, se sometan a un proceso que les permita certificarse mediante la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, y de esa manera colaborar en la transformación de la cultura laboral de nuestra nación, para lograr el México próspero, incluyente y justo que todas y todos queremos, empezando por las instancias de gobierno más cercanas, como son los estados y municipios, principalmente de aquellos en los que se concentra la mayor población y otros que en términos de densidad poblacional resulten estratégicos al superar los cien mil habitantes.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a las y los Gobernadores de las 32 entidades del país, así como a las y los presidentes municipales de sus estados, a efecto de que inicien los trámites correspondientes para obtener la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Nota

1 Dicho instrumento normativo tiene como fundamento los siguientes instrumentos internacionales: • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. • Convención Americana sobre Derechos Humanos. • Pacto de San José de Costa Rica • Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Particularmente de los artículos 11, 13 y 14; de las Recomendaciones Generales CEDAW: art. 5, 13, 16, 17 y 18; y las Recomendaciones específicas CEDAW: 29 (2012), 31 (2006), 442 (2002), 406 y 416 (1998). • Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Particularmente los artículos 1, 2 y 4 de dicho instrumento; así como los siguientes párrafos de NMX-R-025-SCFI-2015 SECRETARÍA DE ECONOMÍA las Observaciones finales del Comité CERD hechas al Estado Mexicano de los años 1997; párrafos 16 y 21; 2006 el párrafo 16; y 2012 el párrafo 16. • Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor y su Recomendación (núm. 90) sobre Igualdad de Remuneración. • Convenio 105 de la OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzoso. • Convenio 111 de la OIT sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación y su Recomendación sobre la Discriminación (empleo y ocupación). • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a desarrollar por Caminos y Aeropistas de Oaxaca acciones para solucionar el deterioro de la infraestructura carretera de la Mixteca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, dirijo a usted la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de la dependencia Caminos y Aeropistas de Oaxaca, desarrolle las acciones necesarias para solucionar el grave deterioro que presenta la infraestructura carretera de la región mixteca oaxaqueña.

Exposición de Motivos

Como integrante del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, y a través de este punto de acuerdo quiero denunciar, en nombre de los municipios de la región mixteca del estado de Oaxaca, mi profundo desconcierto ante las reiteradas fallas de la dependencia Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en la planeación y programación de recursos para la reconstrucción, mantenimiento y conservación de caminos carreteros.

Es lamentable e indignante que pasan los años y las administraciones públicas locales, y la situación de rezago y marginación de la región mixteca permanece igual o peor.

Recordemos que el estado de Oaxaca se caracteriza por un tener un territorio vasto, diverso y complejo. Así las cosas, la entidad del sur-sureste del país abarca una extensión de 95 mil 364 kilómetros cuadrados, que representan 4.8 por ciento de la superficie total del país.

Asimismo, que la división política de Oaxaca es la más complicada de toda la República Mexicana, ya que está formada por 570 municipios, 25 distritos y 8 regiones, pero sobre todo porque es una de las entidades federativas con mayores índices de pobreza multidimensional, circunstancia que es poco atendida por nuestras autoridades locales.

Una de las regiones oaxaqueñas que representa un claro ejemplo del atraso y abandono por parte de las administraciones públicas es la mixteca.

Al respecto, señalaremos que la mixteca oaxaqueña es una de las regiones más pobres y marginadas del país, está conformada por 155 municipios, de los cuales 46 presentan un muy alto grado de marginación, 48 grado de marginación alto, 59 grado de marginación medio y solamente dos municipios presentan grado de marginación considerado como bajo; es decir, que poco más de 60 por ciento de los municipios de la mixteca presentan un grado de marginación entre alto y muy alto.

Ahora bien, en términos de población, lo anterior equivale a decir que 56 por ciento de su población (aproximadamente 261 mil 69 habitantes) vive y se desenvuelve en condiciones de una profunda y compleja precariedad.

Estos problemas, no sólo se presentan por la ausencia de un ingreso digno entre la población mixteca, sino que también tienen que ver las severas limitaciones en el acceso a la zona, debido a la gran carencia de vías de comunicación adecuadas.

Es así, que la falta de vías de comunicación adecuadas significa un obstáculo más para que la mixteca no logre salir del profundo rezago en el que se encuentra, rezago que ha durado muchos años.

Es por tales razones que diversos municipios de esta región, y que forman parte del distrito que dignamente represento, me hicieron la solicitud de interceder ante ustedes y que juntos hagamos un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca para que ponga la atención debida al grave problema económico y social que representa el deterioro de la infraestructura carretera de los pueblos en la región de la mixteca oaxaqueña.

Como indicador de la omisión en que ha incurrido el gobierno del estado, a continuación detallo las solicitudes de reconstrucción y conservación que las autoridades municipales han presentado a Caminos y Aeropistas de Oaxaca y que hasta la fecha no han sido atendidas por las autoridades respectivas.

La presente proposición tiene como objetivo esencial realizar un exhorto para exigir al gobierno local para que instruya a CAO realizar a la brevedad las acciones necesarias para solucionar el grave deterioro de las carreteras y caminos que hemos detallado.

No podemos esperar más para resolver la grave y difícil situación que vive la región de la mixteca y que no ha sido atendida durante años.

Si queremos o pretendemos que la gente vuelva a confiar en las autoridades debemos, de forma obligada, resolver sin reservas sus demandas, nadie puede olvidar que es precisamente por esa gente que nosotros, llámese funcionarios y legisladores, tenemos estas responsabilidades.

Las autoridades estatales no pueden olvidar, porque al parecer así lo han hecho, que es por las y los habitantes de Oaxaca y en específico de la región mixteca, que tienen trabajo.

Las responsabilidades que se tienen como servidor público en cualquier dependencia federal, local o municipal, están diseñadas para que se trabaje en pro de las comunidades. Situación que parece muchos funcionarios, como los de CAO, olvidan y pasan a detentar un poder temporal que usan como herramienta para trabajar para otros intereses que nada tienen que ver con el servicio público.

Debemos honrar a la población en su conjunto, para eso estamos aquí, para eso fuimos elegidos.

En virtud de lo anterior es que resulta francamente inconcebible la incapacidad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca de atender en tiempo y forma a las autoridades municipales sobre sus proyectos de conservación y mantenimiento de caminos carreteros, abonando a la incertidumbre, a la desconfianza y a la opacidad en el manejo de recursos locales ya etiquetados para la atención oportuna de caminos y carreteras estatales.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de la dependencia Caminos y Autopistas de Oaxaca, desarrolle las acciones necesarias para solucionar el grave deterioro que presenta la infraestructura carretera de la región mixteca oaxaqueña.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a regresar el decreto de valor ambiental y bosque urbano a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, y transparentar la concesión y construcción del estadio de beisbol ahí, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y PRI

Los suscritos, diputados federales a la LXIII Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Telésforo García Carreón, del Partido Revolucionario Institucional; Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Edith Villa Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados, exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México se le regrese el decreto de valor ambiental y bosque urbano a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca; la Cámara de Diputados exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México se trasparente e informe a esta Asamblea sobre la concesión y la construcción en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca del estadio de béisbol propiedad del empresario Alfredo Harp Helú, cuya construcción inició en el primer trimestre del año 2015 y con una inversión de 60 millones de dólares; la Cámara de Diputados exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se conserven los convenios y los horarios de las ligas deportivas que hacen uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Consideraciones

El 29 de noviembre de 1956, por Decreto Presidencial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la expropiación de los terrenos del poblado de la Magdalena Mixhuca.

En ese periodo, el entonces regente del Distrito Federal, Ernesto Peralta Uruchurto, por instrucciones del Presidente de la Republica, Adolfo Ruiz Cortines, recibe al ciudadano y actor cómico Jesús Martínez “Palillo” -quien ideo e invirtió en la construcción de la Ciudad Deportiva en la Delegación Magdalena Mixhuca – fue así como en mayo de 1957 inician los trabajos de construcción de la Ciudad Deportiva, una de las zonas deportivas y recreativas más importante para la población y una de las más grandes de la capital mexicana.

En octubre de 1958, se concluye la obra con una inversión de 60 millones de pesos de aquel entonces, calculando beneficiar a una población de 100 mil habitantes entre adultos mayores, jóvenes, niños y familias completas, además de albergar cómodamente alrededor de 25 mil asistentes y visitantes al día.

La obra incluyó que se construyera al mismo tiempo la planta de tratamiento de aguas negras, entubando el rio de la piedad, instalando una red de drenaje y alcantarillado.

El 16 de noviembre de 1958 se inaugura la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el acto inaugural fue celebrado en el Estadio Municipal de atletismo y futbol, considerado en ese entonces como el más grande de su tipo. Siendo el invitado especial don Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como “Palillo” en el mundo artístico.

Fue ante este escenario, que el licenciado Herminio Ahumada, director de Acción Deportiva del Departamento del Distrito Federal, que manifestó en ese momento los fines perseguidos por el Gobierno Federal, con la construcción de la Ciudad Deportiva como fueron:

1. Crear una faja verde que interceptara las tolvaneras de polvo originadas por el vaso de Texcoco.

2. Proporcionar un lugar para el esparcimiento a los habitantes de la zona oriente del Distrito Federal.

3. Dotar a la Ciudad de México de un gigantesco campo deportivo, que llenara las necesidades de 25 mil deportistas de la clase humilde, que no contaban con las instalaciones adecuadas y que desarrollaban sus actividades en llanos insalubres y polvosos, por distintos rumbos de la capital.

Como se ha mencionado, la idea original de la creación de la Ciudad Deportiva y los objetivos de su ceración fueron inicialmente de Jesús Martínez “palillo”, tristemente apropiadas por las autoridades gubernamentales.

Fue tan importante y significativa la obra, que fue considerada por el Gobierno Federal, como una página de gloria de la Ciudad de México, que quedaría en las memorias del deporte mundial, por ser la instalación deportiva más grande del mundo de carácter público, destinada a impulsar la salud física y moral de la juventud atlética.

El 5 de enero de 1959 se puso en servicio al público, siendo una obra de gran contenido social y educativo, con la plena seguridad de que este centro deportivo representaba ser el más grande de Latinoamérica.

El 23 de junio de 1963, la Ciudad Deportiva pasa a depender de la Dirección General de Acción Deportiva del Distrito Federal; posteriormente pasa a ser administrada por la Dirección General de Promoción Deportiva del Distrito Federal (Proddf), sustituyendo a la anterior.

Entre 1965 y 1967, el Comité organizador de los juegos de la olimpiada XIX, encabezada por Pedro Ramírez Vázquez, decide que se usen los espacios requeridos para construir escenarios olímpicos y la Secretaria de obras públicas inicia la construcción de ellos.

El 2 de octubre de 1968, hecho histórico previo a la realización de los juegos olímpicos, en donde la juventud mundial cree en la necesidad del cambio y lucharon por él, aunque este fuera aplastado por la fuerza de cada estado en el que Vivian. En México los jóvenes consideraban que el papel que había cumplido la ciudadanía no podía continuar y se debería exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes, al hacer uso de sus derechos como ciudadanos.

En noviembre de 1968, después de la celebración de los juegos olímpicos, cada parte de la ciudad deportiva, tuvo destinos distintos utilizando las instalaciones en procesos políticos, sociales y económicos diferentes, perdiéndose la esencia de ese espacio público destinado al deporte.

Para 1969, lamentablemente estos espacios fueron cayendo en un proceso de subutilización, que condujo a un progresivo abandono. Pero a pesar de todo, las instalaciones deportivas eran usadas por la población de diversas edades de las demarcaciones de las Delegaciones de la Venustiano Carranza e Iztacalco. En ese mismo año fue remodelada la pista de atletismo.

En la década de los 70, las instalaciones se usan para actividades deportivas y de esparcimiento para grupos infantiles. Era un espacio de aprendizaje y de convivencia familiar.

En 1975 se pierden más espacios públicos de dicha Ciudad Deportiva y las instancias gubernamentales inician la construcción del edificio de oficinas de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), obra que concluye en 1977.

Por su parte el autódromo de la ciudad deportiva pierde su carácter internacional.

En 1984 se da el banderazo de salida del maratón internacional de la ciudad de México.

Para 1985, el abandono de las instalaciones de la Ciudad Deportiva es grave, instalándose en dicho espacio un destacamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, sin existir un solo documento que les diera ese derecho.

El 26 de noviembre de 1986, se celebran los 25 años de la Ciudad Deportiva con un homenaje a Jesús Martínez “Palillo”, creador del proyecto.

En 1990 el abandono a la Ciudad Deportiva es total y el manejo de intereses económicos, concesionando al grupo ACIR (Asociación de Concesionarios Independientes de Radio), una subestación eléctrica y una planta transmisora de las estaciones de radio.

La Sala de Armas Fernando Montes de Oca – ubicada en la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, fue construida entre el 13 de noviembre de 1967. Durante la Olimpiada de 1968, se colocaron 15 pistas de esgrima equipadas, tristemente, hoy se ocupa como bodega.

Discrecionalmente, se han hecho negocios utilizando la Ciudad Deportiva, ya que a la empresa de automovilismo deportivo “Promotodo”, le fue concesionado hasta febrero del 2003 el autódromo, esta empresa “pagaba” 100,000 pesos al mes en especie en obras de mantenimiento y en el 2002 la secretaria del medio ambiente, dictó una resolución a la empresa para que retiraran de inmediato las gradas temporales instaladas en el autódromo, en un plazo de 100 días, hecho que nunca ocurrió.

En 1993, se construye en 1.5 hectáreas de la ciudad deportiva, la planta de tratamiento de aguas residuales.

Una de las más grandes perturbaciones en el destino de la Ciudad Deportiva, fue la entrada de la Compañía Interamericana de Entretenimiento SA de CV (CIE), como concesionaria de algunos de los más importantes escenarios masivos de la Ciudad Deportiva.

Así fue como CIE, obtuvo a través de su subsidiaria Operadora de Centros de espectáculos (OCESA), la concesión, construyendo sobre las canchas de futbol un foro de espectáculos, el cual tuvo un gran éxito comercial.

La construcción del Centro de Desarrollo Infantil número 24, se construye en la Ciudad Deportiva, ocupando 3.5 hectáreas de su territorio.

En 1996 la Cooperativa Cruz Azul solicita 15.2 hectáreas para construir el estadio azul en la Ciudad Deportiva administrada por la Proddf, el cual costaría 50 millones de dólares, sin embargo los miembros de las ligas deportivas y los ciudadanos detuvieron el proyecto, porque esto ocasionaría grandes afectaciones al tráfico vehicular de la zona, además de que perturbaría a varias hectáreas de zonas verdes consideradas de gran valor ambiental para el oriente de la Ciudad de México.

La Asociación de Usuarios de la Ciudad Deportiva solicitó en ese entonces Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, su intervención para que no se llevará a cabo la presunta construcción, uno de los argumentos medulares fue que la Ciudad Deportiva constituía un importantísimo pulmón de la capital y que construir un estadio provocaría un grave e irreparable daño ambiental.

El éxito de OCESA, fue motivo para que el Departamento del Distrito Federal cediera a la empresa del Gobierno del Distrito Federal, Servicios Metropolitanos 8.5 de hectáreas para que en 1996 se construyera el actual Foro Sol – y que fue inaugurado en octubre de 1997-

En 1997 se elige al Primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal y planea las mejoras a la Ciudad Deportiva con el Proyecto “Magdalena Siglo XXI”, El 1 de junio de 1999 se inician las obras de remodelación de la Ciudad Deportiva, con un presupuesto de 125.6 millones de pesos cerrando sus puertas y concluyendo las obras hasta el 15 de abril del 2000. Las obras consistieron en canchas de futbol, de béisbol, estadio de volibol de playa, alberca techada, patinódromo, entre otras remodelaciones.

En 2001 a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, se hace la transferencia de la Ciudad Deportiva a las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza. Cada delegación impuso sus reglas y cobros arbitrarios, utilizando los autogenerados de las instalaciones como una caja chica de las delegaciones.

En el año 2006 se construye en Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), al frente del Sr. Nelson Vargas Basáñez. La finalidad del Centro – hoy convertido en un elefante blanco del deporte mexicano – se construyó con la finalidad de obtener atletas de alto rendimiento, a la fecha solo ha salido una atleta marchista con una medallista de plata en el Mundial Juvenil de Atletismo 2009.

De 2007 a la fecha se estima que se han invertido en el CNAR entre 90 y 120 millones de pesos anuales, esto equivale a más de 800 millones de pesos del erario público que tristemente no ha dado resultado con atletas de alto rendimiento.

En 2009 se efectúan demandas administrativas y penales por parte de los usuarios de la Ciudad Deportiva contra la Delegación Iztacalco, por malos manejos y abuso de autoridad, las cuales son ganadas por los usuarios.

Actualmente, OCESA continúa administrando muchas de las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Los usuarios de la ciudad Deportiva, en la pasada Legislatura se entrevistan con el diputado Presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Felipe Muñoz Kapamas, a quien se le dan los pormenores de lo que sucede en las instalaciones de la Ciudad Deportiva con la administración de la Delegación.

Posteriormente se inician las pláticas de los usuarios con el Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte), en ese momento estando al frente el Lic. Gerardo Villanueva Albarrán, y se le da a conocer que se harán las gestiones y el apoyo necesario para que las instalaciones regresen al Indeporte.

Otro hecho lamentable para la Ciudad Deportiva fueron los 2 mil árboles que se cortaron de los 520 que había autorizado la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, cuando la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y su subsidiaria OCESA aceleraron la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez para que en noviembre del mismo años se realizara el Gran Premio de México de la Fórmula Uno (GP F1).

El 19 de junio del 2013, se presenta sobre el tema el Punto de Acuerdo ante la Asamblea Legislativa del distrito Federal, solicitando la recuperación de las instalaciones deportivas para el INDEPORTE. En donde las instalaciones que deben regresar a la Administración del INDEPORTE son los deportivos: Francisco I. Madero; Guelatao, Margarita Maza de Juárez, Rosendo Arnaiz, Plan Sexenal, Tiempo Nuevo, Magdalena Mixhuca, Velódromo Olímpico, Pista de Canotaje Virgilio Uribe, Alberca Olímpica Francisco Márquez, Gimnasio Juan de la Barrera.

En el año 2014 toman posesión de la Magdalena Mixhuca y no así de las demás instalaciones, demostrando su poca capacidad para organizar y administrar. Una vez más la Ciudad Deportiva se convierte en un centro para eventos masivos donde se fomenta el uso de bebidas alcohólicas y drogas. OCESA continúa con su poder, quien asume la postura del dueño de las instalaciones, quienes autorizan que los campos de futbol se conviertan en estacionamientos haciendo cobros excesivos a los automovilistas.

Problemática

En la actualidad la Ciudad Deportiva, creada y construida como un lugar destinado al pueblo, para la clase humilde, para los ciudadanos comunes y sus familias enfrenta un grave deterioro en sus 98 hectáreas esto implica que está a punto desparecer si los ciudadanos y los legisladores lo permitimos.

El Jefe del Gobierno Capitalino en diciembre del 2015, autorizó la remodelación del autódromo Hermanos Rodríguez y la construcción del nuevo estadio de béisbol Diablos Rojos de México equipo del millonario empresario Alfredo Harp Helú, avalados con la complicidad de los funcionarios y autoridades deportivas.

Desde la llegada de las Delegaciones a la Ciudad Deportiva y hasta la fecha, aun con el INDE, no se ha podido tener un momento de respeto para las instalaciones, esto es un excelente escenario para que se lleven a cabo donaciones de terreno público para los empresarios como se ha mencionado.

Hoy día, los problemas de la Ciudad Deportiva provocados por los intereses de autoridades y empresarios destacan:

* Suspensión de actividades deportivas por más de un año por supuesta remodelación.

* Ignorar los conocimientos de los usuarios de las instalaciones para hacer mejoras.

* Reducción de espacios en las canchas, se hicieron muy pequeñas.

* Afectación en la red de agua potable y agua tratada.

* Eliminación de bebederos de agua potable.

* Eliminación de sanitarios y módulos de venta.

* Incremento desconsiderado de precios por cartas tarifarias.

* Maltrato a los usuarios.

* Desaparición de campos deportivos otorgados a OCESA para sus propias construcciones.

* Cobros indebidos de instalaciones y demandas penales y administrativas de los usuarios afectados por la Delegación.

* Deterioro y mayor abandono de las instalaciones.

* Cobros excesivos e inventados por gente sin preparación que es impuesta como autoridad (líder de franeleros).

* Represalias contra estos usuarios por entrar a las instalaciones, desalojándolos con la fuerza pública y encarcelándolos sin motivo.

* Se obliga a los usuarios a hacer cooperaciones para supuestos pagos de adeudos de la administración.

* Acuerdos de la administración con OCESA para realizar eventos masivos con venta de bebidas embriagantes y droga.

* No hay servicio médico, recolección de basura, no hay agua tratada para riego.

* No hay acceso para gente con capacidades diferentes.

* Contracción clandestina del estadio de béisbol por no contar con toda la documentación adecuada.

* Con la inversión de 60 millones de dólares desde el primer trimestre del 2015 se inició la construcción del estadio de béisbol propiedad del empresario Alfredo Harp Helú.

* La OCESA se ha venido enriqueciendo con el usufructo de un espacio que es público y específico para hacer deporte.

* Se violan los derechos de los ciudadanos que de acuerdo al artículo 4° constitucional tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

Finalmente, no se debe seguir permitiendo que en cada cambio de administración en las delegaciones, la Ciudad Deportiva sea utilizada para sacar provecho o beneficio personal.

Se rompe con el espíritu de las instalaciones creadas para fines de hacer deporte y darle oportunidad a los ciudadanos de desarrollarse y recrearse, un lugar donde asisten familias completas con niños y jóvenes, y que sea utilizada para eventos masivos donde los participantes se drogan y se alcoholizan.

Es impropio e incongruente que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anuncie planes ambientales en las cumbres mundiales sobre el cambio climático y autoriza a través de su Secretaria de Medio Ambiente la desforestación en la Ciudad Deportiva, un pulmón vital para la ciudad de México.

No es correcto que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México autorice la entrega de varias hectáreas de la Ciudad Deportiva a la iniciativa privada para la construcción de un estadio de béisbol –sin tener la documentación completa sobre la concesión-, solo para fines recreativos que obedecen a los intereses de los empresarios.

No es válido que OCESA utilice los campos de futbol como estacionamiento en sus eventos masivos para obtener mayores ganancias, afectando a los usuarios que asisten para hacer deporte.

Resulta interesante saber, si nuestros representantes ante el congreso, autorizaron al jefe de gobierno para que existan todas estas anomalías.

Qué opinión le merece al Presidente Enrique Peña Nieto, quien predica y aporta miles de dólares al mundo para conservar el medio ambiente, tendrá conocimiento de que en la Ciudad de México se está llevando el exterminio de árboles y del pulmón más importante del oriente de la ciudad.

Debemos hacer conciencia en las autoridades de la capital del país, para detener las atrocidades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en contubernio con el empresario Harp Helú y OCESA, para usar instalaciones deportivas públicas y convertirlas en un negocio privado diferente al deporte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México se le regrese el decreto de valor ambiental y bosque urbano a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México se transparente la concesión y la construcción en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca del estadio de béisbol propiedad del empresario Alfredo Harp Helú, cuya construcción inició en el primer trimestre del año 2015 y con una inversión de 60 millones de dólares.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se conserven los convenios y los horarios de las ligas deportivas que hacen uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputados: Juan Manuel Celis Aguirre (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, Héctor Javier Álvarez Ortiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir un diagnóstico sobre la implantación de medios encaminados a prevenir e identificar conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los circuitos financieros del país, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

El artículo 31, fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;

VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito;

...

A fin de cumplir estas funciones, el 7 de mayo de 2004 el gobierno federal creó la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya principal función es el ser una instancia gubernamental central y nacional responsable de recibir, analizar y diseminar información financiera concerniente a operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Esta unidad tiene por objetivo el establecimiento de políticas, así como la implementación de mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas que actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional e internacional, así como su financiamiento, con el fin de impulsar el sano desarrollo del sistema financiero mexicano y la economía nacional e impedir que sean utilizados para la comisión de los delitos mencionados, ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero.

Acatando la normatividad vigente, las instituciones financieras transmiten reportes a las autoridades supervisoras: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que a su vez transmiten periódicamente estos reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera, para el respectivo análisis.

Con información de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Procuraduría General de la República, se registró que en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011, el monto del valor de las denuncias se estimó en 2 mil 264.1 millones de pesos, a través de 197 denuncias.

El 23 de enero de 2015, en el octavo Seminario de actualización fiscal y legislativa del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Alberto Elías Beltrán, director general adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, admitió: “En la presente administración (de 2013 a 2015) el aseguramiento de capital relacionado con el lavado de dinero suma más de 2 mil 300 millones de pesos, cifra superior a otros periodos, cuando sólo se aseguraban 350 millones de pesos por año”. Al respecto, comentó que en el último año del gobierno de Felipe Calderón se aseguraron sólo alrededor de 355 millones de pesos.

Resaltó que en 2013 se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero las cuales tuvieron un monto total asociado por 28 mil 005 millones de pesos que, con la actuación del Ministerio Público, se aseguraron poco más de 800 millones de pesos; agrega que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 se presentaron 87 denuncias por 59 mil 384 millones de pesos y se aseguraron alrededor de mil millones de pesos.

El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 590 mil millones y 1.5 billones de dólares.

En mayo de 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía construyó un modelo de equilibrio general, por el cual se estimó la cantidad de recursos monetarios producidos por actividades ilegales que son potencialmente objeto de lavado de dinero en México, utilizando la información reportada por la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde el número de reportes de operaciones en cada entidad federativa es explicado por el monto estimado de recursos objeto de lavado de dinero, el número de delitos sentenciados de los fueros federal y común, las remesas familiares y la cantidad de sucursales de la banca múltiple, con ello el análisis econométrico arrojó que el valor estimado promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo de 2009 equivalió a 1.688 por ciento del producto interno bruto.

Los modelos de Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York afirmaron que en México (Fuente: Cámara de Diputados, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Lavado de dinero: indicadores y acciones de gobierno binacionales, 2012), las ganancias por actividades ilícitas son blanqueadas en Estados Unidos, en 90 por ciento aproximadamente y estiman que una tercera parte de los ingresos que generan los cárteles en México se reincorporan a la economía formal. Éste puede ser el origen, del abultado saldo en la cuenta de errores y omisiones que el Banco de México registra en la balanza pagos, que acumuló 55 mil 848 millones de dólares entre el primer trimestre de 2013 y el tercero de 2015.

Como afirmó el director general adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, en México el problema de la corrupción está íntimamente vinculado en temas de lavado de dinero, ya que los bienes provenientes de la corrupción no tienen utilidad si no se mezclan o se ocultan para efecto de ingresar al sistema financiero o a la economía de algún país sin que eso genere ninguna sospecha.

Los delitos donde más recursos provenientes de la corrupción se lavan, son: sobornos, extorsión, conflictos de interés, entre otros. Los medios más utilizados para cometer el delito se encuentran en la compra de vehículos corporativos, fideicomisos, el uso de instituciones financieras (domésticas o nacionales), el uso de jurisdicciones extranjeras, socios o prestanombres y el uso de efectivo.

Por ello es importante conocer no sólo las estadísticas referentes a los resultados alcanzados, sino también conocer los mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita que instaura la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por lo motivado y fundado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se acuerda exhortar al ciudadano Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a difundir un diagnóstico sobre la implantación de mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los circuitos financieros del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SFP a transparentar el ejercicio del presupuesto de 2016 sobre las ministraciones municipales de los ramos federalizados 23 y 33, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, que transparenten el ejercicio 2016 del presupuesto de los Ramos federalizados 23 y 33, con la aplicación y publicación de un control presupuestal a manera de reportes bimestrales de la información física y financiera de las ministraciones a nivel municipal de los programas que componen cada uno de los ramos que son ministrados a los gobierno locales, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Hacienda ha sostenido que la volatilidad es transitoria, que la preocupación de los mercados es global, que México es de los países fuertes y que el peso está subvaluado. No obstante, la volatilidad del peso frente al dólar continua de manera que la moneda nacional sigue inestable y el precio del barril de petróleo está a la baja de manera constante, lo que genera una sombra de incertidumbre sobre un frágil diseño presupuestal 2016 que anuncia posibles recortes o reorientaciones de recursos con rostro de ajustes presupuestales.

Se requieren controles presupuestales en general para fiscalizar el eficiente ejercicio, pero ante la coyuntura macroeconómica con evidente vulnerabilidad nacional, urgen controles presupuestales que aseguren la transparencia necesaria para que realmente los ajustes del presupuesto federal no se apliquen con criterios electorales que favorezcan candidaturas en las elecciones locales de este año.

Los programas que se incluyen en los ramos federalizados 23 y 33 tienen muchas expectativas en las autoridades locales. Este año se publicó en el Diario Oficial el Presupuesto de Egresos de la Federación con Anexos en los que se enlistan proyectos etiquetados por municipio con cargo a programas de esos ramos. Es importante que las autoridades locales reciban claridad sobre los trámites y montos correspondientes para ejercer los recursos de los proyectos etiquetados y de los programas de estos dos ramos.

Muchos de los proyectos presentados por las autoridades municipales, a esta Cámara de Diputados en el pasado proceso de aprobación presupuestal, requirieron pavimentación, infraestructura deportiva y ciclopistas, que en muchos casos el impacto social también repercute en la seguridad pública. En este sentido, si bien hace falta reglamentar el ramo 23 para hacerlo más accesible a diversos tipos de proyectos locales, en este momento, los controles presupuestales deben asegurar que el ajuste que viene no afectará el carácter prioritario de esos proyectos municipales y de esos fondos federalizados.

La transparencia y la rendición de cuentas que tanto se impulsa por muchos actores, busca la publicación por diversos medios de información generada en los diversos programas del gobierno federal. Lamentablemente en muchos casos, más que rendición de cuentas parecen culto al egocentrismo de algún funcionario público, publicando cuentas “alegres” para promocionarse y distorsionando el fin de los fondos públicos destinados a la transparencia, lejos de proporcionar la información suficiente para evaluar objetivamente alcances y limitantes, y en consecuencia tomar decisiones que aseguren “clientelismo cero”.

El presupuesto aprobado 2016 fue elaborado según la Secretaría de Hacienda sobre el diseño de una metodología base cero. Para ser congruentes resulta sustantivo generar información física, financiera y de operación más detallada que permita observar al bimestre el ritmo de ejercicio de las ministraciones en cada programa y dimensionar las causas de los retrasos, ya sea por falta de eficiencia en la operación por parte de las áreas administrativas federales o por la incorrecta observancia de las reglas de operación de los ejecutores.

El impacto social de los proyectos que se ejecutan con los programas y fondos de los ramos federalizados 23 y 33 son más que benéficos para los habitantes; significan mucho para la formación, seguridad e integración familiar. Por esa razón, es muy importante comenzar a dirigir los controles presupuestales en esos ramos para que aseguren la aplicación de esos recursos a cabalidad social, ya que en muchos casos los recursos que deben bajar al municipio se quedan en el ejercicio estatal, con criterios de la autoridad estatal.

Considerandos

Que conforme al artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación por el que se determina que el ejercicio de los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a diversos numerales de este artículo.

Que de acuerdo al artículo 7 numeral II del Presupuesto de Egresos de la Federación por el cual se determina que los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos y los convenios correspondientes.

Que acorde al artículo 7 numeral VI del Presupuesto de Egresos de la Federación por el que se determina que en caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes que fuera necesario realizar a los recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados.

Que conforme al artículo 11, numeral IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación por el que se determina que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, serán responsables de la integración y veracidad de la información contenida en los expedientes técnicos correspondientes, así como de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones federales en materia de fiscalización. La información referida deberá estar disponible en la página de Internet de la instancia ejecutora del recurso o a través de medios accesibles a los ciudadanos, según sea el caso.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública que transparenten el ejercicio 2016 del presupuesto de los ramos federalizados 23 y 33, con la aplicación y publicación de un control presupuestal a manera de reportes bimestrales de la información física y financiera de las ministraciones a nivel municipal de los programas que componen cada uno de los ramos que son ministrados a los gobierno locales. Para cada reporte, se deberá anexar una nota técnica sobre las insuficiencias operativas que impacten en el ejercicio.

Segundo. Que los reportes bimestrales se presenten y publiquen los primeros 10 días terminado el bimestre de ejercicio, en los portales web de cada una de las dos secretarías de Estado.

También se deberá actualizar trimestralmente una plataforma electrónica dónde se publiquen los principales indicadores de cada programa y fondo que componen los ramos federalizados 23 y 33.

Tercero. Ambas Secretarías se asegurarán también del correcto y puntual seguimiento e integración de esos reportes bimestrales con el respectivo anexo de la nota técnica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la diabetes en México, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diabetes “es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.1

Muchas veces se desarrolla en los menores por embarazos complicados en la etapa gestacional o que sufrieron enfermedades crónicas u otras que alteraron su nutrición en el útero o durante los primeros años de vida. Pero el factor más común para desarrollarla en edad adulta, es el sobrepeso u obesidad. Esto, a su vez, tiene su origen en factores de índole social, como los cambios urbanos y el acceso a alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas, así como la exposición al tabaco, entre otros. En promedio, 70 por ciento de los individuos con obesidad sufren enfermedades metabólicas que en algún momento podrían inducir afecciones cardiovasculares o diabetes.2

Esta patología crónica afecta a 10 millones de mexicanos, sin considerar que otros 7 millones tienen elevados niveles de glucosa en la sangre.3

El Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, señala que por cada persona con diabetes en México, existen 2 en la condición previa.4

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su “Estudio sobre los Sistemas de Salud: México 2016”, refiere que las tasas de sobrepeso u obesidad en la población adulta en nuestro país aumentaron de 62 por ciento en el año 2000 a 71 por ciento en el año 2012, y que actualmente 1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso o sufre de obesidad, por lo que corren el riesgo de contraer una enfermedad crónica, como la diabetes, a temprana edad.5

En el país, la diabetes es la primera causa de muerte, discapacidad por ceguera y amputaciones no traumáticas, así como años vividos con baja calidad.6

Es importante recordar que en el año 2013, el gobierno de la república presentó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, cuyo objetivo general fue: “desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales”.7

Mientras que los objetivos específicos fueron: “promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan la salud de las personas; detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo; generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud; e incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2”.8

A pesar de que en los últimos años se han implementado acciones como la referida en los dos párrafos anteriores y que implican una colaboración intensa y comprometida de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores público, social y privado, pasando por reformas legales, el cobro e incremento de impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alto contenido calórico, hasta llegar recientemente a la aprobación de un presupuesto para este año 2016 en materia de salud de 132 mil 216 millones de pesos, y lograr que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud cuente con recursos del orden de 82 mil 446 millones de pesos, todo en aras de hacer frente a la obesidad y al sobrepeso, y así evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o cualquier otra cardiovascular, los datos referidos sobre el número de padecimientos de estos males en nuestro país, señalan que aún hace falta mucho por hacer en esta materia, y que es urgente hacerlo pronto.

Las consecuencias de esta grave enfermedad representan una dura carga no sólo para quien la padece, sino también para los familiares más cercanos de éste en términos económicos, de salud y hasta emotivos.

La OCDE y la Organización Mundial de la Salud, han advertido la incidencia de este tipo de enfermedades crónicas en México, que desgastan la salud y la economía de los pacientes y sus familias.9

Sin embargo, el cobro de factura de esta patología también se traslada a las finanzas y productividad del Estado mexicano, ya sea en el mediano o largo plazo, pues se requiere mayor presupuesto para una infraestructura adecuada en los centros de atención, personal capacitado e investigación y tratamientos especiales.

De acuerdo al Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, se estimó que en el año 2010 el costo para atención de pacientes con diabetes e hipertensión, rebasó los 80 mil millones de pesos.10

En esta crítica situación, la prevención juega un papel fundamental. Y esto no requiere de grandes inversiones, sino de una atención organizada y coordinada de las instancias de salud en nuestro país, a saber: el Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios en esta materia. Su objetivo, de acuerdo a la fracción XI del artículo 6 de la Ley referida, es diseñar y ejecutar políticas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Hoy, debemos hacer valer el mandato de la Ley. Lo que está en riesgo es la salud de millones de mexicanos. En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a que redoble esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste el sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades como la diabetes.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, a que dé a conocer a la opinión pública los avances que ha tenido la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, así como las metas en el corto plazo.

Notas

1 Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, MedlinePlus . Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetes.html (Última consulta: 20 de enero de 2016)

2 “Diabetes, primera causa de muerte, discapacidad y años de vida con baja calidad”, Boletín UNAM-DGCS-033, Ciudad Universitaria, 17 de enero de 2016. Disponible en:
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_033.html (Última consulta: 20 de enero de 2016)

3 Cruz Vargas, Juan Carlos. “Diabetes: la derrota del sector salud”, PROCESO , No. 2045, 10 de enero de 2016, p. 37.

4 “Diabetes, primera causa de muerte, discapacidad y años de vida con baja calidad”, Óp. Cit.

5 “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 6 de enero de 2016. Disponible en:

http://www.oecd.org/newsroom/el-sistema-mexicano-de-salu d-ha-registrado-avances-importantes-durante-la-ultima-ducada-pero-aun-e nfrenta-desafios-considerables.htm (Última consulta: 20 de enero de 2016)

6 “Diabetes, primera causa de muerte, discapacidad y años de vida con baja calidad”, Óp. Cit.

7 “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, Gobierno de la República, México, 2013, p. 55. Disponible en:

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia /Estrategia_con_portada.pdf (Última consulta: 16 de febrero de 2016)

8 Ibídem.

9 “Diabetes: la derrota del sector salud”, Óp. Cit., p. 37.

10 “80 mil millones de pesos, costo de obesidad y sobrepeso”, Nutrición y Salud. Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Disponible en: http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/149-80-mil-millones-de-pesos-costos-de-obesidad-y-sobrepeso.html
(Última consulta: 20 de enero de 2016)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a armonizar su legislación a efecto de prohibir el castigo corporal “derecho a corregir”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general número 8 adoptada en 2006, definió el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Lo anterior, debido a que muchos países aun contemplan en su legislación lo que se conoce como el “derecho a corregir” de los ascendientes hacia sus hijas o hijos, incluso en nuestra cultura existe un refrán popular que reza: “La letra con sangre entra”.

2. Aunque el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) define a la violencia contra las niñas y niños como todo el abuso, maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual y la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce como derecho de los niños el respeto de su dignidad humana e integridad física y del goce de igualdad de la protección ante la ley, aún existen prácticas que consideran como normal o como un derecho el infligir violencia a las y los niños para que sean educados.

• Muestra de lo anterior es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, documentó que hasta 2009 sólo 24 países en el mundo prohibían este tipo de castigos, señalando las siguientes naciones: Suecia (1979), Finlandia (1983), Noruega (1987), Austria (1989), Chipre (1994), Dinamarca (1997), República de Letonia (1998), Croacia (1999), Bulgaria (2000), Israel (2000), Alemania (2000), Islandia (2003), Ucrania (2004), Rumania (2004), Hungri?a (2005), Grecia (2006), Holanda (2007), Portugal (2007), Espan?a (2007), Nueva Zelandia (2007), Uruguay (2007), Venezuela (2007), Costa Rica (2008) y Moldavia (2008).

3. Los resultados de una investigación realizada por la Iniciativa Mundial para el fin de todo castigo corporal a niñas y niños en países donde el castigo corporal no se ha prohibido, indican que existe un alto influjo de esta práctica, destacando los siguientes datos:

• Barbados: 70 por ciento de padres generalmente aprueban el castigo corporal y de estos 76 por ciento los niños fueron golpeados con cinturones o correas.

• Chile: en 1995 un estudio encontró que 80 por ciento de padres de escuelas estatales y 57 por ciento de padres de escuelas privadas admiten usar el castigo corporal.

• Egipto: en 1996 se encontró que un tercio de los niños fue disciplinado mediante golpes y un cuarto de estos niños informó que esta forma de disciplina les trajo como consecuencia lesiones.

• Corea: un estudio por la Asociación de la Protección del Niño encontró que 97 por ciento de niños había sido castigado físicamente, muchos severamente.

• Kuwait: en 1996 un estudio de actitudes en padres encontró que 54 por ciento estuvo de acuerdo con palizas severas a sus hijos en los casos de mala conducta.

En el caso de México no se tienen cifras al respecto, sin embargo persisten legislaciones a nivel local que aun contemplan ese “derecho a corregir” como lo es el caso del Código Civil del Estado Guerrero que en su título quinto denominado De la Patria Potestad y de la Custodia, señala lo siguiente:

“Artículo 589. Las personas que tengan al menor bajo su patria potestad y custodia deberán educarlo convenientemente y tendrán la facultad de corregirlo y castigarlo mesuradamente . Asimismo tendrán la obligación de observar una conducta que les sirva de ejemplo.”

4. Para evitar esta trasgresión a los derechos de las niñas y niños, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado una serie de medidas dirigidas a los estados para erradicar el uso del castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes, a través de acciones legislativas, educativas y de otro carácter que reconozcan como criterios los siguientes:

• Al niño como sujeto de derechos: este criterio exige que los estados aseguren que los niños conocen su derecho a no ser castigados corporalmente, y tengan acceso a los mecanismos adecuados para defenderse. Asimismo, las niñas y los niños deben tener espacios de participación y opinión en las acciones que sean emprendidas para erradicar el castigo corporal.

• Un enfoque diferenciado y específico para proteger de manera efectiva a los niños que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los niños con discapacidad y los niños que se encuentran en centros de detención, entre otros.

• Emprendimientos dirigidos a generar un cambio en la conciencia social respecto a la percepción del niño que conlleve el respeto pleno de sus derechos a partir de políticas públicas socioeducativas.

En particular, por lo que hace a las medidas legislativas dirigidas a proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el castigo corporal, la comisión recomienda la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas menores de 18 años, así como la eliminación de criterios de corrección moderada.

5. Por su parte, en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al denominado derecho a corregir, dicha instancia recomendó lo siguiente:

“32. A la luz de sus observaciones generales número 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y número 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el comité insta al estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El estado parte también debe:

(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el “derecho a corregir” sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños;...”

6. El derecho a corregir como medida de disciplina y que se manifiesta en manotazos, bofetadas, palizas con la mano o con algún objeto tales como zapato, cuchara de madera, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo, es una conducta que se convierte en apología de la violencia y que es contraria al respeto y a la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, provocando graves consecuencias psicológicas y atenta contra su integridad física, y en casos más graves, contra su vida; además de perjudicar su habilidad para aprender, socializar e incluso puede conducir hacia el deseo de la muerte, por tal motivo es fundamental atacar esta problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que armonicen su legislación y se asegure que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido, derogando cualquier resquicio en la ley que contenga el “derecho a corregir”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir la cartera de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal de 2016 clasificados de alto impacto social y económico, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

El 8 de septiembre de 2015 se presentó a esta soberanía el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2016; éste se compone de los Criterios Generales de Política Económica de 2016, la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2016, la Exposición de Motivos 2016 y el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016. Por los cuales, se dieron a conocer los instrumentos de finanzas públicas para alcanzar las metas propuestas para este ejercicio fiscal. En todos estos documentos se hace referencia en varias ocasiones respecto a las inversiones de alto impacto social y económico . En la Ley de Ingresos de la Federación Aprobada para este 2016, en su artículo 1o. párrafo 7, se hace mención de los proyectos de inversión de alto impacto del gobierno federal:

“Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2016, la federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

...

Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del producto interno bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del gobierno federal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.

...”

Asimismo, en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, no se especificó cuáles son las inversiones de alto impacto económico y social. En el tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, los programas y proyectos de inversión no se encuentran clasificados con alguna denominación sobre su impacto económico y/o social.

Ante la incertidumbre sobre la recaudación para este ejercicio fiscal de 2016, a causa de la reducción del precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, y la posibilidad de reducción del gasto público en este ejercicio fiscal, es imperioso conocer la cartera de inversiones físicas consideradas de alto impacto social y económico.

La relación sobre los proyectos de inversión de alto impacto social y económico, debe contener la siguiente información:

I. Clave del proyecto.

II. Nombre del proyecto.

III. Descripción.

IV. Ubicación específica: localidad, municipio y entidad federativa.

V. Tipo de proyecto.

VI. Costo Total

VII. Calendario de inversión y registrado en cartera.

VIII. Fuentes de financiamiento (Recursos Fiscales, crédito, etcétera).

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunda, a la brevedad, la cartera de proyectos de inversión clasificados de alto impacto social y económico para este ejercicio fiscal 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Semar y la SCT a difundir las acciones emprendidas ante el encallamiento del barco sardinero El Cachanilla, en el santuario de la ballena gris, de Mulegé, Baja California Sur, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El santuario de ballenas de El Vizcaíno, es el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris durante el invierno. Este santuario contiene el espacio más importante de reproducción de ballena gris en el mundo, lo que ha permitido salvar a esta especie de la extinción, manteniendo los procesos de evolución milenaria de este ecosistema y por tanto reconocido como bien de patrimonio mundial natural.

En estas áreas las ballenas llevan a cabo la crianza y su apareamiento, siendo éstas las etapas más importantes y delicadas de su ciclo biológico.

Es de destacar que la población de ballena gris migra cada año de las aguas de la península de Baja California hasta el Océano Ártico y regresa a las cálidas aguas de estas lagunas a procrear.

Para contextualizar su importancia debo comentar que la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno se encuentra involucrada en convenios internacionales de la mayor trascendencia como lo es el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO, el Comité Trilateral México, Estados Unidos y Canadá para la Conservación de la Naturaleza, la Comisión Ballenera Internacional, entre otros, y que definen los compromisos de conservación que el Gobierno Mexicano busca atender con mayor responsabilidad.

Por ello para Movimiento Ciudadano es importante levantar la voz del hecho sucedido en aguas de la laguna “Guerrero Negro” donde según fuentes informativas y denuncias públicas de los miembros integrantes del cabildo del gobierno municipal de Mulegé, el pasado 14 de febrero de 2016, en el que el barco sardinero “El Cachanilla” encalló con 40 toneladas de pescado y con sus tanques cargados de diésel en el sitio conocido como “Puerto Viejo”, sin que a la fecha las autoridades se hayan pronunciado sobre posibles afectaciones ni las acciones que emprenderán para la conservación y salvaguardar del ecosistema en comento.

Por lo anterior, considero que es fundamental que el gobierno federal garantice la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a través de una estrategia regional de desarrollo sustentable, así como también la conservación permanente de un patrimonio cultural único y extraordinario, con un valor universal como lo es “El Vizcaíno”.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano Alamán, al secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza a hacer públicas las acciones emprendidas ante el encallamiento sucedido el 14 de febrero de 2016 del barco sardinero El Cachanilla, en Aguas de la laguna de Guerrero Negro, en la biosfera del Vizcaíno mejor conocida como el santuario de ballenas grises en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a que el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano Alamán explique públicamente la estrategia que se implementará para respetar las condiciones generales del ecosistema marino “El Vizcaíno” ante la pesca de sardina en ese lugar de conservación natural de la ballena gris.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia, se caracteriza por relaciones de dominio y sumisión a cualquier nivel, tanto familiar como de pareja.

El Código Civil Federal, define la violencia familiar en los siguientes términos:

Artículo 323 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

En los últimos años ha decrecido la calidad de la salud de las mujeres, debido a múltiples aspectos, entre los que destacan las condiciones sociales inequitativas emanadas de la violencia.

Aunque la violencia se puede presentar indistintamente en hombres y mujeres, son éstas últimas las que resienten con mayor frecuencia esta conducta y, además, desde el ámbito familiar, lo que constituye el núcleo más duro de la desigualdad de género.

43.1 por ciento de las mexicanas han padecido violencia psicoemocional, es decir, han sido amenazadas, menospreciadas y humilladas en el hogar. En segundo término se encuentra la violencia económica, pues 24.5 por ciento ha recibido reclamos, principalmente de su pareja, por la manera en que se erogan los recursos; además, a ellas se les ha prohibido trabajar o estudiar, ser autosuficientes, e incluso las han despojado de su patrimonio o bienes. En cuanto a la violencia física, 14 de cada 100 la han padecido con agresiones que van de los golpes físicos (empujones, puñetazos o patadas), hasta asfixia y ahorcamiento. En tanto la de tipo sexual, la han sufrido el 7.3 por ciento de las mexicanas, principalmente al exigírseles tener intimidad involuntariamente.1

Además, en el conjunto de las mujeres que mantienen un vínculo de cohabitación sin matrimonio, es mayor la proporción de violencia de pareja, particularmente la emocional, que entre aquellas que se encuentran casadas.2

Desafortunadamente la violencia contra las mujeres va más allá de la familia. La expresión más clara y condenable de la violencia extrema contra mujeres y niñas, son los casos de feminicidios, cuyo móvil es por el sexismo y la misoginia, que implica el desprecio y odio hacia ellas.

El rubro laboral no está exento de violencia contra las mujeres, esto a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 10 y 11, define y establece los alcances de la “Violencia Laboral” en los siguientes términos:

Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

En este ámbito, 42 de cada 100 mujeres que se ocupan en fábricas viven esta realidad, al igual que 31 de cada 100 en empresas privadas y 29 de cada 100 en instituciones públicas, lo que a su vez, es contraproducente para las empresas privadas o instituciones públicas, ya que ello se traduce en baja productividad, inestabilidad en el ambiente laboral y pérdida de prestigio social.3 Otro ejemplo es la brecha salarial; “donde a trabajo igual, ellas reciben un salario más bajo”. A esto habría que añadir el acoso y el hostigamiento en el trabajo; que va desde los piropos, hasta los insultos y agresiones al tocar a niñas, jóvenes y adultas,4 sin olvidar las excesivas cargas de trabajo, insultos, humillaciones y discriminación por apariencia física, condición socioeconómica o procedencia étnica.

Desde luego que no hay que demeritar ni dejar de reconocer lo que en nuestro país se ha hecho en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, que van desde medidas legales, hasta la implementación de políticas encaminadas a atender este problema social, un claro ejemplo de ello es la expedición de la referida Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.

La multicitada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 35 primer párrafo, señala que: “La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema (Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Y el artículo 36 de la Ley en comento, establece que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación (quien lo presidirá); La Secretaría de Desarrollo Social; La Secretaría de Seguridad Pública; La Procuraduría General de la República; La Secretaría de Educación Pública; La Secretaría de Cultura; La Secretaría de Salud; La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; El Instituto Nacional de las Mujeres (quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema); El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y por los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Es necesario que este Sistema amplíe las acciones de sensibilización a través de campañas y de capacitación, dirigidas al personal de las dependencias y a la población en general, para disuadir la violencia y las agresiones contra las mujeres y procurar la denuncia de las mismas

Hay que “dejar de ver a la población femenina como un grupo vulnerable y buscar que ellas sean consideradas sujetos de derechos capaces de reconocer y denunciar cualquier forma de maltrato”.5 “Se trata de modificar de raíz, desde sus bases, roles estructurales y culturales de ambos géneros”.6

La paz, como estado contrario de la violencia, donde prevalecen y se privilegian los medios de entendimiento pacíficos, la solución de conflictos a partir del diálogo, la mediación y los acuerdos, debe prevalecer ante todo. En este sentido, educar para la paz significaría corregir el camino. Es necesaria una educación y una cultura para la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres.7

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, amplíe las acciones de sensibilización a través de campañas y de capacitación, dirigidas al personal de las dependencias y a la población en general, para disuadir la violencia y las agresiones contra las mujeres y procurar la denuncia de las mismas.

Segundo. Se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a que dé a conocer a la opinión pública, los resultados de la aplicación del “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, que depende de dicho Sistema.

Notas

1 “Maltrato psicoemocional, la violencia más extendida hacia las mujeres en México”, Boletín UNAM-DGCS-342, Ciudad Universitaria, 14 de junio de 2015. Disponible en:
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_342.html (Última consulta: 22 de enero de 2016)

2 Ibídem.

3 “Para las empresas, la violencia de género laboral representa un alto costo”, Boletín UNAM-DGCS-685, Ciudad Universitaria, 29 de noviembre de 2015. Disponible en:
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_685.html (Última consulta: 22 de enero de 2016)

4 “Feminicidio, hostigamiento y brecha salarial entre mujeres y hombres, signos de la inequidad de género”, Boletín UNAM-DGCS-133, Ciudad Universitaria, 7 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_133.html (Última consulta: 22 de enero de 2016)

5 “La violencia contra las mujeres, uno de los núcleos más duros de la desigualdad de género”, Boletín UNAM-DGCS-675, Ciudad Universitaria, 24 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_675.html (Última consulta: 22 de enero de 2016)

6 “Feminicidio, hostigamiento y brecha salarial entre mujeres y hombres, signos de la inequidad de género”, Óp. Cit.

7 Romero, Laura. “Violencia, problema de toda la sociedad”, Gaceta UNAM, 29 de enero de 2015. Disponible en:
http://www.pve.unam.mx/informacion/pve/notas/violenciapr oblema1505.pdf (Última consulta: 22 de enero de 2016)

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a designar al titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados y diputadas federales integrantes de Grupo Parlamentario del PRD de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con lo siguiente:

Consideraciones

El 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea “la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.” Dicho acuerdo representa un primer paso para las víctimas migrantes y sus familias en el acceso a la justicia desde su país de origen.

Al día de hoy dicha Unidad no cuenta con un titular por lo que es fundamental que quien ocupe ese cargo sea una persona con un perfil adecuado para que de forma efectiva cumpla con lo encomendado.

De conformidad con el acuerdo publicado el Titular tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, y deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con título de licenciatura en derecho;

IV. Contar con experiencia acreditada en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad, en especial en derecho internacional de los derechos humanos, atención a víctimas y derechos de las personas migrantes;

V. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado, mediante sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso, ni haber figurado como responsable de violaciones de derechos humanos en resoluciones con efectos de sentencia de organismos de protección de los derechos humanos, y

VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público.

Así mismo tendrá las siguientes facultades, además de las previstas en los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Procuraduría General de la Republica:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, fracciones I, IV, V, VII y IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en materia de delitos de competencia federal cometidos por o en contra de las personas a que se refieren los artículos primero y tercero de este Acuerdo;

II. Garantizar, en el ámbito de procuración de justicia de su competencia, el respeto a los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados

internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones jurídicas aplicables, a las personas a que se refiere el artículo primero de este Acuerdo;

III. Distinguir, previa investigación, si se está ante un probable responsable o si se trata de una posible víctima de trata de personas o un sujeto solicitante de la condición de refugiado o asilado. Para el desarrollo de esta facultad se sujetará a lo dispuesto en el protocolo que para tal efecto se emita y en el caso de personas refugiadas deberá velar por el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, en particular la Convención sobre el Estatuto del Refugiado;

IV. Remitir a los órganos especializados del sistema integral de justicia especializado para adolescentes previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de delitos cometidos por y en contra de personas migrantes, cuando el posible sujeto activo sea un adolescente;

V. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del fuero común cometidos en contra de o por personas migrantes cuando estos tengan conexidad con delitos federales;

VI. Concentrar las investigaciones iniciadas en la materia a efecto de realizar una investigación integral de los hechos;

VII. Llevar a cabo las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como de protección a víctimas del delito materia de su competencia y aplicar los protocolos en la materia;

VIII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente en forma inmediata la información relativa a la desaparición, secuestro, o cualquier forma de privación ilegal de libertad de una persona migrante que constituya un delito cuya investigación sea competencia del fuero común, y cuando aquélla lo solicite, cooperará en las investigaciones, en términos de las disposiciones aplicables y los acuerdos respectivos;

IX. Requerir el apoyo y establecer estrategias de coordinación con las policías, para realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas;

X. Requerir y coordinarse con las instancias pertinentes, para que se realicen las actuaciones necesarias para la búsqueda y localización de personas migrantes privadas de la libertad, desaparecidas o cuyo paradero se desconozca; los desplazamientos y búsquedas en terreno que sean necesarias para el éxito de la localización, así como se lleven a cabo acciones estratégicas de difusión, generales y específicas, con fines de localización como lo son el establecer comisiones de búsqueda, auxiliarse de los medios masivos de comunicación y realizar todas las acciones necesarias para dar a conocer los datos y descripción de la persona buscada, a fin de lograr el paradero de la misma. Las estrategias de difusión específicas que se soliciten requerirán el consentimiento informado y expreso de los familiares de la persona migrante desaparecida;

XI. Proponer la celebración de acuerdos de colaboración o convenios, para que conforme a la legislación aplicable el Ministerio Público de la Federación tenga libre e inmediato acceso a todo centro o lugar de detención, y los familiares de migrantes desaparecidos puedan tener acceso a los mismos de conformidad con los lineamientos que se expidan;

XII. Autorizar las determinaciones de incompetencia, acumulación y separación de las investigaciones y, previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar de la Procuradora, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal, de conformidad con las disposiciones procesales penales aplicables;

XIII. Autorizar la solicitud del desistimiento de la acción penal; de la cancelación de la orden de aprehensión; el sobreseimiento; la suspensión del proceso; la formulación de conclusiones no acusatorias; las medidas cautelares; la solicitud de intervención de comunicaciones privadas; autorizar la realización de entregas vigiladas y operaciones encubiertas; requerir la localización geográfica en tiempo real, o bien la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos informáticos; y demás de conformidad con la legislación procesal penal aplicable;

XIV. Solicitar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que evalúe el caso particular para el reconocimiento de la calidad de solicitante de la condición de refugiado, calidad de condición de refugiado o calidad para que sea beneficiario de protección complementaria, cuando la persona migrante sea víctima de delitos graves o cuando la devolución de ésta a su país de origen o al lugar en donde residía, amenace contra su vida, integridad personal, seguridad o libertad;

XV. Resolver en definitiva las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen a las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley disponga respecto de la omisión de formular conclusiones en el plazo legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal, o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia; de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión en los términos previstos por la legislación procesal penal aplicable;

XVI. Formular los requerimientos de información y de documentos relativos al sistema financiero o de naturaleza fiscal, en coordinación con la unidad administrativa competente de la Institución, conforme a las disposiciones procesales penales aplicables;

XVII. Requerir la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones; entre la que destaca la contenida en registros y bases de datos, así como la correspondiente a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial;

XVIII. Realizar, en coordinación con la unidad administrativa competente, el análisis criminal y de reconstrucción y recreación de contextos, de los casos bajo su competencia, con el objeto de generar información relevante para la investigación e imputación;

XIX. Coadyuvar en la atención y seguimiento de las solicitudes de información materia de su competencia;

XX. Solicitar, en coordinación con la unidad administrativa responsable, a las autoridades competentes cuando así corresponda la autorización para realizar exhumaciones en cementerios, fosas clandestinas u otros sitios en los que se localicen o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos o restos de víctimas migrantes; garantizar el respeto de los derechos de los familiares de la persona migrante desaparecida y velar por la preservación de los elementos probatorios indispensables para llegar a la identificación de la persona, el esclarecimiento del hecho y la posterior individualización de los responsables, de ser el caso;

XXI. Coordinarse con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución a efecto de hacer efectivas y eficientes sus labores de investigación y búsqueda de personas migrantes;

XXII. Atender e informar, en coordinación con la unidad administrativa competente, a los familiares de migrantes que hayan sido víctimas de delitos, de las líneas de investigación orientadas a la localización de estos e incorporarlos en los procesos destinados a la búsqueda y localización de sus familiares, permitiendo su efectiva participación dentro de los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XXIII. Coordinarse con las autoridades competentes para la búsqueda de ciudadanos mexicanos migrantes desaparecidos en el extranjero, de acuerdo con sus investigaciones;

XXIV. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar los delitos relacionados con personas migrantes, y requerir la colaboración de aquellos que se encuentran adscritos a las delegaciones o equivalentes de la Procuraduría, debiendo en su caso atraer las investigaciones iniciadas por estos cuando así se requiera;

XXV. Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de los convenios de colaboración celebrados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de colaborar con las autoridades federales y locales en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas;

XXVI. Solicitar, con base en el programa de trabajo correspondiente, a las autoridades competentes, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, se activen los mecanismos de cooperación y asistencia con las autoridades de otros países que realicen investigaciones relacionadas con el género de delitos a que se refiere este Acuerdo;

XXVII. Notificar, en los términos previstos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, a la autoridad consular del país que corresponda, cuando se inicie una investigación donde se encuentre implicada una persona migrante extranjera y cumplir con las obligaciones que establecen las disposiciones aplicables en la materia, garantizando en todo momento la protección de sus derechos humanos;

XXVIII. Solicitar el apoyo de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, cuando la gestión requiera de la formulación de una asistencia jurídica internacional, así como cuando se necesite que los agregados, en su carácter de auxiliares del Ministerio Público de la Federación, realicen las acciones que les sean requeridas para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, e informen a la Unidad sobre su cumplimiento;

XXIX. Establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución, mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales; así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas y con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, todo ello en el ejercicio de sus funciones;

XXX. Solicitar la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal, para que a través de la Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la Coordinación General de Servicios Periciales le brinde apoyo oportuno;

XXXI. Generar mecanismos de acercamiento a aquellos lugares de mayor concentración o tránsito de personas migrantes, con el fin de brindarles apoyo, asistencia y ayuda, en el ámbito de su competencia;

XXXII. Informar a las personas migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Migración y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, inciso a), de dicha ley, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente;

XXXIII. Expedir las constancias correspondientes cuando en la investigación obren documentos de identificación de personas migrantes, detallando la naturaleza de los mismos y su vigencia, para los efectos legales conducentes;

XXXIV. Reconocer la calidad de víctima en una investigación o proceso penal, lo cual podrá surtir los efectos de lo previsto en el artículo 101, fracción III, de la Ley General de Víctimas;

XXXV. Consultar el registro administrativo de la detención, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer las acciones de búsqueda de personas migrantes desaparecidas;

XXXVI. Remitir al registro administrativo de la detención, por conducto de la unidad administrativa competente, los datos de las personas migrantes detenidas con motivo de un delito de los que se refiere el presente Acuerdo, identificando su nacionalidad o su calidad de extranjero y, en su caso, edad, sexo, domicilio, zona o país de origen y fotografía;

XXXVII. Promover la celebración de acuerdos y convenios de colaboración para la transferencia de información que detenten respecto de personas migrantes que se encuentren en centros hospitalarios, psiquiátricos y demás instituciones públicas;

XXXVIII. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con las personas migrantes;

XXXIX. Presentar al titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, el proyecto de lineamientos de operación del Mecanismo de Apoyo Exterior, para su expedición, previa consulta con la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías;

XL. Proponer a la titular de la Procuraduría General de la República los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, en el ámbito de su competencia, y

XLI. Las demás facultades que le otorgue la Procuradora General de la República.

Esta unidad se crea por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar con una instancia especializada de competencia federal, que diera atención y se encargara de la investigación y persecución de los delitos y violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes.

Es fundamental atender y defender los derechos de los migrantes resguardando, respetando y garantizando oportunamente el acceso a la justicia, y la protección a sus derechos humanos en la investigación, en el proceso penal y en la reparación integral del daño, al igual que en adopción de las medidas de atención, apoyo y asistencia que correspondan conforme a los estándares nacionales e internacionales, respetando en todo caso el principio pro persona; de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité contra la Desaparición Forzada y de procedimientos especiales de Naciones Unidas, en disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y en el ordenamiento jurídico mexicano;

La unidad debe brindar a las personas migrantes acceso a la justicia de forma gratuita, imparcial, pronta y expedita, a la comunicación y asistencia consular. Por ello, para cumplir con su objetivo es fundamental vigilar que se garantice un real acceso a la justicia por lo que resulta necesario y urgente contar con un titular que lleve a cabo sus funciones de manera adecuada, oportuna, independiente e imparcial.

Esta unidad es competente para facilitar el acceso a la justicia de las personas migrantes y sus familiares para que sepan a dónde acudir para ser atendidos y colaborar en la búsqueda de migrantes desaparecidos y en la identificación de cadáveres y restos no identificados que pudiesen ser de migrantes y generar estadísticas confiables, además de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas.

Asimismo es competente para conocer los casos respecto del refugiado o solicitante de la condición de refugiado conforme a lo establecido en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, también personas solicitantes de asilo y a las personas apátridas y beneficiarias de protección complementaria, así como a los mexicanos deportados de otros países, que permanezcan en zonas fronterizas o distintas a su lugar de origen o residencia, siempre que se encuentren en situación de calle y condiciones de vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica (PGR) para que a la brevedad posible designe al o a la titular de la Unidad de Investigación de delitos para personas migrantes y el mecanismo de apoyo exterior Mexicano de búsqueda e investigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo publicado el día 18 de diciembre de 2015 por el que se crea “la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.” .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez, Olga Catalán Padilla, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Ana Leticia Carrera Hernández, Armando Soto Espino, Eva Florinda Cruz Molina, Victoriano Wences Real, Araceli Saucedo Reyes, Cecilia Guadalupe Soto González, Julio Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano, Antonino Morales Toledo, Carlos Hernández Mirón, Arturo Santana Alfaro, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Francisco Xavier Nava Palacios, Sergio López Sánchez, Natalia Karina Barón Ortiz, Karen Hurtado Arana, Érik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez, María Cristina Teresa García Bravo, Alberto Martínez Urincho, Evelyn Parra Álvarez, Elio Bocanegra Ruiz, Óscar Ferrer Ábalos, Juan Fernando Rubio Quiroz, David Gerson García Calderón, Héctor Peralta Grappin, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Fernando Galván Martínez, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar por la SHCP planes y programas de austeridad, y abstenerse de despedir a trabajadores al servicio del Estado, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente

Antecedentes y Consideraciones

Resulta absurdo que el gobierno federal a través del secretario de Hacienda señale que debe haber un ajuste al gasto público para el año 2017, dada la creciente inestabilidad económica que se vive en el país, cuando el mismo se debe de realizar de manera inmediata.

Lo anterior ha acarreado el despido en una primera etapa de alrededor de quince mil ochocientos veinticinco servidores públicos de la administración pública federal, como parte del recorte del gasto corriente, lo que conlleva a tener que desembolsar dos mil ciento treinta y cinco punto dos millones de pesos en el presente año, tal y como fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en el PEF 2016, con el argumento de que se permitiría un ahorro de siete mil millones de pesos. Por otro lado, Pemex a través de su exdirector 19 de enero de este año, solicitó la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente

Lo anterior, viene a violar el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos que en su parte conducente dice: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley, además que atentan contra dignidad humana. Claro ejemplo de que las políticas públicas adoptadas han fallado.

No es justo, que los empleados paguen las consecuencias de malos manejos de las administraciones del país.

Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público explicó que debe haber un ajuste en el gasto público; en primer lugar en Petróleos Mexicanos, algo que recordó ya se había anunciado hace unas semanas y que espera que se dé a conocer en los próximos días.

Vemos que más allá de que hay ahorros acosta del despido de trabajadores y como consecuencia de ello que no se genera empleo en el país y el poco que se genera es con salarios ínfimos que no alcanzan a la ciudadanía para cubrir sus gastos elementales, por tanto vemos con gran descredito que el gobierno federal es frívolo e inhumano ya que prefiere dejar a la gente sin trabajo a dejar de viajar con estilo a costa de los impuestos de la población.

Derivado de las compras superfluas y frívolas como el nuevo avión presidencial Boeing 78-8 Dreamliner, del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico calculo que el Costo total del avión sería 8 mil 070 millones 56 mil 335 pesos, cifra que incluye el costo del avión de 637.1 millones de pesos, su equipamiento de 560.7 millones de pesos, un gasto total de operación y mantenimiento de 1 mil 300 millones 59 mil 447 pesos y pagos anuales de arrendamiento que van desde 4.6 millones de pesos, hasta 451.4 millones de pesos.1

Por tanto, se debe puntualizar que el costo del avión presidencial equivale por sí solo a poder mantener las plazas de los quince mil ochocientos veinticinco servidores públicos que según el plan de austeridad serán despedidos tan solo en el año 2016.

Resulta por demás absurda la frivolidad con la que se conduce el ejecutivo federal y los integrantes de su gabinete, ya que como se dijo en un principio no tienen empacho, ni se abstienen de viajar en primera clase, ya que la Procuradora Arely Gómez tiene a su disposición un jet de lujo Bombardier Challenger 605 modelo 2010, valuado en 19.5 millones de dólares, que actualmente es pagado mediante un arrendamiento financiero contratado por Banobras ¿Cuánto habrá aumentado su valor con la devaluación del peso frente al dólar? y por su parte Sedena adquirió en 2014 para el General Salvador Cienfuegos y el Alto Mando, con la diferencia de que el de la PGR fue comprado usando a la empresa Aviation Enterprises, de Delaware, el proyecto de inversión para el Bombardier tiene el número 38347 en la cartera de Hacienda y contempla 307 millones de pesos en pagos anuales entre 2013 y 2018, otra aeronave es un Beechcraft King Air 350i modelo 2013, que vale 6.5 millones de dólares y también puede llevar a 13 pasajeros, aunque éste no realizará vuelos fuera de México. En tanto, la flota de helicópteros fue reforzada con un Eurocopter EC-145, 2013, valuado en 7.6 millones de dólares, el otro avión de lujo que la PGR usará para viajes al extranjero es un Cessna Citation V 560 Encore modelo 2005, de 8.1 millones de dólares, no obstante que no le costó un peso: pues es en el que fue detenida Elba Esther Gordillo tras aterrizar en Toluca, pero su mantenimiento es acosta de los impuestos de las y los mexicanos.2

Cabe señalar que para la compra del avión presidencial uno de los argumentos utilizados fue que el avión con que se contaba era "inseguro" y "obsoleto" para un Jefe del Ejecutivo Federal, sin embargo el día 8 de febrero del presente año el titular del Ejecutivo Federal utilizó el ahora avión TP02, lo que quiere decir que los integrantes del gabinete presidencial viajarán en el ex avión presidencial con los lujos que el mismo presto a cinco presidentes en 28 años de servicio, ¿dónde quedo lo obsoleto?

México se encuentra en una etapa económica que efectivamente requiere ajustes económicos, pero no acosta de dejar a los trabajadores sin empleo, para que los servidores públicos de alto rango como los Secretarios de Estado viajen con lujos innecesarios, no queremos servidores públicos Business Class mientras los ciudadanos se quedan sin trabajo, bajo el argumento de que es para ahorrar.

Es momento de que el Ejecutivo federal implemente verdaderamente políticas de austeridad al interior de su gabinete, ya que “el buen juez por su casa empieza”, debiendo ser coherente entre su dicho y los hechos, ya que ha incurrido en excesos que laceran a la ciudadanía que pierde sus trabajos en razón de la compra, arrendamiento y uso de aviones que son innecesarios para el desempeño de las funciones de él y de los integrantes de su gabinete, si bien es cierto, no serán mejores servidores públicos, ni más eficientes sí viajan en un avión privado o en un avión comercial, lo cierto es que deben ser austeros en su actuar, ya que eso redunda en que muchos mexicanos conserven sus lugares de trabajo.

No debemos olvidar que el uso de aviones o helicópteros para viajar de manera personal o con familiares tiene su antecedente más próximo en el caso de David Korenfeld Federman, ex titular de la Comisión Nacional del Agua, quien viajo con su familia en un helicóptero de Conagua para trasladarse del fraccionamiento Bosque Real al aeropuerto de la Ciudad de México, traslado que se pretendía pagar con los impuestos de las y los mexicanos, ya que de no haberse hecho público nosotros con nuestros impuestos lo hubiéramos pagado, hay que evitar esa práctica, es momento de evitar que esos hechos se repitan.

Por tanto, es de exhortarse al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público a que apliquen planes y programas de austeridad evitando la dilapidación del patrimonio de los mexicanos en gastos superfluos como la renta, compra y uso de aviones privados para el uso personal y de los integrantes de su gabinete promoviendo el uso de líneas comerciales para el traslado de los secretarios de estado, así como se abstengan de despedir a trabajadores al servicio del estado.

“No al despido de trabajadores del estado, como medida de austeridad en la administración pública”.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público a que apliquen planes y programas de austeridad evitando la dilapidación del patrimonio de los mexicanos en gastos superfluos como la renta, compra y uso de aviones privados para el uso personal y de los integrantes de su gabinete promoviendo el uso de líneas comerciales para el traslado de los Secretarios de Estado, así como se abstengan de despedir a Trabajadores al Servicio del Estado y den cabal cumplimiento al Párrafo Primero del artículo 123 Constitucional generando empleos de calidad.

Notas

1 http://www.milenio.com/politica/
nuevo_avion_presidencial-avion_presidencial-avion_Pena_Nieto-Pena_Boeing_787_0_647935463.html

2 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=762170&v=7

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento de los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano sigue teniendo una deuda histórica con los exbraceros que hace más de siete décadas migraron hacia los Estados Unidos de América buscando no sólo mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, sino también contribuir a la economía nacional en el contexto de una coyuntura mundial marcada por el conflicto bélico y la incertidumbre.

El 4 agosto de 1942 los gobiernos de México y los Estados Unidos firmaron un convenio binacional para permitir la contratación de trabajadores mexicanos en el país vecino del norte, dando lugar al denominado Programa Bracero, en el marco de la colaboración suscitada entre ambas naciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Cabe señalar que inicialmente, el acuerdo bilateral únicamente contemplaba la contratación de trabajadores agrícolas, no obstante, el 29 de abril de 1943, se celebró un nuevo acuerdo que dio paso a la contratación de trabajadores no agrícolas, con el objeto de adquirir mano de obra para la construcción y mantenimiento de la red ferroviaria estadounidense.

Se estima que entre 1942 y 1967, se incorporaron en el Programa Bracero cerca de cinco millones de mexicanos que dejaron sus hogares y sus lugares de origen en búsqueda de un ingreso para sus familias, sacrificando comodidades, poniendo a prueba sus capacidades en el extranjero y poniendo en alto el nombre de México.

Como parte de los acuerdos suscritos entre los gobiernos mexicano y estadounidense, se creó un fondo de ahorro financiado con un descuento de 10 por ciento del salario de los braceros, el cual supuestamente sería entregado al momento de su regreso a México.

Se tiene la certeza que de conformidad con los acuerdos internacionales, el gobierno de los Estados Unidos entregó las cantidades descontadas a los braceros a dos instituciones financieras mexicanas del gobierno mexicano: al Banco Nacional de Crédito Agrícola, para el caso de los trabajadores agrícolas y al Banco del Ahorro Nacional, para el caso de los trabajadores no agrícolas.

Sin embargo, estos recursos y sus respectivos rendimientos nunca fueron entregados a los braceros, por razones que van desde el propio desconocimiento de los trabajadores sobre los descuentos que se les aplicaban, hasta la falta de documentación probatoria; lo que ha dado lugar a un episodio lamentable que sigue sin resolverse hasta la fecha.

Desde el año 2000, diversas organizaciones de trabajadores exbraceros han exigido al gobierno de la República el pago de los recursos correspondientes a su fondo de ahorro, que por derecho les pertenece.

El Poder Legislativo siempre ha sido sensible a las demandas de los afectados, quienes hoy en día son personas de la tercera edad de escasos recursos o, en el peor de los casos, familiares de exbraceros que ya fallecieron sin recibir una respuesta del Estado mexicano.

El 18 de marzo de 2004, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, instancia que fungió como mediadora entre las organizaciones de trabajadores y el gobierno federal, así como órgano legislativo de análisis de las iniciativas presentadas, tanto por los congresos de diversas entidades, como por los propios legisladores para atender esta problemática.

En abril de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de mayo del mismo año.

De acuerdo con este decreto, el fideicomiso tenía la finalidad de otorgar un apoyo social a los extrabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo.

El 7 de diciembre de 2015, la Secretaría de Gobernación publicó en el DOF la relación de apoyos programados del fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos (Fideicomiso 10230).

La lista publicada comprende 7 mil 33 beneficiarios a los que les corresponde un pago de 38 mil pesos, sin embargo, según estimaciones realizadas por la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXII Legislatura, son más de 40 mil braceros a quienes se les siguen debiendo sus fondos de ahorro.

Bajo este tenor, vale la pena apuntar que el 27 de marzo de 2014, el Tercer Tribunal del Primer Circuito Colegiado concedió un amparo a los braceros, mediante el cual se ordena al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a pagar el apoyo social señalado en el artículo 1o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Ante toda esta problemática, es indispensable contar con un órgano especializado que supervise el funcionamiento del fideicomiso, atienda las demandas de los trabajadores y sus familias y coadyuve en el cumplimiento de esta obligación del Estado mexicano.

No se trata ya de buscar culpables sino de encontrar soluciones a un problema que demanda con urgencia asumir responsabilidades.

Saldar la deuda que tenemos con los exbraceros mexicanos es un acto de justicia que no debe ser pospuesto, mucho menos en un país comprometido con los derechos humanos y el estado de derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.

Segundo. La Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros tendrá por objeto supervisar el correcto funcionamiento del Fideicomiso que Administra los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros durante el periodo de 1942 a 1964, para lo cual podrá solicitar información a las dependencias públicas competentes y fungirá como mediadora permanente entre las organizaciones de extrabajadores y el gobierno federal; todo ello para finiquitar a la brevedad el pago que por ley les corresponde a los exbraceros o sus familias.

Tercero. Para la integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara de Diputados, de tal suerte que se refleje la proporción de cada grupo parlamentario en el pleno.

Cuarto. La comisión especial deberá rendir cada año ante el pleno un informe en el que se den a conocer sus actividades y resultados obtenidos.

Quinto. La comisión especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a difundir los contratos suscritos con Autotraffic e Intertraffic, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. La corrupción es un problema de carácter sistémico que permea a casi la totalidad del cuerpo político en México, dice un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones”, dice el documento México: Anatomía de la Corrupción, presentado por la investigadora María Amparo Casar. La autora nos recuerda datos de un estudio de 2013, donde Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en el que se indica que tras una consulta a 114,000 personas en 107 países, un 91% ve corrupción en los partidos políticos en México, 90% en la policía mexicana, y 87% en los funcionarios públicos.

Así mismo, México aparece como uno de los países más corruptos entre los 34 miembros de la Organización Económica para la Cooperación Económica (OCDE), y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional. En el Índice de percepciones sobre corrupción 2015 México obtiene un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio.

En materia de corrupción México se encuentra por debajo de países como Mali, Surinam, Perú, China y Brasil, de acuerdo con el conteo de transparencia internacional y mantiene el mismo puntaje respecto de 2014.

La organización recomendó en un comunicado prestar atención especial a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas , incorporar indicadores que midan el desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, así como planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.

En 2013 en un estudio hecho por el INEGI, San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades más corruptas del país. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que se abordó en la ENCIG es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos.

De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró un 50.6%, seguido del de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8%.

Por primera vez en el país, una encuesta que aborda el tema de la corrupción en el sector público proporciona la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción. En este sentido, la ENCIG estima que la prevalencia de corrupción fue del 12.1%; mientras que la incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes fue de 24,724, cifra que expresa el total de experiencias de corrupción registradas en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos durante 2013.

A partir de la ENCIG se estima que a nivel nacional, la tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes es de 24,724.

Según datos de Transparencia Mexicana , en un estudio publicado en 2010, a nivel nacional se identificaron 200 millones de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. En este sentido un acto de corrupción le costó a cada familia $165.00, mientras que para acceder algún servicio público se destinaron 35 millones de pesos en la Ciudad de México.

Por lo que respecta a la corrupción en la Ciudad de México, un primer antecedente lo encontramos en una encuesta en 2012 aplicada a 1733 encuestados y publicada por el periódico El Economista , donde se señala que en el DF, el 68% ha sido víctima de algún acto de corrupción, por parte de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal. El sondeo señala además que el 47.4% de los encuestados ha sufrido más de un acto de corrupción, mientras que el 20.9% lo ha padecido una vez.

Sólo el 31.7% afirmó que no ha sido objeto de corrupción en la capital del país. Los actos de corrupción se dan principalmente en las dependencias de gobierno, oficinas de tránsito o en las ventanillas donde se realiza algún trámite.

En Diciembre de 2014, el periódico El Universal dio a conocer una encuesta donde reflejaba que la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en el Distrito Federal, crecía de manera preocupante con el 66% de percepción, cifra que se había mantenido hasta 2012 en 25%. Solo el 19% de los encuestados opinaba que este fenómeno había disminuido. Además se señalaba que las oficinas donde se presentaba más actos de corrupción fueron en Delegaciones, Setravi, Ministerio Público, CFE, Tesorerías y corralones.1

Por otro lado el 49% de los encuestados declaró que habían sido víctimas y declararon que tuvieron que dar algo a cambio para conseguir su gestión correspondiente, mientras que el 47% consideraba lo contrario. En esa misma encuesta se destaca que en 71% de los encuestados desconocía donde reportar estos actos, mientras que el 85% no había reportado corrupción alguna. Quizá el dato más importante es que el 74% consideraron que el haber denunciado no sirvió de nada.

En el 2015, la Contraloría General del Distrito Federal anunció un segundo bloque de sanciones administrativas contra 161 servidores públicos, que van desde amonestaciones, suspensiones y destituciones hasta inhabilitaciones. En un comunicado oficial, precisó que 51 sanciones son para funcionarios de dependencias y órganos desconcentrados, 73 adscritos a diversas delegaciones políticas y 37 de órganos descentralizados de la administración pública del Distrito Federal.

De las 51 de dependencias y órganos desconcentrados del gobierno central, el mayor número son funcionarios adscritos a la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con 11; la de Obras y Servicios, con nueve, y la Consejería Jurídica y Servicios Legales, con siete.

En tanto, de las secretarías de Finanzas, de Gobierno y de Medio Ambiente hay cinco funcionarios sancionados, respectivamente; de la de Seguridad Pública, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Jefatura de gobierno, dos cada uno. Además, las secretarías de Protección Civil y del Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Contraloría General, un funcionario cada una.

De las 73 sanciones al personal de delegaciones, 13 son de Xochimilco, 11 de Tlalpan, nueve de Gustavo A. Madero, ocho de Cuauhtémoc, siete de Cuajimalpa e Iztapalapa, cada uno; cuatro de Azcapotzalco y Venustiano Carranza, respectivamente. Además, tres funcionarios sancionados son de las delegaciones Álvaro Obregón y Tláhuac, cada una; dos de Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, respectivamente.

Respecto a los 37 funcionarios de entidades, la Corporación Mexicana de Impresión registra nueve, el Instituto de las Mujeres seis; el Instituto del Deporte y Servicios de Salud Pública cuatro cada uno; la Procuraduría Social y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tres cada uno.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dos, y la Autoridad del Espacio Público, el Fondo Mixto de Promoción Turística, los institutos de Educación Media Superior y de la Juventud, el Metrobús y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, uno respectivamente. Asimismo, fueron destituidos 16 servidores públicos por diversas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus atribuciones y funciones, en 14 de estos casos se aplicó la inhabilitación.

La dependencia capitalina informó que las sanciones económicas impuestas suman un total de 81 millones de pesos. La Contraloría local recordó que en cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales existe un impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que vulneren la protección de datos personales.

En ese mismo año La Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) ejecutó un primer bloque de sanciones administrativas a servidores públicos que van desde amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, así como multas por 70 millones de pesos. En cumplimiento a las disposiciones constitucionales, generales y locales, “existe un impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que vulneren la protección de datos personales y con ello la dignidad de los ciudadanos”, informó el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

En 1997, cuando el Distrito Federal adquirió un estatus que lo dotó de una relativa autonomía y los ciudadanos pudieron elegir libremente a sus representantes locales; el diseño institucional del otrora Departamento del Distrito Federal se sometería a constantes cambios en aras de terminar con las viejas prácticas jurídico-administrativas que hacían de este territorio, un botín de negocios para inmobiliarias y empresas interesadas en convertirse en proveedores del gobierno capitalino.

Conforme al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, se encarga de llevar a cabo las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas de las adquisiciones consolidadas de la Administración Pública del Distrito Federal. Conforme a las disposiciones jurídico administrativas; autorizar las adquisiciones de los bienes y servicios restringidos que requieran las dependencias, entidades y órganos desconcentrados. 2

En los últimos meses, los habitantes de la capital, han sufrido las consecuencias de un Reglamento de Tránsito que impone multas arbitrariamente con un afán claramente recaudatorio. El descontento ciudadano obedece a que la medida tomada por el titular del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se dio en un contexto de opacidad y acuerdos a espaldas de la ciudadanía. Algunos analistas y medios de comunicación, han documentado que los contratos con la empresa Autotraffic se han ocultado debido a las cuotas que la empresa contratista negoció con el GDF.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de esta capital se ha reservado por seis años nueve meses la información relacionada con la firma del contrato con la empresa Autotraffic, responsable de la aplicación de las fotomultas, con el argumento de que de revelarse las especificaciones técnicas relativas al funcionamiento operativo del sistema integral, éste podría ser vulnerado, intervenido, manipulado y susceptible de ataques o alteración en su correcto funcionamiento a través de hackeo.

Para Morena es vital hacer del conocimiento público las condiciones en las que se sustentaron dichos contratos, hacer valer el principio de transparencia en el uso de los recursos públicos.

En este sentido la administración pública del Distrito Federal ha dejado de garantizar el bienestar para los capitalinos y la visión de negocio con cargo al erario público se ha convertido en el hilo conductor de esta administración. En el esfuerzo ciudadano cotidiano por transparentar el origen y el destino de los recursos públicos, el Gobierno del Distrito Federal hace caso omiso de las peticiones para llevar a cabo las acciones de gobierno que generen los mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas para satisfacer las demandas de la sociedad.

En este contexto es preciso afirmar que la correlación de fuerzas políticas en la ciudad es otra, los ciudadanos exigen un nuevo modelo de desarrollo para los capitalinos, más equitativo y sin menoscabar sus derechos fundamentales. Los nuevos esquemas de negocios que se pretenden impulsar en la ciudad tienen que ser aprobados por los capitalinos y tienen que beneficiar a estos, no a un núcleo de empresarios y representantes que buscan lucrar con los intereses de los capitalinos.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, haga públicos los contratos realizados con la empresa de Autotráffic e Intertráfic apegándose a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Notas

1 Obtenido de: archivo.elniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/crece-la-corrup cion-en-el-df-128341.html.

2 Numeral XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal

Dado en el Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a emitir la alerta de violencia de género, retomar el proyecto del banco estatal de datos de violencia contra las mujeres y establecer protocolos para salvaguardar la vida e integridad de éstas en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante de Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

El incremento de la violencia en el estado de Zacatecas ha tomado rumbos exorbitantes, colocando a la entidad como el séptimo lugar nacional en violencia de género.

El estado de Zacatecas ha dejado de ser una entidad tranquila, la desaparición de personas, el secuestro, los homicidios, han encendido las alarmas de la sociedad y, ante ello, las contradicciones en las declaraciones de los diferentes órganos de gobierno y las dependencias de seguridad, no han encontrado un punto de acuerdo, pues mientras que las versiones oficialistas hablan de paz y tranquilidad, la sociedad y los hechos dicen otra cosa.

En cuatro años se han asesinado en Zacatecas a cien mujeres y, sólo se ha procesado un caso por feminicidio de los cien asesinatos de mujeres, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, y de una investigación que se realizó en el Senado de la República, cuando se buscaba generar un banco de datos estatal al respecto de violencia de género.1

La directora del Centro de Justicia de la entidad, Mara Muñoz, manifestó que en la actualidad se tienen 38 casos de investigación por feminicidio, sin embargo, a diario siguen apareciendo mujeres asesinadas en Zacatecas en cada uno de sus 58 municipios, cada semana asesinan a una mujer de manera violenta y cada 5 días desaparece una mujer entre los 14 y los 40 años de edad.

Nadie sabe con exactitud cuántas mujeres en Zacatecas se encuentran desaparecidas, los familiares temen hacer las denuncias ante las autoridades competentes. Las cifras no cuadran y la serenidad y pasividad del gobierno se pone de manifiesto en cada cuestionamiento, en cada declaración oficial. El número de mujeres desaparecidas se desconoce, pero en promedio desaparecen 150 mujeres al año en la entidad, según cifras extraoficiales.

Entre 2011 y 2013, en Zacatecas, 58 por ciento de las mujeres admitió ser víctima de violencia según una encuesta realizada por el Inegi. Colocando a la entidad dentro de los 7 estados más peligrosos de México para ser mujer.

El documento del Senado donde urge a la creación del Banco Nacional de Datos, se recuerda que la legislación Federal y local ordenan la creación también de un banco estatal de datos, así como el Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Zacatecas, en su artículo 15 establece que dicho banco estatal “se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, investigaciones y estudios en la materia”.

La indagación del Senado asegura que el Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del estado declara que en Zacatecas “no se respeta con estricto apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Y que a pesar de que la ley no permite procedimientos conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es común este tipo de prácticas.

Zacatecas, atraviesa por una crisis de inseguridad y violencia contra las mujeres, es necesario aplicar medidas cautelares, resarcitorias y de atención prioritaria ante este cruel fenómeno que se ha disparado en los últimos años en la entidad, es necesario decir ya basta ante la violencia y que se ejecuten planes de acción pertinentes para encausar una demanda de las mujeres ante su gobierno; la seguridad.

Se están cometiendo crímenes en la entidad que quedan impunes, es por ello que algo se tiene que hacer. Ni una más.

Con lo expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, propongo al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes a emitir la alerta de violencia de género, retomar el proyecto del banco estatal de datos de violencia contra las mujeres y establecer los protocolos pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en Zacatecas.

Nota

1 La palabra feminicidio es adecuada para referirse al asesinato de una mujer por razón de su sexo, como una forma extrema de violencia machista.

El término, que se emplea con frecuencia en los medios de comunicación, se recoge en la vigésima tercera edición del Diccionario Académico, por lo que no es necesario destacarla con cursivas ni comillas.

Las leyes de varios países y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos definen feminicidio como el homicidio de mujer por razones de género.

Este sustantivo se puede emplear no solo para hacer referencia al asesinato individual de una mujer, sino también para referirse al homicidio sistemático de mujeres, en especial en contextos donde no existe un fuerte reproche social o cultural de estos hechos. Por ejemplo, hay culturas donde el feminicidio consiste en dar muerte a las niñas cuando nacen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del PRI

Compañeras y compañeros diputados, hoy celebramos el Día de la Bandera. Esta efeméride fue instituida durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1940, y tiene como objetivo conmemorar a nuestra enseña patria, máximo símbolo de la identidad mexicana, de su lucha, de sus conquistas y de sus grandes héroes históricos.

La primer bandera formal en nuestra historia data del Ejército Trigarante, el cual fue formado de la unión de todas las fuerzas armadas de la nación, por lo que era necesario contar con un estandarte que representara este hecho; la bandera que crearon estaba dividida en tres franjas diagonales de colores blanco, verde y rojo; el blanco representaba la religión católica, el verde el ideal de independencia de todas y todos los abanderados, y el rojo, la unión entre mestizos, criollos, indígenas y españoles radicados en México. Dentro de cada una de las franjas, se apreciaba una estrella de ocho puntas, representando a las garantías y la voluntad de cumplirlas a cabalidad.

Fue en 1823 cuando el Congreso Constituyente, en respeto a las tradiciones y raíces indígenas de nuestro pueblo, definió al Escudo Nacional y su incorporación en nuestro lábaro patrio: un águila de perfil, posada sobre un nopal, devorando una serpiente, en clara alusión a la leyenda prehispánica que identifica este símbolo como la señal de la tierra donde los aztecas habrían de obtener riquezas y poder sobre los pueblos rivales; el lugar donde se fundaría Tenochtitlan.

Con la llegada de los ideales liberales de don Benito Juárez, y la eventual secularización del país, los significados de los colores fueron actualizados; el verde representaría la esperanza del pueblo mexicano, el blanco la unidad de sus integrantes, y el rojo la sangre de sus héroes nacionales; motivos distintos a los del México Independiente, pero el espíritu original trascendió en estos nuevos significados.

El ideal de Independencia en el México del siglo XVIII representaba un futuro de tiempos mejores para todas y todos los mexicanos; hoy ese verde lleva el ideal de esperanza. El blanco que simbolizaba la unidad de todos bajo una sola fe, hoy se centra en el verdadero objetivo: unidad de todos respetando cualquier fe. Por último, el rojo que destacaba la igualdad entre todos los mexicanos, hoy simboliza la sangre de aquellos mismos mexicanos, de su sacrificio en la búsqueda de una patria digna para todas y todos.

Hoy, más que nunca, las y los mexicanos debemos de entender que no puede existir diferencia ideológica o política que pueda empañar nuestra unidad, nuestro espíritu y nuestro legado como herederos de los aztecas, de los independentistas, de los liberales y los revolucionarios; para eso está nuestra Bandera, para recordarnos de dónde venimos, pero también para dónde debemos de ir.

El rojo de la sangre de nuestros héroes, para honrar nuestro pasado, el blanco de la unidad, para construir el presente, el verde de la esperanza, para ver hacia el futuro, y el águila, nuestro escudo nacional, para recordarnos que esta sigue siendo la tierra de nuestros antepasados, que ellos llegaron aquí buscando un mejor porvenir para sus hijos y hoy, siglos después, es nuestro compromiso moral hacer cumplir aquella profecía azteca.

¡Celebremos juntos el Día de la Bandera, símbolo de la gran nación que es México!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2016.

Diputada Ana María Boone Godoy (rúbrica)

Con motivo del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado Jorge Álvarez López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desea la recuperación y afianzamiento de los auténticos valores culturales de México, y en este propósito, se destaca la importancia de las lenguas maternas para la educación de calidad y la diversidad lingüística, como instrumento natural para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible, para preservar y conservar tradiciones y conocimientos milenarios.

Escribe el poeta Octavio Paz que “...el amor a nuestra lengua, que es palabra y es silencio, se confunde con el amor a nuestra gente, a nuestros muertos, los silenciosos y a nuestros hijos que aprenden a hablar. Todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el intercambio verbal, con el decir y el escuchar. La vida de cada hombre es un largo y doble aprendizaje: saber decir y saber oír.”

En México se hablan actualmente 68 lenguas originarias y 364 variantes, lo que lo ubica entre las 10 naciones más ricas en diversidad cultural, algunas se encuentran en riesgo de extinción.

La celebración del presente año está dedicada a la “Educación de calidad, lengua(s) de instrucción y resultados del aprendizaje”. Estamos justo a la mitad de implementar una de las reformas más profundas y más radicales que haya tenido en muchas décadas la educación de México y es importante que no dejemos de lado, la enseñanza y la educación en la lengua materna, además de proteger todos los idiomas en el país fomentando la unidad en la diversidad.

La globalización tiende a la unificación y homogeneización de todos los aspectos de la vida humana y, con el propósito de promover la diversidad cultural y lingüística, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció, en 1999, el Día Internacional de la Lengua Materna.

Cada lengua de nuestro país refleja el sentimiento y la conciencia de pertenecer a una comunidad; una tierra y una historia, una visión única del mundo, en la que se ha enraizado un pensamiento del mundo que nos rodea.

En México, la Constitución en su 2do. Artículo, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar su plurilingüismo, esencial para la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres, pero a pesar de esto las lenguas indígenas en nuestro país se encuentran en riesgo de desaparición.

Según el documento “Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo” de la UNESCO, indica que en México, existen 21 lenguas en situación crítica, entre ellas el chontal de Oaxaca, el lacandón, el náhuatl de Tabasco, el zapoteco de San Felipe y el awakateco, del que sólo existen tres personas en Campeche que lo hablan, seguido del tuzanteco en Chiapas, con cinco parlantes.

Los Verdes estamos orgullosos de nuestras lenguas indígenas como parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

Cabe recordar que los derechos lingüísticos de los pobladores originarios se reconocieron en el país hasta 2003, cuando se promulgó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, hecho que reconoce a todas las lenguas de México con la misma validez que el español, para que puedan ser usadas en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Por lo tanto honramos en este día la preservación y promoción de la diversidad lingüística de nuestro país, de sus culturas que nos hacen únicos en el orbe.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de febrero del 2016.

Diputado Jorge Álvarez López (rúbrica)

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El día 24 de febrero se conmemora el día de la bandera, de acuerdo a la Ley sobre El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Y se celebra este día “en memoria de la proclamación del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide [que enarbolaba] la bandera de las tres garantías –considerada como el primer lábaro patrio de México”.1

La bandera de México es uno de los principales símbolos patrios que nos sirven para construir y mantener una identidad como nación. Nuestra bandera también nos ayuda para generar un sentido de pertenencia que vamos desarrollando desde que somos niños y niñas a través de la educación cívica que recibimos tanto en la escuela como en el hogar.

Este lábaro patrio cuenta con una larga historia que se puede remontar hasta la época prehispánica, pasando por la guerra de independencia, en la que jugó un papel fundamental en la lucha armada de los insurgentes ya que en torno a ésta se aglutinaron y convergieron cientos de personas decididas a luchar por su libertad.

A partir de 1821, bajo el imperio de Agustín de Iturbide, se determinó que los colores nacionales que llevaría nuestra bandera serían los que hasta hoy se han mantenido: verde, blanco y rojo. Y el escudo, en el que encontramos un águila devorando una serpiente, está basado en el relato de la peregrinación para la fundación de Tenochtitlán por parte de los mexicas, quienes fueron guiados por su dios Huitzilopochtli.2

La bandera, junto con los demás símbolos patrios, “simbolizan nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra unidad y son emblema de nuestra historia, de nuestra esperanza y de nuestro presente”.3

Por todas estas razones, los Diputados de Movimiento Ciudadano consideramos de vital importancia conmemorar este día no sólo con una fecha más, sino como un llamado a la reflexión y a la acción. A reflexionar sobre los grandes retos a los que nuestra nación hace frente, como por ejemplo, la corrupción, la violencia, la impunidad y la desigualdad. Y a la acción, porque inspirados en las grandes luchas que muchos hombres y mujeres ilustres han dado en nombre de nuestro país; en nombre de todos los mexicanos, podemos trabajar juntos, del lado de los ciudadanos, para poner a México en la dirección correcta.

Notas

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Perú, Efemérides Mexicanas, 24 de Febrero - Día de la Bandera. URL:

http://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php?option=com_cont ent&id=151 Consultada en línea el día 18 de febrero de 2016

2 Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mito de la peregrinación . URL: http://www.templomayor.inah.gob.mx/historia/mito-de-la-peregrinacion .Consultado en línea el día 18 de febrero de 216.

3 Cámara de Diputados LXIII Legislatura, 2015: Símbolos Patrios . p. 100. Ciudad de México: Agencia Promotora de Publicaciones, S.A. de C.V.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

La patria es la unión que vincula a un ciudadano con otro por los inquebrantables vínculos de un mismo suelo, una misma lengua, unas leyes comunes y una historia compartida.

Es correcto afirmar, que el concepto de patria no es el producto de una repentina inspiración, sino que es resultado de la acumulación de sentimientos, raíces, principios, valores y tradiciones los cuales emergen paulatinamente y que vamos adaptando a lo largo de nuestra historia común.

Para representarla y venerarla, utilizamos símbolos o signos que a través de expresiones escritas o habladas le dan vida y nos vuelven partes integrantes de ella.

En el caso particular de nuestra bandera, que a pesar del paso del tiempo, siguen ocupando un papel primordial en nuestras vidas.

Y es que en la bandera encontramos muchos signos y significados, los cuales trabajan en nuestro inconsciente y logran despertar grandes emociones, por lo tanto, cuando la identidad está en peligro, uno se apoya en la bandera.

Es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la aparición de los Estados modernos, cuando surge la necesidad de identificar la nación con un símbolo, ya que antes, las banderas tenían la función de identificar objetos y entes colectivos.

La relevancia de las banderas es tal, que dos de las imágenes más famosas de la II Guerra Mundial tiene que ver con ellas, por ejemplo, la foto tomada por Joe Rosenthal en febrero de 1945 que mostraba a soldados norteamericanos alzando la bandera estadounidense en una de las batallas fundamentales en la derrota de Japón, y la que Yevgueni Jaldei tomo, el 2 de mayo de 1945, a soldados del Ejército rojo alzando la bandera soviética en el Reichstag de Berlín en los momentos finales de la guerra.

Y como no recordar una de las imágenes más famosas de siglo XX, en la que un astronauta estadounidense clavó la bandera de los Estados Unidos en la superficie lunar, coronando aquella gran gesta que unió por un momento a la humanidad.

En el caso de nuestro país, la enseña patria, como también se le conoce a nuestra bandera, es considerada entre todos los emblemas nacionales, el más claro y contundente, debido que representa un elemento definitorio de nuestra identidad como mexicanos.

Las raíces de nuestra bandera actual la podemos localizar en 1821, ya que fue en este año cuando la bandera fue diseñada con los colores ahora conocidos. En el decreto oficial se indicaba que la bandera nacional y la del ejército sería tricolor, adoptando para siempre los colores verde, blanco y rojo verticalmente, con un águila coronada en el centro de la franja blanca.

Aunque el águila en el escudo era similar a la utilizada hoy en día, la de 1821 no tenía una serpiente en su pico y presentaba una corona, símbolo del imperio.

Posteriormente, encontramos que nuestra bandera actual fue adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968, y fue confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy en día es una adaptación del diseño aprobado en 1916 vía decreto por el entonces presidente Venustiano Carranza, en donde el perfil del águila fue cambiado de frente a perfil izquierdo y el escudo nacional fue diseñado por Francisco Eppens Helguera.

Es curioso y al mismo tiempo emocionante descubrir que en la confección simbólica de nuestra bandera se hayan fusionado elementos de tres civilizaciones distintas, tanto en tiempo como en espacio: la primera es la indígena-prehispánica; la segunda es la española; y la tercera la franco-inglesa.

Por lo anteriormente mencionado, nuestra bandera es el espejo fiel de nuestra identidad sincrética y multiforme, nos refleja como una sociedad única y distinta de las demás.

Su importancia es tal, que en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se dispone un Capitulo cuarto, el cual versa sobre el uso, difusión y honores de la Bandera Nacional, asimismo, cuando se requiere destruir alguna réplica de la Bandera Nacional, se hace mediante la incineración, en acto respetuoso y solemne.

Por todo lo anterior y gracias a que en 1934 se expidió la Ley sobre las características y uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, cada 24 de febrero celebramos a nuestro lábaro patrio, recordando que nuestra bandera representa unidad, libertad, autonomía, sacrificio, democracia y autodeterminación.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los veintidós días del mes de febrero del 2016.

(Rúbrica)