Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres y determinar los honores y homenajes que deban rendírsele en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que conforme a sus facultades conferidas de promover, se reconozca a aquellas mexicanas y mexicanos que, por sus contribuciones a la patria merecen ser objeto de homenaje por parte del pueblo de México y del gobierno de la Republica, emita la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres y en consecuencia determine los honores y homenajes que deban rendirse y realizársele en la Rotonda de las Personas Ilustres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con un profundo orgullo y de manera muy afortunada, podemos afirmar que nuestro país no solo tiene una invaluable riqueza cultural que lo enarbola, sino también y a la par; ha sido referente internacional de las artes en su más elevada expresión.

De ello, dan muestra; innumerables artistas que en el desarrollo de su habilidad y oficio, han pasado a formar parte de la historia de nuestro país –incluso siendo segmento de su conformación– y también, han escrito su nombre a través de sus obras en las páginas de la historia de nuestra humanidad y su desarrollo como sociedad intelectual.

Son muchos los nombres de mexicanas y mexicanos dignos referentes de lo anterior; situación que motivó el conferir a Titular del Ejecutivo la facultad de promover que se reconozca a aquellas mexicanas y mexicanos que, por sus contribuciones a la Patria merecen ser objeto de homenaje por parte del pueblo de México y del Gobierno de la Republica, por medio de la declaración de persona ilustre.

Como sociedad, ésta riqueza de mexicanas y mexicanos ilustres, nos motivó desde 1872 a crear un espacio que sirva para brindar un ejemplo señero para las generaciones presentes desde ese entonces y futuras; de aquellas mexicanas y mexicanos que por sus contribuciones a la patria, merecen el homenaje y el aprecio de sus connacionales.

La Rotonda de las Personas Ilustres es este sitio.

Y rinde culto póstumo en un sepulcro de honor a esas connotadas mexicanas y mexicanos destacados por actos heroicos, por su actividad política o cívica, o por sus contribuciones en los ámbitos de las ciencias, las artes o la cultura; y además es un recinto preciado de la Nación en cuyo punto reposan los restos de éstos personajes.

La Rotonda está conformada por 115 mausoleos de los cuales 8 corresponden a mujeres ilustres.

La primera es Ángela Peralta, inhumada en 1937; posteriormente Virginia Fábregas, inhumada en 1950; le siguió Rosario Castellanos inhumada en 1974; después María Lavalle, Dolores del Río y Emma Godoy, inhumadas en 2006; finalmente y de manera reciente Amalia González Caballero de Castillo Lendón y María Izquierdo Gutiérrez, ambas inhumadas en 2012.

Todas ellas destacadas, connotadas y similares respecto a los adjetivos calificativos que las distinguen.

Condiciones anteriores, que sin duda alguna comparte por igual; una distinguida mexicana, compositora, pianista y autora de innumerables canciones que rompieron la barrera del tiempo y además del idioma; nacida orgullosamente en Ciudad Guzmán, estado de Jalisco el 21 de agosto de 1916; Consuelo Velázquez Torres, también llamada cariñosamente como “Consuelito Velázquez”.

Consuelo Velásquez, tuvo la fortuna de contar con el cobijo y la seguridad que brinda la familia. Su tío, sin saberlo en ese instante le sembró la semilla a los 4 años, de la sensibilidad artística-musical, al obsequiarle un piano; en cual con una especial facilidad emulaba diversas melodías como nuestro Himno Nacional.

A su vez, su padre la apoyo inscribiéndola a la par de sus estudios, en la academia de música Serratos; ofreciendo gracias a este esfuerzo su primer recital a los seis años, para posteriormente llegar a ser pianista cuando se encontraba cursando su nivel de educación secundaria.

Culminando profesionalmente sus estudios como pianista concertista y maestra de música en 1938.

Si bien, de ahí en adelante cosecharía una carrera impresionante y llena de éxitos; la realidad es que desde a temprana edad componía canciones románticas. Destacándose que a la edad de 19 años, en un extraordinario momento de inspiración escribió “Bésame mucho” la más representativa de sus creaciones.

Canción que ha sido traducida a distintos idiomas e interpretada no sólo por grandes artistas mexicanos, sino también cantantes de talla mundial y muchos de ellos iconos característicos e históricos de la música, de ayer e incluso actuales, que mantienen vigente su legado a través de las generaciones.

Su obra fue ejemplar, grande en sí misma y que no solo se quedó en el ámbito de la música; su sensibilidad característica y propia de su persona quedó plasmada en cada lugar por el cual pasó.

Una muestra queda registrada cuando fue diputada federal en 1979, siendo integrante de la LI Legislatura, en donde con su trabajo legislativo refrendó la defensa de los derechos de autor; trabajo incansable que incluso la condujo a asumir la presidencia de la Asociación de Autores y Compositores de México.

Consuelo Velázquez, fue una mujer que a través de su vida y de las notas de sus composiciones, sigue haciendo vibrar el alma.

En sus obras, encontramos el equilibrio perfecto y artístico que equipara la belleza de la letra y la música, para convertir a este binomio en el lenguaje del corazón.

Porque está en la ternura que emanan sus composiciones, su fuerza como obra de arte.

Su don convirtió a la música mexicana como una forma de crecimiento para la libertad y un camino más para la expresión de la vida.

Sus composiciones son tan profundas, que son capaces de filtrarse al cuerpo y llegar al corazón a través del oído más exigente.

Con cada composición e interpretación, ya sea en su voz o en la de los afortunados que con la propia llevan su carga de riqueza al público, se materializó esa expresión determinante que afirma que “la música comienza donde el habla es incapaz de expresar, la música está hecha para lo inexpresable”1 .

El centenario de su nacimiento, es el marco idóneo para otorgarle el sitio de alta distinción y decoro que sin duda alguna merece dignamente por su invaluable aportación en la difusión de nuestra cultura y en enarbolar a nuestra nación a nivel internacional.

No omitamos que esta soberanía es corresponsable de coadyuvar en la promoción artística y cultural de nuestro país en todo el mundo.

Y más aún, la responsabilidad se enaltece si nos referimos con es el caso particular de una gran mexicana como lo es, nuestra querida Consuelo Velázquez. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que:

1. Conforme a sus facultades conferidas de promover se reconozca a aquellas mexicanas y mexicanos que, por sus contribuciones a la patria merecen ser objeto de homenaje, emita la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres.

2. Determine los honores y homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las Personas Ilustres.

3. Difunda la vida y obra de Consuelo Velázquez Torres, por medio de acciones que deberán desarrollar las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de su respectiva competencia y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.

Nota

1 Claude Debussy.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Nuevo León, así como a la CNDH, a atender y resolver la problemática suscitada en el penal de Topo Chico, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Pablo Piña Kurczyn, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El penal de Topo Chico se construyó en 1947, es decir hace 68 años y hasta 2013, la población de reos ascendía a más de cinco mil personas; cuatro mil quinientos internos son del fueron común y el resto del fuero federal y sólo 300 custodios atienden a toda la población interna.

La capacidad de ese penal para albergar internos es de tres mil reos, por lo que tiene una sobre población de poco más de mil 841 personas.

El pasado 11 de febrero de 2016, se suscitó una riña entre internos en dicho penal derivado de la disputa por el “control” por parte de dos grupos antagónicos del crimen organizado, el cual ha derivado en 49 personas fallecidas y 12 heridas, 5 de ellos de gravedad, lo que hace que este evento se transforme en la mayor tragedia carcelaria en el país.

A partir de lo anterior, además de poner en evidencia la mala coordinación y el descontrol con que se maneja el actual gobierno del estado de Nuevo León ha dejado en evidencia el abandono en que se encuentra el sistema penitenciario en el país y el desinterés en el tema por parte del gobierno federal.

En diversos medios de comunicación se ha informado que al interior de dicho penal existía de manera cotidiana el cobro de piso, tráfico de drogas y privilegios como celdas de lujo equipadas con aire acondicionado, pantallas con televisión digital y baños “sauna”; además de que se desmantelaron 280 puestos semifijos de alimentos y abarrotes donde se ofertaban productos con sobreprecios de hasta 120 por ciento, además de problemas de hacinamiento teniendo un déficit de 586 lugares y una sobrepoblación de siete por ciento.

Lo anterior, viola a todas luces la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, donde se establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley correspondiente.

Este hecho no es el primero en el cual nos enteramos que los centros de reclusión se encuentran en una situación donde no existe imperio de la Ley materialmente. Múltiples casos como los sucedidos en 2012 en el penal de Altamira donde hubo 31 fallecidos, en Apodaca 44 y Gómez Palacio con 24 muertos, 9 de ellos guardias de dicho penal; mientras que en 2013 hubo 65 heridos y 13 muertos en el penal de la Pila en San Luis Potosí.

El sistema penitenciario de nuestro país se encuentra en un franco olvido. En años recientes se llevaron a cabo en este Congreso las reformas que modernizan el sistema penal acusatorio, el cual se encuentra en proceso de implementación, pero de qué nos sirve consignar y procesar correctamente si posteriormente vamos a enviar a nuestros reclusos a un penal con estas características, donde el crimen organizado sigue operando desde ahí y se han convertido en “universidades del crimen”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los centros penitenciarios tanto federales como locales tienen una sobrepoblación, en 2015 la capacidad era para 203 mil 84 personas pero existen 255 mil 705 personas, es decir un déficit de casi 52 mil lugares, lo que representa una población de 25.4 por ciento.

El estado de México es la entidad con mayor déficit de espacios, en 2015 tenía 26 mil 864 reclusos y apenas 9 mil 964 lugares, seguido por la Ciudad de México donde sus cárceles albergan a 36 mil 142 reos, cuando tienen espacio para 23 mil 947.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, reconocen que las cárceles se encuentran en condiciones lamentables, además de que durante ese año ocurrieron mil 737 incidentes al interior de los centros penitenciarios, siendo las riñas el mayor número de registros, con un total de mil 435, en segundo lugar los desórdenes y el tercero los suicidios, con un total de 68.

Cabe señalar que en dicho diagnostico la CNDH le dio una calificación promedio de 5.7 sobre 10 al penal de Topo Chico, además que brindo calificaciones en los siguientes aspectos; sobre garantizar la integridad física y moral del interno 4.74, aspectos que garantizan una estancia digna 5.34, condiciones de gobernabilidad 4.4 y reinserción social 6.25.

Si bien es cierto que se trata de un penal en el Estado de Nuevo León, donde cumplen sus penas reos sentenciados por delitos federales, el gobierno de la república no puede evadir su responsabilidad ya que una de las obligaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, según los artículos 8 y 11 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es “Supervisar la aplicación de la normatividad y legislación sobre prevención de conductas delictivas; de ejecución de sentencias y medidas de tratamiento, impuestas por los jueces y tribunales federales, así como los tratamientos de readaptación con base en la educación, el trabajo y la capacitación para el mismo;” así como “instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional establecida por el secretario y proponer su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios a través del Programa Nacional Penitenciario y de Tratamiento de Menores Infractores.”

Se considera necesario que el gobierno federal en cumplimiento estricto de sus obligaciones y debido a que existen reos del orden federal, tenga una intervención directa e inmediata en todos los penales del país para evitar se repitan situaciones como la que ocurrió en el penal de Topo Chico.

Durante la presente administración, el gobierno de la República no ha presentado un plan de rescate o acción contundente que resuelva el grave problema de sobrepoblación y corrupción en las penitenciarías nacionales, la cual viola a todas luces los derechos humanos de todos los procesados.

El Congreso de la Unión exige al gobierno federal que informe de forma clara y transparente el estado que guardan los centros de readaptación existentes en todo el país a fin de que se lleven a cabo las acciones pertinentes y salvaguardar la seguridad pública nacional, así como la integridad de las personas que se encuentran compurgando penas en dichos recintos.

Derivado de lo anterior, ante las violaciones graves a Derechos Humanos ocurridas en este suceso, y por considerarlo de suma importancia, solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en base al apartado B del artículo 102 constitucional y la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abra una investigación en contra del Gobierno Federal por las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el penal de Topo Chico.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales abra una investigación en contra del gobierno federal por las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el penal de Topo Chico.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que de forma inmediata supervise la operación y realice acciones encaminadas al mejoramiento de los centros penitenciarios en todo el país con la concurrencia de los gobiernos estatales y rinda un informe a este Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema penitenciario mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2016.

Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar las modificaciones necesarias al acuerdo número 11/09/15, por el cual se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, y considerar medios de suministro de agua potable a las escuelas carentes de red pública, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En 2014 se reformó la Ley General de la infraestructura Educativa en el que se protege el derecho al agua para consumo humano en los planteles educativos del sistema escolar, atendiendo así el artículo 4º constitucional, quedando redactado de la siguiente forma.

“Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano...”

2. El 15 de septiembre de 2015 se publicó el acuerdo número 11/09/15 en el Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa. El programa comprende 4 componentes: el primero se refiere a la mejora de las condiciones físicas; el segundo, subsidio directo a la comunidad escolar; tercero, fortalecimiento a las supervisiones de zona y cuarto la instalación y mantenimiento de bebederos.

3. El procedimiento de selección para la aplicación de bebederos se encuentra en el del numeral 2.4, apartado B del acuerdo que especifica.

“a) Serán susceptibles de beneficiarse de este componente:

... (4) las escuelas que cuenten con acceso a agua entubada o de pozo con condiciones para potabilización , atendiendo a los Lineamientos que definan en la materia de bebederos escolares la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP, y los Criterios Específicos que defina el INIFED para la operación del Componente 4 del Programa....”

En diciembre de 2015 se publicó el Convenio de Coordinación para la operación del Programa de la Reforma Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, es decir para la instalación de bebederos en 2016, manteniendo los lineamientos.

4. En la reforma a la Ley General de la infraestructura Educativa citada el artículo 11 manifiesta que habrá que atender el suministro de agua a las escuelas de nivel básico atendiendo las diferencias que hay en materia de densidad poblacional, grado de urbanización y sustentabilidad, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 11. ... Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.”

5. Sin embargo en los Lineamientos publicados para la operación de la reforma no se encuentran las especificaciones para el suministro de agua potable para consumo humano en al menos 47 mil planteles educativos que no cuentan con servicio de agua potable vía red.

De acuerdo con Sistema de Información y Gestión Educativa, 27.83% de los inmuebles que se adaptaron o construyeron para fines educativos no cuentan con servicio de agua potable en red. Y de esa cifra el 2.8% no cuentan con abasto de agua, la mayor parte de esos planteles se encuentran en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

6. En el Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Nacional, 2013 reconoce que las escuelas comunitarias y de zonas rurales presentan mayor carencia de servicios frente a las escuelas urbanas, lo cual genera condiciones desfavorables para el aprendizaje y el desarrollo de la infancia y adolescencia.

7. En el Informe sobre la Equidad del Gasto Público en la Infancia y Adolescencia en México del Fondo de Naciones Unidas sobre la Infancia menciona que el 78.5% de las niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en situación de pobreza y experimentaban rezagos en los servicios como acceso al agua y saneamiento básico.

8. Estudios han demostrado que existe una correlación entre desempeño escolar y docente y mejora de la infraestructura, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo en 2011 publicó en sus conclusiones.

“Las inversiones en infraestructura escolar deberían priorizar las intervenciones orientadas a mejorar los factores más directamente asociados con los aprendizajes, es decir, la construcción de bibliotecas, laboratorios de ciencias, salas de cómputo, o espacios de uso múltiple. Igualmente, las inversiones deberán buscar resolver los grandes déficits existentes en las escuelas de la región, especialmente las ubicadas en las zonas rurales, relacionadas con la falta de agua potable y desagües y baños insuficientes, así como la conexión a los servicios de energía eléctrica y teléfono.”

9. Con los datos expuestos, se hace indispensable que en el Acuerdo 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, en específico con la instalación de bebederos en las escuelas públicas contenidos en el Apartado B que detalla las escuelas beneficiarias del componente 4, se contengan disposiciones que atiendan las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa para garantizar el acceso de sus estudiantes al suministro de agua potable con la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, tal como lo mandata el artículo 11 de la Ley General de Educación y que, en los Lineamientos referidos, existe una omisión que perjudica a estudiantes de más de 47, 262 escuelas.

10. De no garantizar el acceso a las y los alumnos de agua potable en las zonas más marginadas y sin acceso a red de agua potable se estarían ampliando las brechas de desigualdad y violentando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, se someta a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública para que, conforme a lo dispuesto por los artículos 7, 11 y 19 de La Ley General de Infraestructura Educativa, realice las modificaciones necesarias al acuerdo 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa y se contemplen mecanismos de suministro de agua potable a las escuelas que no cuentan con red pública que, conforme al Sistema de Información y Gestión Educativa se estiman en 47,262 en comunidades de todo el país, garantizando así el derecho al agua de las y los estudiantes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva de esta soberanía a fomentar el uso de la sala de lactancia del Cendi Antonia Nava de Catalán y promover entre el personal la lactancia materna, a cargo de la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Paloma Canales Suárez, diputada federal integrante del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La prevención de enfermedades puede darse desde los primeros meses de vida de las niñas y los niños, a través de la lactancia materna; ya que la leche materna proporciona todos los nutrientes, vitaminas y minerales que un bebé necesita para el crecimiento durante los primeros seis meses de vida; el bebé no necesita ingerir ningún otro líquido o alimento.

Además, la leche materna lleva los anticuerpos de la madre que ayudan a combatir las enfermedades. La lactancia materna tiene una extraordinaria gama de beneficios como la supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo infantil. También reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas futuras tales como la obesidad, el colesterol alto, la presión arterial alta, la diabetes, el asma infantil y las leucemias infantiles, contribuyendo así a la salud de la madre inmediatamente después del alumbramiento, ya que ayuda a reducir el riesgo de hemorragia posparto. A corto plazo retrasa el retorno a la fertilidad y a largo plazo reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, así como el cáncer de mama, de útero y de ovario.

La fórmula no es un sustituto aceptable de la leche materna, porque la fórmula, incluso la mejor, sólo remplaza la mayoría de los componentes nutricionales de la leche materna. La fórmula es sólo un alimento, mientras que la leche materna es un complejo fluido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos de cadena larga y hormonas, muchos de los cuales simplemente no pueden incorporarse en la fórmula. Además, en los primeros meses el intestino del bebé únicamente absorbe de manera adecuada la leche materna. Incluso una alimentación con fórmula u otros alimentos, puede causar lesiones en el intestino de las que el bebé tarda en recuperarse varias semanas.

La lactancia materna es reconocida como un derecho de toda mujer que, a su vez, implica el derecho que tienen las niñas y niños a recibir una alimentación adecuada para el cuidado de su salud.

Este derecho debe ser reconocido por el Estado y la sociedad como un derecho humano propio de las mujeres. El Estado tiene la obligación precisa de respetarlo, protegerlo, promoverlo y apoyarlo.

Mientras que la decisión de amamantar es de cada una de las madres, los gobiernos y la sociedad tienen el deber de asegurar que las mujeres que deseen ejercer este derecho lo puedan hacer plenamente, brindando las condiciones que favorezcan la lactancia materna, sobre todo cuando las madres se encuentran en el mercado laboral.

La UNICEF ha sostenido que no es posible alcanzar una óptima salud sin que se tengan las condiciones idóneas que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia. Asimismo, reconoce que “En México, el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé es de 14.4 por ciento, lo que coloca al país en el último lugar de Latinoamérica.”1 ; señalando que es necesario “Apoyar la lactancia materna dentro de las empresas que tendrá un impacto en la productividad, porque reduce hasta un 35 por ciento las incidencias en salud en el primer año de vida del infante y reduce el ausentismo de 30 a 70 por ciento.”2

En el caso de México, hay muy pocas iniciativas y políticas públicas que garanticen la conciliación entre la vida laboral y la familiar así como la promoción de la lactancia materna. Los mitos sociales son uno de los obstáculos que han influido para que sólo uno de cada siete niños en México sea amamantado.

Para la mayoría de las madres resulta complicado hacer compatible la lactancia materna con las responsabilidades laborables, ya que las mujeres que amamantan necesitan sacarse leche cada 3 horas, cuando están alejadas de sus bebés. Si no lo hacen, es probable que se sientan cansadas, adoloridas, molestas e incómodas. Estas condiciones atentan contra la producción de leche materna e impactan negativamente en el rendimiento laboral. Por esta razón la protección de los derechos laborales de las mujeres se ve favorecida con la instalación de una sala de lactancia (lactario) en los centros de trabajo, lo cual beneficia la productividad de la mujer una vez que ha nacido su hijo así como el sano desarrollo de los niños, el fomento del cuidado de la salud, la equidad y el respeto a los derechos humanos de las madres en periodo de lactancia.

Por otro lado, en los últimos años se han dado cambios importantes respecto a las mujeres trabajadoras mexicanas. Actualmente, las autoridades sanitarias mexicanas están obligadas a incentivar que la leche materna sea alimento exclusivo del bebé durante los primeros seis meses de vida, y complementario hasta que cumpla dos años, así como promover la instalación de espacios para que las mujeres puedan brindar la lactancia materna en los centros de trabajo. La fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, establece:

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. ...

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis. a IV. ...3

Aunado a lo anterior, la legislación laboral protege el derecho a la lactancia estableciendo los horarios, espacios y periodos mínimos que aseguren este proceso. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, prevé en su artículo 28 que las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha del parto y que deben realizarse campañas y tomarse otras medidas que contribuyan a reducir el déficit que muestra nuestro país. Una de las acciones más urgentes es asegurar que en los espacios donde las y los hijos de las madres trabajadoras son cuidados, como son los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se garantice su derecho a la salud y nutrición, mediante medidas efectivas que contribuyan a una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como lo establece la OMS.

La inexistencia de lactarios o de un lugar adecuado para que las mujeres lleven a cabo procesos de lactancia o extracción de leche para alimentar al bebé en los centros de trabajo, impide compatibilizar el trabajo con la lactancia. Se requiere proveer a las madres trabajadoras de las condiciones óptimas para llevar a cabo este proceso. Se tiene que procurar un espacio cerrado, cómodo, que incluya un lavabo para que la madre se puedan asear y extraer, cómodamente sentada en un sillón, la leche que guardará en un pequeño recipiente esterilizado y colocarlo en un pequeño refrigerador para que a la hora que termine sus labores la pueda trasladar y llevarla a su bebé.

Actualmente, diversas instituciones públicas y privadas en México han buscado la instalación de una sala de lactancia (lactario) para colaborar a lograr un México con un sano crecimiento y desarrollo pleno de las niñas y niños.

Es así que, a partir de octubre de 2014, la Cámara de Diputados instaló con el apoyo de la Secretaría de Salud una sala de lactancia (lactario) ubicada en el Cendi “Antonia Nava de Catalán” para que las mujeres en periodos de lactancia tengan un ambiente en el cual puedan extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que con posterioridad su hijo (a) pueda ser alimentado(a). Es por ello que cualquier madre que tenga un hijo (a) lactante, sin importar el régimen laboral al cual pertenezca, estado civil o edad, tiene derecho a usar este servicio de lactario.

Con la instalación de la sala de lactancia en el recinto legislativo se posibilita que las madres que laboran puedan alimentar adecuadamente a sus hijos, con ello se consolida su derecho a amamantar, sin dejar de lado su crecimiento laboral.

Es necesario que las madres trabajadoras de la Cámara de Diputados conozcan los beneficios de la leche materna para el crecimiento físico, emocional e intelectual de sus bebés, así como para su recuperación y prevención de enfermedades, por lo que resulta primordial la difusión de información sobre lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil a toda la comunidad laboral. Así mismo, es importante que conozcan que existe un espacio cálido y amable que ofrece las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna bajo normas técnicas de seguridad.

La instalación de la sala de lactancia en la Cámara de Diputados facilita a las madres trabajadores poder mantener la lactancia materna por más de dos años, contribuyendo a potenciar los beneficios que la lactancia conlleva, para el bebé y la madre, existiendo mayor rendimiento y productividad, menor pérdida de trabajadoras, así como una reducción de la tasa de ausentismo y del estrés.

En virtud de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a fin de que realice las acciones conducentes con objeto de fomentar el uso de la sala de lactancia instalada en el Cendi “Antonia Nava de Catalán”, y promueva entre el personal la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las y los niños, independientemente del régimen laboral que ostenten.

Notas

1 www.unicef.org/mexico/spanish/17051.htm

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_31317.htm

3 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376682&fecha=19/12/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Paloma Canales Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a difundir los instrumentos institucionales del gobierno federal que buscan incidir para dar confianza monetaria a través de inserciones pagadas en las transmisiones de radio y televisión, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente, la moneda ha perdido valor nominal frente al dólar estadounidense, llegando a un nivel máximo histórico, que incluso el gobernador del Banco de México considera “un motivo de preocupación”.1

Queda claro que múltiples factores que repercuten en el valor de cualquier moneda a escala mundial, como son apreciación de una moneda extranjera, fuga de capitales, falta de confianza en la moneda local y la emisión monetaria.

La estructura del valor de las importaciones en México en el periodo enero-noviembre de 2015 fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 75.3 por ciento; bienes de consumo, 14.2; y bienes de capital, 10.5.2 Estos datos nos indican el efecto directo que puede tener la apreciación del dólar en la economía mexicana, teniendo su principal efecto en los precios de los productos que cuentan con piezas importadas, que compiten contra productos importados o que sólo existen como importaciones.

Desde mediados del año pasado, los analistas han pronosticado aumentos en los precios de los productos de la canasta básica, como medicamentos y productos de consumo generalizado (que van desde alimentos industrializados hasta productos de higiene o limpieza, ropa o cualquier cosa que se vende en supermercados y otros negocios) son afectados directamente por la devaluación del peso.3

Agustín Carstens afirma que el peso se encuentra “subvaluado”, y que los mercados internacionales dan un trato “injusto” a la moneda, algunos especialistas creen que hay una sobrerreacción de los mercados internacionales, y eso afecta la cotización del peso y otras monedas de economías emergentes. Pero grupos empresariales de México advierten que, más allá de la especulación financiera, si el valor del dólar sigue aumentando la crisis interna puede agravarse en corto tiempo.4

Dichas afirmaciones no involucran las demás acciones que el gobierno federal ha realizado durante los últimos treinta años para “fortalecer” la economía, como son: desmantelamiento de la industria energética, la ausencia de apoyo a la actividad agropecuaria nacional, la desmotivación a la planta productiva nacional, la falta de atención al mercado interno y en especial la protección y estímulo a las importaciones y a favorecer el comercio internacional. Como lo son los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que son vigentes desde 1994, tendencia que se mantiene con la firma del Tratado Transpacífico.5

El valor del peso no se basa en declaraciones. Sin embargo, la falta de confianza en la moneda local obliga al gobierno a emprender acciones que claramente muestran desesperación por incidir en la opinión pública. Resulta inesperado que a partir de un comentario realizado en televisión nacional y su réplica y contrarréplica en las redes digitales,6 se visualicen las acciones del gobierno federal por aumentar la confianza en la moneda local, acciones que resultan inverosímiles ante las demás acciones por mantener la política económica del libre mercado.

Resulta preocupante la opacidad con que conducen dichas acciones, no basta otorgar millonarios contratos de publicidad oficial y electoral a las televisoras, también otorgan recursos federales a inserciones que aumenten la confianza en la moneda local, lo cual en un ambiente de transparencia como lo ha publicitado el gobierno federal debería ser público y transparente.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación a hacer del conocimiento de la opinión pública los mecanismos institucionales del gobierno federal que buscan incidir en la opinión pública para dar confianza monetaria a través de inserciones pagadas en las transmisiones de radio y televisión.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2016/01/09/economia/022n1eco

2 https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/principales-impor taciones-de-mexico

3 http://www.jornada.unam.mx/2015/08/23/economia/023n1eco

4 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160129_mexico_devaluacion_pes o_dolar_economia_an

5 http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-suscribe-el-tratado-de-asociacion-tr anspacifico-tpp

6 http://aristeguinoticias.com/0302/mexico/imbecil-pensar-que-dolar-no-af ecta-economia-de-mexico-legarreta/

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente de la Condusef a difundir información sobre las diez empresas que presentaron en 2015 más quejas por cláusulas contractuales abusivas, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a difundir la información sobre las diez empresas que presentaron mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Por contrato de adhesión entendemos el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Sin bien la existencia de dichos contratos ésta prevista en la legislación mexicana, pues los mismos surgen de una necesidad práctica de la actividad comercial, en no pocas ocasiones, las empresas establecen sus propias condiciones de manera abusiva y desproporcionada afectando los derechos de los consumidores.

II. En 2015, el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el licenciado Mario Di Costanzo Armenta dio a conocer que en una revisión de 10 mil contratos emprendida por la Condusef, se detectó que muchas instituciones financieras mantienen cláusulas abusivas en sus contratos. Lo mismo pasa con el sector de las aseguradoras entre otros.

Asimismo; en un informe que con fecha 22 de Octubre de 2015 el presidente de la Condusef, el licenciado Mario Di Costanzo Armenta destaca que algunos de los impactos más relevantes que la Condusef ha tenido con la Reforma Financiera de Enero de 2014 lo es la creación de micrositios en el portal de la Condusef, para presentar quejas y denuncias por cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

III. Al día de hoy, derivado de la Reforma Financiera de Enero de 2014 la Condusef puede sancionar a las instituciones financieras por tener este tipo de cláusulas en sus contratos y obligarlas a suprimirlas. Sin embargo; también es cierto que algunas instituciones bancarias han tardado hasta un año en eliminar las cláusulas abusivas a requerimiento de Condusef. Esto provoca que al día de hoy, haya un sin número de cláusulas abusivas en los contratos que se firman diariamente por los contribuyentes. Pues la voracidad de las empresas, siempre va un paso delante que la intencionalidad de la autoridad de proteger al consumidor.

IV. Asimismo; si bien es cierto que en el Buró de Entidades Financieras en el micrositio de la página de Condusef se puede encontrar información actual relacionada con el tema que nos ocupa, lo cual es un gran avance. También es cierto que la gran mayoría de los consumidores de productos financieros, desconocen esta herramienta, por lo que se hace necesario publicar el listado que se menciona en medios alternos, tales como la revista Proteja su Dinero, que es publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Condusef, y está destinada a informar y orientar sobre temas de Educación Financiera.

V. Derivado de lo anterior se exhorta al presidente de la Condusef el licenciado Mario Di Costanzo Armenta, a difundir la información sobre las diez empresas que mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos tuvieron en 2015 a fin de que los consumidores tomen las prevenciones necesarias antes de contratar con esas empresas.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Condusef a difundir la información sobre las diez empresas que mayores quejas presentaron por cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los servicios, los estudios y las investigaciones de los institutos nacionales de salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud a que en atención a sus facultades, garantice la inclusión de la perspectiva de género, en los servicios, estudios e investigaciones que los Institutos Nacionales de Salud realicen en el marco de sus obligaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, gracias a específicas necesidades de la población en materia de salud y a la sensibilidad del gobierno de ese momento y de quienes integraban el Congreso de la Unión, a partir del 26 de mayo de 2000, la sociedad mexicana dispuso para el fortalecimiento de las instituciones médicas de un nuevo ordenamiento, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Esta ley se promulgó con la finalidad, como lo establece su artículo primero de: “regular la organización y funcionamiento de los Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realice en ellos.”1

Institutos que son definidos en la misma ley como: “organismos descentralizados de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.”2

Como puede apreciarse con lo descrito anteriormente, se estaba dando un importante impulso a la atención médica, la procuración de la salud y además, a un factor imprescindible y pilar para el desarrollo con cara al futuro que toda ciencia como la medicina debe de tener y sobre todo de cualquier nación que aspira a un mejor destino, se estaba institucionalizando su investigación médico - científica.

Con este importante esfuerzo, comprendimos y materializamos en la ley, la necesidad de llevar de la mano, la investigación y el desarrollo científico con la atención y los procedimientos de la atención médica especializada.

El desarrollo y objeto de las reformas a la ley desde 2000 y hasta la fecha, nos hacen ver que no dejamos de incidir determinadamente en lo anterior.

Es así, y gracias a ello es que se han diversificado –de la misma manera que los padecimientos específicos en la salud de los mexicanos lo han hecho– los institutos que la integran, mismos que se agrupan conforme a su especialidad.

Para hoy en día, ser los siguientes:

I. Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;

II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;

III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;

IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;

IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;

V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;

V Bis. Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;

VI. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;

VII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;

VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

IX. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;

X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.3

Como puede apreciarse, se está buscando garantizar la atención a la salud mediante un enfoque integral de los principales padecimientos que en la actualidad aquejan a los mexicanos en las distintas etapas de su vida; si bien puede pensarse que en cantidad los Institutos integrantes son pocos, la historia de las instituciones de salud nos muestra que en realidad son muchos afortunadamente.

En concordancia con lo anterior, también lo han hecho las obligaciones conferidas en la ley que a éstos les corresponden como medida para incidir no nada más en la expectativa de vida de la población a través del cuidado y la procuración médica-clínica, sino también en nuestro histórico leso tejido social.

Obligaciones específicas y de avanzada en materia de regulación de los servicios que se prestan, de facultades en materia de investigación y desarrollo, de asesoría y colaboración en factores de capacitación técnico-científica y de formación de cuadros de recursos humanos, así como también de intercambio científico y de experiencias exitosas a nivel mundial, entre otros muchos elementos más.

El artículo sexto del referido ordenamiento legal, da cuenta de ello al establecer lo siguiente:

Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y socio-médicas en el campo de sus especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud;

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre;

III. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV. Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean afines;

V. Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VII. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización;

VIII. Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad instalada;

IX. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sean requeridos para ello;

X. Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus áreas de especialización, así como prestar consultorías a título oneroso a personas de derecho privado;

XI. Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud;

XII. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de sus especialidades;

XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades médicas que les correspondan, y

XIV. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras disposiciones aplicables.4

En suma de todo lo anterior, no hay duda de que estamos refiriéndonos a una ley de suma importancia no solo porque tiene las facultades de organizar de manera clara los trabajos de los institutos de la salud en nuestro país; sino porque también amplia y fortalece su capacidad de incidir en el desarrollo científico de nuestra nación con el beneficio que en consecuencia recibirán las generaciones presentes y futuras de nuestra sociedad.

No obstante, hemos visto con atención que al igual que, como en otros temas de suma sensibilidad e importancia, se carece de un enfoque imprescindible para elevar el efecto multiplicador de sus beneficios a favor de la sociedad en su conjunto; en específico me refiero a que no está incluida o bien está excluida la transversalidad de la perspectiva de género en sus objetivos, sus trabajos, sus investigaciones, sus resultados, sus estudios concretos e incluso en sus órganos rectores.

Lo anterior es inconcebible, no solo por la carencia de este enfoque en un área tan determinada y perceptible como lo es la atención especializada de la salud; sino también como parte de los comprobados esfuerzos por construir una cultura y una sociedad en igualdad de oportunidades, incluyente y no excluyente, con una participación de la mujer, sólida en argumentos y no basada en voluntarismos.

Aunado a esto, están las estadísticas sociodemográficas que nos enfrentan a la realidad y a la necesidad impostergable de asumir este enfoque en éste y otros muchos temas más.

Sin embargo, la ausencia descrita en los Institutos de Salud nos hace pensar que deliberadamente omitimos o minimizamos los importantes avances en materia de mejores condiciones y acceso a las mujeres en la educación, al mercado laboral, académico, científico y político, como ejemplo; haciendo a su vez de lado lo logrado como sociedad para ampliar para la mujer mexicana su expectativa de vida, sus condiciones para ello y las oportunidades para su desarrollo en todos los aspectos de su interés; e ignorando también que a la par lo han hecho los factores de riesgo particulares sobre su salud.

Derivado de esto, es que desde hace algunos años y al a fecha, se ha tenido especial hincapié en integrar decididamente y de manera contundente el enfoque de género en la delineación y la planeación de las principales políticas públicas que en su momento los gobiernos han enarbolado como una medida de proveerlas de una eficiencia y sobre todo eficacia de incidencia social.

Y al respecto, los Institutos Nacionales de Salud en función de sus objetivos, sus propósitos y sus obligaciones citadas en párrafos anteriores, no deben de estar excluidos y quedarse al margen de hacerlo.

Esta soberanía está obligada a actuar en consecuencia; y desde nuestras facultades añadir esfuerzos en el propósito de que cada vez menos la atención clínica-médica, la procuración y la atención de la salud de la mujer se articule exclusivamente a perspectivas fisiológicas; que comprobado esta, no mitigan las evidentes inequidades sobre el tema de salud entre mujeres y hombres en nuestro país.

En aspectos como la investigación científica, la innovación tecnológica, la capacitación de personal, en el diseño de sus modelos de estudio y de enseñanza, el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos de atención en la amplia gama de especialidades de la salud que se consideran en los Institutos que le corresponden; debe de circunscribir un enfoque integral que contemple las diferencias fisiológicas como también las derivas de las distintas etapas de la vida y del contexto socio-económico por igual.

La realidad clínica actual, nos ha mostrado que por ejemplo hay una gran diferencia sintomática entre hombres y mujeres en los padecimientos cardiovasculares que implican diferentes riesgos –dependiendo además de la edad de los pacientes– y sus factores y por ende distintos métodos terapéuticos y de tratamiento.

En el aspecto de la investigación, los estudios y la experimentación, no podemos pensar que tal situación este eximida de ser distinta.

No contar con esto, ha derivado en muchos diagnósticos tardíos en diversos aspectos de la salud de la mujer y desafortunadamente en estadísticas –que de igual manera son limitadas- que ninguna nación quisiera ostentar.

La sociedad mundial ha sido sensible a esto, así lo demostró desde 1998 la Organización Mundial de la Salud, al proferir a sus estados miembros un “compromiso por la equidad, solidaridad y justicia social y la incorporación de la perspectiva de género en sus estrategias, y considerar el enfoque de género como un condicionante clave en la atención de la salud.”5

Una nación como la nuestra en donde 51.17 por ciento de los más de 112 millones de personas que lo habitan son mujeres con una expectativa de vida de cinco años mayor que el hombre –78.1 años sobre 73.4 años6 , la premisa anterior emanada de la Organización Mundial de la Salud no puede ser ignorada.

Mujeres mexicanas que demandan planes y políticas públicas en materia de salud, específicas para ellas y correspondientes a las patologías de las distintas etapas de su vida.

Que requieren de instituciones como los institutos nacionales de la Salud, que las incluyan y consideren, que emitan estudios específicos, investigaciones detalladas, información estadística oportuna y desarrollo de nuevas tecnologías en tratamientos y la detección de padecimientos en su etapa infantil, adolecente, adulta y adulta mayor.

De acciones concretas que se basen en investigaciones serias, de avanzada y que permitan detener las tendencias en que desde 2000 han privado en lo referente a las principales causas de su muerte.

Enfermedades del corazón en primer lugar con 50 mil 226 casos clínicos registrados, posteriormente tumores malignos con 31 mil 222 casos –principalmente cáncer cervicouterino y de mama–, en tercer lugar 31 mil casos de diabetes mellitus y en cuarto lugar 25 mil 425 casos de enfermedades cerebrovasculares.7

Esta soberanía no puede ser corresponsable de no asumir con determinación la erradicación de estas elevadas estadísticas, que representan vidas de mujeres mexicanas que se pierden.

Por ello, el exhortar a las autoridades correspondientes en la materia a garantizar la inclusión del enfoque de género en las distintas actividades que realizan todos los Institutos Nacionales de la Salud, es vital e imprescindible, porque no solo se le garantiza su presencia en la procuración de la salud de la mujer o bien, en los procedimientos de atención médica, sino también en la investigación; medida que sin duda coadyuvara a mejorar las oportunidades de desarrollo no solo para las mujeres mexicanas sino también y por igual; para la sociedad en su conjunto.

En el propósito anterior, quienes integramos esta soberanía no podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados y con sobrantes excusas para no hacer nada.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que en atención a sus facultades, garantice la inclusión de la perspectiva de género; en los servicios, estudios e investigaciones que los Institutos Nacionales de Salud realicen en el marco de sus obligaciones.

Notas

1 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Artículo 1.

2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Artículo 2, fracción III.

3 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Artículo 5.

4 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Artículo 6.

5 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones año 1998.

6 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

7 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2000.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo por la Conagua los trabajos conducentes a desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de por el que se solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a llevar a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad existe en Baja California, específicamente en el municipio de Ensenada un problema neurálgico cuyo efecto es considerado de alto impacto en perjuicio de la población que habita en dicho municipio e incluso sus alrededores.

Este problema al que nos referimos es el acaecido desde hace años en la Presa Emilio López Zamora, ya que con el paso del tiempo el azolve se ha incrementado de manera importante y al día de hoy representa una obstrucción que en la pronta temporada de lluvias podría llevar a un desbordamiento.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), la presa López Zamora es la única con la que cuenta el municipio de Ensenada y se construyó durante la administración de Luis Echeverría Álvarez con una capacidad de almacenamiento de cinco millones de metros cúbicos de agua.

Sus objetivos son:

1. Para abastecer de agua potable a la ciudad en caso de ser necesario y;

2. Para contener arena, tierra y desperdicios diversos que transporta el arroyo Ensenada y que pueden afectar la profundidad de la dársena de maniobras y en canal de navegación del puerto comercial.

La presa es una opción de consumo de agua para los ensenadenses, ya que la utilización óptima de sus capacidades de almacenamiento representa la única fuente superficial con que cuenta el municipio. Sin embargo y para infortunio de la población, como se ha mencionado anteriormente la Presa se encuentra en condiciones deplorables, ya que los parámetros mínimos de operación se encuentran rebasados. Para muestra existe la medida base que especifica hasta 200 mil metros cúbicos de azolves; no obstante en la actualidad existen de 2 a 2.5 millones de azolves.

En años anteriores el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Conagua ha invertido diversos montos exclusivamente para rehabilitar y dar mantenimiento preventivo a la presa, así como para ejecutar estudios especializados para calcular la cantidad de azolve, y otras obras que hoy reflejan que el problema existe e incluso se ha agravado.

Con estos problemas se limita sustantivamente la capacidad de almacenamiento del agua, puesto que aunque la función primordial de la Presa es ser Vaso Regulador de corrientes de agua, podría utilizarse también como Vaso de Almacenamiento del recurso derivado de la precipitación pluvial que servirían, de manera importante, a la demanda de escasez actual.

Asimismo, se plantea la acción que más allá del dragado, se limpie el vaso de esta estructura y se mantenga a la población en alerta permanente debido a los riesgos de inundación en caso de que el agua rebase el vertedero de la misma, ya que existen familias que han invadido los límites máximos del Vaso Regulador.

Por lo fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a llevar a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el Vaso de la Presa Emilio López Zamora.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Protección Civil a que en coordinación con el estado de Baja California y los Municipios del estado, a que se lleven a cabo acciones de prevención en caso de desastre o emergencia por posible desbordamiento de la Presa Emilio López Zamora.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California a que en coordinación con los Municipios del estado y el Gobierno Federal, emprendan una gestión integral de riesgos para prevenir y atender las causas y efectos de los peligros a los que se expone la población asentada de forma irregular en los límites del vaso de la Presa Emilio López Zamora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar un diagnóstico sobre las acciones emprendidas en los municipios del estado de México donde se ha emitido declaratoria de alerta de violencia de género, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre mujeres y hombres. De las cifras con las que se cuentan, destaca la violencia de género como un fenómeno extendido en diversos países, donde las mujeres han manifestado sufrir violencia en algún momento de su vida, ya sea porque son violadas, agredidas físicamente, forzadas a tener relaciones sexuales, obligadas a contraer matrimonio o en otros tipos y modalidades de violencia. La violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre mujeres y hombres.

2. La alta incidencia de la violencia de género que se presenta en todas las regiones del planeta y la preocupación sobre su presencia cada vez mayor en la sociedad, llevaron a colocar esta problemática como un tema prioritario en la agenda de los derechos humanos, ya que la violencia que se ejerce contra las mujeres es, precisamente, una vulneración a los derechos universalmente reconocidos a las personas. La violencia que se ejerce contra las mujeres se ha conceptualizado como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; de ahí que se deriven diversos tipos y modalidades de estas conductas.

3. Una de las manifestaciones más extremas de los tipos de violencia de género es el feminicidio como resultado de la violación reiterada y sistemática de derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas por el sólo hecho de ser mujeres y en algunos casos son asesinadas como culminación de una violencia social, pública o privada, tolerada o auspiciada por la omisión de acciones que la combatan o por la impunidad a los victimarios de violencia. Desde este enfoque, el feminicidio constituye más que un acto individual con un responsable identificado, sino que se entiende como un delito que se comete permanentemente y es derivado de la violencia estructural que limita el acceso de las mujeres al disfrute y pleno ejercicio de sus derechos humanos.

4. Para atender esta problemática en nuestro país se expidió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con diversas disposiciones tendientes a erradicar las acciones que conllevan a situaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres y, sobre todo, generar cambios institucionales y sociales a través de mecanismos que obligan a las instituciones del Estado a generar condiciones que prevenga, atienda, sancionen y eliminen esta reiterada violación de los derechos de las mujeres.

5. Uno de esos mecanismos es la denominada alerta de género, que de acuerdo a referida ley es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificarla a al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

6. Uno de esos mecanismos es la denominada alerta de género, que de acuerdo a referida Ley es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificarla a al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

7. Derivado de la situación de violencia de género que se presenta en diversos municipios del estado de México, organizaciones sociales demandaron la declaratoria de alerta de violencia de género, pues las cifras de feminicidios resultan alarmantes tan sólo en 2014 y 2015, según cifras de dichas organizaciones:

Con base en esos antecedentes, el 31 de julio de 2015 la Secretaría de Gobernación emitió formalmente la declaratoria de alerta de violencia de género para Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, México. Dicha dependencia notificó oficialmente dicha declaratoria al titular del Poder Ejecutivo local, a finalidad de contribuir a la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas mexiquenses; entre las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación al gobierno del estado de México destacan las siguientes:

• La divulgación de la declaratoria de alerta de violencia de género;

• Definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública;

• Acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas;

• La elaboración de protocolos de actuación y reacción policial;

• La creación de agrupaciones especializadas en género y de reacción inmediata;

• La recuperación de espacios públicos;

• La creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género;

• La integración de un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas públicas de prevención y atención a mujeres y niñas;

• La generación de redes ciudadanas e interinstitucionales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas;

• La capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres;

• Otras medidas son realizar campañas de prevención en escuelas, para la sociedad en general y de los espacios de atención a las diversas problemáticas;

• Creación de un grupo especializado para el avance en la investigación de los casos de violencia de género;

• Medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño;

• Creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia; y

• La armonización legislativa.

9. Cabe destacar que entre el marco normativo que rige la declaratoria de la alerta de violencia de género, específicamente el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se dispone que una vez emitida dicha declaratoria, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, solicitará al titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implantar las propuestas contenidas en la emisión de la declaratoria. Toda vez que ha transcurrido el plazo que se establece en dicho reglamento desde la emisión de la declaratoria de alerta de género para 11 municipios del estado de México, y no se cuenta con la información al respecto, se hace indispensable que la Secretaría de Gobernación presente el diagnóstico respectivo y los avances sobre el tema.

10. No omito mencionar que es menester que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de presidenta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe sobre el estado que guardan las solicitudes de alerta de género en otras entidades federativas, como Sonora, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Morelos, solicitadas unas por los gobiernos de las propias entidades federativas y otras por organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a realizar un diagnóstico de la labor realizada en los municipios del estado de México donde se ha emitido declaratoria de alerta de violencia de género, detallando sus respectivos avances.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de salud de los distintos niveles de gobierno a difundir acciones preventivas del cáncer infantil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Datos aportados por la Secretaría de Salud, revelan que en México existen anualmente entre 5,000 y 6,000 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. Los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son la Leucemia con el 52% del total de los casos y con una tasa de supervivencia de 80%; le siguen los tumores cerebrales con el 10% de presencia y un 67% de supervivencia, y por último, el linfoma igualmente con un 10% de presencia, pero con una tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma de Hodkin, y de 72% en casos de Linfoma No Hodkin.

Las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los setentas, hoy en día, más del 75% de los niños diagnosticados con cáncer sobreviven cinco años o más.

No obstante, el cáncer infantil es la principal causa de muerte en menores de 5 y 14 años de edad, cada 4 horas muere un niño por esta enfermedad, lo que representa un promedio anual de 2,150 muertes en la última década, conforme a las cifras reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).

Esto se debe, principalmente a la falta de un diagnóstico a tiempo, debido a que mientras que han surgido nuevos descubrimientos sobre tratamientos farmacológicos para el cáncer en adultos, el desarrollo de la farmacoterapia en el cáncer infantil ha disminuido y a muchos niños le son suministrados tratamientos descubiertos con más de treinta años de antigüedad, implicando en muchas de las veces graves riesgos y efectos negativos a largo plazo.

Por lo que hace a nuestro país, actualmente se cuenta con 54 unidades médicas acreditadas para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer, así como con 135 oncólogos pediatras; sin embargo, los costos tan elevados de los medicamentos provocan una atención inadecuada.

Entonces por qué se habla de las grandes posibilidades de subsistencia de esta enfermedad, si no existen las capacidades médicas, técnicas y económicas para tratarlo, lo cierto es que efectivamente un 80% de los niños con cáncer podrían recuperarse, siempre y cuando tengan la fortuna de ubicarse en un país desarrollado, no obstante, la realidad es muy diferente, ya que es en los países sub-desarrollados en donde se localizan el grueso de la tasa de los niños diagnosticados con cáncer.

Ante esta situación, se hizo necesario llamar la atención de la sociedad para crear consciencia, es por ello que se declaró el 15 de febrero de cada año, como el Día Internacional del Cáncer Infantil, con la finalidad de invitar a sumar esfuerzos para que las naciones dirijan sus labores a la atención del cáncer infantil.

Debemos hacer un llamado especial a través de dos vías, uno hacía la sociedad para que se informe y conozca de los síntomas de los cánceres con mayor prevalencia en niños, para que de esta forma se esté a tiempo de diagnosticar e implementar un tratamiento; y por el otro, diseñar políticas públicas en materia de salud, que incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema de cáncer infantil.

No menos importante, es la necesidad de impulsar la creación de hospitales que garanticen el tratamiento de los niños, pues como se ha referido, hay grandes esperanzas para su recuperación, las cuales se ven coartadas por la falta de infraestructura y atención.

Que esta conmemoración anual nos sirva no sólo para recordar y lamentar anualmente la pérdida de tantos de nuestros niños, que sea un impulso para seguir trabajando y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero sobre todo, para garantizar derechos tan fundamentales como lo es la salud.

Efectivamente, los niños son el futuro de nuestro país, brindemos herramientas suficientes para que estos puedan hacer de nuestra nación un mejor lugar para vivir. Usemos el listón dorado como símbolo de apoyo a esta lucha, como una expresión de lo más brillante que se puede sacar de la adversidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2016.

Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a publicar los lineamientos para cumplir el acuerdo publicado por la SHCP el 30 de diciembre de 2015 donde se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México más de 500 mil productores pesqueros y agropecuarios utilizan energéticos tales como la gasolina rivereña y el diésel agropecuario para sus actividades. El apoyo al diésel y gasolina en los sectores pesquero y agropecuario tiene por objeto ampliar el margen de operación de los productores agropecuarios mediante una cuota energética a precios de estímulo, logrando con ello mayor competitividad en el campo.

En términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estos precios de tarifas y estímulos son para impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y conforme al artículo 6o. de la Ley de Energía para el Campo, estos precios y tarifas de estímulo se entregarán de acuerdo a las disposiciones que establezcan la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sin embargo durante 2014 y 2015 el apoyo al diésel agropecuario desapareció, afectando a miles de productores teniendo que comprar este insumo a precios entre 10 y 13 pesos el litro.

Durante febrero de 2015 productores y campesinos encabezadas por la organización El Barzón, realizaron caravanas para ir a la frontera con Estados Unidos para adquirir diésel y gasolina a precios más baratos que los establecidos en territorio mexicano. También realizaron cierre de puentes y vías de ferrocarril en distintos puntos del país en el pasado mes de octubre, acciones realizadas en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Durango, Coahuila y Sinaloa, además de Guanajuato y Jalisco.

Gracias a estas movilizaciones, se logró en beneficio de todos los agricultores y pescadores del país que el pasado 30 de diciembre, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación emitiera el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a los hidrocarburos para los sectores pesquero y agropecuario, quedando para el mes de enero el precio de la gasolina menor a 92 octanos a un precio de 8.8 pesos por litro, mientras que el diésel se estableció a un precio de 7.90 pesos por litro.

No obstante, a pesar de la urgencia que existe de estímulos al campo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no ha publicado los lineamientos para la aplicación de este estímulo fiscal, provocando un retraso en los pagos. ¡Ya pasó un mes y no cumple su obligación!

Por ello, recientemente los productores han salido nuevamente a manifestarse solicitando se cumplan los acuerdos de precios preferenciales a los energéticos agropecuarios y pesqueros, pues los altos costos en los insumos, incluyendo los la gasolina y el diésel afectan a miles de productores que ya iniciaron a preparar el ciclo de siembras primavera-verano y la economía de las familias en el sector rural y porque no cuentan con posibilidades de producir los alimentos básicos que demanda nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que publique los lineamientos correspondientes para dar cumplimiento del acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 30 de diciembre de 2015 en el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Jesús Serrano Lora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a realizar una campaña de regularización de los centros de atención de las personas adultas mayores en todo el territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que en la medida de sus facultades realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional para asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación; con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, las condiciones y los factores sociodemográficos han sido tema de especial atención e interés, no solo como aspectos de estadística sino también como asuntos concernientes al futuro de cualquier sociedad.

En nuestro país, un ejemplo de ello es el relativo a los adultos mayores.

En México asumimos como adultos mayores, a quienes se encuentran en lo que se puntualiza en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores emitida apenas hace 10 años:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;1

Un sector de nuestra población con el cual, históricamente se han tenido y se tienen enormes deudas pendientes.

Situación que se ha desarrollado a lo largo de poco más de tres décadas y nos ha derivado en condiciones para este vulnerable sector de la sociedad; que no solo son alarmantes, sino también hirientes.

En México, podemos afirmar que los adultos mayores en su gran mayoría carecen y sufren.

Carecen de falta de oportunidades de trabajo, de condiciones favorables para su desarrollo integral, de asistencia social, de acceso al disfrute en plenitud de todos sus derechos –marcadamente los elementales- y en síntesis de un entorno de privaciones en todos los aspectos.

Como se dijo anteriormente, también sufren; de enfermedades –muchas de ellas altamente incapacitantes- de marginación social, exclusión, discriminación y además desafortunadamente de acuerdo a cifras oficiales, el 16% del total de los adultos mayores en nuestro país padecen de algún tipo de violencia en sus diferentes grados.2

Incluso esta cifra es todavía más inquietante, si consideramos que de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se tiene registrado que 3 de cada 5 adultos mayores en México, la violencia que sufren proviene del entorno familiar directo.3

En otras palabras, los adultos mayores en nuestro territorio; son víctimas incluso de quienes deberían ser sus benefactores.

Ante ello, vemos con preocupación que somos una sociedad que tolera, solapa, sobrelleva y disimula; las vejaciones, las carencias y las violaciones sistemáticas en sus derechos humanos, hacia los adultos mayores.

La situación hoy es crítica y se augura en un futuro inmediato – si no actuamos al respecto- catastrófica.

Es critica porque nos estamos refiriendo en el presente, según fuentes oficiales a 11 millones 669 mil 432 personas adultas mayores; y catastrófica en un futuro cercano porque se estima que para el 2030, la población adulta mayor respecto al índice registrado desde el año 2000, se incrementará en un 330%, en contra de un 45% que se estima crecerá la población joven en el país para el mismo periodo de tiempo.4

Es decir, en el 2030 seremos una población conformada en su mayoría por adultos mayores con la atención a sus necesidades rezagadas, que por personas jóvenes y económicamente activas.

Como se puede apreciar la situación es verdaderamente crítica, si consideramos además que las tendencias nos muestran que el 82% del total de adultos mayores viven en pobreza, es decir 8 de cada 10 personas adultas mayores no tiene los medios para cubrir sus necesidades; solo los dos restantes de esos 10 mexicanos, tiene los medios para solventar sus gastos o bien cuentan en el mejor de los casos con una pensión.5

Aunado a lo anterior, tenemos que la gran mayoría de los adultos mayores no tiene un lugar seguro, estable y digno para vivir. En muchos casos son despojados de su patrimonio, tanto inmuebles como dinero; o bien desplazados hacia un rincón en su misma casa.

En contraparte, no hay ni los suficientes ni los adecuados sitios especializados para atenderlos en sus necesidades específicas; bien sea públicos o de asistencia privada.

En promedio del total de los lugares provistos por los gobiernos tanto federales como estatales y municipales en el país, solo un poco más del 8% aproximadamente de estos lugares brindados institucionalmente, son exclusivos o dedicados a la atención especializada del adulto mayor.

Es decir; espacios con los requerimientos de movilidad para ellos, con el personal profesional para la atención de su desarrollo emocional, psicológico, de integración y sobre todo médico.

Como se puede apreciar, las opciones para nuestros adultos mayores para tener una mejor calidad de vida y de condiciones de la misma o bien para salir de ese círculo vicioso de marginación, discriminación y violencia del cual son objeto –aun en el mismo hogar y dentro de la mismo núcleo familiar– son escasas o prácticamente nulas.

Por esta razón y al amparo de la situación anterior; es que hemos visto con preocupación que han estado surgiendo lugares improvisados y de la noche a la mañana, que ofrecen servicios de albergues o también como centros de atención para los adultos mayores.

Se trata de espacios, que carecen en primer lugar de lo esencialmente requerido para atender de manera profesional y especializada en lo más mínimo, los servicios que ofrecen; al igual que de los permisos y autorizaciones requeridas y emitidas por las autoridades correspondientes encargadas de ello y que garantizan su funcionamiento al margen de lo que establece la ley y las normas de atención realizadas por los profesionales en la materia.

Por un lado, tenemos que los lugares que cuentan con los requisitos establecidos, no son fácilmente identificables y no hay un orden respecto a los lugares que actualmente existen de atención a los adultos mayores en nuestro país.

En segundo lugar y derivado de lo anterior, no hay información detallada de su funcionamiento y de su desempeño, que dé claramente el conocimiento suficiente del lugar de interés, para tener la completa seguridad de que se trata del espacio adecuado.

Además de todo lo anterior, hay todavía problemas de cuestión cultural; respecto a apreciar estos lugares como espacios para el abandono y el desentendimiento absoluto de nuestros adultos mayores, negando por un lado el acceso a estos espacios a quienes lo requieren o bien cerrándonos la posibilidad de verlos como una opción viable para otorgar mejores condiciones de vida para el adulto mayor, que tengamos en nuestros hogares.

Ello, es igualmente aprovechado por personas sin la ética suficiente y el compromiso requerido, para lucrar con las necesidades de quienes están en una situación de marginación en su familia y obtener un provechoso beneficio económico, a costa de ofrecer una atención incompleta, incorrecta o bien deficiente, a los adultos mayores que literalmente “caen en sus redes”.

Es por esta razón que se considera oportuno que las autoridades correspondientes lleven a cabo una regularización de estos espacios tan necesarios, no solo para los adultos mayores de nuestro país sino para la sociedad en su conjunto.

Como una manera en primer lugar, de generar un reordenamiento de la situación que priva respecto a estos espacios.

De tener una radiografía exacta de la magnitud de las carencias que hay sobre el número de estos espacios que actualmente necesitamos, como segundo beneficio.

Y finalmente como tercera ventaja, el garantizar con este esfuerzo; que estos espacios funcionen y operen con absoluta atención a lo dispuesto en las normas y requerimientos emitidos para el efecto; como una medida más que asegure que a todo adulto mayor que acuda a estos espacios, le serán respetados irrestrictamente sus derechos.

A su vez; erradicar esos lugares improvisados que no ofrecen la atención requerida y necesaria para el adulto mayor.

Sin duda alguna, este esfuerzo no resuelve ni atiende, todas las necesidades de nuestros adultos mayores; sim embargo el no llevarlo a cabo, representa una rendija más, por donde el empeoramiento encuentra un espacio más para hundir con mayor fuerza en la vulnerabilidad a este importante y muy lastimado sector significativo e imprescindible de nuestra población.

Este esfuerzo es además parteaguas y podrá servir como punta de lanza, para ir abrir los espacios de la conciencia entre nuestra sociedad respecto a la obligación que tenemos con ellos.

Como se mencionó anteriormente, estamos refiriéndonos a mexicanos imprescindibles, en su persona misma y también por la sabiduría que implica su trayecto y experiencia de vida.

Al igual que importantes, por su misma condición de seres humanos; y también, porque debemos de asumir en corresponsabilidad tanto sociedad y gobierno el compromiso de atenderlos debido a que en él ayer, ellos con su trabajo y esfuerzo consolidaron los benéficos que hoy disfrutamos todos.

Esta soberanía y quienes la integramos, debemos de estar conscientes que ignorar a nuestros adultos mayores, es los mismo que ignorar a nuestra niñez; porque eso equivale a darle la espalda a nuestro futuro como sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que en la medida de sus facultades realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional para asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación; con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios.

Notas

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3.

2 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Secretaria de Salud.

3 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

4 Consejo Nacional de la Población. 2015.

5 Consejo Nacional de Población.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero del 2016.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).

Con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la de Economia y la Secretaría de Desarrollo Social, en ejercicio y uso de sus atribuciones procedan, de manera inmediata, a implementar un programa de empleo temporal en Ciudad del Carmen, a fin de contrarrestar el grave problema de desempleo que actualmente afecta, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI

Los suscritos, diputadas federales Nelly del Carmen Márquez Zapata, Rocío Matesanz Santamaría, Adriana del Pilar Ortiz Lanz y diputado federal Miguel Ángel Sulub Caamal integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respectivamente representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en ejercicio y uso de sus atribuciones procedan, de manera inmediata, a implementar un programa de empleo temporal en el municipio de Ciudad del Carmen, a fin de contrarrestar el grave problema de desempleo que actualmente afecta a dicho municipio, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes.

Consideraciones:

Primera. Diversos medios de comunicación de Ciudad del Carmen y del Estado de Campeche, han coincidido en el grave problema de desempleo que se vive en dicha localidad, al respecto, a continuación se hacen del conocimiento de esta Cámara de Diputados, algunas notas con las cuales se acredita la problemática que aqueja a Ciudad del Carmen.

Segunda. El boom petrolero en Ciudad de Carmen ha traído consigo también algunos problemas sociales como el aumento en el desempleo por el despido masivo de empleados, como es el caso de Oceanografía.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), dio a conocer que Campeche cuenta con ocho mil 853 desempleados, de los cuales tres mil 186 se encuentran en Ciudad del Carmen.

Ciudad del Carmen debería ser ejemplo de progreso por los altos ingresos derivados de la extracción del petróleo, pero este no se ha desarrollado convenientemente debido a que el sector privado no ha podido vincularse con las actividades de Pemex, así lo señala el Plan Municipal de Desarrollo de El Carmen.

Tercera. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial del Carmen, han asegurado que la isla tendrá muy serias afectaciones, tomando en cuenta que el 35 por ciento de las compañías que prestaban servicios a Pemex tenían personal bajo la modalidad de outsourcing.

Aseveró que los trabajadores tendrán que abandonar Ciudad del Carmen, lo que traerá serias afectaciones a la economía local, pues muchos de esos empleados consumían en restaurantes, usaban transporte público, compraban en las tiendas de autoservicio, rentaban casas o se hospedaban en hoteles, y todos estos negocios disminuirán notablemente sus ingresos, corriendo el riesgo hasta de cerrar.

Aseguró que el despido masivo provocó inestabilidad entre las empresas locales, por lo que consideró una mala decisión del gobierno federal haber rescindido los contratos de servicios de esos empleados administrativos en la paraestatal.

Si lo que quieren es aplicar austeridad realmente, dijo, deberían empezar por bajarle los sueldos exorbitantes de los altos directivos petroleros, deberían reducir el gasto corriente de las oficinas administrativas y minimizar los beneficios que se les da a los trabajadores de planta, y con ello se tendría un gran ahorro sin afectar a los trabajadores de contrato.

Cuarta. El director General de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García, dio la indicación a todos los subdirectores de la paraestatal de dejar sin empleo a partir del lunes 5 de enero del presente año, a más de 15 mil trabajadores que laboraban en las instalaciones y edificios administrativos en la Paraestatal en Ciudad del Carmen.

El despido de los 15 mil empleados de outsourcing afecta lamentablemente a casi 10 mil empleados residentes en Ciudad del Carmen, por lo que se espera impacte al estado de Campeche de gran forma y esta motive el alza en la delincuencia y una gran crisis económica en todo el Estado.

Quinta. Félix Alvarado Arellano, Subdirector de Producción Región Marina Noreste, señaló que como parte de las medidas de austeridad acordadas, se deberá reducir a cero el personal de outsourcing y asistencias técnicas a partir del 1 de enero de 2015.

Por otro lado, más de 10 mil trabajadores han sido despedidos y hasta 50 mil más podrían perder su empleo, dijo Gonzalo Hernández, Secretario de la Cámara de Desarrollo Económico de Ciudad del Carmen, en una entrevista telefónica con Bloomberg.

Sexta. Derivado de lo anterior y como consecuencia lógica, existe un desafortunado incremento en materia de delincuencia, principalmente por el alto índice de desempleo que se vive en Cd. Del Carmen, lo cual puede contrarrestarse con la creación de nuevos y mejores empleos, ya que la falta de ingresos económicos es lo que ha desencadenado esta ola delictiva.

En términos de lo expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en ejercicio y uso de sus atribuciones procedan, de manera inmediata, a implementar un programa de empleo temporal en el municipio de Ciudad del Carmen, a fin de contrarrestar el grave problema de desempleo que actualmente afecta a dicho municipio.

Palacio Legislativo a 11 de febrero de 2016

Diputados: Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Miguel Ángel Sulub Caamal.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Semarnat a investigar las violaciones en el predio Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 de los artículos 6o. y 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los manglares son ecosistemas complejos de gran importancia para la naturaleza y para el mismo ser humano, estos ecosistemas proporcionan diversos bienes y servicios ambientales, como lo son una elevada captura de carbono y la depuración de las aguas provenientes de los ríos en cuanto a la concentración de sedimentos suspendidos, materia orgánica y microorganismos patógenos, entre otros.

Los manglares también son importantes porque protegen a las costas contra la erosión y amortiguan los efectos de meteoros severos e inundaciones. Además, funcionan como sitios de crianza, refugio y alimentación para los individuos juveniles de especies comerciales que ahí se reproducen y que posteriormente son reclutados en los bancos pesqueros; por lo mismo generan ingresos derivados de las actividades productivas que de ellos dependen, como la pesca de camarón y otros crustáceos, diversos peces, y algunos moluscos.

Pero pese a su importancia, la depredación que han sufrido ha sido y es intensa, al grado de que se calcula que apenas nos queda una tercera parte de la extensión que originalmente tenían.

El caso más reciente de esta depredación lo tenemos en el del manglar conocido con el nombre de Tajamar, ubicado en Cancún, Quintana Roo.

Como se ha dado a conocer, actuando como delincuentes la madrugada del 16 de enero, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó al manglar para preparar la construcción de un desarrollo inmobiliario, proyecto Malecón Cancún-Tajamar, sin que previamente se hayan llevado a cabo las acciones necesarias para que la fauna del lugar fura reubicada, como parte importante de esta fauna se tienen alrededor de 100 especies, de las cuales, 13 están bajo alguna categoría de protección en la Norma Oficial Mexicana 059, que protege a las especies nativas de México de flora y fauna silvestres.

Dentro de las especies más importantes de este manglar se tiene al cocodrilo Moreleti, cuyo estatus en dicha norma es el de sujeta a protección especial. Además de 44 especies de aves, algunas nativas, otras migratorias que eligen este sitio para alimentarse y refugiarse. De tal forma que además de la irreparable destrucción del hábitat, varios ejemplares de cocodrilos, iguanas, garzas y otras especies fueron enterrados vivos cuando la maquinaria pesada irrumpió en el lugar.

Pero, el asombro e indignación crece cuando vemos que en esta irracional destrucción participaron funcionarios e instituciones locales y federales, desde el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), esta última institución federal, autora del ecocidio y que previo a este se dedicó a litigar en contra de los habitantes de Cancún, cuando estos por medio de amparos trataron de evitar el acto de barbarie que aconteció el 16 de enero.

Al día de hoy los funcionarios federales tratan de justificar su actuación alegando que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que adiciona el artículo 60 Ter mismo que protege a los manglares, fue promulgada con fecha posterior a que se dieran por parte de la Semarnat los permisos para destruir este ecosistema.

Cabe señalar que no es la primera violación a la normatividad ambiental que se comete en contra del manglar en comento, tan sólo en agosto de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó la Suspensión Total Temporal de todas las actividades y obras de cambio de uso de suelo en 10 lotes del proyecto Malecón Cancún-Tajamar, por incumplir los términos y las condicionantes respectivas a las autorizaciones otorgadas al margen de la ley por la dependencia en 2005 y 2006.

De hecho, es cuando menos curioso que la Semarnat haya dado permiso para construir en una zona de manglar, ya que los manglares en su flora están constituidos por mangle, y estos arbustos desde el 2001, están protegidos por la NOM-059-Semarnat-2001.1 Habría que ver que argumenta la Semarnat para justificar el que se haya ignorado una norma oficial mexicana que ellos mismos elaboraron y publicaron.

En otro orden de ideas, bajo los preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales, en particular los artículos 6 y 13, es cuando menos cuestionable que estos permisos se hayan dado, ya que desde nuestro punto de vista el predio de Tajamar debería de haber sido considerado como bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación. Lo anterior debido a que la fracción I del artículo 6 señala que:

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

I. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Aquí cabe hacer un paréntesis para precisar que el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional establece que es propiedad de la nación las aguas de los mares exteriores de conformidad con las reglas del derecho internacional, las aguas marinas interiores , así como de las aguas de los esteros, lagunas y ríos que permanentemente o intermitentemente tengan conexión directa con el mar ; la federación también es propietaria de las zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas, esteros, ríos, lagos interiores de propiedad nacional.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad nos dice que “los manglares son un tipo de vegetación que está compuesto por árboles que viven alrededor de bahías, lagunas costeras, estuarios y playas protegidas del oleaje. Son ecosistemas que están directamente en contacto con el mar y con el ambiente terrestre. Por lo general son tropicales, llegan a medir más de 30 m de altura y abarcan extensiones de miles de hectáreas.”2

Por lo tanto, se puede observar que Tajamar al ser un manglar se considera un ecosistema costero que está directamente en contacto con el mar y por lo tanto es de los que menciona el artículo 27 constitucional.

Regresando a la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 13 nos dice:

Artículo 13. Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables,3 imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.

Entonces, si son terrenos inalienables, es decir, que no se pueden vender, ¿cómo fue que se cedieron a Fonatur, para que está a su vez los vendiera a particulares? Aquí cabria una explicación por parte de Semarnat.

Regresando al argumento presentado por Fonatur por medio del cual pretende minimizar su actuar, si bien es cierto que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los permisos que se utilizaron para destruir el manglar fueron emitidos antes de la reforma a la LGVS ya comentada, seguramente ni la MIA, ni los permisos mencionados permiten la destrucción de especies protegidas, como lo es el cocodrilo Moreleti.

El pasado 28 de enero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) salió en la defensa de Fonatur, declarando que:

“... como resultados preliminares de una serie de trabajos de gabinete y campo realizados al proyecto Malecón Tajamar Cancún, no hay indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Hasta el momento la evidencia recabada sobre un presunto daño es indicativa de responsabilidad ambiental a la empresa BI & DI Real Estate de México, SA de CV, por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con Estudio Técnico Justificativo, ni con proyectos ejecutivos validados por la Semarnat.”4

Continúa Profepa en su comunicado:

“La Profepa ha realizado inspecciones permanentes al proyecto y continúa profundizando en la revisión de los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la Semarnat al proyecto Malecón Tajamar Cancún. Sin embargo, se precisa que las acciones de chapeo y desmonte realizadas por Fonatur se hicieron con base en los protocolos correspondientes.

Esta Dependencia Federal emplazará y ordenará al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que concluya el programa de rescate de la fauna silvestre observada en la inspección efectuada el pasado 26 de enero.”

Pero, existen testimonios que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación que durante los trabajos para destruir Tajamar se dañaron especies sujetas a protección especial, y que esto no fue un accidente, ya que los sujetos que planearon con premeditación, alevosía y ventaja este crimen ambiental, es decir, los autores intelectuales, bien sabían que en el lugar habían especies protegidas.

Al respecto bien cabe citar el artículo 420 del Código Penal Federal (CPF), mismo que tipifica esta conducta como un delito, a la letra las fracciones IV y V del citado artículo del CPF señalan:

“Artículo 420 . Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

...

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial , o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

...”

Entonces ante un delito tipificado en el CPF, cometido en una zona de jurisdicción federal, bien cabe la intervención de la Procuraduría General de la República, institución que cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.

Al presentar este Punto de Acuerdo nuestra intención es que se proceda en contra de los que planearon este ilícito, es decir, contra los autores intelectuales, ya que bien puede darse el caso de que se determine que sí hubo delitos ambientales, pero únicamente se proceda contra los obreros y operadores de la maquinaria pesada que intervinieron en los hechos, cuando estos no tenían la información de la presencia de especies protegidas en el predio y solo estaban actuando por instrucciones de sus patrones. Así también, en el caso de que determine la comisión de delitos ambientales se elabore un plan de rescate y recuperación del espacio, flora y fauna afectados.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, investigue las presuntas violaciones al artículo 420, fracción V, del Código Penal Federal, cometidas el 16 de enero de 2016, en el predio conocido como “Tajamar”, ubicado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso proceda conforme a derecho contra los autores intelectuales de este delito. Además, una vez concluida la investigación haga pública la información recabada con forme a la normatividad vigente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga público los criterios que la dependencia a su cargo siguió para no considerar el predio conocido como “Tajamar”, ubicado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, como bien sujeto al régimen de dominio público y por lo tanto por efectos del artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, inalienable, imprescriptible e inembargable.

Notas

1 Norma Oficial que al actualizarse pasó a ser la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

2 Al respecto se puede consultar: Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I04_Losecosi stemascos.pdf

3 Inalienables: Que no se puede enajenar. (Diccionario de la Lengua Española)

Enajenar: Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. (Diccionario de la Lengua Española)

4 Al respecto consultar: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/ni-ecocidio-ni-devastacion-por-desmo nte-en-proyecto-malecon-tajamar-cancun-profepa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada María Chávez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, a llevar a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alejandro Juraidini Villaseñor, diputado a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio de Naucalpan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varias semanas el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, ha vivido una problemática de falta de recolección de basura que se está traduciendo en afectaciones de salud, sociales y medioambientales para las familias naucalpenses.

Entre otros factores, esta situación se ha agravado debido a que el pasado 28 de enero en este municipio, trabajadores de limpia municipal de Naucalpan, realizaron un paro indefinido de labores para exigir mejores condiciones de trabajo en materia de seguridad tras la muerte accidental de uno de sus compañeros.

A pesar de ello, los habitantes de las comunidades de este municipio continúan depositando sus desperdicios en la vía pública, esperando a que pasen los camiones recolectores de la basura, lo que ha generado que se acumule la basura en las calles.

Este servicio irregular de basura en colonias de Naucalpan preocupa a sus habitantes, ya que la acumulación de desperdicios en sus calles además de generar contaminación visual, les puede generar problemas de salud, así como problemas en su medio ambiente. Es importante destacar que, en materia ambiental los residuos sólidos urbanos (RSU) son sumamente contaminantes por su gran volumen y porque la mayoría son materiales que no son biodegradables o son de lenta degradación, por lo que deben ser tratados de forma especial para reducirlos y no perjudiquen los ecosistemas.

La basura afecta directamente a los seres humanos al contaminar agua, aire y suelo. Asimismo, la fauna que se congrega en torno a los desperdicios también es perjudicial, como son ratas, cucarachas, moscas y mosquitos, especies que transmiten enfermedades al ser humano.

En materia de salud, la acumulación de basura también se puede traducir en erupciones en la piel y complicaciones de infecciones respiratorias, debido a la exposición continua al aire contaminado. Además, la preparación de alimentos a la intemperie cerca de depósitos de basura eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales generadas por bacterias como la salmonella.

Peor aún, cuando la basura se quema, las sustancias volátiles se hacen más tóxicas afectando la salud de las personas, debido a sus propiedades cancerígenas.

Por su parte, la basura también afecta a la atmósfera, toda vez que ésta emite bacterias y gases que son transportados por el viento, mismos que también pueden contaminar los mantos acuíferos, a través del agua de lluvia.

Debido a que esta situación es un tema muy importante de salud, de carácter social y de medio ambiente para los naucalpenses, y a que ésta requiere de una pronta solución, el que suscribe considera trascendental se ejerzan acciones de forma rápida y efectiva, por lo que estima de suma importancia hacer un atento exhorto de manera urgente a las autoridades correspondientes a resolver este problema. Por lo que me permito someter a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio de Naucalpan.

Fuentes

• Bienestar y Salud, Basura causa graves problemas de salud. Disponible en:
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/basura-causa -graves-problemas-de-salud

• Genaro Campos, El Sol de México , “Naucalpan, sin recolección de basura”, 28 de enero 2016. Disponible en: http://elsoldemexico.com.mx/metropoli/114057-naucalpan-sin-recoleccion- de-basura

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Residuos sólidos urbanos y de manejo especial . Disponible en:
http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbano s

• Verónica García Bustamante, Persiste el problema de la basura en calles de Naucalpan , 7 enero 2016. Disponible en:
http://siempre889.mx/noticias/informacion-general/persis te-el-problema-de-la-basura-en-calles-de-naucalpan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la ALDF a realizar acciones para expedir las respectivas leyes o, en su caso, adecuar las existentes a fin de establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes.

Consideraciones

Hoy en día, las uniones tempranas como el matrimonio de niñas y adolescentes constituyen una violación a los derechos humanos de las niñas y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas1 .

Al menos una de cada cinco mujeres en México entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años2 .

El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece las edades en que son considerados como menores de edad y jóvenes, conforme al artículo siguiente:

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece lo siguiente en su artículo:

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Por otro lado, se fundamenta en la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez en sus decisiones y actuaciones. Reconociendo que el objeto del derecho a la protección es el aseguramiento del buen desarrollo, físico, mental, emocional, social, pleno e integral en condiciones de igualdad a la infancia.

La ley faculta a las autoridades estatales, federales y municipales para intervenir a través de todos los medios legales, especialmente cuando ciertos actos u omisiones puedan afectar la salud física o mental y la educación de la infancia. De igual manera poder evitar que este derecho sea violentado y por lo cual, se busca asegurar que la ley se lleve a la práctica, haciendo hincapié a los derechos humanos. Con el cual se pretende impulsar las acciones para eliminar los matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años. De modo que no puedan casarse quienes no cumplan la edad mínima de 18 años.

No obstante, en nuestro país, según registros oficiales, en 15 por ciento de los matrimonios celebrados en 2011 participaron niñas de entre 12 y 18 años3 .

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad reconocida por el Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer es de 18 años.

Algunos estudios indican que el matrimonio infantil es más común en los hogares pobres. UNICEF señala que una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos4 .

Existe una fuerte relación entre pobreza y matrimonio infantil. Las familias más pobres pueden ver a las niñas como una carga económica y a su matrimonio como una estrategia de supervivencia. En algunos casos, los padres consienten el matrimonio de sus hijas para reducir el número de personas a quienes deben alimentar, vestir y educar, mientras que en otras, el dinero, bienes o ganado, es decir, la dote que los maridos ofrecerán es una motivación importante5 .

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido modificado con la intención de regular los matrimonios, derivadas de los acuerdos internacionales de derechos humanos. No obstante, la ONU el 19 de Noviembre del presente año, lanzó una campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas)”, con el fin de evitar el matrimonio de adolescentes y niñas, e hizo un llamado a los congresos estatales para que armonicen sus leyes, la cual prohíbe la unión entre menores de 18 años.

Durante la campaña se recordó que al menos una de cada cinco mujeres en México entra en unión conyugal antes de cumplir la mayoría de edad.

En la actualidad hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de esta edad. La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones.6

El matrimonio infantil es una práctica que afecta con mayor intensidad a las niñas propiciando que den un salto de la infancia a la asunción de funciones propias de las mujeres adultas. Después de casarse, las niñas y adolescentes asumen las tareas que se espera realice la esposa, entre ellas, atender el hogar, la maternidad y el inicio de la vida sexual, sin considerar que se trata de personas que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Preferentemente esta deberá quedar fijada en 18 años para contraer matrimonio, y de esa manera otorgar la máxima protección jurídica a los menores.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su segundo transitorio: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor”.

Por tanto es urgente que todos los estados y el Distrito Federal finalicen la armonización de su marco jurídico correspondiente con las disposiciones de este ordenamiento, especialmente en lo que se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, toda vez que ya se venció el plazo previsto en el segundo transitorio de la ley para que todas las entidades federativas concluyan con las modificaciones legislativas necesarias.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para expedir sus respectivas leyes, o en su caso, adecuen las ya existentes con el objetivo de establecer en las mismas como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, conforme a lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/10/llama do-no-matrimonio-infantil#_ftn1

2 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/10/llama do-no-matrimonio-infantil#_ftn1

3 Inegi. Consulta interactiva de Estadísticas de nupcialidad

4 UNICEF (2010). Obra citada, página 4.

5 UNICEF (2010). Obra citada, página 4.

6 http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/se-lanza-campana-de-la-a-a-la-z-mexi co-sin-union-temprana-y-matrimonio-de-las-ninas-en-la-ley-y-en-la-prati ca

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Sectur y el INAH a promover acciones para garantizar el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Comité Europeo de Normalización (CEN) define al guía de turistas en la Norma Europea EN 1809 referente a los Servicios turísticos de la siguiente manera:

“Persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee una titulación específica sobre una zona, por lo general emitido o reconocido por las autoridades competentes.”

La Comisión Europea ha podido constatar que los problemas de libre circulación que han tratado se deben muy a menudo a la confusión de dos profesiones diferentes, aunque complementarias: la de guía de turismo y la de acompañante.

CEN también define la figura del acompañante y del director de tour o jefe de grupo o correo de turismo, como:

“Acompañante: representante de un turoperador que proporciona asistencia básica a los viajeros.

Director de tour o jefe de grupo o correo de turismo: persona que gestiona y supervisa el itinerario en representación del turoperador, asegurándose de que el programa se desarrolla tal y como está descrito en el contrato del turoperador y vendido al viajero o consumidor, y que además proporciona información práctica del lugar.”

En este sentido es preciso aclarar que un guía, es una persona que conduce a los visitantes en el idioma de los grupos a los cuales se está atendiendo, además da interpretación sustentada en estudios específicos emitidos y reconocidos por las autoridades competentes del patrimonio cultural y natural de una localidad.

Al respecto, la Secretaría de Turismo del gobierno de la República, a través de la Dirección General de Certificación Turística, acredita a los guías de turistas de acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002.

De esta manera, los guías de turistas “...ofrecen el servicio de orientación e información profesional y especializada en los atractivos turísticos y el patrimonio cultural y natural de México en las diferentes entidades federativas.” De acuerdo a la Secretaría de Turismo del gobierno de la República, los guías de turistas se clasifican de acuerdo a su especialidad, de la siguiente manera:

• Guía de turistas general

• Guía de turistas especializado en temas o localidades específicos de carácter cultural

• Guía de turistas especializado en actividades específicas

Como se ha visto, no se debe confundir a los guías de turistas con los acompañantes o directores de los grupos de turistas internacionales, por lo tanto, los guías de turistas deben ser protegidos en cuanto a su derecho a trabajar y acceder gratuitamente y sin costo alguno a las zonas arqueológicas y turísticas, porque es importante que el Estado mexicano les otorgue las garantías necesarias para que desempeñen eficientemente su trabajo.

De acuerdo a lo anterior también se debe certificar y mejorar la capacitación de los guías de turistas evitando que “escuelas o planteles universitarios” otorguen estudios que reducen la calidad de los servicios que prestan los guías de turistas, por lo tanto, la Secretaría de Turismo del gobierno de la República tiene que certificar y emitir una serie de recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita programas de estudios que mejoren la formación de quienes realicen la profesión de guía de turistas.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo, de marzo de 2015, nuestro país ostenta el décimo lugar en el mundo con 29 millones de visitantes al año y que la tendencia es que el turismo aumente, no sólo con destinos de sol y playa sino de aventura y de cultura, por tal motivo, no existe justificación para que a los guías de turistas les cobren el acceso a las áreas turísticas; es el momento de proteger e impulsar esta industria que genera cerca de 8 millones de empleos, la cual en este último año aumentó 20 por ciento.

Las proyecciones para 2016 indican un aproximado de 29 millones 653 mil turistas, de los cuales 13 millones 600 mil se hospedarán en hoteles (+2.2 que en 2015) y 16 millones 58 mil se alojarán en casa de familiares y amigos o residencia propia (+1.3 que en 2015), lo que representa un incremento total de 1.7 por ciento con respecto a 2015. En los turistas que pernoctan en establecimientos de hospedaje, sobresale el número de internacionales, que se considera llegará a los 2 millones 960 mil, 5.6 por ciento por arriba de 2015, y significará 22 por ciento del total de visitantes.

Por otra parte el Estado mexicano, mediante el Instituto de Migración en coordinación con la Secretaría de Turismo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), deberán vigilar que los grupos de turistas siempre se conduzcan con un guía de turistas nacional a fin de que las 3 mil 834 familias que dependen de esa industria, vean protegido su derecho al trabajo y continúen percibiendo una retribución digna y se sancione la competencia desleal en dicho gremio por parte de acompañantes o directores de grupo internacionales.

Para concluir, es importante reconocer que es el momento de construir una serie de condiciones capaces de devolver la dignidad y el derecho al trabajo del gremio de los guías de turistas nacionales, en beneficio de una industria que difunde los valores y la cultura de nuestro país, por ello, las instituciones responsables deberán tomar las medidas pertinentes al respecto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al Institutito Nacional de Migración, a la Secretaría de Turismo federal, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que de acuerdo a sus atribuciones erradiquen, sancionen y prohíban la competencia desleal que acompañantes y directores de grupos de turistas internacionales propician en sus visitas a nuestro país y que, con el pretexto de desempeñar esa función, eludan contratar a los guías de turistas nacionales.

Segundo: Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Turismo federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que de acuerdo a sus atribuciones, garanticen el acceso gratuito a las zonas arqueológicas y turísticas de los guías de turistas debidamente certificados a fin de proteger su dignidad, el derecho al empleo y al salario justo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a considerar en los lineamientos de las Reglas de Operación del Proagro Productivo que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo recibido por los productores agrícolas de dicho programa, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Edgardo Melhem Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que en los lineamientos de las Reglas de Operación del Proagro Productivo se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa.

Exposición de Motivos

El sector rural es uno de los más vulnerables por las crisis, aunado a la situación, los insuficientes apoyos y programas dirigidos a los productores agrícolas o familias campesinas, trae consigo consecuencias negativas, considerando que el campo es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la estructura económica del país.

En las zonas rurales, la agricultura es la actividad más importante, de ella depende la alimentación primaria de la población; la extensión territorial, y la riqueza del suelo determinan la capacidad productiva de un país, sin embargo existen otros factores importantes que también influyen, como son la oferta y la demanda de los productos del campo, así como de la infraestructura y modo de producción que los rodea.

El gobierno de la república, reconociendo que el campo es un sector estratégico, ha planteado la necesidad de su fortalecimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de la situación que prevalece.

Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala claramente, en la meta nacional México Próspero, que se requiere impulsar una estrategia con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, buscando “construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”.

En términos de la participación de cada una de las ramas de las actividades primarias, México es fundamentalmente agrícola y pecuario de acuerdo con el valor de la producción. La agricultura representa 56.8 por ciento del PIB primario.

Por ello es importante una regulación de los programas en la que haya mayor oportunidad y una redistribución justa de los apoyos.

El Proagro Productivo consiste en la entrega de incentivos, los cuales deben ser vinculados a mejorar la productividad agrícola. Es un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Busca mejorar la productividad agrícola de las unidades económicas rurales agrícolas mediante la entrega de incentivos en conceptos relacionados con capacitación y asistencia técnica; mecanización; uso de semillas mejoradas o criollas seleccionadas; nutrición vegetal; reconversión productiva; seguro agrícola; y cobertura de precios.

Tamaulipas es uno de los principales productores de granos de México. Se compone por 43 municipios, cuya mayoría depende potencialmente de esta actividad primaria.

En Tamaulipas se cuenta con 1 millón 525 mil 263 hectáreas de uso agrícola, de las cuales 551 mil 762 son de riego y 973 mil 501 de temporal.

Este año se cultivaron 1 millón 186 mil hectáreas, con una producción estimada de 8 millones de toneladas de productos agrícolas.

Los productores agrícolas de Tamaulipas han planteado la necesidad de modificar los lineamientos de este programa federal para que sean aceptadas las facturas de diésel y refacciones como gastos de comprobación del apoyo, ya que el carburante y las refacciones agrícolas son el mayor gasto que se hace en la temporada de siembra de los cultivos.

Los incentivos a los productores agrícolas deben dirigirse principalmente a incrementar la inversión que les permita cultivar y hacer producir la tierra para que no sólo sea un medio de subsistencia, sino la oportunidad de crecer y tener mejores condiciones de vida. La gente del campo lo merece.

Los gobiernos de los tres órdenes, federal, estatal y municipal, tienen la responsabilidad de proporcionar un clima de inversión favorable para la agricultura mediante la creación de un entorno propicio y garantías de que hay incentivos adecuados para la inversión en agricultura.

Para coadyuvar en el propósito anterior es menester facilitar y flexibilizar algunas medidas que aligeren la carga del productor. Hay algunas demandas sensibles para mitigar los altos costos de los insumos como el diésel, recurso indispensable para el cultivo y la producción, porque su costo es alto y su uso es inevitable y es mucho.

De ahí que sea una prioridad que en las facturas por concepto de compra de diésel sirvan para comprobación de gastos, así como la adquisición de refacciones.

Sobre el tema, en reiteradas ocasiones se han manifestado los agricultores de Tamaulipas, principalmente del norte, donde se han organizado para buscar eco de sus demandas.

Es propicio señalar que las autoridades de la Sagarpa y de Aserca saben y están conscientes de la problemática que enfrentan los productores agrícolas.

Por eso consideramos importante plantear que en los lineamientos de las reglas de operación del Proagro se considere que las facturas de diésel y las de refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas del Proagro Productivo.

Compañeros diputados: los invito a solidarizarnos con los campesinos no sólo de Tamaulipas sino del resto del país, quienes siguen siendo sector vulnerable, pues es una responsabilidad que tenemos en este asunto, tan sensible e importante para el campo.

Por eso les pido su apoyo para este punto de acuerdo.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que en los lineamientos de las Reglas de Operación del Proagro Productivo se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Edgardo Melhem Salinas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general de la Conavi a implantar un esquema de vivienda en comodato destinado a los adultos mayores, a cargo de la diputada Eloísa Chavarías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloísa Chavarías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Del Programa Nacional de Vivienda, actualmente 80 por ciento del presupuesto lo ejerce Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 20 por ciento Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el cual atiende a la población que no es derechohabiente.

El trabajo que se ha realizado en el sector vivienda desde las administraciones que datan del año 2000 ha fincado las bases, para un mayor crecimiento del sector en los próximos lustros.

Los nuevos esquemas permiten otorgar subsidios por parte de Conavi, a modelos como la autoconstrucción, vivienda nueva, vivienda rural, mejoramiento o el programa relativo a abatir el rezago habitacional para el hacinamiento de las familias.

El sector vivienda, en todas sus ramas, representa 14.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, emplea a más de tres millones de personas. Además el número de empresas desarrolladoras de vivienda que se encuentran registrados en el Registro Único de Vivienda representan 47 por ciento del registro total. El rezago en vivienda para familias se calcula en la cifra de 8.9 millones de familias.

Una de las posibles soluciones es establecer un sistema de vivienda en renta, posibilidad que desde hace tiempo se analiza en Conavi.

La vivienda de renta es un esquema antiguo que se abandonó, (construcción) pero que demostró cubrir muy bien las necesidades de ciertos sectores de la población.

En México existen 30.8 millones de viviendas y 16 por ciento ya está arrendando (4.8 millones de hogares), muchos lo hacen de manera informal. De éstas, cerca de 550 mil familias habitan en viviendas con carencias estructurales.

El mercado de arrendamiento ya existe, lo que hay que hacer es formalizarlo y apoyarlo, con productos de la Conavi y de los organismos nacionales de vivienda, para que se detone y sea una posibilidad adicional.

El mercado del arrendamiento es una opción para varios segmentos de la población, fue en los años setenta del siglo XX cuando las condiciones económicas del país y una mala campaña la hicieron ver como una “carga” o una mala inversión.

Varias colonias de nuestras ciudades en el país tuvieron un importante crecimiento con el esquema de vivienda de alquiler.

En la actualidad diversos grupos de la población requieren de vivienda de alquiler, por diversas cuestiones que van desde la accesibilidad a servicios, menor costo de transporte etcétera.

El progresivo envejecimiento poblacional hace imprescindible favorecer la adaptación de las personas a sus progresivos detrimentos físicos y mentales.

Esto, sumado a otras transformaciones de la vida cotidiana, ha instalado con máximo vigor los temas de adaptabilidad y acceso a una vivienda digna.

Los énfasis de esas consignas se centran normalmente en requerimientos de seguridad y eliminación de barreras para un desempeño senil adecuado.

El número de adultos mayores que no cuentan con una vivienda se incrementa y deben buscarse soluciones inmediatas.

La población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más de 9.3 por ciento de la población total (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión (26.1 por ciento), reveló la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) –también del Inegi– realizada en 2013. Los hombres cuentan con una mayor cobertura (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento), de quienes destaca que 45.3 por ciento reciben la pensión por viudez, es decir, gracias a un derecho laboral de sus maridos fallecidos.

Datos censales de 2010 señalan que en 26.1 por ciento de los hogares cohabita al menos una persona de 60 años o más.

En México 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

La pobreza multidimensional se define como la situación de una persona cuando presenta carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social, y si además sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)

Se trata de un grupo muy vulnerable pues al carecer de un patrimonio propio también corren el peligro de perder la vinculación familiar.

El adulto mayor que se ve forzado a vivir con sus hijos o familiares, en muchos casos termina por ser considerado una carga o como coloquialmente se le nombra un “arrimado”.

Por eso hacemos un respetuoso exhorto a Conavi para que en uso de sus facultades no demore más en introducir el esquema de vivienda en alquiler o comodato para adultos de la tercera edad que sean pensionados y jubilados.

El paulatino envejecimiento de la sociedad mexicana obliga a planificar políticas para los adultos mayores que cada vez serán más.

Las medidas que debe adoptar la Conavi para el esquema deben poseer las siguientes características:

• Las viviendas de alquiler para jubilados y pensionados se conformará con 10 por ciento de las habitaciones construidas en el país con financiamiento directo o indirecto, total o parcial de Conavi.

• Las viviendas deberán contar con condiciones de accesibilidad y habitabilidad apropiadas a las necesidades del adulto mayor.

• Los beneficiarios recibirán la vivienda en carácter de comodato.

El comodato sólo concluirá en los siguientes casos:

• Ante el fallecimiento del beneficiario.

• Ante una incapacidad del mismo que obligue a su internación definitiva en algún establecimiento de salud.

• Ante incumplimientos en el pago de los gastos ordinarios, comunes y expensas propios de la vivienda que habite.

Las viviendas que resulten desocupadas por conclusión del comodato se adjudicarán en los mismos términos a otros inscriptos en el registro de interesados.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Vivienda a que de acuerdo al Programa Nacional de Vivienda establezca esquemas de vivienda en comodato para personas adultas mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso de homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Renato Josafat Molina Arias y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Renato Josafat Molina Arias y Sergio René Cancino Barffuson, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes.

Antecedentes

1. En la madrugada del pasado lunes 8 de febrero del 2016 la periodista Anabel Flores Salazar fue sustraída de su domicilio por hombres armados que aludían tener una orden judicial de arresto. De acuerdo don declaraciones de la tía de la periodista Sandra Luz Salazar, quien estaba en la casa en la hora de los hechos, al menos ocho hombres armados y vestidos en lo que parecían ser uniformes militares irrumpieron en la casa de Flores Salazar cerca de las 2 a.m. del lunes y se dirigieron directamente a su habitación. Los atacantes, apuntaron sus armas contra los familiares, y obligaron a Flores Salazar a ingresar a una de las tres camionetas grises que esperaban fuera de la casa.

2. El mismo día lunes, la Comisión Nacional de Derechos humanos emitió un comunicado solicitando a la Fiscalía General y a Seguridad pública del estado emplear medidas de seguridad en favor de la periodista y sus familiares a fin de evitar sucesos de imposible reparacióni

3. El referido día 8 de febrero la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), activo? el procedimiento extraordinario para la implementación de medidas de búsqueda y localización de la reportera Anabel Flores Salazar, reportera del Diario Sol de Orizaba.ii

4. El día 9 de febrero es hallado el cuerpo sin vida de la periodista Anabel Flores Salazar en el estado de Puebla en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca con dirección a Tehuacán. El cuerpo de la periodista fue encontrado maniatado y semidesnudo.

Consideraciones

1. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.

2. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y atenta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación del daño adecuada.

3. La situación de la violencia contra los periodistas en México atraviesa actualmente por uno de los momentos más críticos ante la ausencia de un estado de derecho que consecuentemente envía a los agresores mensajes de impunidad, y a los periodistas, de indiferencia.

4. De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, la cuarta parte del número total de denuncias (siendo estas en su mayoría por delitos de abuso de autoridad, amenazas, lesiones y privación de la libertad), se concentran en el Distrito Federal, Veracruz y estado de México.

5. Es preciso señalar que resulta imperante y urgente fortalecer la labor periodística, y establecer mecanismos realmente eficaces para garantizar el libre ejercicio de dicha profesión en México, llevando de la mano la protección y seguridad para consolidar las bases de libertad expuestas en un país democrático, ayudando a generar información de calidad y así obedecer a los derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a ser y estar informados.

6. En el caso de Veracruz, es la entidad que lamentablemente encabeza la lista de periodistas asesinados y desaparecidos y que no muestra señales de detrimento, con 17 asesinatos y al menos dos desapariciones en lo que va de la presente administración de Javier Duarte de Ochoa, siendo esta aseveración respaldada por informes estadísticos de la propia PGR.iii

Organizaciones especializadas en materia de libertad de expresión han declarado a esta entidad como la más riesgosa para el ejercicio del periodismo en México. Aunado a ello, la organización no gubernamental, ONG, internacional Artículo 19, reportó que hasta al 31 de julio había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Basta con citar las palabras del coordinador senior del programa de las américas del CPJ Carlos Lauría respecto al secuestro de Anabel Flores Salazar el de instar a las autoridades mexicanas a hacer todo lo que esté en su poder para hallar con vida a la periodista.

El gremio periodístico no se ha quedado callado ante este lamentable hecho, mismo que se ha convertido en una constante en la actual administración de ese estado. Periodistas de Veracruz se pronunciaron en una carta abierta dirigida al Gobierno Federal, Gobiernos Locales de Veracruz y Puebla, al Poder Legislativo Federal y Locales de Puebla y Veracruz. En dicha carta entre otras cosas más se hace hincapié en la campaña de desprestigio y criminalización contra la víctima, pues siempre se les vincula con el crimen organizado.iv

Es impensable que las autoridades ministeriales de dicho estado hicieran especulaciones respecto a la vinculación de dicha periodista con el crimen organizado, como si su vida fuera más o menos valiosa por ello. Lo que sí es un hecho y no especulación, es que durante la presente administración en el estado de Veracruz la persecución inquisitiva hacia los periodistas ha incrementado, al grado de contar ya con 17 periodistas muertos y dos más desaparecidos. El gobierno de Veracruz claramente no ha mostrado interés en resolver este problema, por el contrario lo ha ignorado, fomentando con ello el ambiente propicio para la persecución periodística.

Es en razón de lo anterior que las autoridades federales deben tomar las riendas de este caso, pues ha quedado clara la falta de voluntad y capacidad de las autoridades locales para resolver los casos de persecución a periodistas.

El presente exhorto tiene fundamento en el acuerdo con nomenclatura A/145/10 expedido por la Procuraduría General de la República, mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

Dicho documento establece en su quinto acuerdo la facultad de atracción de la Fiscalía, y los requisitos que esta debe reunir, mismo que se cita a continuación:

Quinto. La Fiscalía de manera potestativa podrá ejercer la facultad de atracción, a que se refiere la fracción II del artículo anterior. En ese caso y para tal efecto deberán concurrir los requisitos siguientes:

I. Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión;

II. Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior;

III. Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales, y

IV. Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la libertad.

No es ocioso comentar que del mismo modo en su momento se realizó un Punto de Acuerdo respecto al asesinato del periodista Rubén Espinosa, hecho ocurrido en la colonia Narvarte. El cual fue desestimado por esta Cámara; entonces as cuando surge la pregunta, ¿hasta cuándo seguiremos ignorando en el Poder Legislativo hechos como estos que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de ejercer la profesión periodística con tranquilidad y seguridad?

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio elevo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión a que lleve a cabo su facultad de atracción en concordancia con lo contenido en el acuerdo con nomenclatura A/145/10 y realice una investigación exhaustiva sobre el caso de la periodista Anabel Flores Salazar debido a la falta de seguridad jurídica que enfrenta este gremio en el estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno de Veracruz a que dicte las medidas cautelares pertinentes para que se garanticen la seguridad, integridad, vida y el ejercicio profesional de las y los periodistas en el estado de Veracruz.

Notas

i http://ceapp.org.mx/admin/pdf/2016-02-08/pdf/54.pdf

ii http://ceapp.org.mx/admin/pdf/2016-02-08/pdf/54.pdf

iii http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/INFORMES/Noviembre2015/
ESTADISTICAS%20noviembre%202015%20totales.pdf

iv http://bajopalabra.com.mx/veracruz-esta-permeado-por-el-crimen-periodis tas-en-carta-abierta/

Martes 16 de febrero de 2016.

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a impulsar y fortalecer con las instituciones del sector salud y los gobiernos locales campañas tendentes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conocido como “el asesino silencioso”, la hipertensión arterial se caracteriza por ser una enfermedad que se desarrolla sin manifestar algún síntoma o bien de manifestarse éste resulta leve, lo que indica que se puede tener dicho padecimiento y sentirse bien, por esta razón aproximadamente 61 por ciento de las personas afectadas desconocen estar enfermas.

Es por ello que al tratarse de un padecimiento que con frecuencia no presenta síntomas en sus inicios, se eleva el riesgo de sufrir ceguera, insuficiencia renal, ataques al corazón, accidentes cerebro vasculares y deterioro cognitivo, por lo que es importante contar con un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que “más de uno de cada cinco adultos tiene la tensión arterial elevada, un trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular o cardiopatía. Complicaciones derivadas de la hipertensión son la causa de 9.4 millones de defunciones cada año en el mundo.”1

En México la hipertensión arterial ha incrementado en los últimos 50 años de manera muy preocupante, junto con las epidemias de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, alrededor de 30 millones de mexicanos padecen de presión elevada y el “Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende cerca de 6 millones de personas que acuden periódicamente a consulta externa de Medicina Familiar para tratarla”2 .

Aunado a ello, diversos diarios de circulación nacional han señalado que con motivo de las fiestas decembrinas un número considerable de la población mexicana descuida su alimentación, el abuso en el consumo de carne y alcohol así como la ingesta excesiva de azúcar y sal son elementos que elevan la presión arterial, no obstante, el problema se agrava cuando el paciente suspende la medicación durante la temporada decembrina, lo que ocasiona y desencadena complicaciones que pueden derivar, como ya se ha dicho antes, en una embolia o infarto cerebral entre otras.

Por su parte, Gerardo Gamba, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), señala que ni todos los cánceres juntos, más la cirrosis y los accidentes, matan a tanta gente como la hipertensión arterial. Jamás ha habido tantas muertes por cáncer de mama como por hipertensión. Pero ésta última no “suena”, el científico explicó que la hipertensión arterial es una enfermedad poligénica hereditaria; tiene una predisposición genética y cuando el medio ambiente es el apropiado, aparece, y dicho ambiente consiste en “sal y obesidad”3 .

A pesar del avance que en materia farmacológica se ha presentado en la obtención de drogas hipotensoras de gran eficacia, continúa siendo de mayor importancia su prevención; especialistas señalan como medidas para prevenir su desarrollo, la disminución del peso corporal, restricción de sal en la dieta, dieta rica en elementos como el potasio y calcio, reducción en la ingestión de grasas saturadas, eliminación del hábito de fumar y el alcohol así como la terapia de relajación.

Por ello la información y prevención en el ámbito de la salud es una tarea fundamental que permite proponer y obtener cambios de conducta en las personas, anticipar e identificar situaciones de riesgo, de igual manera la detección oportuna permitirá prescribir el tratamiento idóneo que evite el avance de la enfermedad y las complicaciones, manteniendo así una buena calidad de vida.

Es por lo anterior que se propone exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas impulsen, fortalezcan e intensifiquen campañas tendientes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial.

En esta tesitura la hipertensión constituye una prioridad incuestionable de la salud pública, los beneficios de informar y prevenir, son claros, consistentes y costo efectivo, al incentivar y ampliar las campañas que tengan como finalidad informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión se generaría una estrategia apropiada para disminuir significativamente el índice de mortalidad por este padecimiento.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, impulsen, fortalezcan e intensifiquen campañas tendientes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial.

Notas

1 http://www.who.int/features/qa/82/es/

2 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/hipertension-arterial

3 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/
hipertension-arterial-se-ha-convertido-en-factor-numero-uno-de-muerte-en-el-mundo-unam-973

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a concluir el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante la campaña electoral de 2012, Enrique Peña Nieto, candidato a Presidente de la República por la coalición Compromiso por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, firmó ante notario público 266 compromisos en materia de salud, infraestructura, economía, transportes, social, educación, campo, a cumplir durante su gobierno.

De esos compromisos 104 están enfocados en la construcción de megaproyectos que requieren recursos como carreteras, puertos aéreos y ferroviarios, pero a tres años de su gestión, solo se han cumplido 10 de estos compromisos en materia de infraestructura que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones.

El gobierno federal cuenta con el Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 el cual está orientado a que las distintas modalidades de transporte se interconecten de manera eficiente a través de corredores logísticos para hacer más rápido, seguro y eficiente, así como menos costosos los traslados de personas y bienes a todas las regiones del país, así como promover la competencia.

El libramiento ferroviario de Celaya, es uno de los proyectos firmados e incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) del gobierno federal, este libramiento tendrá una longitud de 46 kilómetros de línea troncal; 19 kilómetros de vías de intercambio; dos pasos superiores vehiculares; 12 kilómetros de patio de operaciones de Ferromex, así como de un canal hidráulico y generará beneficios económicos como lo es el ahorro de costos generalizados de viaje e infraestructura vial; la reducción en los costos de tiempo de la carga ferroviaria; la eliminación del mantenimiento de las vías actuales; así como el traslado más eficiente de las mercancías, materias primas, insumos, que comenzó a construirse en el 2012 y se finaliza en 2015 con una inversión de 5,582 millones de pesos.

En el segundo informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hizo referencia a que existía un avance del 45 por ciento del libramiento ferroviario de Celaya con una inversión de 5 mil 582 millones de pesos. En tanto que en el tercer informe de labores de la mencionada Secretaria establece que al 31 de agosto de 2015 la obra registró un avance del 60 por ciento. En ambos informes menciona que el tramo de conexión permite que la empresa Honda realice exportaciones e importaciones de autos y autopartes.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro del programa carretero, en los proyectos identificados en anexos del ramo administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo relativo al libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, se observa que no se destinaron recursos para continuar esta obra, lo que genera incertidumbre y falta de compromiso para se continúe con el desarrollo económico, ya que este tipo de falta de cumplimiento genera un obstáculo para la inversión de las grandes empresas que invierten y que pretenden invertir en nuestro país, pues debemos recordar que el contar con una plataforma logística que permita una mayor capacidad de transportar bienes a mayor velocidad es una condición primordial para atraer las inversiones a nuestro país.

Es por lo anterior y con el fin de que nuestro país pueda llegar a un desarrollo de infraestructura que permita una conectividad que facilite el desplazamiento correcto de personas y bienes, que se pueda lograr un incremento en las actividades económicas, que se genere una mayor competitividad y productividad, resulta necesario que se establezca una estrategia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para avanzar y lograr concluir los compromisos presidenciales formulados en campaña y firmados ante notario público.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que con brevedad concluya el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, debido a que en el Programa Nacional de Infraestructura se establece que se culminará en el 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2016.

Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable representación a fin de que emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana y se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La marihuana es la droga más consumida a nivel mundial según la Organización de las Naciones Unidos, ONU. En 2013 habían 180.6 millones de consumidores de cannabis en el mundo. En México, 1.2 por ciento de la población de entre 12 y 65 años consume esta droga, según datos de 2011.

2. México y Afganistán tienen las mayores superficies de suelo cultivadas con el cannabis a nivel mundial, cada uno de ellos con 12 mil hectáreas, según cifras de la ONU en 2011.

3. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, las tendencias regionales de consumo de marihuana, señalan que:

• La población de entre 12 y 65 años de la zona noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa) es la que más consume mariguana con un 2.3 por ciento;

• La población de la zona nororiental (Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí) presenta el 1.9, y

• En la Ciudad de México más del 1.5 por ciento de su población consume de manera habitual éste estupefaciente.

4. En la capital de la República, la marihuana es la sustancia que presenta el nivel de consumo más elevado (61 por ciento) dentro del catálogo de drogas; los usuarios de esta sustancia inician antes de los 11 años; sin embargo el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años (56.7 por ciento de éste grupo etario), señalando que la vía de administración más frecuente es fumada (98.7 por ciento).

5. De acuerdo con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional, la marihuana puede producir enfermedades como la esquizofrenia, su uso aumenta el riesgo de psicosis hasta 700 por ciento en consumidores de dosis altas.

Además se ha comprobado medicamente que disminuye las funciones cognitivas, favorece la falta de retención y produce pérdida de memoria a corto plazo. Fumar cannabis causa daños al sistema inmunológico; en las mujeres puede desencadenar ciclos menstruales irregulares y en los hombres una baja de la carga de espermatozoides.

6. Nuestro andamiaje jurídico nacional establece en materia de uso y consumo de la marihuana, dentro de la Ley General de Salud que: “Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, Papaver Somniferum o adormidera, Papaver Bactreatum y Erythroxilon Novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.”

En ese sentido, es menester transcribir el texto legal de referencia:

Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

7. El 4 de noviembre del año inmediato anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 237/2014, respecto del uso recreativo de la marihuana sustentado en los siguientes razonamientos:

• Que la marihuana daña la salud personal y la salud pública, por lo que es constitucionalmente válido que el Estado mexicano la regule.

• Que una prohibición absoluta de sembrar para consumo personal es una regulación excesiva; por tanto, reconoce el derecho de las cuatro personas que promovieron amparo, a sembrar marihuana para su consumo personal con fines recreativos.

• Que el consumo que hagan estas cuatro personas que puede dañar a terceras personas; por tanto, no se puede realizar frente a otras personas sin su expreso consentimiento, ni frente a menores de edad.

• Que las cuatro personas que fueron sujetas de amparo, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pueden suministrar ni comercializar la marihuana que siembren.

8. Derivado de lo anterior, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal precisó los alcances de la resolución emitida por el máximo tribunal del país:

• La sentencia sólo tiene efectos en las cuatro personas que se ampararon.

• No se autoriza por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el suministro ni la comercialización de la marihuana.

• Al no ser aplicable ésta resolución a otras personas, sembrarla con cualquier objetivo incluso para fines de uso recreativo, sigue siendo delito de acuerdo con el marco jurídico vigente.

• Debido a que estamos frente a un criterio aislado y no una Jurisprudencia definida, de existir futuros amparos, corresponderá caso por caso al juez, tribunal colegiado o la propia SCJN decidir el asunto concreto.

En concordancia, la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Secretaría de Salud, abrieron la convocatoria para el debate sobre el uso de la marihuana en México, mediante foros regionales, a través del siguiente programa:

1) Salud Pública y Prevención, Región Sureste, Tercera Semana de enero de 2016.

2) Ética y Derechos Humanos, Región Noroeste, Primera Semana de febrero de 2016.

3) Aspectos económicos y de regulación, Región Norte, Tercera Semana de febrero de 2016.

4) Seguridad Ciudadana, Región Centro, Primera Semana de marzo de 2016.

5) Salud Pública y Prevención, Ética y Derechos Humanos, Aspectos económicos y de regulación, Seguridad Ciudadana, Distrito Federal, Tercera Semana de marzo de 2016.

9. Derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referido en el antecedente 7 de ésta proposición, se instaló a través de ésta soberanía, el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana el día 30 de noviembre de 2015, abordando los siguientes temas: producción, consumo, control, vigilancia y reducción del índice de violencia relacionada al tráfico de estupefacientes, principalmente la cannabis.

10. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro del Eje transversal “México Incluyente”, el presidente Enrique Peña Nieto plantea la estrategia: Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, donde se establece la siguiente línea de acción:

Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

Con la finalidad de que ésta soberanía se encuentre en posibilidades de vigilar el cumplimiento de las metas trazadas para éste sexenio en materia de desarrollo, inclusión y fomento a la salud de los mexicanos, es indispensable contar con mecanismos de participación plural que den seguimiento desde nuestra labor parlamentaria a las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo; orientando a la población mediante instrumentos eficaces tendientes a fortalecer el crecimiento pleno del país.

Atento a lo anterior, y con la finalidad de poner en contexto la importancia del seguimiento de las alternativas sobre la regulación de la marihuana, es pertinente exponer lo siguiente:

Desde el punto de vista de salud :

• El principal reactivo químico de la marihuana, responsable de los efectos psicosomáticos, es el Delta 9 Tetrahydro Cannabinol, también conocido como THC.

• Este químico se encuentra en las hojas y bulbos de la planta hembra del cannabis.

• Al fumar marihuana, el THC y otros químicos pasan de los pulmones a los canales sanguíneos hasta llegar al cerebro.

Los efectos inmediatos en el cuerpo al fumar marihuana son:

• El corazón late más rápido.
• Los bronquios de relajan y se ensanchan.
• Experimentación de euforia.
• Aumenta la percepción sensorial.
• Causa risa y ansiedad.
• Aumento de apetito.
• Entorpece el equilibrio y la coordinación o interferencia con las relaciones sociales.
• Ocasionalmente provoca temor, desconfianza o pánico.

A nivel cerebral, la marihuana tiene efectos en las siguientes partes:

• Hipotálamo: controla el apetito, nivel hormonal y comportamiento sexual.
• Basal Ganglia: control motriz y capacidad para planear a futuro.
• Hipocampo: memoria y habilidad intelectual.
• Cerebelo: centro motriz y de coordinación.
• Neocortex: información sensorial y funciones cognitivas superiores.

Al fumar marihuana, THC y otros químicos pasan de los pulmones a los canales sanguíneos hasta llegar al cerebro. - Los efectos de la marihuana se deben a que el THC se adjunta a cannabinoides endógenos producidos por el cuerpo.

De acuerdo a la demanda de éste estupefaciente:

• De todos los consumidores de drogas ilegales, 80 por ciento de ellos consume marihuana.

• La mayoría de los usuarios se inicia en el uso de drogas siendo menor de edad.

• Los usuarios de marihuana se inician en promedio a los 16.1 años y de inhalantes a los 14.7 años.

• 77 por ciento de los usuarios en la Ciudad de México concuerda en que las drogas causan daño.

• A la vez, 54 por ciento de los usuarios en la Ciudad de México dice conocer las sanciones por portar drogas y 36 por ciento conoce sus derechos como usuario de drogas.

• La sustancia más utilizada para iniciar el consumo, excluyendo alcohol y tabaco, es marihuana en 57.2 por ciento de los casos.

• 44 por ciento de los usuarios habituales de drogas mezcló la droga de inicio con alcohol.

Desde la perspectiva de seguridad pública y procuración de justicia:

• Un estudio que tomo como muestra a 45 instituciones de atención a la salud y procuración de justicia en la Ciudad de México en 2014 encontró que de los ingresados: 90 por ciento consumió marihuana “alguna vez en la vida”, y 87 por ciento “en el último mes.”

• En cuanto a personas internadas por drogadicción, a partir de 1994 a 2014 se tienen 743 mil 113 registros en centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales a nivel nacional. Esto equivale a una media anual de aproximadamente 37 mil registros.

• Más de la mitad de los registros en centros de rehabilitación son en la zona centro del país (53.6 por ciento). De estos, el 75 por ciento se concentran en Jalisco, DF, estado de México, San Luis Potosí y Guanajuato.

• Entre los 9 mil 201 pacientes de centros de rehabilitación no gubernamentales que refirieron la marihuana como droga de inicio, 83.9% consumió una segunda droga y 72.9 por ciento consumió una tercera droga. Alcohol, cocaína y cristal fueron las drogas de mayor frecuencia como segunda y tercera droga consumida.

• De la información obtenida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea), 66.5 por ciento de los pacientes de centros de rehabilitación no gubernamentales reportaron obtener la droga en centros de distribución legales e ilegales. Mientras tanto, los lugares de consumo más frecuentes son: la vía pública (39.7 por ciento) y casa propia (28.5 por ciento).

• Al menudeo, el gasto global registrado por consumo y compra de marihuana oscila entre los 45 y 130 millones de dólares, proporcionando a especuladores criminales; un flujo de ingresos no sujeto a impuestos.

Es por lo anterior que se considera importante que ésta LXIII Legislatura cuente con una Comisión Especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana, que dé seguimiento puntual al análisis e investigación de tan importante tema, así como emitir una opinión al respecto de las iniciativas presentadas en la materia ante ésta Soberanía .

11. La Comisión Especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana que mediante ésta proposición se crea, de conformidad con el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados tendrá las siguientes características:

Objeto

• Brindar apoyo técnico y asesoría jurídica a las comisiones ordinarias en el análisis y discusión de las iniciativas presentadas con la finalidad de modificar el ordenamiento jurídico prohibicionista del uso de la marihuana; abordando éstos temas desde un enfoque integral; toda vez que la regulación a que se ha hecho referencia tiene repercusiones en materia de salud, derechos humanos, seguridad, procuración de justicia, económica, entre otros.

• Generar espacios de análisis y discusión con los actores involucrados en la regulación de la marihuana, a fin de buscar la mejor alternativa respecto del uso y/o consumo del estupefaciente citado, tomando en consideración las opiniones vertidas por los especialistas en la materia.

• Vincular la problemática local con los escenarios internacionales y experiencias de derecho internacional comparado para las alternativas de regulación de la marihuana en el marco legal vigente.

Duración

• Hasta en tanto no se cumpla con el objetivo planteado ante éste Congreso de la Unión.

Tareas y plazo para su cumplimiento

• Dar seguimiento puntual a las discusiones y análisis de iniciativas y proposiciones que se presenten en materia de cannabis.

• Abordar los temas de regulación del cannabis desde un enfoque integral; toda vez que la regulación a que se ha hecho referencia tiene repercusiones en materia de salud, derechos humanos, seguridad, procuración de justicia, económica, entre otros.

• Generar espacios de análisis y discusión con los actores involucrados en la regulación de la marihuana.

• Buscar la mejor alternativa respecto del uso y o consumo del estupefaciente citado, tomando en consideración las opiniones vertidas por los especialistas en la materia.

• Brindar apoyo y asesoría jurídica a las comisiones ordinarias en el análisis y discusión en el seno de las mismas, de las iniciativas presentadas con la finalidad de modificar el ordenamiento jurídico prohibicionista del uso de la marihuana.

• Realizar investigaciones integrales respecto del uso, consumo, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de éste estupefaciente.

• Vincular la problemática local con los escenarios internacionales y experiencias de derecho internacional comparado para las alternativas de regulación de la marihuana en el marco legal vigente.

• Buscar y crear espacios de discusión y difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones de las alternativas para la regulación de la marihuana.

El plazo para dar cumplimiento a las tareas antes enlistadas, tendrá verificativo durante ésta LXIII Legislatura, y hasta en tanto no se agote el objeto para el cual es creada, de conformidad con el programa anual de trabajo que para tal efecto emita la junta directiva de la comisión especial.

El número de integrantes que la conformarán, así como los integrantes de su Junta Directiva, se deberá incluir en el acuerdo que la Junta de Coordinación Política se sirva someter a consideración del pleno.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Segundo. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I; mismo que señala:

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. y 3. ...

Cuarto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. y IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. y VII. ...

3. ...

Quinto. Que el artículo 237 de la Ley General de Salud, señala que:

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.”

Sexto. Que en concordancia con el artículo anterior, la misma Ley en su numeral 235 señala que:

Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Séptimo. Que el ordenamiento legal en cita, establece un catálogo de Delitos contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, texto que en su parte conducente señala:

Capítulo VII
Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo

Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

I. Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico;

II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta Ley;

III. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;

IV. Consumidor: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia;

V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia;

VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona;

VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta ley.

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Octavo. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que se puede acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico:

Artículo 42.

1. El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

Noveno. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en el artículo 205 la posibilidad de ésta soberanía de constituir comités y comisiones especiales:

Artículo 205.

1. La Cámara puede constituir comités y comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales, que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

2. Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias.

Décimo. Que el artículo 207 del Reglamento antes citado, señala la naturaleza jurídica de las comisiones especiales, así como la forma en la que se propone su creación ante el pleno de ésta soberanía:

Artículo 207.

1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del pleno de la cámara, a propuesta de la junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al pleno.

Undécimo. Que el mismo Reglamento señala en el artículo 208 las reglas que le serán aplicables a las Comisiones Especiales que se aprueben por el Pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo respectivo:

Artículo 208.

1. Es aplicable a los comités y a las comisiones especiales lo previsto en este Reglamento para las comisiones ordinarias, por lo que hace al acto de su constitución e instalación; plazos y requisitos para la emisión de sus convocatorias y las formas de sustitución de sus integrantes.

2. Asimismo, las juntas directivas de los comités y las comisiones especiales deben:

I. Presentar el proyecto del programa de trabajo a los integrantes;

II. Proponer un calendario de reuniones;

III. Elaborar el orden del día de sus reuniones;

IV. Llevar a cabo consultas con representantes de los otros poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanos en general, y

V. Entregar a la Cámara, a través de la Conferencia, y al público en general, a través de los medios de divulgación disponibles, informes semestrales e informe final en las mismas fechas que las señaladas para las comisiones ordinarias, señalando el destino final de los recursos económicos y materiales utilizados durante cada año legislativo.

Duodécimo. Que es importante que ésta soberanía cuente con una Comisión Especial de Análisis para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, que dé seguimiento puntual a las discusiones y análisis de iniciativas y proposiciones que se presenten, a fin de abordar los mismos desde un enfoque integral; toda vez que la regulación a que se ha hecho referencia tiene repercusiones en materia de salud, derechos humanos, seguridad, procuración de justicia, economía, educación, entre otros.

De ésta manera, la comisión especial a crearse tendrá dentro de sus funciones generar espacios de análisis y discusión con los actores involucrados en la regulación de la marihuana, buscando la mejor alternativa respecto del uso y o consumo del estupefaciente citado, tomando en consideración las opiniones vertidas por los especialistas en la materia.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de ésta honorable representación a fin de que emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana, y se someta el mismo a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender el programa de insuficiencia renal de los habitantes de Tlaxcala, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosalinda Muñoz Sánchez, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal que presentan los habitantes del estado de Tlaxcala, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los riñones permiten la eliminación de la sangre de los residuos que provienen de la destrucción de las células del organismo y de la digestión de los alimentos, regulan la cantidad de agua y de electrólitos, además de, eliminar las toxinas del organismo.

La insuficiencia renal corresponde a una modificación del funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran correctamente la sangre. Esta situación provoca un desequilibrio en las sales minerales y en el agua, pudiendo provocar complicaciones severas.

Existen 2 tipos de insuficiencia renal:

La insuficiencia renal aguda, que es la pérdida repentina de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y concentrar la orina sin perder electrolitos, la cual puede ser reversible.

La insuficiencia renal crónica, donde se tiene la pérdida permanente de la función de los riñones y que evoluciona durante varios años.1

Actualmente un estudio realizado por el epidemiólogo Víctor Gómez Bocanegra, basándose en diversas fuentes, arrojó que Tlaxcala es el estado que tiene el primer lugar a nivel nacional en la incidencia en los jóvenes de entre 15 y 24 años de Enfermedad Renal Crónica (ERC) mejor conocida como Insuficiencia Renal y que continua ascendiendo de manera constante, los datos que arroja el estudio es que Tlaxcala tiene una incidencia de 119.66 casos por cada 100 mil habitantes, sólo del rango de edad antes especificado, lo que quiere decir que tomando como referencia la actual población del estado de alrededor de un millón 200 mil habitantes, estaríamos hablando de que podrían ser más de mil 400 enfermos que a diarios luchan con este padecimiento degenerativo que resta una importante calidad de vida.2

Por su parte, el secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes y Coordinador de Trasplantes de la Secretaría de Salud (SESA), Manuel Alejandro Juárez Conde, informó que Tlaxcala ocupa el tercer lugar a nivel nacional de muertes causada por insuficiencia renal crónica y a la fecha 500 pacientes están a la espera de un trasplante de riñón.3

El pasado 9 de Marzo del año 2015 se anunció una campaña de Prevención Renal, en 10 municipios del Estado de Tlaxcala por parte de la Asociación ALE, donde de las mil pruebas realizadas 833 salieron sin algún tipo de anormalidad, lo que equivale al 83 por ciento, mientras que en 155 el resultado fue anormal y en 12 la respuesta fue altamente anormal, sumando un 17 por ciento de los casos que tienen algún tipo de problema o indicios de inicio de IRC, una cifra muy alta que confirma por qué Tlaxcala es el estado con más incidencia por cada mil habitantes.4

Es más que notorio lo alarmante que se ha vuelto este padecimiento, Tlaxcala es un foco rojo que indiscutiblemente debe atender la problemática expuesta.

Encontrar la causa de la enfermedad es primordial, refuerzo la necesidad y el derecho que tienen los habitantes de este Estado de conocer el origen y las causas de esta enfermedad, contar con esta información permitirá contrarrestar de raíz este problema y así evitar que la suma de muertes y enfermos se incremente, así mismo demando en nombre los ciudadanos, se proporcione la atención adecuada a la solución de este problema.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a atender de forma prioritaria el Problema de insuficiencia Renal que presentan los habitantes del Estado de Tlaxcala.

Notas

1 http://salud.ccm.net/faq/6777-insuficiencia-renal-definicion

2 http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-03-11/salud/imparable-la-epidemia-de-ins uficiencia-renal-en-tlaxcala

3 http://385grados.com/?p=31297

4 http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-29/salud/aterradores-resultados-en-pr uebas-de-insuficiencia-renal

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de citricultura, a cargo del diputado Édgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Edgar Spinoso Carrera, las diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México por el estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación nuevamente de la Comisión Especial de Citricultura, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Las legislaturas pasadas en la Cámara de Diputados fueron sensibles a la problemática citrícola en nuestro país al crear la Comisión Especial de Citricultura , mediante la cual se daba seguimiento al presupuesto asignado, políticas, acciones y actividades que promovieran el desarrollo sustentable de la citricultura, presentando iniciativas que el sector demandara , a fin de que fuera rentable y competitivo.

Además a través de esta Comisión, se le daba puntual seguimiento al presupuesto asignado, se proponían y generaban modificaciones legales para el sector, se daba seguimiento a las políticas, programas y acciones relacionadas con el sector y se atendía problemática o situaciones específicas del sector, entre otras cosas.

En la Legislatura LXI fue aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral uno, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de Citricultura que estuvo en funciones desde el 10 de diciembre del 2009 y hasta el 2012.

Es importante que esta soberanía reconozca y apoye al sector citricultor y siga estimulando los trabajos de evaluación y seguimiento de políticas públicas que impactan al sector citrícola nacional, ya que 24 estados en el país son citrícolas, siendo ésta una actividad de gran importancia económica y social en México y una fuente importante de ingresos en las zonas rurales destinadas a su cultivo.

De acuerdo al informe de Sagarpa presentado con motivo del Tercer Informe de Labores del Presidente de la República, en el 2014 la producción agrícola de los 52 cultivos que contribuyen con alrededor del 90% del valor de la producción nacional, muestran un incremento de 1.7 millones de toneladas, 0.9% más que en el 2013, resultado atribuible al aumento de la producción de granos básicos y cultivos hortícolas.

En el grupo de cultivos perennes, cinco de las principales frutas lograron una recuperación productiva: naranja, papaya, limón, aguacate y piña, debido a las buenas condiciones imperantes durante el desarrollo de las plantaciones del occidente y del sureste del país.

México se encuentra entre los 4 primeros lugares en el ámbito mundial en exportación de cítricos, lo cuales compiten a nivel internacional por su calidad, precio y nivel sanitario. En cuanto al limón México ocupa el tercer lugar en exportación.

El campo veracruzano continúa siendo determinante en la producción de alimentos para la nación. Por su aportación en la producción agropecuaria, Veracruz es el segundo estado más importante en el sector primario: contribuye con 7.7 por ciento del valor de la producción en el ámbito nacional, es además el primer productor de cítricos, produciendo el 55% del total nacional (III Informe de Gobierno. Resumen Ejecutivo 2012-2013 JDO, pagina 29 y 30).

La citricultura Veracruzana es pilar fundamental en la vida económica del estado. En el 2013 se cosecharon en el estado de Veracruz 164 mil 626 hectáreas de naranja, con una producción de 2 millones 34 mil 625 toneladas, además de 42 mil 830 hectáreas de limón, con una producción de 559 mil ,63 toneladas (III Informe de Gobierno 2012-2013 JDO, Anexo estadístico páginas 66 y 67).

Veracruz cuenta con una posición geográfica estratégica para fortalecer la citricultura de exportación, así como la comercialización en el mercado nacional e internacional

Sin embargo al igual que en el resto del país, en los últimos años la producción de cítricos se ha visto afectado por presencia de plagas y enfermedades, fenómenos climatológicos que afectan la producción como la sequía, falta de subsidios como en el caso de otros cultivos nacionales, bajos precios de fruta y jugo concentrado, baja adopción de innovaciones tecnológicas, todo lo que ha acentuado la crisis en particular en el sector citrícola.

Desde esta Cámara de Diputados, tal y como se hizo en la LXII legislatura, debemos continuar salvaguardando esta actividad, con una visión integradora y de largo alcance.

Se deben impulsar políticas públicas dirigidas a la dotación de recursos que permitan erradicar plagas y enfermedades que ponen en riesgo miles de hectáreas de superficie y millones de empleos, recursos destinados a investigación y adopción de innovaciones tecnológicas, nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan impulsar ventajas competitivas a nivel internacional , programas para mejorar los precios de venta reales de frutas cítricas, para conseguir mejores condiciones de vida para quienes desarrollan esta actividad agrícola

Por lo expuesto anteriormente, me permito proponer ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se solicita a la Junta de Coordinación Política que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 numeral uno, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de Citricultura, por lo que, se pide respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXIII Legislatura.

Segundo: La Junta de Coordinación Política de la Cámara establecerá el número de integrantes de la Comisión Especial de Citricultura , con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la conformarán, debiendo estar formada; por una junta directiva que contara con un presidente y los secretarios que se consideren convenientes. Asignándole para su desempeño los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.

Tercero: A través de esta Comisión Especial de Citricultura , no solo se dará seguimiento a los asuntos pendientes en materia citrícola y los programas que inició la Comisión Especial de Citricultura de la LXI Legislatura, sino que además, sus integrantes se abocarán a promover políticas, acciones y actividades necesarias para el desarrollo sustentable de la citricultura, a revisar y adecuar el marco jurídico en la materia, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable de dicha industria.

Cuarto: A través de esta Comisión Especial de Citricultura se deberá, respetuosamente Exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, así como a los gobiernos estatales a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta Comisión Especial , para destinar más recursos en innovación, capacitación, investigación y desarrollo así como en la promoción de productos mexicanos en los mercados internacionales.

Palacio Legislativo, a 16 febrero de 2016.

Diputados: Edgar Spinoso Carrera (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández Heidi Salazar Espinosa, María del Carmen Pinete Vargas, Alberto Silva Ramos, Sofía del Sagrario de León Maza, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunés, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillian Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillen, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Saenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Cirilo Vázquez Parissi.


Efemérides

Con motivo del 14 de febrero de 2016, Día Mundial de la Energía, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

La conmemoración del Día Mundial de la Energía tiene como propósito crear conciencia en los habitantes de todo el planeta sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria, y con ello disminuir el uso de las energías basadas en combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo.

La importancia de la energía radica en lo elemental que es para el funcionamiento de casi todo en el planeta, como motor que hace crecer las plantas, da vida a los animales, determina las estaciones del año e, incluso, propicia toda clase de fenómenos naturales.

Desde la existencia de la humanidad, la energía ha sido una de los elementos clave para su progreso. Gracias a ella, los seres humanos pudimos desarrollar actividades como la agricultura, el transporte y la tecnología.

No obstante, durante décadas la energía no fue percibida y tratada con el cuidado necesario, por lo que su efecto en el ambiente es considerado una de las principales problemáticas en este rubro.

En la actualidad, el uso de la energía sigue siendo elemental en nuestra vida; desde acciones tan cotidianas y básicas hasta las más elaboradas que hacen de su uso algo indispensable para el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, conforme el humano ha progresado a través de los años, la industria, la tecnología y cientos de actividades económicas dependen directamente de un elevado consumo de ella.

Las principales fuentes de energía provienen de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, recursos que además de no tener la capacidad de renovarse, son muy nocivos para el ambiente y, consecuentemente, para la salud humana.

Al respecto, datos emitidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señalan que 33 por ciento de los gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción de energéticos y 34 por ciento con su consumo.

Tal es la magnitud de la demanda y consumo de combustibles fósiles que, desde hace décadas, los seres humanos nos enfrentamos a una realidad innegable. Nos referimos al cambio climático, como un fenómeno que al incrementar paulatinamente la temperatura de todo el planeta, desencadena en graves fenómenos ambientales y meteorológicos.

No podemos ser omisos a las manifestaciones constantes de las graves afectaciones que estamos provocando a nuestros recursos naturales, tenemos que generar conciencia y responsabilidad para hacer un uso sustentable de la energía.

Por ello conmemoramos el Día Mundial de la Energía como una herramienta para crear conciencia y solidarizarnos con un problema que nos afecta a todos; no es necesario sacrificar nuestras necesidades con objeto de reducir el consumo energético, sino adaptar muchos de nuestros hábitos para controlar nuestro efecto en el ambiente.

El país ha fijado bases sólidas para ello a través de la construcción de una de las principales reformas de la actual administración, la reforma energética, con la cual se busca ofrecer condiciones únicas para producir energías limpias, a través de las inversiones para propiciar el crecimiento económico, sin afectar los recursos naturales.

Como Partido Verde, manifestamos nuestra preocupación por el uso irracional de energías no limpias, y refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la construcción de políticas que garanticen una mejor calidad de vida de los mexicanos, atendiendo siempre el cuidado del ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Sofía González Torres (rúbrica)

Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

En una época caracterizada por el creciente e incesante flujo internacional de capitales y mercancías, mas no necesariamente por el libre tránsito de las personas ni desarrollo equitativo entre las naciones y los distintos sectores sociales, de acuerdo con datos de la UNICEF, en 2012, 20 por ciento de la población controlaba más de 70 por ciento de los ingresos mundiales.1 En ese contexto, el 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, con la finalidad de establecer lineamientos esenciales para la creación de políticas públicas encaminadas a la promoción e institucionalización de trabajo decente a nivel internacional.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2014, 46.2 por ciento de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza, de los cuales 11.4 millones sobrellevaban su vida cotidiana en entornos de pobreza extrema.2 En el mismo sentido, el Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento de toda la riqueza del país. En contraste, la cobertura de seguridad social es de solamente 36 por ciento de la población ocupada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues los trabajadores independientes, por cuenta propia, y los trabajadores subordinados no remunerados están excluidos del sistema de seguridad social vinculado al trabajo. De tal suerte que actualmente enfrentamos una situación nacional de violencia generalizada, de sistemáticas y graves violaciones a derechos humanos, así como una desigualdad social extrema.

Lo anterior manifiesta la urgencia de que los tres poderes de la unión redoblen esfuerzos para la adopción y ampliación de medidas para garantizar el acceso al derecho humano a la seguridad social y protección a los trabajadores, el establecimiento de salarios dignos, además de respetar, promover y aplicar los derechos fundamentales a la libertad de asociación sindical, así como el derecho a la negociación colectiva. Para Morena, es indispensable que el Congreso de la Unión conmemore el Día Mundial de la Justicia Social como una oportunidad más para demostrar la voluntad del legislativo de asumir plenamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos y compromisos con los organismos internacionales, además de que nuestro objetivo es sentar las bases para garantizar a la población las condiciones económicas y sociales necesarias para una vida digna, en un ambiente de paz y justicia.

Notas

1 Ortiz, Isabel y Cummins, Matthew. Desigualdad global: La distribución del ingreso en 141 países. Documento de trabajo de Política económica y Social. UNICEF. Agosto 2012. Página VII.

2 Coneval. Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas. 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con motivo del 474 aniversario de la fundación de Guadalajara, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 14 de febrero Guadalajara cumple 474 años, la fundación de Guadalajara se acompaña de una historia particular: es la historia de un asentamiento difícil. Entre intereses de los poderosos (Nuño de Guzmán) y la resistencia de los pueblos originarios de la región que no querían dejar asentar a los españoles, la fundación de Guadalajara muestra la violencia de la conquista con sus múltiples rostros. La ciudad, como es sabido, entre que se fundaba y no, porque hubo cuatro intentos: el primero en Nochistlán en 1531; el segundo en Tonalá en 1533; el tercero en Tlacotlán en 1535, y ahí fue donde se encontraron los españoles al líder caxcan Tenamaztle, El Bravo y a su pueblo, quienes no daban tregua. Dice la historia que seis años duró el infierno para los conquistadores.

Los recién llegados querían fundar una ciudad, pero aquellos seminómadas que de muchas generaciones atrás tenían ahí su espacio de vida, lucharon a sangre y fuego por impedírselos

La resistencia indígena, se expresaba para evitar que se modificara su forma de gobierno, así como sus creencias, lo que se expresó en la denominada Guerra del Miztón, llevada a cabo entre 1541 y 1542, manifestación a través de la cual, no aceptaban que los intrusos les arrebataran. Tal fue la rebelión, que tuvo que venir al virrey con un gran ejército a “controlar” a los rebeldes.

Guadalajara fue fundada por cuarta vez, en el valle de Atemajac, al borde de esa barranca inmensa, frontera natural que los tapatíos conocemos como “de Huentitán” o “de “Oblatos” y que muestra el límite de lo que los estudiosos han llamado, siguiendo a Paul Kirchoff, Mesoamérica. Y ahí se quedó ya: al borde de la barranca, casi cayéndose en ella, y en el contexto de una guerra sin cuartel, que ahora se reconoce como un amplio y tenaz esfuerzo de resistencia.

La ciudad, orgullosa desde sus inicios de la figura vigorosa y tenaz de doña Beatriz Hernández, a quien se honra como su fundadora, apenas empieza a cobrar consciencia de la importancia del gran líder de la resistencia indígena que fue Francisco Tenamaxtle, señor de los caxcanes.

Tenamaztle representó un papel determinante, la recuperación que hace Miguel León Portilla de este personaje, muestra al reconocido como el señor de los caxcanes y líder de los insurrectos.

Dice Miguel León Portilla en su texto Francisco Tenamaztle, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos , que fue él quien estableció la negociación para su pueblo y que lo hizo de tal manera, como que los conquistadores no humillaran a quienes representaba.

Y Guadalajara se funda, una mujer es la reconocida: Beatriz Hernández, quien casi gritando después de varios intentos fallidos, dijo: “Gente aquí nos quedamos, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos a las buenas o a las malas”; su esposo Diego Sánchez Olea la miraba con la boca abierta y un momento después estallaron los aplausos y cantos de júbilo. Todo esto pasó el martes 14 de febrero de 1542, cuarta y última fundación.

Finalmente, Guadalajara se asentó en lo que hoy ocupa el Teatro Degollado y quedó flanqueada por los pueblos de indios de: Mezquitán al norte, Tetlán al oriente: Mexicaltzingo al sur, fundado por indios mexicanos traídos por el virrey en la pacificación de la Nueva Galicia, y posteriormente el barrio de Analco habitado por indios cocas y tecuexes que vinieron con Fray Antonio de Segovia al fundar el convento de San Francisco.

Guadalajara es hoy, la segunda ciudad del país por sus dimensiones y su población, la orgullosa “Perla de Occidente”, la “ciudad de las rosas”. Pero también se ha distinguido por su capacidad de olvido: gusta mostrarse criolla cuando es profundamente mestiza y más aún, cuando en ella conviven mexicanas y mexicanos de muy diversos orígenes, de diversos pueblos, religiones, lenguas, colores de piel. Los principales retos que enfrenta en el presente son retos de civilidad: vivir en respeto y armonía, respetar la diferencia y construir y cuidar espacios urbanos en donde todas las personas se sientan incluidas.

Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica)

Con motivo del 109 aniversario de la inauguración del Palacio de Correos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Palacio Postal, sede de Correos de México, cumple 109 años el próximo 17 de febrero. Cuando en 1907 abrió sus puertas la imponente construcción, el organismo manejaba 134 millones de piezas postales al año; en la actualidad entrega tres millones en promedio al día.

Por su valor estético relevante, el Palacio Postal fue declarado Monumento Artístico de la Nación el 4 de mayo de 1987.

Al inicio del siglo pasado el correo era uno de los principales medios de comunicación, uniendo a todos los habitantes del país. Es por ello, que se tomó la decisión de construir un edificio que permitiera el manejo eficiente de altos volúmenes de correspondencia.

El 14 de septiembre de 1902 inició la construcción del Palacio Postal conocido también como La Quinta Casa de Correos, ya que la institución ocupó antes cuatro inmuebles ubicados en las calles Del Parque, Santa Teresa, San Francisco y Moneda, en el centro de la Ciudad de México.

El proyecto fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari y la construcción al ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Los estilos acordados para la construcción del edificio fueron el Plateresco e Isabelino y es por la combinación de ambos, que el estilo sea considerado ecléctico.

En la esquina de las calles de Santa Isabel y San Andrés, hoy Tacuba y Eje Central, se levantó la estructura metálica de acero tipo Chicago, traída de Nueva York y para sus cimientos se armó un emparrillado de acero ahogado en concreto.

Constituye un ejemplo destacado de la arquitectura académica ecléctica que se produjo a principios del presente siglo, con la idea de integrar elementos de la arquitectura italiana y de la española de los siglos XV y XVI y, por tanto, representa uno de los mejores ejemplos de la mencionada corriente estilística en la Ciudad de México, en cuya construcción se utiliza la solución de planta libre sobre columnas con estructura de acero.

Verdaderas obras de arte se encuentran en el interior y exterior del edificio. Sobresalen los frescos de Bartolomé Gallotti alusivos al correo en una sala que lleva el nombre del pintor. Las gárgolas, los detalles de los pórticos, la herrería de bronce dorado, la majestuosa escalinata hecha con mármoles mexicanos que conducen de la planta baja al primer piso y los bronces elaborados en la Fondería Pignone de Florencia, Italia.

En la entrada principal se encuentran esculpidas las figuras de dos bueyes, como remates de grandes escudos, que enmarcan el elegante alfíz mudejar de la puerta y representan al espíritu de sacrificio y a los que trabajan en silencio para el bien de los demás.

En la torre principal de la construcción se encuentra el reloj monumental importado de Alemania y ensamblado en México, que mezcla mecanismos de cuerda con aparatos eléctricos y transmisiones hidráulicas con poleas, contrapesos y cables, así como un carrillón de seis campanas.

Asimismo, en el emblemático inmueble de la Ciudad de México se encuentra la Biblioteca Postal que resguarda documentos que permiten conocer la historia del Correo en México, desde el establecimiento del Oficio de Correo Mayor en 1580, en la Nueva España.

En 1996 el edificio fue sujeto a un detallado proceso de restauración y rescate arquitectónico para devolverle su esplendor original. Se restauraron todos los elementos originales del inmueble en los 12 mil 500 metros cuadrados que ocupa en sus cuatro pisos. Los trabajos de restauración concluyendo en el año 2002.

Actualmente, en el Palacio Postal se ofrecen servicios de correspondencia, mensajería y paquetería con Mexpost, que incluyen la venta de estampillas, envío de cartas y tarjetas, servicio exprés de mensajería y paquetería, renta de apartados postales, expedición de cartillas de identidad postal, giros postales, cajas para la entrega de mercancías y productos de filatelia, entre otros.

Los visitantes además de poder utilizar los servicios del Sepomex (Servicio Postal Mexicano), Correos de México y admirar los detalles arquitectónicos del edificio, pueden recorrer la exposición permanente de objetos postales y filatélicos que muestran la evolución que ha tenido el servicio postal en nuestro país.

Por todo lo anterior, considero importante conmemorar y recordar el valor histórico e invaluable de este inmueble, y lo que representa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)