Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la titular de la SRE que considere la adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Yolanda de la Torre Valdez, César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 15 de junio del año en curso en la ciudad de Washington, DC, la Organización de los Estados Americanos promulgó el documento titulado Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.1 Con las firmas de los países hermanos de: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, este instrumento internacional pionero en los derechos humanos de las personas adultas mayores, reconoce la diversidad de dificultades que enfrentan las personas mayores de 60 años en el continente, donde convergen economías altamente desarrolladas y poblaciones en pobreza extrema, pero que en ambos polos de desarrollo, este grupo social se encuentra en vulnerabilidad respecto a otros grupos sociales clasificados por edad.

En el caso particular de nuestro país, el gobierno ha venido desarrollando diversas políticas públicas, con el objetivo de garantizar el acceso en plenitud a todos los derechos humanos, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

El 25 de Junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se promulga la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, la cual tiene como objetivo, garantizar los derechos de este grupo social , a través de la definición de la política pública en materia, los principios y responsabilidades que la administración pública federal, las entidades y los municipios deberán observar para el cumplimiento del objetivo de la Ley, así como el marco normativo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

La política pública en materia durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, ha desarrollado programas en beneficio directo hacia este colectivo social, concentradas dentro del programa de inclusión social “Prospera”, que opera tres acciones específicas en materia, en primer lugar la Pensión Universal para Adultos Mayores, en cumplimiento al compromiso de campaña firmado por el licenciado Enrique Peña Nieto, el cual tiene por objetivo, “Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así? como la entrega de apoyos de protección social, a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo”; en segundo lugar se ha implementado el Programa de Comedores Comunitarios el cual tiene como objetivo “...desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la Cruzada contra el Hambre.”, finalmente se encuentra en operación el programa denominado “Vinculación productiva de las personas adultas mayores”, cuya misión es sensibilizar a los empresarios y prestadores de servicios para ofrecer puestos de trabajo, con prestaciones de Ley, a personas mayores de 60 años.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, realizan acciones afirmativas, para combatir los rezagos y empoderar plenamente a este grupo social, brindando servicios como educación continua, asesoría jurídica, protección contra la violencia, la discriminación y el abandono, recreación a través de la cultura y el deporte, entre otros.

De esta forma el Estado Mexicano genera acciones puntuales para combatir los rezagos y solventar los requerimientos mínimos de las personas adultas mayores, en una clara línea hacia su empoderamiento progresivo.

2. En relación con el asunto que nos ocupa, el derecho internacional y el derecho interno, mantienen una relación jerárquica perfectamente establecida en la Constitución, señalando como base el Artículo 133, en cuyo texto se lee:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma , celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión . Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el 3 de septiembre de 2011, a posterioridad de la reforma constitucional al artículo 1o. de junio del mismo año, que cuando se tratare de Tratados Internacionales relativos a derechos humanos, se encuentran en el mismo nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Contradicción de Tesis 293/2011, se cita lo siguiente:

Tratados Internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución .

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé? la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.

Respecto a la celebración y trámite de los Tratados Internacionales, la Constitución define las competencias relativas para su aceptación e incorporación al Derecho Interno. Primeramente se cita la fracción X del artículo 89, en cuyo texto se lee:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

En correlación el Senado de la República adquiere las siguientes atribuciones, bajo el mandato de la Fracción I del Artículo 76, que se cita a continuación:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba , así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Así mismo, el Artículo 15 Constitucional, expresa explícitamente la prohibición del Presidente o del Senado a suscribir tratados que atenten en contra de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados previamente incorporados al derecho interno.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte .

Finalmente el artículo 117 prohíbe explícitamente la celebración de tratados internacionales por parte de los Estados que conforman la Unión al carecer estos de personalidad jurídica para celebrar convenios en el Derecho Internacional.

Artículo 117 . Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras .

De esta forma se establece que solamente el Presidente de la República y el Senado guardan atribuciones específicas para la celebración, ratificación y promulgación de Tratados Internacionales. Es por lo considerado en este punto que se funda la presente proposición con punto de acuerdo.

3. Las personas adultas mayores representan el 6.3 por ciento de la población según datos del Inegi, contenidos en el censo de población y vivienda del 2010, aproximadamente 7.4 millones de personas son adultas mayores. Al interior de este grupo poblacional las mujeres representan el 60 por ciento, esta medición toma como base la edad de ingreso en 65 años.

Sin embargo existe un fenómeno conocido como “Índice de Envejecimiento”, que expresa la relación entre las personas adultas mayores y la cantidad de jóvenes. Este dato es relevante en materia de población pues de él se toman decisiones presupuestales en materia de salud, educación, productividad, empleo, etc., debido a que establece un factor proporcional entre las personas en la población económicamente activa, la población que demanda servicios y derechos y la población que esta próxima a incorporarse a alguna de las dos anteriores.

El Índice de Envejecimiento en el año de 2010 fue de 21 personas adultas mayores (de 60 años o más), por cada 100 niños y jóvenes (menores a 14 años). En el año de 1990 este indicador estadístico se ubicó en 16/100. Es decir, en 10 años la población adulta mayor en México se duplicó, algunas estimaciones ubican a este factor en 26/100 en el año de 2050 (CEPAL). La simple evidencia estadística, nos permite establecer que es necesario atender desde el día de hoy, a la minoría vulnerable más numerosa, que representará en 2020 el 8.5 de la población.

Adicionalmente, para comprender este dato y su alcance debemos considerar que la esperanza de vida en México ha aumentado, en el año de 2014 la esperanza de vida se ubicaba en 75 años (Inegi); La esperanza por género se concentra de la siguiente manera, 72 años para los varones y 77 años para mujeres. Más aún, si se hace un detallado análisis de este indicador dentro de la población adulta mayor, se encuentra que la esperanza de vida de las personas adultas mayores también ha aumentado, es decir, no solamente las y los mexicanos aspiran a vivir más, sino que las personas que alcanzan la edad de 65 o más años, también han aumentado su esperanza de vida. Por lo que la población en edad avanzada continuará creciendo, aumentando proporcionalmente la variable del índice de envejecimiento.

La situación de las personas adultas mayores, respecto al ejercicio de los derechos humanos refleja una diversidad de retos importantes, según datos del Inegi en el documento titulado “Los Adultos Mayores en México”, en el año 2000, el 30 por ciento de la población adulta mayor del país era analfabeta, y aproximadamente el 4 por ciento tenía estudios profesionales, en una sociedad donde las habilidades laborales adquiridas en base a el aprendizaje de competencias deja en una clara desventaja, a este sector poblacional para obtener un empleo formal remunerado.

Según datos obtenidos en 2004 por el Inegi, la participación económica de las personas adultas mayores, no superaba el 36 por ciento, al evaluar este dato por género, se cuenta que los hombres mantenían el 56 por ciento de la participación económica y las mujeres solo el 19 por ciento. Es decir 56 de cada 100 hombres mayores de 60 años aún tenían un empleo remunerado formal.

Para comprender la gravedad de este dato, 64 de cada 100 adultos mayores en México, no participa en el desarrollo económico, lo cual produce que deban vivir de la “dependencia” de otros sectores poblacionales más jóvenes, que aún los superan en número, pero como se ha expuesto anteriormente, el envejecimiento poblacional incrementará el número de dependientes económicos y disminuirá las personas insertas en el desarrollo.

En el diagnóstico del programa pensión para adultos mayores, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, se obtiene el dato que, en el año de 2010, 5.7 millones de personas adultas mayores no contaban con un ingreso proveniente de una pensión o jubilación.

Cruzando los datos de dependencia económica con el número de personas carentes de un ingreso por vía de la seguridad social y a pesar de la diferencia de 6 años entre los indicadores, no es incierto suponer, que la población adulta mayor en situación de dependencia económica y por tanto altamente vulnerable, supera a los 5 millones de personas.

Este simple hecho nos permite motivar el presente punto de acuerdo.

4. Derivado de las reuniones de trabajo, en la Organización de los Estados Americanos, tendiente a desarrollar la Convención que motiva la solicitud de adhesión de la presente proposición con punto de acuerdo, se citan a continuación diversos extractos del documento titulado: Visión de México sobre los Derechos de las Personas Mayores y las correspondientes obligaciones del Estado Mexicano:

México considera que no existe un completo vacío de protección para este sector de la población habida cuenta de las importantes acciones que lleva a cabo la comunidad internacional para proteger los derechos de las personas en general; sin embargo, todavía no existe un régimen de protección internacional específico para este sector de la población que estandarice los derechos de las personas adultas mayores y que establezca los mecanismos y el órgano para hacerlos exigibles. Una Convención Interamericana subsanaría esta falta y, además, podría aportar una visión regional sobre el tema y servir como punto de referencia para acciones similares que pudieran emprenderse en otros foros regionales o internacionales.

México hace patente su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores al apoyar los esfuerzos que lleva a cabo el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores (dependiente de la Organización de los Estados Americanos) con el fin de crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante que estandarice los derechos de dicho sector y que establezca los mecanismos y el órgano para hacerlos exigibles.

Lo anteriormente citado reafirma la convicción del Estado Mexicano por proteger y garantizar los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, en particular las Personas Adultas Mayores, pero es de recordar, que nuestro país es el principal impulsor de tratados internacionales, que han permitido a diversos grupos sociales, contar con instrumentos legales para acceder en igualdad de condiciones a los Derechos Humanos.

Entre ellos, señalamos puntualmente la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, impulsada por un mexicano universal, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, la cual dio como fruto en 2011, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, promulgada durante la LXI Legislatura Federal; igualmente referimos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem Do Pará”; de la que han surgido acciones como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual tuvo como consecuencia la reciente promulgación de la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue enviada en septiembre de 2014, como iniciativa preferente a al honorable Congreso de la Unión por el Ejecutivo federal.

De igual forma, México ha suscrito y ratificado una serie importante de convenios y tratados internacionales en su interés por perfeccionar el marco jurídico nacional a favor de todas las personas.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruiz Massieu, a que de acuerdo a la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales, tenga a bien analizar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores y valorar su pertinencia, a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha Convención.

Nota

1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Organización de los Estados Americanos, 2015, disponible en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_in teramericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 20 de enero de 2016.

Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en los estados a difundir el contenido de los convenios de coordinación celebrados con el gobierno federal para ejercer recursos del programa Escuelas al Cien, suscrita por la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe diputada Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo –con carácter de urgente u obvia resolución– con base en las siguientes

Consideraciones

El Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial (en adelante Cemabe), se realiza por mandato constitucional posterior a la publicación del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en la Constitución a través del cual, entre otras cosas, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa y se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, como instancia encargada de generar información, a realizar un censo para dar a conocer el estado de las escuelas en el país así como para conocer sus carencias en cuanto a infraestructura se refiera.

La puesta en marcha del censo tuvo como objetivo central, captar las características de las escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de escuelas de educación básica del sistema escolarizado y especial, con el objetivo de proveer información al Sistema de Información y Gestión Educativa del país.1 Incluyó también a las autoridades educativas integrando con ello un Comité Nacional y Comités Estatales de Colaboración para conformar en conjunto un catálogo de centros de trabajo de educación básica especial.

Los resultados arrojados por el Cemabe fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, por la evidencia del desorden en la nómina magisterial o porque no estaban siendo públicos o completos los datos de al menos 332 mil plazas docentes.

Sin embargo, en otros aspectos el censo recabó datos sobre el rezago físico de algunos planteles educativos para que posteriormente se mejoren sus condiciones físicas básicas. Los datos del Cemabe brindaron información sobre problemas con el mobiliario escolar, las condiciones de los sanitarios, el estado de las construcciones, pisos, techos; el estado que guardan laboratorios, implementación y recursos para sobrellevar emergencias, características de los inmuebles para atender alumnos con discapacidad motriz, etcétera. Es decir, las condiciones de la infraestructura, equipamiento y servicios de los centros educativos así como las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial.

Para atender las condiciones de los centros educativos que resultaron susceptibles de inversión, se integró la aportación denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (en adelante FAM), el cual es uno de los ocho fondos que se integran el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ramo general 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.2

Considerando lo anterior, la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (en adelante Inifed), puso en marcha el Programa Escuelas al Cien (en adelante Programa), a través del cual se pretende invertir 50 mil millones de pesos para beneficiar a 33 mil planteles educativos.

Lo anterior se concreta a través de convenios de coordinación celebrados entre las entidades federativas y el gobierno federal, tomando en cuenta principalmente los datos arrojados por el Cemabe, la propuesta de inversión presentada por la Secretaría de Educación Pública y las consideraciones del Inifed.

De acuerdo con el documento “Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa” 3 las inversiones que habrán de realizarse en los plateles que resultaron elegibles, deben ir acompañadas de documentos que respaldan todo el proceso de la ejecución de las obras. La integración de dichos documentos se concentra en los “Proyectos de la INFE” (planteles educativos que componen el Anexo A del Convenio de coordinación, susceptibles de ser atendidos y beneficiaos con el Programa). En ellos, se especifican los mecanismos de operación del Programa que pueden ser:

• A través de inversión para obra pública

• A través de inversión para mobiliario y equipo.

El plazo establecido para modificar dichos proyectos, venció el pasado 17 de enero.

Por otro lado, se destaca que un día posterior al vencimiento de dicho plazo, es decir el 18 de enero, se publicó completo en el portal del Inifed el “Registro de Escuelas Elegibles 2017-2018”,4 pero no se conoce con precisión, cuales son los documentos que respaldan la gestión de las obras, la modalidad de contratación de las mismas, la cédula de Información técnica, los expedientes técnicos, la situación de las instalaciones en general, el diseño estructural y arquitectónico ni la integración final de cada uno. Es decir, no se conocen los documentos que respaldan los Proyectos de la INFE, ni las posibles modificaciones generadas a alguno de ellos previo vencimiento del plazo del 17 de Enero.

Es importante reconocer el esfuerzo que hace el Inifed brindando herramientas de consulta geo referenciada para localizar en la página de internet https://escuelasalcien.inifed.gob.mx/escuelasalcien/ cada uno de los planteles que habrán de recibir recursos del Programa. Sin embargo, no se cuenta con información disponible para conocer el estado actual de los planteles educativos, por lo que en aras de transparentar y aprovechar de la mejor manera los recursos que habrán de invertirse, así como de generar condiciones que beneficien a la mayor cantidad de alumnos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, y del Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, a hacer público el contenido de los convenios de coordinación celebrados para ejercer los recursos del programa “Escuelas al Cien”, así como, el tipo de obras y mejoras contenidas en los “Proyectos INFE” de los planteles del Registro de Escuelas Elegibles para los años 2015-2016 y 2017-2018.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a mantener actualizado, su sitio de geo referenciación para hacer transparente el estado actual de las escuelas que habrán de beneficiarse con el Programa Escuelas al Cien, el avance de las obras.

Notas

1 Síntesis Metodológica y Conceptual del Cemabe. Documento del Inegi consultable en http://cemabe.inegi.org.mx/pdf/Sintesis_metodologica_y_conceptual_del_C EMABE.pdf

2 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

3 Consultable en
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/escuelas-al-100/Normatividad,%20Disposicion,%20Lineamientos%20y%20Guia%20Operativa.pdf

4 Consultable en http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de enero de 2016.

Diputada Cecilia Romero Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Conagua que respete el monto aprobado por la Cámara de Diputados en el PEF de 2016 para los programas de agua potable y saneamiento que ejecutan las entidades federativas, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Los diputados Xavier Nava Palacios y Felipe Reyes Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, cuyo resolutivo se propone de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Hechos

1. Que con fecha de viernes 13 noviembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016 y como parte de las modificaciones realizadas en ejercicio de su facultad exclusiva los diputados modificaron el Anexo correspondiente a los subsidios o programas federalizados de agua potable y saneamiento y de infraestructura hidoagrícola que ejecutan en forma directa las entidades federativas.

2. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 aprobado por la Cámara de Diputados contempla un monto de 40 mil 977 millones 824, mil 008 pesos para el gasto corriente y de inversión de la Conagua cuyas partidas y destinos de gasto están claramente establecidas en el Tomo III Anexo 16 del Presupuesto de Egresos.

(http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/16/r16_aae.pdf )

3. Que a su vez y con fecha de 27 noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y en él se distingue en forma clara, precisa e incontrovertible los recursos a ejercer por parte de las entidades federativas en materia de agua a través del Anexo 31 denominado “Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas”.

4. Que como consta en el acta de las discusiones y en el propio dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la opinión presupuestal que formuló el pleno de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y en el posicionamiento de aprobación del decreto de presupuesto que expuso el Grupo Parlamentario del PRD modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al Anexo 31 del PEF consistieron fundamentalmente en precisar la nomenclatura del anterior concepto “Subsidios Administración del Agua y Agua Potable” para transformarlo al vigente “Subsidios Agua Potable y Saneamiento”, lo anterior para evitar que la Conagua dispusiera de recursos que solo le corresponden como subsidios a las entidades federativas, como venía sucediendo en menoscabo del presupuesto aprobado por concepto de agua y saneamiento al Distrito Federal.

5. Que el Pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese anexo 31 la cantidad de 988 millones 922 mil 568 pesos para acciones de agua potable al Distrito Federal, sin embargo y a pesar de que la cifra aprobada es clara e incontrovertible en forma indebida la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México a cargo del ingeniero José Luis Jardines Moreno informó mediante Oficio BOO.801.06.17.-0043 un techo presupuestal para la ejecución de programas federalizados al Sistema de Aguas del Distrito Federal por un monto menor en 146 millones 442 mil 759 pesos al aprobado por la Cámara de Diputados. En dicho oficio se señala que estos techos han sido determinados y enterados en forma electrónica por el Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado.

6. Que de igual modo en el caso del estado de Tabasco, el pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese Anexo 31 la cantidad de 509 millones 138 mil 309 pesos para acciones de agua potable , sin embargo el enteramiento del techo presupuestal es apenas superior a los 365 millones de pesos, lo que implica un monto menor cercano a los 144 millones al aprobado por la Cámara de Diputados.

7. Que con fecha 29 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación quedaron publicadas las “Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016” y en ellas se establece en el Artículo 10 que corresponde a los gastos de operación que la Conagua podrá disponer de un monto no mayor a 4.69 por ciento del presupuesto aprobado en los programas para las entidades federativas para acciones de “seguimiento normativo, control, supervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados”. El porcentaje previsto en estas Reglas de Operación de ningún modo corresponde a los recortes que se le pretende aplicar a entidades como el Distrito Federal y Tabasco.

Consideraciones

I. Que los casos del Distrito Federal y Tabasco no son los únicos en el país, ya que son varias las entidades federativas las que han sido enteradas de techos presupuestales por abajo del monto aprobado por la Cámara de Diputados, el monto de disminución excede por mucho el “porcentaje de descuento” establecido en las Reglas de Operación. Adicionalmente en la comunicación de los techos presupuestales d se impone como prioridad para la programación y formalización de las obras que tome como prioridad los compromisos de gobierno presidenciales, lo cual atenta contra la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios y rompe con el proceso de planeación de mediano plazo que tienen las entidades federativas. La Conagua dispone además de un monto superior a los 15 mil millones de pesos en inversión directa para atender esos compromisos.

II. Que dentro de las facultades y atribuciones establecidas por Ley a la Conagua están el programar y enterar al ejecutor del presupuesto, pero de ningún modo se establece facultad alguna para autorizar el Presupuesto Federal a ejercer por la entidades federativas. La autorización está ligada al proceso de aprobación y/o modificación del Presupuesto, que es facultad exclusiva de los Diputados Federales.

III. Que mediante estos indebidos actos de autoridad gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua, maestro en ciencias José Antonio Rodríguez Tirado, se arroga una facultad exclusiva para modificar el proyecto de Presupuesto y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación que solo le corresponde a la Cámara de Diputados conferida en la fracción IV del artículo 74 constitucional.

IV. Que modificar el monto de recursos de un programa descentralizado considerado como un subsidio para el ejercicio directo de entidades federativas como los programas del componente agua potable y saneamiento para disminuirlo sin mayor justificación y sin contar con la aprobación de la Secretaría de Hacienda se constituye en una amplia serie de violaciones a los siguientes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

• Artículo 44: Referente a los procedimientos que deberán observarse después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

• Artículo 58: Referente a la obligación de contar con justificación y autorización para realizar adecuaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos aprobado.

• Artículo 59: Referente a la obligación de contar con autorización para realizar modificaciones a los subsidios.

• Artículo 74: Referente a los casos en que se justifica la reducción de un subsidio.

• Artículo 79: Referente a la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen a las entidades federativas.

• Se violan además las disposiciones de establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y en el decreto por el que se expiden las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.

V. Que con estos ilegales recortes, el gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua, maestro en ciencias José Antonio Rodríguez Tirado, pero también el propio director general de la Conagua, M. Roberto Rodríguez de la Parra, incurren en las responsabilidades descritas en los artículos 112 y 114 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua a respetar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 mismo que fue publicado con fecha de 27 noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputados: Xavier Nava Palacios, Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a agilizar los trabajos encaminados a la publicación de la convocatoria para integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, suscrita por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Alberto Couttolenc Buentello, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la relación entre gobierno y ciudadanos se debe privilegiar el diálogo, la tolerancia, la transparencia y el respeto a la ley, con la intención de desarrollar políticas públicas factibles enfocadas a atender las demandas de la sociedad.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a resolver los problemas que se les presentan en el ámbito de sus atribuciones, para lo cual deben contar con la capacidad técnica y orgánica para lograr sus objetivos, siendo su personal el principal responsable de resolver las encomiendas que se les asignen.

Lo anterior implica que los procesos de contratación de los funcionarios públicos encargados de diseñar, implementar, evaluar y modificar las políticas públicas, deben considerar que los candidatos cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos adecuados para cumplir con el compromiso de ofrecer resultados positivos a los ciudadanos, derivado de su preparación académica y experiencia profesional.

No obstante, el ejercicio del poder político se erige como una variable importante en la conformación de los equipos de trabajo de los funcionarios que logran ocupar puestos de decisión, en parte por la necesidad imperativa de contar con un círculo de colaboradores de confianza que respondan ante los inevitables embates de grupos opositores.

Lo anterior es reconocido como una práctica válida y necesaria para los policy makers ,1 quienes cuentan con los espacios propios para rodearse de un equipo de profesionistas enfocados en el análisis y resolución de conflictos económicos, políticos y sociales, a la par que comparten los objetivos de alguno de los grupos políticos que participan en la estructura de gobierno.

Si bien es necesario contar con un grupo de colaboradores preparados y afines, la teoría política y diversas leyes consideran un abuso el delegar la responsabilidad del ejercicio del poder en familiares y amigos, toda vez que para la asignación de cargos públicos debe privilegiarse la capacidad profesional y no la relación familiar o de amistad, a fin de avanzar en el ejercicio de la transparencia gubernamental.

En este sentido, es de extrañar lo que acontece en el estado de Morelos, donde se han documentado por lo menos desde 2013 a la fecha, denuncias a través de diversos medios de comunicación que exponen actos de nepotismo por parte del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien llegó a la gubernatura apoyado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La práctica de nepotismo se considera como una expresión de la corrupción política, ya que permite a quien la ejerce influir ilícita, ilegal e ilegítimamente sobre los funcionarios a quienes se les concede un empleo o contrato público sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito,2 y así lo ha demostrado el gobernador de Morelos quien ha ubicado en diversos puestos de la administración estatal a familiares suyos, como en los siguientes casos que se presentaron en la prensa:

• Rafael Bolívar Garrido, hermano del gobernador, desempeña el cargo de subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable;

• Olga Durón Viveros, ex esposa del gobernador, fue nombrada en febrero de 2013 como coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión;

• Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, tiene el cargo de Fiscal General de Morelos;

• Mónica Reyes Fuchs, pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, hijo del primer matrimonio de Graco Ramírez, funge como secretaria de Turismo;

• Ricardo Olmos, pariente cercano de Elena Cepeda, su esposa, se desempeña como subdirector de Recursos Materiales en el gobierno del estado, mientras que Alberto Barona, pareja de un miembro de la familia, es secretario de Administración en el gobierno local;

Los contrapesos del poder existen para evitar la concentración del mismo en una sola persona, de manera que se considera una práctica no aceptada en la administración pública el otorgar puestos de nivel secretarial o de dirección a personas que sin contar con la experiencia ni la preparación académica, deban tomar decisiones que afectan a la sociedad, especialmente si los funcionarios son presionados por un sentido de lealtad para quien le permitió ubicarse en un puesto público a raíz de su parentesco o vínculo de amistad.

Dentro de la normatividad federal no se castiga el nepotismo, lo más cercano a ello es el artículo 220 del Código Penal Federal que define como delito al ejercicio abusivo de funciones en su párrafo I en los siguientes términos:

I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; [...]

Sin embargo, la Constitución Política del Estado Morelos en su artículo 19 bis dentro de los medios de participación ciudadana reconoce la revocación de mandato como procedimiento derivado de actos de corrupción política, entre los que se incluye el nepotismo.

En el mismo orden de ideas, el procedimiento para castigar el nepotismo con la revocación de mandato debe ser preparado, desarrollado, vigilado y calificado por el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, de acuerdo al mismo artículo 19 bis en su inciso b).

La inclusión de la revocación de mandato a causa de nepotismo puede considerarse como una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos políticos en el estado de Morelos, incluso en otras entidades federativas, si no fuera por un elemento normativo: la necesaria integración del Consejo referido, el cual no se ha integrado desde que en 2014 cuando la LII Legislatura del estado de Morelos en junio de ese año dejó sin efectos la convocatoria para la integración del Consejo de Participación Ciudadana con el argumento de la extinción del Instituto Estatal Electoral (ahora IMPEPAC).

Para octubre de 2015 el Congreso de Morelos anunció, mediante un acuerdo, la reactivación del proceso de integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana en cumplimiento del amparo concedido a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Cuernavaca, que reclamó a los diputados la suspensión de la convocatoria para la integración de este órgano, pero en el acuerdo no se precisaron los términos y la fecha para continuar el proceso que dará forma al órgano ciudadano en cuestión.

La realidad que enfrentamos como ciudadanos y como legisladores, nos compromete a fomentar la participación ciudadana y a cumplir con los ordenamientos que permitan crear las condiciones necesarias para que ésta se ejerza en plenitud, sobre todo en un contexto donde la congruencia debe dirigir el actuar de los actores políticos, como es el caso del gobernador Graco Ramírez, quien si bien se retrata a sí mismo como un funcionario cercano a la gente y transparente en el ejercicio del poder, no se ha preocupado por darle continuidad a los mecanismos de participación de los habitantes del estado de Morelos.

A nivel federal, se han logrado avances en materia de transparencia y se han modificado mecanismos de ingreso a las instituciones de gobierno a este nivel, sin embargo, a nivel local se requiere señalar las imperfecciones que deben ser subsanadas, a fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos que depositan la responsabilidad del ejercicio del poder en los servidores públicos.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que agilicen los trabajos encaminados a la publicación de la convocatoria para integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, a fin de que los ciudadanos puedan sancionar los hechos de nepotismo que se presentan en dicha entidad federativa.

Notas

1 Tomadores de decisiones.

2 Así lo explica Norberto Bobbio como parte de su definición de corrupción política .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de enero del 2016.

Diputado José Alberto Couttolenc Buentello (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por la Segob la grave situación de inseguridad prevaleciente en Veracruz, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima insostenible y devolver la los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan.

En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, todas las cuales fueron previamente “levantadas” con violencia; en otras zonas del estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una persona decapitada en una playa de Alvarado, el 12 de agosto fue asesinado un líder de manifestantes en Tixtepec, el 2 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, el 3 de diciembre fueron asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque, el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque, que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos.

De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública:

“En la totalidad de esos robos, se ha usado la violencia y los asaltantes han causado lesiones a los pasajeros; incluso, hay denuncias de que en esos atracos se han cometido ultrajes contra mujeres.

En el reporte sobre incidencia delictiva del 2014, ubica al estado gobernado por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se dieron en todo el país, con 48 reportes en total.

Estos robos significan no solo que la ciudadanía está más expuesta a viajar por la noche, sin importar que usen líneas de primera clase como la de ADO, sino el fracaso en materia de seguridad pública en carreteras para el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y también para cada comisaría de la Policía Federal de la división Caminos en la entidad.

En esos robos se concentra, por ejemplo, los más de 15 asaltos a camiones de pasajeros registrados a lo largo del año pasado en carreteras del sur del estado; los tramos más peligrosos fueron la federal 180 por el lado de Acayucan, Jáltipan y Minatitlán.”1

De la violencia no queda exenta la capital del estado en donde desde octubre pasado por “el alto índice de violencia, la empresa Servicio urbano de Xalapa (SUX) suspendió su ingreso en seis colonias de la ciudad después de las 21:00 horas. Además de que han implementado diversos protocolos de seguridad con la finalidad de proteger a los choferes... En estos sectores poblacionales desde julio a la fecha incrementaron los asaltos a conductores y pasajeros por sujetos con armas de fuego u objetos punzocortantes.”2

El pasado 11 de enero se reportó la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se trata de: José Benítez de la O de 24 años de edad, Mario Arturo Orozco de 27 años, Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz ambos de 25 años de edad, así como Susana Tapia Garibo de 16 años; diversos medios de comunicación han dado cuenta de este acontecimiento que resulta doblemente preocupante si se considera que fueron policías estatales quienes los detuvieron y fue desde ese momento que se desconoce su paradero, así lo señalaron diversos testimonios. Los jóvenes desaparecidos se dirigían del puerto de Veracruz, en donde pasaron su periodo vacacional, hacía Playa Vicente su lugar de origen; el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la congregación Paso del Toro del municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos 100 kilómetros de Tierra Blanca.

El fiscal general del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ha confirmado la detención de cuatro elementos de la Policía adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con base en Tierra Blanca, como presuntos responsables de la desaparición forzada de los cinco jóvenes, el funcionario estatal dio cuenta de la existencia de videos que incriminan a los elementos policiacos en esta desaparición.

Estamos ante la presencia de un lacerante caso más de desaparición forzada que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define como “...el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”3

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en Veracruz aumentó la incidencia de los delitos de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, de hecho la misma encuesta estima que para el 2014 en el estado de Veracruz se denunció sólo el 13.7% de los delitos, esto significa que el 86.3% de los delitos cometidos no se denunciaron, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz, es percibido por todas y todos, hasta los más pequeños, de acuerdo con el resultado de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el 7 de junio pasado, de los 88 mil 139 niños veracruzanos, que participaron en la primer categoría (de seis a nueve años) 66 mil 516 de ellos dijeron sentirse inseguros en la calle. La ENVIPE citada anteriormente revela que el nivel de percepción sobre inseguridad pública en Veracruz en el 2015 es de 80.5%, además el 53.2% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, y es que de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de delitos, en particular entre el 2010 y el 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según este Sistema Nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros desde el 2010 a la fecha.4

Así en Veracruz la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, siendo las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se ha comenzado a instrumentar el mando único policial.

La región en la que se dio la desaparición de los 5 jóvenes, es ya considerada por muchos de sus habitantes como una región de terror, y es que en efecto la cuenca del Papaloapan ha sido agobiada los últimos años por el crimen y la violencia, la cuenca del Papaloapan se integra por municipios de Veracruz, de Puebla y de Oaxaca, entre los municipios veracruzanos encontramos Playa Vicente, Tierra Blanca y Tres Valles, recordamos que en este último municipio a mediados de 2014 fueron halladas 13 fosas clandestinas de donde se extrajeron al menos 32 cuerpos y diversos reportes dan cuenta de la desaparición de más de 80 personas en esta región, también recordamos que en mayo de 2015, el reportero veracruzano Armando Saldaña Morales fue hallado en los límites de Oaxaca y Veracruz, en Cosolapa, con al menos cuatro impactos de bala.

Sobre lo que acontece en estos momentos en Playa Vicente por la desaparición de cinco de sus habitantes, diversos medios dan cuenta de la consternación de familiares de los desaparecidos y de vecinos en general de este municipio:

“Tener desaparecido a un familiar es la agonía más grande que te puedas imaginar, tu vida se acaba en ese instante. No hay palabras para describirte el dolor que uno siente. Puedes tener todo el oxígeno, y tú te ahogas”, sentencia María, una mujer que solicita ser llamada así para dar su testimonio.

María es habitante de Playa Vicente, ella junto a otras personas que son amigos y familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, protestan en la plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno donde despacha Javier Duarte de Ochoa.

“Todos los que estamos aquí, es porque hemos pasado por situaciones similares. Ya no queremos más desaparecidos. ¿Cómo crees que se siente nuestro pueblo?”, cuestiona. La mujer pasó una experiencia similar con una de sus hijas, desaparecida desde hace tres años.

“No tengo miedo, tengo coraje, tengo impotencia. Me duele ver que por un rato que tú salgas por necesidad o gusto, pases por equis lugar y te suceda esto”.

Aunque no quiere entrar en mayores detalles, María mantiene la esperanza que estos chicos sí sean devueltos a sus casas, con sus familias.

“‘Lo que queremos es ahorita, si no se resolvió aquello que se resuelva esto’, suplica”5

La ola de violencia que azota al estado de Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero paradójicamente otro factor que se menciona como responsable de esta escalada de violencia y particularmente del aumento de desapariciones forzadas es la inusual presencia de policías y militares en esta entidad, en la cual como ya se mencionó se ha instrumentado el llamado mando único policial en al menos 60 de sus municipios, así en opinión de diversas organizaciones:

“Las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses del 2013, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primero lugar nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 desapariciones forzadas”6

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial como estrategia de combate al crimen organizado, que ya se ha visto no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que el mando único no ha logrado frenar la infiltración de las policías, las que siguen siendo afectadas por el fenómeno de la corrupción. El gobernador de Veracruz Javier Duarte en entrevista telefónica para “Xeu Noticias” refirió: “La seguridad pública por parte del gobierno de Veracruz está en todo el estado (...) En 67 municipios nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad pública, es decir 67 alcaldes no se tienen que preocupar por la seguridad pública, pueden dormir tranquilamente porque el que es el responsable en estos 67 municipios es un servidor”.7

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes, ni los veracruzanos “pueden dormir tranquilos” ante el clima de inseguridad que existe en la entidad.

“Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad.”8

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos.

El 9 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Procuradora General de la República por el que se crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas; entre las facultades del titular de esta fiscalía se encuentra la de ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común relacionados con su ámbito de competencia.

Amnistía Internacional en su documento “Enfrentarse a una pesadilla. La Desaparición de personas en México”, refiere que “Entre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26.000 personas como desaparecidas o no localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados...

A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes.”9

Desde esta Comisión Permanente hacemos un llamado a las autoridades para que no fracasen en la investigación y aclaración de este caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Exigimos que este caso no quede impune, como han quedado muchos otros, exigimos a las autoridades realicen los esfuerzos suficientes para presentar con vida y cuanto antes a los desaparecidos, que se sancione a los responsables y se garantice el derecho a la verdad y a la reparación del daño a las víctimas directas y a sus familias.

Sin duda que este caso que traemos a esta tribuna nos hace recordar inmediatamente la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la policía municipal; no queremos bajo ninguna circunstancia que estas infames desapariciones comiencen a ser la constante.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, a que, en el marco del artículo 29 constitucional, atienda urgentemente la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, que amenaza la paz pública y pone en peligro a la sociedad veracruzana, y tome las medidas de emergencia necesarias que permitan devolver la tranquilidad a los habitantes de la entidad. Asimismo, para que revise y rediseñe la estrategia de mando único y ponga en práctica las acciones pertinentes para que las corporaciones federales, garantes de la seguridad pública, se instalen en el estado.

Notas

1 http://eldelsur.com/2015/02/2 2/ocupa-veracruz-primer-lugar-nacional-en-asaltos-carreteras-de-acuerdo -al-sesnsp/

2 http://eldelsur.com/2015/10/13/suspenden-urbanos-servicios-en-6-colonias-de-xalapa-por-elevados-indices-de-inseguridad/

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

4 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones

5 http://e-veracruz.mx/nota/2016-01-15/estado/caso-tierra-blanca-un-famil iar-desaparecido-la-agonia-mas-grande

6 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182041

7 http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=744874

8 http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55 -de-las-desapariciones-ai/

9 http://amnistia.org.ar/sitio2/2015/category/documentos/page/4/?id=80

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente de la Condusef a difundir la información sobre las diez empresas que mayores quejas presentaron en 2015 por cláusulas abusivas en sus contratos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a difundir la información sobre las 10 empresas que presentaron mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Por contrato de adhesión entendemos el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y las condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Sin bien la existencia de dichos contratos esta prevista en la legislación mexicana, pues los mismos surgen de una necesidad práctica de la actividad comercial, en no pocas ocasiones, las empresas establecen sus propias condiciones de manera abusiva y desproporcionada afectando los derechos de los consumidores.

II. En 2015, el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), licenciado Mario di Constanzo Armenta, dio a conocer que en una revisión de 10 mil contratos emprendida por la Condusef, se detectó que muchas instituciones financieras mantienen cláusulas abusivas en sus contratos. Lo mismo pasa con el sector de las aseguradoras, entre otros.

Asimismo; en un informe que con fecha 22 de octubre de 2015 el presidente de la Condusef, licenciado Mario di Constanzo Armenta, destaca que algunos de los efectos relevantes que la Condusef ha tenido con la reforma financiera de enero de 2014 es la creación de micrositios en el portal de la Condusef para presentar quejas y denuncias por cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

III. Al día de hoy, derivado de la reforma financiera de enero de 2014 la Condusef puede sancionar a las instituciones financieras por tener este tipo de cláusulas en sus contratos y obligarlas a suprimirlas. Sin embargo; también es cierto que algunas instituciones bancarias han tardado hasta un año en eliminar las cláusulas abusivas a requerimiento de la Condusef. Esto provoca que haya un sinnúmero de cláusulas abusivas en los contratos que se firman diariamente por los contribuyentes, pues la voracidad de las empresas siempre va un paso delante que la intencionalidad de la autoridad de proteger al consumidor.

IV. Asimismo; si bien es cierto que en el buró de entidades financieras en el micrositio de la página de la Condusef se puede encontrar información actual relacionada con el tema que nos ocupa, lo cual es un gran avance. También es cierto que la gran mayoría de los consumidores de productos financieros, desconocen esta herramienta, por lo que se hace necesario publicar el listado que se menciona en medios alternos, tales como la revista Proteja su Dinero, publicada mensualmente por la Condusef, y está destinada a informar y orientar sobre temas de educación financiera.

V. Derivado de lo anterior se exhorta al presidente de la Condusef, licenciado Mario di Constanzo Armenta, a difundir la información sobre las 10 empresas que mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos tuvieron en 2015 a fin de que los consumidores tomen previsiones antes de contratar con esas empresas.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Condusef a difundir la información sobre las 10 empresas que mayores quejas presentaron por cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGJ de Sonora que con la PGR se agoten las líneas de investigación de las personas mencionadas en la indagatoria seguida contra funcionarios del DIF estatal por la venta-adopciones de niños, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que se sirva establecer coordinación plena con la Procuraduría General de la República para que se agoten las líneas de investigación de todas y cada una de las personas mencionadas en la indagatoria seguida contra funcionarios del DIF estatal de Sonora por la venta-adopciones de niños, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 27 de agosto, diversos medios de comunicación nacionales dieron a conocer a la opinión pública el descubrimiento de una red de tráfico de niños en Sonora, en la que, desde entonces se dijo, estaban involucrados funcionarios del Sistema DIF de la citada entidad. Igualmente, se denunció la participación de un médico que laboraba en dos hospitales públicos y que era el encargado de expedir los certificados falsos de nacimiento, mismos que eran utilizados para facilitar el registro de los menores, con la finalidad de hacer pasar a los infantes, como hijos biológicos de parejas o matrimonios que pagaban grandes sumas de dinero para conseguir la adopción de éstos.

En un primer momento, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora informó de la consignación de 16 personas involucradas en los ilícitos. Asimismo, el entonces procurador general de Justicia de Sonora declaró que servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se habían encargado de identificar a mujeres en estado de vulnerabilidad o con adicciones, a quienes presionaban de diversas formas para que entregaran a sus hijos en adopción a matrimonios que se encontraban en lista de espera para adoptar a un menor. Desde entonces se dijo que los matrimonios o parejas eran contactados por abogados que servían de enlace y de negociadores para la entrega-venta de los menores a cambio de cuantiosos pagos en dólares; además, se reveló que la red de venta de menores operaba desde 2012.

Debido a la gravedad del asunto, la Procuraduría General de la República atinadamente resolvió atraer la investigación del ilícito, pues había fundadas dudas de que algunos de los menores habían sido entregados en adopción, de forma ilegal, a ciudadanos estadounidenses que pagaron grandes cantidades de dinero para lograr la adopción de los menores.

En días pasados surgió una preocupante revelación en el sentido de que el ex gobernador Guillermo Padrés y su esposa, Iveth Dagnino, habrían autorizado alrededor de 300 adopciones irregulares durante su administración, por las que habrían cobrado hasta 200 mil pesos por cada uno de los trámites de adopción. Lo anterior fue revelado por José Manuel Hernández López, implicado en la red de compraventa de menores, al medio radiofónico Proyecto Puente en Hermosillo.

En la entrevista, el ex director jurídico de la Unión Ganadera en Sonora aseguró que Iveth Dagnino, esposa del ex gobernador, ordenaba, con conocimiento de Guillermo Padrés, favorecer con adopciones irregulares a un padrón de 500 posibles adoptantes, de los que 50 por ciento eran funcionarios, amigos, servidores públicos y recomendados de los esposos Padrés.

Asimismo, denunció la participación del entonces encargado de la línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Sonora, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, al ex director del DIF Sonora Agustín Blanco y varios de sus colaboradores.

De igual forma, admitió su participación en 15 “trámites exprés”, para otorgar en adopción a niños huérfanos o con madres con problemas de adicciones, trabajo por el cual, obtenía la cuarta parte del monto que pagaban los adoptantes.

Para los diputados de Encuentro Social, es primordial vigilar y garantizar los derechos de nuestra niñez, por lo que consideramos necesario el esclarecimiento total y oportuno de las denuncias antes descritas, para que en el caso de comprobarse malos manejos por parte de servidores y ex servidores públicos se ejerza acción penal contra todos los involucrados.

Cuidar a los niños y luchar por su bienestar no es una concesión digna de elogios sino un acto de elemental justicia hacia los seres humanos más vulnerables de nuestra sociedad, el estado mexicano debe castigar de manera ejemplar el tráfico de menores.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a servirse establecer coordinación plena con la Procuraduría General de la República para que se agoten las líneas de investigación de todas y cada una de las personas mencionadas en la indagatoria seguida contra funcionarios del DIF estatal de Sonora por la venta-adopciones de niños.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la SEP a garantizar con sus homólogas estatales la enseñanza de calidad en el sistema de telesecundarias, mediante los equipos receptores y decodificadores necesarios para transitar a la televisión digital terrestre, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se le llama transición a la televisión digital terrestre al proceso mediante el cual se deja de transmitir las señales analógicas de televisión abierta para transmitir únicamente señales digitales, o comúnmente conocido como apagón analógico. Hasta la fecha no existen cifras oficiales a nivel nacional que considere el número total familias mexicanas que han sido parte de dicho proceso, sin embargo las personas con escasos recursos son quienes más han percibido dicho cambio.

Si bien la información sobre el apagón analógico no fue tan prolongada, la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de programas sociales beneficiaron a 9.2 millones de familias de escasos recursos,1 mediante entrega de televisores digitales; no obstante este programa no fue suficiente para que se disminuyera el número de personas afectadas por este proceso.

Por lo que esta problemática no solo se soluciona con la entrega de televisores digitales, ya que el gran problema es la situación de pobreza en la que se ve inmersa el país.

Este problema no solo lo resintieron familias y hogares, también el sistema educativo de telesecundarias, el cual se encuentra en conflicto, ya que 18 mil telesecundarias a nivel nacional,2 han sido afectadas por el apagón analógico, pues se quedaron sin señal de televisión y, debido a la importancia que conlleva esto, impide la transmisión de la programación educativa.

Esto representa un gran problema, ya que la educación es una de las bases importantes en un país en vía de desarrollo, cabe mencionar que es considerado como un derecho reconocido por el Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ésta de calidad. Asimismo, es contemplada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa del ciclo escolar 2014-2015, señalan que existen 6, 825,046 alumnos que cursan el nivel de educación secundaria, de los cuales 1, 432,813 se encuentran en la modalidad de telesecundaria. Asimismo, existen 18, 551 escuelas Telesecundaria a nivel nacional con 72, 206 docentes.3

Por lo que con la entrada a este nuevo proceso, se ha dañado la esfera jurídica de por lo menos 1, 432,813 alumnos que se encuentran cursando el nivel de educación secundaria, ya que para este sistema es de suma importancia contar con televisores digitales, o en sus casos codificadores para así otorgar una educación de calidad.

Por su parte, el jefe del departamento de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, informó que el subsistema educativo de telesecundarias requiere 3 mil 500 pantallas digitales, para ser instaladas en 893 telesecundarias del estado, y de no ser así, se verán afectados 41 mil estudiantes, representando el 42 por ciento del total de alumnos que se encuentran estudiando el nivel secundaria.4

Este problema, crea un rezago en el sistema educativo ya que al no contar con los materiales fundamentales para trasmitir la enseñanza, los estudiantes crean deficiencias al no lograr desarrollar sus capacidades y habilidades, provocando desigualdad educativa.

Y es que el sistema educativo de telesecundaria no se encuentra preparado para este proceso ya que pareciera que ha sido olvidado por el Gobierno no se previeron las dificultades en las que se iba a emerger este sistema, al no planificar ni contemplar el destino de recursos para la compra de equipos receptores y decodificadores previo a la entrada en vigor de la transición de televisión digital terrestre.

Por otra parte, en los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, establece en su Transitorio Quinto que los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios.

Asimismo, cabe señalar que al destinar equipos receptores y decodificadores al sistema educativo de telesecundarias, incrementará la calidad de enseñanza, además que este sistema por mucho tiempo se ha dejado abandonado, no solo en la entrega y eficacia de herramientas, sino también en libros de texto que son poco eficientes debido a que se encuentran caducos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes así como a la de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas estatales garanticen la educación de calidad en el sistema educativo de telesecundarias por medio de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de la televisión digital terrestre.

Notas

1 Hernández Saúl y Guaza Daniela “Apagón analógico no cuenta a todos” El Universal [En línea]. Consultado el 05 de enero de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/11/10/a pagon-analogico-no-cuenta-todos

2 Mendieta Susana “Apagón analógico afectará a telesecundarias” Milenio [En línea]. Consultado el 05 de enero de 2016. Disponible en http://www.milenio.com/negocios/apagon_analogico-telesecundarias_0_3029 69899.html

3 Tercer informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2014-2015 del Gobierno Federal”, página 30.

4 Salinas Abigail “Apagón alcanza a telesecundarias” NTR Zacatecas [En línea]. Consultado el 05 de enero de 2016. Disponible en http://ntrzacatecas.com/2016/01/03/apagon-alcanza-a-telesecundarias/

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de enero de 2016.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, el jefe del GDF, el INE y el Congreso de la Unión a propiciar y garantizar los principios de paridad de género, no regresividad de derechos y participación ciudadana en la composición e integración de la Asamblea Constituyente y proyecto de Constitución de la Ciudad de México, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante a la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Distrito Federal es un referente a nivel nacional e internacional, al concretar políticas que tienen como ejes rectores los principios de no discriminación e igualdad en aras de alcanzar el reconocimiento pleno a derechos humanos de una cultura cosmopolita, ha sido el primero en implementar procesos participativos que se han retomado en otros estados.

Este avance democrático ha estado acompañado de la participación tenaz de diversos movimientos sociales, incluido el movimiento feminista, a favor del fortalecimiento de una ciudadanía plena para sus habitantes.

Desde hace años se encontraba sobre la mesa del debate la necesidad de que al Distrito Federal le sea reconocido el estatus de entidad federativa, que abría la posibilidad de que las y los habitantes del Distrito Federal contáramos con una Constitución propia. Hoy después de un largo período y proceso, la Reforma Política de la Ciudad de México nos permite dar un paso más en esa dirección.

Sin embargo en voz de la ciudadanía hay algunas cuestiones importantes a considerar, ya que la reforma aprobada el pasado 15 de Diciembre traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana. Niega el derecho a la ciudadanía de participar en las decisiones públicas que nos afectan, y configura una Asamblea Constituyente definida en su integración por los partidos políticos y los poderes instituidos del Estado, generando además una sobre representación de los partidos por la vía de la designación de constituyentes.

Convencida estoy que esta Ciudad merece una Constitución fruto de una amplia participación de sus habitantes, que recupere la voz de todos los sectores, identidades, territorios y grupos de población, de las y los especialistas y ciudadanos con trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Dicho proyecto de Constitución Política debe fundamentarse en el respeto y garantía a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, un proyecto transversal de la perspectiva de género que permita afianzar una política de igualdad sustantiva de la somos referentes, garantizando al menos que no haya regresión en los derechos conquistados y se legisle bajo el principio pro persona .

Acorde a los avances en materia de participación política de las mujeres que garantice la paridad en la Asamblea.

Punto álgido, es la integración del Constituyente, el cual se integrará con un método mixto que NO es completamente democrático; 60 por ciento será electo , y 40 por ciento será para la representación del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del presidente de la República y del jefe de Gobierno.

Esto lesiona el principio democrático de integración del Constituyente, y refleja el veleidoso acuerdo de los partidos políticos de siempre. Toda persona integrante de la asamblea constituyente debiera ser electa democráticamente, bajo el principio de paridad de género, evitando la partidocracia y abriendo canales de participación a la ciudadanía. Este sería el derrotero que consolide y legitime el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

Sin embargo no se está pensando en mecanismos innovadores para impulsar la vida democrática, hay una notable ausencia de procesos participativos para la inclusión de la ciudadanía, quien de estar inmersa en el constituyente oxigenaría la vida pública de la ciudad fortaleciendo el origen y concepción de la nueva organización política de la ciudad.

Es por ello que en el marco de la declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México, fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en el proceso de elaboración y aprobación de la Convocatoria para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como de las reglas que normaran la integración de las listas de las candidaturas a diputadas/os constituyentes, se incluya y garantice el principio de paridad de género.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, que en la propuesta y designación de las y los miembros a formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se incluya y garantice el principio de paridad de género.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que la designación de constituyentes que les corresponde sean perfiles ciudadanos/as, sin militancia partidista, ni cargo en la Administración Pública Federal, con conocimiento de los grandes temas y necesidades que configuran a la Ciudad de México.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que habrá de emitir a la Asamblea Constituyente se encuentren implícitos los mismos derechos que hoy en día goza la ciudadanía, garantizando con ello el principio de no regresividad de Derechos Humanos, así mismo previo a la emisión del proyecto, éste se someta a un proceso amplio y abierto de consulta y participación ciudadana que de legitimidad al proyecto de Constitución.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 20 de enero de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a solicitar a la CIDH una investigación sobre la violación de los derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, suscrita por diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios

Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, proponemos a esta Comisión Permanente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que solicite a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ejerza sus facultades para investigar violaciones graves a derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

La migración es un fenómeno mundial de la movilidad humana, cuya atención exige acciones de corresponsabilidad entre países de origen, de tránsito, receptores y de retorno, para diseñar e implementar políticas que tengan como principal eje el respeto a los derechos humanos de personas en situaciones de migración, que deciden hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad, siendo la principal, la búsqueda de mejore condiciones de vida para ellos y sus familias, y aún de mera sobrevivencia, sin importar los riesgos que representa.

Millones de mexicanos han emigrado, sobre todo al vecino país del norte, dejando el hogar, a la familia, sus costumbres y tradiciones para ir en busca de un mejor destino. Connacionales que sin duda han contribuido al desarrollo de los Estados Unidos de América con su trabajo, creatividad y dedicación sin importar su situación migratoria. Contribución que ha reconocido el propio gobierno de ésta nación, al señalar, que un sistema migratorio del siglo XXI es parte de la solución para la recuperación económica de este país.

La migración es un hecho que los mercados laborales de los países receptores requieren. Desafortunadamente no está exenta de prejuicios, como los que hoy se manifiestan en Estados Unidos con posturas, declaraciones y acciones de políticos que buscan el poder enarbolando como propuesta la violación de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de nuestros connacionales, con expresiones discriminatorias y racistas para exigir su deportación.

Las deportaciones sumarias y masivas han estado ocurriendo en los últimos años. De acuerdo a estadísticas del Colegio de la Frontera Norte, en los últimos cinco años ésta autoridad ha deportado a más de cinco millones de migrantes a México, situación que ha ido en aumento. En estas acciones destaca por parte de la autoridad migratoria estadounidense, la deportación arbitraria de migrantes mexicanos, violando sus derechos humanos y civiles.

Estos hechos reflejan la dimensión de los prejuicios que genera la migración en autoridades, políticos y algunos sectores sociales en ese país —a pesar de las declaraciones de reconocimiento a la contribución al fortalecimiento y crecimiento de su economía—, que ven equivocadamente a la migración como un problema, sin entender que se trata de un hecho histórico y un fenómeno social que caracteriza al mundo globalizado y es un agente de desarrollo económico, social y cultural de los países receptores.

De acuerdo a experiencias manifestadas por connacionales deportados, se sabe que durante el proceso de repatriación, las esposas y esposos son separados uno del otro, así como de sus hijos con ciudadanía norteamericana; violando el debido proceso, al transgredir el derecho a la información de los detenidos, tanto del procedimiento migratorio que enfrentan, como de las condiciones en la cuales se dará su expulsión. Han narrado que desconocen el contenido de los documentos que firman y la negativa para acceder posteriormente a ellos al no entregárseles copia de la resolución migratoria que dicta su expulsión de ese país. Detenciones, redadas , realizadas en los centros de trabajo, en barrios, en calles violando todo principio del respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes.

A partir de 2010 autoridades locales de los Estados Unidos de América, han promovido leyes que criminalizan a la migración indocumentada, que sancionan a empleadores, arrendadores y también a transportistas; incluso, negando servicios educativos o de salud a personas no documentadas, las deportaciones masivas de indocumentados, entre otras prácticas excluyentes y violatorias de los derechos humanos. Información proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, se sabe que “entre 1998 y el 2007 fueron expulsados más de 100 mil padres con hijos nacidos en EE.UU., y que sólo entre enero y junio del 2011 esa cifra llegó a más de 46 mil padres, con lo cual en ese año la cifra pudo alcanzar el número total de expulsiones de la década previa”.

En el mes de abril del 2015, de acuerdo a información proporcionada por la Universidad de Siracusa, del estado de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió la deportación de 22,538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015. Que del total de los inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de deportación durante la primera mitad del año en curso, un treinta y cinco por ciento fueron mexicanos. Diez por ciento más que el año pasado.

A estos actos violatorios de los derechos humanos, se suma el hostigamiento y violencia de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes mexicanos, provocando muertes a manos de elementos de dicha corporación, y violación sistemática a los derechos humanos durante la detención de nuestros connacionales.

Ante esas voces y acciones de desprecio a los migrantes mexicanos, debemos sumar voluntades para que en los términos del derecho internacional, en los instrumentos regionales de protección y promoción de derechos humanos, exijamos el respeto irrestricto a los derechos de nuestros connacionales que constantemente le son transgredidos por la autoridad migratoria del país vecino del norte.

Es urgente que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos responsable de la promoción y protección de estos derechos en la región, intervenga con fundamento en los términos de instrumentos como:

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”;

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece que “Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), mediante el cual los Estados partes “...se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”

• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas., que establece principios relativos a las personas sometidas a un régimen de “privación de libertad”, en que se indica que privación de libertad es “...cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”.

Es necesario y urgente que la CIDH actúe en los términos de su facultad conferida en noviembre de 1965 por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, de “examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales”.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de ésta Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, se solicite la urgente intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para que se dirija a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, con el fin de investigar violaciones de derechos humanos de los mexicanos que están en proceso de deportación y para investigar las condiciones jurídicas en las que fueron deportados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a nombrar por la PGR un fiscal especial que lleve a cabo las investigaciones y finque responsabilidades por los delitos cometidos por el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, suscrita por los senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y los diputados César Flores Sosa y Karla Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, y los diputados César Flores Sosa y Karla Osuna Carranco, con aval de los diputados y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, nombre a un fiscal especial para que lleve a cabo las investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes por los delitos cometidos por el ex gobernador Humberto Moreira Valdez, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 15 de enero, el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdez, fue detenido por la Policía Nacional española en el aeropuerto de Barajas, Madrid, tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de la Policía Judicial del gobierno de España.

Acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización criminal, entre otros, fue ingresado a la prisión de Soto del Real tras una orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Según la información dada a conocer hasta ahora, la Fiscalía de ese país inició la investigación desde hace un año, luego de conocer que había realizado transferencias desde Estados Unidos a España, detectando movimientos hasta por 200,000 euros, el equivalente a 3.9 millones de pesos que se habrían realizado en el año 2013.

Asimismo, autoridades judiciales en Estados Unidos de América han acreditado, durante los años 2012 y 2013, una red de corrupción, de aproximadamente 13 personas, para lavar unos 3,000 millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en dicho país, robados del erario estatal.

En dicha red estarían involucrados Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, a quien decomisaron más de 6.5 millones de dólares de cuentas bancarias; Rolando González Treviño, quien fue detenido en 2014 en Las Vegas, Nevada, declarándose culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspirar para transportar cientos de millones de dólares robados del erario de Coahuila, operación fraguada en el domicilio del entonces gobernador Humberto Moreira; así como Jorge Torres López, hoy prófugo de la justicia norteamericana.

Sin embargo, en México, a pesar de contar con todos los elementos acreditados por las autoridades de otros países, el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila y la Procuraduría General de la República han sido omisos en dar curso a las investigaciones que permitan fincar las responsabilidades correspondientes, a quienes permitieron que la deuda de Coahuila se incrementara en 10 mil por ciento, tan sólo de 2005 a 2011.

Resulta lamentable que la mega deuda de 36 mil millones de pesos contraída por el entonces gobernador Humberto Moreira, mediante la falsificación de documentos; el daño patrimonial ocasionado a todo el pueblo coahuilense; y la comisión de una serie de ilícitos para que ello sucediera, pasen desapercibidos para las autoridades de nuestro país, que ha sido el afectado directamente.

Más lamentable aún, sería el hecho que tras la detención de Humberto Moreira en España, las autoridades mexicanas sigan siendo omisas en investigar sobre el endeudamiento masivo de la entidad y sobre las operaciones irregulares que ya han sido acreditadas en otras naciones, y respecto de las cuales, no se han fincado responsabilidades en nuestro país y mucho menos se han llevado a los responsables ante la justicia.

Por ello, es necesario advertir la oportunidad que tiene hoy el Estado mexicano de demostrar que es capaz de aplicar la ley, por igual, a todos aquellos que cometen un delito en contra de los bienes jurídicos tutelados en nuestro país. Sería un error imperdonable que en México siga quedando impune el fraude más grande perpetrado en contra de la población coahuilense y que, en consecuencia, continúe la clara falta de interés por parte del gobierno mexicano, de hacer justicia; perseguir a los culpables; transparentar el destino de los recursos obtenidos con la deuda; y recuperar el dinero robado de las arcas del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría General de la República, nombre a un fiscal especial, que cuente con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes a los hechos constitutivos de delito cometidos por el ex gobernador Humberto Moreira Valdez; transparente el destino de los recursos obtenidos con la deuda; y recupere el dinero robado de las arcas del Estado. Asimismo, se exhorta a que, en tanto sea nombrado dicho fiscal, se inicie de manera inmediata una investigación por los hechos constitutivos de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos por Humberto Moreira Valdez y los demás que resulten responsables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, a través de dicho fiscal especial e independiente, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por los actos de corrupción cometidos por otros gobernadores y ex gobernadores de las diversas entidades federativas del país.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, y a través de las autoridades competentes, colabore eficazmente con las investigaciones iniciadas en los países de España y Estados Unidos de América, intercambiando la información que contribuya a la procuración de justicia en los procesos seguidos en contra del ex gobernador Humberto Moreira Valdez y demás ex funcionarios del gobierno de Coahuila.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Servicio de Administración Tributaria; y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, resultado del trabajo que lleve a cabo la Procuraduría General de la República, implemente las acciones necesarias para dar con el destino de los recursos; recuperar el dinero robado y regresar los recursos a las arcas del estado de Coahuila. Asimismo, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que audite los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005 y 2011, correspondientes a la gestión de Humberto Moreira Valdez al frente del estado de Coahuila.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, para que solicite licencia y se separe de su cargo para facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades correspondientes.

Senadores: Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbricas).

Diputados: César Flores Sosa, Karla Osuna Carranco (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a celebrar un acuerdo de eliminación de visa para los ciudadanos de Taiwán, suscrita por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

Luis Sánchez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición al tenor de los siguientes

Argumentos

En los últimos años, las relaciones económicas entre México y Taiwán se han profundizado gradualmente con un beneficio mutuo tanto en las inversiones como en el intercambio comercial. Taiwán es el tercer país inversionista de la región Asia-Pacífico, después de Japón y Corea del Sur, con participación en nuestro País, el séptimo proveedor y noveno socio comercial de México.

Son 300 el total de las empresas taiwanesas en México, cuya presencia está fundamentalmente en los estados de Baja California, Guanajuato y el D.F. Se trata de una inversión de USD $ 1 mil millones. Hoy, somos el primer socio comercial de Taiwán en América Latina.

Los industriales de Taiwán ven a México como uno de los países más idóneos para la inversión. Además se han intensificado el intercambio cultural y educativo entre ambos países. Sin duda, somos un atractivo mercado para las exportaciones y turismo taiwanés.

En 1993 el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Consejo Chino de Desarrollo del Comercio Exterior y el Centro de Desarrollo e Inversión Industrial de Taiwán, del Ministerio de Economía, firmaron un acuerdo para aumentar el comercio y la cooperación e inversión entre ambos países.

En correspondencia, nuestras exportaciones hacia Taiwán están compuestas principalmente por cueros y pieles de bovino o equino apergaminados, algodón sin cardar ni peinar, dispositivos y semiconductores.

Al igual que con nuestros otros socios de Asia, mantuvimos durante los noventa un déficit comercial creciente. Para el caso de Taiwán fue el resultado de un crecimiento de 361 por ciento en las importaciones entre 1990-1996.

El creciente déficit de México con los países de Asia Pacífico refleja por un lado, la carencia de una política de diversificación en las relaciones comerciales internacionales de México, ya que más del 80 por ciento lo hemos concentrado en los Estados Unidos.

Taiwán tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, sin embargo, en la actualidad representa el 23 por ciento de su comercio total. Dadas las ventajas comparativas de México, cabe hacer notar que Taiwán junto con Corea del Sur y Japón, son importadores netos de alimentos mexicanos. En 1995, Taiwán importó alimentos por un monto cercano a los 10,000 millones de dólares.

A pesar de este importante intercambio económico, México no forma parte de los países libres de visado para entrar a Taiwán, así como Taiwán tampoco está entre los países a los que México no exige visado.

La expedición de visas de manera más ágil y expedita o su eliminación es uno de los temas pendientes en la agenda bilateral con Taiwán. Aunque se ha reducido el tiempo de espera, las dos o tres semanas que exige el trámite, siguen siendo mucho tiempo para empresarios y hombres y mujeres de negocios de ambas naciones. Un extenso y lento trámite que impide a México convertirse en un destino atractivo para los 8.6 millones de taiwaneses que anualmente salen como turistas a diversas partes del Mundo.

Taiwán cuenta con una reserva totalizada en 424.79 mil millones de dólares hasta agosto de 2015 y un PIB per cápita de 46 mil dólares en el año 2014 ubicándolo en el lugar número 2 del ranking mundial. Existen más de 300 empresas taiwanesas establecidas en el territorio mexicano, mismas que generan más de 60 mil empleos directos. Los vínculos comerciales y de inversión entre México y Taiwán se encuentran históricamente en su mejor momento , Taiwán continúa siendo el 3° inversionista más importante de Asia para México, así como su 9° socio comercial a nivel mundial con un volumen bilateral de alrededor de 7 mil millones de dólares hoy día. Asimismo, la inversión de Taiwán en México asciende a los 3 mil millones de dólares americanos, caracterizando así a la relación económica, comercial y de inversión entre México y Taiwán como dinámica y complementaria, con tendencia a seguir fortaleciéndose aún más todos los días.

Taiwán busca multiplicar las áreas de interés comunes con México, y de la misma forma, desea continuar promoviendo el intercambio cultural, artístico, social, académico y turístico, con el fin de crear una base todavía más firme que la que se ha venido forjando a lo largo de estos años por medio de la amistad y la confianza.

Hoy día 161 países y territorios conceden la exención del visado, la visa al aterrizar o un estatus de e-visa (visa electrónica) a Taiwán, dentro de ellos se puede mencionar a Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Indonesia, India y China Popular, además de la mayoría de los países europeos y varios asiáticos y latinoamericanos.

Antes de noviembre de 2012, México le permitía a ciudadanos taiwaneses, así como a extranjeros de otras nacionalidades, ser exonerados del trámite del visado mexicano si se presentaba el visado americano vigente. No obstante, desde hace 3 años, Taiwán fue incluido en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos junto con otros 37 países, por lo que los ciudadanos de estos 38 países únicamente están obligados a conseguir una autorización de viaje por medio del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

El ESTA determina la elegibilidad de los visitantes de los 38 países que forman parte del VWP que viajan a Estados Unidos , e incluye información biográfica (nombre, fecha de nacimiento e información del pasaporte), además de preguntas denominadas de elegibilidad que abarcan enfermedades transmisibles, arrestos y deportaciones entre otras. El ESTA generalmente es válido por dos años o hasta la expiración del pasaporte.

El que en el pasaporte taiwanés ya no figure el visado americano, representa un retroceso, pues ahora volvimos a exigir el trámite de visa para ingresar a nuestro territorio. Por ello es vital que aceptemos el comprobante ESTA como documento convalidado de la visa americana y permitamos a los ciudadanos taiwaneses ingresar a México sin la necesidad de tramitar la visa mexicana.

Por lo anterior someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reconocer la exención de visado a los ciudadanos de Taiwán, como consecuencia de la inclusión de ese país en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en efecto del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a investigar la relación entre la legisladora local de Sinaloa Lucero Sánchez López y Joaquín Guzmán Loera, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Vencer y erradicar la violencia y la corrupción son los retos más importantes que en la actualidad enfrenta nuestro país.

Y es que la violencia ha generado un panorama nada alentador en nuestro país, ya que aún existen zonas y estados donde la violencia se ha enquistado y tomado tintes de guerra de baja intensidad, lo anterior a pesar de la mejora en el índice de paz en la mayor parte de nuestro territorio.

Tenemos que hacer un poco de memoria y remontarnos a un sexenio panista para encontrar el origen de la violencia que azota nuestro país, por aquellos años se puso en marcha una estrategia mal planteada, la cual sacó al ejército a las calles sin un objetivo claro u hoja de ruta lógicamente establecida, en esta llamada guerra contra el crimen organizado declarada por el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se registraron más de 121 mil muertes violentas, lo anterior según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cuanto a la corrupción, nuestro país se enfrenta a un gran reto, ya que los moches, el tráfico de influencias, el desvió de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales, los cuales provocan inseguridad y desigualdad entre los ciudadanos.

Es pertinente puntualizar que los representantes políticos del Partido Acción Nacional, con sus acciones poco éticas, han abonado para que continuemos encontrándonos con niveles tan altos de corrupción e impunidad.

Por ejemplo, durante la gestión del panista Marco Adame Castillo, en Morelos, se cometieron diversas irregularidades y actos de corrupción en varias dependencias de gobierno, debido a lo anterior, la Secretaría de la Contraloría estatal inició diversas denuncias penales y procedimientos administrativos en contra de funcionarios que presuntamente incurrieron en anomalías en el desempeño de sus funciones. Lo anterior derivó en la detención del exsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, Alfredo Jaime de la Torre, por el delito de peculado.

Otro caso similar es el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien se le acusa de recibir 3.3 millones de dólares de un empresario relacionado con compañías que ganaron contratos del gobierno.

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) traspasó la indagatoria a las unidades de lavado de dinero y crimen organizado de la Procuraduría General de la Republica.

Sin embargo, lo más preocupante es la complicidad de ciertos actores políticos de dicho partido con criminales, los cuales dirigen negocios que atentan contra la salud, trafican con drogas, armas y personas, inundando de miedo, violencia y muerte el territorio nacional.

Nos referimos a la oscura relación entre la diputada del PAN en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López y el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

Y es que según la Procuraduría General de la Republica, la diputada local por el distrito Cosalá II, en el estado de Sinaloa, presentó documentación falsa para ingresar al penal de máxima seguridad del Altiplano, lugar en el cual visitó a Guzmán Loera en septiembre de 2014.

No conforme con lo anterior, Lucero Sánchez López, pasó la noche del 31 de diciembre con Joaquín Guzmán Loera, sujeto que en aquel momento se encontraba prófugo de la justicia y era uno de los delincuentes más buscados del mundo.

Dicho lo anterior, condenamos enérgicamente que por un lado los dirigentes del PAN presuman de honestidad y transparencia en su instituto político, y por el otro lado no hayan actuado para esclarecer la sospechosa relación de su diputada local en Sinaloa con un capo del narcotráfico.

Lo menos que se puede pedir a los dirigentes del Partido Acción Nacional es que expliquen dicha situación, la cual desprestigia y corroe la imagen del Poder Legislativo, o en caso contrario, dejen de engañar a la sociedad con publicidad sobre su supuesto compromiso en la lucha en contra de la corrupción.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades correspondientes a investigar la relación entre la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, y el delincuente Joaquín Guzmán Loera, y tomar las medidas correspondientes en caso de que dicha persona haya incurrido en algún delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del GDF a transparentar y hacer público el contrato de “subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, celebrado entre la SSP y la empresa Inteltráfico, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Jesús Emiliano Álvarez López Colín, diputada y diputado de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 3 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, la convocatoria a la licitación pública nacional número 30001066-007-15 relativa a la “Subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad” , para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Simultáneamente se dieron a conocer las bases de licitación que establecieron los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos.

Según se informa, un total de 10 empresas adquirieron las bases de licitación para poder participar. El día 10 de julio de 2015, se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas con la participación de 4 empresas, sin embargo no se recibió ni se abrió la propuesta de la empresa Union Swiss, por lo que sólo se recibieron las propuestas de tres empresas: TMM Logistics, Inteltráfico y Autotraffic.

El día 17 de julio del mismo año, se comunicó del fallo, descalificando a TMM Logistics y a Autotraffic, adjudicando la licitación mediante el contrato multianual administrativo número SSP/BE/S/261/2015, a la sociedad mercantil denominada “Inteltráfico, SA de CV”, por un periodo que inició el 17 de julio de 2015 y debió de terminar el 31 de diciembre de 2017, por un monto de $359,563,24.71, aceptando la oferta de pago del 46% del monto que paguen los ciudadanos de las infracciones generadas.

El día 8 de septiembre, ante la inconformidad interpuesta por Unión Swiss, la Contraloría General del Distrito Federal resolvió favorablemente la inconformidad y ordenó a la SSP DF reponer los procedimientos, así como a realizar la terminación anticipada del contrato con Inteltráfico.

La terminación de dicho contrato, mediante resolución de la Contraloría, determinó que “se le deberá de cubrir el porcentaje de las multas, en el orden del 46%, por la gestión, control y emisión de la información que generó la aplicación de las multas durante el periodo del 17 de julio y hasta el día 27 de septiembre de 2015, (69 días).”1

El 25 de septiembre de ese año, se volvió a llevar el cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, que en esta ocasión sólo se presentaron TMM Logistics e Inteltráfico.

Fue el 2 de octubre cuando se comunicó el resultado del dictamen descalificando la propuesta de TMM Logistics, adjudicando a Inteltráfico, SA de CV, con un porcentaje de 44.8 del monto que paguen los infractores.

Mediante la subrogación multianual de 40 cinemómetros, la SSPDF proyecta2 que el número de infracciones mensuales procedentes por equipo será de 6,674, tomando como base el promedio de 2013, más el antes señalado incremento del 30%, en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 la cantidad de infracciones permanece constante, toda vez que se plantea una dinámica de rotación estratégica que permita tener el mismo número de infracciones en los dos años; es decir en cuanto un radar cumpla con su objetivo (reducción de accidentes viales) será removido de ese lugar y se instalará en una vialidad con un mayor número de accidentes viales, de esta manera se mantiene constante el número total de infracciones.

Multas mensuales por equipo3

Proyección de las infracciones que SSPDF estima realizar durante el periodo 2015-2017.4

La empresa Inteltráfico, SA de CV, que actualmente presta el servicio de fotomultas, de acuerdo a la página web de la empresa (http://inteltrafico.com/), se ostenta como representante exclusivo de la marca australiana Redflex, y tiene su sede en Guadalajara y es “proveedor líder de los principales sistemas digitales de última generación de tráfico para aplicación y soluciones, incluyendo la aplicación de luz roja, control de velocidad fijo y móvil, reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y promedio de velocidad”.

Entre sus clientes se encuentran el gobierno del estado de Chihuahua, a las pasadas administraciones municipales de Atizapán de Zaragoza, Edomex; Los Mochis, Sinaloa, y San Luis Potosí; y actualmente tiene como cliente al gobierno de la Ciudad de México.

Como se puede observar, el proceso de licitación para la “Subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, generó suspicacias en cuanto a su transparencia; y sobre todo, el desconocimiento del contrato realizado con Inteltráfico, y las condiciones en que opera.

En la página de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal

(http://www.ssp.df.gob.mx/difusion.html), se hace referencia al número de licitación, pero no se encuentra disponible ningún documento, incluyendo el contrato en comento.

Recordemos que recientemente, y a raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito para la ciudad, el tema de las fotomultas generó inquietud entre varios legisladores y descontento entre la ciudadanía, hecho que motivó que el Jefe de Gobierno instruyera a transparentar la información para operar las fotomultas, y hacer público el contrato con la empresa Autotraffic.

Debemos mencionar que el contrato con la empresa Inteltráfico, es distinto al firmado con Autotraffic; o sea, son dos contratos destinados a un mismo fin: las fotomultas. Por lo tanto, también esta soberanía y la ciudadanía debemos conocer el contenido del contrato con Inteltráfico; de ahí pues la finalidad del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a transparentar y hacer público el contrato de “subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa Inteltráfico, SA de CV.

Notas

1 https://fotosnoticiasmvs.blob.core.windows.net/docs/
SSP%20DF%202015%20OJO%20MULTAS%201000%20MILLONES%20COSTO%20.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de enero de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la ASF a ampliar el informe “Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas”, que entrega a la Cámara de Diputados y hace público en su portal de internet, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La Peor forma de injusticia es la justicia simulada”

Platón

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es por tanto la seguridad pública para los mexicanos parte esencial de su bienestar, de la sociedad en su conjunto.

En un estado de derecho se generan las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio, y otros bienes jurídicos tutelados, están exentos de peligro, daño o riesgo.

No obstante, ante una realidad contraria en donde el estado incumple con una de sus principales funciones, como es la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrían que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

En México el tema de seguridad pública está en el centro de atención de la sociedad.

En nuestro país la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual se ha originado porque esta responsabilidad de sus gobernantes no es eficiente ni oportuna.

Al revisar los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2013 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), observamos con recurrencia que los estados no realizan una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo apegada a la normativa que regula su ejercicio y que no se cumplen cabalmente sus objetivos y metas.

Por igual, destaco que estos resultados pueden ser incompletos o sesgados como lo han señalado organizaciones de la sociedad civil que han interpuesto amparos contra la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en temas de seguridad, lo cual no abona para tener una perspectiva clara de la magnitud del problema de la inseguridad en nuestro México.

Quiero compartir datos duros obtenidos de las versiones públicas que emite la ASF:

• 42 auditorías al FASP, se emitieron 357 acciones por actos ajenos a la normativa aplicable.

• Al 12 de enero de 2016:

- 245 acciones se mantienen en seguimiento por ese órgano de fiscalización y 112 tienen un seguimiento concluido.

- 187.5 millones de pesos y 253.5 millones de pesos se han recuperado y aclarado, respectivamente.

- 678.7 millones de pesos quedan pendientes de aclaración.

- 59 acciones Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) fueron atendidas sin que se conozca el resolutivo; 70 PRAS no tienen atención aún.

Es importante destacar que por los recursos recuperados, se desconoce en qué año se cubrió el recurso, si se depositó en cuentas de la Tesorería de la Federación (Tesofe), si se solicitó su comprobación documental, en qué año se realizó el gasto que comprueban, si se ocupó adecuadamente, y mucho menos se conoce la fuente del recurso (financiamiento) que se utilizó para atender las observaciones. Por lo que refiere a las posibles sanciones a servidores públicos, por igual, la información nos deja con dudas que hoy generan incertidumbre de la labor y del seguimiento que la ASF efectúa en el tema en comento.

En resumen, en México reconozco que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y sus municipios en las respectivas competencias que señala la Constitución política de nuestro país, pero por igual me es claro que la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad, ya que esto exige articulación y coordinación de los órganos de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil. Sin temor a equivocarme, la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material del estado.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que amplié detalladamente la información del reporte denominado Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas , sobre el estado que guarda el seguimiento de la acciones que formula a los entes fiscalizados con motivo de la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que entrega a esta soberanía y de las versiones públicas que ofrece a los mexicanos a fin de que se permita el escrutinio y se concluya si la labor de fiscalización abona a garantizar la transparencia en el ejercicio de recursos federales y si es que se sanciona sin distinción y discreción a los infractores, y finalmente, si los objetivos del fondo permiten coadyuvar a la conservación y desarrollo de las libertades y derechos de los individuos como seres sociales, así como conservar el estado de derecho en nuestras ciudades y municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a dar mayor difusión al derecho a votar de los mexicanos residentes en el extranjero, con motivo del proceso electoral del próximo 7 de junio, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho y obligación de ejercer el voto de los mexicanos es un acto personal, reconocido como derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, éste muchas veces no es ejercido por algunos ciudadanos debido a diferentes factores.

Un factor principal es la residencia de mexicanos en el extranjero, quienes han manifestado interés en participar en asuntos públicos de su país de origen, mediante movimientos y llamados a las autoridades para ser tomados en cuenta, debido a la transformación democrática de estos últimos años.

Por un lado, la democracia es la forma de gobierno en la que la soberanía recae en el pueblo para elegir a sus representantes, como lo establecen los artículos 40 y 41 de la Constitución Polítca de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente se ha incrementado la población mexicana en el extranjero, se tiene un registro de 11, 913, 989 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.79 por ciento radica en los Estados Unidos de America.1

Esto ocasiona que los mexicanos que se encuentran en el extranjero no puedan cumplir con el deber de tomar decisiones importantes para elegir a sus representes mediante el sufragio.

Por otro lado, la problemática se debe a la poca información y difusión que reciben los mexicanos para ejercer su derecho y obligación al sufragio, fundamentado en los artículos 35 fracción I y III, 36 fracción III de la Carta Magna; 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos, así como las bases para la celebración de las elecciones federales y atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE señala que desde la aprobación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en 2005, se han llevado a cabo dos experiencias; la de los proceso electorales federales 2005-2006 y 2011-2012.2

Desde entonces, el plan estratégico del voto de los mexicanos residentes en el extranjero realizó un sistema de seguimiento, control y evaluación del proyecto, con el objetivo de establecer los mecanismos y seguimiento para transparentar la información a las autoridades del Instituto, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y a la ciudadanía.

Con base en la metodología de administración del proyecto previamente comentado, se buscó el apoyo de una herramienta informática de administración de proyectos vía Internet, que permitió gestionar de una mejor manera la información relacionada al desarrollo electoral.

Ahora bien, algunos antecedentes destacados en la participación política de los migrantes en México fue la reforma electoral en el estado de Zacatecas, conocida como la “Ley Migrante”, aprobada por el Congreso del estado en agosto de 2003.3

Considerando que es uno de los estados que mayor cantidad de migración tiene.

A partir de esta reforma se permite el derecho a los migrantes a competir por puestos de elección popular, a personas con residencia binacional siempre y cuando residan en la localidad correspondiente 6 meses antes de la elección.

Los migrantes mexicanos aportan cuantiosos recursos a la economía nacional, piden ser reconocidos no sólo como actores económicos, sino también como sujetos poseedores de derechos políticos como cualquier otro ciudadano, y como se sabe, el más importante de estos derechos es el sufragio universal.

Pero existen obstáculos que inhiben el derecho del voto desde el extranjero, como el esquema de voto por correo certificado, el cual ha demostrado ser un esquema ineficiente y costoso.

Es necesario analizar la viabilidad actual de registro y sufragio a través de medios electrónicos, como Internet; o alguna modalidad de voto mixto, con la posibilidad que el ciudadano elija cómo sufragar, ya sea presencial, en embajadas o consulados, en línea vía internet, el cual ha mostrado su efectividad y seguridad en otras democracias del mundo.

De igual forma, resulta incoherente que el mexicano radicado en otra nación, tenga que emitir su voto varios meses previos a la elección en México, muchas veces sin conocer las propuestas políticas de los candidatos.

Los connacionales deben conocer de viva voz las propuestas políticas de los candidatos, y estos deben dialogar con líderes y organizaciones de migrantes en su lugar de residencia.

Es hora de que México avance democráticamente mediante el fortalecimiento del sistema electoral con esfuerzos y participación política de los mexicanos que han migrado en busca del sueño americano.

Así los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen, de conformidad con su legislación, es importante promover la cultura del voto no solo para este sector de la población sino en todos los ciudadanos.

Para esto es necesario que se realicen campañas que informen a la ciudadanía sobre la democracia en su país, con el objetivo principal de difundir el deber y derecho constitucional del sufragio universal, como es el de participar en la vida política, cívica y de su nación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para dar mayor difusión al derecho que tienen los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso electoral del próximo 7 de junio.

Notas

1 “Estadística de la población mexicana en el mundo 2014” Instituto de los Mexicanos en el Exterior [En Línea] consultado el 06 de Enero de 2016, disponible en http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo.

2 “Informe final del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Proceso Electoral Federal 2011-2012” Instituto Nacional Electoral [En línea] consultado el 06 de enero de 2016 disponible en http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54193/Informe+Final+del+VM RE+VERSION+FINAL+nov12.pdf/20e722b2-188b-417d-81e7-f0a54753e7cb.

3 “Ley Migrante reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas” [En línea] consultado el 06 de Enero de 2016 disponible en

http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/La_ transnacionalidad_de_los_sujetos/7.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de enero de 2016.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar y esclarecer la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz; y al procurador de Justicia del estado, a informar sobre la implantación del protocolo homologado para la búsqueda de dichas personas, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México enfrentamos una verdadera crisis humanitaria, se habla de una cifra de aproximadamente 23 mil casos de desapariciones forzadas, casos paradigmáticos fueron el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las múltiples desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y ahora la situación que enfrenta Veracruz. No importa la magnitud del caso, la reacción de las autoridades casi siempre muestra su incapacidad de dar respuestas sólidas e institucionales que garanticen encontrar la verdad y la justicia.

Los datos oficiales de la Procuraduría evidencian que Veracruz es un foco rojo en materia de personas desaparecidas. Sólo esta entidad acumula la cuarta parte de averiguaciones previas federales abiertas por desapariciones entre 2014 y 2015.1

Los datos oficiales parecen darle la razón a Benítez. Entre enero de 2014 y noviembre de 2015, la PGR tiene un registro de 155 personas desaparecidas en Veracruz relacionadas con averiguaciones previas federales. El estado se ubica sólo detrás de Guerrero que tiene poco más de 250 casos y entre ambos acumulan prácticamente 40 por ciento de los desaparecidos a nivel nacional.

La Fiscalía para Desaparecidos de la PGR tiene además un registro específico de 41 casos de jóvenes menores de edad desaparecidos, de los cuales nueve corresponden solamente al estado de Veracruz, es decir la cuarta parte del total.

Un mapa oficial de personas desaparecidas en el país elaborado por la referida Fiscalía, ubicó precisamente a Veracruz en la zona con la mayor incidencia de casos.

Cabe señalar que la integridad de la policía estatal de Veracruz ya había sido puesta en duda el año pasado. En noviembre la organización Causa en Común que encabeza la activista María Elena Morera, reveló que de los nueve mil 588 policías estatales de la entidad, tres mil 819 estaban en activo pese a que no superaron las pruebas de control de confianza.

Lo anterior significaba prácticamente que 1 de cada 3 policías estatales no era confiable. En respuesta el gobernador de la entidad Javier Duarte informó que 60 por ciento de esos policías reprobados ya habían sido dados de baja.2

El caso de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero por desgracia se suma a esa lista, Bernardo Benítez, José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia, según consta en un video conseguido por el padre de Bernardo Benítez, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado quienes se los llevaron Xalapa”.

No podemos negar que se han tomado algunas medidas, no obstante estas no han sido suficientes y aún no han dado resultados concretos. Así, 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.3

Es necesario que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Este caso hace visible la apabullante crisis humanitaria, la lacerante impunidad y la legitimación de la violencia por el Estado. La ausencia de condiciones de para garantizar el derecho fundamental a la vida, el total abandono que ha sufrido la ciudadanía, que pone en duda la existencia del Estado como garante de seguridad de las y los ciudadanos.

Recordemos que ya desde 2009 México recibió la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada de personas, por el caso Radilla. A la fecha no se cuenta con una legislación integral en materia de desaparición forzada, que contenga un real y único registro nacional de personas desaparecidas, así como el diseño de mecanismos que implanten un verdadero procedimiento de búsqueda, el derecho a la verdad que implica el acceso a la información necesaria, el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso; un eficiente y particular investigación del caso, medidas de protección, garantía de no repetición, así como la reparación integral a las víctimas de este delito.

El 9 de octubre de 2015 y en respuesta de las demandas de familiares de personas desaparecidas y de la sociedad civil organizada, la PGR creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas desaparecidas, con ministerios públicos especializados que fueron capacitados por la ONU, el trabajo de esta nueva instancia no es un reto menor, deberá atraer los más de 23 mil 271 casos de desapariciones que hay en el país y establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil dedicas a la búsqueda.4

A fin de atender esta grave problemática el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó el 19 de diciembre de 2014 la elaboración del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada, de aplicación nacional, que contemplara las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de este delito, y principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima, que dio como resultado en junio de 2015 el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada cuyo objetivo es “definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, responsables de la investigación del delito de desaparición forzada, para una búsqueda e investigaciones eficaces, que nos permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares”.5

La importancia de este protocolo radica en que tiene vinculatorio para todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo es necesario que sea aplicado por todas las instancias responsables para que verdaderamente rinda los resultados para los que fue creado, en ese sentido creemos que es indispensable hacer una llamado para que la Procuraduría General de la República aplique el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.

Al día de hoy, 19 de enero, la PGR atrajo el caso de los jóvenes desaparecidos en Veracruz y de acuerdo con notas periodísticas publicadas, la PGR ya ha solicitado un desglose del trabajo que se ha hecho hasta ahora, así como de las declaraciones de los policías ya consignados, y colaborará en los interrogatorios de los nuevos detenidos.6

En entrevista con el padre de uno de los jóvenes el señor José Benítez, dice que pese a que conoce de la situación que vive Veracruz, “espera que el caso de su hijo de y los otros cuatro jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca no quede en la impunidad, sobretodo porque ya se involucraron las autoridades federales en el mismo”. “dijo no tener una pista de cual podría haber sido el destino de los jóvenes pero insistió en que no eran “gente mala” sino solo estudiantes que regresaban de unas vacaciones. Confió en que todos ellos sigan vivos”.7

El reclamo de este padre es legítimo, la atención de este caso con la debida prontitud es urgente, es necesario no seguir abonando al clima de impunidad que priva en Veracruz. Por todo lo expuesto se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer la desaparición de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, así como la detención de los presuntos culpables.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz a que informe a esta soberanía sobre la manera en que se implantó el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada en el caso de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Notas

1 Veracruz encubre destino de jóvenes desaparecidos, acusa padre; PGR atrae el caso. La PGR asumió el control de la investigación de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz; hay más policías detenidos. En URL
http://www.animalpolitico.com/2016/01/veracruz-encubre-destino-de-jovenes-desaparecidos-acusa-padre-pgr-toma-control-del-caso/
Página consultada 19 de enero de 2016.

2 Veracruz encubre destino de jóvenes desaparecidos, acusa padre; PGR atrae el caso. En URL

http://Www.Animalpolitico.Com/2016/01/Veracruz-Encubre-Destino-De-Jovenes-Desaparecidos-Acusa-Padre-Pgr-Toma-Control-Del-Caso/
Página consultada 19 de enero de 2016.

3 Un trato de indolencia La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. Amnistía Internacional Oficina para las Américas. Enero de 2016. Documento PDF.

4 El Economista. “Primera fiscalía arranca con más de 23 000 desaparecidos”, en URL http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/11/primera-fiscalia-arranca -mas-23000-desaparecidos Consultada el 18 de enero de 2016.

5 Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada. PGR, junio de 2015. Documento PDF.

6 Atrae PGR caso de estudiantes desaparecidos en Veracruz, en URL http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/atrae-pgr-caso-de-estudiantes-de saparecidos-en-veracruz-353 Página consultada el 18 de enero de 2016.

7 Veracruz encubre destino de jóvenes desaparecidos, acusa padre; PGR atrae el caso. En URL

http://Www.Animalpolitico.Com/2016/01/Veracruz-Encubre-Destino-De-Jovenes-Desaparecidos-Acusa-Padre-Pgr-Toma-Control-Del-Caso/
Página consultada 19 de enero de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a considerar a la población total de Campeche en los lineamientos sobre la operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal de 2016, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos Miguel Ángel Sulub Caamal, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rocío Matesanz Santamaria y Nelly del Carmen Marquez Zapata, diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere a la población total del estado de Campeche en los Lineamientos para la Operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifica el monto y destino de los recursos públicos con los que cuenta el Gobierno para poder cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios de salud, educación, construcción e infraestructura, importación de justicia y otras actividades que demanda a sociedad.1

El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, ejercicio que nos interesa para los motivos del presente acuerdo, fue por la cantidad de 4 billones 763 mil 874 millones de pesos y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.

Conforme al artículo 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos será el que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero y considerara las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y programa. Siendo el Ejecutivo federal el promovente original.

Uno de los compromisos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto para un México próspero es promover el desarrollo regional. A través del ramo 23, las entidades federativas y municipios obtienen recursos públicos con fines específicos para apoyar al desarrollo social de las familias mexicanas.2

Así, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación existe un instrumento de política presupuestaría que permite atender las obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades públicas. Este rubro se reconoce como “Previsiones salariales o ramo 23”.

En 2014, el ramo 23 contó con recursos del orden de 122 mil 956 millones de pesos. Siendo uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través de fondos específicos.3

En cuanto a éste último punto, para 2014 dichos recursos se distribuyeron entre diversos fondos entre los cuales se encontraba el Fondo para Fronteras, conforme a lo previsto por el artículo Décimo Segundo Transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, teniendo por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país. Por tal se estableció que en el Anexo 19 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, correspondiente al ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones Económicas, prever una asignación de 3 mil millones de pesos para dicho fondo.

Cabe señalar que con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la asignación, aplicación y erogación de los recursos que se entregarán a través del Fondo para Fronteras, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 28 de febrero de 2014 publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Operación del Fondo para Fronteras.

Con los elementos anteriormente descritos, es que el numeral cinco de la fracción IV intitulada “De la disposición y aplicación de los recursos” de dichos Lineamientos, es que se indica que los recursos se distribuirán proporcionalmente entre las localidades que forman parte de las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, incluyendo al estado de Baja California Sur, considerado como parte de la región fronteriza por decreto del presidente Lázaro Cárdenas desde 1936; tomando en cuenta además el número de habitantes de conformidad con las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, que se detallan en el Anexo 1 de los citados Lineamientos. De lo anterior se estableció que las entidades federativas beneficiadas serían los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

El pasado 6 de octubre del año pasado, de manera conjunta con Ciudadanos Diputados Federales, representantes de varias entidades federativas fronterizas, suscribimos una Proposición con Punto de Acuerdo para considerar nuevamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 el Fondo para Fronteras, siendo la propuesta incluida meritoriamente en el propio ramo 23 y aprobada por el Congreso de la Unión apenas hace unos días.

Así, conforme al Artículo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 aprobado por esta soberanía, en el Anexo 20 se incluye la cantidad de mil 600 millones de pesos para la constitución del Fondo para Fronteras el cual tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios que se destinaran a coadyuvar a abatir la pobreza a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Asimismo, como se previó para el año 2014, nuevamente se dispuso que el ejercicio del Fondo para Fronteras estará sujeto a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal.

Considerando los antecedentes establecidos por los Lineamientos para la Operación del Fondo para Fronteras y que datan del 2014, es por tal que realizamos el llamado a corregir lo que a continuación señalaremos:

Si bien los Lineamientos para la Operación del Fondo para Fronteras de 2014 parecieran claros, existieron criterios incomprensibles respecto de la asignación de sus recursos, lo que ha motivado la presentación del presente acuerdo dado que el estado de Campeche salió inadecuadamente atendido en la asignación prevista para dicho ejercicio.

En 2014 en los mencionados Lineamientos, del estado de Campeche sólo se consideró al municipio de La Candelaria excluyendo a la cabecera municipal llamada del mismo nombre, es decir no se consideró a todas sus localidades, y ni siquiera se tomó en cuenta al otro municipio fronterizo que posee nuestra entidad federativa, llamado Calakmul.

Cabe señalar que en otras entidades, caso contrario, sí se consideró para la distribución del Fondo para Fronteras a la totalidad de su población, aun cuando no existan en dichas entidades municipios fronterizos o no todas sus localidades pueden considerarse como fronterizos.

De lo anterior se desprende la inexacta distribución de manera equitativa y justa de los recursos de este Fondo, resultando afectado el estado de Campeche, aun cuando el fondo fue creado para el beneficio de las entidades federativas fronterizas.

Esto es así, toda vez que para la distribución del Fondo para Fronteras debe tenerse por presente que Campeche tiene 235 kilómetros de frontera internacional con la República de Guatemala y Belice (208 kilómetros reconocidos en diversos documentos compilados por Inegi y 27 kilómetros asignados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la resolución del conflicto limítrofe con Quintana Roo); siendo Campeche la entidad federativa con más kilómetros de línea divisoria internacional.

En cambio en otras entidades federativas se consideró a toda su población y a todos sus municipios junto con el total de sus localidades, lo que a todas luces refleja una inconsistencia en los criterios utilizados para la distribución de los recursos del citado fondo.

Conviene señalar además, que dentro de los criterios de distribución del Fondo para Fronteras se considera indispensable considerar variables como los niveles de desarrollo social y económico, toda vez que el índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar localidades del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia de viviendas inadecuadas y carencia de bienes, y es donde el estado cumple un rol fundamental para atender las desigualdades sociales, a partir de transferencias y servicios desde las instituciones estatales, dirigida a los sectores más necesitados.4

Al respecto conviene señalar que las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010, y al Catálogo de localidades 2010 de la Secretaría de Desarrollo Social, indican respecto a los municipios en donde se encuentran los límites internacionales con Belice y la República de Guatemala que el Municipio de Calakmul, Campeche, cuenta con una población de 26 mil 882 habitantes, de los cuales 25 mil 782 cuentan con un grado de marginación alto, es decir, el 96 por ciento del total; mientras el 2.5 por ciento cuentan con un grado de marginación muy alto. De igual manera el Municipio de Candelaria, Campeche, cuenta con una población total de 41,194 habitantes, de los cuales 22 mil 244 tienen un grado de marginación alto, es decir, 54 por ciento; mientras que otro 14 por ciento tiene un grado de marginación muy alto. En resumen, el índice de marginación va de alto a muy alto en la población de estos dos municipios campechanos, en un rango del 68 al 98.5 por ciento del total poblacional de éstos.5

Asimismo, debería también sumarse para la determinación de la idónea distribución del Fondo en cuestión, los kilómetros de frontera de cada Entidad Federativa ya que esto permitiría otorgar mayores recursos en las entidades sobre las que recae mayor territorio por resguardar.

El marco geoestadístico nacional, MGN, utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, tiene como propósito apoyar en la realización de censos y conteos nacionales; siendo las divisiones territoriales empleadas: el área geoestadística estatal, AGEE, Municipal, AGEM, y Básica, AGEB, esta última aplicándose tanto para lo urbano como para lo rural; El MGN proporciona la ubicación, respetando en la medida posible los límites político-administrativos de las entidades federativas y municipales. Así, los tres tipos de áreas son unidades estadísticas, junto con localidades y las manzanas.6

Se calculó entonces, que la colindancia entre Campeche y la República de Guatemala es una distancia total aproximada en 195.5 kilómetros; y la Colindancia entre Campeche y Belice es una distancia total aproximada en 41 kilómetros. Lo anterior si sumamos los 117 kilómetros que hay del Municipio de Calakmul a la República de Guatemala, con los 78.5 kilómetros que hay del Municipio de La Candelaria a la República de Guatemala; o bien si sumamos los 14 kilómetros de colindancia de Campeche y Belice que arrojó el INEGI en su archivo “Atlas de Campeche”, más los 27 kilómetros que se le otorgó al Municipio de Calakmul del estado de Campeche, al archivar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 21/2014 promovida por el Estado de Quintana Roo, y determinar el asunto como concluido;7 tendríamos entonces un sobresaliente tercer parámetro, que junto con la población y el nivel de desarrollo debería también sumarse para la determinación de la idónea distribución del Fondo en cuestión, los kilómetros de frontera de cada entidad federativa.

Para finalizar la presente exposición de motivos, que son fuente del acuerdo que propondremos a esta soberanía, tenemos que el desarrollo local es el resultado de las decisiones de los actores que interactúan o inciden dentro de un territorio. Donde participan tanto actores públicos como privados, e implica acciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de productos de valor económico, una mejor administración de los recursos, etcétera.8

Para pensar en un desarrollo local es fundamental también concebirlo inserto en un modelo de desarrollo nacional; sin duda, un patrón común de desarrollo otorga herramientas y apoyos (económicos y políticos) que benefician el crecimiento local.9

El Fondo Nacional Emprendedor, FNE, se encuentra dentro del Programa Sujeto a Reglas de Operación S, este último es un programa presupuestario que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 consideró para el sector economía, validado en 2015 y por supuesto considerado para el ejercicio de 2016.10

El FNE tiene como objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mipyme, más productivas ubicadas en sectores estratégicos.11

Dentro de los aspectos contenidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaría, el FNE tiene una cobertura nacional y su población objetivo consta de cuatro categorías, una de ellas son las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FNE en apoyo a emprendedores y Mipyme.12

La asignación directa de apoyos, es una de las dos modalidades de operar del FNE; los apoyos podrán ser entregados a la población objetivo en términos de los convenios específicos que celebre el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, para el desarrollo de programas o proyectos específicos.13

Uno de los resultados del FNE es su participación en el Fondo para Fronteras del ejercicio de 2014, en el rubro de desarrollo económico para ser específicos, y que contemplo durante ese año recursos del orden de los 500 millones de pesos, esto a través de varios programas como el de garantías impulsado con Nacional Financiera, la Red de Apoyo al Emprendedor y la Banca Comercial, donde el Inadem contribuye a facilitar el acceso al financiamiento a Mipyme ubicadas en las zonas fronterizas del norte y sur del país. El monto para este programa se ubicó en 356 millones de pesos. Por otra parte, indico operaciones también bajo el amparo del Fondo para Fronteras y de un Programa de Incubación en Línea, PIL, que contó con 115 millones. El PIL inicio su operación el 1 de julio, mientras que el programa de garantías lo hizo el 15 del mismo mes de 2014 y su modelo posiblemente se replique en 2016.

El PIL permitió a los emprendedores acceder a capacitación en línea para la elaboración de un modelo de negocios, un plan financiero y el plan de puesta en marcha de su idea. Además de la capacitación referida, el Programa brindo la posibilidad al emprendedor de aplicar a la convocatoria 2.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras de empresas de alto impacto”, a través de la cual tuvieron acceso a recursos económicos para la puesta en marcha de una empresa básica, mediante la adquisición de inventarios, mobiliario y equipo.14

La Secretaría de Economía publicó en su momento que el presidente del Inadem, presentó ante los secretarios de Desarrollo Económico de diversos estados estos fondos, que al relacionarse con el Fondo Frontera consistirían en el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas de las regiones fronterizas de nuestro país; siendo particularmente beneficiada la población que habita en las localidades consideradas en los Lineamientos del Fondo Frontera.15, 16

Es así que para Campeche –contando con los municipios de Candelaria y Calakmul en cuyo territorio se encuentran líneas divisorias internacionales del sur del país, convirtiendo a la Entidad Federativa como la que más kilómetros de línea divisoria internacional posee - donde la mayor parte de los municipios y localidades de la Entidad cuentan con una economía poco desarrollada basada en actividades económicas fundamentalmente del sector primario, resulta impostergable el otorgamiento de subsidios para contribuir y promover su desarrollo, e incluir a toda su población para determinar su participación del Fondo para Fronteras, lo que permitiría además, a toda la población campechana ser elegible para este gran esfuerzo de desarrollo que encabeza el Inadem.

Cumpliendo así también, con lo mandatado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, que estableció el otorgar subsidios destinados a colaborar en el abatimiento de la pobreza a través de una estrategia de inclusión y bienestar social; así como en la contribución al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

En ese orden de ideas se somete a consideración de esta representación nacional, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, instruya a que en los Lineamentos para la Operación del Fondo para Fronteras del ejercicio fiscal de 2016, se incluya a toda la población de Campeche para participar de una distribución más justa y adecuada de los recursos del citado fondo.

Notas

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe Semanal del Vocero.”Ramo23 Mejora el desarrollo regional, ahora favorecido con mayor transparencia”. Nota Informativa. 10-14 de marzo de 2014. Página 1.

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe Semanal del Vocero.”Ramo23 Mejora el desarrollo regional, ahora favorecido con mayor transparencia”. Nota Informativa. 10-14 de marzo de 2014. Página 2.

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe Semanal del Vocero.”Ramo23 Mejora el desarrollo regional, ahora favorecido con mayor transparencia”. Nota Informativa. 10-14 de marzo de 2014. Pág. 1.

4 Secretaría de Gobernación. Publicaciones Recientes “Índice de Marginación por localidad 2010”. Conapo México. Capítulo 2. Página 10.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010

5 Secretaría de Desarrollo Social. Catálogo de Localidades. Campeche. “Municipios por grado de Marginación” 2010.
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?buscar=1&tipo=nombre&campo=loc&valor=La%20Candelaria

6 Secretaría de Gobernación. Publicaciones Recientes “índice de Marginación por localidad 2010”. Conapo México. Capítulo 2. Página 1.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010

7 Recurso de reclamación 11/2014-CA, derivado de la controversia constitucional 21/2014./Recurso de reclamación 12/2014-CA, derivado de la controversia constitucional 21/2014.

En fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Borge Angulo, Berenice Penélope Polanco Córdova y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, ostentándose con el carácter de Gobernador, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Quintana Roo, respectivamente, mediante un escrito promovieron controversia constitucional en contra del Presidente de la República, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, del Estado Libre y Soberano de Campeche, del Gobernador del Estado de Campeche, y de todos y cada uno de las entidades y órganos señalados en la demanda.

En misma fecha, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 21/2014; así como, que de conformidad con la certificación de turno que acompaña, éste se turnara a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, como instructora del procedimiento.

Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Ministra Instructora Margarita Beatriz Luna Ramos, admitió parcialmente la controversia constitucional, dado el desechamiento parcial se tuvo únicamente como demandados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Gobernador y al Congreso del ambos del Estado de Campeche.

Posteriormente inconforme con el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil catorce (referido en el párrafo anterior), Alberto Ramón González Flores, en su carácter de Secretario General del Congreso del Estado de Campeche, interpuso por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso de reclamación. De igual manera Fernando Eutimio Ortega Bernés, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, interpuso un recurso de reclamación en contra del mismo auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, y sirviendo de apoyo por identidad de razón, la “tesis de jurisprudencia: Época: Novena Época. Registro: 193258. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/99. Página: 705. “Controversia constitucional. Estudio innecesario de conceptos de invalidez. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte”, revocó el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil catorce, dictado en la controversia constitucional 21/2014.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los resolutivos del expediente 21/2014 con asunto “Controversia Constitucional” y tema “Conflicto Limítrofe entre los estados de Quintana Roo y Campeche”, en fecha 13 de octubre de 2014, declaró que el citado acuerdo ha causado estado, por tanto, se envió archivo el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Controversia Constitucional “Conflicto limítrofe entre los estados de Quintana Roo y Campeche”.

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Deta llePub.aspx?AsuntoID=162597
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tip o=clave&campo=mun&valor=03

8 Secretaría de Gobernación. Publicaciones Recientes “índice de Marginación por localidad 2010”. Conapo México. Capítulo 2. Página 2.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010

9 Ídem.

10 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los Programas Sujetos A Reglas De Operación y De Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 5.

11 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los Programas Sujetos A Reglas de Operación y de Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 73

12 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los Programas Sujetos A Reglas De Operación y De Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 75

13 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los Programas Sujetos A Reglas De Operación y De Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 73

14 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los Programas Sujetos A Reglas De Operación y De Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 96

15 Secretaría de Economía. Noticias. Información relevante “El Inadem presenta el Fondo para Fronteras”. 2015. http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10417 -boletin-conjunto14-0606

16 Secretaría de Economía. II Informe Trimestral 2014 De Los programas sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios. “Fondo Nacional Emprendedor”. Aspectos Generales del Programa. Página 7

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 20 de enero de 2016.

Diputados: Miguel Angel Sulub Caamal, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rocío Matesanz Santamaría, Nelly del Carmen Marquez Zapata (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente la desaparición de los cinco jóvenes ocurrida el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, suscrita por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente la desaparición de los 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, perpetrada por elementos de la Policía Estatal el pasado 11 de enero del presente año, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Uno de los compromisos que el Gobierno de Veracruz establece en su Plan de Desarrollo Veracruzano 2011-2016, es el de establecer políticas públicas en materia de seguridad,1 que reflejen resultados para la población, a través de estrategias para contener la violencia y, a su vez, preservar y fortalecer valores como la tolerancia a la diversidad cultural y étnica, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

No obstante lo anterior y a pesar del valioso apoyo y los esfuerzos realizados por el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal en coordinación con el gobierno estatal, lo único que se observa es la creciente ola de violencia e inseguridad que predomina en el Estado de Veracruz, debido a que las instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad de la población se encuentran coludidas con el crimen organizado e involucradas en un sinnúmero de actos de corrupción.

Veracruz sigue siendo una de las entidades con mayor número de secuestros, primer lugar nacional en asesinatos y agresiones a periodistas, así como un número creciente de delitos del fuero común. Esto habla de las prioridades de Javier Duarte como gobernador, habla de su incapacidad y su alejamiento de la sociedad veracruzana.

Segunda. Recientemente, la organización Causa en Común, informó que de los 9,588 policías estatales de Veracruz, 3,819 estaban en activo a pesar de no superar las pruebas de control de confianza. Lo cual implica que 1 de cada 3 policías estatales no es confiable. Lo anterior, se constata con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se informó que del año 2012 al 2015, son 186 los elementos de la policía, tanto estatales como municipales de Veracruz, los que se han consignado ante un juez federal por la comisión de delitos como secuestro y delincuencia organizada.

Por otra parte, la PGR ha informado que entre enero de 2014 y noviembre de 2015 se registraron 155 personas desaparecidas en Veracruz relacionadas con averiguaciones previas federales. Ubicando al Estado, tan solo detrás de Guerrero que tiene un poco más de 200 casos; acumulando entre ambos prácticamente el 40% de los desaparecidos a nivel nacional. Asimismo, la Fiscalía para Desaparecidos de la PGR cuenta con un registro específico de menores de edad desaparecidos, de los cuales 9 corresponden al Estado de Veracruz, es decir un 25% del total.

Tercera. Este tipo de situaciones donde la inseguridad abunda, resulta cada vez más común. Tal es el caso de los acontecimientos sucedidos el pasado 11 de enero, con la desaparición de cinco jóvenes que fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal de Veracruz.

De acuerdo con el testimonio de José Benítez, padre de uno de los jóvenes, se les vio por última vez en un tramo carretero del Municipio de Tierra Blanca, en medio de una movilización policiaca en la cual, dos de los jóvenes que se encontraban en la parte delantera del vehículo fueron trasladados a una patrulla, en tanto que los tres jóvenes restantes permanecieron en el vehículo, el cual también formó parte de la movilización que continuó su recorrido por la carretera hasta ingresar a un camino de terracería.

Posteriormente, se encontró el vehículo abandonado en el municipio de Medellín, motivo por el cual, los padres de los desaparecidos acudieron ante el Ministerio Público de Tierra Blanca para presentar una denuncia. Ante tal situación, la Fiscalía de Veracruz inició una investigación por la desaparición de los cinco jóvenes. Días después, y siendo notoria la falta de seriedad con la que la Fiscalía de Veracruz asumió el caso de los 5 desaparecidos, el viernes 15 de enero, el señor José Benítez, solicitó a las Procuraduría General de la República, que atrajera el caso, lo anterior, bajo el argumento de la desconfianza en las autoridades estatales.

Cuarta. Resulta vergonzoso e indignante que hoy en día el Gobernador tenga otras prioridades que las de salvaguadar la seguridad, integridad, así como el respeto a los derechos humanos de los veracruzanos. Hoy en día el Gobernador se preocupa más porque su partido político se mantenga en el poder a toda costa, con la finalidad de no enfrentar a la justicia por todos los delitos cometidos durante su gobierno; se preocupa más por reprimir y robar el patrimonio de adultos mayores que durante toda su vida trabajaron para vivir dignamente; se preocupa más por reprimir a periodistas que por obvias razones no comulgan con sus intereses; se preocupa más por encubrir a funcionarios públicos estatales que por órdenes suyas han saqueado las arcas del Estado, desviando recursos millonarios para sus propios intereses en perjuicio de nuestra sociedad.

Quinta. Si bien el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, to cierto es que la situación de inseguridad actualmente en el Estado de Veracruz, se ha visto por demás rebasada para las autoridades estatales, por lo que resulta urgente que el gobierno federal intervenga para que impere el orden y la seguridad que tanto anhela la población en nuestra entidad.

En mi carácter de representante por el estado de Veracruz, vengo a denunciar una vez más la grave crisis que vive hoy Veracruz en materia de seguridad, pobreza, corrupción e impunidad.

Consecuentemente y derivado de la incompetencia por parte de los funcionarios encargados de las dependencias de seguridad pública, solicito que se releve de inmediato de su cargo al secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz y al fiscal general y que el gobierno federal designe un comisionado federal en materia de seguridad pública para el estado de Veracruz que se haga cargo de la coordinación de todas las corporaciones federales, estatales y municipales, hasta en tanto no se supere la crisis que se vive en nuestra entidad y se lleve a cabo una limpieza profunda y una reestructuración total de las policías estatales y municipales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condena enérgicamente la desaparición de los 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, perpetrada por elementos de la policía estatal el pasado 11 de enero del presente año.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a que de inmediato releve de su cargo al secretario de Seguridad Pública y al fiscal general del estado de Veracruz.

Tercero. La Comisión Peramente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que designe un comisionado federal en materia de seguridad pública para el estado de Veracruz que se haga cargo de la coordinación de todas las corporaciones federales, estatales y municipales, hasta en tanto no se supere la crisis que se vive en nuestra entidad y se lleve a cabo una limpieza profunda y una reestructuración total de las policías estatales y municipales.

Cuarta. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Seguridad a que envíen a la brevedad posible un informe de los avances en las investigaciones sobre las 5 personas desaparecidas el pasado 11 de enero del presente año en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Nota

1 “La seguridad es un elemento esencial de la relación entre gobierno y sociedad”, el gobierno del estado de Veracruz se compromete a resguardar la seguridad de la población, mediante el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la paz social. Lo anterior es posible debido a la acción de las instituciones dé seguridad pública encargadas de proporcionar a los ciudadanos certidumbre acerca de que su integridad física, su patrimonio y sus libertades se encuentran resguardadas... Plan de Desarrollo Veracruzano 2011-2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 20 de enero de 2016.

Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a presentar un informe de los permisos relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios en el malecón Tajamar y Punta Nizuc, Quintana Roo, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Isaura Ivanova Pool Pech y Felipe Reyes Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones

1. Que con fecha 19 de julio de 1996 se emitió el Decreto Presidencial para la creación del Área Natural Protegida denominada “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc” ubicado en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo.

De acuerdo al decreto presidencial, el área comprende una superficie total de 8,673-06-00 hectáreas, distribuidas en tres polígonos separados que se describen por sus coordenadas geográficas extremas en el propio Decreto. Polígono 1. Costa occidental de Isla Mujeres, superficie de 2,795-48-25 hectáreas. Polígono 2. Punta Cancún, superficie de 3,301-28-75 hectáreas. Polígono 3. Punta Nizuc, superficie de 2,576-29-00 hectáreas.

2. Que con fecha 7 de junio de 2000 la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca determinó recategorizar a esta Área Natural Protegida como con el carácter de Parque Marino Nacional por los daños evidentes a la flora y fauna de los arrecifes de la zona. En aquel entonces los arrecifes coralinos del Parque forman parte de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo.

3. Que los objetivos de conformación de esta área es proteger a la fauna (particularmente las tres especies de coral existentes en la zona) y a la flora (especialmente al mangle rojo, blanco y negro) del impacto de la construcción de infraestructura de turismo, de la tala clandestina y de la modificación de los atributos ecológicos por desecación y dragado.

4. Que dichos objetivos se ven comprometidos con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con los diversos permisos y licencias de construcción emitidas por el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Gobierno del Estado de Quintana Roo así como del apoyo y financiamiento del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) del Gobierno Federal para la construcción de un Hotel denominado “Riviera Cancún” en Punta Nizuc y una treintena de proyectos inmobiliarios en Malecón Tajamar.

5. Que la autorización para que el Grupo empresarial RIU construya un nuevo hotel en Punta Nizuc, ha generado genera indignación no sólo por el deterioro que provoca al patrimonio ambiental, sino también por la opacidad con se han otorgado este tipo de autorizaciones.

6. Que de acuerdo a las críticas que han realizado investigadores en materia ambiental nacionales e internacionales, a la red hotelera Riu Hotels & Resorts, se les otorgo la autorización para la construcción del Hotel denominado “Riviera Cancún”, consistente en un complejo de 15 pisos y más de 500 habitaciones sin que la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales hubiera observado los criterios técnicos para avalar y autorizar la correspondiente manifestación de impacto ambiental incluso antes de que se concluyera el periodo de consulta del proyecto.

7. Que el predio donde RIU podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal; ya que este instrumento de planeación permitió pasar de una construcción de 75 cuartos por hectárea y tres niveles de altura, a una densidad neta de 270 cuartos por hectárea y máximo 565, con altura de 20 niveles o 70 metros.

8. Que con fecha 19 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción 68269 con folio 2191, expedida por el secretario de desarrollo urbano del estado, el pasado en favor de Riu.

9. Que en el caso del Malecón Tajamar, se pretende la construcción de más de treinta proyectos inmobiliarios de uso habitacional, violando la legislación y devastando una zona de manglar. Se ha ordenado la reanudación de obras y el desmonte de la vegetación protegida, por parte de Fonatur.

Cabe señalar que hasta ahora se había logrado evitar el daño ambiental, toda vez que dicho desarrollo se mantuvo suspendido durante cinco meses debido a los diversos litigios promovidos por la sociedad civil y asociaciones ambientales.

Así, el único recurso legal que impedía el desmonte de vegetación de 58 hectáreas, era el recurso interpuesto por 113 niños que defendían el derecho de a un medio ambiente sano. Pero los intereses económicos han pasado por encima de este derecho, se han otorgado autorizaciones y licencias a modo, que propiciarán la devastación del entorno natural y humano.

A lo anterior se suman a las otorgadas a los desarrollos Puerto Cancún, Puerta del Mar, Dragon Mart, Gran Coral en la Riviera Maya, Coco Beach en Playa del Carmen, donde las autoridades encargadas de proteger estas zonas han sido son omisos y cómplices del daño causado a los ecosistemas de Quintana Roo.

10. Que en el concierto internacional, nuestro país realizó la propuesta de llegar a 1.5 grados centígrados como límite para el calentamiento global, esto dentro de más reciente Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21) celebrada en París, Francia.

Paradójicamente los distintos órdenes de gobierno en México avalan proyectos que ponen en riesgo y propician la vulnerabilidad de nuestros litorales ante los efectos del cambio climático.

Lo anterior se desprende, del “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Conacyt, el cual revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc donde se edificarán las diversas torres de 15 niveles, registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún, reportado una erosión total de 111 metros de arenales.

Por si esto fuera poco, la zona donde se instalaría el complejo de la compañía española también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún; lo anterior por la interrupción del transporte de sedimentos y los posibles cambios en la corriente litoral.

11. Que las costas de Quintana Roo están sometidas a una dinámica erosiva intensa, soportando un proceso de continuo retroceso, especialmente por la frecuente presencia de tormentas y huracanes característicos de la región. Esta actividad destructiva es contrarrestada por las comunidades biológicas compuestas por los arrecifes.

Los arrecifes actúan como una barrera disipadora de la energía de las olas y de las corrientes marinas, que de otra manera erosionarían la línea costera. Por su parte el Manglar protege la zona tierra adentro de la erosión de los vientos y se configura como una la mejor contención ante el efecto de los ciclones y tormentas tropicales.

En ese sentido cabe recordar los efectos devastadores provocados por el huracán Wilma en el estado de Quintana Roo que en octubre de 2015 provocó pérdidas cercanas a los 7 mil millones de dólares, al respecto debe considerarse que de presentarse un fenómeno climatológico similar y bajo la tasa de degradación de los arrecifes y de desaparición del manglar los efectos para esta zona considerablemente mayores a los experimentados durante 2005.

Por todo lo anterior es indispensable por un lado, contar con la información y análisis técnico que justifique la autorización de estos proyectos, y por otro, la revisión minuciosa respecto a la actuación de los funcionarios públicos involucrados en la emisión de estos permiso.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa su total rechazo al ecocidio del que es objeto el área natural protegida denominada “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc” con la devastación de manglares y humedales en Punta Nizuc y del Malecón Tajamar. De igual modo expresamos nuestra condena al uso de la fuerza pública empleada para desalojar a los ciudadanos y organismos civiles ambientalistas que se han manifestado en contra de la tala masiva del manglar y del desecamiento de humedales en esa zona.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias solicita al Ayuntamiento de Benito Juárez; al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fondo Nacional de Turismo para la presentación de un informe público pormenorizado en relación con los diversos permisos y licencias de construcción emitidas por los órdenes de gobierno local, de las distintas autorizaciones en materia de impacto ambiental autorizadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como del apoyo y financiamiento del Fondo Nacional de Turismo respecto de todos y cada uno de desarrollos inmobiliarios en el Malecón Tajamar y en Punta Nizuc en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno a mejorar las capacidades de los laboratorios para detectar el virus Zika y a preparar a los servicios de salud a fin de responder a una mayor demanda de servicios especializados para la atención de síndromes neurológicos, suscrita por el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas infecciones propagadas por algunos organismos, por ejemplo insectos y caracoles, los cuales transportan virus, parásitos y bacterias hacia los seres humanos.

Sin lugar a duda las que causan mayor impacto en nuestro continente son la malaria, el dengue y la enfermedad de Chagas, pero no debemos de descuidar la emergencia de nuevas enfermedades transmitidas por vectores como la Chikungunya, la cual ocasionó grandes afectaciones en nuestro país.

Y es que las características socio-demográficas como la densidad de población y la capacidad de adaptación del vector al entorno habitado, tienen una correlación directamente proporcional con la distribución, frecuencia y magnitud de las infecciones.

De esta manera, en las grandes ciudades, primordialmente donde existen infraestructuras urbanas pobres, constituyen espacios propicios para la creación de hábitats para los vectores y su consecuente reproducción y propagación.

Asimismo, circunstancias como el cambio climático plantean escenarios preocupantes por la posible expansión de la incidencia de estas enfermedades. Por ejemplo, el aumento de los patrones de lluvia tiene el potencial de incrementar el número de los criaderos en donde se lleva a cabo la reproducción de los vectores como los mosquitos y garrapatas.

Habiendo manifestado lo anterior y poniendo énfasis en evitar que enfermedades nuevas como el Chikungunya vuelvan a causar estragos en nuestra población, es que alertamos de la inminente llegada de un nuevo virus transmitido por vectores, nos referimos a la fiebre del Zika.

La fiebre del Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, y la cual manifiesta los siguientes síntomas: fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta, lo anterior ocurre en un lapso de entre tres y doce días después de la picadura del mosquito vector.

Una de cada cuatro personas puede no desarrollar síntomas, pero en quienes sí son afectados la enfermedad es usualmente leve, con síntomas que pueden durar entre dos y siete días. Hasta ahora no se ha reportado ninguna muerte a consecuencia de la enfermedad y la tasa de hospitalización es baja.

Cabe señalar que no existe una vacuna ni un tratamiento específico para el Zika, sólo un manejo sintomático que consiste en tomar reposo e ingerir paracetamol para el control de la fiebre.

Sin embargo, el gobierno de Brasil ha anunciado que hallaron el virus Zika en el líquido amniótico de dos mujeres embarazadas del estado de Paraíba, cuyos fetos ya tienen indicios de padecer microcefalia, asimismo, algunas mujeres con bebes recién nacidos con microcefalia han declarado que durante la gestación tuvieron manchas rojas por el cuerpo, uno de los síntomas de la infección por el virus Zika.

El director del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Brasil, ha explicado que están siendo extremadamente cautelosos con esa correlación, ya que no tenían relatos anteriores en cualquier parte del mundo ni en la literatura científica sobre la relación del virus Zika con cualquier tipo de malformación genética.

Sin embargo, el 17 de enero del presente año, un bebé en el estado norteamericano de Hawái nació con microcefalia, convirtiéndose en el primer ciudadano americano en haber nacido con el virus del Zika, según los médicos, su madre contrajo el virus en un viaje realizado a Brasil.

Y es que desde octubre de 2015 han nacido en Brasil 3,350 niños con microcefalia, mientras que en todo 2014 nacieron 150 niños con dicha malformación, lo anterior de acuerdo con el Ministerio de Salud de Brasil.

El virus se identificó por primera vez en 1947 en Uganda, específicamente en los bosques Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva.

Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y Tanzania en 1952, pero fue hasta 1968 cuando se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas en Nigeria.

Uno de los agravantes del virus Zika es que apenas hace unos meses entró por primera vez al continente americano. Eso nos vuelve vulnerables, ya que nuestro sistema inmunológico no reconoce el virus y carece de respuesta para atacarlo.

En febrero de 2015, el gobierno brasileño comenzó a investigar un brote de erupciones en la piel, pero fue hasta mayo cuando el Ministerio de Salud de Brasil confirmó la circulación del virus tras identificarlo en 16 muestras en dos estados, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, este fue el primer brote de la enfermedad en América Latina.

Hasta el 6 de noviembre de 2015 la distribución geográfica de los casos confirmados por el virus Zika se circunscribía a Brasil y Colombia, lo anterior según casos confirmados por laboratorio.

El 17 de noviembre del año pasado se registró en nuestro país el primer contagiado con el virus del Zika, la Secretaria de Salud informó que un paciente de 26 años que viajó a Santa Marta, Colombia mostró síntomas y fue trasferido a un hospital para su tratamiento.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno a mejorar las capacidades de los laboratorios para detectar el virus del Zika.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno a preparar a los servicios de salud para responder a una mayor demanda de servicios especializados para la atención de síndromes neurológicos, así como fortalecer las actividades de consulta y control prenatal, lo anterior ante el incremento de anomalías congénitas en áreas donde circula el virus Zika.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de enero del 2016.

Diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a subsanar las irregularidades detectadas en la empresa de participación estatal Exportadora de Sal, SA de CV, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En la península de Baja California se encuentra una de las principales salineras del mundo, la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, con 9 millones 500 mil toneladas producidas de sal en el 2014, lo que representa arriba del 25% del mercado mundial.

Localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde opera la salina más grande del mundo y cuenta con sus propias instalaciones y mulle en Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar navíos hasta de 180,000 toneladas.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), es una sociedad mercantil mexicana constituida en 1954 cuyo objeto social es la producción y exportación de sal de origen marino. Este producto es obtenido utilizando grandes extensiones naturales de terrenos planos e impermeables junto a la costa, a partir de la evaporación de agua de mar por radiación solar, aprovechando el viento favorable y la escasa precipitación pluvial de la región.

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ESSA es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Sectorizada con la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería.

En la estructura de su capital social, participa con el 51% de las acciones el Gobierno Federal Mexicano a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49% restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation. Esta proporción de capital social data del 22 de noviembre de 1976, preservando el mismo estado a la fecha, por lo cual ESSA es una empresa de participación estatal mayoritaria y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía.

En el 2013 ESSA contaba con cuatro concesiones mineras de explotación de sal, emitidas el 18 de noviembre de 2003, 19 de abril de 2005, 21 de abril de 2005 y 6 de julio de 2011, respectivamente, cuyas fechas de vigencia concluyen una en septiembre de 2043, dos en abril de 2055 y una en julio de 2061.

Además, cuenta con dos prórrogas de concesión para el uso de las zonas federales marítimo terrestres ubicadas en Chaparrito, Puerto de Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Municipio de Mulegé, Baja California Sur y en Morro Redondo, Puerto de Isla de Cedros, Bahía de San Sebastián Vizcaíno, Municipio de Ensenada, Baja California, mismas que fueron emitidas en 2008 y 2009, la primera de las cuales venció en septiembre de 2013 con una prórroga emitida en marzo de 2014. Ambas prórrogas vencen en 2019; asimismo cuenta con una prórroga de concesión emitida el 3 de febrero de 2006 para operar los muelles e instalaciones portuarias ubicadas en las zonas mencionadas, con vencimiento al 28 de abril de 2026.

Pese a su volumen de producción, que la sitúan como una de las empresas salineras más grandes e importantes del mundo, de significativa participación en el mercado internacional, los beneficios que aporta a nuestro país distan mucho de ser los óptimos. Si bien en los estados financieros de ESSA de 2013 se reportaron 1 mil 691 millones 847 mil pesos de las ventas de sal industrial, de los cuales 1 mil 691 millones 531 pesos, el 99.98%, correspondieron a ventas al extranjero y 316 miles de pesos, el 0.02%, a empresas mexicanas, las utilidades netas que dejaron al país estas ventas podrían haber sido mucho mayores.

De entrada y en contra de la lógica empresarial, ESSA ha cedido el mercadeo de sus productos, ya que el 28 de abril de 1977, ESSA, celebró con Mitsubishi Corporation (MSK) y Mitsubishi International Corporation (MIC), subsidiaria de MC, empresas de capital extranjero, un contrato denominado “Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal”. En la cláusula 7 de dicho contrato se establece que “MSK gozará de los derechos de exclusiva de venta de los Productos en Japón”; en la cláusula 8 se estipula que “... ESSA nombra a MIC su agente y representante de ventas exclusivo para que venda los Productos en los Estados Unidos y Canadá, y para que funja, de cualquier otra forma, como el representante de ESSA ...”, además, conforme a la cláusula 10, ESSA nombra a MSK su representante de ventas para que esta última venda los productos y funja como su representante en todos los lugares del mundo que se encuentren fuera de Japón, salvo los Estados Unidos y Canadá, y la cláusula 26 estipula que “Este contrato surtirá efecto entre las partes a partir del 1o. de septiembre de 1976, exceptuando únicamente que la compensación pagadera a MIC, de conformidad con éste, causará efectos a partir del 1o. de enero de 1977”.

Desde la fecha de la firma del contrato y hasta el cierre de 2013, se celebraron, respecto de dicho contrato, dos memorándums, un acuerdo y un convenio modificatorio. En el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas, lo cual limita la actuación de la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras.

De hecho, lo anterior dio pie a que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), como parte de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 13-2-10KN-02-0030, practicada por este órgano de fiscalización a la empresa de participación estatal mayoritaria ESSA, recomienda:

“... que Exportadora de Sal, SA de CV, por conducto de su Consejo de Administración, realice las acciones conducentes a fin de que se revisen y modifiquen el Contrato Original (contrato celebrado el 28 de abril de 1977 y los documentos modificatorios del 22 de julio de 1987, 7 de septiembre de 1993 y 22 de noviembre de 2006), así como el convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, celebrados por ESSA con Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), para que se modifique la estrategia de comercialización de la sal y se establezcan condiciones equitativas de manera que ESSA pueda acceder a los mercados finales y buscar alternativas de comercialización con clientes potenciales, así como alternativas para la distribución, debido a que se observó que en el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas.”

Como si el dejar en manos del socio minoritario las ventas de la empresa no fuera suficientemente malo, el problema no termina ahí. De la auditoria practicad por la ASF se desprenden una serie de irregularidades que van más allá de la simple incompetencia y displicencia, que pasan por la venta de la sal a precios inferiores a los de su producción, irregularidades en los contratos de venta, conflicto de intereses de servidores públicos, por mencionar tan solo algunas de las irregularidades detectadas.

En cuanto al precio en que ESSA vende sus productos, por ejemplo, de documento entregado por la ASF tenemos que:

“El precio de venta establecido en 13 de los 26 contratos celebrados entre ESSA, MC y MIC, y en una oferta en firme suscrita por ESSA, fue inferior al costo promedio de producción incurrido en 2013 de 15.25 dólares por tonelada métrica (TM), ya que en dichos contratos y en la oferta en firme se estipularon precios que van de 10.00 a 15.03 dólares la TM, lo cual representa un daño para la empresa, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales , así como de la cláusula 18 del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y de la disposición décima del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, SA de CV.”

Continúa el documento de la auditoria señalando que, “... se observa que la Secretaría de Economía, como parte del Consejo de Administración de ESSA, no realizó las acciones conducentes a fin de que esa entidad contara con la autorización de los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 2013, en incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

...

Lo anterior denota que los precios de venta de la sal aplicados por ESSA son inferiores a los precios de venta en el mercado internacional, toda vez que en 2013 utilizó un precio promedio de 17.50 dólares por TM, por lo que se observa incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 86 fracciones XII y XV, 215 y 216, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como la NIF-C13 “Partes Relacionadas ” y la disposición cuarta del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, SA de CV.”

Esto, además de violar varias normas jurídicas, algunas ya señaladas en los párrafos precedentes, entre ellas las hacendarias, representa también un daño patrimonial a la empresa, al respecto la ASF menciona:

“... que Exportadora de Sal, SA de CV, por conducto de su Consejo de Administración, realice las acciones necesarias a fin de establecer una política de precios de venta de sal, considerando el costo de producción y los precios prevalecientes en el mercado internacional conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero que beneficien a la entidad. Ello, debido a que se observaron ventas en las que el precio aplicado en 2013 fue inferior al costo promedio de producción, lo que propició que ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos , para cubrir al menos dicho costo; asimismo, utilizó precios inferiores a los prevalecientes en el mercado internacional. Además, los precios base de venta que aprobó el Consejo de Administración en el acta del 26 de noviembre de 2012, incluyen precios inferiores al costo promedio de producción de 15.25 dólares la tonelada métrica, ya que de un total de 25 precios listados (de acuerdo al destino y tipo de sal), 14 oscilan entre 11.00 y 15.00 dólares por tonelada métrica.”

También se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV, por la omisión de precios en los contratos o por el manejo de los mismos ya que la ASF detecto serias irregularidades, a decir de este órgano de fiscalización tenemos por ejemplo que:

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV, por un monto de 264,409.64 dólares, equivalentes a 3,393,269.66 pesos (tres millones trescientos noventa y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.) pagados a Mitsubishi International Corporation (MIC), con motivo de la aplicación de precios distintos a los establecidos en 2 contratos de compraventa de sal celebrados entre ESSA y Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation, así como de la aplicación de ajustes en precio y calidad a las ventas correspondientes a 3 contratos, de lo cual ESSA careció del soporte documental que sustente el análisis, elaboración, revisión y autorización de dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV, por 10,791,402.46 dólares, equivalentes a 137,261,042.50 pesos (ciento treinta y siete millones doscientos sesenta y un mil cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.), pagados a Mitsubishi International Corporation en 2013 por ajustes al precio por la venta de sal industrial de exportación facturada en los ejercicios 2012 y 2013, mediante las cuatro notas de débito números 98023865 del 29 de marzo, 98024671 del 28 de junio, 98025402 del 30 de septiembre y 98026013 del 24 de diciembre, todas de 2013, sin que ESSA contara con evidencia que justificara los motivos de su autorización y realización.”

En cuanto al actuar de algunos funcionarios, este deja mucho que desear, cuando menos en lo referente a sus intereses personales, por ejemplo, del reporte de la ASF tenemos que:

“Se identificó que en las actas de la sesión del 26 de noviembre de 2012 y de la tercera sesión de 2013 del Consejo de Administración de ESSA, se consigna la participación de una persona por parte de Mitsubishi Corporation (MC) como Consejero Suplente , representante de la Serie “B”, quien había sido designado como Consejero Propietario de dicha serie, y en las actas de la primera, segunda, cuarta y quinta sesiones del 2013 como Consejero Propietario, representante de la Serie “B”, sin embargo, esa misma persona se desempeñó como Director Adjunto de ESSA ; asimismo, en las actas de la segunda a la quinta sesiones de 2013 se consigna la participación de otra persona por parte de MC como Consejero Suplente , representante de la Serie “B”, no obstante que esa persona se desempeñó como Gerente de Apoyo Productivo de ESSA , lo que denota presuntos intereses en conflicto, al tratarse de servidores públicos de ESSA y al mismo tiempo ser representantes de MC, que además de ser accionista de ESSA, es, a su vez, el principal comprador de la sal industrial que produce la entidad.

Al respecto, de conformidad con las resoluciones adoptadas por unanimidad fuera de asamblea por los accionistas de Exportadora de Sal, SA de CV, de fechas 31 de mayo de 2012, 11 de marzo y 30 de abril de 2013, el Consejero Propietario y el Consejero Suplente mencionados, contaron con esa designación, sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, también se desempeñaron como empleados de ESSA, en incumplimiento de los artículos 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles .”

De lo anterior y de otras irregularidades detectadas por la ASF es que vemos como indispensable que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tome nota del asunto y por medio de un exhorto a diversas autoridades busque lo que a derecho proceda.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria, para que de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas a sus respectivas instituciones por la normatividad vigente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien las acciones que conforme a derecho proceda por las irregularidades detectadas en la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 13-2-10KN-02-0030, practicada a la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar, suscrita por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al secretario de Educación Pública a realizar estudios sobre la duración del calendario escolar, considerando los resultados obtenidos durante los años en que fue incrementado de 180 a 200 días respecto al cumplimiento y la efectividad de los programas educativos, como ocurre en otros países, considerando la duración de los periodos de receso, que también son parte de la formación y desarrollo de la niñez, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda, la educación es uno de los principales factores que como sociedad debemos impulsar y como legisladores vigilar que la autoridad realice e implemente todos los programas y medidas necesarias mejorar en ese ámbito. La reforma educativa que aprobamos durante la legislatura pasada, estableció una serie de cambios que paulatinamente brindarán los beneficios planteados en materias tan relevantes como la mejora educativa, la capacitación de los maestros entre otros, con el fin de incrementar nuestros niveles educativos.

Hoy, el país lamentablemente ocupa el último lugar de aprovechamiento escolar del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con los resultados de la última prueba PISA aplicada a estos países, México se ubicó muy por debajo de los promedios del resto de los países evaluados.

Dicha examinación comprende tres ámbitos: matemáticas, lectura y ciencia. En el primero México obtuvo 413 puntos; 424 en el segundo, y; 415 en el tercero. Mientras, el promedio que obtuvieron el resto de los países fue de 494, 496 y 501, respectivamente.

De suerte que tenemos mucho qué mejorar y trabajar por el bien de nuestros niños y de la educación en nuestro país. En este sentido, uno de los elementos que hasta ahora no se han examinado con miras a encontrar mejoras en este ámbito, es el de fomentar el rasgo esencial de la niñez que consiste en divertirse y tener tiempo disponible para dedicarlo a desarrollar habilidades físicas, mentales y emocionales que están relacionadas con la interacción con su familia y con otros niños en espacios de diversión y esparcimiento fuera de las obligaciones y compromisos que establecen los horarios y calendarios escolares, así como en ocasiones actividades extraclases.

Fomentar la recreación y el tiempo libre entre nuestros niños, es fundamental para consolidar lazos familiares y de amistad que son y serán parte importante de la vida de los menores y futuros adultos, además de que debemos establecer criterios efectivos de educación que por un lado, permitan a los educadores transmitir de mejor modo.

Sin duda, durante la infancia establecemos los principales vínculos emocionales no sólo con las personas que nos rodean sino, también, con los elementos y circunstancias en las que nos desenvolvemos. Es decir, durante este tiempo conocemos nuestras preferencias y los ambientes y actividades que son de nuestro gusto o disgusto, para lo cual en muchas ocasiones en necesario tener vivencias fuera de los planteles escolares.

Sin embargo, se han reducido considerablemente los tiempos durante los cuales los niños pueden realizar este tipo de actividades pues en algunos casos, en el sector educativo privado, los niños permanecen hasta nueve horas en su plantel, lo cual supera incluso el promedio de horas que labora un adulto que es de ocho horas.

Asimismo, se han reducido los periodos vacacionales en los calendarios escolares que año tras año establece la Secretaría de Educación Pública, dicha facultad quedó contenida en la sección primera de la Ley General de Educación que menciona que dentro de las facultades exclusivas de la autoridad educativa federal es establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica (artículo 12, fracción II).

Al respecto, y de acuerdo con datos de la OCDE, México posee uno de los calendarios escolares con mayor número de días de instrucción al año: 200 días en ambos niveles, primaria y secundaria, en comparación con los promedios de la OCDE de 183 y 185 días, respectivamente. Nuestro calendario escolar es comparable con el número de días de instrucción en Brasil, Colombia, Italia y Japón, pero menor que los 219 días de instrucción por año en Israel.

En junio de 2005, la Unión Nacional de Padres de Familia insistió en reducir de 200 a 180 días de clases y aumentar el horario académico, a fin de que los alumnos puedan organizar torneos deportivos, fomentar el excursionismo y la convivencia familiar, en tanto que los padres que trabajan podrán acudir a los cursos de verano.1

En 2013, la Secretaría de Educación Pública propuso aumentar siete días al calendario escolar 2013-2014, dicho planteamiento en función a los bajos resultados que la OCDE indicó. En ese entonces la jornada diaria de 4.5 horas, el país registraba 562 horas efectivas por ciclo escolar, lejos de Corea que dedica mil 195 horas en los 220 días de su calendario.

Especialistas de organizaciones como Mexicanos Primero y Muévete por la Educación consideraron que aumentar los días al calendario escolar no implicaba mejorar la calidad educativa, ya que aumentar días no implica una diferencia significativa en el rendimiento de los alumnos. La propuesta sería aprovechar los 200 días lo suficiente para aumentar los niveles educativos en los contextos nacional e internacional.

A pesar de la complejidad que implica compendiar la información de los años lectivos en los distintos países, a continuación se presenta un cuadro con el número de semanas con que cuentan los niños de diversos países:

Fuente: Unesco. Escolaridad primaria y jornada escolar en el contexto internacional. Estudio de casos en Europa y América Latina , 2010.

Acorde con esta información, puede apreciarse el contraste con el caso mexicano en el que según el calendario lectivo publicado por la SEP, los niños de nuestro país, cuentan en verano con seis semanas durante el entre periodo interanual.

Actualmente, respecto a las horas que los niños mexicanos permanecen en clases, nos encontramos por debajo del promedio de los países de la OCDE con poco menos de 800 horas al año. Tal promedio de horas clase, se asemeja al de países como Turquía o República Checa que mantienen resultados generales en la prueba PISA de entre 450 y 500 puntos, respectivamente. Así como de Polonia que sus tiempos de clase son de alrededor de 810 horas y sus resultados en la prueba PISA son superiores al promedio de la OCDE con 521 puntos.

Por debajo del promedio de horas en las escuelas de los niños mexicanos en los niveles básicos de educación se encuentran países como Suecia, Grecia y Hungría, que cuentan con niveles educativos muy por encima de los nuestros.

En Grecia, los niños asisten en promedio 770 horas al año y su promedio en la prueba PISA es de alrededor de 460 puntos; en Hungría, los niños asisten 760 horas aproximadamente y mantienen niveles en dicha prueba superiores al de México. En Suecia acuden a la escuela un promedio de 760 horas al año y sus niveles en la multicitada prueba son cercanos a 500 puntos.

Diversos estudios y estudiosos de los sistemas educativos en el mundo, han analizado el tiempo, los días y las temporadas del año en las que deben impartirse las clases. Esto así debido a que a este respecto existen diversos factores que ciertamente no fueron considerados en el diseño inicial de la mayoría de los modelos educativos en el mundo.

Prevalece una visión que

A pesar de las profundas transformaciones de la sociedad durante las últimas tres décadas (vinculadas a los nuevos modos de vida y modelos de familia, la participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo, y desarrollos científicos y tecnológicos), la concepción dominante tanto en la planificación y organización del sistema educativo es la físico-astronómica. Así, los sistemas educativos permanecen estancados en un modelo del tiempo propio del siglo XIX y han tendido a ignorar las otras dimensiones de la temporalidad.

La perspectiva moderna del tiempo como algo “físico” lo toma como algo absoluto y uniforme que se organiza en torno a fases, fragmentos, y unidades equivalentes que pertenecen a unidades mayores que se repiten y articulan de manera previsible y constante. Esta visión mecánica vacía al tiempo de su “condición holística” y de su carácter humano y también subjetivo.2

Acorde con lo anterior, es preciso reflexionar sobre el tiempo que los menores dedican a la escuela en función de la subjetividad que implica ser niño y poder dedicar parte de su tiempo a juego y recreación. Así, en concordancia con lo que señala la cita anterior, durante la reforma educativa de 1993, se modificó de manera importante los tiempos de los ciclos lectivos.

En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, significó un esfuerzo del gobierno de aquél entonces por mejorar los niveles educativos nacionales. De este acuerdo derivó la expedición de la actual Ley General de Educación que en su artículo 51 establece que el ciclo escolar de la educación básica debe cumplir con 200 días.

Ello se debió a lo asentado en el Acuerdo Nacional para la Educación, que dice a la letra:

[...] por ello es indispensable que el aumento de recursos previstos para los próximos años, vaya acompañado de la aplicación de estrategias que tengan efectos favorables en los otros puntos neurálgicos del sistema educativo. Entre estos, hay dos que con base en la experiencia de México y otros países, revisten una enorme importancia para la calidad educativa, y que por tanto deben recibir atención prioritaria. Ellos son los contenidos y materiales educativos, y la motivación y preparación del magisterio.

También es de gran importancia rectificar la tendencia manifiesta en los últimos años a reducir el número de días efectivos de clases en el año escolar. Como primer paso, a partir del próximo ciclo escolar se procurara? un incremento equivalente por lo menos al diez por ciento en los días escolares efectivos, lo que puede lograrse evitando días sin clase distintos a los que fija el calendario escolar oficial.

Pero más recursos, más días efectivos de clase, programas idóneos, mejores libros de texto y maestros adecuadamente estimulados, podrían tener efectos imperceptibles en la cobertura y calidad educativa, si no se dan a través de un sistema que supere los obstáculos e ineficiencias del centralismo y la burocracia excesiva que aquejan al sistema educativo nacional. Por eso es importante que la otra línea fundamental de la estrategia sea la reorganización del sistema educativo.

No obstante lo anterior, a más de 20 años de esta reforma puede apreciarse que los resultados no son los esperados y se ha afectado considerablemente los tiempos libres de los menores, lo cual no debe estar en detrimento de la calidad de la educación y la efectividad en la cobertura de los planes y programas de estudio.

En concordancia con lo anterior, y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el descanso y esparcimiento forman parte esencial del desarrollo de los menores de edad:

Artículo 31.

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados parte respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Dichos derechos se encuentran reafirmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dedica un capítulo a la importancia de contar con el descanso y el esparcimiento necesarios:

Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos.

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas en su comunidad.

Sin embargo, es menester considerar que el incremento en la calidad educativa no depende forzosamente del aumento de los días de los calendarios lectivos y del tiempo en la escuela. Sino que más bien, debemos avanzar hacia la efectividad de la educación, en revisar que el contenido de la información que se les está proporcionando a las niñas y niños del país sea de calidad, que sean materias universales para ser un ciudadano del mundo capaz de desarrollarse en cualquier parte del país y de otros países.

Un ejemplo de que no existe una consciencia de la relevancia de las vacaciones continuas que son deseables para los menores, es la programación de las reuniones de Consejo Técnico Docente que se realiza el último viernes de cada mes. Desde 2013, ello ha provocado que se aumente una semana más en el calendario lectivo, con el fin de que el calendario escolar cumpla con el mandato de ley de 200 días; sin duda tal medida es viable en cuanto al cumplimiento de la ley, pero no así en términos de la reducción del periodo vacacional de los menores.

Es decir, se aumentaron los días lectivos sin hacer una revisión objetiva de la viabilidad de acotarles los días continuos de esparcimiento a los alumnos de todo el país intercambiándolos por días viernes que no se ha revisado, cuáles fueron los resultados de éxito en su implantación.

Por el contrario, en días recientes el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Máyer, ha hecho diversas declaraciones donde ha comunicado que el calendario escolar se convertirá en un modelo “flexible”, de acuerdo a un plan Nueva Escuela, donde dependiendo las condiciones de cada región que son muy diversas, se deben considerar adecuaciones, por ejemplo, dependiendo de las temporadas de calor o lluvias.

En el mismo sentido, se ha informado a la población que se buscará cambiar el rango de los días obligatorios del calendario escolar, donde en un rango de 170 a 200 días, cada escuela determinará cuantos días quiere funcionar, pero es obligatorio contar con un mínimo de horas diarias de clase, que serían aproximadamente 800 de confirmarse ésta información.3

Modificar las horas de clase debe considerar incluir la participación de la comunidad escolar, a fin de que los consejos de participación social, sean sujetos activos en la opinión de esta política educativa, tal y como lo señala el artículo 69 de la Ley General de Educación que menciona que éste conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización.

Con todo lo anterior, se ha concluido que la educación en México es sin duda, un gran reto, tanto impartirla como su efectividad que son dos grandes temas que parecen chocar entre sí, por no lograr el punto medio entre la educación impartida por los maestros, como por las técnicas docentes y contenido de la información que es ofrecida a todas las niñas, niños y adolescentes del país.

En consecuencia, los estudios internacionales que se realizan periódicamente a diversos países de la región u otros, respecto al nivel de competitividad de la educación, han ubicado a México dentro de los últimos lugares desde que el calendario escolar era de 180 días, hasta cuando fue aumentado a 200. Lo cierto es que este tipo de decisiones no se han basado en estudios serios y comprometidos con encontrar la viabilidad de aumentar o disminuir los días obligatorios de acudir a la escuela. No se cuentan con los resultados de la última adecuación al calendario escolar, la efectividad de contar con el último viernes de cada mes para juntas escolares, en que ha beneficiado o afectado la convivencia y desarrollo de los niños, haber disminuido los días de vacaciones y ahora pretender aumentarlos.

Es decir, no se han buscado alternativas basadas en estudios y casos comparativos, que permitan validar al día de hoy la efectividad de los doscientos días de clases, y para el caso de aumentar las horas efectivas de clase, habría que revisar en su conjunto el tiempo y planes de estudio en materias que deben formar ciudadanos del mundo.

De suerte que es importante investigar nuevas opciones que permitan cumplir con efectivos programas educativos a través de periodos lectivos que sean acordes a la edad y necesidades de los menores, considerando las experiencias y métodos implementados por otros países.

Por todo lo anterior se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar, considerando los resultados obtenidos durante los años en que fue incrementado de 180 a 200 días respecto al cumplimiento y efectividad de los programas educativos, tal y como ocurre en otros países, considerando la duración de los periodos de receso, que también son parte de la formación y desarrollo de la niñez.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a enviar oficialmente los análisis, pruebas o piloteos que realizó para determinar la flexibilización del calendario escolar.

Notas

1 Nota periodística http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/292392.html Consultada 12 de enero de 2016.

2 UNESCO. Escolaridad primaria y jornada escolar en el contexto internacional. Estudio de casos en Europa y América Latina, 2010. Visto en
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/SEP%2520Mx%2520Estado_arte%2520jornada%2520escolar.pdf

3 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2016/01/15/
mes-y-medio-de-vacaciones-extras#.VpjcUES1Kqg.facebook Nota consultada el 15 de enero de 2016.

Dado en el salón de sesiones, a 20 de enero de 2016.

Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a diseñar y aplicar medidas adicionales de control contra el lavado de dinero, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Una serie de hechos relacionados directamente o indirectamente con el lavado de dinero se han venido incrementando y produciendo en el país en los años recientes. La delincuencia organizada está logrando eludir los mecanismos y controles que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como otras instancias oficiales, aplican para evitarlo.

Las actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la venta ilegal de armas más otras; generan cifras de miles de millones de dólares en México. Cifras que difícilmente se podrían precisar con exactitud, sin embargo, algunos autores señalan valores de 20, y hasta 60 mil millones de dólares anuales. Por otra parte, y de forma unificada, la presencia de los ilícitos requiere de mano de obra para su existencia y operación, mano de obra que al violar la ley se queda sujeta en la informalidad también.

Este tipo de ensamble, da lugar a la coexistencia de la economía ilegal que carcome sistemáticamente a la legalidad económica; produciendo graves dificultades para los salarios, la seguridad social, la reinversión plena de las ganancias y el crecimiento de la economía. Más aún, la contaminación promovida por los circuitos ilegales es cada vez más peligrosa. Es el caso del crecimiento exponencial del segmento poblacional dedicado al narcotráfico que se encuentra en todos los estados del país; particularmente jóvenes.

Pero sin duda, la sustancia de estos procesos son las ganancias obtenidas por los propietarios o controladores de las mafias. Tales ganancias tienen que ser legalizadas de alguna forma para su plena validez, aquí es donde empieza la violación de los mecanismos de control financiero que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha establecido hasta la fecha.

Como se sabe, la CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas, que establece en su artículo 2, que tendrá “como objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto...”

Además, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le otorga a la SHCP la facultad para la protección del sistema financiero, cuando en su artículo 2 mandata que: “El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.”

Entonces desde el punto de vista legal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene la facultad para hacer suyo el diseño y aplicación de mayores y mejores controles en contra del lavado de dinero, en el sector bancario y financiero nacional.

Las denuncias y sospechas al respecto del lavado de dinero no son cualquier cosa, en este se concentran los intereses más poderosos del negocio. Pongamos unos simples ejemplos recientes:

1. En julio del 2015, la empresa Bloomberg da cuenta que el Departamento de Justicia de EUA investiga a Citigroup INC por sospecha de operaciones de lavado de dinero entre sucursales de USA y de México, donde el banco involucrado es Banamex. Incluso habrían solicitado a la CNBV sus reglas de control al respecto.

2. Por el mismo tiempo Banamex USA aceptó pagar 140 millones de dólares en dicho país por deficiencias en su programa contra el lavado de dinero, y cerró su representación aquí.

3. También el HSBC fue multado por la justicia estadounidense por haber enviado unos 7,000 millones de dólares desde México, entre 2007 y 2008 de presuntas ganancias de los carteles de la droga.

4. Una serie de cooperativas financieras, de ahorro y crédito, están bajo la mira de las autoridades mexicanas precisamente por poca o nula transparencia en la procedencia y uso de los recursos que manejan.

5. La presencia de una serie de carteles en el país produce la innegable pregunta de ¿cómo se legaliza y hacia donde van esos narcodólares y narcopesos?

Este poder que da la droga, se ve traducido en los desplantes y osadía de los delincuentes que retan la seguridad y estabilidad nacional.

Para nadie es un secreto, que la presencia del narcotráfico en México tiene una cercanía privilegiada con el mercado estadounidense, por lo cual es necesario adoptar mayores medidas por parte de la CNBV así como otras coordinadas entre ella y las autoridades financieras de dicho país y lograr eliminar en lo posible, ese circuito monetario tóxico.

Por estas consideraciones es que presento este punto de acuerdo con la finalidad que la CNBV adopte medidas más amplias, más rigurosas de control del lavado de dinero.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que diseñe y aplique medidas adicionales de control en contra del lavado de dinero.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y a la PGR a concluir la investigación relativa a los delitos presuntamente cometidos por el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Álvarez Angli , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Guillermo Padrés Elías, político mexicano miembro del Partido Acción Nacional, ex gobernador del estado de Sonora durante el periodo 2009 a 2015, se ha visto inmerso en varios presuntos delitos.

En marzo de 2011, se vio involucrado en el secuestro de su trabajadora doméstica cuando la esposa de éste, Iveth Dagnino de Padrés en ese entonces titular del DIF estatal, acusó a Gisela Peraza Villa empleada de esta familia por más de 9 años, de robar un maletín que se encontraba en casa del gobernador y contenía 450,000 pesos en efectivo y joyas con un valor por 130,000 pesos.

Iveth Dangino dispuso de funcionarios estatales, entre ellos el jefe de escoltas del entonces gobernador, el comandante Ernesto Portillo y el secretario particular, Agustín Rodríguez, para despojar a la trabajadora Peraza de su teléfono móvil reteniéndola en la casa por un día.

Así, Gisela Peraza Villa fue arrestada sin mediar orden judicial, remitiéndola a los cuartales de la Policía Estatal Investigadora de Sonora, donde fue golpeada y torturada. Como no confesó el robo, fue dejada en libertad el 17 de marzo, sin embargo, el 5 de abril fue apresada nuevamente, sufriendo vejaciones, para posteriormente dejarla arraigada por 30 días.

En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la Comisión Estatal de Derechos de Sonora, emitieron diversas recomendaciones al gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés sobre este lamentable hecho. El ex gobernador aceptó y prometió atender las recomendaciones, sin que el asunto tuviera consecuencia penal alguna para las partes involucradas.

De igual manera otro caso controversial del ex gobernador, fue el conflicto por el agua con la tribu Yaqui cuando el gobierno estatal anunció su proyecto “Sonora SI” (Sonora Sistema Integral), el cual incluía la construcción del Acueducto Independencia para abastecer de agua a Hermosillo, la capital del estado. Casualmente en septiembre de 2014, el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna, fue arrestado por la Procuraduría General de Justicia de Sonora por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, siento esta situación denunciada por Amnistía Internacional como una detención arbitraria, relacionada con el conflicto político referente al Acueducto Independencia.

En septiembre de 2014, el conflicto por el agua resurgió cuando se dio a conocer que el gobernador Padrés contaba con una presa para uso personal con capacidad de retener altos volúmenes del líquido en un rancho propiedad de su familia. Se reportó que la construcción de la presa se hizo de manera clandestina y que un trabajador murió durante la realización de la obra, hecho que se ocultó. Misteriosamente esta presa fue destruida, aunque existe una investigación porque al parecer fue dinamitada para ocultar información importante sobre su construcción.

En días pasados fue detenido Luis Arístiga López Moreno, empleado de Padrés Elías, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, quien reconoció formar parte de la organización empresarial de los hermanos Padrés, compuesta por unas 13 empresas que explotan los ramos agropecuario, exportación, arrendadoras de autos, inmobiliarias, construcción, financieras, entre otros. Las revelaciones abrieron las puertas a la Fiscalía para investigar al ex gobernador.

Estos son solamente algunos de los delitos presuntamente cometidos por el exgobernador y su círculo cercano. En virtud de lo anterior y para evitar que tanto el exgobernador se sustraiga de la acción de la justicia, dado que cuenta con los medios para ello, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, y a la Procuraduría General de la Republica para que concluyan a la brevedad la investigación relativa a los delitos presuntamente cometidos por el exgobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés Elías.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que vigile de manera especial al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Diputado Arturo Álvarez Angli (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Judicial del Estado de México y a otras autoridades del mismo, para que se busquen los medios necesarios para dar solución a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 23 de octubre de 2015, a las 10:45 horas aproximadamente, los 441 trabajadores del Grupo Industrial Casa fueron desalojados por la fuerza pública del estado de México, de un inmueble ubicado en Prolongación avenida Ceylán número seis, San Pablo Xalpa, Tlalnepantla, estado de México, junto con los muebles considerados como garantía derivada de una medida precautoria dictada por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 10 de noviembre de 2005, para garantizar el importe de los créditos laborales a favor de los trabajadores al servicio de esa empresa con motivo de la huelga existente y justificada, estallada el 21 de enero de 1998, en las instalaciones de esa fábrica, tal como consta en el expediente III-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta Especial Quince de esa Federal de Conciliación y Arbitraje).

El monto de los créditos laborales que estaban garantizando ese embargo, ascienden a más de doscientos millones de pesos. Los bienes muebles e inmuebles eran propiedad de Grupo Industrial Casa, SA de CV.

Con este desalojo ilegal se interrumpe una resolución judicial sobre la posesión de dichos bienes, donde se les despojó de los bienes muebles que tenían bajo resguardo, así como de sus objetos personales que se encontraban en el interior del mismo y causaron daño a otros bienes que tenían en custodia que se encontraban en el domicilio antes mencionado.

Al realizarse este acto con autorización de juez tercero civil de primera instancia, los trabajadores se quedan sin garantía alguna, pues el embargo citado cubría el pago de sus créditos laborales y por consecuencia el pago de estos créditos; debido a la resolución donde se pronuncia la autoridad que el patrón tenía la obligación de pagar las respectivas liquidaciones al no reanudarse las actividades laborales.

Es así como después de casi dieciocho años de haber estallado esta huelga, no se ha ejecutado el laudo favorable para los trabajadores y no han recibido el pago de sus salarios devengados durante todo ese tiempo, aunado a lo anterior, cuarenta cinco de los trabajadores involucrados fallecieron antes de ver reivindicados sus derechos laborales.

El desalojo violento de los trabajadores que se encontraban de guardia en el inmueble en comento, se realizó sin la seguridad y certeza jurídica con las que se debe llevar todo proceso judicial; en ningún momento la autoridad competente que realizó el desalojo mostró orden judicial fundada y motivada, indicando las razones por las que se realizaba dicho acto, al mismo tiempo que no se acreditaron como funcionarios públicos o como actuarios autorizados para llevar a cabo dichas diligencias, cabe decir que fueron apoyados por la fuerza pública, policías y granaderos del estado de México.

El juez tercero de lo civil de primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, estado de México, emplazó a juicio al Sindicato Radical de los Trabajadores del Metal y Similares, demandándole entre más acreedores crediticios, la entrega del bien inmueble en comento y que se encontraba bajo el resguardo de los 441 trabajadores al servicio de Grupo Industrial Casa.

Los 441 trabajadores no fueron emplazados a juicio, estos tenían a su cargo vigilar y custodiar el bien inmueble, no el sindicato emplazado que no tenía crédito alguno a su favor, por parte de Grupo Industrial Casa, SA de CV; lo cual quedó confirmado por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando le hizo saber que el bien inmueble motivo de la reivindicación, estaba embargado por esa autoridad y que cualquier planteamiento sobre la propiedad del mismo y su embargo, debía tramitarse ante dicha autoridad laboral, con exclusión de cualquier otra, con base en el artículo 966 de la Ley Federal de Trabajo, determinación que ha ignorado dicho juez tercero civil de primera instancia, hasta la fecha, tal como consta en el expediente formado con motivo de la demanda civil, que se tramita bajo el número 854/2008 en dicho juzgado y en el expediente laboral III-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Cabe mencionar que los 441 trabajadores nunca fueron notificados legalmente por esta autoridad civil, además de no estar facultada para dejar sin efecto el embargo mencionado con todas sus consecuencias legales ya que al momento en que se realizó el embargo precautorio de los mismos, no había constancia alguna de que fueran propiedad de una persona distinta al Grupo Industrial Casa, empresa para la cual prestaban sus servicios dichos trabajadores.

Estamos seguros que esta arbitrariedad será corregida a la brevedad posible, ordenando se restituya a los 441 trabajadores de Grupo Industrial Casa la posesión que tenían sobre los bienes muebles e inmuebles embargados hasta en tanto se defina, en forma definitiva, la situación legal de los mismos con base en la Ley Federal del Trabajo y en nuestra Constitución, pues se han violado directamente en perjuicio de estos trabajadores, sus garantías de audiencia, de legalidad y sus derechos humanos relativos al debido proceso y al acceso real en la administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que realice lo conducente a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que indique al juez tercero de lo civil del estado de México, se declare incompetente por materia, para resolver sobre un bien inmueble que se encontraba previamente como garantía en una resolución en materia laboral.

Tercero. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que al realizarse nuevamente la adjudicación de los bienes en garantía se realice de manera expedita la liquidación de los créditos laborales a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, teniendo restituidos sus derechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Conapesca y el gobernador de Yucatán a incrementar los recursos destinados a los pescadores locales y considerar la creación de una secretaría de pesca que atienda los problemas del sector en la entidad, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litorales, que significan un gran potencial de recursos pesqueros; aunque esta actividad aún no está lo suficientemente desarrollada ya que en su conjunto sólo genera el 3 por ciento del PIB nacional.

Sin embargo, la pesca y la acuacultura no dejan de tener un fuerte impacto económico y social a nivel nacional, ya que genera cerca de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de indirectos, lo que representa una importante fuente de ingresos para las familias mexicanas.

Lo anterior, es un referente de la situación difícil que enfrentan los pescadores del país cuando es temporada de veda, la cual es una acción necesaria y que es el espacio de tiempo en el que se prohíbe pescar, ya sea camarón, langosta, ostión, abulón, atún, mero, entre otras especies de la fauna acuática.

Indudablemente, este periodo afecta de manera directa a la economía del sector pesquero, pero como ya lo comentamos, es necesario, pues de lo contrario estas especies no se podrían reproducir y tampoco lograr el crecimiento o tamaño adecuado para su consumo. Además de que se correría el riesgo de poner en peligro de extinción a estas especies.

Para compensar económicamente la implementación de vedas, la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha aplicado, a través de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca), el componente Programa de Apoyos Directos a la Pesca (Propesca), que consiste en compensar los bajos ingresos anuales de los pescadores y acuicultores en periodos de baja productividad, veda o contingencias climatológicas, a través de acciones de capacitación que impulsan la productividad del sector.

Además, aplica programas sociales de apoyo como Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con Componentes Pesqueros y Acuícolas; Proyecto Modernización de Embarcaciones; Disminución del esfuerzo pesquero; Programa Nacional de Inspección y Vigilancia, entre otros.

Al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2015 (PFPPA), que tiene la misión de incrementar la producción y el desarrollo sustentable del sector, se le asignaron dos mil 410 millones de pesos, monto superior en 272 millones con respecto al aplicado en 2014.

Precisamente, un componente del PFPPA es Propesca, que fue creado en 2014, por gestiones de los integrantes del Poder Legislativo, en donde se aplicaron recursos económicos por 115 millones de pesos, y según refiere Sagarpa se atendieron a más de 13 mil pescadores en ese año.

En 2015 no se tienen datos precisos de los recursos económicos aplicados a Conapesca, sólo se da referencia de que serían de 250 millones y para Propesca un total de 117 millones de pesos.1 Para 2016, aún no se cuentan con datos concretos.

En el caso específico del estado de Yucatán, el último registro según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2009,2 estimó que la población dedicada a la actividad pesquera fue de más de 20 mil personas y la cantidad de embarcaciones eran de más de 5 mil 600.

Es importante mencionar, que una de las actividades pesqueras más redituable en Yucatán es la de la especie marina conocida como mero. Y de acuerdo a las cifras oficiales, en la época de veda del mero en Yucatán, el registro de volumen que se deja de capturar, es de un promedio de 729 toneladas; principalmente, ejemplares grandes en actividad reproductiva, que se reflejan en el incremento futuro de los volúmenes de captura y la permanencia de esta importante actividad económica.3

Como sabemos, la veda del mero en Yucatán en años pasados era del 15 de febrero al 15 de marzo; ahora, para este año la veda del mero será de dos meses, del 1 de febrero al 30 de marzo, como lo señala el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2015; por lo que estamos hablando de más de 1 mil 450 toneladas de esta especie que se dejarán de pescar.

Al respecto, los pescadores yucatecos están preocupados porque es una cantidad considerable los que en esa época se quedan sin empleo, y aunque la federación ha intentado contribuir en su economía, aún no son suficiente los recursos para poder contrarrestar esta situación.

Además, debemos recordar que no solamente la veda del mero es la única que Yucatán tiene al año; le acompañan otras tres vedas que a continuación se describen:

Aunado a las vedas, es que desde diciembre de 2015 a la fecha, los pescadores no han podido ahorrar para enfrentar la veda .del mero a causa de los nortes recurrentes que han afectado las zonas pesqueras, los cuales evitan la actividad pesquera.

Dichos nortes se esperaban en diciembre de 2015 y están sucediendo ahora en enero de 2016, por lo que los pescadores yucatecos no están trabajando y no han podido ahorrar para la veda del mero que se inicia el 1 de febrero y termina el 31 de marzo.

Lo peor que podría pasar es que la veda del mero se extienda hasta tres meses por los constantes nortes. Tengo noticias que son aproximadamente 200 embarcaciones fondeadas al norte y oriente de la localidad de Progreso, Yucatán, en espera de que amaine el mal tiempo para reanudar la captura de mero y negrillo, que tiene buen precio y demanda en el mercado extranjero.

Aunque en Yucatán se aplica el Programa de Empleo Temporal (PET) y el Programa de Apoyo a Pescadores por parte del estado, que según cifras oficiales, en 2013 benefició a 12 mil pescadores, y que el apoyo fue de 300 pesos y una despensa, no alcanzan a cubrir al número total de pescadores necesitados en referencia a los 20 mil pescadores que el Inegi nos da cuenta que existen al 2010; lo más probable es que ese número haya aumentado, sin embargo, estamos hablando de alrededor 8 mil pescadores que no se beneficiaron de estos apoyos.

En el mismo sentido, hay otros problemas de gran relevancia, a los que se enfrentan los pescadores de esta Entidad Federativa; algunos de ellos son:

• Embarcaciones en malas condiciones, así como también obsoletas.

• Falta de apoyos para poder renovar y/o actualizar la flota pesquera.

• Falta de capacitación para la explotación de otras especies, cuando existe temporadas de veda pesquera.

• Poca o nula capacitación, para la explotación pesquera mediante el uso de sistemas controlados.

• Trámites burocráticos engorrosos para los pescadores, así como también tardados a la hora de recibir respuesta alguna.

• Poco apoyo económico al sector pesquero y acuícola.

Se debe reconocer, que algunos de estos problemas se han considerado y se han buscado solucionarlos con la aplicación de los programas de apoyo de la Sagarpa y la Conapesca; sin embargo, son problemas constantes que deben ser atendidos de manera directa, cuestión que muchas veces rebasa la capacidad de respuesta de los programas que se otorgan, porque la solución de los mismos deben ser de manera inmediata y por decisión de un organismo especializado en ello, que cuente con las herramientas y métodos institucionales, personal capacitado y presupuesto necesario para hacer frente a estas problemáticas del sector pesquero.

Al respecto, es importante contar con un organismo que genere acciones institucionales que enfrenten toda la gama de necesidades que el sector pesquero merece en Yucatán. Hoy en día, no existe tal institución a nivel estado, no existe una Secretaría dedicada a los asuntos pesqueros como sí existen en otras entidades federativas como lo son: Baja California (Secretaría de Pesca y Acuacultura); Baja California Sur (Secretaría de Pesca y Acuacultura); Sinaloa (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Sonora (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura), Veracruz (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca), Nayarit (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca), Tabasco (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero), entre otros.

Sin lugar a dudas, estas entidades federativas, al contar con una dependencia que se dedica al tema de la pesca de manera directa, han avanzado en este sector de manera considerable, lo podemos ver en las últimas estadísticas registradas de Conapesca de 2013:4

Pesca por entidad federativa, los 5 primeros lugares:

Como notamos, los estados que están en la mayoría de la actividad pesquera en nuestro país lo ocupan: Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Sonora, Nayarit y Tabasco.

En el caso específico del estado de Yucatán, es una de las entidades que figura en dos primeros lugares a nivel nacional y es en el rubro de la pesca del mero y pulpo. En la pesca de langosta, Yucatán ocupa el cuarto lugar; en la pesca del robalo, séptimo lugar; y en el de guachinango, el noveno lugar. En todas los demás rubros especificados no tiene una actividad pesquera importante o simplemente no figura en algunas de ellas.

Por tales razones y en virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al gobernador del estado de Yucatán, a incrementar los recursos destinados a los pescadores yucatecos por motivo de la veda del mero y de las demás vedas pesqueras en 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, informe a esta soberanía sobre los recursos otorgados a los pescadores en 2015 por entidad federativa y por programa, así como entregar un informe del padrón de beneficiarios en ese año.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán a considerar la creación de una Secretaría de Pesca que cuente con las herramientas y métodos institucionales, personal capacitado y presupuesto necesario, para hacer frente a los problemas pesqueros del estado.

Notas

1 http://sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/201S B389.aspx

2 El Sector Alimentario en México, 2010: Serie de estadísticas sectoriales. Inegi, México, 2010. Dicho documento puede ser consultado en la siguiente página electrónica:
http://www.inegi_org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/SAM/2010/sam2010.pdf

3 http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletines/Paginas/201503 B057.aspx, consultado el 14 de enero de 2016.

4 Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Este documento puede revisarse en la siguiente página electrónica:
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/estadísticas_de_produccion_pesquera, consultado 18 de enero de 2016.

Senado de la República, a 20 de enero de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJEM y la Profepa a conducirse conforme a derecho en torno de las demandas interpuestas contra las personas dedicadas a la tala ilegal y a procurar la salvaguarda de los bosques del estado de México, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, la cual, en gran parte, depende de los bosques y selvas. Desafortunadamente, la deforestación que enfrentan estas zonas “rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global.”1 La deforestación causada por la tala inmoderada afecta la capacidad de los bosques para recargar los acuíferos de la zona, incrementa la erosión del suelo y pone en riesgo la riqueza biológica que albergan.

En México, una de las principales causas de deforestación es la tala ilegal. Al respecto, la organización Greenpeace estima que el 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.

En el estado de México, este problema se ha agudizado, por ello, organizaciones y personas defensoras del medio ambiente han advertido desde hace varios años a las dependencias federales y estatales, de esta problemática, pero la respuesta había sido nula.

En la entidad mexiquense, existen varias zonas boscosas afectadas por la tala de árboles, entre las que destacan: Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Cuenca Hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Nevado de Toluca.”2 De igual forma, están siendo talados los bosques de San Juan Atzingo que forman parte del Gran Bosque de Agua, así como zonas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Ante la problemática, ha sido señalado que desde 1998, grupos de taladores han deforestado al menos 250 hectáreas y han degradado muchas más dentro de esta área natural protegida (ANP).

De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del año 2004, cuatro de las 15 zonas del país en las que se presenta el 60% de la tala clandestina, se encuentran dentro del Gran Bosque de Agua: Lagunas de Zempoala, Corredor biológico Chichinautzin- Sierra del Ajusco, Desierto de los Leones- la Marquesa y los Dinamos.

Por la importancia del tema, en marzo de 2005 se organizó una expedición conjunta con miembros de la comunidad indígena de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan en el Estado de México, propietarios de las tierras afectadas, y Greenpeace. En esta expedición se recorrieron zonas afectadas por los impactos de la tala ilegal y la sobreexplotación de agua dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Entre las personas defensoras de los bosques, Ildefonso Zamora ha destacado por encabezar varias denuncias de tala ilegal en su comunidad que es San Juan Atzingo. Él junto a su familia, incluido su hijo Aldo Zamora y otros defensores, denunciaron a los talamontes que operaban en Atzingo y que hasta el 2007 habían ocasionado la deforestación de varias hectáreas de bosques dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Frente a esta situación, el grupo de defensores escribía a cada gobernador del Estado de México para que tomara cartas en el asunto de la tala ilegal, entre ellos, Enrique Peña Nieto, pero nadie atendió las denuncias.

En diciembre de 2005, Ildefonso Zamora, en su carácter de Presidente de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Juan Atzingo, y otros comuneros, presentaron una denuncia penal acompañada de videos y fotos que mostraban a los talamontes en flagrancia. Por esto, en noviembre de 2006 el Ministerio Público solicitó 57 órdenes de aprehensión contra taladores, mismas que fueron denegadas por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, Gerardo Eduardo García Anzures, bajo el argumento de que no había elementos constitutivos de delito.

De manera paralela a este proceso, el 26 de abril de 2006, mediante documentación proporcionada por comuneros de San Juan Atzingo, Greenpeace denunció ante la Profepa que bandas de talamontes estaban acabando con los bosques de esa comunidad, exigiendo actuar de manera urgente para detener esta situación.

La lucha de los comuneros no paraba pese a las amenazas, hostigamientos y ataques contra ellos por la denuncia de los talamontes, y el 15 de mayo de 2007 Greenpeace presentó una Averiguación Previa ante la Procuraduría General de la República (PGR) quedando registrada bajo el número de A.P 82/UEIDAPLE/DA/22/2007 por la ilegal tala de recursos forestales maderables en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y Huitzilac, Morelos.

Desafortunadamente, ese mismo día, Aldo Zamora, hijo de Ildefonso Zamora y campesino defensor de los bosques, fue asesinado por talamontes; su hermano, Misael Zamora, resultó lesionado.

A raíz del crimen, y ante una serie de amenazas de muerte contra Idelfonso Zamora por señalar a los talamontes que operaban en la sierra de Zempoala como responsables del asesinato de su hijo Aldo, las autoridades mexiquenses fueron obligadas a brindarle seguridad personal a él y a su familia día y noche.

Después de dos meses y medio del asesinato de Aldo Zamora Gómez, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que dos de los homicidas, Fernando y Silvestre Jacinto Medina, habían sido detenidos en las inmediaciones del municipio mexiquense de Ocuilan.

Ante este hecho, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Greenpeace llamaron a las autoridades locales a garantizar la integridad física de la familia Zamora Baldomero, pues con estas detenciones se incrementaba el nivel de riesgo y la probabilidad de represalias y de hostilidad hacia los comuneros de San Juan Atzingo, en particular hacia Ildefonso y Misael Zamora.

Sin embargo, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, plenamente identificados como los asesinos materiales, continúan prófugos desde el mes de mayo de 2007. Lo anterior es sumamente preocupante debido a que también están identificados como miembros de una de las principales bandas de taladores clandestinos que opera en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y sus linderos.

El 12 de julio de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón hizo un compromiso público de que haría justicia en el caso. Meses después, el 7 de enero de 2008, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y que por lo tanto, el Presidente de la República no estaba facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo.

Pese a todo, la labor de defensa de Ildefonso Zamora y de su familia, no cesó. Sin embargo, a casi nueve años del asesinato de Aldo Zamora, sin notificación alguna, se inició un proceso contra Ildefonso por robo con violencia a casa habitación. Sin orden de aprehensión Ildefonso fue detenido y encerrado en la misma prisión en la que se encontraban los asesinos de su hijo, por lo que el defensor temía por su vida. No obstante, se realizó gran presión de denuncia de esta situación y los asesinos de Aldo, fueron transferidos, pero el temor de represalias contra él continúa.

Las condiciones de Ildefonso son delicadas dado que padece diabetes y tiene una herida en el dedo pulgar derecho que no le ha sanado adecuadamente, además de no recibir una adecuada alimentación y atención médica, junto con la falta de condiciones de higiene que hace indispensable que se garantice su seguridad incluyendo la física y emocional.

La labor de Ildefonso ha sido ampliamente por su comunidad, a tal grado que llegó a ser regidor de Ocuilan. Al día de hoy, se encuentra privado injustamente de su libertad en el Penal de Tenancingo, estado de México. Durante su detención, se trasgredió en forma grave el derecho fundamental a una adecuada defensa, por lo que el procedimiento está viciado.

En este sentido, debe recordarse la implementación del nuevo sistema de justicia penal que implica la observancia de los principios y lineamientos constitucionales desde la primera etapa de investigación, de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Aunado a esta injusticia tampoco podemos obviar los daños que la tala ilegal ha ocasionado a nuestros bosques. Los daños son abrumadores.

El Gran Bosque de Agua alberga 2 por ciento de la biodiversidad del mundo, brinda tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y abastece de este líquido a los ríos Lerma y Balsas.

Sin embargo, la tala ilegal y el crecimiento urbano, entre otras actividades, están ocasionando que este bosque desaparezca a un ritmo de nueve campos de fútbol por día. Además, de acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada año se pierden 2,400 hectáreas de este bosque, lo que puede llevar a su total desaparición en los próximos 50 años.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a través del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con Residencia en Toluca, estado de México, para que se siga el debido proceso en torno a las acusaciones que se le atribuyen al ciudadano Ildefonso Zamora Baldomero, respetando y enalteciendo la visión de derechos humanos, así como que se le conceda la libertad bajo caución en tanto se siguen las investigaciones en torno a la demanda de amparo interpuesta.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta en total apego y respeto del ámbito de su competencia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que vigile y salvaguarde los bosques del estado de México y, en su caso, sancione conforme a derecho a todas aquellas personas dedicadas a la tala ilegal.

Notas

1 Greenpeace. “La deforestación y sus causas”. Consultado el 15 de enero de 2016 en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/La-deforestacion-y -sus-causas/

2 Kaleydoscopio. “Lucha contra tala ilegal de árboles en Estado de México”. Consultado el 15 de enero de 2016 en: kaleydoscopio.mx/index.php/archiveros/el-dato/item/3181-lucha-contra-ta la-ilegal-de-arboles-en-estado-de-mexico

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 19 de enero de 2016

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Felipe Reyes Álvarez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las administraciones locales a continuar o, en su caso, iniciar los ejercicios de gobierno abierto, en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 32 gobiernos de las entidades federativas a que continúen o, en su caso, inicien con los ejercicios de gobierno abierto con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas con base en los principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto, bajo las siguientes

Consideraciones

En septiembre de 2011 Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania firmaron la Declaración para el Gobierno Abierto.

Al día de hoy son 65 países que han suscrito esta declaración y se han comprometido con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y buen gobierno.

De esta declaración nació la Alianza para el Gobierno Abierto que es una iniciativa multilateral y esfuerzo global que tiene como objetivos promover de manera conjunta con los gobiernos y la sociedad civil mecanismos y políticas que garanticen los siguientes principios:

• Transparencia;

• Rendición de cuentas;

• Participación ciudadana en los asuntos públicos;

• Combate a la corrupción; e

• Innovación y tecnología para fortalecer la gobernanza.

La Alianza para el Gobierno Abierto en México se ha convertido es un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la sociedad civil, permite que el gobierno asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas.

En este sentido, Gobierno Abierto significa impulsar un nuevo modelo de gobernanza, que requiere de un proceso de compromiso, colaboración y corresponsabilidad permanente y sostenible por parte del gobierno y todos los sectores de la sociedad.1

Al respecto el gobierno federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en conjunto con la sociedad civil representada por Artículo 19, Cidac, Social TIC, Cultura Ecológica AC, Fundar, Gesoc, Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, entre otras, han participado en la construcción del plan de acción que contiene los objetivos del gobierno abierto, donde se busca que todas las voces de la sociedad sean escuchadas, tal y como lo ha referido en diversas ocasiones el presidente Enrique Peña Nieto.

En octubre de 2013, México e Indonesia fueron designados para llevar la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto; durante esta gestión se impulsaron dentro del Plan de Acción 2013-2015 cinco grandes objetivos para promover la transparencia y la rendición de cuentas, y consolidar un México Abierto. Estos objetivos fueron:

• Gobierno centrado en los ciudadanos

• Presupuesto abierto y participativo

• Datos abiertos para el desarrollo

• Empoderamiento y participación ciudadana

• Cambio climático y gobernanza de recursos naturales.

En 2014 el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y fijó tres ejes de acción:

• Llevar los principios del Gobierno Abierto a la práctica, a herramientas operativas que permitan un desarrollo incluyente.

• Consolidar el concepto de Gobierno Abierto mediante una alianza más sólida y amplia entre sociedades y gobiernos, basada en la confianza.

• Hacer de la alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas.2

Cabe señalar que durante esta gestión se lograron alcanzar diversos avances a nivel internacional en materia de Gobierno Abierto, tales como: el consenso de la Carta Internacional de Datos Abiertos; la adopción de la Declaración de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030; la creación de alianzas estratégicas con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); la creación de redes para promover el intercambio de experiencias exitosas con la OEA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Nueva York y la iniciativa del Banco de México conocida como Alianza Global para la Auditoría Social.

En el ámbito nacional el presidente Enrique Peña Nieto destacó que para dar cumplimiento al Plan de Acción 2013-2015, se desarrollaron las siguientes acciones:

• La Red México Abierto, que consiste en una plataforma para compartir aprendizajes y apoyar iniciativas en materia de datos abiertos con gobiernos locales y actores sociales de todo el país;

• La Alianza para el Parlamento Abierto, que fomenta los principios del Gobierno Abierto en el ámbito legislativo; y

• La evaluación de las políticas de Gobierno Abierto en México, en colaboración con la OCDE.

Lo anterior se fortalece con la reforma constitucional en materia de transparencia que tiene como resultado el Sistema Nacional de Transparencia integrado por un órgano federal y 32 órganos locales todos con autonomía para asegurar el acceso a la información pública, la protección de datos personales y propiciar la rendición de cuentas.

Bajo este contexto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mencionó que a “partir de enero de 2015, mes en el que fue lanzada la convocatoria del proyecto Gobierno Abierto Co Creación desde lo local, se han sumado 13 entidades del país: Oaxaca, Durango, Morelos, Veracruz, Baja California, Puebla, Coahuila, Tlaxcala, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, cuyos representantes de distintos sectores, firmaron la declaratoria conjunta para el despliegue de acciones de Gobierno Abierto”.3

Por lo que instó a las demás entidades federativas se adhieran a los ejercicios locales de Gobierno Abierto “con el objetivo de empoderar a la ciudadanía y consolidar un modelo de gobernanza más humano, incluyente y receptivo de las necesidades sociales más sensibles”.4

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está a favor de impulsar y desarrollar los principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto, prueba de ello es el gobierno de Chiapas, donde en el primer trimestre de 2016 se instalará el secretariado técnico local.

Por ello, es necesario que las 13 entidades federativas que han iniciado con los procesos de Gobierno Abierto continúen en esa ruta, mientras que las 19 restantes que no han iniciado lo hagan a la brevedad, para que en ambos casos implementen mecanismos de Gobierno Abierto replicando las mejores prácticas internacionales y nacionales.

Esto reflejará una mejor relación entre los servidores públicos y la ciudadanía; transparentará el ejercicio de los recursos públicos y los procedimientos de licitación de cualquier índole; se avanzará en educación y cultura en materia de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas; se incentivará la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Lo anterior permitirá con el apoyo de las nuevas tecnologías un acceso a la información pública más eficaz y eficiente que permita mayor certeza, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo en la implementación del Gobierno Abierto.

Estas buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas fomentan la inclusión social, el crecimiento económico y mejora la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Es un hecho que el Gobierno Abierto es un instrumento moderno, democrático, plural e innovador que permite a los ciudadanos estar informados con mayor precisión de las actividades, gasto e inversión de los recursos públicos que realizan las autoridades. Esto sin duda traerá un combate frontal contra la corrupción.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 gobiernos de las entidades federativas a que continúen o, en su caso, inicien con los ejercicios de Gobierno Abierto con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas con base en los principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Notas

1 http://www.pa2015.mx/Alianza para el Gobierno Abierto Plan de Acción 2013 — 2015 México.

2 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-de-mexico-es-un-gobierno-abierto-que-fomenta-
cada-dia-mas-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas-enrique-pena-nieto

3 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-004-16.pdf

4 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrita por la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, 153 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea lo siguiente:

Consideraciones

En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Estados miembros han reconocido dos grandes grupos de derechos: los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, ambos definidos en sendos pactos internacionales suscritos el 16 de diciembre de 1966.

Después de su proceso de ratificación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 3 de enero de 1976. Nuestro país, ratificó ambos pactos el 23 de marzo de 1981, cinco años después.

En los últimos 30 años, en los países que, como México, se han aplicado políticas neoliberales, los derechos sociales –educación, trabajo, salud, vivienda, seguridad social– han sido objeto de ataques y restricciones crecientes. La constitucionalización de esos derechos y las políticas de bienestar constituían la conquista más importante de la civilización jurídica y política del siglo pasado, pero entró en un franco retroceso.

Las regresiones neoliberales en materia social, fueron apoyadas por prejuicios de la cultura política y jurídica predominante, que ha asumido que los derechos sociales no son estrictamente normas jurídicas, pues, por un lado, contienen aspiraciones sociales que, asumen, no son necesariamente realizables, y por otro, su estructura normativa impide su ejecución. Más que prohibiciones de lesión, se cree, les corresponden obligaciones de prestación positiva, cuya satisfacción no consiste en un no hacer sino en hacer, lo que –se insiste desde hace décadas– no es formalizable ni universalizable. Por eso, su violación no implica actos o comportamientos sancionables sino simples omisiones, que no pueden ser coercibles ni justiciables.

Dogmáticamente, se piensa que la naturaleza jurídica de los derechos de igualdad se basa en expectativas positivas, que corresponde al Estado proveer con financiamiento público, y éste nunca será suficiente para hacerlas realidad. En cambio, se contrapone, los derechos individuales consisten en expectativas negativas, es decir, que el Estado se abstenga de interferir en la vida de los ciudadanos, lo cual no cuesta nada.

En realidad, no es cierta esta estructura de derechos individuales/derechos sociales que se ha asumido, como analiza Ferrajoli.1 Los derechos a la salud, a la protección del medio ambiente o a la educación, como los derechos individuales, implican prohibiciones de lesión de los bienes que constituyen su objeto. Y los derechos civiles y políticos –desde la libertad de expresión hasta el derecho al voto– requieren no sólo prohibiciones de interferencia o de impedimentos, sino obligaciones del Estado para proveer las numerosas y complejas condiciones institucionales de su ejercicio.

Por eso, tanto los derechos sociales como los derechos individuales son derechos aplicables y justiciables, es decir, sancionables o al menos reparables. La prestación que constituye su objeto puede ser exigible en juicio en la mayor parte de los casos. Y la abstención de actuación, también se puede garantizar y en su caso, reclamar jurisdiccionalmente, como la contaminación atmosférica, que viola el derecho a la salud; o el despido injustificado, que viola el derecho al trabajo; o la discriminación por razones de género, que viola el derecho a la igualdad de géneros.

Ferrajoli cuestiona que “las garantías jurisdiccionales operables ante una omisión (que es la forma en que se manifiesta frecuentemente la violación de un derecho social) sean necesariamente menos eficaces que aquellas previstas ante una comisión (en la que generalmente consiste la violación de un derecho de libertad). Es más, tal tesis podría invertirse. ‘Lo que ya se ha hecho o puede deshacerse’ escribió Platón. La violación de un derecho de libertad o, peor aún, de la integridad personal o del derecho a la vida puede ser sancionada, pero ciertamente no anulada. Por el contrario, la violación por incumplimiento de un derecho social bien puede ser reparada con su ejecución, aunque sea tardía. Bajo este aspecto, las garantías jurisdiccionales de un derecho social pueden ser aún más efectivas que las de un derecho de libertad”.2

En el mismo sentido teórico jurídico, académicos como Abramovich y Courtis se han dedicado en los últimos años a demostrar la aplicabilidad de los derechos sociales.3 Analizan la gran cantidad de obstáculos que se aducen ante la posibilidad de actuación de las garantías sociales: la indeterminación de la prestación debida, la resistencia del Poder Judicial a resolver cuestiones de apariencia típicamente política, la ausencia de mecanismos jurisdiccionales adecuados, la falta de una tradición cultural en orden a la justiciabilidad. Se trata, como muestran los autores, no de obstáculos teóricos, sino puramente contingentes, que podrían ser superados mediante una legislación mucho más adecuada de actuación de los principios constitucionales y que tendencialmente se dirigen a ser superados en la experiencia práctica de las distintas jurisdicciones.

Contra otro tipo de impedimentos que se aducen a la aplicación de los derechos sociales, como los argumentos que subrayan los conflictos entre derechos, Abramovich y Courtis muestran las frecuentes sinergias entre éstos, en virtud de las cuales no se contraponen, sino que se conectan, en el sentido de que la tutela de uno significa necesariamente la del otro.

Para Ferrajoli, la ausencia de aplicación de los derechos sociales deriva, además de estos prejuicios teóricos, de la ausencia de garantías, que entiende como legislación secundaria que indique procedimientos de las instituciones del Estado y otorgue certidumbre a los ciudadanos en la aplicación de los derechos sociales. Anota que la tradición jurídica liberal, que suele negar la tutela de estos derechos, ha impedido el desarrollo de un garantismo social, equiparable al garantismo liberal, dispuesto para los derechos de propiedad y de libertad.

Las garantías jurídicas que permiten desde hace siglos la realización de los derechos individuales son abundantes. Constituyen la principal función de las instituciones políticas judiciales, de seguridad, de defensa en nuestras sociedades modernas. El ejercicio de derechos como el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a casarse, el derecho de asociación, el derecho de elegir y ser elegido, suponen la existencia y actuación de institucionales del Estado (desde la formulación de leyes específicas, hasta la instalación y mantenimiento de tribunales, registros, órganos electorales, financiamiento de partidos políticos, etcétera) Incluso los derechos que implican que el Estado se abstenga de interferir en la libertad de los particulares –como la prohibición de detención arbitraria, la prohibición del establecimiento de censura previa a la prensa, o la prohibición de violar la correspondencia y los papeles privados–, conllevan una intensa actividad estatal destinada a que otros particulares no interfieran esa libertad y al restablecimiento de la libertad o la reparación del perjuicio una vez producida una interferencia indebida, de modo que su ejercicio requiere la creación y sostenimiento de policía, seguridad, defensa y justicia por parte del Estado.

Es decir, el ejercicio de estos derechos individuales implica obligaciones positivas caracterizadas por la erogación de recursos, y no la mera abstención del Estado. El ejercicio del derecho de propiedad, igualmente, requiere la organización de distintos servicios públicos: en la justicia civil y penal, la tarea policial, los registros especiales, los servicios de catastro, el establecimiento y control de zonificación y uso de suelo, etcétera.

En síntesis, como señalan Abramovich y Curtis, la estructura de los derechos civiles y políticos puede ser caracterizada como un complejo de obligaciones negativas y positivas de parte del Estado: obligación de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, para garantizar el goce de la autonomía individual e impedir su afectación por otros particulares. Dada la coincidencia histórica de esta serie de funciones positivas con la definición del Estado liberal moderno, la característica de los derechos civiles y políticos tiende a naturalizar esta actividad estatal, y a poner énfasis sobre los límites de su actuación.

Sin embargo, ciertamente, hay diferencias en el grado de intervención del Estado que se requiere para ejercer los distintos derechos. Para los derechos sociales, la prestación estatal representa la sustancia, el núcleo, el contenido esencial derecho. En el caso del derecho a la salud o a la educación gratuitas, la intervención estatal tiene lugar todas y cada una de las veces que es ejercitado, y la inexistencia de prestación estatal supone automáticamente la denegación del derecho.

Algunos autores hablan de cuatro niveles de obligaciones del Estado frente a los derechos: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no interferir, obstaculizar o impedir el acceso, el goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.

Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Todos los derechos requieren, en distintos grados, los cuatro niveles de obligaciones.4

Otra de las principales objeciones que se aducen a la aplicación de los derechos sociales es la disponibilidad de recursos. Son tantas las necesidades y tan numerosa la población pobre de países como México que nunca será posible satisfacerlas.

Se ha comprobado que eso no es cierto. Prestaciones sociales universales que se acusaron de imposibles son realidad en muchos países, como la educación gratuita hasta el nivel superior o los servicios de salud para la población en su totalidad. Y, si no hubiera recursos suficientes de un Estado para garantizar un derecho determinado, se pueden ir aplicando gradualmente, como dicta uno de los principios de aplicación de los derechos humanos que ya han quedado establecidos en el artículo 1o. de la Constitución mexicana, llamado principio de progresividad. Se puede ampliar un derecho humano no restringir.

En la evolución del derecho humanista internacional, se han ido generando distintos tipos de instrumentos dirigidos a pasar de derechos declarativos a derechos efectivos. Así, se han aprobado convenciones y protocolos de aplicación sobre derechos o grupos de derechos determinados, que siguen el paso de la normatividad internacional, como la firma de los Estados y la ratificación de los instrumentos. Además, se han generado niveles de compromiso para que los Estados determinen el grado de intervención internacional en el procedimiento al que se someten, como las comunicaciones individuales o la investigación.

El principal instrumento de aplicación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es su Protocolo Facultativo. Fue adoptado en 1966 y entró en vigor en 1976. Básicamente, reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto, siempre que hayan agotado todos los recursos internos disponibles. Se trata de una función vigilante que permite realizar recomendaciones a las autoridades que violan un derecho individual.

En 1989 se adoptó un Segundo Protocolo facultativo de este Pacto, dirigido a abolir la pena de muerte en los Estados miembros.

En el caso de la protección de los derechos sociales, no hubo durante mucho tiempo ningún instrumento dirigido a verificar su cumplimiento. Hasta 2008 se logró la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, 32 años después que el instrumento que protege los derechos individuales.

La adopción de este instrumento representa un parteaguas en la interpretación de la naturaleza jurídica de los derechos sociales, porque implica el rechazo de la comunidad internacional a la distinción entre derechos individuales y derechos sociales. Los derechos económicos, sociales y culturales cuentan con la misma jerarquía que los derechos civiles y políticos y son igualmente exigibles y justiciables.

Se materializa al fin la determinación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 en el sentido de que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” y que “la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.

De problemas sociales y políticos –interpretables de administración a administración– la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la contaminación, entre otros, pasan ahora a convertirse en deberes jurídicos que los Estados deben abatir para hacer realidad el ejercicio de derechos sociales.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituye un mecanismo internacional de atención de quejas y, a la vez, un dispositivo para mejorar la protección de los derechos sociales en el ámbito nacional. Permitirá el avance en la definición del contenido y alcance de cada uno de los derechos y obligaciones contenidos en el Pacto y generará doctrina interpretativa de estos derechos para los tribunales nacionales, generando su efectividad local.

A diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el deber de los Estados de adoptar “las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto”,5 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados Partes se obligan a “adoptar medidas (...) especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.6

Los conceptos de “hasta el máximo de los recursos de que disponga” y “progresivamente” han sido, en ocasiones, mal utilizados por los Estados como argumentos para eludir sus compromisos internacionales en la materia y para reducir la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por eso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Observación General número 3 sobre las obligaciones de los Estados Partes del Pacto, en la cual se reconoce que las disposiciones sobre el máximo de recursos disponibles y progresividad, presuponen la necesidad de que los Estados dispongan de mecanismos flexibles que sean reflejo de las realidades que se viven en los diferentes países, pero que de ninguna manera debe interpretarse como justificación para despojar a dichas obligaciones de todo contenido concreto, o para interpretar que las disposiciones del PIDESC no tienen un efecto inmediato. Asimismo, subraya que nada justifica la falta de acción expedita, constante y eficaz del Estado.7

El presente punto de acuerdo propone que el Estado mexicano suscriba y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de acelerar el ejercicio de estos derechos entre los mexicanos.

Su firma implica someter al Estado mexicano a un mecanismo sencillo de seguimiento del ejercicio de estos derechos en nuestro territorio. El Protocolo prevé la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones provenientes de personas o grupos de personas de un Estado Parte que aleguen ser víctimas de una violación a cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.

El Estado parte debe aclarar al comité la cuestión e indicar, en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado.8

El Comité puede dirigir al Estado Parte, una solicitud para que adopte las medidas provisionales e investigará el caso, previa determinación de medidas correctivas.

En consecuencia, propongo a esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo y al Senado de la República a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de manera inmediata, con el fin de promover el ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país.

Notas

1 Abramovich, V., y Courtis, Ch. (2004). Los derechos sociales como derechos exigibles. España: Trotta. Prólogo.

2 Ídem.

3 Obra citada y Pisarello, G. (2007). Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. España: Trotta.

4 Abramovich y Courtis, Obra citada, páginas 23-24.

5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, numeral 2. En línea: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

6

7 Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2010) Espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. En línea:

http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Protocolo%20int eriores%20ok.pdf.

8 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Organización de las Naciones Unidas. En línea: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

Referencias

• Abramovich, V., y Courtis, Ch. (2004). Los derechos sociales como derechos exigibles. España: Trotta.

• Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2010) Espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. En línea:

http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Protocolo%20int eriores%20ok.pdf.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Organización de las Naciones Unidas. En línea: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

• Pisarello, G. (2007). Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. España: Trotta.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a fortalecer y ampliar por la Secretaría de Salud y las instancias correspondientes las campañas de información y toma de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La donación y trasplante de órganos constituyen una solución para las enfermedades antes incurables, en muchos casos un trasplante es la única oportunidad de corregir una falla y de conservar la vida.

Cada año, la vida de miles de personas podría salvarse gracias a la cultura de donación de órganos. No obstante, la disponibilidad de órganos y tejidos es escasa o inexistente en algunos casos, ocasionando que la lista de espera aumente día con día. De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, la donación de órganos en nuestro país, es un tema que está en proceso de aceptación cultural. Muy pocas de las personas que mueren se transforman en donantes de órganos y tejidos, por ello la importancia de la información y concientización de la población para eliminar los mitos y tabúes en torno a este tema.

La donación de órganos con fines de trasplante se plantea como un problema de salud pública. México se encuentra por debajo de los índices internacionales, la tasa de donación es de 3.6 por millón de habitantes. Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), al día de hoy existen 20 mil 180 personas que requieren recibir el trasplante de un órgano o tejido, seis de cada 10 esperan recibir un trasplante de riñón; en 2011, 15 mil personas esperaban recibir una donación, lo que significa un aumento superior al 30% en tan solo cuatro años.

México ocupa el lugar número 42 de 84 países en donaciones de órganos, lo cual demuestra que aún falta mucho por hacer en materia de cultura de donación. Gran parte de este problema es la escasa difusión de la donación y trasplante de órganos, así como los mitos que hay en relación al tema. En lo que va del año se han reportado 110 trasplantes de órganos o tejidos, de los cuales 58 han sido de córnea, 44 de riñón y 8 de hígado, según datos del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT).

El aumento de la tasa de donaciones de órganos y tejidos en México debe ser una prioridad para nuestro sistema de salud. Para ello, es necesario la participación de las diferentes instancias y órdenes de gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil, para de informar y concientizar a la población sobre la importancia de la donación.

En esta tarea, una herramienta de gran importancia para el Estado es el uso de sus tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, cuya administración se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobernación. Los tiempos oficiales son espacios con que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la población.

Los tiempos de Estado tienen fundamento legal en el Artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual establece que “Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

El tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal, que deben realizar las empresas de radio y televisión que operan al amparo de concesiones (estaciones comerciales), por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señales. Su fundamento está establecido en el Decreto Presidencial del 10 de octubre de 2002. En este tiempo se transmiten mensajes con duración de 20 o 30 segundos de los diversos organismos federales del Estado Mexicano.

A través de una campaña de elaboración de spots en favor de la donación de órganos, en los diferentes medios de comunicación durante los tiempos oficiales del Estado, se podría crear en la población una mayor conciencia sobre el problema, así como para despejar cualquier duda sobre aspectos legales, administrativos, criterios y lineamientos para la donación, entre otras.

De acuerdo con investigaciones hechas por el CENATRA, la falta de información entre la población es una de las principales causas de tener una baja tasa de donación de órganos. Las personas, por ejemplo, no identifican de manera espontánea una institución responsable de la donación de órganos, también se registran bajos niveles de conocimiento sobre la donación de órganos en México respecto a los trámites y procedimientos a seguir en caso de querer donar los órganos, requerir un trasplante y/o formalizar la decisión de donar.

Una gran cantidad de las personas entrevistadas en dicha investigación, consideran que la publicidad sobre el tema de la donación de órganos es escasa y la que hay es esporádica y carente de información detallada. En la mayoría de los casos, la información reconocida por las personas entrevistadas proviene de la televisión y de anuncios en el trasporte público. Entre las conclusiones obtenidas, se destaca que el principal problema de la falta de una cultura de la donación radica en la falta de difusión de información.

Asimismo, existe una fuerte resistencia para hablar del tema de donación de órganos entre la población mexicana. Por esta razón, es necesario que las campañas de concientización hacia la sociedad sobre la donación de órganos, resalte principalmente las bondades de esta noble causa, como la solidaridad, el altruismo y la satisfacción de salvar vidas.

Por otro lado, las campañas de concientización e información sobre la donación de órganos deben estar vinculadas también con las instancias encargadas de la educación en todos sus niveles. Este tema, como muchos otros de salud, debe ser considerado como parte de educación para la salud entre la población mexicana. La toma de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos es un proceso de enseñanza que debe comenzar a transmitirse desde la niñez para que en la etapa adulta el individuo tenga plena consciencia de la problemática y su importancia.

El artículo 113 de la Ley General de Salud, establece en relación con la educación para la salud que “la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Actualmente, España es el país que lidera la lista con 39.7 donantes por millón de población y un total de 4 mil 769 pacientes trasplantados en 2015, superando con más de 20 puntos la media de la Unión Europea y más de 13 respecto de Estados Unidos.

Según expertos, la clave del modelo español reside en su sistema de coordinadores profesionales de trasplantes, que ya ha sido replicado en otros países como Portugal, Croacia, Bélgica, Italia, Francia y en países de América Latina, región en la que la tasa de trasplantes aumentó 50%, Uruguay y Argentina figuran como líderes en donaciones y trasplantes a nivel regional.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud y las instancias correspondientes, se fortalezcan y amplíen las campañas de información y concientización sobre la importancia de la donación de órganos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a rendir informe sobre el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la utilización de recursos de éste en proyectos sin incidencia directa en proyectos relativos a la reducción de la pobreza, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante de la Comisión Permanente y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que rinda informe acerca del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la utilización de dos mil millones de pesos del antes mencionado fondo en proyectos que no tuvieron incidencia directa en proyectos relativos a la reducción de la pobreza, conforme a los siguientes

Considerandos

Primeramente, es importante señalar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) forma parte del Ramo General 33, Aportaciones Federales y que al igual que el resto de los fondos de dicho ramo, surgió en 1997 con la adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal.

El FAIS se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.5294 por ciento de la recaudación federal participable. Es menester señalar que del total de la recaudación federal participable 0.3066% corresponde al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y 2.2228 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Por su parte, el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, el cual establece que la Secretaría de Desarrollo Social debe publicar los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es importante recordar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 se destinó la cantidad de $58,502,952,951.00 (cincuenta y ocho mil quinientos dos millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Es menester recalcar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es la segunda fuente de ingresos de los municipios y que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, es obligación de la Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Al cierre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social ejerció 58 mil millones de pesos, de los cuales de conformidad con diversas fuentes informativas, dos mil millones fueron ejercidos en proyectos no vinculados a la reducción de la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable comisión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un informe referente a la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante el ejercicio fiscal de 2015, donde se especifique el uso y destino de los recursos en cada entidad federativa y las acciones implementadas en contra de las entidades federativas y, en el caso, municipios, que utilizaron dicho fondo en proyectos no vinculados a la reducción de la pobreza.

Referencias

• Berlanga, R. R. (9 de Septiembre de 2014). SEDESOL . Obtenido de http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/2014_SEDESOL_ Aplicacion_del_fais_abatimiento_de_la_pobreza.pdf

• Diario Oficial de la Federacion . (12/03/2015). Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385137&fecha=12/03/2 015

• Ley de Coordinación Fiscal. (s.f.).

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015

Sedesol. (1 de Septiembre de 2015). Obtenido de http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/FAIS_

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a informar de las medidas por implantar ante una eventual crisis crediticia mundial derivada del frenazo económico de China, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, a partir de las recientes crisis financieras a nivel global, las economías emergentes, están cobrando una gran relevancia en la dinámica mundial. Para la economía a nivel mundial este tipo de economías han ido adquiriendo un papel más relevante dentro del mercado alrededor del mundo.

Estas economías se caracterizan, principalmente, por sus altas tasas de crecimiento, su creciente industrialización, su potencial exportador, el número de población significativa y en constante aumento; pero también por factores de riesgo tales como inestabilidad política, corrupción, entre otros aspectos negativos.

Dentro de este grupo de economías, sin duda, se encuentra nuestro país.

México, como economía emergente tiene importantes oportunidades que no ha podido aprovechar, ya que su crecimiento es menor que el promedio mundial. A pesar de lo que las autoridades presenten cifras halagadoras la economía nacional está estancada.

Todos reconocemos que se requiere promover una política de crecimiento basada en factores como industrialización, innovación y conocimiento para que México logre avanzar en estos temas.

Planes y propuestas existen, sin embargo la implementación está fallando, ya que no logramos, como nación, despuntar como una economía sólida y fuerte.

Sin embargo, datos que pueden generar cierta esperanza para México, es el hecho de que ha sido incluido en el grupo de economías emergentes avanzadas. Lo anterior es muestra de la percepción que se tiene a nivel global del potencial de México.

Según expertos, las características que la han dado a nuestra nación la singularidad de emergente son “su bono poblacional, la capacidad exportadora, la creciente industrialización manufacturera, entre otros aspectos”.

Aunque también señalan, que “ha no ha podido reflejarse en altas tasas de crecimiento para el país, además de que las tasas de crecimiento promedio de la última década han sido mucho menores a las de la mayoría de las economías emergentes e incluso inferiores al promedio mundial”.

En este orden de ideas, sostenemos que México tiene un gran potencial económico, no sólo para considerarse una economía emergente sino para ser una economía de primer orden.

Empero, se ha generado bastante preocupación ante el reciente anuncio del gobernador del Banco de México en relación al frenazo económico de China.

El gobernador del Banco Central expresó su temor de que la situación que atraviesa el país asiático represente un duro golpe para economías como la mexicana.

Esta lamentable situación puede generar una grave crisis crediticia, que deriven en la necesidad de recurrir a intervenciones radicales en los mercados financieros para hacer frente a esta posible crisis.

Preocupante resulta lo señalado por el titular del Banxico acerca de que no observa que los gobiernos de las economías emergentes, tengan el tiempo suficiente para emprender reformas a efecto de acelerar su crecimiento por lo que recomendó a las autoridades políticas de este tipo de economías a explorar la posibilidad de convertirse economías no convencionales, circunstancia que implicaría medidas más radicales.

Ante este escenario es que estoy proponiendo este punto de acuerdo para que la autoridad federal informe sobre las medidas que tomará ante el frenazo económico de China, que nos diga cuáles son los impactos esperados, a la ya tan dañada, economía nacional.

El gobierno federal debe de tomar nota de lo expresado por el Gobernador del Banco de México y comenzar, como ya lo debería estar realizando, la ruta a seguir ante la eventual crisis crediticia a nivel mundial provocada por la situación de China.

Es importante enfatizar que lo señalado por Agustín Carstens fue en un tono contundente acerca de una severa y grave crisis a nivel mundial que tendría fuertes impactos a economías como la nuestra, no habló de un catarrito.

Es por eso que necesitamos saber qué acciones implementará la autoridad competente ante este difícil escenario.

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe las medidas que implementara ante una eventual crisis crediticia a nivel mundial derivada del frenazo económico de China y que se prevé impacte con mayor fuerza a la economía nacional.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Oaxaca y al comisionado nacional de Seguridad a trasladar a los profesores Efraín Picaso Pérez, Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus, actualmente detenidos en el Cefereso número 1, Altiplano, a alguno de los centros de reclusión de ese estado, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputada Araceli Damián González y la diputada Rocío Nahle García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. A través de diversos medios de comunicación, por denuncias de los familiares y abogados de los detenidos y de informes de diversos organismos independientes defensores de los Derechos Humanos hemos conocido en los últimos meses de las ilegalidades y abusos cometidos contra maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, con el pretexto de castigar la violencia que se ha venido registrando en diversos estados de la república, derivada de actos de provocación, combinados con represión por parte de las autoridades estatales y federales, tendientes a inhibir y desacreditar la protesta social por la llamada reforma educativa. Destacando la arbitrariedad de las detenciones y lo absurdo de los cargos con los que se retiene en prisión a los detenidos, casi todos ellos líderes sociales con amplia trayectoria, a quienes se pretende acusar de desmanes que ellos no cometieron o peor aún de delitos inventados o inexistentes, además de que en su mayoría han recibido maltrato de la policía y fueron remitidos al Ministerio Público sin que siquiera mediara una prueba que respaldara las acusaciones que les hicieron policías, acusaciones con las que pretenden justificar su detención.

2. Como es del dominio público, entre el 28 y 29 de octubre de 2015, en una acción concertada, fueron “levantados” de la calle o sacados por la fuerza de sus casas, al estilo delincuencial, los maestros Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los cuales se acusa, por la Procuraduría General de la República, PGR, de supuestos actos vandálicos y daños ocasionados a instalaciones federales durante los últimos meses.

3. Derivado de ello, los cuatro maestros fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, en el estado de México, no obstante de que deberían continuar su proceso en un reclusorio donde ejerza jurisdicción el juzgado responsable de sus causas penales.

4. A pesar de lo que señala la ley el gobierno del estado de Oaxaca ha rechazado reiteradamente el traslado de los detenidos. Pese a que en noviembre del año pasado el Poder Judicial de la federación concedió un amparo a los cuatro maestros para que sigan su proceso penal en reclusorios de Oaxaca, y a pesar de que ese fallo fue reforzado el 16 de diciembre por el juez Quinto de Distrito José Luis Evaristo Villegas es la fecha que no se acata la orden judicial.

5. El argumento con el que el director general de Reinserción Social de Oaxaca, Dr. Heriberto Antonio García, ha desacatado dicha la orden del juez es que “Los centros de internamiento del estado se encuentran a su máxima capacidad”, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos y las garantías individuales de Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.

6. Cabe señalar que todos ellos fueron sometidos a actos de tortura, aislamiento, incomunicación y la negación a una debida defensa en el penal mexiquense. Y que existen irregularidades comprobadas también en sus averiguaciones previas y en sus procesos, que deberán desahogarse con todas las garantías.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador del estado de Oaxaca, licenciado Gabino Cue Monteagudo; al director general de Reinserción Social de Oaxaca, doctor Heriberto Antonio García; y al Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Renato Sales Heredia, para que en el ámbito de sus funciones, acaten de inmediato la resolución judicial federal, se haga el traslado a alguno de los centros de readaptación del estado de Oaxaca y cese la violación los derechos humanos de los detenidos Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputadas: Araceli Damián González, Rocío Nahle García (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del GDF un informe sobre las licitaciones realizadas, los contratos suscritos, y los recursos presupuestarios y humanos asignados para instaurar el programa de fotomultas y el sistema de control de tráfico con Autotraffic, SA de CV, en el periodo 2005-2015, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el 2005, el Gobierno del Distrito Federal y la empresa Autotraffic, SA de CV, suscribieron un contrato por 10 millones 299 mil pesos por 12 sistemas móviles de control de velocidad multiradar, los cuales se instalaron en diversas vialidades primarias de la ciudad.

El objetivo era detectar, fotografiar y notificar a través de una fotomulta a conductores que no respeten el Reglamento de Tránsito y cometan faltas como vuelta prohibida, conducir en sentido contrario o en carriles confinados al Metrobús.

Durante la administración de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Autotraffic, SA de CV, vendió en el año 2007, 8 radares de velocidad para instalarlos en el segundo piso del Periférico y en el 2009 se adquirieron otros 4 para la Avenida Zaragoza, las cuales son vialidades de vital importancia para la ciudad.

No obstante, lejos de contribuir a una mejor cultura vial y a la disminución de los índices de accidentes, el comportamiento que le dio origen continuó observándose, prueba de ello, es que durante el 2013, la Secretaría de Seguridad Pública levantó 1 millón 419 mil 056 multas, de las cuales 554 mil 493 fueron por rebasar el límite de velocidad.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México en el Distrito Federal, los accidentes viales están dentro de las primeras causas de muerte entre los 5 y 29 años de edad. Para dimensionar la problemática, basta mencionar que en la capital ocurre el 8% de los accidentes viales registrados en el país.

Los informes arrojan que la frecuencia de responsabilidad civil es de 6.8% para automóviles particulares y 17.5% en taxis; le sigue los vehículos comerciales con 12.1%, los camiones (clase 4 a 8) con 21.6%, las motocicletas con 10.4% y los autobuses con el 37.1%. Sólo en el año 2014 fallecieron más de 225 personas y se registraron al menos 14 mil 166 accidentes viales.

Lo anterior deja claro que esta estrategia no ha dado los resultados esperados en términos de prevención, este programa que inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador, siguió en la gestión de Marcelo Luis Ebrard Casaubón y se ha intensificado en la de Miguel Ángel Mancera al entrar en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal al instalar cámaras y radares en vialidades como Circuito Bicentenario, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, Viaducto Río de la Piedad, Insurgentes Sur y Ciudad Universitaria, ha sido utilizado más como un mecanismo de recaudación y un negocio para los particulares.

Lamentablemente, desde que comenzó a operar, el sistema de fotomultas ha presentado diversas irregularidades, entre ellas se encuentran que la empresa Autotraffic, SA de CV utiliza vehículos particulares desde los cuales generan infracciones a los automovilistas sin que vayan a exceso de velocidad y el sistema de notificación no es eficiente y oportuno.

Aunado a estas anomalías, recientemente diversos medios de comunicación dieron a conocer que el contrato multianual SSP/BE/S/312/2015, establece levantar una cuota mínima de 5 mil fotomultas al día, es decir, al menos 150 mil cada mes, lo anterior, obliga a la empresa a imponer durante el 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, un mínimo de 4 millones 200 mil multas, con un valor superior a los 149 millones 876 mil pesos, más 16% del IVA correspondiente.

De acuerdo con el contrato, la empresa operadora será acreedora del 45% de cada una de las infracciones. Esto se debe, según el Jefe de Gobierno, a que es la propietaria del equipo para infraccionar, ya que la Administración Capitalina no realizó ninguna inversión para adquirir la tecnología.

Lo anteriormente descrito, demuestra un trato distinto con el de otras entidades en el que se aplica el programa, ya que en el Distrito Federal la empresa cobrará hasta cinco veces más de lo que recibe en estados como Puebla y Jalisco, donde se estableció una ganancia de 100 pesos por cada fotomulta.

Autotraffic ha sido denunciada en diversas ocasiones por presuntos abusos como la manipulación de los equipos de radar y el nulo servicio de mantenimiento preventivo a sus equipos y es que la empresa no es vigilada por ninguna entidad fiscalizadora para prevenir anomalías de esta naturaleza.

Frente a este diagnóstico, los senadores del PRI estamos convencidos de la necesidad de solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe para que dé a conocer las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa durante el periodo 2005-2015, debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado en relación a las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa de Fotomultas y el Sistemas de Control de Tráfico con la empresa Autotraffic, SA de CV, durante el periodo 2005-2015, debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la SCT a instalar una línea telefónica para que los ciudadanos puedan solicitar la recolección de sus televisores analógicos a domicilio, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila de Zaragoza, integrante de la Comisión Permanente y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instalen una línea telefónica a efecto de que los ciudadanos puedan solicitar la recolección de sus televisores analógicos a domicilio, conforme a los siguientes

Considerandos

El 11 de Junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

El 13 de mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (Programa TDT), el cual contiene los objetivos, estrategias, líneas de acción y cronograma para que se realicen las labores necesarias, para lograr la completa conversión tecnológica de señales analógicas a digitales.

Por su parte, es competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordar la terminación de transmisiones analógicas, una vez que ha recibido la notificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre el nivel de penetración alcanzado en cada región, a través de receptores y decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales, en 90 por ciento o más de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Es importante señalar que en cumplimiento con las disposiciones emanadas del Programa TDT, desde 2014 se inició con la entrega de televisores digitales a los hogares inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol.

Se estima que el número de televisiones que se desecharán pudiera rondar aproximadamente 40 millones de aparatos, únicamente en los hogares, de los cuales, hasta diciembre de 2015 se habían recolectado menos de cinco mil.

Algunos componentes de los televisores analógicos contienen materiales tóxicos como plomo, mercurio y cadmio, retardantes de fuego bromados y policloruro de vinilo (PVC), los cuales, si no se manejan adecuadamente, pueden contaminar el medio ambiente y afectar la salud humana.

En México, las prácticas informales de desecho de televisores analógicos (entre las que se encuentran la venta informal, el depósito en basureros, el abandono en vía pública y almacenaje en hogares) aumentan el riesgo de impactos negativos en el medio ambiente y la salud.

Es importante señalar que no se cumplió con la meta para 2015 de televisores analógicos debidamente acopiados y confinados, establecida en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, causando un deterioro en el crecimiento verde incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente;

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instalen una línea telefónica a efecto de que los ciudadanos puedan solicitar la recolección de sus televisores analógicos a domicilio.

Referencias

Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema d e Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.. (14 de julio de 2014). Obtenido de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Comunicaciones/LFTR.pdf

DOF. (11 de Junio de 2013). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2 013

LEY General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (8 de Octubre de 2003). Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir/LGPGIR_orig_08oct03. pdf

Recolectados, menos de 5 mil de 40 millones de televisores analógicos. (18 de Diciembre de 2015). La Jornada, pág. 40.

Semarnat. (2015). Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital. Obtenido de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/Programa_TV_TDT.pdf

SEmarnat. (5 de Enero de 2016). Los Televisores y el apagón analógico. Obtenido de http://www.gob.mx/semarnat/articulos/los-televisores-y-el-apagon-analog ico

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH de Guerrero a analizar y presentar la solicitud de alerta de violencia de género y feminicidio en la entidad, suscrita por la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Guerrero está catalogado como una de las entidades más violentas del país.

De acuerdo con datos de organismos no gubernamentales, tiene el sexto lugar nacional en violencia contra la mujer, que para el caso, no ha habido investigaciones con protocolos adecuados para descartarlos de la relación que pudieran guardar con los casos relacionados con el crimen organizado para quitarle el estigma con que suele darse.

Según la Fundación Bloque de Mujeres al Poder, contabilizó en el año 2015 pasado, 65 feminicidios, mientras que en el año 2014 cerró con 100 casos de asesinatos a mujeres. Este organismo dice que solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado la lista oficial de casos de feminicidios, sin embargo, su solicitud no tuvo respuesta y acusó a la institución de su poca cultura y disposición para la transparencia.

Parece no importar que mujeres aparezcan descuartizadas, calcinadas y desaparecidas, pero lo peor del caso es que se ha violentado, incluso, la integridad física de niñas.

En el mismo tenor se han pronunciado mujeres organizadas en la Alianza de Mujeres por una Maternidad Libre y Segura, quien reporta que cada año son asesinadas más de 100 mujeres, sobre todo jóvenes, quienes son violentadas, ya sea por sus parejas, por casos de odio y por misoginia.

Además, se conoce que la violencia sexual es una realidad que persiste casi de forma generalizada y, que no obstante, las autoridades han minimizado los hechos y sostener que este problema va la baja.

Según datos de la Alianza se dan 1700 casos al año de los cuales las autoridades solo reconocen 380 casos.

El delito de violación muchas veces no es denunciado por miedo y por amenazas del violador, además de lo tortuoso que resultan los trámites, y que por falta de pruebas la mayoría de las veces el violador sale absuelto.

No podemos negar que este problema es de gran relevancia por la magnitud del impacto negativo que genera. Según datos de Naciones Unidas, al año mueren asesinadas por lo menos 2 mil 500 mujeres, y el estado de Guerrero en el año 2012 ocupó el tercer lugar por el delito de feminicidio, un delito que ahora en la entidad está tipificado.

El organismo internacional en mención considera este delito contra las mujeres como “un hecho extremo de violencia” que ocurre tanto en el ámbito privado como público. Son los llamados asesinatos por razón de género por la crueldad con que se producen basado en razones de odio, desprecio, y por las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como por los altos índices de impunidad que los cobija.

De tal forma, que en los últimos años se ha intensificado el llamado para aprobar leyes y desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres, al mismo tiempo, que se busca se garantice la reparación y compensación a las víctimas. En el fondo lo que se busca es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

Es de reconocer, que en el estado de Guerrero, persiste una institucionalidad débil para investigar, perseguir y juzgar el asesinato de mujeres, y no sólo para incidir de forma contundente en la eliminación de la impunidad, sino también para contener y prevenir estos casos aborrecibles que ofenden a la sociedad entera.

Para atender de forma adecuada estos casos, está el reto de consolidar el trabajo de los operadores de justicia con una cultura fundada en principios de igualdad, no discriminación, probidad y plena transparencia de la función de la justicia y con verdadera eficacia para contribuir con la paz social, como bien lo señala, Nadine Gasman, Directora para América Latina y el Caribe de la Campaña del Secretario General de la ONU, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Es de reconocer que ante la violencia contra las mujeres, los sistemas de justicia han respondido de diversas formas, entre estas, por una parte, por la incomprensión de la magnitud de los hechos como consecuencia de los patrones culturales patriarcales y misóginos que prevalecen en prácticamente todos los estratos de la sociedad mexicana, por la excesiva burocratización de los procedimientos legales, las dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibilidad de establecer una caracterización de los responsables, según sean estos miembros del entorno familiar o cercano a las víctimas o pertenezcan a estructuras estatales y/o criminales poderosas, como lo señala el estudio La Regulación del Feminicidio/Feminicidio en América Latina y el Caribe.

Este trabajo de expertos, indica que a las formas convencionales de violencia contra las mujeres, sobre todo las de tipo intrafamiliar y las que se producen en situaciones de conflicto armado, desplazamientos, se han expandido a todas las sociedades e incluso tecnificado y se suman, hoy día, a las nuevas expresiones de violencia contra las mujeres como la trata de personas con fines de esclavitud y explotación sexual, la feminización de la pobreza y el feminicidio vinculado a estos casos.

Como podemos observar, el feminicidio está enganchado con varios factores y delitos, que es necesario combatir con leyes y estrategias de mediano y largo plazo, que inhiba la impunidad social y estatal que se produce alrededor de estos hechos, y este caso, el estado de Guerrero no puede ser la excepción sino la regla.

En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó hace 36 años la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, después (CEDAW). Tal Convención obligó a los Estados a tomar medidas y acciones con objeto de lograr la plena igualdad del hombre y la mujer tanto en la participación en la vida política, social, económica y cultural, acceso a derechos como la alimentación, salud, enseñanza, capacitación, oportunidades de empleo y la satisfacción de necesidades. La CEDAW establece la obligación de los Estados a tomar medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer para garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Otra de las referencias obligadas es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, mejor conocido como Convención de Belém de Pará, un instrumento de gran importancia que establece el derecho de la mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Además, que reconoce que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y “protección de todos los derechos humanos y libertades consagrados por los instrumentos regionales e internacionales”

La Convención de Belén de Pará, firmado y ratificado por el gobierno mexicano, define con precisión la violencia contra la mujer al señalar que es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” Esta violencia puede ser dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, que se comparta con el agresor o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros hechos, como la violación, maltrato, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Asimismo, comprende derechos como la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. En general, se reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Los Estados ante estos hechos abominables contra las mujeres, se obligan a adoptar “medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”, pero lo más destacable es “actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas apropiadas que sean del caso, incluyendo las de tipo legislativo para modificar, abolir leyes y prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, y establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo o resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

Una de estas medidas y acciones que los gobiernos pueden implementar en sus entidades estatales, es la Alerta de Género, que se trata de un conjunto de acciones emergentes deben tomarse para hacer frente a la violencia que cuando se vuelve exacerbada por feminicidios y violación a los derechos de las mujeres, una vez que se determina que existe una situación de violencia que lo amerita para afrontar la problemática más allá de lo que actualmente esté haciendo el sistema estatal institucional, de lo que se trata es potenciar e intensificar el trabajo, sentando bases para una mejor coordinación para asegurar la prevención de esa forma extrema de violencia que vulnera derechos humanos en ámbito público y privado conformado por una serie de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social, y culminar en homicidio o feminicidio.

En la exposición de motivos que reformó los Artículos 23 a 25 y 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se precisa que México, diariamente 6.4 mujeres son asesinadas de manera violenta y 31.8 por ciento de las mujeres han sido víctimas de alguna agresión pública que van desde insultos, intimidaciones, tocamientos, abusos sexuales hasta violaciones.

En este sentido, en Guerrero hace falta hacer la declaratoria de Alerta de Género para asegurar que el gobierno impulse una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un espacio o región determinado, ejercida por individuos o una comunidad.

Debo indicar que en el año 2013 se presentó un Punto de Acuerdo de esta naturaleza que no tuvo respuesta del gobierno del Estado, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar la Alerta de Género como lo indica la Ley en la materia. En las consideraciones se dijo que las tasas de homicidios de mujeres en el estado de Guerrero, “se encuentra por encima de la media nacional”. Según las estadísticas sobre la violencia en el estado de Guerrero (4.6 por cada cien mil mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (9.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6)”

Se detalló que por municipio en Guerrero, considerando el porcentaje de homicidios de mujeres por cada cien mil habitantes, se destaca que San Miguel Totolapan (34.6 por ciento), Apaxtla (30.8 por ciento) y Cuajinicuilapa (22.7 por ciento).

Como antecedentes, sobran casos que han impactado en el estado de Guerrero. Para muestra mencionamos el caso de dos mujeres jóvenes que fueron violadas y asesinadas en el libramiento que comunica a Chilpancingo con la ciudad de Tixtla, Guerrero, en julio de 2012. Las jóvenes fueron lanzadas al precipicio de al menos 100 metros de profundidad en donde fueron rescatados sus cadáveres por personal de protección civil del estado, en el lugar conocido como el Ajusco, por la comunidad de Matlalapa. Se trataba de Maura Natividad Dircio, menor de 17 años y Cecilia Pascual Pérez, de 18 años de edad.

Recientemente en Acapulco, periódicos locales, reportaron que el 12 de septiembre del año pasado, fueron asesinadas 2 mujeres a balazos, una en pleno centro de la ciudad y otra en la colonia Cumbres de Figueroa, cerca del colegio La Salle. Mientras que la madrugada del día 13 de enero del año en curso, fueron asesinadas dos mujeres sin identificar en una cocina económica en la comunidad de Sabana Grande, municipio de Tepecoacuilco, las dos mujeres recibieron el tiro de gracia en la cabeza.

Así, el estado de Guerrero tiene las condiciones objetivas para hacer la declaratoria de Alerta de Violencia de Género y Feminicida , pero ha habido reticencias para aceptar la realidad y consecuentemente para implementar medidas para prevenirla y erradicarla.

El fundamento para implementarla está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los Artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 y en el Reglamento de la Ley, en su Capítulo I De la alerta de violencia de género y violencia feminicida, normado en los Artículos 32, 33, 35,36, 36 Bis, 36 Ter, 37, 38 y 38 Bis.

Estoy plenamente convencida que nada se gana con ocultar la problemática y que es mejor investigar e implementar una política efectiva que haga frente a este tipo de violencia abominable que nos agrede y lastima a todas y a todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta:

Único. Respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero para que tome en cuenta la información relativa a la situación de violencia en contra de las mujeres en la entidad y analice a la brevedad, la necesidad de presentar la solicitud de Alerta de Violencia de Género y Feminicida, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice el proceso de adquisición por Pemex de la empresa Agronitrogenados, SA de CV, en Coatzacoalcos, Veracruz, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Nuestro país, y Pemex particularmente, han sufrido un largo y doloroso proceso de desmantelamiento de sus capacidades productivas.

Bajo las premisas de que resultaba más barato importar que producir en México, una importante cantidad de insumos y productos tanto industriales como del campo, se cerraron importantes fuentes de trabajo y se golpeó profundamente al campo y a la industria, nacionales.

Desde 1983 se inició la descalificación ideológica de las propuestas económicas nacionalistas, alegando un estado obeso, caro e ineficiente, al calor de la crisis con que el lopezportillismo había cerrado su sexenio, donde predominó el endeudamiento y la corrupción. Sin embargo se habían mantenido los rangos históricos de crecimiento económico y los niveles de los salarios eran todavía relativamente mejores a los de las décadas anteriores.

Sin embargo al seno ya de ese gobierno de fines de los setentas ya se empezó a observar una corriente al interior del partido oficial que reivindicaba la eficiencia y la modernización, por sobre las conquistas sociales, se les ubicó como los “tecnócratas”.

De esa corriente surge la candidatura de Miguel de la Madrid y se inicia así el oscuro período de neoliberalismo que se ha caracterizado por el estancamiento económico y la polarización social.

Pero el sexenio que trató ya de desmantelar la estructura productiva heredada de las décadas pasadas fue el salinismo. Así se llegó a crear una Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda con Jacques Rogozinski como su coordinador, para desincorporar indiscriminadamente los activos estatales. Fue en ese oscuro sexenio que se desató un viciado proceso privatizador, que ya se ha calificado por muchos intelectuales como un verdadero proceso de capitalismo salvaje de cuates, donde desde la cabeza del Poder Ejecutivo se redistribuyó el poder económico y político de nuestro país, mediante la venta fraudulenta para la Nación de sus activos en diferentes áreas de la economía a precios de chatarra a favor de familiares y círculos amistosos que reconformaron a gran parte de la actual elite económica mexicana.

Este es el marco que sirve para explicar lo farragoso y oscuro que fue la privatización de Altos Hornos de México a favor de uno de los consentidos del salinismo, la dupla conformada por Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira. Y a favor de ellos mismos y en las mismas fechas se da la privatización de Fertimex. Por ello quisiera citar palabras del entonces reportero de El Universal, Osiel Cruz en el diario del día martes 4 de mayo de 1999:

“...En 1988, AHMSA participaba con 40 por ciento de la producción de acero líquido del país, contaba con una planta laboral de casi 24 mil trabajadores y sus ingresos eran de 2 mil, 517 millones 991 de pesos nominales y exportaciones por 92 millones de dólares.

Ese año su producción de acero líquido alcanzó las 3 millones 83 mil toneladas, y sus pasivos de corto plazo equivalentes al 25% de sus activos, estaban cubiertos con su activo circulante, es decir, no tenía problema de quiebra de haber continuado en manos del gobierno.

Aspe Armella inició el proceso de embellecimiento de la empresa para su venta. Su plantilla de personal se redujo en 1989 en 5 mil 316 sindicalizados y 687 empleados de confianza.

Un movimiento que llama la atención es el realizado el 11 de diciembre de 1990, casi un año antes de su privatización, cuando en asamblea el consejo de administración presidido por Aspe decide disminuir contablemente en 500 millones de dólares el valor de los activos de AHMSA, argumentando la difícil situación que enfrentaba el mercado del acero, revelan sus estados financieros.

Exactamente un año después, en lo que fue la primera de las decisiones adoptadas por Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira como dueños, el 23 de diciembre de 1991 en asamblea de consejo, se decide aumentar contablemente los activos de la empresa en 500 millones de dólares, bajo el argumento de que las reservas creadas para amortizarlos eran excesivas.

No de manera gratuita el propio Alonso Ancira agradeció públicamente a Pedro Aspe el haber adquirido AHMSA, en 1994...” fin de la cita.

Como ven el capitalismo de cuates en toda su extensión.

El mismo Osiel nos recuerda que igualmente “el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ofreció en venta directa al Grupo Acerero del Norte, (que encabezaban ambos personajes) sin licitación alguna y pasando por encima de la Constitución mexicana y la Ley del Servicio Público Eléctrico que reservaban en exclusividad al Estado esta actividad, una planta de generación eléctrica con capacidad de mil 200 Megawatts, y con un contrato de venta de largo plazo a la CFE...

... A Autrey y Ancira, les bastaron siete años para sumir a AHMSA en su peor crisis financiera.

... El vicepresidente de Grupo Acerero del Norte, GAN, Alonso Ancira Elizondo, preparó íntegramente la licitación de la compañía Minera Carbonífera Río Escondido (Micare) y definió las dos ofertas económicas que se presentaron contando con el apoyo del gobierno, el cual le quitó del camino a los competidores de “peligro”.

Una investigación de El Universal evidencia que la compra de Micare era estratégica en los planes de GAN y su socio Mission Energy, de quedarse con la planta carboeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “Carbón II”.

Con la carbonífera, contarían con la fuente de abasto de combustible primario para la generación y el monopolio en el suministro a la planta carboeléctrica de CFE “Río Escondido”.

La compra, a un precio de sólo 10 millones de dólares, equivalía a las ventas de carbón de la empresa a CFE durante 30 días, según se puede ver en los estados financieros del prospecto de venta elaborado por Banca Cremi (de Carlos Cabal Peniche)...”

Es así que de 1988 a la fecha, principalmente, nuestro país ha visto con azoro cómo el sueño del crecimiento económico, el desarrollo social y la superación cultural se han venido derrumbando sin encontrar fondo, y un pequeño círculo concentra las riquezas y el ingreso nacionales.

Esto lo menciono porque enmarca perfectamente lo ocurrido en Pemex y particularmente en su área de petroquímica.

Otro capítulo y referente básico de esta lamentable historia empieza en 1991 con la privatización de la empresa estatal Fertimex, a precio de ganga a favor nuevamente del empresario Alonso Ancira Elizondo, para que en 1999 se cerrara ante el fracaso de su administración. México se vio así forzado a importar desde entonces los fertilizantes que requería y requiere nuestro campo.

Por otro lado, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque llegó a ser en 1992 el principal centro productor de amoniaco del mundo. Pero bastó que en el año 2000 llegara una plaga para el país y la petroquímica nacional, de nombre Rafael Beverido Lomelín, para que estos logros se derrumbaran. Paralizó Cosoleacaque, desapareció el complejo de Salamanca y desmanteló la platilla de ingenieros y expertos de Pemex, despidiéndolos u obligando a su jubilación. Igualmente vendió plantas de manera ilegal, pero las denuncias políticas y penales cayeron en el vacío de la impunidad.

El 16 de enero de 2014, Petróleos Mexicanos anunció la adquisición de la planta de Agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México, y no ha tenido actividad desde 1999. El proyecto considera una inversión de hasta 475 millones de dólares americanos, incluyendo la compra de activos existentes, así como la rehabilitación y renovación de la planta. Con una erogación de 275 millones de dólares por concepto de adquisición de activos, más 200 millones de dólares por concepto de rehabilitación y mantenimiento. Lo que representó erogaciones por 6 mil 260 millones de pesos al tipo de cambio vigente en enero de 2014.

Adicionalmente Petróleos Mexicanos (Pemex), inició un proceso para incrementar la capacidad del Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, con lo que busca justificar la polémica compra de la planta de la empresa Agronitrogenados. Estimó que la inversión para rehabilitar la Planta de Amoniaco IV ascendería a unos 2 mil 148 millones de pesos, cifra adicional a los 475 millones de dólares que se invertirán en Agros. El monto total de erogación por adquisición de activos, rehabilitación y mantenimiento, se estima alcance los 8 mil 400 millones de pesos, sin contar el gasto en operación.

La reactivación de la planta de Agros forma parte de un plan de la administración actual para tratar de que los productores agrícolas mexicanos no sigan dependiendo de fertilizantes importados, en especial se desea retomar la producción de urea. La urea es el compuesto químico más utilizado como fertilizante.

En 2014, las importaciones de urea y similares alcanzó un monto por 18 millones de dólares anuales, equivalente a 238.6 millones de pesos al tipo de cambio promedio en ese año (13.29 pesos por dólar americano). Considerando este monto, el gasto en inversión por 8 mil 400 millones de pesos, se vería compensado hasta dentro de 35 años por la sustitución de importaciones, sin contar con las erogaciones anuales del gasto de operación.

En el Programa Anual de Auditorías 2014, de la Auditoría Superior de Fiscalización, se tiene registrado con el número de auditoría 310 la Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex-Petroquímica.

El pasado jueves 14 el periódico Reforma denuncia que después de litigar seis meses ante el Instituto Nacional de Transparencia (Inat) Pemex logró que la información de las condiciones técnicas, mecánicas y de ingeniería del complejo se pudieran tachar del informe. Igual reserva “por seguridad industrial” se autorizó respecto a los contratos por 173.4 millones de euros para la puesta en marcha del complejo.

Nuestro pueblo está agobiado y harto de estas bajezas, este poder legislativo puede y debe poner remedio a estas oscuridades que ofenden la inteligencia y la dignidad de nuestra sociedad.

Por tal motivo es que se propone y ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, realice una extensión a la auditoría que realizará a la Rehabilitación de la Planta de Amoniaco número IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex-Petroquímica con número de registro 310 publicado en el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2014, incluyendo el proceso de compra y venta del Complejo Industrial Agronitrogenados, SA de CV, por parte de Pemex, para que se analice un posible daño patrimonial a la federación y se puedan fincar responsabilidades de carácter administrativo y penal si fuera el caso.

Segundo. Igualmente que la ASF le audite a Pemex Internacional el contrato que realiza actualmente sobre la reactivación de Agronitrogenados y asimismo que exhiba el contrato sobre los términos en que va a trabajar esta empresa productiva subsidiaria, ya que la inversión realizada es con recursos públicos, o de lo contrario se transparente el origen de la inversión realizada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco a revisar la base legal con que las compañías expendedoras de gas natural realizan los cobros por concepto de distribución en Chihuahua, suscrita por el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Patricio Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometes a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los temas recurrentes existentes en la mayoría de los hogares mexicanos, es referente a los cobros que se realizan por los servicios que se reciben en los mismos.

Uno de estos cobros es el del servicio de gas natural, cuya demanda nacional se ubicó en 6 mil 678.4 millones de metros cúbicos gaseosos diarios en el año 2012. De dicho volumen, 46.6% correspondió al sector eléctrico, 34.0% al sector petrolero, 17.7% al sector industrial y 1.7% a los sectores residencial, servicios y autotransporte. En el periodo 2002-2012, el crecimiento promedio de la demanda de gas natural fue de 4.2% anual. En 2012, el consumo industrial de gas natural fue el más dinámico, con un crecimiento anual de 4.6%.

Por otra parte, el año pasado, la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno del estado de Chihuahua firmaron un convenio de colaboración para desarrollar la infraestructura necesaria para transportar gas natural a la entidad.

El desarrollo anunciado comprenderá cuatro ductos de gas natural que tendrán una inversión de 2 mil 500 millones de dólares, con los que se buscará abastecer tanto a las plantas generadoras de electricidad como a las del sector industrial.

Con esta infraestructura se suministrará gas natural a siete plantas eléctricas de Chihuahua, con lo que se beneficiará a más de dos millones 400 mil habitantes.

Estas cifras e inversiones dirigidas hacia éste sector, nos muestran una radiografía de la importancia que representa la distribución de gas natural para la economía nacional.

El costo que se registra en las facturas de los consumidores consta de factores entre los que podemos destacar:

• El precio o costo de adquisición: es el costo incurrido por el distribuidor en la compra del gas natural a PEMEX o a otro proveedor que se traslada directamente a los clientes sin que el distribuidor obtenga una ganancia por este concepto, según establecen principios generales. Este se calcula en el consumo en pesos por metro cúbico.

• La distribución con comercialización o cargo volumétrico, el cual es el costo por la utilización del sistema de distribución. Se cobra con base en el consumo de gas natural multiplicado por la tarifa de distribución con comercialización.

• El cargo por servicio es un cargo fijo mensual para cubrir el costo del mantenimiento de las conexiones de los usuarios.

Revisando un importante número de facturas nos encontramos que el costo de distribución es considerablemente mayor que el importe del gas natural que se cobra, situación que parece a simple vista irracional, toda vez que los costos que se generan por distribuir gas, no pueden ser tan altos, puesto que se utilizan tuberías ya instaladas desde hace muchos años.

Todo esto genera una condición de alteración del mercado, toda vez que, si por un lado, las políticas públicas del gobierno federal se encuentran encaminadas a disminuir los precios de combustibles, mediante la reforma energética, por otro lado, los costos de distribución de los combustibles, generan un efecto que incrementa el costo de la vida doméstico, lo que resulta inaceptable.

El efecto final en la factura de los consumidores, en muchas ocasiones es con una tendencia a la alza, en detrimento de los consumidores.

En México, la comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de regular y establecer los precios del gas natural tomando como referencia el comportamiento del mercado estadounidense.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas, fortaleciendo la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios.

Esta situación es muy marcada en el Estado de Chihuahua, en donde los costos de distribución representan casi el doble, 80% más, aproximadamente, que el costo del gas natural que se entrega.

En base a estas consideraciones, me permito, proponer este punto de acuerdo para exhortar a la Profeco y a la Comisión Reguladora de Energía para que revisen la base legal en la que se realizan estos cobros en el estado de Chihuahua, toda vez que afecta en gran medida a los bolsillos de los consumidores.

Por consiguiente, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a explicar los elevados costos al consumidor que se cobran por parte de las compañías de gas natural en el país, específicamente los costos de distribución que se cobran en el estado de Chihuahua.

Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a enviar un informe sobre la situación y la forma en la que se realizan los cobros del servicio de gas natural en el estado de Chihuahua y base legal de los mismos, pues los costos de distribución son mayores que los costos del producto distribuido. Por ser recursos del público consumidor, con base en tarifas públicas, se solicita la transparencia tan amplia, que se den a conocer las cifras anuales que por este concepto se recaudan de los consumidores, mostrando así el contraste y razón de renta-inversión.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de enero de 2016.

Senador Patricio Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a proporcionar un informe sobre la prospectiva de la generación de energías renovables en Baja California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a brindar un informe sobre la prospectiva de la generación de energías renovables en Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por lo que hace al sector eléctrico, el estado de Baja California Sur opera de forma aislada del resto de las áreas operativas del territorio nacional que conforman el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Lo que implica que tiene que generar la energía necesaria para cubrir la demanda de su población de forma independiente y sin poder recurrir a transferencias de la energía generada en otros estados.

Actualmente existe una problemática en el suministro de energía en el estado de Baja California Sur pues la zona no cuenta con recursos energéticos propios (gas natural) que hagan posible la incorporación de diversas tecnologías de generación. Lo que se traduce por un lado en el incremento de los costos de operación y por otro en que su parque de generación se constituye en su mayoría por unidades térmico convencionales, con altas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Aunado a lo anterior debe considerarse que los grandes centros de consumo cuentan a su vez con restricciones ambientales severas como en el caso de la zona de Los Cabos cuya actividad principal es el turismo.

Por ello recientemente se han instalado además de las unidades térmico convencionales, plantas de combustión interna que emplean diésel o combustóleo y unidades de turbogás y turbo jet que se incorporaron para cubrir los picos de demanda.

De acuerdo con datos del documento “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029” elaborado por la Secretaría de Energía, dentro de los pronósticos para la demanda máxima bruta de cada área del Sistema Eléctrico Nacional, durante el periodo de estudio, destaca la región de Baja California Sur como la de mayor dinamismo con una tasa media de crecimiento anual de 6.7 por ciento, lo que representa que ésta alcanzará 1,128.8 MWh/h en 2029. Seguido de la región Noreste, con 4.3 por ciento, Peninsular y Oriental con el 4.0 por ciento de crecimiento medio anual.

Lo anterior nos permite deducir que la problemática de suministro de energía en Baja California Sur puede empeorar, pues se trata de una región cuya demanda seguirá creciendo, para lo cual se tendrán que implementar cada vez más proyectos para cubrir la demanda.

Al respecto, para el caso de Baja California Sur se tiene previsto sumar al parque de generación mencionado con anterioridad, la operación de tres centrales de combustión interna (Guerrero Negro III, Santa Rosalía y Baja California Sur IV), y una Solar (Aura Solar).

En relación con los datos anteriores podemos notar que si bien, la demanda de energía eléctrica de BCS va en crecimiento, se está cubriendo en mayor proporción con generación convencional, dejando a un lado el potencial que existe en la región para la implementación de energía limpias.

El impulso a las energías renovables debe convertirse en parte esencial de la planeación energética, es necesario aprovechar el potencial que tiene nuestro país en ese ámbito. De acuerdo con datos del documento “Energías Renovables” elaborado por Pro México y Secretaría de Economía, nuestro país se encuentra entre los cinco países más atractivos del mundo para invertir en proyectos de energía solar fotovoltaica, tan sólo detrás de China y Singapur. Lo anterior debido a que formamos parte del “cinturón solar” con una radiación mayor a 5kWh por m2 al día. Asimismo, México cuenta con la base manufacturera de módulos fotovoltaicos más grande de América Latina.

En ese sentido, resulta necesario que se otorgue mayor importancia a la implementación de proyectos de energías renovables en Baja California Sur, donde hasta el momento se ha dado prioridad a la generación de energía convencional, pues las energías renovables tienen el potencial de cubrir la demanda creciente en esta región que cuenta con el mayor crecimiento anual en la demanda bruta dado su creciente desarrollo económico.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a que envíe un informe relativo a la prospectiva del sector eléctrico en Baja California Sur que incluya todos los proyectos que se tienen previstos para la generación de energías renovables, así como los proyectos para reducir las emisiones de CO2 de las unidades térmico convencionales existentes.

Cámara de Diputados, a 20 de enero de 2016.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a detener el megaproyecto Riviera Cancún, en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La senadora Luz María Beristain Navarrete, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 18 de diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la construcción de un complejo turístico en Punta Nizuc, Quintana Roo, la cual causará un gran daño a áreas protegidas de mangle.

Dicho complejo turístico contempla un hotel de más de 500 habitaciones el cual llevará el nombre de Riviera Cancún, es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupté y Cancún Punta Nizuc, sin embargo la empresa constructora tiene permiso para realizar las obras.

Cabe destacar que además de los daños a las áreas naturales protegidas, también dañará la zona de duna y el manto acuífero.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los manglares de Nichupté1 cuentan con la protección legal por decreto desde el 26 de febrero de 2008, tiene una superficie total de 4 mil 257.49 hectáreas (ha)2 , además es sitio Ramsar3

Los sitios Ramsar son:

“Un compromiso fundamental suscrito por las partes contratantes consiste en identificar humedales adecuados, denominados Sitios Ramsar, e incluirlos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, denominada la Lista de Ramsar.

Las partes contratantes confirmaron en 2005 que su visión para la Lista de Ramsar es “crear y mantener una red internacional de humedales que revistan importancia para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y beneficios/servicios de sus ecosistemas”.

Esta visión se inspira en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, que describe los ecosistemas como el complejo de comunidades vivas (incluidas las comunidades humanas) y del medio ambiente no vivo (componentes de los ecosistemas) que interactúan (a través de procesos ecológicos) como una unidad funcional que proporciona, entre otras cosas, una variedad de beneficios a los seres humanos (servicios de los ecosistemas).”4

En el manglar Nipchuté podemos encontrar los siguientes tipos de vegetación:

• Selva perennifolia

• Vegetación hidrófila

• Manglar

Las especies más representativas son:

• Flora: Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle negro), Conocarpus erectus (mangle botoncillo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Thrinax radiata (palma chit)

• Fauna: Crocodylus acutus (cocodrilo americano), Crocodylus moreletii (cocodrilo de pantano), Rana berlandieri (rana), Ctenosaura similis (iguana negra), Chelonia mydas (tortuga verde).

Estamos frente a una problemática que si se desarrolla el proyecto el daño ambiental sería catastrófico, por ello es necesario que se clausure la obra, y para ello la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe revisar los permisos que se han otorgado, ya que este proyecto dañará severamente a la biodiversidad del estado de Quintana Roo y de nuestro país.

Resulta alarmante que a menos de un mes de haberse celebrado la COP21 en París, Francia, en donde México se ha sumado a compromisos en la protección del medio ambiente, en nuestro país actualmente se está dañando de tal manera el manglar que las actuaciones de nuestro país no son acordes con la estrategia diseñada para nuestro país ni mucho menos a las metas que se ha fijado el gobierno federal.

Por lo tanto debe haber congruencia en las actuaciones de las autoridades de la administración pública federal con los acuerdos internacionales.

Cabe destacar que es de interés general la preservación de los manglares, el proyecto no es sustentable porque se compromete capital verde, en este caso el manglar. Ante una situación como esta, no puede proceder el proyecto, además de toda la protección legal y constitucional, no se puede sobreponer un interés económico que uno de implicaciones de interés general, ya que este proyecto tiene que ver con todos los mexicanos y además con la comunidad en el extranjero ya que es Sitio Ramsar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise el permiso que otorgó para la construcción del mega proyecto Punta Nizuc, en Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de dejarlo sin efectos y de esa manera garantizar y proteger la biodiversidad del estado de Quintana Roo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a que atienda y dé el trámite correspondiente a todas y cada una de las denuncias recibidas por desmonte ilegal de manglar, en contra del mega proyecto Riviera Maya en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise las actuaciones de su personal involucrado en el otorgamiento del permiso para la construcción del mega proyecto Riviera Maya, en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo, y, en caso de que hayan incurrido en ilícitos y/o irregularidades por participación u omisión del personal a su cargo, deberá actuar en consecuencia y sancionarlos según corresponda.

Notas

1 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_mapas/95_mapa.pdf

2 https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=95&=11

3 http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php

4 http://www.ramsar.org/es/sitios-pa%C3%ADses/los-sitios-ramsar

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Senadora Luz María Beristain Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Sener y Pemex a revisar la política de extracción y exportación de petróleo, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En abril de 2015, el director general el Pemex, Emilio Lozoya, afirmó que los cambios realizados en Pemex le permitirán revertir la disminución de la producción de petróleo, para así pasar de los 2.4 millones de barriles producidos actualmente, a tres millones de barriles diarios en 2018.1 Más allá de esa meta, en los Criterios Generales de Política Económica se propuso una producción promedio diaria de crudo de 2.25 millones de barriles diarios, 0.6% menos que la extracción promedio que se estima se llevó a cabo en 2015. En consecuencia, en los mismo Criterios, se propuso una plataforma de exportación de 1,091 mil barriles diarios, 1.7% menos que en 2015.

No obstante, esos objetivos de producción y de exportaciones se establecieron bajo el supuesto de que el precio promedio del petróleo sería de 50 dólares el barril, expectativa que está lejos de cumplirse.

De hecho, en el momento actual, el mercado mundial de hidrocaburos, que son y serán recursos estratégicos, viven una drástica competencia de precios, por un exceso de oferta en condiciones de una demanda que no se recupera.

En esta , en la que los países árabes integrantes de la OPEP, encabezados por Arabia Saudita, impulsan una estrategia para desplazar a sus competidores ajenos a esa organización, como los productores por medio del fracking en Estados Unidos, pero también a Rusia e incluso a los mismos integrantes como Venezuela. A eso se debe agregar que Irak se incorporó nuevamente a las operaciones de exportación de crudo e Irán, país de la OPEP al que apenas le retiraron restricciones para exportar, podría comenzar a colocar su contribución, con lo que los excedentes de petróleo en el mercado podrían llegar a 7 millones de barriles diarios, con lo que las perspectivas del mercado son de que los bajos precios prevalecerán por lo menos tres años.

En ese contexto, trascendió que el precio de la mezcla de exportación de Pemex, que ha seguido un comportamiento descendente, llegó los 20.7 dólares el barril, lo que la sitúa cada vez más cerca de los 20 dólares, afectando el margen de utilidad que pudiera tener la empresa, considerando que según sus administradores, los costos de extracción se encontrarían entre los 6 y los 23 dólares el barril.

Cabe recordar que para justificar la reforma energética, los funcionarios gubernamentales llegaron a decir que los costos de producción en México eran de 23 dólares por barril, reduciendo cada vez más el margen de rentabilidad y los ingresos de Pemex, que se ha visto obligado a ejecutar ajustes fiscales y que tiene serios problemas para llevar a cabo las inversiones previstas.

Al respecto, Petróleos Mexicanos emitió un boletín, en el que informó que “mantiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a 10 dólares por barril en los campos que actualmente están activos; incluso, en algunos pozos en aguas someras, el costo es inferior a 7 dólares por barril”.2

Además, reconociendo el efecto de un tipo de cambio fuerte que se debilita, la paraestatal destaca que “El nivel de costos promedio medido en dólares incluso ha disminuido recientemente debido a un efecto cambiario derivado de la apreciación del dólar ya que la mayoría de los servicios que se utilizan en estos campos de producción están contratados en pesos”.

Y aclara que “el costo de 23 dólares por barril que ha llegado a reportarse asociado a las actividades de Pemex, es un costo esperado a futuro vinculado con el amplio portafolio de yacimientos de la empresa, y que incorpora tanto la exploración, la delimitación de campos, la perforación de pozos y la instalación de infraestructura, como la producción en nuevos campos”.

Curiosamente, establece que “sin embargo, dada la relación que existe entre los precios de los hidrocarburos y los costos de producción en el sector, es probable que un escenario de menores precios lleve a disminuciones adicionales en los costos vinculados a los campos mencionados”. Es decir, que los costos podrían disminuirse aún más.

En ese contexto, en Morena consideramos que la estrategia debe ser de preservar los recursos estratégicos que representan los energéticos, para explorarlos siempre en beneficio de la sociedad y no para derrocharlos o entregarlos a intereses ajenos.

Por esa razón, aun cuando los costos de producción pudieran ser muy bajos, el interés de México no puede ser el de caer en una guerra de precios que deteriore nuestra capacidad futura y, se produzca, de manera obligada, sólo para mantener en operación las plantas de refinación.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, a que revisen la estrategia de producción de crudo, para evitar contribuir en una guerra de precios, racionalizando la extracción, para mantener al máximo de operación con crudo nacional las refinerías e instalaciones disponibles de Pemex en el país. Todo ello en virtud de que los hidrocarburos son un recurso no renovable y se debe manejar una estrategia en la geopolítica mundial.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-producira-millones-de-bdp -para-2018-lozoya.html

2 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-004 -nacional.aspx

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a destinar el presupuesto de Fondo de Capitalidad a mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, GDF, para que el presupuesto del fondo de capitalidad sea destinado para mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En octubre de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico aprobó el fondo de capitalidad para el Distrito Federal, que contempla que los recursos de la administración capitalina sean avalados por la Cámara de Diputados.

El fondo implica mayor presupuesto por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país. Por lo que también habrá compensaciones de fondos específicos.

Con esto, por primera vez el Distrito Federal tendrá acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, que administra la federación. Dichos recursos podrían ser destinados a compensar impuestos capitalinos por parte de la administración local, como el pago de predial o de agua. La capital utilizaría estos recursos para pago de servicios de salud, justicia, educación en centros administrados por el GDF.

El fondo de capitalidad queda aprobado al reformar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Distrito Federal obtuvo por primera vez un Fondo de Capitalidad de 3 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2014

II. Que la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tiene muchas carencias de acuerdo con el diagnóstico de la situación que realizó el actual Titular de ese Sistema de Transporte, en donde informó entre otros, los siguientes aspectos:

• Se prevé un aumento en el número de usuarios y por ende del número de kilómetros de viaje en la red.

• La revisión de lo planeado en 1996 a través del Plan Maestro contra lo realizado al día de hoy.

• Se cuenta con una red de 226 kilómetros distribuidos en 12 líneas de las cuales 57 por ciento son subterráneos, 29 por ciento superficiales, 14 por ciento en viaductos elevados, las cuales tiene 45 años de servicio por lo que requieren modernización y la instalación de dos puestos de control en las líneas 12 y A.

• 390 trenes con un total de 3333 vagones.

• No se cuenta con una estrategia planeada para la compra y renovación periódica de trenes.

• Por lo que respecta al aspecto de sinética, señala los siguientes aspectos:

1. En material rodante existe un gran retraso de los programas de mantenimiento por falta de refacciones, material e insumos, así mismo la carencia de trenes en operación originada por trenes detenidos por falta de refacciones que se canibalizan dado que se transforman en bancos de refacciones.

2. La fiabilidad de los trenes por kilómetros recorridos entre fallas han descendido a más de la mitad, lo que hace que el sistema se ubique ante un reto mayor, dado que en 2007 había una falla cada 5 mil 756 kilómetros y ahora hay una cada mil 700 kilómetros, en promedio.

3. Principales fallas en los vagones son en puertas, ventilación insuficiente, lámparas apagadas, cristales rayados, ventanas trabadas, audio deficiente, paros frecuentes indebidos en estaciones e interceptaciones, pisos desgastados. En instalaciones fijas se presentan fallas en: durmientes, barra guía y rieles desgastados, aparatos de vía y de protección eléctrica con desajustes, interruptores, seccionadores y protecciones eléctricas con amplia frecuencias de averías.

4. Robo de cable en estaciones y vías principales, deterioro en el interior y exterior de las estaciones, filtraciones en estaciones y túneles, falta de techumbres en puntos específicos de accesos a estaciones, vías con riesgo de deslizamiento y en el área de talleres.

5. Por lo que respecta a la operación: intervalos irregulares entre trenes, personal operativo insuficiente, desalojo por averías en trenes, saturación por usuarios en estaciones en horas pico.

6. En materia de seguridad: innumerables actos delictivos en las instalaciones como robos, agresiones y acoso sexual.

7. Falta de adecuaciones para invidentes y personas con alguna discapacidad, debido a que la mayoría de instalaciones del metro no fueron diseñadas con el concepto de “accesibilidad universal”.

8. Creciente comercio informal en pasillos andenes y vagones, comercio informal que bloquea salidas y accesos, exceso de locales comerciales autorizados (Permisos Administrativos Temporales Revocables, PATR.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, el gobierno del Distrito Federal podrá destinar los recursos del fondo a proyectos de:

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias;

b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;

c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo de transporte que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera el equipo existente;

d) Infraestructura y equipamiento en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito.

Lo anterior, a efecto de mantener las condiciones que requiere el Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Federal.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que se destine el presupuesto de Fondo de Capitalidad para mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Semarnat sobre el estado que guardan las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el subsecuente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, es parte activa del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992, el cual tiene como objetivo principal conforme a su artículo 2o. “lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, GEI, en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograr en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.”

No obstante, los niveles de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero en México, según datos de los sucesivos Inventarios Nacionales de Emisiones de GEI, muestran un escenario tendencial al alza en su emisión.1

Las principales fuentes de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero en México según los propios datos oficiales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, provienen de actividades relacionadas con el transporte, la generación de energía eléctrica, la industria, la agricultura y ganadería, el petróleo y gas, y los desechos.

Para atender esta problemática, el gobierno federal ha elaborado conforme al mandato de la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático.2 La estrategia fue presentada oficialmente el 3 de junio de 2013 conforme a los términos previstos en la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 60, que señala: la estrategia “constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva sustentable y de bajas emisiones de carbono.”

La estrategia define seis pilares de política nacional de cambio climático, tres ejes estratégicos en el tema de adaptación que dirigen al país hacia un país resiliente (esto es la capacidad de un sistema social o natural de recuperarse del efecto de cambio climático), y cinco ejes estratégicos en materia de mitigación que llevan a un desarrollo bajo en emisiones.

Articulada a la estrategia se tiene al Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC 2012-2018),3 que fue publicado el 28 de abril de 2014, en el Diario Oficial de la Federación. Conforme el artículo 66 de la Ley General de Cambio Climático, el Programa debe ser “elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con la participación y aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En dicho Programa se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.”

En el cuarto capítulo del Programa se presenta un conjunto de 10 indicadores que van a medir el cumplimiento de los objetivos citados. Se presentan tanto las líneas de base a 2013, como las metas que dichos indicadores se proponen alcanzar a 2018. Los indicadores se acompañan de un anexo metodológico.

Un dato relevante derivado de dichos indicadores es el de las metas de reducción de emisiones para 2018, que señala en la página 70 del citado anexo metodológico del Programa lo siguiente:

“La meta al 2018 estimada es de 83.2 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente), utilizando un Potencial de Calentamiento Global a 100 años (PCG100) de los gases y compuestos de efecto invernadero. Convencionalmente la mitigación se reporta utilizando el PCG100, sin embargo, en algunos gases y componentes como el metano y el carbono negro, su potencial de calentamiento global a 20 años (PCG20) es mucho mayor y por tanto es más conveniente su reducción pues los beneficios climáticos serán mayores en el corto plazo. La mitigación total del PECC utilizando el PCG20 resulta en 95.97 MtCO2e, 15 por ciento mayor al estimado utilizando un PCG100.”

Se entiende alineada a esta meta programática oficial de reducción de gases y compuestos de efecto invernadero, México presentó ante las Naciones Unidas la denominada “Contribución Prevista y determinada a nivel nacional de México” (INDC, por sus siglas), que fue el principal aporte de México a la vigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático celebrada en París en diciembre de 2015.

Así, México asumió el compromiso internacional no condicionado para realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la reducción de 22 por ciento de sus emisiones de GEI, al año 2030, lo cual significa una reducción de alrededor de 210 MtCO2e con relación a las emisiones totales de 665 MtCO2e de 2013.4

Si bien los sectores como el transporte, la generación de electricidad, el petróleo y gas, entre otros, resultan fundamentales para el desarrollo económico del país, está claro que las practicas generadas en estos sectores económicos, no tienen de manera prioritaria una visión de protección y conservación del medio ambiente. En especial, en lo que respecta a la reducción de la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. En consecuencia, se corre el riesgo de no lograr disminuir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero conforme los escenarios proyectados por el propio Gobierno Federal, los cuales se han mantenido en aumento principalmente en lo que va de esta década.

La responsabilidad de México de reducir emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero es global. No se debe olvidar, que en diciembre del pasado año fue aprobado el denominado Acuerdo de París en la vigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático del que México es parte.

El objetivo general del Acuerdo es que el aumento de la temperatura media del planeta a finales del siglo se quede entre los 1.5 y 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, estableciéndose que todos los países deberán alcanzar un techo de sus emisiones de GEI, “lo antes posible”. México se ha comprometido conforme a su INDC presentado alcanzar dicho techo en 2026.

Ante lo antes comunicado, es imperativo trabajar con visión federalista en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cambio Climático, Sinacc, mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno, sociedad y el propio Congreso de la Unión, sobre la política nacional de cambio climático establecido en la Ley General de Cambio Climático.

El Sinacc debe de propiciar sinergias para enfrentar de manera conjunta la gran vulnerabilidad del país, estableciendo para ello las acciones prioritarias de mitigación y adaptación al cambio climático en el país. Pues como bien lo establece el mismo Sistema “somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, requerimos la acción corresponsable de ciudadanos y autoridades para modificar hábitos de consumo y producción, a fin de alentar prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente”5 .

El Poder Legislativo debe coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones a atender la problemática del cambio climático en el país. En especial, se debe recordar, que se tienen menos de tres años para lograr cumplir los objetivos y metas del PECC 2014-2018, así como los acuerdos internacionales de que México forma parte en materia de cambio climático.

Por lo expuesto se somete a la consideración de ésta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe, a la mayor brevedad posible, sobre el estado que guardan las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Lo anterior, considerando tanto los objetivos y metas del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, como los compromisos derivados a través del acuerdo de París de la vigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático.

Notas

1 www.gob.mx/inecc/

2 ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 . Gobierno de la República. Diario Oficial de la Federación, 3 de junio del 2013. Recuperado de http://www.encc.gob.mx/

3 Semarnat (2014). Programa Especial de Cambio Climático 2014 - 2018 . Diario Oficial de la Federación. Lunes 28 de abril de 2014.

4 iecc.inecc.gob.mx

5 iecc.inecc.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer la indagatoria sobre el magnicidio de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, acaecido el 2 de enero de 2016, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a Consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Morelos es una latente preocupación por los desafortunados sucesos que han acontecido, poniéndolo al extremo de la ingobernabilidad, debido a una mala administración pública, cuya percepción social, es que ha llevado a un grado crítico de muerte, inseguridad, pobreza y descrédito de las instituciones públicas.

El tema de la inseguridad ha escalado niveles nunca antes vistos, desde la toma de protesta del actual gobierno estatal en octubre de 2012, quien se propuso como eslogan una estrategia de paz para la seguridad, para cambiarle el rostro a la entidad en 18 meses, quedó en eso, en una frase, ya que para el primero de abril de 2014,1 las cosas habían empeorado, debido a una mala decisión de nombrar –por amiguísimo y de manera equivocada– a la secretaria de Seguridad Pública, la señora Alicia Vázquez Luna, quien por falta de conocimientos en la materia a los pocos meses dejó el puesto con una crisis total en la dependencia.2 Fue peor la sustitución por el actual Comisionado de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien ha dado claro ejemplo de ignorancia supina en la prevención del delito, ocurrencias en la conducción policial, complicidades, corrupción y el más grande descrédito de las instituciones policiacas estatales,3 aún bajo el modelo de mando único,4 que ha gozado de recursos millonarios, pero nula eficacia y efectividad.5

La sociedad civil se ha manifestado en multiplicidad de ocasiones,6 pero hay oídos sordos al clamor del pueblo,7 la respuesta gubernamental ha sido de soberbia, denostando a quienes lo confrontan,8 incluso arguyendo que se trata de un problema de percepción pública, supone el ejecutivo estatal, que la población se siente más insegura de lo que realmente esta. Una misma y recurrente respuesta desde los primeros meses de la gestión, tratar de convencer que estadísticamente el delito ha disminuido, cifras, números, gráficas, datos inconsistentes con la realidad de secuestros, extorsiones, homicidios,9 delitos de alto impacto social, que han llevado al cierre masivo de fuentes de empleo y comercios, gente que tiene los medios ha emigrado a otros estados del norte del país, en favor de su vida, familia, patrimonio e integridad, de ahí que se explique el crecimiento del nivel de pobreza de la entidad en estos tres últimos años.

En este contexto, sucede la terrible desgracia, del artero asesinato de nuestra conciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, a un día de su toma de protesta como presidenta municipal constitucional de Temixco, Morelos, donde se ha pretendido por el gobierno de la entidad, abanderarse con esta desgracia, para hacer una guerra mediática contra los que no aprobamos el modelo de gobierno ejercido y la falta de resultados,10 denostando, falseando información, filtrando ilegalmente a los medios de comunicación información sensible de la indagatoria,11 lo que nos lleva a pedir que sea la Procuraduría General de la República quien atraiga las investigaciones, ejercite la acción penal contra los responsables, llevando ante los Tribunales a los que deban comparecer y responder penalmente por estos hechos, “caiga quien caiga”, porque los morelenses clamamos Justicia.

Aún con el modelo de Fiscalía General en Morelos, los hechos narrados nos llenan de preocupación, ya que orgánicamente, la Institución quien de manera autónoma debería generar la procuración de justicia, se ha convertido en un apéndice de la administración local,12 faltando a sus deberes y principios legales e institucionales que la sustentan, sin poder avanzar de manera objetiva en este magnicidio y en los muchos delitos que se denuncian a diario por la ciudadanía.

Ante este clima generado en Morelos, recurrimos a las instituciones federales para la recuperación de la paz, la credibilidad social y la justicia, evitando que el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, sea un expediente donde la impunidad y perversidad, siga generando un clima de enrarecimiento, linchamiento social y se ocupe como pretexto para cometer lesiones al estado de derecho.13

Por lo expuesto, solicitamos que este asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación de esta asamblea, por lo que nos permitimos someter a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la titular de la Procuraduría General de la República para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ejerza la atracción de la indagatoria del asesinato de la presidenta municipal de Temixco Gisela Raquel Mota Ocampo, a efecto de que no se sigan generando filtraciones de los datos obtenidos para fines políticos por parte de gobierno del estado de Morelos, y tras la integración de la indagatoria, se ejercite la acción penal correspondiente contra los responsables, evitando la impunidad y propiciando la justicia que los habitantes del estado de Morelos esperamos.

Notas

1 http://www.nexos.com.mx/?p=23102#.VpvI_ATV2Id.twitter

2 http://www.zonacentronoticias.com/2014/01/confirma-graco-ramirez-cambio s-en-su-gabinete-se-va-alicia-vazquez-luna/

3 http://conurbados.com/2015/hay-162-denuncias-contra-el-mando-unico-cdhm or/

4 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=231126&v=1&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=231126&v=1

5 http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=737863&v=1&urlredirect=http:// www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=737863&v=1

6 https://morelos.quadratin.com.mx/Marchan-medicos-contra-inseguridad-en- Morelos/

7 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=736786&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=736786

8 http://www.milenio.com/policia/
marcha_contra_inseguridad_en_Morelos-violencia_en_Morelos-secuestro_0_328167369.html

9 http://www.nexos.com.mx/?p=23102#.VpvI_ATV2Id.twitter

10 http://www.proceso.com.mx/?p=425676

11 https://www.youtube.com/watch?v=7AyL2XP8K0E

12 http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/todo-el-peso-de-la-ley-agresores-de-gisela-mota-fiscalia-general

13 http://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/
83650-asegura-lara-chavez-que-acusaciones-del-gobernador-no-influiran-en-juicio-por-homicidio-de-gisela-mota.html

Dado en el salón de sesiones, a los veinte días del mes de enero de dos mil dieciséis.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a diseñar e implantar un programa estatal de seguridad ciudadana con la participación de los municipios y las comunidades organizados por usos y costumbres, y respetar la autonomía municipal en materia de seguridad; y al congreso local, a adecuar las leyes en la materia, suscrita por la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como se tiene conocimiento, en los últimos días se ha intensificado el debate de la implementación de la estrategia del “mando único policial”, que ha tropezado con las resistencias por parte de muchos alcaldes municipales en municipios donde se ha pretendido implementar.

Dichas protestas tienen como punto de partida el hecho de restar autonomía y facultades de los municipios en materia de seguridad pública para transferirlas a las corporaciones estatales y federales. Es decir, el control y el monopolio de la seguridad pública, con el argumento que las policías locales están infiltradas por el crimen.

Incluso esta es una propuesta que está pendiente de debatirse en el Congreso de la Unión, toda vez que existe una propuesta de iniciativa del propio titular del Ejecutivo Federal donde plantea reformar siete artículos de la Constitución, 21, 73, 104, 115, 116 y 123, con la intención de permitir una mejor coordinación entre autoridades para combatir a la delincuencia y evitar crímenes como la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, presuntamente cometida por policías municipales de Iguala y Cocula ligados al crimen organizado.

Sin embargo, el verdadero fondo de la propuesta, que ha sido rechazada por diversas fracciones parlamentarias, es que la proposición presidencial pretende quitar a los municipios la responsabilidad de encargarse de la seguridad pública, dejando esta labor exclusivamente al gobierno federal y a las entidades federativas, lo que significaría la pérdida de la autonomía de los ayuntamientos en la materia y se quedarían sólo en la participación en el diseño y la ejecución de políticas públicas de corte no policial para, según, la prevención del delito. Esta propuesta ha recibido toda clase de críticas.

El criterio en general de expertos constitucionalistas, indican, que el Mando Único que se pretende implantar en México es anticonstitucional pues viola principios y mandatos torales, toda vez que la seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y no de forma centralista como se pretende imponer.

Quizás puede establecerse como una medida temporal, una excepción de la regla general, pero no es el caso.

Es de considerar que el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en términos de la Ley de Seguridad del Estado. Aquella acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Como bien lo han alertado varios alcaldes municipales, el mando único es un riesgo para el federalismo toda vez que le quita función y fuerza pública al municipio, fundado en la errónea idea que los problemas de seguridad en el país son fundamentalmente de delincuencia organizada y estos se generalizan sólo en los municipios; en tanto que no reconocen que la infiltración del crimen organizado no solamente ha permeado en los municipios sino que toca a prácticamente todas las estructuras estatales y federales.

El mando único atenta contra el federalismo, y es por supuesto altamente riesgoso que se pueda implementar. Es preferible la coordinación de los tres niveles de gobierno para que cada quien con sus responsabilidades y mandatos haga lo que le corresponde para beneficio de la sociedad garantizando su seguridad y sus bienes, y por ende, la paz pública.

Un sector importante que se ha pronunciado en contra como son los empresarios de la Cámara de Comercio, que han calificado como inconstitucional la estrategia del Mano único, quienes han protestado porque prácticamente el municipio no cuenta con policías preventivos porque para encuadrarse en esta estrategia tuvieron que ser evaluados y reprobados en su momento entre el 80 y 90 por ciento de los elementos policiacos.

Además, otro problema que se ha enfrentado es que ser policía no es atractivo. Por ejemplo, en la ciudad de Chilpancingo del Estado de Guerrero, los módulos de reclutamiento apenas pudieron recibir 15 personas de mil elementos que pretendieron reclutar, tomando en cuenta que la policía federal y gendarmería están desprestigiados, muy por el contrario, la población ha visto con buenos ojos al sistema de seguridad comunitaria porque ahí se conocen y los elementos que la integran tienen arraigo en sus respectivas comunidades y entre la sociedad.

Estamos convencidos que el problema de la seguridad en Guerrero es delicado e incluso sistémico. Mercados públicos, escuelas, comunidades, establecimientos comerciales, empresas y de forma individual profesionistas como los maestros están siendo hostigados, presionados y amenazados para obligarlos a pagar “cuotas de protección” o el llamado “derecho de piso” cosa que muchos se han visto obligados a abandonarlos para buscar seguridad en otros sitios más seguros para ellos y su familia. La gente en general está aterrorizada.

En el Programa Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 30/04/2014), en el capítulo de Diagnóstico, reconoce que “México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.”

Señala además que “la crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:

1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.

2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.

4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.

Los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad.”

El Programa Nacional de Seguridad Pública, en el punto 1.3 Debilidad Institucional y Escasa Coordinación, se reconoce que “el debilitamiento de las instituciones de seguridad” que no contaron con la solidez suficiente para hacer frente a la transformación del fenómeno delictivo y a las nuevas demandas ciudadanas, que se manifestó en:

1. Debilidad en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Situación que contribuyó a generar un vacío de autoridad en algunas zonas del territorio nacional, cuyo resultado fue la falta de acciones efectivas que combatieran la problemática, lo que a su vez propició un contexto apto para el auge de grupos delictivos y de la economía ilegal.

2. Corrupción dentro de las instituciones. Los bajos salarios y la poca profesionalización de los elementos policiales contribuyeron a que la ilegalidad, la penetración de organizaciones delictivas en las instituciones, el abuso y la corrupción, se volvieran fenómenos aún más graves y, a su vez, ventajas para las organizaciones delictivas...

3. Desconfianza y distanciamiento de la ciudadanía. La crisis de las instituciones de seguridad pública derivó en una clara desconfianza y distanciamiento de la ciudadanía, principalmente por la corrupción que se vivía dentro de las mismas, pero también por la falta de capacitación de los elementos policiales para tener una mayor cercanía y participación con los ciudadanos.”

Dicho diagnóstico puntualiza que la “penetración de organizaciones delictivas y el fenómeno de la corrupción en las instituciones, dificultaron articular los esfuerzos de manera coordinada, por la profunda desconfianza entre ellas.”

Agrega el diagnóstico que la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno, limitó los alcances del intercambio de información e inteligencia. Y que, además, se dio prioridad al acopio y centralización de la información sin mecanismos de acceso y análisis adecuados. Esta situación impidió que se privilegiara el uso de la inteligencia policial por encima del uso de la fuerza, lo que es un elemento esencial para reducir la violencia y la impunidad.

Coincidimos con el diagnóstico del Programa al señalar que la función primordial de las policías es servir a la comunidad y que “la fortaleza y la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública está estrechamente vinculada con la confianza y participación de la sociedad.”

Se reconoce también que en los últimos años, la gente dejó de acudir ante las autoridades para denunciar, por temor o desconfianza de las prácticas corruptas. Ante esto se plantea generar un sistema de seguridad pública que mayor interactúe con la sociedad, situación que generaría confianza en las instituciones policiales incentivando la denuncia ciudadana y permitir que la sociedad comparta información con las autoridades.

Hace hincapié en la participación activa de la sociedad, es elemento clave para el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Ante este panorama es urgente debatir y deliberar para encontrar una solución de fondo un esquema de seguridad pública y de justicia que regule la participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

Compartimos la preocupación de senadores del PAN y de mi propio partido que han insistido en la necesidad de reformas legales que modifiquen el esquema de seguridad pública pero particularmente la participación de las fuerzas armadas.

En un foro convocado en el mes de noviembre pasado, el senador Alejandro Encinas ha planteado la necesidad de una nueva reingeniería de las policías y el sistema nacional de seguridad, al tiempo que se manifestó en contra del establecimiento de un mando único de las corporaciones en el país, y propuso la creación de esquemas mixtos de operación de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa, con el propósito de cimentar cuerpos policiacos, con capacitación para los agentes y con definición de responsabilidades de los tres niveles del gobierno.

Compartimos la visión y el reconocimiento que los municipios más seguros del país son aquellos donde las autoridades se eligen por usos y costumbres donde se han implementado sus propios modelos de seguridad tomando en cuenta su cultura, formas de organización y de gobierno propios.

En el mismo sentido se han manifestado senadores del Partido Acción Nacional, como Gil Zuarth, que propone un “sistema de seguridad con esquema flexible”, porque como lo señala, los policías municipales si bien es cierto que son débiles y en muchos casos coptados por grupos delincuenciales pero no son el problema crónico de la seguridad pública, el problema, ha enfatizado, son todas las corporaciones policiacas de todos los niveles.

En este contexto es de vital importancia una coordinación más sólida y efectiva en Guerrero. La inseguridad, las ejecuciones, cobro de derecho de piso, desapariciones, multihomicidios, balaceras entre grupos armados, secuestros, fosas clandestinas, autobuses quemados y feminicidios se han vuelto el pan de cada día.

En Guerrero, ahora, la violencia está fuera de control. Por todas partes están los vestigios de la violencia y las huellas de la muerte son monstruosas. Ahí está recientemente la desaparición de 17 personas en Arcelia de la Región de Tierra Caliente, varios de ellos maestros, dos de ellos se encontraron sin vida, entre estos, el cuerpo de un empresario molinero Eutimio Tinoco de 50 años de edad, con huellas de tortura y balazos en el cuerpo, uno en la cabeza. Ahí están los ataques a 6 viviendas a la población en Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Gro; donde hubo varios muertos, entre ellos un menor de edad.

Acapulco ha sido escenario de crímenes que a unos días de haber asumido el poder, Héctor Astudillo Flores, se reportaron 29 ejecutados y el cierre de escuelas por el hostigamiento al personal docente y administrativo de las escuelas. El mismo gobernador en su discurso al asumir el poder, dijo que Guerrero “vive desde hace 13 meses la crisis más grande de nuestra historia contemporánea.”

En este cruel escenario, es de vital importancia una coordinación sólida y eficaz en Guerrero.

Si bien es cierto que la Ley 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero, en su artículo 18, se reconoce que los ayuntamientos deben prestar el servicio de seguridad pública en toda su jurisdicción territorial por ello “en las delegaciones o comunidades que por circunstancias de naturaleza geográfica, económica, social o cultural no exista este servicio, podrán crear y reconocer unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva integrados con miembros de la propia comunidad que revistan el carácter de personas honorables y sean considerados aptos para la prestación del servicio de seguridad pública, tomando en cuenta los usos y costumbres de la propia comunidad”, sin embargo, se les considera con carácter de “auxiliares” de la seguridad pública, lo que hace que disminuya su aporte en acciones de seguridad, que por el contrario han demostrado plena eficacia bajando los índices delictivos de forma considerable quienes se han organizado en alrededor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).

Igualmente en el artículo 17 de la ley citada, en su fracción XI, reconoce la facultad y el derecho de los municipios para “administrar y ejercer los recursos de los fondos de ayuda federal, para la seguridad pública, provenientes del Sistema Nacional, así como designar al responsable del control y administración de estos, sin perjuicio de la denominación que se asigne”

De este modo, la implantación del llamado Mando Único, no encuadra con el marco normativo actual, que se presume que la federación y entidades federativas monopolizarían los recursos económicos públicos que se destinan a la seguridad pública, dejando a los municipios indefensos y sin la ministración correspondiente como parte integrante de la Federación.

Por otro lado, es importante indicar la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, en su artículo 4o. reconoce la “aplicación de esta Ley (701) al estado, a los municipios y las autoridades tradicionales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo que significa que los pueblos y comunidades indígenas les reconocen atribuciones jurisdiccionales para aplicar su sistema normativo fundado en sus usos y costumbres, lo que ha representado un avance importante para regular la presencia de las llamadas policías comunitarias y ciudadanas. Los “sistemas normativos” de acuerdo con la propia ley son el conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos.

Del mismo modo, se reconoce a la policía comunitaria como un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas.

En la parte medular que nos importa subrayar, la ley citada, en su artículo 26, “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución del Estado, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

En el mismo sentido, se reconoce en el Artículo 30, “la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. Los usos y costumbres que se reconocen legalmente válidos y legítimos de los pueblos indígenas...”

No obstante, observo con preocupación que después de una reforma a la Constitución del estado de Guerrero, en años pasados, está ley de gran impacto en las comunidades se encuentra ahora en el limbo jurídico y es necesario emprender una reforma legal que permita volver a legislar y reconocer a las autoridades tradicionales y su ámbito de intervención. Es urgente adecuar la Constitución Local y expedir una nueva ley de avanzada que fortalezca el sistema normativo indígena.

Por lo expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador Constitucional del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que en el ámbito de su competencia diseñe e implemente un modelo de seguridad ciudadana, con flexibilidad de estrategia y capacidad para ajustarse a las condiciones emergentes, en coordinación y participación activa de los municipios y comunidades, velando siempre por el respeto de los derechos humanos de las personas y la autonomía de los municipios en materia de seguridad pública en concordancia con el espíritu y letra del artículo 21 y 115 constitucional, fracción VII.

Asimismo, se le exhorta a fortalecer e incentivar el modelo de seguridad y justicia ciudadana en las comunidades que se rigen por usos y costumbres, que ahora demostrado eficacia en algunas regiones del estado de Guerrero.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión al Congreso del estado de Guerrero, a adecuar la Constitución local y expedir una nueva ley en la que incorpore a los cuerpos de seguridad comunitaria y ciudadana que los dote de facultades que les permita continuar con la prestación del servicio de la seguridad pública comunitaria y ciudadana, y al mismo tiempo se reconozca el sistema normativo de usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, su organización comunitaria, la prevención y la solución de conflictos de las comunidades, observando en todo momento los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2016.g

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las acciones contra la libertad de expresión que el gobierno de la República de Turquía ha emprendido en agravio de académicos de universidades de ese país, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición al tenor de los siguientes:

Consideraciones

El pasado viernes 15 de enero de 2016 las autoridades turcas cometieron un enorme atropello contra la libertad de expresión al detener a una veintena de académicos turcos acusándolos de difundir propaganda terrorista e insultar el estado por firmar una petición de alto a la violencia, la cual denunciaba la campaña militar contra activistas de origen kurdo en el sureste de Turquía.

Aunado a lo anterior, la justicia turca ha iniciado una investigación criminal sobre otros 130 académicos e intelectuales por el mismo motivo y los centros educativos han abierto expedientes a decenas de profesores que habían incluido su nombre en la lista de firmantes.

La polémica se abrió el pasado lunes 11 de enero cuando más de mil docentes e investigadores firmaron un manifiesto en el que se considera un “crimen” la política de represión emprendida por el Gobierno de la República de Turquía que preside Recep Tayyip Erdogan contra los militantes y simpatizantes del grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista en Turquía, la UE y EE UU. En el texto, los académicos turcos critican duramente los cercos y estados de excepción impuestos a varias localidades kurdas en los que, según el manifiesto, se están dejando a civiles “a merced del hambre y la sed”, e instan al Gobierno a “respetar las normas de derecho internacional y los tratados de los que es parte Turquía”; además de pedir el envío de observadores independientes a la zona, el “fin inmediato de la violencia que ejerce el Estado contra sus ciudadanos” y que se retome el proceso de paz roto el pasado año. El manifiesto, cuyas firmas ya sobrepasan los dos millares, ha recibido también el apoyo de intelectuales de talla internacional como Noam Chomsky, David Harvey, Immanuel Wallerstein y Judith Butler, entre otros.1

El martes 12, en un mensaje televisivo en ocasión del atentado suicida en una zona turística de Estambul que lamentablemente ocurrió ese mismo día, donde perdieron la vida 10 personas y que debe ser condenado enérgicamente, el presidente Erdogan acusó al grupo de académicos turcos y extranjeros que firmaron la petición de traidores y de formar una quinta columna de poderes extranjeros que tratan de socavar la seguridad nacional turca.2

El presidente Erdogan dijo “Ustedes, así llamados intelectuales: ustedes no son gente iluminada, son gente oscura. Ustedes no son intelectuales” y los acusó de difundir propaganda terrorista e insultar al Estado. El jueves 14, en otro discurso el presidente insistió en condenar a los académicos por haber firmado la petición y los calificó de crueles y despreciables por lo que él considera un apoyo a las masacres de turcos por parte de la milicia kurda en el sureste del país.3

Cabe señalar que Erdogan también arremetió contra los intelectuales que apoyaron a los académicos turcos, calificándolos de ignorantes e invitándoles a visitar Turquía: “Chomsky puede ver lo que ocurre con sus propios ojos, no a través de los de unos quintacolumnistas”. Algo a lo que Chomsky respondió tachando a Erdogan de “hipócrita”.4

Después del discurso del presidente, una campaña de acoso sobre universidades y profesores universitarios inició con varias inspecciones y acciones disciplinarias. El Consejo de Educación Superior (YÖK, por sus siglas en turco), anunció que emprendería acciones legales contra los profesores turcos que firmaron la petición de protesta contra las políticas de Erdogan, además de despedirlos de sus instituciones.5 En caso de ser procesados, los académicos podrían enfrentar una pena de 5 años de cárcel.

El ambiente represivo contra los académicos se ha extendido preocupantemente. A raíz de estas declaraciones, Sedat Peker, un notable dirigente del crimen organizado declaró que iban a derramar la sangre de los académicos críticos del gobierno de Erdogan y a tomar un baño con esa sangre. Además, los académicos han sido acosados en sus domicilios y lugares de trabajo por personas desconocidas.6

Ante esta lamentable situación, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la propia Unión Europea han expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de derechos humanos que se vive en Turquía y la represión que el Gobierno de Erdogan ha emprendido contra las voces opositoras, con lo que han demandado un cese a las hostilidades contra opositores por parte del Gobierno.

Sin duda alguna esta campaña contra los académicos atenta contra la libertad de expresión y de cátedra en la República de Turquía. Sin tomar posición sobre el contenido de las declaraciones de estos profesores universitarios, nos preocupa profundamente que se criminalice la expresión de opiniones, lo cual impide el legítimo debate democrático sobre las causas y soluciones del actual fenómeno de violencia en ese país. En sociedades democráticas, es imperativo que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, sin importar que tan controversiales o impopulares sean.

Todos los gobiernos deben de entender que expresar preocupación por el uso de la violencia no es igual a apoyar el terrorismo ni significa ser traidor. Un gobierno democrático gana legitimidad y se fortalece en la medida que es capaz de garantizar la libre expresión de las ideas sin importar que tan incomodas sean las mismas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado extremista perpetrado en la ciudad de Estambul el pasado martes 12 de enero donde lamentablemente perdieran la vida 10 personas, al tiempo de que expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Segundo. La Comisión Permanente externa su preocupación por la situación de vulnerabilidad de derechos humanos que actualmente existe en Turquía, al tiempo que condena cualquier acto de represión contra la libertad de expresión por parte de las fuerzas gubernamentales.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de los organismos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, promueva el establecimiento del diálogo entre el Gobierno Turco y los grupos opositores, con el fin de frenar los actos hostiles perpetrados en contra de las voces discordantes y generar un clima de estabilidad y respeto a los derechos humanos de toda la población.

Notas

1 Mourenza, Andrés, Turquía detiene a 22 académicos por criticar la política del Gobierno, El País, 15 de enero de 2016, consultado el 18 de enero de 2016, disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/15 /actualidad/1452868684_113848.html

2 UE, EEUU y Reino Unido critican la represión de académicos turcos, Hispantv.com, 17 de enero de 2016, consultado el 18 de enero de 2016, disponible en: http://hispantv.com/newsdetail/Turquia/201409/turquia-represion-academi cos-ue-eeuu-kirby

3 Weaver, Matthew, Chomsky hits back at Erdo?an, accusing him of double standards on terrorism, The Guardian, 14 de enero de 2016, consultado el 18 de enero de 2016, disponible en: http://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/14/chomsky-hits-back-erdoga n-double-standards-terrorism-bomb-istanbul

4 El País, óp. cit.

5 Hispantv.com, óp. cit.

6 El País, óp. cit.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de enero 2016.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dedicar en sus presupuestos y programas aprobados para 2016 atención a la capacitación de su personal médico respecto a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Crohn, suscrita por la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La enfermedad de Crohn, es una enfermedad intestinal inflamatoria (EII), la cual últimamente y derivado de inadecuados hábitos alimenticios principalmente, ha incrementado alarmantemente su incidencia sin que se diagnostique oportunamente la misma. La causa exacta de la enfermedad de Crohn se desconoce. Es una afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error y destruye el tejido corporal sano (trastorno autoinmunitario).

Los factores que pueden jugar un papel en la enfermedad de Crohn abarcan:

• Los genes y los antecedentes familiares.

• Los factores ambientales.

• Tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los intestinos.

• Tabaquismo.

Las consecuencias de la falta de diagnóstico oportuno de esta enfermedad implicarían para el sector Salud y la población en general, entre otras, las siguientes:

• Aumento de complicaciones y altos costos ante el mayor número de hospitalizaciones y cirugías que se pudiesen evitar.

• Afectación severa de la calidad de vida de enfermos, familias y patrimonios.

• Incremento de la morbimortalidad en población joven, especialmente la económicamente activa (20 a 40 años de edad).

• Falta de cobertura desde tratamientos convencionales o básicos y biológicos que modifiquen el curso clínico de la enfermedad.

• Falta de un manejo multidisciplinario a los pacientes con EII que incluyan a múltiples especialistas. Faltan becarios, cursos, instalaciones equipadas, clínicas regionales.

• Escasa divulgación y enseñanza de la enfermedad de la población y comunidad médica, sería importante establecer como misión, promover y proveer el conocimiento suficiente para impulsar mejores decisiones.

• Lograr el mayor conocimiento y comprensión social sobre estos padecimientos catastróficos y su tratamiento y cuidados, sería una forma justa de reducir la discriminación y marginación social y laboral.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que dentro de sus presupuestos y programas aprobados para este año 2016, dedique atención prioritaria a la capacitación, especialización y certificación del personal médico adscrito a la misma, con el fin de lograr el diagnóstico oportuno de la enfermedad de Crohn, en los pacientes con afecciones de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que dentro de sus posibilidades presupuestales, se establezca una Unidad Especializada para la Atención de Enfermos de Crohn, dentro del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, así como dar inicio a un Registro Nacional de Enfermos de Crohn.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2016.

Diputada Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la detención de la diputada del Parlasur Milagro Amalia Ángela Sala, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 16 de enero ocurrió un hecho que nos llena de profunda preocupación en la hermana República de Argentina, la diputada Milagro Amalia Ángela Sala, dirigente popular indígena de la Asociación Barrial Túpac Amaru e integrante del Parlamento del Mercosur, fue injustamente detenida mediante una acción arbitraria que incluyó el allanamiento a su casa.

Como es de público conocimiento, la diputada Sala impulsó la instalación de un campamento desde hace 32 días frente al edificio gubernamental de Jujuy, provincia argentina, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno de Gerardo Morales, actual gobernador de dicha provincia. En ese marco lanzó el “plan de transparencia” de los planes sociales, lo que le ha llevado a enfrentarse políticamente con el actual mandatario, quien además de sostener una campaña de persecución política en contra de la diputada Sala, suspendió de forma arbitraria la personalidad jurídica de las 16 organizaciones que se encuentran acampando frente a la sede gubernamental con la finalidad de destruir al entramado de organizaciones sociales opositoras, excluirlas de los programas de viviendas y derechos sociales cerrándoles también, sus cuentas bancarias.

Recientemente y en virtud de su detención, la diputada Sala inició una huelga de hambre luego de que se le negara la excarcelación por “haberse alzado contra decisiones gubernamentales”. La huelga de hambre, como se sabe, es el último recurso de acción no violenta en aras de reivindicar el cumplimiento de sus derechos.

Cabe señalar que la abrupta detención de Milagro Sala provocó la reacción de organismos internacionales en contra del gobierno de Mauricio Macri. Tanto desde Parlasur como de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestaron preocupación e interés por el arresto de Sala bajo la acusación de “instigación a cometer delitos” y “tumulto” debido al acampe que llevan a cabo frente a la gobernación jujeña en reclamo de los cambios en el sistema de cooperativas.1

Diputados del Mercosur emitieron un comunicado en contra del proceso al que se ha sometido a Milagro Sala, puesto que lo califican como arbitrario y parte de la represión institucional que se está llevando a cabo en Argentina como política del gobernador Morales. Asimismo, Jorge Taiana, ex canciller argentino y presidente del Parlamento del Parlasur manifestó su rechazo al encarcelamiento de Sala “porque es una grave muestra de criminalización de la protesta social pacífica”.2

Si bien es cierto que la defensa de Milagro Sala presentó un recurso de amparo legal a efecto de agilizar su salida, mediante el hábeas corpus, al momento no se ha tenido la aprobación del magistrado correspondiente, con lo cual su proceso se complica aún más.

Es necesario que el Senado de la República, partiendo de los valores que rigen la política exterior mexicana, alce la voz contra cualquier acto que criminalice la protesta social pacífica y viole flagrantemente los derechos humanos de dirigentes opositores, usando la fuerza pública para reprimirlos.

En el Grupo Parlamentario del PRD rechazamos la criminalización de la protesta social y sumamos nuestra denuncia a las muestras de solidaridad que diversas organizaciones sociales y políticas han manifestado en favor de la liberación de la diputada del Parlasur Milagro Amalia Ángela Sala.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente rechaza cualquier acto que vaya encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza pública con el objetivo de callar voces opositoras.

Segundo. La Comisión Permanente expresa su preocupación por la detención de la diputada del Parlasur Milagro Amalia Ángela Sala, por parte de la justicia de la provincia argentina de Jujuy, y hace votos para que el proceso se realice con total apego a derecho.

Notas

1 La detención de Milagro Sala genera preocupación en la OEA y Parlasur, eldestape.com, disponible en: http://www.eldestapeweb.com/la-detencion-milagro-sala-genera-preocupaci on-la-oea-y-parlasur-n14031

2 El kirchnerismo y la izquierda critican la detención de Milagro Sala, La Nación, disponible en:

http://www.lanacion.com.ar/1862865-el-kirchnerismo-y-la- izquierda-repudian-la-detencion-de-milagro-sala

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de enero 2016.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 103 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, recordamos el centésimo tercer aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, grabador, caricaturista e ilustrador talentoso mexicano que se distinguió por plasmar con realismo la cotidianidad e inquietudes acontecidas durante el México de principios del Siglo XX.

El artista reconocido por ser el creador de “La Catrina”, nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos, Aguascalientes, Aguascalientes. Sus padres fueron Don Germán Posada Serna y Doña Petra Aguilar Portillo, siendo el cuarto de seis hermanos.

Desde sus primeros años manifestó su pasión y gusto por el arte, así lo demuestra el hecho de que después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo, el ilustre artista hidrocálido ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes para perfeccionar su talento nato.

Con tan sólo 16 años de edad, desarrolló sus primeros grabados bajo las enseñanzas e instrucciones del maestro Trinidad Pedroso, personaje con el que perfeccionó los principios, métodos y secretos del arte litográfico. Por lo anterior, en poco tiempo adquirió una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León (ciudad del estado de Guanajuato a la que se había trasladado, en compañía de su maestro en 1871).

En esta etapa de su vida, combinó el trabajo de profesor con la actividad didáctica que le entusiasmaba en realidad: la litografía comercial -textos de anuncios y carteles- y la estampación de imágenes religiosas.

Posteriormente, en 1888 debido a las graves inundaciones registradas en León Guanajuato, se trasladó hacia la Ciudad de México, donde recibió múltiples ofertas, entre ellas la de la empresa editorial de Irineo Paz, donde elaboró cientos de grabados para numerosos periódicos: La Patria Ilustrada, Revista de México, El Ahuizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El hijo del Ahuizote, por mencionar algunos.

Tanto en el ámbito periodístico o en el de la prensa gráfica, como pocos, José Guadalupe Posada fue capaz de expresar todo tipo de historias e influir de manera determinante en lo que somos socialmente, de ahí que sea considerado un artista mexicano universal.

A 103 años de su deceso, es justo reconocer su creatividad. A través de La Catrina, inmortalizada por Diego Rivera en mural llamado “Catrina”, plasma una peculiar paradoja en la que, por un lado, se observa el placer de vivir ante la inminente e inevitable muerte y, por el otro, muestra un recordatorio permanentemente que la vida debe ser aprovechada al máximo.

Posada fue un hombre talentoso y disciplinado, entre sus creaciones destacan: las “calaveras” o imágenes de ultratumba; los “desastres” -que comprende catástrofes naturales-; accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios; y los “ejemplos” o lecciones morales.

Llegó a ser considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por algunos de quienes lo protagonizaron: José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez.

Después de una vida de grandes logros, de manera infortunada falleció el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México y debido a que no fueron reclamados sus restos, fue sepultado en una fosa común.

En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la grandeza del legado de Posada pero también hacemos el llamado a enaltecer el valor de su obra, pues lejos de formar parte del pasado, se encuentra presente en cotidianidad de los mexicanos.

(rúbrica)