Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4512-I, miércoles 20 de abril de 2016
De los diputados Jesús Sesma Suárez y Alejandro González Murillo, por las que solicitan el retiro de iniciativas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril, 2016.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente Iniciativa presentada el pasado 8 de septiembre de 2015 y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
• Que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer un vale por el primer empleo formal.
Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Atentamente
Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)
Coordinador
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril, 2016.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada el pasado 16 de marzo de 2016 y turnada a la Comisión de Reforma Agraria.
• Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, para que en materia de sucesiones se adopten las reglas del Código Civil Federal y puedan así heredar todas las personas con derecho a ello, o bien la voluntad del autor de la sucesión.
Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Atentamente
Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)
Coordinador
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.
Diputado Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
LXIII Legislatura
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley General de Salud, presentada el 24 de noviembre de 2015, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, turnada a la Comisión de Economía para dictamen; y a la de Transparencia y Anticorrupción para opinión.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.
Atentamente
Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal de 2016
Ciudad de México, a 15 de abril de 2016.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/040/2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta Secretaría, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.
Licenciado Felipe Salís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.
Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al primer bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica)
Subsecretario de Normatividad de Medios
Informe 1 Informe 2Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y sus homólogas estatales a ejecutar programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de esa especie, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde hace algunos años, el fenómeno de la desaparición de las abejas se ha hecho presente a lo largo de nuestro planeta, en donde colmenas enteras desaparecen prácticamente sin dejar ningún rastro, generando así un impacto sensible en la producción de alimentos y la actividad económica mundial.
Las abejas, además de producir miel, forman parte vital de uno de los procesos de la naturaleza más importantes, conocido como la polinización: a través de este, los insectos trasladan las partículas de polen de una flor a otra, depositándolas y permitiéndoles así a las especies vegetales generar sus propias semillas y reproducirse.
Este proceso, conocido como polinización natural y realizado también por otras especies, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier ecosistema, ya que sin este las probabilidades de reproducción de las plantas disminuyen drásticamente, toda vez que las abejas son consideradas como el vector más importante para la polinización de plantas con flor.
En efecto compañeros y compañeras diputadas, existen otras vías para la polinización, ya sea otras especies como los colibríes o inclusive el viento mismo, sin embargo, las abejas constituyen la vía más efectiva y reconocida para este proceso natural.
Por desgracia, al paso de los años a este proceso se le considero como un “servicio ecológico gratuito”, y se tenía la creencia que pasara lo que pasara, siempre se podía contar con el proceso de polinización efectuado por las abejas que, dicho sea de paso, sostiene aproximadamente al 30% de los cultivos mundiales de frutos y hortalizas.
La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido a la ignorancia de su trabajo, de su labor y del proceso de la polinización, así como de las condiciones naturales y ecológicas que estas necesitan para poder subsistir: si bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso del pesticida y plagas como la abeja zombie africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores y el dar por sentada su labor ha causado un mantenimiento deficiente de las colmenas.
Para nuestro país, el 5to lugar mundial en producción de miel de abeja, con un aproximado de 57 mil toneladas anuales del vital endulzante, el declive de este insecto representa un peligro para la subsistencia de casi 45 mil apicultores en todo México, así como la pérdida importante de ingresos por más de 130 millones de dólares producto de la exportación de miel mexicana.
Es por todo lo anterior, que a fin de impedir que las colonias de abejas continúen desapareciendo, es necesario que la Sagarpa y las autoridades estatales homólogas realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.
Es por lo expuesto, y debido a la importancia de la materia, que acudo ante esta honorable soberanía de la que soy parte, para solicitar, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Que esta honorable soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.
Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a iniciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un proceso de denuncia por las expresiones del precandidato republicano a la Presidencia estadounidense, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u resolución mediante el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un proceso de denuncia por las expresiones de odio del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
I. A inicios del mes de febrero del presente año arrancaron formalmente las elecciones primarias en Estados Unidos, en las que se determina quiénes serán los candidatos a contender por la Presidencia de dicho país. Durante los últimos meses, han sido notorias distintas manifestaciones por parte del precandidato del Partido Republicano, Donald Trump, en contra de México y de los mexicanos.
Como claros ejemplos de lo anterior se cuentan los planteamientos de construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, pagado por nuestro país bajo la amenaza de recortar las remesas que envían los mexicanos residentes en Estados Unidos, e incluso bajo la amenaza de ir a la guerra en caso de que no se pague el muro.1 En otra ocasión, el precandidato republicano ha demando que “no hagan negocios con México” y que los mexicanos “estafan a los Estados Unidos más que cualquier otra nación”.2 Vale la pena destacar también sus declaraciones de junio de 2015, cuando anunció su participación en la contiende presidencial, señalando que Cuando México envía a su gente, no envían a los mejores. No te envían a ti. Mandan gente que tiene muchos problemas y ellos nos traen esos problemas. Ellos traen drogas, traen delincuencia, son violadores. Y asumo que algunos son buenas personas”, dijo Trump en junio de 2015, cuando anunció que participaría de la carrera a la Casa Blanca.
A estas declaraciones se suman diversas más que son de dominio público y que han sido ampliamente documentadas.3 Es importante recalcar que sus acusaciones y ataques contra México también se extienden a otros países, a los migrantes en general y a diversos grupos sociales, incluyendo propuestas para realizar deportaciones masivas, prohibir la entrada a Estados Unidos de musulmanes, ejecutar a las familias de terroristas y no participar en misiones de paz. Es decir, se trata de un discurso de odio que se está sembrando en la contienda presidencia de los Estados Unidos.
En México comienza a verse con preocupación esta deriva demagógica impulsada por el precandidato republicano, como lo ha señalado la misma Secretaria de Relaciones Exteriores, quien afirma que las manifestaciones del precandidato Trump reflejan ignorancia y desconocimiento de la relación entre México y Estados Unidos.4
II. Los discursos de odio son el caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia, además de que este tipo de expresiones basadas en la discriminación y el racismo, debilitan las relaciones entre los países, y la larga tradición liberal de los mismos Estados Unidos. Los discursos de odio, adicionalmente, generan desconfianza y miedo al señalar como una amenaza a todo aquel que es diferente por su color de piel, su religión o su lugar de origen.
Este tipo de expresiones demagógicas que incitan al odio tiene el peligroso potencial de justificar la exclusión social, la discriminación y las violaciones a los derechos fundamentales, al identificar como “enemigos” a quienes son diferentes.
Estamos convencidos que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática, sin embargo un discurso de odio que alienta el racismo, la exclusión y la violencia no es equiparable a cualquier otra opinión o expresión legítima. El discurso de odio no es una simple opinión que se pueda sostener con amparo en la libertad de expresión, sino que es el caldo de cultivo de la violencia, y por ello debe ser señalado y contenido.
En este sentido, se cuenta con distintos instrumentos de orden internacional que combaten los discursos de odio, como la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial y la Convención American de Derechos Humanos. La misma Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU señala en su que los estados miembros deberán combatir el discurso de odio, entendido como las expresiones que promuevan el odio racional, nacionalista o religioso, y que inciten a la discriminación, la hostilidad y la violencia.5
III. Estamos convencidos que todo tipo de discurso de odio debe ser combatido y que es responsabilidad de todos proteger la dignidad de México y de los mexicanos. Creemos que no es necesario esperar a que el precandidato republicano, Donald Trump sea candidato o sea el Presidente de Estados Unidos, porque el discurso de odio ya está generando efectos, ya está teniendo impacto y ya está generando consecuencias, como son agresiones de sus simpatizantes a quienes piensan diferente, la radicalización de algunos grupos sociales, entre otros. Ese es justamente el peligro de los discursos de odio, que generan efectos aunque sean vertidos desde tribunas no institucionales.
Por ello, los días 8 y 9 de abril, en la sesión del Parlamento Latinoamericano, la delegación de legisladores mexicanos propuso que se condenara el discurso de odio del candidato republicano, como una manifestación de congruencia y responsabilidad de este órgano supranacional que agrupa a las naciones de América Latina. Dicha propuesta será analizada y sometida a consideración en la próxima sesión del Parlamento Latinoamericano.
Desde la máxima representación política de México, creemos que debe impulsarse también un pronunciamiento enérgico en defensa de los intereses de nuestro país y nuestros connacionales en Estados Unidos, así como una alerta frente a los peligros que representa este tipo de discurso de odio.
IV. Como ya se ha mencionado, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial establece restricciones al discurso de odio y mandata a los Estados a sancionar la difusión de los mismos. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya ha aplicado restricciones al discurso basado en el odio, señalando que las expresiones discriminatorias pueden ser restringidas cuando sea necesario proteger un fin legítimo, como el respeto a los derechos y la reputación de los demás.
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que a través de este punto de acuerdo, la Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para señalar los peligros del discurso de odio y discriminación del candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Este Comité está facultado para examinar las denuncias presentadas por los Estados parte y por los particulares.
La solicitud que haga el Estado mexicano para restringir el discurso ofensivo y discriminatorio del candidato republicano, se fundamenta en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por otro lado, la petición que haga nuestro país también tiene sustento en la Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos de América, que contiene una cláusula de igual protección que prohíbe a los estados negar a sus ciudadanos “la igual protección de las leyes”. Por medio de la cláusula de debido proceso de la Enmienda Quinta, esta prohibición se aplica también al Gobierno Federal y ha sido interpretada en el sentido de que todas las personas situadas de manera similar han de ser tratadas del mismo modo.
Con esta solicitud de restricción a las expresiones de odio de Donald Trump, se busca garantizar el respeto de derechos y de la reputación, así como el derecho a la no discriminación por cuestiones de raza, origen étnico o condición social, debido a que las expresiones de desprecio atentan contra la dignidad y la reputación de los mexicanos.
Consideramos necesaria esta restricción porque dichas expresiones promueven el desprecio, la hostilidad, el odio y la discriminación por cuestiones de raza, origen nacional, étnico o condición social, exponiendo a los mexicanos y a otros grupos sociales a situaciones de vulnerabilidad y violencia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones de Exteriores que inicie, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un proceso de denuncia por las expresiones de odio del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, con fundamento en el numeral 3 del artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en virtud de que este discurso de odio promueve el desprecio, la hostilidad, el odio y la discriminación contra los mexicanos, exponiéndolos a situaciones de violencia, e impidiendo que se garantice el pleno respeto de sus derechos, de su reputación y a la no discriminación.
Notas
1 “Trump amaga a México con guerra; SRE descarta responder”, Excélsior , 10 de marzo de 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/10/1079996
2 “’No hagan negocios con México’, dice Donald Trump”, Forbes México , 24 de febrero de 2016, http://www.forbes.com.mx/no-hagan-negocios-con-mexico-dice-donald-trump /
3 “Las peores frases de Donald Trump contra México”, Excélsior , 2 de marzo de 2016, http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2016/03/02/1078418
4 “México está preocupado por la campaña de Donald Trump: SRE”, UnoTV, 12 de marzo de 2016, http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mexico-esta-preoc upado-por-la-campana-de-donald-trump-sre-608518/
5 International Covenant on Civil and Political Rights, Organización de las Naciones Unidas. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.
Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, María Elena Orantes López, Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Daniel Sosa Carpio, René Cervera García, Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Mirza Flores Gómez , Moisés Guerra Mota, Angie Dennisse Hauffen Torres , Carlos Lomelí Bolaños, Jonadab Martínez García, Ma. Victoria Mercado Sánchez, Luis Ernesto Munguía González , María Candelaria Ochoa Ávalos, Adán Pérez Utrera, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora.
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las autoridades sanitarias y las ambientales que atiendan e implanten acciones para resolver la ausencia de fuentes de agua potable de calidad en la región noreste del litoral del lago de Chapala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, Fracción I y 79, numeral 1, Fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear la Comisión Especial de Empoderamiento de la Familia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para el Partido Encuentro Social, la cuestión social, entendida como el conjunto de relaciones de justicia, subsidiariedad, solidaridad y bien común, es esencial. Un legislador de esta Cámara que comprenda su trascendencia más allá de su propia corta o larga existencia, comprenderá de la misma manera que la miseria de algunas regiones de nuestro país es un constante grito que clama, no ya misericordia, sino básicamente, justicia. Sabemos de antemano que no son pocas las regiones que, por distintas causas, carecen de lo más básico, de lo más esencial para apenas sobrevivir; sabemos que son demasiadas las poblaciones en pobreza extrema; sabemos que no somos los primeros en denunciarlo; sin embargo, sabemos también, que hay casos muy específicos, de emergencias de salud, cuyo resultado suele ser la muerte como tónica diaria, y el rompimiento de récords internacionales.
Tal es el caso del segundo lugar del estado de Jalisco, a nivel mundial, sólo después de Hong Kong –que es país a diferencia de Jalisco-, en morbilidad y mortalidad a causa de insuficiencia renal. Y es de lo que vengo a hablarles: de una región, al Noreste del Lago de Chapala, en donde en una escuela primaria, de 400 niños, 190 de ellos, ¡190!, la mitad, tienen daños en su riñón, sin haber cumplido aún siquiera los 11 años.
En efecto, este punto de acuerdo es muy urgente y apelo a su humanidad en su sentido más profundo, dejando en la superficie cualquier cuestión política o económica.
Las rancherías de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y Santa María de la Joya, en la orilla del Gran Lago Jalisciense, irónicamente carecen totalmente de agua potable. Lo cotidiano de esta región es vivir a orillas de la laguna Estigia, sin poder pagarle a Caronte por despertar de esa pesadilla.
Sin posibilidades de aspirar a agua potable, ni para uso doméstico, ni para beber; no hay una sola fuente de agua potable; la única disponible es hirviente y humeante, y con altísimo índice de minerales. Los pobladores la reciben en la mañana de fuentes de piedra que intentan enfriarla, para después almacenarla y orearla esperando se enfríe, para bañarse y –no exagero– beber. El daño renal en un altísimo porcentaje, ha provocado la muerte de muchísimos jóvenes, niños, niñas, con nombres y apellidos, reales, que se han convertido en una costumbre: transcurrir el día entre la orilla del lago, de donde obtienen el agua hirviendo –donde por cierto han muerto o sufrido quemaduras muchos niños-, y de allí a las labores cotidianas de cultivo de chayotes, que venden a 10 pesos la caja de 90 piezas, y en seguida a llevar al niño de 6 años, de 14 años o 18 años, a diálisis al hospital civil de Guadalajara, principal destino foráneo de los habitantes de la región, siempre y cuando se tengan los 50 pesos del pasaje para el enfermo y el acompañante, más mil 200 para la diálisis –que por la venta de chayotes, sabemos no se obtienen. Y lo anterior, 3 veces por semana. Podemos concluir con toda certeza –y además por reportajes hechos por el periódico El Semanario de Guadajalara, lo sabemos- los pobladores prefieren resignarse a ir muriendo, muchos de ellos entre los 15 y los 18 años, hasta que aguanten los riñones, tomando preferentemente cerveza y refresco, pues tales bebidas son menos dañinas que el agua de esa región. Los padres, al morir, dejan huérfanos a niños de 5 a 8 años, cuyas mamás en su mayoría trabajan de ayudantes en casas de Guadalajara, viviendo de forma casi permanente fuera de su comunidad y lejos de su familia. Las anemias y amibiasis abundan, las malformaciones congénitas no se hacen esperar.
Una de las raíces principales del problema es claramente identificado: el agua, el derecho humano fundamental al agua. Si bien la actual administración de Poncitlán ha buscado atender la situación, y el gobierno del estado han aportado para un pozo actual, que no ha sido activado y que está detenido por trámites municipales, la situación requerida ahí tiene que ver con infraestructura de tubería, perforación, bombeo e instalación, del servicio del agua potable, en forma. Lo anterior corresponde al SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado), quien advirtió en su momento al estado, la epidemia y la situación insufrible de esta región. Sin embargo, la situación ha superado tanto al municipio como al estado. Al comprobar que esta infausta situación se ha prolongado por varias décadas, cambio tras cambio de administración de las autoridades de la materia, nos damos cuenta de que es urgente, de que es inaplazable y tremendamente necesaria, la intervención de la federación, en esta región que pareciera un subpaís, una sociedad en el fondo, en el centro de la tierra, que viviendo al lado del lago que surte de agua a toda la región, es despreciado y negado en su derecho a la infraestructura necesaria para recibir ese líquido que, en esta ocasión el adjetivo le queda mejor que nunca: líquido vital.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para su urgente y obvia resolución, el presente
Acuerdo
Único. Se solicita a las autoridades sanitarias y ambientales que atiendan de manera urgente y tome medidas y acciones, tanto con las autoridades locales como de ejecución, en el marco de sus atribuciones, en la región noreste del litoral del Lago de Chapala, para resolver cuanto antes la ausencia total de fuentes de agua potable de calidad en dicha región, así como de seguimiento a los casos en los que se ha visto afectada la salud de los pobladores de la región, derivado de ésta problemática.
Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer por la Conapesca el programa de inspección y vigilancia por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y la actividad pesquera nacional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el Programa de Inspección y Vigilancia, por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.
Consideraciones
Uno de los problemas que afectan con mayor severidad a la biodiversidad marina y a la actividad pesquera en particular es la pesca ilegal, porque genera sobreexplotación, captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, todo lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y es uno de los principales obstáculos para la ordenación de los recursos pesqueros.
La acción fundamental para prevenirla y combatirla es la inspección y vigilancia, que de acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es atribución de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, (Conapesca), que tiene como objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros.
La realidad y las quejas y de los pescadores en todo el país nos indican que la función de vigilar la aplicación de la legislación pesquera enfrenta graves deficiencias, lo cual ha llevado a que la pesca ilegal constituya hoy el principal problema que aqueja a la actividad pesquera. Además, en los niveles que ha alcanzado, constituye un excesivo esfuerzo pesquero adicional que atenta contra la sustentabilidad a largo plazo de la pesca mexicana.
Son muchas las causas de este problema. Uno de ellos es que la Sagarpa-Conapesca no cuenta con recursos financieros y personal suficientes para cumplir eficazmente esa función, lo cual se acentuó con la desaparición en 1994 de la Secretaría de Pesca del gobierno federal, que entre muchos efectos negativos trajo la desaparición las delegaciones estatales de pesca y con ello se suprimieron la mayoría de las oficinas de pesca, que eran la base de la inspección y vigilancia.
Actualmente existen sólo 210 inspectores para más de 11 mil kilómetros de litoral, centros de venta de productos pesqueros y para todas las demás tareas inherentes a esa función. Es evidente la falta de personal para realizar la inspección y vigilancia, así como la carencia del equipo necesario y sobre todo una adecuada coordinación entre las diversas instancias públicas que llevan a cabo tareas de vigilancia.
Cito el caso de Baja California Sur, que con más de 2 mil 200 kilómetros de litoral y una gran diversidad biológica de recursos marinos, muchos de alto valor comercial como langosta, abulón, camarón, pepino de mar, o las especies destinadas a la pesca deportiva, cuenta con sólo cinco inspectores federales de pesca. En todos los sitios pesqueros que visitamos se escucha la misma denuncia contra la práctica de la pesca ilegal y la falta de atención al problema.
Según el estudio realizado por el Centro de Colaboración Cívica AC; la Comunidad y Biodiversidad, AC; Environmenral Defense Fund de México AC; Fundación Idea AC; IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, AC; denominado La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la competitividad, las principales causas de la pesca ilegal en México son, además de la carencia de personal, la bajas sanciones comparados con los beneficios que se pueden obtener por esas prácticas, la falta de participación pública, el gasto público inadecuado, la falta de efectividad en las estrategias, principalmente.
A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, hasta hace algunos lustros la FAO planteaba que ésta significaba en México 30 por ciento de las capturas totales, aunque las organizaciones del sector pesquero mencionan que puede constituir más de 40 por ciento. Incluso, en el estudio citado anteriormente, y bajo una estricta metodología, se concluye que la pesca ilegal representa en promedio 56 por ciento de la producción nacional.
De acuerdo a un estudio de la FAO de 2010 denominado Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la pesca , se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la Conapesca para el país, 26 por ciento de los pescadores considera las actividades de vigilancia e inspección como buena o muy buena mientras que 69 por ciento califica la responsabilidad de esta comisión como regular o mala.
De esta magnitud es el problema de la pesca ilegal, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera y en la competitividad de la pesca nacional. La disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de en los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita. Mientras que en el año 2000 69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas, hoy 84 por ciento se encuentran en esa condición.
No debe dejarse de mencionar que la Conapesca ha realizado en los últimos años algunos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, como el sistema de monitoreo satelital para embarcaciones mayores, pero estos avances son insuficientes para resolver un problema de tal envergadura.
Es importante destacar también que tanto el sector pesquero social como privado han realizado importantes esfuerzos para combatir esta práctica ilegal, mediante la aportación de recursos y personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros, lo cual no es suficiente. Siguen sufriendo el asedio constante de los pescadores furtivos en época de captura y sobre todo en épocas de veda.
En tal circunstancia, se requieren acciones inmediatas y definitivas que enfrenten el problema en todas sus vertientes. No sólo se deben incrementar el número de inspectores; para este objeto se requiere de un programa más ambicioso. Hasta hoy no se conocen acciones específicas en materia de prevención de la pesca ilegal. Si continúan desarrollándose las mismas acciones, se seguirán obteniendo los mismos resultados. Son urgentes nuevas medidas para enfrentar este flagelo que lacera a la pesca nacional.
El sector pesquero y las propias organizaciones de la sociedad civil, interesadas en contribuir a este propósito, han planteado propuestas muy interesantes en esta materia. Una valiosa aportación en tal sentido se encuentra en el estudio antes referido, en el cual se proponen acciones concretas que pueden ejecutarse para conseguir mejores resultados, tales como hacer mejor uso de las tecnologías, mejorar la coordinación de quienes hacen cumplir la ley, crear una policía única en el mar, fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar espacios para la vigilancia comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, entre otras.
El sector social de la pesca aporta ejemplos exitosos en materia de combate a la pesca ilegal, como en el caso de las cooperativas pesqueras asentadas en el litoral del océano Pacífico de la península de Baja California, que a través de los propios cooperativistas, en apoyo a la vigilancia, coadyuvan en los operativos que han solucionado parcialmente el problema.
Pero además de exigirle más atención al problema a la Conapesca, cada una de las instancias que tienen relación con la pesca debemos contribuir a solucionar el problema. La Cámara de Diputados debe destinar mayores recursos a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que éstos queden debidamente etiquetados, así como darle seguimiento a su aplicación efectiva.
Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos diez años a la inspección y vigilancia, se advierte que éstos han disminuido. En el año 2007 se presupuestaron 249 millones de pesos, no se etiquetaron en el siguiente año y de 2009 a 2015 los montos aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016, bajo el esquema de un presupuesto base cero, no se etiquetaron recursos para inspección y vigilancia, bajo el supuesto de que se incluyeron en el programa de sustentabilidad de los recursos naturales.
Los diputados tenemos el ineludible deber de lograr los consensos para exigir que se apliquen mayores recursos a esta función y si éstos resultan insuficientes trabajar desde ahora con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr el rediseño en el siguiente presupuesto de egresos en lo relativo a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que en general se aumenten los recursos para el ordenamiento pesquero y la inspección y vigilancia.
Pero ante la gravedad del problema que se vive en la actualidad es urgente demandar a la Conapesca acciones inmediatas para que se logre una mayor eficiencia con los limitados recursos que están destinados a la inspección y vigilancia. Para ello, es fundamental que esa dependencia involucre a todas las instancias que cuenten con capacidades y facultades, a fin de que coadyuven en esta tarea, como es el caso de la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otras.
Pero también la Conapesca debe tener claro que para mejorar los resultados en inspección y vigilancia debe aplicar la ley de manera irrestricta en todos los casos en que se cometa un acto de pesca ilegal. El 10 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina, Profepa y Conapesca, detuvieron en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, a siete personas que a bordo de un barco camaronero se encontraban en posesión de mil 9 colas de langosta, recurso en veda, extraídas de manera ilegal en las costas cercanas a la Bahía de Vizcaíno, lo cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, requería el ejercicio de la acción penal y en materia administrativa el decomiso de la embarcación, dada la gravedad de las conductas. Sin embargo, los presuntos responsables fueron liberados de inmediato y la embarcación y las artes de pesca utilizadas en dicho ilícito fueron devueltas a su propietario.
Nuevamente, el pasado lunes 23 de noviembre de 2015, en un operativo de inspección y vigilancia en la misma bahía, se encontró en otro barco camaronero langosta extraída en esa zona, capturadas ilegalmente, los cuales son hechos constitutivos del delito ambiental en contra de la biodiversidad, previsto y sancionado por el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal. No obstante dicha embarcación fue liberada nuevamente.
En este último caso, la agente del Ministerio Público federal, respondió a los cooperativistas concesionarios del recurso pesquero afectado y a su vez propietarios de las artes de pesca utilizadas en la comisión de este ilícito, que el único afectado es la biodiversidad, cuya representación legal corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ello deseamos solicitar a esta dependencia continúe con las acciones legales conducentes.
La Conapesca está obligada a combatir la impunidad. Quienes cometan infracciones a la ley los debe sancionar con rigor, sobre todo cuando se trate de este tipo de conductas tan graves. En la calificación y sanción de las conductas ilícitas por pesca ilegal no debe permitirse impunidad o aplicar sanciones administrativas tan reducidas para este tipo de acciones, porque además de que es ilegal, se envía un mensaje negativo al sector pesquero, genera fuertes reacciones de protesta y rompe la tranquilidad social en las comunidades pesqueras.
Según la página electrónica de la Conapesca, el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia tiene los siguientes objetivos:
• Establecer una acción contundente del gobierno federal para combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca y la acuacultura.
• Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos de gobierno y corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.
• Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal manera que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.
• Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad.
• Combatir la comercialización clandestina de especies.
• Promover la creación de comités estatales de inspección y vigilancia así como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros.
Ante el problema que significa el crecimiento de la pesca ilegal, debe fortalecerse el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, previsto en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual señala que:
“La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente ley y otras disposiciones aplicables”.
La autoridad pesquera tiene otras asignaturas pendientes en esta materia, como es la falta de información en diversos rubros. Una nota publicada en el diario La Jornada , el pasado 9 de diciembre, da cuenta de una denuncia de diversas organizaciones civiles porque la calidad de la información que ofrece en su portal la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es insuficiente para que los ciudadanos evalúen la actuación del organismo a cargo de la vigilancia y explotación sustentable de los recursos marítimos, ya que tras evaluar los índices de transparencia del organismo se concluyó que los datos sobre subsidios energéticos, derechos de pesca e inspección y vigilancia son insuficientes y, en una escala de cero a uno, la comisión obtuvo 0.29”.
Ante este panorama general es necesario que la autoridad aplique medidas inmediatas contra la pesca ilegal y plantee una eficiente coordinación con las demás dependencias federales, con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los pescadores, de tal manera que se integre un frente común que atienda esta compleja problemática, para el combate decidido y frontal contra quienes cometen estos ilícitos, pero también que aplique la cero tolerancia para los infractores.
Asimismo, la Conapesca debe fortalecer el Programa Integral de Combate a la Pesca Ilegal, mediante nuevos mecanismos de coordinación y colaboración de todos los niveles de gobierno, con la participación del sector pesquero. En esta materia deben tomarse en cuenta las propuestas de todos los involucrados en la materia. De otra manera la pesca ilegal seguirá afectando nuestros recursos pesqueros y la sustentabilidad de la pesca nacional y nos impedirá contar con una actividad pesquera más sólida y competitiva.
Para enfrentar este problema es necesaria la voluntad de la Conapesca de modificar el esquema actual de la inspección y vigilancia, porque si continúa realizándose como hasta hoy, se seguirá afectando nuestra biodiversidad y por ende el sector pesquero nacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el Programa Integral de Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal , previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante estrategias efectivas de prevención y combate a la pesca ilegal que consideren la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales, con la participación del sector pesquero social y privado, así como con medidas de transparencia y publicidad de sus acciones, para enfrentar el creciente problema de la pesca ilegal en el país, el cual afecta de manera severa a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.
Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que dentro del proceso de calificación y sanción de las acciones de pesca ilegal, se aplique la cero tolerancia para los infractores de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y a que en las actuaciones derivadas del acta de inspección en contra de la embarcación Indio Azteca, por actos de pesca ilegal en el litoral del océano Pacífico de la península de Baja California, detenida el pasado 23 de noviembre, se apliquen con todo rigor las sanciones previstas en la ley, considerando la gravedad de tales conductas y a efecto de inhibir nuevos casos de embarcaciones detenidas por realizar pesca ilegal que son liberadas de inmediato.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden, a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.
Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica)