Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a fortalecer con los titulares de Pemex, la Sedena y la PGR las acciones para abatir el robo de hidrocarburos en la entidad, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 79, numeral 2 fracción III, y numeral 2, fracción III, articulo 113 y 139 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El robo de combustible en Puebla repuntó al inicio del Presente Gobierno Estatal, al pasar de una toma clandestina hallada por semana a un total de seis en el mismo periodo de tiempo, refieren cifras oficiales proporcionadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fueron encontradas mil 157 tomas clandestinas en los ductos que pasan por Puebla. La mayoría de dichas tomas se ubican en Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Acaje y Amozoc. Los puntos localizados por Pemex abarcan un total de 32 municipios poblanos.

Como se aprecia esta situación ha ido en aumento, lo anterior representa pérdidas económicas millonarias, para todos los poblanos. Cada vez que roban combustible, no solo cometen un delito; también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Como se observa en el artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todas las órdenes de gobierno. De ahí se deriva que no solo Pemex tiene responsabilidades en el tema, sino también, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, para que se haga realidad la coordinación referida, y se coordinen labores de inteligencia con más recursos económicos y humanos para evitar el robo de hidrocarburos.

Cabe señalar que la Secretaría de Energía (Sener) reconoce que esta situación es uno de los problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) en medio de su reorganización ante la aprobación de la Reforma Energética, y lo cual afecta principalmente a la logística de la recién creada Empresa Productiva Subsidiaria de Transformación Industrial-Refinación, pues asegura que aún hace falta la “detección oportuna de tomas clandestinas”.

Durante los primeros 7 meses de este año la cifra llegó al acumulado de 453, con lo que la entidad se mantiene en el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a tomas detectadas para extracción ilegal de combustible.

Además del daño patrimonial para Pemex, debe considerarse el riesgo para la seguridad de poblados y municipios.

Otro factor es que una gran parte del combustible robado, es usado para abastecer una más de las redes del crimen organizado, gasolineras “pirata” así como el transporte en general (pasajeros y carga de todo tipo), en unidades sin ninguna verificación y que son auténticos ataúdes rodantes.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Puebla, para que en coordinación con el director general de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Republica, fortalezcan acciones para abatir el robo de combustible en el Sistema Estatal de Gasoductos y Poliductos; así como fortalecer la ejecución de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustible.

Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias penales interpuestas por la ASF contra el gobierno de Colima, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en relación con las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del estado libre y soberano de Colima, así como con la denuncia de revisión excepcional presentada ante el órgano superior de Auditoría y Fiscalización gubernamental del estado de Colima, contra el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, la impunidad por actos de corrupción cometidos por gobernadores es altísima. De acuerdo al libro “México: Anatomía de la Corrupción” de María Amparo Casar y respaldado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, de 41 gobernadores que fueron exhibidos por casos de corrupción claros, solamente se investigaron 16, y se castigaron a 4. Esto significa que de cada 10 gobernadores mexicanos a quienes se les encuentra evidencia por hechos que califican como corrupción, sólo 1 llega a ser castigado, es decir, un ínfimo 10 por ciento.

Esto contrasta con el caso de Estados Unidos que la investigadora María Amparo Casar estudia, en donde de 9 gobernadores son implicados en actos corruptos, 9 gobernadores son investigados, y los mismos 9 gobernadores fueron castigados mediante cárcel. Es decir, en ese país se cuenta con una efectividad de castigo en hechos que constituyen corrupción, cometidos por gobernadores, de 100 por ciento.

La propuesta que hoy se presenta tiene como fin despertar la conciencia nacional acerca de una problemática que ha permeado el bienestar financiero de varios estados de la República; mediante la exposición de las circunstancias que atraviesa Colima, una de las entidades en condiciones más críticas, y que ha mostrado un deterioro acelerado.

En el caso del actual gobernador, Mario Anguiano Moreno, los delitos de corrupción están comprobados. Él lo reconoce públicamente, al indicar que su gobierno desvió 600 millones de pesos de recursos federales para un uso y en partidas presupuestales distintas a las originales, siendo utilizado este dinero para el pago de sueldos y prestaciones, es decir, gasto corriente. Por este asunto es que la Auditoría Superior de la Federación tiene presentadas denuncias penales en contra del Gobernador, ante la Procuraduría General de la República.

En Colima existe una situación de excepción. En la actualidad es una entidad federativa donde reina la corrupción visible, la complicidad en la compra de terrenos que aumentan su plusvalía por obras públicas, el endeudamiento público desmesurado y desvergonzado, el impago exorbitante a proveedores e instituciones, y la opacidad total en el manejo de los recursos de todos los ciudadanos.

Por si esto fuese poco, el Poder Ejecutivo estatal ejerce violencia institucional reiterada y sistemática en contra de ciertos grupos vulnerables, los que tendrían que recibir apoyo y beneficios. Uno de ellos son las mujeres. Los feminicidios son frecuentes, en ciertas temporadas hasta de uno por mes. Por ello, el Congreso del estado solicitó se emitiera la Alerta de Género. Por si esto fuese poco, en enero, también la pidieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un gran número de organizaciones civiles. El gobierno estatal negó su apoyo y señaló públicamente que no era necesaria. Los feminicidios continúan ocurriendo.

Los adultos en plenitud forman otro de estos grupos violentados institucionalmente por el Poder Ejecutivo estatal. Llevan casi 6 meses sin recibir la pensión mensual a la que tienen derecho, causando esto muertes de adultos mayores que se quedaron esperando su dinero para alimentos y medicinas. Aunado a esto, recientemente se sacó de este programa de pensiones a 2 mil adultos mayores, como una estrategia de recorte financiero para poder pagar las pensiones del resto. Es decir, se minimiza la vida de este grupo poblacional a tal grado de no importar las consecuencias que están sufriendo por no contar con un dinero que oportuna y correctamente se incluyó en el Presupuesto de Egresos. Los trabajadores del Gobierno Estatal son otro grupo afectado. La plantilla laboral ha sufrido tres recortes de trabajadores.

El propósito central de esta proposición de acuerdo es que quienes han convertido a Colima en una entidad en quiebra financiera, con inestabilidad social, con sectores vulnerables altamente castigados, y con una situación excepcionalmente adversa; no queden impunes.

El gobierno del estado de Colima sufre de una problemática patrimonial que ha generado un déficit financiero de aproximadamente mil 598.5 millones de pesos. De acuerdo con Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional de la entidad, la deuda pública, además, rebasa los 2 mil 223 millones de pesos. Mientras tanto, el adeudo con proveedores del gobierno supera los 228 millones de pesos, mismo pasivo que el gobernador no prevé resolver en fechas próximas, en razón del adeudo a corto plazo que existe con instituciones bancarias, el cual asciende a los 468 millones de pesos.

Diferentes medios escritos de comunicación masiva, tanto a nivel local como nacional, han expuesto en los últimos días el reconocimiento público que el gobernador del estado de Colima ha hecho sobre el desvío de fondos federales. Mario Anguiano Moreno, como lo muestran los medios, ha asegurado que desvió recursos federales, pues se trata de una práctica común entre los gobiernos, pero que no lo hará más.

Este reconocimiento que el gobernador ha hecho se debe principalmente a las presiones ejercidas por los grupos que han visto violentados sus derechos y que han soportado durante meses la falta de los pagos que se les adeudan. Mario Anguiano Moreno señaló, haciendo gala de un cinismo exagerado, “yo tenía dos alternativas: seguir haciendo lo que normalmente hacen los gobiernos, cubrir compromisos elementales tomando recursos de otros fondos, en este caso fondos federales, para pagarles a tiempo, pero esa es una utopía”.

Cabe señalar que en septiembre, las bancadas de diputados del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, interpusieron en conjunto una denuncia de revisión por situación excepcional, ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, contra el gobernador, Mario Anguiano. Esto evidencia la notoriedad y la gravedad de la situación que Colima enfrenta, puesto que, al igual que varias entidades en el país, sus ciudadanos y sus trabajadores han sufrido las consecuencias de los manejos irregulares del erario.

De este modo, sin perjuicio de lo que arrojen las investigaciones posteriores por arte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, es pertinente exhortar, por parte de este máximo órgano legislativo, a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, para que den seguimiento puntual a las investigaciones que tienen a su cargo.

El trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación reviste especial importancia, y debe ocuparnos con una alta prioridad a los legisladores federales. Las estadísticas que el Instituto Mexicano para la Competitividad, Imco, publica a partir del Censo de Impartición de Justicia indican que solamente el 2 por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos tienen como resultado de una investigación, el ingreso a la cárcel.

Los expedientes que elabora la Auditoría Superior de la Federación han llevado a presentar entre 1998 y 2012, un total de 444 denuncias ante la Procuraduría General de la República, de las cuales 421 están en trámite, 8 están en reserva, y sólo 7 están consignadas. Esto significa que por cada 100 denuncias que presenta la Auditoría Superior, solamente 1.5 tiene como final que el servidor público que comete el delito, termine en la cárcel.

Este es un llamado a todos mis compañeros legisladores aquí en la Cámara de Diputados, para que si en sus estados igual que en Colima, reina la impunidad, la complicidad, la opacidad, la corrupción y la desvergüenza, nos avoquemos a llegar hasta el final, uno en el que los gobernadores que a la vista de todos han cometido delitos, principalmente al considerar los recursos de todos los ciudadanos como suyos, terminen en la cárcel, que es a donde pertenecen.

Modifiquemos las estadísticas, disminuyamos la impunidad de los gobernadores, y aumentemos la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en la Cámara de Diputados, que es honorable y está al servicio de la gente.

Por lo expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que dé seguimiento puntual a las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, por simulación de reintegros en fondos federales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al auditor superior de la Federación a que, en el ámbito de sus atribuciones y de ser procedente, realice una revisión exhaustiva del ejercicio de la cuenta pública del Estado Libre y Soberano de Colima durante el sexenio de la administración de Mario Anguiano Moreno, en lo que se refiere a la utilización de fondos federales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Carlos Armando Zamora González, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, a dar seguimiento cabal a la denuncia de revisión por situación excepcional presentada por los ciudadanos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en contra de Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima.

Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Luis Fernando Antero Valle (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la secretaria de Salud que fortalezca las acciones encaminadas a reducir la mortalidad materna y garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan detectar oportunamente malformaciones congénitas en el producto, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben diputadas Arlet Mólgora Glover, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Quintana Roo y Delia Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de San Luis Potosí, de esta Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en este tenor, es un deber ineludible del estado hacer efectivo este derecho a través de la prestación del servicio público, así como de la regulación de diversos servicios privados para lo cual debe definir las bases y modalidades para el acceso a aquéllos y establecer la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad, de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción XVI, de nuestro máximo ordenamiento constitucional.

El derecho a la protección de la salud pertenece a los derechos de contenido económico, social y cultural, que permiten consolidar un estado social y democrático de derecho, que a su vez posibilita el constitucionalismo social que demanda el reconocimiento y vigencia efectiva de esa gama de derechos, a fin de que sean realmente accesibles y disfrutables, por lo que el estado debe realizar acciones, programas y estrategias a fin de que las personas, sin ninguna distinción, los gocen de manera efectiva.

Asimismo, al ser el derecho a la protección de la salud, un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trae consigo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La salud de las mujeres y los nin?os ha sido reconocida como un derecho humano fundamental en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos también adoptó una resolución sobre la mortalidad materna en la cual se emiten orientaciones técnicas concisas sobre la aplicacio?n de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad.1

Por otra parte, la existencia de la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños es un paso importante hacia la consecución de una mejor salud para las mujeres y los niños del mundo. A tal efecto, debe traducirse rápidamente en medidas concretas y resultados cuantificables, en donde todas las partes interesadas tendrán que asumir compromisos concretos para mejorar la financiación, fortalecer las políticas y mejorar la prestación de servicios2 .

La estrategia mundial parte de compromisos asumidos por los países y los asociados en distintas oportunidades: el programa de acción acordado en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; el Examen Ministerial del Consejo Económico y Social sobre la Salud Mundial; la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema Mujeres y niños sanos: una inversión en nuestro futuro ; y el 54o. periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se apoya asimismo en compromisos e iniciativas regionales como el Plan de Acción de Maputo, la Campaña de la Unión Africana para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en África (CARMMA), y la Declaración de la Cumbre de la Unión Africana de 2010 sobre las medidas en pro de la salud de la madre, el recién nacido y el niño.3

A fin de dar cumplimiento a lo planteado en sus objetivos, la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños ha establecido áreas fundamentales en donde se requiere de medidas urgentes para mejorar la financiación, fortalecer las políticas y mejorar la prestación de servicios, destinando las siguientes:

• Apoyo a los planes de salud dirigidos por los países y apoyados mediante una inversión mayor, predecible y sostenible.

• Integración de los servicios sanitarios y las intervenciones que salvan vidas para dar acceso a las mujeres y a sus hijos a la prevención, el tratamiento y la asistencia cuándo y dónde los necesiten.

• Fortalecimiento de los sistemas de salud para que cuenten con suficiente personal sanitario bien preparado.

• Introducción de planteamientos innovadores en la financiación, el desarrollo de sus productos y la prestación eficiente de servicios de la salud.

• Mejora del monitoreo y la evaluación para lograr la responsabilización de todas las partes interesadas.

Es menester señalar que la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños se trazó como objetivo salvar 16 millones de vidas para el año 2015, dado que año tras año, unos 8 millones de niños mueren por causas evitables, y más de 350 mil mujeres mueren por complicaciones evitables relacionadas con el embarazo y el parto4 .

“Si resolvemos las grandes carencias que se describen con pormenores en el presente documento, los beneficios serán enormes. Cumplir las metas del ODM 4 (Reducir en dos terceras partes la mortalidad de menores de cinco años) y del ODM 5 (Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna y dar acceso a los servicios de salud reproductiva a todas las personas) significaría salvar la vida de 4 millones de niños y alrededor de 190 mil mujeres tan solo en 2015”5

La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o los 42 dos días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales.

De acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de éstas, se encuentran relacionadas con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado.6

En México, la mortalidad materna en 2008 fue de 57.2; en 2009 de 62.2; en 2010 de 51.5; y en 2011 de 50.7 por cada 100 mil nacimientos, en números absolutos de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Asimismo, los índices de mortalidad en mujeres registrados en 2013 fue de un total de 861 defunciones con un porcentaje de 38.2 por la razón de mortalidad materna.7

Por otra parte, a nivel mundial se calcula que cada año 276 mil recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida debido a anomalías congénitas, éstas últimas pueden ocasionar discapacidades crónicas con gran impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad.8

En México, la tendencia de la mortalidad infantil en 1 año, ha tenido una disminución importante en los últimos 30 an?os, al registrar tasas del orden de 3,889.9/100,000 nacimientos registrados en 1980 a 1,498.6 en 2010. Esto significa una disminución de 61.5 por ciento y, en términos absolutos, de 94,116 defunciones a 28,865 representado 69.3 por ciento. Por el contrario, se han registrado tasas de MC de 224.4/100,000 nacimientos en 1980, con 5,031 defunciones, y de 336.3 en 2010, con 6,477, lo que representa un aumento de 28.7 por ciento en la tasa y, en números absolutos, de 49.9 por ciento. En 1980, las malformaciones congénitas ocuparon cuarto lugar, representando 5.2 por ciento en relación con el total de defunciones infantiles; en 1990, el cuarto lugar con 7,127 defunciones (10.9 por ciento); en 2000, el segundo lugar, con 7,212 defunciones (18.7 por ciento); y en 2010, el segundo lugar, con 22.4 por ciento. Este cambio al segundo lugar se dio a mediados de la década de los 90.9

Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida.10

En la actualidad, aún no ha sido posible asignar una causa específica a cerca de un 50 por ciento de las anomalías congénitas. No obstante, se han identificado algunas de sus causas o factores de riesgo, como son socioeconómicos y demográficos, genéticos, de infecciones, de estado nutricional de la madre y ambientales.11

En cuanto a los factores socioeconómicos y demográficos podemos argumentar que aunque los ingresos bajos pueden ser un determinante indirecto, las anomalías congénitas son más frecuentes en las familias y países de ingresos bajos. Se calcula que aproximadamente 94 por ciento de las anomalías congénitas graves se producen en países de ingresos bajos y medios, en los que las mujeres a menudo carecen de acceso suficiente a alimentos nutritivos y pueden tener mayor exposición a agentes o factores que inducen o aumentan la incidencia de un desarrollo prenatal anormal, en especial el alcohol y las infecciones. La edad materna avanzada también incrementa el riesgo de algunas alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, mientras que el riesgo de determinadas anomalías congénitas del feto aumenta en las madres jóvenes.12

En cuanto a los factores genéticos, la consanguineidad aumenta la prevalencia de anomalías congénitas genéticas raras y multiplica casi por dos el riesgo de muerte neonatal e infantil, discapacidad intelectual y otras anomalías congénitas en los matrimonios entre primos hermanos. Algunas comunidades étnicas, como los judíos asquenazíes o los finlandeses, tienen una mayor prevalencia de mutaciones genéticas raras que condicionan un mayor riesgo de anomalías congénitas.13

Los factores relacionados con las infecciones maternas, como la sífilis o la rubéola, son una causa importante de anomalías congénitas en los países de ingresos bajos y medios. Asimismo, otro factor es el estado nutricional de la madre del cual podemos advertir que las carencias de yodo y folato, el sobrepeso y enfermedades como la diabetes mellitus están relacionadas con algunas anomalías congénitas. Por ejemplo, la carencia de folato aumenta el riesgo de tener niños con defectos del tubo neural. Además, el aporte excesivo de vitamina A puede afectar al desarrollo normal del embrión o del feto.14

Por último, en cuanto a los factores ambientales se señala que la exposición materna a determinados plaguicidas y otros productos químicos, así como a ciertos medicamentos, al alcohol, el tabaco, los medicamentos psicoactivos y la radiación durante el embarazo, pueden aumentar el riesgo de que el feto o el neonato sufra anomalías congénitas. El hecho de trabajar en basureros, fundiciones o minas o de vivir cerca de esos lugares también puede ser un factor de riesgo, sobre todo si la madre está expuesta a otros factores ambientales de riesgo o sufre carencias alimenticias.

Sin embargo, y a pesar de que la mortalidad en neonatos a causa de anomalías congénitas es una realidad que cada día va en aumento, los médicos pueden alertar con anticipación a las madres de estos problemas con la finalidad de que los corrijan antes del nacimiento de los bebés.

Para efecto de lo anterior, durante el embarazo, es necesario practicar un ultrasonido obstétrico para conocer el estado de salud del producto, pues es fundamental en el análisis de anomalías fetales puesto que se puede detectar de manera confiable algunas anormalidades en el feto como hidrocefalia (acumulación de agua en el cerebro), anencefalia (falta el cerebro o tiene un desarrollo rudimentario), Mielomeningocele (alteración de la formación de la columna vertebral), acondroplasia (la característica más notable es el enanismo), gastrosquisis (defecto de la pared abdominal en el cual los intestinos y otros órganos se desarrollan fuera del abdomen del feto a través de una apertura de la pared abdominal), espina bífida, atresia duodenal (el intestino delgado está cerrado) e hidrops fetal (afección seria en la cual se acumulan cantidades anormales de líquido en dos o más áreas del cuerpo de un feto o recién nacido). Con los últimos equipos de ultrasonido, hoy en día las malformaciones como el labio y paladar hendido y anormalidades congénitas del corazón, se pueden diagnosticar en una edad gestacional más temprana. Durante el primer trimestre se pueden detectar anormalidades cromosómicas como el Síndrome de Down. Además por medio del ultrasonido el médico puede detectar la ausencia de huesos nasales y una medida anormal en la “translucencia nucal” la cual, en casos de alteraciones cromosómicas, aumenta el espesor de la piel de la nuca del feto (pliegue nucal), debido al engrosamiento de los vasos linfáticos y venosos. Este estudio se realiza entre la 11a. y 13a. semana de gestación. Los estudios realizados sugieren que los exámenes por ultrasonido de rutina detectan del 16 al 85 por ciento de todos los defectos.

A partir, de lo expuesto en el presente y convencidas de la necesidad de promover la atención continua a las pacientes situación que recobra importancia a partir de los informes de la Organización Mundial de la Salud en 2005 y del secretario general de las Naciones Unidas en 2010, que establecen que para cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 4 y 5) Cada niño y cada mujer cuentan. 15 Y con la firme convicción de la relevancia que tiene brindar la atención debida y procurar la salud de las mujeres y de los infantes, por la razón evidente de que ellos son la clave del progreso para todos los objetivos de desarrollo, tomando en consideración que en el país la ciencia y la tecnología ha avanzado significativamente y que contamos con métodos e intervenciones eficaces para detectar oportunamente los defectos congénitos en los productos y neonatos, es necesario brindar a todas nuestras mujeres la oportunidad de recibir la prestación de servicios genéticos comunitarios apropiados, que se puedan integrar en los servicios de salud materno-infantil y reproductiva, así como las intervenciones que reduzcan la exposición a los factores de riesgo de defectos congénitos, tal y como lo ha recomendado en su asamblea 63a., la Organización Mundial de la Salud.

Para ello, resulta necesario enfocarnos en reforzar las acciones existentes y realizar otras, que nos permitan contar con la suficiente cobertura de las intervenciones de salud materna, del recién nacido y del niño y eliminar todos los obstáculos que aún los limitan al acceso de los servicios sanitarios, esto sólo lo lograremos abonando acciones y políticas públicas ciertas y eficaces encaminadas a protegerles el derecho a la salud.

En este sentido, nos permitimos proponer este punto de acuerdo con la finalidad de que se promuevan en todo el país un conjunto de acciones tendientes a fortalecer las existentes, que contribuyan a reducir la mortalidad materna, además de que se establezcan prestaciones garantizadas para que todas aquéllas mujeres mexicanas que durante su embarazo por diversas condiciones y circunstancias no tengan acceso a los servicios sanitarios de manera periódica, puedan ser atendidas en establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, y por último, que se tenga como prioridad la capacitación y la sensibilización de los prestadores de servicios de salud con la finalidad de que realicen el mismo, con gran calidad, apegados a la ética y al profesionalismo. Sin lugar a dudas, con todas estas acciones y medidas aplicadas de manera integral lograríamos la tendencia a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevencio?n y la detección oportuna de los defectos congénitos en los mismos.

Por todo lo expuesto y fundamentado en el presente documento nos permitimos proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de las Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia y atribuciones se fortalezcan las acciones encaminadas a reducir la mortalidad materna en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de las Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia y atribuciones, se establezcan acciones encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan lograr la reducción de la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia y atribuciones, contemple que existan establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, asimismo se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que sea brindado con gran calidad y con estricto apego a la ética y al profesionalismo protegiendo en todo momento el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país.

Notas

1. Consejo de Derechos Humanos 21o. periodo de sesiones Temas 2 y 3

2. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General.

3. Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños, Nueva York, Septiembre 2010.

4. Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños, Nueva York, Septiembre 2010.

5. Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños, Nueva York, Septiembre 2010.

6. OMS (Organización Mundial de la Salud)

7. Observatorio de mortalidad materna en México, Mortalidad materna en México. Numeralia 2011, México 2012.

8. OMS (Organización Mundial de la Salud). http://www.who.int

9. Prevalence of congenital malformations recorded on the birth certificate and fetal death, Mexico, 2009 to 2010.

10. OMS. Organización Mundial de la Salud

11. Ídem

12. Organización Mundial de la Salud

13. Ídem

14. Organización Mundial de la Salud.

15. Evashwick C. Creating the continuum of care. Health Matrix 1989; 7 (1):30

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputadas: Arlet Mólgora Glover, Delia Guerrero Coronado (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a liberar los recursos presupuestarios del ejercicio fiscal de 2015 para los municipios del área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Ruiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 consideró la aportación de 906 millones 486 mil 719 pesos del fondo metropolitano para la zona metropolitana de Monterrey. El artículo 38 del Presupuesto de Egresos señala el objetivo de este Fondo:

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

El origen e incrementos de esta aportación se encuentran en las gestiones que han hecho diversos diputados federales en distintas legislaturas, con el propósito de no sólo beneficiar al estado sino también a los municipios.

Las zonas metropolitanas se caracterizan por la integración urbana de varios municipios, que contribuyen de forma colegiada en la planeación metropolitana y que en la de Monterrey no han sido tomados en cuenta para la asignación de recursos objeto del Fondo.

Al gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, no le ha bastado con llevar al máximo histórico de endeudamiento a la entidad, sino que además ha dejado sin recursos del Fondo Metropolitano y fuera de la toma de decisiones al respecto, a los municipios de la metrópolis.

Con voracidad y avaricia, la administración del gobernador Medina se ha apoderado de recursos que no le corresponden y que están destinados a los municipios del estado; tal parece que al mandatario estatal se le olvidó por completo el federalismo y que éste, las administraciones municipales son la primera instancia que atiende las necesidades de los ciudadanos.

El gobernador Medina, de forma arbitraria, pretende destinar íntegramente los recursos del Fondo Metropolitano para financiar la construcción de un nuevo hospital cuya obra, cabe señalar, va muy avanzada. Pero esta decisión se tomó sin tomar en cuenta a los municipios, siendo que la práctica común es de repartir dichos recursos para la realización en los municipios de obras públicas que tengan utilidad metropolitana.

Aunado a ello, los alcaldes metropolitanos se han quejado de que la administración estatal se ha quedado no ha ejercido recursos destinados a otras obras. Por poner un ejemplo: el gobierno de la República envió para el presente año una partida de alrededor de 400 millones de pesos para el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, sin embargo, éstos no han sido distribuidos, no obstante la gran necesidad que de los mismos hay. Existen también serias quejas de retrasos en la entrega de otros tipos de recursos, como lo son los fondos descentralizados y los recursos de los derechos de control vehicular que les corresponden.

Es claro que al retener estos fondos municipales, los que salen perdiendo son los ciudadanos de Nuevo León.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al ciudadano gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, a entregar, de manera inmediata, los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 correspondientes al Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Monterrey, a los municipios que la conforman.

Dado en el Palacio Legislativo federal, el 29 de septiembre de 2015.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña de difusión sobre la importancia de que las mujeres ingieran ácido fólico durante su vida reproductiva, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cuando se habla de espina bífida, pocos entendemos lo que realmente es y las consecuencias que representa para el desarrollo de los bebés y su familia. Es por ello, que debemos primero comprender en qué consiste, cuáles son sus efectos, si existe algún tipo de tratamiento, etcétera.

Según información obtenida del documento expedido por el gobierno federal e intitulado Prevención, diagnóstico y tratamiento de la espina bífida en niños, 1 la espina bífida forma parte de los trastornos conocidos como defectos del tubo neural (DTN) o encefalomielodisrrafias, que se producen por el cierre defectuoso del tubo neural durante la gestación, como consecuencia de la interacción de factores genéticos, ambientales y nutricionales.

En otras palabras, la espina bífida se refiere a un desarrollo incompleto de las vértebras lo que produce salida de la médula espinal y las meninges (cubierta protectora que rodea el cerebro y la médula espinal) provocando alteraciones en la movilidad así como en el control de sus esfínteres.2

La Asociación Espina Bífida de Nuevo León, fundada en 1993, define a este padecimiento como una malformación congénita del tubo neural, que se caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales no se han fusionado correctamente durante la gestación y la médula espinal queda sin protección ósea. A decir de esta misma asociación, la principal causa de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico en la madre durante los meses previos al embarazo y los primeros tres meses de gestación, aunque existe un 5 por ciento de casos cuya causa es desconocida.3

Los DTN son comúnmente relacionados con la falta de ingesta de ácido fólico en las mujeres antes y durante la gestación. Por lo que resulta de gran relevancia en su prevención que se difunda ampliamente la importancia del ácido fólico durante toda la vida reproductiva de la mujer, a efecto de disminuir los DTN y todas las implicaciones que esta malformación conlleva a quienes la padecen.

Los defectos del tubo neural, se acompañadas de trastornos clínicos de diversa gravedad como puede ser hidrocefalia, alteraciones en la deambulación, falta en el control de la orina como del excremento provocando un gasto importante en el sector salud así como en las familias de los niños que nacen con este problema. .

Durante el año de 1988, el departamento de Genética del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, realizó un estudio transversal sobre malformaciones congénitas en 26 hospitales de México, este estudio arrojó los siguientes resultados: las malformaciones osteomusculares ocupaban el primer lugar con 26.1 por ciento, seguidas por las malformaciones múltiples con 22.4 por ciento, las de la piel con 12.5 por ciento, las del sistema nervioso central con 10.9 por ciento, las malformaciones del oído con 10.4 por ciento y el porcentaje restante con otros diversos tipos. A partir de estos resultados, se puso de manifiesto que las malformaciones congénitas representan un grave problema de salud pública, dadas las graves consecuencias sociales y económicas que conlleva su ocurrencia.4

Las estadísticas obtenidas de fuentes oficiales, no se encuentran actualizadas lo que complica aún más poder tener un diagnóstico claro de los casos de DTN en el país, sin embargo, resulta necesario hacer alusión a la información con la que contamos: durante el periodo de 1980-1997, se produjeron en México 21,226 muertes por DTN, con un promedio anual de 1,179 defunciones. La anencefalia fue el tipo de defecto más frecuente (37 por ciento) con una tasa de frecuencia en el periodo mencionado de 2.2 por 100,000 nacidos vivos, seguido por la espina bífida sin hidrocefalia cuya tasa fue de 1.8 por 100,000 nacidos vivos lo que representó el 31.6 por ciento de las muertes por DTN y el tercer lugar lo ocupa la espina bífida con hidrocefalia, que presentó una tasa bruta de 1.4 por 100,000 nacidos vivos y 24.1 por ciento de las defunciones.5

En el caso de Nuevo León, la Asociación de Espina Bífida menciona que 1 de cada 100,0000 niños que nacen vivos, tienen espina bífida.

Cabe destacar, que está Asociación fue la primera en nuestro país en brindar apoyo e información a los padres de familia y atención a los niños con este padecimiento, señala en su página de internet que debe ser corregido mediante una intervención quirúrgica en los primeros días de vida para así evitar complicaciones siendo las complicaciones neurológicas la principal causa de muerte en el primer año de vida. Después de este periodo las complicaciones urológicas son la primera causa de muerte debido a perdida de la función de sus riñones como por infecciones urinarias que lo llevan a la muerte. El tener a un miembro de la familia con este problema equivale en tiempo dedicado al niño como en los recursos que se destinan para su atención a lo que se gastó con 5 niños normales.6

Como podemos observar compañeros legisladores, las secuelas de los defectos del tubo Neural en la vida de las personas que los padecen como en su familia no son menores, impactan notablemente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Es por ello, que resulta necesario hacer uso de esta tribuna para exhortar a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias lleve a cabo una campaña de difusión para prevenir este tipo de defectos que merman la calidad de vida de las personas que lo tienen y de sus familias. Ello, derivado de las pruebas científicas que demuestran que la ingesta de ácido fólico por parte de las mujeres en edad reproductiva disminuye seriamente las posibilidades de que los nacidos vivos tengan defectos del tubo neural.

Ahora bien, resulta también de gran relevancia que exista una coordinación de esfuerzos entre las autoridades en materia de salud y las asociaciones civiles sin fines de lucro, que a lo largo de los años han venido desempeñando un importante papel en la ayuda y apoyos que bridan a las personas con DTN y sus familias, por tanto, se pone a consideración exhortar a la Secretaría de Salud que instrumente un canal de comunicación con dichas asociaciones y que apoye en la medida de lo posible y de sus previsiones presupuestales a dichas asociaciones.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice campañas que informen a la población en general, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los Defectos del Tubo Neural.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que instrumente un canal de comunicación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias y que apoye en la medida de lo posible y de sus previsiones presupuestales a dichas asociaciones.

Notas

1 Documento disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_269_13_Espina_bifida/269GER.pdf [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]

2 Información disponible en:http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/spina-bifida/?lang=es [fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]

3 Información disponible en: http://www.espinabifida.org.mx/espina-bifida.html [fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017]

4 Información disponible en el Manual de Procedimientos estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos del Tubo Neural.
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/09_2012_Manual_DefTuboNeural_vFinal27sep12.pdf [fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]

5 Ídem.

6 Op. Cit. Nota 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la promoción y el impulso de los pueblos mágicos, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas el sector turístico se ha convertido en una de las fuentes que ha generado un mayor número de empleos y de divisas, así como de estímulos a la inversión, al crecimiento económico y, en un sentido más amplio, al desarrollo.

Así pues, a escala internacional el turismo es una de las actividades más dinámicas e importantes por su nivel de inversión, por su capacidad de generar fuentes de empleo y de contribuir al desarrollo de las regiones de los Estados, a lo que se suma el hecho de que es uno de los sectores con mayor crecimiento, al tiempo de generar efectos positivos en la economía y la sociedad, en la cultura y el medioambiente, como ha sido el caso de muchos países y regiones del mundo.

En México el turismo representa la tercera fuente de divisas y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto. En 2012, nuestro país se ubicó en la posición 24 en lo que se refiere a las divisas generadas por el turismo internacional. El ingreso de divisas de turistas extranjeros a México alcanzó los 13 mil 800 millones de dólares (MDD) en 2013, superando los 12 mil 779 millones registrados en 2012.

En lo que respecta al rubro de llegadas internacionales en 2014 según cifras del Panorama OMT del Turismo Internacional, edición 2015, México recibió 29 millones de turistas extranjeros los cuales dejaron una derrama económica 16 mil 258 millones de dólares, lo anterior permitió la creación de 3 millones 180 mil puestos de trabajo directos y más de 7 millones de espacios laborales indirectos.

Las cifras antes vertidas convirtieron a México en el décimo destino turístico más importante del mundo, y lo hace ser el país más visitado de América Latina y el Caribe.

A finales de los años noventa la Organización Mundial de Turismo pronosticó que los turistas extranjeros en el país crecerían a una tasa media anual de 3.6 por ciento, para alcanzar cerca de 50 millones hacia el 2020, con lo cual México se mantendría como el octavo país más visitado en el mundo. Sin embargo, el número de turistas no ha crecido lo suficiente, alcanzando la cifra de 29 millones de visitantes en 2014, con una tasa de crecimiento anual de 1.1 por ciento.

En este sentido, es vital revitalizar la competitividad y productividad en el sector mediante la implementación de esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar todo el potencial del sector.

Por tales razones, el Gobierno Federal ha realizado acciones diversas, entre ellas impulsar nuevas estrategias para atraer mayor turismo que no es de sol y playa, al cual se le había apostado tradicionalmente.

Con relación a ello, es preciso señalar que en 2001 se implementó el programa federal Pueblos Mágicos, con el fin de estructurar una oferta turística complementaria y a su vez diversificar esta oferta hacia el conjunto de las regiones del país, con base en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.

Pueblos Mágicos es un programa federal que abarca 111 localidades, en las cuales se pretende una inversión aproximada de 4,000 millones de pesos de 2015 al 2018, la cual se provee desde el Programa Nacional de Desarrollo.

Este programa ha resultado exitoso y ha propiciado la coordinación interinstitucional y la coordinación con estados y municipios, estimulando y fomentando la inversión público-privada para generar derrama económica y empleo; ello, además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de las comunidades receptoras.

El Programa Pueblos Mágicos ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto, y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y que han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.

Así, del 2001 al 2014 se ha detonado la generación de una derrama económica de 7 mil 200 millones de pesos al año, superior al turismo fronterizo (7 mil 100 millones), y muy por arriba de lo que gastan los viajeros que bajan de los cruceros a tierra firme (4 mil 795 millones), impactando directamente a 2 millones de personas.

Algunos ejemplos de casos exitosos en la aplicación del programa son: Real de Catorce, en San Luis Potosí, que en 11 años incrementó en 1,300 por ciento sus visitantes y en 670 por ciento su derrama económica y 400 por ciento sus cuartos de hotel; y Tequila, en Jalisco, que en 2003 registró 18 mil visitantes y que durante el 2013 captó 165 mil, lo que representa un incremento de alrededor del 900 por ciento en una década.

El impacto de este programa en la vida de millones de mexicanos y en el desarrollo económico, social y humano de nuestro país es trascendental, es por esto que requiere el apoyo y trabajo decidido de todos los que participamos en el crecimiento nacional, a fin de que se fomente la adopción de este programa y se dé seguimiento puntual con el objeto de coadyuvar en la consolidación de la oferta turística existente y los proyectos en proceso, así como en la captación de nueva inversión en proyectos y desarrollo turístico.

Por lo anteriormente expuesto consideramos inexcusable que la honorable Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial para la Promoción e Impulso de los Pueblos Mágicos, que promueva, vigile y de seguimiento a dicho programa, así como a la asignación de recursos que se requieran para su óptima operación en los diversos ejercicios presupuestales.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Promoción e Impulso de los Pueblos Mágicos, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del 2015.

Diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud federal y al gobierno de Morelos a continuar e implantar acciones que contribuyan a prevenir y combatir la enfermedad del chikungunya en la entidad, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguientes

Antecedentes y consideraciones

La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzanía en 1952. Chikungunya es una palabra que en el idioma makonde significa “doblarse” (debido a que los enfermos se doblan o encorvan por dolor en las articulaciones). Es una enfermedad nueva en el continente americano, transmitida por el mismo tipo de mosquito que propaga el dengue, por lo que en algunos casos se pueden contraer ambas infecciones.

Las principales características de esta enfermedad es que lo síntomas aparecen súbitamente que pueden durar por días, meses y en algunos casos registrados por la Organización Mundial de la Salud por años. Principalmente, quienes deben de tener más cuidado en esta enfermedad por las consecuencias que genera, son las personas de edad avanzada pues existen casos de mortalidad en este sector de la población.

A pesar de los esfuerzos por parte de los sectores de salud en el mundo para evitar la propagación de enfermedades, el año 2004 surgió el chikungunya con brotes masivos a tal grado que en la actualidad no se han podido controlar, pues para este año se tenían registrados más de 2 millones de personas infectadas en el continente asiático, africano y europeo, y en lo que respecta a nuestro continente hasta mayo de 2014, ya se habían registrado más 4,406 casos confirmados en 18 países, por lo que se tuvieron que implementar medidas para evitar su propagación.

Es de suma importancia destacar que hasta este momento no existe una vacuna para el control chikungunya, ni tampoco medicamentos para evitar la infección, en todo caso y a diferencia del dengue, que también es transmitida por vector, la chikungunya genera dolores musculares y articulares más fuertes, afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a las personas para caminar o hasta para abrir una botella de agua. En el Dengue pueden presentarse hemorragias y puede complicarse por la fiebre.

Al igual que el caso del dengue, la prevención y el control del mosquito transmisor, se basan en gran medida en la reducción del número de depósitos de agua (naturales y artificiales) que puedan servir de criadero de los mosquitos, para lo cual es necesario movilizar a las comunidades afectadas.

Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por vaporización, para matar los moquitos en vuelo, o bien sobre las superficies de los depósitos o alrededor de éstos, donde se posan los mosquitos; también se pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras. (Salud, 2015).

Si bien es cierto que la misma constitución establece en su artículo 4º en cuarto párrafo lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud . La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general , conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

De lo anterior se desprende que el Estado como autoridad, debe garantizar las modalidades de protección de salud para todos sus habitantes y que el mismo artículo 73 fracción XVI obliga al Estado a tomar medidas preventivas; necesarias para el caso de epidemias o que pongan en riesgo la integridad de las personas.

La chikungunya se sigue propagando, por lo que es necesario poner atención al tema, así como a las medidas para combatirlo y así evitar que continúe su proliferación.

Por otra parte, la Ley General de Salud dispone, en su artículo 1º Bis lo siguiente:

“Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; y considerando que ésta disposición es ley reglamentaria del artículo 4º de nuestra Carta Magna, es necesario tomar medidas al respecto.

El presente punto de acuerdo nace derivado del incremento de casos en el Estado de Morelos, los cuales asciende a 252. Es importante destacar que el 15 de agosto del presente año, se emitió una declaratoria de alerta sanitaria en el Estado de Guerrero por chikungunya, por lo que en el Estado de Morelos se reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica pues ante el notorio incremento de pacientes ya infectados con la enfermedad (98 casos “autóctonos”, es decir que fueron en el mismo Estado de Morelos donde se infectaron y 123 casos quienes se infectaron en alguna otra entidad federativa).

Para el 5 de septiembre de este año se han denunciado en varios medios de comunicación por parte de los vecinos de diferentes colonias de Puente de Ixtla, Morelos, que existe una falta de prevención y toma de acciones necesarias tendientes a evitar la proliferación del zancudo transmisor del virus del chikungunya por parte de los Servicios de Salud de Morelos y de los ayuntamientos como lo es también el municipio de Ayala, Jojutla y la comunidad Coatetelco entre otros, por lo que estamos expuestos a que pueda propagarse la enfermedad no sólo en estos Municipios o localidades sino en todo el Estado de Morelos de manera incontrolable.

Es por esa razón que se deben de tomar medidas necesarias tendientes a erradicar y evitar la proliferación de esta enfermedad que está causando daños tanto físicos y económicos en el Estado de Morelos, considerando la prevención como así lo establece la legislación en materia de salud, pudiendo de la misma manera generar conciencia en la población de una plena cultura sobre la sanidad de viviendas y sobre todo el de los terrenos baldíos o donde se llegaran a formar depósitos de agua que sirven como criaderos de mosquitos.

Por otro lado se debe de considerar estrategias consideradas en evitar un problema de salud pública, así como unificar criterios de los casos ya presentados, en México ya van 16 Entidades de la República en las que se ha propagado el virus.

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la de formular planes de contingencia así como gestionar y monitorear consecutivamente en colaboración con todas las autoridades implicadas en este tema que es de interés para todos morelenses, en lograr una pluralidad y suma de esfuerzos en conjunto.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE CONTINÚEN E IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA ENFERMEDAD DEL CHICUNGUNYA, EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS y al delegado de éste en Sinaloa a difundir las causas de muerte de 12 recién nacidos en el hospital regional de Culiacán, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La violencia institucional es definida, como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.

II. Durante la atención institucional del parto en México, la violación de los derechos humanos y reproductivos se han vuelto una constante, sobre todo en la atención que brindan las instituciones públicas de salud. Esto se ha traducido según los datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en poco más de 490 muertes materno-infantiles en lo que va de 2015 en el país, destacando el Estado de México como la entidad como mayor frecuencia de estos hechos.

III. El Estado mexicano ratificó su adhesión a los Objetivos del Milenio con la voluntad de reducir la mortalidad materna e infantil. Sin embargo, el último informe sobre el avance del país en la consecución de tales objetivos, señala que ambos rubros son pendientes que difícilmente podrán cumplir sus metas en 2015.

La disminución en la tasa de defunción de los niños menores de cinco años, ha pasado de un promedio de 41 muertes por cada mil nacidos vivos en 1990 a 13.7 por mil nacidos vivos en 2014. Sin embargo, en 15 estados la tasa de mortalidad supera la media nacional, entre ellos Veracruz, Tabasco, Puebla, Distrito Federal, estado de México, Oaxaca, Chiapas y Durango. Estas entidades concentran el mayor porcentaje de grupos indígenas y grupos vulnerables, en los que el acceso a los servicios de salud es escaso.

Sobre la muerte materna, la estadística más reciente señala que la razón de muerte materna se ubicó en 50.5 fallecimientos por cien mil nacidos vivos en 2012.

IV. Datos de la Dirección de información epidemiológica del Hospital Infantil de México, señalan que la distribución de las defunciones infantiles por sexo, ha tenido un predominio del sexo masculino, con un 56 por ciento, siendo la mortalidad neonatal (menores de 28 días) la de mayor prevalencia en un 63 por ciento del total.

En el mismo tenor, la información disponible por dicha dependencia, indica que las principales causas de mortalidad infantil en el país, son afecciones originadas en el periodo perinatal, y malformaciones congénitas o anomalías cromosómicas. Las afecciones perinatales incluyen desde traumatismos, envenenamientos, trastornos hemorrágicos y hematológicos hasta infecciones específicas.

V. La matriz de indicadores del programa IMSS-Prospera, señala que la principal problemática de salud que viven quienes acuden a los servicios que ofrece el Instituto, es que la población rural y urbano-marginada del país enfrenta mayores riesgos en su salud, lo que se refleja en tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, se excluye del diagnóstico, la calidad del servicio médico y administrativo que brindan la unidades médicas y los hospitales de dicha institución, siendo un factor que en reiteradas ocasiones ha sido demandado por los derechohabientes, y que ha sido rescatado a su vez por diversos medios de comunicación en casos lamentables, como las muertes de neonatos en Nuevo León, en Coahuila, en Chiapas por una mala administración de vacunas, y recientemente en Sinaloa.

VI. Las recientes defunciones de más de 12 niños en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas, se suman a nueve recién nacidos que se encuentran graves de salud en el mismo nosocomio de la capital de Sinaloa.

VII. La información que hasta ahora han declarado las autoridades competentes en la materia, señalan que la causa de estos agravios es una supuesta contaminación bacteriana. Hasta el momento, no se han indicado anomalías o responsabilidad del personal médico a cargo del área donde sucedieron los sucesos.

VIII. Las medidas que hasta ahora han tomado las autoridades del hospital han consistido en solicitar el apoyo del Director de epidemiología del Centro Médico Nacional La Raza, y el cierre del área que se presume contaminada.

Ante los hechos expuestos, resulta de urgente y de obvia resolución que las autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de cuentas de los hechos que derivaron en los lamentables decesos de recién nacidos en este caso en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social José Antonio González Anaya, y al Delegado del mismo Instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público lo antes posible un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas.

Segundo. La Cámara de Diputados exige se justicia para las familias de los recién nacidos fallecidos y agraviados en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la sentencia judicial decretada al líder venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su desaprobación ante la sentencia judicial decretada al líder venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza; y propone al Congreso de la Unión realizar un pronunciamiento de unanimidad al respecto. Exhorta también al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie en defensa de los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Lo anterior, con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde el 2014, la organización no gubernamental Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento en torno a las múltiples violaciones a los derechos humanos que prevalecían en la República Bolivariana de Venezuela, señalando “la grave situación por la que atraviesa el país”.

Dicha organización, denunció y documentó casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, durante las protestas en el estado de Táchira el 12 febrero de 2014. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones habían dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas y 2 mil 157 detenidos.

Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el gobierno venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”.

Más tarde, se le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.

Una vez iniciado el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por terrorismo y homicidio.

El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia. En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en Español, Leopoldo López habló sobre su encarcelamiento, denunciando las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues se ha enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas.

Del proceso contra Leopoldo López, ha trascendido que se trata de un proceso plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Pese a que él es un civil, pasó 17 meses y 5 días en una prisión militar antes de iniciar su juicio.

a) Se le acusa de formular “pronunciamientos con mensajes subliminales” por Twitter, sin aportar mayores precisiones. No se le permitió presentar pruebas, pues las fotos y los vídeos que usaría la defensa no pudieron presentarse pues el Tribunal dijo que “se habían extraviado y no se conseguían”.

b) En los encuentros de López con sus abogados siempre había militares presentes y durante el juicio se les negó sistemáticamente la entrada a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores internacionales.

c) Tiene una pésima condición en prisión, pues se le ha mantenido incomunicado, sin acceso a medios y en una celda minúscula en el penal militar de Ramo Verde.

Se puede resumir que Leopoldo López fue injustamente condenado a 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, supuestamente por instigación a la violencia cuando el mundo fue testigo de la represión del gobierno Venezolano en contra de manifestantes que provocó que 43 personas perdieran la vida, más de mil terminaran heridos y casi 4 mil detenidos.

En octubre de 2014, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Venezuela la liberación de Leopoldo López. En 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López para ser presentado ante un tribunal fue violado. El grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria .

a) El Grupo de Trabajo indica que la legalidad de la sentencia compete a Venezuela, pero sin duda, viola el derecho internacional al no respetar el debido proceso. Además, no es el único caso, la ONU conoce de al menos 100 venezolanos que están detenidos arbitrariamente por lo que existe una violación grave, sistemática y a gran escala de derechos humanos en Venezuela.

b) La reacción en la región ha sido sumamente tibia, sólo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, señaló: “Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”.

c) El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry, expresó su preocupación por la “naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno”.

d) El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano.

e) El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy manifestó que “una democracia no sólo es ir a las urnas, sino la garantía del cumplimiento de la ley y la garantía del respeto a los derechos fundamentales”.

f) Por su parte, la Unión Europea señaló en un comunicado que el juicio “falló en proporcionar a los acusados las garantías de transparencia adecuadas y el debido proceso”.

g) El director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, aseguró que el juicio a López fue un proceso “ficticio” al que la comunidad internacional debería denunciar.

Que según lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes principios normativos:

“La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo primero, numeral 1 establece que:

1. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Que el pasado 18 de septiembre, el Senado de la República condenó la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López y hace suya la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha señalado violaciones en el debido proceso. Exhortando a su vez a la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse sobre la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López, a través de una proposición con punto de acuerdo como ésta.

Compañeros y compañeras legisladores, no podemos permanecer indiferentes ante tal contravención de los derechos humanos e inobservancia de la democracia en nuestro continente en pleno siglo XXI. Es por esto que coincidiendo en posturas, y en respaldo al punto de acuerdo propuesto en el Senado el pasado 18 de septiembre sobre este tema, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa su desaprobación ante la sentencia judicial decretada al líder venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza.

Segundo. Solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores emita su pronunciamiento sobre la sentencia judicial decretada al líder Leopoldo López; y se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la secretaría cumpla su visión de “hacer de México un país con una presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior responsable y activa” y no permanecer impasibles en el presente caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Semarnat a realizar estudios sobre los efectos del uso de artefactos de manipulación del clima en el país, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que conjuntamente y en atención de sus facultades, realicen estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los llamados “cañones antigranizo” y emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular en su caso, su uso adecuado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, las condiciones respecto al medio ambiente nos hacen ver que los seres humanos somos y hemos sido desde hace mucho tiempo, verdugos de nuestro propio destino; esto debido, a los efectos del deterioro que hemos hecho con la contaminación en todos sus aspectos y la sobreexplotación de los recursos naturales, a lo largo de todo el planeta.

Parece que tímidamente hemos reaccionado, sin embargo la magnitud del daño nos hace pensar que debemos de ser más contundentes sobre las medidas que por hábito y no por contingencia, tenemos de asumir todos en nuestra vida diaria; y ello hay que hacerlo urgentemente.

Cada vez son más frecuentes y menos alarmantes las noticias de migraciones masivas y desplazamiento de comunidades enteras, de severas hambrunas o bien del surgimiento de conflictos -incluso armados- por la disputa de agua para riego, ganado o inclusive el consumo humano, o también por el aprovechamiento de algunas y cada vez menos extensiones sobrevivientes de terrenos agrícolas; todo debido a la cotidianidad con la que se presentan estas desgracias en todas las partes del mundo.

Es decir; lo anterior se está volviendo una costumbre.

En materia de cuidado y preservación del medio ambiente, los seres humanos parece ser que somos una sociedad de alarmas sin alarmados.

No podemos seguir así, y mucho menos mantenernos entre el disimulo y la ficción a la hora de tomar medidas para enmendar el camino.

En el caso particular de actividades económicas como la agricultura y la ganadería; fuente de nuestros alimentos y base de la subsistencia humana; la situación es verdaderamente crítica y perturbadora en nuestro país y en todo el mundo.

El impacto del cambio climático en estas dos actividades económicas imprescindibles, ha sido devastador.

Lluvias intensas que superan cada vez y con mayor frecuencia los records históricos y que terminan por inundar los campos de cultivo; o bien, las sequias devastadoras de cultivos y ganado que incluso muchos años posteriores a su conclusión, regiones enteras siguen sin poder recuperarse de las pérdidas que generaron.

Ante ello en el país; históricamente los apoyos gubernamentales, fluyen aunque son insuficientes; las modificaciones y adecuaciones en las técnicas de cultivo y de riego parecen ineficientes para al menos mitigar los efectos negativos.

No obstante, el panorama sigue siendo sombrío; por ejemplo en nuestro país para algunas regiones desde hace unos años, las sequias parece que dejaron de ser ocasionales para convertirse ya, en una constante con sus conocidos efectos tanto en aspectos sociales y de actividades humanas básicas, como también económicos.

Así, lo afirman estudios serios y contundentes al respecto que desde el año 2005, instituciones académicas y de investigación científica; han realizado sobre el inestable comportamiento climático y las subsecuentes temperaturas acentuadas.1

Su conclusión es determinante, el pronóstico es que se agudizaran los estragos y actividades como la agricultura o la ganadería estarán cada vez más expuestas y tendientes a casi desaparecer.

Sobre lo anterior, específicamente en el reporte titulado El cambio climático en México se concluye que entre el año 2020 y el año 2025, las lluvias disminuirán al grado de generar un impacto negativo en la agricultura, en específico en la de temporal y en la reducción de las zonas aptas para el cultivo.2

Como resultado hoy en día tenemos problemas de abastecimiento nacional de maíz, frijol, sorgo, trigo, caña de azúcar, entre otros productos más, y base de la alimentación de los mexicanos.3

Junto a estos pronósticos y resultados visibles, la experiencia vivida en la sequía registrada en el año 2009, nos muestran que las estimaciones realizadas en la materia se pueden ver muy rebasadas.

Basta mencionar que en ese año, los reportes oficiales indicaron que estados de la Republica enteros como Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; sufrieron innumerables e incontables perdidas por la sequía histórica que se presentó.4

Por ejemplo, los mismos reportes indicaron que durante ese año, como consecuencia de la sequía –la mayor en 60 años- derivada del efecto climático conocido como “El Niño” que particularmente esa vez fue sumamente intenso, se perdieron cosechas de maíz y frijol por un valor de 15 mil millones de pesos; es decir poco más del 60 por ciento de las cosechas.5

Además se reportó que la producción general de grano por consecuencia directa de la sequía disminuyo de manera mediata en un 10 por ciento respecto al año inmediato anterior.6

De igual manera en lo que respecta a la ganadería, se reportó la pérdida de 65 mil cabezas de ganado durante ese año en específico.7

Como se puede apreciar, los efectos de las sequias que afectan a lo largo del país; son catastróficos y sumamente devastadores en cualquier ámbito que se desee estudiar.

Situaciones particulares que son derivadas de fenómenos como el llamado “Niño” que se caracteriza por extremas e intensas lluvias o bien sequias producto del ligero calentamiento o enfriamiento de la temperatura en la superficie del océano Pacifico; y ante las cuales, no estamos preparados ni con la capacidad para hacerles frente.

Categóricamente estamos obligados a hacer algo al respecto, y cualquier esfuerzo por menor que parezca, se reviste de una vital importancia en el ánimo de abonar esfuerzos y conjuntar acciones para revertir en la medida de lo posible, esta situación que estamos viviendo y que nosotros mismos creamos.

Peor aún, si los reportes actuales nos indican que se están gestando las condiciones para que en este año 2015, se presente nuevamente el fenómeno llamando “El Niño” y se estima que lo hará con mayor fuerza en comparación con la registrada en el año 2009.8

Al respecto se pronostican ya, records históricos; por un lado una severa disminución de lluvias específicamente para las regiones norte y occidente del país, así como un incremento de las precipitaciones en el centro, noreste y litoral del Golfo de México.9

Se prendieron los focos rojos de alarma para nuestro país y en general para toda la región, lo anterior sustentado en la estimación que hizo para este año y sobre el fenómeno de “El Niño” que se está gestando, el cual pronostica que su duración podrá prolongarse 18 meses. 10

Es por todo lo anterior y ante los panoramas que se esperan para este año y en general ante el futuro inmediato y de largo plazo; que cobra vital interés y una suma importancia; lo referente al uso de artefactos de manipulación del clima.

En especial y cuyo objeto de este punto de acuerdo lo son, los llamados “cañones antigranizo” o bien “sistemas antigranizo”.

Es sabido por todos, los efectos negativos que realiza en los cultivos las granizadas; es decir, la lluvia congelada.

Para contrarrestar esa situación, en diversas regiones del país, como por ejemplo Michoacán o Jalisco, se utilizan equipos con la intensión de evitar que la lluvia se congele y se convierta en granizo.

Su funcionamiento es el siguiente: poco antes de que se pronostique una tormenta por parte de los agricultores, se acciona un cañón que emite una onda sónica que puede superar los 10 mil metros de altura, longitud suficiente para incidir sobre el proceso de formación de granizo que se da entre los 2 mil y 4 mil metros de altitud.

Estas ondas están conformadas por iones positivos que llegando al interior de la nube, tienen la capacidad de desestabilizar el proceso de congelamiento de la lluvia y con ello evitar así la precipitación en forma de granizada.

El espíritu que motiva el uso de estos artefactos, es sin duda alguna la protección de los cultivos de alimentos; lo cual es sumamente razonable y entendible.

Aunque desde hace un tiempo a la fecha se ha consolidado el criterio entre un número cada vez más grande de agricultores y ganaderos, de que este tipo de artefactos de manipulación del clima, han sido los causantes en gran medida de la presencia cada vez más recurrente y por periodos más prolongados de sequias o bien en el menor de los males, de que su uso indiscriminado termina por ahuyentar las pocas lluvias que se esperan.

Al respecto, algunas instituciones educativas declaran que estos sistemas únicamente tienen la capacidad de modificar el proceso de transformación de la lluvia de líquido a sólido, pero que no hay sustentos científicos que revelen que incrementan o disminuyen la cantidad de la precipitación.11

En contraparte, hay declaraciones de agrónomos que refutan lo anterior y afirman que el uso cotidiano e indiscriminado de los llamados cañones antigranizo, si tienen la capacidad de incidir de manera negativa en la formación de lluvias de toda una región.12

Sin embargo y lo único que sí es seguro en el tema, es que éstas contradicciones han sido suficientes para alimentar a lo largo aproximadamente de 12 años, la incertidumbre y el desconocimiento sobre los efectos directos y científicos reales, en las condiciones meteorológicas de las zonas o regiones donde se utilizan estos artefactos.

Generado una diversidad en las opiniones al respecto y dadas las condiciones extremas de sequía se han venido registrando, se hallan al grado de verse hoy encontradas.

La situación anterior es inadmisible; y lo es por dos razones.

La primera es que nuestro país cuenta con instituciones del más alto nivel y de excelencia científica, capaces de realizar de manera profesional e imparcial un estudio detallado sobre el tema, que clarifique las opiniones, de certidumbre a todos los interesados y permita a las autoridades correspondientes asumir decisiones de manera informada.

Por otro lado, los pronósticos desfavorables sobre la presencia de fenómenos como “El Niño” para este año y los venideros; y el efecto de las consecuencias que vivimos ya en el presente del cambio climático y el deterioro del medio ambiento; nos obligan a actuar en consecuencia.

Esta soberanía, en un tema tan sensible y a la vez tan ignorado por mucho tiempo; no debe de ser impasible.

No solo nos referimos a un tema de medio ambiente o bien al medio de subsistencia de familias de agricultores o ganaderos de nuestro país, también se trata de la capacidad alimentaria de nuestro país y de nuestra sociedad en su conjunto.

Basta que lo veamos como un asunto de inversión en la protección y procuración al medio ambiente, para justificar nuestra necesidad de actuar; recordemos que alguien dijo con concedida razón que salvaguardar el medio ambiente, es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz.13

Pero no olvidemos que más allá de ello, es un tema alimentación y en estos días la alimentación es vida y la vida no debe separarse de la naturaleza.14

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que:

1. Conjuntamente y en atención de sus facultades, realicen estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los llamados “cañones antigranizo”.

2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular en su caso, su uso adecuado en todo el territorio nacional.

Notas

1 Estudios del Instituto de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2 El Cambio Climático en México. Reporte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología.

3 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

4 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2009.

5 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2009.

6 Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. 2009.

7 Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 2009.

8 Reporte del Sistema Meteorológico Nacional. 2015.

9 Reporte del Sistema Meteorológico Nacional. 2015.

10 The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 2015.

11 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Meteorología de Universidad de Guadalajara.

12 Agrónomo José Luis Ortiz, Universidad de Guadalajara.

13 Kofi Annan. Secretario General de la ONU 1996-2006. Premio Nobel de la Paz 2001.

14 Masanobu Fukuoca. Agricultor y filósofo japonés. 1913-2008.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del 2015.

Diputados: José Luis Orozco Sánchez Aldana, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el desarrollo integral de la familia, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal María García Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe de ofrecer la más leal red de seguridad y de efecto ante contingencia y amenazas. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y la sociedad.

La familia tiene preeminencia natural sobre las de más formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político. Por su parte la familia debe de cooperar con el estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.

La trasformación del mundo ha influido de la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecer se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y la sociedad. Debemos retribuir equitativamente y solidariamente entre el hombre y mujeres la responsabilidad familiar.

Una política social justa no debe pretender la sustitución de la familia por el Estado. En su relación con la familia, como en todos los campos de su actividad, el Estado está obligado a respetar la preeminencia de la familia y el principio de subsidiariedad, así como garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y del derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que debe de recibir sus hijos. Por su lado, la familia está obligada en participar en la construcción de un orden social justo.1

De tal suerte, que la ONU estableció el Día Internacional de la Familia se observa cada año el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.

El Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos días en el plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.2

En esta tesitura el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon Día Internacional de la Familia 2015 dijo “El desarrollo social y económico equitativo depende de que haya marcos jurídicos equitativos y normas sociales que respalden los derechos de las mujeres y los niños. Las leyes y prácticas discriminatorias que no reconocen los mismos derechos a todos y que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y los niños no tienen cabida en las familias, las comunidades, las sociedades y las naciones contemporáneas.”3

La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; de ahí que en 2006 se decretó en México el primer domingo de marzo de cada año como Día Nacional de la Familia, en el cual se establece que las dependencias deben desarrollar actividades para promover el fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia.

En esta tesitura nuestra carta magna establece lo siguiente así como otras leyes se regula a la familia que a continuación se menciona:

Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En el sexto párrafo dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En este sentido la Ley General de Salud incorpora en su artículo 172 establece como un organismo público que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y le otorga como objetivo, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la promoción sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas.

Mientras que la Ley de Asistencia Social en su artículo 27 lo concibe como un sistema con patrimonio y personalidad jurídica propios. Además, de las atribuciones y otros ordenamientos jurídicos que se enmarcan en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En esta tesitura la Suprema corte de Justicia de la Nación establece en su jurisprudencia el concepto de familia:

Novena Época
Registro: 162604
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Marzo de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: I.5o.C. J/11
Página: 2133
Derecho de familia. Su concepto.

En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.

Quinto Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 309/2010.. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.4

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Del tal suerte que es imperante la creación de esta comisión especial para el Desarrollo Integral de la Familia ya que la familia es uno de los pilares de la sociedad mexicana. Desde la segunda mitad del siglo XX, las estructuras familiares han experimentado una profunda transformación: hogares más pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número de divorcios y de familias monoparentales. Además, se han visto afectadas por la evolución mundial de los flujos migratorios, el envejecimiento de la población, la pandemia y las consecuencias de la globalización. Ante todos estos cambios sociales, algunas familias experimentan dificultades a la hora de cumplir con sus responsabilidades y les cuesta cada vez más ocuparse de los niños y de las personas mayores, así como ayudar a que los niños aprendan el funcionamiento de la vida en sociedad.

Uno de los objetivos principales para esta comisión especial es en favor de las familias consiste en facilitar una mayor integración de las cuestiones relativas a la familia en las políticas y los programas integrados de desarrollo.

Por lo antes expuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizo el estudio que arroja cifras alarmantes en que algún miembro de la familia es víctima de algún delito tal documento menciona:

En México, los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia (89.8 por ciento). Durante 2013, la familias reciben un impacto económico político y social que degrada a la unión de las familias un porcentaje grade es de 33.9 por ciento del total de hogares que tuvo al menos un integrante que fue víctima de algún delito; respecto de los hogares familiares 34.8 por ciento presentó dicha situación. El Estado de México (58.9 por ciento), Distrito Federal (44.4 por ciento) y Baja California (44 por ciento), representan las entidades con el mayor porcentaje de hogares familiares que tuvieron al menos un integrante que fue víctima de algún delito, durante 2013 esto genera que las familias mexicanas se sientan inseguras por el estado de derecho.

En 2014, del total de las personas de 18 años y más, 20.8 por ciento consideran que una de las tres principales causas de la inseguridad en su entidad se debe a la desintegración familiar.

11.4 por ciento realizó alguna acción en conjunto con sus vecinos para protegerse de algún delito.

La pinta de bardas o grafiti en la casa, rayones o daños intencionales en el vehículo u otro tipo de vandalismo son considerados como actos de vandalismo, al respecto, 7.8 por ciento de los hogares familiares sufrieron este tipo de actos, durante 2013.

Algunos estudios señalan que una familia bien estructurada permite a sus miembros hacer frente a las presiones tanto de su hogar y de la sociedad; por lo que una desintegración familiar lleva a sus integrantes a enfrentar las situaciones con mayor dificultad, en particular cuando hay crisis; el desarrollo de los hijos puede llevarlos a identificarse con grupos nocivos y caer en conductas antisociales.5 En 2014, del total de las personas de 18 años y más, 20.8 por ciento consideran que una de las tres principales causas de inseguridad en su entidad es la desintegración familiar.

Por lo antes fundado y motivado, es imperante, que existe el interés de compañeros diputados de esta LXIII Legislatura, en crear una comisión especial que atienda la problemática de la familias mexicanas, pero estoy convencida que se debe instalar esta comisión especial que atienda de manera integral la dinámica de este sector, por ser la familia el eje rector de México el cual tenemos que regenerar por todos los medios este tejido social que se ha estado desgastado por lo ya antes expuesto.

Por tal motivo esta soberanía debe de considerar de suma importancia, la creación de la comisión especial para el Desarrollo Integral de la Familia es por el cual solicito que se constituya y en virtud en lo establecido por el artículo 42 de la Ley Orgánica, otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones, es por lo que someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Integral de la Familia.

Segundo. El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Cuarto. Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura y el acuerdo entrará en vigor el siguiente día al de su aprobación.

Notas

1 Principios de doctrina del partido acción nacional 2002 la familia

2 http://www.un.org/es/events/familyday/

3 http://www.un.org/es/events/familyday/ Ban Ki-moon

4 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=
derecho%2520de%2520familia&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=129&Epp=
20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=162604&Hit=26&IDs=
161870,161869,161867,161866,162402,162604,163899,166402,167316,168219,168449,168416,168658,168549

5 Montalvo, Ma.C., Magaña, A. Cómo afecta a los hijos la desintegración familiar. http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/646/1/tesis152.pdf, 12 de febrero de 2015. Ortega Sánchez. ¿Pobreza=Delito? Los factores socio-económicos del crimen y el derecho humano a la seguridad pública http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/pobreza.pdf, 11 de febrero de 2015. Chío, H. La delincuencia juvenil consecuencia principal de la desintegración familiar y el paradigma jurídico, económico y sociológico de solución. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8568.pdf, 12 de febrero de 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del 2015.

Diputada María García Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Colima a expedir disposiciones legales en materia de disciplina financiera, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Considerandos

El día 21 de septiembre de este año, fue aprobado por el Congreso del estado de Colima, un dictamen remitido por el gobernador constitucional del estado, Mario Anguiano Moreno, mediante el cual se solicitaba la contratación de deuda pública por un monto de 1,600 millones de peos, mismo que es violatorio de la Reforma Constitucional de Disciplina Financiera aprobada por esta soberanía de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. El referido empréstito se aparta del principio de anualidad que rige el presupuesto público, pues de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Ingresos 2015, se estableció que no se preveían ingresos extraordinarios derivados de financiamientos, es decir, no se proyecta contratación de deuda pública por lo que al aprobarse este nuevo empréstito, además de violar la ley, no mantiene correspondencia con el gasto, es decir, no está presupuestado en ley su destino.

2. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, la Deuda Estatal ascendía a la cantidad de 2 mil 700 Millones 704 mil 684 pesos, y a la fecha subsiste un adeudo por 3 mil 797 millones de pesos, por lo que de aprobarse el monto de los pasivos llegaría a 5 mil 395 millones de pesos, dicho incremento sin que se encuentre sustento a la ley de ingresos.

Como se ha señalado, pese a no haberse aprobado monto alguno de financiamiento en el presupuesto de Ingresos 2014, durante la vigente anualidad se adquirieron pasivos derivados de endeudamiento a corto plazo de la banca comercial y proveedores diversos, por un monto de 1,100 millones de pesos. De estos, uno contratado por un monto de 638 millones a principios del mes de septiembre, lo que implica que dicha obligación ha sido contraída en el último trimestre de la actual administración en contraposición de lo legislado en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera y el cual será saneado, se prevé, por la deuda a largo plazo aprobada por el congreso, contraviniendo la prohibición de no destino a gasto corriente y sujeción a inversión productiva.

No obstante que la reforma constitucional en materia de disciplina financiera busca contrarrestar el uso irresponsable de instrumentos de deuda que tienen a contra-pared la estabilidad de las finanzas públicas de estados y municipios y que esta reforma fuera votada y aprobada por el Congreso de la Unión y por 17 entidades federativas, entre ellas Colima, para que a los cuatro meses de su entrada en vigor, se pretenda inobservar en el Congreso de Colima con el muy mediocre argumento de que falta la ley reglamentaria. Por esta razón fue que el Congreso local acaba de aprobar el endeudamiento de hasta mil seiscientos millones de pesos, o quizá más.

La reforma constitucional en comento propone criterios y principios para normar la capacidad de pago, la disposición y la adjudicación de responsabilidades a servidores públicos y en tal sentido establecieron:

• Liquidación de pasivos a corto plazo a más tardar tres meses antes de la culminación de un periodo de gobierno.

• Prohibición de contratación de financiamiento dentro del mismo lapso de los tres meses del cierre de una administración.

• Endeudamiento solo para reestructuración de deuda en mejores condiciones de mercado y mediante licitación pública.

• Prohibición expresa de contratación de deuda con destino al gasto corriente.

• Mayores facultades de actuación a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la Deuda Pública, su destino, ejercicio y garantías.

• Regulación de responsabilidades de los servidores públicos en el manejo que hagan de recursos y de la deuda pública; y

• El establecimiento de una comisión bicameral que investigue y frene el endeudamiento elevado de las entidades federativas. Entre otras necesarias disposiciones.

Toda vez que se presume que en el actuar del gobernador constitucional de Colima, incurrió en hechos poco responsables y hasta evidentemente ilegales, al hacer uso de los instrumentos de deuda que pretende trasladar su costo a administraciones subsecuentes, en total contravención a los criterios emanados tanto de la Ley de Ingresos 2015 –en donde con toda claridad se expresa en su artículo noveno transitorio que para el ejercicio fiscal 2015, no se prevén ingresos extraordinarios derivados de financiamientos, es decir, no se proyecta contratación de deuda pública y, por el contrario, en un acto de transparencia y rendición de cuentas, precisa con toda oportunidad la amortización de la deuda pública directa, así como su saldo con fecha de corte al 30 de septiembre de 2014 de es de 2 mil 700 millones, 704 mil 684 pesos- como de la reforma constitucional del 26 de mayo de 2015, en materia de disciplina financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del Estado de Colima a que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio del Decreto de la Ley de Ingresos 2015 del estado de Colima y que expida a la brevedad las disposiciones legales conducentes, en el marco de la Reforma Constitucional en Materia de Disciplina Financiera, para fincar las responsabilidades administrativas y penales en que incurren los servidores públicos de los estados y municipios por el manejo indebido de los recursos y la deuda pública.

Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol, el Conapo y el Inegi a considerar la inclusión de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, Chihuahua, como nuevas zonas metropolitanas, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI

Los suscritos, diputada y diputados federales del estado de Chihuahua, María Ávila Serna, Juan Antonio Meléndez Ortega y Alex Le Barón González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y las diputadas y los diputados federales Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre 2003-2004, en México se crea un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Sedesol-Conapo-Inegi); quienes se encargaron de identificar 55 zonas metropolitanas a nivel nacional entre las que, por el volumen de población, destacan las del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca dentro de las primeras cinco más pobladas del año 2000.

Este mismo grupo interinstitucional, con los mismos criterios y los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, identificó 56 zonas metropolitanas dentro del territorio nacional; se sumaron Tijuana, León, Juárez y La Laguna para alcanzar nueve metrópolis con más de un millón de habitantes, de las cuales, la zona metropolitana del Valle de México se encuentra en primer lugar.

En los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas no es ajeno, si bien todas las zonas metropolitanas ya están delimitadas, resulta ser más que necesario evaluar si estas delimitaciones son apropiadas; siendo necesario, considerar las opiniones y propuestas de las entidades federativas para, replantear dichas delimitaciones de común acuerdo con la participación de los tres ámbitos de gobierno.

Con éste replanteamiento se definirían las prioridades metropolitanas que a su vez favorecerían en buena medida la ejecución de proyectos realmente metropolitanos. Cabe resaltar que en nuestro país siguen persistiendo serias desigualdades entre regiones y grupos sociales, que requieren mayores esfuerzos para aprovechar racionalmente los recursos naturales y para incrementar la infraestructura que permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos.

A partir de 1940 la urbanización y expansión física derivada del éxodo campo-ciudad, dieron paso a la conformación de diferentes metrópolis dentro del territorio nacional.

En los últimos años la concentración humana en las ciudades se ha llevado a cabo a través de procesos económicos y sociales atractivos, que han posibilitado una alta ocupación del territorio de éstas. La población mundial vive hoy más en entornos urbanos que rurales. De esta manera, las ciudades hoy en día, con base en los paradigmas impuestos por el modelo globalizador, se han ido convirtiendo en polos de competencia entre ellas que les obliga a enfrentar retos y buscar oportunidades para poder descollar en el contexto de la economía mundial. Además, en las ciudades existe una permanente búsqueda de mejores espacios para la convivencia, cultura y creatividad. Esto, aunado al enorme reto de abastecer de infraestructura básica y servicios que generan estas aglomeraciones.

Entrando en materia, es de citarse que entre los elementos más importantes en la composición, definición y delimitación de una zona metropolitana se encuentra:, que está formada por una ciudad con una fuerte concentración demográfica (ciudad central o núcleo central), la cual gradualmente expande su influencia dominante socioeconómica y política hacia una o varias Ciudades o Municipios que, de alguna forma u otra, establecen una relación de dependencia hacia la primera con motivo de alta concentración de actividades económicas, laborales y de servicios las hace dependientes de la primera.

También se toman en cuenta las unidades administrativas que por su carácter estratégico forman parte de la zona metropolitana, la funcionalidad entre la periferia y el núcleo central, así como el volumen de su población.

Dentro de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano se define a la zona metropolitana, como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Adicionalmente, se considera como Zona Metropolitana: a) todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, y b) aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Considerando todo lo anterior es que, se solicita el replanteamiento de la delimitación de las Zonas Metropolitanas y considerar la incorporación de tres nuevas zonas metropolitanas en el estado de Chihuahua , como parte predominante de un sistema urbano, que ejerce una significativa influencia económica, social y política, mismas que comprenderían:

1. Ciudad Delicias, conformada por los Municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo;

2. Ciudad Hidalgo del Parral, conformada por los Municipios de: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan y;

3. Ciudad Cuauhtémoc, conformada por los Municipios de: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero.

Lo anterior, debido a que su dinámica espacial es influenciada por la cantidad de flujos de bienes, personas y recursos financieros.

Derivando en una demanda de diversos ejercicios de planeación y gestión con el ánimo de buscar, ordenar y clarificar las acciones que permitan lograr un modelo de territorio ordenado, con la infraestructura adecuada para poder competir en mejores condiciones dentro del sistema de ciudades tanto a nivel nacional como internacional, y así satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos.

Consideraciones

Ciudad Delicias cuenta con una población de 137,935 habitantes, se ha consolidado como la cuarta ciudad en importancia en el contexto estatal, tanto en el aspecto demográfico como en términos económicos, así mismo, destaca por contar con infraestructura industrial, comercial y de servicios de primer nivel.

Delicias ha comenzado a figurar como uno de los municipios con mayor calidad de vida en la entidad, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Delicias ocupa el lugar número 61 entre los 2,418 municipios del país desde 2005.

El IDH se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Con base en este índice puede observarse que Delicias tiene un grado de desarrollo humano similar al de importantes capitales estatales como Puebla, Guadalajara, Morelia, Saltillo y Ciudad Victoria, o bien de municipios importantes como Los Cabos, Baja California Sur o Apodaca en Nuevo León. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar a la de estas ciudades.

En este contexto, Delicias tiene un grado de desarrollo similar a municipios importantes como Saltillo, Coahuila, municipios relevantes en su contexto estatal como Agua Prieta, Sonora; Ocotlán Jalisco y Playa del Carmen, en Quintana Roo. El desarrollo del municipio de Delicias es también equiparable a municipios incorporados a grandes zonas metropolitanas: Santa Catarina que forma parte del Área Metropolitana de Monterrey, Cuautlancigo que pertenece a la Zona Metropolitana de Puebla y Jiutepec al Área Metropolitana de Cuernavaca.

En el ámbito estatal, tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como en el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), Delicias ocupa la tercera posición en la entidad sólo detrás de los municipios de Chihuahua y Juárez, junto a Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. El IDM se descompone en cuatro componentes: ambiental, económico, social e institucional. En el componente ambiental se evalúa la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas, principalmente disponibilidad de agua potable y drenaje. En este componente, Delicias sobresale en la cobertura de agua potable ya que es la más alta a nivel estatal.

En el componente económico, Delicias se ubica en la tercera posición en la productividad por habitante, sólo detrás de Juárez y Chihuahua.

En el aspecto institucional el municipio de Delicias destaca por tener una elevada cantidad de ingresos propios (38% del total) lo que refleja el esfuerzo hecho por la administración municipal. En el aspecto social, registra la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el estado, esto es gracias a la infraestructura hospitalaria existente en la ciudad que cuenta con 3 hospitales públicos (IMSS, ISSSTE y Hospital Regional) y un hospital privado (Clínica Delicias).

Delicias ha experimentado en un importante auge en el sector comercial y de entretenimiento, gracias a la llegada de franquicias nacionales e internacionales.

Posee todas las comodidades e infraestructura de una ciudad media: tres parques industriales, una central de abastos, un centro de exposiciones, un complejo cultural (Teatro de la Ciudad, Museo de Paleontología y Biblioteca), un club de golf privado, excelentes hoteles, centros comerciales, restaurantes, cines así como instalaciones deportivas de primer nivel entre las que se encuentran un nuevo estadio de beisbol, tres gimnasios de basquetbol y el Parque Fundadores, parque central de la ciudad que cuenta con una ciclopista, canchas de tenis, frontón y basquetbol así como un área para deportes extremos.

En suma, se observa que Delicias es una ciudad competitiva en el plano nacional. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar al de algunas capitales estatales, es una ciudad media que ofrece todas las comodidades de una ciudad más grande. Los Municipios aledaños constituyen la zona agroindustrial más importante del Estado.

Esto es debido a que las regiones que cuentan con mayor nivel de infraestructura, ofrecen mejor prestación de servicios y, sobre todo, cuentan con una mayor diversificación de sus actividades productivas, han sorteado mejor la recesión económica induciendo grandes inmigraciones de población, tal es el caso de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.

Ciudad Cuauhtémoc, tiene una semejanza muy marcada y guardada a las debidas proporciones a una Ciudad fronteriza, el comentario anterior se desprende de la constante movilización migratoria de personas que llegan de otras regiones como municipios cercanos y más pequeños, comunidades de la sierra tarahumara, personas provenientes del sur del país y el crecimiento natural demográfico de sus mismos habitantes, provocando con esto un rápido crecimiento en su población y por consecuencia en las necesidades de sobrevivencia que tienen sus pobladores al demandar, alguna actividad económica, empleo, servicios, seguridad, educación, cultura, recreación e infraestructura.

Cada vez es mayor la cantidad de migrantes temporales que deciden establecer su residencia en el Municipio Cuauhtémoc, ocasionando con esto el nacimiento de nuevas colonias y crecimiento irregular de las ya existentes, con la consabida falta de infraestructura en vivienda y servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, educación, servicios médicos, servicios sociales.

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, residen en las 180 localidades del Municipio 154 mil 639 personas, de los cuales el 49.1 por ciento son hombres y el 50.9 por ciento mujeres. La población del Municipio representa el 4.54 por ciento del total estatal y la densidad de población es de 42.86 habitantes por kilómetro cuadrado.

El municipio cuenta con 43 mil 673 viviendas habitadas, de las cuales el 98.1 por ciento dispone de excusado o sanitario, el 95.67 por ciento dispone de drenaje, el 99.3 por ciento cuenta con agua entubada de la red pública, mientras que el 99.4 por ciento cuenta con energía eléctrica. El 94.9 por ciento de las viviendas habitadas, es decir 40 mil 163 cuenta con los tres servicios: agua, drenaje y energía eléctrica.

La población económicamente activa en el municipio se compone de 61 mil 586 personas, de las cuales el 68.5% son hombres y el 31.5 por ciento mujeres. El Producto Interno Bruto por Habitante, en pesos corrientes de 2005 es de $102,226 pesos.

De la población entre 3 y 17 años (45,631 personas), el 74.7 por ciento asiste a la escuela. Existen en el Municipio 172 planteles públicos para educación, los cuales atienden a 32 mil 462 alumnos de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional técnico, y 42 escuelas privadas en los que están inscritos 3 mil 979 alumnos para los mismos niveles.

Del total de la población, el 69.7 por ciento es derechohabiente de algún sistema de salud, público o privado.

Por otra parte, Ciudad Hidalgo del Parral es el centro de desarrollo regional más importante del sur del Estado de Chihuahua, su zona de influencia abarca los municipios de Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Huejoitán, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Valle de Zaragoza.

Cuenta con una población de más de 107 mil 061 habitantes, en 112 comunidades, concentrada principalmente en la cabecera municipal.

De los recursos hidráulicos el municipio cuenta con tres acuíferos, los cuales se encuentran en equilibrio en su relación consumo, recarga.

En materia de desarrollo económico, el municipio cuenta con 6 mil 312 unidades económicas del sector industrial y de servicios, propiciando la generación de más de 21 mil empleos formales.

De esto, se deriva la participación de la región y del municipio en el Producto Interno Bruto Estatal, generando el 3.23 por ciento del éste.

En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 153 planteles, cubriendo la demanda de oferta educativa.

En cuanto a vivienda y servicios públicos, se tienen registradas 26 mil 827 viviendas, de las cuales más del 95 por ciento cuenta con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

La integración de las acciones, programas y proyectos que se realicen dentro del municipio cuentan con el respaldo de objetivos y estrategias producto de la participación del Ayuntamiento y la sociedad parralense en su conjunto, por ello, la validación de la sociedad y el compromiso del Gobierno Municipal darán frutos medibles y cuantificables.

Hidalgo del Parral, es una ciudad principal, no solo un municipio, sino que se ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la región, en infraestructura, servicios, desarrollo económico, por las condiciones actuales en la entidad y en el extranjero. Las tendencias de retorno de la población que emigró a otras ciudades del Estado y el extranjero tiene la expectativa de encontrar oportunidades en el municipio.

El desarrollo urbano ha rebasado la capacidad de contar con un crecimiento ordenado, provocando así la asfixia vial y los consecuentes accidentes.

En el municipio se cuenta con diferentes instituciones que dan servicio a sus derechohabientes, como son el IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, así como instituciones particulares.

El sector industrial en el municipio se encuentra incipiente, cuenta con un potencial de crecimiento en las áreas metal mecánica y automotriz, lo cual, puede detonar el empleo y el desarrollo de empresas de servicios industriales. Como áreas de oportunidad se encuentran la infraestructura, servicios y capacitación para el trabajo.

El comercio y los servicios se encuentran concentrados en la cabecera municipal, provén de bienes a toda la región, conformando así un eje de desarrollo económico para el municipio, sustento de cientos de familias parralenses.

El turismo puede desarrollarse y convertirse en otro eje del desarrollo económico de la región, cuenta con lugares que tienen el potencial para convertirse en productos turísticos de impacto regional, las Jornadas Villistas cuentan ya con el reconocimiento estatal e internacional, atrayendo cada vez a más participantes y visitantes en el municipio.

Se observa un equilibrio económico en las actividades productivas del Municipio en comento, en el área comercial, agropecuaria, agroindustria, industria y turismo, este factor permite llevar un desarrollo económico estable durante todas las épocas del año.

Con el objeto de continuar apoyando, un desarrollo equilibrado, se ha contemplado dentro del plan estatal de desarrollo, la realización de infraestructura básica, que le da sustento al resto de la infraestructura, mediante la realización de importantes obras, que en su mayoría, ya se encuentran iniciadas y que demandan recursos para su continuación y conclusión. Estas obras incluyen la construcción de carreteras alimentadoras, la ampliación y modernización de carreteras existentes, la construcción de carreteras pavimentadas a cabeceras municipales, que aún no contaban con una carretera pavimentada; construcción de libramientos, para facilitar el paso y la conexión en los centros urbanos, así como la construcción de infraestructura aeroportuaria con la construcción de aeropuertos regionales y de infraestructura hidroagrícola con la construcción de presas. Asimismo, en conjunto con los municipios de esta región, se han construido caminos rurales pavimentados que comunican los centros poblacionales de la región, dándoles acceso por una vía pavimentada a las carreteras alimentadoras y troncales del estado, ahorrándoles tiempo y costos en los traslados.

Es importante señalar que Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, destacan dentro de las regiones económicas más importantes del estado de Chihuahua, dentro de los sectores agropecuario, minería, industria manufacturera, comercio y servicios para empresas. De ahí que cuenten con un gran potencial de desarrollo, siendo polo de desarrollo regional, potencializando las expectativas de convertirse en una metrópoli con zona conurbada intermunicipal, toda vez que su economía ha evolucionado, convirtiendo respectivamente a cada Municipio en el centro de confluencia económica, industrial, comercial y de servicios.

Aunque el desarrollo industrial se concentra principalmente en Ciudad Juárez, seguido de Chihuahua capital, se observa un crecimiento de la industria manufacturera en las ciudades de: Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. La Secretaría de Economía define a siete clusters como básicos para la promoción de la actividad económica: agroindustria y alimentos; textil y confección; industria forestal; materiales para construcción; industria automotriz; electrónica y telecomunicaciones; y la industria aeronáutica.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; todas las anteriores del Ámbito Federal; replantear las delimitaciones de las Zonas Metropolitanas y considerar la inclusión como Zonas Metropolitanas, para las Ciudades de Delicias , conformada por las zonas conurbadas o municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas o Municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan; y Cuauhtémoc y sus zonas conurbadas o municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua.

Bibliografía

Iracheta Cenecorta, Alfonso, “Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas” , Miguel Ángel Porrúa y El Colegio Mexiquense, A.C., México, 2009.

Iracheta Cenecorta, Alfonso, “Las metrópolis del Estado de México: Ciudad de México y Toluca”, en Sedesol, et al ., 2004, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2003.

Iracheta Cenecorta, Alfonso, Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas , Miguel Ángel Porrúa y El Colegio Mexiquense, México, DF, 2009.

Sedesol, Conapo e Inegi, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”, Aguascalientes, Ags. México, 2004.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_ de_M%C3%A9xico

http://www.cenapred.unam.mx/es/documentosWeb/Noticias/DH yG.pdf

http://www3.inegi.org.mx

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvi negi/productos/integracion/estados/persc_estd/chih/Pers-chi.pdf

http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/20132016/plan-municipa l/

http://www.codech.org.mx/

http://www.hidalgodelparral.gob.mx/

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/municipios/uploads/Pl anes%202013-2016/DELICIAS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputados: Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Alex LeBarón González (rúbrica), María Ávila Serna, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

Con punto de acuerdo, que exhorta al secretario de Gobernación a difundir las acciones realizadas para cumplir y solucionar las observaciones expuestas por la CIDH sobre el programa Frontera Sur, a cargo de la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas principales que aquejan a nuestra nación es el tema de la migración, dado que por su ubicación geográfica México es uno de los principales países de tránsito de migrantes. Las sociedades civiles, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales, han dado testimonio del incremento desmedido de personas con situación migratoria irregular que ingresan a nuestra República, con la intención de llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos de América, en busca de mejoras en sus condiciones de vida; así como de la constante violación a sus derechos humanos y la comisión de delitos de las que constantemente son objeto.

El gobierno federal, por su parte, ha implementado una política poco eficiente, mediante la puesta en marcha del Programa Frontera Sur. Política migratoria que antepone un riguroso control de flujos migratorios por encima del respeto y la protección de los derechos humanos.

Como parte del Programa Frontera Sur, el 8 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur,1 que tiene por objeto coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la definición de estrategias y políticas públicas en materia migratoria, y dar seguimiento a éstas y a las acciones acordadas en el marco de los instrumentos de colaboración y coordinación con las autoridades estatales y municipales, en materia migratoria.

En la misma fecha, como parte de una estrategia integral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruye la Constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), que tienen como finalidad lograr una adecuada coordinación interinstitucional para la revisión de personas y bienes en los puntos en los que se establezcan. Entre sus considerandos se pone especial acentuación en el fenómeno social que vive la Frontera Sur, derivado de la internación de personas y bienes al territorio Mexicano sin cumplir, en múltiples ocasiones, los requerimientos jurídicos para ello. Y se impone la necesidad, a decir del Gobierno Federal, de fortalecer la presencia de las autoridades del Estado en la zona, para superar los desafíos comunes a la seguridad y al desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura.

El Programa Estratégico encuentra su fundamento principal en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 , que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur, para fortalecer la presencia de las autoridades del Estado en la zona.2 No obstante ello, en los discursos oficiales se hace alusión a que tiene como finalidad proteger a los migrantes que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos, principalmente de los grupos vulnerables, pero la realidad nos muestra algo distinto, su principal y evidente objetivo es la seguridad nacional por encima de la protección de los migrantes.

El Programa Frontera Sur, contempla además un conjunto de planes y programas que más que inquietos por la protección integral y el respeto a los derechos humanos, ratifican su implementación con miras a fortalecer la seguridad y el control riguroso y blindar la frontera sur.

Se habla maravillas del Programa Paso Seguro, que otorga gratuitamente tarjetas de visitante regional y de trabajador fronterizo a los ciudadanos de Guatemala y Belice. En MORENA cuestionamos, ¿Realmente las personas que ingresan a México con situación migratoria irregular lo hacen con fines turísticos o de visitante?, ¿Acaso sus intenciones no son llegar a los Estados Unidos de América y obtener mejoras en sus condiciones de vida?, ¿Cuáles son las políticas públicas y estrategias implementadas por el Gobierno Federal para incentivar la contratación remunerada de migrantes en la Frontera Sur?

Diversos medios y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado públicamente que la implementación del Programa Frontera Sur sólo ha propiciado una serie de condiciones y circunstancias que intensifican hechos de vulneración de los derechos humanos, ha proliferado la presencia de fuerzas de seguridad y militares y aumentado la deportación de migrantes de manera desmedida. Los migrantes detenidos se quejan de malos de malos tratos, abusos, así como falta de comida y acceso a la atención médica y psicológica.

El 10 de junio de 2015, en el comunicado de prensa 065 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación ante el endurecimiento de las acciones contra personas migrantes y sus defensores en México, el cual ha teniendo lugar desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.3

En el comunicado en cita, se aprecia que a partir de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, desde julio de 2014, las autoridades han endurecido sus acciones contra las personas migrantes y sus defensores, y se han incrementado las medidas de seguridad en la Frontera Sur. Se creó una Gendarmería en Tapachula, Chiapas, consistente en 5,000 agentes de la Policía Federal con entrenamiento militar. Asimismo, se instalaron nuevos puestos de control fronterizo –los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo– y aumentaron las redadas. Esto resultó en un aumento del número de detenciones y deportaciones de personas migrantes desde 2014. Según datos recabados por el INM, en 2013 fueron detenidas 86 mil 929 personas migrantes, y en 2014 fueron 127 mil 149, lo cual representa un aumento de 46%. Entre enero y febrero de 2014, el INM detuvo a 14 mil 612 personas migrantes y, para el mismo período del 2015, detuvo a 28 mil 862 migrantes, lo cual representa un aumento de aproximadamente 98%.

Asimismo puntualizó su preocupación por presuntas agresiones y actos intimidatorios contra migrantes y sus defensores; y urgió al Estado Mexicano para que aplique los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio? investigue de oficio? sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos, y repare a las víctimas de estas violaciones; e insistió en la importancia del principio de la excepcionalidad de la detención migratoria, así como la prohibición de la detención de niños y niñas migrantes.

En el mismo sentido la Comisión Interamericana reiteró la recomendación hecha al Estado Mexicano sobre la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención migratoria y observar los procedimientos migratorios tendientes a la deportación, de observar garantías del debido proceso y de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, la protección del principio de no devolución y la prohibición absoluta de las expulsiones colectivas.

Aunado a lo anterior, el 5 de agosto de 2015, Humberto Mayans –en ese entonces Senador con licencia–, quien había sido nombrado Coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur desde su creación -julio de 2014-, declaró que desaparecería la Coordinación de mérito y como consecuencia regresaría al Senado de la República a partir de 1 de septiembre de 2015. Entrevistado por El Economista sobre el flujo de migrantes en el ferrocarril conocido como La Bestia y el aumento de los menores migrantes -algunos de los hechos que motivaron la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur-, destacó que se realizó una inversión federal para hacer más rápido el paso de La Bestia, y con ello evitar que los migrantes suban al tren. Y que en el caso de los menores acompañados, continúan en los mismos porcentajes que cuando inició su gestión en la Coordinación para la Frontera Sur, mostrando una aparente indiferencia ante la situación.

Pese a las declaraciones de Humberto Mayans, de que desaparecería la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, enviada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Soberanía, se observa que a tal Coordinación se le etiquetó un gasto total de 93 millones 589 mil 589 pesos (Ramo 04 Gobernación).

Contrario a los discursos oficiales, pareciera que la verdadera intención del Gobierno Federal girara en torno a la captura de los migrantes en tránsito y deportarlos, con un sentido indiferente, cuando la mayoría de tales personas con condición migratoria irregular lo único que buscan es protección y mejoras en sus condiciones de vida. Más que promover la separación por índoles fronterizas, el Gobierno Federal debieran gestionar, promover e implementar verdaderas políticas públicas y estrategias que den solución a este fenómeno social humanitario, atendiendo las causas estructurales.

Esta soberanía no puede mantenerse ajena ante tales hechos, y mucho menos a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal, que en lugar de propiciar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sólo merman la confianza, inhiben la denuncia y obligan a que los grupos vulnerables tomen rutas más riesgosas al eludir los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) y albergues, y ocultarse de las autoridades migratorias, con el temor de ser víctimas de conductas violatorias de derechos humanos o constitutivas de delito.

Morena ratifica su convicción por consolidar las fronteras como lazo de unión, y no de separación.

Morena reitera su compromiso de velar por la protección de los más desprotegidos, sin importar su condición de migrantes, o cualquier otra que atente o menoscabe la dignidad de la persona.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que haga pública las acciones realizadas con el fin de dar cumplimiento y solución a las observaciones y preocupaciones expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación con el Programa Frontera Sur.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que haga público los beneficios y resultados obtenidos por la creación y puesta en marcha de la Coordinación Integral para la Atención de la Migración en la Frontera Sur, y dé cuenta de quién es actualmente su titular.

TERCERO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que de forma urgente modifique, a través de sus órganos desconcentrados competentes, las políticas públicas, estrategias y acciones en materia migratoria en la Frontera Sur, a fin de que se privilegien y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014.

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014.

3 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/065.asp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Guadalupe Hernández Correa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir el avance de la base de datos referida en el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La inseguridad es uno de los principales problemas de México.1 Las operaciones del crimen organizado se han extendido y diversificado, pasando del narcotráfico hacia el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Ésta última representa el tercer delito más redituable para el hampa a nivel mundial, significando ingresos de hasta 32 mil millones de dólares anuales según cifras de Naciones Unidas.2 Para la delincuencia organizada de México, la trata de personas es el segundo delito más lucrativo, sólo después del narcotráfico y por encima de la venta de armas.3 México es después de Tailandia el segundo país con mayor número de víctimas de trata que provee a los Estados Unidos.4 El mercado de la trata de personas condensa a 12 millones de víctimas, de las cuales 79% son utilizadas en explotación sexual, el 3% extracción de órganos y un 18 % explotación laboral.5

II. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define a la trata de personas como:6

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

III. El informe sobre trata de personas emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2012,7 destacó que en el caso de México, los grupos más vulnerables para ser víctima de trata de personas las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales, y los migrantes indocumentados.

El informe destaca además que se explota a mujeres y niños mexicanos principalmente con fines sexuales tanto en México como en los Estados Unidos. Estos y estas son persuadidos a través de falsas oportunidades de empleo y/o por medio de engaños y promesas de matrimonio.

IV. Diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado sobre casos donde el crimen organizado ha obligado a migrantes-incluso menores de edad- a prostituirse y a trabajar como sicarios, vigilantes y contrabandistas de drogas.8 Existe evidencia de que en México ha persistido el turismo con fines de explotación sexual de menores, especialmente en las zonas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez.

V. Los principales medios de comunicación para estos negocios se realizan en internet a través del uso del navegador TOR,9 lo que hace complejo que las autoridades puedan profundizar en sus investigaciones, pues esta tecnología brinda anonimato a los usuarios. Muchos de los turistas involucrados en la explotación sexual de menores -detalla también el Informe- provienen de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque también hay evidencia de ciudadanos mexicanos.

VI. La base de datos sobre trata de personas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Michigan10 destaca que de 442 juicios desde 1980 a 2012 documentados en los Estados Unidos, en 54 de ellos hay víctimas mexicanas. En cuatro, las víctimas fueron introducidas a Estados Unidos por la frontera con México. En total, son 58 casos en donde México aparece como país de origen y tránsito de trata. De los 54 delitos con víctimas mexicanas, 28 son con fines de explotación sexual, que involucran a más de 200 víctimas de origen mexicano, todas mujeres y niñas. La mayor parte eran explotadas en los estados de California, Florida, Tennessee, Georgia y Nueva Jersey. En cuatro juicios, México aparece como un país de tránsito de mujeres extranjeras. El más notable es el de al menos 200 mujeres y niñas ucranianas que ingresaron al territorio norteamericano a través de México. Se puede hallar evidencia de que por las fronteras mexicanas también se ha traficado con víctimas provenientes de Brasil, Honduras y Corea del Sur. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)11 existe evidencia de redes de víctimas mexicanas llevadas a Estados Unidos a través de redes internacionales de trata, donde destacan la red de Tlaxcala-Nueva York y Guerrero-California.12 Lo anterior ha reflejado la poca voluntad de las autoridades mexicanas y estadounidenses de establecer mecanismos de coordinación para combatir la trata de personas.

VII. Siendo la trata de personas representa el segundo delito más lucrativo en México, es de destacar que cifras de INEGI, señalan que los costos de atención a la seguridad son de hasta 215,000 millones de pesos anuales, lo que equivale al 1.34% del Producto Interno Bruto.

VIII. El Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue expedido el 23 de septiembre de 2013, más de un año después de la promulgación de la Ley en cuestión; en él, en su Capítulo IV, Artículo 63 se señala que:

“La Comisión contará con una página web en la cual se implementará una base de datos única que permita registrar y dar seguimiento al Programa Nacional. En dicha base se describirán las actividades realizadas a nivel federal, y en su caso, aquellas ejecutadas en las entidades federativas y municipios, para la prevención de los delitos relacionados con la trata de personas.

La Secretaría Técnica de la Comisión operará y actualizará la base de datos a que se refiere el párrafo anterior a través de una página web de la Secretaría, para dar seguimiento a las acciones, actividades e informes que den las autoridades e instituciones al Programa Nacional y las acciones establecidas en la Ley.

Asimismo, con la información contenida en la base de datos a que se refiere este artículo, la Secretaría Técnica de la Comisión realizará indicadores que permitan evaluar el logro de los objetivos del presente Reglamento.”

En este orden de ideas y ante lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta imperativo que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación quien preside la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, haga público el avance del trabajo en lo que respecta a la construcción de la Base de datos sobre estos delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente:

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a hacer público el avance de la base de datos de la que hace referencia el Capítulo IV del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Notas

1 Datos de la tercera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, presentada por el INEGI a finales de 2013 señalan que para 21 estados del país el principal problema es la inseguridad. La encuesta revela que en 2013 seis de cada 10 personas a nivel nacional identificaron a la inseguridad como su principal preocupación. Los estados con mayor preocupación sobre esta problemática son Nuevo León con 74 por ciento, Coahuila con 70 por ciento y el estado de México con 69.2 por ciento. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regu lares/envipe/envipe2013/default.aspx.

2 Cifras disponibles de la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de Naciones Unidas, datos disponibles en
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/human-trafficking_-organized-crime-and-the-multibillion-dollar-sale-of-people.html .

3 Según indica el informe “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

4 Ver, “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, disponible en
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/wp-content/uploads/2013/09/diagnostico_de_las_condiciones_de_vulnerabilidad.pdf

5 Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

6 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, Anexo II, Sección I, Artículo 3 (pág. 44–45).

7 Disponible en: http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/informe-trata-de-personas-2012.html.

8 En el sur de México, hombres, mujeres y niños centroamericanos, especialmente guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzosos, sobre todo en la agricultura, el servicio doméstico y las ventas ambulantes, y obligados a mendigar.

9 The Onion Router, es un navegador que permite acceder a internet de una forma anónima, aprovechando un sistema de capas, que filtra las conexiones y hace muy compleja la localización de las personas que se conectan a internet de esta forma, algunos autores llaman a esta zona de internet, la deep web o internet profunda.

10 Disponible en: https://www.law.umich.edu/clinical/HuTrafficCases/Pages/searchdatabase. aspx

11 HSTC Intelligence Note Tenancingo Bulletin #2: The Flores Carreto Enterprise: Incarcerated but Not Detained, disponible en: http://www.state.gov/documents/organization/151401.pdf

12 La ONG Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha denunciado que la red de trata procedente de Tenancingo, Tlaxcala, tiene un alcance internacional hasta Nueva Jersey y Nueva York. Esto ha sido respaldado por la Corte de Manhattan cuando el 1 de mayo de 2013, sentenció a 13 personas por presuntos delitos contra mujeres específicamente tráfico sexual y transporte interestatal con fines de prostitución. En ese caso las menores de origen mexicano eran trasladadas hasta la zona rural de Nueva Jersey, donde eran obligadas a sostener relaciones sexuales con 25 trabajadores agrícolas diariamente, o en su lugar eran entregadas a prostíbulos en Nueva York.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Jalisco a revisar las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud de la región sanitaria XIII de la entidad, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción III, del mismo artículo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Secretario de Salud del estado de Jalisco, al director de la Región Sanitaria XIII del estado de Jalisco, al ciudadano presidente municipal de Guadalajara, así como al director de Programas de Desarrollo Social y al director general de Planeación, del mismo ayuntamiento, para que a la brevedad revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud de la Región Sanitaria XIII del estado de Jalisco.

Consideraciones

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...” Lo anterior, extraído del numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y manifestado también en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho básico, fundamental, importantísimo, de toda persona humana: el derecho a la salud.

El acceso a los servicios de Salud es además, uno de los indicadores que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establece para definir, identificar y mediar la pobreza, conforme el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

Conforme a lo anterior, como representantes y voz de nuestros connacionales, hemos de velar porque sus derechos más urgentes y fundamentales, no sean ignorados, particularmente cuando habiendo la estructura, el presupuesto, la planeación y los programas, sólo es necesaria la suma de las voluntades de los actores involucrados, para que estos derechos se cristalicen en nuestros representados.

El día 17 de septiembre pasado se visitó el predio donde estaba instalado dicho Centro de Salud, con domicilio en Av. Patria #2257, entre David G. Bernaga y Samuel Navarro, Col. López Portillo, Guadalajara, Jal.

Con un terreno de 20x12 metros aproximadamente, el Centro está en un completo abandono, en gran parte destruido, sin techos ni ventanas, puertas ni enjarres; sin pintura o detalle alguno que sugiera que alguna vez funcionó como Centro de Salud. Más bien pareciera obra negra a medio terminar.

El lugar ha llegado a tal abandono, que rondan todo tipo de animales, roedores; y por supuesto, se ha convertido en un lugar propicio también para la delincuencia y el consumo de drogas.

Las personas que habitan en las colonias circunvecinas no cuentan con un Centro de Salud apropiado para atención médica; solamente tienen la opción de acudir a un sitio improvisado con unos tráileres adaptados para consulta, mismos que no cuentan con personal adecuado, material ni equipo médico; con baños portátiles y totalmente insuficientes para la demanda existente. Por esta razón, y lamento profundamente constatarlo, muchas personas, especialmente de la tercera edad, han fallecido por falta de atención y de recursos para atenderse en algún otro hospital; no tienen dónde acudir para aplicación de vacunas, chequeos básicos tales como presión arterial, consulta básica, etc. El lugar improvisado se encuentra en la colonia Villa Guerrero, entre las calles de Jesús Reyes Heroles, Isla Hébridas e Isla Tory.

Sumado a esta problemática, han quitado algunas rutas de autotransporte urbano, por lo que los vecinos tienen mayor dificultad para transportarse a otros centros de salud, razón que se suma a la urgencia de reconstruir el centro en cuestión para dar atención inmediata a la población.

Desde el 2010, que se cerró el Centro de Salud con el objetivo de repararlo, y que el único resultado ha sido derrumbarlo sin reconstruirlo, vecinos de la zona han insistido a las autoridades, recibiendo únicamente promesas, e incluso detalles sobre la presupuestación y origen de los recursos a utilizar, así como relaciones de obstáculos salvados en el camino, que hacen posible, tras años de espera, la ejecución de la obra. Desde el mes de enero de 2015 les prometieron una vez más que iban a comenzar con la obra, que ya estaba destinado el recurso y que en muy poco tiempo ya comenzarían a ver los trabajos de reconstrucción, pero no ha sido así.

Este es tan sólo uno de los muchos ejemplos de Centros de Salud de la Región Sanitaria XIII que requieren atención y apoyo efectivo. Aún conscientes de la dificultad que en materia presupuestal y económica pudiera significar este pendiente, no podemos escatimar esfuerzos para este que uno de los derechos más fundamentales y prioritarios, y el cimiento, junto con la educación, del desarrollo y el bienestar: el derecho a la salud.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para su urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Salud del Estado de Jalisco, al Director de la Región Sanitaria XIII del Estado de Jalisco, al C. Presidente Municipal de Guadalajara, así como al Director de Programas de Desarrollo Social y al Director General de Planeación, del mismo Ayuntamiento, para que a la brevedad revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los Centros de Salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII del Estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Federal Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

Adriana Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 6, del artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.

Consideraciones

Con fecha 6 de abril de 2004 fue publicada en el Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión Especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, suscrita por el diputado Francisco Herrera León, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, misma que fue creada y llevó a cabo sus trabajos durante la LIX Legislatura.

Más adelante, con fecha 26 de octubre de 2006 fue publicada en el Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, la Proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión Especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, suscrita por el diputado Pedro Landero López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, misma que fue creada y llevó a cabo sus trabajos durante la LX Legislatura como Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex.

Luego, con fecha 4 de noviembre de 2009 fue publicada en el Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, la Proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión de Investigación del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex, suscrita por el Diputado Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, misma que fue creada y llevó a cabo sus trabajos durante la LXI Legislatura como Comisión Especial de seguimiento y análisis del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex.

Finalmente, con fecha 27 de septiembre de 2012 fue publicada en el Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, la Proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión Especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, suscrita por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, misma que fue creada y llevó a cabo sus trabajos durante la LXII Legislatura como Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.

Con el análisis de los antecedentes antes señalados y la pertinencia de que los trabajos de orden legislativo en materia de la prevención, conservación y restauración del medio ambiente con motivo de la actividad desarrollada por la paraestatal más importante de nuestro país, en lo que se refiere al daño ecológico e impacto social generado por Pemex, es lo que motiva nuestra propuesta, conscientes de que desde el inicio de su misión, Petróleos Mexicanos ha impactado de manera muy importante en el desarrollo nacional; sin embargo, las actividades propias de objeto en ocasiones producen daños ecológicos, económicos y sociales que no solo deben ser estudiados y atendidos integralmente sino también con acciones preventivas, de conservación y restauración, para preservar las condiciones de vida de la población mexicana, los ecosistemas y en forma muy importante el medio ambiente, que es vital para nuestra existencia.

En el año 2012, la entonces diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, señaló que Pemex desarrolla su importante actividad sin el mantenimiento adecuado y oportuno que requieren sus instalaciones, persistiendo la falta de cuidado y en ocasiones la negligencia o impericia en la explotación intensiva del petróleo, en sus procesos de refinación y en la transportación no solo de la materia prima sino, de los diversos derivados y productos para el consumo nacional e internacional.

Al efecto, es bien sabido que en los estados de Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y otros diez de la república, se ha detectado la presencia de contaminación por muy diversos contaminantes que tiene sus origen en la permanencia de residuos provenientes de los hidrocarburos, los solventes, los metales pesados, el azufre, los plaguicidas y también aquellos residuos de gran peligrosidad para el ser humano como el plomo, el mercurio, el arsénico, el cromo y grasas y aceites quemados con reacciones químico biológicas de efectos nocivos y daños al medio ambiente que llegan a tornarse irreparables.

La pertinencia de la creación de esta Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex es muy importante por la atención, tratamiento y soluciones que deben darse a los efectos negativos de Alta notoriedad e impacto del daño ecológico, económico y social generado por Pemex.

Muy importante de considerar lo son los derrames de petróleo al mar que afectan la vida marina y los ecosistemas y también las fugas en la red de ductos de transportación de gasolina y otros derivados del petróleo por diversas causas, incluido el robo que provoca siniestros de de enormes proporciones y consecuencias de gran impacto ambiental, económico y social.

De igual manera, es de considerarse la prevención y restauración del impacto que causan los siniestros por accidentes y derrames del crudo y sus derivados, como fue el caso por ejemplo, de la plataforma Usumacinta en la sonda de Campeche, ocurrida el 23 de octubre de 2007, donde fallecieron veintidós seres humanos por fallas en los sistemas de seguridad, omisiones y negligencias que pudieran haber sido previsibles.

Hace aproximadamente cinco años, el 19 de diciembre de 2010, a sesenta kilómetros, más o menos, del Distrito Federal, ocurrió un incendio de enormes proporciones por la fuga de combustible de un ducto en el complejo de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla, con motivo del cual once personas perdieron la vida y muchas más resultaron lesionadas, causándose además daños a viviendas afectaciones a cultivos, a canales de riego y al río Atoyac, así como, un alto impacto ambiental que comprendieron el pago de poco más de trescientos ochenta y nueve millones de pesos con cargo a la paraestatal.

Ya en el año 2012, el once de agosto tuvo lugar un derrame de petróleo en la costa del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, donde aproximadamente dieciocho mil litros de petróleo crudo cayeron al mar y contaminaron las playas del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, con evidentes daños ambientales, económicos y sociales. Un mes después, un accidente más, ya que explotó una parte del centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, en Tamaulipas, sumando más de veintiséis personas entre trabajadores de Pemex y de las compañías contratistas que se encontraban trabajando en el mantenimiento de los ductos.

Todos los siniestros que involucran a esta importante paraestatal con impacto en la convivencia social y su entorno, son de enorme importancia y ameritan ser atendidos integralmente, sin duda, por la representación de la soberanía nacional en esta Cámara de Diputados.

Es por todo lo antes señalado que consideramos importante crear la Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, con la finalidad de impulsar el perfeccionamiento y el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y de los sistemas de prevención y corrección; así como, de vigilancia para que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para el saneamiento del impacto ambiental, la oportuna indemnización a los afectados, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ocurran siniestros derivados de la actividad de Pemex,

Por lo antes señalado, solicito a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura poner a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo para la creación de la Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex será: investigar, estudiar y detectar las causas y los efectos de daño ambiental, económico y social que genera la paraestatal en las entidades federativas donde tiene ubicadas sus instalaciones y su actividad industrial, para proponer acciones legislativas y otras diversas de prevención, corrección, conservación y en su caso, restauración que garanticen el medio ambiente, el equilibrio ecológico y en general el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex estará formada por doce integrantes que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Adriana Ortiz Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de ciudades patrimonio de la humanidad, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Verónica Agundis Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El patrimonio cultural es la herencia que a través del tiempo recibe una comunidad, en el que la sociedad en su conjunto le atribuye un valor a cada momento de la historia y al mismo tiempo determina qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad.

El patrimonio cultural puede estar constituido por aquellos monumentos, conjuntos o lugares con valor universal desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. En las últimas décadas se ha promovido la identificación de nuevas categorías patrimoniales que involucran monumentos, conjuntos y lugares como: los paisajes culturales, los itinerarios culturales, el patrimonio moderno y el patrimonio industrial.

México es uno de los 162 países que se encuentra adherido a la Convención del Patrimonio Mundial. Por la contribución que ofrece México al mundo, es el tercer país con el mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio: tiene actualmente diez ciudades, tan sólo seis menos que Italia (16) y cinco menos que España (14).1

Un asunto que es de vital importancia es la conservación de estas ciudades auténticas, donde la sustentabilidad y la idea del desarrollo urbano son fundamentales para sus habitantes, de ahí que la conciencia pública y la participación social en la preservación del patrimonio de los centros históricos son trascendentales.

México cuenta con las siguientes ciudades patrimonio mundial:

• Historic Centre of Mexico City and Xochimilco (1987)

• Historic Centre of Morelia (1991)

• Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán (1987)

• Historic Centre of Puebla (1987)

• Historic Centre of Zacatecas (1993)

• Historic Fortified Town of Campeche (1999)

• Historic Monuments Zone of Querétaro (1996)

• Historic Monuments Zone of Tlacotalpan (1998)

• Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines (1988)

• Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco (2008)2

Hoy es responsabilidad del Estado Mexicano, implementar los recursos necesarios para la conservación de las características que le permitieron obtener a cada una de las ciudades mexicanas, la declaratoria de Ciudad Patrimonio Cultural Mundial por parte de la UNESCO.

En la anterior legislatura se le ha dado la importancia a las Ciudades Patrimonio, por su valor que tienen para nuestro país, así como por la trascendencia mundial que la UNESCO le ha otorgado. La Cámara de Diputados debe contar una vez más con un lugar especial destinado al debate y a la generación de propuestas concretas sobre el tema de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

De ahí que Acción Nacional solicita la creación de una Comisión Especial que trabaje de cerca con el Ejecutivo federal y con los gobiernos de los estados, a fin de establecer medidas y acciones desde el ámbito legislativo, que permitan otorgar certeza jurídica y administrativa en el control y administración de los recursos etiquetados por la Cámara de Diputados para cada una de las Ciudades Patrimonio.

Es prioritario que ante la escasez de recursos, se vigile y se garantice que éstos se ejerzan de manera eficiente en el cumplimiento de los objetivos de los programas que permitan la conservación y preservación de las Ciudades Patrimonio.

El objetivo de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, debe enfocarse a promover y fortalecer la conservación de la nominación otorgada por la UNESCO a nuestras ciudades patrimonio, siendo estas la herencia de México a la humanidad; para lo cual es importante la participación e integración conjunta entre el gobierno con las organizaciones, instituciones y personalidades que favorecen a conservar esta riqueza cultural.

El trabajo de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad se debe centrar en el establecimiento de propuestas que junto con los Gobiernos de los Estados, permitan lograr que nuestra herencia histórica perdure de generación en generación, de ahí que es preciso que todos los actores implicados trabajemos en conjunto para atender todas aquellas problemáticas que ponen en riesgo a nuestras ciudades patrimonio.

Nuestro trabajo parlamentario debe estar encaminado a:

• Revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de que las ciudades patrimonio cuenten con los recursos suficientes para atender las necesidades que presentan las ciudades patrimonio.

• Perfeccionar el marco jurídico que incide directamente en conservar y mejorar las ciudades patrimonio reconocidas por la UNESCO.

• Establecer vínculos con gobiernos y organismos internacionales que contribuyan al beneficio de las ciudades patrimonio.

• Establecer acuerdos con los gobiernos, organizaciones sociales, instituciones académicas, sector privado y sociedad civil para el desarrollo de proyectos que favorezcan a las ciudades patrimonio, atendiendo asuntos de cultura, identidad y pertenencia, educación, salud, desarrollo social, turismo, sustentabilidad, seguridad y vialidad.

• Trabajar en coordinación con el gobierno federal y con los estados en desarrollar campañas de difusión, a fin de que todo mundo conozca de la riqueza cultural que posee México a través de las ciudades patrimonio de la humanidad.

• Desarrollar mecanismos que promuevan la participación de la sociedad civil a fin de concientizar sobre la importancia de vivir y visitar una ciudad patrimonio.

De igual forma, dicha Comisión Especial deberá revisar la estrategia que permita modernizar y consolidar el potencial turístico, cultural y económico que ofrecen los centros históricos de las ciudades con mayor patrimonio cultural de nuestro país para mejorar el desarrollo urbano de cada una de ellas.

En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015 se le aprobaron a las Ciudades Patrimonio 150 millones de pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se le proyectan los mismo recursos aprobados que se establecieron en el PEF 2015, que en términos reales representa una caída de 3 por ciento. Esta situación deberá ser discutida y analizada por la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de atender las necesidades que presentan estas ciudades.

Es importante señalar que no es pertinente reducir los recursos a las Ciudades Patrimonio, debido a que constituyen un polo de atracción para turistas nacionales como extranjeros.

De acuerdo a las cifras del Inegi 2014, la llegada de turistas por centros turísticos evidencian que se incrementa el número de turistas que visitan estas importantes ciudades, sólo dejando de lado a la Ciudad de Campeche que registra una disminución en 7.2 por ciento.

Hoy la escasez de recursos es una realidad para este gobierno y la LXIII Legislatura deberá trabajar ajustándose a las restricciones presupuestales que se tienen, pero por la relevancia que tienen las Ciudades Patrimonio, es sustancial que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados proceda a la creación de la Comisión Especial.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Segundo. La Comisión Especial de Ciudades Patrimonio se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.

Tercero. El Acuerdo de creación de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIII Legislatura.

Cuarto. La Comisión Especial de Ciudades Patrimonio contará con los recursos humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden para el cumplimiento de su objeto.

Notas

1 http://ciudadespatrimonio.mx/

2 http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal retirar la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México a integrar el comité contra la tortura de la ONU, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El Estado mexicano nominó, el pasado 28 de abril, a Miguel Sarre Iguíniz, como candidato de México para participar en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

2. Experto reconocido con amplia experiencia e independencia en materia de tortura y derechos humanos, su propuesta para ser integrante del Comité contra la Tortura respondía a que en su trayectoria cuenta con haber sido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, un órgano emanado de un tratado internacional del sistema de protección a los derechos humanos de ONU.

3. Por ello, la notificación, sin justificación alguna, que el pasado 16 de junio de 2015 envío el gobierno mexicano al Comité contra la Tortura a través de la Cancillería para retirar la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz, nominando en su lugar al señor Claude Heller Rouassant, generó gran extrañeza e indignación entre las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos y acompañan a víctimas de tortura.

• Es así que el 23 de junio y el 10 de julio del presente año, enviaron sendas cartas al entonces secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribeña1 , y a la embajadora de Austria en México, respectivamente, en las que expresaban su malestar por el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz y la nominación de Claude Heller Roussant.

4. Así también, más de 80 organizaciones, 75 de ellas integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,2 que trabajan por los derechos humanos en 21 estados de la República mexicana, emitieron una comunicación pública en el mismo sentido.

5. Por compartir las preocupaciones expresadas en estos tres documentos, queremos unirnos a la solicitud que han planteado al titular del Ejecutivo federal a través de la Cancillería y vamos a transcribir sus principales argumentos en relación con el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iníguez y la nominación de Claude Heller Roussant:

a) ...las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro rechazo por el retiro y sustitución de candidaturas que el gobierno mexicano ha realizado en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

b) El Comité contra la Tortura es un órgano creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho Comité tiene entre otras facultades la de llevar a cabo revisiones periódicas a estados parte de la convención y la de conocer casos contenciosos que víctimas de tortura y otros malos tratos presentan en contra de estados que han reconocido la competencia del comité en este rubro. México es estado parte de la convención y aceptó la competencia contenciosa del comité.

c) ... el comité adoptó sus observaciones finales en la última revisión realizada al Estado mexicano en 2012, en las que formuló diversas recomendaciones dados los niveles de incidencia de la tortura en México y la impunidad en torno a esta grave violación a los derechos humanos. Asimismo, el comité ya se encuentra conociendo casos contenciosos presentados en contra del Estado mexicano, mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos por dicho órgano.

Exponen entre sus argumentos las directrices de Addis Abeba3 que establecen la importancia de la independencia y la imparcialidad de quienes integren los comités, relatorías y demás instrumentos que se han creado a partir de los tratados de derechos humanos:

Los miembros de los órganos creados en virtud de tratados no sólo serán independientes e imparciales, sino que deberán parecerlo a juicio de un observador razonable.

Asimismo, las directrices exponen que4 :

Los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales [...]

6. Es importante comentar que hay un reconocimiento de las organizaciones que firman las cartas y el comunicado de que el señor Claude Heller ha sido un diplomático mexicano de carrera con larga trayectoria que ha desempeñado varios cargos como embajador y representante de México ante organismos internacionales . Pero asimismo señalan que de la revisión de esa trayectoria no se encuentra ninguna experiencia ni especialización en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, por lo que consideran que:

d) ...su cargo como Embajador Eminente de México pone en tela de juicio la independencia que, de acuerdo a lo antes señalado en las Directrices de Addis Abeba deben tener los integrantes del Comité contra la Tortura frente a los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Manifiestan su inquietud de que:

e) ...con el manejo político de las nominaciones, el Estado mexicano busque tener un mayor control sobre el Comité contra la Tortura, afectando la independencia del organismo, lo que a su vez produciría efectos negativos no solamente en la protección de la integridad personal de la población en México, sino en la protección de este derecho de la población de todos los estados parte de la convención señalada;

Y recuerdan, la postura de confrontación con el relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan Méndez, que mantuvo el gobierno federal cuando éste presentó su informe:

En mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: “Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos

f) ... no pasamos por alto que este actuar del gobierno federal se enmarca en la presentación del informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a raíz de su visita a México en 2014, en el cual señaló que la tortura continúa siendo una práctica recurrida por las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno y manifiestan su preocupación de que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la incidencia de la tortura en México, el gobierno mexicano busque afectar la independencia de dichos organismos a fin de invisibilizar el problema de la tortura en México, esto en lugar de acatar las recomendaciones de dichos organismos y promover un mayor escrutinio de los mismos sobre la situación de la tortura en México.

Solicitan a Cancillería que revise:

g) ...la situación de las nominaciones del Estado mexicano en la integración de órganos internacionales, a fin de promover perfiles expertos e independientes para la elección de integrantes del Comité contra la Tortura y de futuras elecciones en otros órganos internacionales de protección a los derechos humanos y que el gobierno mexicano señale las razones por las que se retiró la candidatura del señor Miguel Sarre Iguíniz y remitirlas a las organizaciones firmantes de la presente comunicación.

Informan que han solicitado a los países miembros de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes NO respaldar la candidatura propuesta por el gobierno mexicano;

Y por último: solicitan al presidente Enrique Peña Nieto retire la candidatura del señor Claude Heller para integrar el Comité contra la Tortura.

7. Órganos de derechos humanos de la ONU, han emitido desde principios de 2007, diversas recomendaciones al gobierno mexicano para cuestionar el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y han exigido legislación conforme estándares internacionales del uso legítimo de la fuerza que permitan contar con medidas de control para que no se cometan arbitrariedades y abusos por agentes del estado, es decir, para prevenir la tortura.

8. Por otra parte, en 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México 5 . En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigo a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe de marras señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes6 .

9. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU ha convocado a su decimoquinta reunión para el 8 de octubre de 2015, con el objetivo de elegir, de conformidad con el artículo 17, párrafos 1 a 5, de la Convención Internacional en la materia, a cinco miembros del Comité contra la Tortura cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 20157 ; es por ello, que estamos presentando tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado, esta proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

Notas

1. Los firmantes de la carta son: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C (SERAPAZ), Red de Familiares “Eslabones” por los Derechos Humanos A.C., Carlos Ríos Espinosa, Consultor en Derechos Humanos, Ina Zoon, Mariclarie Acosta Urquidi y Sergio Méndez Silva

2. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., JASS (Asociadas por lo Justo), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana) conformada por: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.);Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.) y Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

3. Directrices de Addis Abeba”, A/67/222, anexo I, y Corr.1. Aprobadas durante la 24ª reunión de presidentes de órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos, junio de 2012. Aprobadas mediante declaración CAT/C/49/3 por el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el 17 de abril de 2013.

4. Ídem

5. http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf

6. https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/

7. http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspTjLxeHkSuC0jqhOruv
B0HIoJ9cxBM2mP5fBWoOK48VzMlUIra%2Faflq% 2B9cmRCfQaj5AykoZ7Xm%2Bd8k%2F9phvnOVIY%2FYmot4Mj9PwIjlE0X3w

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputados: Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 31 de diciembre de 2012 el honorable Congreso del Estado de Puebla expidió la Ley del Agua para el Estado de Puebla. A decir de su exposición de motivos pretende dar “La certeza del abasto de agua potable y de servicios accesorios para conservar sustentablemente tan preciado recurso”.

A raíz de la expedición de la ley en comento se posibilita el concesionar el suministro de agua para el uso personal y doméstico, como actualmente sucede en los rubros de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales para el municipio de Puebla, y las circunscripciones territoriales específicas de los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura hidráulica del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

Se suele argumentar en favor de la política privatizadora del servicio de agua que la iniciativa privada prestará un servicio de calidad, llevando el agua a todos, pero para el caso de Puebla la realidad es otra.

El 16.25 por ciento del estado de Puebla carecen del servicio de acceso, disposición y saneamiento del agua; de igual manera, en varias colonias de la capital del estado el suministro del líquido se limita a una vez cada 15 días, y en lo referente a la infraestructura, el delegado en Puebla de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha declarado ante los medios de comunicación que Concesiones Integrales SA de CV, todavía no ha presentado el programa de modernización de las cuatro plantas del Soapap, para aumentar la capacidad para dar tratamiento al líquido, que ahora alcanza sólo cincuenta por ciento. Todas estas obligaciones que por ley se deberían cumplir la concesionaria en flagrante violación se han omitido.

Aunado a lo anterior tenemos que en la ciudad de Puebla de los Ángeles el aumento en las tarifas por el suministro del agua ha llegado a incrementarse hasta en diez veces con respecto a la tarifa que se tenía hasta antes de la entrada en vigor de la mencionada ley, de tal forma que en la ciudad de Puebla tenemos uno de los servicios de agua potable que más caro cobran al usuario y los recibos carecen de la información que por efectos del artículo 110 de Ley del Agua para el Estado de Puebla deberían de tener.

Si bien lo anteriormente descrito muestra problemas serios que aquejan a los poblanos, es también grave el que la mencionada Ley del Agua es contraria a preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y a tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es signante, por lo mismo, la ley en comento es violatoria de los derechos humanos.

En cuanto a los derechos humanos y nuestras normas jurídicas, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.”

Con esta reforma se hace explícito el bloque de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, los tratados internacionales que establezcan derechos humanos en que el Estado mexicano sea parte, se incorporan al bloque de constitucionalidad o coto vedado, según el cual ningún poder constituido está en posibilidad de restringirlos o suspenderlos , salvo en los casos de emergencia y los condicionamientos establecidos en la propia Constitución.

Aunado a lo anterior, si recordamos, el día ocho de febrero del dos mil doce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la CPEUM. A raíz de lo anterior, actualmente el sexto párrafo del referido artículo constitucional a la letra señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En lo referente a los tratados internacionales de los que México es parte, el derecho humano al agua se encuentra amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Dicho tratado internacional crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), encargado de interpretar el PIDESC por medio de observaciones, mismas que se vuelven parte del pacto y por lo tanto obligan a los países firmantes a observarlas y hacerlas vinculantes a su derecho interno.

Con respecto al agua, el CDESC por medio de su observación general número 15 “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, determina en su numeral 2 que se cumple el derecho al agua cuando ésta es suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

De tal forma que el artículo 4o. de la CPEUM y el PIDESC por medio de la observación general número 15, coinciden en señalar que el derecho humano al agua comprende el que esta esté disponible para todos en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible (accesible). Si bien la CPEUM no especifica en qué condiciones se cumple con la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y aceptabilidad, la observación general número 15 sí lo estipula y al ser una observación que se vuelve parte del PIDESC, por efectos de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM, forman ya parte de nuestro derecho interno, por lo cual debemos acatarla y cumplirla.

En cuanto a la disponibilidad, la observación general número 15, en su numeral 12, inciso a) señala que:

“El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona deberá corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.”

Por su parte la OMS señala que con 50 litros/día/persona no se satisface la disponibilidad, ya que esta cantidad no es suficiente para el baño y el aseo de la ropa, por lo que se requieren cantidades de 100 litros/día/persona para satisfacer la disponibilidad.1

Este criterio de la OMS ha sido retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Inconformidad 49/2014, en la cual, la SCJN consideró fundados los argumentos presentados por la quejosa, entre los que se encuentran los criterios de la OMS en cuanto a la cantidad de litros/día/persona necesarios para cumplimentar el derecho a la disponibilidad.

Abonando a lo anterior, si la OMS y la SCJN, consideran que el suministro de agua al día por persona debe de ser en cantidades superiores a 50 litros, hasta llegar a los 100 litros, por efectos del segundo párrafo del artículo 2o. de la CPEUM, “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” Debemos concluir que para que en México se considere que se respeta el derecho al agua en cuanto su disponibilidad, se requiere dotar a la población de un mínimo de 100 litros/día/persona.

Con respecto a la accesibilidad, esta se precisa en el numeral 12, inciso c) de la observación general número 15, bajo los siguientes términos:

“El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas.”

Las cuatro dimensiones mencionadas en el citado inciso c) comprenden la accesibilidad física, accesibilidad económica, no discriminación y acceso a la información.

La accesibilidad física postula que, el tener derecho al agua supone que las instalaciones y los servicios de la misma deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En cada hogar, ya sea éste una residencia o un modesto cuarto de lámina, en cada institución educativa o lugar de trabajo debe haber un suministro de agua o por lo menos la posibilidad de tener acceso a alguno que esté en sus cercanías inmediatas.

La asequibilidad o accesibilidad económica, significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. El comité establece que los costos asociados con el abastecimiento del agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto, es decir, no debe ser tal que dificulte disponer de otros bienes esenciales como salud, educación, vivienda u otros derechos humanos, de tal forma que el pago por el servicio debe de tener en cuenta la capacidad económica del usuario, y para las clases económicamente menos favorecidas, este cobro podría incluso ser inferior a los costos del suministro, es más, puede darse el caso que para algunos sectores en extremo empobrecidos el servicio deba ser gratuito.

En cuanto a la no discriminación, “El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.”, es decir, el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y económico de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están prohibidos.

De la Ley del Agua para el Estado de Puebla, varios artículos son de señalarse, por ser contrario a la CPEUM y a los tratados internacionales de los que México es parte. Por ejemplo, el artículo 56 permite al “Prestador de Servicios” el restringir o suspender el suministro del agua, es decir, faculta a un particular a suspender un derecho humano, y aquí aunque ya se citó previamente en el presente escrito, cabe señalar el primer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .”

En el mismo caso tenemos a la fracción III, inciso f, del artículo 46 y la fracción I del artículo 99. El primero impide la contratación del servicio público del agua si no se presenta constancia del pago de derechos, en cuanto al segundo de estos artículos, faculta al prestador del servicio a suspender por falta de pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate el suministro de agua. Pero, en ambos casos, como se ha dicho ya en el presente escrito, un derecho humano como lo es el del acceso al agua para uso personal y doméstico no puede estar sujeto al pago, pagará el que pueda pagar, el que no pueda no puede ser discriminado por motivos económicos. La autoridad o el concesionario como lo ha dejado en claro la SCJN están en la obligación de suministrar 100 litros diarios a cada persona .

No conforme con tener una ley que propicia la violación de un derecho humano, la Ley del Agua para el Estado de Puebla criminaliza la falta de pago al concesionario, es decir, además de no garantizar el derecho humano al agua, criminaliza a todo aquel que no esté en posición de cubrir los abusivos cobros que efectúa un concesionario, o sea, un particular. Lo anterior por efectos de los artículos 119 y 123.

“Artículo 119. El Prestador de Servicios Públicos es autoridad fiscal con facultades económico-coactivas para determinar, comprobar, recaudar y cobrar el importe que por concepto de derechos, productos y contribuciones de mejoras le corresponda. Los adeudos de los usuarios derivados de los conceptos antes señalados serán considerados créditos fiscales y en consecuencia corresponderá a cada Prestador de Servicios Públicos por sí, o a través de sus autoridades fiscales competentes, proceder a su cobro por la vía administrativa de ejecución prevista en esta ley y en las leyes fiscales aplicables.”

Artículo 123. Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente capítulo, los Prestadores de Servicios Públicos podrán hacer uso de las siguientes medidas de apremio:

I. El uso de la fuerza pública;

II. La imposición de multas equivalentes de diez a cincuenta salarios mínimos vigentes en el estado; y

III. La solicitud a la autoridad correspondiente, para que proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.”

Dichos artículos son cuestionables en cuanto a su constitucionalidad, ya que hay argumentos para sostener que sobre limita cuando menos con respecto al segundo párrafo del artículo 14 “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Y del artículo 31, fracción IV, “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”, ambos artículos de la CPEUM.

Lo anterior por sí mismo sería más que suficiente para concluir que la Ley del Agua para el Estado de Puebla debe de reformarse, en el sentido de que respete el derecho humano al agua. Pero estos artículos no son los únicos que deben ser reformados, entre otros que se destacan por ser violatorios de este derecho son los siguientes: 29; 30; 32 y 33.

El artículo 29 de dicho ordenamiento faculta al “Prestador de Servicios Públicos” a “convenir o contratar, total o parcialmente, con los sectores social y privado la realización de actividades relacionadas directa o indirectamente con los Servicios Públicos”, dicha disposición deja en manos de particulares, como pueden ser entre otros los despachos de cobranza, todos los servicios que directa o indirectamente se relacionen con el Servicio Público establecido; incluso el cobro por la “contraprestación” puede ser cedido a despachos particulares encargados de coaccionar a los mal llamados “morosos”. Ante lo anterior, cabe afirmar que un derecho humano no es una prestación del estado, es una obligación del mismo .

El artículo 30 autoriza la participación de las empresas privadas para la prestación de los Servicios Públicos del suministro del agua, siendo de especial atención la fracción IV de dicho artículo, misma que les permite la gestión para la eficiencia administrativa y comercial. Dicha disposición enmarca claramente una intencionalidad de lucro con un derecho humano, lo cual da a suponer más que una mala técnica legislativa, una violación ya no solo del artículo cuarto constitucional, sino también del artículo primero que establece el principio pro homine .

Por su parte, los artículos 32 y 33 que supuestamente obligan a los Prestadores de Servicios, sin involucrar realmente a los mismos, a las aclaraciones sobre la prestación del servicio, resultan en un cheque en blanco para el cumplimiento de sus fines de lucro, o como dice la ley su “sustentabilidad financiera”.

En lo general, la varias veces mencionada ley poblana no contempla de forma clara la participación de la sociedad civil o como lo indica el sexto párrafo del artículo 4o. de la CPEUM, la participación de la ciudadanía, por lo mismo es violatoria a este artículo constitucional.

Además, como si todo lo anterior fuera poco, la Ley del Agua para el Estado de Puebla, al no contener preceptos que nos lleven a respetar el derecho humano al agua bajo las características que señala el artículo 4o. de la CPEUM, la observación general número 15 del CDESC y por lo mismo el propio PIDESC, es también violatoria de otros instrumentos jurídicos internacionales que tutelan este derecho.

Es violatoria del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño , sobre todo del numeral 2, inciso c, que a la letra dice:

“1. Los estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para :

...

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;”

Es violatoria del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , sobre todo del numeral 2, inciso h, que a la letra dice:

“2. Los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a :

...

h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua , el transporte y las comunicaciones.”

Es violatoria del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , mismo que en su numeral 1 señala que:

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, ...”

Sin el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente, el derecho a la salud, al bienestar y a la alimentación no se puede cumplimentar.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que les fueron conferidas por la normatividad aplicable, protejan el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, todos del estado de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a que armonice la Ley del Agua para el Estado de Puebla, a fin de que se tutele y garantice el derecho humano al agua conforme al artículo cuarto 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es estado parte.

Nota

1. Al respecto se puede consultar la página de la OMS, “La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud”, disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de participación ciudadana, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo en relación con la creación de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La soberanía popular radica en el pueblo y es a éste al que nos debemos como legisladores. Es tarea del legislador a través de la integración de la comunidad ejercer la política democráticamente.

El gobierno debe velar porque la voluntad del pueblo sea expresada y escuchada, mediante mecanismos que garanticen la participación en la gestión de los asuntos públicos, conforme a los principios de igualdad, tolerancia, pluralismo y libertad.

Resulta imperante escuchar y atender los asuntos en los que la sociedad muestra un interés en particular y que de esta manera se consideren incluidos en las tomas de decisiones del gobierno. Encontrar un equilibrio entre el gobierno y sus gobernados, genera resultados positivos para armonizar la relación entre estos.

La creación de la Comisión Especial de Participación Ciudadana genera espacios de participación con reglas claras y accesibles en favor de la pluralidad y el respeto mutuo; dentro de un espacio en el que los ciudadanos puedan proponer, enriquecer o enmendar acciones de gobierno, mediante la evaluación de las políticas públicas, convirtiéndose en un enlace entre la sociedad y el desarrollo nacional.

Con la inclusión de la participación de la sociedad en los asuntos públicos se pueden realizar acciones para recabar opiniones y propuestas de los ciudadanos y ser un eslabón en la creación del diálogo entre las autoridades y la sociedad.

La participación ciudadana existe ante la evidente necesidad de la presencia del ciudadano común en la toma de decisiones en los más versátiles aspectos de la realidad diaria, logrando una comunicación fluida y directa entre la ciudadanía en general, por un lado, y las estructuras definidas de gobierno, por el otro.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son posiblemente el recurso más acentuado de participación ciudadana con el que contamos en el país. Las ONG permiten abordar distintas cuestiones sociales, culturales, políticas, estratégicas o financieras mediante la evaluación crítica o favorable de las acciones de los gobiernos. Sin embargo las estrategias de participación ciudadana deben ir acompañadas de un plan para definir del modo más apropiado los procesos que dan lugar a distintas etapas en la cuales se establece quienes participan en las decisiones y cuáles son los recursos más indicados para dar lugar a esa planificación.

La Comisión Especial de Participación Ciudadana permitirá que el Poder Legislativo incida en la política sobre gobierno abierto del Ejecutivo federal y coadyuvar con el objetivo de tener una sociedad más justa e incluyente.

Por todo esto, resulta totalmente pertinente proceder a la creación de una Comisión Especial en el seno de la honorable Cámara de Diputados, para coadyuvar en el cumplimiento del Poder Ejecutivo de los principios constitucionales y garantizar resultados que sean tangibles para la sociedad.

Por lo anterior, con fundamento en las disposiciones legales citadas, se someten a consideración del pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana será analizar el marco legal y normativo en la materia para garantizar los derechos de los ciudadanos e impulsar su inclusión en la toma de decisiones del estado.

Tercero. La Comisión Especial de Participación Ciudadana estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, bajo los conceptos de equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de Participación Ciudadana tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la industria siderúrgica, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Guadalupe Oyervides Valdez, diputada federal del estado de Coahuila de Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes pilares o ramos sobre el que descansa la actividad industrial en nuestro país, es el relativo a la industria siderúrgica, misma que tiene gran importancia y trascendencia para nuestro país desde el punto de vista económico, e incluso destaca por su producción internacionalmente.

De acuerdo con los estudios que realizó la Cámara Nacional de la Industria del Acero y el Hierro de 2004 a 2013, nuestro país está colocado en el décimo tercer lugar entre los países productores de acero a nivel mundial, con el 1.13 por ciento de la producción total en el planeta, mientras que en América Latina, la producción ubica a México, por encima de Brasil y Argentina con una tasa de crecimiento de 1.39 por ciento, lo cual ha sido una tendencia en los últimos diez años, con su producción cubre el 27.7 por ciento de la demanda continental.1

Nuestro país tiene convenios celebrados aproximadamente con un centenar de países, con los cuales existe un arancel de importación del 0 por ciento, además de existir cuotas compensatorias en algunos productos.

A nivel nacional, la industria del acero ha tenido una participación muy notoria, ya que en 2013 contribuyó con el 2.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de contribuir con el 6.4 por ciento del producto interno bruto industrial.

Durante el periodo del 2004 al 2013, la producción se incrementó de 16.7 a 18.2 millones de toneladas, salvo en 2009, cuando por la crisis económica internacional, la producción de acero, tuvo un retroceso.2

Para 2014 la producción de acero crudo de México creció 4.3 por ciento, para llegar a 18 millones 995 mil toneladas; al mismo tiempo, la demanda aparente de acero creció 11.7 por ciento pasando a 22 millones 487,000 toneladas, según estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

En dicho periodo, las inversiones que se realizaron crecieron a un total de 14 mil 385 millones de dólares, recursos económicos que fueron aplicados para la rehabilitación, mantenimiento, ampliación de las plantas de acero, para la fusión y creación de nuevas plantas productoras de acero, y la dotación de nuevas instalaciones para la fabricación de productos de mayor calidad y valor agregado, entre otros rubros beneficiados.3

Del mismo modo, la industria acerera en nuestro país, siempre ha sido una importante fuente de empleos en las distintas regiones donde se han situado las plantas, lo cual ha significado fluidez en el mercado laboral y un ineludible crecimiento económico, tal como sucedió en el 2013 con la creación de más de 120 mil empleos directos y más de 600 mil indirectos.4

Una de las entidades federativas que se han caracterizado por la calidad e importante producción de acero, es Coahuila de Zaragoza, específicamente en el municipio de Monclova, en donde se encuentra situada la fundidora más importante del país, Altos Hornos de México S.A. de C.V., misma que genera gran parte de la producción a nivel nacional y también participa en el comercio a nivel internacional; en ese tenor, la industria acerera se ha convertido en una de las principales actividades económicas de esa entidad federativa, además de ser una gran fuente generadora de empleos en el municipio de Monclova y en localidades aledañas, sin dejar de mencionar que gracias a este tipo de inversiones, la industria manufacturera en el ramo también ocupa un importante lugar en el estado de Coahuila.

Coahuila de Zaragoza es uno de los estados productores de acero líquido, que junto a Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Michoacán, generan alrededor del 82.2 por ciento de la producción de acero a nivel nacional.5

En la Cámara de Diputados durante LXII Legislatura, el Diputado Salomón Juan Marcos Isaa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, planteó mediante una proposición con punto de acuerdo la creación de la Comisión Especial de la Industria Automotriz , misma que se determinó crear para la realización de actividades y trabajo que permitan fortalecer e impulsar el crecimiento de la industria automotriz agregándose la vertiente del acero, dada la importancia que la industria acerera tiene para el país, por lo que se determino que ambas ramas de la industria se dilucidaran en una sola comisión, debido a la estrecha vinculación que existe entre ambos ramos.

En México la industria siderúrgica se ha caracterizado por un crecimiento mayor al crecimiento de la economía mexicana en su conjunto; generando con ello mayores inversiones. En los últimos 5 años se han invertido más de 11 mil 553 millones de dólares. Su importancia para nuestra economía radica, en su facultad generadora de valor y sobre todo por su capacidad de ser generadora y aceleradora de actividades secundarias y terciarias que su vez crean empleos en las diversas entidades en donde tiene presencia. La siderúrgica, es una industria que provee la creciente demanda de productos de fierro y acero.

Por lo que en virtud de la enorme importancia que reviste la industria siderúrgica para nuestro país y en particular para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como para dar continuidad a los trabajos y actividades realizadas por la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero durante la LXII Legislatura, en lo que hace a la industria siderúrgica, es que la proponente solicita el respaldo de esta Soberanía para crear una Comisión Especial que atienda de manera específica los asuntos relacionados con dicha industria.

Proposición con puntos de acuerdo

Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de la Industria Siderúrgica, con la finalidad de continuar con las actividades y trabajo realizado durante la LXII Legislatura, lo cual contribuirá al fortalecimiento, promoción y crecimiento de la industria acerera en nuestro país.

Segundo. La Comisión Especial de la Industria Siderúrgica, funcionará en la totalidad del periodo de la LXIII Legislatura o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.

Notas

1 Cámara Nacional de la Industria del Acero y del Hierro, Perfil de la Industria Siderúrgica en México 2004-2013 , CANACERO, páginas 6 y 7.

2 Ibídem, página 5.

3 Ibídem, pagina 9.

4 Ibídem, pagina 10.

5 Ibídem, pagina 12.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputadas: María Guadalupe Oyervides Valdez, Ana María Boone Godoy (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a realizar acciones para que los seleccionados nacionales de basquetbol y los deportistas participantes en el proceso clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 cuenten con apoyo para lograrlo, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es que somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Campeonato FIBA Américas de 2015, también conocido como el Preolímpico Ciudad de México 2015, fue la decimoséptima edición del campeonato de baloncesto del continente americano. Entre los países que se postularon para albergar tan importante evento, tenemos a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, y por supuesto México. El 6 de agosto del presente, la Federación Internacional de Baloncesto, confirmó a México para albergar el torneo; si bien en un principio, el evento se pretendía realizar en la Arena Monterrey ubicada en Nuevo León, posteriormente se decidió que la sede fuera en la Ciudad de México, lo cual representa un orgullo y gran satisfacción para todos los mexicanos.

Dicho evento se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre de 2015; el torneo sirvió como eliminatorio para clasificar dos equipos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En la fase preliminar, las diez selecciones participantes (Brasil, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Canadá, Cuba, Puerto Rico y Venezuela) se dividieron en dos grupos de cinco (A y B) determinados mediante sorteo. Los equipos juegan dentro del grupo en un sistema de todos contra todos y una vez concluidas las cinco jornadas de partidos, los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzan a la siguiente fase, mientras que los últimos quedan eliminados.

En la segunda fase, los equipos que han avanzado se juntan en un solo grupo y se enfrentan a los cuatro equipos que formaron parte del otro grupo en la ronda preliminar. Cada selección mantiene todos los puntos obtenidos en la primera fase, a excepción de aquellos obtenidos ante el equipo de su grupo que quedó eliminado. Los mejores cuatro equipos de este grupo avanzan a semifinales. Los dos finalistas se clasifican a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En la primera ronda, nuestra selección quedó en primer lugar del Grupo A con un total de 8 puntos, obteniendo de esta manera su pase automático en la segunda fase; en ésta fase, México quedó en 4° lugar del Grupo B con un total de 13 puntos, por lo que obtuvo su pase a la semifinal compitiendo contra Argentina el 11 de septiembre y posteriormente disputándose la ronda final contra Canadá el 12 de septiembre, obteniendo el cuarto lugar de la competencia, tan solo después de Venezuela, Argentina y Canadá –en ese orden.

Es importante hacer mención, que tras 40 años de ausencia en unos Juegos Olímpicos, la Selección Mexicana de Baloncesto logró su boleto de entrada a éste torneo con un titánico regreso y dio un avance considerable ante un rival complicado como lo es Canadá; en este sentido, es de notar los frutos en cuanto a niveles de competitividad, dando claras muestras de seguir madurando como equipo, como colectivo y sobretodo en busca de la identidad que los ha caracterizado.

A la fecha, México suma 15 triunfos y 5 derrotas en los dos pasados torneos de la FIBA Américas. Y es por su excelente desempeño, que resulta preponderante e indispensable congratularse ante el resultado obtenido por nuestra selección en aras de apoyar a nuestros connacionales, a los bien llamados “12 guerreros” y sobretodo fomentar la cultura del deporte en nuestro país.

En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), es la Institución encargada de atender a los atletas que participan activamente en competencias internacionales representando a México o que están en etapa de formación, fomentando el deporte y procurando la activación de la cultura física.

Sin embargo, recientemente se ha revelado que de acuerdo con información obtenida mediante notas periodísticas*, la selección mexicana de basquetbol tuvo serias complicaciones durante el proceso de preparación para el Campeonato FIBA Américas de 2015, toda vez que no contaban con uniformes ni balones oficiales, sino hasta unos días antes de la competencia; en este mismo orden de ideas, resulta lamentable que ante el Torneo de Cuatro Naciones, en el que participaron cuatro de los más importantes equipos de la FIBA Américas (Argentina, Brasil, México y Venezuela) los atletas mexicanos reportaron la falta de uniformes, y siete de sus seleccionados denunciaron la falta de pago inclusive hasta por siete meses.

Es preocupante la falta de apoyo que existe hacia nuestros deportistas mexicanos, pues son ellos quienes representan a nuestro país en las competencias internacionales, y no solamente por la selección de basquetbol, sino por las constantes denuncias que distintos deportistas han hecho evidentes hacia el Comité Olímpico Mexicano y la Conade por la falta de apoyo o bien, apoyo limitado para con ellos.

En esta tesitura, es que el presente punto de acuerdo exhorta a la Conade a garantizar apoyos integrales a los deportistas mexicanos en cuanto a material y vestuario deportivo, a proporcionar oportunamente y en el ámbito de su competencia, becas económicas y académicas, apoyos económicos, apoyo a entrenadores, entre otros, para efecto de garantizar la tranquilidad, estabilidad de nuestros deportistas, y sobre todo, asegurar su concentración total en el deporte y/o competencia a realizar, para poder contar con varios clasificados mexicanos a las próximas Olimpiadas 2016.

Por todo lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Conade a realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que los seleccionados nacionales de basquetbol y todos los deportistas que participan en el proceso para obtener su clasificación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuenten con todo el apoyo necesario para lograrlo.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados, felicita formalmente a la Selección Mexicana de Basquetbol, por su desempeño realizado en el campeonato FIBA Américas 2015.

Nota

Ver:

* http://www.msn.com/es-us/deportes/noticias/%C2%A1por-fin-m%C3%A9xico-ti ene-uniformes/ar-BBm7Vye

* http://elheraldoslp.com.mx/2015/08/16/tri-de-basquetbol-contara-con-nue vos-uniformes/

* http://deportes.televisa.com/nba-basquetbol/2015-08-12/seleccion-basque tbol-recibe-poco-apoyo/

* http://www.sportsnet.com.mx/2015/08/falta-de-apoyo-a-la-seleccion-mexic ana-de-basquetbol/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de septiembre de 2015.

Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se reconoce al gobierno de Colombia y a las FARC por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el cual se crea una jurisdicción especial para la paz, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Héctor Javier García Chávez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En mayo de 1964, un grupo de 60 hombres, liderados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, crearon una organización con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mundialmente conocidas como las FARC. De forma paralela al surgimiento de los grupos guerrilleros, fueron apareciendo diversos grupos paramilitares contratados por los terratenientes y empresarios colombianos.

2. Las acciones militares de las FARC, sumadas a las de las otras guerrillas también nacidas en los años 60 como el M-19, llevaron a que en 1983 el entonces presidente Belisario Betancur planteara una negociación de paz. No obstante, la tregua duró muy poco tiempo

3. A lo largo de cincuenta años las cifras que se conocen resultan alarmantes. De Acuerdo al Centro de Memoria Histórica y Registro Único de Víctimas hasta el año de 2012 habían muerto 218 mil 094 personas, de las cuales 40 mil 787 eran combatientes y 177 mil 307 eran personas civiles. Según dicho centro las desapariciones forzadas en ese periodo fue 25 mil 7 personas, las víctimas por violencia sexual fue de 2,754 y las víctimas que sufrieron reclutamiento ilícito fue de 5 mil 159 personas.

4. Ante tal panorama y con Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia, el 19 de noviembre de 2012 se iniciaron en La Habana, Cuba, las negociaciones para alcanzar un acuerdo para alcanzar la paz.

5. El 27 de mayo de mayo de 2013, tras seis meses de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo en el primer punto de su agenda de negociaciones, el tema agrario. Dicho acuerdo que incluye entre sus puntos el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y políticas alimentarias y nutricionales. Las partes convinieron en que el gobierno colombiano formalizará progresivamente los predios que ocupen o posean campesinos y se crearán, además, mecanismos para solucionar posibles conflictos de uso. Dicho acuerdo fue llamado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”

6. Durante el transcurso de las negociaciones se fueron logrando otros acuerdos como “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

7. El acuerdo firmado en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez o Timochenko por parte de las FARC, contiene los siguientes elementos:

• Construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

• Acuerdos en materia de Reparación a las Víctimas.

• Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

• La terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, y el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

• No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

• En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz los acuerdos contemplan su competencia, los procedimientos, los tipos de delitos y las penalidades.

8. Finalmente, las partes acordaron que a más tardar en seis meses se deben concluir las negociaciones y el 23 de marzo de 2016 se debe firmar el acuerdo final del proceso de paz.

9. Debe señalarse la importante y valiosa participación como mediador del gobierno de Cuba y, como lo señaló el propio presidente Santos, el mismo Papa Francisco intervino en las negociaciones durante su reciente visita oficial a la isla.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión saluda y envía una felicitación por el histórico acuerdo firmado el pasado 23 de septiembre entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas por el Comandante Timoleón Jiménez, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en Colombia.

Dado en el Salón de Sesiones de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2015.

Diputado Héctor Javier García Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP y al jefe del SAT a difundir un reporte de las sanciones económicas impuestas a servidores públicos por hechos de corrupción, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción es uno de los desafíos más apremiantes en la vida pública de México, con costos para la economía y el desarrollo todavía difíciles de dimensionar. Grandes sectores de la sociedad exigen atender el fenómeno, ya que prevalece la percepción de que la corrupción se ubica en los mismos niveles desde hace 15 años o que, incluso, va en aumento a pesar de las recientes reformas en la materia.

El daño al erario por corrupción o negligencia de los malos servidores públicos ha sido otro eslabón de la impunidad en México.

De acuerdo a los datos referidos en el segundo Informe de Gobierno de la actual administración federal, del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, se impusieron 14 mil 905 sanciones administrativas a 12 mil 651 servidores públicos. Según el tipo de sanción se registraron 8 mil 4 amonestaciones tanto públicas como privadas, (54 por ciento), 3 mil 299 suspensiones (22 por ciento), 2 mil 614 inhabilitaciones (18 por ciento), 346 destituciones (2 por ciento) y 642 sanciones económicas (4 por ciento) con un monto acumulado de mil 591 millones de pesos.1

Como se puede observar en el siguiente cuadro, las sanciones han tenido una variación importante en los últimos decenios:

Para el tema en comento, las sanciones económicas son de llamar la atención. En 2000 el número de sanciones se aplicó a mil 201 funcionarios; mientras que en 2013, estas se aplicaron a 490 funcionarios que cometieron ilícitos.

En relación a los montos, tenemos que en el 2000 éstas fueron de mil 837.7 millones de pesos corrientes; mientras que para 2013, estas sumaron la cantidad de mil 196.6 millones de pesos, también a precios corrientes; y entre enero y julio de 2014, estos sumaban la cantidad de mil 191 millones de pesos. Todo ello, en perjuicio del erario nacional.

No obstante estas importantes sumas, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), de 2010 a 2013, el índice de recuperación de las multas y sanciones administrativas era apenas de 0.1 por ciento.

Es de destacar que el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, control y cobro de las sanciones económicas y multas que impone la Secretaría de la Función Pública, publicado el 6 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial, mandata en su numeral tercero, lo siguiente:

“La Administración Local de Recaudación, (instancia perteneciente al SAT) al recibir la resolución administrativa que contiene multas o sanciones económicas, abrirá un expediente con la resolución remitida, inventariando el crédito fiscal asignado y procederá a su cobro respectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación; debiendo comunicar a la autoridad emisora el número de crédito fiscal asignado, así como las acciones que se hayan realizado a la fecha en que se informa.

En caso de que los sancionados realicen el pago del crédito fiscal, la administración local de recaudación competente deberá informar de ello a la autoridad emisora de la sanción o multa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere validado el pago, enviando copias certificadas del documento que así lo haga constar.”

A partir de ese año y en 2014 no hay información de la SFP que indique sobre el índice de recuperación de las multas, porque la dependencia afirma que no está en su competencia hacer el cobro, sino únicamente fijar el monto.

Sin embargo, en el mismo Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, control y cobro de las sanciones económicas y multas que impone la Secretaría de la Función Pública, se establece:

Cuarto. “El Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Recaudación, enviará mensualmente a la Secretaría de la Función Pública la información y los cuadros estadísticos correspondientes, sobre el estado que guarde el cobro de los créditos fiscales derivados de sanciones económicas y multas controladas, impuestas por la propia Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control. Dicha información deberá enviarse mediante transmisión electrónica de archivos electrónicos dentro de los primeros veinte días de cada mes.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando las autoridades emisoras de las sanciones económicas y multas, soliciten de manera especial a las administraciones locales de recaudación información sobre el estado de un crédito fiscal, éstas deberán proporcionar dicha información en forma oportuna.”

Por otra parte, es de mencionar que nuestra solicitud se fundamenta en el mandato constitucional establecido en su artículo 93, que a la letra dice:

“Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.”

Hasta el año pasado la SFP informó que tiene una lista de 640 funcionarios a los que se les han impuesto multas que van desde los 60 millones de pesos, como al ex director de Pronósticos Deportivos, hasta sanciones por 500 pesos, a un suboficial de la Policía Federal.

Una de las últimas sanciones económicas fue la multa de 638,653 pesos, en contra del ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, por el uso familiar que dio a un helicóptero de esa comisión.

En la lista de funcionarios sancionados económicamente, se encuentran –con las cantidades más altas– ex funcionarios y servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Banco de Comercio Exterior (Bancomext) e Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros.

No obstante, y de acuerdo a investigaciones realizadas por diversos medios, el pago de dichas sanciones, que impuso la SFP, son muy deficientes, y no se sabe si siguen sin cobrar; o si se haya recuperado alguna cantidad.

Igualmente, no existe información oficial del estado que guarda la cobranza y tampoco del supuesto cese de funcionarios. Trabajadores de la dependencia, “explican que uno de los principales problemas a los que la autoridad se enfrenta es que las multas son recurrentemente litigadas por los funcionarios sancionados para no pagarlas.” Otro de los problemas, “es que no se logra localizar a los funcionarios o no tienen bienes que se puedan embargar.”

Al respecto, debo mencionar que la información difundida por la SFP ha sido insuficiente; por lo que se hace necesario que esta soberanía, y los ciudadanos, conozcan a detalle el cumplimiento de dichas sanciones.

Expertos en la materia aseguran que la corrupción entre servidores públicos federales permanecerá mientras el gobierno federal deje sin castigo los casos graves de irregularidades y desfalcos al erario. De ahí la finalidad del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, solicita al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, y al jefe del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, a que hagan público, y se facilite su consulta, un reporte detallado, en un término no mayor a quince días naturales, de las sanciones económicas, por hechos de corrupción, impuestas a funcionarios públicos; el monto de las mismas, aplicadas a cada funcionario; las cantidades recuperadas; y en su caso, las razones que han motivado el no pago de dichos montos.

Nota

1. http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo_Informe_escrito_co mpleto.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a agilizar la instalación de bebederos en las escuelas públicas y las privadas del país, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Matías Nazario Morales, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada vez se torna más común ver a niños con sobrepeso o desnutrición en nuestro País, dichos extremos de salud conllevan una enorme responsabilidad en el cuidado de nuestros infantes y en gasto del sector salud.

Según la UNICEF, México ocupa el primer en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta.1

En ese orden de ideas, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de la Infraestrcutura Física Educativa, para que sean instalados bebederos de agua potable en cada escuela del país, tanto públicas como particulares.

La propuesta fue aprobada en Cámara de Diputados el 13 de noviembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014, dicho cambio obedece a los problemas de salud y contribuye a una niñez sana; sin embargo aún no se ven reflejados los beneficios de la reforma en los patios de las miles de escuelas del país.

Urge que la Secretaría de Educación Pública emita las órdenes que lleven a la instalación de bebederos de agua potable y no esperar al límite legal establecido en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A AGILIZAR LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS.

Nota

1 Tomado de http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm el 25 de septiembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de minería, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Leticia Amparano Gámez de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La minería ha sido tradicionalmente una actividad de importancia para la economía de México desde tiempos precolombinos, con el uso de rocas como obsidiana y jade, minerales como turquesa y ópalo y metales como oro, plata y cobre, entre otros. Estos materiales se usaron como objetos de trueque o moneda, o fueron utilizados con propósito utilitario, ornamental personal, o constituyendo parte de ofrendas a las deidades o a los muertos. Se conocen obras mineras precolombinas por ejemplo en Amatepec, Sultepec, Temascaltepec y Zacualpan (estado de México); Taxco y Zumpango (Guerrero); Tlalpujahua (Michoacán); Fresnillo, Mazapil, Sombrerete y Zacatecas (Zacatecas); Santa Bárbara (Chihuahua); Pachuca (Hidalgo); Guanajuato y en la sierra de todas estas localidades han sido centros mineros de importancia histórica. El beneficio de los yacimientos ya se efectuaba mediante técnicas “modernas”, inclusive por medio de galerías con tiros de comunicación y ventilación aunque sólo excepcionalmente se tratara de una explotación minera sistemática. Con la llegada de los conquistadores, los metales adquirieron el mismo valor económico que ya poseían en Europa, por lo que la exploración y explotación de minerales tomaron un ímpetu sin precedentes, una vez concluido el sometimiento de los pueblos autóctonos establecidos en el centro del país. De esta manera, nació la industria minera como actividad económica establecida formalmente. Como es de suponer, tal industria inicia como pequeña minería aunque, obviamente, en ese tiempo la clasificación de pequeña minería en nuestra concepción actual no existía como tal. El modo de operación de dicha actividad, más allá de las pautas de exploración basadas en identificar recursos ya conocidos por la población autóctona y de algunos nuevos descubrimientos, varió poco desde sus inicios. Asimismo, la escala de la minería de la época colonial y de los inicios del México independiente no alcanzó las dimensiones de la minería moderna, con la salvedad de distritos con yacimientos especialmente ricos, como Pachuca –Real del Monte o Guanajuato. La situación anterior cambió con la llegada por segunda ocasión de Porfirio Díaz al poder (1884), durante la cual se permitió la llegada de compañías extranjeras. Durante el periodo conocido como Porfiriato la minería, al igual que otras actividades, fue regida de forma arbitraria y opaca, por lo que los recursos mineros de México fueron administrados de manera oligárquica, cometiéndose numerosos abusos a todos niveles. Desde entonces, y después de las convulsiones sociales que significaron el periodo revolucionario y las guerras cristeras a principios del siglo XX, la pequeña minería ha luchado por sobrevivir a la adversidad, incluida la falta durante largo tiempo de una reglamentación mínimamente adecuada. Actualmente podemos considerar una división de la minería en México con base en la cantidad de recursos sobre la cual se sustenta. Considerando que el valor anual de la producción minera es de 6 mil 800 millones de dólares, que representa 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México y genera 279 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos, se puede establecer una clasificación de la misma en función del porcentaje que representa cada una de las siguientes divisiones: 1) La gran minería, que aporta 84.1 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional. Es hacia esta élite que se dirigen mayormente las directrices de estado en materia minera. 2) La mediana minería, que aporta 13 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional. 3) La pequeña minería, que aporta 2.9 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional.

En esta tesitura, las reglas que regulaban la explotación minera en México durante la época colonial constituían una serie de normas y disposiciones que se conocían como Las Ordenanzas de Nueva España, emanadas de la Casa de Contratación de Sevilla, desde el reinado de Felipe II en 1584 hasta la época de Carlos III hacia 1783. Estas reglas estuvieron vigentes desde la época colonial hasta prácticamente la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República por segunda ocasión, en 1884. A partir de entonces, hubo varios intentos por modernizar la ley minera (artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), dentro de los que destacan las modificaciones de 1917, donde se establece que “todos los minerales y sustancias que constituyen depósitos de naturaleza distinta a los componentes superficiales de los terrenos” son dominio directo de la nación y que los destinatarios de las concesiones sólo pueden ser mexicanos por nacimiento o por naturalización y sociedades mexicanas. Otro cambio sustancial se produjo en 1926, con el incremento de las obligaciones y costos impositivos para los concesionarios. Ello implicó un costo inasumible para muchos pequeños mineros, motivo por el cual se produjo un decremento significativo en el número de microempresas mineras. La nueva Ley Minera de 1930, que sustituyó a la de 1926, supuso un golpe devastador para la pequeña minería al regresar a una política similar a la del Porfiriato. Los subsiguientes cambios al artículo 27 de la Constitución no afectaron las prácticas monopólicas de las grandes empresas trasnacionales, sin embargo, los esfuerzos de gobierno lograron un fortalecimiento en su autoridad política y pusieron límite a los abusos perpetrados por las grandes compañías. El incremento a las tasas impositivas de la producción y exportación de productos mineros establecido en 1934 tuvo como objetivo absorber una mayor proporción del excedente económico minero y reducir las utilidades de los grandes consorcios extranjeros. Sin embargo, tales incrementos afectaron considerablemente a la pequeña minería, cuya actividad se vio muy reducida. En 1961 se promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de explotación y aprovechamiento de recursos minerales, también conocida como Ley de Mexicanización de la Minería. Esta tenía como propósitos: 1) Asegurar el control del Estado mexicano y el capital nacional sobre un sector que tradicionalmente había estado en manos de empresas extranjeras. 2) Impulsar el crecimiento sostenido de la minería. 3) Fomentar la orientación de la producción hacia el mercado e industria nacionales. Para la realización de estos objetivos se tomaron medidas como: (a) asegurar en las empresas mineras una participación de 51 por ciento de capital mexicano como mínimo, (b) reducir el tiempo de vigencia de las concesiones mineras a 25 años, y (c) restringir las nuevas concesiones, las cuales sólo podían ser otorgadas a ciudadanos mexicanos o personas morales que demostraran plenamente que la situación accionaria de la empresa satisfacía el requisito de predominio de capital nacional. Además, con el propósito de acelerar el proceso de mexicanización, la Secretaría de Crédito Público ofreció un paquete de atractivos estímulos y reducciones fiscales. Las reformas anteriores dieron frutos en los siguientes años y, para 1980, prácticamente toda la producción minera provenía de empresas mexicanizadas (48.2 por ciento de inversión privada nacional, 15.1 por ciento del sector público y 36.7 por ciento de inversión extranjera; Sariego, 1988). Los esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado por salvaguardar la soberanía en recursos naturales no han tenido resultados óptimos ya que, de alguna forma, todos los recursos que ha colocado como inversión para el desarrollo de la industria, a la postre, han terminado afianzando y consolidando a una determinada fracción de la clase empresarial mexicana (Morera-Camacho, 1998). Con la intervención del Estado mexicano para el saneamiento financiero de las empresas mineras mediante subsidios y estímulos fiscales se generó una dependencia económica de los empresarios hacia el estado, coadyuvando al retraso en cuanto a nuevas inversiones de capital. De esa manera, la planta productiva se tornó ineficiente debido a la falta de renovación e innovación tecnológica. A pesar de ello, los empresarios siguieron obteniendo jugosas utilidades a expensas de ese estado proteccionista y del control del costo de la mano de obra. Asimismo, entre 1982 y 1988 se implementan una serie de estímulos y exenciones tributarias (aún vigentes) que favorecieron una fuerte concentración de capital en la gran minería. Dentro de los acontecimientos de mayor relevancia acaecidos entre 1988 y 1996, independientemente de que los mecanismos fiscales seguían favoreciendo la concentración de capital, fueron: a) La desincorporación por parte del Estado mexicano de cerca de 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales, permitiendo que las empresas mexicanizadas pudieran concesionarlas y, una vez hecho el reparto, se reabrió la puerta a la inversión foránea: b) El inicio de la privatización de las plantas de concentración que habían sido parte del estado y que, en su debido momento, prestaban el servicio de beneficiar los minerales de las pequeñas empresas mineras. Ello desalentó la producción de más mineral. c) La falta de cumplimiento de la ley por parte de las grandes empresas en cuanto a que éstas deben prestar el servicio de beneficio a minerales de pequeños mineros hasta 15 por ciento de su capacidad instalada. Sin embargo, los costos y las condiciones que estas grandes empresas imponen a los pequeños productores hacen casi imposible que estos últimos puedan ingresar lotes de mineral para su beneficio u obtengan una utilidad de su mineral producido. La suma de tales factores alentaron las condiciones de transferencia de las concesiones de pequeños mineros a la gran minería. d) El incremento en el costo del derecho superficiario de hasta 1000 por ciento, permitió la liberación de mucha superficie que estaba concesionada por pequeños mineros quienes, por el deterioro de sus finanzas, no pudieron cumplir con tan oneroso gravamen, lo que de nueva cuenta supuso un duro revés a la ya golpeada y disminuida pequeña minería en México.

De tal suerte que en nuestro siglo, la minería mexicana ha sido protagonista de crecimientos altos y sostenidos por casi una década, luego de la caída en el valor de la producción en 2013 y en prácticamente todos sus indicadores.

En 2014 el panorama fue desalentador; con pocos avances y muchos retrocesos, la participación del PIB minero-metalúrgico representó 8.9 por ciento del PIB Industrial y 3 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La balanza minero metalúrgica continua positiva. La baja en las exportaciones se debió principalmente a los bajos precios de los minerales. El volumen de minerales movilizados de acuerdo con la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue 28.8 millones de toneladas, una disminución de 13.2 por ciento en relación con 2013, con un valor de 8 mil 480 millones de dólares que representó una baja del 16.8 por ciento. Los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvieron las bajas más significativas en las exportaciones, sobre todo en mineral de hierro. Pese a esta caída, la minería permaneció como el cuarto sector industrial que más divisas genera, por detrás del automotriz, el electrónico y el petróleo al captar 17 mil 53 millones de dólares.

En 2014, y por segundo año consecutivo, el valor de la producción minero metalúrgica, con datos anualizados del Inegi, descendió 2 por ciento, al llegar a 196 mil 967 millones de pesos (14 mil 820 millones de dólares). Esta baja se debió principalmente a la reducción en la producción del grupo de metales preciosos, menor precio internacional de los metales y una depreciación del peso frente al dólar.

Este valor, complementado con datos de los minerales no metálicos (no concesibles), alcanzó los 18 mil 684 millones de dólares, cifra inferior 13 por ciento a la de 2013. Los volúmenes de producción de 15 productos minero metalúrgicos disminuyeron, mientras 14 aumentaron. Pese a la caída de producción, durante 2014 el oro se ubicó como el mineral con mayor aportación en el valor minero metalúrgico, en esta ocasión 16 puntos porcentuales por arriba de su participación de 2007 y un punto y medio por debajo de 2010.

Este año el oro se coloca con 27 por ciento, el cobre con 20.9 por ciento, la plata con 19.5 por ciento y el zinc con 6.6 por ciento. En conjunto estos cuatro metales representaron 74 por ciento del valor de la producción generada en pesos. Con el debilitamiento de la actividad industrial en el país, el empleo en el sector apenas aumento 2.5 por ciento respecto de 2013, equivalente a 8 mil 316 nuevos empleos directos en 2014 para alcanzar una cifra de 340 mil 817 plazas, con remuneraciones 41 por ciento superiores al promedio nacional. Se estima que además se generan 1 millón 700 mil empleos indirectos por lo que las familias mexicanas beneficiadas por la minería superan los 2 millones. Las inversiones del sector minero-metalúrgico en 2014 también reportaron un retroceso, al sumar únicamente 4 mil 948 millones de dólares, 24.8 por ciento menor en relación con el año pasado. Caída sin precedente desde el máximo histórico alcanzado en 2012, y constituye la segunda baja anual consecutiva.

Empresas provenientes de los cuatro continentes de 15 países participan en la inversión extranjera directa en minería que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, de enero a diciembre de 2014 ascendió a 2 mil 117 millones de dólares, una baja de 59 por ciento respecto de 2013. Las principales causas de esta significativa caída fueron la aplicación de los nuevos impuestos y la baja generalizada en el precio de los metales1 .


Por lo antes mencionado, el sector minero enfrentó una carga fiscal, debido a la reforma que entró en vigor en 2014, que incorpora tres nuevos derechos a la minería.

El derecho especial de 7.5 por ciento, el derecho extraordinario de 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino y el derecho adicional sobre minería que señala pagar 50 por ciento más de la cuota estipulada por concesiones no exploradas o no explotadas durante dos años continuos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de enero a diciembre de 2014, la minería pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta 33 mil 826 millones de pesos, cifra 34.8 por ciento superior a la de 2013. El correspondiente al Derecho a la Minería fue de mil 922 millones de pesos.

La Secretaría de Economía señaló una recaudación de 2 mil 589 millones de pesos por los nuevos derechos mineros en la siguiente tabla se demuestra el impacto presupuestal anual que aporto la minería.

De tal suerte que, las empresas por estrategia han optado por reducir inversiones en nuevos proyectos y por depurar sus terrenos, priorizando las concesiones más rentables o económicamente más viables, ello explica en parte la reducción por el pago de derechos mineros por las hectáreas concesionadas.

Como se ha comentado anteriormente la minería mexicana ha tenido varios desafíos a través de la historia en México, a esto le agregamos durante el 2014 el país atravesó varios accidentes ambientales que afectaron a miles de personas, sobre todo en los estados de Sonora, Nuevo León y Tabasco. Algunos de los ecocidios dañaron principalmente diversos ríos de esas entidades como el Sonora y el Bacanuchi en aquel estado fronterizo.

En agosto del año pasado, al menos 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en el río Sonora por la minera Buenavista de Cobre, filial del consorcio Grupo México.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora determinó que 22 mil habitantes de siete municipios de la entidad fueron afectados por el derrame, por lo que la pérdida patrimonial fue cercana a los dos mil millones de pesos.

Sonora declaró emergencia en los municipios afectados y fue necesario dar apoyo a más de 20 mil habitantes; incluso, 19 personas resultaron con daños en su salud, según la Secretaría de Salud. A inicios de noviembre, y a tres meses de que ocurriera el derrame, la alerta sanitaria en el río Sonora fue desactivada bajo el argumento de que ya no representaba daños para la salud de la ciudadanía.

Otro caso sucedió en Durango, el ámbito minero también dañó a la localidad de El Oro, donde 10 mil metros cúbicos de solución de cianuro fueron vertidas en el arroyo La Cruz. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que el derrame ocurrió debido a que las fuertes lluvias en la zona provocaron que el líquido almacenado en la empresa Proyecto Magistral se desbordara de la presa en la que era almacenado.

La organización ambientalista Greenpeace informó que tras 21 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el país habían ocurrido mil 124 casos de daño ambiental. La ONG también calificó el derrame de químicos en Sonora como “el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país”. Gastan millones para enfrentar los daños ambientales.

Los costos por agotamiento y degradación ambiental en México representaron 5.7 por ciento del PIB del país durante el año pasado, de acuerdo a cifras del Inegi.2

Es claro que la industria minera es clave para el desarrollo de México y que sin duda es una fuente generadora de trabajo así lo revela la estadística que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) público del mes de julio de 2015.

Por lo antes mencionado, no tenemos que bajar la guardia por las estadísticas que genera la minería en el sector laboral, ya que no es desconocido para nadie las problemáticas históricas a la que se han enfrentado los trabajadores de este sector con las empresas mineras del país, por lo que como legisladores debemos estar atentos, colaborar y coadyuvar con el titular del Ejecutivo federal en la mediación de intereses, velando por el sector industrial y protegiendo los derechos humanos, laborales, social de los trabajadores así como a la ecología y la economía de nuestro país.

Es imperante, que existe el interés de compañeros diputados en crear una comisión especial que atienda la problemática de los trabajadores mineros, pero estoy convencida que se debe instalar una comisión especial que atienda de manera integral la dinámica de este sector, por ser la minería de gran importancia para la economía nacional y por el promisorio panorama que ésta advierte en diversos estados de la República mexicana derivada de las actuales reformas al sector minero, su efecto en la generación de empleos directos e indirectos, la atracción de mayores inversiones, el desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las empresas de este ramo y un mayor beneficio para las localidades donde se explotan fundos mineros deben ser elementos relevantes a considerar para la creación de dicha comisión.

Por tal motivo esta soberanía debe de considerar de suma importancia la creación de la comisión especial que se solicita se constituya y en virtud que el artículo 42 de la Ley Orgánica, otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones, es por lo que someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial de Minería.

Segundo. La Comisión Especial de Minería se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.

Tercero. El acuerdo de creación de la Comisión Especial de Minería iniciará a su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIII Legislatura

Cuarto. La Comisión Especial de Minería contará con los recursos necesarios humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de llevar a cabo la tarea que le encomienden para el cumplimiento de su objetivo.

Notas

1. Camimex situación de la minería en México, página 10.

2. Página web del Inegi

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Leticia Amparano Gámez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno de Querétaro que convoquen a un concurso público abierto para crear un monumento conmemorativo del centenario de la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por el Distrito Federal en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unió, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita la creación de un monumento que enaltezca y brinde honor a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 con motivo del centenario de su publicación.

Consideraciones

1. Nuestra actual Constitución Política Nacional surge de una serie de guerras y lucha de clases, como lo son; la Guerra de los Tres años, la invasión Francesa, la República Restaurada de Juárez, la dictadura de Porfirio Díaz, y finalmente la Revolución de 1910, inclusive existían visiones discrepantes entre los miembros del Congreso Constituyente, por ejemplo el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, quien pensaba a la misma como una reforma de la anterior de 1857, mientras que el diputado constituyente por Guanajuato, Hilario Medina, manifestó de manera expresa, que en realidad se trataba de una nueva constitución.

2. Que es menester rendir tributo a los diputados del Congreso Constituyente, reunidos en la ciudad de Querétaro a partir del 1 de diciembre de 1916, con una asistencia de 151 diputados, y se presentó el discurso del primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, que se sintetiza de la siguiente manera:

1) Reconoce la importancia de la Constitución Política de 1857 que contiene los más altos principios de la Revolución Francesa y de su consagración en Inglaterra y los Estados Unidos. Desafortunadamente “nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas” cuyos principios (los Derechos Individuales) han sido conculcados casi permanentemente y el medio mexicano ideado para garantizarlos, el juicio de amparo, sólo ha embrollado “la marcha de la justicia”. Más aun, se ha convertido en un arma política, “en medio apropiado para acabar con la soberanía de los estados”.

2) La soberanía nacional, “que reside en el pueblo, no expresa ni ha significado en México una realidad..., el poder público se ha ejercido no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación,... sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública”.

3) Otro principio fundamental, el de la división de poderes, tampoco ha tenido cumplimiento...pues tal división sólo ha estado, por regla general, escrita en la ley, en abierta oposición a la realidad, en la que de hecho, todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona..., dándose sin el menor obstáculo al jefe del Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos.

4) El pacto federal también ha sido violado, ya que no se ha respetado la libertad y soberanía interior de los estados, siendo el poder central en (sic) que siempre ha impuesto su voluntad, ignorándose, por consiguiente, la forma republicana, representativa y popular adscrita constitucionalmente a las entidades federativas.

Emilio O. Rabasa, Historia de las Constituciones Mexicanas, primera reimpresión de la tercera edición. Páginas. 92 y 93, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

3. Que no debe pasar desapercibido el centenario de la publicación de nuestra carta fundamental, la cual se ha ido adaptando a las necesidades del país, y sobre todo ahora que los derechos humanos están plenamente garantizados y reconocidos en la misma, debe ser motivo de orgullo y reconocimiento de todos y cada uno de los mexicanos.

Con base en las consideraciones expresadas, y en aras de contribuir al respeto y reconocimiento de nuestra Carta Magna, con motivo del próximo centenario de la misma, la diputada firmante, propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que, en el ámbito de sus propias competencias, convoquen a un concurso público abierto para la creación de un monumento al centenario de la publicación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener a poner en marcha un programa de actualización de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, cuenta con 5 unidades generadoras de energía eléctrica e inició sus actividades con la entrada en operación comercial de la unidad 2 el 27 de septiembre de 1975.

Este centro de trabajo cuenta con 556 trabajadores de base (506 sindicalizados y 50 confianza) lo que significa que cada trabajador aporta 2.88 megavatios (MW) con una tecnología de cerca de 40 años en comparativa con centrales de ciclo combinado relativamente nuevas como la central termoeléctrica San Lorenzo, en el estado de Puebla, quienes por cada empleado generan 8.99 MW, esto indica que motivados por el desarrollo tecnológico, las centrales de nueva generación pueden ser operadas con el mínimo de personal operativo. Sin embargo, una de las premisas de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, es mantener la plantilla actual del personal incrementando la capacidad de generación de la central teniendo la oportunidad de implementar las oportunidades que en la nueva reforma energética nos puede favorecer.

Actualmente es la tercera central con mayor capacidad efectiva en el proceso de generación eléctrica en el tipo de vapor convencional sólo por debajo de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles (2,778.36 megavatio-hora) y central termoeléctrica Adolfo López Mateos (2,199 megavatio-hora).

Derivado de la Reforma Energética impulsada por el Poder Ejecutivo federal, los beneficios de desarrollar los proyectos al 2024 planteados por la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, se mencionan a continuación:

a) Mejorar la economía de las familias: con el uso de combustibles económicos como lo es el gas natural, la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, podrá ofertar energía eléctrica con bajo costo, dando lugar a una competencia directa entre productores de energía eléctrica durante la cual el mayor beneficiado será el consumidor final.

b) Aumentar la inversión y los empleos: durante el desarrollo de los proyectos planteados por la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, se crearán nuevas y mejores oportunidades de vida para la sociedad, como es la generación de empleo directo (15 mil empleos durante el periodo 2019-2024) dando oportunidad en su mayoría a pobladores de los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Atotonilco y Tlaxcoapan. Además de reactivar la economía de los negocios cercanos al lugar, aportando una derrama económica de cerca de los 128 millones de pesos anuales por concepto de pago de servicios tales como hotelería, alimentación y transporte.

c) Reducción de emisiones a la atmosfera: sin duda una de las partes más relevantes del proceso de generación de energía eléctrica con el uso de gas natural es la disminución de emisiones a la atmósfera ya que se dejarán de emitir cerca de un millón 847 mil 37.36 toneladas/año de dióxido de carbono (CO2).

A continuación se anexa al presente punto de acuerdo la situación actual de la central y su proyección a mediano y largo plazo:


Una vez concluido cada uno de los proyectos planeados, la central aportaría 61.83 por ciento de energía necesaria por la Región Central, por lo que se daría la confiabilidad y disponibilidad requerida por el Sistema Interconectado Nacional.

La inversión necesaria para cada paquete de ciclo combinado tiene una recuperación de 8 años y cada proyecto tiene una vida útil de 30 años por lo que se tendría una ganancia de 22 años por cada uno de los paquetes nuevos. Esto garantizaría el empleo a cada uno de los trabajadores de la central aunado al beneficio indirecto que estos proyectos de mejora darían a la comunidad.

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a poner en marcha de manera inmediata un programa de actualización de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones constitucionales en materia de inmunidad de servidores públicos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Francisco Martínez Neri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de marzo de 2007 fue presentada en la Cámara de Senadores, por el senador Pablo Gómez Álvarez, la iniciativa donde establece que el presidente de la Republica, los diputados y senadores del Congreso de la Unión , los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , los consejeros de la Judicatura Federal , los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, gozarán de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal.

Es decir, en tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo, por lo que las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

Además, cuando se dicte sentencia condenatoria, el juez la notificara al órgano del cual forme parte el servidor público sentenciado, en un plazo de tres días a partir de que ésta cause ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo en términos de las fracciones III y IV del artículo 38 de éste ordenamiento, se separará al sentenciado de sus funciones con sujeción a lo establecido, quedado a disposición de la autoridad correspondiente. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.

El presidente de la República gozará de inmunidad y se aplicará la misma norma y el mismo procedimiento, pero la Cámara de Diputados obrará como Cámara de origen para resolver sobre el pedido judicial y el Senado será Cámara revisora.

Posteriormente, en la Comisión Permanente, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Sebastián Calderón Centeno, y el diputado Javier Corral Jurado, el 27 de enero de 2010, presentaron una iniciativa en similares términos legales, siendo esta propuesta y la del entonces senador Pablo Gómez Álvarez dictaminadas en positivo y discutidas en la Cámara de Senadores el 1 de diciembre de 2011, cabe señalar que este decreto fue aprobado por unanimidad de 81 votos.

La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2011, al transcurso de 15 meses fue dictaminada en positivo y con cambios en la redacción, quedando aprobada por 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones, en este sentido fue devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Carta Magna.

Es decir, el pasado 12 de marzo de 2013 fue recibida en la Cámara de Senadores dicha minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, y turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

De esta suerte, podemos observar que la minuta en materia de inmunidad de los servidores públicos es un proyecto que ha sido analizado y discutido exhaustivamente y que por falta de voluntad política de unos cuantos no ha sido dictaminada, discutida y votada en el pleno de la Cámara de Senadores.

Es por ello que hacemos un respetuoso exhorto a efecto de que el Senado de la Republica, de trámite a la minuta constitucional en comento, el que los funcionarios públicos sean responsables de los actos ilegales en los que incurran, es una demanda que día a día nos hacen los mexicanos, y que estamos obligados a responder.

Esto toma mayor relevancia después de los vergonzoso acontecimientos que se han dado a conocer al interior del país y fuera, nos referimos específicamente a la deplorable investigación formulada por el Estado en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero y que el PRD ha venido denunciando. Como es el caso de la demanda de juicio político en contra del Jesús Murillo Karam, para proceder penalmente en su contra, así como su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, por las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que hace a los derechos humanos y sus garantías, así como a las leyes federales en materia de protección de las víctimas, y la debida procuración de justicia derivado de los hechos violentos y lamentables en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, con un saldo de al menos 7 personas fallecidas, 27 heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esto, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el ex procurador general de la República, de quien se solicita se inicie juicio político, no atendió con diligencia las responsabilidades previstas por la norma suprema en materia de derechos humanos y procuración de justicia, de sus leyes reglamentarias en materia del debido proceso y exhaustividad en la investigación relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Sabemos que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como lo fue el caso de esta investigación que no puede quedar solo como una llamada de atención.

En consecuencia, solicitamos a este honorable asamblea formule un exhorto a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para que dictamine y vote la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos y que le fue turnada por esta honorable Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República a que a la brevedad, dictamine y vote la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a los gobernadores de las entidades federativas a implantar acciones para fortalecer el sistema de apertura rápida de empresas mediante una ventanilla única, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Jorge Enrique Dávila Flores, diputado a la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a los gobernadores de los estados de la República mexicana, para que de manera conjunta implementen acciones encaminadas a fortalecer el sistema de apertura rápida de empresas, mediante una ventanilla única.

I. Antecedentes

En México las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan importantes contribuciones al desarrollo económico y social en nuestro país. Alrededor del mundo las Mipymes suelen ser las responsables de la mayor creación de puestos de trabajo; además, constituyen una fuente primordial de innovación, crecimiento y oferta flexible para las grandes empresas. En México representan 99 por ciento de las empresas del sector formal y aportan 52 por ciento al producto interno bruto (PIB)1 .

Sin embargo, más de 20 por ciento del total de empresas creadas no sobrevive al primer año de operación, mientras que 73 por ciento no llega al séptimo año. La complejidad del marco regulatorio que se les aplica, en conjunto con sus respectivos costos, inhiben de manera desproporcionada la creación y expansión de nuevas empresas.

Respecto al número de trámites, el tiempo y los costos relacionados con la apertura y operación formal de una empresa en México, nos encontramos con que los emprendedores deben tratar con muchas dependencias del gobierno a nivel federal, estatal y municipal.

Estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2 , calculan que el emprendedor dirige tiempos y recursos equivalentes a 16 por ciento del PIB per cápita en México para cumplir con los trámites y pasos necesarios para constituir una Mipymes. Estudios del Banco Mundial (BM), indican que México es el segundo país con mayor costo para iniciar un negocio3 .

Por citar algunos de ellos:

1. Creación y protocolización del acta constitutiva.

2. Protocolizar dicha acta constitutiva ante notario público o corredor.

3. Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria

4. Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

5. Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

6. Inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo del giro que tenga la empresa, siendo los más comunes: Secretaría de Salud, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etcétera.

7. Permisos municipales o estatales que sean requeridos en la zona geográfica en que busca establecerse.

8. Y todos aquellos organismos que no se mencionaron pero que son importantes para el giro de la empresa, de otra manera se puede ser acreedor de multas o clausuras.

Es por ello que las acciones de los gobiernos deben estar encaminadas a construir y facilitar la cultura empresarial a través de una regulación adecuada.

México ha realizado una perceptible actuación en el tema:

Un primer esfuerzo fue en enero de 2002, cuando el Ejecutivo federal creó el acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de empresas (SARE), que desde su implementación ha impulsado el establecimiento de 275 módulos en territorio nacional, facilitando la creación de 330 mil 754 nuevas empresas y dando lugar a la generación de 886 mil 894 empleos.

Posteriormente, se crea el portal tuempresa.gob , quien, del mismo modo, ha pretendido mejorar estas condiciones regulatorias y de gestión para el inicio de operaciones de las empresas, empleando tecnologías de información de punta que reducen significativamente el papeleo actual y minimizan los costos de apertura de las nuevas empresas.

Pero estas acciones no se han extendido al total de nuestro territorio nacional y no todas cuentan con la tecnología informática adecuada. El problema persiste, según datos del BM: México tiene nota de 68.5 respecto de sus trabas para abrir nuevos negocios, cero es lo más complejo y 100 lo más sencillo, aún nos falta mucho por hacer al respecto.

Consideraciones

La prosperidad económica depende de la existencia de un ambiente propicio para los negocios. Hacerle la vida más sencilla a las empresas y facilitar la entrada al mercado de nuevas organizaciones fomenta la competitividad y el crecimiento. Si bien es necesaria la regulación para abrir nuevas empresas, en ocasiones su implementación puede volverse un proceso difícil y costoso, lo cual desalienta la actividad empresarial.

No podemos eludir que las Mipymes tienen particular importancia para las economías nacionales, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza.

Las Mipymes en México, además de representar 52 por ciento del PIB del país, ocupan 21 millones 342 mil 543 trabajadores, lo que constituye 72 por ciento del empleo formal en nuestro país. (Inegi, 2014)4

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena.

El negocio informal juega un papel muy importante ya que en los últimos años ha tenido una gran proliferación y no genera ingresos fiscales, se sustenta en el contrabando y prácticas ilegales como la producción y la venta de “productos pirata” que sólo generan competencia desleal contra las empresas legalmente establecidas, además que la corrupción dentro del sector público no resulta benéfica para este suceso, considerando un reto más para las Pymes, dentro de los desafíos a los que se tienen que enfrentar.

Atendiendo la necesidad de construir un instrumento de apoyo a esta problemática, quien suscribe, plantea la necesidad de que exista una ventanilla única de trámites conectada a los distintos centros de atención empresarial, con presencia en todo el territorio nacional , con un sistema cuyo conjunto de acciones estén orientadas a coordinar, evaluar y controlar los procesos a cargo no sólo de los unos cuantos trámites, sino de todos las gestiones en los que estén involucradas todas las dependencias competentes para la emisión de autorizaciones, permisos, licencias, dictámenes, cédulas, constancias y otras resoluciones relativas a la instalación, operación, apertura y ampliación de empresas en nuestro país, favoreciendo la inversión y generación de nuevos empleos formales.

Este proyecto otorgará servicios de manera integral, accesible, ágil y oportuna a los emprendedores en un solo lugar, ofreciendo a través de estos espacios asesoría, consultoría empresarial, apoyo en línea con tecnologías de información, mediante sitios electrónicos que reagrupen todos los trámites y ayuden a reducir los procedimientos realizados en papel, a los particulares que quieran iniciar un negocio en todo nuestro país.

En el ambiente económico global actual, la reducción en las barreras de entrada puede ayudar a moderar el impacto de la recesión internacional, al tiempo que se establecen los cimientos para la prosperidad a largo plazo en México.

La ventanilla única , al facilitar el registro de empresas, ayudará a reducir muchas de las frustraciones que llevan a los empresarios al sector informal. Además, reducirá los “pagos informales” para obtener una aprobación rápida.

Proposición con punto de acuerdo

La experiencia de otros países demuestra que, para que iniciativas como la ventanilla única de trámites sea exitosa, se debe contar con el compromiso de la reforma, así como con la continuidad y la coherencia en la estrategia.

Es esencial que haya una voluntad política inequívoca de continuar con el proceso de reforma a pesar de la posible resistencia en su etapa inicial, por ello:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a los gobernadores de los estados de la República mexicana, para que de manera conjunta implementen acciones encaminadas a fortalecer el sistema de apertura rápida de empresas, mediante una ventanilla única, en todas las localidades y municipios del territorio nacional a que corresponda.

Fuentes:

• Reporte Latin-Reg en cooperación con Cofemer.

• OCDE Facilidad y Rapidez en la creación de empresas en México. Secretaría de Economía.

• Banco Mundial. Índice de Facilidad para hacer negocios. Cofemer, Latin Reg. Inegi.

• Censo Económico 2014.

Notas

1. Reporte Latin-Reg en cooperación con Cofemer.

2. OCDE Facilidad y Rapidez en la creación de empresas en México. Secretaría de Economía.

3. Banco Mundial. Índice de Facilidad para hacer negocios. Cofemer, Latin Reg.

4. Inegi. Censo Económico 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al jefe del GDF y al gobernador del estado de México a integrar y poner en funcionamiento la comisión metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, párrafo 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV, V y VI; 82, numeral 2, fracción I; y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El federalismo es una forma de distribuir el poder entre distintos órdenes de gobierno, para el ejercicio territorial y competencial de la autoridad, así como para la realización de los fines del Estado de regular las relaciones sociales y garantizar los derechos humanos de sus habitantes.

Es una distribución funcional de competencias entre distintos órdenes de gobierno, que tiene fundamento en diversos artículos de la llamada parte orgánica de la Constitución, de atribuir diferentes grados de autonomía a cada uno de los órganos territoriales del Estado mexicano, si bien de manera coordinada, como la federación, los estados y sus municipios, así como el Distrito Federal con sus delegaciones.

De esta forma, el fundamento del federalismo y sus principales partes integrantes nos lleva a considerar que la Constitución:

En su artículo 40, ubicado en el capítulo I de su título segundo, “de la soberanía nacional y de la forma de gobierno”, dispone que, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En su artículo 115, referente a “los estados de la federación y al Distrito Federal”, proclama que, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, y dispone las bases para que los distintos órganos federados actúen en conjunción armónica de esfuerzos para atender, bajo una planificación y regulación comunes, los fenómenos o problemas que comparten de manera frecuente, como sucede cuando, sin perder formalmente autonomía, dos o más órdenes de gobierno concurren al desarrollo de ciudades conurbadas o de áreas metropolitanas.

Es decir, cuando entre dos o más ciudades situadas en distintos municipios existe o tiende a existir continuidad geográfica, pero particularmente en los casos de poblaciones vecinas que se ubican en municipios de dos o más entidades federativas.

El fenómeno de conurbación ocurre debido al crecimiento exponencial de las ciudades, y tal continuidad alcanza su mayor diversidad y complejidad en el caso de las megalópolis, donde, la necesidad de planeación y regulación conjunta de las zonas urbanas en conexión geográfica es innegable, por cuanto la interacción de sus habitantes expresada de sus relaciones de convivencia y necesidades colectivas son intensas y cambiantes dada la movilidad y los flujos migratorios del campo y de las poblaciones menores hacia los centros urbanos más grandes y que ofrecen mayores oportunidades.

En tales condiciones, el federalismo paradójicamente obliga al ejercicio conjunto de las autonomías, mediante el ejercicio armonizado de atribuciones de cada orden de gobierno y de cada poder o autoridad, esto cuando de la planeación y el desarrollo de las zonas conurbadas y metropolitanas se trata.

Cuestiones relativas a: la regulación de los servicios públicos (sobre todo en materia de agua potable y desechos sólidos), el equilibrio ecológico, el transporte, la sustentabilidad, la seguridad pública, el empleo, las comunicaciones y la construcción de obra pública de beneficio común, implican un esfuerzo coordinado permanente entre las áreas conurbanas y las metrópolis. Es decir que estas actividades, precisamente por su naturaleza, realidad y vinculación no pueden atenderse en forma simplemente separada.

Por ello, en razón de que los poderes públicos deben cumplir normas relativas a los derechos humanos de sus habitantes al establecer un diseño ordenado del crecimiento de las ciudades, es que, desde 1976, el Constituyente Permanente estableció, en el artículo 115 a mayor abundamiento que:

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

Redacción constitucional cuya norma sustancial no ha variado desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación de 6 de agosto de 1976, salvo en la palabra “geográfica” que se sustituyó por “demográfica”, como expresa su actual redacción, y en el número de fracción que originalmente era la V, y hoy es la VI del artículo 115, tras sucesivas reformas.

Al respecto, el dictamen de segunda lectura de la sexta reforma al artículo 115 de la Constitución, de fecha 23 de diciembre de 1975, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Agrarios y de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras cosas, consideró que la nueva fracción V del citado precepto permitiría afrontar eficazmente el problema de las megalópolis, y que:

...La continuidad geográfica formada por varios centros urbanos, comprendidos en territorios municipales de dos o más Entidades Federativas, podrá enfocarse por los niveles competenciales federal, estatal y municipal. El desarrollo de estas tareas se planeará en acción conjunta y coordinada.

Las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, han analizado amplia y razonadamente la Exposición de Motivos que precede al Proyecto referido. Las razones de orden jurídico, político, así como aquellas de carácter sociológico y económico inspiran trascendentales medidas que, aplicadas por el Estado mexicano permitirán realizar cambios en nuestra distribución demográfica y regular el progreso equilibrado y justo de nuestra población. Por encima de particulares intereses de sectores, regiones o individuos se protege el interés superior de la nación.

...

Con profundo respeto a nuestra forma de Estado federal, adoptado hace más de siglo y medio por los fundadores de la república, estas comisiones estiman asimismo procedentes y necesarias las adiciones a los artículos 73 y 115, a efecto de que se establezcan las bases jurídicas de coordinación del gobierno federal, estados y municipios en materia urbana.

Sobre el mismo tema, el Apartado G del artículo 122 constitucional, dispone que:

Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

De lo anteriormente expuesto, por una parte se concluye que, en el marco del federalismo establecido en las normas constitucionales, al Distrito Federal le aplica, al igual que a los estados, el mandato supremo de coordinar acciones con sus pares, mediante la planeación y regulación conjunta del desarrollo de dichos centros urbanos, así como de las zonas metropolitanas.

De tal forma tenemos que:

...la zona metropolitana del valle de México o por sus siglas ZMVM, es el área metropolitana formada por el Distrito Federal y 60 municipios aglomerados uno de ellos en el estado de Hidalgo, los restantes del estado de México.

Y según los resultados del censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010 esta zona contaba con una población de alrededor de 20 millones de habitantes (tan solo en el Distrito Federal son 8 millones 851 mil 80 habitantes). Según datos de la ONU en 2012, era la tercera aglomeración humana más poblada del mundo.

Lo que implica que, además de la necesaria actualización del mapa demográfico y geográfico atendible, tales centros urbanos requieren de la integración de una coordinación metropolitana o comisión de conurbación, misma que, según algunos funcionarios del gobierno federal, no opera actualmente, a pesar de que el artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, señala su pertinencia.

En efecto, el mencionado precepto de la ley general referida, situado en el Capítulo Cuarto “De las Conurbaciones”, en congruencia con lo establecido en la vigente fracción VI del numeral 115 constitucional, dispone que:

Cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta ley.

En ese orden, el primer párrafo de su artículo 23, reformado el 24 de enero de 2014, establece que:

La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

Asimismo, el segundo párrafo del mismo artículo 23, refiere que, dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación de la zona conurbada, así como gestionará y evaluará su cumplimiento.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley General de Asentamientos Humanos, precisa que

Una vez aprobados los programas de ordenación de zonas conurbadas por las comisiones de conurbación, los municipios respectivos en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o programas de desarrollo urbano correspondiente, las reservas, usos y destinos de áreas y predios.

De lo expresado con antelación, se concluye que resulta obvio que en el caso de los municipios conurbados del valle de México, es jurídicamente obligatoria que se integre o reestructure en su caso (en todo caso que funcione) una Coordinación Metropolitana del valle de México, a fin de dar cumplimiento al mandato previsto en los artículos 115, fracción VI, y 122 Apartado G de la Constitución, así como a lo establecido al efecto en la Ley General de Asentamientos Humanos, en forma conjunta y coordinada entre los distintos órdenes y órganos de gobierno.

Resulta urgente aprobar por esta Cámara la constitución o reestructuración de la citada Coordinación Metropolitana.

Para ello, entre otras cosas, se tiene en cuenta que, en septiembre de 2014, con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente de la República anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, programado para iniciar en 2015, en terrenos del ex lago de Texcoco; esto ante la saturación de vuelos que presenta el actual aeropuerto internacional Benito Juárez.

De acuerdo a declaraciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, el proyecto contempla tres etapas: De 2015 a 2020. Inicia con obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto. La segunda etapa deberá iniciar en 2020, fase durante la cual se construirán otras 3 pistas con operaciones triples simultaneas. La tercera etapa no se ha detallado, aunque el presidente anunció que en los terrenos del actual aeropuerto se construirá una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas y un centro de convenciones para los trabajadores del aeropuerto. De tal forma que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México llegará a su máxima capacidad en 2065.

En ese contexto, un proyecto de tal magnitud conlleva la existencia o inminencia de múltiples impactos; tales como: los ambientales urbanos, las inundaciones, la carencia o insuficiencia de agua potable de uso doméstico, la expansión y el crecimiento desordenado de áreas aledañas al actual y al nuevo aeropuerto que se proyecta, aunado a otros severos efectos que se producirán por la ubicación geográfica de la nueva terminal aérea, incluyendo cierta fragmentación y desarticulación de localidades de esa región, problemas de movilidad, vialidades y transporte, así como como los que atañen a los empleos directos e indirectos asociados actualmente al funcionamiento del aeropuerto internacional Benito Juárez, muchos de los cuales desaparecerán.

En ese orden de consideraciones, incluso, son de citar parte de las conclusiones del foro denominado Las decisiones económicas de la Ciudad de México, llevado a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el 5 y el 6 de noviembre de 2013:

Los factores que han alterado la sustentabilidad en la Ciudad de México son: el crecimiento poblacional desordenado y el cambio en los patrones de consumo y producción.

Además, se tiene registrado que existen 22 millones de viajes diarios entre el Estado de México y la Ciudad de México, lo que repercute en un alto consumo de combustible, daños en la calidad del aire y desechos dejados sobre la infraestructura de la ciudad.

...avanzar hacia la Ciudad sustentable, requiere tomar decisiones importantes en dos materias: agua y desechos sólidos, e implementar una serie de acciones coordinadas que logren objetivos de gran alcance como los que la Ciudad ya pudo resolver.

Por lo tanto, es claro que, si, ya en 2013, el número de viajes diarios entre la Ciudad de México y el estado de México fue de 22 millones, es fácil imaginar cómo aumentará de manera exponencial el número de traslados de una entidad federativa a otra tras la construcción y puesta en operación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con todos los problemas de sustentabilidad que ello implica entre ambas entidades federativas.

Más aún, si los trabajos de la nueva terminal aérea prácticamente ya se han iniciado, e irán creciendo en intensidad en los años siguientes.

Ahora bien, aunado a los problemas de transporte y movilidad urbana descrita, así como los relativos al agua y los desechos sólidos, muy comunes en la zona metropolitana del Valle de México, existen fenómenos sociales de urgente coordinación regional; tales como: el aumento a la delincuencia y la contaminación, cuya planeación y regulación conjunta por los poderes y autoridades competentes, es menester consolidar y plantear las estrategias de solución.

Incluso, más allá del marco nacional sobre el tema, es importante considerar que existen documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que es un instrumento programático elaborado por organizaciones de la sociedad civil internacional, en el marco del Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004 y Monterrey 2007, a fin de cristalizar los derechos humanos para este milenio, en cuyo artículo 7, sobre el derecho a la democracia participativa, señala que:

Todos los seres humanos y comunidades y los pueblos en que se integran tienen derecho a participar activamente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática en todos los niveles de gobierno.

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social, cultural y ecológica.

2. El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su elección.

3. El derecho universal al sufragio activo y pasivo, que ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de residencia habitual.

4. El derecho a ser consultado, que garantiza que el derecho de todos los seres humanos a ser consultados colectivamente en las decisiones que les afecten.

5. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser humano el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes, o a tener otro de su libre elección.

6. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser humano el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes, o a tener otro de su libre elección.

7. El derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza urbanística, que supone el derecho a un entorno urbano articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad, incorporando una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible.

8. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.

9. El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a habitar en zonas urbanas de calidad, con carácter de centralidad.

10. El derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza el derecho de toda persona, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno local de proximidad que, en las regiones más urbanizadas, puede tener una dimensión plurimunicipal o metropolitana.

Finalmente, en razón de que el artículo 26, Apartado A, de la Constitución mexicana, reconoce el derecho fundamental de los habitantes del país a la planeación democrática y deliberativa del desarrollo, planeación que, mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo, se propone exhortar al Ejecutivo federal para que establezca procedimientos específicos de participación y consulta popular, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo metropolitano del valle de México.

Por lo expuesto ante esta soberanía se propone los siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al gobernador del estado de México a integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México, a fin de coordinarse entre sí y con los ayuntamientos de los municipios y delegaciones del Distrito Federal que conforman dicha zona metropolitana, para efectos de planeación y regulación conjunta del desarrollo urbano, en el ámbito de sus competencias.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en coordinación con las demás autoridades competentes, establezca los mecanismos específicos de participación y consulta popular, por medio de los cuales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo metropolitano del Valle de México, así como, los criterios para su formulación, instrumentación, control y evaluación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a incluir Tepetzintla, Veracruz, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Silva Ramos, y las diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México por el estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social incluya al municipio de Tepetzintla, Veracruz, dentro del programa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El Gobierno de la Republica reconoció al inicio de esta administración, que en México aún hay millones de personas que padecen hambre, por lo que a partir del 21 de enero del 2013 implementó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), al publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que se crea.

De acuerdo con los indicadores de la Encuesta Nacional de Salud, la población con mayores condiciones de pobreza y marginación, también es la que enfrenta más problemas de desnutrición, y en el 2010 ésta ascendía a 7.4 millones de personas. (Fuente: www.coneval. gob.mx / informes/ evaluación)

El objetivo de esta Cruzada, es conseguir que estos 7 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, tengan alimentación, y con ello igualdad de oportunidades y trato. (Fuente: http://www.sedesol.gob/Cruzada/Programa_Nacional_Meexico_Sin_Hambre_Ele mentos_Metodologicos. pág. 11).

A través de la Cruzada Nacional contra el Hambre se coordinan los esfuerzos de 19 dependencias federales, gobiernos estatales y municipales y sociedad civil, organismos e instituciones internacionales.

En el 2013 esta estrategia comenzó a operar en 400 municipios, que representa el 51.7% de la población objetivo del programa, seleccionados, con base en los indicadores que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), específicamente de acuerdo a 2 criterios: población y porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación.

(Fuente:http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Progra ma_Nacional_Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos.)

En el 2014 el padrón se amplió a mil 12 municipios, incorporándolos con base en un criterio adicional: la atención a situaciones críticas específicas que requieren atención inmediata para evitar el empobrecimiento de su población. (Fuente:

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacio nal_Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos pág. 68)

En estos 612 municipios que se adicionaron habita el 26.8 por ciento de la población en situación de pobreza extrema de alimentación, lo que implica que durante 2014 en total se atendió al 78.4 por ciento de la población objetivo.

De acuerdo a informes del Coneval en 24 entidades federativas se observó una reducción en el porcentaje de pobreza o de pobreza extrema, lo que indica que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia efectiva para mejorar las condiciones de vida de las personas en extrema pobreza de alimentación. (Fuente: 3er informes de labores, Sedesol, página 21)

La propuesta es que en el 2015 este programa llegue a la cobertura total de la población en condiciones de pobreza extrema alimentaria que deberán ser atendidas por lo menos a través de uno de los programas sociales que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Fuente: Tercer informe de gobierno, EPN, Resumen Ejecutivo, página 30).

Durante la segunda etapa de este programa se incluyó a 52 municipios más del estado de Veracruz, beneficiando a 177 mil 576 habitantes, con lo que este programa favorece a la fecha a 479 mil 440 habitantes de 85 municipios de Veracruz.

Sin embargo, el municipio de Tepetzintla, Veracruz no fue incluido en este programa, aun cumpliendo con los requisitos que establece Coneval para considerar la pobreza:

• Carencia alimentaria.

• Viven por debajo del nivel mínimo de bienestar económico.

• Que tienen más de tres carencias sociales: nulo acceso a los servicios básicos en sus hogares, los cuales tienen pisos de tierra, en viviendas hacinadas y donde 5 de cada 10 habitantes no tienen seguridad social, ni acceso a servicios médicos y rezago educativo.

1) De acuerdo con Coneval, el municipio de Tepetzintla, Veracruz ocupa el lugar 78 a nivel estatal y el 728 a nivel nacional, pero está considerado con un alto grado de marginación.

2) Tepetzintla, Veracruz, es uno de los 71 municipios que se consideran con problemática rural, ya que tiene una población menor a los 100 mil habitantes. De acuerdo con el Inegi la población de este municipio es de 14 mil 321 habitantes.

3) Su población está distribuida en 226.9 km en 62 localidades de las cuales 61 son rurales es decir el 98 por ciento de su población está considerada rural, con la problemática inherente.

4) 4 mil 454 habitantes son indígenas, lo que representa el 31 por ciento de su población total.

5) De acuerdo al Sistema Municipal de Planeación de la Subsecretaria de Planeación Veracruz, el 83.7 por ciento de esta población es decir 12, 595 habitantes se encuentran en situación de pobreza (42 por ciento en situación de pobreza moderada y 41 por ciento está considerado en grado de marginación alto).

(Fuente: Sefiplan con datos de Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010 y Marco Geoestadístico Municipal 2010.)

6) En Tepetzinta, Veracruz, la mayoría de la población vive con algún tipo de carencias sociales, lo que define el Coneval como requisitos para vivir por debajo del nivel mínimo de bienestar económico, tales como:

a) Que sólo 4.8 por ciento del total de las localidades tienen servicio de drenaje y alcantarillado (3) y el 30 por ciento servicio de energía eléctrica, (19) el 49.5 por ciento de las casas habitación tienen piso de tierra y en general el 48.4 por ciento de las viviendas están consideradas con algún nivel de hacinamiento.

b) No cuenta con hospitales, solo unidades de consulta externa de la Secretaria de Salud y solo mil 459 habitantes están afiliados al seguro popular es decir solo el 10 por ciento de la población.

c) El 13.1 por ciento de su población es analfabeta; y el 34:9 por ciento de la población con más de 15 años de edad no tiene primaria terminada.

d) Sólo 4 mil 942 habitantes son económicamente activos, es decir solo el 34 % de su población.

Por lo expuesto anteriormente, me permito poner a consideración ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.

Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que reconozca que el municipio de Tepetzintla Veracruz cuenta con las características para acceder al programa: “Cruzada Nacional contra el Hambre ” por la cantidad de su población y el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación y que viven por debajo del nivel mínimo de bienestar económico y tienen más de tres carencias sociales. Situaciones críticas específicas que requieren atención inmediata para evitar mayor empobrecimiento de su población.

Segundo.

Así como en 2014 se incluyeron municipios que incluso en el ranking nacional no son prioritarios; pero se eligieron por situaciones críticas específicas que requirieron atención inmediata para evitar el empobrecimiento de su población, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que revise las características del municipio de Tepetzintla, Veracruz antes expuestas y se consideren como casos específicos.

Tercero.

Aun cuando la propuesta del gobierno federal es que para el 2015 este programa se extienda a favor de todas las personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria, y muy probablemente Tepetzinta Veracruz, sea incluido en algún momento en él, cada día que pasa las desigualdades de sus habitantes crecen, por lo que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de Sedesol que incluya de forma inmediata al municipio de Tepetzintla, Veracruz dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a fin de que su población pueda acceder a los beneficios del mismo y con ello tenga igualdad de oportunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 septiembre del 2015.

Diputados : Alberto Silva Ramos (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández, Sofía del Sagrario de León Maza, María del Carmen Pinete Vargas, Heidi Salazar Espinosa, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillian Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillen, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Sáenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Cirilo Vázquez Parissi.


Efemérides

Con motivo del aniversario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del PRI

Hoy hace 94 años se promulgó el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, durante el periodo revolucionario, el proceso de formación del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso. Sin embargo, al final de este periodo, con la promulgación de la Constitución de 1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano tiene para recibir educación laica, obligatoria y gratuita. Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas.

La creación de la SEP, el 29 de septiembre de 1921, fue un hecho decisivo para cambiar esta situación y facilitó la acción concurrente del gobierno federal de manera directa en todo el país. Con lo anterior se logró equilibrar un poco la desigual atención que estados y municipios brindaban a los servicios de educación. José Vasconcelos, el primer titular de esta institución, formuló un nuevo sistema educativo para atender las necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales. Uno de los aportes más importantes de Vasconcelos fue la educación rural: se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales, y se formaron las misiones culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos que se dirigieron a localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor de la comunidad.

La legislación mexicana ha tenido un carácter progresista, ya que ha proclamado el derecho a la educación para todo ciudadano y la ha considerado un factor de equidad y desarrollo social. Así lo demuestra la preocupación de las autoridades educativas mexicanas por ofrecer educación básica a las poblaciones excluidas, en especial en las zonas rurales.

No obstante, para garantizar los servicios educativos al conjunto de la sociedad no basta mejorar la cantidad y calidad de los servicios escolares (infraestructura física, capacitación docente, métodos y contenidos, etcétera) sino que es preciso actuar en forma articulada diseñando programas basados en diagnósticos que cuantifiquen pertinentemente los rezagos educativos y permitan establecer metas, orientar recursos y definir estrategias de intervención específicas. El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un avance en este sentido; sin embargo, su reciente creación aún no permite obtener insumos para evaluar si se requiere una redefinición de objetivos y metas, en la medida en que no existe información relevante para calcular los logros alcanzados y las necesidades insatisfechas.

Como legisladores, seguiremos trabajando para alcanzar a los sectores de la población más pobres y excluidos y satisfacer con ello las necesidades de aprendizaje de todos los niños, los jóvenes y los adultos en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.

Diputada Carmen Salinas Lozano (rúbrica)

Con motivo del 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. El objetivo de este día es dar a conocer a todo el mundo las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

Esta fecha es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede hacer desde las políticas públicas ya que las afecciones cardiovasculares han superado por mucho el número de muertes por algún tipo de cáncer y esta situación amerita una fuerte campaña mediática, así como medidas y políticas de salud pública por parte del gobierno federal para disminuir los índices de mortalidad por enfermedades del corazón.

Igualmente, con la celebración de esta fecha se intenta sensibilizar a la población sobre los problemas cardiovasculares, con el propósito de que con la información necesaria se logren bajar las cifras de mortalidad por esta causa en el mundo.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, con más de diecisiete millones de víctimas, lo que representa el veintinueve por ciento de las muertes globales, de donde se estima que siete punto dos por ciento de ellas corresponden cardiopatías coronarias, es decir a trastornos del corazón y vasos sanguíneos y cinco punto siete por ciento a accidentes cerebrovasculares, producidos por interrupciones del flujo sanguíneo al cerebro.

Entre las causas que ocasionan las enfermedades cardiovasculares se encuentran el tabaquismo, las dietas no cardiosaludables, el sedentarismo, la obesidad abdominal, la diabetes, los trastornos del metabolismo y la dislipidemia.

Para prevenir los problemas de corazón, las personas deben mantener un peso adecuado, realiza ejercicio físico de forma regular, consumir fibra vegetal, evitar alimentos altos en calorías, reducir las grasas saturadas, moderar la sal en los guisos, no consumir tabaco, combatir el estrés, moderar o evitar el consumo de alcohol y reducir los azúcares rápidos.

Es de resaltar de forma muy especial la problemática que afecta a las mujeres en este rubro, pues las enfermedades cardiovasculares son consideradas como la primera causa de mortandad entre las mujeres, al respecto comparto a esta soberanía la cifra que refleja este dato, pues cada año mueren más de 100 mil mujeres por enfermedades cardiovasculares, es decir, 274 cada día, u 11 mujeres fallecen cada hora por esta causa.

Estos males representan 37 por ciento de los decesos en la población femenina, pero desgraciadamente no se les presta una adecuada atención como sí sucede con el cáncer de mama, que si bien es otro grave problema de salud pública, los fallecimientos por esta causa representan el 2 por ciento del total de las causas de mortandad femenina.

Estos información fue dada a conocer en un congreso de expertos en la materia, y se encuentra publicada en la página web de la Ancam (Asociación Nacional de Cardiología), en esta información se demuestra como las mujeres mexicanas presentan condiciones de salud que favorecen el desarrollo de las afecciones cardiovasculares como son el sobrepeso y la obesidad que tienen más de 70 por ciento de prevalencia en las mujeres adultas en nuestro país; 10 por ciento de la población femenina vive con diabetes y en las mujeres mayores de 60 años la frecuencia de esta alteración es del 20 por ciento; además, 60 por ciento de las mujeres mayores de 50 años de edad tienen niveles elevados de colesterol.

También están los factores de riesgo que sólo se presentan en mujeres, entre otros, anemia, el síndrome de ovario poliquístico, el uso de anticonceptivos orales, la preeclampsia en el embarazo, diabetes gestacional, depresión y ansiedad. Cada uno de ellos aumenta las probabilidades de que en el futuro se presente un evento cardiovascular.

Hay otros datos alarmantes que no se pueden seguir pasando por alto, por ejemplo, la obesidad aumenta de cuatro a 10 veces la posibilidad de sufrir una grave enfermedad cardiovascular, la preeclampsia triplica el riesgo y es seis veces más probable que la mujer se vuelva hipertensa. La diabetes gestacional aumenta siete veces la expectativa de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

Existen otros factores de riesgo como son el tener más de 55 años de edad e incluso antecedentes familiares como la muerte de la madre antes de los 65 años y del padre antes de los 55, así como las adicciones como el tabaquismo las cuales también aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, más de la mitad de los casos de infartos agudos al miocardio que ocurren en mujeres en edad media son consecuencia del tabaquismo.

Sin embargo, todas estas cifras e información que estamos presentando en este trabajo parlamentario, debemos señalar que muchas veces, en los servicios de salud no es considerada y no se toman en cuenta estos factores al momento de evaluar a las mujeres.

Ellas van a sus citas con el ginecólogo, se realizan estudios regulares como son la prueba de Papanicolau para la detección del cáncer cervicouterino y cada vez más se practican la mastografía que identifica el cáncer de mama, esto gracias a que se ha tomado consciencia del grave riesgo de estas afecciones, pero casi nunca se les revisa su condición cardiovascular y como resultado se presenta la elevada cifra de muertes por esta causa y a esto se suma, que los males cardiacos y vasculares se presentan en el sector femenino con características distintas a las de los hombres. En primer lugar la mujer, no sufre el típico dolor en el pecho cuando hay un infarto al miocardio. Se queja de opresión, respiración limitada o cortada, sudoración fría, fatiga, mareos, náuseas, así como dolor en el cuello, espalda y mandíbula. El problema es que varios de estos síntomas coinciden con los de la etapa de menopausia y de ahí que en los servicios médicos no se les preste la atención debida.

Estas condiciones dificultan el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Otros elementos son la falta de información del personal médico respecto de que las alteraciones en las mujeres son a nivel microvascular (vasos sanguíneos pequeños) y en los hombres las afectaciones se presentan en arterias, donde se localiza más fácilmente la obstrucción de la circulación sanguínea.

Hoy que es el Día Mundial del Corazón, reflexionemos sobre este importante tema y cuidemos y celebremos lo más valioso que tenemos, que es la vida.

Solicito atentamente que se inscriba este texto de forma íntegra en el Diario de los Debates para su debida publicidad y difusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)