Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a tomar previsiones para el cumplimiento del decreto de reformas del reglamento de ese medio en materia de personas con discapacidad auditiva, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares levantada en el año 2012, las personas con discapacidad auditiva representan un total de 16.5 por ciento de la población nacional con discapacidad. De la población con discapacidad, en hombres representa el 17.4 y en mujeres el 15.6. Por lo que se refiere a las edades, el 10.2 por ciento de los niños tiene discapacidad, el 18 por ciento jóvenes, el 10.8 adultos, y un 21.8 son adultos mayores.

La misma encuesta señala que de las causas de la discapacidad auditiva, destaca la edad avanzada y la enfermedad, con 47 y 29 por ciento, respectivamente.

Por lo que se refiere a la asistencia escolar de las personas con discapacidad auditiva, sólo 44.8 por ciento asisten a la escuela; y 3 de cada 10 personas sordas son analfabetas.

Tan sólo 3 de cada 10 personas con discapacidad auditiva participan en la vida económica del país, como lo asevera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entrando en materia, de la presente proposición, el decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2015 nos mandató para que la información que difunda –el Canal del Congreso–, deberá traducirse simultáneamente a lengua de señas mexicanas, o subtitularse con palabras en español, o ambas.

Dicho decreto en el artículo segundo transitorio introdujo la disposición para que la Mesas Directivas de las ambas Cámaras, en ejercicio de sus facultades que les concede respectivamente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hicieran las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo, en el anteproyecto de presupuesto de cada cual.

Por tal motivo, es indispensable garantizar que los trabajos del Congreso de la Unión sean del conocimiento público sin que la discapacidad auditiva pueda representar una barrera para acceder a este derecho constitucional.

Esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 312 votos en pro, el jueves 8 de septiembre de 2011 y en el Senado de la República con 94 votos en pro, el jueves 23 de abril de 2015.

La comisión dictaminadora1 ponderó que el trabajo parlamentario se realiza, eminentemente, mediante la comunicación de la palabra; que la utilización de los medios masivos de comunicación, como instrumentos de difusión y divulgación de las labores de los parlamentos, es altamente efectiva, pero no cumple su labor de manera plena, con aquellos que padecen una discapacidad auditiva ; que la utilización del lenguaje de señas y la subtitulación de los mensajes públicos son un instrumento que actualmente se ha extendido en el mundo como un medio de comunicación de las tareas públicas; que los mensajes recientes de comunicación social del Poder Ejecutivo, se presentan con alguno de estos instrumentos de comunicación hacia este sector de la población; que la posible población que puede ver cumplidas sus expectativas de información está en algo más de diecisiete millones a nivel nacional con la señal abierta.

Por su parte la colegisladora en su dictamen2 razonó que la reforma de telecomunicaciones del 14 de julio de 2014 en su parte de la audiencia con discapacidad estableció que ésta deberá gozar del derecho de contar con servicios de subtitulaje, doblaje en español y lengua de señas mexicana; que el artículo sexto constitucional confiere a las personas el derecho a la información, la cual será garantizada por el estado, además de que toda persona tiene el libre acceso a la información pública y que ésta debe de privilegiar la máxima publicidad. También la colegisladora invoca los compromisos del Estado mexicano como parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente, los artículos 1, 2 y 12 relativos a la accesibilidad plena y la no discriminación como principios de la política pública del estado.

Por otro lado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública señaló que el costo de la implementación de esta acción tendría un impacto, en ese entonces, de 791 mil pesos mensuales. Este costo se compone de una estimación de 22 mil pesos destinados a los servicios de un intérprete de señas y 25 mil pesos destinados a sufragar los servicios de un coordinador.

Uno de los considerandos que enfatizó el dictamen de la comisión, fue el valor social que implica que millones de personas con discapacidad auditiva puedan ejercer su derecho a la información que se produce en el Canal del Congreso.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud3 , las personas sordas a menudo tienen problemas para acceder a un servicio de interpretación en lengua de señas, una encuesta efectuada en 93 países puso de manifiesto que en 31 de ellos no tenían ningún servicio de interpretación, mientras que 30 países tenían 20 o menos intérpretes cualificados.

El inminente inicio de la discusión nos obliga a tomar en consideración el asunto propuesto en la presente proposición.

Por lo anteriormente fundado y motivado, quien suscribe presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Canal del Congreso a tomar las previsiones para el cumplimiento del decreto de reformas al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas con discapacidad auditiva.

Notas

1. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3344-III, jueves 8 de septiembre de 2011.

2. Gaceta del Senado del Senado LXII/3SPO-129/53777 disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-07-1/assets/documento s/Dict_Reg_y_P_P_lengua_de_senia_canal.pdf

3. http://conadis.gob.mx/doc/banners/Informe_Mundial_sobre_la_Discapacidad _Resumen.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a garantizar la observancia de su resolución en el juicio de amparo administrativo 425/2014 y fincar las sanciones correspondientes, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal César Flores Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de ésta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la información se encuentra establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 19 numeral 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro país que tienen rango constitucional de acuerdo a lo señalado en el artículo 1ro y 133 de nuestra Carta Magna.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos retoma la importancia de este derecho y establece la obligatoriedad del Estado Mexicano para garantizar el derecho a la información, derecho que se encuentra íntimamente vinculado con el derecho de petición consagrado en el artículo 8vo constitucional que obliga a las autoridades a dar a cualquier petición una respuesta por escrito y en breve término; la vinculación de estos dos derechos implican la obligación del Estado no sólo de dar una respuesta a la petición formulada por cualquier persona, sino de hacerlo con la información completa a la que todo mexicano tiene derecho, criterio que ha quedado de manifiesto en la decisión de la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs Chile1 y en resoluciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.2

El 7 de agosto del 2014 los ciudadanos José María Rodríguez Rocha, Hilda Gloria Nañez y Tayde Elizabeth Albert Rodríguez, regidores y sindica del Ayuntamiento de Monclova respectivamente, presentaron demanda de amparo que fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Coahuila por la negativa de responder completamente la solicitud de acceso a la información enviada por los quejosos el 4 de abril de ese año al Ayuntamiento de Monclova respecto a diversa información contable de dicho ayuntamiento, lo anterior sin que la autoridad responsable hubiera manifestado el motivo de dicha omisión.

Después del estudio y análisis de la demanda planteada por los quejosos así como los alegatos vertidos por las autoridades responsables, el juzgador resolvió el 29 de diciembre del 2014 concediendo la protección de la Justicia Federal para efecto de que las autoridades responsables dieran contestación de manera congruente y completa a lo peticionado, notificando personalmente la resolución al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado el 30 de diciembre del 2014.

Mediante oficio del 10 de agosto del año en curso, la Titular de la Secretaría Técnica y Unidad de Transparencia de Acceso a la Información del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila acuerda que se tiene por recibido el oficio 14099 de fecha 7 de agosto del presente, emitido dentro de los autos del Juicio de Amparo 425/2014 por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica y requiere a las autoridades responsables den cumplimiento a la ejecutoría de Amparo del 29 de diciembre de 2014 y confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito mediante resolución del 15 de julio de 2015, dictada dentro de los autos del expediente en revisión administrativo 83/2015.

Derivado de lo anterior la Titular de la Secretaría Técnica y Unidad de Transparencia de Acceso a la Información del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila acuerda en forma positiva la petición de información de los quejosos y señala que deberá informárseles y hacer entrega en forma personal de la documentación solicitada, informándoselo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado una vez que se haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoría, sin embargo, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a la resolución.

El artículo 192 de la Ley de Amparo señala que en la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá que cumpla la ejecutoría dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo se impondrá a su titular una multa y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; a pesar de que el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoría de amparo ya feneció el órgano judicial no ha hecho efectiva esta disposición.

Lo anteriormente manifestado es un claro desacato a la ejecutoría de amparo por parte de las autoridades responsables y una omisión del órgano judicial para hacer cumplir su resolución, violentando no sólo el derecho a la información y derecho de petición de los quejosos, sino lo establecido en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al juzgado quinto de distrito del estado de Coahuila, del Poder Judicial de la Federación a garantizar la observancia de su resolución en juicio de amparo administrativo 425/2014 y que finque las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de su incumplimiento

Notas

1 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151

2 180905. I.4o.A.435 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, Pág. 1589

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los diecisiete días del mes de septiembre de 2015.

Diputado César Flores Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al dictamen del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 8 de septiembre de 2015, se presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2016, que incluye la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, a fin de que de conformidad con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere a la Cámara Baja en su artículo74, fracción IV, ésta resuelva lo conducente.

Para el próximo año, de acuerdo con lo que señala el artículo 2 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, el gobierno federal propone disponer de 4 billones 746 mil 945 millones 700 mil pesos. No obstante, lo que contrasta en el texto del documento y lo que llama poderosamente la atención es que, por un lado, se proponga la reducción del gasto público en rubros tan relevantes como: salud, educación, justicia y desarrollo social, pero por el otro, los sueldos de la alta burocracia de los tres niveles de gobierno y de los diferentes poderes públicos quedan prácticamente intactos.

Queda claro que “el apretón de cinturón no será parejo”, pero no sólo eso, sino que se está mandando un mal mensaje a la ciudadanía, porque se confirma esa vieja y errónea lógica de “Gobierno Rico y Pueblo Pobre”.

No es posible que mientras el salario mínimo sea en el Área Geográfica A de 70 pesos y en el Área Geográfica B de 68 pesos, el sueldo anual del presidente de la República para el próximo año vaya a ser de 2 millones 989 mil 128 pesos; el de un senador de la República de un millón 925 mil 945 pesos; el de un diputado federal de un millón 432 mil 997 pesos; el del titular de la Auditoría Superior de la Federación de 2 millones 948 mil 346 pesos; el del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 2 millones 987 mil 547 pesos; el del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2 millones 907 mil 481 pesos; el de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica de 2 millones 477 mil 851 pesos; el de la consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación de 2 millones 450 mil 266 pesos; el del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 2 millones 208 mil 283 pesos; el de la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de 2 millones 400 mil 980 pesos; y el del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2 millones 353 mil 161 pesos.1

Al respecto hay que recordar que el 24 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Carta Magna, en dicho decreto se establecen las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos, no obstante, han pasado casi 6 años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma constitucional.

Por eso, el 13 de abril de 2010, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó en el Senado de la República el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

El dictamen de esta iniciativa en comento fue aprobado en el pleno de la Cámara Alta el 8 de noviembre de 2011, el 10 de noviembre de 2011 fue recibida por la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A) del artículo 72 de la Constitución federal, y se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Justicia y con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A pesar de que el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que: “todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro de un término máximo de 45 días, a partir de la recepción formal del asunto”, en el caso concreto del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, han pasado mil 403 días y no se ha emitido dictamen alguno.

El objeto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es claro y sencillo: cumplir con un mandato constitucional y regular las percepciones económicas que reciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos, para que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente de la República y para poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignan los sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como pensiones, jubilaciones y retiros, que muchas veces se establecen sin ningún parámetro y con escasos controles.

Esta planeación de sueldos a la que deben someterse todos los entes públicos, busca dignificar la función pública mediante el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con sobresueldos y otro tipo de emolumentos ostentosos no sólo ofenden a la sociedad, sino que agravian el principio juarista de que no puede subsistir una República más que con la honestidad y la austeridad de sus funcionarios en el desempeño de sus labores.

Las circunstancias económicas y sociales actuales del país son: desempleo, informalidad y pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 70 por ciento, lo que lleva a otro circulo vicioso como lo es: desigualdad, pobreza, corrupción, inseguridad, violencia y pérdida de cohesión social.

Esta situación nos debe obligar a los representantes populares a replantear el camino. En el Partido de la Revolución Democrática consideramos que el servicio público es una distinción en sí misma y no el sendero más corto a la riqueza. Por lo que en estricto apego al mandato que nuestros electores nos encomendaron para defender la economía popular y hacer realidad la justa distribución social de la riqueza, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a que a la brevedad dictaminen el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

Nota

1. Ver Garduño Roberto, Méndez Enrique y González Roberto. “Funcionarios de primer nivel, senadores y diputados mantienen sus altos salarios”, LA JORNADA, 9 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/politica/006n1pol?partner=rss (Última consulta: 14 de septiembre de 2015)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado José Santiago López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar por la SRE políticas públicas para facilitar la conectividad en los principales puntos turísticos del país, a cargo del diputado Remberto Estrada Barba, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Remberto Estrada Barba, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es pertinente destacar que el turismo es uno de los sectores económicos de mayor importancia, ya que en la actualidad a nivel internacional presenta un gran dinamismo tanto por su nivel de inversión, participación en la generación de empleo, aportación de divisas, así como su contribución al desarrollo regional.

La importancia del turismo es tal que representa el 9% del PIB mundial y genera 1 de cada 11 puestos de trabajo en el mundo.

Los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.245.000 millones de dólares a escala mundial en 2014, partiendo de una cifra de 1.197.000 millones de dólares en 2013, esto implica que se produjo un incremento de 3.7 por ciento en términos reales.

A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han tenido un crecimiento prácticamente constante: desde los 25 millones en 1950 hasta los 1.133 millones en 2014 y según modelos prospectivos de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial alcanzarán los 1.800 millones en el año 2030.

La llegada de turistas internacionales batió el record de los 1.133 millones a escala mundial en 2014, partiendo de los 1.087 millones en 2013. La demanda siguió siendo estable en la mayoría de los mercados emisores y destinos, a pesar de las constantes dificultades geopolíticas, económicas y sanitarias presentes en algunas regiones del mundo.

Francia, Estados Unidos, España y China siguen copando los primeros puestos tanto por llegadas internacionales como por ingresos; China, el mayor mercado turístico emisor del mundo, ha mantenido su excepcional ritmo de crecimiento, incrementando el gasto en el extranjero en un 27% en 2014.

La importancia del turismo para nuestra economía es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador en el desarrollo local y regional, sino que nos permite difundir los atractivos culturales y naturales de nuestro país, generando una visión positiva de México ante el mundo.

En lo que respecta a nuestro país según cifras del Panorama OMT del Turismo Internacional edición 2015, en el rubro de llegadas internacionales en 2014, México recibió 29 millones de turistas extranjeros los cuales dejaron una derrama económica de 16 mil 258 millones de dólares, lo anterior permitió la creación de 3 millones 180 mil puestos de trabajo directos y más de 7 millones de espacios laborales indirectos.

Las cifras antes vertidas convirtieron a México en el décimo destino turístico más importante del mundo y lo hace ser el país más visitado de América Latina y el Caribe.

Lo anterior corrobora que nuestro país ha hecho un buen trabajo en la percepción y consolidación de su imagen a escala global, por lo que hay más gente que siente a México como un destino atractivo.

Por lo anteriormente mencionado y dada su importancia para la economía nacional y mundial, desde 1980 se celebra cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo.

En este contexto, este día representa una oportunidad para celebrar el potencial de transformación que tienen los más de mil millones de personas que viajan a nivel global, y es por eso que el lema del Día Mundial del Turismo 2015 es: “mil millones de personas, mil millones de oportunidades”.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores se implementen las políticas públicas necesarias a fin de facilitar la conectividad en los principales puntos turísticos del país, con el objetivo de explotar al máximo el incremento de la demanda turística que según proyecciones de la Organización Mundial de Turismo se dará a mediano plazo.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 24 días del mes de septiembre del 2015.

Diputado Remberto Estrada Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las administraciones de paraestatales, fideicomisos públicos, organismos autónomos y cualquier otro ente público de la federación, a considerar la reducción de 50 por ciento en las percepciones de los funcionarios de mandos medios y superiores a su servicio, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, refiere unas supuestas medidas de austeridad, entre otras, reducir el gasto corriente; donde se incluyen sueldos y salarios de los trabajadores y funcionarios de la administración pública federal.

La previsión de gasto corriente contenida en el PPEF de 2016 suma 2 millones 232.8 mil millones de pesos, lo que representa una variación menor de 3.6 por ciento real respecto al presupuesto aprobado para 2015.

Dentro del gasto corriente, el pago servicios personales correspondientes a sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales, de carácter permanente o transitorio, disminuye en 0.7 por ciento en términos reales respecto al aprobado para 2015.

Con esto se pretende un ahorro de 830 millones de pesos. No obstante y aunque digan que es una época de austeridad, los privilegios y sueldos millonarios de altos funcionarios del gobierno federal se mantienen igual, son intocables. Sólo aplicarán recortes en sus jugosos aguinaldos que insultan a la población.

Los magistrados y consejeros de la Judicatura Federal tendrán “un duro golpe a su economía”, pues tendrán una reducción de 45 y 49 pesos, respectivamente, en sus aguinaldos, que alcanzan casi 600 mil pesos.

El presidente Enrique Peña Nieto se bajó el sueldo, como parte del proyecto de presupuesto 2016. Se prevé que el presidente Enrique Peña Nieto ganará 5 mil 39 pesos menos.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, dejará de ganar 308 pesos al mes, que contrastan con su sueldo anual de 2 millones 948 mil 346.

Mientras, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y sus compañeros dejarán de ganar 148 pesos. Su sueldo anual será de 2 millones 987 mil 547 pesos.

Al respecto, quiero hacer mención, que en nuestro país, los altos funcionarios públicos tienen ingresos, en algunas ocasiones, por encima de los que perciben sus similares en otros países Así tenemos que las percepciones salariales y prestaciones, señalada en el proyecto de Presupuesto 2016, de mandos medios y superiores, es la siguiente:

En algunos casos, estos montos no incluyen la potenciación del seguro de vida institucional y el pago extraordinario por riesgo que solamente se otorga a los servidores públicos cuyo desempeño pone en riesgo la seguridad o salud de los mismos.

Si bien es cierto, que el servicio prestado en su encargo o en su función por los servidores públicos es un empleo que debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo, también lo es la urgencia de disminuir los montos de quienes reciben los más altos ingresos, sobre todo, en una situación de crisis económica como la que vive actualmente el país, ante la cual todos debemos ser solidarios.

De ahí que se pretenda con este punto de acuerdo, que la Cámara de diputados apruebe una reducción de 50 por ciento en las percepciones de los funcionarios que desempeñen los siguientes puestos: Subdirector de área, director de área, director general adjunto o titular de entidad, director general, coordinador general o titular de entidad, jefe de unidad o titular de entidad, oficial mayor o titular de entidad, subsecretario de estado o titular de entidad, secretario de estado o titular de entidad y presidente de la República; de igual manera a los legisladores de ambas Cámaras, y los demás mencionados anteriormente, lo cual redundará en una mejora sustancial de la percepción que la ciudadanía tiene de su desempeño, sus decisiones y la justa proporcionalidad de su salario respecto a su función, su jerarquía y su responsabilidad.

Como sabemos, compete a esta legisladora aprobar el Presupuesto de Egresos, tal como lo manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 74 establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.”

Por su parte, en su artículo 75 mandata que “la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, y el artículo 127 dice que “Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes (...)”

En contraparte a los altos ingresos obtenidos por la alta burocracia, tenemos que la crisis que enfrenta la actual Política Salarial a la baja –política que se ha promovido por cuatro décadas por sectores oficiales– y la constante pérdida del poder adquisitivo, han incrementado la pobreza y deterioro económico y social en el país.

Varios de los argumentos para mantener el crecimiento del país mediante bajos salarios y exigir productividad han colocado a las familias de los trabajadores en la precariedad laboral y en la informalidad, formando parte importante de la situación insostenible para la población trabajadora.

Tal situación se encuentra vinculada con el ahorcamiento cada vez mayor de la economía mexicana; bajos salarios, altos niveles de desempleo e informalidad, la expulsión de población en forma de migración laboral y el paso de la pobreza a la miseria generalizada.

A estos datos debemos agregar los anunciados por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo, quien mencionó que “en 2016, el gobierno federal hará recortes y ajustes de plazas de trabajo públicas para llegar a un mínimo indispensable debido a las medidas de austeridad que ejercerá la administración por la caída de los ingresos petroleros.

Su argumento es que se tiene que “redimensionar el tamaño del gobierno acorde a nuestra nueva realidad presupuestal, esto va en la línea de tener un gobierno austero, que se ‘apriete el cinturón’, que tenga las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente”.

No obstante, en las condiciones actuales de alto desempleo, una decisión de gobierno de esta envergadura requiere de reflexiones, valoraciones y análisis más complejos que la simple idea del ahorro en el gasto público. No se debe dejar de lado que en estos momentos el desempleo es un grave problema social que se presenta tanto en el sector público, como en el privado.

No hay nada tan malo como carecer de empleo. El jefe de familia vive el drama de no poder dar respuesta a las necesidades de su familia. El desempleo actúa negativamente en el ánimo de la gente. El empleo es la supervivencia económica de la familia y la tabla de lanzamiento para la superación personal. Con una medida como la que hoy proponemos, es factible disminuir el número de despidos, pues los trabajadores prefieren reducir sus ingresos que estar en el desempleo.

Ante esta realidad, el país y los mexicanos requieren un mensaje de que sus funcionarios públicos y sus Legisladores, son solidarios con la situación económica que priva en el país. Se hace necesario que las fuerza políticas representadas en el Congreso de la Unión acordemos y propongamos reducir en un 50 por ciento los ingresos de los funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, así como de los demás organismos del sector público mencionados con anterioridad.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las administraciones de paraestatales, fideicomisos públicos, organismos autónomos y cualquier otro ente público de la federación, a considerar una reducción de 50 por ciento a las percepciones de los funcionarios a su servicio, ubicados en los niveles de mandos medios y superiores, como contribución a la política de austeridad y racionalidad del gasto público.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, y a los Congresos locales a implementar las mismas acciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para conmemorar el 150 aniversario del triunfo de la República, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Candelaria Ochoa Ávalos, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario del Triunfo de la República de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una comisión especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos. A través de la presente proposición con punto de acuerdo se busca constituir la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario del Triunfo de la República, dado que nos permitirá no sólo recordar y celebrar una fecha de trascendencia en la historia de México, sino reabrir un capítulo que nos permita transitar hacia la reconciliación nacional.

II. El siglo XIX es la época en el que se dan dos de los movimientos políticos más importantes de nuestro país: la Independencia, iniciada en 1810 y la Reforma que comprende de 1858 a 1860 sumado a la guerra de Intervención y el Imperio.

Como resultado de la Revolución de Ayutla, el 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución Liberal, misma que enfrentó gran oposición de los grupos conservadores: iglesia y alta jerarquía militar quienes se negaban a perder sus fueros.

El 17 de diciembre de 1857, se proclama el Plan de Tacubaya con la complicidad del entonces Presidente Ignacio Comonfort por el que se desconoce la Constitución de febrero de ese año.

El vicepresidente Benito Juárez García, por ministerio de ley, asume la Presidencia de la República en enero de 1858, con lo que se da inicio a la guerra de los 3 años o de Reforma, que concluye el 22 de diciembre de 1860 con la derrota de las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan.

En esta guerra civil se dictan en julio de 1859 las Leyes de Reforma que dan una orientación clara de cómo debía ser el futuro del país superando los atavismos del régimen feudal imperante en esa época en nuestro país.

Al concluir la guerra de Reforma México seguía dividido en dos claros bandos opositores: Liberales y Conservadores.

El gobierno del Presidente Juárez enfrentaba severos problemas financieros que lo obligaron a expedir un decreto, EL 17 de julio de 1861 en el que se suspende el pago de la deuda pública nacional por 2 años. Las protestas de los gobiernos de Inglaterra y Francia obligaron a que se derogara dicho decreto.

No obstante no haber ya motivo para las protestas de estos países en enero de 1862 llegan al puerto de Veracruz las escuadras de Francia, Inglaterra y España.

Ante los evidentes afanes intervencionistas de Francia las tropas de Inglaterra y España deciden retirarse del país, mientras las tropas francesas avanzan hacia la capital de la República siendo derrotadas en la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862, en donde, como escribiera el General Ignacio Zaragoza “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”.

Los grupos conservadores impulsan el establecimiento, en México de una monarquía y buscan con el patrocinio de Napoleón III a quién se haga cargo de dicha empresa.

En abril de 1864 se firman los Tratados de Miramar por los que Maximiliano de Habsburgo acepta el trono de México, continuando ahora la lucha del gobierno republicano no solo contra la intervención francesa sino contra la imposición de una monarquía.

Después de que el Presidente Juárez llevo su gobierno hasta el último confín de la patria en Paso del Norte, hoy Cuidad Juárez, los ejércitos republicanos empiezan a avanzar a las posiciones que los franceses iban abandonando para reembarcarse a su país, dejando a su suerte a Maximiliano.

El 15 de mayo de 1867 la Ciudad de Querétaro es tomada por el ejército Juarista, y Maximiliano es sometido a proceso, encontrándosele culpable, en términos de lo dispuesto en la ley sobre los delitos contra la nación del 25 de enero 1862, es sentenciado a la pena capital y fusilado el 19 de junio de 1867.

El periodo comprendido entre 1857 a 1867 ha sido descrito por algunos historiadores como: “La gran década Nacional” por los importantes avances en la consolidación del Estado Nacional que en esa época se dieron.

El objeto de la Comisión Especial que se propone es realizar foros de discusión de esta etapa de nuestra patria que incluye infinidad de hechos notorios como el ocurrido en el palacio de gobierno del Estado de Jalisco en cuya capital, Guadalajara, Guillermo Prieto salvó la vida del Presidente de la República con la frase: “Los valientes no asesinan”.

También esta Cámara de Diputados debe realizar una intensa tarea editorial en donde se reimpriman los textos más valiosos de aquella época tanto del partido liberal como del conservador para que las nuevas generaciones de mexicanos aprendan que las diferencias que no se resuelven por las vías institucionales, terminan siendo resueltas por la vía armada y esto a nadie conviene.

Proponemos también que se realice el 15 de mayo de 2017 una sesión solemne por parte de la Comisión Permanente que funcionará en ese segundo receso del segundo año legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se crea la Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario del Triunfo de la República de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo.- La Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario del Triunfo de la República estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a iniciar gestiones para dotar a dicha entidad de un hospital de especialidad en rehabilitación, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Morelos a iniciar las gestiones necesarias para dotar a la entidad de un hospital de especialidad en rehabilitación de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a fin de atender las necesidades de la población que padece alguna discapacidad e incrementar la infraestructura instalada de la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según cifras del Censo de Población y Vivienda del Inegi de 2010, en Morelos había 100 mil 449 personas que padecían alguna limitación física o mental para realizar las actividades de su vida diaria.

Lo anterior es equivalente a que 5 de cada 100 habitantes de la entidad tienen alguna discapacidad.

Es importante señalar que de acuerdo a los grupos de edad, aquellos que pertenecen al grupo de edad avanzada presentan más riesgos para la discapacidad. Eso se refleja en las cifras que indican que un 79 por ciento de quienes padecen algún tipo de discapacidad, mental o física, se encuentran en los grupos mayores de 60 años.

Ahora bien, en cuanto a los tipos de discapacidad, el 60 por ciento tiene limitación para caminar o moverse, es decir que en el estado ésta es la discapacidad más común.

El mismo Inegi refiere como primera causa de discapacidad a las enfermedades, con un 41.5 por ciento; llama la atención que la segunda causa es precisamente la edad avanzada, con un 24 por ciento, lo que hace a este grupo de la población doblemente vulnerable.

También se encuentran como causas de discapacidad las limitaciones asociadas al nacimiento un 14.6 por ciento y los accidentes con un 14.9 por ciento.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su párrafo cuarto que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

En este entendido, en Nueva Alianza consideramos una prioridad la atención de las personas con discapacidad, más aún cuando corresponden a un grupo poblacional vulnerable como es el de los ancianos.

Según la OCDE en 2011, nuestro país contaba con 1.7 camas por cada mil habitantes, mientras que el promedio para los países miembros de dicho organismo es de 4.8.

Aunado a lo anterior, es importante subrayar que 24 por ciento de esas camas pertenecen al sector privado, lo que significa que el sector público en el país contaba con 1.3 camas por cada mil habitantes.

Según cifras del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud del estado de Morelos es de 22.3 por ciento; y el número de camas por cada mil habitantes es de los más bajos del país, con un 1.3.

Por este motivo consideramos que debido a que existe una evidente falta de infraestructura hospitalaria es preciso aumentar la capacidad instalada del estado.

Las necesidades de la población con discapacidad se deben ver reflejadas en los programas de infraestructura en salud, por ello creemos prioritario dotar al estado de un Hospital de especialidad en rehabilitación.

Lo anterior, garantizando no solo la construcción, sino también su operación, actualización y mantenimiento del mismo así como contar con los recursos humanos necesarios para garantizar una atención oportuna y con calidad para los pacientes.

Sabemos, por otro lado, que existe una normatividad que se debe cumplir para que se incluya la construcción de una obra nueva dentro del Plan maestro de infraestructura en salud.

Según el artículo 77 Bis 30, apartado B, fracción IV de la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas programar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud.

Para la planeación de proyectos de salud con recursos de los Fondos de Aportación de Infraestructura Social Estatal, se requiere que los gobiernos estatales cumplan con los lineamientos que para ello establece la Secretaría.

De este modo y derivado de los preceptos mencionados se requiere que el gobierno del estado inicie las acciones necesarias a fin de conseguir que se construya un Hospital de rehabilitación, basando el proyecto en una planeación que tome en cuenta las proyecciones demográficas, los cambios epidemiológicos y las condiciones socioeconómicas de los morelenses.

Por estos motivos ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a fin de atender las necesidades de la población que padece alguna discapacidad e incrementar la infraestructura instalada de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, 205, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, el suscrito, diputado Francisco Saracho Navarro, del estado de Coahuila de Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Un Estado constitucional y democrático de derecho, requiere para la consolidación de sus diversas instituciones un trabajo integral en el que áreas prioritarias como la salud, la seguridad, la justicia y la educación estén garantizadas.

La garantía de dichas áreas sólo puede hacerse posible en un Estado en donde las necesidades básicas se encuentran cubiertas. Sin embargo, el logro de aquello depende también de los recursos de que se disponga para dirigirlos a esos objetivos. Así, por ejemplo, para garantizar la salud se requiere de un sistema nacional en el que se disponga de hospitales, clínicas, médicos, medicinas, etc. Así, siguiendo a Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, todo derecho implica un coste.1

Cada Estado de la comunidad internacional es diverso y en él pueden encontrarse múltiples áreas de oportunidad en donde el factor económico debe de encontrar respuesta. México dispone de una gran cantidad de recursos, tanto poblacionales como naturales y, dentro de estos últimos encontramos al carbón, al gas y al petróleo, así como los demás recursos energéticos derivables.

En el norte del territorio nacional, concretamente en el área confluyente entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se dispone de un área caracterizada por ser el yacimiento de gas natural no asociado más importante de nuestro país: la cuenca de Burgos.

La cuenca de Burgos ha producido gas no asociado desde 1945, actualmente representa el 68 por ciento de la producción de gas no asociado al país y produce el 20 por ciento del total del gas natural, cuenta con 158 instalaciones para el manejo de su producción tales como estaciones de recolección, plantas de inyección de agua y tratamiento de agua residuales, estaciones de comprensión, plantas deshidratadoras, estaciones de medición y centrales de almacenamiento.

Dicha cuenca dispone de una cantidad aproximada de 393 billones de pies cúbicos de gas shale y de aproximadamente 6 mil 300 millones de barriles de crudo no convencional, lo cual posibilita colocar a nuestro país como uno de los destinos con mayor atractivo para las inversiones.

De acuerdo con datos proporcionados por la base de datos institucional de Pemex, a febrero de 2014, la cuenca de Burgos contaba con bajos costos de extracción con una infraestructura de explotación adecuada y con potencial para producir más de 1,600 MMpcd y 20,000 Bd de hidrocarburos líquidos, además de contar con experiencia de personal técnico operativo para el manejo de los campos de gas. Sumado a lo anterior, y su ubicación geográfica le ha permitido tener un manejo y distribución de 10,500 de barriles de aceite por día, 1,201 millones de pies cúbicos de gas, 8,511 barriles de condensado, 4 toneladas de azufre, 3 mil 258 barriles de gal LPG. y 1,120 barriles de Naftas Ligeras por día, lo que lo hace el tercer campo con mayor potencial para desarrollo energético en el mundo y uno de los pocos que garantiza la rentabilidad de las inversiones.

De igual manera datos proporcionados por la paraestatal, nos dicen que el Activo Cuenca de Burgos genera cerca de 22 mil empleos, subdivididos de la siguiente manera: 5 mil 6 empleos directos de Pemex, 14 mil 300 empleos Indirectos del activo burgos tradicional, y 2 mil 854 empleos indirectos de obra pública financiada, cabe hacer mención que del total de estos empleos generados solo el 5 por ciento son para extranjeros, lo anterior se traduce en beneficios sustanciales para el impulso de la economía de la región.

El Estado mexicano da cuenta de su compromiso por aprovechar sitios estratégicos como éste, en el caso concreto a través de acciones como el “Proyecto integral Burgos”, implementado por Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual, tiene como objetivo incrementar la producción nacional, mediante la explotación del gas no asociado presente en esta región.

Allende lo dicho, no debe dejarse pasar por alto la gran ventaja estratégica que ofrece la Cuenca de Burgos pues por su posición geográfica, cercana a Estados Unidos de América, se vislumbra como una inmejorable región para el intercambio comercial de productos energéticos entre ambos países.

Por otra parte, es de señalar que la reciente reforma energética de nuestro país ha establecido bases legales claras sobre las cuales debe aprovecharse, en beneficio de todas y todos los mexicanos, el gran potencial que áreas como la cuenca de Burgos ofrecen. Entre los beneficios de dicha reforma, puede notarse el relativo al establecimiento de alianzas comerciales entre el estado e inversionistas extranjeros. Así, la cuenca de Burgos, tanto por sus reservas como por su cercanía a Estados Unidos de América, nuevamente resulta beneficiada con estos factores.2

Como es sabido, durante las LX, LXI y LXII Legislaturas de la honorable Cámara de Diputados, fue establecida, con el carácter de especial, una comisión destinada al apoyo de la cuenca de Burgos. En consecuencia, para esta LXIII Legislatura resulta de primordial importancia dar continuidad a las labores de esta comisión, en especial, atento a la ya referida reforma energética de nuestro país, la cual, se encuentra en una fase temprana de aplicación y cuyos beneficios aún están por observarse.

Con el apoyo de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos se impulsará el efecto irradiador de la reforma energética en esta región de nuestro país, se implementarán acciones desde el ámbito de lo legislativo tendientes al mejoramiento de esta región y se impulsará bajo una política de colaboración recíproca, respetuosa de las competencias de cada quien, el trabajo que a cada dependencia corresponde. Todo ello, con el único objetivo del mejoramiento de nuestro país.

Tiempos complicados como los actuales en los que la economía mundial se encuentra en fase de recesión, obligan a países como México a explorar nuevas fuentes de ingresos y a optimizar aquellas en las que cada país ha resultado por factores naturales, o de otra índole, beneficiado, la cuenca de Burgos es una de ellas.

Los diputados integrantes del estado de Coahuila de Zaragoza estamos ciertos de que la reforma energética constituye una oportunidad sin precedentes para el mayor aprovechamiento energético de nuestra región, en lo particular, y del país, en lo general.

Coahuila desde siempre se ha caracterizado por la existencia de hombres y mujeres trabajadoras que, pese a las inclemencias del tiempo y del desierto, han sabido con gran atino aprovechar aquello de lo que la madre tierra nos ha provisto.

Ciertamente no disponemos de los ríos, lagos, bosques, selvas y playas con los que el sur de nuestro país se da a conocer a nivel mundial, más sí disponemos de recursos tan valiosos como aquellos, el gas y el carbón son ejemplo de ello. Consecuentemente, no tenemos ninguna duda de que la implementación de acciones destinadas al apoyo de la cuenca de Burgos redundarán en un mejor aprovechamiento y una mayor productividad de la misma. Coahuila se compromete firmemente a ello.

Por todo lo antes expuesto, los diputados del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

Segundo. El objetivo de la comisión creada por este decreto, es dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos, que desarrolla Petróleos Mexicanos, así como de la explotación de carbón mineral y del gas asociado al mismo. De igual modo, garantizar el marco normativo que permita nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos en beneficio del país, y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, acompañado de la aplicación de nuevas tecnologías de generación limpia de energía. Todo lo anterior, en el marco de la reciente reforma energética aprobada en nuestro país.

Tercero. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos funcionará en la totalidad del periodo de la LXIII Legislatura o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.

Notas

1 Homes, Stephen y Cass. R. Sunstein. El costo de los derechos, Por qué la libertad depende de los impuestos. Traductora Stella Mastrangelo. Siglo XXI editores. Buenos Aires, 2011.

2 Ibídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a aplicar conforme a la normativa los procedimientos con las asociaciones y sociedades deportivas, suscrita por los diputados Jaqueline Nava Mouett, Karla Karina Osuna Carranco y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jaqueline Nava Mouett, Karla Karina Osuna Carranco y Jorge Triana Tena, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Acorde con lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, “la actuación de la administración pública federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la administración pública federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal...”. Y es en este organismo público descentralizado que en efecto, corresponde la aplicación de la ley de referencia y reconocida en el artículo 4o. constitucional y su concurrencia entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal, las municipales, así como los sectores social y privado, para que, acorde a sus respectivas competencias, los mexicanos, de manera individual u organizada, ejerzamos plenamente el derecho inalienable a la cultura física y al deporte.

En congruencia a los compromisos internacionales signados y ratificados por México, respecto a lo establecido en el informe final de la V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte, celebrada en Berlín, Alemania, el 29 y el 30 de mayo de 2013, determina claramente en su numeral 1.20, que se hace un llamamiento a todas las partes para que “revisen la gobernanza del deporte de modo que abarque criterios de inclusión y asegure iguales oportunidades de participar en y por medio del deporte a todos los niveles...”; asimismo, en su numeral 2.37 señala un llamamiento más en el que se “incorporen en los planes nacionales de desarrollo del deporte la transparencia en la participación... de modo que se asegure que dichos acontecimientos fortalezcan los programas de educación física y deporte para todos y no signifiquen la reducción del gasto público en estos programas”.

En secuencia, el artículo 3o. de la Ley General en la materia, establece claramente como principio, que la cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; además en las fracciones IV, V, VI y VIII del mismo artículo, establecen:

“IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;

V . La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de todos;

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;...”

En el artículo 110 del mismo ordenamiento establece que corresponde a la Conade –conjuntamente con los organismos de los sectores públicos- otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte.

En recientes fechas, se han dado a conocer públicamente una serie de conflictos entre federaciones deportivas y atletas de diversas disciplinas, con la Conade, en los que se destaca, entre otros:

• El conocimiento en el dominio público de la inexperiencia y desconocimiento del titular de la comisión, que al frente del organismo, ha asumido un papel de contralor interno, y no como el responsable de la política nacional deportiva;

• El 9 de julio, el titular de la Conade informó la cancelación de los campamentos deportivos para los atletas de alto rendimiento, con el pretexto de reorientar ese recurso;

• El caso de 22 jóvenes que viajarían a Cali, Colombia, para representar a México en el Mundial Sub-18 de atletismo y que no recibieron algún tipo de apoyo, ni de la Conade, ni de la Federación de Atletismo;

• En el mes de agosto de éste año 2015, se llevó a cabo en Polonia la tercera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, y los mexicanos que asistieron tuvieron que costear sus propios gastos debido a conflictos entre la Federación de ese deporte y la Conade;

• El pasado 10 de agosto, el titular de la Conade informó del inicio de un procedimiento para revocar el registro de la Federación Mexicana de Boxeo, AC (Femexbox) por “irregularidades en su documentación”, sin dar a conocer a qué irregularidades se refería;

• Al siguiente día, el 11 de agosto, el mismo funcionario informó sobre el desconocimiento que se hacía de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas;

• Se dio también a conocer de manera pública, una ruptura entre la Conade y la Federación Mexicana de Boxeo Amateur, en la que varios mexicanos representarían a nuestro país en el mundial de la disciplina en la ciudad de Doha, Qatar; y debido a que la Conade retiró el apoyo a la Federación, el conflicto ha generado que los jóvenes salieran a la calle a pedir dinero, a “botear”, como comúnmente se le conoce, para obtener el apoyo económico que requieren.

• El pasado 14 de septiembre, el Titular de la Conade dio a conocer el desconocimiento a la Federación Mexicana de Frontón.

No está a discusión la atribución de la Conade para exigir a las federaciones deportivas la transparencia de sus gastos, aún más tratándose de recursos públicos; sin embargo, es claro que el dejar de otorgar apoyos no es la manera en como deba de resolverse la situación del deporte mexicano, pues por el contrario, además de agravarlo y complicarlo más, las consecuencias afecta directamente a los atletas.

No obstante a que la Conade desconozca Federaciones deportivas, si éstas son reconocidas por el Comité Olímpico Mexicano, y por la respectiva federación internacional, las federaciones deportivas continuarán con sus funciones y rigiendo los deportes que representan en el país, a pesar de la falta de los apoyos gubernamentales; ésta situación podría tomar otras dimensiones, pues, el Comité Olímpico Internacional ordena que las federaciones nacionales sean independientes, y si los gobiernos de los países interfieren, ese país sería expulsado de las competencias internacionales correspondientes.

Actualmente, ya diversas federaciones no están recibiendo aportaciones de la Conade, y en ello implica consecuencias que acentúan la complicada situación para muchos atletas bajo esquemas de desigualdad; en suma, bajo éstas situaciones y conflictos, el deporte mexicano está entrando en un círculo vicioso que puede tener repercusiones en el corto plazo en la preparación de atletas que participarán en las competencias olímpicas de Rio de Janeiro 2016, por lo que resulta apremiante tomar decisiones inmediatas para mitigar y resolver las diversas problemáticas y conflictos que como objetivo debiera de ser: Incrementar el número de atletas que representen a nuestro país en competencias internacionales, y de alto rendimiento.

Es entonces en consecuencia, que se hace necesario e imperante que la Conade solucione a la mayor brevedad posible la serie de irregularidades y conflictos que se han suscitado con Federaciones y atletas en nuestro país, debido a que éstas complicaciones, que en suma son burocráticas o de trámites oficiales entre autoridades, sectores social, privado y atletas, están representando conflictos que obstaculizan sensiblemente la representación de nuestro país en competencias internacionales, aunado a las afectaciones en la preparación de los atletas para sus participaciones.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que en ejercicio de sus funciones, aplique estrictamente conforme a la normatividad, profesionalismo, legalidad e imparcialidad los procedimientos con las asociaciones y sociedades deportivas para regularizar las diversas situaciones de organización correspondientes, a efecto de restaurar y reforzar los apoyos para los atletas que representan a nuestro país en competencias internacionales.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que suscriba los acuerdos necesarios y reforzar los procesos de coordinación con las dependencias de gobierno así como con los sectores social y privado para reestablecer de manera urgente las subvenciones y demás apoyos a los que los atletas tengan derecho al ser la instancia garante del deporte mexicano.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a que, en tanto se regularicen y se solucionen los conflictos con las federaciones, diseñe e implemente soluciones alternas efectivas para la asignación oportuna de los apoyos necesarios para los atletas, sus entrenadores y equipos de trabajo que se encuentran actualmente en competencias nacionales e internacionales, así como a quienes se encuentran en preparación para participar en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, Brasil 2016, y la representación mexicana no sea afectada por conflictos burocráticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputados: Jaqueline Nava Mouett (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, Jorge Triana Tena.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a las características e impacto ambiental, social y financiero que tendrá en el país el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, a cargo del diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Leonardo Amador Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la regulación legal de las energías renovables o nuevas tecnologías, así como la fracturación hidráulica para la extracción de gas shale, y sus efectos al medio ambiente, bajo las siguientes

Consideraciones

La reforma energética presentada por el Ejecutivo federal y aprobada por la Legislatura LXII del Congreso de la Unión, facilita los permisos de investigación de gas no convencional con fractura hidráulica, técnica conocida en todo el mundo como fracking.

Los hidrocarburos no convencionales han despertado un notable interés en el sector privado pues, argumentan, contribuye al autoabastecimiento energético de los países que los explotan y, con ello, el desarrollo económico que implica.

La fractura hidráulica consiste en la generación de fisuras múltiples en la roca mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos a grandes presiones para facilitar el paso del gas y su extracción.

Quiero llamar su atención, porque esta técnica ha demostrado en varios países que la han implementado, un grave efecto ambiental, contaminación de acuíferos por el uso de aditivos químicos y se han reducido grandes volúmenes de agua e incluso, producen movimientos sísmicos.

Esta técnica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo. Si tomamos en cuenta que se tiene una pretensión de explotar 20 mil pozos anuales, significaría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, y ello supondría una grave disminución de agua disponible para uso de la población.

Debemos de considerar que en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Irlanda el Norte, Bulgaria, Alemania, Rumanía, España, Australia, Austria, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, Italia, Suiza y Países Bajos, dicha técnica se encuentra con diferentes restricciones e incluso prohibida en su totalidad.

La reforma energética en materia constitucional y sus leyes reglamentarias, abren la posibilidad jurídica para explotar esta fuente de energía de forma poco controlada, sin considerar consecuencias e impactos ecológicos, anteponiendo utilidades económicas, sin beneficios colectivos.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala claramente que “el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado”.

El artículo 41 del mismo ordenamiento señala que “las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional” el cual faculta a estas comisiones a “investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala claramente que “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.”

De conformidad con estas facultades señaladas, y con motivo de la reforma en materia energética, se generó un interés entre inversionistas extranjeros, que han iniciado consultas, para determinar quirúrgicamente las zonas de inversión y operación para su pronta realización.

Nos parece por ello fundamental que el Congreso acompañe todo lo relacionado a esta tecnología en el territorio nacional, conociendo los contratos que se otorguen, y el impacto que generará la extracción de las reservas de gas lutita que ascienden a 545 billones de pies cúbicos.

Por tal motivo proponemos crear una Comisión Especial que a priori, diseñe una ruta sobre las características e impacto que tendrá el uso de esta tecnología.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a la utilización de la “fracturación hidráulica” o fracking, así como de las características e impacto en materia ambiental, social y financiera que tendrá el uso de la tecnología.

Segundo. Los resultados que obtenga la comisión determinarán el grado de permisibilidad de esta técnica, su prohibición a través de una propuesta de modificación legal.

Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el final de la presente legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix-Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sara Paola Galico Félix-Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El seis de diciembre de 1810 fue abolida la esclavitud en México y las Américas por don Miguel Hidalgo y Costilla, mediante el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado. Adicionalmente, el 14 de septiembre de 1813, en los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón, ratifica el fin de este fenómeno mediante el punto quince, en el que proscribe la esclavitud y elimina las distinciones de clases y castas.

A pesar de esto, la esclavitud permanece arraigada en forma de trata de personas. Si bien cualquiera puede sufrirla, los grupos más vulnerables son los niños, niñas, adolescentes, principalmente las y los no acompañados, pero también las mujeres mayores. Es necesario mantener por parte del Estado, sistemas de vigilancia y prevención de este grave ilícito.

El delito de trata condena a la víctima al hacerle perder su libertad, dignidad y la capacidad de autodeterminación. Sin embargo, a diferencia de la esclavitud en los siglos anteriores, esta no tiene solo un agresor, sino una serie de involucrados corresponsables.

Actualmente, la trata de personas es el segundo delito más lucrativo del mundo , tan sólo después del narcotráfico. El delito genera, alrededor del mundo, cerca de 32 mil millones de dólares.1 En México, está catalogada esta violación a la Ley, de la misma manera.

De acuerdo al mecanismo para la valoración del tráfico humano para México, de la asociación o barra de abogados de Estados Unidos, ABA por sus siglas en inglés (American Bar Association) hay cerca de 47 bandas dedicadas a la trata de personas en México.2

Hay una serie de condiciones particulares que facilitan o generan un ambiente propicio para la trata:

a. En muchas sociedades, en las que la misoginia está fuertemente arraigada como característica cultural, la trata y el uso de las personas están socialmente permitidos, tolerados e incluso son incitados.

b. La trata tiene comúnmente como víctimas a personas con situaciones migratorias irregulares. La amenaza respecto a la denuncia por esta condición que es un recurso que permite al delincuente mantener la condición de trata.

c. El fenómeno hace uso de la amenaza que incluye dañar a la familia, a los cercanos o a la propia víctima.

d. Uno de los factores que favorecen la trata de personas, son la pobreza y falta de oportunidades. Considerando que, según diversas estimaciones institucionales en México al 2014 cerca de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza (Coneval 2014).3

La condición profundamente heterogénea del país respecto a la situación social, ha hecho que México sea lugar de origen de víctimas de trata (principalmente zonas rurales con altos niveles de pobreza y marginación), tráfico y destino de víctimas (tanto zonas urbanas como rurales).

Dadas estas condiciones, la lucha contra este fenómeno debe ser responsabilidad de todos los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, la Trata de personas es: la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Jurídicamente, el delito de trata de personas está ya penalizado, además de que sus víctimas son objeto de protección por parte del Estado. Las obligaciones del Estado parten desde convenios y tratados internacionales vinculantes, como el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento ratificado el 4 de marzo de 2003 por el Senado mexicano y que entró en vigor a partir del 25 de diciembre de ese mismo año.4

El precepto jurídico vigente en México relativo a la trata de personas es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, y cuya última reforma fue el 19 de marzo de 2014. Actualmente, hay iniciativas de reforma en comisiones, que requieren un estudio y consenso amplio.5

Los objetivos de la ley y de los tratados internacionales, no son sólo la penalización de este delito, sino también la protección de víctimas y la cooperación internacional para detener este delito, evitar la revictimización, mantener en pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de las víctimas, proteger su identidad, salud e integridad física.6

La complejidad del fenómeno delictivo de trata de personas por sus implicaciones territoriales y jurídicas, requiere la participación y coordinación constante de los tres Poderes de la Unión; de los tres órdenes de gobierno, así como del estudio constante de la evolución del delito de trata, sus implicaciones en la sociedad y en la dignidad de la persona.

Además, debemos tener presente que la evolución constante y la complejidad en la comisión de este delito, requiere un trabajo de revisión puntual y actualización del marco normativo, y de la actuación de todas las partes involucradas en el combate de la trata, para lo cual es necesaria la coordinación de diversos grupos de la sociedad civil, de la academia, de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y esta vigilancia y actualización legislativa encuentra en este recinto, tanto por su importancia política como por ser la representación popular de la República Mexicana, en la honorable Cámara de Diputados, el espacio para este ejercicio.

Asimismo, por su importancia y complejidad, las legislaturas LXI y LXII por conducto de la Junta de Coordinación Política, así como sus respectivos plenos en la Cámara de Diputados, crearon mediante acuerdos la Comisión Especial para la lucha contra la trata personas, y se turnaron pertinentemente diversos asuntos relativos a la ley y puntos de acuerdo, con la finalidad de integrar opiniones en dictámenes diversos, entregando diez y ocho opiniones, así como una iniciativa y tres puntos de acuerdo turnados durante la LXII legislatura, y una iniciativa que fue aprobada en el pleno de esta Cámara y se encuentra actualmente en comisiones en el Senado de la República.

En este orden de ideas, es importante destacar la imperiosa necesidad de llevar a cabo una vinculación internacional y nacional, por la propia naturaleza migratoria y extensión del delito de trata tanto en su origen, tráfico y destino, ya sea doméstico como extranjero. Por ello, se requiere la coordinación de las entidades federativas, tanto para el estudio como para la estandarización u homologación de los ordenamientos jurídicos estatales que inciden en el fenómeno y la lucha contra el mismo en el plano nacional y mundial.

Si bien se ha avanzado respecto a la prevención, combate y sanción de la trata de personas, al grado de existir entes creados exprofeso como fiscalías especializadas a nivel federal y en algunas entidades federativas y el Distrito Federal, lo cierto es que este fenómeno delictivo se mantiene e incrementa, razón por la cual es necesaria la creación de un espacio de estudio e impulso legislativo desde la Cámara de Diputados, así como atención constante del actuar de los Poderes de la Unión, a fin de mantener modernizado el marco normativo.

Debemos enfrentar decididamente este delito que lastima a todo tipo de población, a la libertad y lacera la dignidad humana, es por ello que proponemos la creación de una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, para que con las facultades de este Poder Legislativo, asista a las comisiones ordinarias respecto al tema de trata de personas, mediante el estudio de los documentos que le fueren turnados, generando así opiniones, que integren la perspectiva de las personas y de los grupos de la sociedad civil y académicos y grupos especializados; además, de brindar puntual seguimiento a la aplicación efectiva de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como a la actuación de los diferentes órdenes de gobierno, en sus respectivas facultades conforme a dicha ley.

Dicho lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a discutir y, en su caso, aprobar y emitir el acuerdo que crea la Comisión Especial para la lucha contra la Trata de Personas para la LXIII Legislatura.

Notas

1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/C om_2015_215.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/31/eu-exhibe-mexico-trata-p ersonas

3 http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx consultado el 19 de septiembre de 2015

4 http://sre.gob.mx/tratados

5 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/11-Noviembre/27/
9188-Comisiones-Unidas-aprueban-con-cambios-minuta-del-Senado-sobre-ley-de-trata-de-personas-y-victimas-de-estos-delitos-con-penas-de-hasta-30-anos-de-carcel

6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf Artículo 2º-

Palacio del Poder Legislativo, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Sara Paola Galico Félix-Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del gobierno, y a los titulares de la Seduvi y el Invi del DF a atender a los damnificados del sismo de 1985 que habitan el predio de Colector 13, en Gustavo A. Madero, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, para atender a damnificados del sismo de 1985, que habitan el predio de Colector 13 en la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 19 de septiembre, la mañana en que un terremoto sacudió la ciudad de México. Muchos escombros se convirtieron en material para construir casas en la zona conurbada de la ciudad de México, como se hizo en Ciudad Lago. De la gran tragedia y trauma urbano, nació una cultura sísmica. Pero lo dramático persiste porque no sólo aún quedan edificios en ruina, todavía hay damnificados.

2. El terremoto de 1985 dañó la vecindad en Donizetti 272 en Vallejo, ubicada en una construcción vieja, que anteriormente había sido un convento, edificio quedó inhabitable por los temblores de ese año. Las 70 familias que habitaron dicha vecindad empezaron como damnificados en los albergues y campamentos al aire libre. Las autoridades los ubicaron en varios campamentos, hasta que finalmente fueron trasladados al predio ubicado en la avenida Instituto Politécnico Nacional y la calle Colector 13, colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero. Predio al cual el gobierno del Distrito Federal envió a más damnificados procedentes de Tepito, y de las colonias Morelos y Martín Carrera.

3. Los archivos del Registro Público de la Propiedad indican que el predio en el que viven pertenece al ejido de Magdalena de Las Salinas. El cual, desde 1955, ha pertenecido al Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. El campamento que se construyó de manera provisional para damnificados del siniestro de 1985, ahora es habitado por sus familiares. Las familias crecieron y comparten espacio con sus nietos y bisnietos en módulos de lámina y madera que se convierten en hornos durante los días calurosos y en neveras en los días de frío y lluvia. Actualmente viven ahí más de 150 familias. Los niños que llegaron al campamento ahora son padres y los padres ahora son abuelos.

“Aquí seguimos, vivimos los nueve hermanos que llegamos hace veinte años. Aquí crecimos y parece que nuestros hijos también van a seguir en este predio”, dice Francisco Ramírez. Los sobrevivientes del terremoto llegaron al predio con la promesa de que su estancia sería temporal, las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal, decidieron su reubicación “en tanto se resuelve la posesión de su vivienda definitiva”. Así lo dice el oficio donde les dan posesión en el denominado módulo 5, como lo asegura el señor Ramírez.

Varias de las familias que ocupan este predio, en un esfuerzo por cambiar su difícil situación, han iniciado trámites y hasta han realizado pagos a este Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, y pese a contar con los comprobantes correspondientes no se les ha dado una solución.

5. El campamento ha tenido varios dirigentes. Imelda Socorro Maruri López fue una dirigente gestiono la entrega de departamentos para la reubicación de los damnificados. El 15 de septiembre de 2002, se suscribió Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la delegación de Gobierno del Distrito Federal en Gustavo A. Madero y la ciudadana Imelda Socorro Maruri López y Mónica Imelda Odell Maruri, en su carácter de mandatarías de las 258 familias que habitan el campamento ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional y calle Colector 13.

En oficio DEPFPV/DISDV/002501/2012, de fecha 5 de julio de 2012, suscrito por el Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto de Vivienda del Distrito Federal y el similar de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de la Vivienda Fomento de la Vivienda y el similar número DEAJI/039416/2012 de fecha 14 de agosto del mismo año, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del mismo Instituto de la Vivienda, se informa a la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se informa que 234 familias beneficiadas fueron canalizadas al proyecto de Avenida Insurgentes Norte número 1|190, colonia Calputitlán, delegación Gustavo A. Madero y 6 familias canalizadas al proyecto Eduardo Molina número 1720, colonia Vasco de Quiroga en la misma delegación.

A través de actos irregulares en la administración de la gestión de vivienda, denuncian habitantes de Colector 13, que se otorgaron departamentos a personas no damnificadas, excluyendo a diversas familias que tenían derecho a ello. Actos de corrupción que en el proceso de atención a damnificados excluyeron a legítimo beneficiarios.

6. Durante la administración del gobierno de Marcelo Ebrard Causabon, la demanda de vivienda de los habitantes del Campamento Número 3 fue canalizada al Instituto de Vivienda (INVI) del Distrito Federal. En esa ocasión, las familias tuvieron un poco de esperanza para ser reubicados. Un funcionario del INVI los visitó, les prometió que realizarían un censo para organizar una definitiva reubicación. Propuesta que quedó como una de las tantas promesas incumplidas que los funcionarios han incumplido, puesto que pasaron los meses y jamás regresó.

7. En agosto de 2014, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) del gobierno del Distrito Federal consideró factible incorporar al patrimonio de la ciudad el predio ubicado en la calle Colector 13 y avenida Instituto Politécnico Nacional, ocupado por más de 250 familias que esperan su ingreso a un programa de vivienda, y que mediante un exhorto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió enajenarlo a favor de la delegación Gustavo A. Madero para la construcción de obras en beneficio de la comunidad.

8. A pesar de haber realizado diversas gestiones ante el gobierno del Distrito Federal y el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, los damnificados no atendidos y excluidos de los proyectos de vivienda que se han gestionado a través de treinta años, no han tenido respuesta y un trato digno para garantizar su derecho a la vivienda.

Considerando

I. Considerando que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Derecho humano fundamental que debe garantizarse en los términos del artículo 1o. del mismo ordenamiento constitucional; que el artículo el artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dice que “en el Distrito Federal todas las personas gozan de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además tendrán los derechos y obligaciones que establecen este Estatuto y las leyes correspondientes.”

II. Que la Ley de Vivienda del Distrito Federal en su artículo primero, señala que su objeto es entre otras cosas “Orientar la política de vivienda y las acciones habitacionales del gobierno del Distrito Federal en concurrencia con las diversas disposiciones económicas, sociales, urbanas y poblacionales, establecidas para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”; que en el artículo tercero de la misma ley dispone que “todos los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a una vivienda digna y decorosa , entendida como lugar seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad, la integración y desarrollo personal, familiar y comunitario, así como la inclusión a la dinámica social y urbana con base en el respeto a la diversidad cultural, sin discriminación para acceder a ella sea por su condición económica, social, origen étnico o nacional, lengua, dialecto, edad, género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas.”

III. Que la misma Ley de Vivienda del Distrito Federal, señala al Jefe de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto de Vivienda, todos del Distrito Federal, como autoridades competentes en la aplicación de las disposiciones legales de vivienda.

IV. Que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, cuya finalidad es atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable; y a su vez contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda.

V. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, es atribución entre otras, de los jefes Delegacionales Participar con la Secretaría de Desarrollo Urbano en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le corresponda.

Que a casi treinta años, los afectados del sismo de 1985 y que actualmente habitan el predio conocido como Colector 13, a través de sus representantes buscan interlocución con el gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal sin obtener respuesta, y que constantemente existen amenazas de desalojo por parte del Gobierno de la delegación Gustavo A. Madero, es necesario y urgente establecer una mesa de trabajo con las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal para atender y garantizar el derecho de los damnificados que aún no han accedido a una vivienda digna.

Para efecto de garantizar los derechos fundamentales y garantías contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de derecho a una vivienda digna, someto a la consideración de ésta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Respetando su autonomía y el ámbito de su competencia constitucional se hace un atento exhorto al jefe de gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y al titular de la jefatura de gobierno en la delegación Gustavo A. Madero, para que establezcan un mesa de trabajo con la asociación “Derechos de Colector 13” representante de los damnificados del sismo de 1985, que aún no han sido atendidos para garantizar su derecho a una vivienda digna.

Segundo. Respetando su autonomía y el ámbito de su competencia constitucional se hace un atento exhorto al jefe de gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y al titular de la jefatura de gobierno en la delegación Gustavo A. Madero, para que suspendan cualquier amenaza o intento de desalojo, y garanticen la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que habitan el campamento de damnificados del sismo de 1985, ubicado en Colector 13 y avenida Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sedena que realice una campaña de regularización y ordenamiento de la posesión de armas de fuego, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional a que en atención a sus facultades realice en todo el territorio nacional una campaña de regularización y ordenamiento en la posesión de armas de fuego, así como también de concientización sobre el uso de las mismas tanto en la vía pública como dentro de un domicilio particular en condiciones de seguridad y protección de la integridad física y de la vida de todos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, de manera desafortunada nuestra sociedad está padeciendo las consecuencias de un factor heredado que se desarrolló particularmente en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012, en otras palabras un proceso excedido y fuera de control de pistolizaciòn de la sociedad que no distinguió condición social, ni sexo, ni muchos menos -temiblemente- edad.

Escenario que hoy en día nos ha derivado en diversas situaciones de peligro que comprometen no solo la seguridad pública de la población en su conjunto, sino también de igual manera sin distinción alguna; la integridad física y la vida de quienes la conformamos.

Esta situación fue resultado -entre algunas cosas más- de políticas equivocadas, o en el mejor de los casos deficientes e insuficientes en materia de combate al crimen organizado y de tráfico de armas, que incrementaron al extremo la inseguridad pública.

Así como a la par, la percepción en la gente de la necesidad de contar con un medio directo para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos, al igual que a sus pertenencias; como respuesta a la incapacidad de las autoridades correspondientes durante ese lapso de tiempo, de proveer y mantener un entorno tranquilo y seguro para todos.

Sumado a lo anterior, tenemos también la añeja costumbre en algunos hogares de tener armas de fuego; que se da, de manera irresponsable y en la mayoría de los casos sin atender las disposiciones oficiales y legales que al efecto existen y que están para garantizar el adecuado uso de éstas.

La posesión de armas en la población mexicana, ya sea para propósitos de defensa y seguridad o bien –presumiblemente en la mayoría de los casos- para cometer delitos; es alarmante.

El problema no es asunto menor, según fuentes internacionales expertas en la materia; indican que en nuestro país, al menos el 85% de las armas no cuentan con el registro correspondiente, en otras palabras alrededor de 12 millones de armas de fuego en el país están de manera ilegal;1 y peor aún, circulando entre la población en manos de desconocidos y con propósitos inciertos.

Lo anterior ha derivado en una serie de peligros no solo para quienes con o sin tener el permiso o licencia correspondiente y sobre todo el conocimiento y entrenamiento adecuado en el uso de las armas de fuego, las poseen; sino en la misma medida o en mayor grado para la sociedad en general.

Una muestra de ello, son los elevados números de delitos que se cometen repetidamente y sin control en contra de la población o bien las situaciones lamentables y desafortunadas en donde se han registrado además de lesiones menores, heridas graves que comprometen la integridad física e incluso pérdidas de vidas inocentes, derivadas de quienes de manera irresponsable realizan por ejemplo disparos al aire.

Esta práctica, anteriormente ligada a celebraciones en el medio rural; se ha extendido de manera peligrosa a las grandes ciudades y sus zonas metropolitanas; sin atender o tomar conciencia que, el riesgo que esta práctica representa, se incrementa notablemente por la cada vez mayor densidad poblacional de éstas zonas.

Omitiendo además deliberadamente, un principio fundamental que todo aquel que maneje un arma de fuego debe de atender ineludiblemente y sin excepción alguna: al hacer uso de un arma de fuego en primer lugar se debe de estar indiscutiblemente inequívoco del blanco-objetivo así como también de las óptimas condiciones en materia de protección y seguridad del entorno para realizarlo.

Sin duda alguna lo anterior, es consecuencia lógica de la facilidad de adquirir un arma de fuego en la ilegalidad –es decir en el mercado negro- sin que existan los mecanismos adecuados para obligar a las personas a atender las disposiciones oficiales para regularizarlas.

Es por esto que; de la mano de los niveles de delincuencia, por ejemplo los disparos al aire, en cualquier zona o lugar en donde se realicen –incluso en los espacios adecuados para llevar a cabo prácticas de tiro- o bien las balas perdidas de las innumerables armas que circulan en el país; no solo son una posible amenaza, sino una verdadera situación de riesgo y un peligro concreto para todos.

Un peligro que además no es individual –es decir que incide únicamente en el sujeto que realiza por ejemplo el disparo al aire- sino dadas las incontables posibles trayectorias y la velocidad que toma el proyectil al descender, es generalizado; sin importar que el disparo no haya sido apuntado de manera directa hacia una persona.

Sin embargo y alarmantemente, no obstante lo anterior en la actualidad la situación es peor de lo que podemos sospechar.

Basta mencionar que al menos en la Ciudad de México y su zona metropolitana de acuerdo a fuentes oficiales, se registraron 139 casos de víctimas directas de balas perdidas entre el año 2006 y principios del 2015.2

Destacándose que para el año 2014, la estadística de personas víctimas de una bala perdida paso de alrededor de 15 personas anualmente a 25 personas en promedio, tan solo en un año 2014.3

Sin contar con las más de 13 mil muertes registradas tan solo para el año 2013, cometidas directamente con un arma de fuego, a lo largo de todo el territorio nacional.4

Cabe señalar que estas cifras, serian todavía más alarmantes si se incluyeran los casos que se presentan y que no se registran permaneciendo en el anonimato y la clandestinidad; y por lo tanto no se les da el seguimiento correspondiente por parte de la autoridad competente en cualquiera de los estados de la república.

Esto debido a que actualmente nuestras leyes son muy dúctiles y sobre todo poco severas en el tema de un ordenamiento en la posesión de armas de fuego en el país.

Esta laguna legal, permite que en muchos de los casos la posesión ilegal de armas de fuego sea únicamente visible una vez consumado un delito “mayor” como puede ser la lesión a un tercero o bien el homicidio de éste por el impacto del proyectil.

Es decir, únicamente en el desafortunado caso de que se haya presentado un daño producido a un tercero.

Dejando con lo anterior, en indefensión absoluta a las personas que son testigos y también víctimas potenciales de alguien que tiene o bien acciona un arma, aun dentro de un domicilio particular.

Hoy con preocupación vemos que no podemos quedarnos en la cómoda posición que da la inacción, y que debemos de actuar para que el adquirir y poseer un arma de fuego en la ilegalidad, sea una práctica que se erradique no solo a través de las leyes sino también como parte integral de una cultura de responsabilidad en la posesión de éstas.

Hemos visto a lo largo de la presente década, que el no haber realizado lo conducente para atender este problema, nos ha derivado en miles de muertes directas, en miles de delitos que día a día se comenten e incluso en casos en donde menores de edad en lugares y actividades completamente ajenas a escenarios o situaciones ligadas a armas de fuego, han perdido la vida al caerles balas que fueron disparadas a una distancia considerable; tan amplia para que incluso el sonido del disparo no se haya percibido.

Debemos tener la capacidad de comprender corresponsablemente no solo como autoridad sino como sociedad e individuos que, poseer un arma de fuego de manera ilegal crea una situación de peligro para otra persona, tanto en su vida como en su integridad corporal.

Finalmente esta soberanía debe de asumir la responsabilidad de proteger a la sociedad que representa y exigir que en nuestro país no haya ni una arma más vendiéndose de manera ilegal ni mucho menos circulando en la población o bien, dentro de nuestros hogares.

Ni un arma más en estas condiciones, representa no tener muchas vidas menos entre nuestra población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Articulo único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Defensa Nacional a que en atención a sus facultades realice en todo el territorio nacional una campaña de regularización y ordenamiento en la posesión de armas de fuego, así como también de concientización sobre el uso de las mismas tanto en la vía pública como dentro de un domicilio particular en condiciones de seguridad y protección de la integridad física y de la vida; para todos.

Notas

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. 2015.

2 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 2015.

3 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 2015.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. 2013.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre del 2015.

Diputado: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones en beneficio de la cafeticultura, suscrita por los diputados Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Sedas Castro y Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, diputados federales Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Sedas Castro, del estado de Veracruz, y Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del estado de Chiapas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con información de la Organización Mundial del Café, en el mundo se consumen alrededor de 400 mil millones de tasas de café anualmente.

Después del petróleo, el café representa el segundo producto de mayor comercialización en el mundo y se estima que más de 125 millones de personas viven de su cultivo, de los cuales 25 millones son considerados pequeños productores.

Las regiones de mayor producción cafetalera se ubican en países tropicales y subtropicales de América Latina, Asia y África, siendo los dos principales tipos producidos la arábica y robusta.

A diferencia de las dos décadas anteriores, en la última se observaron tasas de crecimiento moderadas en la producción mundial de café, siendo Vietnam y Malasia, en Asia; y Colombia, Honduras y Perú, en América Latina, las naciones con mayores tasas de crecimiento en los últimos cinco ciclos de producción.

A nivel mundial, la producción de café ha crecido un 73 por ciento en el periodo de 1980 a 2014, y por las características específicas en su forma de cultivarse, alrededor del 70 por ciento de la producción mundial proviene de pequeñas explotaciones familiares con superficies menores a 10 hectáreas, e incluso menor de 5 hectáreas.

Por lo que hace a México, éste ocupa el undécimo lugar de los países productores de café en el mundo, por debajo de Brasil, Colombia, Camerún, Indonesia, Kenia y Vietnam, así como el primer lugar mundial en lo que respecta a la producción de café orgánico, con una superficie de casi 700 mil hectáreas, con 52 micro regiones laborando en ellas, generando con ello beneficios para más de 511 mil familias que dependen de esta actividad, principalmente en los Estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Nayarit, Colima, Jalisco, Tabasco, Querétaro y Estado de México.

En este contexto, Veracruz ocupa el segundo lugar en la producción, con un 18 por ciento en la participación nacional, y junto con Chiapas, producen el 68 por ciento, de 1 millón 287 mil toneladas de café en todo el país.

De acuerdo a cifras del portal electrónico “Sistema Producto: Café”, el 62 por ciento de los cafeticultores mexicanos cuentan con menos de una hectárea de producción, provocando en la mayoría de éstos una baja productividad.

Pese a ello, en los últimos 17 años, México alcanzó una producción de 4.7 millones de sacos de 60 kilogramos, destacando que el 80 por ciento, es decir, 3.8 millones, se destinaron al mercado de exportación, con un valor promedio de 480 millones de dólares.

Sin embargo, durante los últimos ciclos de cultivo se ha observado que la cafeticultura se ha desenvuelto bajo condiciones desfavorables, agravando la de por sí crítica situación en la que viven hoy en día nuestros productores de café, ello atendiendo a tres principales causas: las enfermedades en los cafetales como la roya y la broca; la baja producción en los plantíos, y la disminución de los precios del producto.

Al respecto, como resultado de los efectos negativos provocados por la roya del café, en el ciclo 2014-2015, se evidenció una sustancial y preocupante caída de la producción, desplomándose en más del 58 por ciento y con un promedio de 2.5 millones de sacos; con una incidencia del 53 por ciento de afectación a los países de la región, situación más grave que se ha registrado desde su aparición en Centroamérica en 1976.

Dadas las tendencias actuales de los precios, disminuye el incentivo para los agricultores de invertir en sus cultivos, sumado a la probabilidad que se reduzca el uso de insumos, tales como fertilizantes y mano de obra, lo que podría tener un impacto negativo adicional a los mencionados en cuanto al volumen de producción y la calidad en los próximos años, pudiendo resultar en una mayor volatilidad de los precios y en una cadena de valor agrícola menos sostenible.

Cabe señalar que la roya del café, es una plaga ocasionada por el hongo Hemlleia vastatrix, una de las peores enfermedades que daña a la producción del café a nivel mundial, la cual incide directamente en la producción de las cosechas posteriores y no sólo en la que es detectada por primera vez, de ahí la importancia de erradicarla de forma intensiva y permanente.

Las condiciones que favorecen su desarrollo son la humedad, que completa el ciclo de vida del hongo; la alta temperatura, óptima para la germinación y la infección en general y la carga fructífera de los cafetos, pues a mayor producción en el cafeto, mayor infección se produce. No obstante, recientemente se han identificado brotes de roya, al parecer con comportamiento atípico, lo que obliga a los productores a estar pendientes de su desarrollo.

Respecto a la propagación del hongo, intervienen una serie de factores como el viento, la lluvia, los insectos, y la intervención del hombre al momento de la cosecha.

Ejemplo de las graves consecuencias de la roya, es la situación que afronta El Salvador, país productor de café, que debido a esta enfermedad tuvo una caída considerable en los últimos tres ciclos de su producción, la más baja en 80 años; afectación que sin duda podría impactar gravemente a nuestro país, de no atender adecuadamente la situación.

Como se ha manifestado, la situación de la roya de café es alarmante, en ese sentido, el Ejecutivo federal implementó un programa emergente para atender la problemática; asimismo, a principio del año 2013 se implementó un programa adicional para el manejo de la roya, en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla, promoviendo acciones de divulgación, muestreo, control químico y capacitación a técnicos y productores.

No obstante ello, durante el ciclo 2012-2013, surgió un brote epidemiológico particular, conocido como roya anaranjada, que tuvo origen en los estados de Veracruz, Chiapas y Puebla, y el cual ha causado severos daños, que sumados a la crisis económica en la cadena agroindustrial del café de más de tres años, hace necesario conjuntar esfuerzos científicos y tecnológicos, así como económicos y gubernamentales, para hacer frente a este grave problema.

A pesar de esta marcada crisis derivada del crecimiento de la mancha urbana, el cambio de cultivos, el incremento en costos de producción, el abandono y envejecimiento de cafetales e infraestructura abandonada; el estado de Veracruz como uno de los principales productores de café en nuestro país, es el único Estado que ha mantenido una tendencia de producción a la alza de acuerdo con cifras de Infocafe.

Esto es así, ya que ciertas regiones de Veracruz han sido beneficiarias de los programas de renovación de arbustos, otorgando una perspectiva positiva con tasas de crecimiento positivas para los próximos 3 años.

De no concentrar esfuerzos, la roya se convertirá en una seria amenaza que puede cambiar el rumbo y las perspectivas de la producción del café en México, toda vez que el panorama actual, ante los retos del cambio y el casi nulo manejo de la sanidad y nutrición del cultivo, propician las condiciones idóneas para un nuevo brote de la enfermedad con mucho mayor severidad que en el acontecido en el año de 1981, cuando apareció por primera vez en México.

Es de considerarse las acciones impulsadas por el Gobierno Federal, muestra de ello es la primera reunión de coordinación para la definición de estrategias para la atención de productores afectados, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, el pasado abril, cuya finalidad fue impulsar el acuerdo de los Estados afectados por la plaga, como son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, para solicitar la emisión de la declaratoria de emergencia, acompañada de la solicitud de un Programa Integral de Atención a los Productores Cafetaleros, que dé respuesta a las peticiones de apoyo e impulse la mayor coordinación entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, atendiendo a la premisa básica de que es por medio de dicha declaratoria de emergencia que se posibilitan diversos apoyos de organismos y dependencias internacionales, como el BID, la Unión Europea, el FOMÏN, el Banco Mundial, instituciones de ayuda como USAID y otros organismos que prestan ayuda integral a los afectados en Centroamérica desde hace 3 años; representando resultados favorables para la producción del café, a través de la reactivación de la cafeticultura de forma rentable y sostenible en otros Estados productores, y consecuentemente, evitar las migraciones de trabajadores y productores agrícolas, a la zona norte de México, Estados Unidos y Canadá.

Las razones expuestas, dan muestra clara de la dimensión de la problemática en materia de producción de café, por ello es necesario dar atención prioritaria, pues de no hacerlo, esto representará sin duda un alto costo tanto económico como social en perjuicio de las miles de familias que dependen de dicha actividad.

Para ello, es necesario elevar la productividad y competitividad del sector cafetalero, a través de la reorientación de programas y recursos a fin de impulsar la renovación de plantaciones, mejorar las prácticas agrícolas, la inversión en equipamiento e infraestructura de los cafetales, así como la investigación para erradicar cualquier tipo de enfermedad o epidemia que ponga en peligro la producción cafetalera en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es, la caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución del presupuesto; exhorta respetuosamente a todos los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a solidarizarse a efecto de que se diseñen e implementen las acciones y políticas necesarias para impulsar los trabajos legislativos encaminados a la búsqueda de mejores condiciones ya sean técnicas y/o presupuestales, garantizando el respaldo a la cafeticultura como una de las actividades productivas preponderantes en nuestros sector económico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputados: Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), Miguel Ángel Cedas Castro, Leonardo Rafael Guirao Aguilar.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del DF a brindar condiciones de seguridad para resguardar la integridad física de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, tras los sucesos del 26 de septiembre de 2014, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que este 24 de septiembre de 2015 se reunirá el presidente de la República con los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos tras los ataques del 26 de septiembre de 2015 en Iguala, Guerrero, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de la República para dar respuesta al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Segunda. De esta reunión las expectativas son altas. La sociedad entera espera que se anuncien acciones efectivas por parte de las autoridades federales para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, para que de Lina vez por todas se conozca la verdad, sin adjetivos, y se haga justicia, sin encubrir a nadie, sin importar su rango, la corporación a la que pertenezca, el nivel de influencia que tenga o su pertenencia partidista. Estos hechos trascienden las fronteras del gobierno de la República, convirtiéndose en una razón de Estado, ante el clamor popular de justicia.

Tercera. Que no obstante lo anterior, el martes 22 de septiembre de 2015 en la mañana, lamentablemente ocurrió un enfrentamiento entre policías federales y estatales con estudiantes normalistas que acompañaban a una caravana de vehículos en donde se trasladaban padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en la autopista federal Tixtla-Chilpancingo.

El lamentable enfrentamiento comenzó en la zona conocida como “Los Túneles”, cuando la policía impidió el paso rumbo a Chilpancingo a un convoy de 11 camiones y algunos vehículos particulares en los que viajaban familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas.

Luego de que los padres intentaron, sin éxito, convencer a los uniformados de dejarlos pasar, estos adujeron que primero era obligatorio que revisarán los vehículos, lo cual fue rechazado. A partir de este hecho comenzaron los enfrentamientos.

Los policías no se encontraban ahí por casualidad, estaban apostados y parapetados en los cerros aledaños, y desde ahí comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los civiles. El saldo conocido hasta ahora es de seis policías y una docena de estudiantes lesionados.

Los padres de familia tienen como motivo para viajar al Distrito Federal, además de protestar libre y pacíficamente a un año de los sucesos de Iguala, la reunión acordada con el presidente de la República, por lo que cualquier restricción al libre tránsito o el hecho de tener que enfrentar el asedio de la policía sin motivo alguno, son hechos condenables. Las revisiones que pretenden los policías son inconstitucionales y los ataques injustificados.

Cuarta. Lo anterior nos recuerda las provocaciones que ha sufrido el movimiento de los padres de los 43 normalistas cuando han intentado llevar a cabo actos exigiendo que aparezcan con vida sus hijos y que se haga justicia.

Las acciones realizadas por parte de la policía federal deben considerarse como provocaciones, al igual que las llevadas a cabo por el gobierno del Distrito Federal el 20 de noviembre de 2014, al desalojar de manera violenta la explanada del Zócalo de la Ciudad de México al término de una manifestación pacífica, en la que se exigía justicia por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De esta provocación dieron cuenta los diarios nacionales, donde se pudo constatar la presencia de personas infiltradas que llegaban en camiones tipo militar y finalmente por ello fue cesado el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

También son consideras provocaciones las acciones de la Policía Federal, realizadas el 14 de diciembre de 2014, para desalojar a estudiantes normalistas de la Plaza de El Caballito, cuando estos se preparaban para realizar un concierto de rack como una política cultural de protesta en exigencia de la presentación con vida de sus compañeros.

La espiral de violencia llegó a tal grado que dos padres de familia resultaron golpeados por policías federales, uno de ellos Mario García.

Esto es algo que no puede volver a ocurrir. La violencia no previene de quienes legítimamente claman por justicia, sino de aquellos que en su afán de encubrir la verdad obstruyen las investigaciones, y les resultan incomodas los reclamos para que se dé con el paradero de los estudiantes desparecidos.

Quinta. El derecho de manifestación y libre expresión de las ideas es un derecho humano irrenunciable e irrestricto, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. No puede concebirse un Estado democrático de derecho en donde no exista la garantía para poder ejercer estas facultades connaturales al ser humano y al cuerpo social.

El Estado debe cuidar que estos derechos universales fundamentales sean libremente practicados, accionados en cualquier momento, y en toda circunstancia.

Es por ello que el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal están obligados constitucional, legal, ética y políticamente a garantizar la llegada, el traslado, libre tránsito, y estancia de los padres de familia de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” en la Ciudad de México, se realice en las mejores condiciones de seguridad posibles, velando en todo momento por la integridad física y seguridad de ellos.

Asimismo, y aun cuando por sí mismo deben protegerse el derecho de manifestación y libre expresión de la ideas, es especialmente importante, por su significado y lo que representa, que durante la manifestación convocada para el día 26 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México para exigir Justicia en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, que se cuide en todo momento que las protestas se realicen de manera pacífica y sin actos de provocación alguna, especialmente aquellos que provienen del mismo gobierno.

No dejemos sueltos a los perros de la guerra, no permitamos un nuevo 2 de octubre, ni dejemos que suceda otro jueves de corpus, México no lo resistiría.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal para que brinden todas las condiciones de seguridad necesarias para resguardar la integridad física de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desparecidos tras los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y garanticen a plenitud el libre ejercicio de los derechos de manifestación y libre expresión durante la realización de la marcha que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre de 2015 y demás acciones que efectúen en el marco del aniversario de la tragedia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar una campaña de toma de conciencia sobre los riesgos para la salud por la práctica de tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones en lugares no establecidos, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la secretaria de Salud a que en la medida de sus facultades realice a nivel nacional una campaña de concientización dirigida a la población adolescente, sobre los riesgos en su salud de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en lugares no establecidos y sin las medidas en materia de salubridad necesarias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad –incluso hay registros que datan desde la prehistoria- los tatuajes así como también las perforaciones en algunas partes o áreas del cuerpo; han estado presentes tanto como representaciones de tradiciones, de cultura o bien de religión, entre otras cosas más.

Trazos y dibujos verdaderamente artísticos que no solo forman parte del cuerpo de quien las porta, sino también -sin duda alguna- son representaciones del carácter de la persona y la erudición alcanzada tanto como individuo y a su vez también, como integrante de una comunidad.

Expresiones que desde aquellos tiempos y a la fecha, conservan la misma particularidad en común, tienen un porqué y un para qué muy específico; es decir, son algo muy personal.

En otras palabras, poseen una cualidad que va más allá del significado o uso colectivo que puedan tener.

Son testimonios en carne viva, que ostentan una historia detrás y también dentro de ellas.

No obstante y a lo largo de todo este tiempo, el tatuaje así como las demás expresiones plasmadas en el cuerpo, han atravesado por distintas facetas de aceptación o bien de rechazo, que han marcado su trayecto.

Nuestro país, no ha sido ni es ajeno a lo anterior.

De manera desafortunada, el tatuaje así como las perforaciones se han desvalorizado socialmente, para situarse desatinadamente entre el anonimato y el disimulo o bien entre una manifestación de la rebeldía o la marginación; pero siempre bajo el preservo que obsequia tanto la discriminación como por igual el desconocimiento.

Situación inquietante, que rebasa los lindes de un debate moralista o bien de la querella social de que tanto derecho tengo para decidir sobre mi cuerpo, sobre mi piel; para situarse como un motivo de urgente atención.

Esto es porque lo anterior nos ha derivado en varios problemas; como por ejemplo de salud pública, por el desconocimiento de las posibles consecuencias de realizarse un tatuaje o una perforación sin las medidas sanitarias mínimas generales, de igual forma se ha desarrollado un proceso de discriminación tanto social como –marcadamente- laboral, hacia las personas con tatuajes; menospreciando de una manera liberada, sus capacidades y aptitudes.

El asunto no es menor y a pesar de la gravedad que se percibe, de manera desafortunada encontramos que no hay estadísticas oficiales al respecto; aunque expertos estiman que en nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tienen o se hicieron alguna vez un tatuaje, destacando que éste se realizó a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares improvisados o bien ambulantes sin las condiciones de sanidad necesarias para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

Como se puede apreciar, es un asunto de salud pública que no debemos de menospreciar; la edad promedio en que las personas en nuestro país se realizan por primera vez un tatuaje se sitúa alrededor de los 15 años de edad.

Etapa de la vida en que los adolescentes, precisamente adolecen de un discernimiento que les permita apreciar las consecuencias de realizarse un tatuaje en un lugar que no tenga las condiciones apropiadas para ello; simplemente porque para la juventud realizarse este procedimiento tienen un significado más cercano a una aventura con enfoque anecdotario.

De manera desafortunada, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, existe una mayor prevalencia de lugares improvisados, ambulantes o semifijos que ofrecen los servicios de tatuajes y perforaciones; que en su contraparte, los lugares establecidos con los permisos sanitarios correspondientes y por supuesto, con el conocimiento y la aplicación de las medidas requeridas para que el procedimiento así como la posterior evolución, se lleve a cabo en óptimas condiciones.

Las diferencias intentan situarse únicamente en el costo entre uno y otro lugar, pero en realidad radican tanto en los procedimientos como en las medidas que se adoptan para llevarlos a cabo –que aunque lógicas- la realidad nos hace ver que entre ambos lugares son enormes, al igual que el riesgo que representa tomar una decisión equivocada.

Como ejemplo de lo anterior según fuentes oficiales, en la Ciudad de México se tiene registrado que cinco de cada diez personas que se practican una perforación, desarrollan posteriormente una infección del área.1

Pero en general, cualquier persona que se realice alguno de estos procedimientos; está expuesta a contraer una gran variante de enfermedades, destacándose como las más peligrosas la hepatitis o bien el VIH/sida.

Así como, y de manera específica para las perforaciones, si el procedimiento o bien las medidas sanitarias son deficientes e insuficientes; las infecciones o la inexperta manipulación de los instrumentos –algunos de ellos de manufactura casera- pueden derivar en que el musculo de la lengua se pueda atrofiar, los labios se pueden deformar o cuando menos perder sensibilidad, en la nariz se pueden presentar serias lesiones en los cartílagos que terminarían desfigurándola o bien cuando la zona se encuentra en el área de la ceja, se puede presentar perdida desde parcial hasta total del movimiento.2

Desafortunadamente los factores que pueden derivar en lo anterior son muchos y van desde aplicar tintas sin etiqueta o bien con etiqueta en otro idioma y con dudosa procedencia, así como también con caducidad vencida; agujas caducadas y con esterilización vencida, piezas de joyería igualmente caducadas y anestesias inyectables dudosas y vencidas.3

Esto sin sumar que además, está la ausencia tanto de avisos oficiales de funcionamiento y tarjetas de control sanitario expedido por las autoridades correspondientes; así como desde jabones, agua, equipo y utensilios adecuados y especializados para tatuar y realizar perforaciones.

A diferencia de éstos, los lugares establecidos por norma, deben de prever que no exista riesgo probable con lo anterior y además están obligados a aplicar otras medidas en beneficio de la salud y la integridad de la persona que acuda a ellos; entre las más importantes tenemos que:

• Deben de tener cartas de consentimiento para recibir el procedimiento (donde se detallan los peligros, la irreversibilidad y las medidas de cuidado subsecuentes).

• En el caso de menores de edad, el consentimiento por escrito del padre o tutor debidamente acreditado e identificado.

• Cuestionarios de estado general de salud.

• Registro encuadernado y foliado de sus usuarios.

• Manual de procedimientos y protocolos en las técnicas y el material y equipo a utilizar, para garantizarle al usuario que no existe riesgo alguno de contaminantes en la fabricación, manufactura o manipulación de estos.4

Como se puede apreciar, los lugares establecidos garantizan las condiciones de salubridad, que un procedimiento de esas características como lo es el tatuarse y realizarse una perforación, requieren.

En este sentido, estamos obligados a garantizarle la información adecuada a quienes decidan en el ejercicio de su libre derecho, para que no serán objeto de una mala práctica en el procedimiento, o bien de una negligencia en materia de protección a su salud.

Los tatuajes no son un asunto de la calle, son tema de cultura, de nuestra historia como sociedad, de nuestra arte y también de salud pública.

Protejamos esta expresión, cuidémosla así como también a nuestra población en general.

Esta soberanía no debe de quedarse al margen de atender un incipiente asunto de salud pública, que de no ser corregido mediante información oportuna, como una medida de protección de la población, nos puede generar serios problemas en un futuro que se concibe cercano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en la medida de sus facultades realice a nivel nacional, una campaña de concientización dirigida a la población adolescente, sobre los riesgos en su salud de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en lugares no establecidos y sin las medidas en materia de salubridad necesarias.

Notas

1 Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”.

2 Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”.

3 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

4 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención del cortejo, o grooming, por internet, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Esta historia no trata tanto de lo que no se vecomo de lo que, viéndose, no se mira.”

Belén Gopegui

La trata de personas es una nueva forma de esclavitud que vulnera en su totalidad los derechos humanos de la persona víctima que es traficada y explotada como mercancía para fines de comercio sexual, pornografía y servidumbre forzada, en donde una vez más las principales víctimas son mujeres, niñas y niños.

La regulación contra la Trata de Personas a nivel internacional se incrementa a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizó un Convenio para la Represión de la trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, misma que surgió durante la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1949.

A nivel internacional, existen Convenios, Protocolos, Tratados, que México ha firmado, para la prevención, erradicación y sanción en el tema de Trata y Tráfico de Personas, entre los que se encuentran:

• La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN).

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en Ingles).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará (1994).

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional • Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).

• Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.

• Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José

• ILO 105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso

• ILO 182. Convenio sobre las peores formas de Trabajo infantil.

• Declaración y plataforma de Acción de Pekín (Cuarta conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), adoptada por 189 gobiernos.

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito1 del año 2009, se estableció que la explotación sexual es con gran diferencia, la forma de trata de personas detectada con más frecuencia 79%, seguida del trabajo forzado 18%, lo que podría obedecer a un sesgo estadístico.

Europa es el destino de víctimas de los más variados puntos de origen; las víctimas procedentes de Asia son objeto de trata a la más amplia variedad de destinos; mientras que el continente americano destaca como origen y destino de las víctimas de trata de seres humanos.

En 2014, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, UNICEF advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.

Sobre el particular, no podemos perder de vista que además del aumento en el número de víctimas, el nivel de organización y estructura que han alcanzado las redes delincuenciales dedicadas a la trata y explotación de personas en nuestro país, se ha incrementado, así como las gigantescas ganancias que este mercado ilícito genera.

México, no sólo se ha convertido en un destacado destino para el turismo sexual, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, sólo atrás de Tailandia; y el quinto en trata de personas en sus diversas modalidades, lo que representó a nivel mundial en el 2012, una ganancia de 32 mil millones de dólares.

Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, arrojaron en promedio que a diario se denuncian dos casos de abuso sexual contra infantes -muchos de ellos cometidos por familiares o amigos-, siendo tan sólo en el año 2010 recibidas por esa Institución 18 mil 12 denuncias de maltrato infantil, de las cuales: alrededor del 5% correspondieron a denuncias referentes al abuso sexual infantil - equivalente a 900 denuncias en ese año-.

De igual forma, el diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), señala que en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laboral, y se ha documentado que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, entre otras.

En cuanto al diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2014, se estableció que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:

a) 79 por ciento son para explotación sexual,

b) 3 por ciento son para extracción de órganos y,

c) 18 por ciento son para explotación laboral.

El Inegi por su parte, señala que de 3.6 millones de personas que sufren trata: 31 por ciento son menores de edad –entre 5 y 17 años–, y 70 por ciento son personas migrantes e indígenas que se explotan para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral.

Adicionalmente, se tienen registros de más de 16 mil niños y adolescentes sometidos a esclavitud sexual, y que fue enganchado a través de internet, medio que resulta muy conveniente al traficante por las facilidades que brinda, por ejemplo, la accesibilidad, la posibilidad de hacerse pasar por otra persona, de conocer gente de cualquier lugar del mundo y de interactuar con varias personas a la vez valiéndose del anonimato.

De este modo, Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata por lo que se insiste, sobre todo a padres de familia y a adolescentes ser cautelosos ya sea con la supervisión para los primeros y el manejo de información y contactos con los segundos.

A mayor abundamiento, la encuesta básica que la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) aplicó en mayo del 2014 entre casi 5000 alumnos del programa CENETIC Escolar, cuyas edades fluctúan entre los once y los quince años reveló que:

—23.9 por ciento se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en Internet.

—10.5 por ciento se han enamorado de personas a quien conocen única y exclusivamente por Internet.

—10.4 por ciento hablan de sexo por Internet, ya sea ocasional o frecuentemente.

No podemos pasar por alto el uso de nuevas tecnologías y una mayor cantidad de tiempo del uso de la red sin supervisión de al menos un adulto, entre los menores, se ha convertido en una ventana de posibilidades para los delincuentes que están al acecho de víctimas para la comisión de diversos delitos.

Una de estas nuevas formas de cometer delitos por medio de la tecnología, es el llamado “cortejo” o “groomin”, el cual consiste en el proceso sistemático de acercamiento entre un acosador o depredador en línea hacia un menor de edad; el perseguidor prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y hacia contenidos inapropiados para él.

El proceso de “cortejo” consiste en siete etapas:

1. Encuentro. Sitios populares entre los menores de edad en donde son ubicados por el acosador.

2. Compartir intereses. Desarrollan la nueva “amistad” haciendo ver al menor cuantas cosas tienen en común.

3. Ganar confianza. Se gana su confianza con un apoyo constante a sus ideas.

4. Obtener secretos. Desarrolla intimidad con el menor, lo convence de que son los mejores amigos, nada debe interponerse.

5. Romper barreras de resistencia. Como esta relación es diferente a todas las demás, se establecen nuevos parámetros y fronteras.

6. Amenazas. Lo adentra en la posibilidad de exponer todo lo que han hablado como amigos, se supone que son cosas privadas, o peor aún, lastimar a su familia, y

7. Encuentro físico. El menor siempre es la víctima, y en este momento el acosador, también lo obligará a llevar al encuentro el equipo que usó en sus conversaciones, para deshacerse de la evidencia de los contactos sostenidos, frecuentemente porque sus intenciones sí son criminales.

Vale la pena mencionar que este proceso puede llevarse en promedio hasta seis meses, lo que nos deja ver que si bien no existe un estereotipo del acosador en Internet, algo que siempre los caracteriza es que son pacientes, aunque no siempre tolerantes.

Asimismo, cabe destacar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 47, fracciones III, IV y V, así como el artículo 12 lo siguiente:

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.”

Por su parte, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Código Penal Federal han tipificado el delito de trata de personas e imponen sanciones a los vendedores, compradores, promotores, divulgadores y traficantes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial sexual infantil, en la vertiente de explotación sexual y comercio infantil con fines sexuales.

De manera adicional en el Título Tercero de la Ley General relativo a las facultades y competencias de las autoridades de los tres Órdenes de Gobierno, en su Capítulo II que se refiere a las autoridades, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, de manera expresa mandata entre otros temas en su artículo 114:

“Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes:

I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;

III. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las y los actores institucionales que participan en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en esta Ley y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con las disposiciones generales que las autoridades federales determinen;

IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o explotación y demás delitos previstos en esta Ley;

V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas de desarrollo local;

VI. Creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley;

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales;

VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

IX. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

X. Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros ordenamientos legales.”

En virtud de lo aquí expuesto ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “cortejo” o “grooming”; explicando detalladamente en que consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, como identificarlo, como se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos a fin de evitar la comisión de un posible ilícito.

Nota

1 www.unodc.org. Resumen Ejecutivo Informe Mundial sobre la Trata de Personas UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Febrero de 2009.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 24 días del mes de septiembre del 2015.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la PGJDF y las autoridades de la UNAM a investigar lo ocurrido el lunes 21 de septiembre de 2015, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, las diputadas Araceli Damián González, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Patricia Elena Aceves Pastrana, Norma Xóchitl Hernández Colín, Alicia Barrientos Pantoja y los diputados Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y Jesús Emiliano Álvarez López, integrantes de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El pasado 21 de septiembre la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM y diversos medios de comunicación, hicieron del conocimiento público el ingreso a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Vallejo de integrantes del grupo porril “3 de marzo”, quienes agredieron a estudiantes y miembros del colectivo “Regeneración Radio” con el objetivo de que cesara sus transmisiones de carácter social y cultural, además de ocupar algunas de las instalaciones de dicho plantel.

Segundo. El grupo porril y delictivo “3 de marzo” ha sido denunciado en diferentes medios públicos de haber efectuado ataques en contra de la comunidad del CCH Vallejo en ocasiones anteriores, destacando los días 10 de septiembre de 2015, jueves 11 de septiembre de 2008, y 28 de febrero de 2007, hechos en los que se han registrado estudiantes heridos y daños al patrimonio de la UNAM. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas denuncias públicas en contra de este grupo, las agresiones en contra de la comunidad estudiantil persisten.

Tercero. Los sucesos del pasado 21 de septiembre, se registran en medio de un delicado contexto: a un año de la desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, a un par de semanas de la conmemoración de un año más de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y a un par de días de la publicación de la convocatoria para renovar la Rectoría de la UNAM.

Cuarto. Las autoridades universitarias han informado que presentarán denuncias ante las instancias federales y locales por los hechos descritos, además de haber condenado y repudiado las agresiones en contra de la comunidad universitaria. En medio del difícil panorama político, económico y social por el que atraviesa el país, resulta indispensable que las diferentes autoridades y ámbitos de gobierno sumen esfuerzos para condenar la violencia una vez más en contra de estudiantes y activistas sociales, y exijan la aplicación de la justicia, para evitar de esta forma la profundización de un clima de fricción y descomposición social en el territorio nacional.

En razón de las consideraciones arriba vertidas se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en pleno respeto a la autonomía de esta institución, para que en el marco de sus respectivas competencias lleven a cabo una investigación rápida, imparcial, y exhaustiva de los acontecimientos que tuvieron lugar el lunes 21 de septiembre del 2015, que conduzcan al debido proceso en contra de los responsables, y que sirvan para prevenir a futuro hechos de esta naturaleza.

Segundo. Se exhorta a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal a redoblar las acciones de vigilancia en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo con el objetivo de impedir actos de violencia como los ocurridos en contra de la comunidad universitaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputadas: Araceli Damián González, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Patricia Elena Aceves Pastrana, Norma Xóchitl Hernández Colín, Alicia Barrientos Pantoja (rúbricas).

Diputados: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

Julieta Fernández Márquez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas es un delito grave que afecta a toda la humanidad. Las dificultades económicas que enfrentan diferentes países –en especial aquellos en desarrollo y economías emergentes– y su consiguiente inestabilidad social, tiende a propiciar circunstancias adversas dentro de diferentes entornos, que han dado pie al creciente mercado de la esclavitud moderna; la trata de personas, la cual violenta y denigra los derechos fundamentales de todo ser humano.

A ello se suman crecientes y cada vez más grandes obstáculos como la migración regular y la existencia desafortunada de los diferentes conflictos armados, ya sean nacionales o regionales.

Los primeros esfuerzos para legislar la materia de trata de personas, se dio en Argentina, en 1913, cuando se promulgó la primera Ley contra la Prostitución Infantil.

A pesar de los esfuerzos para combatir este atroz crimen, la trata de personas ha alcanzado niveles transnacionales en donde ningún país es inmune. El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas define el problema con el propósito de proporcionar las bases en común para la erradicación y penalización con medidas de protección a víctimas. Dichos maltratos, vejaciones y explotaciones dan una sobrevivencia corta a las personas víctimas de trata. Son negocios ilícitos, con redes de operación nacionales e internacionales.

En 2005, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 12.3 millones el número de personas incluidos niñas y niños en situación de trabajos forzados, servidumbre y prostitución. En 2012 esta misma organización puntualizó que 14.2 millones de personas eran víctimas a gran escala de explotación laboral y 4.5 millones lo eran de explotación sexual, sumando un total de 18.7 millones. Asimismo, a nivel mundial se estima que de 2 a 4 millones de personas son captadas año con año con fines de trata, de las cuales entre 800 mil y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras para el sometimiento de algún tipo de explotación.

Los fenómenos han sido diferentes, ahora no sólo se realiza explotación sexual en contra de mujeres o menores, sino que se les priva de su libertad y elementos básicos de la vida para explotarlos como servidumbre, tráfico de órganos, entre muchas maneras más de explotación.

En México, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a la esclavitud sexual de entre 16 mil y 20 mil según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el DIF Nacional. Otros estudios calculan que esta práctica criminal ascendente a 70 mil de los cuales 5 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Con respecto a una aproximación estimada del total de víctimas, estas oscilan entre los 50 mil y 500 mil casos.

México tiene de 15 a 20 zonas de alta incidencia en la Comisión del Delito de Trata de Personas y cuatro diferentes rutas para hacer posible esta actividad, esto según uno de los últimos estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El incumplimiento dentro de los protocolos internacionales y los constantes cambios en las estructuras criminales, hacen posible que las redes de tratantes operen sus esquemas delictivos con cierta facilidad.

De acuerdo con este referido diagnóstico nacional, las ciudades con mayor incidencia de este delito en México son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, Cancún, Quintana Roo, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca1 . Estas ciudades están catalogadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como entidades “clave” para entender este fenómeno dentro del ámbito nacional.

Hemos sido testigos de varios ejemplos en las redes sociales, en la televisión, en la vida diaria. Son varios los focos rojos de la República que deben ser atendidos, contenidos y erradicados.

Los esfuerzos del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto son valiosos, desde el Poder Ejecutivo se ha mermado la capacidad delictiva de varios grupos de trata de personas; sin embargo, esta honorable Cámara de Diputados debe realizar todas las medidas necesarias para combatir este flagelo.

Conocedores de la problemática, debido a que hemos visto el dolor de las víctimas y sus familias, además de que tenemos una ruta clara de trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proponemos la creación de esta comisión especial.

La investigación debe ser integral, los factores psicosociales son determinantes para la compresión del fenómeno y con ello poder crear cambios en la legislación.

Es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus facultades, la creación de la Comisión Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas de la Cámara de Diputados, tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. La Comisión Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Nota

1. México Zonas con Alta Incidencia en Trata de Personas. PROCESO. Ciudad de México, 30 de julio de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre diversos municipios de la sierra de Zongolica, en la región montañosa de Veracruz, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Federico Quinto Guillén, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación declare zona de emergencia los municipios de Veracruz afectados por los derrumbes registrados por las intensas lluvias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las intensas lluvias acaecidas en lo que va del mes de septiembre en Veracruz, han provocado un sin número de afectaciones en las únicas vías de comunicación terrestre en la zona denominada Sierra Zongolica.

Los municipios pertenecientes a la región de la Sierra Zongolica, quedaron incomunicados al desgajarse un cerro sobre la carretera Fortín-Huatusco debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en dicha región; razón por lo cual las localidades de Magdalena Tilapan y Rafael Delgado, resultaron las más afectadas al quedar completamente incomunicadas.

Un total de 13 municipios fueron los afectados por dicha calamidad; siendo la Sierrra Zongolica una de las regiones más pobres del estado, en donde se asientan los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpan, Xoxocotla y Zongolica; resulta por demás, especial atención.

La zona se encuentra localizada en la parte central del estado de Veracruz y forma parte de la Sierra Madre Oriental. La mayoría de sus habitantes son indígenas, situación que coloca a esta región en mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico no hay un panorama favorable en la zona ya que se prevén lluvias para las siguientes horas; puesto que hay una vaguada en el sureste de México; lo que generará mayor cantidad de lluvias para la región.

Con base en lo anterior existe el riesgo latente de que 30 mil personas resulten vulnerables en estos momentos por la temporada de lluvias en la zona afectada; y podría extenderse a la zona de Orizaba que comprende municipios como Orizaba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Mendoza, La Perla, Atzacan, Ixhuatlancillo, Magdalena, Tlilapan, éstos igualmente vulnerables debido a que se encuentran asentados sobre las riberas de ríos de respuesta rápida y en laderas de cerros.

Por ello, el suscrito solicita de manera urgente declarar como zona de desastre la Sierra Zongolica y particularmente se atienda de emergencia las localidades de Magdalena, Tilapan y Rafael Delgado.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a declarar zona de emergencia los municipios de Veracruz afectados por el azote de las tormentas que derivaron en el desgajamiento de cerros y la incomunicación de diversas localidades; así como, el que se liberen los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres y se amplíe la atención hacia estas localidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 24 de septiembre de 2015.

Diputado Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 33 aniversario del Museo Nacional de Culturas Populares, a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del PRI

La cultura popular tradicional constituye un motivo de participación comunitaria, donde emergen valores, tradiciones, memoria histórica, costumbres, que pasan de generación en generación para convertirse en verdadero patrimonio.

A treinta y tres años de haber sido inaugurado, el 24 de septiembre de 1982, el Museo Nacional de las Culturas Populares se ha consolidado como un espacio vivo de gran relevancia para los creadores de arte popular en nuestro país.

A diferencia de otros museos, nació como una necesidad para el país, y se constituyó como el primero en su tipo para albergar una gran diversidad de obras de arte popular. Se pensó a fin de atender las necesidades de interculturalidad, pluralidad y diversidad cultural del país, sobre todo entre los pueblos indígenas, de ahí que su labor se concentre en documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de México, tanto a nivel rural como urbano.

Antes de su creación había muchas colecciones en el país en manos de particulares y también en algunos museos, pero no había exactamente el espacio, la vitrina para presentar, con esas características, esas colecciones, de ahí su importancia.

Aportó una nueva forma de observar el trabajo de los artesanos mexicanos al ubicar sus creaciones al nivel de artista y mostrarlas como tal en los aparadores, valorando la labor de estas personas, el tiempo, esfuerzo y dedicación de cada una de sus obras.

Sitio fundado por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, en ese entonces con las exposiciones: “El maíz, fundamento de la cultura popular mexicana” y “El universo del amate”. En la actualidad y debido a los cambios sociales de los últimos años, el Museo también ha incorporado las manifestaciones del arte popular urbano.

El recinto, situado en Coyoacán, Ciudad de México, tiene la tarea de atraer a más personas ya sean nacionales o extranjeros a conocer el museo, lo que se pretende es inculcar en las mentes de sus visitantes es el amor y la admiración por el extraordinario trabajo de los creadores populares de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.

Diputada Carmen Salinas Lozano (rúbrica)

Con motivo del 27 de septiembre, 194 aniversario de la consumación de la Independencia, a cargo de la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del PVEM

Hace ya 194 años que esta ciudad se vistió de gala para recibir la entrada del ejército Trigarante, bando libertador que consolidó los anhelos de independencia de nuestro naciente país, pero lo más importante es que este ejército se conformó de ideologías distintas que supieron encontrar coincidencias en el pensar del otro, es de resaltar la madurez política que permitió que este acuerdo trascendiera para ser el más importante en la historia de nuestra nación.

Agustín de Iturbide fue un implacable jefe militar realista, que combatió con fiereza a las guerrillas insurgentes encabezadas por el general Vicente Guerrero, sin embargo, a pesar de sus múltiples esfuerzos, fueron varias las derrotas a las que tuvo que hacer frente debido al genio militar del libertador suriano, pero sobre todo al sentimiento de lucha y sed de victoria que inundaba a las fuerzas rebeldes.

Después de algunos intercambios diplomáticos, fue el día 10 de febrero de 1821 cuando, en Acatempan, se encontraron ambos jefes militares y se suscitó el conocido abrazo, mediante el cual se sellaron los acuerdos que posteriormente se asentarían en el Plan de Iguala. Las acciones posteriores fueron determinantes para que México alcanzara su independencia, pero sobre todo debe valorarse la voluntad política que predomino en cada uno de ellos.

La fecha de consumación ha sido muy controvertida, pero nos queda claro que la creación del ejército Trigarante y su entrada a la Ciudad de México fue el paso básico para poder consolidar el deseo de soberanía nacional.

Este 27 de septiembre los invito a que reflexionemos lo que significa para México celebrar su independencia, los invito a que pensemos ¿Qué nos hace falta?, pensar ¿Qué podemos aportar a nuestra nación?, pero sobre todo si estamos haciendo lo necesario para lograrlo.

Es necesario reconocer y valorar en su justa dimensión, como los héroes de la independencia se atrevieron a pensar, pero sobre todo a luchar por un nuevo horizonte en la historia patria, horizonte que ahora, compañeras y compañeros legisladores, nos toca redibujar, para poder adaptarnos a la nueva dinámica social, pues ahora nos corresponde marcar la historia como una legislatura visionaria y con apertura al cambio, nos toca mover a México.

Diputada Claudia Villanueva Huerta (rúbrica)