Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a implantar acciones para garantizar a los habitantes de zonas marginadas el acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y, en su caso, el posterior tratamiento, a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del PRI

Carmen Salinas Lozano, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y en su caso, posterior tratamiento, con la siguiente:

Exposición de Motivos

El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección temprana, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia.

El cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de la mujer a nivel mundial y constituye una prioridad no reconocida en los países de ingresos medios. De cada 100 mastografías que se realizan en México, 30 se practican en el Distrito Federal, siete en Baja California y seis en Jalisco, mientras que Quintana Roo es el Estado con menor número de estudios realizados en el país con apenas 0.5 estudios.

Estos datos los dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del “Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama”, instaurado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) y que se conmemora cada 19 de octubre.

El organismo detalla que Coahuila ocupa el primer lugar con la tasa más alta de mortalidad por cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años, con 20.92 por cada 100 mil, superando ligeramente al Distrito Federal con 19.91 y a Nuevo León con 19.56 fallecimientos por cada 100 mil mujeres. En contraste, señala que las entidades con las tasas más bajas son Oaxaca, Guerrero y Campeche, con 7.65, 8.75 y 8.83 por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, respectivamente.

Destaca que el comportamiento de la incidencia en México sigue el patrón internacional, toda vez que es una enfermedad que aumenta con la edad y los casos nuevos se presentan primordialmente en mujeres mayores de 40 años, durante la menopausia o posmenopausia. Refiere que el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre los tumores malignos para la población mexicana de 20 años y más, ocupando en 2013 la cuarta causa de mortalidad.

Expone que la norma oficial en la materia menciona que el lapso entre la realización de este estudio y la notificación del resultado a la paciente no debe ser mayor a 21 días hábiles y la cita posterior, en caso de ser referida a una unidad especializada, debe ser antes de dos semanas o 10 días hábiles Lo anterior debe cumplirse al menos en 90 por ciento de las mujeres que llegan a esta instancia, agrega el organismo.

Si bien es cierto que la campaña lleva el objetivo de sensibilizar a la población con un mensaje clave que es la importancia de la detección temprana para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado en cáncer de mama, tenemos que reconocer que existen lugares principalmente en los grupos socio-económicos más desprotegidos y marginados de México en los que esta información no llega y más importante aún, no llegan estas campañas de acceso y uso efectivo de los servicios de salud.

Carencia en que se encuentran estas personas cuando no cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular y las instituciones públicas de seguridad social.

Debemos procurar que la protección y acceso a servicios de salud para la mujer sea eficaz, una vez que ellas mismas se detectan alguna anomalía en sus senos y les causa sospecha, sepan a dónde acudir, en donde atenderse y que tengan la oportuna atención especializada.

El diagnóstico de cáncer de mama no es una sentencia de muerte. Cuando la enfermedad es detectada en sus primeras fases y se inicia el tratamiento oportunamente, las probabilidades de supervivencia son más altas que las de fatalidad. Pero, ¿qué oportunidad tienen de obtener tratamiento quienes viven en comunidades alejadas y pobres?

Avancemos más allá de iluminar los edificios de color rosa y los moños en la solapa, realicemos acciones en beneficio de la población, que realmente las campañas, las unidades móviles que llevan a cabo los estudios de mastografía lleguen a esos pueblos, rancherías y zonas marginadas.

Por anteriormente lo expuesto, presento a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y en su caso, posterior tratamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de octubre de 2015.

Diputada Carmen Salinas Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instalar el sistema nacional de protección integral establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a los gobiernos y congresos locales, a armonizar e instaurar leyes y políticas en la materia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que al amparo de los principios de la democracia como la igualdad, la libertad y la justicia, quienes presidimos funciones públicas tenemos el deber de impulsar acciones a fin de que sean una realidad para toda la población, dando preferencia a los sectores más vulnerables en la sociedad.

2. Que alrededor de 40 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos viven en el país en las siguientes condiciones:

• 53.8 por ciento vive en pobreza y 5.7 millones en pobreza extrema.

• 6.1 millones no asisten a la escuela.

• Los adolescentes indígenas presentan mayor deserción escolar, pues sólo 63 por ciento ellos asiste a la escuela, frente al 83 por ciento de población no indígena.

• En 2014, 12 mil niñas, niños y adolescentes fueron repatriados de Estados Unidos.

• 7 de cada 10 adolescentes sufren de violencia en el noviazgo.

• Sólo 14 por ciento de los bebés recibe leche materna.

• Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que 1 de cada 3 presenta sobrepeso u obesidad, donde México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.

• 1.5 millones de niñas y niños presentan desnutrición crónica.

3. La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 establece la obligación de los gobiernos para garantizar, a través de la legislación y políticas públicas, que se respeten los derechos de la infancia; nuestro país ratificó desde 1990 dicho instrumento jurídico. Además de esos esquemas internacionales de protección, ha suscrito los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima laboral y sobre las peores formas de trabajo infantil, que tienen como objetivo a largo plazo la abolición del trabajo infantil.

4. El artículo 4o., párrafo ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

A su vez, la propia Constitución establece como facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que fijen la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de que México sea parte.

5. El 4 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocada a reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos protección de los derechos humanos. Esta es ley aplicable a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y les obliga al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

6. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de asegurar una adecuada protección de los derechos de las personas que tutela, creó el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de sus derechos y sistemas de protección local con los mismos objetivos.

7. La propia ley establece en el artículo 130 que la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva la cual, entre otras facultades, cuenta con las siguientes:

• Elaborar el anteproyecto del programa nacional para someterlo a consideración de los miembros del sistema;

• Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del programa nacional;

• Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes a fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

• Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

• Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

• Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado; y

• Coordinar con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta ley.

8. En sus artículos transitorios establece diversas obligaciones para los congresos locales para realizar las modificaciones legislativas a efecto de cumplir con las disposiciones de referida ley, dando cumplimiento hasta el momento diversas entidades federativas, aunque deben cristalizarse en políticas públicas concretas como la instalación de sus sistemas de protección local.

9. En tanto, el artículo séptimo transitorio mandata lo siguiente:

El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto. En su primera sesión, el Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración y aprobación del mismo los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como la designación del titular de la secretaría ejecutiva del sistema.

10. Sin embargo, y a pesar de las voluntades que se han manifestado en este tema, dicho sistema no se ha instalado y no se pueden llevar a cabo todas las acciones de coordinación para la aplicación de políticas concretas a favor de la infancia y la adolescencia.

Por lo expuesto y fundado se someten a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que instale el sistema nacional de protección integral que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un mecanismo de trabajo conjunto y coordinado a favor de los sectores de población que tutela dicha norma.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que realicen acciones tendentes a la armonización legislativa y aplicación de políticas que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incluye la instalación de los sistemas de protección local.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 29 de octubre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incluir en las Reglas de Operación del Programa Prospera a las personas con discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado federal Miguel Ángel Sedas Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja problemas que afectan a una estructura o función corporal de las personas; y que estas limitaciones de la actividad representan dificultades para ejecutar acciones o tareas cotidianas. En consecuencia, existen restricciones de la participación para los discapacitados en situaciones vitales.

De acuerdo a datos del 2010, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecieron que mil millones de personas vivían con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la población mundial; de los cuales casi 200 millones de personas experimentan dificultades considerables en su funcionamiento tanto físico como social.

Por ello, la condición de discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto, convirtiéndose en un motivo de preocupación aún mayor de los países, pues su prevalencia va en aumento.

Nuestro país, no es ajeno a la situación mundial y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, razón por la cual, ha signado diversos instrumentos internacionales en beneficio de este grupo vulnerable, entre los que destacan

- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio a favor de las personas con discapacidad.

Asimismo, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicaron que 5.7 millones de personas con discapacidad, en el país presentan al menos una carencia social; 2.1 millones presentan al menos tres carencias sociales; 3.8 millones presentan rezago educativo; 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud; 3.1 millones carencia por acceso a la seguridad social; 0.8 millones carencia por calidad y espacios en la vivienda; 1.7 millones carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; 2.2 millones carencia por acceso a la alimentación; 1.7 millones de personas con discapacidad viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y; 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Ante esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2014, documento que se encuentra armonizado con el Plan Nacional en 4 de las 5 Metas Nacionales que son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global .

En el citado Programa Nacional, se establecen como estrategias de atención a la población con discapacidad: Promover la inclusión social de todas las personas con discapacidad, incluyendo zonas rurales e indígenas; implementar un Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; establecer programas y acciones para la atención prioritaria de personas adultas mayores con discapacidad, y establecer acciones para orientar, informar e incluir a las personas con discapacidad en los ámbitos educativo, laboral y social. Adicionalmente, se establece facilitar el acceso de la población indígena a los programas para personas con discapacidad.

En concreto, por lo que se refiere a las personas con discapacidad en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, 6.6 por ciento de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar al menos una de las actividades básicas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De estas personas, la mayoría son adultos mayores los cuales representan el 51.4 por ciento; seguidos de los adultos entre 30 y 59 años que equivale al 33.7 por ciento de la población con discapacidad; en cuanto al grupo de jóvenes de 15 a 29 años, ellos constituyen el 7.6 por ciento; y, finalmente, los niños de 0 a 14 años con discapacidad representa el 7.3 por ciento.

Ahora bien, cuando esta información la desagregamos por Estado, se observa que la población con discapacidad se distribuye en el territorio nacional bajo la misma tendencia que el resto de los habitantes del país; es decir, las Entidades Federativas más pobladas (Estado de México, Distrito Federal., Jalisco y Nuevo León) presentan también mayor cantidad de población con discapacidad.

No obstante lo anterior, también se observa que la presencia de población con discapacidad al interior de cada Entidad varía de manera irregular, y expresa la diversidad de factores y particularidades que pueden estar impactando al fenómeno de la discapacidad en cada territorio.

Como botón de muestra, el Estado de Veracruz en el 2012 ocupó el cuarto lugar de personas con discapacidad con más de 415 mil 569 personas en estas condiciones. Sobre este punto en particular, podemos señalar el caso de la niñez en donde en esta Entidad, un niño con discapacidad auditiva no puede ir a una escuela incluyente, ya que los maestros no están capacitados para atender niños con discapacidad visual y de habla.

Con referencia a lo manifestado en el Estado de Veracruz, durante los recorridos que he realizado en zona de Huatusco, los vecinos me han pedido contar con apoyos como los establecidos en el Programa Prospera “Programa de Inclusión Social” el cual en su Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2015, establece para el caso de niños que: El Programa podrá otorgar becas educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, integrantes de familias beneficiarias del Programa, inscritas (os) en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada, y a jóvenes de hasta 22 años once meses, con necesidades educativas especiales inscritas (os) en escuelas de especial, incluyendo la formación laboral que ofrecen los Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral). En el caso de localidades menores de 2,500 habitantes, el Programa podrá otorgar becas educativas a las y los menores de 18 años inscritos en primero y segundo grados de primaria.

En lo que concierne al Programa de Inclusión Social (Prospera), a que me he referido, este pertenece al Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, el cual se destina exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas; siendo las dependencias responsables de emitir las Reglas de Operación: Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Economía; la Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social; y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De igual forma, en las Reglas de Operación del Programa PROSPERA de este año se establece la metodología, criterios y requisitos de elegibilidad y/o para la permanencia en el Programa, siendo el proceso para identificar a las familias beneficiarias: a) Selección de localidades y b) Focalización de familias.

Finalmente, no debemos perder de vista que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 multicitado, reconoce que los niños y niñas con discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión y están afectados por ellas en diversos grados, dependiendo de factores como el tipo de impedimento, lugar de residencia y la cultura a la cual pertenecen; además que las tasas de registro difieren según el tipo de limitación, ya que las niñas y niños con limitación física tienen mayor oportunidad que quienes tienen una limitación intelectual o sensorial; razón por la cual es importante establecer mecanismos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a acciones, proyectos y programas de desarrollo social y es a través de programas como Prospera, que podremos vincular a la población con discapacidad.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta la Secretaría de Desarrollo Social para que sean incluidos en las Reglas de Operación del año 2016 del Programa Prospera, a las personas con discapacidad y especialmente se establezcan líneas de acción y apoyo en educación y salud a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad a que se refiere el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el Consejo de Salubridad General y los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán a implantar acciones contra la fiebre del chikungunya, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Tello López, diputado federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que desde hace un año aproximadamente en la región sureste del país, se están presentando casos de fiebre debido a un virus transmitidos por un vector y el cual genera la enfermedad denominada “fiebre del chikungunya” ; esta enfermedad es transmitida al ser humano por mosquitos (Aeedes aegypti), portadores o vectores del virus.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son de síntomas como fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio, y erupciones cutáneas, así mismo los dolores articulares suelen ser debilitantes y su duración puede variar.

Que actualmente están siendo afectados siete estados de la República Mexicana, de los cuales destacan Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán; cabe resaltar que este mosquito sirve como vector de la enfermedad, los sitios donde mayormente puede reproducirse es en aquellas partes donde existe agua estancada y limpia, recipientes descubiertos, tiestos de macetas, neumáticos desechados, agua de sumideros de los patios, etc.; el incremento de la enfermedad ha ido en aumento durante estos últimos meses en estos estados y al día de hoy no hay un programa de promoción a la salud, prevención y acciones intensivas para la eliminación del vector.

Por lo anterior, preocupados por la presencia de esta enfermedad y la posible presencia de casos de dengue clásico y hemorrágico, es por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Representación Nacional, con pleno respeto de sus atribuciones y de la división de poderes, solicita a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, a las instituciones de salud, IMSS e ISSSTE, a los gobernadores de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como a sus Instituciones de salud tengan a bien intervenir de manera inmediata para llevar a cabo acciones de salubridad, dado a la magnitud de la propagación de la enfermedad denominada chikungunya, y difundan el estado que guarda esta enfermedad y las acciones que lleven a cabo para tal efecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015

Diputado Jorge Tello López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el Inegi a diseñar un registro estadístico nacional de desplazamiento interno forzado y atender las recomendaciones de la CIDH en la materia, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral l, fracción I, y 79, numeral l, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para que, conforme a sus atribuciones, diseñen un Registro Estadístico Nacional de Desplazamiento Interno Forzado y atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I . El desplazamiento interno forzado es definido por la Organización de las Naciones Unidades como: el fenómeno que obliga a las personas o grupos de personas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El informe global 2014 del Internal Displacement Monitoring Center establece que la expansión de la violencia criminal, de grupos delictivos y las operaciones militares para combatirlos, han sido causa del desplazamiento de decenas de miles de personas en México. El estudio sitúa la cifra de desplazados forzados en 160 mil.1

Por su parte, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) sitúa a México como uno de los principales países de América con mayor número de desplazados forzados junto con Colombia, Perú y Guatemala. El estudio Global 2015 del NRC menciona que durante el 2014 al menos 9 mil personas fueron desplazadas a través del territorio debido a la violencia criminal, incluyendo 23 eventos masivos.2

II . Las causas de la migración interna en nuestro país son diversas, de entre las cuales destacan la violencia debida al crimen organizado y las operaciones militares a gran escala para para combatirlo, además del desarrollo de algunos megaproyectos de infraestructura.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través del comunicado de prensa que dio a conocer que ha recibido abundante información y testimonios, acerca de cómo el crimen organizado y los megaproyectos de desarrollo están conllevando el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en diversas zonas del país.3

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2010 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas.4

Los desplazamientos han tenido lugar principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.5

III . Desde el año 2007 se ha incrementado el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México. A pesar de ello, nuestro país no dispone de estadísticas oficiales sobre desplazamiento interno, lo que genera dificultades para determinar el número, ubicación y necesidades específicas y estrategias para enfrentarlas. Por otra parte, no existe el suficiente reconocimiento oficial de esta violación a los derechos humanos, por lo que se carece de estrategias y políticas públicas para atenderlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre los derechos humanos en México, publicado el 2 de octubre del presente año, menciona dentro de sus observaciones la falta de un diagnóstico nacional y de una política para abordar el desplazamiento interno conforme a los estándares internacionales en la materia.6

El fenómeno del desplazamiento actual debe ser atendido en el marco de una política integral, para lo cual se requieren diagnósticos y estrategias claras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, conforme a sus atribuciones, diseñen un diagnóstico y un Registro Estadístico Nacional de Desplazamiento Interno Forzado.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en materia de desplazamiento interno forzado.

Notas

1 Sebastián Albuja, et al. (2014). Global Overview 2014 People internally displaced by conflict and violence. 2015, de Internal Displacement Monitoring Centre Sitio web: http://www.internal­displacement.org/assets/publications/2014/201405-gl obal-overview-2014-en.pdf

2 Alexandra Bilak, et al. (2015). Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence. 2015, de Norgwegian Refugee Council Sitio web

http://www .ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH _S.pdf

3 Organization of American States, 2 de octubre de 2015, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

4 Quetzalcoatl g. Fontanot. (2012). Mega proyectos, Violaciones a Derechos Humanos y Daños Ambientales. 2015, de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Sitio web:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/Natur al Resource/Centro_de_DDHH_S.pdf

5 Mariana Gurrola. (2015). En México 281 mil 418 personas son víctimas del desplazamiento interno forzado por la violencia. 2015, de Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Sitio web: http://cmdpdh.org/2015/02/ en-mexico-281-mi1-418-personas-son-victimas-del-desplazam interno-forzado-por-la-violencia/

6 www.oas.org (2 de octubre de 2015), Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a fomentar y elaborar programas en pro de la educación tecnológica; y a la Secretaría de Economía, a revisar y modificar el proceso de registro de marcas y patentes, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar y elaborar programas que incentiven la educación tecnológica; y la Secretaría de Economía, a revisar y modificar el proceso de registro de marcas y patentes, buscando en todo momento su economía procesal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo tecnológico es el uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigida hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos.

La innovación tecnológica implica la introducción exitosa en el mercado, en los procesos de producción o en las propias organizaciones de nuevos productos, tecnologías o servicios intensivos en conocimiento, así como la subsiguiente difusión en la sociedad.

El desarrollo económico de cualquier sociedad proviene del trabajo de las personas, a su vez de la creatividad y capacidad de adaptación y evolución de éstas.

Sin duda, la innovación tecnológica es un requisito de crear riqueza. En las economías desarrolladas y competitivas sólo hay tres formas de que el trabajo de las personas produzca nueva riqueza empresarial de manera sostenible: captar y fidelizar clientes, incrementando la cuota de mercado en una actividad determinada; optimizar proceso, incrementando la productividad del trabajo y, sobre todo, desarrollar nuevos productos y servicios para crear actividades enteramente nuevas.

Nuestra sociedad vive inmersa en un espiral ascendente de tecnología. Somos una sociedad muy tecnificada, en la que cada vez más procesos del día a día dependen de la tecnología, y cambiar esos procesos o lanzar nuevos productos y nuevos hábitos requieren a su vez un mayor conocimiento y aprendizaje en el campo de la ciencia y la tecnología.

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está demostrada la relación positiva entre la generación y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México hay gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de “generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de incrementar valor a los existentes”. Y con ello, lograr ventajas competitivas en la economía, que le permita alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos de la importancia que tiene el desarrollo tecnológico para incentivar la economía nacional, y estamos conscientes de la necesidad de impulsar el fomento de la educación tecnológica desde temprana edad entre los mexicanos.

Esta obligación del Estado mexicano se encuentra plasmada en la Ley General de Educación, en el artículo 7, fracción VII:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

...

Uno de los grandes problemas dentro del desarrollo tecnológico del país es la decreciente participación de las y los mexicanos en este sector, prueba de ello son las patentes, mismas que han reflejado números bajos, debido entre otras cosas al desconocimiento del tema y a lo largo y complejo del proceso para registrar, patentar una marca o una creación o innovación.

En Nueva Alianza pugnamos por el fomento integral a una cultura tecnológica, que derive en un fortalecimiento al desarrollo económico nacional y de esta forma al crecimiento del sector socialmente productivo.

Las patentes, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se definen como “un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema”.

En la Ley de la Propiedad Industrial están definidas en el artículo 15:

Artículo 15. Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Las invenciones patentables son productos, procesos o usos de creación humana que cumplan los siguientes requisitos:

• Novedad: se considera nuevo todo lo que no se encuentre en el estado de la técnica.

• Estado de la técnica: todos los conocimientos técnicos que se han publicado por cualquier medio (oral, escrito, por la comercialización o difusión).

• Actividad inventiva: es el proceso creativo de la invención; es decir, que los resultados obtenidos no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

• Aplicación industrial: es la posibilidad de comercializar el producto o que pueda utilizarse en cualquier rama industrial económica.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación, que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.

El IMPI explica que el inventor lo que quiere es la ventaja económica y competitiva respecto a los demás y para eso hay que patentar, para poder explotar la invención de forma exclusiva y tener una delantera sobre los competidores sobre cierto periodo.

Las solicitudes de patentes tienen una clasificación adoptada a nivel internacional. Se clasifican de acuerdo con el sector técnico a que pertenecen y en México la mayoría son asignadas en la clasificación A, ésta es muy amplia donde se concentran cosas de consumo cotidiano, como farmacéutica, alimentos (procesos de conservación y productos utilizados en la elaboración) y cuestiones vinculadas con el área mecánica.

Datos del IMPI señalan que el año pasado se registraron mil 244 patentes por ciudadanos mexicanos y 14 mil 891 de ciudadanos de otras nacionalidades.

Solo entre 3 y 7 patentes de cada 100 otorgadas en el país son para mexicanos. Sin duda, la falta de cultura tecnológica en el país es uno de los motivos de que no se tienda a solicitar este proceso: los mexicanos desconocen qué es una patente y para qué le sirve.

En el presente año, según el titular del IMPI, Miguel Ángel Margáin, se han recibido 105 mil 134 solicitudes de marcas, por encima de las 93 mil 374 registradas en igual lapso el año pasado.

El funcionario señaló que México se sitúa en el lugar 12 de las 188 más importantes, y es el noveno país en registro de marcas en el mundo, de ahí la importancia de estar en el tratado de Cooperación de Patentes y el Protocolo de Madrid.

En México, la tramitación de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad se regula de conformidad con los preceptos contenidos en los capítulos V de la Ley de la Propiedad Industrial y II del reglamento de la ley. En dichos dispositivos legales se establecen de manera general los requisitos y condiciones aplicables para la tramitación, examinación y, en su caso, concesión de la patente o registro respectivo. No obstante, en la práctica existe una diversidad de aspectos específicos que están sujetos al criterio del examinador encargado de realizar el examen de fondo de la solicitud.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con la publicación Guía del usuario de patentes y modelos de utilidad. Representa sólo un resumen de los requisitos más importantes que establece el marco jurídico aplicable para la presentación de solicitudes, así como de manera general información y lineamientos de los requisitos de forma y fondo aplicables a la tramitación y concesión de solicitudes de patentes y modelos de utilidad. Sin embargo, dicha publicación carece de criterios puntuales para una interpretación de los conceptos fundamentales relacionados con el examen de fondo de la invención.

Por lo anterior es muy importante contar con una guía o manual que proporcione claridad respecto de los criterios aplicables durante la tramitación y el proceso de examen de fondo de las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, evitando así la aplicación de criterios discrecionales, que en algunos casos llegan a ser contradictorios, y en mucho de los casos, las solicitudes de patentes llegan a ser negados o abandonadas por los solicitantes por el desconocimiento de las particularidades a las que se enfrentará durante la tramitación de la solicitud.

Cabe mencionar que esto también obligará a realizar cambios que permitan garantizar los derechos de los solicitantes, de tal manera que haya una defensa efectiva en contra de las violaciones del esfuerzo inventivo.

En México, el proceso desde que es solicitada una patente hasta que es concedida no es breve, se llevan de tres años a tres años y medio en otorgarse, es un proceso largo y costoso.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de la educación en el desarrollo de las y los mexicanos, por ello, pugnamos porque desde temprana edad se empiece con el fomento de una educación tecnológica en busca de la innovación científica, y de que las y los mexicanos puedan hacer uso de las patentes y de esta forma aprovechar las virtudes que brinda este trámite.

La presente proposición busca exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que elabore y fomente programas que incentiven la educación tecnológica donde se brinde información sobre las patentes, su objetivo y funcionamiento, de la misma forma se exhorta a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, revise y en su caso modifique el proceso de registro de marcas y patentes, buscando en todo momento pugnar por la economía procesal y el mayor dinamismo y sencillez para los usuarios, así como llevar a cabo una transformación del trámite completo de las solicitudes de patente, que permita que los ciudadanos podamos observar paso a paso el trámite de las mismas. Esto repercutirá en la confianza en nuestras instituciones y en una facilitación del trámite para las personas ajenas o lejanas a la materia.

En virtud de lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que fomente y, en su caso, elabore programas, criterios, manuales que incentiven la educación tecnológica desde edades tempranas en las escuelas de todo el país.

Segundo. Exhorta a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual revise y, en su caso, modifique el proceso y la colección de guías de usuarios de registro de marcas y patentes, buscando en todo momento que sea regido por los criterios de economía procesal, transparencia, dinamismo y la mayor sencillez para los usuarios y solicitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado José Bernardo Quezada Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que los empleados por honorarios de esta soberanía gocen de las prestaciones de ley a que tienen derecho, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

Abdies Pineda Morín, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123. Establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.” Y prosigue: “El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán.”

También establece claramente la relación de los trabajadores al servicio del estado mediante su Apartado B, que se denomina: B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:...

En su fracción cuarta establece que “los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.” Y queda muy claro, con ello que el mandato constitucional en la fracción XIV prevé que “la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.”

Entonces, en Encuentro Social, nos cuestionamos cómo es posible que esta Cámara de Diputados que esta mandatada por la Constitución, como se menciona en los artículos y apartados anteriores, no cumpla en su relación con los trabajadores que laboran por honorarios al servicio de esta Cámara del Poder Legislativo.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional es muy preciso al señalar quienes son trabajadores de confianza en los Poderes de la Unión. Al respecto el artículo 5o. refiere que son trabajadores de confianza, en el Poder Legislativo, de manera concreta, en la Cámara de Diputados el secretario general, secretarios de servicios, coordinadores, contralor interno, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares, secretarías privadas, subcontralores, auditores, secretarios técnicos, asesores, consultores, investigadores, secretarios de enlace, titulares de la unidad o centro de estudios, agentes de resguardo parlamentario, agentes de protección civil, supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, y el personal del Servicio de Carrera.

Asimismo prevé que son irrenunciables los derechos que la ley burocrática les otorga.

De manera particular, lo secretarios técnicos y los asesores firman contratos semestrales que contienen lo que un nombramiento debería contener en una relación de trabajo regular: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; servicios que deban prestarse, que se determinarán con la mayor precisión posible; carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada; duración de la jornada de trabajo; sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y lugar en que prestará sus servicios.

Volviendo, en sentido contrario, cotidiano jornadas extenuantes, condiciones inhumanas, renuncias en blanco; así como formas de contratación evitan el reconocimiento de derechos laborales. Entre éstas se distinguen los contratos por servicios profesionales, llamados por “honorarios”.

La práctica de contratar por honorarios a trabajadores, en la mayoría de los casos, busca evitar que se otorguen derechos laborales.

En el contrato por honorarios se omite pagar prestaciones como aguinaldo -llamada “gratificación de año”, vacaciones, y hasta los seis meses en el cargo, la seguridad social.

Los tribunales registran dos criterios contradictorios entre sí.

El primero, en el Segundo Tribunal Colegiado en materia de laboral del Primer Circuito, que concluyó que “la firma de un contrato por honorarios no podrá afectar los derechos del trabajador si se dan los elementos propios de una relación de trabajo”.

Por otra parte, el Sexto Tribunal Colegiado del mismo circuito emitió un criterio que señala que “basta la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales para considerar que no existe relación laboral ”, además, sostuvo que las restricciones presupuestales justificaban la condición.

Esta contradicción de criterios fue sometida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en ese sentido, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, sancionar lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado, emitiendo la jurisprudencia 20/2005:

“Trabajadores al servicio del Estado. El vínculo laboral se demuestra cuando los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios profesionales.”

Los argumentos sustentados son plenamente congruentes con los principios de nuestra legislación laboral. Se concluyó que la ausencia de formalidades, como la expedición de un nombramiento, la cual es imputable al patrón, no puede impedir el reconocimiento de una relación laboral, ya que ello conduciría a un exceso en perjuicio de los trabajadores, por lo que al acreditarse la continuidad del servicio, el lugar y horario de trabajo, a cambio de una remuneración económica, debe concluirse que existe un vínculo de carácter laboral, sin que la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales constituya un obstáculo, “(...) pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados (...)”

Para Encuentro Social resulta necesario que las grandes reformas al sistema democrático y las vinculadas al Poder Legislativo alcancen a quienes forman los cimientos y pilares del trabajo legislativo en condiciones que debería de ser subsanadas a la brevedad posible.

En razón de lo anterior, el suscrito hace un respetuoso llamado a la Junta de Coordinación Política de esta honorable soberanía para que atienda esta discrepancia entre la correcta aplicación de la ley o seguir siendo omisos en nuestras obligaciones con estos trabajadores.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El soberano pleno de la honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, solicita a la Junta de Coordinación Política a que tome las acciones necesarias para que los empleados por honorarios de esta Cámara sean incluidos en el Capítulo 1000, y con ello gocen de las prestaciones de ley a que todos los empleados al servicio del estado tienen derecho, a partir del ejercicio fiscal de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Abdies Pineda Morín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a incorporar Cabo Corriente en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Yerena Zambrano, las suscritas diputadas y los suscritos diputados, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Ramón Bañales Arámbula, Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera y J. Jesús Zúñiga Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El crecimiento y desarrollo de sus zonas metropolitanas, ha sido un fenómeno sociodemográfico que ha originado transformaciones en la planeación de las zonas urbanas e impacta de forma importante en las zonas periféricas que las componen.

Ante este fenómeno, el Gobierno de la República desde el 2006, implementó el destino de recursos económicos para atender específicamente el crecimiento de las Zonas Urbanas por medio de un fondo al cual se le denominó Fondo Metropolitano.

Estos recursos del Fondo Metropolitano se deberán destinar a:

a) Estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones;

b) Obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, nuevos o en proceso.

Asimismo para apoyar:

a) La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades productivas;

b) La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;

c) La consolidación urbana; y

d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional.

Los recursos del Fondo Metropolitano son administrados por los gobiernos estatales a través de fideicomisos de administración e inversión, con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos que se entregarán por conducto del Fondo Metropolitano, así como para el seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, por medio de Reglas que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La población conjunta de las 59 zonas metropolitanas de México es de 63 836 779 habitantes, lo que equivale al 57% del total de la población, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Se han establecido los siguientes criterios para delimitar una zona metropolitana:

1. Dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes;

2. Municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbana;

3. Municipios o demarcaciones territoriales que contienen una ciudad de un millón o más habitantes;

4. Municipios con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de EUA.

Se aprecia que los criterios para delimitar las zonas metropolitanas prevén la incorporación de municipios no centrales que presentan un alto grado de integración funcional con las ciudades. Es por ello que con base a las características de ciertos municipios pueden integrar un corredor que contribuya al desarrollo de la zona metropolitana sin que sea óbice el número de sus habitantes.

De esta forma, el desarrollo formativo de las zonas metropolitanas se caracteriza en que se han conurbado a varios municipios más pequeños gracias al proceso de urbanización de las mismas, pues dichas áreas son los sitios de trabajo o lugares de concurrencia que se vinculan con las distintas actividades económicas que sustentan el crecimiento económico y social del municipio central.

El caso que nos ocupa es el de la zona metropolitana de Puerto Vallarta, pues ha venido acrecentando su urbanización vertiginosamente debido a que se le ubica dentro de los principales destinos turísticos del país.

Consideramos que es preciso establecer mecanismos que sigan detonando el desarrollo equitativo en toda la zona metropolitana de Puerto Vallarta, ya que atendiendo a su incremento demográfico y de oferta de servicios turísticos, la expansión de su zona turística, particularmente la de playa ubicada en el municipio de Cabo Corrientes, podría coadyuvar a impulsar la economía de la región.

Cabo Corrientes representa una zona de transición para el uso y aprovechamiento turístico del territorio, ya que sus condiciones geográficas lo hace un enclave para consolidar la estrategia turística, debido a la capacidad de transformación y ordenación del territorio en los ámbitos intermedios (entre región y municipio). Esto permitiría revalorizar los activos olvidados del resto de la costa jalisciense que se han visto relegados por la capacidad de atracción de inversiones que han demostrado Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así mismo, puede ser definido como los límites aceptables –territoriales- para generar oferta hotelera bajo el esquema de modelo de enclave y a partir de ahí desarrollar propuestas encaminadas a favorecer prácticas turísticas alternativas de bajo impacto territorial, pero más inclusivas de la población local, al mismo tiempo que la aceptación de límites para la actividad a desarrollar a fin de evitar impactos territoriales irreversibles.1

En este sentido el municipio de Cabo Corriente colinda al norte con Puerto Vallarta, tiene una población de poco más de 11 mil habitantes y se ubica a 52 kilómetros del centro de Puerto Vallarta, cuenta con 75 kilómetros de costa que incluyen 10 playas para bañistas formando parte de la Costa Alegre, además de contar con una importante reserva ecológica llamada Cuixmala.

Esta situación demanda la provisión de más y mejores servicios que permitan mejorar las comunicaciones e infraestructura del municipio, desarrollar proyectos y servicios que permitan el desarrollo del aparato industrial y mejorar el espacio urbano, además de atender las necesidades de salud y educación.

Por tales motivos es importante que se considere a Cabo Corrientes dentro de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y aproveche los recursos del Fondo Metropolitano para financiar programas, proyectos y obras públicas de infraestructura con base en la planeación del desarrollo urbano metropolitano, con la finalidad de impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas, ya que la creciente demanda de servicios y nuevos atractivos hacen impostergable una expansión turística de la región.

Incluyendo al municipio de Cabo Corrientes en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, se ayudará a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y coadyuvarán a mejorar la competitividad de los diferentes sectores productivos, sobre todo del turismo.

Por lo anteriormente expuesto propongo ante el pleno de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, a que incorpore el municipio de Cabo Corriente a la zona metropolitana de Puerto Vallarta, para que de esta forma sea beneficiado con la asignación de los recursos del Fondo Metropolitano.

Nota

1 Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, 2009, Consultado en http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/265071/802791/file /ZM%20Puerto%20Vallarta.pdf, el 20 de octubre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputados: Rafael Yerena Zambrano, José Luis Orozco Sánchez Aldana, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Ramón Bañales Arámbula, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Francisco Javier Santillán Oceguera, J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información correspondiente a los préstamos recibidos por México de organismos financieros internacionales de 2000 a la fecha, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen 55.3 millones de personas en situación de pobreza; es decir, 46.2 por ciento de la población.

Ante estas alarmantes cifras de vulnerabilidad y desigualdad, nuestro país se vuelve un ideal receptor de los “préstamos para el desarrollo” de organismos financieros internacionales (OFI) –como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, ya que éstos tienen como objetivo el contribuir al desarrollo y la erradicación de la pobreza en el mundo.

En este sentido, el Estado mexicano ha negociado varios de estos tipos de préstamos afirmando que con ello complementa su capacidad de financiamiento del sector público al menor costo posible y aludiendo que, paralelamente, puede aprovechar la asistencia técnica y la experiencia internacional de los OFI en la materia para impulsar el desarrollo de México.1

Aunado a las cifras de pobreza del país, para obtener los préstamos, nuestro gobierno debe preparar diversos documentos como reportes de preparación, plan de operaciones e informes de monitoreo Al obtener el préstamo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la institución encargada en conjunto con las instancias que ejecutan las proyectos, de vigilar y mantener el registro del uso de los recursos, así como de publicar la información pertinente sobre éstos.2

Desafortunadamente y contrario a los principios de transparencia y rendición de cuentas, y al derecho de acceso a la información, aunque los documentos son entregados a los OFI, información desagregada y sistematizada sobre el uso e impacto de los recursos no se encuentra disponible.

Lo anterior ha sido señalado en el Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México, publicado recientemente por la organización de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación,3 en el cual se presenta un análisis detallado de la falta de información que existe en torno al manejo e impacto de los recursos obtenidos por los OFI.

Dicha opacidad debe ser esclarecida urgentemente ya que además del origen de las motivaciones de los recursos que deberían destinarse a sectores como educación, vivienda o salud, entre otros, éstos son recursos públicos por lo que forman parte de los ingresos federales y, por lo tanto, del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que vuelve su transparencia una obligación de nuestro Estado.

De igual forma, es importante señalar que existe un marco normativo que establece facultades y responsabilidades en materia de transparencia y monitoreo de los diferentes actores involucrados con respecto a la implementación y resultado del uso de los recursos obtenidos de los OFI. Éste se encuentra contenido en distintos instrumentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes como la Ley General de Deuda Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Ingresos de la Federación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.4

En este marco se establece claramente que la SHCP es la instancia encargada de negociar, autorizar y contratar los préstamos con los OFI, además de contar con la responsabilidad de supervisar y mantener el registro de los recursos, así como de concentrar y publicar toda la información relativa a ellos. De igual forma, las secretarías responsables de la ejecución de los proyectos para los que se solicitaron los recursos, deben informar periódicamente a la SHCP sobre el ejercicio de éstos. De esta forma queda establecida la obligación de transparentar la información de los préstamos.5

En este sentido, la documentación respecto a los préstamos del gobierno mexicano -incluidos los informes-, es pública. Así que al no existir información completa, clara y oportuna de los préstamos para el desarrollo, México incumple con las normas establecidas sin sanción alguna.

Frente a estas premisas, resulta importante señalar la magnitud de los préstamos. De acuerdo a la información presentada en el diagnóstico de Fundar, así como en los informes trimestrales que prepara la SHCP sobre la deuda pública externa, en 2014, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal ascendió a 71 mil 770.1 millones de dólares, monto que representa poco más de 5 por ciento del producto interno bruto del país. El 30 por ciento de esa deuda proviene de los OFI como el BM y el BID.6

El país recibió 18 mil 315 millones de dólares, correspondientes a 54 proyectos financiados con recursos de los OFI, entre 2010 y 2014. De los proyectos, 17 han sido financiados por el BM y 37 por el BID.7 Aunado a esto, cabe resaltar que durante 2013 México fue el país con la mayor línea de crédito del Banco Mundial, con un saldo de 14 000.9 millones de dólares, formando parte del grupo de ocho países que suman 61 por ciento de la línea de crédito de dicho OFI. Además, de acuerdo con el Informe Anual 2013 del BID, fuimos el país con el mayor monto total de desembolsos, con 18.82 por ciento del total del banco, lo que significó 2 mil 109.5 millones de dólares. Entre 1961 y 2013, los préstamos que el BID otorgó a México fueron equivalentes a 15.4 por ciento de los desembolsos del organismo.

De esta manera, México es uno de los principales prestatarios del BM, con 9.2 por ciento de la cartera total de préstamos; y el segundo prestatario del BID, con 18.82 de la cartera.8 Sin embargo, la información que brinda la SHCP sobre los préstamos no permite “conocer información detallada sobre los montos de cada préstamo negociado, la dependencia responsable de la ejecución, las fechas de aprobación y de cierre y los resultados obtenidos”.9 Además, en muchas ocasiones, la información de la SHCP no corresponde a la publicada por el BID y el BM. Tampoco se tiene acceso a los informes cualitativos que México entrega a los OFI en seguimiento a los préstamos.

“Estos recursos son públicos, por lo que la información sobre su ejecución debería estar disponible de manera accesible. A pesar de que el marco normativo que rige dichos préstamos es claro y completo, el gobierno no lo está cumpliendo cabalmente”, señala Fundar.

Frente a este importante vacío de información pública, que debe ser atendido en aras de la defensa y garantía del derecho al acceso a la información pública gubernamental de manera oportuna, comprensiva, confiable y de calidad que fortalece la democracia, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública en su página de internet la información correspondiente a los préstamos para el desarrollo de los organismos financieros internacionales que México ha recibido desde 2000 hasta la fecha, en la que incluya el nombre de los proyectos que fueron ejecutados con cada recurso, la procedencia de los recursos, monto total destinado, montos de los préstamos, fecha de cierre de los proyectos, nombres de las instancias ejecutoras de los proyectos, así como los documentos de cada proyecto en donde se incluya la propuesta de proyecto, programa del proyecto, reporte de avances, y reporte final de resultados.

Notas

1 Fundar, Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México. Consultado en línea el 19 de octubre de 2015, en
https://www.scribd.com/fullscreen/283120701?access_key=key-KhoXRJePm4LT8mLuziON&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll

2 Padilla, A. Recomiendan transparencia en préstamos internacionales. Consultado en línea el 18 de octubre de 2015, en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/09/30/recomiendan-transparencia-en-prestamos-internacionales

3 Fundar es una organización de la sociedad civil que con su quehacer busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir a generar cambios estructurales que transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y gobierno.

4 Fundar, Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México. Consultado en línea el 19 de octubre de 2015, en
https://www.scribd.com/fullscreen/283120701?access_key=key-KhoXRJePm4LT8mLuziON&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll

5 Ibídem.

6 Ibídem

7 Padilla, A. Recomiendan transparencia en préstamos internacionales. Consultado en línea el 18 de octubre de 2015, en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/09/30/recomiendan-transparencia-en-prestamos-internacionales

8 Ibídem.

9 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a considerar en los programas federales las actas de posesión emitidas por los comisariados de bienes comunales o ejidales, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Tello López, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, según las sucesivas

Consideraciones

En México disfrutamos de gran diversidad de paisajes; compuestos por la orografía, el clima, la fauna, la flora, la Idiosincrasia la cultura de cada una de las regiones, entre otras características, por lo que el territorio del norte del país es totalmente diferente del sureste.

Así, mientras que en algunos estados las extensiones territoriales son inmensas y sustentadas con un marco jurídico definido, con títulos debidamente reconocidos e inscritos de propiedad privada, en otros, principalmente en el sureste, las extensiones de terrenos conocidos como propiedad privada, son pequeñas dimensiones, ya que las grandes extensiones corresponden a régimen comunal o ejidal; lo que trae como consecuencia que en la actualidad ponga en desventaja a los estados del sureste.

Además, si tomamos en consideración las constantes reformas que ha sufrido hasta el momento las reglas de operación para el apoyo al campo, del que se desprende que para ser sujeto de aprobación de proyectos productivos, las secretarías creadas para este fin, ya sea de manera directa o por conducto de sus delegaciones federales en las entidades federativas; exigen como requisito indispensable títulos de propiedad privada debidamente notariadas públicamente, registradas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

No obstante lo anterior, que sin tomar en consideración que existen régimen comunal o ejidal y que los jornaleros o campesinos que pertenecen a estos núcleos de población por conducto del comisariado ejidal o comunal, tienen la representación general de la asamblea y por consiguiente es el órgano supremo de dicho núcleo, por lo tanto tienen la facultad de otorgar las constancias de posesión correspondiente, documentales estas que son consideradas públicas y están reconocidas en la fracción VII del numeral 27 de la ley fundamental.

Por ello planteamos que las secretarías del despacho y sus delegaciones federales en las entidades federativas competentes en la materia, deben conceder pleno valor probatorio, al igual que los documentos públicos notariados que amparan la propiedad privada a las constancias de posesión.

Que al no considerar lo anterior, a los campesinos o jornaleros ejidatarios o comuneros los dejan en total estado de indefensión, pues no les dan oportunidad de ser acreedores de apoyos o créditos, para tecnificar sus tierras y mejorar sus cosechas, lo que ocasiona que el campesino no pueda ingresar a los programas de la federación y por lo tanto continúe en la espiral de la pobreza y la marginación, violentándose además, los derechos humanos consagrados en el numeral 1o. de la norma suprema.

Que si revisamos el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2014, donde hace referencia en el artículo 1o. que para los efectos de las presentes reglas de operación y de su aplicación, se entenderá por “numeral (89) LXXXIX:

Documento que acredite la legal propiedad. Para este efecto se considerará contrato de compra y venta, donación, donación en pago, adjudicación emitida por autoridad judicial y permuta. El documento deberá estar pasado ante fe de fedatario público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y, en su caso, ante el Registro Público Marítimo Nacional o, en su caso, la factura del bien a nombre del beneficiario.

Y agrega en el artículo 5o.:

Los requisitos generales que deberán presentar los solicitantes de los apoyos de los programas y/o componentes establecidos en copia simple y original con fines de cotejo son los siguientes:

e) En su caso, comprobante de la legal posesión del predio, excepto Procafe e impulso productivo al café, Sistemas Producto Agrícolas, Proagro Productivo, Repoblamiento y Recría Pecuaria, Infraestructura y Equipo del Repoblamiento, productividad Pecuaria, Propor, Pozos Ganaderos, Sistemas Producto Pecuarios, Manejo post Producción Pecuario, Bioseguridad Pecuaria, Agricultura Familiar Periurbana y Traspatio.

Por lo expuesto, en Morena y preocupados porque en México se den las mismas condiciones y apoyos a los más necesitados para cerrar la brecha de marginación, me permito solicitar ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta representación nacional, con pleno respeto de la división de poderes y de sus atribuciones, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que tenga a bien considerar como documental pública las actas de posesión emitidas por los comisariados de bienes comunales o ejidales a efecto de no dejar a los campesinos en estado de indefensión y permitirles ser acreedores de apoyos o créditos en los programas de la federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Jorge Tello López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar una base de datos con el destino de los animales silvestres entregados en custodia, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales para que se elabore y se haga pública una base de datos que informe el destino de los animales de circo entregados a custodia y las medidas para su cuidado con motivo de la entrada en vigor de las modificaciones a la ley general de vida silvestre, esto con el fin de corroborar que se encuentran en condiciones adecuadas de salud, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde 1978 Instancias Internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron el derecho de toda especie silvestre a vivir libre en su propio ambiente natural, sea terrestre, aéreo o acuático.

Lo que recientemente en México conllevó a la creación de campañas mediáticas para sensibilizar a la ciudadanía y evitar el maltrato hacia los animales.

Múltiples asociaciones protectoras de animales documentaron la grave situación en la que vivían las especies en los circos, el maltrato de que eran objeto y las conductas que se utilizaban para su adiestramiento.

En diciembre de 2014 se aprueba y publica la reforma al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre estableciendo la prohibición del uso de ejemplares silvestres en espectáculos de circo.

El artículo Segundo Transitorio de la reforma en comento, estableció la obligación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los dueños de animales que trabajaban en circos de llevar a cabo una base de datos con el número y especie de cada animal de estos espectáculos, la que debió realizarse desde su publicación hasta su entrada en vigor para ponerla a disposición de los zoológicos.

Dicha reforma no tomó en consideración los altos costos de manutención de las especies de animales, motivo por el cual muchos zoológicos se vieron incapacitados para recibirlos dentro de sus instalaciones, aunado a la incapacidad económica de los cirqueros ya que los animales dejaron de generar ingresos para continuar manteniéndolos.

Esto ha provocado hasta el momento la muerte de más de 45 animales, el abandono y desaparición de un número indeterminado de ellos.

Como ejemplo, en mi natal Hermosillo, Sonora hace unos días la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató a un camello abandonado por un circo en estado de desnutrición y con visibles marcas de tortura.

Esto ha dejado en evidencia la mala actuación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al no mantener un estricto control de la base de datos que debía estar integrada a partir de la entrada en vigor de dicha reforma.

En Movimiento Ciudadano externamos nuestra preocupación sobre el destino de estos seres vivos y su futuro inmediato, por lo cual solicitamos con carácter de urgente:

Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de su titular, se elabore y haga pública una base de datos con el destino de los animales silvestres entregados a custodia.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de su titular haga pública las medidas que se utilizan para el cuidado de los animales silvestres entregados a custodia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de octubre del año 2015.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a implantar acciones que den certeza al Programa Estratégico para Impulsar la Cadena de Valor del Cocotero en México, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe el diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con las siguientes consideraciones:

Antecedentes

Por cada productor, hay cerca de 4 familias que dependen del coco, por lo que el cultivo es de muy alto valor económicosocial, combatiendo directamente el hambre en zonas de pobreza. La producción de coco impacta directamente al ecosistema generando una gran biodiversidad, como abejas, iguanas y diversas especies. Como aprovechamiento integral de esta generosa planta tenemos; pulpa de coco, copra para biocombustibles (biodiesel), aceites industriales para jabones, aceite de coco virgen y activado, fibras, sustrato, carbón virgen, artesanías, madera entre otros. Por otra parte genera grandes cantidades de bióxido de carbono a la atmósfera. Genera autoempleos, su mercado mundial es creciente nacional e internacional. Nuestro país ocupa un lugar muy bajo en la producción de coco, sin embargo de acuerdo a los estudios realizados por universidades y organizaciones productoras y otras instituciones, se tiene la convicción que se de establecer firmemente un plan que incentive un crecimiento sostenido del “Programa Estratégico para impulsar la cadena de valor del Cocotero en México” e incrementar la producción en los Estados que son potencialmente productores como; Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche mismos que se han sentido abandonados por el gobierno federal al ver que las prioridades en el campo no responden a la realidad de la necesidades de los productores y sin ninguna ruta de certeza, solo privilegiando a las corporaciones y grupos de clientes, que al final se tiene la conciencia que nuestro campo sigue estando abandonado y que cada sexenio y cada trienio los gobiernos y las legislaturas solo generan proyectos y planes que son visibles y políticamente rentables, sin embargo Encuentro Social está convencido que las suma de voluntades y las sinergias sin distingos puede encausarnos a una nueva ruta que privilegie proyectos como la Producción de coco que son verdaderas fuentes generadoras de bienestar social , combaten directamente a la pobreza y generan riquezas.

El coco en el plano mundial se produce en más de 90 países; no obstante, en una docena de ellos se concentra el 91.1 por ciento de la superficie plantada con este cultivo, como, los países asiáticos son los que cuentan con la mayor extensión, particularmente tres de ellos acumulan el 72.2 por ciento: Filipinas (29.1 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) e India (16.7 por ciento). Los dos únicos países de América que forman parte de este grupo son: Brasil (2.4 por ciento) y México (1.4 por ciento), que ocupa en doceavo lugar.

En correspondencia a la distribución de superficie por países, el 90.6 por ciento de la producción de coco (datos de 2002) se lleva a cabo en 10 países, como puede observarse, tres países asiáticos a su vez concentran el 70 por ciento de la producción de coco: Filipinas (26.4 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) y la India (18.2, sólo dos países figuran como productores importantes: Brasil (5.5 por ciento) y México (1.9 por ciento), ocupando el noveno lugar mundial.

En el 2015 el gobierno de la República a través del titular de Sagarpa afirma que mantiene su compromiso de impulsar el desarrollo del sur - sureste, mediante una política integral que fortalezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule efectivamente con el resto del país, de tal manera que se presentó el “Programa Estratégico para impulsar la Cadena de Valor del Cocotero”. Asimismo como plan de desarrollo económico en la zona sur también afirma el titular que se está trabajando para focalizar los incentivos e impulsar las actividades agropecuarias y la perspectiva de la administración federal está focalizada en canalizar más de mil millones de pesos mediante el Componente de Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y 500 millones de pesos para otorgar incentivos a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento con el objeto reactivar la cadena productiva del cocotero.

El Comité Nacional del Sistema Producto Palma de Coco ha proyectado cubrir 160,000 Ha, generando 30,000 productores, 240,000 empleos al año, produciendo 8,000 cocos por ha y 640,000 cocos, valor aproximado de $ 3,200,000,000.

“El programa estratégico para impulsar la cadena de Valor del Cocotero en México” surge de la necesidad de los estados productores y las gestiones de la LXII Legislatura en relación con la asignación Presupuestal de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados y publicados en la gaceta Parlamentaria Anexo 20 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas con fecha de 13 de Noviembre del 2014, y etiquetado por la SAGARPA el 19 de marzo del 2015 con un Monto de 500 millones de pesos.

Hasta este día no se tiene ningún dato del ejercicio de dicho recurso y las diferentes organizaciones de productores de coco en México se están viendo afectados ya que no hay respuesta aún a su demanda.

Encuentro Social tiene la firme convicción desde sus axiomas primarios de promover la economía a través de la creación de proyectos productivos que generen directamente bienestar y estabilidad en la economía de nuestras familias, que son nuestra prioridad como impulsores directos de desarrollo social, económico y cultural en el establecimiento de un nuevo paradigma de economía sustentable emergente que deja atrás las prácticas asistenciales paliativas y clientelares, México es el norte el centro y el sur, México somos todos.

“Lo único que no se aprovecha del coco es el aire que acaricia sus ramas” (proverbio hindú).

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Sagarpa a que implemente acciones que den certeza al “Programa Estratégico para impulsar la Cadena de valor del Cocotero en México” transparentando recursos etiquetados a los estados que hoy muestran un potencial real de crecimiento sostenido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre del 2015.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir los avances o resultados de la investigación sobre la probable participación de tres detenidas en el aeropuerto de Chiapas por la portación de dinero en efectivo sin comprobar su origen y destino, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRI

Gianni Raúl Ramírez Ocampo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El domingo 19 de Julio del año que transcurre, en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, fueron detenidas por elementos de la Policía Federal, tres mujeres de nombres, Lizeth Semenow Ayala, Sofía Olvera Castro y Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, a quien el Delegado electo por Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, reconoció como su colaboradora y dicha detenida era candidata a diputada federal suplente por Morena, por el distrito 12 de Chiapas.

Conforme a datos que obran en medios de comunicación, la experiencia de la ciudadana Benelly Jocabeth Hernández Ruedas es contar con licenciatura trunca en educación secundaria, organizar el concurso de belleza Miss Morenaza en 2011, candidata a regidora en Fresnillo y suplente de la diputada federal Alicia Barrientos.

Se informó que en las maletas, además del dinero, se encontraba propaganda de Morena y quedó a disposición del Ministerio Público, por no poder acreditar la procedencia del dinero; donde las detenidas señalaron que eran recursos del partido para actividades políticas y el Ministerio Público determinó dejarlas en libertad con las reservas de ley. Actualmente se está investigando el proceso de acreditación de los recursos, los que deben permanecer a disposición de la autoridad.

Al día de hoy la ciudadana Benelly Jocabeth Hernández Ruedas no está impedida por la ley para desempeñarse en la administración pública, pero aparece como indiciada en el expediente en comento, lo que debe resolver pronto la autoridad.

Por otro lado queda comprobada la relación que existe entre el actual delegado en Cuauhtémoc, Distrito Federal, doctor Ricardo Monreal Ávila y la indiciada, al nombrarla como directora de Desarrollo Social en la demarcación.

Lo importante es conocer el porqué no dieron a conocer a la autoridad sobre el manejo del recursos y cuál sería su destino. Vale la pena conocer el resultado de la investigación de la autoridad, sobre el decomiso de estos recursos y por qué los llevaba una asistente o colaboradora, para qué iban a servir, en que lo gastarían y por qué a una persona sujeta a investigación se le da presupuesto con recursos públicos, contando con un antecedente y expediente abierto en la PGR.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a dar a conocer a la opinión pública, los avances o resultados de la investigación sobre la probable participación de tres mujeres detenidas en el aeropuerto de Chiapas, entre ellas, Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, actualmente directora de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, por tener en su poder un millón de pesos, sin comprobar su origen, presuntamente para favorecer a un partido político.

Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Gianii Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de programas, políticas públicas y tácticas tendentes a prevenir y atender las problemáticas de seguridad pública prevalecientes en Oaxaca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Sergio López Sánchez, diputado por el distrito 06 de Oaxaca en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó un estudio denominado Índice para una Vida Mejor —a 60 mil personas en 180 países— para conocer cuáles son los factores que aumentan el nivel de bienestar de las personas. Los resultados variaron por nación, pero de manera general fueron: mejor educación, tener mayor seguridad y estar satisfecho con las condiciones de vida.

Sabemos que en el caso de México, hemos sido brutalmente golpeados por el incremento en los índices delictivos, los delitos de alto impacto, en efecto, han aumentado de manera considerable, situación que nos mantiene en un estado de violencia generalizada, derivada en gran medida por la falta de empleo y de oportunidades para acceder a mejores oportunidades de vida.

No obstante esta situación nacional, la administración pública estatal debe asumir su responsabilidad y actuar, en el ámbito de su competencia, garantizando seguridad a la población oaxaqueña.

En este sentido, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, realizada por el INEGI, 4 de cada 5 oaxaqueños consideran al estado como inseguro. El 77.7%, alrededor de 2 millones 10 mil personas, tiene miedo de ser víctimas de algún hecho delictivo en territorio estatal; de hecho, en opinión de los propios habitantes, Oaxaca es considerada la décima entidad más peligrosa del país. Incluso más insegura que estados como Nuevo León, Sonora, Sinaloa, el vecino Puebla y hasta dos y media veces más peligrosa que Yucatán, donde apenas 1 de cada 3 peninsulares consideran peligroso su estado. De hecho, por poco más de 1.4 puntos porcentuales, las mujeres se sienten más inseguras en Oaxaca en relación con los hombres.

En síntesis, estos datos confirman la percepción que tenemos los oaxaqueños a este respecto: Oaxaca es uno de los diez Estados que, a lo largo del presente año, han registrado un incremento considerable en la comisión de delitos.

A este respecto, es importante señalar que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

De igual forma, se establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, también se establece la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse brindando a las personas la protección más amplia.

Contrario a lo que la doctrina y el correcto ejercicio de la función pública señalan sobre Derechos Humanos y Administración Pública, en la región de la mixteca, ocurren de manera cada vez más frecuente hechos tan atroces como el ocurrido el 7 de octubre del año en curso cuando fue localizado el cuerpo sin vida de Mario Sánchez Cuevas, presidente municipal de San Miguel el Grande, Oaxaca, después de haber permanecido en calidad de desaparecido durante 12 días.

Por citar otro ejemplo, el día 17 de febrero del año en curso el precandidato del PRD a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Carlos Martínez Villavicencio, junto con dos personas más, murieron asesinados en una emboscada cuando realizaban un recorrido por la zona triqui.

Asimismo, el 18 de junio del presente año, alrededor de las trece horas, fue asesinado por dos sicarios el ciudadano Jesús Ríos Juárez, dirigente indígena zapoteco en el municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Oaxaca, enfrente de su esposa y un sobrino. Quien por cierto, reiteradamente denunció ante la Secretaría General de Gobierno, la gubernatura del Estado y la Junta de Conciliación Agraria del Gobierno del Estado las amenazas de muerte que le habían sido formuladas, no sólo contra él, sino además contra diversas autoridades comunales y municipales, así como en contra de los asesores jurídicos de Santiago Yaveo.

Sin embargo, las instancias mencionadas del gobierno del Estado no asumieron medida alguna para prevenir el cumplimiento de dichas amenazas, para investigar su origen y mucho menos para proteger a las personas amenazadas.

Estos lamentables hechos, aunados a los ocurridos en Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Putla, Huajuapan, Yosoñama y Mixtepec, sin dejar de contar por supuesto el creciente número de feminicidios ocurridos en la región, nos habla de la falta de interés de las autoridades o de la falta de capacidad para desarrollar estas labores, porque definitivamente muchos de estos casos pudieron prevenirse, pero sin duda hizo falta voluntad política para actuar coordinadamente, atendiendo las causas y no solo los efectos de la violencia y la delincuencia.

Así pues, la delincuencia, la inseguridad y la violencia que estamos padeciendo los oaxaqueños especialmente en la región de la Mixteca, lugar en el que la pluriculturalidad, los conflictos agrarios, la ausencia de la autoridad, la falta de adiestramiento y de condiciones laborales dignas de la policía, así como la falta de un esfuerzo conjunto y contundente de las y los servidores públicos municipales y estatales, dan pie a la conculcación de la garantía fundamental de vivir y desarrollarse en un ambiente adecuado.

Es lamentable que la Mixteca oaxaqueña, región caracterizada por su gente noble y trabajadora sea todos los días nota policiaca por el gran número hechos delictivos que se suscitan diariamente.

Derivada de esta terrible situación, en diciembre de 2013, diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, entre los que se encontraba el suscrito, propusimos exhortar al Titular del Poder Ejecutivo en dos vertientes:

En primera instancia se le exhortó para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, implementara de manera urgente una estrategia integral para que a corto plazo fuera combatida la creciente delincuencia, violencia e inseguridad que se vive en la zona de la Mixteca.

Y en segundo término, para que a través de la Secretaría de Gobierno fueran previstos e implementados programas, políticas públicas y tácticas tendientes a atender las causas del incremento de los ilícitos en la Mixteca, de forma coordinada con todas aquellas dependencias facultadas para intervenir en la resolución de las diferentes problemáticas prevalecientes en la zona.

Proposición que, cabe señalar, fue aprobada por el Pleno de ese Congreso, sin embargo a la fecha las autoridades de seguridad pública encargadas de prevenir e investigar los delitos en el Estado, han ignorado dicho exhorto, a pesar de que los conflictos agrarios y políticos, asesinatos, extorsiones, secuestros y asaltos han provocado un aumento en la migración de la zona de la mixteca, la cual ha llegado a alcanzar hasta un 60% de la población.

Por ello, es menester reiterar el llamado hecho con anterioridad al señor Gobernador, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a que hagan su trabajo de manera más eficiente y profesional, pero también, se hace necesario ampliar el exhorto al ejecutivo federal, a efecto de que de manera coordinada con las fuerzas estatales y municipales, actúen coordinadamente, y se atiendan las causas y no solo los efectos de la crecientes violencia y delincuencia en el Estado.

Lo anterior, toda vez que de no ser atendido de manera inmediata el alarmante incremento de la violencia, la inseguridad y la delincuencia en todo el Estado de Oaxaca, particularmente en la región mixteca, originará casos como el sucedido recientemente en el estado de Puebla, donde pobladores lincharon y quemaron a dos jóvenes con el argumento de que creyeron que eran secuestradores.

Hechos como estos pueden ser perfectamente prevenidos si las autoridades estatales y federales atienden de manera oportuna e integral el incremento de la violencia y la delincuencia que se vive en la entidad.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado y al Fiscal General de Justicia en el estado de Oaxaca, para que de manera inmediata se lleve cabo una investigación eficaz y expedita que permita identificar, detener y llevar ante la justicia a los verdaderos autores intelectuales y materiales del asesinato del ciudadano Mario Sánchez Cuevas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, implementen operativos que implique la disposición de elementos de la Gendarmería Nacional de manera permanente en el estado de Oaxaca, principalmente en la región de la Mixteca, a efecto de generar estrategias integrales que fortalezcan la seguridad pública ante el incremento del índice delictivo en la región, el cual amenaza la vida, libertad, integridad y patrimonio de las y los ciudadanos.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del estado de Oaxaca para que prevean e implementen programas, políticas públicas y tácticas tendientes a atender las causas del incremento de los ilícitos en la entidad, de forma coordinada con todas aquellas dependencias facultadas para intervenir en prevención, atención temprana y resolución de las diferentes problemáticas prevalecientes en el Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de octubre de 2015.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Media Superior del gobierno federal a realizar las acciones conducentes al desahogo del pliego petitorio suscrito por la asociación de padres y madres de familia del Cbtis número 92, y a la atención integral de las problemáticas presentes en el plantel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 92 (CBTIS 92) es una de las trece instituciones de educación media superior dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) que existen en el estado de Chiapas. Está ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y cuenta con una población estudiantil de mil 650 alumnos, distribuida en ocho especializaciones orientadas a la formación para el trabajo que incluyen contabilidad, laboratorio clínico, mecánica industrial y servicios de hospedaje, entre otras.

Como cualquier otra institución de educación pública en México, el CBTIS 92 recibe anualmente un monto del erario para cumplir con sus funciones. Sin embargo, adicionalmente a estos recursos desde hace años las autoridades escolares del plantel solicitan a las familias de los estudiantes cubrir semestralmente con un pago de 700 pesos por concepto de cuotas voluntarias, que suman por periodo un total de 1 millón 155 mil pesos, arguyendo el frágil estado financiero en que se halla inmerso la institución y la consecuente necesidad de recaudar fondos para cubrir con la totalidad de los costos que implica el desarrollo de sus funciones ordinarias, como el mantenimiento de equipo, compra de materiales, cuidado de instalaciones, etcétera. Sin embargo, el manejo de dichos recursos ha estado marcado por la opacidad y la ausencia de cualquier mecanismo de rendición de cuentas, pese a reiteradas peticiones de los padres de familia por transparentar la administración y destino de estos ingresos.

Las molestias e inconformidades sobre el manejo que realiza la dirección del plantel de tales recursos han escalado hasta convertirse en un tema de grave preocupación entre la comunidad estudiantil, académica y de padres de familia pues contrario a los dichos de las autoridades del CBTIS 92 acerca del uso de los recursos para el mejoramiento de la infraestructura y calidad educativa de la institución, la realidad es que tanto las instalaciones del CBTIS 92 como el equipo, y en consecuencia los servicios educativos que ahí se imparten, con frecuencia se hayan en condiciones deplorables. Así lo demuestra el dictamen de Protección Civil municipal número SPC/CRPROCY/SCLC/ABRIL 14/008, que indica que el plantel se encuentra en situación de Riesgo Alto, pues existen fugas de gas en el taller de alimentos y bebidas, así como en el laboratorio correspondiente a la especialidad de Laboratorista Clínico. Los responsables de la institución han hecho caso omiso a estas observaciones y se han negado a atender oportunamente las recomendaciones señaladas, poniendo en riesgo a la población estudiantil y personal que labora en dicho plantel.

Por si esto fuera poco, en reiteradas ocasiones estudiantes del CBTIS 92 han manifestado ante las instancias escolares correspondientes que varios docentes no imparten su cátedra asignada debido a que se ausentan en sus horarios respectivos sin que exista una explicación y, en el caso, justificación. Asimismo, han expresado que hay docentes que no imparten cátedras de acuerdo a su perfil profesional. Sin embargo, en el contexto de un fuerte control administrativo por parte del director del plantel, ingeniero Ramón Ismael Suárez Sancho, los alumnos no suelen realizar la denuncia por escrito pues temen sufrir represalias por los docentes y directivos.

Ante estos hechos, los padres de familia del CBTIS 92 decidieron hacer del conocimiento del subdirector de Enlace Operativo de la DGETI en el estado, licenciado Heberto Villatoro Culebro, la problemática que atraviesa la institución. Sin embargo, Villatoro Culebro, quien en el pasado había fungido también como director del CBTIS 92, ha mostrado en cada una de las reuniones que ha sostenido con la Asociación de Padres y Madres de Familia poco interés por atender la situación, sin que hasta el momento haya habido de su parte intervención alguna.

En vista de las negativas de Villatoro Culebro, los padres de familia del CBTIS 92 se han dirigido, en apego a estricto a los protocolos previstos en el orden institucional, a las instancias superiores correspondientes para manifestar su inconformidad y agotar las posibilidades diálogo. En este sentido, tienen conocimiento del asunto en Chiapas el representante de Educación Media Superior en el estado, licenciado Julio César Santos Puón, la delegada de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefa López Ruíz de Ladaga, el secretario general de Gobierno del estado, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda y el propio gobernador del estado, licenciado Manuel Velasco Coello. Asimismo, se han hecho sabedores de la problemática a autoridades nacionales como el director de la DGETI, maestro Carlos Alfonso Morán Moguel, y la diputada Hortensia Aragón Castillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que vía correo electrónico se hizo del conocimiento del subsecretario de Educación Media Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, la problemática que acontece en el CBTIS 92. En atención a dicho mensaje, Tuirán Gutiérrez instruyó al director general de Educación Tecnológica e Industrial, maestro Carlos Alfonso Morán Moguel, con fecha 22 de julio de 2015, que atendiera la solicitud hecha por los padres de familia del plantel y diera respuesta puntual a sus demandas en un plazo no mayor a cinco días hábiles. No obstante, las autoridades de la DGETI hicieron caso omiso de tales instrucciones.

Derivado de la sistemática falta de interés en brindar la atención necesaria a la crisis de transparencia y responsabilidad educativa que se vive en el CBTIS 92 que han demostrado los órganos encargados de la administración de la institución en prácticamente todos sus niveles, los padres de familia acordaron en asamblea realizar un plantón en el plantel a partir del 8 de septiembre de 2015, buscando con ello la atención inmediata a las petitorias por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, para sorpresa de los participantes en la movilización, al arribar al CBTIS 92 se dieron cuenta que éste ya había sido tomado por seis alumnos que, se comprobaría más adelante, habían sido enviados por el propio director, ingeniero Ramón Ismael Suárez Sancho, bajo la promesa de un pago de 700 pesos a cada uno. Esta situación obligó a que alumnos y padres de familia optaran por realizar el plantón a las afueras del plantel.

Por la noche del mismo día, un grupo de diez encapuchados acudió al lugar para desalojar con violencia a los inconformes. El grupo, armado con palos, varillas, piedras y botellas de cristal con gasolina, agredió a alumnos y padres de familia por igual, causando importantes daños materiales en los alrededores de la entrada al plantel. Por fortuna, durante estos hechos se detuvo a una persona en flagrancia que fue consignada ante la Fiscalía del Distrito Altos y a quien se le ejerció la acción penal correspondiente con número 599/2015. El joven confesaría más tarde que había sido el mismo director del plantel quien se había encargado de contratarlos y dotarles de instrucciones. Por lo anterior, se inició una averiguación previa con número 365/AL54-T2/2015, en contra de Ramón Ismael Suárez Sancho, por ser autor intelectual de los delitos de pandillerismo, asociación delictuosa e intento de homicidio.

Frente a estos acontecimientos, la tarde del 8 de septiembre de 2015, una representación de padres de familia acudió a una reunión con representantes del gobierno del estado en búsqueda de la mediación inmediata de las autoridades competentes y la solución definitiva a la problemática del CBTIS 92. Los padres de familia, que llevaban consigo un pliego petitorio que fue firmado por los asistentes, lograron acordar esa tarde una próxima reunión interinstitucional para abordar los temas solicitados y el desahogo de los mismos, a celebrarse el 11 de septiembre de 2015. Sin embargo, contraviniendo los acuerdos suscritos en un inicio, las autoridades estatales de la DGETI faltarían a la convocatoria para dicha reunión y en cambio, enviarían a dos personas con nula capacidad de incidencia. La asociación de padres de familia ha asegurado que esta última reunión se llevó a cabo en un ambiente hostil dominado por la presión y amenazas hacia los inconformados que concluiría en un acuerdo forzado de levantamiento del plantón que hasta ese día se mantenía en las afueras del CBTIS 92. Posterior a este encuentro, el 17 de septiembre los padres de familia realizarían un pronunciamiento público en donde fue desconocida la minuta firmada pues ésta no respondía ni resolvía la problemática. Cabe destacar que desde que se reanudaron las actividades en el plantel, los alumnos y alumnas que participaron en el plantón han sufrido de manera cotidiana actos de persecución, acoso y hostigamiento por parte del personal de la institución, de los vigilantes y de los mismos seis alumnos que tomaron previamente el plantel.

Este es el drama que han debido enfrentar los estudiantes y padres de familia del CBTIS 92, una institución que por años ha sido dirigida por una camarilla de funcionarios corruptos que, valiéndose de su investidura, la han utilizado para su enriquecimiento personal y tráfico de influencias, en detrimento de la calidad en la enseñanza que reciben sus mil 650 alumnos y alumnas. Corresponde a esta Cámara de Diputados pronunciarse en contra de estas violaciones al espíritu de las leyes que nos rigen y defender con firmeza las garantías que establece el artículo 3o., fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Toda la educación que el Estado imparta será gratuita ;”

Así como aquellas que están consignadas en el artículo 6o. de la Ley General de Educación, que señala:

“La educación que el estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos .”

Asimismo, corresponde al Congreso de la Unión asumir una postura crítica antes estos condenables hechos y ser portavoz de las denunciadas ciudadanas contra la opacidad en el ejercicio de los recursos destinados al mejoramiento educativo, es estricto apego al artículo 3o., fracción VIII que versa:

“El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que la infrinjan,”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior del gobierno federal, a instruir las acciones conducentes para el desahogo satisfactorio del pliego petitorio suscrito desde junio de 2015 por la Asociación de Padres y Madres de Familia del CBTIS 92 y la atención integral al conjunto de problemáticas que aquejan al plantel ubicado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Segundo: Se exhorta al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior del gobierno federal, a ordenar a través de instancias federales competentes de control la realización de una auditoría profunda y minuciosa del estado que guardan los recursos financieros del CBTIS 92, con objeto de hacer públicos los detalles acerca de su ejercicio y destino, particularmente aquellos que proceden de las cooperaciones semestrales que entregan padres y madres de familia de la institución.

Tercero: Se exhorta al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior del gobierno federal, a ordenar a través de los órganos competentes la inmediata destitución o transferencia de los directivos del CBTIS 92, incluyendo al director, ingeniero Ramón Ismael Suárez Sancho, y el subdirector del plantel, doctor Javier Luna Mancilla, y el inicio de las diligencias necesarias para el nombramiento de nuevos directivos dispuestos a trabajar de manera conjunta y armoniosa con la Asociación de Padres y Madres de Familia, con alumnas y alumnos, y con personal docente y administrativo del plantel a fin de restituir al CBTIS 92 el prestigio y calidad educativa que ha perdido a raíz de direcciones previas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de una comisión especial que coadyuve con el Programa Estratégico para Impulsar la Cadena de Valor del Cocotero en México, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 205, 207, 208 y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude a este pleno a fin de presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la “Comisión Especial que coadyuve el programa estratégico para impulsar la cadena de valor del cocotero en México” considerando lo siguiente:

Por cada productor, hay cerca de 4 familias que dependen del coco, por lo que el cultivo es de muy alto valor económico –social, combatiendo directamente el hambre en zonas de pobreza. La producción de coco impacta directamente al ecosistema generando una gran biodiversidad, como abejas, iguanas y diversas especies. Como aprovechamiento integral de esta generosa planta tenemos; pulpa de coco, copra para biocombustibles (biodiesel), aceites industriales para jabones, aceite de coco virgen y activado, fibras, sustrato, carbón virgen, artesanías, madera entre otros. Por otra parte genera grandes cantidades de bióxido de carbono a la atmósfera. Genera autoempleos, su mercado mundial es creciente nacional e internacional. Nuestro país ocupa un lugar muy bajo en la producción de coco, sin embargo de acuerdo a los estudios realizados por universidades y organizaciones productoras y otras instituciones, se tiene la convicción que se debe establecer firmemente un plan que incentive un crecimiento sostenido del “Programa Estratégico para impulsar la cadena de valor del Cocotero en México” e incrementar la producción en los Estados que son potencialmente productores como; Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche mismos que se han sentido abandonados por el gobierno federal al ver que las prioridades en el campo siguen aún sin responder a la realidad de las necesidades y sin ninguna ruta de certeza, solo privilegiando a las corporaciones y grupos de clientes, que al final solo se tiene la conciencia que nuestro campo sigue estando abandonado , que cada sexenio y cada trienio los gobiernos y las legislaturas solo generan proyectos y planes que son visibles y políticamente rentables, sin embargo Encuentro Social está convencido que las suma de voluntades y las sinergias sin distingos puede encausarnos a una nueva ruta que privilegie proyectos como la Producción de Coco que son verdaderas fuentes generadoras de bienestar social , combaten directamente a la pobreza y generan riquezas.

El coco en el plano mundial se produce en más de 90 países; no obstante, en una docena de ellos se concentra el 91.1 por ciento de la superficie plantada con este cultivo, como, los países asiáticos son los que cuentan con la mayor extensión, particularmente tres de ellos acumulan el 72.2 por ciento: Filipinas (29.1 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) e India (16.7 por ciento). Los dos únicos países de América que forman parte de este grupo son: Brasil (2.4 por ciento) y México (1.4 por ciento), que ocupa en doceavo lugar.

En correspondencia a la distribución de superficie por países, el 90.6 por ciento de la producción de coco (datos de 2002) se lleva a cabo en 10 pises Como puede observarse, tres países asiáticos a su vez concentran el 70 por ciento de la producción de coco: Filipinas (26.4 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) y la India (18.2, sólo dos países figuran como productores importantes: Brasil (5.5 por ciento) y México (1.9 por ciento), ocupando el noveno lugar mundial.

En el 2015 el Gobierno de la República a través del titular de Sagarpa afirma que mantiene su compromiso de impulsar el desarrollo del sur - sureste, mediante una política integral que fortalezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule efectivamente con el resto del país, de tal manera que se presentó el Programa Estratégico para impulsar la Cadena de Valor del Cocotero. Asimismo como plan de desarrollo económico en la zona sur también afirma el titular que se está trabajando para focalizar los incentivos e impulsar las actividades agropecuarias y la perspectiva de la administración federal está focalizada en canalizar más de mil millones de pesos mediante el Componente de Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y 500 millones de pesos para otorgar incentivos a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento con el objeto reactivar la cadena productiva del cocotero.

El Comité Nacional del Sistema Producto Palma de Coco ha proyectado cubrir 160,000 hectáreas, generando 30 mil productores, 240 mil empleos al año, produciendo 8 mil cocos por hectárea y 640 mil cocos, valor aproximado de 3 mil 200 millones de pesos.

“El programa estratégico para impulsar la cadena de Valor del Cocotero en México” surge de la necesidad de los estados productores y las gestiones de la LXII Legislatura en relación con la asignación Presupuestal de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados y publicados en la gaceta Parlamentaria Anexo 20 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas con fecha de 13 de noviembre del 2014, y etiquetado por la Sagarpa el 19 de marzo del 2015 con un Monto de 500 millones de pesos.

Asimismo fue creada en la LXII legislatura la comisión especial “Para Impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados ” siendo extinta al finalizar el periodo de la misma.

Encuentro Social tiene la firme convicción desde sus axiomas primarios de promover la economía a través de la creación de proyectos productivos que generen directamente bienestar y estabilidad en la economía de nuestras familias, que son nuestra prioridad como impulsores directos de desarrollo social, económico y cultural en el establecimiento de un nuevo paradigma de economía sustentable emergente que deja atrás las prácticas asistenciales paliativas y clientelares, México es el norte el centro y el sur, México somos todos.

“Lo único que no se aprovecha del coco es el aire que acaricia sus ramas” (Proverbio Hindú)

Por lo anterior expuesto se propone la creación de la comisión especial que coadyuve al fortalecimiento del programa estratégico para impulsar la cadena de valor del cocotero en México.

Que tendrá por objeto;

• Constituir foros permanentes donde se reúnan los integrantes de la cadena de valor del cocotero, coadyuvando el incremento de la producción y el desarrollo de las regiones con potencial así como a todos los productores.

• Promover mayor inversión pública y privada en investigación así como en todas las etapas de producción para disminuir los costos de operación.

• Fomentar políticas y talleres para los productores que les permitan la renovación e innovación de infraestructura productiva.

Y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial que coadyuve al fortalecimiento del “Programa estratégico para impulsar la cadena de valor del cocotero en México”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre del 2015.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta lo mismo a las autoridades de los estados de México y Puebla que a la CNDH a atender la problemática del linchamiento y garantizar el estado de derecho en esas entidades, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción, injusticia, e indiferencia de las autoridades gubernamentales, son prácticas arraigadas y sistematizadas en nuestro aparato institucional que han deteriorado el estado de derecho. Esto ha sido señalado por especialistas y organizaciones que han expresado su preocupación ante el incremento exponencial de la violencia en el país.1

Muestra de ello se vio reflejado en los hechos ocurridos el pasado 19 de octubre del año en curso en Ajalpan, Puebla, en donde dos hermanos fueron golpeados hasta la muerte por pobladores del lugar quienes, posteriormente, les prendieron fuego a los cuerpos. Este acto se enmarcó en una semana en la que al menos otros dos casos de linchamiento fueron reportados en el estado poblano, uno en La Resurrección y otro en San Andrés Cholula.2

El desarrollo de los lamentables hechos ha sido ampliamente documentado por los medios de comunicación quienes han narrado cómo los hermanos Rey David y José Copado Molina, en el cumplimiento de su trabajo como encuestadores, levantaron sospechas por parte de los pobladores de Ajalpan quienes los señalaban como presuntos responsables de un intento de secuestro en contra de una menor. Ante las amenazas, la policía municipal decidió retenerlos en la comandancia para evitar que fueran agredidos. No obstante, los hermanos fueron sacados de los separos, torturados y quemados en la explanada municipal de Ajalpan.3

Al respecto, existen diferentes versiones del actuar de las autoridades municipales y estatales las cuales, pese a cualquier discurso, no impidieron los actos delictivos colectivos que ocasionaron la muerte de los dos hermanos Copado Molina.

En esta misma línea, es importante señalar dos actos de la misma índole que fueron ejecutados en la semana en la que se presenta este punto de acuerdo. El primero ocurrió el domingo 25 de octubre, en el poblado de Ocoyoacac, estado de México, en donde hubo un intento de linchamiento luego de que los pobladores se percataran de que tres personas sustraían objetos de valor de un vehículo estacionado. Frente a la situación, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) rescataron a los tres presuntos delincuentes sin poder evitar una confrontación con la multitud en la que dos vehículos fueron incendiados y un elemento resultara herido4 . El otro tuvo lugar el 27 de octubre en el municipio mexiquense de Amecameca, en donde un centenar de pobladores intentaron linchar a dos sujetos que asesinaron al dueño de un negocio del barrio del Rosario.

En este sentido, es importante destacar que en la entidad mexiquense tan sólo entre junio y septiembre de 2015, se reportaron nueve intentos de linchamiento, cinco en Ecatepec, dos en Chalco, uno en Chimalhuacán y otro más en Temascalapa.5

Estos actos, de acuerdo a los autores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se han vuelto “mecanismos de defensa de ciudadanos que ven mermada a la autoridad y la acción de la justicia frente a grupos delictivos que rebasan los límites de tolerancia social”6 .

De acuerdo a su estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014) , los autores señalan que entre 2010 y 2014, el estado de México encabezó la lista de linchamientos con 58 casos, seguido por Puebla con 33 casos. “Además, en siete de las 32 entidades federativas se concentró 80 por ciento de eventos de respuesta ciudadana violenta, es decir, 296 de 366 casos contabilizados en los últimos 26 años, ocurrieron en el estado de México y el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.”7

Tan sólo en 2014, alrededor de 22 casos de linchamiento fueron reportados en la entidad mexiquense, el saldo fueron tres personas fallecidas. Aunado a esto, en lo que va de 2015, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Puebla cinco personas fueron linchadas y 37 fueron rescatadas en conatos de este tipo.8

Frente a la gravedad de estos crímenes, particularmente del caso de Ajalpan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “refirió que el fenómeno de linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que el linchamiento se ha presentado en el estado de Puebla evidencia la fragilidad del estado de derecho.”9

En el tenor de lo expuesto, cabe señalar que las fallas e ineficacia de los gobiernos poblano y mexiquense no sólo han llevado a la población al hartazgo social sino a reacciones colectivas que, al parecer, las autoridades estatales no tienen las intenciones de atender de manera integral, puesto que para hacerlo deberían poner fin a las desigualdades e injusticias que han dado origen a estas acciones.

De igual forma, resulta evidente que la descomposición del tejido social producto de guerras fallidas se ha extendido a todo el país, y el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad por los crímenes que se cometan producto de esta descomposición. Por ello, los gobernadores de Puebla y el estado de México deben admitir su responsabilidad en estos hechos de linchamiento que se ejecutan bajo el cobijo de la impunidad, y tomar las medidas necesarias para prevenirlos. La garantía de la seguridad e integridad de su ciudadanía, así como el respeto a los derechos humanos como la vida y el acceso a la justicia, deberían ser principios rectores de los gobiernos de ambos mandatarios.

El uso de la fuerza no es la solución a esta problemática, los gobiernos deben escuchar y atender las inconformidades de su población para poner fin a la impunidad y la indiferencia gubernamental.

Debido a lo expuesto anteriormente sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que conforme a sus atribuciones, investigue las presuntas omisiones cometidas por la Policía Municipal de Ajalpan y de la Policía Estatal de Puebla, y de cualquier autoridad que pudiese estar involucrada, en torno al caso del linchamiento de los ciudadanos Rey David Copado Molina y José Copado Molina, así como a emitir un diagnóstico sobre la problemática de los linchamientos en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla a que, respetando el principio de confidencialidad y reserva de información, haga de conocimiento público los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal de Puebla en torno a los linchamientos en la entidad, y a que explique la manera en la que se han implementado los operativos realizados en el estado en fechas recientes.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México y al gobernador del estado de Puebla a garantizar el estado de derecho en sus entidades y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.

Notas

1. Sin Embargo. “Linchamientos y colgados: ¿dónde está el Estado de Derecho?” Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.sinembargo.mx/opinion/23-10-2015/40706

2. Sin Embargo. “Los 5 detenidos por el linchamiento en Ajalpan son ingresados al penal de Tepexi.” Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1527046

3. Ibid.

4. El Economista. “Intentan otro linchamiento contra presuntos ladrones” Consultado el 25 de octubre de 2015 en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/25/intentan-otro-linchamien to-contra-presuntos-ladrones

5. Alemán, R. La epidemia de linchamientos: ¿no importan?, ¿Fue el Estado? Consultado el 24 de octubre de 2015 en
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-aleman/nacion/2015/10/22/la-epidemia-de-linchamientos-no-importan

6. Alarcón, J. Estudio revela que Estado de México encabeza lista de linchamientos a nivel nacional. Consultado el 24 de octubre de 2015 en
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/estudio-revela-que-estado-de-mexico-encabeza-lista-de-linchamientos-a-nivel-nacional-979.html

7. Ibid.

8. Univisión. Cinco detenidos por el linchamiento de dos encuestadores en Puebla, México. Consultado el 23 de octubre de 2015 en
http://www.univision.com/noticias/crimenes/cinco-detenidos-por-el-linchamiento-de-dos-encuestadores.

9. Sin Embargo. “Linchamientos y colgados: ¿dónde está el Estado de Derecho?” Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.sinembargo.mx/opinion/23-10-2015/40706

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la opinión que las comisiones ordinarias de esta soberanía emiten respecto a las reglas de operación de programas federales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con pleno respeto de sus atribuciones, a que lleve a cabo la integración al texto definitivo del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, la disposición que estipula la opinión sobre las reglas de operación de programas federales que deberán emitir las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados que en razón de sus competencia correspondan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, cuando los discursos alrededor de la democracia abunda en los distintos sectores de la política; en un México donde se presume que los procesos electorales se realizan libremente; donde la firma de tratados internacionales y las propias leyes internas buscan procurar el bienestar de la ciudadanía, existen casos documentados en los que se ha demostrado el mal uso de recursos públicos.

Es así, que con el objeto de estar a la altura de todas esas acciones para posicionar a México como un país democrático y en busca de mejores condiciones de bienestar para su población, es necesario contar con mecanismos que faciliten la supervisión, control y evaluación de la distribución de recursos y subsidios a la población para la atención inmediata de sus necesidades.

Sin embargo, en muchos casos las políticas públicas soslayan aspectos esenciales que perjudican a la población objetivo para lo que fueron creadas, descuidando entre otros aspectos la simplicidad y precisión en las reglas de operación, situación que dificulta verdaderamente su interpretación por parte de la ciudadanía, así como la falta de efectividad en el cumplimiento de metas de diversos programas, configurándose de esta manera, la comprobación del fallido diseño de algunos programas federales.

Por nuestra parte, debemos asegurarnos que los Programas sirvan para lo que han sido creados y lograr que la ciudadanía que cumpla con los requisitos de cada uno de ellos, disfrute y tenga acceso a estos apoyos para satisfacer sus necesidades y asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados para tal fin.

Debemos puntualizar que existe la necesidad de un control estricto y un seguimiento afectivo de la calidad de las reglas de operación y el diseño de una cantidad considerable de programas federales que serán ejecutados por diversas dependencias del gobierno federal en el ejercicio 2016.

Por lo anterior y en consideración al acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de la federación para el ejercicio 2016, así como de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores.

Es de una importancia toral aprovechar la oportunidad, ahora que estamos en vísperas de la discusión y aprobación de tan importante estructura de gasto e inversión, con montos a ejercer en los distintos ramos administrativos, para sensibilizar la importancia del papel que juega esta Cámara de Diputados, instancia que por mandato constitucional tiene las atribuciones exclusivas de la discusión y aprobación del mencionado presupuesto anual.

Por lo anterior, es importante señalar que dentro de la revisión del proyecto de presupuesto para 2016, hemos notado que en dicho documento se ha eliminado u omitido por parte del ejecutivo federal en su propuesta, lo referente a la opinión de las comisiones ordinarias respecto de las reglas de operación de programas federales, disposición que para el ejercicio 2014 se estipuló en el artículo 30 fracción II del PEF de ese año y para el ejercicio 2015 se encuentra previsto en el artículo 29 fracción II, y que a la letra dice:

Artículo 29...

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeto a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan,

Por otro lado, esta disposición para el ejercicio de 2016, debería estar contenida en el artículo 26, ya que es en este artículo en el que se contienen las disposiciones Generales de la operación de los programas como en ejercicios anteriores.

Por lo tanto, dicha eliminación u omisión, es inexplicable y se puede interpretar como una acción para debilitar la gestión y atribuciones de la Cámara de Diputados, para ejercer un efectivo equilibrio de poderes en esta materia y contribuir a que las reglas de operación en principio sean simples y precisas para la ciudadanía y facilitar la eficiencia y eficacia de la aplicación de los recursos públicos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con pleno respeto de sus atribuciones, a que lleve a cabo la integración al texto definitivo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, la disposición que estipula la opinión sobre las reglas de operación de programas federales que deberán emitir las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados que en razón de sus competencia correspondan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días de octubre del año 2015.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a manifestar, en su caso, conflicto de intereses y garantizar la legalidad, objetividad e imparcialidad en la elección del presidente de ese órgano jurisdiccional, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para manifestar, en su caso, conflicto de intereses en el proceso de elección del presidente de dicho órgano jurisdiccional, lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

Es atribución del jefe de gobierno del Distrito Federal proponer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y someter dichas propuestas para su ratificación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,1 quien deberá resolver en un plazo de quince días, por el voto de la mayoría de sus miembros presentes, respecto de los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el jefe de gobierno. Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.2 En esta designación, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal deberá escuchar la opinión previa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual verificará que se cumplan los requisitos a que se refiere la fracción I, Base Cuarta, Apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las condiciones para su nombramiento. Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de la materia. En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.3

En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se determina que la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un magistrado y dos Jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del pleno de magistrados; dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa y uno por el jefe de gobierno. Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo, actuando en pleno, opinará sobre la designación y ratificación de magistrados; resolverá sobre la adscripción y remoción de magistrados.

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, artículo 16, dispone que los nombramientos de los magistrados serán hechos preferentemente, de entre aquellas personas que se hayan desempeñado como Jueces o que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece que todo magistrado al término de su encargo, será sometido al procedimiento de ratificación. Para tal efecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deberá hacer del conocimiento del jefe de gobierno del Distrito Federal, con una antelación de por lo menos cuarenta y cinco días, el nombre del o los magistrados que estén por concluir el ejercicio de su encargo. El jefe de gobierno del Distrito Federal remitirá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con una antelación de treinta días a la fecha de conclusión del encargo del funcionario judicial, el nombre del o los magistrados propuestos por él, en los términos del Estatuto de Gobierno. En los casos de propuesta de nombramiento así como en el de ratificación del encargo, el jefe de gobierno del Distrito Federal anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del desarrollo profesional del candidato así como con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 16 de la misma ley.

Tomando en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, funciona en pleno y en Salas; que el pleno es el órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se integra por todos los magistrados, de los cuales uno de ellos será su presidente y no formará parte de ninguna Sala.4 Que las Salas del Tribunal se integran con magistrados, siendo diez salas civiles, tres salas familiares, nueve salas penales, y dos salas de justicia para adolescentes.

Que son facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en pleno, entre otros, el elegir, de entre los magistrados con una antigüedad no menor de tres años al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal . Que el artículo 29 de la citada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determina que para que funcione el Tribunal en pleno se necesita la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes de los magistrados que lo integran y las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados presentes, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada. En caso de empate, se confiere voto de calidad al presidente del Tribunal.

Que es del conocimiento de la opinión pública que el cuatro de noviembre de dos mil quince se ha convocado el pleno del Tribunal Superior de Justicia, para elegir a su presidente. Proceso de elección en el cual el magistrado Édgar Elías Azar, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del mismo órgano judicial, participa para su reelección en el cargo, en términos del artículo 33 de la citada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Que el tres de octubre de dos mil ocho, el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de este Órgano Colegiado, que ha sido informado extraoficialmente respecto de la protesta que rindieron el día dos de octubre del año en curso, ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los licenciados Martha Lucía Elizondo Téllez, Manuel Díaz Infante, Bárbara Alejandra Aguilar Morales, Arturo Eduardo García Salcedo, Miguel Ángel Ramos Roldán, Ángel Humberto Montiel Trujano, Aurora Gómez Aguilar, Cruz Lilia Romero Ramírez, Ramón Alejandro Sentíes Carriles, Eugenio Ramírez Ramírez, Francisco José Huber Olea Contró y Eva Verónica de Gyves Zárate, a los cuales el pleno de dicho órgano adscribió a Sala.5

Que el veinticuatro de febrero de dos mil once, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomó protesta a diez magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, siendo los siguientes: Mónica Venegas Hernández, María Rosario Marenco Ortega, Élfego Bautista Pardo, Celia Marín Sasaki, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Irma Guadalupe García Mendoza, Rafael Guerra Álvarez, Edilia Rivera Bahena, María de Lourdes Loredo Abdalá y Martha Patricia Tarinda Azuara. En el procedimiento de su designación se desempeñaba como presidente del mismo Tribunal Superior de Justicia el magistrado Edgar Elías Azar.6

Que el diez de marzo de dos mil catorce, el pleno del Consejo de la Judicatura impuso la toga y adscribió a Salas a los señores magistrados, cuyos nombramientos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo los siguientes: Manuel Horacio Cavazos López, Juan Arturo Saavedra Cortés, Rosalba Guerrero Rodríguez, Josefina Rosey González, Jorge Guerrero Meléndez, Patricia Gudiño Rodríguez, Héctor Jiménez López y Rosa Laura Sánchez Flores.7

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Distrito Federal los ciudadanos Érick Duarte Medrano, Davis Alejandro Godinez Cerón, Francisco Sergio Lira Carreón, Juan Martínez Mata, Magdalena Mendoza Guerrero, Marcial Enrique Terrón Pineda se desempeñan como magistrados por ministerio de ley.

El artículo 210 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Distrito Federal establece que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura, los jueces del Fuero Común del Distrito Federal, el visitador general, los visitadores judiciales, así como todos los servidores públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente Ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos y demás leyes aplicables.

Considerando que los magistrados señalados fueron designados durante la Presidencia del magistrado Édgar Elías Azar, en el pleno del Tribunal Superior de Justicia y a su vez funge como presidente del Consejo de la Judicatura, es pertinente solicitar a los mismos su manifestación de conflicto de intereses,8 en la sesión de pleno convocada para el día cuatro de noviembre de dos mil quince, en la que se desahogará la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ello en atención a los principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo son la expeditez, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia y eficacia.9

Que de setenta y nueve magistrados que participaran en el proceso de elección de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, varios de éstos pueden incurrir en conflicto de intereses.

La declaración de conflicto de interés y, en su caso, la excusa para participar en el proceso de elección de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, atiende a la necesidad de garantizar la legalidad, imparcialidad y objetividad en el proceso de designación del presidente.

Por lo que se propone, de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial del Distrito Federal, exhorta a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para manifestar, en su caso, conflicto de intereses y garantizar la legalidad, objetividad e imparcialidad en la elección de presidente de dicho órgano jurisdiccional.

Notas

1 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 67 fracción VIII.

2 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 78.

3 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 88.

4 Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Artículo 27.

5 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Acuerdo V-30/2008. 3 de octubre 2008. Desde:
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/CJDF/transparencia/art17/Acuerdos%2520

6 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Acuerdo V-8 2011.
Desde:
http://www.cjdf.gob.mx:93/transparencia/articulo17/b/acuerdos/2011/Acuerdos2011/ACUERDO%20V-8-2011%20designaciOnsalas%20de%20magistrados.doc

7 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Acta E-12/2014 sesión plenaria extraordinaria. Lunes 10 de marzo de 2014.
Desde: http://www.cjdf.gob.mx:93/transparencia/articulo14/11/2014/ActaE-12-2014_publica.doc

8 El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. El conflicto de intereses puede ser: (I) Potencial: No hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro dadas ciertas circunstancias puede aparecer; y (II) Real: Cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las actividades de un servidor público.

9 Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Artículo 1, párrafo 4.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer al voto, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La sublime religión del pensamiento está en avanzar,

en volar alto, en mirar lejos, en ser fuerte, en ser grande.

Salvador Alvarado

Celebrar el 62 aniversario de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 34 constitucional, es relevante por el impacto que generó en el marco jurídico mexicano y porque fue el inicio de la transformación de la sociedad mexicana en la que se contempla la participación en asuntos públicos de las mexicanas como ciudadanas de la patria.

La iniciativa de reforma presentada por el presidente Alfonso Ruiz Cortines turnada a la Cámara de Diputados en 1952, el diario de debates del 22 de diciembre de ese mismo año y el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953 dan muestra fehaciente del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mexicanas, atrás quedaron los posicionamientos en contra de los derechos civiles de las mujeres en nuestro país, se antepuso el principio de igualdad de todos los individuos que forman una nación ante la ley.

Mismo criterio que inspiró la transformación jurídica y política del estado mexicano, desechando los principios seculares sobre la inferioridad e incapacidad en la vida civil de las mujeres.

Lo anterior no solamente fue una acción congruente con los principios de la más pura democracia, sino q constituyó un acto de justicia para las ciudadanas mexicanas que durante años lucharon por este reconocimiento.

Recordemos, por ejemplo, los pronunciamientos de Hermila Galindo Acosta, quien junto con un grupo de mujeres enviaron al Congreso Constituyente de 1917 un oficio para que reconocieran los derechos de las mujeres en nuestra Carta Magna, si bien dichas peticiones no fueron atendidas en ese entonces, sus palabras siguen vigentes en el corazón de las mujeres, Hermila fundamentaba la igualdad de derechos entre mujeres y hombres diciendo que

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos (...), las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado.

“Así pues, para las obligaciones, la ley considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.

El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido reiteradamente producto de una lucha de generaciones de mujeres, basta recordar a las participantes del Primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916; la demanda al voto femenino en el Congreso Constituyente de 1917; Congreso Nacional Feminista, Frente Único Pro Derechos de la Mujer, la Alianza Nacional Femenina, el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales desde los años 20; la reforma al artículo 34 constitucional de 1953 (a la que hacemos referencia en esta efeméride), reforma de 1974 al artículo 4o. constitucional (logrado en el marco de la Organización de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en nuestro país y en la que se establece la igualdad entre mujeres y hombres).

Si bien ya se habían realizado planteamientos y trabajos en relación al voto de la mujer, no fue sino hasta el histórico mitin de más de 20 mil mujeres en el parque 18 de marzo de la Ciudad de México, el 6 de abril de 1952 que Adolfo Ruiz Cortines se compromete “si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre”, un año después, ya como presidente cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en el ámbito federal.

Con este acto se cumplía el sueño de muchas mujeres que nos antecedieron; se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún no concluye, este reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino resultado de movimientos internacionales y locales a favor de los derechos de las mujeres y en específico del sufragio femenino.

A 62 años de esta conquista social, es fundamental y acto de justicia no olvidar a quienes alzaron la voz, a quienes continuaron la lucha y abrieron camino para que las mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos, las recordamos y honramos a diario su memoria; Hermila Galindo Acosta; María Castillo; Elvia Carrillo Puerto; Raquel Dzib Cicero; Beatriz Peniche de Ponce; Aurora Jiménez de Palacios; María del Carmen Martín del Campo; Alicia Arellano Tapia; María Lavalle Urbina; Griselda Álvarez Ponce de León y en general a todas y cada una de las mujeres que se sumaron a la lucha y alzaron la voz, sin su contribución, difícilmente estaría el día de hoy en esta tribuna.

Esta honorable Cámara de Diputados ha sido testigo del avance en la integración de las mujeres a la vida política, ya que si nos remontamos a la quincuagésima quinta Legislatura, sólo había 44 legisladoras, es decir 8.8 por ciento.

Las cuotas de género fueron un parte aguas sustancial, ya que esta acción afirmativa generó mayor inclusión de la mujer en puestos de toma de decisiones, ello se vio reflejado en la quincuagésima novena legislatura en 2003 que se integró con 124 diputadas, representando así el 24.9 por ciento.

En este sentido, no podemos hablar de avances en la participación política de la mujer sin referirnos a la sentencia histórica sobre los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011, que estableció, entre otras cosas, que la integración de las fórmulas de candidatos fuera integrada por un mismo género en candidaturas a diputaciones federales y senadurías, así como el cumplimiento de la paridad de género con independencia del método de selección de candidaturas a cargos de elección.

El principio constitucional de la paridad en candidaturas a diputaciones federales y locales, abre un sin fin de oportunidades para que las, mujeres accedan a puestos de toma de decisiones, bajo este principio de paridad, la LXIII Legislatura está integrada por 211 diputadas, es decir el 42 por ciento del total de diputados.

Compañeras y compañeros:

Luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es luchar por la sociedad misma es reconocer la lucha de miles de mujeres que lo dieron todo para asegurar un mejor futuro para las mujeres, hoy, a 62 años de haber transitado, del reconocimiento del voto femenino a la paridad, aún hay mucho por hacer para asegurar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mexicanas y en memoria de esta lucha histórica reprobamos todo acción y todos los tipos de violencia que atente contra las mujeres y su ejercicio libre de sus derechos políticos, a nuestras compañeras de lucha les decimos que no están solas, que desde esta honorable cámara defenderemos sus derechos, porque los derechos no son negociables, todas las mujeres, todos nuestros derechos, todos los días.

Como integrante de la primera legislatura producto de la paridad ratifico mi compromiso inquebrantable por seguir trabajando para lograr un México más Justo e Incluyente.

Muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)