Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4384-V, jueves 15 de octubre de 2015
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las 32 entidades federativas que tipifiquen y sancionen en sus códigos penales el delito de turismo sexual infantil, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Julieta Fernández Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El turismo sexual es cuando turistas extranjeros o nacionales se trasladan al territorio nacional con motivos de negocios u ocio, con el doble propósito de contratar encuentros sexuales con menores de edad durante su estancia en el país.
Es importante aclarar que estos menores de edad, no llegan por su voluntad a tener relaciones sexuales con los turistas, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico, como trabajadores de hoteles, restaurantes, guías turísticos, taxistas, los llamados antros, entre otros, cuya complicidad se encuentra a la vista.
En México el turismo sexual infantil es un cáncer silencioso que ha crecido exponencialmente durante los últimos 15 años. Nuestro país está considerado dentro de los 5 primeros vergonzosos lugares a nivel mundial, lacerando gravemente nuestro tejido social y lo más valioso que tenemos... nuestros niños y niñas.
En su compilación de informes 2004-2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puntualizó la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en México, en donde incluso no se ha llevado a cabo ningún estudio de manera oficial por las instituciones o dependencias de la prevención del delito o de procuración de justicia.
Un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, indica que:
“El turismo sexual va en aumento en especial en áreas turísticas como Acapulco y Cancún, ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez...el informe que analiza la situación en 175 países, en el apartado dedicado a México indica que el país “es una gran fuente, tránsito y destino para las personas víctimas...con fines de explotación sexual...” donde los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, indígenas y los migrantes indocumentados...–alrededor de 20 000 niños y niñas cada año–, son víctimas de trata por redes de prostitución que los engañan con falsas ofertas de empleo para trasladarlos de las zonas rurales pobres a las urbanas, a las fronteras y a las zonas turísticas donde ha crecido el turismo sexual infantil”1
Esta indiferencia de la sociedad y de las autoridades mexicanas, se convierten complacencia, en silencio aberrante, al no hacer nada por evitarlo, por prevenirlo, por proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas mexicanos , nos convertimos en cómplices de estos turistas que destruyen la vida de nuestros niños creándoles profundas heridas psicosociales que habrán de afectarles toda su vida, ya que destruye completamente su presente y su futuro negándoles toda posibilidad de un sano desarrollo.
Ha habido un avance al considerarse este delito en los códigos penales en materia federal y del fuero común, 7 estados de la República: Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y el Distrito Federal.
Existen muchos estados de la República que son paraísos para el turismo sexual infantil, ya que los abusadores atraviesan el territorio nacional sin ninguna consecuencia.
La complicidad de los delincuentes está identificada por la sociedad y por las autoridades, y sin embargo no hay denuncias, ¿Y si las hay? No hay un sólo caso enjuiciado en nuestro país por este delito.
Es menester que el estado intervenga con urgencia para prevenir este daño; tiene que existir un compromiso tácito de las autoridades para que este crimen sea prevenido, atacado y erradicado desde los tres órdenes de gobierno para permear y concientizar a la sociedad civil.
De igual manera se debe tomar en cuenta el contenido obligacional de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 47, fracción III, establece que
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;”.
Por lo tanto, este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, es un llamado inaplazable a cada uno de los congresos locales , para que legislen a favor de la protección de los niños y con esto dotemos de herramientas al sistema penal mexicano para prevenir, castigar y erradicar el turismo sexual infantil.
Es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta a aquellos estados de la federación de la República mexicana en donde no esté tipificado el delito de turismo sexual, se legisle en los congresos locales para la inclusión dentro del sus códigos penales el siguiente texto propuesto:
A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del estado con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de doscientas a mil unidades.
Se impondrá una pena de prisión de diez a veinte años y multa de quinientas a mil quinientas unidades, a quienes ingresen al territorio del estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo precedente.
Nota
1. EU: ineficaz, lucha de México contra la trata de personas. Gobierno no se ajusta a las normas mínimas para eliminarla: informe, Silvia Otero, El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/nación/169045.html, miércoles 17 de junio de 2009.
Fuentes y asesoría por parte de la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a analizar y, en su caso, modificar la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo que afecta diversos estados de la república, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que analice y, en su caso, modifique la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, que afecta a diversos estados de la República, con la finalidad de disminuir radicalmente los efectos nocivos de esta plaga en el cultivo del sorgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sorgo es el cuarto cereal en importancia mundial. Los principales países productores son India, Nigeria, USA, Sudán, México y Argentina, siendo este cultivo de gran importancia en países en vías de desarrollo de África, Asia y Latinoamérica.
En México el sorgo representa el grano forrajero con mayor presencia, ya que es el principal ingrediente en la formulación de alimentos balanceados en el sector pecuario. La superficie dedicada a este cultivo alcanzó un promedio de 2 millones de hectáreas en los últimos diez años, con un volumen cercano a los 6.5 millones de toneladas anuales. El rendimiento alcanzó en los últimos cinco años entre 3.7 y 3.9 toneladas/hectáreas.
Tamaulipas es el principal productor nacional, al concentrar el 40.3 por ciento del volumen y el 38.2 por ciento del valor generado en 2012. Otras entidades con una producción importante de sorgo son Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
La cosecha de sorgo nacional, últimamente se ha visto afectada de manera considerable por la plaga del pulgón amarillo, mismo que ha dejado un déficit importante en las cantidades de producto.
El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari/sorghi es una especie fitófaga de reciente introducción en México y sobre todo en el estado de Sinaloa, a donde ingresó a fines de agosto de 2014 y después en septiembre se encontró ya en el norte y prácticamente todo el estado.
El pulgón puede atacar en todas las etapas del cultivo, pero el daño económico usualmente ocurre durante las etapas posteriores al desarrollo vegetativo. El daño que causa es debido a que succiona la savia de las hojas, ocasionando que tomen una coloración marrón; las plantas atacadas presentan un retraso en su crecimiento y reducen el llenado, y formación de grano, afectando el rendimiento.
En 2015 la Sagarpa implementó la Campaña contra Pulgón Amarillo del Sorgo, la cual considera una estrategia operativa, empleando para ello acciones que incluyen el Manejo Integrado de Plagas, que como lo define el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas, “cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente”.
La campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, contempla las actividades fitosanitarias siguientes:
1. Muestreo
2. Control de focos de infestación
3. Trampeo
4. Divulgación
5. Capacitación.
Cabe mencionar que para la operación de dicho programa en el 2015 el gobierno federal aportó un presupuesto de 14 millones 576 mil 297.00 pesos, mientras que los gobiernos estatales de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas aportaron 3 millones de pesos.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos las acciones que el gobierno federal implementó para el combate contra esta plaga que tanto lacera a los cultivos de sorgo nacionales. Sin embargo, es imperativo señalar que al parecer no han sido suficientes los esfuerzos y los recursos destinados para el combate de la citada plaga. Tal y como lo señalan las cifras que a continuación daremos de los daños que ha provocado en lo que va del año.
En Tamaulipas, que como se mencionó aporta 40 por ciento de la producción nacional, se perdieron 750 mil toneladas, en Michoacán la plaga afectó 40 por ciento de los cultivos, según lo reportaron los productores.
El servicio de información agroalimentaria y pesquera de la Secretaría informó que hasta agosto se obtuvieron 2.6 millones de toneladas de sorgo de las 4.3 millones programadas por Sagarpa para ese ciclo.
De la misma forma se detalló que en lo que va del ciclo primavera verano que comenzó en junio de este año y concluye en febrero de 2016, sólo se han obtenido 347 mil toneladas de las 4.3 millones esperadas por la Secretaria.
En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que analice y, en su caso, modifique la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, que afecta a diversos estados de la República, con la finalidad de disminuir radicalmente los efectos nocivos de esta plaga en el cultivo del sorgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Cofepris y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario a modificar la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, relativa al etiquetado para productos cosméticos preenvasados, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Claudia Sánchez Juárez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad el cáncer de mama es el de mayor incidencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa y se tienen registros de que los casos se están presentando de manera similar tanto en países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes se da con mayor frecuencia en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2012, se detectó esta neoplasia en más de 408 mil mujeres y se estima que para 2030, se elevará un 46 por ciento.
Hay estudios que muestran que ciertos factores, llamados factores de riesgo, pueden aumentar las posibilidades de que una persona padezca de cáncer. Uno de estos factores de riesgo es el uso de antitranspirantes.
El uso cotidiano de antitranspirantes es una práctica cotidiana de las personas, y un factor aunque no determinante pero si con probabilidades muy altas de contraer cáncer de mama, sobre todo porque la mayoría de estos productos contienen como sustancia activa “aluminio” y “parabenos”.
Los antitranspirantes trabajan obstruyendo, cerrando y bloqueando los poros que liberan sudor por las axilas. Las axilas son una de desintoxicación del cuerpo (liberando toxinas a través del sudor de la axila).
Un estudio publicado en el Diario de Toxicología Aplicada (Journal of Applied Toxicology) del 8 de julio de 2013, demostró que el aluminio en la mayoría de casos es depositado en el tejido mamario e incluso puede ser encontrado en líquido siendo absorbido por el árbol de conductos de los senos. Los investigadores en una muestra realizada determinaron que el nivel medio de aluminio en el líquido aspirado del pezón era significativamente alto en las mujeres afectadas por el cáncer de mama en comparación con los niveles de las mujeres sanas, lo que podría sugerir que los niveles elevados de aluminio toman un papel como de marcador biológico para identificar a las mujeres con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
En un estudio publicado en el 2012 en el Diario de Bioquímica Inorgánica (Journal of Inorganic Biochemistry) los investigadores analizaron muestras de numerosas pacientes con cáncer de mama que habían sido sometidos a una mastectomía en el hospital de Wythenshawe, Manchester. Los investigadores hallaron en los tejidos mamarios elevados niveles de aluminio, sustancia que compone el 90 por ciento de los agentes antitranspirantes de la mayoría de los desodorantes que tratan de evitar la sudoración. Las mujeres que utilizaron antitranspirantes tenían depósitos de aluminio en el tejido mamario exterior. Las concentraciones de aluminio fueron más altas en el tejido más cercano a la axila que en el seno central.
No es algo común que haya aluminio en el cuerpo humano, 1 señal muy clara de que el metal estaba siendo absorbido de los antitranspirantes en roll-on y spray. El aluminio normalmente sólo se encuentra en los antitranspirantes. Las sales de aluminio pueden representar el 25 por ciento del volumen de algunos antitranspirantes y una revisión de las fuentes más comunes de exposición al aluminio para los seres humanos encontró que el uso de antitranspirantes puede aumentar significativamente la cantidad de aluminio absorbida por el cuerpo. De acuerdo con la revisión, después de una sola aplicación de antitranspirante, cerca del 0.12 por ciento de aluminio podría ser absorbido.
Algunos otros estudios han sido enfocados en los parabenos, los cuales son preservativos que se usan en algunos desodorantes y antitranspirantes que, se ha demostrado, imitan la actividad del estrógeno en las células del cuerpo y estos en estrógenos en altas cantidades pueden desarrollar células cancerígenas.
Una investigación publicada en el Diario de Toxicología Aplicada (Journal of Applied Toxicology) del 8 de Julio de 2013, observó el lugar donde los tumores de mama estaban apareciendo, y determinó que la mayor concentración de parabenos tomo lugar en los cuadrantes superiores del seno y la zona axilar, lugar donde comúnmente son aplicados los antitranspirantes.
También se descubrió que uno o más ésteres de parabenos en 99 por ciento de las 160 muestras de tejido obtenidas de 40 mastectomías. En el 60 por ciento de las muestras, estuvieron presentes los cinco ésteres de parabenos. No hubo correlación entre las concentraciones de parabenos y la edad, duración de la lactancia materna, la ubicación del tumor, o el contenido tumoral del receptor de estrógeno. Lo que nos indica que los parabenos, se pueden bioacumular en el tejido mamario.
Los investigadores Philip Harvey and David Everett titulares de Biología Molecular en la Universidad de Reading, Gran Bretaña (Molecular Biology at the University of Reading, UK); encontraron que los estrógenos, ya sean sintéticos o naturales, son un factor de riesgo primario para el cáncer de mama. Aproximadamente 20 diferentes estudios han demostrado que los parabenos tienen actividad estrogénica, lo que los hace relevantes cuando se trata de cáncer sensible al estrógeno. Por ejemplo, el metilparabeno promueve el ciclo celular y hace que las células humanas de mama sean más resistentes a la apoptosis, que, según los autores pueden proporcionar las bases moleculares para la proliferación del tumor maligno. El propilparabeno y el butilparabeno causan daños detectables en el ADN.
Harvey y Everett señalan que la hipótesis de que las sustancias químicas en productos de cuidado personal podrían ser perjudiciales para su salud y que contribuyen al cáncer de mama tiene una base en dos observaciones claves:
Las tasas de cáncer de mama han aumentado en las últimas décadas, lo que se correlaciona con los factores de estilo de vida que han causado un cambio significativo durante ese mismo tiempo, tal es el caso de la alimentación, la obesidad, y el uso de productos para el cuidado personal que contienen químicos no probados.
Los tumores están desproporcionadamente ubicados en el cuadrante superior externo, y se pueden encontrar más tumores en el lado izquierdo mamario que en lado derecho mamario, lo que sugiere que puede estar relacionado con los productos aplicados tópicamente en esas áreas (la mayoría de las personas son diestras, eso les permite aplicar una cantidad mayor en el axila izquierda que en la derecha).
Todas las referencias mencionadas, nos llevan a concluir que debemos fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, control de riesgos sanitarios, la cultura de la salud y la detección y tratamiento oportunos, los cuales estén orientados a reducir y eliminar el impacto que tienen estos padecimientos.
El presente punto de acuerdo, tiene como objetivo que se incluya una leyenda dentro de la etiqueta de los antitraspirantes, que “en caso de contener aluminio o parabenos, pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama”, ya que las sales de aluminio y los de los parabenos imitan a la hormona de estrógeno, cuyas sustancias químicas son generadores de células cancerígenas de las glándulas mamarias.
Este punto de acuerdo, proviene de la inquietud y reclamo de todas aquellas mujeres mexicanas a quienes representamos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, para que de acuerdo con las atribuciones y facultades que les fueron conferidas, incluyan dentro de la norma oficial mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012 sobre etiquetado para productos cosméticos pre envasados etiquetado sanitario y comercial un numeral 5.3.7.1.5 “antitraspirantes” que especifique “en caso de contener Parabenos o Aluminio, puede ser causante de cáncer de mama”.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los fabricantes de estos productos referenciados en el punto anterior, a que contribuyan con las universidades públicas o privadas y con todos aquellos organismos públicos y privados dedicados a la investigación y tratamiento sobre prevención del Cáncer de mama, donando $20 centavos sobre a ganancia de cada producto comercializado.
Nota
1 Exley C, Charles LM, Barr L, Martin C, Polwart A, Darbre PD. Aluminium in human breast tissue. J Inorg Biochem. Jun 2012.
Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Profeco tanto a evaluar el daño ambiental y la afectación de los consumidores como a aplicar las sanciones correspondientes a la empresa Volkswagen por la manipulación de modelos con motor diésel, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen la evaluación del daño ambiental, así como la afectación a los consumidores, y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa Volkswagen, por la manipulación de modelos con motor a diesel; lo anterior en virtud de las siguientes
Consideraciones
Después de que la firma Volkswagen reconoció haber manipulado modelos con motor a diesel para que registraran menos emisiones contaminantes, se sabe que en México se vendieron 39 mil vehículos con este tipo de motor.
Debido a que el diesel que se comercializa en el país contiene altas concentraciones de azufre y no existe uno de mejor calidad en el mercado, las pruebas que aquí se realizan, avalan las emisiones promedio porque no son tan estrictas como en otros países.
Aunque la cantidad de autos Volkswagen represente apenas el 0.04 por ciento de los 11 millones de vehículos que la marca reconoció haber instalado software para burlar los límites máximos de gases contaminantes, y aun cuando las autoridades mexicanas han pedido a la empresa responsabilizarse de lo ocurrido; es urgente que se realice una evaluación de los daños ambientales, así como la afectación a los consumidores que adquirieron a un costo elevado este tipo de autos.
Por lo tanto, es necesario que se sancione a esta empresa y a quien resulte responsable de la comercialización en territorio nacional, de este tipo de vehículos. De ningún modo debe ser pretexto que los estándares de emisiones contaminantes en nuestro país, estén por debajo de Estados Unidos o Europa.
La Volkswagen fabricó en México estos modelos de 2009 a 2015, por ello nadie debe estar por encima de la ley, más allá de que en marzo, la firma alemana haya anunciado una inversión de mil millones de dólares para ampliar su planta, nuestro mercado les ha representado ser uno de los principales del mundo y resulta inaceptable el engaño.
Hoy más que nunca estamos obligados a proteger la mano de obra mexicana, evitando el amago sobre la posible pérdida de fuentes de empleo para más de 35 mil personas, y sancionar a la empresa por este fraude.
Desde el Partido de la Revolución Democrática manifiesto mi desaprobación sobre la omisión de sanciones que hasta el momento prevalece, y hago un llamado para que se realicen las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias, respecto a las sanciones que se debe aplicar a esta empresa.
Un escándalo de nivel internacional como este, no se puede pasar por alto, México debe aplicar las sanciones a que haya lugar, a cualquier empresa que burle la ley.
No existiría congruencia si sólo a los consumidores de vehículos, es a quienes se les aplican multas por programas como el de verificación vehicular, mientras empresas multimillonarias evaden la legislación.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen la evaluación del daño ambiental, así como la afectación a los consumidores, y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa Volkswagen, por la manipulación de modelos con motor a diesel
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar una estrategia para recuperar la producción total del sector agrícola, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Evelyng Soraya Flores Carranza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo que posee los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana. Reconocemos que mundialmente hay alimentos para todos y nos comprometemos a actuar solidariamente para lograr que la liberación del hambre llegue a ser una realidad.
Lo anterior es parte de la Declaración Mundial de la Nutrición, expresada en la primera Conferencia Internacional de Nutrición llevada a cabo en 1992, y en la cual los líderes mundiales prometieron actuar con solidaridad para asegurar que el hambre sea erradicada de la faz de la Tierra.
Aunque se han hecho grandes progresos para reducir la prevalencia del hambre, en la actualidad más de 800 millones de personas siguen sin lograr su cantidad diaria de calorías necesaria para llevar una vida sana.
Además, 45 por ciento de las muertes de los niños en el mundo se relaciona con la desnutrición, por lo que el de la mala alimentación debe verse como un tema de salud pública para cualquier país.
En los casos donde hay comida disponible, la calidad de los alimentos no cumple con los micronutrientes necesarios, en este sentido más de 2 mil millones de personas alrededor del mundo sufren de deficiencias nutricionales y mientras el mundo continua en su esfuerzo por vencer la desnutrición existe un creciente problema de obesidad, que en la actualidad afecta a aproximadamente 500 millones de personas.
Teniendo en cuenta lo anterior y 22 años después de la primera conferencia, se llevó a cabo la segunda Conferencia Internacional de Nutrición realizada el 19 de noviembre de 2014, en donde se reconoce que la nutrición es tanto un aporte como un resultado del desarrollo.
También se aclaró que abordar el problema del hambre, la deficiencia de micronutrientes y la sobre nutrición requerirá de mecanismo sofisticados e integrados de análisis, rendición de cuentas y gobernanza entre sectores.
Asimismo, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015 en su segundo objetivo propone poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Este objetivo puede conseguirse a mediano plazo si se hace de manera correcta, ya que la agricultura, silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y a la par generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del ambiente.
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, selvas, bosques y nuestra biodiversidad están siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequias e inundaciones. Muchos campesinos y campesinas ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo anterior les obliga a migrar a las ciudades buscando nuevas y mejores oportunidades.
Por consiguiente, es urgente una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente, y los 2 mil millones adicionales de personas que vivirán en 2050.
No cabe duda pues de que el sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo, y son vitales para eliminar el hambre y la pobreza.
Y es que la agricultura es el sector que más empleo produce en el mundo, suministrando la forma de vida del 40 por ciento de la población mundial, siendo la mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares pobres rurales.
Para 2030 se tiene previsto poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición, al duplicar la productividad agrícola siempre teniendo presente la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.
En el país había más de 7 millones de personas que pasaban hambre, pero gracias a iniciativas como la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa Prospera, se han producido avances importantes, por ejemplo, 4.3 millones de personas reciben ayuda del programa Cruzada contra el Hambre; 4 mil 300 comedores comunitarios atienden a más de 430 mil personas, y más de 730 mil familias cuentan con la llamada tarjeta Sin Hambre que les permite adquirir productos básicos a precios preferenciales.
Gracias a estas acciones, el director general de la FAO manifestó que México es uno de los 72 países que alcanzaron la meta del compromiso para reducir el hambre del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.
Sobre el tema, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que es necesario fortalecer el sector agroalimentario, que en el país tiene una importante dimensión social, pues da empleo a 6.5 millones de personas: 1 de cada 5 mexicanos vive en el campo.
En virtud de lo mencionado y considerando que el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, en el Partido Verde creemos pertinente enviar un mensaje enérgico a los jóvenes para motivarles acerca el desafío de erradicar el hambre y la pobreza de forma definitiva a lo largo de los próximos 15 años, así como luchar contra la subalimentación, la malnutrición y el desperdicio de comida.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a implantar una estrategia integral que permita recuperar la producción total del sector agrícola, ya que éste es un elemento preponderante para romper el ciclo de la pobreza rural y la carencia alimentaria.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a proseguir las investigaciones sobre el desvío de recursos del Seguro Popular y aplicar las sanciones correspondientes a quien resulte responsable, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, numeral 1, y el artículo 79, fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que se someta de urgente u obvia resolución a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado una serie de irregularidades en el manejo, uso, destino y transparencia de los recursos públicos orientados a la ejecución del programa “Seguro Popular” durante el ejercicio del año fiscal de 2013.
Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, en febrero de este mismo año, hizo llegar a la LXII Legislatura el informe de la Cuenta Pública de 2013, donde se manifiestan observaciones a casi el 50 por ciento de los estados de la República Mexicana.
El manejo de los recursos públicos se está dando con opacidad en la rendición de cuentas. ¿De qué ha servido la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información? Si en las entidades federativas no existe un control sobre el manejo de los recursos públicos y bajo la estela de la corrupción desaparecen 4 mil millones de pesos.
Es alarmante que a la mitad de las entidades federativas presente condicione poco claras del manejo de los recursos del “Seguro Popular”. Desaparecer 4 mil millones del “Seguro Popular” es un atentado contra la vida y la salud de 33 millones de mexicanos inscritos en el programa.
El estado de Michoacán no ha logrado transparentar ni justificar el destino de mil 272 millones de pesos, 45 por ciento de su presupuesto destinado al programa del Seguro Popular. En Veracruz, las irregularidades ascienden a mil 5974 millones de pesos, 35 por ciento del presupuesto del programa de la entidad.
Otras irregularidades por cientos de millones de pesos se presentan en Jalisco, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo. Es relevante mencionar que los estados de la República antes mencionados, son estados gobernados por el PRI y por el Partido Verde.
Exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación a aplicar las sanciones correspondientes, sanciones resarcitorias y exhortamos que se continúe con la investigación en las entidades y en la Federación para que las sanciones se eleven también a sanciones penales llegando hasta las últimas consecuencias. Si existen culpables en el desvío de los recursos públicos, que se reintegre el dinero de la Federación y que los culpables vayan a la cárcel.
En Morena no permitiremos más abusos y robos del erario público, no permitiremos que la impunidad y la corrupción sigan gobernando el país. Que los corruptos, que los ladrones que aquellos que atentan contra la integridad de los ciudadanos cumplan con lo dispuesto por la ley.
A la Auditoría Superior de la Federación le instamos a que siga con su trabajo de revisión de cuentas y que rinda los informes pertinentes para poder tener un manejo de los recursos públicos transparente y eficaz.
El Seguro Popular no puede ser utilizado como la caja chica de gobiernos corruptos, evitemos que el desvío de recursos públicos se siga dando en nuestro país. Quienes desviaron los recursos del Seguro Popular han violentado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho humano de la protección a la salud y prevé la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone en el artículo 73 de la Constitución, fracción XVI.
Los mexicanos tenemos derecho a la salud, aquellos que atentan contra ese derecho están fuera de la ley, quien lucre con los recursos públicos es un delincuente y quien lucra von los recursos públicos orientados a salud es alguien que atenta contra la vida de los ciudadanos.
Por lo antes expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a continuar con las investigaciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, en materia del desvío de recursos públicos del programa Seguro Popular y aplicar las sanciones correspondientes resarcitorias a los responsables, así como hacer las demandas penales contra los inculpados para que sean juzgados conforme a derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015
Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general de Pemex que reubique la terminal de almacenamiento y reparto del bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito Jorge Enrique Dávila Flores, diputado federal de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en boulevard Venustiano Carranza, Saltillo, Coahuila, por considerarla de riesgo inminente para la población.
I. Antecedentes
El pasado 18 de septiembre de 2012 se registró una explosión y un incendio en la planta de gas de Pemex Exploración y Producción (PEP) ubicada a 19 kilómetros de Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas, que dejó un total de 30 muertos y decenas de heridos, el pasado 19 de diciembre el pueblo del municipio de San Martin Texmelucan, Puebla fue despertado por el estruendo ocasionado por la explosión de un gasoducto.
No son los únicos accidentes con fatales consecuencias ocurridos en nuestro país, basta recordar las explosiones ocurridas en San Juan Ixhuatepec ubicado en Tlanepantla de Baz, estado de México en 1984 en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos. Esa explosión dejó un saldo de aproximadamente 600 muertos y 2 mil heridos, la causa fue la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP. Así como estos, podríamos mencionar innumerables accidentes ocurridos, ya sea por el robo indiscriminado de combustibles, o por diversas fallas por falta de mantenimiento en los ductos de transportación.
Pero aún más importante, es el peligro que se crea cuando existe almacenaje de combustibles o ductos de Petróleos Mexicanos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas. Caso concreto es la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila situada al norte de la ciudad en el Boulevard Venustiano Carranza número 7555 esquina con Avenida de los Campanares, Colonia Jardines Coloniales; columna vertebral de la ciudad, se encuentra rodeada de las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.
El Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, ahora Sistema Pemex-SSPA, implanta la siguiente política: “Petróleos Mexicanos es una empresa que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental”.
Sabemos que Pemex mantiene una política de respeto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), participando en los programas de auto-regulación ambiental con la autoridad correspondiente.
Pemex ha promovido programas de capacitación dirigidos a habitantes de las comunidades donde operan; asegurando el control de emergencias, y apoya los programas de donaciones que Petróleos Mexicanos suscribe con los gobiernos estatales.
Este Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, ha trabajado en el campo de la responsabilidad social desde su constitución, en 1992, aplicando acciones en materia de seguridad industrial, salud de sus trabajadores y sus familias, capacitación de los empleados, protección del medio ambiente, trabajo con las comunidades en donde la empresa opera, dedicación al cliente, atención a los proveedores y gestión de la calidad, siempre han tenido prioridad en la empresa.
Bajo este principio, Pemex considera que la seguridad, salud y protección ambiental son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos, que todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
II. Consideraciones
Nos referimos al caso, en el que debido al crecimiento poblacional, esta Planta de Pemex al norte de la ciudad, se encuentra rodeada de innumerables desarrollos habitacionales, centros comerciales, instituciones educativas de distintos niveles y centros deportivos, etc. y representa un riesgo para los vecinos, quienes han manifestado su preocupación de que ocurra una tragedia.
Por el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, tomando como fundamento que se encuentra inmersa dentro de la mancha urbana y que la población fija y flotante de esta zona presenta una vulnerabilidad alta, por el constante tránsito de unidades que transportan materiales peligrosos, generando un riesgo alto en caso de presentarse cualquier evento adverso. Todo esto con la finalidad de salvaguardar la vida de la población y el medio ambiente.
En lo social, la eliminación del tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Saltillo.
Los habitantes de la ciudad han calificado a esas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación, para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.
Ante una eventual contingencia fatal, es de señalar la urgente necesidad de la reubicación inmediata de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Saltillo.
La experiencia de accidentes en plantas de almacenamiento o distribuidoras de combustibles nos deja muestras de que hay que prevenir catástrofes de esta índole; que las repartidoras, plantas de tratamiento y/o almacenaje de combustible, no deben de encontrarse en zonas urbanas y en caso de que así exista, como es el tema; reubicarlas en calidad de inaplazable.
III. Proposición con punto de acuerdo
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1 Fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, SOLICITANDO AL DIRECTOR GENERAL DE Pemex QUE REUBIQUE DE INMEDIATO LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, UBICADA EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, SALTILLO, COAHUILA, POR CONSIDERARLA DE RIESGO INMINENTE PARA LA POBLACIÓN .
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, 15 de octubre de 2015.
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita la creación de la comisión especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, con base en las siguientes
Consideraciones
El contexto actual en materia de inclusión digital nuestro país aún presenta muchas desigualdades, pues existe un sector de la población que cuenta con acceso a internet (34.4 por ciento de los hogares) y por la otra parte existe un sector, conformado por un importante número de mexicanos que nunca han tenido la oportunidad de acercarse a las computadoras y a internet.1
El acceso a internet ha adquirido el estatus de derecho humano fundamental al ser reconocido como tal por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya que se considera que es un medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y de expresión establecido en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, el acceso a internet es un medio fundamental a través del cual los individuos tienen información asequible, hacer valer sus derechos y participar en debates públicos sobre temas económicos, políticos y sociales. También es una herramienta educativa fundamental al representar una fuente de conocimientos vasta y al permitir la ampliación del conocimiento y el fomento de la investigación.
El desarrollo de la sociedad de la información también trae consigo una serie de beneficios para los ciudadanos en cuanto a la calidad de vida y el desarrollo de sus actividades cotidianas a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y el establecimiento de una infraestructura de acceso universal en todo el país.
Es preciso reconocer que el acceso a internet se encuentra reconocido como un derecho lo cual es de suma importancia ya que el considerar un derecho humano como fundamental en nuestra Constitución Política implica un deber para las ramas del sector público, los derechos fundamentales no abarcan sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de las cuales los ciudadanos se defienden frente a las actuaciones del poder público, también incluye deberes positivos que implica todas las ramas del poder público, no sólo existe la obligación negativa de no lesionar la esfera individual también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. Así, las recientes reformas constitucionales de junio de 2013 al artículo 6 obligan a la actuación del Estado para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. a VII. ...
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
En congruencia con las reformas constitucionales, particularmente la realizada al artículo 6, que del mismo modo en que se consagra otros derechos sociales como el derecho a la educación, salud, vivienda, el pasado 14 de julio de 2014 fue publicada en el DOF la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene por objeto fundamental regular: el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; las redes públicas de telecomunicaciones; el acceso a infraestructura activa y pasiva; los recursos orbitales; la comunicación vía satélite; la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos; los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia de dichos sectores.
La expedición de esta ley fue importante ya que posibilita la coordinación de las acciones, del sector público para acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en el país en el marco de la estrategia digital nacional (EDN). Se ha mencionado también que a partir de la reforma en telecomunicaciones, el acceso a internet se incrementó en 16 por ciento.2
No obstante, persisten grandes retos en materia de inclusión digital, especialmente si consideramos que el acceso a internet se debe entender en dos vertientes: el acceso a contenidos en línea sin restricciones, salvo en algunos casos limitados por las leyes; y en la disponibilidad de infraestructura y tecnologías de la comunicación e información, tales como cables, módems, computadoras y software para utilizar Internet, aspectos en los que nuestro país presente importantes rezagos. Algunos de los principales retos son
• Alcanzar las metas planteadas por México para convertirse en líder en digitalización en América Latina, las políticas de inclusión digital se deben implementar tan rápido como sea posible y con la mayor efectividad, especialmente si se pretende alcanzar un índice de digitalización similar al de los países desarrollados3 y establecer 250 mil sitios públicos en escuelas, hospitales, bibliotecas y plazas públicas, con acceso gratuito a la red4 y lograr que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las pequeñas y medianas empresas cuenten con accesos de velocidad similar a la promedio de los países de la OCDE.5
• Ampliar los alcances de las políticas de inclusión digital que fundamentalmente se limitan a la administración pública federal pero no son obligatorias para las entidades estatales ni municipales. Esto exige estrechar relaciones entre los 3 niveles de gobierno en la búsqueda de homogenizar políticas y prácticas en todas las instituciones para maximizar el efecto.
• Lograr mayor cobertura social a través de una mayor inversión en infraestructura a fin de acelerar la instalación de los proyectos de redes compartidas dado que la gran dispersión de la población y un territorio tan extenso, exige costos y periodos mayores para implantar la conectividad.
• Reforzar las medidas implementadas en materia de competencia necesarias para que sus efectos en precios y cobertura en el corto plazo sean visibles.
• Fortalecer el apoyo presupuestario de modo que las acciones de la EDN se mantengan EDN como una actividad prioritaria en la mente de los legisladores y servidores públicos en general que permita facilitar la coordinación de diversas dependencias públicas e impulsar de esta forma la EDN.
• Revisar el avance de las principales líneas de acción en cada uno de los objetivos de la EDN, de modo que los ciudadanos conozcan los avances y, por otro lado, el Poder Legislativo promueva espacios de discusión y consulta, priorice el presupuesto y coadyuve desde el ámbito de su competencia a alcanzar dichos objetivos.
La Cámara de Diputados debe contar una vez más con una comisión especial destinada al análisis, el debate y la generación de propuestas concretas sobre la inclusión digital y la reducción de la brecha digital.
La LXIII Legislatura tiene que promover y apoyar las políticas y acciones que permitan hacer efectico el ejercicio de los derechos humanos sobre acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación, de lo contrario se profundizaría el problema de la brecha digital, y se afectaría el interés general y las metas de política pública del gobierno federal establecidas en nuestra legislación.
Persiste el reto de incluir a amplios sectores de la población que permanecen al margen de los beneficios y ventajas asociados a las tecnologías de información y comunicación, de ahí la importancia de contar con un órgano de esta naturaleza.
Por otro lado, tenemos que proveer del marco jurídico adecuado y de los recursos necesarios para una política pública de largo alcance, que promueva la inclusión de todos los mexicanos a la era digital y alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico y social, por lo que le corresponde al Estado mexicano afrontar el reto de la digitalización, debe hacerlo siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y sobretodo en concordancia con lo dispuesto en nuestra Carta Magna promoviendo políticas públicas que permitan el acceso universal a internet.
Para ello se requiere un marco normativo integral, para promover la inclusión de todos los mexicanos a la era digital, que sirva de base a las acciones del Estado en la materia y contribuya a garantizar niveles de bienestar social mínimos y coadyuve en el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, a participar de la vida cultural a gozar del progreso científico y sus aplicaciones.
Por lo señalado solicito que se considere el presente punto de acuerdo para dar continuidad al trabajo de la comisión especial de acceso digital que se ha venido desempeñando durante tres legislaturas. Por ello presento los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar y fortalecer la legislación relativa a la inclusión digital y proponer, en el ámbito de su competencia, las adecuaciones necesarias que permitan adaptar el marco jurídico vigente a la realidad económica, social y tecnológica del país, además de propiciar y promover el acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación.
Segundo. La Comisión Especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios.
Notas
1 Inegi. Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet (17 de mayo). http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdfhttp: //www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf
2 Declaración de Enrique Peña Nieto en el marco de instalación de la mesa de coordinación México Conectado. Nuevo León, abril de 2016.
3 Estrategia Digital Nacional. Gobierno de la República. Disponible en http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
4http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.ph p?id=70
5 Metas previstas en el artículo décimo cuarto transitorio de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo federal, publicada en el DOF el 11 de julio de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Arturo Santana Alfaro, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El salario mínimo de acuerdo con lo estipulado por el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Así como para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia; teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los Países.
Por otra parte, en el artículo 123 Apartado A fracción VI de la Carta Magna se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Con base en el informe emitido en 2014, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sueldo mínimo en México fue de 146.15 dólares al mes, ubicándose en los últimos lugares de la región según dicho informe. Igualmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, y un 14 por ciento de los trabajadores reciben un ingreso aún inferior a éste.
El pasado 28 de septiembre de 2015, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en compañía del presidente de la Conasami el licenciado Basilio González Núñez y los representantes oficialistas de la clase trabajadora, así como los representantes del sector patronal, aprobaron el acuerdo del aumento del salario mínimo diario, anunciando con bombo y platillo el incremento a los salarios mínimos en $1.83 pesos diarios de la zona geográfica B, para quedar en $70.10 para todas las zonas de nuestro país.
Asimismo, el Secretario del Trabajo, dijo que esta resolución beneficiaría cerca de 751 mil 915 trabajadores que perciben un salario mínimo y laboran en los 2 mil 341 municipios clasificados en el área geográfica B.
Dicha propuesta es francamente ofensiva para la clase trabajadora en nuestro País y sobre todo totalmente alejada de la realidad económica que se está viviendo en México. Ya que dicho salario que opera en la actualidad no alcanza para comprar los productos de la canasta básica, ni para cubrir las necesidades primordiales de una familia.
Algunos agentes económicos como empresarios o el Banco de México, advierten que no se puede dar un incremento, sin que primero haya mayores niveles de productividad en la clase trabajadora.
Por su parte, el secretario del Trabajo mencionó que la homologación del salario mínimo es insuficiente y que un mayor incremento afectaría las micro, pequeñas medianas empresas. Además se tendría que recortar personal y realizar otros ajustes para soportar los costos. Recalcó que se podría elevar el salario hasta 80 o 90 pesos, pero en el caso de que esto sucediera, sería una absoluta irresponsabilidad, ya que no habría quien pagara el incremento.
Lo anterior, se contrapone con lo señalado por el Vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Jonathan Heath, quien asegura que “existe un amplio margen para aumentar el mínimo sin perjuicio a la inflación o al desempleo”.
De igual forma, el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), Gerardo Esquivel Hernández admitió que hay un riesgo inflacionario de elevar el mínimo, porque los empresarios trasladarían los costos adicionales de su nómina a sus productos, sin embargo, el impacto sería “moderado”. Ya que si el salario aumentará de manera inicial de 10 a 20 por ciento, el impacto inflacionario sería de 0.5 a 1 punto porcentual sobre la inflación, estimó.
Asimismo manifiesta que existen 5 argumentos del por qué si se puede subir el salario mínimo, los cuales son los siguientes: 1) No está ligado a la productividad. 2) No se necesita un decreto, sólo se necesita un acuerdo entre empresa, Gobierno y trabajadores. 3) Aumento acotado. 4) Desvincular el salario de multas y créditos. 5) Fortalecer a la economía formal.
Por otro lado, el director del Programa de Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Gabriel Martínez, consideró que si hubiera un aumento al salario mínimo este no tendría un efecto inflacionario, ya que el grueso de trabajadores que ganan el mínimo no es la mayoría y no habría un impacto “grande” en los precios.
Es claro que sí se puede hacer un aumento considerable en el salario mínimo diario en nuestro país, ya que no existe como lo señalan los diversos expertos una lógica con lo que dice el gobierno federal, que se debe de aumentar la productividad y que en base a eso el salario pueda aumentarse.
De la misma forma, se plantea que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta alimentaria y cubrir las necesidades básicas de una familia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó, que la fijación del salario debe de ser un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y sus familias. Además que es necesario que el mismo se vaya ajustando con el tiempo, tomando en consideración los cambios en el costo de la vida.
Es preciso que en cualquier economía sean inevitables las modificaciones a los salarios mínimos diarios, que garanticen una calidad de vida para todas las familias mexicanas. Con esto se estaría consagrando verdaderamente el derecho universal al salario mínimo.
En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra plasmado otro principio fundamental que sustenta en que consiste un salario digno; el cual menciona que: a. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
La anterior, postura, sostiene que el salario es un derecho humano económico y por lo cual tiene que ser satisfactorio, ya que sirve al trabajador para sobrevivir.
Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los empresarios, la clase trabajadora y el presidente de la Conasami, para llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen: I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien formulará al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven; o II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho Porcentaje de trabajadores. b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan. c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen.
Como diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estoy preocupado por la clase trabajadora de nuestro país, la cual hasta el día de hoy se encuentra en un total estado de indefensión, y que hoy, necesita que todos apoyemos para que puedan tener verdaderamente un salario digno para ellos y sus familias. Y de esta forma ganen lo suficiente para que puedan cubrir las necesidades más elementales para sobrevivir.
No obstante lo manifestado por el Coneval, en donde se propone un salario mínimo de $82.60 y el cual serían suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia.
Es por ello, que propongo que el salario mínimo diario sea del orden de los $95.00 el cual alcanzaría desde mi perspectiva para los gastos generales diarios para una familia modesta.
En este sentido se estaría hablando de un salario mínimo mensual de 2 mil 850 pesos en comparación del propuesto por el gobierno a través de la Conasami, que sería del orden de 2 mil 133 pesos mensuales.
Estableciendo una diferencia de 717 pesos entre la propuesta por un servidor y lo que propone el gobierno federal a través de la Conasami.
Con el aumento del salario mínimo de referencia se podría combatir de manera eficaz la pobreza que aqueja hoy a en nuestro País.
Con esto lograríamos ponernos a la par con países como Paraguay en donde a la clase trabajadora le alcanza el salario perfectamente para vivir con las necesidades básicas y con esto el esfuerzo de cada uno de los trabajadores es verdaderamente recompensado.
Es momento de escuchar a la clase trabajadora y sin dejar de lado la opinión de la clase patronal para tratar de estabilizar paulatinamente el salario mínimo hasta que este sea tangible para la clase trabajadora.
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para establecer un salario mínimo diario en todo el país de 95 pesos, como piso y que en lo subsecuente se esté actualizando hasta cumplir con los extremos constitucionales establecidos en el artículo 123 Apartado A.
Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de programas para difundir información relativa al cambio climático, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Javier Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A través de la resolución 44/236, del 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General designó el segundo miércoles de octubre de cada año, como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, con la finalidad de promover una cultura mundial de reducción de los efectos de dichos fenómenos, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
Desde ese momento, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, se centró en las acciones con una visión que permita a todas las sociedades ser más resistentes ante los efectos de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos; cuya finalidad es reducir las pérdidas humanas, económicas y sociales.
Para ello resulta indispensable la participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU, la comunidad científica, los medios de comunicación y otros grupos multisectoriales pertenecientes a la comunidad dedicada a la reducción de los desastres.
Recientemente hemos enfrentado eventos climáticos que nos permiten hacer consciencia respecto a la vulnerabilidad en la que nos encontramos como sociedad; los desastres naturales cada vez son más frecuentes y es casi imposible su erradicación; para ello nos queda impulsar acciones, que desde el ámbito de competencia de cada actor, abonen a la disminución de los factores de riesgo y a la prevención para saber cómo actuar ante dichos fenómenos.
Sigue siendo lamentable que observemos el cambio climático como un tema de menor relevancia, como algo ajeno, como algo en lo que no podemos intervenir, pero cabe evidenciar que los efectos de dicho fenómeno, no son más que las consecuencias negativas de los actos u omisiones del hombre contra el medio natural.
Debemos trabajar para que la conmemoración de un día internacional para la reducción de desastres naturales, sea una buena oportunidad a fin de refrendar el compromiso de impulsar acciones permanentes que garanticen la integración de la sociedad en la participación de programas de prevención y respeto al medio que nos rodea, y no hechos aislados de aplicación pasajera.
Ejemplo de las acciones implantadas por la actual administración en el país es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual ha fortalecido los mecanismos hacia la generación de un crecimiento verde y el cuidado del ambiente en un esquema de desarrollo integral.
Los programas institucionales de cobertura nacional y de cooperación internacional, se enfocaron hacia la protección del medio ambiente y la disminución de gases de efecto invernadero, además de ampliar las acciones hacia un país resiliente.
Así también, en 2014 se puso en marcha el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, que establece medidas de corto y mediano plazos necesarias para controlar los gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos de vida corta. También, se concretó el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, con acciones que permitirán en 2018 que prácticamente un cuarto de la electricidad en el país sea generada a partir de energías renovables y tecnologías limpias.
Lo anterior fue resultado de un programa de concientización ecológica, a través del cual se impartieron 822 sesiones a una población de 31 mil 469 personas de municipios costeros, con temas relativos a prevención de la contaminación y protección de áreas naturales protegidas, resaltando la importancia de reducir y amortiguar los efectos del cambio climático, así como evitar la pérdida de especies mediante la prevención de la contaminación y la protección del medio marino.
Si bien dichas acciones fijan bases sólidas para lograr avances en temas de prevención de desastres naturales, lo cierto es que resulta más importante y urgente implantar mecanismos dirigidos a la concientización de la población en el tema de cambio climático y sus efectos.
No menos importante es el hecho de que las autoridades ejecuten urgentemente acciones de prevención partiendo de la educación, medio idóneo a través del cual la población obtendrá la información adecuada como herramienta indispensable para enfrentar eventos naturales como los que han afectado en los últimos años a nuestro país.
Estamos convencidos de que no hay un camino que garantice impedir los eventos naturales, lo que sí podemos y es nuestra responsabilidad, es prepararnos para prevenir y disminuir al mínimo los efectos negativos de dichos fenómenos naturales.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de educación de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que diseñen e implementen conjuntamente programas de difusión de información relativa al cambio climático, así como de sus efectos negativos, para que de esta forma la sociedad cuente con las herramientas indispensables a fin de participar en acciones que abonen positivamente a la erradicación de los efectos de dicho fenómeno, al tiempo de prevenir y conocer los mecanismos para afrontar los desastres naturales que hoy padece nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Javier Herrera Borunda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde las primeras décadas del siglo diecinueve, en el marco del proceso de la revolución de Independencia, insurgentes de la talla de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón habían plasmado en el Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado y en los Sentimientos de la Nación –una de las obras más célebres de la historia del pensamiento político mexicano– la proscripción de la esclavitud.
Esos postulados fueron retomados y consagrados en nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, misma que contiene en el capítulo uno “la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, la práctica de la esclavitud moderna se ha vuelto un común denominador entre los jornaleros mexicanos que son víctimas de capataces y patrones que los reclutan de manera forzada, violando las garantías más elementales.
No sólo el marco jurídico nacional señala la prohibición de la esclavitud, sino también, diversos organismos internacionales han construido dispositivos legales al respecto. Asimismo, han denunciado a las empresas que implementan la esclavitud moderna y a los gobiernos omisos que se convierten en cómplices de este deleznable acto. De acuerdo con la medición que realiza el Índice Global de Esclavitud para el continente americano (The Global Slavery Index) de 2014, México se encuentra en el cuarto lugar de los países donde la esclavitud moderna es más frecuente, sólo por debajo de Haití, Surinam y Guyana.
En México, como bien lo ha denunciado el laboralista Arturo Alcalde Justiniani,1 el sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos es sin duda el campesino. Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes, habitan en lugares insalubres; son innumerables los riesgos de trabajo que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan y la violación a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo especial para ese sector, éste es letra muerta.
Asimismo, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial del Comercio (OMC) también apuntan que el sector rural, es uno de los sectores más afectados por la globalización y las iniciativas recientes en los tratados de libre comercio. Del mismo modo, en el sector rural se concentra gran parte de la población pobre, del trabajo infantil y del trabajo forzoso y es también donde existen mayores inequidades de género. Por otro lado, también recomiendan que se dé especial atención a la situación de las poblaciones indígenas, sentadas en su mayor parte en zonas rurales.
Si bien, el caso de los jornaleros del valle de San Quintín en Baja California, fue un botón de muestra reciente que ilustra este funesto panorama de los trabajadores del campo mexicano. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación han difundido las precarias condiciones en las que se encuentran los jornaleros, quienes sufren la dominación y explotación derivada de la esclavitud moderna ejercida por las empresas tanto nacionales como extranjeras, que no encuentran límites para despojar a las comunidades originarias del norte del país.
Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los delegados federales del Trabajo a que en el ámbito de sus competencias hagan cumplir cabalmente –en primera instancia- el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que explícitamente prohíbe la esclavitud, lo que establece el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo respecto a los “trabajadores del campo”. Así como respetar el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales” que ha ratificado el Estado mexicano.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros para que sean castigados severamente por la vía penal.
Nota
1 http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/opinion/017a2pol
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la expedición de diversas disposiciones previstas en reformas constitucionales aprobadas previamente por el Poder Legislativo, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el acuerdo fundamental de voluntades ciudadanas que suman los sentimientos, anhelos y valores del pueblo de México. Nuestra Carta Magna establece la forma en la que los mexicanos decidimos organizarnos como Estado soberano, contempla las instituciones que nos rigen, reconoce los derechos humanos que nos protegen y dota de instrumentos jurídicos para que el ciudadano exija el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Dada la importancia de este instrumento que por su naturaleza es fundamental para el funcionamiento de cualquier nación, es deber de todos los representantes populares velar por su observancia y cuidar escrupulosamente que tenga plena vigencia en la vida del ciudadano. No es concebible un estado democrático sin los instrumentos legales necesarios que protejan al ciudadano del abuso del poder.
II. El Poder Legislativo, como instancia en la que se deposita la Soberanía del Pueblo, debe ser el primero en respetar la vigencia del orden constitucional. No obstante la importancia de respetar el marco jurídico fundamental, es necesario señalar que esta Cámara de Diputados ha incurrido y sigue incurriendo en violaciones constitucionales importantes. Para acreditar esto, el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, ha desarrollado un indicador que denomina el “violómetro constitucional”, instrumento digital que ofrece datos cronológicos y legislativos puntuales para medir, en tiempo real, las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos establecidos en la ley.
Del análisis de este instrumento se deriva que al día de hoy se tienen 21 violaciones constitucionales que no se han enmendado. Todos ellas por omisión del Congreso de la Unión al no emitir las disposiciones legales pertinentes en 22 rubros específicos, normas complementarias del texto constitucional sin las cuales no tiene plena vigencia y que genera un vacío legal que impide el correcto funcionamiento de nuestro orden constitucional.
III. Estas omisiones son las que a continuación se enlistan, mismas que pueden ser consultadas en tiempo real en la página web del CIDE bajo el rubro que, como he mencionado, se ha denominado “violómetro constitucional”:
1. Registros Públicos Inmobiliarios
Tiempo de la violación:
27 de junio de 2014
1 año 4 meses
Reforma al artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución, DOF: 27 de diciembre de 2013:
El Congreso Federal debía aprobar la Ley General relativa a dicha reforma.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
2. Ley General del Sistema Nacional de Archivos
Tiempo de la violación:
Desde 7 de febrero de 2015
8 meses
El Congreso deberá aprobar la legislación secundaria en el plazo de un año
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
3. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
Tiempo de la violación:
Desde 7 de febrero de 2015
8 meses
El Congreso deberá aprobar la legislación secundaria en el plazo de un año.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
4. Propaganda gubernamental
(Ley reglamentaria del Art. 134 constitucional)
Tiempo de la violación:
Desde 14 de diciembre 2007
7 años 9 meses
El Congreso Federal tenía un plazo de 30 días para adecuar la legislación a la reforma constitucional.
Legislaturas responsables:
LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018
5. Propaganda Gubernamental:
(Segunda violación constitucional)
Tiempo de la violación:
Desde 1 de mayo de 2014
1 año 5 meses
El Congreso de la Unión –estando ya en falta constitucional– debió aprobar la ley reglamentaria del párrafo octavo del Art. 134 Constitucional a más tardar el 30/04/2014
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
6. Registro Nacional de Población
Tiempo de la violación:
Desde el 17 de diciembre de 2014
9 meses
El Congreso deberá adecuar la legislación en materia del formato único de registro de población.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
7. Ley sobre suspensión de derechos y garantías
Tiempo de la violación:
Desde 11 de junio de 2012
3 años 4 meses
El Congreso de la Unión tenía un plazo de un año para emitir la ley.
Legislaturas responsables:
LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
8. Ley del artículo 33, extranjeros
Tiempo de la violación:
Desde 11 de junio de 2012
3 años 4 meses
El Congreso de la Unión tenía un plazo de un año para emitir la ley.
Legislaturas responsables:
LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
9. Contralor de IFETEL
Tiempo de la violación:
Desde 10 de diciembre de 2013
1 año 10 meses
El Congreso Federal debía adecuar el marco jurídico derivado de la reforma, a más tardar el 12 de diciembre de 2013.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
10. Ley General de Aguas
Tiempo de la violación:
Desde 3 de febrero de 2013
2 años 8 meses
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018
11. Ley del Coneval
Tiempo de la violación:
Desde 11 de junio de 2014
1 año 4 meses
El Congreso de la Unión tenía un plazo de 120 días para emitir la ley relativa al Coneval.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
12. Consejo General del Coneval:
Tiempo de la violación:
Desde 12 de abril de 2014
1 año 6 meses
La Cámara de Diputados tenía un plazo de 60 días para integrar el Consejo
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
13. Ley de Transición Energética
Tiempo de la violación:
Desde 21 de diciembre de 2014
9 meses
La Cámara de Diputados tenía un plazo de un año para expedir la ley reglamentaria respectiva.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
14. Legislación sobre el uso legítimo de la fuerza
Tiempo de la violación:
Desde 3 de julio de 2013
2 años 3 meses
El Congreso debía expedir la ley en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
15. Ley del Derecho de Réplica
(Violación constitucional)
Tiempo de la violación:
Desde el 14 de diciembre 2007
7 años 9 meses
El Congreso Federal tenía un plazo de 30 días para aprobar, entre otras cosas, la Ley del Derecho de Réplica.
Legislaturas responsables:
LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
16. Regulación del Derecho de Réplica
(Segunda violación constitucional)
Tiempo de la violación:
Desde 10 de diciembre de 2013
1 año 10 meses
El Congreso Federal debía adecuar el marco jurídico en materia del derecho de réplica, a más tardar el 12 de diciembre de 2013.
Legislatura responsable:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
17. Ley del Derecho de Réplica
(Violación legal)
Tiempo de la violación:
Desde el 1 de mayo de 2008
7 años 5 meses
El Congreso Federal –estando ya en falta constitucional- se impuso un término legal hasta el 30 de abril de 2008 para expedir la Ley.
Legislaturas responsables:
LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
18. Magistrado del TEPJF
Tiempo de la violación:
Desde 20 de abril de 2015
5 meses
La Cámara de Senadores, a más tardar el 19 de abril de 2015, debió elegir al Magistrado del TEPJF (Alejandro Luna Ramos concluyó su período)
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
19. Ley Federal de Competencia Económica
Tiempo de la violación:
6 de julio de 2015
3 meses
Nueva ley publicada en el DOF el 23/05/2014. El Congreso de la Unión deberá adecuar el marco jurídico
Legislaturas responsables:
LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
20. Ley reglamentaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios
Tiempo de la violación:
25 de agosto de 2015
1 mes
La Cámara de Diputados tenía un plazo de 90 días para expedir la ley reglamentaria respectiva.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
21. Programa de reorganización administrativa, Ley General de Transparencia:
Fecha de vencimiento:
31 de agosto de 2015
1 mes
Nueva ley publicada en el DOF el 04/05/2015. Cada cámara del Congreso deberá aprobar un programa de reorganización administrativa con el fin de cumplir con las obligaciones genéricas y específicas.
Legislaturas responsables:
LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)
Por ello, mi intención ante todo es llamar a la reflexión para que esta Legislatura no sea omisa y respete el orden constitucional.
¡A que realicemos nuestro trabajo con apego a los tiempos que esta misma Cámara se impone!
¡No es admisible que dejemos de proteger derechos de los ciudadanos o de establecer los cánones normativos del Estado Mexicano por simple desinterés, falta de acuerdo o cálculo político!
¡Es momento de poner en el centro de nuestra actividad al ciudadano, de hacer valer nuestra representación política con sujeción a la norma fundamental!
La Junta de Coordinación Política, en el artículo 34 numeral 1 inciso a) tiene como atribución impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo, por lo que se considera conveniente que esta instancia de la Cámara impulse la expedición de dichas leyes y esta legislatura cumpla con sus obligaciones constitucionales.
De esta forma, se resarcirán a la brevedad estas violaciones constitucionales que representan un atraso en la labor legislativa y a la vez marginan lo más sagrado que tenemos: los derechos de los ciudadanos.
Por lo expuesto y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, en ejercicio de sus atribuciones, impulse el dictamen y votación de las leyes que deben expedirse conforme a las disposiciones previstas en diversas reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo, mismas que han quedado señaladas en el cuerpo del presente documento.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo, suscrita por los diputados Liborio Vidal Aguilar y Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Liborio Vidal Aguilar y Felipe Cervera Hernández , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de las facultades que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial Para el Fomento y Desarrollo del Ecoturismo.
Consideraciones
Los modelos de desarrollo que las sociedades adoptaron a lo largo del siglo XX se caracterizaron por fomentar la industrialización y promover el crecimiento económico antes que el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas. A razón de lo anterior, la comunidad internacional organizó diversos foros para discutir los efectos de los modelos de desarrollo económico, especialmente en el ámbito de la inequidad en el reparto de la riqueza y la falta de cuidado de los recursos naturales.
En este contexto y a partir de los trabajos con la comunidad internacional y de lo acordado en el Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, el gobierno Mexicano, se comprometió a promover una política orientada hacia la conservación de la biodiversidad existente en nuestro país.
Esta situación, según lo señalado en el informe de elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del turismo de naturaleza en México realizado por la Secretaria de Turismo, llevó al gobierno mexicano a reforzar las estrategias para promover el desarrollo productivo, generar empleo y canalizar recursos para el bienestar social en las zonas de marginación, que en muchos casos son de gran relevancia ambiental, y además cuentan con un acervo arqueológico, histórico, cultural y la presencia de poblaciones indígenas que aún conservan sus costumbres y tradiciones.
Dada la experiencia que nuestro país tenía en el impulso de la actividad turística y su capacidad para generar empleo productivo, se consideró, que una estrategia viable para erradicar la pobreza del medio rural era promover la realización de proyectos productivos en el ámbito turístico, pero guiados por la nueva visión global del turismo, que buscaba que el visitante desarrollara experiencias recreativas en ambientes naturales auténticos y conservados. Esta nueva perspectiva implicó poner en valor el capital ambiental del país y el patrimonio histórico y cultural, de tal forma que el desarrollo turístico se enmarcó en la premisa de la sustentabilidad.
Ahora bien, A pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal, el turismo de naturaleza no ha logrado colocarse como una estrategia totalmente exitosa para atender los problemas de pobreza y marginación del medio rural, especialmente en términos de la creación de empleos y la generación de ingresos para las comunidades.
La planificación del turismo de naturaleza en México es esencial para su desarrollo en los próximos años, en cuya realización se deberá considerar a la preservación del medio ambiente, como la condición fundamental que orientará a las acciones encaminadas a fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades en donde se realicen las actividades relacionadas con este segmento de mercado
Como respuesta a estas necesidades, surge la comisión especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo la cual mediante modificaciones y adecuaciones al marco jurídico existente, buscara desarrollar y fomentar el turismo de naturaleza para así generar espacios para el crecimiento y desarrollo sustentable de comunidades en condiciones marginales, así como crecimiento sustantivo de la industria turística generando nuevas oportunidades de turismo alternativo.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo será analizar el marco legal y normativo relativo al turismo de naturaleza y proponer, en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan adaptar la legislación vigente a la realidad, a las mejores prácticas internacionales y a las necesidades del sector turístico, incluyendo los aspectos económicos, sociales, ecológicos, tecnológicos y de desarrollo, los cuales son establecidos de manera enunciativa y no limitativa, para así explotar de manera sustantiva y sustentable los múltiples recursos de turismo ecológico que tiene México y convertirlo en un país líder a nivel mundial en el rubro.
Tercero. La Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputados: Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de energías renovables, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Javier Antonio Neblina Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para crear la comisión especial de energías renovables, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Cuando el consumo de energía en México aumenta a un ritmo de casi 5 por ciento al año, según la Secretaría de Energía, la inversión en el sector de energías renovables, se vuelve necesaria.
México es el décimo productor de petróleo mundial y el decimoquinto de gas natural. Sin embargo, sólo 14 por ciento de la energía que consume la población proviene de fuentes renovables, a pesar del tremendo potencial para incrementar ese porcentaje.
Un reciente estudio del Conacyt concluyó que si se aprovechara la radiación solar que reciben mil 793 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo equivalente a 1 por ciento de la extensión de Sonora, se obtendrían alrededor de 430 mil 520 gigavatios/hora al año, energía suficiente para atender la demanda eléctrica del país, que asciende a 234 mil 219 gigavatios/hora al año, de acuerdo con cifras del estudio Prospectiva del sector eléctrico 2013-2027, realizado por la Sener.
El estudio también determinó que la cantidad de radiación solar que recibe México en el estado de Sonora es una de las más altas a nivel mundial, ya que es similar a la que se registra en el desierto de Sahara en el norte de África, en el desierto de Atacama en Chile, o bien en Sudáfrica y en Australia.
Esta cantidad de energía podría variar entre 10 y 30 por ciento por la eficiencia propia de cada tipo de tecnología que se emplee, como la termosolar o la fotovoltaica. Sin embargo, la radiación solar que recibe Sonora podría abastecer de energía eléctrica a todo México y generar un excedente de casi 100 gigavatios/hora al año.
Además, el Centro Woodrow Wilson publicó en 2012 el estudio Potencial de energía solar en los estados del norte de México, donde afirma que México es uno de los pocos países del mundo, cuyo territorio se ubica en la geografía con “mayor densidad de radicación solar”, con un promedio de 5.8 kilovatios/hora/metro cuadrado.
Este centro también critica la carencia de productores de materiales y de tecnología para producir este tipo de celdas de manera local, la falta de know how para dar el mantenimiento técnico continuo que requieren este tipo de granjas solares entre otras dificultades técnicas y financieras que han impedido la implantación de megaproyectos solares.
La capacidad instalada de energía renovable en México es de 39 mil gigavatios/hora, según la Agencia Internacional de la Energía. Comparado con Canadá, cuya población es bastante más pequeña que la mexicana y cuya economía tiene un tamaño similar a la de nuestro país, el país de la hoja de maple genera 10 veces más energía renovable. Aunque esa diferencia puede acortarse en los próximos años con nuevos proyectos de inversión público-privados, que serán más numerosos e importantes tras la reforma energética y la aprobación en 2012 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
En países como Islandia, casi 100 por ciento de la energía proviene de fuentes renovables, como la eólica o la geotérmica. Expertos como Kevin Smith, director global de KNV Kema, sostienen que esto se debe a que los países que más dependen de la energía renovable lo hacen debido a sus condiciones geográficas.
En este sentido, México puede ser uno de los principales generadores de energía solar en el mundo.
Desde la década de 1990, la generación de energía eólica en México aumenta de forma sostenida y también la cantidad de empleos vinculados al sector. Más de uno de cada tres empleos se relacionan con la fabricación de turbinas, que han aprovechado tecnología internacional y know how de empresas en Estados Unidos para desarrollar motores de turbinas y otros componentes fabricados en México con calidad certificada. México cuenta con una capacidad instalada de más de mil megavatios/hora, pero ya hay proyectos en marcha encaminados a triplicar esa cifra.
Por lo expuesto, agradezco su atención y propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear y constituir la Comisión Especial de energías renovables, cuyo objeto será garantizar la sustentabilidad político-energética a través de estrategias de diversificación de fuentes renovables que permitan un desarrollo sustentable que impacten en un mayor bienestar de la población y ayude a cumplir las metas y los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático.
Segundo. Para la integración y el nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial de energías renovables se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Tercero. La Comisión Especial de energías renovables se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo.- México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de la comisión especial de la cuenca que forman los ríos Grijalva y Usumacinta, a cargo del diputado Elio Bocanegra Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Elio Bocanegra Ruíz, en nombre propio y de un grupo plural de diputados representantes de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche, todos ellos integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultades establecidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se constituya la “Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta para promover la seguridad hídrica y la gestión integral del agua en esa región”, al tenor de los siguientes
Hechos
Primero. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 205 y 207 de Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias a efecto de atender de un asunto específico distinto al que pudieran tratar las comisiones ordinarias y que el mismo sea de calidad relevante o urgente, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto de su creación, el número de integrantes que la conformarán así como la determinación del plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado contemplando que al ser cumplido el objeto de creación de la comisión especial esta se extinguirá.
Segundo. Que la gran cuenca Grijalva-Usumacinta comprende una superficie total 91 mil 345 kilómetros cuadrados y seis cuencas hidrológicas integradas por los ríos Usumacinta, Lacantún, Chixoy, Grijalva, Tonalá y Coatzacoalcos. A su vez esas seis cuencas se dividen en siete subcuencas: La del alto Grijalva, con una superficie de 9 mil 644 kilómetros cuadrados; medio Grijalva, con 20 mil 146 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-Sierra, con 9 mil 617 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-Planicie, con 12 mil 163 kilómetros cuadrados; Tonalá-Coatzacoalcos, con 6 mil 859 kilómetros cuadrados; Lacantún-Chixoy, con 19 mil 857 kilómetros cuadrados; y Usumacinta, con 13 mil 59 kilómetros cuadrados. Al interior de gran cuenca Grijalva-Usumacinta se encuentran 804 kilómetros cuadrados correspondientes a 409 lagos naturales, además de cuatro embalses artificiales (presa Belisario Domínguez “La Angostura”, presa Manuel M. Torres “Chicoasen”, presa Raudales de Malpaso y presa Peñitas) que corresponden al sistema hidroeléctrico Grijalva sobre la parte alta del cauce del río del mismo nombre las cuales al desfogar pueden generar hasta 12 mil 817 Gw/h, lo que representa el 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.
Tercero. Que el agua que corre por los ríos Grijalva y Usumacinta se origina en su mayoría en la Sierra de Chiapas y de Guatemala, en altitudes que superan los 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar y todos sus escurrimientos fluyen hacia la planicie de Tabasco buscando la salida natural hacia el golfo de México. Aunado a ello se debe considerar que el régimen de precipitaciones en esta región es uno de los más altos del mundo y en definitiva es el más alto del país con un promedio anual cercano a los 3,000 milímetros cúbicos y que en algunas localidades como Teapa y Pichucalco alcanzan promedios de 4,000 milímetros cúbicos.
Cuarto. Que todas las anteriores condiciones hidrográficas y orográficas aunado al desfogue de las presas y a los recientes efectos del cambio climático –mismos que se expresan en lluvias más frecuentes y más intensas– hacen de la cuenca Grijalva-Usumacinta la región del país con la más alta vulnerabilidad a inundaciones, desbordamientos de cuerpos de agua y desgajamientos de tierra comprometiendo de ese modo la seguridad hídrica de los pobladores que habitan esta región.
Quinto. Que la seguridad hídrica es un concepto que comprende la garantía de seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles asociados al agua; la garantía de un acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico así como la garantía de preservación de los ecosistemas acuáticos.
Sexto. Que al interior de cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta habita un población que excede los 6.5 millones de personas distribuidas en 123 municipios de los cuales el 47 por ciento vive en localidades urbanas y el 53 por ciento restante en comunidades rurales. Los centros urbanos más importantes son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, en Chiapas; Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco; Ciudad del Carmen en Campeche, y Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz.
Séptimo. Que a pesar de su abundancia, el agua tiene algunas limitaciones para sus usos directos en las diversas actividades humanas en la cuenca. Las aguas superficiales presentan altos contenidos de sólidos disueltos descargas de contaminantes domésticos e industriales sin tratamientos previos, a su vez las aguas subterráneas contienen niveles elevados de sulfato y carbonato. La Conagua estima que se vierten a los cuerpos de agua de la cuenca 185 mil 921 kilogramos/día de excretas 270 mil 678 kilogramos/día de sólidos suspendidos totales, procedentes de aguas negras municipales. En cuanto a las descargas industriales se tienen identificadas 20 actividades industriales, cuyas descargas contaminantes se estiman en; 207mil 403 kilogramos/día de demanda química de oxígeno y 91 mil 549 kilogramos/día de solidos suspendidos por lo que los principales cuerpos de agua de pueden considerarse entre contaminados y muy contaminados.
Octavo. Que por lo menos durante los últimos 20 años la parte baja de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta se han suscitado inundaciones en forma sistemática y de gran magnitud como la de 1995 causadas por los ciclones Opal y Roxane; las de septiembre y octubre de 1999 que dejaron un saldo de 90 mil damnificados; la gran inundación de finales de octubre de 2007 en las que se registraron lluvias atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas producto de la combinación del Frente Frío no. 4 y un canal de baja presión vinculada a la Tormenta Tropical “Noel” mismo que dejó un saldo de 383 mil damnificados, 1 millón 215 mil habitantes afectados así como daños materiales (de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL) cercanos a 32 mil millones de pesos; el desbordamiento del río Usumacinta en el 20 de octubre de 2008 afectó a 102 mil personas de 238 localidades de la Cuenca; en noviembre de 2009 fueron 7 mil los damnificados y 200 mil las personas directa o indirectamente afectadas; con las lluvias den octubre de 2011 resultaron damnificadas más de 270 mil personas, 300 mil hectáreas de cultivos dañados y mil kilómetros de carreteras estropeadas; finalmente en diciembre de 2013 se volvió a suscitar una inundación que afectó principalmente a la región Chontalpa en Tabasco. Las partes medias y altas de la cuenca también experimentan los estragos de las precipitaciones por ejemplo, las que provocaron el desgajamiento de un cerro que sepultó a la comunidad de San Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán el 5 de noviembre de 2007.
Octavo. Que en el caso de Tabasco se han implementado grandes programas para enfrentar las inundaciones.
Consideraciones
Primera. Que la Gestión Integral del Agua puede definirse como el proceso de gobernanza que promueve el manejo, gestión y administración coordinada del agua en un contexto de cuenca hidrográfica bajo una perspectiva socioambiental y de funcionamiento ecohidrológico donde se pretende armonizar el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales asociados al agua con el manejo de los ecosistemas comprendidos en una cuenca, tomando en consideración las relaciones entre recursos y ecosistemas, los objetivos económicos y sociales y las prácticas productivas y formas de organización que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en términos sustentables.
Segunda. Que las consecuencias de los fenómenos hidrometerológicos que ocurren en la cuenca Grijalva-Usumacinta presentan un saldo negativo en términos de vidas humanas, daños materiales y pérdidas económicas considerables. Si bien en los últimos años el número de víctimas fatales ha logrado reducirse notablemente, el monto del impacto económico ha crecido notablemente debido al valor creciente de las actividades económicas, a la densidad del patrimonio en riesgo y a la ocurrencia sistemática de eventos climáticos extremos asociados al cambio climático.
Tercera. Que a pesar del avance significativos en la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones observado en los últimos años en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta la vulnerabilidad de la región ante los efectos de las inundaciones aún es latente. Las acciones y obras se han concentrado en la parte baja de la cuenca y la infraestructura construida aún es insuficiente, se requiere además atender la creciente deforestación de la parte alta de la cuenca misma que provoca la sedimentación excesiva de los espacios hidráulicos, y el reblandecimiento de las laderas montañosas lo que pone en riesgo a la población que habita esa zona de la cuenca.
Cuarta. Que a nivel de proyecto el Ejecutivo federal se tienen considerado la construcción de al menos 3 embalses adicionales (presa “Boca del Cerro”, presa Salto de Agua-Tulija y presa “Itzantun”) para la generación de energía hidroeléctrica las cuales deben ser discutidas y evaluadas minuciosamente a fin de que no pongan en riesgo la seguridad hídrica de las comunidades aledañas y de quienes habitan cuenca abajo.
Quinta. Que en los municipios rurales de la cuenca persiste una insuficiente cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento lo cual es síntoma y consecuencia de las condiciones de rezago y pobreza que predominan en la cuenca, de igual modo la infraestructura de tratamiento es inadecuada e insuficiente lo que provoca la contaminación de los cauces superficiales y las aguas de los esteros y lagos.
Sexta. Que la Infraestructura hidráulica de riego consistente en de tres distritos de temporal tecnificados (La Sierra, Zanapa-Tonalá y Margaritas-Comitán: 181 mil hectáreas), dos complejos agroindustriales (Plan Chontalpa y Plan Balancán-Tenosique: 206 mil 800 hectáreas), 3 mil 505 unidades de riego (16 mil 308 hectáreas) y tres distritos de riego (Río Blanco, Cuxtepeques y San Gregorio: 28 mil 56 hectáreas) está deteriorada y en términos de productividad por es totalmente ineficiente.
Séptima. Que para generar las condiciones necesarias de: 1) Adaptación al Cambio Climático enfocadas a la disminución de riesgos y la atención de los efectos por la ocurrencia de inundaciones; 2) Mantenimiento, conservación y ampliación de la infraestructura de control de avenidas y propiciar un manejo adecuado de las presas; 3) Consolidación los sistemas de información y alerta temprana a la población así como la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgo 4) Delimitación de las zonas federales en las áreas urbanas para su desincorporación y entrega de las superficies que resulten a los municipios para su administración; 5) Impulsar los estudios para determinar y conocer el volumen y calidad del agua disponible; 6) Atender el rezago en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en zonas rurales; 7) Incrementar las coberturas y fomentar la mejora constante de los servicios en las zonas urbanas; 8) Promover el desarrollo de proyectos para la construcción y rehabilitación de plantas para el tratamiento de las aguas residuales; 9) Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola y desarrollar áreas de temporal tecnificado; y 10) Conservación, cuidado y rehabilitación de la masa forestal y las represas naturales cuenca arriba, se requiere del esfuerzo conjunto de los gobiernos federal, estatales y municipales, los usuarios del agua y en general la sociedad organizada correspondiendo también a los diputados federales la responsabilidad en los cambios legislativos al marco jurídico vigente, la elaboración de leyes de carácter general, así como la generación de instrumentos que puedan propiciar la consecución de estas 10 condiciones para garantizar la seguridad hídrica y propiciar la gestión integral del agua en la cuenca que conforman los ríos Grijalva y Usumacinta, siendo el más propicio para ello la creación de una comisión especial.
En virtud de los hechos y consideraciones anteriormente expuestos y por considerarse un asunto de importancia relevante para el país y para desarrollo y la seguridad hídrica de la población de los estados, municipios y localidades de la zona que confluyen en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, sometemos a la alta consideración de los diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política y al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de la creación de “Comisión Especial de la cuenca que conforman los ríos Grijalva y Usumacinta para promover la seguridad hídrica y la gestión integral del agua en esa región”.
El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación y deberá funcionar de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo. La comisión especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y contará con una junta directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
En su integración, se tomará en cuenta preferentemente a los legisladores que provengan de la circunscripción y distritos pertenecientes a la región de la cuenca Grijalva y Usumacinta cuidando siempre los criterios de pluralidad y proporcionalidad
Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando así se le requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la ratificación del Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a que no sea enviado para su ratificación al Senado de la República el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos hasta que el gobierno estadounidense cumpla el compromiso de garantizar las condiciones de equidad para la industria aérea mexicana mediante acuerdos de alianzas profundas (antitrust immunity).
Consideraciones
El Convenio de Chicago, sobre aviación civil internacional firmado en 1944 tuvo por objeto actualizar las normas de aviación. Firmado después de la Segunda Guerra Mundial, este convenio regulaba de manera liberal los aspectos de navegación y tráfico aéreo. En este documento se establecieron las cinco primeras “libertades del aire”, en la actualidad existen nueve. Estas libertades,1 en derecho aeronáutico, son una serie de derechos relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un país entrar en el espacio aéreo de otro país y aterrizar en éste.
1. Libertades técnicas:
• Primera libertad: el derecho de volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar.
• Segunda libertad: el derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por razones técnicas.
2. Libertades comerciales:
• Tercera libertad: el derecho de desembarcar pasajeros, correo, carga, tomados en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.
• Cuarta libertad: el derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.
• Quinta libertad: el derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados.
3. Otras libertades:
• Sexta libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial entre otros dos estados vía su propio territorio.
• Séptima libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio.
• Octava libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado (cabotaje).
• Novena libertad: Permiso referido a aerolíneas de un estado para operar en régimen de 7ª libertad a partir del tercer estado más allá de su territorio.
En noviembre de 2014, los gobiernos de México y de Estados Unidos modificaron el Convenio Bilateral en materia de Aviación. Tras su firma se estableció que las aerolíneas cargueras de Estados Unidos y de México eliminarán restricciones al aplicar la quinta y séptima libertad; con esto, podrán despegar desde Estados Unidos, cargar mercancía en México y continuar volando hacia un tercer país, esquema conocido como quinta libertad del aire. También podrán partir desde México hacia un tercer país, sin haber estado previamente en Estados Unidos; este otro esquema se conoce como séptima libertad del aire. Las aerolíneas mexicanas tendrán los mismos beneficios para operar en Estados Unidos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró que no se autorizarán la octava y novena libertades internacionales (cabotaje); es decir, vuelos entre ciudades mexicanas operados por aerolíneas estadounidenses.2 Este convenio modificado tiene que ser ratificado en el Senado y entra en vigor el 1 de enero de 2016.
A partir del anuncio de las modificaciones del Convenio Bilateral de Transportes Aéreos, varias organizaciones sindicales y colegios en esta materia, formaron el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN). Ellos declaran estar en contra del convenio aéreo bilateral, porque las nuevas libertades se autorizarán con menos restricciones y porque esto representa, en la práctica, la autorización de la política de cielos abiertos.
La quinta libertad aérea representa la posibilidad de que cualquier aerolínea, tanto de Estados Unidos como de México, pueda realizar servicios aéreos desde cualquier punto, o varios puntos, entre ambos países, y continuar a un destino posterior. Eso significa para las aerolíneas estadounidenses una mayor ventaja competitiva, ya que, además de poseer una mayor flota, podrían realizar, y vender, vuelos que vengan de EU y aterricen en la Ciudad de México –por citar sólo un ejemplo– a cualquier destino de Centro o Sudamérica.
La SCT niega que este convenio bilateral considere la apertura de cielos y, en un comunicado emitido el 23 de septiembre de 2015,3 aseguró que se mantendrían las libertades aéreas ya autorizadas, mientras que las nuevas se autorizarían, caso por caso, y sin perjudicar a la industria aérea nacional. Sin embargo, omiten mencionar que en un acuerdo paralelo de fecha 28 de mayo de 2015, los gobiernos de México y de Estados Unidos se ofrecen y otorgan más libertades aéreas de las que se habían negociado en el texto del memorándum de consulta.
La SCT afirma que sólo se busca flexibilizar el tráfico aéreo para “aumentar la conectividad y el crecimiento económico de las naciones”. “El convenio generará oportunidades significativas, tanto para que las aerolíneas cargueras mexicanas incrementen su penetración en mercados internacionales, como para que el país que aproveche su ubicación estratégica sirva como una plataforma logística donde, además de que se reciban y envíen un mayor número de mercancías, se dé valor agregado a las mismas”.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó con el Colegio de Pilotos Aviadores de México, AC, un estudio sobre las condiciones de competencia en la industria aérea nacional. De acuerdo con los resultados, México no está en condiciones de competir con las aerolíneas estadounidenses. La liberalización del Convenio Binacional de Transportes Aéreos entre México y Estados requiere que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantice equidad para que la industria aérea nacional esté en condiciones de competir en igualdad de circunstancias.
Ante la gravedad de la situación y el riesgo que representa la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica en los casos de investigación al sector aéreo, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional4 señaló: “Si la Cofece está considerando la entrega del control de slots, o sea, horarios de despegue y aterrizaje, puertas de salida y otras concesiones, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a competidores estadounidenses a través del nuevo convenio bilateral, se estaría poniendo en grave riesgo la fuente de empleo de cientos de trabajadores de la aviación nacional”. Nos oponemos a una política de cielos abiertos, pues la aviación nacional no está en condiciones de competir con la de Estados Unidos, que tiene una flota mucho mayor, igual que oferta de asientos; ellos cuentan con 75.3 por ciento del mercado y México con sólo 24.7. Estados Unidos posee 7 mil aviones; y México, sólo 350.
El FDAN declara que el convenio bilateral no cumple las salvaguardas de seguridad de temporalidad, gradualidad y posibilidad de concretar alianzas profundas (antitrust immunity), además del compromiso de establecer y mantener las políticas internacionales de asignación de horarios de despegue y aterrizaje en el AICM, que en principio exigieron y a las que se comprometieron a cumplir los dos países. Este convenio será presentado en las semanas siguientes ante el Senado para su ratificación.
De aprobarse el acuerdo bilateral en materia de aviación en los términos en que actualmente se está negociando por los Estados parte, se otorgarían facilidades a la industria estadounidense para entregarles slots y rutas que pondrían en riesgo miles de empleos de la industria aeronáutica nacional. Por cada avión que deje de volar se perderían aproximadamente 120 empleos directos. Por esto es necesario que se respeten las salvaguardas de equidad entre los dos países y se establezcan en el convenio, antes de su ratificación.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo, licenciado Enrique Peña Nieto, a que no sea enviado para su ratificación al Senado de la República el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos hasta que el gobierno estadounidense cumpla el compromiso de garantizar las condiciones de equidad para la industria aérea mexicana mediante acuerdos de alianzas profundas (antitrust immunity).
Notas
1 Consulta Wikipedia 28 de septiembre de 2015.
2 CNN Expansión 25 de noviembre 2014
3 CNN Expansión 23 de septiembre 2015
4 El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional está formado por los Colegios de Pilotos Aviadores de México, de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, y de Controladores de Tránsito Aéreo de México, así como por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, de Sobrecargos de Aviación, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes y Servicios (Independencia) y Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez Concepción Villa González (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Ssa y la SEP que publiquen los lineamientos establecidos en la reforma de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada centro escolar, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, la publicación final del dictamen 02/1310/171214 en el Diario Oficial de la Federación , para que así la SEP pueda comenzar con la real instalación de bebederos en escuelas y hacer uso de los recursos destinados para tal fin, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
El UNICEF ha señalado que México ocupa a nivel mundial el alarmante primer lugar en obesidad infantil.1
La Secretaría de Salud informó que México, registró de enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 14 años y 15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años.2
En la actualidad, el estilo de vida se han visto afectados a causa de la tecnología, largas jornada de trabajo, falta de tiempo para comer y malos hábitos alimenticios.3 En específico, los niños pasan varias horas sentados, debido a los videojuegos, televisión, tablets, celulares y computadoras, dando como resultado un gasto de energía pobre; la cual, al no ser utilizada se convierte en grasa y se acumula en el organismo generando sobrepeso y obesidad.4
Dentro de los malos hábitos alimenticios encontramos que en el 95% la ganancia de peso es debida al consumo excesivo de alimentos altos en grasas y azúcares refinados.5
La obesidad por sí misma es un problema de salud pública que requiere de la adecuada acción de políticas públicas que impulsen cambios en nuestra forma de vida e implementación de programas de nutrición que puedan orientar la adecuada nutrición.
El orden y la disciplina en la alimentación resulta algo que debemos educar desde temprana edad para que las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.6
Las causas de la obesidad infantil, dicen los especialistas son: poca o nula actividad física y la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas y minerales,7 lo que se le llama “calorías vacías” o “calorías tóxicas”, al no aportar ningún beneficio a la alimentación, pero sí una afectación directa a la salud, causando enfermedades como la obesidad, y otros padecimientos crónicos, como la diabetes tipo 2.
La obesidad en niños y adolescentes puede ser el principio de enfermedades consideradas de adultos, tales como diabetes mellitus, problemas en pies y espalda, trastornos hormonales, hipertensión arterial, várices y cáncer. La genética también puede influir, ya que si los padres presentan obesidad o las madres durante los primeros 3 meses de gestación, existe la posibilidad que los hijos padezcan sobrepeso durante la niñez y/o adolescencia. 8
Este conjunto de padecimientos terminan afectando a la economía del país, por ejemplo, en el costo de la medicina institucional, así como en el rendimiento y la productividad.9
El niño que es obeso en edad pediátrica, tiene una probabilidad del 80% de ser obeso en la etapa adulta,10 por lo tanto un niño obeso tiene mayor probabilidad de ser un adulto enfermo,11 y en nuestro país, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad.
Las consecuencias inmediatas en la obesidad infantil son dificultad respiratoria, alteraciones musculo esqueléticas, exceso de carga en articulaciones que se comienzan a deformar, dificultad para caminar e inactividad, además de efectos psicológicos, a mediano plazo son que gracias la grasa que se ha ido acumulando se desarrollen alteraciones metabólicas, por ejemplo que le sube el azúcar, que sea un niño pre diabético y después en el futuro sea un niño diabético; que tiene triglicéridos altísimos, el colesterol alto y en automático adultos con diabetes, hipertensión, problemas vasculares y cardiacos.12
En nuestro país una de cada seis personas sufre de diabetes, padecimiento que se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Ante esta problemática especialistas urgen a las autoridades implementar acciones de educación alimenticia a corto plazo en las escuelas.13
La resolución a éste exhorto sería además complemento para el éxito de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, puesta en marcha por el Presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, en dónde uno de sus tres pilares, el de salud pública, habla del acceso al agua potable.14
Para evitar la obesidad en niños, los expertos recomiendan jugar mucho para quemar calorías, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, e ingerir alimentos con tiempo, no con prisas, esto para tener una buena digestión.15
Uno de los factores que más incide en el aumento de peso y en la obesidad es una alimentación inadecuada, en dónde el consumo de refrescos y bebidas azucaradas suele ser un factor detonante. El ofrecer y garantizar un mayor acceso al agua potable, en lugar de bebidas azucaradas, es una de las estrategias recomendadas para prevenir y reducir los índices de obesidad infantil. Sin embargo, el acceso al agua potable es reducido, principalmente en las escuelas, lugar dónde los menores pasan por lo menos la mitad de su día.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares de 2008, solamente 55.9% de las primarias y 60.6% de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber dentro de sus instalaciones, pero la cantidad de bebederos instalados y funcionales es mucho menor a este porcentaje; solo el 15%. En este sentido impera la necesidad de promover una alimentación correcta dentro de los inmuebles escolares, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que inciden en la obesidad infantil y en adolescentes.
Problema:
La mayoría de las escuelas en nuestro país, ya sean públicas o privadas, carecen de bebederos, o estos se encuentran en pésimas condiciones y/o son inoperantes, la calidad del agua resulta muy mala y provoca enfermedades gastrointestinales, por lo cual no son una alternativa viable ante las bebidas altamente azucaradas.
Ya hay un decreto que promueve la instalación de bebederos en escuelas, sin embargo este se encuentra sin resolución, lo cual dificulta la real instalación de éstos. Esta situación es de gran importancia, dado que se trata de un tema mayúsculo y un problema de salud pública.
Propuesta:
A raíz de la publicación, en mayo de 2014, del Decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, dónde se señala que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ambas Secretarías debieron de trabajar de manera coordinada para asegurar el inicio de la instalación de los bebederos en los inmuebles escolares. Lamentablemente, esto no ha ocurrido así, y uno de los principales obstáculos para esto es la falta de publicación de los lineamientos mencionados en el Diario Oficial de la Federación.
La importancia de dichos Lineamientos recae en que éstos son la base normativa de las características y mecanismos idóneos para la instalación de los bebederos en las escuelas. Podríamos decir que sin estos Lineamientos, la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, organismo facultado para la instalación de los bebederos, no tiene el sustento técnico para realizar dicha actividad, lo que retrasa cada vez más el cumplimiento del deber constitucional de garantizar el acceso al agua potable, especialmente a los niños.
De acuerdo al decreto mencionado anteriormente, específicamente en el Transitorio Quinto, se menciona explícitamente que “La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11 ”. Es decir, los lineamientos tuvieron que haber sido publicados en agosto de 2014, situación que no sucedió.
Actualmente estamos a más de un año del plazo establecido para contar con dichos Lineamientos, y de acuerdo con la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER),16 apenas el 15 de septiembre del presente año (13 meses después de cumplirse el plazo máximo) contamos con un Dictamen Final de los Lineamientos, pero que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Adicionalmente, dentro de ese mismo Decreto, el Transitorio Sexto habla que: El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente Decreto ”. Es decir, ya cumplimos la mitad del plazo establecido para que se instalen bebederos en todas las escuelas del país sin que haya un avance significativo hacia esta meta.
Lo que hoy le demos como alimento y bebida a nuestros niños, es lo que ellos como sociedad nos van a devolver el día de mañana, por lo tanto el llevar acciones que impulsen un estilo de vida más sano, como es el proveer de bebederos de agua potable en las escuelas de todo el país, resulta fundamental para incrementar la calidad de vida de la población infantil. El desarrollo de una niñez sana, se traducirá en un México sano.
Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública que publiquen en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos establecidos dentro del Decreto publicado en mayo de 2014, que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objetivo de garantizar “la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”.
Segundo. Que la publicación de los lineamientos antes mencionados, sea en un plazo no mayor a 30 días naturales, en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa deberá, al momento de iniciar con el proceso de instalación de los bebederos en las escuelas, proveer un sistema de purificación de agua confiable que contribuya a la salud de los niños y a la economía familiar, además de contribuir a la creación de instalaciones dignas para la niñez. Se asegurará también del correcto mantenimiento, higiene y limpieza de los bebederos, para garantizar la inocuidad y salud de los mismos.
Notas
1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
2 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adulto s-y-ninos/
3 http://www.businessreviewamericalatina.com/finance/1270/M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9rica-Latina
4 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad
5 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/infografia-sobrepeso
6 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
7 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adulto s-y-ninos/
8 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad
9 http://www.businessreviewamericalatina.com/finance/1270/M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9rica-Latina
10 http://www.razona.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=646:obesidad-en-mexico&catid=94&Itemid=559
11 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adulto s-y-ninos/
12 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adulto s-y-ninos/
13 http://www.businessreviewamericalatina.com/finance/1270/M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9rica-Latina
14 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/07/en-lucha-contra-obesidad-infantil-expertos-de-mexico-eu-y-canada-6735.html
15 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-ninos/
16 http://cofemersimir.gob.mx/expedientes/14291
Dado en el Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Condusef a considerar nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda de los trabajadores del campo, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervides Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los trabajadores del campo mexicano, por su noble labor, son uno de los pilares de la economía nacional, ya que la producción de alimentos y materias primas derivadas de la agricultura y la ganadería permiten la existencia de insumos a precios justos y accesibles para las familias de México, podemos afirmar sin duda que el campo mexicano alimenta a la nación.
Dado lo anterior, y a la gran magnitud de su trabajo, así como al poco margen de ganancia que muchas veces enfrentan, los trabajadores del campo se ven en la necesidad de recurrir a préstamos y servicios por parte de instituciones crediticias e inclusive a través de dependencias Federales, tales como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) o sus homólogos en las distintas entidades federativas, los cuales les permiten prepararse a tiempo para las distintas temporadas de cosecha y los diversos tipos de ganado y así, aprovechar al máximo el tiempo y los recursos y generar una mejor producción, más cuantiosa y de mayor calidad.
En efecto, la SHCP cuenta con distintos fideicomisos que le permitan a los productores del sector agropecuario el acceso a un financiamiento apropiado y competitivo, tales como los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), así como organismos como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), a través de las cuales se lograron detonar, tan solo en este año, más de 115,041 (ciento quince mil cuarenta y un millones de pesos) en distintos créditos agropecuarios, un incremento de casi el 20 por ciento respecto al año pasado.
Dada la importancia del campo, el gobierno de la República ha destinado éstos y muchos más recursos para combatir la marginación, las condiciones de pobreza de quienes lo habitan, y permitirles acceder a los beneficios de los programas sociales de inclusión, tales como Proagro productivo, a través del cual se habrán entregado al concluir este año más de 26,259 (veintiséis mil doscientos cincuenta y nueve) millones de pesos, a los productores del campo y sus familias, así como agroincentivos tecnológicos, venta de semilla o cabezas de ganado a bajo costo, préstamos para la adquisición de materiales o maquinaria entre otros, y permitirles subsanar las dificultades del entorno en beneficio de sus familias y, a la larga, de la soberania alimentaria de la nación.
En virtud la importancia de estos programas sociales, así como de todos aquellos que son ejercidos para impulsar la economía popular, es natural que los organismos públicos recurran a instituciones de información crediticia como el buró de crédito, que les permita diferenciar entre las personas que en efecto aprovechan los recursos otorgados y los reintegran después de la producción, y aquellas que solamente buscan defraudar y obtener un lucro indebido del capital nacional destinado para abatir la pobreza; en ese mismo sentido, las instituciones financieras tales como los bancos también necesitan hacer uso de mecanismos de memoria crediticia, a fin de salvaguardar los intereses de sus cuentahabientes y permitir el correcto desarrollo del sistema financiero y, en consecuencia, de las finanzas en nuestro país.
No obstante lo anterior, es importante distinguir entre las personas que por dolo, mala fe o simple desinterés en cumplir con sus obligaciones financieras abandonan sus pagos, de aquellas que por sus condiciones económicas y sociales se ven en la necesidad de incurrir en mora; los trabajadores del campo mexicano muchas veces se encuentran en esta segunda hipótesis, ya que por condiciones completamente ajenas a ellos como sequías imprevistas y otros estragos climáticos y ecológicos, pueden ver severamente afectadas sus cosechas, cultivos y su ganado, mermando así su producción, sus ganancias y, naturalmente, sus posibilidades de pago.
Teniendo en cuenta esto, y considerando que muchos productos del campo requieren de tiempos específicos para su cultivo o crianza, sujetar a los agricultores y ganaderos nacionales a estándares rígidos de pago o de condicionamiento para adquirir nuevos créditos afecta seriamente a toda la producción de las familias del campo, ya que por un solo siniestro que afecte las ganancias estimadas de un campesino podría verse registrado en las sociedades de información crediticia como deudor moroso, bloqueando cualquier posibilidad de impulsar su producción a través de un distinto programa social o préstamo, efectivamente creando un círculo vicioso del que difícilmente podrán escapar.
Actualmente, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia contempla en sus artículos 20, 23 y 24 el llamado “derecho al olvido”, es decir, el tiempo que durará registrada una deuda sin saldar según su monto, mismo que oscila de entre doce hasta setenta y dos meses; sin embargo, este derecho no hace especial contemplación para aquellos que por su condición económica y actividad productiva requieren constantemente de créditos tanto privados como de instituciones gubernamentales, asimismo, no contempla que por sus mismas circunstancias, para los trabajadores del campo es mucho más difícil exigir este derecho ante las instancias competentes.
Dado lo anterior, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), como autoridades que regulan las actividades de las Sociedades de Información Crediticia según el marco jurídico vigente, y como los órganos competentes en materia de educación financiera, contemplen nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda, así como una mecánica especial que garantice de oficio el “derecho al olvido” de los trabajadores del campo mexicano, para permitirles tener una mayor productividad y no afectar así a sus familias y a la soberanía alimentaria nacional.
Es por lo anteriormente expuesto que acudimos ante esta honorable soberanía de la que somos parte, para solicitar la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fin de que contemplen nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda, así como un mecanismo especial que garantice de oficio el “derecho al olvido” de los trabajadores del campo mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputadas: Flor Estela Rentería Medina, Marie Guadalupe Oyervides Valdez, Ana María Boone Godoy (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión hasta 2018 de la prórroga para la importación definitiva de autos usados; y al Ejecutivo de Baja California, a adecuar los centros de verificación vehicular en la entidad, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Luz Argelia Paniagua Figueroa, en conjunción con las diputadas y los diputados del estado de Baja California integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para llevar a cabo medidas pertinentes y necesarias, a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados, hasta el año 2018 y al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, a fin de que se provea respecto a las adecuaciones que tendrán que llevarse a cabo en los centros de verificación vehicular en dicha entidad federativa, en cumplimiento de las exigencias en materia de verificación, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes
Consideraciones
Nuestro país comparte una amplía frontera con los Estados Unidos que se extiende por más de tres mil kilómetros -de los cuales Tijuana y Mexicali en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua representan casi la mitad de la población fronteriza-.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2014 existían en Baja California 1’088,052 vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), y debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos, la franja fronteriza presentan características económicas diferentes al resto de nuestro país especialmente en lo que se refiere a la importación de vehículos fronterizos.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), establece en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, que a partir del 1º de enero de 2009 y gradualmente hasta el 2019, nuestro país no puede adoptar prohibición de restricción de vehículos originarios usados, provenientes de nuestros socios comerciales de Canadá y Estados Unidos; asimismo, el Artículo 302, párrafo 2, en relación del propio Tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el anexo 302.2.
El 31 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, con el objeto de regular su importación definitiva al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015.
En dicho decreto se menciona que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas, al establecer que no se transgreden los artículos 14 y 133 constitucionales. De igual forma, en jurisprudencia definida y obligatoria ha resuelto que no procede otorgar la suspensión del Decreto cuya vigencia se prorroga, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público”.
Por otra parte, en el Decreto publicado en julio de 2011 en su artículo sexto indica el tema de la verificación vehicular, que a la letra dice:
No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
El artículo antes mencionado hace referencia a la necesidad de obtener en los Estados Unidos el certificado de emisión de contaminantes el cual tiene un costo que van desde los 50 a 150 dólares -lo que equivale a $ 850.00 a $ 2,550.00-, y que es necesario hacer dicho pago para importar el vehículo. Sin embargo, en nuestra entidad debe llevarse a cabo nueva verificación que llega a costar entre $ 280.00 a $350.00, lo cual hace aumenta los precios y hace que los ciudadanos de Baja California paguen un costo extra demás por este tipo de servicios.
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para llevar a cabo las medidas pertinentes y necesarias, a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados, hasta el año 2018.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Baja California, a fin de que se provea respecto de las adecuaciones que tendrán que llevarse a cabo en los centros de verificación vehicular en dicha entidad federativa, en cumplimiento de las exigencias en materia de verificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 15 del mes de octubre de 2015.
Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jacqueline Nava Movett, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Eloísa Talavera Hernández (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de que en la terna que el Ejecutivo federal envíe para integrar la SCJN se consideren criterios tendentes a avanzar en una representación paritaria de dicho órgano, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres dista mucho de plasmarse en la realidad de nuestro país; si bien hay avances significativos tanto en medidas legislativas, implementación de políticas y acciones de gobierno en los diferentes niveles de ejercicio de poder, existen rezagos que reflejan una realidad donde la desigualdad se presenta en ámbitos sociales, económicos y culturales.
2. Existe un compromiso para avanzar en materia de igualdad de género, la suma de esfuerzos y voluntades de las personas que participan en la toma de decisiones así lo muestra. Algunos ejemplos son las reformas constitucionales para alcanzar la paridad en las candidaturas que postulen los partidos políticos en las diputaciones federales, legislaciones para prevenir y atender la violencia de género, medidas para garantizar el acceso a la salud de las mujeres por mencionar algunas.
3. Si bien las acciones en materia de igualdad de género debieran ser transversales y aplicarse en todos los ámbitos de ejercicio de poder, en el ámbito judicial se presentan rezagos importantes por lo que hace a las labores de administración, procuración e impartición de justicia, sumadas a la escaza presencia de mujeres en los puestos claves dentro de esas instancias.
4. La Cámara de Diputados ha propuesto acciones importantes para impulsar la igualdad de género en el Poder Judicial, una de ellas ha sido la asignación de presupuesto específico para la creación de la Unidad de Género que ha podido incorporar criterios desde esta perspectiva para avanzar en la materia, además de capacitar al personal judicial que incida en las sentencias con esta visión.
5. La importancia de mujeres en el Poder Judicial es fundamental pues es en el acceso a la justicia es donde se presentan muchos de los reflejos sociales, culturales e institucionales de discriminación por motivos de género, sin llegar a entender por parte de algunos integrantes de ese poder la importancia de su papel y hacer o bajo una perspectiva de género, la cual, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género del Poder Judicial de la Federación, implica hacer realidad el derecho a la igualdad, pues responde a las obligaciones constitucionales y convencionales de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder.
6. Sobre este rubro, la ministra Olga Sánchez Cordero, en una disertación denominada Perspectiva de género e interpretación judicial , precisa lo siguiente respecto a lo que denomina “Juzgar con Ojos de Mujer”:
“La incorporación de las mujeres en tareas de gran profundidad como la de juzgar es sumamente importante y la perspectiva de género una herramienta indispensable.
Las mujeres, es cierto, contamos no sólo con nuestra innata capacidad de intuición y somos capaces de imprimirle a nuestros actos un nivel de análisis y sensibilidad que nos son sumamente útiles en la determinación de lo que es justo. Por eso resulta fundamental que esa perspectiva de género se extraiga del derecho positivo, aun cuando parezca exclusiva del dato sociológico.
Los hechos cotidianos y los resultados de nuestro actuar nos dan el reconocimiento de ser ma?s sensibles al caso que nos corresponde juzgar y, por tanto, la sociedad nos otorga un voto de confianza en el desempen?o de la actividad juzgadora, porque vemos la realidad desde otra perspectiva. Juzgar con ojos de mujer, para mí significa ser mediadoras de nuestra realidad y factor de equilibrio en nuestras sociedades.”
7. Hay datos preocupantes sobre la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación donde se incluye a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral y demás órganos administrativos cuenta con 40 mil 517 servidoras y servidores públicos, donde el 50.73 por ciento (20 mil 554) son mujeres y el 49.27 por ciento (19 mil 963) son hombres; sin embargo los puestos que ocupan no van más allá de ser secretarias de acuerdo. Datos de una investigación del periódico El Financiero indican que de un total de 395 jueces federales de distrito, 96 son mujeres y 299 son hombres, mientras que de los magistrados de circuito, de un total de 740, son hombres 610 y 130 son mujeres.
En tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo hay dos mujeres de los 11 ministros, en el Consejo de la Judicatura de la Federación dos consejeras de siete consejeros y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una magistrada de seis integrantes.
8. Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de mujeres como ministras es escaza; en el artículo denominado La historia de las mujeres en la Suprema Corte , del abogado y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte, Julio Martínez Rivas, publicado en la revista Nexos el 7 de octubre de 2015, da una reseña sobre la misma y que reproducimos a continuación:
“La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961.
Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”. Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.
La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis La condición de las mujeres en el derecho del trabajo . Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).
La siguiente mujer designada fue la abogada de Petróleos Mexicanos, Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien, lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la ministra Ayala falleció.
También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.
A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.
En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como juez de distrito en materia administrativa.
En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green (1939- ), abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, subprocuradora y, posteriormente, procuradora de Justicia de la Ciudad de México.
Tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ), primera doctora en derecho con mención honorífica de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue senadora y diputada federal por el PRI.
También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.
El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- ) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.
Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrada de circuito y consejera de la Judicatura Federal.”
9. Sin embargo, a pesar de esa representación minoritaria, las mujeres ministras han introducido la visión de género en esa instancia judicial, donde se han alcanzado importantes criterios en la interpretación de la ley que disminuye las brechas de desigualdad por razones de género y han permitido el reconocimiento de derechos humanos que antes eran negados a las mujeres.
10. El próximo mes de noviembre, la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza, dejarán de ocupar sus cargos y, al salir la ministra Sánchez Cordero, dentro del Tribunal Constitucional sólo quedará una mujer, la ministra Margarita Luna Ramos, viéndose disminuida la presencia femenina en dicho órgano, por lo que consideramos necesario que el presidente de la República y el Senado de la República consideren los criterios para avanzar en la integración paritaria del máximo tribunal, lo que implicaría proponer en la terna respectiva a dos mujeres para ser ministras y se apruebe mediante el mismo criterio el nombramiento de las mujeres para formar parte de la Suprema Corte.
Esta propuesta se suma a la petición que ha formulado la Asociación Mexicana de Juzgadoras al presidente de la República para que envíe las ternas de propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación exclusivamente con mujeres.
No tomar en cuenta estas consideraciones, implicaría negar una realidad social sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública de México y omitir el mandato constitucional de garantizar el principio de igualdad de género.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de Poderes, se pronuncia para que se consideren criterios para avanzar en una representación paritaria en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el uso de las facultades respecto a la integración de la terna que envíe el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al Senado de la República para la designación de ministras o ministros de dicho Tribunal Constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR sobre la facultad de atracción de indagatorias abiertas por delitos de orden federal en instituciones locales de procuración de justicia, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México ya contamos con las bases legales para evitar que los responsables de la ejecución de un delito queden sin castigo, sólo falta poner a funcionar en mayor porcentaje nuestro sistema.
Es lamentable que día a día se fortalezcan las estructuras delictivas, frente a la no actuación de nuestras autoridades.
Uno de los grandes problemas que aquejan a la nación mexicana es el flagelo de la delincuencia organizada con la finalidad de cometer diferentes hechos punibles en nuestra legislación penal.
Conforme a la Incidencia Delictiva del Fuero Federal, 2014, reportada por la Procuraduría General de la República1 en México se cometieron 98 mil 59 delitos.
La impunidad en nuestro país sigue siendo un grave problema, tan sólo se castiga 5 por ciento de los delitos que se denuncian ante uno de los entes de procuración de justicia.
Por otra parte la integración de las indagatorias es demasiado lenta debido a los trámites burocráticos de esas instituciones, en promedio, integrar una averiguación previa se lleva poco más de un año.
De los homicidios que se cometen en toda la federación 80 por ciento de los mismos tienen relación con la delincuencia organizada, sin embargo la mayoría de esas investigaciones las integran las fiscalías estatales, sólo muy pocos casos llegan a ejercer la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República, con el detrimento que esto implica, ya que eso genera que la información esté fragmentada y eso conlleve una deficiente reacción del estado frente al crimen organizado.
En relación a los secuestros que se cometen en el país aun cuando existe una ley general para combatirlo, tenemos en nuestro marco jurídico una competencia concurrente, la Procuraduría General de la República sigue investigando muy pocos del total de casos que se cometen en el territorio nacional y al igual que pasa en el país, la mayoría de éstos se cometen por integrantes del crimen organizado, no obstante lo anterior, la Procuraduría General de la República es omisa en hacer la atracción correspondiente para llevar a cabo una investigación profesional, uniforme, eficaz y oportuna.
Lo que ha ocurrido en diversos estados es que en la práctica no existe una intervención oportuna por parte del Ministerio Público federal, lo que lleva como consecuencia que las pruebas desaparezcan, o lo más grave, muchos de los probables responsables se evadan de la acción de la justicia.
Lo anterior es relevante, como quedó de manifiesto en el caso de Ayotzinapa, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, una semana después la Procuraduría General de la Republica realizó la atracción correspondiente de la indagatoria, un mes después tomó conocimiento de la probable responsabilidad de policías de Iguala y Cocula, con ello no hubo una oportuna intervención de la autoridad federal, cuando desde la primer agresión que sufrieron los estudiantes hoy desaparecidos había todos los elementos de prueba, indicios y evidencias de que se trataba de acciones perpetradas por el crimen organizado; eso aunado al número de agresores, número de víctimas y armamento utilizado.
Otros casos como San Fernando, donde las víctimas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas, es ejemplo de la omisión por parte de la Procuraduría General de la República lo que ha permitido la evasión de responsables, y esto ha dado como resultado la impunidad.
Ayotzinapa es el más claro ejemplo de que el no haber actuado a tiempo por parte de la autoridad federal causó una deficiente investigación, el que muchas pruebas se hayan desvanecido y no se integraron debidamente a la investigación, lo más grave, la evasión de la acción de la justicia de responsables de las agresiones con armas de fuego, los homicidios y la desaparición de los estudiantes normalistas.
A un año de los hechos delictuosos aún se sigue discutiendo sobre el realizar pruebas como en el caso del basurero municipal para determinar la incineración de los normalistas en ese lugar, se están llevando en este momento declaraciones, desahogando pruebas, ha pasado más de un año, eso confirma la respuesta tardía de las autoridades ministeriales del orden federal.
Los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 13 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, prevén la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando los delitos produzcan efectos en dos o más entidades federativas.
Sin embargo, de forma curiosa, más que la gravedad de los hechos delictivos que se persigan, la principal razón por la que la Procuraduría General de la República ejerce su facultad de atracción, es por la presión de la sociedad a través de los medios de comunicación sobre algún caso en particular, convirtiendo a esta facultad de atracción en una figura discrecional ligada también a circunstancias políticas.
La finalidad del ejercicio de la facultad de atracción de la PGR es la realización de una investigación a fondo de los hechos delictivos en estricto seguimiento al debido proceso legal, apoyando con mejores recursos materiales, técnicos y humanos, con el objeto de concluir las indagatorias en menor tiempo esclareciendo los hechos y evitando la impunidad.
Luego entonces, la facultad de atracción de la PGR debería hacerse valer de forma inmediata cuando concurran los requisitos de forma marcados en la ley y que sea evidente que las autoridades locales no cuentan con los elementos materiales y humanos para el resolver una averiguación o han dejado varada una indagatoria o de las actuaciones se desprenda que pudiese tener relación con los hechos delictivos algún servidor público estatal o municipal.
Además, la facultad de atracción de la PGR de asuntos que tengan conexidad con delitos del fuero común, no restringe la posibilidad de que las autoridades federales también investiguen esos hechos punibles del fuero común, invocando para este caso el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Contradicción de tesis 378/2009.
“Conexidad de delitos. La facultad del juez de distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, de manera que las conductas típicas del fuero común sujetas a proceso deben conservar ese carácter una vez que el juez de distrito conozca del asunto. Esto es, la conducta que puede constituir delito del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, independientemente de que el juez federal esté conociendo de dichos delitos con motivo de la conexidad, sin que la atracción de los delitos locales, por su conexidad con otros pertenecientes al orden federal, tenga el efecto de modificar la descripción de la conducta típica realizada por el legislador local, pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”
Movimiento Ciudadano ratifica su voluntad para que la impunidad se combata con eficacia y con voluntad en las instituciones.
En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción que si no se dictan los protocolos tendientes a actuar de manera inmediata, seguirán ocurriendo hechos como los de Ayotzinapa, donde las omisiones, el no actuar con prontitud por parte del Ministerio Público federal trajo como consecuencia más impunidad y que a esta fecha no conozcamos la verdad.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que instruya al personal a su cargo a revisar las indagatorias de las entidades federativas y a ejercer la atracción correspondiente cuando se trata de hechos de su competencia, con la finalidad de realizar una investigación a fondo de los hechos delictivos en estricto seguimiento al debido proceso legal, apoyando con mejores recursos materiales, técnicos y humanos, con el objeto de concluir las indagatorias en menor tiempo, esclareciendo los hechos y evitando la impunidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que instruya al personal a su cargo a que en los nuevos delitos que se cometan en el futuro en cualquier parte de la República mexicana, a que tome conocimiento el personal a su cargo y en 24 horas puedan decidir si se atrae la competencia o no, dependiendo si se trata o no de hechos delictuosos que sean de su competencia.
Nota
1. Incidencia Delictiva del Fuero Federal en México, del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014. Visto en http://archivo.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20E ntidad/mapa2012_historico.asp?estado=FED&fecha=ANO_2014&monthSe ction=Acumulado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SHCP a incluir Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Liliana Ivette Madrigal Méndez, del estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal ocupado por reactivar zonas que pueden detonar trabajo, educación y cultura, envió a esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
Las experiencias internacionales demuestran que en los últimos 30 años, países de Oriente y Sudamérica, están en crecimiento y han mejorado su calidad de vida.
La fundamentación de la Iniciativa es completa y ofrece un panorama de lo que se obtendría con la aplicación de las zonas económicas especiales.
Los estados que tienen municipios beneficiados con las zonas económicas especiales son extremadamente pobres, con un rezago de años y en algunos casos décadas en comparación al norte del país.
Varios municipios en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Campeche y Yucatán, se verán beneficiados con la creación de estas zonas; sin embargo Tabasco ha quedado fuera de la programación de zonas económicas especiales.
Cabe señalar que es urgente el apoyo del gobierno federal y tenemos corredores naturales que pueden ser beneficiosos para el tránsito de mercancías.
La operación de las zonas económicas especiales será un éxito en el sur del país, ya que al haber crecimiento económico, detonara el empleo, el poder adquisitivo y las mejoras en los estados del sur del país.
La participación de Tabasco en las zonas económicas especiales, es fundamental para integrar los corredores de mercancías y de almacenamiento.
Según datos del Coneval del 2014, 49.6 por ciento de la población en Tabasco están en situación de pobreza, equivalente a un millón ciento sesenta y nueve mil personas, de los cuales el 11 por ciento es pobreza extrema, el 45 por ciento tienen carencias de alimento.
Según estos datos estamos en pobreza, incluso mayor que otros Estados Sureños, es loable la labor por generar trabajo e inversiones y es por eso que solicitamos ser incluidos en las zonas económicas especiales.
Tabasco requiere de estar dentro de las zonas económicas especiales porque necesita posicionarse como un centro estratégico de comercio a través del desarrollo de sus puertos Frontera y Dos Bocas los cuales hay que modernizar, ya que desde allí el tránsito hacia la península de Yucatán y hacia el centro del país resulta viable por la ubicación que tiene la entidad tabasqueña, importante para el país.
Uno de los objetivos que propone esta reforma para la creación de las zonas económicas, es la de acortar la brecha de desigualdad que existe en comparación con las zonas centro y sur del país, por ello necesitamos que Tabasco no quede rezagado y que pueda aportar al desarrollo nacional a como lo ha hecho siempre a partir de sus riquezas naturales en abundancia, hídricas y de hidrocarburos.
Los atributos de Tabasco son importantes para la República, Tabasco es generador en potencia de electricidad y productor de petróleo. Ello ha mermado michas veces el ambiente y la economía de los tabasqueños, por ello necesitamos de las inversiones que traerán las zonas económicas especiales.
México necesita de Tabasco, por medio del diálogo, esperamos ser beneficiarios de los empleos que traerá la implementación de las zonas económicas especiales. Todo el sur-sureste de México debe estar incluido en un frente de acción para salir del atraso ancestral que tenemos.
Juntos potenciaremos los beneficios de la creación de zonas económicas especiales para generar derrama económica, existiendo diversos beneficios, pronto existirá impulso a la inversión
La implementación del Presupuesto Base Cero deja a Tabasco con varias incógnitas, esperando no existan más recortes en nuestro estado, es que necesitamos entrar en las zonas económicas.
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales.
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a tomar en cuenta en la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 diversos aspectos sobre recaudación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones I, III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se tomen en cuenta los siguientes aspectos:
Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”.
Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, LFPRH) establece en su artículo 39, párrafo primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. ...”.
Por lo anterior, sometemos a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que el Ejecutivo federal, al fijar los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, se sujete a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica.
Segundo. Que se establezca como obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviar al Congreso de la Unión un informe que contenga el monto de los recursos que, en su caso, no hayan sido devengados al cierre del ejercicio fiscal por las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, las entidades federativas, y municipios, y que hayan sido devueltos a la Tesorería de la Federación.
Además, que el informe aludido deba entregarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y, publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 31 de enero de 2016.
Tercero. A fin de dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y para hacer más eficaz el impacto de éstos en la población, que se retome lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007 respecto a la elaboración de un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, así como la elaboración de diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno.
Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los lineamientos técnicos que establezca la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados antes del 15 de febrero de 2016.
Cuarto. Que con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la deuda pública, se establezca la obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar al Congreso de la Unión, el estado del costo total de la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las operaciones realizadas.
Quinto. Que siendo necesario revisar que los distintos regímenes fiscales previstos cumplan con los objetivos económicos y sociales para los que fueron creados o, en su caso, se eliminen o modifique su esquema de operación, a partir de la entrada en vigor de la ILIF 2016 el Congreso de la Unión deberá evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el propósito de contar con elementos objetivos para determinar los casos que se deben mantener, modificar o, en su caso, cancelar.
Sexto. Que a fin de solicitar una opinión técnica en relación a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión pueda consultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, durante el análisis de los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el Senado de la República a considerar la paridad de género en la elección de ternas de ministros de la SCJN, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de magistrados que sustituyen a los que han cumplido su encargo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tenga en cuenta la paridad de género; lo anterior en virtud de las siguientes
Consideraciones
El próximo mes de noviembre terminarán su encargo constitucional como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Nepomuceno Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero, quienes son los últimos 2 juzgadores que quedan de la primera integración de la “Nueva Corte”, que se fundó en el 2005 con motivo de la reforma constitucional de mayo de 2004, en la que se transformó de fondo al Máximo Tribunal de la República, dándoles facultades plenas como Tribunal Constitucional y reduciendo el número de ministros de 25 a 11, desaparecer 3 de sus 5 salas, quedando únicamente la primera, que conoce de las materias penal y civil y la segunda encargada de los asuntos administrativos y laborales y creando igualmente al Consejo de la Judicatura Federal, como el órgano de administración y gobierno de los miembros del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los ministros y el personal que trabaja en la SCJN.
La propuesta de candidatos para cubrir estas 2 vacantes ha despertado gran expectativa en el medio político y en el judicial, sobre la integración de las ternas que mande el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado, pues hay quien asegura que, congruente con privilegiar la equidad de género, como ha sucedido con el Poder Legislativo, deberían ser enviadas dos ternas integradas por mujeres.
En este contexto, el pasado ocho de octubre miembros de la sociedad civil, académicos y juristas pidieron al presidente Enrique Peña Nieto, integrar a mujeres juristas, sin militancia partidista y con independencia “políticamente incuestionable” para cubrir las dos próximas vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un desplegado firmado, entre otros, por Diego Valadez, Francisco Paoli Bolio, Federico Reyes Heroles, Rafael Pérez Gay y María Marván Laborde, los solicitantes saludaron el discurso de Peña Nieto ante las Naciones Unidas en días pasados en el que expresó su preocupación por la grave situación que se vive en el país en materia de derechos humanos y su compromiso con la paridad de género.
En congruencia con esas palabras, la selección de personas para integrar las ternas de aspirantes a la Corte debe garantizar su independencia como órgano constitucional y la de sus miembros.
Compartimos desde la Cámara de diputados, el propósito de que México tenga una Suprema Corte técnicamente capaz, institucionalmente fuerte y políticamente independiente.
Tomando en cuenta la conformación actual de la Corte, también compartimos la conveniencia de que se integren dos ternas conformadas por mujeres que sean juristas destacadas y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Cabe señalar que la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso reformar la Constitución Política, a fin de que el Ejecutivo federal no participe más en la propuesta de las ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que sean las escuelas y facultades de derecho, barras y colegios de abogados quienes lo hagan.
A efecto de dignificar la función jurisdiccional, se plantea eliminar todo tipo de prebendas, canonjías, privilegios, sobresueldos y otro tipo de emolumentos. También se propuso que el Presidente de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal y que en la designación se garantice la paridad entre los géneros, a efecto de que se fortalezca al seno del Poder Judicial de la Federación.
Por último el pasado 22 de septiembre la diputada Hortensia Aragón Castillo, propuso a esta Cámara que se la mitad de las comisiones legislativas pudieran ser encabezadas por mujeres, reformando diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento al artículo 1o. y 4o. constitucional, de que este Congreso revise su normatividad y se actualice a lo que hoy los preceptos en materia de derechos humanos establece.
Instrumentos como este, permiten evitar que la discriminación deje de ser un flagelo para nuestro país en el tema de la desigualdad de las mujeres.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de magistrados que sustituyen a los que han cumplido su encargo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tenga en cuenta la paridad de género.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)
Con motivo del 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
Este 13 de octubre se celebró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La ONU instituyó esta fecha para invocar la solidaridad y la responsabilidad de todos los países miembros, en la misión de prevenir y mitigar los efectos destructivos de los desastres.
Cada año, la ONU adopta un tema para juntar el esfuerzo de las naciones en torno a un propósito común. Así, primero fueron los jóvenes; luego, las mujeres; después, los adultos mayores; y el año pasado, las personas con discapacidad. En esta ocasión el tema es “Conocimiento para la vida”.
Con ello busca sensibilizar a la población mundial sobre el uso de los recursos y el conocimiento tradicional, indígena y local, sus experiencias y buenas prácticas, respetuosas de la vida.
Ése es uno de los derroteros definidos en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que tuvo lugar en Sendai, Japón.
El “conocimiento para la vida” persigue la reducción de desastres, mediante la prevención, la mitigación y la preparación, para hacer frente a los peligros naturales y a los propiciados por la acción humana.
Implica mayor cooperación entre gobiernos y autoridades locales, las comunidades y los pueblos indígenas en la formulación y aplicación de políticas y normas para la prevención de desastres.
México está comprometido con ese propósito. Ése es el objeto de la Ley General de Protección Civil, para salvar vidas, el patrimonio de la población, la infraestructura del desarrollo y el ambiente.
La ley, aprobada por el Congreso de la Unión, a todos nos obliga y compromete.
Por ello exhorto a la Cámara de Diputados a asumir e impulsar con decisión una política pública de protección civil y gestión integral del riesgo, que atienda y entienda las necesidades y los derechos de la gente.
Desde esta soberanía debemos velar sobre todo por la salvaguarda de las personas, las familias y los grupos más vulnerables y más expuestos.
El Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos, asumimos y proponemos asumir compromiso claro para promover la participación de la sociedad en la construcción de México, de un país sustentable y resiliente, con base en lo siguiente:
• Promover la conciencia de las personas sobre los riesgos y la vulnerabilidad ante los desastres, pues cuanta mayor información posean organizaciones y gobiernos, más vidas podrán ser salvadas.
• Lograr que las autoridades estatales y las municipales impulsen una cultura de la prevención.
• Estimular alianzas interdisciplinarias.
• Aumentar los conocimientos científicos, lo que implica inversión y reconocimiento nacional e internacional.
Por lo expuesto exhorto a esta soberanía a cerrar filas y dar continuidad a los esfuerzos para hacer que la reducción del riesgo de desastres y la cultura de la prevención tengan la más alta prioridad nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
(Rúbrica)
Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, María Verónica Agundis Estrada, diputada del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Internacional de las Mujeres Rurales; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, muchas mujeres de nuestro campo sufren de manera constante las implicaciones de la migración por la falta de oportunidades, hay casos en los que nuestras mujeres rurales se quedan años sin ver a sus maridos o hijos mayores, y en ocasiones nunca regresan, sin embargo, ellas sacan a sus familias adelante en condiciones verdaderamente extremas e inhumanas.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se conmemoró el 15 de octubre de 2008 y reconoce la contribución y las funciones que realiza la mujer rural e indígena en el impulso del desarrollo rural y agrícola.
Según la resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007 de la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas para mejorar la situación de la mujer en las zonas rurales.
Dicha resolución, insta a los Estados Miembros a que, en colaboración con las organizaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil, según corresponda, continúen esforzándose por aplicar los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y asegurar su seguimiento integrado y coordinado, incluidos sus exámenes, y a que asignen mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales.1
Hoy en día, las mujeres rurales a nivel mundial son piezas clave en su entorno y en sus comunidades, debido a que en su mayoría también son cabeza de familia, además de ser el motor en sus entidades para lograr los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo humano sustentable.
Asimismo, podemos observar que aún con las adversidades de acceso limitado a la asistencia sanitaria, a la educación, a la electricidad, a la globalización, a la salud, entre otros factores de primera necesidad, la mujer rural enfrenta con valentía y entereza los retos para salir adelante.
No hablamos de cualquier mujer, hablamos de las mujeres que realmente son unas heroínas, porque salen a luchar día con día con todas las carencias y adversidades antes mencionadas.
Tan solo para octubre de 2014 en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la población ocupada femenina en el ámbito rural alcanzó 94.5% del total de la Población Económicamente Activa (PEA)
Más de tres millones de mujeres que habitan en el medio rural participaron en las actividades de producción de bienes y servicios, esto representa el 15.4% de la PEA, femenina del país.2
En este contexto, podemos observar que las mujeres rurales son fundamentales para el desarrollo agrícola en cualquier país, ya sean países desarrollados o economías emergentes, debido a que garantizan la productividad agrícola y rural, así como también la ganadera y la pesca, además de la seguridad alimentaria y el abasto, colaborando así para reducir la pobreza en sus comunidades.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce el papel que desempeña la mujer del ámbito rural en el mes de octubre, con tres días emblemáticos para el tema rural, empezando con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre.
Por lo anterior, hoy 15 de octubre, damos el reconocimiento a nuestras mujeres rurales, que luchan día a día para sacar a sus familias adelante y son parte fundamental de la cadena productiva.
Estimadas compañeras y estimados compañeros los invito a unir esfuerzos para crear puentes que generen el desarrollo y el bienestar de las familias rurales, construyendo políticas públicas que favorezcan las condiciones no solo de nuestras mujeres rurales, si no de todas y cada una de las familias que habitan en las comunidades más necesitadas de nuestro país.
Notas
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
2 http://www.vanguardia.com.mx/mujeresrurales154defuerzalaboralenmexico-2 186732.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de octubre de 2015.
Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)
Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Declaración de los Derechos de los Animales, a cargo de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del PVEM
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal el 23 de septiembre de 1977 en Londres, y proclamada el 15 de octubre de 1978. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, es una normativa de carácter no vinculante, es decir, una mera declaración de intenciones, entre otras cosas, por el hecho de que los ordenamientos jurídicos no suelen considerar a los animales como sujetos de derecho, en la mayoría de los casos son declarados bienes semovientes.
Por ello, a nivel mundial se considera a este marco normativo como una corriente filosófica sobre protección de los animales, sin otorgarles una herramienta jurídica eficaz, semejante al que cuenta el ser humano, sobre el derecho a la libertad o igualdad.
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se inclina por una postura acorde con la doctrina de los movimientos animalistas, que mantienen que la vida es de todos y el ser humano no puede adoptar una postura antropocéntrica, contraria a la propia naturaleza; es necesario la existencia de un código moral biológico en el que se tenga en cuenta el respeto hacia todas las especies vivientes, sin que se adopten categorías jerarquizadas y tomando como fundamento esencial el derecho a la vida, al no sufrimiento o maltrato de otras especies.
Esta concepción proteccionista sobre el otorgamiento de derechos a los animales, conlleva una educación social de respeto y amor hacia los mismos, que ha de promoverse desde la infancia del individuo, según hace constar la propia Declaración Universal.
El problema principal de la Declaración Universal de los Derechos de los animales es que, como ya se ha referido, se trata de una mera declaración de principios o información ética o moral sobre el comportamiento humano hacia otros seres vivos, sin ninguna fuerza legal y su incumplimiento no lleva aparejada ningún tipo de responsabilidad.
A 37 años de su declaración, hoy seguimos siendo testimonio de las constantes vejaciones que algunos animales siguen padeciendo alrededor del mundo, si bien es cierto que muchas naciones han encaminado sus esfuerzos para dar cumplimiento a dicha declaración, lo cierto es que aún es insuficiente. No se trata de ver un cambio de la noche a la mañana, sin embargo, queda mucho por hacer en la materia.
Está en nuestras manos, como seres pensantes, tomar acciones para el respeto a los animales; desde nuestro hogar, con la tenencia responsable de mascotas, el cuidado de los animales que se encuentran en nuestra comunidad, con los productos que consumimos en casa y principalmente a través de la educación y concientización de la importancia de la existencia de los animales no sólo en nuestras vidas, sino en la aportación a la naturaleza.
Existen también muchas alternativas para aportar desde nuestro entorno al cumplimiento de dicha declaración, elegir y consumir productos que garanticen no utilizar animales para su experimentación es sin duda un gran avance, ya que durante años, millones de especies fueron maltratados con crueldad excesiva para probar diversos productos principalmente cosméticos y de limpieza que serían lanzados al mercado.
Afortunadamente hoy, se van sumando cada vez más empresas responsables con el medio ambiente, siendo los animales parte indispensable para el mismo, sin embargo, no podemos creer que todo está resuelto.
Por ello, en el marco de la conmemoración de la Declaración Internacional de los Derechos de los Animales, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reafirma su compromiso para trabajar en pro de la preservación de nuestro medio ambiente, dirigiendo sus esfuerzos a la creación de una conciencia de respeto con el entorno y con todas sus especies, pero sobre todo, a la creación de leyes que hagan exigibles sus derechos: ¡que su derecho a la vida sea nuestro deber!
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de octubre del 2015.
Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica)
Con motivo del 62 aniversario del establecimiento del sufragio femenino en México, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Hace apenas 62 años que las mujeres ejercemos libremente nuestro derecho a votar y ser electas, sin embargo, éste último ha estado marcado por los déficits democráticos que todavía prevalecen: una falta de reconocimiento, devaluación del trabajo, amedrentamiento, agresiones e incluso el impedimento físico para ejercer cargos de elección. Vivir una vida libre de violencia es un derecho fundamental e indispensable.
No ha bastado la aprobación de Leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y del Código Penal Federal, a las cuales hemos recurrido cuando se han violado nuestros derechos.
A pesar de que cada vez incidimos más en el ámbito público, ello no se ha visto recompensado con la igualdad de derechos, ya que aún existen condiciones asimétricas en las garantías y oportunidades con relación a los hombres que afectan el desarrollo de los liderazgos femeninos en los partidos políticos, en la conformación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que hoy debatimos integrar a mujeres al máximo tribunal de impartición de justicia y seguir trabajando por la paridad en todos los ámbitos.
La desigualdad es un impedimento para la vida democrática del país y representa un retroceso en los avances que en México hemos logrado los últimos treinta años.
Llegamos a las cuotas con mucha dificultad y poco a poco, del 30 y 40 por ciento en las candidaturas, luego a la sentencia 12624, para que quienes suplan mujeres, sean mujeres. No nos han regalado nada, hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos, a veces en alianza y otras en contra, pero siempre en el presente y mirando el futuro. No sólo por una, sino por toda esta diversidad de mujeres que somos. Las que están luchando desde su pequeño espacio, hasta aquellas que como yo y muchas de ustedes ahora, han estado en esta Cámara y generado propuestas de inclusión y respeto a los derechos de las mujeres. Que han etiquetado presupuestos públicos para que se practique y piense desde la perspectiva de género.
Parece obvio, pero no lo es, muchas veces las miradas invisibilizan la presencia de las mujeres o como diría Sheila Rowbotham, las mujeres son “ocultadas de la historia”. Y en el ejercicio pleno del derecho al voto, esta situación pasa de manera común, ya que la brecha entre elegir y ser electa sigue presente, a sesenta y dos años, las mujeres seguimos aspirando a participar en la toma de decisiones.
En enero de 2016, se cumplen 100 años del Primer Congreso Feminista en Mérida y 100 años de que Hermila Galindo solicitara al Constituyente, la igualdad jurídica y que se reconociera la ciudadanía política de las mujeres y junto con otras mujeres promovieron el ideal de la “mujer moderna”, la cual debía ser liberal, educada e independiente en una sociedad que debía ser más secular.1
La obtención del sufragio en 1953 fue un acto democrático muy importante, las mujeres lucharon casi 40 años, exigiendo por medio de diversas manifestaciones este derecho. Marchas a Los Pinos, huelgas de hambre, recabar firmas por todo el país, inscribirse como candidatas, hacer campaña —y ganar—, fueron algunas de sus acciones para hacer público su derecho.2 Sin embargo, elegir y ser electas no ha sido suficiente. El sistema político tiene que modificar sus prácticas y estructura para generar condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.
Hagamos que suceda este 17 de octubre. Que sea esta la fecha en la cual nos comprometamos con la paridad horizontal y vertical. Y la queremos ni más ni menos que para compartir la responsabilidad de hacer buenos gobiernos.
Notas
1 Fernández Aceves Teresa (2004): La lucha por el sufragio femenino en Jalisco 1910-1958 . Revista de Estudios de Género “La ventana”, Núm. 19, Universidad de Guadalajara. México.
2 Ochoa Avalos María Candelaria (2004): El derecho al voto, un paso hacia la ciudadanía de las mujeres. Revista de estudios de género “La ventana”, núm. 19, Universidad de Guadalajara, México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
El 15 de octubre se celebra el día de las mujeres trabajadoras que se encuentran en todo el mundo, pero no cualquier clase de trabajo, un trabajo pesado, un trabajo de campo, un trabajo rural, y es de celebrar y conmemorar dichos actos debido que el esfuerzo que se lleva a cabo por estas mujeres es un esfuerzo que es necesario para sacar a sus familias adelante.
Las mujeres rurales tienen un rol muy importante en la economía del mundo y en los países en desarrollo, debido a que van generando e incrementando la productividad agrícola ya que dependen de los recursos naturales para sobrevivir.
En el mundo las mujeres rurales comprenden una cuarta parte del conjunto de la población mundial y en los países en desarrollo un aproximado de 43 por ciento.
En México hay un aproximado de 12 millones de mujeres rurales cuya jornada laboral supera las 12 horas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Hay que dar apoyo a la mujer rural, la mujer rural se encuentra en el conjunto de la población en extrema pobreza, debemos garantizarles más apoyos y programas.
Estas mujeres trabajan duro día con día, largas jornadas bajo el sol y en condiciones deplorables para subsistir y sacar adelante a sus hijos, ellas merecen un gran aplauso y toda la ayuda necesaria para que su productividad y sus condiciones de vida sean mejores.
A las mujeres rurales se les debe de apoyar para un desarrollo agrícola y rural, se les debe de apoyar para que tengan una mejor seguridad alimentaria y así poder ir erradicando la pobreza.
Así que hoy 15 de octubre, invito a todos a unirse a favor de las mujeres rurales y a disminuir la pobreza que existe en México y en todos los países en desarrollo.
Gracias por su atención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
(Rúbrica)
Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PVEM
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales fue celebrado el 15 de octubre de 2008 con objeto de dar a conocer la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluidas las de origen indígena, en la promoción del desarrollo del campo, haciendo visible la problemática a la cual se enfrentan de manera cotidiana.
La relevancia de conmemorar esta fecha es entender que las mujeres rurales representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial y su subsistencia depende fundamentalmente de los recursos naturales y la agricultura.
La aportación de las 14 millones de mujeres mexicanas que actualmente viven en el sector rural resulta determinante para contribuir a regresarle a nuestro campo el vigor con el cual debe contar para garantizar la seguridad alimentaria de la nación y generar progreso y bienestar entre sus habitantes.
En ese sentido, no podemos perder de vista que, México cuenta con145 millones de hectáreas que corresponden al sector rural, las cuales requieren de la acción del Estado para promover el desarrollo integral de los habitantes del campo, especialmente el de las mujeres.
Si bien el suelo rural cubre prácticamente todo el país, la mayoría de las mujeres rurales de México se concentra en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y el Estado de México.
Lamentablemente, debemos hacer notar que a las mujeres rurales aún no se les reconoce el valor del enorme trabajo que realizan. Por este motivo, éstas son consideradas uno de los segmentos más vulnerables de la población, dadas las condiciones de pobreza, marginación, escaso acceso a los servicios de educación, salud, alimentación y vivienda, en que viven.
Debemos darnos cuenta que, de acuerdo a datos del Inegi, seis de cada diez mujeres rurales se encuentran en situación de pobreza, más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones viven en pobreza moderada.
Ante la relevancia que el trabajo de la mujer rural ha tenido en los últimos años, en nuestro país se han realizado diversos estudios sobre sus condiciones de vida; en ese sentido, el Coneval, ha señalado que el 93.5 por ciento de las mexicanas rurales son vulnerables por carencias sociales, al no contar acceso a satisfactores básicos. Además, presentan rezago educativo y de acceso a la salud, pues no cuentan con ningún tipo de seguridad social, en muchas ocasiones están mal alimentadas y sus hijos constantemente se enferman y tienen desnutrición.
A lo anterior se le debe sumar la ausencia del esposo o de los hijos porque comúnmente ellos migran a la ciudad o al extranjero en busca de mejores oportunidades, y son las mujeres quienes se quedan a cargo de la parcela y de sus hijos pequeños.
El Presidente de la República, sabedor del contexto en que viven las mujeres rurales, ha emprendido una política para mejorar su situación, la cual busca empoderarlas y sacarlas de la condición de vulnerabilidad y pobreza multidimensional en que se encuentran. La Cruzada contra el Hambre, el otorgamiento de créditos con condiciones especiales y recientemente la puesta en marcha de la Cruzada en contra del Hacinamiento son programas y acciones que pretenden que millones de mujeres del campo están en posibilidad de comer mejor, de acceder a financiamiento para emprender un negocio o para utilizar de modo más eficiente los recursos de los cuales disponen, o bien, para construir una vivienda digna.
Asimismo, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, da certeza a las mujeres de que en caso de fallecimiento sus hijos quedarán protegidos por el seguro para jefas de familia.
Por su parte, el programa Promete, apoya la productividad de la mujeres del campo, pues su objetivo es contribuir a impulsar a las emprendedoras de 18 años o más que habitan en los Núcleos Agrarios, otorgando créditos a proyectos en el campo y brindando préstamos que van de los cuarenta mil hasta los doscientos mil pesos, con la finalidad de que produzcan más y mejores alimentos para su familia o para la venta.
Si bien el panorama para las mujeres rurales mexicanas ha mejorado gracias a los acciones puestas en marcha, todavía queda mucho por hacer y no se puede dejar de trabajar para que el acceso a una mejor calidad de vida sea una realidad, especialmente en estos momentos cuando estamos en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, pues es ahora cuando tenemos la oportunidad de generar un verdadero cambio.
Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México creemos en la igualdad entre los mexicanos, sin importar su género o el lugar en donde vivan, por ello expresamos nuestra convicción de trabajar decididamente para que la justicia y el bienestar alcancen a todos y cada uno de los habitantes de nuestra nación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de octubre del 2015.
Diputado Cirilo Vázquez Parisi (rúbrica)
Con motivo del 62 aniversario del establecimiento del sufragio femenino en México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con motivo del 62 aniversario del sufragio de la mujer en México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 17 de octubre de 2015, se conmemoran 62 años desde que nuestro derecho político más elemental nos fue reconocido, este es el derecho a votar.
Desde el inicio, la lucha por el sufragio femenino ha ido de la mano con la lucha por el sufragio universal, siendo el primero un paso que ha llevado al segundo.
Como en otras luchas sociales que tuvieron lugar durante la segunda parte del siglo XX, las mujeres demandábamos el derecho a elegir a nuestros representantes, pues éste era un paso fundamental para acceder, no sólo a los espacios públicos, sino para que nuestros derechos como ciudadanas fueran plenamente reconocidos.
Sin embargo, ese primero paso a la igualdad de iure, fue uno desde el que se construirían nuevas demandas. Desde entonces, hemos construido nuevos caminos para que cada vez haya más mujeres ejerciendo sus derechos políticos.
La historia del sufragio femenino en el mundo se fue fraguando a lo largo de muchas décadas. Evidencias indican que en 1776 en Nueva Jersey se tuvo registro del primer voto, por error, de una mujer, sin embargo dicho derecho fue abolido en 1807.
El primer Estado en ofrecer el sufragio universal incluyendo el derecho a las mujeres de presentarse a elecciones para el parlamento, fue Australia del Sur en 1902 y Tasmania en 1903, en estos hechos se puede rastrear esa tradición feminista del continente oceánico que lo ha caracterizado incluso por la elaboración de presupuestos con enfoque de género.
El movimiento internacional por el sufragio femenino lo realizó un grupo que se auto denominó los “sufragistas”, teniendo diferentes objetivos y reivindicaciones en cada país. Este movimiento se desprendía del movimiento feminista que nació con la Primera Guerra Mundial, y sus objetivos fueron similares: incorporación de la mujer al trabajo durante la guerra, derecho de voto, mejora de la educación, capacitación profesional y apertura de nuevos horizontes laborales, así como la corresponsabilidad y equiparación de los roles de género en las familias.
En nuestra región, el primer país en aprobar el voto femenino fue Uruguay, reconocido este derecho en 1927. Eva Perón en Argentina, encabezó el movimiento, mientras que en Ecuador la lucha por ese derecho a decidir, fue planteada desde 1920 apelando a lo establecido en su Constitución. En resumidas cuentas, así como en otras luchas sociales que han buscado reivindicar los derechos de las mujeres, el tema está en que reconocer el derecho de las mujeres a decidir en todos los ámbitos, es decir, a ser nosotras quienes escribamos nuestro propio destino como grupo social y como seres humanos.
La lucha de las mexicanas por el voto, data de 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas pidió al gobierno ser reconocidas como ciudadanas, sin embargo la solicitud fue rechazada. En 1884, una periodista hija de inmigrantes americanos, Laureana Wright, demandó igualdad de oportunidades y el derecho al voto, a través de las hojas de la revista Violetas de Anáhuac. En Yucatán en 1916 se redujo la mayoría de edad para las mujeres, de 30 a 21 años, lo que se tradujo en que mujeres más jóvenes participaran de nuevas formas en la vida pública del país.
En 1919 Hermila Galindo Acosta, quien se desempeñaba como secretaria particular de Venustiano Carranza, se pronunció a favor de los derechos políticos femeninos a través un escrito que envió al Constituyente en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando que “es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos”.
En aquel documento Hermila señalaba que “las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado” por lo que existía la obligación de conceder los derechos de los que gozaba un hombre.
No fue sino hasta 1922 en Yucatán, región clave para el feminismo, que bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto, las yucatecas accedieron al voto gracias al movimiento de Elvia, hermana menor del gobernador y quien fuera la primera diputada que tuvo nuestro país en 1923, sentando las bases para las futuras sufragistas mexicanas.
La tendencia fue replicándose en diversos estados, aunque en algunos casos el derecho fue revocado, no siendo aprobado hasta tiempo después.
En septiembre de 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para otorgar el sufragio femenino, y aunque esta fue aprobada por la Cámara de Senadores, fue rechazada por la Cámara de Diputados.
De esta forma, no fue sino hasta 1952, cuando el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortínez, se comprometió frente a 20 mil mujeres a otorgarles el derecho al voto si llegaba a ser el titular del Ejecutivo del país.
De esta forma, el 17 de octubre de 1953 fue publicado en el Diario Oficial el decreto por el que se garantizaba que las mujeres podíamos votar, y ser votadas para puestos de elección popular.
En los años subsecuentes, las luchas por los derechos de las mujeres han adquirido diferentes matices y por supuesto diferentes alcances, la demanda de las mujeres por convertirnos en actores fundamentales del cambio del país, de las transformaciones sociales fueron tomando su lugar, sus espacios y sus trincheras.
Desde la izquierda, incluso hubo grandes debates sobre el carácter que debía revestir nuestra participación, sin embargo desde las visiones progresistas y sociales demócratas, así como desde sus gobiernos, es desde donde las mexicanas hemos tenido mayores reconocimientos a nuestros derechos, desde donde hemos construido caminos para las nuevas generaciones, y de los cuales han emanado precedentes para garantizar derechos tan importantes como el derecho a decidir.
Si bien el camino hacia la igualdad es uno al que aún le falta un gran tramo por construir para que hablemos de igualdad sustantiva, hoy debemos reflexionar sobre el gran paso que significó haber obtenido esa cualidad de ciudadanas en plenos derechos.
Estas luchas de las que he referido, deben obligarnos a hacer memoria de que el piso que hoy tocamos, desde el que parten las luchas por la igualdad de género y el goce de nuestros derechos políticos, es sin duda uno al que le debemos un gran respeto, así como a las mujeres y hombres que coadyuvaron para que este fuera posible.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con motivo del aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
El día de hoy me permito hacer uso de esta tribuna en la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conmemorar el aniversario de una noble institución de educación superior, con gran tradición, cuna de ilustres mexicanos y fuente independentista: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Las raíces de esta noble casa de estudios se remontan al Colegio de San Nicolás Obispo, fundado en 1540 por don Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, que luego sería alma máter de los más distinguidos personajes de nuestra Independencia, entre los que destacan maestros y alumnos como don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón.
Don Miguel Hidalgo, por ejemplo, realizó allí sus estudios de filosofía y teología a mediados del siglo XVIII, formó parte de la docencia y de la carrera sacerdotal, e incluso fue Rector; mientras que dos años antes de que dejara la rectoría, José María Morelos y Pavón, a sus 25 años, ingresaría para hacer sus estudios de gramática, latín, retórica y filosofía.
A inicios del siglo XIX, como consecuencia del movimiento de independencia encabezado por maestros y alumnos nicolaitas, el Colegio fue clausurado por el gobierno virreinal, pero una vez consumada la Independencia de México, las medidas tendientes a la reapertura del plantel se iniciaron.
Tras una larga negociación entre la iglesia y el Estado, el 21 de octubre de 1845, el Cabildo Eclesiástico cedió a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el patronato del plantel.
Con esta base legal, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, iniciando con ello una nueva etapa en la vida de la institución.
Al triunfo de la Revolución Mexicana, a efecto de robustecer su papel en el desarrollo científico y social, mediante decreto número 9 del 15 de octubre de 1917, el Congreso del estado y el gobernador Pascual Ortiz Rubio determinaron que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sería una institución pública e independiente, creada constitucionalmente, constituida con el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo; la Escuela de Artes y Oficios; la Industrial y Comercial para Señoritas; la Superior de Comercio y Administración; la Normal para Profesores; la Normal para Profesoras; la de Medicina; la de Jurisprudencia; la Biblioteca Pública; el Museo Michoacano; el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del estado.
Es así que hasta el día de hoy, 98 años después de su fundación, pero con 475 años de historia, la Universidad Michoacana se ha consolidado como una de las universidades públicas más importantes del país, dispuesta a enfrentar las adversidades con firmeza, en armonía y fraternidad, hacia la luz del saber, en la paz y en la victoria.
Muchas Gracias por su atención.
Con motivo del 17 de octubre, 62 aniversario de la aprobación del voto de la mujer en México, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PVEM
La causa de la mujer es la del hombre. Los dos se levantan o sucumben juntos.
Alfred Tennyson
En la actualidad, el ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto ahora como algo normal; sin embargo, hace sesenta y dos años, las mujeres no podían votar, había un impedimento en la Constitución para que fueran reconocidas como ciudadanas plenas.
Los primeros antecedentes exitosos del voto de la mujer en México datan de 1923, en el estado de Yucatán, cuando se reconoció el voto tanto municipal como estatal, que se materializó con tres mujeres electas para diputadas al congreso del estado: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además, Rosa Torre fue electa como regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.
Durante el siglo veinte, muchas mujeres de diferentes opciones políticas e ideológicas: comunistas, penerristas –ascendientes del ahora PRI–, damas de la vela perpetua, del Partido Acción Nacional entre otras, lograron a pesar de sus diferencias, unirse, y desde el Consejo Nacional del Sufragio Femenino, promovieron a mujeres candidatas, como la comunista Cuca García o la penerrista Soledad Orozco.
Derivado de esta lucha, el 17 de octubre de 1953, México dio un paso importante en el reconocimiento del ejercicio político de las mujeres, acción que se fortaleció el 2 de julio de 1955, cuando solo algunos cientos de mujeres ejercieron su derecho a votar por primera vez.
En 1953, nuestro país se posicionó a nivel internacional, porque sin importar raza, posición social, nivel de educación, otorgó el derecho a votar a las mujeres, a diferencia de países como Australia que en mil novecientos doce, reconoció el derecho al voto a la mujer, pero sólo a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no pudieron votar hasta mil novecientos sesenta y dos.
Lo mismo ocurrió en Canadá en donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en mil novecientos diecisiete, mientras que los nativos, hombres y mujeres lo hicieron en mil novecientos sesenta y Suiza lo permitió en mil novecientos setenta y uno.
El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita en 2011, aunque las mujeres hasta este año pudieron ejercer este derecho.
En este orden de ideas, debemos destacar que a partir del momento en que se les otorgaron los derechos de la ciudadanía de las mujeres, comenzó una nueva dinámica nacional. La dinámica que lleva la democracia, es imposible de construir si no se cuenta con la aportación igualitaria de las dos mitades de la sociedad. El trienio mujer, desarrollo y democracia es indivisible.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, reconoce esta herencia democrática que hoy permite que:
De los poco más de 112 millones de habitantes del país, según el Inegi, cincuenta y siete millones son mujeres y a pesar que actualmente, en México tres de cada diez mujeres piden permiso o avisan para decidir por quién votar, en las últimas elecciones de este año, el porcentaje de mujeres votantes en las elecciones de fue del sesenta y seis punto ocho por ciento, mientras que los hombres solo votamos el cincuenta y siete punto setenta y ocho por ciento, casi diez puntos porcentuales.
Sin duda alguna, el empoderamiento de las mujeres en la política, se refleja en este Congreso, es en este lugar, donde se manifiesta el esfuerzo de la sociedad por alcanzar la paridad.
En esta legislatura, el cuarenta y dos punto cuatro por ciento, son mujeres, y el nueve punto dos por ciento, son diputadas del Partido Verde.
Esto representó un incremento de la representación de la mujer en esta Cámara de Diputados, en comparación con la legislatura anterior, que apenas alcanzó el treinta y siete por ciento. Hace veinte años las mujeres diputadas apenas alcanzaban el catorce por ciento en la ocupación de las curules federales.
Adicionalmente, en esta legislatura el treinta por ciento de las cincuenta y seis comisiones ordinarias serán presididas por mujeres, incluso en esta Cámara de Diputados, la presidenta de decanos es una mujer.
Es por estas razones que se debe destacar que la mujer en México no ha estado alejada de la política. Prueba de ello son Griselda Álvarez Ponce de León , quien fue la primera mujer en llegar a una gubernatura, Colima; Beatriz Paredes fue la primera gobernadora de su estado natal Tlaxcala; Dulce María Sauri Riancho, de Yucatán; Rosario Robles, asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas; Amalia García, gobernó Zacatecas, y nuestra compañera diputada en esta legislatura Ivonne Ortega, gobernó Yucatán; actualmente, el estado de Sonora es gobernado por una mujer que emanó de este Poder Legislativo, la senadora con licencia Claudia Pavlovich.
Hace sesenta y dos años, el esfuerzo de cientos de años de las mujeres mexicanas tuvo su primera victoria, el que los diputados aprobaran la modificación constitucional que les otorgara el derecho a votar y ser votadas.
La lucha de las mujeres, en la búsqueda de alcanzar una sociedad igualitaria, es muy joven frente al desarrollo histórico de la humanidad.
En el Partido Verde reconocemos que aún falta mucho por realizar para la consolidación de la paridad de género.
Seguiremos trabajando y construyendo una agenda incluyente, que traspase el hecho de valorar en todos los aspectos las grandes aportaciones de las mujeres en la vida política nacional. La mujer mexicana nos ha demostrado en los hechos, y en el día a día, su capacidad de trabajo, de organización y de eficacia.
Debemos destacar la campaña impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas, donde se nos invita a sumarnos a la defensa de las causas de las mujeres, hagamos el compromiso de luchar contra la discriminación y las desigualdades que aún muchas de ellas enfrentan en todos los ámbitos de la vida, ahora trabajemos por la paridad en la sociedad.
Es por ello que exhortamos a esta soberanía a que el lema “He For She”, “El por Ella”, de esta campaña promovida por la ONU, sea una realidad por el bien de toda la humanidad, para no sucumbir juntos, sino elevarnos como personas y sociedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.
Atentamente
Diputado Álex Lebaron González (rúbrica)