Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4411-VII, martes 24 de noviembre de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar por la Conagua facilidades administrativas para garantizar la regularización de las concesiones vencidas a los usuarios de aguas con destino agropecuario de San Luis Potosí y el resto del país, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2 fracción III, y numeral 2, fracción III, artículos 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua otorgue las facilidades administrativas necesarias para garantizar la regularización de las concesiones vencidas a los usuarios de aguas con destino agropecuario del estado de San Luis Potosí y del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todos concebimos el agua como un bien de primera necesidad para los seres vivos, un elemento natural integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible.
Evidentemente que la humanidad ha recurrido al agua para generar y mantener el crecimiento económico y la prosperidad de sus naciones a través de diversas actividades como la agricultura, la pesca la producción de energía, la industria el transporte y el turismo principalmente, lo que ha propiciado el impulso de normas jurídicas encaminadas a reglamentar su protección y uso racional.
En el caso específico de México, el derecho a agua es un derecho humano fundamental consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que establece la obligación del Estado Mexicano para garantizar el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos en beneficio de la población mexicana.
En el mismo tenor el artículo 27 de la propia ley fundamental establece que las aguas comprendidas en el territorio nacional son propiedad de la nación quien tiene el derecho de transmitirla a particulares mediante concesiones otorgadas de acuerdo a las reglas y condiciones plasmadas en la ley.
Por su parte, la reforma del 29 de abril de 2004 a los artículos 20 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua por medio de Organismos de Cuenca o directamente, según le competa, considerando de igual forma los plazos y la procedencia de prórrogas, así como la renuncia de derechos sobre las concesiones en comento.
Si bien es cierto, esta normatividad ha sido encausada a proteger el uso y aprovechamiento del vital líquido, y a nuestra consideración es plausible, no obstante a ello, es importante comentar que actualmente en gran parte de las zonas rurales y agrícolas del país, donde por no tramitar y cumplir las rigurosas normas de renovación de manera oportuna, existe un elevado número de concesiones otorgadas por la Conagua en situación de vencimiento que está afectando a miles de usuarios de este importante recurso hídrico.
En el caso específico del estado de San Luis Potosí, existen 3 mil 807 concesiones con títulos vencidos o por vencer hasta el 2015, siendo la región más afectada la zona desértica del altiplano, principalmente en los municipios de Salinas con un total de 520, Mexquitic de Carmona con 287, Moctezuma con 357, Villa de Ramos con 341, Venado con 317, Ahualulco con 205, Santo Domingo con 104, Vanegas con 101, Charcas con 99, Catorce con 50, Cedral con 41, Matehuala con 29, Villa de Guadalupe con 7 y Villa de la Paz con 5 concesiones que en su mayoría forman parte de las 1,920 concesione de uso agrícola, y 707 de uso pecuario que guardan un estatus de vencimiento en toda la entidad, que actualmente afectan de manera directa a los productores agrícolas de la región, quienes están demandando la intervención del gobierno federal para solucionar esta difícil problemática.
Es importante señalar que la mayor producción agrícola del altiplano por su ubicación es de riego y necesita forzosamente del agua extraída del subsuelo a través de bombeo de pozos profundos, en este sentido, uno de los factores que también se encuentra afectando a los productores de esta zona, son las excesivas cuotas o tarifas eléctricas que siguen pagando por su extracción, mismas que a pesar de contar con el apoyo de un subsidio (cuota energética) hasta cierta cantidad de kilowatt, dicho límite han sido rebasados como consecuencia del cambio climático que exige cada vez más un mayor consumo y extracción del vital líquido.
Como es sabido, para que los usuarios y productores puedan acceder al apoyo federal de cuota energética en el próximo año 2015, así como a los demás programas y subsidios dirigidos al desarrollo del campo del país, es necesario cumplir un conjunto de criterios y normatividades establecidas por las propia instancias federales, mismas que contemplan entre sus requisitos fundamentales acreditar que las concesiones para la exportación y uso de las aguas subterráneas se encuentren vigentes en términos de la Ley de Aguas Nacionales.
Luego entonces, es urgente impulsar las acciones que permitan regularizar sus concesiones vencidas en favor de la población productora, tanto de la zona desértica del altiplano, como en todas las regiones de San Luis Potosí y por supuesto de nuestro país, de lo contario, estaremos negándoles el ejercicio de sus derechos y privando de manera injusta el acceso a los subsidios y programas de apoyos al campo, situación que consideramos traería graves perjuicios a las familias del campo, cuya principal sustento económica está fuertemente ligada con la actividad agrícola.
Debemos reconocer que se trata de una problemática generalizada que hoy en día envuelve a gran parte de la población rural del país, por tal motivo es necesaria la intervención del legislativo federal para atender al llamado y solidarizándonos con nuestra ciudadanía a fin de buscar una solución objetiva a esta importante demanda.
En febrero de 2002 y febrero de 2008 el Poder Ejecutivo federal a través de decretos otorgó facilidades administrativas para regular concesiones vencidas y condonar multas en beneficio de los usuarios, decretos que permitieron regularizar un número considerable de concesiones, además reconocer los volúmenes que venía explotando, dando certeza jurídica a la población beneficiada frente a la autoridad.
En el mismo sentido en abril de 2014 nuevamente el Ejecutivo federal otorgó facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales con títulos vencidos, cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009, sin embargo, al existir concesiones con vencimientos anteriores a la fecha establecida por el decreto presidencial, sólo 10 por ciento de los usuarios fueron favorecidos, siendo que el 90 por ciento restante continúa en situación irregular, en este tenor, consideramos pertinente la intervención del gobierno federal de la actual administración a fin de lograr este loable objetivo en beneficio de los productores agropecuarios de nuestro país.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que mediante decreto o acuerdo presidencial otorgue las facilidades administrativas necesarias para garantizar la regularización de todas las concesiones vencidas a los usuarios de aguas con destino agropecuario del estado de San Luis Potosí y del país.
Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que el decreto o acuerdo presidencial a que se refiere el punto primero, tenga un plazo de no mayor a 90 días hábiles una vez aprobada la presente proposición, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por la Comisión Nacional del Agua y los concesionarios de los pozos agrícolas.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Conagua, la Sagarpa y la CFE otorgar prorroga a los usuarios potosinos y del país que tengan concesiones para uso de agua con destino agrícola vencidas, para que accedan al beneficio del apoyo de la cuota energética para el campo, así como a los diferentes programas federales dirigidos al desarrollo rural, mientras no se emita el acuerdo correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SRE, el Indautor y la CDI que intervengan en defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado julio, la diseñadora francesa Isabel Marant presentó como propia la blusa tradicional del poblado de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y a través de la empresa Antiquité Vatic inició un juicio para defender los derechos de la prenda. Esta empresa, también de origen francés, pretende obtener la patente del diseño tradicional y podría comenzar la explotación comercial del bordado.
Según Erasmo Díaz González, presidente municipal de esta localidad, se trata de una violación a los derechos de la propiedad intelectual del pueblo mixe, por lo que investigarán el alcance de la demanda francesa. En los seis mil kilómetros cuadrados que abarca el municipio, que agrupa a cien comunidades, se usa de manera cotidiana esta prenda textil de manufactura artesanal y que simboliza la tierra y el territorio, además de constituir una actividad socioeconómica de sustento.
Cito el manifiesto emitido por el edil:
La blusa de Tlahuitoltepec es identidad y no justifica la probable afinidad de Isabel Marant sobre la blusa, más bien la considera la apropiación de una identidad cultural con fines comerciales y atenta contra la idea del colectivo y no se trata de la creación de un recurso creativo, inspiración o influencia, porque ignora que las dimensiones sociales y culturales plasmadas prevalecen sobre las económicas ocasionando perjuicio contra las comunidades indígenas”.
Doña Honorina Gómez Martínez, que tiene 46 años dedicados al bordado, dice al respecto:
No lo bordamos dibujado, no lo copiamos, sale del corazón, si bien sale de mi cabeza mi corazón me dice qué voy a bordar, porque ya lo tengo en la memoria, nacemos con esa idea o sentimiento, vivencia, es la vida cotidiana como mixe. Es una representación de sangre, alimentación y naturaleza.
A pesar de que la Constitución, en el artículo 2º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, en materia de derechos de autor, no existe una regulación que determine derechos específicos, ni a favor de los pueblos indígenas ni de las personas que los integran.
La Ley Federal de Derechos de Autor dice proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano, que no cuenten con autor identificable” (artículo 157).
En el mismo sentido, el artículo 158 expresa que “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o margen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen”.
Sin embargo, el artículo 159 estipula que “es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo”. En otras palabras, las obras populares de cultura indígena están protegidas contra su deformación, pero sus autores no pueden reclamar ningún derecho o beneficio sobre ellas, pues por disposición legal pueden usarse de manera libre .
Dice el artículo 160 que “en toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República mexicana de la que es propia” (artículo 160), agregando que “corresponde al Instituto (Nacional de Derechos de Autor) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo” (artículo 161).
Este caso representa algo más que un litigio legal. Detrás de cada diseño no sólo está la visión de uno de nuestros pueblos originarios, sino además una actividad socioeconómica de sustento, pues casi la mitad de los 12 mil habitantes de esa comunidad mixe se dedica a la elaboración de esta blusa. Es una apropiación del trabajo tradicional: una prenda de este tipo cuesta en el mercado local cerca de 300 pesos, y en la tienda en línea Net-a-porter, el equivalente a 5 mil pesos.
Cada vez se observa más en la industria de la moda que diseñadores internacionales copian piezas tradicionales sin dar ningún crédito o referencia de su procedencia y origen; con el plagio se daña a los productores tradicionales, como ha pasado con los pueblos tarahumaras o huicholes. Más grave aún resulta que en el caso referido, las comunidades enfrentan el despojo además de su creatividad, del reflejo de su cosmovisión, en un mercado totalmente asimétrico, en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura “de patente” como los diseños “de renombre”, e incluso en el colmo de los males, los creadores originales son acusados de plagio. Una etiqueta no puede hacer la diferencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la asesoría jurídica y el apoyo necesario a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal a fin de preservar su patrimonio, su cultura y su identidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al impulso de conexión de Internet para sitios públicos y lugares comunitarios, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
José Hugo Cabrera Ruiz, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al impulso de conexión de internet para sitios públicos y lugares comunitarios, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados miembro a declarar al acceso a las tecnologías de la información y de comunicación como derechos humanos fundamentales por ser herramientas que permiten el crecimiento y fortalecimiento de la sociedad en su conjunto al favorecer el progreso de los individuos.
En México, la reforma en telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, significó un gran avance en el tema, especialmente en la ampliación de derechos garantizados por la Constitución en materia de información, transparencia y acceso a las tecnologías de la información.
Con esta reforma, el Estado tiene la obligación de integrar a los ciudadanos a la sociedad de la información y del conocimiento, generando condiciones para que la ciudadanía tenga acceso a servicios de calidad a bajo costo. En este sentido, los organismos competentes del Estado mexicano deberán planear la construcción y crecimiento de la red de telecomunicaciones, para que la gente tenga acceso a los servicios de banda ancha.
Aunado a esto, de acuerdo con el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la reforma constitucional referida, el Ejecutivo incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y planes sectoriales las acciones relativas a la aplicación de los programas de banda ancha para la conexión en sitios públicos, identificando el número de sitios a conectar cada año.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el capítulo IV. México Próspero, Objetivo 4.5. Democratizar las Telecomunicaciones, señala como línea de acción aumentar el uso del internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la cobertura a lo largo del territorio nacional.
Por otro lado, el programa “México Conectado”, que forma parte de la Estrategia Digital Nacional, tiene como trabajo central, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, proveer de internet de banda ancha gratuito y abierto a todos los mexicanos en escuelas, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios, parques y sitios públicos.
De acuerdo con el Tercer Informe de gobierno del titular del Ejecutivo federal, “México Conectado” aumentó la cobertura a nivel nacional de conectividad a internet de banda ancha en sitios públicos. En agosto de 2015, la conectividad fue posible en 65 mil sitios, lo cual representó un incremento de 62.5 por ciento respecto 2014. Es de llamar la atención que en el informe se afirma que al inicio del ciclo escolar 2014-2015, el 57.2 por ciento de los planteles de educación media superior contaban con algún servicio de conectividad a internet; para planteles públicos, la proporción fue de 44.1 por ciento y para planteles federales alcanzó el 85.8 por ciento. De acuerdo con estos datos, se espera que todos los planteles federales cuenten con algún tipo de conectividad para uso educativo al concluir el presente ciclo escolar 2015-2016.
Si bien se han dado importantes pasos para lograr la conectividad gratuita a lo largo y ancho del territorio nacional, se observa todavía que una importante proporción de lugares públicos sigue “desconectado”, por lo que es procedente el exhorto para que, de acuerdo con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, se consolide el avance tecnológico, y las escuelas, bibliotecas, centros de salud, centros comunitarios y espacios públicos cuenten con conexión a internet que genere mejores posibilidades de desarrollo.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones para que, en el ámbito de su competencia, instruya a la coordinación responsable del Programa “México Conectado” a reforzar sus actividades para conseguir que centros comunitarios y espacios públicos en el país cuenten con conexión a internet, de manera que se cumplan los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2015.
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía a acelerar los trabajos de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la capital del país, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Santiago Torreblanca Engell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 44, define la naturaleza jurídica del Distrito Federal como: “sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General”.
Ahora bien, el Distrito Federal no es simplemente el lugar donde residen los Poderes de la federación, ya que, como lo establece el artículo 43 constitucional es una entidad que forma parte integrante de la federación.
Sin embargo, el Distrito Federal, a pesar de que se le considera como entidad federativa, no comparte la misma naturaleza de la demás partes que integran la federación, puesto que entre el Distrito Federal y cualquier otro estado de la República existen grandes diferencias, siendo algunas de las más importantes las siguientes:
• La falta de autonomía del Distrito Federal en lo que respecta a su régimen interior, toda vez que no cuenta con su propia Constitución a diferencia de las otras entidades federativas.
• Al frente del gobierno se encuentra el jefe del gobierno y se divide administrativamente en delegaciones políticas, mientras que las entidades federativas cuentan con gobernadores y con municipios libres con las facultades y atribuciones previstas en el artículo 115 constitucional.
• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene la facultad de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión y tampoco participa en el proceso de aprobación de reformas constitucionales, como sí lo hacen el resto de las entidades federativas.
Las anteriores características que revisten actualmente al Distrito Federal, dejan clara muestra del retraso que existe en el reconocimiento de sus derechos y atribuciones que como entidad federativa y parte integrante de nuestra federación debe tener, al igual que las demás.
Por todos es conocido el amplio debate que ha generado la propuesta de darle al Distrito Federal la naturaleza jurídica de entidad federativa con los mismos derechos y obligaciones que tienen hoy en día los estados y sus municipios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 115 y 116 de nuestra norma fundamental.
Hoy estamos a la mitad del camino. El avance que se ha dado en la Cámara de Senadores con la aprobación del dictamen que reforma nuestro texto constitucional para hacer posible el cambio de estructura del Distrito Federal debe culminar con su proceso legislativo, aprovechando la serie de reuniones de trabajo, foros y audiencias públicas con personas de la sociedad civil que se llevaron a cabo, y en aras, primordialmente, de hacer efectivos los derechos de los habitantes de esta ciudad y propiciar la satisfacción eficaz y eficiente de los servicios públicos básicos que necesitan.
De esta manera, la reforma aprobada en la Cámara de Senadores contiene importantes reformas, entre las que destacan:
• Nombrar al Distrito Federal como Ciudad de México.
• Se especifica su calidad de entidad federativa.
• Se le da autonomía en cuanto a su régimen interior y a su organización política administrativa.
• Se da la facultad de expedir su propia Constitución política.
• Se confía el gobierno de las demarcaciones territoriales a órganos denominados Alcaldías, cuya integración, organización administrativa y facultades se establecerán en su Constitución y leyes locales.
• Se incorpora a la Legislatura de la Ciudad de México como parte integrante del órgano revisor de la Constitución.
Como puede observarse, esta Cámara de Diputados se encuentra en el momento oportuno para darle buen fin a esta reforma, principalmente para darle el debido peso representativo que tiene dentro de nuestro orden federal.
Por todo lo anterior, se considera oportuno exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados a que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el proceso legislativo, acelere la dictaminación de la minuta recibida el pasado 29 de abril de 2015, con proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara a que acelere los trabajos de dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, recibida el pasado 29 de abril de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del DF a atender el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, ejecutado el 31 de julio de 2015; y a los gobiernos de Veracruz y del DF, a garantizar la seguridad e integridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
A más de 100 días del homicidio de Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril, el caso dista mucho de ser esclarecido. El motivo principal de esta dilación pareciera deberse, en gran parte, a las omisiones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, ha realizado en torno a la investigación del crimen.
Consternadas por dicha situación y por un posible riesgo en el que la Procuraduría dé “carpetazo” al caso, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil han declarado que además de que no existe una versión clara por parte de las autoridades del Distrito Federal sobre el multihomicidio, la PGJDF se ha negado a integrar y desahogar pruebas que permitan “agotar las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y la defensora de derechos humanos, Nadia Vera,”1 quienes habían sido amenazados anteriormente, presuntamente por el gobierno del estado de Veracruz por sus actividades periodística y activista, respectivamente.
Aunado a esto, también es importante recordar las filtraciones de prensa que distorsionaron hechos, revictimizaron y generaron mayor confusión en torno al caso.
Al respecto, Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, acusó también a las autoridades de justicia de pretender cerrar el caso sin revisar los mencionados aspectos de filtraciones, ni tampoco la campaña de desprestigio que se emprendieron en medios locales y nacionales contra las víctimas, entre otros elementos.
En este mismo sentido, cabe destacar que el 11 de agosto del año en curso, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rindió en la entidad que gobierna, una declaración voluntaria ante personal de la PGJDF en calidad de testigo2 por el multihomicidio de la Narvarte. En esta declaración dejó en claro que se deslindaba “totalmente” del homicidio y acusó que hubo un linchamiento público en su contra, desatado por las denuncias de hostigamiento que realizaron la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa ya que en un par de entrevistas, Rubén aseguró que escapó de Veracruz por hostigamiento del gobierno estatal y Nadia responsabilizó al gobernador veracruzano, por cualquier ataque que fuese ejecutado contra ella.
De igual forma, otras autoridades fueron llamadas a declarar por la PGJDF, como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, el general Sergio López Esquer; y el actual titular de esa dependencia, Arturo Bermúdez Zurita.3
Sin embargo, la investigación sigue inconclusa, y familiares de las víctimas que acompañan el caso, así como organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, señalaron una lista de inconsistencias graves en torno a éste, entre las que destacan que:
Aunque a través de filtraciones a medios de comunicación, las autoridades policiales han intentado construir versiones del caso encaminadas a temas como el trabajo sexual, ajuste de cuentas por drogas o incluso el robo, no hay sustentos periciales de esas hipótesis.
2. Al momento, no se han establecido científicamente, ni con pruebas periciales, el móvil ni secuencia de los hechos. Además, aún se desconoce en qué orden fueron realizadas las ejecuciones. Sin embargo, la revisión al expediente y las pruebas aportadas hasta el momento, revelan que el multihomicidio se trató de una operación orquestada y planeada.
3. El día 31 de julio, fecha del homicidio, personal pericial de la PGJDF acudió al departamento situado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, para recabar pruebas, pero es hasta dos días después cuando regresan a la escena y encuentran dos computadoras portátiles, dos celulares y bolsas con droga. Seis días después del crimen se interpone la denuncia.
4. Las huellas dactilares y de zapato encontradas en la escena del crimen no coinciden con dos de los detenidos.
5. A la fecha no se ha realizado la geolocalización de los celulares de Nadia, Rubén y Mile Virginia que fueron sustraídos. Tampoco se han entregado las sábanas de llamadas de los detenidos durante el traslado al lugar de los hechos, durante el homicidio y después del crimen, ni las de Rubén Espinosa, Nadia Vera, ni Mile Virginia Martín.
6. Los testimonios de los tres implicados: César Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilio se contradicen entre sí. Además, la madre de uno de los detenidos inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, por una supuesta dilación en la presentación ante la autoridad de su hijo y por evitar que éste contactara a sus familiares. En el caso de otro de ellos, hay una queja por tortura por la que existe una averiguación previa, de igual forma, en el protocolo de Estambul aplicado por peritos de la CDHDF arrojó que esta persona fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
7. Se sabe por un dictamen de mecánica de lesiones que cada una de las víctimas fue sometida y torturada, y recibió un disparo en la cabeza, pero se desconoce la secuencia, la cual ayudaría a dar claridad a la investigación.
8. No se entrevistó a todos los vecinos. En el expediente se señala que nadie escuchó disparos a plena luz del día, a pesar de que la pistola de nueve milímetros no tenía silenciador, y sólo se utilizó almohada con una de las víctimas.
9. Uno de los implicados señaló que su móvil fue por sexoservicio, pero los exámenes periciales contradicen la versión, pues ninguna de las víctimas tenía rastros de semen.
10. Se vincula a una de las víctimas, con una maleta de droga que supuestamente fue a recoger al aeropuerto internacional de la Ciudad México, AICM, sin embargo el AICM señala que no tiene rastros de ella en las instalaciones y en los cateos a las viviendas de los implicados no han aparecido ni la maleta, ni la droga.4
Aunado a estas inconsistencias, la PGJDF se negó a entregar copias del expediente a las familiares de una de las víctimas, así como el plan de la investigación que realiza la dependencia para resolver el crimen. La PGJDF alegó secrecía de la investigación violando así los artículos 20 de la Constitución Mexicana que en su Apartado B concede el derecho a las víctimas a la información del desarrollo de la investigación, y el 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría capitalina, que señala que las familiares de las víctimas pueden pedir copias de la averiguación previa.5
Por todo lo descrito, familiares, organizaciones y periodistas que acompañan el caso temen que aun cuando no den carpetazo, la investigación se quede abierta indefinidamente y no se concluya ni el móvil ni a los autores intelectuales. Frente a esta situación, crearon la Plataforma de Acompañamiento al Caso Narvarte, como una instancia independiente que no generará material técnico, pero que llamará la atención sobre las líneas de investigación inexploradas por la PGJDF para orientar la investigación y exigir al gobierno capitalino resultados con claridad, transparencia, objetividad y certeza jurídica.6
Resulta lamentable que el Distrito Federal que antes había sido catalogado como un “oasis” para las personas que de diferentes lugares de la República, buscaban refugio por amenazas, ataques u hostigamientos derivados del ejercicio de su profesión, pareciera que ha dejado de serlo. Narcomantas y cuerpos colgados de puentes, represión a la libertad de expresión y ataques a personas defensoras de derechos humanos como los actos cometidos recientemente hacia tres personas integrantes del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental en la delegación Iztapalapa, son algunas de las acciones que lo demuestran, las cuales, además, se enmarcan en un clima de impunidad y en una crisis de procuración de justicia en la entidad.
En el tenor de lo expuesto, es importante que no olvidemos la situación de crisis de los derechos humanos que se vive en Veracruz. El gobernador Javier Duarte debe responder por los crímenes cometidos contra periodistas en la entidad, la cual ha sido catalogada como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Solamente durante su mandato, más de una decena de asesinatos de periodistas han sido cometidos y ninguno ha sido esclarecido.
Los derechos al acceso a la justicia y a la verdad, son derechos humanos que cualquier persona mexicana debería tener garantizados. Como la ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas, “el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro.” Por ello, es indispensable que el caso del multihomicidio de la Narvarte sea esclarecido pronta y objetivamente.
Debido a todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a conducir la investigación del multihomicidio de las ciudadanas Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Nadia Vera Pérez y del ciudadano, Rubén Espinosa Becerril, con transparencia y claridad; así como a no descartar las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y de defensa de derechos humanos de Nadia Vera; y a garantizar en todo momento, el derecho a las víctimas a la información del desarrollo de la investigación sin dilación alguna.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a investigar el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Veracruz y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en sus respectivas entidades.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno, a la secretaria de Gobierno y al procurador de Justicia del Distrito Federal, así como a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a abrir el diálogo, coadyuvar y reconocer a la Plataforma de Acompañamiento del Caso Narvarte, integrada por familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
Notas
1 Redacción AN. “Presentan plataforma de acompañamiento para el caso Narvarte.” Consultado el 9 de noviembre de 2015 en https://www.m.aristeguinoticias.com/0911/mexico/presentan-plataforma-de -acompanamiento-para-el-caso-narvarte/
2 CNN México. “Javier Duarte acusa linchamiento público por el caso Narvarte.” Consultado el 10 de noviembre de 2015 en: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/31/javier-duarte-acusa-linchamie nto-publico-por-el-caso-narvarte.
3 Sin Embargo. “PGJDF llama a declarar a ex titular de SSP y a dos funcionarios de Veracruz por caso Narvarte.” Consultado el 10 de noviembre de 2015 en: http://www.sinembargo.mx/18-08-2015/1454319.
4 E-consulta. “Investigación del caso Narvarte, con graves inconsistencias.” Consultado el 10 de noviembre de 2015 en: http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-01/periodismo/investigacion-del-caso- narvarte-con-graves-inconsistencias#sthash.pFc9MRu1.dpuf
5 Cruz, F. “Caso Narvarte: Reclaman filtración de información.” Consultado el 11 de noviembre de 2015 en http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/10/1045031.
6 Pantoja, S. “Presentan Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte.” Consultado el 10 de noviembre de 2015 en: http://www.proceso.com.mx/?p=420299
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de México a buscar medios para reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores de grupo industrial CASA, SA de CV, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Judicial del Estado de México y a otras autoridades del mismo, para que se busquen los medios necesarios y dar solución a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV al tenor de las siguientes
Consideraciones
El viernes 23 de octubre de 2015, a las 10:45 horas aproximadamente, los 441 trabajadores del Grupo Industrial Casa fueron desposeídos por la fuerza pública del estado de México de un inmueble ubicado en Prolongación Avenida Ceylán número seis, San Pablo Xalpa, Tlalnepantla, estado de México, junto con los muebles considerados como garantía derivada de un embargo legalmente trabado en los bienes muebles e inmueble de Grupo Industrial Casa, SA de CV y en favor de los 441 trabajadores y dictada por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el diez de noviembre de dos mil cinco, para garantizar el importe de los créditos laborales a favor de los trabajadores al servicio de esa empresa con motivo de la huelga existente, justificada y estallada el 21 de enero de 1998, en las instalaciones de esa fábrica, tal como consta en el expediente III-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta Especial Quince de esa Federal de Conciliación y Arbitraje).
El monto de los créditos laborales que estaban garantizando ese embargo, ascienden a más de $200, 000, 000.00 (doscientos millones de pesos m.n.).
Con esta privación ilegal de la posesión sobre los bienes muebles e inmueble adjudicados a los trabajadores se interrumpe una resolución judicial sobre la posesión de dichos bienes que tenían bajo resguardo, así como de sus objetos personales que se encontraban en el interior del mismo y causaron daño a otros bienes que tenían en custodia que se encontraban en el domicilio antes mencionado.
Al realizarse este acto con autorización de juez tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México los trabajadores se quedan sin garantía alguna pues el embargo citado cubría el pago de sus créditos laborales y por consecuencia los deja sin la posibilidad que se les paguen dichos créditos; debido a la resolución donde se pronuncia la autoridad laboral en el sentido de que el patrón tenía la obligación de pagar las respectivas liquidaciones al no reanudarse las actividades laborales.
Es así como después de casi dieciocho años de haber estallado esta huelga, no se ha ejecutado el laudo favorable para los trabajadores y no han recibido el pago de los salarios a que fue condenada la empresa durante todo ese tiempo; aunado a lo anterior, cuarenta cinco de los trabajadores involucrados fallecieron antes de ver reivindicados sus derechos laborales.
El desalojo violento de los trabajadores, que se encontraba de guardia en el inmueble en comento se realizó sin la seguridad y certeza jurídica con las que se debe llevar todo proceso judicial; en ningún momento la autoridad competente que realizó el desalojo mostró orden judicial fundada y motivada, indicando las razones por las que se realizaba dicho acto, al mismo tiempo que no se acreditaron como funcionarios públicos o como actuarios autorizados para llevar a cabo dichas diligencias, cabe decir que fueron apoyados por la fuerza pública, policías y granaderos del estado de México.
El juez tercero de lo Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, estado de México, emplazó a juicio al Sindicato Radical de los Trabajadores del Metal y Similares, demandándole entre más acreedores crediticios, la entrega del bien inmueble en comento y que se encontraba bajo el resguardo de los 441 trabajadores al servicio de Grupo Industrial Casa.
Los 441 trabajadores no fueron emplazados a juicio, estos tenían a su cargo el vigilar y custodiar el bien inmueble, no el sindicato emplazado que no tenía crédito alguno a su favor, por parte de Grupo Industrial Casa, SA de CV; lo cual quedó confirmado por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando le hizo saber que el bien inmueble motivo de la reivindicación, estaba embargado por esa autoridad y que cualquier planteamiento sobre la propiedad del mismo y su embargo, debía tramitarse ante dicha autoridad laboral, con exclusión de cualquier otra, con base en el artículo 966 de la Ley Federal del Trabajo, determinación que ha ignorado dicho juez tercero Civil de Primera Instancia, hasta la fecha, tal como consta en el expediente formado con motivo de la demanda civil, que se tramita bajo el número 854/2008 en dicho juzgado y en el expediente laboral III-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Cabe mencionar que a los 441 trabajadores nunca fueron notificados legalmente por esta autoridad civil, además de no estar facultada para dejar sin efecto el embargo mencionado con todas sus consecuencias legales ya que al momento en que se realizó el embargo de los mismos, no había constancia alguna de que fueran propiedad de una persona distinta al Grupo Industrial Casa, empresa para la cual prestaban sus servicios dichos trabajadores.
Estamos seguros que esta arbitrariedad será corregida a la brevedad posible, ordenando se restituya a los 441 trabajadores de Grupo Industrial Casa la posesión que tenían sobre los bienes muebles e inmuebles embargados y adjudicados hasta en tanto se defina, en forma definitiva la situación legal de los mismos con base en la Ley Federal del Trabajo y en nuestra Constitución pues se han violado directamente en perjuicio de estos trabajadores, sus garantías de audiencia, de legalidad y sus derechos humanos relativos al debido proceso y al acceso real en la administración de justicia.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que realice lo conducente a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, cuyos créditos laborales son preferentes sobre cualquier otro que pudiera existir.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que indique al juez tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla del estado de México, se declare incompetente por materia, para resolver sobre un bien inmueble que se encontraba previamente como garantía en una resolución en materia laboral.
Tercero. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que al realizarse nuevamente la adjudicación de los bienes en garantía se realice de manera expedita la liquidación de los créditos laborales a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, en restitución de sus derechos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la artritis reumatoide, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República a destinar mayores recursos para la detección oportuna de la artritis reumatoide, así como para su optimo tratamiento, con base en las siguientes
Consideraciones
La artritis reumatoide en una enfermedad inflamatoria crónica de causas desconocida, que afecta en su mayoría a personas en edad productiva de la vida.
Se ha observado que hasta el 70 % de los pacientes con esta enfermedad desarrollan discapacidad laboral luego de 10 años de evolución de la misma, produciéndose el incremento más significativo en los índices de discapacidad laboral en el primer año, luego del diagnóstico.1
Afortunadamente y debido a los avances en el manejo de la enfermedad, muchos pacientes tienen la posibilidad de continuar trabajando, aunque con distintos grados de compromiso o limitación en su productividad laboral. En los pacientes con artritis reumatoide, la productividad laboral se ve afectada en mayor medida con actividad severa de la enfermedad.
Expertos coincidieron en que dicha afección es la más destructiva que se estudia en los servicios de Reumatología, ya que causa deformidades y afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes. En México, la cifra llega a un millón 600 mil pacientes en el país, cuyas edades van de los 20 a los 50 años, que padecen esta enfermedad. Aunado a las cifras de mexicanos con este padecimiento un tercio de las personas con artritis reumatoide presenta riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, como infartos al corazón o insuficiencias cardiacas; así mismo datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México, 3 de cada 4 personas con esta enfermedad son mujeres, situación que toma una relevancia mayor cuando se considera que, de acuerdo con datos del mismo Inegi, en México hay alrededor de 25 millones de hogares, de los cuales 24 por ciento son encabezados por mujeres, es decir seis millones de hogares.
La magnitud de la repercusión socioeconómica de la artritis reumatoide es difícil de valorar y plantea problemas metodológicos importantes. Deben considerarse tres tipos de costos para quienes padecen esta enfermedad: directos, indirectos e intangibles. Los costos directos se subdividen en dos tipos, los sanitarios, que derivan del consumo de recursos asistenciales (consultas, monitorización de la enfermedad con controles radiológicos y pruebas de laboratorio, gasto farmacéutico, hospitalización, medidas ortésicas y prótesis) y los parasanitarios, como los gastos para realizar adaptaciones en el domicilio, entorno laboral y medios de transporte. Estos costos no son homogéneos a lo largo de la duración de la artritis reumatoide y tienden a ser especialmente elevados durante los primeros dos años que siguen al diagnóstico.2 Las artritis reumatoides con mayor actividad y más discapacidad comportan mayor costo directo. Los costos indirectos son aquellos que derivan tanto de la pérdida de la capacidad laboral como de las ayudas domiciliarias.3 Los costos intangibles son consecuencia del deterioro de la calidad de vida y de su repercusión en el entorno familiar y social.4 Se designan así por la enorme dificultad que entraña su detección y valoración. Como ejemplo, cabe mencionar el gasto de transporte y las horas de trabajo perdidas por los familiares que acompañan al paciente a las consultas. Adicionalmente, deben considerarse los gastos inducidos por los trastornos, como la enfermedad cardiovascular, las infecciones, algunas neoplasias, las complicaciones de la osteoporosis secundaria o los efectos adversos de la medicación. Todas las investigaciones han demostrado que la enfermedad tiene una gran repercusión económica y provoca un considerable consumo de recursos sanitarios y sociales.
El tratamiento de este mal es indispensable para evitar problemas cardiovasculares y en la actualidad el número de personas que realizan un diagnóstico temprano es cada vez mayor, lo cual ayuda a tratarla desde un punto en el que se puede detener su avance. En México la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad acuden más de un año después de que iniciaron los síntomas, lo cual dificulta su tratamiento, aunado a que la poca información en la sociedad sobre el padecimiento o inclusive la búsqueda de tratamientos alternativos, previos a un diagnóstico médico, imposibilitan la detección oportuna para el tratamiento adecuado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a destinar mayores recursos para la prevención, detección oportuna de la artritis reumatoide, así como para su óptimo tratamiento.
Notas
1 Burton W, Morrison A, Maclean R, Ruderman E. Systematic review of studies of productivity loss due to rheumatoid arthritis. Occup Med (Lond) 2006; 56(1):18-27.
2 García-Vadillo J A, Castañeda S, Carrasco AL, Jimeno A. Costes económicos de la artritis reumatoide de corta evolución. Rev Esp Reumatol 2001; 28: 4-11
3 Van Jaarsveld CHM, Jacobs JWG, Schrijvers AJP, Heurkens AHM, Haanen HCM, Bijlsma JWJ. Direct cost of rheumatoid arthritis during the first six years: a cost-of-illness study. Br J Rheumatol 1998; 37: 837-847
4 Sangha O. Epidemiology of rheumatic diseases. Rheumatology 2000 (suppl 2): 3-12.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención del abigeato en Querétaro, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
José Hugo Cabrera Ruiz, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención del delito de abigeato en el estado de Querétaro, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El delito de abigeato implica el robo de ganado en el campo, lo cual perjudica seriamento los activos de ganaderos a nivel nacional, y contabiliza pérdidas por millones de pesos.
Los artículos 189 y 190 del Código Penal del Estado de Querétaro tipifica este delito imponiendo penas que van desde la multa hasta la privación de la libertad de acuerdo al número de cabezas de ganado mayor o menor que se sustraigan sin el consentimiento de los propietarios o bien alteren las marcas de identificación del ganado que les fueren asignados, a saber:
Artículo 189. Comete el delito de abigeato el que en cualquier sitio se apodere de una o más cabezas de ganado mayor o menor sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos. A quien le cometa, se le impondrán las penas siguientes:
I. De 6 meses a 2 años de prisión y de 1 a 50 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre una o dos cabezas de ganado menor;
II. De 2 a 6 años de prisión y de 20 a 500 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre tres a cinco cabezas de ganado menor o una o dos cabeza de ganado mayor; y
III. De 3 a 9 años de prisión y de 20 a 500 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre más de cinco cabezas de ganado menor o sobre más de dos cabezas de ganado mayor.
Artículo 190. Se aplicará prisión de 6 meses a 4 años y de 20 a 500 días multa a quien:
I. Altere o elimine las marcas de animales vivos, cueros o pieles;
II. A sabiendas marque, contramarque, señale o contraseñale sin derecho animales; y
III. Expida certificados de contenido falso para obtener guías simulando ventas o haga conducir animales que no sean de su propiedad sin estar debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados o guías falsificadas para cualquier negociación sobre ganado, pieles o cueros.
Al que sin tomar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima de los animales, adquiera ganado o comercie con pieles, carne u otros derivados obtenidos del abigeato, se le impondrá prisión de 2 a 10 años y de 20 a 500 días multa.
En febrero de 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el informe sobre incidencia delictiva del fuero común. De acuerdo con este reporte, durante ese año se registró en el estado una mayor incidencia del delito de abigeato y, de acuerdo con fuentes periodísticas, 242 denuncias se presentaron en ese año, mientras que para el primer semestre de 2015 se habían denunciado ya 143 robos de ganado en la entidad, siendo los municipios de San Juan del Río, Colón, Peñamiller, Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Pedro Escobedo los más afectados con la comisión del mismo, lo que llevó a que en junio de 2015 la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro determinara establecer penas más severas por su comisión.
Recientemente, en octubre de 2015, se anunciaron programas y medidas para ayudar a los ganaderos en el combate al delito del abigeato. Se anunció que el gobierno del estado, la Unión Ganadera Regional, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) integrarían un plan para el combate del delito de abigeato en Querétaro.
Por su parte, el viernes 23 de octubre de 2015 mediante el comunicado de prensa número 087/2015 la Sagarpa informó de reuniones del delegado de la secretaría en el estado de Querétaro con el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de la entidad, con productores de ganado y con autoridades en materia de seguridad para revisar el tema del abigeato en la entidad.
De acuerdo con ese mismo comunicado, la dependencia federal refrendo el compromiso por trabajar en aspectos preventivos para disminuir el robo de ganado en los municipios y contribuir con los esquemas operativos que los propios cuerpos de seguridad determinaran con el objetivo de reforzar aspectos preparatorios para la salvaguarda de activos productivos en el sector, a través del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga).
En este sentido, y a fin de prevenir la incidencia del delito de abigeato en el estado de Querétaro, se considera oportuno el exhorto a las autoridades federales competentes a fin de reforzar las actividades tendientes a prevenir el abigeato en el estado de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instruya al director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, en el ámbito de su competencia, tomar medidas inmediatas para fortalecer el sistema de identificación individual de ganado, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en el estado de Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y del DF a reforzar las campañas preventivas del embarazo adolescente, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy, pese a los avances logrados en el tema de salud sexual y reproductiva, es aún elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, lo cual representa un alarmante problema de salud pública y un desafío para el país.
México cuenta con alrededor de 22 millones de personas con edades que oscilan entre los 10 y 19 años de edad; representan 19.6 por ciento de la población, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. También se informa que 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8 por ciento). El 49.9 por ciento son mujeres (5.5 millones), quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país, calculada en un total de 30.7 millones. Además, de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, dos han iniciado su vida sexual.1
Se sabe que entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8 por ciento son solteras, 16.0 por ciento están unidas y 1.0 lo ha estado alguna vez. Además, 34 de cada 100 mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, y casi 37 tampoco lo utilizaron en su última relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluido el VIH/sida.
Estos datos son en sí preocupantes, más aun cuando en fechas recientes por medio de notas periodísticas fuimos informados de la temprana maternidad y paternidad de una pareja adolescente –16 y 11 años de edad–, los jóvenes son habitantes de la comunidad de Mitontic de Madero, en Chiapas, uno de los dos municipios calificados como los de mayor pobreza y marginación en México. Cabe señalar que este joven podría ser el padre de menor edad en el mundo.2
Lo anterior es muestra palpable de que pese a lo establecido en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo entre Adolescentes, en Chiapas no se ha aplicado de manera puntual, tomando en cuenta el alto incremento de embarazos en las zonas rurales e indígenas.
Uno de los resultados del embarazo adolescente, es el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce las futuras oportunidades para lograr mejores empleos y posibilidades optimas de realización personal al no cursar carreras de su elección. También será difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia de la o el hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente a través del matrimonio temprano como una fórmula para “solucionar” esta situación.
El embarazo adolescente es considerado una situación problemática por los involucrados pero, si se considera un “problema” se limitaría su análisis. Por ello es conveniente encuadrarlo en el marco de la salud integral del adolescente, esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de las y los adolescentes.
Para dar salida a este problema, en enero último se realizó la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), con la que se pretende involucrar a 13 dependencias del gobierno federal, así como a organizaciones de la sociedad civil y académicos e investigadores expertos en el tema.
Entre los objetivos de solución para este reto, se plantea; promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada.3
Entre las metas de esta estrategia, se pretende “disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para 2030; es decir, alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada mil mujeres en el grupo de edad referida.
En el corto plazo, se proyecta una reducción a 63.1 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años para 2018, considerando que las acciones emprendidas a partir de 2015 habrán de tener los resultados más óptimos”.4
Sin embargo, a 10 meses de iniciar esta Enapea, noticias como la generada en Chiapas nos invitan a reflexionar y a proponer la aplicación con mayor atención y énfasis de esta anhelante estrategia, y es que según reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, a escala nacional la proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado vida sexual pasó de 15 por ciento en 2006 a 23 en 2012. A escala nacional, de acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) disponible (2009), la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Como consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6 a 18.7 por ciento entre 2003 y 2012.
Actualmente, las madres adolescentes presentan proporciones variables entre las entidades federativas del país. En 2013, en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Nayarit más de 19 por ciento de los nacimientos fueron de adolescentes, comparado con menos de 16 por ciento en el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro. En términos de fecundidad, la Enadid 2009 señala que el promedio nacional de nacimientos de las mujeres de 15 a 19 años fue de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres. Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Colima, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y el Distrito Federal tuvieron tasas menores de 65 por cada mil; mientras, Quintana Roo, Nayarit, Chiapas, Durango, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y Jalisco tuvieron tasas mayores de 75 por cada mil.
Las adolescentes indígenas tienen una tasa de fecundidad más alta que las no indígenas. La tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad hablantes de una lengua indígena es de 96.7 por mil mujeres; la de las no indígenas, de 68 por mil. En el país existen alrededor de 1.4 millones de adolescentes que hablan alguna lengua indígena. Las entidades con mayor porcentaje de adolescentes que son hablantes de lengua indígena son Chiapas (29 por ciento) y Guerrero (28). Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla e Hidalgo tienen una proporción superior a 19 por ciento; es decir, más del triple del promedio nacional (6.3 por ciento). Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena existe un menor permanencia en la escuela, ya que cerca de 35 por ciento de la población adolescente indígena de 10 a 19 años y casi la mitad que se encuentra entre los 15 y 17 años de edad no asisten a la escuela.5
Por otra parte, el embarazo durante la adolescencia trae consigo una serie de limitaciones, tanto en lo personal como a nivel social, independientemente del estrato social del que procedan la o el joven, ya que
• Generalmente no es planeado o deseado.
• Desencadena uniones o matrimonios prematuros, en los que la pareja puede o no estar de acuerdo.
• Reproduce el círculo de pobreza de madres y padres adolescentes, o le da inicio pues se avecina la falta de empleo, deserción escolar, ausencia de redes sociales de apoyo, etcétera.
• Hay mayor exposición a situaciones de inseguridad, desprotección y maltrato –las madres jóvenes embarazadas a veces no son aceptadas en la escuela, abandono por su pareja y familia.
• De haber matrimonio, tienen un mayor índice de divorcios, con las repercusiones del asunto, ya que muchos padres se niegan a dar pensión alimentaria. Además, se ha observado que el divorcio o la separación son cuatro veces más altos entre parejas casadas durante la adolescencia que entre los matrimonios consumados a edades más tardías.
• Los embarazos de mujeres adolescentes se vinculan a la muerte materno-infantil, y al aborto.
• También tiene repercusiones como abandono escolar, baja calidad en sus estudios al atender otras responsabilidades –por ejemplo: hijos, quehaceres y trabajo.
• Puede ser utilizado como pretexto para requerir y ofrecer trabajo a menores de edad en condiciones de explotación y maltrato.
Con lo anterior queda claro que el embarazo adolescente representa un grave problema para nuestra sociedad, un reporte de la ONU indica que entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años.
Pero más que repasar estadísticas y limitaciones para las y los adolescentes, es hora de que tomemos todas las medidas necesarias para poner fin a este problema. Por ello, muchas y muy diversas son las acciones y políticas públicas que deben implementarse para erradicar el embarazo adolescente destacando entre ellas las siguientes:
• La prevención del embarazo adolescente a través de la educación sexual, incluida la planificación familiar –en el caso de los matrimonios jóvenes–, y el acceso a los métodos anticonceptivos más comunes.
• Proporcionar información anticonceptiva oportuna, eficaz, verdadera, completa y basada en evidencia científica.
• Brindar asesoría sobre anticoncepción y riesgo de embarazo adolescente a través de personal debidamente sensibilizado y capacitado, con respeto a las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva de las y los jóvenes.
• Promover la cultura de la igualdad de género que reconozca y condene todas las formas de violencia y violencia sexual contra las niñas y las adolescentes.
• Garantizar que las materias de salud sexual y reproductiva sean impartidas en todas las escuelas del país.
• Formar a personal docente en las materias de salud sexual y reproductiva para que estas sean impartidas sin prejuicio alguno.
• Evitar que las niñas y las adolescentes embarazadas abandonen sus estudios, a través de programas de apoyo educativo y becas que fortalezcan su permanencia en la escuela.
Por lo anterior sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la y los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que se refuerce lo relativo a las campañas de prevención del embarazo adolescente y la información sobre educación sexual en el ánimo de abatir las crecientes cifras sobre este tema.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas con el propósito de desarrollar una estrategia de prevención que atienda los altos índices de embarazos adolescentes, principalmente entre la población indígena y rural.
Notas
1 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012
2 Niño mexicano es el padre más joven del mundo, redacción SDPnoticias.com viernes 13 de noviembre de 2015.
3 Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, Gobierno de la República, México, enero de 2015.
4 Ibídem, página 90.
5 Enapea, página 28.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a Pemex, la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos que conserven bajo su custodia los 95 campos petroleros que la empresa pretende devolver al Estado, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa diputadas federales a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, según la siguiente
Exposición de Motivos
El 17 de noviembre Gustavo Hernández, director operativo de Pemex Exploración y Producción, PEP, anunció que regresarán 95 campos petroleros en etapa de producción y exploración que le fueron asignados por la Secretaría de Energía, Sener, en la Ronda Cero, debido a que nunca los pidieron.
El funcionario señaló que las 95 asignaciones, tienen un volumen de producción mucho menor comparado con el volumen de producción de los campos marinos.
También explicó lo siguiente; “no estaban en el radar de nosotros porque no estaban en la solicitud de la Ronda Cero, y lo que estamos planteando es la devolución al Estado de esos campos para que hagan con ellos lo que consideren pertinente, que es licitarlos, guardarlos o buscarnos un socio”.
Destacó que en caso de que Sener, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y Hacienda encuentren un socio a Pemex, a través de una licitación, la empresa estatal evaluaría retener la asignación. Aunque la mayoría de los campos que se devolverán fueron entregados para resguardo, también devolverán campos solicitados en la Ronda Cero porque no son rentables.
Otro de los argumentos para devolver los campos es que Pemex no tiene recursos suficientes. No obstante, el funcionario declaró que es difícil estimar el costo de operarlos porque están distribuidos a lo largo del país y cada campo tiene su costo. Hay campos marinos y terrestres; campos en Veracruz, en Chiapas, Tabasco y en el norte.
A manera de “conclusión” determinante, el director de PEP declaró enfáticamente que los campos serán devueltos por no ser rentables y de acuerdo al mandato del artículo 27 Constitucional, el objetivo de Pemex es la creación de valor.
La devolución tendrá un costo ya que Pemex deberá hacer la rehabilitación ambiental de los mismos, porque fueron explotados por la empresa antes de la reforma energética.
Además del costo de la rehabilitación, Pemex no recibirá ningún tipo de indemnización por las inversiones que ha realizado en los campos, porque así lo estipula el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos “el área de asignación será devuelta al Estado, sin cargo, pago, ni indemnización alguna por parte de éste, y la Secretaría de Energía podrá determinar su operación en los términos que considere convenientes conforme a esta ley”.
No es posible que la empresa genere valor si no hay un incremento en la inversión y una reducción real de su carga fiscal.
En la gráfica se puede ver la relación directa entre la caída del ingreso y los gatos de Pemex. Esta caída se refleja directamente en el descenso de 48 por ciento, durante el tercer trimestre del año, del número de pozos perforados para la exploración y desarrollo. Pasaron de 143 a 74, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Los equipos para perforación también sufrieron un descenso al pasar de 110 a 71 en el mismo periodo, es decir 35%, según las cifras más recientes del regulador sectorial.
Un argumento utilizado repetidamente por las autoridades del sector para justificar el recorte en inversión y la privatización de las reseras probadas de nuestro país, es la caída del precio de barril del petróleo en el mercado internacional.
El planteamiento que han llevado al terreno de los hechos, es que la inversión privada nos salvará y evitará que caiga la producción petrolera nacional. Además de que esa milagrosa inversión incrementará las reservas.
De acuerdo con datos de BP Statistical Review of World Energy, June 2015, las reservas probadas totales de México se ubicaban en el siguiente nivel: 2004 14.8 mmbpc; 2013 11.1 mmbpc y 2014 11.1 mmbpc. Es claro, que no hay un aumento de las reservas.
Ni este gobierno ni los anteriores han querido invertir en recuperación mejorada, ni en la industria de la transformación, como refinación y petroquímica. Ambas generan mucho más valor que la mera actividad extractiva, a la que incluso el Gobierno Mexicano esta renunciando a pesar del mandato establecido en el Artículo 25 Constitucional .................”Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”.
La renuncia del Estado mexicano a su obligación es una traición al pueblo de México y una descarada complicidad con los líderes republicanos en los Estados Unidos que han desarrollado una estrategia geopolítica para convertir a Canadá y México en colonias energéticas de los Estados Unidos, al crear a un bloque de poder norteamericano capaz de enfrentar agresivamente a Rusia, China y otros rivales extranjeros. Esa es la visión de “fortaleza energética de América del Norte”, que los candidatos presidenciales republicanos ya están impulsando en su campaña, y que es fuertemente respaldada por ExxonMobil y otras compañías petroleras.
Además de intereses geopolíticos, las fusiones de las empresas de servicios y de las petroleras, así como sostener el mismo nivel de producción de hidrocarburos para mantener precios bajos, son actividades colusivas de las empresas del sector para eliminar competidores y, así, seguir controlando las reservas a nivel mundial y el mercado de hidrocarburos.
Las prácticas colusivas de estas empresas para manipular el mercado a nivel de países –y con la complicidad de estados productores y consumidores– han modificado el balance del mercado internacional, ahora los grandes ganadores son los países consumidores, en particular, aquellos que tiene una industria petroquímica bien desarrollada.
En este contexto, ninguna empresa petrolera nacional negocia contratos de exploración y explotación y menos de campos que ya están produciendo. La búsqueda de un socio, como lo propone el director de PEP, para campos que asegura no son rentables, provocará un pérdida de renta petrolera de tal magnitud que ni siquiera le permitirá a PEP recuperar lo invertido en campos con reservas probadas que ha estado operando.
Pemex es una empresa productiva propiedad del Estado mexicano (artículo 2 Ley de Petróleo Mexicanos), la generación de valor y rentabilidad no son su único objetivo; de acuerdo con el artículo 4, Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional.
La renuncia a 95 campos contradice el mandato de maximizar la renta petrolera para contribuir al desarrollo nacional.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos, al secretario de Energía y al director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que conserven bajo resguardo los 95 campos hasta que sea rentable su explotación sin ningún socio.
Segundo. Esta soberanía solicita al director general de Petróleos Mexicanos, al secretario de Energía y al director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hagan públicos los siguientes datos a nivel de campo por campo:
a) Lista de campos a los que Pemex pretende renunciar
b) Costo de explotación de cada uno
c) Volumen de producción campo por campo, detallada por tipo de hidrocarburo
Tercero. Esta representación nacional, exige que no se entregue ni un campo más a la iniciativa privada bajo ninguna modalidad contractual.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita que la Secretaría de Energía y la Secretaría de la Función Pública evalúen el desempeño del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y del director de Pemex Exploración y Producción, Javier Hinojosa, para que en caso de no ser aptos o de probarse negligencia en el ejercicio de sus funciones sean retirados del cargo en forma inmediata.
México, DF, a 24 de noviembre de 2015.
Diputadas: Rocío Nahle García (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a difundir la información sobre el Programa de Captación de Agua, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, hacer pública toda la información referente al Programa de Captación de Agua (Procaptar), al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y política de nuestra nación.
II. “La extensión territorial continental de México es de 1,959,248 kilómetros cuadrados. Parte del país se ubica en la misma latitud que el desierto del Sáhara y por ello la parte centro norte es semiárida y árida. La precipitación pluvial es escasa en el norte y noroeste del país y la península de Baja California, y abundante en el sureste y en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico, al sur del Trópico de Cáncer. La precipitación media anual es de 760 mm equivalente a 1,489 kilómetros cúbicos por año: 331 kilómetros cúbicos escurren a través de los ríos, 1,065 kilómetros cúbicos corresponden a la evapotranspiración y 93 kilómetros cúbicos recargan los acuíferos. En la mayor parte del territorio la precipitación ocurre, predominantemente, entre junio y septiembre, con excepción de la península de Baja California, donde se presenta en invierno. México tenía 25.8 millones de habitantes en 1950 y en 2015 122.4 (Proyección del Consejo Nacional de Población, Conapo)”.1
III. “La tasa de crecimiento anual tiende a disminuir gradualmente. La población pasó de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbana a partir de 1970. Conapo estima que al 2050 México tendrá 150.8 millones de habitantes, lo que representará mayor presión sobre los recursos hídricos. La disponibilidad natural media per cápita de agua en México era en 1950 de 18,035 m3/hab/ año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”.2
IV. De acuerdo con el Informe de Pobreza en México 2015 publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en pobreza es de 55.3 millones. Las personas consideradas con carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda son las que no cuentan con los servicios de agua, drenaje y electricidad. La carencia de agua es un factor de pobreza.
V. En el ámbito nacional, en 2012 la falta de drenaje y de agua afectó a poco más de diez millones de personas. Las entidades federativas con mayor carencia de drenaje fueron Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas. La falta de agua en Guerrero afectó a poco más de la tercera parte de su población, en Veracruz a una de cada cuatro personas, y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca a uno de cada cinco habitantes.
VI. Según datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) la gran mayoría de las cuencas en nuestro país se encuentran en una situación no sustentable en donde la demanda crece día con día conforme crece la población y sus necesidades. Hasta el año 2012, la demanda total de aguas nacionales el país era del orden de los 78,400 millones de metros cúbicos, misma que se cubría con un volumen sustentable de 66,900 millones de metros cúbicos de fuentes superficiales.
VII. El mayor porcentaje de la demanda se sigue concentrando en el sector agrícola. Se estima que en unos veinte años la demanda llegará a 91,200 millones de metros cúbicos debido al incremento en las actividades productivas y el crecimiento de la población, mientras que la oferta puede llegar a 68,300 millones de metros cúbicos considerando los proyectos registrados en cartera; lo que significa que la brecha estimada entre oferta y demanda será de 23 mil millones de metros cúbicos. Esta brecha integra el volumen de agua que se empleará para cubrir el crecimiento de la demanda agrícola, la público urbana e industrial y el volumen no sustentable que se dejará de extraer por la disminución de la sobreexplotación de los acuíferos. Los principales retos se presentan en las cuencas del Valle de México y de los ríos Lerma, Bravo, Fuerte, Mocorito, Presidio-San Pedro, Tula y Balsas.
VIII. De acuerdo con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible. También establece la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad misma para garantizar este derecho. La Constitución instruye para que esto así sea, aún con datos como los que podemos ver, que sólo nos enfrentan a más y más retos.
IX. Para el desarrollo de cualquier especie, el agua es un recurso básico: sin agua, no habría vida. Cobra mayor importancia cuando hablamos de sociedades desarrolladas, ya que se requiere de ella tanto para su uso doméstico como industrial, sobre todo en grandes ciudades. Por lo tanto, resulta primordial para cualquier cultura tener un adecuado manejo de este recurso, tanto para su abastecimiento, como para evitar desastres.
X. “La captación pluvial no es algo nuevo y tampoco implica gran tecnología a un nivel doméstico. Es un sistema ancestral que ha sido practicado en diferentes épocas y culturas, ya que es un medio fácil para obtener agua para el consumo humano y para el uso agrícola.
El agua de lluvia puede ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos especiales para su uso posterior. Esto ayudaría durante el tiempo de secas para sobrellevarlas y también durante épocas de lluvias fuertes que desencadenan inundaciones que afectan las ciudades”.3
XI. “Cada año son más que evidentes las consecuencias de los efectos de la gestión pluvial inadecuada en las principales ciudades de México, encharcamientos, inundaciones, problemas de tráfico, desborde de ríos o canales y el rebose del drenaje combinado a zonas urbanas habitadas. La situación empeora de forma exponencial conforme crecen las ciudades en población y en extensión, y debido a los impredecibles efectos del cambio climático.
El agua de lluvia en su origen es limpia, pero se ensucia en su paso por la ciudad y al mezclarse con las aguas residuales en el alcantarillado combinado. Los escurrimientos pluviales son vistos como un problema que causa inundaciones; sin embargo, cambiar la forma de hacer las cosas y aprovechar este recurso puede traer muchos beneficios”.4
XII. Parte fundamental de la tarea que nos toca como generación es lograr la distribución del agua y su abastecimiento, siguiendo técnicas sustentables para minimizar su impacto ambiental y lograr un mayor alcance a las zonas que no cuentan con un sistema de distribución o en donde el agua escasea.
XIII. El pasado 5 de noviembre, en el Senado de la República, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos compareció el Titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, y en sus propias palabras informo que:
“... en nuestro país existe una carencia importante en el tema del suministro de agua potable y en el tema del drenaje, y esa carencia está considerada por el Coneval como uno de los puntos que se toman en cuenta para poder considerar que la gente es pobre o está en pobreza extrema, por tal motivo, en la Comisión Nacional del Agua hemos fijado también como una prioridad el combate a la pobreza en el tema del agua.
Hay que decir que la población que hoy no tiene agua en nuestro país, se encuentra en las comunidades más alejadas, en los lugares más distantes y más difíciles de llegar y, el que podamos trasladar o transportar el agua hacia esos lugares se convierte en un tema sumamente complejo, no solamente por un costo de la infraestructura que llevaría o que correspondería llevar a esas comunidades el agua, sino el segundo punto importante es que después de que se construya esta infraestructura que pongamos, que la podríamos hacer, la operación de la misma, precisamente por estar en zonas montañosas y en zonas altas, sería un tema sumamente complicado en el costo de su operación y entonces lo haría completamente inviable.
Y entonces nos hemos abocado a trabajar con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM; con el Instituto de Tecnología del Agua, precisamente para buscar alternativas de solución y poder llevar agua a esas poblaciones que hoy no la tienen y se encuentran alejadas. Las alternativas que nos dan, es la captación de agua de lluvia de aquellas poblaciones en donde nos llueve mucho, hay que decir que nuestro país, es un país desde ese punto de vista, con ciertas ventajas para poder utilizar este tipo de tecnologías, este tipo de esquemas, para poder llevar el agua a las poblaciones más alejadas.
Y entonces la segunda prioridad que hemos fijado en la Comisión Nacional del Agua y que también así lo instruyó el señor Presidente de la República, es el combate a la pobreza, a través de llevar el agua a aquellas poblaciones que hoy no la tienen y que se encuentran más alejadas, y lo vamos a hacer a través de la captación de agua de lluvia con un nuevo programa que le hemos denominado Procaptar, y que iniciamos a partir del mes de octubre pasado, hace un mes, precisamente para llevar agua a un millón y medio de personas en los próximos dos años, precisamente para poder abastecer a la gente que hoy no tiene un solo litro de agua y que se tiene que trasladar en promedio 6 kilómetros para poder acceder al agua.
Eso es lo que estamos trabajando en la Comisión Nacional del Agua”.
XIV. Este tipo de esfuerzos es sumamente importante llevar a cabo en nuestro país, y ya que el Titular de Conagua lo ha anunciado resulta aún más importante conocer los detalles de este Programa de Captación de Agua al que hace referencia, desde el presupuesto que se va a utilizar hasta la logística para llevarlo a cabo. Es necesario conocer un documento donde describa toda la información que se requiere para hacer un puntual seguimiento y evaluación.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente
Resolutivo
Único
La honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, hacer pública toda la información referente al Programa de Captación de Agua.
Notas
1 Programa Nacional Hídrico 2014 – 2018. Gobierno de la República.
2 Ibídem
3 “Sistemas de Captación de Agua de Lluvia” Periódico digital de divulgación de la Red del Agua UNAM Número 1, Abril - Junio 2014
4 Ibídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre del 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
José Hugo Cabrera Ruiz, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación del país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la protección de la salud se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Un aspecto fundamental para la procuración de la salud estriba en el abasto de medicamentos para prevenir y curar las enfermedades. El artículo 27 de la Ley General de Salud especifica cuáles son los servicios básicos de salud, entre los que se encuentra la disponibilidad y distribución de medicamentos:
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la proteccio?n de la salud, se consideran servicios ba?sicos de salud los referentes a:
I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.
IV. La atención materno-infantil;
V. La planificación familiar;
VI. La salud mental;
VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;
IX. La promoción de un estilo de vida saludable;
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y
XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.
Ahora bien, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado “México Incluyente”, el objetivo 2.3 plantea: “asegurar el acceso a los servicios de salud”. Del mismo modo, el objetivo 2 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece: “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad”, señalando el fortalecimiento e intercambio de información entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de conocer la demanda institucional de medicamentos, que comprende la selección, planeación, compra, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación, uso y surtido.
Asimismo, la siguiente tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala el entendido del abasto de medicamentos como servicio para la protección del derecho a la salud de cualquier persona:1
Salud. El derecho a su protección, que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.
La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.
No obstante lo anterior, y particularmente en zonas pobres y apartadas de nuestro país, el desabasto y escasez de recursos en las instituciones públicas de salud impiden que miles de mexicanos gocen de sus garantías relativas a la protección de la salud, situación que se ha hecho evidente durante los últimos años afectando a los pacientes, quienes dejan de recibir el medicamento prescrito e interrumpen su tratamiento, obligados a destinar recursos económicos a la compra de medicinas que, por derecho, deben recibir sin costo.
Además, se genera un notable deterioro en la eficacia de la política se salud pública, puesto que la recuperación del paciente no suele ser total, y el mismo tiende a recaer por el mismo padecimiento o similares, teniendo que recurrir posteriormente a la misma atención médica, con el concerniente doble gasto que esto implica, tanto para el paciente como para los servicios de salud.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, comunique al Consejo de Salubridad General la necesidad de proveer los medicamentos e insumos médicos necesarios, de manera prioritaria, a las clínicas y centros de salud que atienden a núcleos poblacionales de muy alta marginación en el país, y a aquellos que atienden a los núcleos poblacionales que se encuentran más alejados geográficamente de los mismos, en cada entidad federativa.
Nota
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salud. El derecho a su protección, que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Novena Época. Registro: 192160. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI. Marzo de 2000. Página 112.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 24 de noviembre de dos mil quince.
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México los derechos de quienes aducen interés jurídico de posesión o propiedad sobre los inmuebles donde se implantará dicho proyecto, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con motivo de su segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Formalmente, el presidente de la República presentó con su gabinete y los titulares de los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal el proyecto en el acto llamado Avances y retos del Plan Nacional de Infraestructura. 1
La versión oficial sobre el nuevo aeropuerto es que será construido en terrenos federales, a un costado de la actual terminal; en terrenos del ex lago de Texcoco, por lo que tendrá impacto en la zona oriente del valle de México de 300 kilómetros cuadrados, principalmente en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, Distrito Federal; y Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Chiconcuac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Papalotla, Texcoco y Tezoyuca, México.2
Costará 169 mil millones de pesos y será bajo un esquema mixto de recursos públicos y privados; correspondiendo a los primeros 98 mil millones y a los segundos 71 millones.3
La primera etapa contará con 3 pistas de operación simultánea y capacidad para más de 50 millones de pasajeros al año, aunque en su etapa de máximo desarrollo tendrá 6 pistas y transportará a cerca de 120 millones de pasajeros al año, incrementando 4 veces la capacidad actual del aeropuerto de la Ciudad de México.4
Desde luego que un proyecto de esta magnitud ha generado y seguirá generando oposición y críticas. Los habitantes aledaños a la zona, aseguran que la construcción y desarrollo del nuevo aeropuerto traerá más contaminación, impacto de ruido, la desaparición de las comunidades, falta de identidad, ruptura del tejido social y, quizá lo más crítico, pérdida de sus tierras y hogares; toda no se les paga lo justo, han sido objeto de despojo y no se les ha garantizado el derecho de audiencia aun cuando tienen el título de propietarios o aducen un derecho de posesión, ni se les ha garantizado el debido proceso.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16, es muy clara. El segundo párrafo del artículo 14 constitucional señala: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Y el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna refiere: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Es necesario que en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a los habitantes que aducen un interés jurídico de posesión o de propiedad en los inmuebles donde se implantará dicho proyecto se respeten las garantías de seguridad jurídica de audiencia y del debido proceso.
Por otro lado, hay que señalar que en un esquema de subsidiariedad, el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, estableció un plan que abarca rubros desde lo urbano, ambiental, económico y social de una importante área de la metrópoli, por ejemplo: en materia hidráulica se pretende crear mil hectáreas de nuevas lagunas para triplicar la capacidad de regulación de la zona hasta 38 millones de metros cúbicos, reduciendo el riesgo de inundaciones, adicionalmente, se pondrían en marcha 24 plantas de tratamiento de agua para aumentar la capacidad de tratamiento disponible, y se entubarán 25 kilómetros de drenajes a cielo abierto; en materia ambiental se tiene pensado generar nuevas áreas verdes como el Bosque Metropolitano, que contará con 670 hectáreas; en materia de conectividad y movilidad, se dice que generarán nuevas obras y se promoverá una mayor movilidad a través del uso de transporte público; y en materia social, se pretende que el área que ocupa el actual aeropuerto se transforme en un espacio con escuelas, hospitales y espacios públicos.5
En el Grupo Parlamentario del PRD estaremos atentos a que estos compromisos se cumplan, pero no sólo eso, sino que además se hagan en beneficio de la sociedad.
Pero lo importante por destacar con la información anterior es que este proyecto por sí mismo generará empleos directos e indirectos en el área territorial donde impactará. El gobernador del estado de México ha señalado que el costo de esta nueva terminal creará 600 mil fuentes de trabajo. El jefe del gobierno del Distrito Federal ha dicho que por cada millón de pasajeros, pueden generarse mil empleos directos y 5 mil indirectos.6
Y dada la crítica situación económica del país, marcada por la inflación, el estancamiento económico, el desempleo y los precarios salarios, considero que en un acto de estricta justicia, la mayoría de las fuentes de empleo –directas o indirectas– que se generen con este proyecto, deberían ser ocupadas por los habitantes de las delegaciones del Distrito Federal y de los municipios del estado de México donde se implantará.
En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México respete las garantías de seguridad jurídica de audiencia y el debido proceso a las personas que aducen un interés jurídico de posesión o de propiedad en los inmuebles donde se implantará dicho proyecto.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de México para que la mayoría de las fuentes de empleo generadas –directa o indirectamente– con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sean ocupadas por la población de Nezahualcóyotl (zona norte), Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Chiconcuac, Ecatepec, Papalotla, Texcoco y Tezoyuca.
Notas
1 “10 puntos clave sobre el nuevo aeropuerto”, Forbes, 1 de enero de 2015. Disponible en http://www.forbes.com.mx/10-puntos-clave-sobre-el-nuevo-aeropuerto/ (Última consulta: 17 de noviembre de 2015,)
2 “Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Presentación del proyecto”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, página 22. Disponible en http://consulmex.sre.gob.mx/laredo/images/stories/docs/SCT/dan02416%20n aicm-espaol.pdf (Última consulta: 17 de noviembre de 2015.)
3 Ibídem, página 20.
4 Ibídem, página 2.
5 Ibídem, página 3.
6 “10 puntos clave sobre el nuevo aeropuerto”, obra citada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado José Santiago López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al esclarecimiento del ataque de que ha sido objeto la revista electrónica Desinformémonos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. Un nuevo atentado a periodistas a la libertad de expresión ha ocurrido en la Ciudad de México.
El jueves 19 de noviembre de 2015, la redacción de la revista electrónica Desinformémonos sufrió el robo de información del servidor, de todas las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina, hecho que fue calificado por Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista, como “un ataque cibernético dirigido contra la revista”,1 que se dedica a documentar las luchas populares y los movimientos sociales de México y el mundo.
El viernes 20 de noviembre de 2015 fue allanado el domicilio de la misma reportera, Gloria Muñoz Ramírez, autora de la columna Los de Abajo en La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca .
Sobre el allanamiento de su casa, indicó: “Dejé bien cerrada la puerta y cuando llegué a las 20:30 horas la encontré abierta, pero no forzada. La ropa estaba sobre la cama, y aunque hubo robo de algunas pertenencias, dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista. Sobre el tapete se distinguían pisadas de botas. Fue un registro de mi casa”,2 quien además mencionó “que no había allí computadoras ni otros dispositivos de almacenamiento. Los cajones del escritorio estaban abiertos y revueltos”.
Tanto el domicilio de la periodista como la oficina de Desinformémonos se ubican en la colonia Roma de esta ciudad. En septiembre pasado también fue allanado el domicilio de la reportera Flor Goche, colaboradora de Desinformémonos , hecho que fue denunciado públicamente
Segunda. Este robo y allanamiento a la oficinas y casa de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, se inscribe en contexto del reciente asesinato del periodista Rubén Espinosa Becerril , fotorreportero de AVC Noticias (medio de comunicación de Veracruz), de la revista de periodismo de investigación Proceso y de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro , desapareció ocurrido a principios 2 de agosto la policía junto cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte. El fotoperiodista fue torturado antes de que lo asesinaran.
Asesinato en el que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal han sido incapaces de presentar ante la opinión pública una versión creíble, sustentada en pruebas, sobre el móvil de ese crimen
En esa ocasión la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras expreso “su profunda indignación y su consternación por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril. Por desgracia, el caso de este periodista ilustra la escalada de la violencia en el país”, afirmó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de RSF. “Consciente de la gravedad de las amenazas que enfrentaba en Veracruz, Rubén Espinosa Becerril había decidido exiliarse en la ciudad de México, donde pensó podía refugiarse, ponerse a salvo. No obstante, se convirtió en el octavo periodista asesinado desde el inicio del año 2015. Ante este terrible balance, las autoridades mexicanas deben reaccionar, proteger verdaderamente a los periodistas y proporcionar a la justicia todos los medios necesarios para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los actores de la información”, añadió.3
Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 han sido asesinados 88 periodistas en México. Cuando Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial a París, con ocasión de desfile del 14 de julio, Reporteros Sin Fronteras hizo un llamado al presidente mexicano para que cumpliera sus compromisos de forma firme, a fin de garantizar la seguridad de los periodistas y fortalecer la libertad de información en el país.
Tercera. México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras en febrero de 2015.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; donde las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado e incluso de las autoridades corruptas, son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de expresión y el derecho a la información.
En México en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país.
Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. A tales hechos se suma el que en 2013 el gobierno federal habría establecido un acuerdo con algunos gobiernos estatales para que no se divulgue información sobre hechos de violencia, con el objetivo de reducir el sentimiento de inseguridad general.
La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas, a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles, a todos los niveles.
Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. Las redes sociales se han convertido en ocasiones en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio.
En el plano jurídico, la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión en febrero de 2006no no ha mostrado resultados tangibles. Desde entonces, sólo se ha dado como resultado una condena. En 2012 el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias.
Cuarta. Al respecto cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000. Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.
La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.
Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la Declaración. En ella se establecieron entre otros puntos los siguientes:
“Principio 1
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.4
El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que da otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación. Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma. [15]
Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones.” La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.
“Principio 2
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.5
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio. La Carta de la OEA en sus artículos 33 y 44 establece:
“La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral y fomenta la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático”.
La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. En este sentido, la Corte Interamericana expresó que:
“Dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Tal como está concebido en la Convención Americana, es necesario que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”.6
Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que esclarezcan el ataque de que ha sido objeto la revista electrónica “Desinformémonos”, a través de una investigación imparcial, independiente y a profundidad que permita encontrar a los autores materiales e intelectuales de este crimen y así mismo brinde todas las condiciones de seguridad personal a los colaboradores de esa revista en general y reportera Gloria Muñoz Ramírez en particular, y a la Procuraduría General de la República para que en su caso atraiga el caso y lo ponga bajo el encargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.
Notas
1 Periódico La Jornada, sábado 21 de noviembre de 2015, p. 35.
2 Ídem
3 Reporteros Sin Fronteras. Publicado el lunes 3 de
agosto de 2015
https://es.rsf.org/
https://es.rsf.org/mexico-encuentran-asesinado-en-el-df-a-03-08-2015,48188.html
4 Declaración de Principios sobre la Libertad
de Expresión
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2
5 Declaración de Principios sobre la Libertad
de Expresión
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2
6 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que evalúe la situación del ingenio azucarero Tamazula, en Jalisco, a cargo del diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Las crisis recurrentes de la agroindustria azucarera, requieren de la intervención inmediata de todos los involucrados en el sector: gobierno federal, gobiernos estatales, Poder Legislativo, productores de caña, obreros e industriales.
El campo cañero y, en general el campo mexicano sufre abandono y mucha pobreza, cuando paradójicamente es generador de enorme riqueza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dos de cada tres mexicanos del medio rural viven en pobreza extrema, y uno de cada tres, tienen un ingreso por debajo de la línea del bienestar mínimo.
En este contexto, como es sabido, la agroindustria azucarera tenia y lo sigue haciendo, un impacto significativo en la economía de la población rural en México, cuya producción asciende a 54 millones de toneladas de caña de azúcar que corresponden a una producción de 5.9 millones de toneladas de azúcar, cuyo valor en el mercado es de, aproximadamente 49,000 millones de pesos.
Resalto que, en cada una de las regiones del país donde existe un ingenio, esta agroindustria representa una fuente laboral y económica indispensable en el desarrollo de la región.
En México, existen 13 grupos azucareros, dentro de los cuales se encuentra el Grupo Sáenz, al cual me referiré en lo sucesivo, y quien es el dueño de 3 ingenios en el país, Aarón Sáenz García y el Mante en el estado de Tamaulipas y, el ingenio Tamazula en el estado de Jalisco, cuya participación en el mercado es de 6.35 por ciento del total del azúcar nacional.
En honor a la verdad, este Grupo que se encuentra en actividad desde hace más de 70 años y constantemente es una empresa que, en promedio, genera más ingresos que la mayoría de las empresas de refinación de azúcar de caña, no presentaba problemas en la relación productor-industrial hasta la zafra 2013/2014, momento en el cual, estas características cambiaron drásticamente.
Este antecedente del buen manejo del Grupo, generaba un clima de confianza en torno a que esta situación sería algo temporal, pero los acontecimientos y circunstancias de los últimos meses mostraron todo lo contrario.
Lo que siguió, fueron una serie de irregularidades en la relación con el cañero y en especial, en lo referente al pago de la caña de azúcar, situación que se repitió durante la zafra 2014/2015 con la falta de pago en liquidaciones finales, de forma muy grave en retenciones para pago a terceros, así como el pago pendiente del ajuste final al precio de la caña en la misma zafra.
Al día de hoy, y derivado de los repetidos y constantes desencuentros con los industriales por el incumplimiento de acuerdos y plazos para el pago de la caña de azúcar, los abastecedores del ingenio Tamazula en el estado de Jalisco, han decidido tomar las instalaciones de dicha factoría.
El asunto no es algo menor, se tiene registro de un adeudo del industrial con los cañeros cenecistas por 86 millones de pesos, solo por el concepto de liquidación final de la zafra 2014/2015 y de 71.5 millones de pesos por concepto de pago pendiente del ajuste final al precio de la caña de azúcar, asimismo, un adeudo por más de 160 millones de pesos con otras organizaciones.
Finalmente, el artículo 118 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, prevé la forma de dar tratamiento a las controversias de esta naturaleza, en procedimiento conciliatorio o en procedimiento arbitral, a través de la Junta Permanente, la cual no ha sido instalada por la Secretaría correspondiente.
Señores legisladores, considero oportuno que se tomen cartas en el asunto para evitar que este conflicto se desborde y se continúe afectando la economía de las familias cañeras. Debemos defender al productor y al campo mexicano.
México debe entender la lección: sólo es genuinamente soberana, aquella nación que produce lo que come.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, conforme a sus atribuciones, evalúe la situación que guarda el ingenio azucarero Tamazula, ubicado en el municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco, a efecto de que establezcan una mesa de diálogo entre los empresarios y los productores para que se respeten los derechos sociales, económicos y laborales de los cañeros, a la brevedad posible.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente los mecanismos que permitan el desarrollo sustentable de la caña de azúcar, proporcionando el auxilio y los apoyos que establece la ley de la materia.
Tercero. Se solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Jalisco que a la brevedad implementen las acciones necesarias a efecto de que los dueños del ingenio Tamazula realicen los pagos a los productores de caña de azúcar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y del DF, a garantizar y respetar la labor de los defensores de derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, establece en el artículo 1o. que
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en los planos nacional e internacional”
2. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declara que el criterio identificador de quien debe ser considerado defensor o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los estados y por tanto genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”, y la estima fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también en la existencia plena de la democracia y el estado constitucional de derecho.
4. La Declaración sobre Defensores de la ONU indica diversas medidas que los estados deben adoptar para permitir y no obstaculizar el ejercicio de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.
5. Derivado de lo anterior, se adoptó en nuestro país el Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, y la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011 establece en su artículo primero lo siguiente:
“La Secretaría de Gobernación por conducto del secretario, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales.”
6. Por su parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en 2012 tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
7. Sin embargo, el panorama en México no refleja la aplicación de la ley anterior, situación que se refleja en el segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas , el cual señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos. Poniendo en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.
8. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Amnistía Internacional (AI) han señalado que en México son las familias quienes están impulsando la defensa de los derechos humanos, por lo que es importante reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad sobre todo en un contexto marcado por la constante intimidación a éstos por actores tanto estatales como no estatales.
9. Entre los casos actuales de violación de los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, podemos resaltar el particular de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero; detenida el 21 de agosto de 2013 por soldados del Ejército y de la Marina, y trasladada al Penal Federal de Tepic; acusada de secuestro por una acción en el desempeño de su cargo, reconocido por el gobierno estatal; sin embargo Nestora sigue privada de su libertad.
10. Los casos de violencia y vulneración de sus derechos que atentan contra la integridad y vida de las defensoras y defensores de derechos humanos se cristalizan en amenazas, hostigamientos, agresiones, desapariciones, riesgos y asesinatos. La progresión de agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y los casos no atendidos son reflejo de una realidad que lacera la vida diaria de todas y todos los mexicanos y deja expuesta la cultura de impunidad y de nulo acceso a la justicia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de derechos humanos y atiendan las obligaciones establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México desde el 17 de octubre de 1953, la mujer mexicana ha logrado un avance inédito en la lucha por sus derechos humanos, civiles y políticos, es así que desde hace 62 años las mexicanas hemos conquistado el derecho a ser partícipes en las decisiones políticas que marcan el rumbo de nuestra gran nación. Es por esta lucha que la actual legislatura de la H. Cámara de Diputados integra a 211 diputadas, lo que representa el 42.4% del total de los legisladores con que cuenta dicha Cámara,1 por lo que podemos decir que las más de 57 millones de mujeres mexicanas2 están representadas con paridad.
A pesar de este gran logro, existen temas pendientes que no han favorecido el avance social en materia de igualdad de género en México, tales como la violencia y desigualdad histórica que han padecido las mujeres mexicanas.
Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,3 se entiende por “violencia contra la mujer” todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada .
La violencia en contra de las mujeres es un problema de grandes dimensiones y graves consecuencias para toda la sociedad, pero, antes que nada, para las mismas mujeres que la sufren. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, las mujeres pierden 9 años y medio de vida saludable, en promedio mundial, por causa de la violación y la violencia doméstica. Esto significa que a nivel mundial, estas formas de violencia en contra de las mujeres, que no son las únicas, tienen efectos más negativos sobre la salud de las mujeres que todas las formas de cáncer (9 años), los accidentes de tránsito (4.2 años), las guerras (2.7 años) y la malaria (2.3 años).4
Este fenómeno es un problema que no tiene fácil solución, y que debe ser abordado desde múltiples perspectivas que en ella convergen, como lo son las sociales, culturales, económicas, jurídicas y psicológicas, entre otras, para incidir en el logro de la erradicación de este flagelo que lastima a nuestra sociedad. Dicha violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer5 y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en las que se recomendó un conjunto de medidas integrales encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, y también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Es un deber señalar que la violencia dirigida en contra de la mujer se agrava cuando ésta pertenece a minorías, es decir; cuando son mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, indigentes, con discapacidad, las niñas, las recluidas en diversas instituciones como penitenciarias, psiquiátricas y médicas, las mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado.
Debido a esta situación de vulnerabilidad respecto de la violencia, las mujeres y las niñas no pueden acceder plenamente al ejercicio de sus derechos humanos ni sus libertades fundamentales por lo que su desarrollo se ve comprometido.
En este contexto histórico la Organización de las Naciones Unidas ha hecho progresos importantes en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de la mujer, misma que se ha plasmado en diversos documentos vinculantes para los países miembros como: la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Es así que el 17 de noviembre de 1999 la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 54/1346 acordó designar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una forma de conmemorar y denunciar la violencia que sufre la mujer en todos los ámbitos, esta fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato, (ordenado en 1960 por el entonces Dictador Rafael Leónidas Trujillo), de las tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes, y María Teresa Mirabal Reyes, activistas del movimiento insurgente que surgió en la Republica Dominicana.
En nuestro país el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim)1 contabiliza desde el 28 de abril de 2008 y hasta este momento 118, 843 casos registrados de violencia contra la mujer, un número que aumenta minuto a minuto.
El fenómeno de la violencia en contra de la mujer es una violación a los derechos humanos, que está anclada en la construcción vertical y jerarquizada de la sociedad, donde la diferencia siempre ha implicado desigualdad en detrimento de las mujeres, en virtud de ello es necesario tomar conciencia, para que el Estado mexicano emprenda las acciones necesarias para lograr erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todos los Congresos Locales, Gobiernos estatales, Municipales, al Jefe de Gobierno del distrito federal y los 16 Jefes Delegacionales, a unirse para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, así como para emprender las acciones necesarias para asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tales como políticas públicas orientadas para la prevención, atención y erradicación de la violencia y los protocolos necesarios que aseguren el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Notas
1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php
2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres. aspx?tema=P
3 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Viole nceAgainstWomen.aspx
4 Datos tomados del Banco Mundial, 2003, disponible en http://datos.bancomundial.org/
5 Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
6 Disponible en
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
7 Disponible en http://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a implantar un programa contra la venta de productos de tabaco ilegales en el país, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 3 de noviembre del presente como parte de las acciones de la Mesa de combate a la Ilegalidad el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), se inició la destrucción de 46 millones 56 mil 970 cigarros en la aduana de Pantaco, en la Ciudad de México.
En este evento, el doctor Manuel Mondragón y Kalb, comisionado nacional contra las Adicciones, manifestó con preocupación el aumento de la incidencia de tabaco ilegal y con más preocupación la disminución de la edad de inicio en tabaco. “Es el tabaco apócrifo el que pretende inundar nuestro país. Tabaco que por lo regular es consumido por los niños y adolescentes, porque el costo de este tabaco apócrifo es muy bajo. Este “tabaco” lo que menos tiene es tabaco, está lleno de arcilla, madera, cantidades altas de plomo arsénico, una serie de materiales que dañan profundamente cualquier organismo”.
La Cofepris, a través del comisionado Mikel Arriola manifestó que la protección a la salud como mandato constitucional, orienta las acciones coordinadas de combate a la ilegalidad. El consumo de tabaco ilegal agudiza los riesgos a la salud, ya que estos productos no cuentan con certificados de buenas prácticas de manufactura, lo que impide controlar la cantidad y calidad de las sustancias que contienen estos productos. El combate a la ilegalidad es una muestra del cumplimiento de México al Convenio Marco para el Control al Tabaco.
Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, confirmó que sumando esa destrucción que se llevó a cabo, entre 2013 y 2015 fueron destruidos un total de más de 229.8 millones de piezas. El funcionario reconoció que las destrucciones que se han llevado a cabo son todavía muy pocas respecto de lo que se está ingresando, el 17 por ciento del mercado del cigarro que se consume en México tiene un origen ilícito; por lo que todavía existe una gran deuda con la población mexicana respecto a este tema.
El incremento al impuesto especial sobre producción y servicios sobre tabacos ha motivado la demanda de estos productos ilegales. Al año el SAT deja de recaudar por cigarros apócrifos 5 mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con datos de Cofepris en este sexenio confirmo se han triplicado los operativos de vigilancia sanitaria, al pasar de 22 a 66 y se han decomisado grandes cargamentos de tabaco ilegal en Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y en el Distrito Federal. Se han emitido 360 suspensiones a establecimientos, donde se detectó la venta de este producto ilegal. En México seguirá siendo una prioridad eliminar el tabaco ilegal en el país. De acuerdo a la Cofepris actualmente existen en México más de 260 marcas de productos ilegales de tabaco en el país, conforme a las alertas sanitarias emitidas desde 2012.
El 17 por ciento del total de cigarrillos que se consumen en el país es ilegal y provienen de China, India y Vietnam. El mercado ilícito alcanzó un tamaño relevante en los últimos años, generando un daño al gobierno, consumidores, fabricantes y comerciantes legítimos. Esto al evadir impuestos, desestabiliza mercados y engaña a los consumidores.
Reconocemos el esfuerzo del SAT, PGR, Cofepris y Conadic, y exhortamos a través de esta soberanía a redoblar los esfuerzos sobre el tema. Estás acciones que se han realizado buscan evitar el ingreso del tabaco ilícito al país, sin embargo hay que combatir el tabaco ilícito que se encuentra ingresado en el país, en tiendas tradicionales y en muchos establecimientos mercantiles. Es ahí donde solicitamos la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para llevar a cabo un programa en materia de combate a la venta de tabaco ilícito en el país, de acuerdo a sus facultades. Exhortamos a que la Profeco de manera conjunta con las demás autoridades participe activamente en la lucha contra la venta del tabaco ilícito en el país.
La Profeco posee facultades de revisión en los establecimientos mercantiles, las cuales debe ejercer para colaborar con todas las autoridades en la lucha contra el comercio de tabaco ilícito.
En el Grupo Parlamentario del PRD, reconocemos las acciones que el gobierno federal a través del SAT, PGR, Cofepris y Conadic ha implementado a través de la Mesa de Combate a la Ilegalidad para el combate del mercado ilícito de tabaco en el país, conscientes del impacto directo que estos productos tienen en la salud pública. Sin embargo, es imperativo señalar que estos esfuerzos deben continuar y que se debe proteger directamente al consumidor, a través de la revisión a los comercios, mediante la intervención directa de la Profeco.
En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que ejerza sus facultades, implemente un programa en materia de combate a la venta de productos de tabaco ilegal en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015
Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la adhesión del Estado mexicano a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por los diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jorge Carlos Ramírez Marín, Yolanda de la Torre Valdez y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
Las y los que suscriben, Yolanda de la Torre Valdez, César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Edith Anabel Alvarado Varela, Yarith Tannos Cruz, José Alfredo Torres Huitrón, María Guadalupe Oyervidez Valdez, Fabiola Guerrero Aguilar; María Monserrath Sobreyra Santos, María Isabel Maya Pineda, María Angélica Mondragón Orozco y Manuel Vallejo Barragán; diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, en el artículo 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 15 de junio del año en curso en la ciudad de Washington, DC, la Organización de los Estados Americanos, promulgó el documento titulado “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de la Persona Mayor”. Con las firmas de los países hermanos de: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, este instrumento internacional pionero en los derechos humanos de las personas adultas mayores, reconoce la diversidad de dificultades que enfrentan las personas mayores de 60 años en el Continente, donde convergen economías altamente desarrolladas y poblaciones en pobreza extrema, pero que en ambos polos de desarrollo, este grupo social se encuentra en vulnerabilidad respecto a otros grupos sociales clasificados por edad.
En el caso particular de nuestro país, el Gobierno ha venido desarrollando diversas políticas públicas, con el objetivo de garantizar el acceso en plenitud a todos los Derechos Humanos, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales. El 25 de Junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se promulga la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, la cual tiene como objetivo, garantizar los derechos de este grupo social , a través de la definición de la política pública en materia, los principios y responsabilidades que la administración pública federal, las entidades y los municipios deberán observar para el cumplimiento del objetivo de la Ley, así como el marco normativo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
La política pública en materia durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, ha desarrollado programas en beneficio directo hacia este colectivo social, concentradas dentro del Programa de Inclusión Social “Prospera”, que opera tres acciones específicas en materia, en primer lugar la Pensión Universal para Adultos Mayores, en cumplimiento al compromiso de campaña firmado por el Lic. Enrique Peña Nieto, el cual tiene por objetivo, “Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así? como la entrega de apoyos de protección social, a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo”; en segundo lugar se ha implementado el Programa de Comedores Comunitarios el cual tiene como objetivo “...desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la Cruzada contra el Hambre.”, finalmente se encuentra en operación el programa denominado “Vinculación productiva de las personas adultas mayores”, cuya misión es sensibilizar a los empresarios y prestadores de servicios para ofrecer puestos de trabajo, con prestaciones de Ley, a personas mayores de 60 años.
El gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, realizan acciones afirmativas, para combatir los rezagos y empoderar plenamente a este grupo social, brindando servicios como educación continua, asesoría jurídica, protección contra la violencia, la discriminación y el abandono, recreación a través de la cultura y el deporte, entre otros.
De esta forma el Estado mexicano genera acciones puntuales para combatir los rezagos y solventar los requerimientos mínimos de las Personas Adultas Mayores, en una clara línea hacia su empoderamiento progresivo.
2. En relación al asunto que nos ocupa, el derecho internacional y el derecho interno, mantienen una relación jerárquica perfectamente establecida en la Constitución, señalando como base el artículo 133, en cuyo texto se lee:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma , celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión . Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el 3 de septiembre de 2011, a posterioridad de la reforma constitucional al artículo 1o. de junio del mismo año, que cuando se tratare de Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos, se encuentran en el mismo nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Contradicción de Tesis 293/2011, se cita lo siguiente:
Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución . Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa ley fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé? la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.
Respecto a la celebración y trámite de los tratados internacionales, la Constitución define las competencias relativas para su aceptación e incorporación al derecho interno. Primeramente se cita la fracción X del artículo 89, en cuyo texto se lee:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. a IX. ...
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
En correlación el Senado de la Republica adquiere las siguientes atribuciones, bajo el mandato de la Fracción I del Artículo 76, que se cita a continuación:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba , así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Asimismo, el artículo 15 constitucional, expresa explícitamente la prohibición del Presidente o del Senado a suscribir tratados que atenten en contra de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados previamente incorporados al derecho interno.
Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte .
Finalmente el artículo 117, prohíbe explícitamente la celebración de tratados internacionales por parte de los Estados que conforman la Unión al carecer estos de personalidad jurídica para celebrar convenios en el Derecho Internacional.
Artículo 117 . Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras .
De esta forma se establece que solamente el presidente de la República y el Senado guardan atribuciones específicas para la celebración, ratificación y promulgación de tratados internacionales. Es por lo considerado en este punto que se funda la presente proposición con punto de acuerdo.
3. Las personas adultas mayores representan el 6.3 por ciento de la Población según datos del Inegi, contenidos en el censo de Población y Vivienda del 2010, aproximadamente 7.4 millones de personas son adultas mayores. Al interior de este grupo poblacional las mujeres representan el 60 por ciento, esta medición toma como base la edad de ingreso en 65 años.
Sin embargo, existe un fenómeno conocido como “Índice de Envejecimiento”, que expresa la relación entre las personas adultas mayores y la cantidad de jóvenes. Este dato es relevante en materia de población pues de él se toman decisiones presupuestales en materia de salud, educación, productividad, empleo, etc., debido a que establece un factor proporcional entre las personas en la población económicamente activa, la población que demanda servicios y derechos y la población que está próxima a incorporarse a alguna de las dos anteriores.
El índice de envejecimiento en el año de 2010 fue de 21 personas adultas mayores (de 60 años o más), por cada 100 niños y jóvenes (menores a 14 años). En el año de 1990 este indicador estadístico se ubicó en 16/100. Es decir, en 10 años la población adulta mayor en México se duplicó, algunas estimaciones ubican a este factor en 26/100 en el año de 2050, (Cepal). La simple evidencia estadística, nos permite establecer que es necesario atender desde el día de hoy, a la minoría vulnerable más numerosa, que representará en 2020 el 8.5 de la población
Adicionalmente, para comprender este dato y su alcance debemos considerar que la esperanza de vida en México ha aumentado, en el año de 2014 la esperanza de vida se ubicaba en 75 años (Inegi); La esperanza por género se concentra de la siguiente manera, 72 años para los varones y 77 años para mujeres. Más aún, si se hace un detallado análisis de este indicador dentro de la población adulta mayor, se encuentra que la esperanza de vida de las personas adultas mayores también ha aumentado, es decir, no solamente las y los mexicanos aspiran a vivir más, sino que las personas que alcanzan la edad de 65 o más años, también han aumentado su esperanza de vida. Por lo que la población en edad avanzada continuará creciendo, aumentando proporcionalmente la variable del índice de envejecimiento.
La situación de las personas adultas mayores, respecto al ejercicio de los Derechos Humanos refleja una diversidad de retos importantes, según datos del Inegi en el documento titulado “Los Adultos Mayores en México”, en el año 2000, el 30 por ciento de la población adulta mayor del país era analfabeta, y aproximadamente el 4 por ciento tenía estudios profesionales, en una sociedad donde las habilidades laborales adquiridas en base a el aprendizaje de competencias deja en una clara desventaja, a este sector poblacional para obtener un empleo formal remunerado.
Según datos obtenidos en 2004 por el Inegi, la participación económica de las Personas Adultas Mayores, no superaba el 36 por ciento, al evaluar este dato por género, se cuenta que los hombres mantenían el 56 por ciento de la participación económica y las mujeres solo el 19 por ciento. Es decir 56 de cada 100 hombres mayores de 60 años aún tenían un empleo remunerado formal.
Para comprender la gravedad de este dato, 64 de cada 100 adultos mayores en México, no participa en el desarrollo económico, lo cual produce que deban vivir de la “dependencia” de otros sectores poblacionales más jóvenes, que aún los superan en número, pero como se ha expuesto anteriormente, el envejecimiento poblacional incrementará el número de dependientes económicos y disminuirá las personas insertas en el desarrollo.
En el Diagnóstico del Programa Pensión para Adultos Mayores, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, se obtiene el dato que, en el año de 2010, 5.7 millones de personas adultas mayores no contaban con un ingreso proveniente de una pensión o jubilación.
Cruzando los datos de dependencia económica con el número de personas carentes de un ingreso por vía de la seguridad social y a pesar de la diferencia de 6 años entre los indicadores, no es incierto suponer, que la población adulta mayor en situación de dependencia económica y por tanto altamente vulnerable, supera a los 5 millones de personas.
Este simple hecho nos permite motivar el presente punto de acuerdo.
4. Derivado de las reuniones de trabajo, en la Organización de los Estados Americanos, tendiente a desarrollar la Convención que motiva la solicitud de adhesión de la presente proposición con punto de acuerdo, se citan a continuación diversos extractos del documento titulado: Visión de México sobre los derechos de las personas mayores y las correspondientes obligaciones del Estado mexicano:
México considera que no existe un completo vacío de protección para este sector de la población habida cuenta de las importantes acciones que lleva a cabo la comunidad internacional para proteger los derechos de las personas en general; sin embargo, todavía no existe un régimen de protección internacional específico para este sector de la población que estandarice los derechos de las personas adultas mayores y que establezca los mecanismos y el órgano para hacerlos exigibles. Una Convención Interamericana subsanaría esta falta y, además, podría aportar una visión regional sobre el tema y servir como punto de referencia para acciones similares que pudieran emprenderse en otros foros regionales o internacionales.
México hace patente su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores al apoyar los esfuerzos que lleva a cabo el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores (dependiente de la Organización de los Estados Americanos) con el fin de crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante que estandarice los derechos de dicho sector y que establezca los mecanismos y el órgano para hacerlos exigibles.
Lo anteriormente citado reafirma la convicción del Estado Mexicano por proteger y garantizar los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, en particular las Personas Adultas Mayores, pero es de recordar, que nuestro país es el principal impulsor de tratados internacionales, que han permitido a diversos grupos sociales, contar con instrumentos legales para acceder en igualdad de condiciones a los Derechos Humanos.
Entre ellos, señalamos puntualmente la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, impulsada por un mexicano universal, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, la cual dio como fruto en 2011, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, promulgada durante la LXI Legislatura Federal; igualmente referimos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem Do Pará”; de la que han surgido acciones como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual tuvo como consecuencia la reciente promulgación de la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue enviada en septiembre de 2014, como iniciativa preferente a al honorable Congreso de la Unión por el Ejecutivo federal.
De igual forma, México ha suscrito y ratificado una serie importante de convenios y tratados internacionales en su interés por perfeccionar el marco jurídico nacional a favor de todas las personas.
Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruiz Massieu, a que de acuerdo a la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales, tenga a bien analizar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor y valorar su pertinencia, a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha convención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a 24 de noviembre de 2015
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota, Yarith Tannos Cruz (rúbrica), María Guadalupe Oyervidez Valdez, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, María Isabel Maya Pineda, María Angélica Mondragón Orozco, Manuel Vallejo Barragán, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias encargadas de la seguridad pública a evitar el posible linchamiento de personas detenidas por pobladores de algún lugar acusadas de haber delinquido, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. Recientemente, en distintos municipios del estado de Puebla, se han llevado a cabo varios linchamientos en los que a las víctimas se les ha dado muerte, en algunos de los casos dichas víctimas han sido torturadas a grado tal de haber sido quemadas, golpeadas o ahorcadas hasta privarles de la vida; tales linchamientos han sido llevados a cabo por pobladores en distintos lugares del estado y en contra de personas que cometieron algún delito o exista la presunción de que lo hayan cometido.
En septiembre de 2014, fue linchada una persona por la supuesta comisión del delito de robo en San Andrés Ahuetelco en el municipio de Cohuecán, los pobladores decidieron colgarlo de un árbol tras haberlo encontrado culpable del robo de un vehículo. La Procuraduría dio fe del linchamiento.
El 28 de septiembre de este año, también en Cohuecan en el propio estado de Puebla, dos personas fueron linchadas después de haber sido acusadas de haber intentado secuestrar a una menor, los pobladores del lugar les dieron muerte tras haberlas torturado.
El sábado 17 de octubre del presente año en San Martín Texmelucan, la policía se enfrentó con pobladores que pretendían linchar a un conductor de un vehículo en el que después de un accidente de tránsito en el que falleció una persona, se le culpaba de haber sido el responsable de dicho homicidio.
Es preocupante que en el período de un año y sólo el estado de Puebla, registra un total de 26 linchamientos a partir de octubre de 2014 al mismo mes de 2015.
2. Recientemente en el municipio de Ajalpan, también en Puebla, los pobladores del lugar llevaron a cabo la detención ilegal de dos personas acusadas supuestamente del secuestro de una menor, por esta razón fueron linchados y quemados por dichos pobladores.
No obstante, antes de realizado el linchamiento, la autoridad municipal intervino y detuvo a las dos personas resguardándolos en la cárcel municipal, a fin de realizar la investigación correspondiente.
Cabe destacar, que la autoridad corroboró la identidad de las dos personas y las mantuvo resguardadas para su protección.
Sin embargo, la turba de pobladores consiguió extraerlos de la cárcel, los torturó y finalmente les dio muerte incinerándolos. Tal situación sugiere debilidad institucional.
Aunque ya existen procesos judiciales por homicidio calificado y motín en contra de los probables responsables de tales crímenes, tales procesos tienen un carácter sancionatorio y resarcitorio de los daños, sin embargo, lo que aquí se plantea, es una cuestión que tiene que ver más con la prevención del delito, es decir, en el sentido de que se impida de manera previa, por todos los medios legales posibles, que se lleven a cabo tales actos de barbarie que derivan en violación a la obligación que toda autoridad tiene de garantizar y proteger los derechos humanos, consistentes en salvaguardar la vida e integridad de las personas y en todo caso el derecho al debido proceso legal.
3. Cabe destacar, que en octubre de 2014, la alcaldía de Ajalpan fue incendiada con motivo de un hecho similar en el que los pobladores del lugar perseguían a varios sujetos acusados de cometer delito.
Considerandos
Primero. Que es atribución del Consejo Nacional de Seguridad Pública, como instancia superior de coordinación, promover políticas en materia de atención a víctimas, su efectiva coordinación y el intercambio de información de conformidad con las fracciones IV y XII del artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan: “El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
“...V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;”
“...XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las instituciones de los tres órganos de gobierno”.
Segundo. Que de conformidad con el artículo 29 fracciones X y XII de la Ley en mención, es facultad de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, “Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales” y “Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos”.
Tercero. Que es facultad de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal de acuerdo con el artículo 33 fracción II de la ley de la materia: “Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;”
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, para que dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instrumenten, en el territorio nacional, de forma urgente y coordinada, operativos especiales de prevención, a fin de salvaguardar, de manera oportuna, la vida e integridad las personas detenidas y evitar el posible linchamiento de quienes sean detenidos por ciudadanos o pobladores de algún municipio o delegación, acusados de haber cometido algún delito.
Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal a transversalizar la política de Estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes para incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal para transversalizar la política de estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes con el fin de incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales, bajo las siguientes
Consideraciones
Las cifras del impacto de los desastres en nuestro país en los últimos años indican una creciente tendencia en cuanto a daños y pérdidas, que impactan negativamente la economía del país, a los sectores productivos, a la sociedad en su conjunto y a los esfuerzos del gobierno por alcanzar un desarrollo sustentable. A esto es necesario agregar que los escenarios del cambio climático y sus efectos ya perceptibles agravan las expectativas a futuro en cuanto a los desastres. Es momento de reflexionar si estamos haciendo lo correcto o si es el momento de implementar una política de estado orientada a prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Ya que la política de protección civil y de reducción del riesgo de desastres debe y tiene que ser transversal.
En efecto, como señala el proyecto de resolución del nuevo Marco de Acción de Sendai, acordado por la comunidad internacional en la Tercera Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en la Ciudad de Sendai, Japón, en marzo pasado, “.... con el fin de reducir el riesgo de desastres, es necesario abordar los desafíos existentes y prepararse para los futuros centrándose en... vigilar, evaluar y comprender el riesgo de desastres y compartir dicha información y la forma en que se crea; fortalecer la gobernanza y la coordinación en materia de riesgo de desastres en las instituciones y los sectores pertinentes, y la participación plena y significativa de los actores pertinentes a los niveles que corresponda; invertir en la resiliencia económica, social, sanitaria, cultural y educativa de las personas, las comunidades y los países y el medio ambiente, así como a través de la tecnología y la investigación; mejorar los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples, la preparación, la respuesta, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”.
Por eso, ciertamente, es ineludible que se realice lo expresado por el Presidente Enrique Peña Nieto en la pasada convención nacional de protección civil, en el sentido de “que los planes de desarrollo incorporen, de forma obligatoria, la gestión integral del riesgo y que la Federación pueda participar en la regulación y sanción de asentamientos humanos, que pongan en riesgo la vida de sus habitantes”. Ello implica, como también lo señaló, hacer adecuaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, para armonizarla con los estándares internacionales de desarrollo urbano en materia de Protección Civil, además de contar con una guía de resiliencia urbana.
Esto sin duda es fundamental para evitar que se generen nuevos riesgos, reducir los existentes, y prepararnos para atender eficazmente cuando se manifiesten los riesgos residuales en emergencias, al mismo tiempo que lograr una reconstrucción resiliente.
Lo dicho por el Presidente, significa, además, que cada municipio y localidad cuenten con su respectivo atlas de riesgo, como instrumento vinculante en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Es decir que, a partir de hoy, ningún nuevo proyecto de inversión, ningún nuevo desarrollo industrial, ninguna obra de infraestructura, ningún asentamiento humano, deben ser los desastres del futuro. Ejemplo reciente y más que claro de esto, son los deslaves en Santa Fe. Se trata de una genuina reforma urbana en la que todos los actores de los tres niveles y sectores de gobierno, así como la sociedad, trabajen en sus respectivas responsabilidades.
No obstante, insertar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en la planeación del desarrollo, requiere mucho más que la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos. Es indispensable adecuar de manera integral todo el marco normativo para incorporar ese enfoque como una efectiva política de Estado.
Es necesario transversalizar las prioridades y principios de la Gestión del Riesgo en toda la acción pública. Así, de manera enunciativa, mas no limitativa, se encuentran la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Obras y Servicios Generales, las normas y lineamientos de la Secretaría de Hacienda para los Proyectos de Inversión Pública, las Leyes Generales de Educación y Salud, la Ley de Desarrollo Social y la de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras vinculadas a la toma de decisiones que afectan al desarrollo. Esa tarea legislativa nos corresponde a nosotros, las diputadas y diputados de este Congreso.
La gestión del riesgo de desastre debe ser parte del quehacer diario del país. La prevención efectiva debe realizarse, debe iniciarse muchos años antes del impacto de los desastres, trabajando en la reducción del riesgo. Esto no significa que no debamos estar preparados para afrontar contingencias y contar con protocolos de respuesta, pero en la medida que enfoquemos nuestros esfuerzos y recursos en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo, en esa misma medida reduciremos la gestión reactiva y la reconstrucción.1
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, el presente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a las dependencias de la administración pública federal para transversalizar la política de Estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes con el fin de incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales.
Nota
Gestión integral de riesgos: Proceso de planeación, participación y toma de decisiones, que basado en el principio de la multifactorialidad del riesgo de desastres, deriva en un modelo de intervención gubernamental y de la sociedad en su conjunto, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, siendo parte intrínseca de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre de 2015.
Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la CNDH que difunda el ejercicio de sus facultades para investigar hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. En 1992 se publicó el decreto que crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órgano desconcentrado y autónomo, cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos humanos, con las siguientes funciones:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política;
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;
VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;
VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;
IX. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;
2. México, en materia de derechos humanos ha suscrito al menos 200 convenios, cartas, protocolos, estatutos o tratados internacionales encaminados a los diferentes sectores de la población a fin de atender las diferencias derivadas de la edad, sexo, nacionalidad o preferencia sexual.
3. La violación de los Derechos Humanos por parte de funcionarios es un práctica que aumenta año con año, lo cual se refleja en las quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2013 se presentaron 22 mil 213 quejas, en 2014, 23 mil 246 y hasta septiembre de 2015 se llevan 21 mil 836. Por el comportamiento de los números es probable que la cifra de este año supere al anterior.
4. La Organización de las Naciones Unidas, si bien ha reconocido los avances en materia legislativa respecto a los derechos humanos en México, en el informe A/HRC/26/36/Add.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el apartado Consideraciones Generales número 15, hace referencia a 31 acciones del gobierno mexicano que han vulnerado el derecho a la vida destacando lo siguiente:
a veces combinadas...: amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales; y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte.
También hace hincapié sobre las consecuencias negativas del uso de las fuerzas armadas en labores policiales y su vinculación, derivada de las actividades que desarrolla, con la población civil, coloca a esta última en una situación vulnerable al atropello de sus derechos. Entre las personas más afectadas se encuentran las mujeres, los periodistas, defensores de derechos humanos, las personas migrantes, las niñas, niños y adolescentes.
5. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a diversas sentencias contra el Estado mexicano por la violación grave de los derechos humanos, entre las que destacan las detenciones arbitrarias por parte del elementos del ejército y tortura en el caso de los señores Rosendo Radilla, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, desapariciones de mujeres en el caso del Campo Algodonero, violencia sexual en el caso de Inés Fernández Ortega.
6. En noviembre del presente año, durante el foro “Hacia la erradicación de la tortura sexual a mujeres: propuestas y perspectivas nacionales e internacionales”, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció la persistencia de la tortura en México, situación que se agrava, dijo, cuando se comete contra mujeres, adolescentes y niñas, utilizando la violencia sexual como un medio para obtener sus fines, llegando a configurar tortura sexual.
7. Entre los casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos, por mencionar algunos, se han documentado las ejecuciones extra oficiales en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán y la desaparición forzada por elementos militares de 7 personas que posteriormente fueron encontradas sin vida, en Zacatecas. En 2014, la ejecución extrajudicial en Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos en Guerrero. Reporteros Sin Fronteras da la cifra de 3 periodistas asesinados en lo que va del año y 17 en la última década convirtiendo a México en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.
8. Todos esos hechos han sido atendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Por ejemplo en julio de 2015 presenta sus observaciones por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala, en la que hace 32 observaciones a Procuraduría General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía de Guerrero y al heróico ayuntamiento municipal del Iguala de la Independencia, Guerrero.
9. A pesar de los esfuerzos que hace la CNDH; en octubre previo a la visita de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos un centenar de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos, manifiestan en una carta su preocupación por la sistemática violación y el aumento de casos de impunidad.
10. Reconozco la importante labor que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, considero oportuno comenzar un proceso de reflexión y análisis sobre los resultados que ha arrojado la facultad constitucional que se le otorgó a dicho organismo autónomo para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
11. No dudo de los resultados de la comisión al respecto, por lo que lo que esta solicitud se encuentra fundamentada en ejercicio de las facultades constitucionales de articular esfuerzos que coadyuven a una tutela efectiva de los derechos fundamentales en nuestro país.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la siguiente soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a haga de su conocimiento público sobre el ejercicio de sus facultades constitucionales para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos y envíe el soporte documental del mismo.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de noviembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 31 entidades federativas y el DF a implantar campañas de salud sexual y reproductiva y de prevención del embarazo en adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno de las 32 entidades federativas para que implementen campañas de salud sexual, reproductiva y de prevención del embarazo no planeado en adolescentes, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define como adolescencia al “periodo de vida en el cual el individuo adquiere capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica”.
2. Según datos de la OMS anualmente alrededor de 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años de edad dan a luz, lo que representa aproximadamente 11 por ciento de todos los nacidos en el mundo. Asimismo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, indica que de acuerdo con el informe del estado de la población mundial por cada mil nacimientos que ocurren en América, 74 provienen de mujeres adolescentes.
3. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en México habitan 22 millones 804 mil 83 adolescentes. Esta población equivale a 20.2 por ciento del total de habitantes en el país. De este total, 50.3 por ciento son hombres y 49.7 por ciento son mujeres.
4. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé, esto es, 1 de cada 5 nacimientos. Esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres, tan sólo en 2013.
5. Una medición sobre la prevalencia de embarazos en adolescentes, arrojó los siguientes resultados:
• 2 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen de 15 a 19 años.
• De cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, 2 han iniciado vida sexual.
• 4 de cada 10 mujeres adolescentes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
• De cada 10 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años, 2 han estado embrazadas en más de una vez.
• 1 de cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que inicia vida sexual se embaraza.
• 4 de cada 10 embarazos adolescentes no son planeados o deseados.
• Del total de nacimientos en el país 17 por ciento corresponde a adolescentes.
• 1 de cada 10 muertes maternas en el país ocurre en mujeres de 10 a 18 años.
6. La Secretaría de Salud estima que las muertes perinatales son 50 por ciento más altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres de entre 20 y 29 años. En el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen complicaciones durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida, virus del papiloma humano y finalmente el aborto. En cuanto al producto, se presentan antecedentes de prematurez, bajo peso, retardo en el desarrollo cognitivo y retardo en el crecimiento físico.
Estas complicaciones junto con el impacto psicosocial, traen aparejado el incremento de la morbimortalidad materno infantil.
7. En 30 de las 32 entidades del país, las leyes de protección a los derechos de la niñez y adolescencia establecen en materia de salud algunas disposiciones encaminadas a la prevención, protección, información y educación en materia de embarazo en adolescentes.
Considerandos
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; al tenor de lo siguiente:
“Artículo 4o. ...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta Constitución.”
Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
Tercero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o. numeral 1, fracción I; mismo que señala:
“Artículo 6.
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;
...”
Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:
“Artículo 79.
1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:
I. ...
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los Poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y
2. a 3. ...”
Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:
“Artículo 79.
1. ...
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de grupo, pasarán a comisión;
III. a IV. ...
V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3, de este Reglamento;
VI. a VII. ...
3. ...”
Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:
“Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
I. a III. ...
IV. La atención materno-infantil.
IV Bis. a IV Bis 2. ...
V. La planificación familiar;
VI. a X. ...
XI. Educación para la salud.,
XII. A XXVIII...”
Séptimo. Que el Capítulo VI Servicios de Planificación Familiar, de la ley en cita antes señala que:
“Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
...
...
...”
“Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:
I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población;
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;
III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.
IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;
V. a VI. ...”
“Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.”
“Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.”
Octavo. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en materia de protección de la salud y seguridad social tienen garantizados los siguientes:
“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. a IV. ...
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;
VII. a X. ...
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;
XII. a XVIII. ...
...
...
...”
Noveno. De acuerdo con la estrategia “Participar en el fomento de políticas para la salud integral de las personas jóvenes” del objetivo “Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad” del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, se establece como línea de acción:
“Colaborar en la implementación de estrategias integrales para prevenir el embarazo temprano”
Décimo. Que es necesario implementar programas que garanticen el acceso de la población adolescente a servicios de salud integrales, amigables y cercanos, desde la promoción del autocuidado y la toma de decisiones previniendo embarazos en adolescentes mejorando así su calidad de vida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que, respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implementen campañas de salud sexual, reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
Con motivo del aniversario de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI
Con su venia diputado presidente:
Compañeros diputadas y diputados:
El 23 de noviembre de 1825 concluye un girón de nuestra historia que permite reflexionar sobre las dimensiones del poder, los valores y la situación político-económica de una nación en los albores de su gestación.
Al consumarse nuestra Independencia, en septiembre de 1821, las fuerzas militares españolas, con apoyo de su armada, toman como bastión el Castillo de San Juan de Ulúa, asediando desde ahí al puerto de Veracruz. Por lo tanto, la nación mexicana no podía ejercer su plena soberanía.
La lucha ahora debería continuar en el mar. En ese contexto, nació la Armada de México, con capacidades limitadas “... para arrojar del continente los últimos restos de la dominación española” . Así lo informó el ministro de Guerra y Marina, al primer Congreso Mexicano, en noviembre de 1823, quien además agregó:
“...habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina sólo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la Independencia Nacional...”
De inicio, se estableció un bloqueo naval sobre Ulúa; exiguo, hasta que el capitán de Fragata, Pedro Sainz de Baranda, organizó una escuadra que se enfrentó a los buques españoles, los cuales ante esta acción, se desistieron del combate y retornaron a La Habana.
Ya sin apoyo, las fuerzas españolas capitularon y el 23 de noviembre de 1825 , por fin, en San Juan de Ulúa, se izó nuestra Bandera Nacional.
Por primera ocasión, el poder naval logró salvaguardar la soberanía en el mar territorial y “consolidar por siempre la Independencia Nacional”. En conmemoración, la citada fecha se simbolizó como el “Día de la Armada”.
Hoy, hombres y mujeres de la Secretaría de Marina-Armada de México ejercen sus facultades con medios operacionales de tierra, mar y aire, a fin de lograr las metas para un México en paz, objetivo toral de la seguridad nacional, así como para proteger los intereses económicos del poder marítimo , expresado por las actividades productivas realizadas en las costas y zonas marinas.
Enarbolando un elevado compromiso de respeto a los derechos humanos , con disciplina y su sentido de lealtad al servicio de la nación, la Armada de México asume su responsabilidad en apoyo al bienestar de nuestros conciudadanos, en todo nuestro querido México.
Es cuanto diputado presidente
México, DF, a 24 de noviembre de 2015.
Atentamente
Diputado Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Jesús Salvador Valencia Guzmán, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ; al tenor de las siguientes
Consideraciones
La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos reafirma, año con año, una realidad que debería de estar erradicada por completo: la violencia hacia las mujeres y niñas en el mundo existe y es cada vez mayor.
Por ello, desde 1981, las defensoras y los defensores en favor del derecho de la mujer establecieron el 25 de noviembre como el día contra la violencia hacia el sector.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Con base en lo anterior, reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos y que en consecuencia lógica, la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 48/104 Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer , la cual será el antecedente directo para que el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 , la Asamblea General declarara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por ello, en el marco de dicha celebración, debemos de sumar voluntades a efecto de que no solamente el 25 de noviembre de cada año sea el día mediante el cual se busque la eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas, por el contrario, hagamos que todos los días, desde nuestra trinchera, sumemos acciones a favor de la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres y niñas de este país.
Hagamos que la estadística cambie, de acuerdo a datos proporcionados por Unicef, en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental; en 2012 en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de la familia; en América Latina cada minuto, cuatro menores sufren abusos sexuales. Al menos tres, son niñas, las cuales nunca lograran recuperarse de ese trauma. En la mayoría de los casos, los agresores son miembros de la familia. Porque la violencia y discriminación no sólo es un asunto de mujeres adultas, involucra también a niñas y adolescentes.
Por todo lo anterior, pugnemos por que existan más hombres y niños alzando la voz contra la violencia, que no quede en buenas intenciones; la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar.
Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el marco de dicha celebración, nos sumamos a este esfuerzo reafirmando nuestro compromiso de acompañar, fomentar y legislar para que la violencia hacia las mujeres y niñas sea eliminada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Atentamente
Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)
Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del PVEM
Nuestro país, en términos marítimos, cuenta con una posición geográfica privilegiada, ya que está rodeado por dos de los océanos más importantes de nuestro planeta, el Pacifico y el Atlántico, además de contar con una superficie marítima de aproximadamente 3 millones de kilómetro cuadrados en su zona económica exclusiva.
México al ser un país ribereño, necesita tener presencia real en el mar con el objeto de mantener abiertas sus líneas de comunicación marítima; garantizar la libre circulación de mercaderías y personas; proteger y explotar las riquezas del mar, su lecho y subsuelo; así como emplear el mar en el orden político internacional.
En este sentido, la Armada de México es la institución mexicana que tiene la difícil y compleja tarea de la vigilancia, protección y salvaguarda de las costas, mar territorial, zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de mexicano.
Año con año, se celebra cada 23 de noviembre el Día de la Armada de México, ya que en dicha fecha la recién creada Marina de Guerra mexicana, logró la expulsión del último reducto español que resistían en el Fuerte San Juan de Ulúa, con esta gesta se culmina la Independencia de nuestro país.
Pero esta no es la única ocasión en la que la Armada de México participó en la defensa de nuestro territorio, en abril de 1914, el puerto de Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana, en esta ocasión cadetes y voluntarios lucharon heroicamente en contra de los invasores.
En la actualidad la Armada de México tiene la misma misión pero se enfrenta a nuevas amenazas, entre estas amenazas están: el narcotráfico, terrorismo y sabotaje, la piratería y los desastres naturales.
Los narcotraficantes, quienes en las últimas décadas se han dedicado a trasladar por nuestras aguas territoriales grandes cantidades de droga hacia su destino en la Unión Americana, para evitar lo anterior y con la finalidad de hacerles frente de la mejor manera la Armada de México cuenta con experimentado personal naval, los cuales están equipados con aparatos de última tecnología, como son: patrullas oceánicas, interceptoras y de vigilancia costera.
Asimismo, los piratas modernos constituyen otra amenaza importante, estas bandas delictivas utilizan embarcaciones rápidas y armas de grueso calibre, los cuales imitando la práctica de los legendarios piratas, buscan obtener ganancias atracando las embarcaciones, secuestrando tripulación e incluso cometiendo homicidios.
De igual manera, la Armada de México, con el fin de brindar apoyo a la población civil ante alguna contingencia a consecuencia del impacto de fenómenos meteorológicos o desastres naturales, establece el Plan Marina, siempre en coordinación con otras autoridades.
Dada la complejidad e importancia de las tareas encomendadas a la Armada de México, esta institución debe desarrollar en forma armónica y equilibrada el poder naval de la federación, actualizando y fortaleciendo su capacidad de respuesta.
Para atender adecuadamente las crecientes necesidades de defensa y seguridad nacional, es necesario vigorizar el programa de modernización de la armada, además de construir la infraestructura necesaria para su conservación y mantenimiento.
Por todo lo anterior, en el Partido Verde ofrecemos nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones de mayor prestigio y mejor ponderadas por la ciudadanía y hacemos votos para que la Armada de México siga defendiendo nuestra patria en la tierra, en el aire y en el mar.
Dado en la Cámara de Diputados a los 24 días del mes de noviembre de 2015.
Diputado Virgilio Mendoza Amezcua (rúbrica)
Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cada año, la Secretaría de Marina-Armada de México, celebra el día 23 de noviembre como la fecha memorable en que la recién integrada Marina de Guerra mexicana, logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la Independencia de México, mismas que estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza de San Juan de Ulúa.
El puerto de Veracruz fue el escenario principal de estos acontecimientos, especialmente la fortaleza de Ulúa. El 28 de septiembre de 1821, un día después de que Agustín de Iturbide entrara triunfalmente a la ciudad de México, se proclamó oficialmente la independencia. En Veracruz se encontraban aún presentes tropas españolas al mando del Brigadier José María Dávila, Gobernador del puerto, quien se negó a reconocer la Independencia.
En espera de instrucciones procedentes de La Habana, Cuba, el 26 de octubre de 1821 Dávila decidió trasladarse a la Fortaleza de San Juan de Ulúa y desde ahí efectuar la resistencia. Al mando de 200 soldados de la guarnición, tomó la artillería que necesitaba e inutilizó la que no podía llevar, tomando además noventa mil pesos de la Tesorería del Ayuntamiento. Ya en la fortaleza, izó la bandera española.
Al enterarse de las intenciones de Dávila, Agustín de Iturbide, ya investido del título de Almirante Generalísimo, designó al General Manuel Rincón como comandante de la plaza veracruzana el 27 de octubre de 1821. En la Fortaleza, Dávila recibía apoyo procedente de La Habana y de España, logrando reunir a más de 2000 hombres, además de algunas piezas de artillería.
Cabe mencionar que, recién consumada la independencia, Iturbide aprobó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, designando a Antonio de Medina Miranda como el primer Ministro de Estado del Despacho de Guerra y Marina. Además, el Almirante Generalísimo ordenó la formación de un batallón de Infantería de Marina y la adquisición de los barcos necesarios para constituir una Armada.
Después de más de tres años de la toma de Ulúa por parte de las tropas españolas, al quedar desamparado por la escuadra que venía a auxiliarlo, el Brigadier José Coppinger no tuvo otra salida más que la capitulación del fuerte, cuya acta se firmó el 17 de noviembre de 1825, y para el día 23 fue arriada en el Castillo la bandera española.
Esa gesta heroica fue realizada por el capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y de los hombres que comandaba, México les reconoce hoy y siempre su valor; y fue el General Miguel Barragán quién izó el Pabellón Nacional y ordenó una triple salva de veintiún cañonazos, quedando registrada esta fecha como la de la capitulación Texcoco, Orizaba, Campechana, Zumpango, Tampico, Papaloapan y Tlaxcalteca. Así fue como se formó la primera escuadrilla que actuó en el bloqueo de San Juan de Ulúa.
Fue el 21 de noviembre de 1991 que por decreto presidencial se conmemorara el 23 de noviembre como el día de la Armada de México.
Desde esa fecha ha sido este reconocimiento la mejor forma para difundir entre la población el cariño, el respeto y la admiración de esta institución y de sus mujeres y hombres que la forma.
Por ello hoy, en esta Cámara de Diputados reconocemos la gesta realizada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y de los hombres que comandaba.
Sabemos que en esas fechas con escasez pero con eficacia, surgió triunfante, la Marina Armada de México, y con orgullo puedo expresar que el pueblo de México debe sentirse orgulloso de una institución que día a día se compromete con nuestra patria al mantener la integridad, independencia y soberanía de la nación en los límites marinos del país.
Felicidades a todos los que integran la Marina Armada de México.
Muchas gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)
Con motivo del 14 de noviembre, aniversario de la fecha en que la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducirla pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción del buen gobierno.
Kofi Anan
Conmemorar el 41 aniversario de la fecha en que la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer, es motivo de celebración en un gobierno democrático.
El 14 de noviembre de 1974 la referida Cámara expidió el decreto para modificar el artículo 4° Constitucional, para elevar a rango constitucional la igualdad ante la ley del varón y la mujer, estableciéndose asimismo el derecho de toda persona para decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Con esta reforma México se colocaba en situación inmejorable para poder ser sede de la Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en 1975 y que sentó un precedente extraordinario en el reconocimiento de la igualdad entre la mujer y el hombre.
El entonces presidente Luis Echeverría Álvarez presentó ante la honorable Cámara de Diputados, el 18 de septiembre de 1974, una iniciativa de reforma constitucional que contenía la creación de un nuevo artículo (el 4o.) y reformaba los artículo 5o., 30 y 123 de la Constitución vigente. Esta reforma buscaba ser congruente con los logros de la Revolución Mexicana, encarnada en el Partido Revolucionario Institucional, con la finalidad de poner fin a todo tipo de medidas proteccionistas y discriminatorias en contra de la mujer, ya que como lo establece la exposición de motivos de dicha reforma:
...La revolución mexicana promovió la intervención solidaria de la mujer al proceso político, de manera que aquella participase, con libertad y responsabilidad al lado del varón, en la toma de las grandes decisiones nacionales. Para ello se reformó el artículo 34 de la Constitución General de la República en 1953 a fin de conceder plenitud de derechos políticos a la mujer y de expresar de ese modo, la decisión popular de conceder a los mexicanos, sin distinción de sexo, la elevada calidad de ciudadanos (...)
Con ello se continuaba con los cambios legislativos necesarios para avanzar respecto de la igualdad de género, buscando configurar una nueva realidad social donde mujeres y hombres, sin distinción, tuvieran igualdad en cualquier ámbito de la vida del país.
Sin duda alguna que dicha reforma fue fundamental para el cambio social, cultural y, desde luego, jurídico de nuestro México y fue hecha desde arriba, desde lo más alto, desde el vértice mismo de la jerarquía normativa: la Constitución, con los efectos de derecho que esto atañe, es decir: después de su expedición se procedió a la modificación de las leyes secundarias, federales y locales, para eliminar la situación de marginación económica, política, jurídica y social en que se encontraba encasillado nuestro género.
Es de resaltar que este cambio no fue fortuito, sino que se insertó en una serie de movimientos feministas nacionales e internacionales, que incansablemente han buscado romper con el statu quo , expresado en una significativa subordinación de la mujer ante el varón.
Por ello, es de especial importancia conmemorar el día en que nuestro máximo ordenamiento jurídico nos reconoce como iguales ante la ley, porque este mundo hecho por y para los varones sólo empezará a reconstruirse en la medida en que seamos capaces de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres, hecho que, al menos jurídicamente quedó plasmado en la reforma que hoy celebramos. Y coincidimos con John Stuart Mill cuando nos dice:
Creo que las relaciones sociales de los dos sexos, que subordinan un sexo al otro en nombre de la ley, son malas en sí mismas y constituyen hoy uno de los principales obstáculos al progreso de la humanidad. Creo que deben ser desechadas para dar lugar a una verdadera igualdad, sin privilegios para un sexo, ni incapacidad para el otro.
Aún queda mucho trabajo pendiente por realizar, mucho camino por andar, es necesario redoblar esfuerzos, solidificar alianzas, permear en el cambio de conciencias, incidir en la educación, continuar las vías del empoderamiento femenino, erradicar cualquier manifestación de violencia, multiplicar las acciones afirmativas, etc. Es imprescindible la construcción de un mundo incluyente, de un mundo para todos, de donde la diferencia sexual y de género no implique desigualdad o trato diferenciado. De esta forma podríamos pensar en el cumplimiento del objetivo de cualquier ordenamiento: rebasar la norma para que se convierta en vivencia cotidiana, para que se convierta en realidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2015.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PVEM
“La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura.”
Charlotte Bunch
El 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas por instrucciones de Rafael Leónidas Trujillo, entonces dictador de la República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, quienes habían denunciado los abusos y desapariciones del régimen de ese país, razón por la cual fueron encarceladas, torturadas y finalmente ultimadas.
Derivado de este terrible acontencimiento, en el año de 1981 durante el “Primer Encuentro Feminista”, donde se reunieron diversas luchadoras sociales de varios Estados Latinoamericanos, acuerdan declarar el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” .
De igual forma en 1993, la Organización de las Naciones Unidas da a esta fecha un sentido universal a través del Acuerdo A/RES/54//134, que marca en el calendario internacional al 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Lamentablemente en pleno siglo XXI, una gran cantidad de hombres y mujeres desconocen qué es la violencia contra la mujer, la cual es entendida a nivel internacional como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
En ese sentido, ONU Mujeres señala que es importante trabajar en la eliminación de estereotipos de roles de género, pues estos en sí son una forma de enraizar la violencia de género, toda vez que desde la sociedad se sanciona y obliga a las personas a conducirse de determinada manera.
Es por ello que este año se ha elegido en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el tema: “La Prevención”, recordando a la humanidad que de las 3 mil 636 millones 287 mil 413 mujeres que hay en el mundo, una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual en su vida; y que son asesinadas en promedio siete mujeres al día.
Además, las mujeres y niñas representan alrededor del 80% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y se calcula que más de 130 millones de ellas han sido sometidas a la mutilación/ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países de Oriente Medio.
Adicional a estas cifras, ONU Mujeres informó que la violencia de género ha evolucionado y está migrando a otros espacios que la hacen más peligrosa y agresiva, como en el caso de la denominada “ciberviolencia” en contra de las mujeres. Como datos preliminares exhibidos en el mes de septiembre de este año, en el marco de la presentación del informe titulado “Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las niñas: Una llamada de atención al mundo ” este organismo auxiliar de nacionales unidas, informó que casi tres cuartas partes de las mujeres en el mundo han estado expuestas en línea a alguna forma de ciberviolencia , misma que se distribuye de la siguiente manera:
• Se estima que un 73 por ciento de las mujeres se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea.
• Las mujeres de entre 18 y 24 años presentan un gran riesgo de ser objeto de persecución y acoso sexual, además de amenazas físicas.
• En los 28 países de la Unión Europea nueve millones de mujeres han sufrido violencia en línea a edades tan tempranas como los 15 años.
• Una de cada cinco usuarias de Internet vive en países donde es muy poco probable que se castigue el acoso y abuso de las internautas.
• En muchos países las mujeres prefieren no denunciar su victimización por miedo a las repercusiones sociales.
• Esta violencia impone una carga emocional adicional: consume tiempo y recursos financieros, incluidos salarios perdidos.
A propósito de ello, las Naciones Unidas, han reiterado el llamado para que hombres y mujeres ejecutemos acciones afirmativas que pongan fin a la violencia de género a partir de la campaña ÚNETE; en donde siete de las entidades que conforman esta institución mundial trabajan en la presentación del primer marco de las Naciones Unidas para prevenir la violencia contra las mujeres, y proporcionar las herramientas del cambio para respaldar esta acción.
Finalmente, en cuanto a los datos internacionales sobre las consecuencias de la violencia de género, podemos señalar la afectación de la economía de los países. Sin ir más lejos, en los Estados Unidos, la violencia doméstica superan los 5.900 millones de dólares anuales y se distribuyen de la siguiente manera: 4.100 millones corresponden a servicios médicos y sanitarios; y 1.800 millones de dólares se generan por pérdidas de productividad de las mujeres.
Ahora bien, en lo concerniente a nuestro país, el tema de la violencia contra las mujeres no nos es ajena. Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en el 2014 dos de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo la pareja el principal agresor. También informó que el 80% de ellas ha sufrido agresiones de tipo familiar, laboral, de comunidad e institucional. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, durante el Seminario Permanente sobre violencia familiar 2014 mencionó que la violencia doméstica cobra la vida de una mujer cada nueve días.
Por ello, no debemos perder de vista que la violencia de género en algunos de sus actos no se encuentra visibilizada; hoy sabemos que los golpes, los insultos, las agresiones sexuales y la muerte, significan atentados a la dignidad de las personas. Sin embargo, existen otro tipo de actos cotidianos que socialmente persisten y son aceptados, como lo son: las prohibiciones, las ofensas y las tareas de acuerdo al rol socialmente aprobado para cada uno de los géneros; eso también es violencia.
Lo afirmado en el párrafo anterior, se robustece con el Violentómetro elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, el cual bajo el lema: ...Sí, la violencia también se mide, es un instrumento de medición sencillo, pero también de los más acabados en cuanto a que nos acerca a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el día a día de nuestro país. Este instrumento nos ha permitido identificar conductas cotidianas que no son percibidas como violencia y que tanto hombres como mujeres, señalaron que:
• Han sufrido de pellizcos, empujones, jalones de cabello, patadas e, incluso, de ahorcar o asfixiar y forzarle a una relación sexual.
• Se logró identificar que la violencia física y psicológica se manifiesta a manera de juego y que los celos, las amenazas, las llamadas constantes al celular, las prohibiciones en la forma de vestir se perciben como situaciones normales, como muestras de cariño, atención y amor.
Asimismo, es importante señalar que el “Violentómetro” en el año 2009 exclusivamente fue del conocimiento de la comunidad estudiantil del Politécnico; sin embargo, cuando se presenta al público en general, los datos que obtiene esta institución educativa nacional son los siguientes:
• Más del 46% de las mujeres mayores de 15 años sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja.
• Cuatro de cada 10 mujeres han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, amenazadas, les han destruido sus pertenencias, las han expulsado de sus casas o les han quitado a sus hijos/as.
• Dos de cada 10 mujeres han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar o les han quitado dinero o bienes.
• A 13 de cada 100 mujeres su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar y agredido con un arma.
• A siete de cada 100 mujeres les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales con su pareja sin que ellas quieran o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.
Es por ello que, ante el reto que la violencia de género representa para la mujer mexicana, el Gobierno de la República, presentó en el año 2013, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013 – 2018 , el cual establece políticas públicas y acciones concretas que permiten crear nuevos espacios para ellas.
A mayor abundamiento, sobre el compromiso que el licenciado Peña Nieto tiene por trabajar en beneficio de las mujeres, por citar algunos ejemplos se encuentran: la iniciativa de ley enviada por el Presidente del República para alcanzar la paridad de género en el Congreso de la Unión, la cual permite que hoy el 42% de quienes integramos este poder sean mujeres.
De igual forma, la Cruzada contra el Hacinamiento permitirá la construcción de 500 mil cuartos en viviendas, con lo cual se da un combate frontal a la violencia que genera la falta de muros en las casas habitadas por niñas, jóvenes y madres jefas de familia; asimismo, los programas de vivienda digna y seguros por defunción para mujeres jefas de familia y los apoyos a microempresas encabezadas por mujeres, son clara muestra del compromiso que el Presidente de la República, tiene y mantiene con las mexicanas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el reto de hombres y mujeres por igual es continuar trabajando en la consolidación de una sociedad realmente democrática y con justicia social entre géneros, para que la violencia en cualquiera de sus formas sea eliminada a través del cambio cultural de nuestra sociedad.
En el Partido Verde Ecologista de México, insistimos en que, sin dejar de reconocer los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, así como la mayor responsabilidad del Estado al tutelar esos derechos, es necesario examinar también que la desigualdad y discriminación que padecen ellas, confirma que estas estructuras de menosprecio y exclusión que históricamente han acompañado la vida de las mujeres no son fáciles de erradicar, pero sí podemos prevenir y visibilizar la violencia de género para seguir creando políticas y acciones de combate a esta pandemia social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre del 2015.
Diputada Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cómo cada 25 de noviembre desde 1981, este día es motivo de reflexión sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo, y en todas sus modalidades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemoración que se ha adoptado en prácticamente todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y en la que el color naranja se convertido en estandarte de esta lucha que diariamente encuentra resistencia de todo tipo en el mundo.
La violencia contra las mujeres es una pandemia histórica que se encuentra enraizada en nuestras sociedades a partir de culturas machistas que han denominado en muchas ocasiones como “normal” a la misma, con las consecuencias que ello implica.
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
Las violencias de las que son víctimas las mujeres, son serias violaciones a sus derechos humanos, dado que en la mayoría de los casos, vulneran su respeto como seres humanos, su trato digno, su no discriminación y su condición de iguales humanamente con los hombres.
Las mujeres vivimos día a día siendo discriminadas, ya sea en las leyes como en la práctica, lo mismo mediante la persistencia de desigualdades por razón de género que se encuentran vinculadas a estereotipos de género que persisten en nuestras culturas y sociedades.
La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la seguridad, el desarrollo humano, y la propia democracia.
Datos oficiales de Naciones Unidas, indican que hasta un 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida, y que 9 de cada diez serán víctima de violencia alguna vez a lo largo de su vida. Se calcula que el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas, sin embargo en algunas regiones de Latinoamérica, Asia y África, esta cifra asciende al 70 por ciento. Se calcula que 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación/ablación genital en los 29 países de África y Oriente Medio donde esta práctica perniciosa es más frecuente.
En la actualidad, existen más de 700 millones de mujeres que fueron obligadas a casarse cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto.
En México, la violencia de género es una práctica social ampliamente extendida ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH) 2011, los agresores, en la mayoría de los casos, se encuentran en el entorno y relaciones cercanas de las víctimas.
Se calcula que el costo económico de la violencia contra la mujer en Latinoamérica significa entre 1.6 por ciento y 3.7 por ciento del PIB de los países, mientras que diversos estudios han estimado que para México el costo de la violencia contra las mujeres supera los 100 mil millones de pesos anuales.
El Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no es un día para celebrar absolutamente nada, por el contrario, es una oportunidad para reflexionar y recapacitar sobre nuestra responsabilidad que, como sociedad, debemos asumir. Es un día para exigir a las autoridades de todos los países para que cumplan con sus funciones de proteger y hacer valer los derechos humanos de las mujeres en todos los sentidos.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible, tolerado abiertamente e incluso socializado como normal, por diversas instituciones, desde la familia, la escuela, las religiones etcétera.
Las consecuencias de la violencia de género perduran generaciones, se tratan de actos y delitos altamente lacerantes para el tejido social, e incluso para la propia democracia. La violencia de género es el más grave ejemplo de la desigualdad en la que vivimos millones de mujeres en todo el mundo a pesar de ser mayoría en muchos espacios.
Este 25 de noviembre, no sólo debe ser una fecha para reivindicar los derechos de todas las mujeres, sino para hacer una honesta toma de consciencia sobre los actos que como sociedad toleramos abiertamente, o incluso fomentamos con nuestro silencio. La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, no debe ser sólo una fecha para la denuncia, para señalar que una de cada tres mexicanas ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o ha padecido otro tipo de agresión; sino una verdadera oportunidad para buscar que la prevención y erradicación de la violencia de género se convierta en un asunto de políticas públicas, de atención del Estado y de plena evaluación de las mismas, pues hasta ahora los resultados son nulos.
Ni una muerta más, ni una desaparecida más, ni un solo feminicidio más, hoy debemos hacer un llamado en lo más alto para terminar con estos lacerantes actos en memoria de todas aquellas víctimas vivas o muertas de esta violencia que ha marcado históricamente a las mujeres.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)