Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4398-III, miércoles 4 de noviembre de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de nuestra Carta Magna instituye que toda persona tiene derecho a la salud en México. Uno de los aspectos fundamentales para garantizar este derecho humano es el abasto de medicamentos en la población.
Los medicamentos son toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tienen efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presenta en forma farmacéutica y se identifica como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.
Sin duda alguna, los avances de la medicina han permitido generar curas para enfermedades y epidemias que anteriormente derivaban en un alto índice de mortalidad. En ese sentido, corresponde al estado y a los gobiernos asegurar que estos avances se traduzcan en una mejora en la calidad de vida de la población en su conjunto, sin importar el estatus económico, social, laboral o financiero de las personas.
Precisamente por ello, la disponibilidad de medicamentos es considerada como uno de los servicios básicos de salud, en términos del artículo 2o. de la Ley General de Salud. El artículo 29 de este mismo ordenamiento establece que la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 consiste en “Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros”, como parte de la estrategia de brindar servicios de salud de calidad.
De esta manera, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado arduamente a lo largo de estos últimos tres años para asegurar a los mexicanos y a las instituciones de salud el abasto de medicamentos, con precios cada vez más bajos.
En las instituciones de seguridad social se han llevado a cabo cambios operativos y administrativos que han permitido liberar recursos públicos en beneficios de los usuarios. Por segundo año consecutivo, se realizó la compra consolidada de medicamentos más grande de la historia, por 51 mil millones de pesos, con lo que se generó un ahorro de 4 mil 600 millones de pesos. En esta estrategia innovadora han participado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar).
En noviembre de 2014, la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, concluyó las negociaciones de la compra pública de medicamentos de patente y fuente única, con un ahorro potencial estimado que podría alcanzar 838 millones de pesos.
En el ISSSTE específicamente, del 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015, se continuó implementando la prueba piloto del programa Receta Resurtible, cuyo objetivo es mejorar el seguimiento de tratamiento de los pacientes con padecimientos crónicos controlados, disminuir su deserción y asegurar el surtimiento de su receta por un periodo de 90 días.
Adicionalmente, el 25 de marzo de 2015, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), anunció la liberación de patente de 70 medicamentos genéricos de 18 sustancias activas utilizadas para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el asma y la artritis, las cuales se relacionan con 71 por ciento de las causas de mortalidad en el país.
Con esta medida no sólo se permitirá que estos medicamentos disminuyan sus costos sino que se facilita su incorporación en el cuadro de medicamentos dentro de las instituciones públicas de salud.
Sin duda alguna, el gobierno de la República ha demostrado su compromiso con la salud de los mexicanos. Sin embargo, tratándose de la salud, siempre hay pendientes que nos obligan a reforzar las acciones emprendidas.
Este es el caso de los hospitales del ISSSTE, en donde si bien se han alcanzado avances significativos, todavía no se garantiza el abasto suficiente de medicamentos para los derechohabientes, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas.
Incluso, en días recientes, médicos del ISSSTE expusieron en una carta dirigida al director general del instituto, José Reyes Baeza, algunas de las deficiencias que se enfrentan en dicha entidad, entre las que destaca el desabasto de medicamentos1 .
Con los ahorros generados y las mejoras administrativas implementadas por el gobierno de la República se tiene una mayor capacidad institucional para responder a las demandas de los usuarios de las instituciones públicas de salud.
Ante ello, propongo hacer un llamado respetuoso al ISSSTE para que refuercen las acciones dirigidas al abasto de medicamentos en todo el país, a efecto de garantizar el derecho a la salud de los trabajadores del estado y sus familias.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito someter a consideración esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales, especialmente de los medicamentos genéricos para el tratamiento de hipertensión, cáncer, asma y artritis que perdieron su patente en marzo de 2015.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a ampliar la cobertura del programa Receta Resurtible, a efecto de garantizar el derecho a la salud de un mayor número de derechohabientes.
Nota
1. Cfr. Nota “Se rebelan médicos del ISSSTE, el hospital está rebasado y no hay medicamentos”, 12 de octubre de 2015, disponible en: http://www.codigosanluis.com/portal/content/se-rebelan-m-dicos-del-isss te-el-hospital-est-rebasado-y-no-hay-medicamentos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapo a intensificar y fortalecer la promoción e información en materia de planificación familiar en las zonas de alta y muy alta marginación, las áreas rurales y, en especial, los planteles educativos de todo el país, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, María Verónica Agundis Estrada, diputada federal por el Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Población, para que en el ámbito de sus facultades intensifique y fortalezca las acciones de promoción e información en materia de planificación familiar entre la población de zonas de alta y muy alta marginación, zonas rurales y con especial énfasis en los planteles educativos de todo el país, desde el quinto grado de primaria hasta la educación media superior.
Exposición de Motivos
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la evolución de la tasa de natalidad en México, (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) observamos que para 2013 fue de 18.41 por ciento y el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2.19 por ciento ha bajado respecto a 2012, en el que fue del 18.77 por ciento, al igual que ocurre al compararla con la de 2003, en el que la natalidad era de 22.61 por ciento, esto representa un gran avance porque esta cifra asegura que la pirámide poblacional de México se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2.1 hijos de media (fecundidad de remplazo).
En esta tabla se muestra la tendencia de los nacimientos y economía.
El pasado 4 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual, en este contexto, debemos valorar los esfuerzos que hacen algunos gobiernos de los estados que trabajan constantemente en caravanas de salud y campañas sobre planificación familiar.
Lamentablemente los resultados no han sido exitosos, prueba de ello es que tan solo en el Distrito Federal en el 2013 y según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, entre enero y julio de este año se atendieron en la red de hospitales del DF 19 mil 646 alumbramientos y cesáreas de mujeres entre 10 y 19 años, de los cuales 598 se ubicaron entre 10 y 14 años.
Cuando un país como México tiene una situación de pobreza, el crecimiento demográfico depende del crecimiento económico y el ciclo económico. Esto provoca que los aumentos en la producción tengan un efecto inmediato sobre la población (aumenta), que compensa dichos aumentos y provoca que la renta per cápita no aumente prácticamente nada, sino por el contrario.
Cuando aumenta su PIB (producto interior bruto)1 la población lo hace casi a la par. El PIB aumenta aproximadamente lo mismo que la población, por lo que el PIB per cápita2 no aumenta nada, es decir, el aumento del PIB no provoca un aumento en la riqueza del país; este aumento es contrarrestado con el aumento de la población. De no revertir el la tendencia, el resultado es que el país seguirá igual de pobre.
De acuerdo con el informe de Medición de la pobreza en México 2014, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), En dos años, la pobreza en México creció en 2 millones de personas (de 53.3 a 55.3 millones).
Si se considera que en 2010 la población total era de 112 millones 336 mil 538 según censo del Inegi, se puede observar que casi un 50 por ciento de los habitantes del país vive en situación de pobreza.
La pobreza y la natalidad van de la mano, tenemos que trabajar en abatir la pobreza y eso, solo se puede lograr con mejorar la calidad de vida de los que menos tienen y para estar mejor se necesita “Planificación Familiar” , y para ello se requiere de información a través de la educación. Recordemos aquella frase de “la familia pequeña vive mejor”.
Debemos considerar que si ese casi 50 por ciento de la población puede salir de la pobreza, recibir educación, mejorar las esperanzas de vida de sus niños, entre otros bienestares, entonces el crecimiento poblacional en el 2050 se detendrá allí. No podemos tener gente buscando comida y zapatos, porque entonces tendremos un continuo crecimiento poblacional en circunstancias precarias. La brecha entre los pobres y los más ricos crece a pasos agigantados.
La idea de que las familias pobres eligen tener muchos hijos porque saben que muy pocos sobrevivirán es poco aceptable. A ricos y pobres lo que les separa es el uso o no de contraceptivos. El descenso de la fertilidad se concentra en las clases más ricas, agravando la desigualdad en las rentas familiares per cápita.
De seguir con esta tendencia, resultará imposible lograr una educación primaria o una sanidad básica universal, tendremos mujeres adolescentes sin educación que son con frecuencia madres solteras u objeto de embarazos no deseados, en un círculo de pobreza y alta fertilidad.
La única forma de controlar realmente el crecimiento poblacional es llevar la supervivencia infantil a un 90%. Debemos trabajar en la concientización y en la mortalidad infantil que debe ir a la baja y fomentar la cultura de familias pequeñas.
Se requiere de formación académica para aquellos estudiantes que serán los futuros profesionales en el ramo como son; médicos, personal de enfermería, trabajo social, entre otros, para que difundan sus conocimientos sobre planificación familiar y brinden la atención adecuada a esta problemática.
Tenemos que tener claro que sin una planificación familiar que reduzca la pobreza en nuestro país, es obligatorio satisfacer las necesidades primarias; la seguridad ciudadana y personal es un componente primario e ineludible del bienestar, si no logramos esto, jamás podremos salir de adelante.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Población, para que en el ámbito de sus facultades intensifique y fortalezca las acciones de promoción e información en materia de planificación familiar entre la población de zonas de alta y muy alta marginación, zonas rurales y con especial énfasis en los planteles educativos de todo el país, desde el quinto grado de primaria hasta la educación media superior.
Notas
1 El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos.
2 El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al atentado con explosivos registrado en la línea dos del Mexibús, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Considerandos
El pasado 31 de octubre se dio a conocer la explosión de cuatro artefactos en la estación de “Las Américas” de la línea dos del sistema de transporte del Estado de México, Mexibús, dichos explosivos resultaron ser tan sólo la mitad de los colocados en la misma línea siendo clara la intención de provocar daños graves a la estructura de este transporte público.
Si bien un grupo radical se ha hecho responsable del atentado, no ha sido posible esclarecer los hechos que parecen estar conectados con agresiones contra los trenes que en días pasados, realizó un grupo de personas desde automóviles en marcha, lanzando bujías y balines contra los cristales.
Los motivos aludidos por el grupo radical que se adjudica los hechos, no pueden considerarse la única línea de investigación dado los múltiples conflictos que se han hecho patentes por la puesta en marcha de este sistema de transporte.
Juan Sánchez Peláez, presidente de este sistema de transporte colectivo ha señalado múltiples flancos que podrían ser considerados como motivos para llevar a cabo estos atentados como lo son la disputa por el brindar el servicio de seguridad, los operadores de transporte que ven amenazados su fuente de trabajo, despidos o renuncias masivas de conductores del Mexibús, que han tenido lugar sin que sean transparente las condiciones de separación de estos trabajadores.
El atentado con explosivos fue planificado de tal manera que no causara daños a las personas, sin embargo esto no puede ser relajar la urgencia que requiere aplicarse en la investigación para aprehender a los responsables y evitar el escalamiento de los ataques al servicio de transporte.
Inimaginables pueden ser los daños y las repercusiones que podría representar otro ataque por un grupo que, sumido en el anonimato, se sienta con la suficiencia para realizar otro ataque ante la lentitud que las autoridades han demostrado en la investigación de los hechos.
Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer a la brevedad el atentado registrado contra trenes e infraestructura del sistema de transporte del Estado de México, Mexibús y sean fincadas las responsabilidades que resulten de los actos y/u omisiones que rodeen los hechos del pasado 31 de octubre en la estación “Las Américas”.
Segundo. La Cámara de Diputados conmina a los diferentes órganos encargados de la seguridad pública en el Estado de México a llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad y proteger la integridad de los ciudadanos mexiquenses y de toda persona que utilice el sistema de transporte del Estado de México, Mexibús.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar una investigación del impacto ambiental en Quecholac, Tecamachalco y Palmar de Bravo, Puebla, para afrontar los efectos de la actividad de la empresa cementera Cycna de Oriente, SA de CV, en el estado, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En lo referente al derecho humano de un medio ambiente sano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo quinto establece que: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Pero en el estado de Puebla el cumplimiento de este precepto constitucional está en duda. En 2005 las empresas Cruz Azul y Polysius –filial de la transnacional alemana ThyssenKrupp– comenzaron la construcción de una planta productora de cemento en 575 hectáreas de la región de Palmar de Bravo, de las cuales poco menos de la mitad se encuentran en la reserva de la biosfera Tehuacán–Cuicatlán.
Desde que iniciaron los trabajos de construcción de la planta los ejidatarios de San José Tuzuapan, Palmarito Tochapan, de la colonia Adolfo López Mateos, La Noria y Manjarrez denunciaron ante los medios de comunicación que las obras les provocaron pérdidas en más de 78 hectáreas de cultivos de lechuga, coles, betabel, cebollín y zanahoria, debido a polvaredas causada por las obras, por lo que pidieron a la empresa el pago de un millón 500 mil pesos por los daños causados a sus cosechas.
El 9 de enero de 2007 la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul firmó un acuerdo de concertación con el gobierno del estado de Puebla así como con la organización no gubernamental TPQ Pro de la Reserva, Mantos Acuíferos y Calidad Ambiental AC++NOTA 1++ , misma que representa a las comunidades de Adolfo López Mateos, San José Tuzuapan, Palmarito Tochapan, Froylan C. Manjarrez, San Miguel Xaltepec, Jesús Nazareno, Guadalupe Enríquez y San Simón Yehualtepec; para efecto de promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente.
En dicho acuerdo se estipuló lo siguiente:
• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, se comprometió a no usar el agua del pozo instalado en el poblado de Froylán C. Manjarrez, municipio de Quecholac, Puebla, así como a no llevar a cabo perforación del mismo ni ningún otro pozo, no sustraer agua de los mantos freáticos, o del acuífero de la región, concluyendo en utilizar agua de pipas para su actividad industrial.
• El gobierno del estado de Puebla y CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul se comprometieron a llevar a cabo la construcción de dos microplantas de tratamiento de agua en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de la firma del mencionado acuerdo, en lugares designados por los agricultores de las comunidades representadas por la TPQ AC. Dichas microplantas reciclarían el agua de los drenajes residuales, destinándose el beneficio del agua tratada, para los programas de reconversión de agua a favor de las comunidades y en un consumo no mayor a 4 mil 500 metros cúbicos mensuales.
• El gobierno del estado de Puebla , a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Salud, en coordinación con la TPQ AC, asistidos por algún órgano descentralizado como puede ser una universidad, instituto académico, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o la Academia Nacional de Ciencia, ejecutarían acciones permanentes de monitoreo, inspección y vigilancia de la operación de la planta cementera denominada CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, acciones que permitirían formular reportes mensuales sobre los niveles de contaminación ambiental; aprovechamiento sustentable de los recursos acuíferos; las vibraciones originadas por la extracción de materia prima, con el fin de evitar brotes de enfermedades; daños a los cultivos; desvío de los mantos acuíferos de la región de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Yehualtepec, que sean consecuencia de la contaminación ocasionada por la operación de la planta cementera o de vibraciones por la extracción de materia prima.
• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul se comprometió a utilizar la más alta tecnología y aplicar todas las medidas de seguridad necesarias durante sus operaciones garantizando con ello la no generación de ningún daño en la zona. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural, a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural, se encargaría de evaluar los reportes del monitoreo antes mencionado, en coordinación con la TPQ AC y, en su caso, dictaría las medidas necesarias, para prevenir o evitar la generación de los daños a cultivos.
• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul llevó a cabo en coordinación con la TPQ AC, un monitoreo de la calidad existente en ese momento del medio ambiente a través de las instituciones convenidas entre las partes consistente en la medición del volumen de agua de los manantiales que proveen de agua a la comunidad de San Simón Yehualtepec y las condiciones generales de salud en la región, para tener un marco de referencia. Concluyendo que la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, sería la única responsable de reparar los daños y perjuicios que puedan causarse a los cultivos o productos agrícolas de la región , así como los que se generen a los manantiales que proveen de agua a la comunidad de San Simón Yehualtepec, y que sean atribuibles a su actividad, durante la existencia y operación de la planta cementera ubicada en el municipio de Palmar de Bravo.
• El gobierno del estado se comprometió a realizar acciones necesarias para garantizar el desarrollo armónico de las actividades económicas, agrícolas e industriales en la región y exigir la responsabilidad que corresponde a CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, en beneficio de los agricultores que resulten afectados.
• El gobierno del estado procuraría coordinarse con dependencias y organismos federales competentes en materia de agua y medio ambiente con el fin de dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado y no afectar la agricultura e incluir el desarrollo sustentable de la región.
• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul impulsaría el desarrollo de un centro de monitoreo ambiental, una clínica para monitorear y atender las enfermedades de la región, así como un complejo para el aprovechamiento ecoturístico de las hectáreas que legalmente sean parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ubicada en Palmar de Bravo para beneficio de las comunidades y la preservación del medio ambiente.
La cementera ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, comenzó operaciones el 23 de marzo de 2007, siendo la cuarta planta del consorcio en el país, según el portal de la Cooperativa Cruz Azul en internet. Desde que comenzó a operar la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, los municipios de Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Yehualtepec pertenecientes al estado de Puebla, han resentido los daños causados por la actividad de la empresa cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul.
Los daños más severos son principalmente la disminución del manto freático del acuífero de Tecamachalco , y la falta de compromiso por parte de la empresa para respetar la reserva, así como a los campos de cultivo y a reparar y mitigar los daños causados por la generación de polvos que la planta cementera despide, especialmente por las noches, porque esta región se caracteriza por ser semidesértica y por su escasa precipitación media pluvial.
Otra de las promesas incumplidas, fue la rehabilitación de la clínica de salud , con equipo nuevo e idóneo para atender a quienes padecieran males respiratorios y de piel, relacionados con la explotación de los cerros para la producción de cemento.
Esta rehabilitación, con la que la empresa cementera pretendió dar cumplimiento a la cláusula del acuerdo consistió en ampliar en una habitación, baño y cocineta para un médico; un consultorio dental, un área de control y farmacia, la clínica de salud San José Tuzuapan, lo cual dista mucho de lo comprometido por la empresa, máxime cuando se han presentado casos de mujeres con cáncer que no se atienden por falta de equipo, en los últimos tres años la contaminación generó la muerte de cinco personas por cáncer de enfisema pulmonar, debido la inhalación del polvo por las detonaciones que se hacen diariamente para extraer el material pétreo en la cementera.
Los problemas que aquejan a las poblaciones cercanas a la cementera y que pueden atribuirse a la misma son muchos, entre estos se encuentran:
• Se tiene sobreexplotación de los pozos de agua que abastecían a la población, a nivel de que estos se han secado y ahora los habitantes tienen que conseguir el agua mediante pipas que la transportan desde varios kilómetros de distancia.
• El polvo emanado de la explotación de los materiales pétreos y de las actividades de la planta perjudica los sembradíos.
• El agua que se utiliza para regar la cosecha proviene de la planta tratadora de la cementera, pero, al no ser el tratamiento adecuado, ésta contamina los cultivos de hortalizas, con las consecuentes pérdidas para los campesinos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, realice los estudios e intervenciones pertinentes que garanticen un medio ambiente sano de los habitantes de los municipios de Tecamachalco, Palmar y Quecholac, todos del estado de Puebla, en especial con respecto al posible deterioro ambiental causado por la producción de cemento que lleva a cabo la empresa cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua para que realice una investigación correlacional, entre la escasez de agua en la región de los municipios de Tecamachalco, Palmar y Quecholac, todos del estado de Puebla, y la producción de cemento que lleva a cabo la empresa cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla a que se coordine con las dependencias y organismos federales competentes en materia de agua y medio ambiente, a fin de dar cabal cumplimiento en todas sus cláusulas el acuerdo que para promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente, se celebró el 9 de enero de 2007, entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, la empresa CYCNA de Oriente, SA de CV y/o Cruz Azul, y la TPQ AC, y no se afecte la agricultura de las poblaciones involucradas en el mencionado acuerdo, a la vez de realizar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo sustentable de la región.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla a que dé pronto y cabal cumplimiento a lo que él mismo se comprometió a llevar a cabo en el acuerdo que para promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente, se celebró el 9 de enero de 2007, entre el gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, la empresa CYCNA de Oriente, SA de CV y/o Cruz Azul, y la TPQ AC.
Quinto . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a que conforme a las atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, vigilen el que se cumpla y respete en todas sus cláusulas el acuerdo que para promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente, se celebró el 9 de enero de 2007, entre el gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, la empresa CYCNA de Oriente, SA de CV y/o Cruz Azul, y la TPQ AC.
Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla para que difunda en forma detallada el estado que guarda el cumplimiento de las cláusulas del acuerdo que para promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente, se celebró el 9 de enero de 2007, entre el gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, la empresa CYCNA de Oriente, SA de CV y/o Cruz Azul, y la TPQ AC.
Nota
1. TPQ: Las siglas de la organización vienen de; Tecamachalco, Palmar de Bravo, y Quecholac, todos municipios del estado de Puebla, cercanos a la planta cementera CYCNA de Oriente SA de CV. En dichos municipios los agricultores han señalado a dicha cementera como causante de daño al ambiente y los recursos hídricos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia Sofía Corichi García y la que suscribe Marbella Toledo Ibarra, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas, al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
I. El pasado 24 de febrero de 2015, los senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román, Angélica de la Peña, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett Díaz, Isidro Pedraza Chávez, Fidel Demedicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito, Silvia Guadalupe Garza Galván y Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República presentaron iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Aguas y se Abroga la Ley de Aguas Nacionales.
II. Esta iniciativa contempla una nueva Ley General de Aguas, resultado del trabajo de 2 años que realizaron 450 investigadores de distintas instituciones educativas de educación superior, junto con organizaciones de la sociedad civil, representantes comunales, ejidatarios, comités de usuarios y, que parte del principio de que el derecho y el acceso al agua equitativo, suficiente y de buena calidad es un derecho humano que debe asumirse como un asunto de interés público.
III. Esta propuesta de ley le impone al Estado deberes concretos y mesurables en el ejercicio del manejo de concesiones, como el consistente en asegurar que éstas, las asignaciones y los permisos en materia de aguas estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones y cuencas hidrológicas que correspondan, también de instaurar mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio hidrológico en las cuenca del país y el de los ecosistemas vitales para el agua, incluida la revocación de los actos administrativos emitidos.
IV. Se proponen mecanismos democráticos y participativos desde el nivel local hasta el nivel nacional para la elaboración de los planes que se requieren para transitar a la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídrica.
Desde este esquema, cada nivel de gobierno tiene responsabilidades específicas para la ejecución de los planes consensuados. El Ejecutivo federal tiene la responsabilidad de nombrar al Director General de la Comisión Nacional de Agua, elegido de una terna presentada por el Consejo Nacional de Cuencas. Éste tendrá la obligación de reducir y reorientar los volúmenes de aguas nacionales concesionadas hasta restaurar el equilibrio en cada cuenca, según las resoluciones de los respectivos Consejos de Cuenca. Vigilará y garantizará que los concesionarios reduzcan los contaminantes descargados hasta eliminarlos.
V. Se propone que las autoridades estatales tengan la obligación de asegurar que sus planes de desarrollo urbano sean congruentes con los lineamientos de los Planes Rectores de Cuenca correspondientes. No podrán autorizar nuevos proyectos de urbanización en Áreas de Importancia Hídrica, ni en cuencas en extremo estrés hídrico (donde hay hundimientos, grietas, descenso en los niveles estáticos de los pozos, contaminación de aguas superficiales o subterráneas, inundaciones crónicas o sectores de la población sin acceso al vital recurso).
Las autoridades municipales no podrán permitir la autorización de cambios de uso de suelo a uso urbano en Áreas de Importancia Hídrica, y de solo emitir licencias de construcción para proyectos en donde se cumple con un reglamento municipal para la gestión de aguas pluviales.
VI. Congruentes con la reforma al artículo 4º constitucional, se propone un modelo de cogestión participativo y democrático sustentado en la organización social por cuencas, esta unidad hidroterritorial básica, permitirá la articulación de los dos ejes principales de este modelo: lo social y lo natural, a través de los cuales se estructurará la planeación y cogestión participativa del agua y territorio.
Para estructurar y articular el funcionamiento de este modelo de cogestión-planeación por cuencas, se considerará como base, la división o gradación en microcuencas y subcuencas. Cada uno de estos niveles contará con un organismo (comités de microcuenca, comisiones de subcuenca y consejos de cuenca) y esquema de gestión acorde con sus condiciones, necesidades y dinámicas propias, siempre en concordancia con los objetivos y estrategias generales definidos por el Consejo Nacional de Cuencas, el cual constituye el máximo órgano de participación social en materia hídrica.
Los consejos de cuenca, comisiones de subcuenca y comités de microcuenca estarán integrados preponderantemente por ciudadanos-comunidades (más de 50% del total de las representaciones por cada nivel). En el caso del primer nivel, la microcuenca, la elección de los representantes sociales se hará a partir de su nominación por parte de algún grupo-organización social vinculado directamente con o afectado por la gestión del agua y territorio.
La conformación ciudadana de los consejos de cuenca se hará con consejeros elegidos como representantes en las comisiones de subcuenca, las cuáles a su vez, estarán integradas por ciudadanos provenientes de ejidos y comunidades rurales e indígenas electos y designados por los comités de microcuenca.
VII. Para garantizar la participación equitativa y amplia en la cuenca, se propone que siempre este presente la representación ciudadana-comunitaria abarcando todo su territorio y en especial las zonas vinculadas directamente con el funcionamiento del sistema hídrico (superficial y subterráneo) y con los ecosistemas asociados, se dará prioridad a la participación de habitantes de la cuenca alta y baja, de zonas metropolitanas y de asentamientos rurales, de zonas donde sufran de conflictos hidroambientales (por usos, derechos, administración, riesgo, afectación, contaminación, déficit de agua, entre otros).
VIII. La inserción de investigadores académicos especialistas en planeación hidroterritorial y ambiental son una parte fundamental de este modelo de gestión participativo, formarán parte de la Gerencia Técnica-Operativa de los consejos de cuenca. Su inserción será propuesta por los comités o comisiones de cuenca y será autorizada por el Consejo de Cuenca.
Esta es una iniciativa que pone en primerísimo lugar la participación ciudadana y comunitaria en la gestión de este derecho humano, de ahí la importancia de poder examinarla y dictaminarla a la brevedad.
IX. Sabemos que esta propuesta ha sido muy controversial, junto con la presentada el día 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados, por los diputados Kamel Athie Flores, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Sergio Augusto Chan Lugo y José Antonio Rojo García de Alba.
El proceso legislativo que siguió no fue el más adecuado, estuvo viciado desde el principio y eso provocó su cancelación y congelamiento en Comisiones, hasta que el 9 de marzo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, anunció el acuerdo de “posponer” la discusión en el Pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, con el objetivo de abrir un espacio para el análisis y estudio de la misma.
X. Más allá de estas controversias los hechos son que al no haber expedido una Ley General de Aguas, estamos en clara violación constitucional, ya que, desde el 3 de febrero de 2013 teníamos como plazo 360 días para emitir dicha Ley, de acuerdo al artículo tercero transitorio constitucional (decreto de reformas constitucionales publicado el 8 de febrero de 2012): “El Congreso de la unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, así que llevamos 2 años, y 9 meses en violación.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República a dictaminar iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Aguas, presentado en febrero del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre del 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a fortalecer con la Sagarpa las acciones de capacitación para productores agrícolas, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, diputada Soralla Bañuelos de la Torre, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas para que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se fortalezcan las acciones de capacitación para productores agrícolas, a fin de fomentar la innovación tecnológica, su uso correcto en la producción agrícola y la diversificación de cultivos; enfocándose principalmente en productos de alto rendimiento, como el nopal y la tuna, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Del producto interno bruto del estado Zacatecas, sólo el 6.8 por ciento proviene de la agricultura, la ganadería, el desarrollo forestal, la pesca y la caza.
Según datos del Servicio de información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) durante el 2014 la producción agrícola del país, tuvo un valor de producción de 417 millones 346 mil 594.13 pesos de los cuales el estado de Zacatecas solo aportó 12 millones 130 mil 213.63 pesos.
En 2013, dicha entidad aportó únicamente el 2.3 por ciento del volumen de la producción agropecuaria del país en el cierre del ciclo agrícola de ese año.
De estas cifras, el sector agrícola aportó la mayor cantidad de toneladas, con 5 millones 595 mil 348.
La producción del estado se enfoca en 3 productos, de los cuales el frijol fue el más importante, con 29.3 por ciento, que equivale a 305 mil 274 toneladas y 3 mil 649 millones 969 mil 365 pesos.
Según cifras de la Financiera Rural de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, de las 6 entidades que concentran la producción nacional de frijol, Zacatecas ocupó el primer lugar durante 2013, en el mismo año, se situó en el lugar 19 en volumen de producción agrícola nacional.
En el documento, Agenda de Innovación de Zacatecas , elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en octubre de 2014, se mencionan datos similares; en Zacatecas predomina la producción de granos básicos, espacialmente frijol, cultivo al que se dedica el 39 por ciento de la superficie y que corresponde a casi la cuarta parte de la producción total nacional.
A éste le sigue el maíz grano con el 23 por ciento de la superficie cultivada. También se produce avena forrajera, la cual representa cerca del 20 por ciento de la producción nacional; el chile verde que contribuye a más del 10 por ciento de la producción total nacional y tomate verde (7.84 por ciento del total nacional), entre otros.
De acuerdo con las cifras del Servicio Geológico Mexicano correspondientes a 2011, tres cuartas partes del territorio zacatecano corresponden a zonas áridas y semiáridas; de estas, únicamente el 14 por ciento ofrece condiciones favorables para la agricultura.
A pesar de lo anterior, se han identificado oportunidades de desarrollo agrícola en el estado, que han sido desperdiciadas.
De acuerdo con la Agenda de innovación tecnológica 2008-2012, para el sector agrícola, pecuario y acuícola del estado de Zacatecas , desarrollada por la Fundación Produce Zacatecas, AC; las cadenas identificadas como prioritarias por su importancia económica y social para el estado son: chile, frijol, ajo, cebada, vid, guayaba, durazno, nopal, tuna , agave-mezcal.1
Cifras del propio SIAP señalan que Zacatecas ocupó el cuarto lugar nacional en superficie sembrada por entidad federativa, según uso de mecanización durante 2014.
Sin embargo, este avance no se ha visto reflejado en el valor de la producción, ya que entidades federativas con menores niveles de mecanización, presentaron valores de producción mucho más elevados, como es el caso de Michoacán o San Luis Potosí, por citar solo dos ejemplos.
Aunado a lo anterior cabe señalar que uno de los principales problemas que enfrenta el estado de Zacatecas es la erosión del suelo.
Según datos de la propia entidad, se ha perdido hasta un 45 por ciento de su tierra fértil debido a la erosión, sobrepastoreo y usos agrícolas inadecuados.
Afirman que más de 600 mil hectáreas, enfrentan problemas graves por la pérdida de la capa fértil.
Dicha situación se atribuye a fenómenos naturales, como la erosión hídrica y eólica, así como a las malas prácticas agrícolas.
En este sentido, en Nueva Alianza creemos que deben evitarse prácticas que produzcan erosión y propiciar la conservación de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo, así como la preservación de la vegetación endémica.
Para que esto suceda, sin embargo es imperativo educar a los productores ya que debido al desconocimiento, recurren a prácticas agrícolas inadecuadas que contribuyen a la erosión de la tierra fértil.
Por esta razón es fundamental incorporar el conocimiento a los actores principales de la producción y reconocer la importancia de las comunidades rurales, pues son ellos quienes pueden aprovechar los recursos de una tierra fértil.
Además, es indispensable involucrar de forma decidida a los gobiernos estatales y municipales en materia de conservación de tierras y recursos naturales para que ejecuten políticas públicas que den poder a dichas comunidades
En ese sentido, es necesario priorizar la capacitación, no solo para obtener beneficios financieros y económicos de los programas federales, sino sobre todo para que se involucre a los productores de manera decidida en la conservación de los recursos naturales.
Es imperativo pues, que los propietarios y productores entren en un esquema moderno y eficaz de conservación del suelo incluyendo prácticas que fomenten su preservación; como es el caso de la diversificación y rotación de los cultivos.
Existen cultivos que pueden significar una oportunidad de crecimiento y desarrollo, y que no han sido incorporados en la rotación, o no han sido prioritarios en el estado y cuyo valor de mercado no ha sido suficientemente aprovechado.
Según datos de la propia Sagarpa, los productores de nopal y tuna tienen ganancias de entre 50 y 60 mil pesos por hectárea al año, lo cual representa seis veces más de ingresos de lo que obtiene quien produce maíz y frijol en un mismo espacio de terreno.
En este sentido Zacatecas ha desaprovechado las ventajas comerciales de un cultivo como el nopal, ya que en 2014 sólo se produjeron poco más de 30,000 toneladas de este producto; cuando a nivel nacional, la producción fue de 824 mil 602 toneladas de nopalitos; 140 mil 45 de nopal forrajero y 568 mil 404 de tuna.
El rendimiento de tonelada por hectárea del nopal y la tuna excede por mucho el del frijol.
En el estado de Zacatecas, el año pasado, esta cifra alcanzó el 31.97, en nopal forrajero, 31.95 en nopalitos y 12.46 de tuna; mientras que el frijol solo alcanzó un 0.66 de rendimiento.
Estas cifras hacen evidente que el estado está desaprovechando una enorme oportunidad de desarrollo que otras regiones del país han sabido capitalizar.
Por estas razones pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fortalezca las acciones de capacitación para productores agrícolas, a fin de fomentar la innovación tecnológica, su uso correcto en la producción agrícola y la diversificación de cultivos; enfocándose principalmente en productos de alto rendimiento, como el nopal y la tuna.
Nota
1 http://www.agendasinnovacion.mx/wp-content/uploads/2015/03/Agenda-de-In novaci%C3%B3n-de-Zacatecas.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputada Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a considerar los riesgos de autorizar el cultivo, el transporte y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES
Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante este cuerpo colegiado, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que con pleno respeto a sus facultades y división de poderes, considere los posibles riesgos que se corren en el país si en la resolución del amparo en estudio, se autoriza el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos. Lo anterior, con base en las siguientes:
Consideraciones
1. La legalización de la marihuana en México es un tema cíclico que ha generado un intenso debate y polarización de la sociedad.
2. En los próximos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia discutirán un recurso de amparo presentado por un grupo de ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) que propone legalizar actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana, excluyendo cualquier uso comercial.
3. El próximo miércoles 4 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien propone legalizar el cultivo, el transporte y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, pues asegura que su prohibición va “contra el libre desarrollo de la personalidad”.
3. De ninguna manera se intenta señalar a los señores ministros, cuál debería ser el sentido de su resolución, pero consideramos necesario exponer las preocupaciones de esta representación popular, en torno a tan controversial tema; en un momento en que se dan los esfuerzos de los tres niveles de Gobierno por combatir un flagelo social como es el de las adicciones, y las manifestaciones negativas que trae consigo como es el narcotráfico resentidas por la sociedad mexicana.
4. Desde hace 27 años, la marihuana se ha mantenido como la primera droga de consumo en el país. Esto lo reflejan datos proporcionados por el gobierno federal y organizaciones civiles que se han dedicado a documentar estos procesos.
Asimismo, de los datos obtenidos en las últimas tres Encuestas Nacionales de Adicciones y la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014, se observa que esta planta es más consumida que otras sustancias como la cocaína, inhalables, alucinógenos y anfetaminas, siendo los hombres los principales usuarios.
5. Conjuntamente, la agencia de investigación, Parametría, en su más reciente encuesta nacional en vivienda (2014), muestra que la mayoría de los mexicanos continúa oponiéndose a la legalización de la marihuana pese a los comentarios a favor de la despenalización de algunos políticos, ex gobernantes, académicos, analistas, y organismos internacionales.
Cuatro de cada cinco mexicanos (79 por ciento de la población) a nivel nacional está en contra de la legalización de la marihuana, está opinión se mantiene desde hace un año, sólo uno de cinco entrevistados (17 por ciento) se declara a favor de regular el uso, dos puntos porcentuales menos que en 2012.
En el Distrito Federal por dar un ejemplo, la oposición a la regulación es similar, pero la aprobación es mayor en comparación con la tendencia nacional: 22 por ciento de los habitantes de la capital avalan la despenalización.
6. En primera instancia, pareciera que los mexicanos no toleran todo uso de la marihuana, no obstante, en el ejercicio de Parametría, los entrevistados sí consideran la regulación de la marihuana con propósitos medicinales. En ese caso, seis de cada diez mexicanos (64 por ciento) aprobaría el uso de dicha droga. Lo mismo sucede entre los capitalinos, siete de cada diez defeños (68 por ciento) consiente el consumo de cannabis con fines curativos.
Si bien, la mayoría de los mexicanos tolera el consumo de la marihuana con fines medicinales, también, la mayoría rechaza el uso del cannabis como medio recreativo. Ocho de cada diez entrevistados, a nivel nacional (85 por ciento) y en el DF (80 por ciento), se oponen a que se permita el consumo del narcótico con propósitos recreativos.
7. Pese a las propiedades curativas que se le atribuyen a la marihuana tiene, casi la totalidad de los mexicanos no la consumiría: 95 por ciento de los entrevistados a nivel nacional declararon que no la utilizarían aunque el uso fuera legal. En el DF, la abstención tuvo una pequeña varianza, 88 por ciento de los capitalinos mencionó que no adquiriría la droga aunque estuviera permitido.
8. En este contexto, es evidente que para los mexicanos, al igual, que para algunos funcionarios no existen las condiciones necesarias para legalizar el consumo de la marihuana. De acuerdo con Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones, la despenalización en México necesita de recursos económicos suficientes que aseguren atención médica necesaria a los usuarios y socialicen al resto de los mexicanos medidas de prevención que eviten el aumento del consumo
9. Derivado de lo anterior, y en el marco de la discusión sobre legalizar el cultivo, el transporte y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, es de suma importancia que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atiendan no sólo la demanda de un pequeño grupo de personas, que si bien están ejerciendo derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
También es cierto que el resto de la población, que es la gran mayoría, tiene el justificado derecho de sentir preocupación ante esta situación, pues el hecho de que en diversos países europeos y en algunos estados de la unión americana como Colorado, se haya aprobado el uso recreativo de la marihuana( y mas reciente su discusión en el estado de Ohio), no es razón suficiente para sustentar una acción jurídica de esta naturaleza, ya que hay que tomar en cuenta muchos factores como el rezago educativo, los bajos ingresos e inestabilidad económica, la falta de cultura legal, y otras tantas diferencias culturales, sociales y políticas que hacen que en México sea muy peligroso pensar en la legislación de la marihuana.
Sobre todo, por el riesgo que existe de un incremento en el consumo de marihuana, especialmente entre los adolescentes y los experimentadores; además es la puerta de entrada al uso de drogas más peligrosas y de mayor impacto en la salud.
10. Por otra parte, si nos centráramos de manera exclusiva al uso para fines curativos, también tendrá que haber médicos debidamente especializados que la receten, y que haya un control estricto de dónde se podrá adquirir, entre otras cuestiones.
11. Es un tema en el cual los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social debemos pronunciarnos, retomando dos aspectos, en primer lugar la Salud Pública y pérdida de valores en la sociedad mexicana; y en segundo lugar la seguridad alimentaria, pues no serían pocos los campesinos que cambiarían sus cultivos por el redituable negocio de la cannabis. De igual forma, hay que cuestionar ¿Quiénes lo operarían y bajo qué condiciones? ¿Dónde se comercializaría? Etcétera.
12. Por las consideraciones antes vertidas, los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, no compartiríamos el sentido propuesto de la resolución en caso de ser aprobada.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con pleno respeto a sus facultades y división de poderes, considere los posibles riesgos que se corren en el país si en la resolución del amparo en estudio, se autoriza el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos.
Firma la presente proposición en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SRE gestiones para invitar al jefe del Estado Vaticano a emitir en su próxima visita a México un mensaje en sesión solemne del Congreso de la Unión, suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios
El que suscribe, diputado Gonzalo Guízar Valladares, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre propio y de las diputadas y diputados integrantes de ésta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 38 numeral 1, fracción III, 79, numeral 2, 269, numeral 1, 270, numeral 1, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las gestiones necesarias a efecto de invitar al jefe del Estado Vaticano, cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a México emita un mensaje en sesión solemne del Congreso de la Unión, bajo las siguientes
Consideraciones
Recientemente el vocero del gobierno federal Eduardo Sánchez informó que se han iniciado acercamientos entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el Vaticano, para preparar una visita de Estado a nuestro país por parte del Papa Francisco, sin precisar aún fecha.
Hoy día existen condiciones para las relaciones diplomáticas normales entre ambos Estados, en el marco del artículo 130 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
Esta visita tendrá una relevancia histórica, porque además de que se trata del primer jerarca americano en la historia del Estado Vaticano, se trata también de un líder muy influyente líder mundial que ha mostrado una clara sensibilidad sobre la problemática del continente, como lo ha demostrado, sobre todo, en sus recientes visitas a Cuba y los Estados Unidos, donde ha tenido participaciones relevantes y propositivas en comparecencias con sus parlamentos, así como en la Asamblea General de la ONU.
En estas comparecencias ha abordado materias muy importantes que son agenda común, y preocupación no solo de todos los países del hemisferio, sino también de Europa, Asia y África, como son la defensa de los Derechos Humanos y el tema Migratorio.
Sobre todo en su reciente visita a los Estados Unidos, en su comparecencia en sesión conjunta de las Cámaras del Congreso, emitió pronunciamientos claros y contundentes, que han marcado un cambio en las visiones y percepciones posiciones de los gobiernos federal y estatales de ese país en los muy complejos problemas migratorios que enfrentamos de manera conjunta con ellos y los países de Centro y Sudamérica, así como de los gobiernos europeos respecto a las crisis humanitarias provocadas por las olas migratorias en los últimos tiempos.
En este contexto, consideramos que su presencia en esta soberanía en su próxima visita a México, será de gran relevancia para poner en el centro de debate los retos que tenemos frente a temas como las amenazas de la delincuencia organizada, la desintegración de las familias migrantes provocada por políticas restrictivas de sus derechos inalienables, las afectaciones al medio ambiente, el cambio climático las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a no migrar, entre otros temas que están en agenda permanente de los países de la región, y destacadamente del nuestro, como país de origen, destino, tránsito y retorno de personas en situaciones de migración internacional, pero también de grandes flujos migratorios internos motivados tanto por razones laborales, como por desplazamientos forzados por amenazas y violencia constante a la seguridad por el crimen organizado, por situaciones de discriminación, por desastres naturales. En este tenor, el numeral 1 del artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, faculta al pleno para que, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, decrete o acuerde la celebración de sesiones solemnes para recibir a visitantes distinguidos, delegaciones parlamentarias o invitados especiales y realizar actos protocolarios o diplomáticos
Por lo anteriormente fundado y motivado, proponemos a la consideración esta Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para efecto de invitar al jefe del Estado Vaticano, cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a México sea recibido en sesión solemne del honorable Congreso de la Unión, y emita un mensaje en que aborde, entre otros, temas migratorios y de derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputados: Gonzálo Guízar Valladares, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Salomón Majul González, Rosalinda Muñoz Sánchez, Nora Liliana Oropeza Olguín, Leonel Gerardo Cordero Lerma, María Luisa Sánchez Meza, Felipe Reyes Álvarez, Miguel Alva y Alva, Cynthia Gissel García Soberanes, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Álvaro Rafael Rubio, Sergio López Sánchez, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a realizar estudios e investigaciones sobre los efectos del uso de cigarrillos electrónicos, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la secretaria de Salud a que en atención de sus facultades, realice estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias en la salud en el corto y largo plazo, derivadas del uso de los llamados “cigarros electrónicos” y en base a los resultados emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular en su caso, su uso adecuado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy en día, las adicciones han cobrado un especial interés público no solo en ámbitos que se refieren estrictamente a la salud, sino también en otros aspectos que van desde los económicos hasta los sociales.
Lo anterior derivado en parte, por su cada vez más incidencia entre la población y peor aún, también por su cada vez más temprana aparición entre la juventud del país.
Ante esto, debemos estar conscientes y asumir que las adicciones dejaron de ser propias de un segmento específico de la población o bien, de una condición social estrictamente delimitada.
La juventud en nuestro país y en el mundo entero, es cada vez más vulnerable a adquirir algún tipo de adicción, que van desde las drogas ilegales hasta el consumo habitual del tabaco, y a la par, también les es, cada vez más difícil desprenderse de éstas.
Es así que las campañas a nivel nacional para la prevención de todas las adicciones que existen, son cada vez más frecuentes y utilizadas como herramientas altamente efectivas.
No obstante lo anterior, el problema es todavía real.
Como se había mencionado anteriormente, entre todas las que hay, el tabaquismo es una de las adicciones socialmente más aceptadas, pero igual de peligrosa y con severas afecciones a la salud.
Mucho se ha escrito sobre el tabaquismo, sus causas, sus efectos sociales, económicos y sobre todo en la salud presente y futura de quienes lo padecen directamente y de quienes están en su entorno mediato.
La atención a esta adicción es a nivel mundial, importantes organizaciones internacionales sobre la salud han declarado que conforme a estimaciones se calcula que cada minuto pierden la vida 10 seres humanos por males asociados al tabaquismo.1
En nuestro país; la situación es de igual manera, alarmante.
Fuentes oficiales citan que en México, hay cerca de 18 millones de fumadores y alrededor de 160 muertes diarias asociadas a problemas derivados como consecuencia directa del tabaquismo.2
Desafortunadamente estas cifras se engrosan, debido a una particularidad del tabaquismo; esto es, los fumadores pasivos o de segunda mano.
Es decir, las personas que sin ser fumadoras, pero cercanas al entorno de quienes sí lo son, quedan directamente expuestas al humo del tabaco y por lo tanto están de igual forma, también expuestas y susceptibles a los padecimientos en la salud que éstos generan.
Al respecto, fuentes oficiales estiman que hay alrededor de 11 millones de mexicanos que son “fumadores pasivos” o de “segunda mano”; en otras palabras, victimas indirectas del tabaquismo en nuestro país y lamentablemente futuros damnificados directos de éste.3
Que además se ha detectado que entre más jóvenes, esas víctimas indirectas, son también candidatas potenciales a adquirir y caer en las redes del tabaquismo en un futuro cercano.
Con estas cifras, el entorno se vislumbra desolador; y se ve todavía más ensombrecido si mencionamos que por ejemplo sin distinción de sexo, el 27.8 por ciento de la población de 12 años de edad son fumadores pasivos o de segunda mano, el 36.3 por ciento de la población entre 13 y 15 años también lo son y finalmente el 41.7 por ciento de la población entre 16 y 17 años presentan la misma condición.4
Es por ello que con alarma, se registra que en la actualidad se sitúa entre los 12 y los 13 años, la edad en la que nuestra población se inicia en el consumo del tabaco.5
El fumar dejo de ser un “vicio” de los mayores o bien, de solo los hombres.
Ante ello, nuestras autoridades reaccionaron mediante el uso de todas las herramientas con las que, de acuerdo a sus facultades, pueden incidir de manera directa e indirecta sobre esta adicción.
Es así que incluso en nuestro país, desde 2008 contamos con un ordenamiento expedido al respecto, que es la Ley General para el Control del Tabaco; que tiene como sus principales objetivos:
I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;
II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco;
III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;
IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;
VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco;
VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo;
VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones, y
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.6
Como se puede ver con lo anterior, se busca que la atención sea integral al problema y todavía más, ya que se pretende ir generando de manera paulatina pero decididamente; una cultura de la prevención de las adiciones, del control y la disminución del consumo del tabaco; no solo entre la población adulta y adulta mayor; sino primordialmente entre la juventud de nuestro país.
No obstante a lo anterior, han ido desarrollándose “alternativas” en el tratamiento para combatir el tabaquismo.
Se han desarrollado en el mercado algunos productos como, gomas de mascar o bien parches, que contienen pequeñas dosis de nicotina (sustancia adictiva del tabaco) con liberación prolongada, que ayudan a combatir la adicción y posteriormente a dejar de fumar.
Al igual y bajo el mismo propósito se han desarrollado por parte de profesionales en la materia psicológica, tratamientos y programas completos, para dejar de fumar en un periodo relativamente corto y con una baja probabilidad de recaer en la adicción.
Muchos de estas alternativas, son altamente efectivas en proporción directa a la fuerza de voluntad de quienes recurren a ellas.
Sin embargo y a la par de todo lo anterior, específicamente desde 2003, apareció desde el mercado chino, un producto llamado “cigarro electrónico”.
Dispositivo que en primer lugar se ofreció como una alternativa moderna para dejar de fumar, para después evolucionar a conveniencia y convertirse en una alternativa para “fumar” en los lugares prohibidos gracias al desconocimiento real e informado de su funcionamiento y las implicaciones existentes de éste.
Este aparato, generalmente con una forma y operación similar a un cigarro; maniobra mediante una batería un vaporizador que es recargado cada vez que se desea utilizarlo, con una capsula o cartucho que contiene un líquido que al calentarse se convierte en vapor y es primero exhalado y posteriormente expulsado por el usuario mediante la boca.
En la gran mayoría de los casos, entre las muchas “substancias” que contiene el líquido del cartucho, se tiene la presencia de nicotina en bajas cantidades, suficiente al menos para satisfacer la necesidad corporal de ésta.
Bajo ese precepto, se determina que es un dispositivo que ayuda a dejar de fumar o bien que sustituye el cigarro con efectos nocivos disminuidos, no solo a quien lo utiliza sino también en lo relativo a los “fumadores pasivos” o de “segunda mano” porque se dice que el vapor que emite, es vapor de agua que no contiene las características propias del humo del cigarro.
Pero, desde hace un tiempo a la fecha se ha desarrollado un amplio y controvertido debate, sobre las supuestas bondades en el funcionamiento y la utilidad de estos dispositivos.
En primer lugar, se ponen en duda su capacidad efectiva y real para ayudar a dejar de fumar y se le relaciona incluso, como un medio que promueve la introducción en el tabaquismo entre la juventud.
Lo anterior debido a la combinación entre lo vistoso, lo novedoso y la amplia disponibilidad y el bajo costo de estos dispositivos; con el hecho de que los cartuchos que lo recargan para su utilización, contienen dosis de nicotina que son absorbidas mediante el vapor que emanan.
Cabe señalar que esta substancia que de acuerdo a estudios al respecto, se concluye que es 6 veces más adictiva que la heroína.7
Por otro lado, son muy discutidos los efectos en la salud en el mediano y el largo plazo de quienes los utilizan y también a su vez de los fumadores pasivos o de segunda mano, de su entorno.
Al respecto, un estudio ha determinado que durante el funcionamiento de los cigarros electrónicos, se conforma en el proceso la substancia llamada “formaldehído” que es identificada como una substancia cancerígena presente en el cigarro, misma que es absorbida por ambas personas –tanto los usuarios directos como los pasivos o de segunda mano.8
En contraparte a todo lo anterior, se genera controversia porque hay quienes afirman que no existe riesgo alguno en la utilización de los cigarros electrónicos, y que además son útiles para dejar de fumar o bien para hacerlo sin los daños secundarios en la salud que genera el cigarro habitual.
La realidad es que en nuestro país, cualquier persona –incluso adolescentes- los puede adquirir a costos muy bajos que van desde 100 pesos hasta más de mil pesos por pieza o bien con cartuchos de carga que cuestan desde 20 pesos la unidad.
De igual manera los pueden conseguir con gran facilidad, porque se expenden vía internet, en lugares establecidos o bien en puestos ambulantes o semifijos de la vía pública, todo ellos, sin control alguno.
Como se puede observar con todo lo anterior, es obligación de la presente soberanía incidir en el asunto, más que otra cosa como una medida de protección y garantía de la salud de quienes por necesidad o simple gusto los utilizan, asimismo de quienes por su juventud están inducidos directa o indirectamente a adquirirlo o bien, de quienes de manera transversal están expuestos a su vapor.
Afortunadamente contamos con las instituciones y la capacidad para solicitar que mediante estudios profesionales, científicos y absolutamente serios, el dilema existente, el desconocimiento prevaleciente y la polémica sobre su uso; se aclare.
No hay que olvidar que en éste, al igual que en cualquier tema; no hay nada más terrible, que ver la ignorancia en acción y no hacer absolutamente nada.
Finalmente, esta soberanía está obligada a proteger, de manera informada y absolutamente consciente, a nuestra juventud de todo aquello que pueda perjudicarlos en su adultez.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que:
1. En atención de sus facultades, realice estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias en la salud en el corto y largo plazo, derivadas del uso de los llamados “cigarros electrónicos”.
2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular, en su caso, su uso adecuado.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud.
2 Encuesta Nacional de Adicciones. 2012. Comisión Nacional Contra las Adicciones.
3 Comisión Nacional Contra las Adicciones.
4 Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Comisión Nacional Contra las Adicciones.
5 Instituto Nacional de Salud Pública. 2014.
6 Ley General para el Control del Tabaco. Artículo 5. Texto Vigente.
7 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Convenio Marco para el Control del Tabaco. 2003.
8 New England Journal of Medicine. Publicación del 1 de octubre del 2015.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a considerar en el Presupuesto de Egresos recursos para concluir la obra de la preparatoria José Revueltas, en Venustiano Carranza, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Patricia Elena Aceves Pastrana, diputada federal del Grupo Parlamentario Morena, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La Preparatoria “José Revueltas” fue construida por el Gobierno del Distrito Federal en forma provisional, a principios de la década pasada. En un inicio, el inmueble se ubicó en un estacionamiento de la delegación Venustiano Carranza, por lo que fue construido con materiales laminados, muy sensible a cambios climáticos, sin áreas verdes comunes o recreativas, sólo 7 salones de clases y carente de biblioteca y laboratorios.
II. Entre los años 2006 y 2007, ciudadanos habitantes de la referida delegación, preocupados por la educación de los jóvenes habitantes de la demarcación, buscaron predios propicios para la edificación de la Preparatoria. Con tal fin, sostuvieron entrevista con el entonces jefe de Gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y lograron que el 26 de noviembre 2007, el gobierno del Distrito Federal donara a favor del IEMS, el predio ubicado en la calle de Sidar y Rovirosa número 71, colonia El Parque, con superficie de 5,638.48 m2, para ser destinado como Preparatoria del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal.
III. El proyecto ejecutivo de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal contempló cuatro edificios, distribuidos en tres niveles, para 1,300 estudiantes. Para ello, se había estimado un costo de 140 mdp. Sin embargo, al mes de mayo de 2014, las instancias gubernamentales correspondientes habían destinado apenas 35 mdp, lo que resulta evidentemente insuficiente y ha posibilitado la construcción de sólo uno de los 4 edificios referidos, el cual comenzó funciones, a partir del 20 de agosto del año en curso y puede dar atención tan sólo a 700 alumnos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, a considerar en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, los recursos correspondientes que permitan concluir la obra de la Preparatoria “José Revueltas” y hacer así posible el derecho a la educación de las y los jóvenes de la demarcación Venustiano Carranza.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno a crear un acuerdo nacional para la condonación de multas, actualizaciones y recargos por concepto de mora en ingresos tributarios y no tributarios, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, para que en respeto a sus atribuciones se sumen a la realización de un acuerdo nacional para la condonación al 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de mora que se encuentren facultados para recaudar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Frente al panorama económico mexicano para los próximos años es prudente observar el impacto recaudatorio que se tiene entre los contribuyentes físicos y morales. Los ingresos que recibe la federación de ese sector productivo son fundamentales para el desarrollo de una sana economía, dicho sector se encuentra ante un ambiente comercial internacional, de sobremanera competitivo y hostil, lo que consecuentemente evita que muchos de estos pequeños o medianos capitales figuren dentro del marco competitivo internacional e incluso dificulta la supervivencia y el fortalecimiento de la industria nacional. Es pertinente enfatizar el apoyo al sector emprendedor, sobre todo de personas físicas con actividad empresarial, de manera que este crezca en un ambiente favorable.
El crecimiento exponencial de la tasa de población afecta de manera intima el actuar de los flujos financieros y económicos. Según el Inegi los datos preliminares indican que 59.3 por ciento de la población de 15 años y más es económicamente activa (está ocupada o busca estarlo), mientras que 40.7 por ciento se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente activa).
Del total de ocupados, el 67.7 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 23.1 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin registrar contratación de empleados, 4.8 por ciento se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente un 4.4 por ciento son patrones o empleadores. En el ámbito urbano de alta densidad de población, conformado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado representó 73.6 por ciento de la ocupación total, es decir 5.9 puntos porcentuales más que a nivel nacional.
La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentró 43 por ciento del total, en el comercio 19.3%, en la industria manufacturera 15.8 por ciento, en las actividades agropecuarias 12.6 por ciento, en la construcción 7.9 por ciento, en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.8 por ciento y el restante 0.6 por ciento no especificó su actividad. Los datos presentados ejemplifican la importancia de generar parámetros de rendimiento que lejos de contraer el crecimiento económico, incentiven el desarrollo.
La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en micro negocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Esta tasa se ubicó en 58.0% de la población ocupada en marzo pasado, en tanto que en igual mes de 2014 su tasa fue de 58.3 por ciento.
El crecimiento que vemos del sector informal es un fenómeno que en diversos casos es originado por la falta de información o dificultades económicas que el titular del pequeño o mediano negocio encuentra frente al régimen fiscal. Incluso muchas de las empresas formalizadas prefieren abandonar o sustituir las razones sociales bajo las que fue constituida para lograr evitar cubrir el pago de multas y recargos, llegando en algunos casos a trabajar un mismo negocio hasta con 5 diferentes razones sociales para evadir sus obligaciones fiscales. En la mayoría de los casos, la recaudación fiscal se ve afectada exponencialmente, ya que, el contribuyente se ve rebasado financieramente hasta tres o cuatro veces para cubrir el monto de su adeudo fiscal por el cobro de multas y accesorios fiscales.
Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1) considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Dicha tasa representó 27.7 por ciento de la población ocupada en el mes que se reporta; tasa inferior a la del tercer mes de un año antes, que se ubicó en 28.1 por ciento.
Es importante destacar que la gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre.
Es razón que el presente punto de acuerdo, este encaminado a condonar multas y accesorios fiscales en razón de favorecer al contribuyente y lograr poner al corriente la recaudación fiscal venciendo la cartera de adeudos y formalizándose con una sola razón social para recibir los nuevos beneficios que el Ejecutivo propone, sin mencionar los beneficios bancarios al contar con un prolongado y sano historial financiero.
Los programas de condonación o “amnistías fiscales” tienen como objetivo que los contribuyentes rectifiquen y se pongan al corriente con sus obligaciones. A nivel internacional, se han llevado a cabo diversos ejercicios, entre los que destacan los casos de Irlanda y Colombia, los cuales si bien tienen características similares entre ellos, también presentan particularidades propias al contexto interno de cada nación. La experiencia internacional demuestra que estos programas funcionan mejor en la medida en que sean eventos únicos y se acompañen de medidas para ampliar la base gravable y fortalecer la fiscalización. Un programa típico de amnistía fiscal, tiene tres características generales:
Primero, la amnistía fiscal tiene corta vida, por lo general dos o tres meses. Segundo, la participación en esta es de forma voluntaria, las personas pueden decidir no participar, sin embargo el castigo por incumplimiento será mayor. Tercero, la amnistía renuncia a las multas y sanciones asociadas a la evasión pero no al monto de impuestos que se debe.
Según documenta Uchitelle (1989), en Colombia se implementó en 1987 una amnistía con potencial de ampliar la base gravable ya que garantizaba que las personas que utilizaran el programa de amnistía no sólo fueran añadidas a la lista de contribuyentes, sino también pudieran ser auditadas en un futuro.
El programa se enfocó en contribuyentes que incumplieron en la información de activos así como en los que hubieran declarado que no tenían montos a cargo en años previos permitiéndoles corregir sus declaraciones sin incurrir en sanciones, represalias o investigaciones, bajo la condición que el ingreso declarado al momento de la amnistía no fuera menor al del año anterior y que no estuvieran sujetos a investigación por parte de la autoridad fiscal. Una ventaja de la amnistía fue que los contribuyentes no serían investigados ni sujetos a penalizaciones legales al adherirse al programa. A la par de la amnistía, el gobierno colombiano realizó modificaciones fiscales que redundaron en mayor recaudación a futuro. El gobierno colombiano estimó que la amnistía logró una recaudación de 0.3% del PIB en 1987.
En la India, el gobierno implementó la amnistía fiscal por un periodo de tres meses, vendiendo bonos especiales al portador, para aprovechar los ingresos no gravados.
Otro ejemplo es el caso de Irlanda, en donde el gobierno implementó, por un periodo de diez meses durante 1988, uno de los programas de amnistía fiscal más exitosos de los que se tiene registro (Uchitelle, 1989). Con dicha amnistía se condonó el pago de impuestos, intereses y recargos, sin procesar a ninguno de los contribuyentes que se adhirieron al programa. Es importante destacar que de manera simultánea se implementaron una serie de medidas de reforzamiento de la capacidad de fiscalización, tales como incremento del número de auditores, publicación de los nombres de contribuyentes con adeudos fiscales vigentes al finalizar la amnistía, así como la introducción de un nuevo sistema fiscal en el que el gobierno aumentó la tasa de interés y las multas sobre los contribuyentes en moratoria, y le otorgó más potestades a las autoridades fiscales, tales como apoderamiento de los activos y la posibilidad de congelar sus cuentas bancarias. Los resultados del programa se tradujeron en una recaudación de 750 millones de dólares (2.55 por ciento del PIB), en la reducción de las necesidades de endeudamiento a sólo 3.4 por ciento del PIB en 1988 comparado con el 10 por ciento de 1987 y en un incremento permanente de la base gravable (Mateo, 2012).
Dentro de los casos más recientes se encuentra el argentino de 2009, donde se intentó regularizar las obligaciones fiscales pendientes de liquidar, condonando el pago de impuestos adeudados, las contribuciones de seguridad social y las multas, así como una reducción en los intereses moratorios (Wejcman, 2009). Por otro lado, el Congreso griego aprobó en 2010 un esquema de amnistía para la liquidación de las declaraciones de impuestos no auditadas y los adeudos de diez años anteriores, el cual excluía a las empresas que cotizaban en la bolsa, las que tuviesen ventas anuales superiores a 20 millones de euros, las empresas navieras y las herencias; dicha amnistía permitía pagar 20 por ciento de la deuda por adelantado y el 80 por ciento restante en pagos, repartidos en un período máximo de dos años (Papachristou y Georgiopoulos, 2010).
En síntesis, los beneficios de los programas dependen de que los contribuyentes perciban que son eventos únicos y de que las autoridades fiscales usen estas medidas para obtener información y fortalecer las capacidades de fiscalización. Por ello se propone que el Titular del Ejecutivo Federal a través de sus facultades implemente una política pública de recaudación responsable en la que se apoye la supervivencia y regularización de las fracciones débiles del sector productivo, abanderando e impulsando un Acuerdo Nacional para la Condonación de Multas, Actualizaciones y Recargos por concepto de mora, mismo que propone un periodo de condonación del 3 de Enero al 31 de Marzo de 2016 considerando y evaluando la Condonación al 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de Mora en Ingresos tributarios y no tributarios. Para lo cual pueda celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participación, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan.
Antecedentes
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados, es deber de los legisladores federales presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de las personas y de los estados promoviendo y proponiendo la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. Por tal motivo se presentó en febrero de 2013, por mandato legislativo, un programa de condonación de adeudos fiscales. Fundado en el artículo Transitorio Tercero de la LIF 2013, el H. Congreso de la Unión estableció la obligación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de condonar total o parcialmente los créditos fiscales administrados por el SAT, consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago.
Mediante el programa “Ponte al Corriente” se recaudaron 40,335 millones de pesos y condonaron 166,479 millones de pesos, (no incluye 839 millones de pesos pagados y 4,059 millones de pesos condonados por entidades federativas, de los cuales 98 mil 551 millones de pesos correspondieron a la cartera de créditos controvertidos, concentrándose en cartera antigua con baja probabilidad de cobro. En suma, se redujo la cartera general en 73 mil 966 millones de pesos (a valor histórico) en un tiempo de tres meses y medio.
La información sobre el programa fue difundida a través de medios de comunicación, por vía telefónica, en medios electrónicos, así como en diversos foros y reuniones a nivel nacional. Durante su vigencia, se atendieron cerca de 200 mil llamadas sobre dudas y aclaraciones, se emitieron comunicados a los contribuyentes identificados como susceptibles de beneficiarse por el programa, así como 1.2 millones de cartas invitación a incorporarse al programa, lo que derivó que el 60% del monto pagado por los contribuyentes proviniera de los créditos auto determinados
El programa incluyó lo siguiente:
• Los “recargos por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación”.
• Beneficios fiscales en todos los años.
• En caso de contar con un crédito impugnado y no haber concluido el proceso legal correspondiente, se posibilitó al contribuyente a desistirse para ser objeto de condonación (sólo tenía que presentar la solicitud de desistimiento).
• Los contribuyentes tuvieron, hasta el 31 de mayo de 2013, para presentar su solicitud de condonación y obtener los beneficios del programa de facilidades.
• Se establecieron procedimientos para corregir o incluir créditos fiscales que no estuvieran listados en el portal del SAT; dichos procedimientos se pudieron realizar por internet en el mismo portal del SAT, vía telefónica a través de INFOSAT o en la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que le correspondía al contribuyente.
Es ahora un momento histórico en el cual la opacidad se refleja en diversos ordenes, por lo cual y con fundamento en lo establecido en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación se plantea usar las facultades de la SHCP para que por medio del SAT se generen los mecanismos para la condonación de multas y adeudos que tendrá como finalidad única lograr el recaudo de los montos fiscales que el contribuyente adeuda apoyando así el crecimiento formal de la economía.
Código Fiscal de la Federación
Título IV De las Infracciones y Delitos Fiscales
Capítulo I De las Infracciones
Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la condonación, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada.
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de sus facultades adopte una política pública de recaudación responsable en la que se apoye la supervivencia y regularización de los sectores débiles de la iniciativa privada, promoviendo la creación de un Acuerdo Nacional que considere y evalúe la Condonación 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de Mora en Ingresos tributarios y no tributarios. Así como a celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participación, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer dicha política y ejecutarla del 3 de enero al 31 de marzo de 2016.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria con el fin de que se privilegien y garanticen los derechos fiscales y humanos de las personas contribuyentes y se establezcan acciones de recaudación responsable a fin de proteger a las fracciones débiles del sector productivo y regularizar sus cuentas, considerando y evaluando la Condonación al 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de Mora en Ingresos tributarios, a fin de favorecer dicha política y ejecutarla del 3 de enero al 31 de marzo de 2016.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social con el fin de que se privilegien y garanticen una vez más los derechos fiscales y humanos de las personas contribuyentes a fin de regularizar sus cuentas, considerando y evaluando la Condonación al 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de Mora en A.- Cuotas obrero-patronales; B.- Capitales Constitutivos; y C.- Gastos realizados por el IMSS por inscripciones improcedentes; del 3 de enero al 31 de marzo de 2016.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a los Titular de los Gobiernos Estatales para que a través de sus facultades adopten una política pública de recaudación responsable en la que se apoye la supervivencia y regularización de las fracciones débiles del sector productivo, considerando y evaluando la Condonación al 100% de multas, actualizaciones y recargos por concepto de Mora en Ingresos tributarios y no tributarios. Así como a celebrar convenios de coordinación de acciones con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de ejecutar dicha política del 3 de enero al 31 de marzo de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para solicitar al director general del ISSSTE que se suministre el medicamento con el principio activo Fingolimod a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple atendidos en el centro médico nacional 20 de Noviembre, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI
“Bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna consideración, un interés económico o proceso económico puede estar por encima de la reverencia por la vida”.
Manfred Max-NeefPremio Nobel
El suscrito, diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, 82, numeral 2, fracción I, 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, por conducto de la Mesa Directiva, la proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución para que se solicite al director general del ISSSTE, vuelva a suministrar a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la protección de la salud, se encuentra plasmado en diversos pactos internacionales de derechos humanos, entre otros en:
• La Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, en su artículo 25 en su parte conducente señala que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;...”1
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 12 establece que:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”2
• Así también, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10 establece puntualmente que:
“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”3
En este tenor, los antecedentes directos de la seguridad social se remontan a poco más de un siglo, en la Alemania de fines del siglo XIX cuando el Canciller Bismarck, distinguiendo entre los asuntos políticos, económicos y sociales, impulsó una gran reforma al Estado liberal dominante en esa época e instituyó el primer sistema de seguridad social.4
En nuestro país, los principios de la seguridad social están contenidos en el Artículo 123 de la Constitución de 1917, ubicados en el ámbito de las disposiciones del trabajo y la prevención social para los trabajadores.5
Por su parte, uno de los primeros antecedentes de la seguridad social para los trabajadores al servicio del estado se remontan a la Ley General de Pensiones Civiles de 1925 que cubría a los empleados de la Federación (Distrito Federal y territorios). En aquel entonces, las prestaciones consistían en cuatro tipos de pensiones: por retiro, inhabilitación, muerte y retiro forzoso; además se concedían préstamos personales y crédito hipotecario. Todos estos beneficios se financiaban en un sistema de reparto con aportaciones bipartitas (trabajadores y entidades).6 Por lo que se refiere al ISSSTE, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 Constitucional.7
En estén orden de ideas, se debe resaltar además que el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente el derecho a la protección de la salud:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Como muy acertadamente lo cita José y Miguel Carbonell en su obra “El Derecho a la salud: una propuesta para México” , “... a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama “el derecho a la atención o asistencia sanitaria”.8
Como oportunamente lo afirman los autores en comento, “... El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la obligación –positiva- de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen...”9
Consideraciones
1. Que en opinión de Jorge Madrazo y Bolfy Cottom,10 dicho artículo es un reflejo del proceso de reconocimiento interno del derecho internacional de los derechos humanos, al menos respecto de algunas prerrogativas o libertades fundamentales.11 Agregan que, hoy en día el citado artículo alberga ocho temas fundamentales:
a) La igualdad del varón y la mujer ante la Ley, la protección legal de la familia y la planificación familiar.
b) El derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad.
c) El derecho a la protección de la salud.
d) El derecho familiar a la vivienda.
e) El derecho al medio ambiente.
f) El derecho a acceder a los recursos hídricos.
g) Los derechos de las niñas y de los niños.
h) El derecho de acceso a la cultura y a la práctica del deporte.12
2. Que, en virtud de lo anterior expuesto, el tema que me trae hoy a la máxima tribuna de la nación, es de urgente u obvia resolución, ya que deriva de una necesidad apremiante para un grupo de derechohabientes del ISSSTE, enfermos de esclerosis múltiple.
3. Que, la esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad neurológica desmielinizante de origen inmune-inflamatorio, que además en los últimos años ha sido clasificada como crónico-degenerativa.13
4. Que, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esclerosis múltiple es un trastorno neurológico y éstos a su vez “... son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causado por la desnutrición.”14
5. Que, de acuerdo a la Agencia Europea de Medicamentos (responsable de la evaluación científica de los medicamentos desarrollados por las compañías farmacéuticas para uso en la Unión Europea),15 Gylenya es un medicamento que contiene el principio activo fingolimod, el cual se utiliza para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple muy activa; cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad.16
6. Que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los mexicanos gastan de su bolsillo cerca de 440 mil millones de pesos al año en salud... Entre los padecimientos más costosos se encuentran las enfermedades crónico degenerativas, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, que pueden significar un gasto superior a 1 millón de pesos...17
7. Que, por el momento no existe cura para la esclerosis múltiple, sin embargo, existen medicamentos que ofrecen alivio sintomático tanto para los brotes agudos como para las formas crónicas de la enfermedad, de conformidad con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.18
8. Que, de acuerdo a la farmacéutica Novartis, en estudios clínicos, se ha observado que Gilenya disminuye el número de ataques (en poco más de la mitad) y, por ende, el número de recidivas19 graves y de recidivas que requieren internación, prolonga el período sin recidivas y frena la progresión de la discapacidad (en cerca de un tercio)20
9. Que, se cuenta con información de que en el Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, se aplica el medicamento que contiene el principio activo fingolimod a un grupo de más de 30 pacientes con esclerosis múltiple, con muy buenos resultados. Sin embargo, ahora me informan éstos pacientes de los cuales cuento con nombre y número de afiliación que, la ministración de este medicamento se ha suspendido por falta de abasto del mismo y mi preocupación es debido a que como lo cité anteriormente, de acuerdo a estudios científicos, es para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple muy activa, se utiliza cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, de allí la urgencia de atender este reclamo social.
10. Que el costo del medicamento que contiene el principio activo fingolimod, es de $49, 484 con tan sólo 28 cápsulas.
11. Que, sin embargo, con el precio antes citado, resulta imposible para los derechohabientes que padecen dicha enfermedad, poder sufragar un tratamiento con el importe mensual que ello implica...
12. Que, como lo podemos observar en la exposición de motivos, si bien es cierto que se han dado importantes reformas y acciones enfocadas a garantizar la protección de la salud para todos los mexicanos, también lo es que existe un evidente grave problema de suministro constante de algunos medicamentos.
Por lo expuesto y dando puntual atención a una petición ciudadana, me permito someter esta proposición como de urgente u obvia resolución, al Pleno de la Cámara, con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita al director general del ISSSTE, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad.
Notas
1 Carbonell, José y Carbonell, Miguel, El derecho a la salud: una propuesta para México , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 11.
2 Ibídem, pp. 11-12.
3 Ibídem, p. 12.
4 Hacia un nuevo modelo de seguridad social, artículo que da continuidad a dos trabajos realizados de manera conjunta por José Narro Robles, Rolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Vanegas: “Hacia la universalización de la salud” y “Hacia la universalización de la seguridad social”, p. 8, http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam20/ECU002000701.pdf
5 Ibídem, p. 11.
6 El mismo estudio señala que expandieron la seguridad social para los trabajadores del sector público: la Ley Orgánica para resguardar al Cuerpo Diplomático, la Ley de Organizaciones de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales y la Ley de Retiros y Pensiones del Sector Militar. Cfr. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a dos años de la reforma, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, p. 2.
7 Ídem.
8 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo , Buenos Aires, año LXV, núm. 119, 25 de junio de 2001, p.16, citado por Carbonell, José y Carbonell, Miguel, op. cit., p. 2.
9 Ídem.
10 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones, octava edición, instituciones coeditoras: Senado de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, comentario al artículo 4º. por Jorge Madrazo y Bolfy Cottom, Tomo I, pág. 541, 2012.
Los mismos autores, por cuanto se refiere a las finalidades del derecho a la protección de la salud, éstas son determinadas en la Ley General de Salud... “El bienestar físico y mental del hombre; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la extensión de actitudes de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza así como la investigación científica y tecnológica para la salud.”
11 Ibídem, p. 523.
12 Ibídem, p. 524.
13 Esclerosis múltiple: enfermedad neurológica de alto impacto social , Parménides Guadarrama-Ortiz, Ximena Regalado Guerra, Carlos Castillo-Rangel, Manuel Ángeles-Castellanos, Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, Vol. 57, No. 6. Noviembre-Diciembre 2014, p. 6, file:///C:/Users/Carlos/Downloads/esclerosis%20multiple1.pdf
14 Destaca la propia organización que cientos de millones de personas en todo el mundo sufren trastornos neurológicos y que aproximadamente 6,2 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares, y más del 80% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos o medianos, http://www.who.int/features/qa/55/es/
15 http://www.ema.europa.eu/ema/
16 http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Summary_for _the_public/human/ 002202/ WC500104530.pdf
17 https://www.gnp.com.mx
18 http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/ esclerosis.html
19 De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, es la reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida.
20 http://www.novartis.com.ar/novartis-argentina/grupo-novartis-en-argenti na/pdf/Gilenya.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los procesos penales instaurados contra los maestros de la CNTE pertenecientes a la sección 22 de Oaxaca, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. El pasado 29 de octubre de 2015 fueron detenidos por elementos de la policía federal los profesores Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Mata y Roberto Abel Jiménez, parte del movimiento magisterial, todos pertenecientes a la dirección de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, acusados de los delitos de motín, contra el consumo y riqueza nacionales y robo agravado en la toma de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salinas Cruz, Oaxaca, y del robo de 10 mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública.
Las acusaciones a los profesores se relacionan con denuncias presentadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Defensa Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Segunda . Entre las acusaciones que se les formulan profesores están la toma de instalaciones de la junta distrital número 10, de Miahuatlán, Oaxaca, donde se les señala como responsables de haber sacado y quemado papelería electoral.
Igualmente se les responsabiliza de la toma de las instalaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, lo que generó que al menos 22 gasolineras de la aquella entidad cerrarán sus operaciones, así como de la toma de la planta de Pemex en Santa María del Tule, lo que a su vez generó el desabasto de gasolina en la capital de Oaxaca.
Según el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, “todos los casos que se les imputan obedecen a hechos a partir y en el entorno de la elección del 7 de junio, y tenemos hechos tales como toma de instalaciones de Pemex, de CFE, ataques a Juntas Distritales Electorales, es decir se inscriben a partir de hechos de junio de este año”.
Estas declaraciones evidencian que en estos casos la Procuraduría General de la República está actuando más con motivaciones de índole político electoral, que bajo el mandato legal para perseguir e investigar hechos presumiblemente constitutivos de delitos.
Al respecto, es necesario señalar que no basta con las simples denuncias para considerar como probable responsable a persona alguna, se requiere de actuaciones ministeriales que aporten pruebas que hagan presuponer mínimamente la comisión de esos actos; para el libramiento de la orden de aprehensión, los tribunales se ajustarán a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y lo que establezca la ley penal.
La ley penal adjetiva señala que a efecto de integrar debidamente la averiguación previa, el inculpado tendrá, entre otros, los siguientes derechos:
I. Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante;
II. Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:
a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;
b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;
c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;
d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;
e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo.
Asimismo, durante las diligencias de averiguación previa deberán admitirse como prueba en los términos del artículo 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, las cuales pueden ser:
1. Confesión
2. Inspección
3. Peritos
4. Testigos
5. Confrontación
6. Careos
7. Documentos
8. Comunicaciones privadas entre particulares
Sin embargo, aun cuando el precepto constitucional y la ley penal señalan los derechos de los imputados, estos no fueron respetados durante la integración de la averiguación previa, para el caso de los maestros actualmente detenidos, de tal manera que nunca se le hizo “saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante; los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente a tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza; que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca”.
Luego entonces la actuación de la Procuraduría General de la República parece contradictoria, pues por un lado está obligada a cumplir la ley y es con ella que solicita y obtiene los mandamientos judiciales para realizar la detención y ejercitar la acción penal contra los cuatro imputados, pero al mismo tiempo incumple la Constitución y la ley para la correcta integración de las averiguaciones previas.
Esto desvirtúa la actuación de la autoridad ministerial, reduce su credibilidad y legitimidad en sus actuaciones y pone en entredicho los principios Constitucionales de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, presunción de inocencia que está obligado a respetar. Así, la motivación política en las acciones de la Procuraduría General de la República es la que cobra fuerza como argumento y no el respeto al estado de derecho.
Tercera. El Código Penal Federal, dentro de los “delitos contra la seguridad de la nación”, se encuentran la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín, la rebelión, el terrorismo, el financiamiento al terrorismo, el sabotaje y la conspiración; y dentro de los “delitos contra la economía pública” se encuentran los que están en contra el consumo y riqueza nacionales.
Las protestas realizadas por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pertenecientes a la sección 22 de Oaxaca distan mucho de ser conductas que pongan en riesgo “la seguridad de la nación” o que atenten contra “la economía pública” por lo que las acusaciones en contra son desproporcionadas, e incrementan la percepción pública que la Procuraduría General de la República utiliza el derecho penal como una forma de represión política y contención de la inconformidad social en lugar de un instrumento legítimo del estado para la aplicación simple y llana de la ley.
En este sentido las declaraciones del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, declaró que “faltan por cumplimentar 26 mandamientos por cumplimentar” y que “a los cuatro detenidos se les imputan no solamente un delito, sino algunos tres, otros dos, otros uno, pero todos los casos hay delito grave”, por lo que no tendrán derecho a la libertad bajo fianza, parecen más una amenaza que utiliza el miedo para desarticular los movimientos sociales.
Quinta. El indignante internamiento de los profesores indiciados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, es igualmente innecesario y desmesurado, puesto que es público y notorio que las acciones de los maestros detenidos no los hace merecedores de considerarlos como delincuentes de alta peligrosidad, ni son miembros de bandas delictivas organizaciones del crimen organizado, tratarlos como tales, y equiparar sus acciones con estos delincuentes solo demuestra una animadversión política.
El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, conocido como “El Altiplano”, tiene un nivel de seguridad máximo, cuenta con sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos, circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia, y telefonía entre otros, para apoyar a los elementos de seguridad a brindar el control estricto de la institución.
Ahí fueron trasladados los delincuentes más peligrosos de toda la República Mexicana, entre secuestradores, asesinos, extorsionadores, capos de sanguinarias organizaciones criminales, entre los que destacan Daniel Arizmendi López “El Mochaorejas”; Osiel Cárdenas Guillén, considerado como el líder del Cártel del Golfo; los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana; Jesús “El Mayo” Zambada García; Teodoro García Simental; Édgar Valdez Villareal “La Barbie”; Óscar Oswaldo García Montoya alias “El Compayito”, líder confeso de la organización criminal “La Mano con Ojos”; José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”; e incluso se encontraba Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, antes de su fuga.
La autoridad federal ha incumplido con la Constitución y la Ley toda vez que ha sometido a los hoy detenidos a una exposición pública ante los medios de comunicación, revelado sus nombres, mostrándolos esposados y con las manos en la espalda, escoltados cada uno por un miembro de la policía federal y con la cabeza hacia abajo, en un hangar de la Policía Federal donde se aprecia a primera vista un avión de esa corporación, con lo que ha vulnerado sus derechos humanos a la imagen, lo que les ha ocasionado daño moral y violó el principio de presunción de inocencia de considerarlos inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme, todo a pesar de que esta forma de juicio mediático a priori ha sido señalada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos como violatorio de derechos fundamentales y criticada duramente por organismos internacionales no gubernamentales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Sexta. Las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián en las que señala que respecto de las detenciones realizadas existen “dos visiones: de una parte de la sociedad está el reclamo de que frente a las violaciones a la ley no se actúa conforme a derecho a partir de justificaciones de índole político o social”, confirman que no es la aplicación de la ley, sino consideraciones de índole político lo que motiva el accionar de la autoridad federal en este caso.
Que se entienda: nadie quiere que los delitos queden impunes, cualquier acción que contravenga la ley debe ser sancionada en sus términos. Pero eso no equivale a que se manipule la ley por parte Procuraduría General de la República, que no se les hubiera permitido a los ahora indiciados ejercer los derechos que goza cualquier ciudadano para defenderse desde la etapa de averiguación previa tratándose de conductas en las que no existe detenciones en flagrancia, y que se le impute delitos con claros tintes políticos, fuera de toda proporción.
Las consideraciones políticas y el contexto son para la política, en la persecución de los delitos solo cabe la aplicación de la ley.
Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que los procesos penales instaurados en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pertenecientes a la sección 22, de Oaxaca, se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del marco internacional en la materia y se abstenga de utilizar le ley penal como un instrumento de represión política y contención de los movimientos sociales;
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que instale una mesa de negociación con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Procuraduría General de la República y las instancias que presentaron denuncias penales, para que en el marco de la ley puedan llegarse a acuerdos conciliatorios conforme al nuevo sistema penal acusatorio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)
Con motivo del 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
“El periodismo es un lugar de lucha política... Inevitablemente.”
Judith Butler
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 18 de diciembre de 2013, su primera resolución relativa a la seguridad de las personas periodistas y la cuestión de la impunidad. En ésta, se condena todo tipo de ataques contra el gremio y se proclama el 2 de noviembre como el «Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas».
La fecha del 2 de noviembre fue escogida en conmemoración de los asesinatos de Ghislaine Dupont y Claude Verlon, periodistas de Radio France Internationale (RFI), perpetrados en Kidal, la zona norte del país de Malí. Después de entrevistar a un líder rebelde, Ghislaine y Claude fueron secuestradas por hombres armados, quienes después les asesinaron y dejaron sus cuerpos sin vida en las calles de Malí. El atentado fue cometido en medio de una severa crisis producto de un golpe de estado ejecutado un año antes de los acontecimientos; esta crisis había mermado el derecho de la libertad de información en toda la nación.
El hecho desató la indignación y la presión internacional; sin embargo, éste no fue el único motivo el que llevó a las Naciones Unidas a emitir la resolución A/RES/68/163 anteriormente mencionada. La alarmante situación de las personas que ejercen el periodismo en el mundo no podía omitirse.
Durante la pasada década, más de 700 periodistas fueron asesinados por ejercer su trabajo, además, solamente uno de cada diez casos de asesinatos de personas trabajadoras de los medios de comunicación tuvo a una condena.1 Aunado a esto, conforme a lo señalado en el informe de la Directora General sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad del año 2014, menos del 6% de 593 casos de asesinatos contra periodistas registrados entre 2006 y 2013 fueron resueltos.2
Entre estas lamentables cifras mundiales de crímenes e impunidad, nuestro país también se ve enmarcado.
De acuerdo a datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), entre los años 2000 y 2014, 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más se encuentran desparecidos. Tan sólo entre el año 2010 y junio 2015, hubo 46 asesinatos, y pese a estos datos, la Feadle, desde su creación en 2010, solamente ha atraído la investigación de 13% de los asesinatos de periodistas cometidos en México; es decir, sólo ha investigado seis casos, cuatro ocurridos en Veracruz, uno en Chihuahua y uno en Sinaloa.3 En este sentido, no se puede dejar de mencionar que los estados de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero son las entidades mexicanas con el mayor número de periodistas asesinados.4
Estas pocas investigaciones han alarmado a las organizaciones defensoras de periodistas y al mismo gremio, quienes ante la impunidad y omisiones de las autoridades sobre los crímenes contra periodistas, como el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en la Ciudad de México, no han dejado de luchar por justicia.
En el tenor de lo expuesto, resulta importante recordar que los crímenes cometidos contra periodistas no se limitan a los asesinatos y desapariciones, estas personas también enfrenten día a día, acoso, amenazas, hostigamiento, tortura, detenciones arbitrarias e intimidación. Además, existen riesgos específicos para las mujeres periodistas, los cuales incluyen los ataques sexuales.
En este sentido no podemos olvidar el injusto despido de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo de trabajo, quienes por denunciar la corrupción presidencial fueron censurados, Tampoco olvidamos el injusto caso de detención del periodista maya Pedro Canché, los allanamientos a las oficinas del Centro Nacional De Comunicación Social (Cencos), ni la brutal violencia ejercida contra Karla Silva.
Al respecto, El Estado no puede olvidar su mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y es que aunque existen diferentes normas e instrumentos destinados a la protección y atención específica de quienes ejercen el periodismo como lo es el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, éstos han encontrado dificultades para su plena implementación, lo que se traduce en las cifras de crímenes impunes y en lo que pareciera un recrudecimiento de la violencia contra este sector.
Por todo lo expuesto, la conmemoración de este día internacional resulta importante para recordar al Estado mexicano su obligación para implementar medidas contundentes que hagan frente a la actual cultura de impunidad de los crímenes que se comenten contra periodistas.
Este segundo año de conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas debe acompañarse de compromisos y acciones políticas verdaderamente comprometidas con salvaguardar la vida e integridad de las personas que ejercen el periodismo.
Las autoridades y representantes no podemos ser omisos e indolentes ante esta dura realidad porque “no se mata la verdad matando periodistas”.
Notas
1 Periodistas de a Pie. “Fin a la Impunidad en Crímenes contra Periodistas”. Consultado el 27 de octubre de 2015 en: http://www.periodistasdeapie.org.mx/libertad-19.php
2 Ibídem
3 Deydén, A. “En 5 años, la Feadle solo ha atraído 13% de los asesinatos de periodistas.” Consultado el 28 de octubre de 2015 en: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/20/en-5-anos-la-feadle-solo-ha-a traido-13-de-los-asesinatos-de-periodistas
4 Villegas, C. “Así viven (y mueren) en México los periodistas amenazados” Consultado el 28 de octubre de 2015 en: http://blog.elespanol.com/actualidad/asi-viven-y-mueren-en-mexico-los-p eriodistas-amenazados/
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con motivo del 1 de noviembre, Día Internacional de la Ecología, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
1 de noviembre 2015
A menudo los conceptos de ecología y medio ambiente son utilizados como sinónimos e, incluso, empleados de forma indistinta; sin embargo, pese a sus similitudes son significativas las diferencias que existen entre ambos.
La Real Academia Española define a la ecología como “la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno”. En una segunda acepción, incluye el concepto sociológico, en el que alude a la relación entre los grupos y su ambiente entendido desde un enfoque amplio. Una tercera acepción, habla de la defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente.
Es decir, por un lado la ecología es una ciencia que estudia las diferentes relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre estos con su medio ambiente, mientras que por otro orienta ese estudio a su protección. De este modo, la palabra medio ambiente queda contenida dentro de su definición, lo que significa que su sentido es más amplio.
Ahora bien, la Real Academia Española define el vocablo medio ambiente desde un enfoque biológico, como “el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”; es decir, todo aquello que nos rodea.
Constantemente incurrimos en su errónea confusión, y es verdaderamente importante, que comience a crearse conciencia respecto de sus diferencias, pues si bien, como se ha hecho mención, son conceptos que se interrelacionan, lo cierto es que la ecología ha perdido parte de su esencia y relevancia, pues a partir de su estudio es que se definen las acciones que darán paso a la protección del medio ambiente.
Un mecanismo de reflexión respecto de su importancia, es la conmemoración anual del Día Internacional de la Ecología, que cada 1 de noviembre nos recuerde la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio, y concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantener una relación armónica con nuestro ambiente.
Parece tema menor, pero nunca como ahora la ecología había adquirido tanta importancia, pues de acuerdo con algunas estimaciones cada 10 segundos desaparece una especie viva para siempre, se pierden bosques y se generan toneladas de basura.
Es evidente el daño, sin embargo, desde el punto de vista de la ecología, cuando desaparece una especie se alteran las relaciones existentes entre ella y otros seres vivos, como sucede con la desaparición de los bosques y la regulación climática e hidrológica, y la producción de basura, que introduce contaminantes a las aguas, los suelos y el aire.
En esta complejidad ambiental, la ecología ayuda a los científicos a analizar cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes, y como ellos se afectan entre sí.
Por ello, la ecología no debe ser vista sólo como la ciencia que cuida las plantas o desarrolla la conciencia ambiental; la ecología debe vincularse a la cotidianidad de la ciudadanía, y a mejorar su calidad de vida, rescatando el valor de la vida en todas sus formas y expresiones, y respetando la complejidad de sus interacciones existente entre todos los seres vivos.
Derivado de esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace un atento llamado a generar conciencia respecto de la importancia de dicha ciencia, pues a partir de ella se definen estrategias que permiten garantizar la preservación del medio ambiente; asimismo, externa sus felicitaciones a todos los ecólogos y ecologistas en su día, en especial a todos los biólogos, zoólogos, fisiólogos y botánicos, cuyas importantes contribuciones a la ecología han complementado los aportes a las ciencias ambientales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.
Diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla
(rúbrica)